DECISIÓN MARCO 2008/977/JAI DEL CONSEJO de 27 de noviembre de 2008 relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 30 y 31 y su artículo 34, apartado 2, letra b),

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),

Considerando lo siguiente:

(1) La Unión Europea se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión en el que debe ofrecerse un alto grado de seguridad mediante la acción en común de los Estados miembros en los ámbitos de la cooperación policial y judicial en materia penal.

(2) La acción en común en el ámbito de la cooperación policial de conformidad con el artículo 30, apartado 1, letra b), del Tratado de la Unión Europea y la acción en común sobre cooperación judicial en materia penal de conformidad con el artículo 31, apartado 1, letra a), del Tratado de la Unión Europea implican la necesidad de tratar la información pertinente ateniéndose a disposiciones adecuadas sobre protección de datos personales.

(3) La legislación en el ámbito del título VI del Tratado de la Unión Europea debe mejorar la cooperación policial y judicial en materia penal en cuanto a su eficacia y a su legitimidad y respeto de los derechos fundamentales, en particular el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales. La existencia de normas comunes para el tratamiento y la protección de los datos personales tratados con el fin de prevenir y luchar contra la delincuencia contribuye a la consecución de ambos objetivos.

(4) El Programa de La Haya sobre la consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea, adoptado por el Consejo Europeo el 4 de noviembre de 2004, subrayaba la necesidad de un planteamiento innovador del intercambio transfronterizo de información policial, cumpliendo estrictamente condiciones fundamentales en el ámbito de la protección de datos, e invitaba a la Comisión a presentar propuestas a este respecto para finales de 2005 a más tardar. Ello se plasmó en el plan de acción del Consejo y la Comisión por el que se aplica el Programa de La Haya sobre el refuerzo de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea (2).

(5) El intercambio de datos personales en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal, especialmente con arreglo al principio de disponibilidad de la información establecido en el Programa de La Haya, debe basarse en normas claras que aumenten la confianza mutua entre las autoridades competentes y garanticen la protección de la correspondiente información excluyendo toda discriminación respecto de esta cooperación entre los Estados miembros y garantizando al mismo tiempo el pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona. Los instrumentos existentes a escala europea no bastan; la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (3), no se aplica al tratamiento de datos personales efectuado en el ejercicio de actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario, como las contempladas en el título VI del Tratado de la Unión Europea, ni, en ningún caso, a las operaciones de tratamiento de datos relacionadas con la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado o las actuaciones del Estado en materia penal.

(6) La presente Decisión Marco se aplica únicamente a los datos recogidos o tratados por las autoridades competentes para la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de infracciones penales y la ejecución de sanciones penales. La Decisión Marco debe dejar que sean los Estados miembros los que determinen de modo más preciso en el ámbito nacional qué otros fines deben considerarse incompatibles con el fin con el que se recopilaron inicialmente los datos personales. En términos generales, el tratamiento posterior de datos con fines históricos, estadísticos o científicos no debe considerarse incompatible con el fin inicial del tratamiento.

(7) El ámbito de aplicación de la Decisión Marco se limita al tratamiento de los datos personales transmitidos o puestos a disposición entre Estados miembros. De esta limitación no deben extraerse conclusiones relativas a la competencia de la Unión para adoptar actos relativos a la recopilación y tratamiento de datos personales en el ámbito nacional ni a la conveniencia de que la Unión tenga dicha competencia en el futuro.

(8) A fin de facilitar el intercambio de datos en la Unión, los Estados miembros desean garantizar que el nivel de protección logrado en el tratamiento de datos a nivel nacional coincida con el que se dispone en la presente Decisión Marco. Por lo que respecta al tratamiento nacional de datos, la presente Decisión Marco no impide que los Estados miembros establezcan garantías para la protección de los datos personales mayores a las contempladas en la presente Decisión Marco.

(9) La presente Decisión Marco no debe aplicarse a los datos personales que un Estado miembro haya obtenido en el ámbito de aplicación de la presente Decisión Marco y que tengan su origen en ese mismo Estado miembro.

(10) La aproximación de las disposiciones legales de los Estados miembros no debe debilitar la protección de datos que garantizan, sino que, por el contrario, debe tener por objeto garantizar un alto nivel de protección dentro de la Unión.

(11) Es necesario especificar los objetivos de la protección de datos en el marco de las actuaciones policiales y judiciales y establecer normas sobre la legalidad del tratamiento de datos personales, con el fin de garantizar que toda información que pueda intercambiarse se ha tratado lícitamente y de conformidad con los principios fundamentales relacionados con la calidad de los datos. Al mismo tiempo, no deben verse comprometidas en modo alguno las actuaciones legítimas de las autoridades policiales, aduaneras, judiciales y demás autoridades competentes.

(12) El principio de exactitud de los datos debe aplicarse teniendo presente el carácter y finalidad del tratamiento correspondiente. Por ejemplo, en particular en los procedimientos judiciales los datos se basan en apreciaciones subjetivas de la persona y, en algunos casos, son de imposible verificación. En consecuencia, el requisito de exactitud no puede relacionarse con la exactitud de una afirmación, sino exclusivamente con el hecho de que se ha formulado una afirmación concreta.

(13) El archivo en un conjunto independiente de datos solo debe permitirse si los datos ya no son necesarios ni utilizados para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales. Debe también permitirse el archivo en un conjunto independiente de datos si los datos archivados se conservan en una base de datos junto con otros datos de manera tal que no pueden ya utilizarse con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales. La adecuación del período de archivo debe depender de la finalidad del archivo y de los intereses legítimos de los interesados. Puede preverse un período muy largo en el caso del archivo con fines históricos.

(14) Los datos pueden también suprimirse mediante la destrucción de su soporte.

(15) Por lo que respecta a los datos inexactos, incompletos o anticuados transmitidos a otros Estados miembros o puestos a su disposición y tratados a continuación por autoridades cuasi judiciales —entendiéndose por tales las autoridades competentes para adoptar resoluciones jurídicamente vinculantes—, su rectificación, supresión o bloqueo debe efectuarse con arreglo al Derecho nacional.

(16) La garantía de un nivel elevado de protección de los datos personales de las personas requiere disposiciones comunes para determinar la licitud y la calidad de los datos tratados por las autoridades competentes de otros Estados miembros.

(17) Conviene definir a escala europea las condiciones en que debe permitirse a las autoridades competentes de los Estados miembros la transmisión a autoridades y particulares de los Estados miembros y puesta a su disposición de datos personales recibidos de otros Estados miembros. En muchos casos, la transmisión de datos personales a particulares por parte de los jueces, la policía o las aduanas es necesaria para enjuiciar infracciones penales o evitar una amenaza inmediata y grave a la seguridad pública o evitar que se lesionen gravemente los derechos de las personas, por ejemplo emitiendo alertas a los bancos y entidades de crédito en relación con la falsificación de valores o comunicando, en el ámbito de las delincuencia relacionada con vehículos, datos personales a las compañías de seguros a fin de impedir el tráfico ilícito de vehículos de motor robados o de mejorar las condiciones de recuperación de dichos vehículos en el extranjero. Esto no equivale al traspaso de funciones policiales o judiciales a particulares.

(18) Las normas de la presente Decisión Marco relativas a la transmisión de datos personales a particulares por parte de los jueces, la policía o las aduanas no se aplican a la comunicación de datos a particulares (como los abogados defensores o las víctimas) en el contexto del enjuiciamiento penal.

(19) El tratamiento posterior de los datos personales enviados o puestos a disposición por la autoridad competente de otro Estado miembro y, en particular, la transmisión o puesta a disposición posteriores de tales datos deben estar sujetos a normas comunes a escala europea.

(20) Cuando el tratamiento posterior de datos personales sea posible previo consentimiento del Estado miembro del que se hayan obtenido, cada Estado miembro debe poder determinar las modalidades de dicho consentimiento, incluso, por ejemplo, mediante un consentimiento general para categorías de información o categorías de tratamiento posterior.

(21) Cuando el tratamiento posterior de datos personales sea posible para procedimientos administrativos, dichos procedimientos también incluyen las actividades de los órganos de reglamentación y control.

(22) Las actividades legítimas de las autoridades policiales, aduaneras, judiciales y otras autoridades competentes pueden requerir que los datos se envíen a autoridades de terceros Estados u organismos internacionales que se encarguen de la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales.

(23) Cuando los datos personales se transfieren de un Estado miembro a terceros Estados o a organismos internacionales, dichos datos deben, en principio, gozar de un nivel de protección adecuado.

(24) Cuando los datos personales se transfieren de un Estado miembro a terceros países o a organismos internacionales, tal transferencia, en principio, únicamente debe efectuarse una vez que el Estados miembro del que se hayan obtenido los datos haya dado su consentimiento a la transferencia. Cada Estado miembro debe poder determinar las modalidades de dicho consentimiento, incluso, por ejemplo, mediante un consentimiento general para categorías de información o terceros Estados concretos.

(25) En el interés de una cooperación policial eficiente, cuando la naturaleza de una amenaza a la seguridad pública de un Estado miembro o de un tercer Estado sea lo bastante inmediata como para imposibilitar la obtención a tiempo del consentimiento previo, la autoridad competente debe poder transferir los datos personales correspondientes al tercer Estado de que se trate sin dicho consentimiento previo. Lo mismo podría ser de aplicación cuando estén en juego otros intereses esenciales de igual importancia de un Estado miembro, por ejemplo cuando exista una amenaza inmediata y grave a las infraestructuras vitales de un Estado miembro o cuando el sistema financiero de un Estado miembro pueda quedar gravemente perturbado.

(26) Puede ser necesario informar a los interesados sobre el tratamiento de sus datos, en particular en caso de que se hayan producido intromisiones graves en sus derechos debido a medidas de recogida secreta de datos, a fin de que el interesado pueda gozar de una protección jurídica eficaz.

(27) Los Estados miembros deben garantizar que se informe el interesado de que los datos personales pueden ser, o están siendo, recopilados, tratados o transmitidos a otro Estado miembro con fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales. El Derecho nacional debe determinar las modalidades del derecho del interesado a ser informado, así como las correspondientes excepciones.

Esto puede hacerse de forma general, por ejemplo, por ley o por medio de la publicación de una lista de las operaciones de tratamiento.

(28) Para garantizar la protección de los datos personales sin comprometer el resultado de las investigaciones penales, es necesario definir los derechos del interesado.

(29) Algunos Estados miembros han establecido el derecho de acceso del interesado en materia penal mediante un sistema en que la autoridad nacional de control, en lugar del interesado, tiene acceso a todos los datos personales relativos al interesado sin restricción alguna y puede también rectificar, suprimir o actualizar los datos inexactos.

En dicho caso de acceso indirecto, el Derecho nacional de dichos Estados miembros puede establecer que la autoridad nacional de control informe únicamente al interesado de la realización de todas las comprobaciones necesarias.

No obstante, esos Estados miembros también establecen la posibilidad de acceso directo para el interesado en casos particulares, como el acceso a los registros judiciales, para obtener copia de sus propios antecedentes penales o de documentos referentes a sus propias declaraciones a los servicios de policía.

(30) Conviene establecer normas comunes sobre confidencialidad y seguridad del tratamiento, sobre responsabilidades y sanciones si las autoridades competentes hacen uso ilegal de los datos y sobre recursos judiciales a disposición del interesado. No obstante, corresponderá a cada Estado miembro determinar la naturaleza de sus normas sobre daños y las sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales sobre protección de datos.

(31) La presente Decisión Marco permite que cuando se apliquen los principios expuestos en la misma se tenga en cuenta el principio de acceso público a los documentos oficiales.

(32) De ser necesario para la protección de los datos personales en relación con un tratamiento que por sus dimensiones o su tipo suponga un riesgo específico para los derechos y libertades fundamentales, como por ejemplo el tratamiento por medio de tecnologías, mecanismos o procedimientos nuevos, es oportuno garantizar la consulta a las autoridades nacionales de control competentes antes de establecer los ficheros para el tratamiento de dichos datos.

(33) La creación en los Estados miembros de autoridades de control que ejerzan sus funciones con plena independencia constituye un aspecto esencial de la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial entre los Estados miembros.

(34) Las autoridades de control ya creadas en los Estados miembros en virtud de la Directiva 95/46/CE también deben poder asumir competencias sobre el cumplimiento de las funciones encomendadas a las autoridades nacionales de control que se creen en virtud de la presente Decisión Marco.

(35) Dichas autoridades de control deben disponer de los medios necesarios para cumplir sus funciones, entre ellos competencias de investigación y de intervención, en particular en casos de reclamaciones presentadas por particulares, y competencia para actuar en procedimientos judiciales. Tales autoridades de control deben contribuir a garantizar la transparencia de los tratamientos de datos en los Estados miembros de su competencia territorial.

Sin embargo, sus competencias no deben afectar a las normas específicas previstas para los procesos penales, ni a la independencia del poder judicial.

(36) El artículo 47 del Tratado de la Unión Europea establece que ninguna de sus disposiciones afectará a los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea ni a los Tratados y actos subsiguientes que los hayan modificado o completado.

Por consiguiente, la presente Decisión Marco no afecta a la protección de datos personales regulada por el Derecho comunitario, tal como se establece en particular en la Directiva 95/46/CE, en el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (4), y en la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (5).

(37) La presente Decisión Marco no afecta a las normas aplicables al acceso ilegal a los datos, establecidas en la Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a los ataques contra los sistemas de información (6).

(38) La presente Decisión Marco no afecta a las obligaciones y compromisos vigentes que incumban a los Estados miembros o a la Unión en virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales con terceros Estados. Todo acuerdo futuro debe ser conforme a las normas sobre intercambios con terceros Estados.

(39) Varios actos adoptados en virtud del título VI del Tratado de la Unión Europea contienen disposiciones específicas sobre la protección de los datos personales intercambiados o tratados de otro modo en virtud de dichos actos.

En algunos casos, estas disposiciones constituyen un conjunto completo y coherente de normas que abarcan todos los aspectos correspondientes de la protección de los datos (principios de calidad de los datos, normas sobre seguridad de los datos, reglamentación de los derechos y protecciones de los interesados, organización del control y responsabilidad), que reglamentan estos asuntos con más detalle que la presente Decisión Marco. Esta no debe afectar al conjunto pertinente de disposiciones de protección de datos de dichos actos, en particular a los que rigen el funcionamiento de Europol, Eurojust, el Sistema de Información de Schengen (SIS) y el Sistema de Información Aduanero (SIA), ni a los que permiten a las autoridades de los Estados miembros acceder directamente a determinados sistemas de datos de otros Estados miembros. Lo mismo se aplica a las disposiciones de protección de datos que rigen la transferencia automatizada de perfiles de ADN, datos dactiloscópicos y datos de los registros nacionales de matriculación de vehículos en virtud de la Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza (7).

(40) En otros casos, las disposiciones sobre protección de datos que figuran en los actos adoptados en virtud del título VI del Tratado de la Unión Europea tienen un ámbito de aplicación más limitado. A menudo fijan condiciones particulares para el Estado miembro que recibe información que contenga datos personales de otros Estados miembros en cuanto a los fines para los que puede usar dichos datos, pero para otro aspectos de la protección de los datos se remite al Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal o al Derecho nacional. En la medida en que las disposiciones de estos actos que imponen condiciones a los Estados miembros receptores en cuanto al uso o posterior transferencia de datos personales sean más estrictas que las incluidas en las disposiciones correspondientes de la presente Decisión Marco, esta no debe afectará a las primeras. No obstante, para los demás aspectos deben aplicarse las normas establecidas en la presente Decisión Marco.

(41) La presente Decisión Marco no afecta al Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, ni a su Protocolo adicional de 8 de noviembre de 2001, ni a los convenios del Consejo de Europa relativos a la cooperación judicial en materia penal.

(42) Dado que el objetivo de la presente Decisión Marco, a saber, la determinación de normas comunes para la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensión y los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5º del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y mencionado en el artículo 2º del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5º del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la presente Decisión Marco no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(43) El Reino Unido participa en la presente Decisión, de conformidad con el artículo 5º del Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen en el Marco de la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y de conformidad con el artículo 8, apartado 2, de la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (8).

(44) Irlanda participa en la presente Decisión, de conformidad con el artículo 5º del Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen en el Marco de la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y de conformidad con el artículo 6º, apartado 2, de la Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (9).

(45) Por lo que se refiere a Islandia y Noruega, la presente Decisión Marco desarrolla disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (10), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, puntos H e I, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (11), relativa a determinadas normas de desarrollo de dicho Acuerdo.

(46) Por lo que se refiere a Suiza, la presente Decisión Marco desarrolla disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Acuerdo celebrado entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de este Estado a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (12), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, puntos H e I, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3º de la Decisión 2008/149/JAI del Consejo (13), relativa a la celebración de dicho Acuerdo en nombre de la Unión Europea.

(47) Por lo que se refiere a Liechtenstein, la presente Decisión Marco desarrolla disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, puntos H e I, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3º de la Decisión 2008/262/JAI del Consejo (14), relativa a la celebración de dicho Acuerdo en nombre de la Unión Europea.

(48) La presente Decisión Marco respeta los derechos fundamentales y los principios reconocidos, en particular por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (15). La presente Decisión Marco pretende garantizar el pleno respeto del derecho a la intimidad y a la protección de los datos de carácter personal reflejados en los artículos 7º y 8º de la Carta.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN MARCO:

Artículo 1º.- Objetivo y ámbito de aplicación

1. El objetivo de la presente Decisión Marco es garantizar un alto nivel de protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y en particular su derecho a la intimidad en lo que respecta al tratamiento de datos personales en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal, contemplada en el título VI del Tratado de la Unión Europea, garantizando al mismo tiempo un alto nivel de seguridad pública.

2. De conformidad con lo establecido en la presente Decisión Marco, los Estados miembros protegerán los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, y en particular su derecho a la intimidad, cuando, para la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de infracciones penales o para la ejecución de sanciones penales los datos personales:

a) los Estados miembros los transmitan o hayan transmitido o los pongan o hayan puesto a disposición entre sí;

b) los Estados miembros los transmitan o hayan transmitido a autoridades o sistemas de información creados en virtud del título VI del Tratado de la Unión Europea, o los pongan o hayan puesto a su disposición, o

c) las autoridades o sistemas de información creados en virtud del Tratado de la Unión Europea o del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea los transmitan o hayan transmitido a las autoridades competentes de los Estados miembros, o los pongan o hayan puesto a su disposición.

3. La presente Decisión Marco se aplicará tanto al tratamiento automatizado como no automatizado, total o parcial, de datos personales que formen parte o esté previsto que vayan a formar parte de un fichero.

4. La presente Decisión Marco no afectará a los intereses esenciales de seguridad del Estado ni a las actividades específicas de inteligencia en el sector de la seguridad del Estado.

5. La presente Decisión Marco no impedirá a los Estados miembros establecer, para la protección de los datos personales recopilados o tratados a nivel nacional, garantía mayores a las establecidas en la presente Decisión Marco.

Artículo 2º.- Definiciones

A efectos de la presente Decisión Marco, se entenderá por:

a) «datos personales», toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»). Se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social;

b) «tratamiento de datos personales» y «tratamiento», cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción;

c) «bloqueo», la señalización de datos personales conservados con el objetivo de limitar su tratamiento en el futuro;

d) «fichero de datos personales» y «fichero», todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica;

e) «encargado del tratamiento», todo organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento;

f) «destinatario», todo organismo al que se comuniquen datos;

g) «consentimiento del interesado», toda manifestación de voluntad, libre, específica e informada, mediante la que el interesado consiente el tratamiento de datos personales que le conciernan.

h) «autoridades competentes», los servicios u organismos creados en virtud de actos jurídicos adoptados por el Consejo al amparo del título VI del Tratado de la Unión Europea, así como las autoridades policiales, judiciales, aduaneras y otras autoridades competentes de los Estados miembros autorizadas por el Derecho nacional a tratar datos personales en el ámbito de la presente Decisión Marco;

i) «responsable del tratamiento», la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que solo o conjuntamente con otros determine los fines y los medios del tratamiento de datos personales;

j) «marcado», la señalización de datos personales conservados sin el objetivo de limitar su tratamiento en el futuro;

k) «procedimiento de disociación», la modificación de datos personales de manera que los detalles de las condiciones personales o materiales no puedan ya atribuirse a una persona física identificada o identificable, o solo sea posible invirtiendo tiempo, costes y trabajo desproporcionados.

Artículo 3º.- Principios de licitud, proporcionalidad y finalidad

1. Las autoridades competentes solo podrán recoger datos personales con fines determinados, explícitos y legítimos en el marco de sus funciones y solo podrán tratarlos para el mismo fin con el que se hayan recogido. El tratamiento de los datos deberá ser lícito y adecuado, pertinente y no excesivo con respecto a los fines para los que se recojan.

2. Se autorizará el tratamiento posterior para otros fines en la medida en que:

a) el tratamiento no sea incompatible con los fines para los que se recogieron los datos;

b) las autoridades competentes estén autorizadas a tratar los datos para tales otros fines con arreglo a la normativa aplicable, y

c) el tratamiento sea necesario para ese otro fin y proporcionado a él.

Las autoridades competentes podrán también tratar posteriormente los datos personales transmitidos con fines históricos, estadísticos o científicos, siempre que los Estados miembros dispongan las garantías adecuadas, como la disociación de los datos.

Artículo 4º.- Rectificación, supresión y bloqueo

1. Los datos personales se rectificarán cuando sean incorrectos y, cuando sea posible y necesario, se completarán o actualizarán.

2. Los datos personales se suprimirán o disociarán cuando ya no sean necesarios a los fines para los que fueron legalmente recogidos o legalmente tratados posteriormente. Esta disposición no afectará al archivo de dichos datos en conjunto independiente de datos durante un período adecuado de tiempo realizado de acuerdo con el Derecho nacional.

3. Los datos personales se bloquearán, en lugar de suprimirse, en caso de que haya razones justificadas para suponer que la supresión pueda perjudicar los intereses legítimos del interesado. Los datos bloqueados podrán tratarse solo para los fines que impidieron su supresión.

4. Si los datos personales forman parte de una resolución judicial o registro relacionado con el pronunciamiento de una resolución judicial, la rectificación, supresión o bloqueo se efectuará de conformidad con la normativa nacional sobre procedimientos judiciales.

Artículo 5º.- Fijación de plazos de supresión y comprobación

Se fijarán plazos adecuados a efectos de la supresión de datos personales o de la comprobación periódica de la necesidad de su conservación. Se garantizará el cumplimiento de los plazos mediante disposiciones de procedimiento.

Artículo 6º.- Tratamiento de categorías especiales de datos

El tratamiento de datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical, de datos relativos a la salud o a la vida sexual solo se permitirá cuando sea estrictamente necesario y si el Derecho nacional establece garantías adecuadas.

Artículo 7º.- Decisiones específicas automatizadas

Las decisiones que produzcan efectos jurídicos adversos en el interesado o le afecten de manera significativa y que se basen únicamente en un tratamiento automatizado de datos destinado a evaluar determinados aspectos de su personalidad solo se permitirán cuando estén autorizadas por una ley que a su vez establezca medidas que garanticen los intereses legítimos del interesado.

Artículo 8º.- Control de calidad de los datos transmitidos o disponibles

1. Las autoridades competentes adoptarán todas las medidas razonables para disponer que los datos personales que sean inexactos, incompletos o que no estén actualizados no se transmitan ni se hagan disponibles. Para ello, las autoridades competentes, en la medida en que sea factible, controlarán la calidad de los datos personales antes de transmitirlos o hacerlos disponibles.

En la medida de lo posible, en todas las transmisiones de datos se deberá añadir la información de que se disponga para que el Estado miembro receptor pueda valorar el grado en que los datos son exactos, completos, actualizados y fiables. Si se hubieran transmitido datos personales sin haberlos solicitado la autoridad receptora, esta comprobará sin demora si los datos son necesarios para el fin para el cual se transmitieron.

2. Si se observara que se hubieran transmitido datos incorrectos o se hubieran transmitido ilegalmente, el hecho se pondrá de inmediato en conocimiento del destinatario. Esos datos deberán rectificarse, suprimirse o bloquearse de inmediato de conformidad con el artículo 4º.

Artículo 9º.- Plazos

1. Al transmitir o poner a disposición los datos, la autoridad transmisora podrá indicar, ateniéndose a su Derecho nacional y de conformidad con los artículos 4º y 5º, los plazos fijados para la retención de los datos, a cuya expiración el destinatario deberá suprimirlos o bloquearlos o comprobar si siguen siendo necesarios. Esta obligación no se aplicará si, en el momento en que expiren dichos plazos, los datos son necesarios para una investigación en curso, el enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales.

2. Si la autoridad transmisora no hubiera indicado ningún plazo de conformidad con el apartado 1, se aplicarán los plazos mencionados en los artículos 4 y 5 para la retención de los datos establecidos en el Derecho nacional del Estado miembro receptor.

Artículo 10.- Registro y documentación

1. Toda transmisión de datos personales se registrará o documentará a efectos de comprobación de la licitud de su tratamiento, de autocontrol y de garantía de su integridad y seguridad.

2. Los registros o documentación realizados de conformidad con el apartado 1 se comunicarán a petición de la autoridad de control competente para el control de la protección de datos. La autoridad de control competente utilizará esa información únicamente para el control de la protección de datos y para garantizar el adecuado tratamiento de los datos y la integridad y seguridad de estos.

Artículo 11.- Tratamiento de datos personales transmitidos o puestos a disposición por otro Estado miembro

Los datos personales transmitidos o puestos a disposición por la autoridad competente de otro Estado miembro únicamente podrán tratarse posteriormente, de conformidad con los requisitos del artículo 3º, apartado 2, para los siguientes fines distintos de aquellos para los que se transmitieron o pusieron a disposición:

a) la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales distintas de aquellas para las que se transmitieron o pusieron a disposición;

b) otros procedimientos judiciales y administrativos directamente relacionados con la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales;

c) la prevención de amenazas inmediatas y graves a la seguridad pública, o

d) cualquier otro fin, solo con el previo consentimiento del Estado miembro transmisor o con el consentimiento del interesado, otorgados de acuerdo con el Derecho nacional.

Las autoridades competentes también podrán tratar posteriormente con fines históricos, estadísticos o científicos los datos personales transmitidos, a condición de que los Estados miembros establezcan las garantías adecuadas, como, por ejemplo, la disociación de los datos.

Artículo 12º.- Cumplimiento de las limitaciones nacionales de tratamiento

1. Cuando, con arreglo al Derecho del Estado miembro transmisor, se apliquen limitaciones específicas de tratamiento en circunstancias concretas a los intercambios de datos entre autoridades competentes en dicho Estado miembro, la autoridad transmisora comunicará al destinatario dichas limitaciones. El destinatario garantizará que se cumplan dichas limitaciones de tratamiento.

2. Al aplicar el apartado 1, los Estados miembros no aplicarán, en relación con las transmisiones de datos a otros Estados miembros o a los servicios u organismos creados en virtud del título VI del Tratado de la Unión Europea, más restricciones que las aplicables a las transmisiones similares de datos a escala nacional.

Artículo 13.- Transferencia a autoridades competentes de terceros Estados y a organismos internacionales

1. Los Estados miembros dispondrán que los datos personales transmitidos o puestos a disposición por la autoridad competente de otro Estado miembro puedan transferirse a terceros Estados u organismos internacionales solo si se cumplen todas las condiciones siguientes:

a) que sea necesario para la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de infracciones penales o para la ejecución de sanciones penales;

b) que la autoridad receptora del tercer Estado o el organismo internacional receptor sea competente para la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales;

c) que el Estado miembro que proporcionó los datos haya consentido la transferencia de acuerdo con su Derecho nacional;

d) que el tercer Estado u organismo internacional de que se trate garantice un nivel adecuado de protección en el tratamiento de datos previsto.

2. La transferencia de datos sin el consentimiento previo de acuerdo con el apartado 1, letra c), solo podrá permitirse si es esencial para la prevención de una amenaza inmediata y grave a la seguridad pública de un Estado miembro o de un tercer Estado o a intereses esenciales de un Estado miembro, y si el consentimiento previo no puede obtenerse a tiempo. Se informará sin demora a la autoridad encargada de otorgar el consentimiento.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra d), podrán transferirse datos personales en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) que así lo disponga el Derecho nacional del Estado miembro que transfiere los datos por alguno de los siguientes motivos:

i) legítimos intereses específicos del interesado, o

ii) legítimos intereses superiores, en especial importantes intereses públicos, o

b) que el tercer Estado o el organismo internacional receptor ofrezca garantías que el Estado miembro de que se trate considere adecuadas de conformidad con su Derecho nacional.

4. La adecuación del nivel de protección a que se refiere el apartado 1, letra d), se evaluará atendiendo a todas las circunstancias que concurran en una operación de transferencia de datos o en un conjunto de operaciones de transferencia de datos. Se tomará en consideración en particular la naturaleza de los datos, la finalidad y la duración de la operación u operaciones de tratamiento previstas, el Estado de origen y el Estado u organismo internacional de destino final de los datos, la normativa, tanto general como sectorial, vigente en el tercer Estado u organismo internacional de que se trate, y las normas profesionales y medidas de seguridad que sean de aplicación.

Artículo 14.- Transmisión a particulares en los Estados miembros

1. Los Estados miembros dispondrán que los datos personales recibidos de las autoridades competentes de otro Estado miembro o que aquellas hayan puesto su disposición solo puedan transmitirse a particulares si se cumplen las condiciones siguientes:

a) que la autoridad competente del Estado miembro del que se obtuvieron los datos haya consentido en que estos se transmitan de acuerdo con su Derecho nacional;

b) que los legítimos intereses específicos del interesado no impidan la transmisión;

c) que en determinados casos sea esencial que la autoridad competente transmita los datos a particulares por alguno de los siguientes motivos:

i) para el cumplimiento de funciones que tiene legalmente asignadas,

ii) para la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales,

iii) para la prevención de amenazas inmediatas y graves a la seguridad pública, o

iv) para la prevención de lesiones graves de los derechos de las personas.

2. La autoridad competente que transmita datos a un particular informará a este de los fines para los que podrán utilizarse exclusivamente los datos.

Artículo 15.- Información a petición de las autoridades competentes

Si así se lo solicitan, el destinatario informará sobre el tratamiento de los datos a las autoridades competentes que le hayan transmitido o puesto a su disposición los datos personales.

Artículo 16.- Información al interesado

1. Los Estados miembros se harán cargo de que el interesado esté informado de lo relativo a la recopilación o tratamiento de datos personales por sus autoridades competentes, conforme al Derecho nacional.

2. En caso de haberse transmitido o puesto a disposición entre Estado miembro datos personales, cada Estado miembro podrá, de conformidad con las disposiciones de su Derecho nacional a que se refiere el apartado 1, pedir que el otro Estado miembro se abstenga de informar al interesado. En tal caso, este último Estado miembro no informará al interesado sin el consentimiento previo del primero.

Artículo 17.- Derecho de acceso a los datos

1. Todo interesado que lo solicite con una periodicidad razonable tendrá derecho a obtener, sin restricciones y sin retrasos ni gastos excesivos:

a) al menos la confirmación, por parte del responsable del tratamiento o de la autoridad nacional de control, de que se han transmitido o puesto a disposición datos que le conciernen, e información sobre los destinatarios o categorías de destinatarios a los que se han remitido los datos y la comunicación de los datos que se están tratando, o

b) al menos la confirmación de la autoridad nacional de control de que se han realizado todas las comprobaciones necesarias.

2. Los Estados miembros podrán adoptar medidas legislativas para limitar el acceso a la información de acuerdo con el apartado

1, letra a), cuando tal limitación, habida debida cuenta de los intereses legítimos del interesado, constituya una medida necesaria y proporcionada:

a) para evitar que se obstaculicen investigaciones o procedimientos jurídicos o de carácter oficial;

b) para evitar que se obstaculice la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales;

c) para proteger la seguridad pública;

d) para proteger la seguridad del Estado;

e) para proteger al interesado o los derechos y libertades de terceros.

3. Toda denegación o limitación del acceso se comunicará al interesado por escrito. Se comunicarán al mismo tiempo los motivos materiales o jurídicos en que se basa la decisión. Esta última comunicación podrá omitirse cuando exista algún motivo de los indicados en el apartado 2, letras a) a e). En todos estos casos se pondrá en conocimiento del interesado que puede recurrir ante la autoridad nacional de control o los juzgados o tribunales competentes.

Artículo 18.- Derecho de rectificación, supresión o bloqueo

1. El interesado tendrá derecho al cumplimiento, por parte del responsable del tratamiento, de sus obligaciones —de conformidad con los artículos 4º, 8º y 9º— de rectificación, supresión y bloqueo de datos personales, derivadas de la presente Decisión Marco. Los Estados miembros establecerán si el interesado puede invocar este derecho directamente ante el responsable del tratamiento de los datos o por mediación de la autoridad nacional de control competente. Si el responsable del tratamiento deniega la rectificación, supresión o bloqueo, la denegación deberá comunicarse por escrito al interesado, al que se deberá informar de las posibilidades de reclamación o de recurso jurisdiccional establecidas en el Derecho nacional. Al examinarse la reclamación o el recurso jurisdiccional se informará al interesado de si fue correcta o incorrecta la actuación del responsable del tratamiento. Los Estados miembros podrán también disponer que la autoridad nacional de control competente informe al interesado que se ha procedido a una revisión.

2. Si el interesado contesta la exactitud de un dato personal y no se puede determinar si este es exacto o inexacto, podrá marcarse dicho dato.

Artículo 19.- Derecho a reparación

1. Toda persona que haya sufrido daños y perjuicios como consecuencia del tratamiento ilícito o de una acción incompatible con las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Decisión Marco, tendrá derecho a obtener reparación por los mismos del responsable del tratamiento o de otra autoridad competente de acuerdo con el Derecho nacional.

2. Si una autoridad competente de un Estado miembro transmitió datos personales, el destinatario no podrá, en el ámbito de sus responsabilidades ante la parte perjudicada de conformidad con el Derecho nacional, alegar en su defensa que los datos transmitidos eran inexactos. Si el destinatario repara los daños y perjuicios causados por el uso de datos inexactos transmitidos, la autoridad competente transmisora abonará al destinatario el importe pagado en concepto de daños y perjuicios, teniendo en cuenta cualquier responsabilidad que pueda imputarse al destinatario.

Artículo 20.- Vías de recurso

Sin perjuicio del recurso administrativo que pueda interponerse antes de acudir a la autoridad judicial, el interesado tendrá derecho a un recurso judicial en caso de violación de los derechos que le garanticen las disposiciones de Derecho nacional aplicables.

Artículo 21.- Confidencialidad del tratamiento

1. Las personas que tengan acceso a datos personales que entren en el ámbito de aplicación de la presente Decisión Marco solo podrán tratarlos si pertenecen a la autoridad competente o siguiendo instrucciones de esta, o salvo en virtud de un imperativo legal.

2. Las personas que trabajen para una autoridad competente de un Estado miembro estarán sometidos a todas las normas de protección de datos que rijan para esa autoridad competente.

Artículo 22.- Seguridad del tratamiento

1. Los Estados miembros establecerán la obligación de las autoridades competentes de aplicar las medidas técnicas y de organización adecuadas para proteger los datos personales contra la destrucción accidental o ilícita, la pérdida accidental, la alteración, la difusión o el acceso no autorizados, en particular cuando el tratamiento incluya la transmisión de datos dentro de una red o la puesta a disposición de datos mediante acceso automatizado directo, y contra cualquier otro tratamiento ilícito, teniendo en cuenta en particular los riesgos que presente el tratamiento y la naturaleza de los datos que deban protegerse.

Dichas medidas deberán garantizar, habida cuenta de los conocimientos técnicos existentes y del coste de su aplicación, un nivel de seguridad apropiado en relación con los riesgos que presente el tratamiento y con la naturaleza de los datos que deban protegerse.

2. Por lo que se refiere al tratamiento automatizado de datos, cada Estado miembro aplicará medidas destinadas a:

a) impedir el acceso de personas no autorizadas a las instalaciones utilizadas para el tratamiento de datos personales (control de acceso a las instalaciones);

b) impedir que los soportes de datos puedan ser leídos, copiados, modificados o retirados sin autorización (control de los soportes de datos);

c) impedir que se introduzcan datos sin autorización en los ficheros y que puedan conocerse, modificarse o suprimirse sin autorización datos personales conservados (control de la conservación);

d) impedir que los sistemas de tratamiento automatizado de datos puedan ser utilizados por personas no autorizadas mediante equipos de transmisión de datos (control de la utilización);

e) garantizar que las personas autorizadas para utilizar un sistema de tratamiento automatizado de datos solo puedan tener acceso a los datos para los que se les ha autorizado (control del acceso);

f) garantizar que sea posible verificar y comprobar a qué organismos se han transmitido o pueden transmitirse o a cuya disposición pueden ponerse datos personales mediante equipos de transmisión de datos (control de las comunicaciones);

g) garantizar que pueda verificarse y comprobarse a posteriori qué datos personales se han introducido en los sistemas de tratamiento automatizado de datos y en qué momento y por qué persona han sido introducidos (control de la introducción);

h) impedir que durante la transmisión de datos personales y durante el transporte de soportes de datos, los datos puedan ser leídos, copiados, modificados o suprimidos sin autorización (control del transporte);

i) garantizar que los sistemas utilizados puedan repararse en caso de fallo del sistema (recuperación);

j) garantizar que las funciones del sistema no presenten defectos, que los errores de funcionamiento sean señalados (fiabilidad) y que los datos conservados no se degraden por fallos de funcionamiento del sistema (integridad).

3. Los Estados miembros establecerán que solo pueda designarse como encargado del tratamiento quien garantice el cumplimiento de las medidas técnicas y de organización contempladas en el apartado 1 y de las instrucciones en virtud del artículo 21. La autoridad competente controlará al respecto al encargado del tratamiento.

4. El encargado del tratamiento solo podrá tratar los datos personales en virtud de acto jurídico o de contrato escrito.

Artículo 23.- Consulta previa

Los Estados miembros garantizarán que se consulte a las autoridades nacionales de control competentes antes del tratamiento de datos personales que vayan a formar parte de un nuevo sistema que vaya a crearse, en cualquiera de los siguientes casos:

a) que vayan a tratarse las categorías especiales de datos contempladas en el artículo 6º, o

b) que el tipo de tratamiento, en particular mediante tecnologías, mecanismos o procedimientos nuevos, entrañe otro tipo de riesgos específicos para los derechos y libertades fundamentales y, en particular, para la intimidad del interesado.

Artículo 24.- Sanciones

Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar la plena aplicación de lo dispuesto en la presente Decisión Marco y establecerán, en particular, sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias, que se impondrán en caso de incumplimiento de las disposiciones adoptadas en virtud de la presente Decisión Marco.

Artículo 25.- Autoridades nacionales de control

1. Cada Estado miembro dispondrá que una o más autoridades públicas se encarguen en su territorio de asesorar y vigilar la aplicación de las disposiciones que los Estados miembros hayan adoptado en aplicación de la presente Decisión Marco. Estas autoridades ejercerán las funciones que les son atribuidas con total independencia.

2. La autoridad de control dispondrá, en particular, de:

a) poderes de investigación, como el derecho de acceder a los datos que sean objeto de un tratamiento y el de recabar toda la información necesaria para el cumplimiento de su misión de control;

b) poderes efectivos de intervención, como, por ejemplo, el de formular dictámenes antes de realizar los tratamientos y garantizar una publicación adecuada de dichos dictámenes, el de ordenar el bloqueo, la supresión o la destrucción de datos, el de prohibir provisional o definitivamente un tratamiento, el de dirigir una advertencia o amonestación al responsable del tratamiento o el de someter la cuestión a los parlamentos u otras instituciones políticas nacionales;

c) capacidad procesal en caso de infracciones a las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Decisión Marco o de poner dichas infracciones en conocimiento de la autoridad judicial. Las decisiones de la autoridad de control lesivas de derechos podrán ser objeto de recurso jurisdiccional.

3. Toda autoridad de control entenderá de las solicitudes que cualquier persona le presente en relación con la protección de sus derechos y libertades respecto del tratamiento de datos personales. Esa persona será informada del curso dado a su solicitud.

4. Los Estados miembros dispondrán que los miembros y agentes de las autoridades de control deberán observar las normas de protección de datos aplicables a la autoridad competente correspondiente y que, incluso después de haber cesado en sus funciones, estarán sujetos al deber de secreto profesional sobre informaciones confidenciales a la que hayan tenido acceso.

Artículo 26.- Relación con acuerdos con terceros Estados

La presente Decisión Marco no afectará a las obligaciones y compromisos contraídos por los Estados miembros o la Unión en virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales con terceros Estados que estén vigentes en el momento de la adopción de la presente Decisión Marco.

Al aplicar los citados acuerdos, la transferencia a un tercer Estado de datos personales obtenidos de otro Estado miembro se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, letra c), o apartado 2, según proceda.

Artículo 27.- Evaluación

1. A más tardar el 27 de noviembre de 2013, los Estados miembros informarán a la Comisión sobre las medidas nacionales que hayan adoptado para dar pleno cumplimiento a la presente Decisión Marco, y en particular sobre aquellas disposiciones que deben cumplirse ya cuando se procede a la recogida de los datos. La Comisión estudiará, en particular, las repercusiones de dichas disposiciones en el ámbito de aplicación de la presente Decisión Marco establecido en el artículo 1º, apartado 2.

2. La Comisión informará en el plazo de un año al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los resultados de la evaluación a que se refiere el apartado 1 y acompañará el informe con las propuestas de modificación de la presente Decisión Marco que sean adecuadas.

Artículo 28.- Relación con actos de la Unión adoptados previamente

Cuando algún acto, adoptado en virtud del título VI del Tratado de la Unión Europea antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Decisión Marco y que regule el intercambio de datos personales entre los Estados miembros o el acceso de unas autoridades designadas de los Estados miembros a sistemas de información establecidos en virtud del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, establezca condiciones específicas respecto de la utilización de dichos datos por el Estado miembro receptor, estas primarán sobre las disposiciones de la presente Decisión Marco relativas al uso de los datos transmitidos o puestos a disposición por otro Estado miembro.

Artículo 29.- Aplicación

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Decisión Marco antes del 27 de noviembre de 2010.

2. A más tardar en la misma fecha, los Estados miembros transmitirán a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión el texto de las disposiciones de adaptación de su Derecho nacional en virtud de las obligaciones derivadas de la presente Decisión Marco, así como información sobre la designación de las autoridades de control a que se refiere el artículo 25.

Basándose en un informe redactado por la Comisión utilizando dicha información, el Consejo evaluará, antes del 27 de noviembre de 2011, la medida en que los Estados miembros han cumplido lo dispuesto en la presente Decisión Marco.

Artículo 30.- Entrada en vigor

La presente Decisión Marco entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 2008.

Por el Consejo

La Presidenta

M. ALLIOT-MARIE

—————————————————————————————–

(1) DO C 125 E de 22.5.2008, p. 154.

(2) DO C 198 de 12.8.2005, p. 1.

(3) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

(4) DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

(5) DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.

(6) DO L 69 de 16.3.2005, p. 67.

(7) DO L 210 de 6.8.2008, p. 1.

(8) DO L 131 de 1.6.2000, p. 43.

(9) DO L 64 de 7.3.2002, p. 20.

(10) DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.

(11) DO L 176 de 10.7.1999, p. 31.

(12) DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.

(13) DO L 53 de 27.2.2008, p. 50.

(14) DO L 83 de 26.3.2008, p. 5.

(15) DO C 303 de 14.12.2007, p. 1.

Décret nº 2004-1266 du 25 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 8-4 de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé des données à caractère personnel relatives aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d'un visa (rectificatif)

Rectificatif au Journal officiel du 26 novembre 2004, édition papier, page 20089, 2e colonne, et édition électronique, texte nº 48, après les signataires, ajouter :

«Nota. – L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sera publié au Journal officiel, édition électronique, du 4 décembre 2004.»

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 et la loi n° 2006-18 du 2 mai 2006,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations , entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94–102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-38 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles , telle que modifiée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,

Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques ,

Vu la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au service national ,

Vu la loi n° 2004-7l du 2 août 2004, portant institution d’un régime d’assurance maladie,

Vu la loi n° 2005-54 du 18 juillet 2005, étendant les régimes spéciaux applicables aux membres de la chambre des députés , aux membres de la chambre des conseillers ,

Vu la loi n° 2006-57 du 28 juillet 2006, instituant un régime de congé de création au profit des agents du secteur public,

Vu la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères ,

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affilés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret n° 2001-1445 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 86-936 du 6 octobre 1986, fixant le régime de l’exercice à mi-temps dans les offices, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l’exercice à titre professionnel d’une activité privée lucrative par les personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 95-1085 du 19 juin 1995, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, fixant les attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d’octroi d’une autorisation aux fonctionnaires publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions ,

Vu le décret n° 2000-2331 du 10 octobre 2000, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’agence nationale de certification électronique,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif à l’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2123-2007 du 21 août 2007 et le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007,

Vu le décret n° 2006-3230 du 12 décembre 2006, fixant les procédures et les modalités d’application du régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères ,

Vu le décret n° 2006-3275 du 18 décembre 2006, fixant les modalités et les procédures d’octroi de congé de création au profit des agents du secteur public,

Vu l’avis du Premier ministre,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier .-

Le statut particulier du personnel de l’agence nationale de la certification électronique annexé au présent décret est approuvé.

Article 2 .-

Le Premier ministre et le ministre des technologies de la communication sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis , le 14 avril 2008 .

Zine El Abidine Ben Ali

EL SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 16,

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 7 y 8,

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (1),

Vista la solicitud de dictamen, hecha de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 45/2001 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (2);

HA ADOPTADO EL SIGUIENTE DICTAMEN:

I.- INTRODUCCIÓN

1. El 1 de marzo de 2011, la Comisión Europea adoptó una decisión de la Comisión que modifica la Decisión 2007/76/CE de la Comisión relativa al CPCS («segunda modificación de la CPC») (3). Ese mismo día, la Comisión también adoptó la Recomendación de la Comisión sobre directrices para la aplicación de las normas de protección de datos en el Sistema de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPCS) (en lo sucesivo, las «directrices de protección de datos de la CPC») (4). Ambos documentos se trasladaron para consulta al SEPD de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 45/2001.

2. El CPCS es un sistema tecnológico de información diseñado y gestionado por la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (en lo sucesivo, el «Reglamento CPC»). El sistema CPCS facilita la cooperación entre las «autoridades competentes» de los Estados miembros y la Comisión en el ámbito de la protección de los consumidores, respecto a las infracciones de un conjunto predefinido de directivas y reglamentos europeos. Para que dichas infracciones entren dentro del ámbito de aplicación del Reglamento CPC, éstas deben tener un carácter transfronterizo y deben perjudicar los «intereses colectivos de los consumidores».

3. En el marco de su cooperación, los usuarios del CPCS intercambian información, incluidos datos personales. Dichos datos personales pueden estar relacionados con los directores o empleados de un comerciante o proveedor presunto infractor, con el propio comerciante o proveedor (si se trata de una persona física), así como con terceros como los consumidores o denunciantes.

4. El sistema está diseñado para funcionar como una herramienta de comunicación segura entre las autoridades competentes así como una base de datos. Las autoridades competentes utilizan el sistema CPCS para solicitar información que les ayude a investigar un caso (5) o solicitar asistencia para la aplicación (6) («solicitudes de asistencia mutua»).

Además, las autoridades competentes también podrán enviar mensajes de alerta («alertas»), para informar a otras autoridades competentes y a la Comisión sobre una infracción o una sospecha de infracción (7). El CPCS contiene asimismo otras funcionalidades, incluido un sistema de notificación (8) y un foro para intercambiar datos no vinculados con los casos.

5. En el presente dictamen, el SEPD trata una serie de cuestiones en materia de protección de datos relativas al marco jurídico del sistema CPCS, centrándose principalmente en la recientemente adoptada segunda modificación de la CPC.

Por otro lado, el SEPD hace balance de los avances logrados hasta la fecha y destaca de manera selectiva algunas preocupaciones que subsisten y consideraciones para el futuro.

Asimismo, también realiza observaciones sobre algunas disposiciones de las directrices de protección de datos de la CPC.

6. De manera paralela al presente dictamen (que se adopta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 45/2001), el SEPD también emite un dictamen de control previo, en el ejercicio de sus competencias de supervisión (con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27 de dicho Reglamento) (en lo sucesivo, el «dictamen de control previo»). El dictamen de control previo incluye una descripción más detallada del sistema CPCS, así como de los tratamientos de datos personales dentro del mismo. En dicho dictamen, el SEPD se centra en recomendar que se adopten medidas en el plano práctico, técnico y organizativo a fin de mejorar el cumplimiento de las normas de protección de datos en el CPCS. Teniendo en cuenta que las directrices de protección de datos de la CPC también guardan una estrecha relación con dichas medidas específicas, el dictamen de control previo realiza asimismo observaciones sobre las disposiciones seleccionadas de las directrices.

II.- MARCO JURÍDICO DEL CPCS

7. Al SEPD le complace que el CPCS tenga un fundamento jurídico sólido, en particular, un reglamento adoptado por el Consejo y el Parlamento. Asimismo, al SEPD le satisface que el fundamento jurídico se haya complementado con el paso del tiempo para incluir más detalles y tratar cuestiones relativas a la protección de datos. En particular, al SEPD le complace que se adoptara la Decisión 2007/76/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, por la que se aplica el Reglamento CPC (en lo sucesivo, la «Decisión de aplicación del Reglamento CPC»), la cual fue modificada posteriormente el 17 de marzo de 2008 y, más recientemente, el 1 de marzo de 2011, mediante la segunda modificación de la CPC. También se congratula de que la Comisión adoptara las directrices de protección de datos de la CPC, que tratan de manera específica cuestiones relativas a la protección de datos.

8. Aunque el SEPD lamenta no haber sido consultado en el momento en que se adoptaron inicialmente el Reglamento CPC y la Decisión de aplicación del Reglamento CPC, está satisfecho de que la Comisión le consultara en el momento de adoptar tanto las dos modificaciones de la Decisión de aplicación del Reglamento CPC como las directrices de protección de datos de la CPC. El SEPD está asimismo satisfecho de que la Comisión también consultara previamente al Grupo de Trabajo sobre protección de datos del artículo 29 (en lo sucesivo, el «GT29»), quien emitió, a fecha de 21 de septiembre de 2007, su Dictamen nº 6/2007 (WP 139). Por último, el SEPD recibe con agrado el hecho de que se hayan hecho referencias a estas consultas en el preámbulo de las directrices de protección de datos CPC.

9. El SEPD destaca: (i) que la Comisión ha considerado detenidamente las recomendaciones del SEPD, proporcionadas en intercambios informales previos, así como la opinión expresada por el GT29 en su Dictamen nº 6/2007; y que (ii) se hayan seguido muchas de estas recomendaciones a la hora de desarrollar un marco legislativo para el CPCS y/o en el plano práctico, técnico y organizativo. Las observaciones incluidas en el presente dictamen, así como en el dictamen de control previo, deben considerarse en este contexto positivo.

III.- CUESTIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS RESPECTO DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DE LA CPC

3.1. Conservación de datos personales en el CPCS

3.1.1. Introducción

10. Como observación preliminar, el SEPD señala que el Reglamento CPC no ha tratado de manera adecuada y global la cuestión de los cierres de los casos y los períodos de conservación (9).

11. De hecho, el Reglamento CPC únicamente establece dos normas específicas relativas a la supresión de los datos y ninguna en relación con el cierre de casos (10). En primer lugar, establece que cuando una alerta «se revele infundada», la autoridad competente deberá retirarla y la Comisión deberá suprimir inmediatamente la información de la base de datos. En segundo lugar, exige que cuando una autoridad competente notifica, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 6, del Reglamento CPC, que la infracción ha cesado, los datos almacenados deberán borrarse a los cinco años de la notificación.

12. El Reglamento CPC no establece la finalidad del período de conservación de cinco años, ni establece más especificaciones sobre el modo y el momento en que debe considerarse que una alerta es «infundada». Asimismo, el Reglamento CPC también guarda silencio en relación con el período en que la información debe conservarse en la base de datos en los casos que no queden cubiertos por las dos normas específicas citadas anteriormente (por ejemplo, el Reglamento no especifica el tiempo en que deben conservarse las solicitudes de asistencia mutua en la base de datos, si éstas no han conducido a una acción de aplicación adecuada que haya cesado la infracción).

13. El SEPD recibe con satisfacción que la Decisión de aplicación del Reglamento CPC, modificada, y que las directrices de protección de datos de la CPC intenten ofrecer algunas aclaraciones. Precisado lo anterior, el SEPD sigue preocupado por diversos aspectos relativos a las normas de cierre de casos y de conservación de datos en el CPCS, tal como se ha indicado en los apartados 3.1.2 a 3.1.4.

14. El SEPD recomienda que en la próxima revisión del marco jurídico del CPCS se traten estas preocupaciones, a través de la modificación de la Decisión de aplicación del Reglamento CPC o, preferentemente, a través de la modificación del propio Reglamento CPC.

15. Hasta que dicha acción legislativa sea posible, el SEPD recomienda que las preocupaciones relativas a los períodos de conservación se traten desde un plano práctico, técnico y organizativo y se establezcan de manera clara en el documento «La red de cooperación en materia de protección de los consumidores: Directrices operativas» mencionado en el apartado 3.1.2 infra.

3.1.2. Oportuno cierre de casos

16. La segunda modificación de la CPC no establece una fecha final en la que deben cerrarse los casos que impliquen una solicitud de asistencia mutua (solicitud de información o solicitud de aplicación).

17. En el dictamen de control previo, el SEPD toma nota de una serie de medidas prácticas que la Comisión está adoptando para contribuir a garantizar que los casos dormidos se cierran de manera oportuna.

18. En el presente dictamen, el SEPD recomienda que se establezcan plazos máximos para las solicitudes de información y para las solicitudes de aplicación, lo cual debería quedar especificado en el marco legislativo en la próxima revisión.

Los plazos deben estar relacionados con el tipo de caso, así como con la actividad real. Al mismo tiempo, las normas deberían ofrecer flexibilidad a las autoridades competentes para que éstas pudieran ampliar el caso por un buen motivo, a fin de garantizar que los casos no se cierran de manera prematura, incluso si, de este modo, un caso complejo supera el plazo medio de cierre.

19. Para ello, el SEPD recomienda emplear como punto de partida el documento titulado «La red de cooperación en materia de protección de los consumidores: Directrices operativas» aprobado por el Comité CPC el 6 de diciembre de 2010. Las Directrices operativas, en el punto 2.7, bajo el título «fases y plazos de un caso CPC», trata sobre los flujos de los casos típicos y establece que las solicitudes de información deben gestionarse, como media, en un plazo de uno a tres meses. El tratamiento de las solicitudes de aplicación, según las directrices operativas, deberá ser factible en el plazo medio de seis a nueve meses (salvo en caso de acciones de cesación o en caso de que se interponga un recurso contra una decisión administrativa, en los cuales es más realista que el plazo sea de un año o más).

3.1.3.- Alertas

20. La segunda modificación de la CPC introduce un nuevo apartado en el punto 2.2.2 del Anexo a la Decisión de aplicación del Reglamento CPC el cual exige que las alertas «fundadas» deben ser eliminadas de la base de datos cinco años después de su emisión (respecto de las alertas «infundadas», las disposiciones existentes todavía requieren su supresión una vez que «la alerta se revele infundada»).

21. Para poner esta nueva disposición en su contexto, el SEPD destaca que una de las principales preocupaciones es garantizar que los datos personales no se mantienen en la base de datos CPC durante más tiempo del que resulte necesario.

Esta es una cuestión delicada en especial en relación con las alertas (que tienen un número mayor de destinatarios que los intercambios bilaterales) y, entre ellas, en especial en relación con aquellas que se refieren a supuestas infracciones. En la práctica, la falta de un plazo claro de conservación de una alerta abierta implicaría que algunas alertas podrían quedar pendientes indebidamente durante un largo período (durante el tiempo en que no se revele claramente que está infundada). Dichas acciones basadas en sospechas no confirmadas entrañarían significativos riesgos para el derecho fundamental de protección de datos, así como para otros derechos fundamentales como el de presunción de inocencia.

22. En este contexto, al SEPD le complace que se haya establecido un período de conservación para las alertas. Sin embargo, el SEPD considera que la Comisión no ha proporcionado una justificación adecuada que demuestre que un período de conservación de cinco años resulte proporcionado. El SEPD recomienda a la Comisión que realice una valoración de la proporcionalidad y evalúe de nuevo la extensión del período de conservación para las alertas. En principio, todas las alertas sobre las que se informe deberán ser suprimidas de la base de datos mucho antes, salvo si se trata de una alerta sobre una infracción o una sospecha de infracción que ha generado una solicitud de asistencia mutua y la investigación transfronteriza o la acción de aplicación todavía está en curso. El período de conservación debería ser lo suficientemente largo para permitir a cada una de las autoridades que reciben el mensaje establecer si desea adoptar pasos de investigación o acciones de aplicación, y si desea enviar una solicitud de asistencia mutua a través del CPCS. Sin embargo, debería ser lo suficientemente corto para minimizar los riesgos de que las alertas puedan ser utilizadas de forma indebida para elaborar listas negras o extraer datos.

Desde esta perspectiva, el SEPD recomienda que la Comisión revise el marco jurídico para garantizar que las alertas se suprimen como máximo en los seis meses siguientes a su introducción, salvo que pueda justificarse un período de conservación más adecuado.

24. Lo anterior debería ayudar a garantizar, en particular, que en los casos en que la sospecha no se haya confirmado (o que ni siquiera se haya investigado), las personas físicas que sean inocentes que se vinculen a la sospecha no se mantengan en la «lista negra» o «bajo sospecha» durante un período indebidamente largo, lo cual no sería conforme a lo dispuesto en el artículo 6, letra e), de la Directiva 95/46/CE.

25. Esta limitación resulta asimismo necesaria para garantizar el principio de calidad de los datos (véase el artículo 6, letra d), de la Directiva 95/46/CE) así como otros principios jurídicos importantes. Lo anterior no solo daría lugar a un nivel de protección más adecuado para las personas físicas, sino que también permitiría, al mismo tiempo, que los funcionarios encargados de hacer cumplir la legislación se centrasen de manera más eficaz en los casos importantes.

3.1.4.- Período de conservación de las solicitudes de asistencia mutua cerradas

26. La segunda modificación de la CPC añadió un nuevo párrafo al punto 2.15 del anexo de la Decisión de aplicación del Reglamento CPC para exigir que «[c]ualquier otra información relacionada con solicitudes de asistencia mutua con arreglo al artículo 6 del (Reglamento CPC) se eliminará de la base de datos cinco años después de cerrarse el asunto.».

27. Junto con el texto existente, el punto 2.15 revisado exige una conservación de cinco años de todos los intercambios de información después de que se haya cerrado el asunto, con arreglo al artículo 6, salvo:

– si se han suprimido datos erróneos,

– si el intercambio de información no ha generado una alerta o una solicitud de aplicación, o

– si se ha establecido que no se cometió ninguna infracción en el sentido del Reglamento CPC.

28. De hecho, tal como se explicó en el dictamen de control previo, el tiempo de conservación «estándar» aplicado en el CPCS después del cierre de casos (sujeto a excepciones específicas) es de cinco años tanto para las solicitudes de información como para las solicitudes de aplicación.

29. El texto de la Decisión de aplicación del Reglamento CPC modificado por la segunda modificación de la CPC no parece plenamente compatible con el Reglamento CPC.

En particular, el artículo 10, apartado 2, del Reglamento CPC distingue, por un lado, entre la información intercambiada que resulta en una aplicación efectiva (es decir, los casos en que la infracción ha cesado a resultas de las acciones de aplicación que se han adoptado) y, por otro lado, la información que no ha resultado en una aplicación efectiva. En el primer caso, se prevé un período de conservación de cinco años desde que se ha cerrado el caso. En el segundo caso, no se han establecido disposiciones específicas (salvo para las alertas infundadas que deben ser retiradas y suprimidas).

30. Dicho de otro modo, el Reglamento CPC exige un período de conservación de cinco años después del cierre de un caso únicamente si se han adoptado acciones de aplicación y éstas han logrado cesar la infracción.

31. Aunque el SEPD tiene dudas respecto de la finalidad y la proporcionalidad de la conservación de cualquier dato durante cinco años hasta que el asunto se cierre (véanse las observaciones incluidas en el apartado 3.1.4), distinguir entre los casos que han acabado en una medida de aplicación y los que no, no parece tener ninguna lógica desde el punto de vista de la protección de datos. En particular, la conservación de datos relativa a las meras sospechas durante un período largo tiene una mayor probabilidad de ser imprecisa y también está expuesta al riesgo de infringir otros principios jurídicos importantes. Por tanto, puede decirse que, en general, es más probable que la conservación de dichos datos durante un largo período plantee más problemas en materia de protección de datos que la conservación de datos relativa a infracciones reales, que se han probado de manera adecuada y han derivado en una acción de aplicación.

32. Contrario a lo dispuesto en el Reglamento CPC, la Decisión de aplicación del Reglamento CPC modificada parece permitir, al menos en algunos casos, que el período de conservación de cinco años también se aplique a la información que no conduce a la adopción de acciones de aplicación.

33. Por ejemplo, según la Decisión de aplicación del Reglamento CPC, una solicitud de información que derive en una alerta pero que no lleve a una acción de aplicación parece quedar en el sistema durante cinco años después de cerrarse el asunto.

34. El Reglamento CPC y la Decisión de aplicación del Reglamento CPC parece que siguen enfoques algo distintos. La Decisión de aplicación del Reglamento CPC, aunque refleja en cierta medida las disposiciones del Reglamento CPC, también introduce otras normas importantes para la conservación. Aunque sería bien recibida una aclaración de las normas, el SEPD cuestiona la legitimidad de establecer períodos de conservación más largos a los que ya exigía el Reglamento CPC, lo cual impondría mayores restricciones tanto al derecho fundamental de protección de datos como a la legislación de aplicación, contrarias al Reglamento CPC y a la normativa en materia de protección de datos aplicable.

35. De conformidad con lo anterior, el SEPD recomienda a la Comisión que revise el marco jurídico y reconsidere si el período de conservación de cinco años debería aplicarse a cualquier otro caso distinto de los de aquellos en que han sido adoptadas acciones de aplicación, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento CPC.

36. Además, al SEPD le complace que las directrices de protección de datos de la CPC tengan por objeto especificar el fin de la conservación después del cierre del caso, cuestión ésta importante que no es tratada ni en el Reglamento CPC ni en la segunda modificación de la CPC. En particular, las directrices de protección de datos CPC establecen que «durante el período de conservación, los funcionarios autorizados encargados de hacer cumplir la legislación que trabajen para una autoridad competente que ha tratado originalmente un caso pueden consultar el expediente para establecer vínculos con infracciones posiblemente repetidas, a fin de contribuir a un cumplimiento mejor y más efi­caz.» (11)

37. Sin embargo, aunque se recibe con agrado esta aclaración, a falta de una mayor justificación de la necesidad de dicho acceso, el SEPD no está convencido que este fin resulte proporcional y suficiente para justificar un período de conservación de cinco años. Por tanto, el SEPD recomienda a la Comisión:

– aclarar con más detalle el fin del período de conservación de cinco años;

– evaluar si un período de conservación más corto permitiría lograr los mismos objetivos; y

– evaluar si toda la información prevista actualmente requiere ser conservada o si bastaría con un subconjunto de dicha información (por ejemplo, debe considerarse si sería suficiente únicamente conservar las notificaciones previstas en el artículo 8, apartado 6; debería evaluarse específicamente si la conservación de los nombres de los directores o de los anexos puede incluir otros datos personales distintos de los necesarios; debería hacerse también una distinción entre los datos relativos a las supuestas infracciones y a las infracciones «probadas»).

3.2.- Acceso de la Comisión a los datos en el CPCS

38. El SEPD recibe con agrado que (al introducir un nuevo punto 4.3 al anexo de la Decisión de aplicación del Reglamento CPC), la segunda modificación de la CPC aclare el acceso de la Comisión a los datos en el CPCS y que dicho acceso esté clara y específicamente limitado a lo requerido con arreglo al Reglamento CPC. En particular, al SEPD le complace que a la Comisión no se le haya dado acceso a las comunicaciones confidenciales entre las autoridades competentes de los Estados miembros, como las solicitudes de asistencia mutua.

39. Tanto la aclaración como la limitación son especialmente importantes, teniendo en cuenta que la falta de claridad podría llevar a una situación en que la Comisión pudiera tener acceso a la información, incluidos datos personales, que está únicamente destinada a las autoridades competentes de los Estados miembros.

40. Tal como se describe en el apartado 5 de las Directrices de protección de datos de la CPC, «el objetivo del acceso de la Comisión es supervisar la aplicación del Reglamento CPC y de la legislación de protección de los consumidores que figura en el anexo del Reglamento CPC, así como compilar información estadística relacionada con la realización de dichas tareas.».

41. Esto no significa que la Comisión deba tener acceso a cualquiera de los datos intercambiados entre los Estados miembros en el CPCS.

42. De hecho, el SEPD destaca que el acceso a bases de datos como el CPCS entra dentro de la definición del tratamiento de datos personales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, letra a), del Reglamento (CE) nº 45/2001, que resulta pertinente para los derechos de acceso de la Comisión en el CPCS, las instituciones sólo podrán efectuar el tratamiento de datos personales si esto es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público y siempre que el tratamiento esté basado en los Tratados o en la legislación secundaria.

43. El SEPD entiende que estos requisitos – que derivan directamente del derecho a la protección de datos consagrado en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea – implican que la Comisión únicamente tendrá poder para acceder a los sistemas de información de los Estados miembros si así está establecido en las disposiciones jurídicas específicas, sobre la base de un fundamento jurídico adecuado (normalmente el procedimiento legislativo ordinario). La seguridad jurídica y la transparencia son dos valores subyacentes que explican el motivo por el que un fundamento específico y una base jurídica segura para el acceso de la Comisión resulta una garantía especialmente importante para asegurar los derechos fundamentales de las personas respecto de la protección de datos.

44. Ni el poder de vigilancia general de la Comisión como «guardiana de los Tratados» ni la obligación de los Estados miembros de garantizar una cooperación leal resultan lo suficientemente precisos para permitir el acceso de la Comisión a las bases de datos que contengan datos personales.

La cooperación leal implica que los Estados miembros deberían – en determinadas condiciones – proporcionar información a la Comisión cuando así les sea solicitado o cuando dicha información se les exija con arreglo a lo dispuesto en una norma específica. Sin embargo, no implica que la Comisión deba tener acceso a sus bases de datos.

45. En este contexto, el SEPD destaca asimismo que el Reglamento CPC excluye la posibilidad de acceso por parte de la Comisión a la información contenida en las solicitudes de asistencia mutua y de aplicación. Los artículos 6 y 8 del Reglamento CPC designan únicamente a las autoridades solicitantes, y no a la Comisión, como destinatarias de dichos datos.

3.3.- Categorías especiales de datos en el CPCS

46. Al SEPD le complace que la segunda modificación de la CPC haya introducido, en el punto 4.4 del anexo de la Decisión de aplicación del Reglamento CPC, una disposición que aborda el tratamiento de categorías especiales de datos en el CPCS. El SEPD recibe con especial agrado que la disposición limite dicho tratamiento a los casos en que el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento CPC sea «de otro modo imposible» y que el tratamiento de estos datos quede sujeto a la condición adicional de que esté «permitido conforme a la Directiva 95/46/CE«.

IV.- INTIMIDAD MEDIANTE EL DISEÑO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

47. Después de analizar en el apartado III las cuestiones específicas planteadas por la segunda modificación de la CPC, en los apartados IV a VI, el SEPD desea llamar la atención de la Comisión hacia algunos puntos que deberían ser considerados para el futuro desarrollo del marco jurídico del CPCS.

4.1.- Intimidad mediante el diseño

48. Durante algún tiempo, el SEPD ha animado a la Comisión y a otras instituciones europeas a que adopten medidas técnicas y organizativas que integren la protección de datos y la seguridad como una parte fundamental del diseño y de la aplicación de sus sistemas de información («intimidad mediante el diseño») (12).

49. A pesar de recibir con agrado y reconocer que se han adoptado algunas medidas en este sentido, el SEPD recomienda a la Comisión que realice una evaluación global sobre las garantías de la intimidad mediante el diseño que podrían incorporarse en la arquitectura del sistema CPCS.

Entre otros, deberían considerarse y aplicarse las siguientes acciones:

– soluciones de intimidad mediante el diseño para guiar a los usuarios del sistema a adoptar decisiones «adecuadas» en materia de protección de datos (véase el apartado 3.2 del dictamen de control previo);

– medidas para facilitar el oportuno cierre y supresión de los asuntos (ídem, apartado 3.3);

– procedimientos para facilitar información y el acceso a los derechos a los interesados (ídem, apartado 3.5);

– procedimientos claros para cualquier modificación realizada directamente en el plano de la base de datos, el acceso de conexión, el racional de la acción y la aprobación, en el plano de la adecuación (ídem, apartado 3.6); y

– almacenamiento «encriptado» de la información en la base de datos de modo que los operadores tecnológicos no puedan acceder a la misma (al menos para algunos datos como los anexos confidenciales) (ídem, apartado 3.6).

4.2. Rendición de cuentas

50. Además, de conformidad con el principio de «rendición de cuentas» (13), el SEPD recomienda asimismo establecer un marco claro de rendición de cuentas que garantice el cumplimiento en materia de protección de datos y aporte pruebas de ello, como:

.- la adopción y la actualización, cuando sea necesario, de una política de protección de datos que debe aprobarse al más alto nivel de gestión en la DG SANCO. Dicha política de protección de datos deberá también incluir un plan de seguridad (véase el apartado 3.6 del dictamen de control previo) (14);

– la realización de auditorías periódicas para valorar la adecuación y el cumplimiento continuado de la política de protección de datos (incluida la auditoría del plan de seguridad, ídem, apartado 3.6);

– la publicación (al menos parcialmente) de los resultados de dichas auditorías para garantizar a las partes interesadas el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos; y

– la notificación de las violaciones de datos y otros incidentes de seguridad a la Comisión DPO, a los interesados afectados (y otras partes interesadas y autoridades, en su caso) (15).

V.- TRANSMISIÓN DE DATOS PERSONALES FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA

5.1. Acuerdos bilaterales

51. El artículo 14, apartado 2, del Reglamento CPC establece que una autoridad competente podrá también transmitir a la autoridad de un tercer país información con arreglo al Reglamento CPC en el marco de un acuerdo bilateral de asistencia mutua con dicho país siempre que (i) la autoridad competente que envió inicialmente la información dé su consentimiento y que (ii) la transmisión sea conforme con la legislación comunitaria en materia de protección de datos aplicable.

52. Los artículos 25 y 26 de la Directiva 95/46/CE sujetan las transmisiones a terceros países a determinadas condiciones adicionales. Estas condiciones tienen por objeto garantizar que los datos se protegerán de manera adecuada en el extranjero. Además, también establecen una serie de excepciones. La aplicación y la interpretación de dichas disposiciones de la Directiva 95/46/CE pueden diferir de un Estado miembro a otro.

53. A la luz de lo anterior, el SEPD puede aceptar las garantías incluidas en el Reglamento CPC, en concreto, que todas las transmisiones de terceros países estén sujetas tanto (i) al consentimiento de la autoridad competente que envió inicialmente la información como (ii) a la legislación comunitaria en materia de protección de datos aplicable.

54. Al SEPD le complace asimismo que las Directrices de protección de datos CPC recomienden que – a menos que el tercer país garantice un nivel adecuado de protección – los acuerdos bilaterales de asistencia deberán establecer garantías adecuadas de protección de los datos y, cuando así se requiera, el acuerdo deberá ser notificado a las autoridades de control de protección de datos pertinentes.

55. Dicho esto, las medidas establecidas en el Reglamento CPC no son ideales. Su aplicación es compleja ya que la autoridad competente que esté decidiendo si transmite información a un tercer país deberá tener en cuenta no solo su propio acuerdo bilateral con dicho tercer país, su legislación sobre protección de datos y su propia valoración de la adecuación de la transmisión de datos al tercer país en cuestión, sino también si las otras autoridades competentes implicadas que han contribuido al expediente (y pueden ser varias) han dado o no su consentimiento, sobre la base de su propia legislación sobre protección de datos.

56. Desde el punto de vista de la protección de datos, esta complejidad provoca incertidumbre en cuanto a los derechos de los interesados y, en particular, sobre si procede transmitir sus datos al extranjero y en qué condiciones. Los interesados tampoco se benefician, en la mayor medida posible, de una legislación comunitaria sobre protección de datos sólida y armonizada. Además, desde el punto de vista de las autoridades competentes, también es probable que esta complejidad dificulte la cooperación entre las autoridades competentes y suponga una carga administrativa.

57. A la luz de lo anterior, el SEPD anima a que se celebren acuerdos a escala comunitaria que proporcionen garantías de protección de datos adecuadas mientras que, al mismo tiempo, ayudan a que se evite la aplicación de criterios heterogéneos y el resultante aumento de la carga administrativa para las autoridades competentes.

5.2.- Acuerdos a escala comunitaria

58. Además de la posibilidad prevista en el artículo 14 de una cooperación bilateral, el artículo 18 del Reglamento CPC sobre acuerdos internacionales establece también que «la Comunidad cooperará con terceros países y con las organizaciones internacionales competentes» y que «las disposiciones en materia de cooperación, incluida la adopción de medidas de asistencia mutua, podrán ser objeto de acuerdos entre la Comunidad y las terceras partes en cuestión».

59. Por los motivos explicados en el apartado 5.1, el SEPD apoya a la Comisión en su iniciativa para negociar y celebrar acuerdos a escala comunitaria, con las garantías de protección adecuadas, armonizados a nivel de la Unión, que sustituyan los acuerdos bilaterales existentes.

60. Este apoyo se encuentra, no obstante, condicionado a que la Comisión y los legisladores europeos se comprometan a garantizar el máximo nivel de protección para los intercambios de datos personales con terceros países. Las implicaciones de los acuerdos de cooperación internacionales con terceros países deberán considerarse con atención desde el punto de vista de la protección de datos, debiéndose establecer normas claras que regulen estos intercambios así como garantías de protección de datos adecuadas, consultando con el SEPD y, en su caso, con las autoridades nacionales de protección de datos.

61. A pesar de que el artículo 18 del Reglamento CPC no trata específicamente la cuestión del acceso directo al CPCS por parte de las autoridades de los terceros países, esta situación es técnicamente posible. El SEPD no quiere desalentar la inclusión de nuevas funcionalidades en el CPCS que permitan a las autoridades competentes de los terceros países un acceso estrictamente limitado y selectivo a través de un mecanismo diseñado específicamente (canal de comunicación e interfaz), que podría, de hecho, aumentar la eficacia de la cooperación.

62. Dicho esto, tal acceso directo tiene sus propios riesgos y, por tanto, sus implicaciones en materia de protección de datos y deberían adoptarse las medidas técnicas y organizativas y las garantías necesarias. Todas las funcionalidades técnicas deben construirse aplicando los principios de «intimidad mediante el diseño». La seguridad también debería ser una prioridad clara. Por último, el SEPD debería ser consultado, en su caso, así como las autoridades nacionales de protección de datos.

VI.- «DERECHOS DE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE LOS CONSUMIDORES» Y COOPERACIÓN REFORZADA, A TRAVÉS DEL CPCS, DE LAS AUTORIDADES DE PROTECCIÓN DE DATOS

63. Siempre que se sigan sus recomendaciones (incluidas también las indicadas en el dictamen del control previo), el SEPD confía que el CPCS puede ser una herramienta eficaz y favorable para la protección de datos en una aplicación transfronteriza contra las violaciones de derechos de los consumidores en el mercado interior.

64. Con el desarrollo del comercio electrónico y el uso creciente de las redes de comunicaciones electrónicas por parte de los consumidores de diversos productos y servicios, cada vez se procesarán más datos de personas cuando actúan como consumidores. De este modo, los consumidores se enfrentan de manera creciente a las violaciones de sus derechos en materia de protección de datos. En consecuencia, existe la necesidad de que las autoridades de protección de datos cooperen de manera eficaz para detener dichas violaciones.

65. Entre las casos más comunes de violaciones de los «derechos de protección de los datos de los consumidores» están las comunicaciones comerciales no solicitadas (spam), el robo de identidad, la publicidad ilícita basada en el comportamiento y las violaciones de datos (violaciones de la seguridad).

66. Teniendo en cuenta que el número de casos de carácter transfronterizo es posible que crezca en la sociedad de la información, el SEPD anima a la Comisión a que considere las posibles medidas legislativas para proteger los «derechos de protección de los datos de los consumidores» y reforzar la cooperación transfronteriza entre las autoridades competentes, tanto de protección de datos como de protección de los consumidores.

67. En particular, y considerando también otras opciones posibles, debe considerarse atentamente si se permite a las autoridades de protección de datos un acceso personalizado al CPCS, para que cooperen entre ellas, así como con otras autoridades competentes que ya tienen acceso al CPCS.

68. El acceso por parte de las autoridades de protección de datos debe ser claramente limitado a lo que resulte necesario para realizar las tareas dentro de sus ámbitos de competencia y con arreglo a las sinergias que se identifiquen.

Por supuesto también debería garantizarse que el marco de participación de las autoridades de protección de datos se diseñará teniendo en cuenta la independencia de las mismas.

VII.- CONCLUSIONES

69. Al SEPD le complace que el CPCS tenga como base un fundamento jurídico que establece asimismo garantías de protección de datos específicas. Para tratar todas las cuestiones pendientes en materia de protección de datos, el SEPD destaca que en la próxima revisión del marco jurídico del CPCS deberán considerarse las recomendaciones que se resumen a continuación.

70. Mientras tanto, la adopción de medidas adicionales en el plano práctico, técnico y organizativo (tal como se ha recomendado en el dictamen de control previo) puede proporcionar una solución parcial provisional para abordar estas cuestiones. A la espera de cambios legislativos, también pueden introducirse algunos cambios a través de las Directrices operativas del CPCS.

71. En relación con el período de conservación, el SEPD recomienda que (i) las solicitudes de asistencia mutua deberían cerrarse dentro de los plazos específicamente designados (ii) salvo si está en curso una investigación o una aplicación, las alertas deberán retirarse y suprimirse en el plazo de seis meses desde su emisión (a menos que se justifique otro plazo de conservación más adecuado); y (iii) la Comisión deberá aclarar y reconsiderar el fin y la proporcionalidad de conservar todos los datos relativos a los casos cerrados durante otros cinco años.

72. Además, al SEPD le complace que la segunda modificación de la CPC aclare el acceso de la Comisión a los datos en el CPCS. En particular, al SEPD le complace que a la Comisión no tenga acceso a las comunicaciones confidenciales entre las autoridades competentes de los Estados miembros, como las solicitudes de asistencia mutua.

73. Asimismo, le complace que la segunda modificación CPC haya introducido una disposición que aborda el tratamiento de categorías de datos especiales en el CPCS.

74. Como puntos adicionales, el SEPD recomienda a la Comisión que vuelva a valorar las medidas técnicas y organizativas adicionales que debe adoptar para garantizar que la protección de datos y la intimidad están «diseñadas» en la arquitectura del sistema del CPCS («intimidad mediante el diseño») y que se adoptan los controles adecuados para garantizar el cumplimiento de la protección de datos y aportar pruebas de ello («rendición de cuentas»).

75. Asimismo, si debe celebrarse un acuerdo a escala comunitaria entre la Unión Europea y un tercer país para regular la cooperación en materia de protección de los consumidores, deberán considerarse con atención las implicaciones de dichas medidas y deberán establecerse normas claras que regulen estos intercambios y las garantías de protección de datos adecuadas.

76. Por último, el SEPD recomienda a la Comisión que estudie las posibles sinergias que pueden plantearse si se permite a las autoridades de protección de datos unirse a la comunidad de usuarios del CPCS en la cooperación para ayudar a reforzar los «derechos de protección de los datos de los consumidores».

Hecho en Bruselas, el 5 de mayo de 2011.

Giovanni BUTTARELLI

Asistente del Supervisor Europeo de Protección de Datos

—————————————————————————————–

(1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

(2) DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

(3) Decisión de la Comisión de 1 de marzo de 2011 que modifica la Decisión 2007/76/CE, por la que se aplica el Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores, en lo que respecta a la asistencia mutua (2011/141/UE) (DO L 59 de 4.3.2011, p. 63).

(4) Recomendación de la Comisión de 1 de marzo de 2011 sobre directrices para la aplicación de las normas de protección de datos en el Sistema de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPCS); (2011/136/UE) (DO L 57 de 2.3.2011, p. 44).

(5) Véase el artículo 6 del Reglamento CPC sobre el «intercambio de información previa solicitud».

(6) Véase el artículo 8 del Reglamento CPC sobre las «solicitudes de medidas de aplicación».

(7) Véase el artículo 7 del Reglamento CPC sobre el «intercambio de información sin solicitud previa».

(8) Véase el artículo 7, apartado 2, y el artículo 8, apartado 6, del Reglamento CPC.

(9) Véase también el Dictamen nº 6/2007 del Grupo de Trabajo sobre protección de datos del artículo 29 (mencionado en el apartado II).

(10) Véase el artículo 10, apartado 2, del Reglamento CPC.

(11) Véase la sección 8 de las Directrices, «Directrices adicionales; ¿Por qué el período de conservación es de cinco años?» Las Directrices de protección de datos CPC añaden asimismo que «el propósito del período de conservación es facilitar la cooperación entre las autoridades públicas encargadas de hacer cumplir la legislación protectora de los intereses de los consumidores durante el examen de las infracciones intracomunitarias, así como contribuir al buen funcionamiento del mercado interior, a la calidad y coherencia del cumplimiento de la legislación protectora de los intereses de los consumidores, al control de la protección de los intereses económicos de estos y a elevar los niveles y la coherencia del cumplimiento de la legislación.».

(12) ) Véase el apartado 7 del Dictamen del SEPD sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – «Un enfoque global de la protección de los datos personales en la Unión Europea», emitido el 14 de enero de 2011 (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-01-14_Personal_Data_Protection_EN.pdf)

(13) Ídem

(14) La Comisión también debería considerar, en su caso, realizar al menos una evaluación de impacto parcial en materia de protección de datos e intimidad, sobre el fin, la duración y las modalidades del período de conservación, así como analizar otras cuestiones pendientes que no se han tratado todavía de manera global.

(15) Véase el apartado 6.3 del Dictamen del SEPD de 14 de enero de 2011 mencionado anteriormente.

Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable. (DO L 248 de 6.10.1993, p. 15/21).

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 57 y su artículo 66,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

En cooperación con el Parlamento Europeo (2),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),

(1) Considerando que los objetivos comunitarios establecidos en el Tratado incluyen una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos y relaciones cada vez más próximas entre los Estados de la Comunidad, así como la garantía del progreso social y económico de sus países mediante relaciones comerciales comunes que sirvan para eliminar las barreras que dividen a Europa;

(2) Considerando que, a tal fin, el Tratado prevé la creación de un mercado común y de un espacio sin fronteras interiores; que para ello es preciso suprimir los obstáculos a la libre circulación de servicios y garantizar una competencia libre de distorsiones dentro del mercado común; que, con tal objeto, el Consejo está facultado para adoptar directivas sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre acceso y ejercicio de actividades no asalariadas;

(3) Considerando que las emisiones transfronterizas de radiodifusión dentro de la Comunidad, en especial vía satélite y por cable, son uno de los medios más importantes para el logro de los objetivos antes citados, que son al mismo tiempo de carácter político, económico, social, cultural y jurídico;

(4) Considerando que, para conseguir tales objetivos, el Consejo ha aprobado ya la Directiva 89/552/CEE, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (4), con las consiguientes normas para fomentar la distribución y producción europeas de programas, así como relativas a los ámbitos de la publicidad, el patrocinio, la protección de los jóvenes y el derecho de réplica;

(5) Considerando que, no obstante, por lo que respecta a la difusión transfronteriza de programas vía satélite, así como a la distribución por cable de programas de otros Estados miembros, sigue existiendo una serie de disposiciones nacionales distintas sobre derechos de autor, así como un cierto grado de inseguridad jurídica; que ello plantea el riesgo para los titulares de derechos de que sus obras se sometan a explotación económica sin la consiguiente remuneración o incluso de que determinados titulares de derechos exclusivos bloqueen en los Estados miembros la explotación de sus obras; que esta inseguridad jurídica supone sobre todo un obstáculo inmediato para la libre circulación de programas dentro de la Comunidad;

(6) Considerando que en la actualidad, por lo que respecta a los derechos de autor, se establece una distinción según se trate de comunicación al público mediante difusión directa vía satélite o satélite de comunicaciones; que, ante la posibilidad de recepción individual a un coste económico razonable de ambos tipos de satélites, no tiene ya sentido una diferencia de consideración jurídica;

(7) Considerando que la inseguridad jurídica hoy existente en cuanto a si la difusión vía satélite, cuya señal pueda ser directamente recibida, sólo afecta a los derechos del país emisor o la hace también de forma acumulativa a los derechos de todos los países receptores, constituye asimismo un obstáculo a la libre difusión de programas; que, debido a la igualdad de consideración de los satélites de difusión directa y de telecomunicación, desde el punto de vista de los derechos de autor, la inseguridad jurídica afecta hoy a casi todos los programas difundidos vía satélite en la Comunidad;

(8) Considerando además que la seguridad jurídica necesaria para la libre circulación de emisiones en la Comunidad se echa en falta cuando se conectan y distribuyen programas por cable a través de varios países;

(9) Considerando que el desarrollo de la adquisición contractual de derechos mediante autorización está contribuyendo notablemente a la creación del necesario espacio audiovisual europeo; que resulta, pues, imprescindible garantizar la continuación de estas relaciones contractuales y fomentar, en la medida de lo posible, su aplicación en la práctica con un mínimo de dificultades;

(10) Considerando que los distribuidores por cable no pueden actualmente tener la seguridad de haber adquirido realmente todos los derechos relativos a los programas objeto de las relaciones contractuales;

(11) Considerando, por último, que las partes no están sujetas de igual forma en todos los Estados miembros a la prohibición de rehusar, sin una razón válida, el inicio de negociaciones sobre la adquisición de los derechos necesarios para la distribución por cable o de dejar que dichas negociaciones fracasen;

(12) Considerando que las condiciones generales citadas, establecidas en la Directiva 89/552/CEE precisas para la creación de un marco audiovisual unitario deben, pues, completarse desde el punto de vista de la propiedad intelectual;

(13) Considerando que, de esta forma, se suprimirá la diferencia de consideración que existe en los Estados miembros respecto a la difusión de programas vía satélite de telecomunicación y se adoptará una solución unitaria en toda la Comunidad en relación con la posibilidad de comunicación pública de obras y otros bienes protegidos; que ello permitirá a las entidades de radiodifusión transfronteriza obtener un trato equitativo con independencia de que en sus actividades hagan uso de satélites de difusión directa o de telecomunicación;

(14) Considerando que, merced a la definición del concepto de comunicación vía satélite al público de obras protegidas en la Comunidad y la determinación del lugar en el que se lleva a cabo dicha comunicación al público, desaparecerá la inseguridad jurídica respecto a la adquisición de derechos, inseguridad que obstaculiza la difusión transfronteriza de programas vía satélite; que esta definición es necesaria para evitar la aplicación acumulativa de varias normas nacionales a un único acto de emisión; que la comunicación al público vía satélite sólo tiene lugar en el momento, y en el Estado miembro, en el que las señales portadoras de un programa se introduzcan, bajo el control y responsabilidad de una entidad de radiodifusión, en una cadena de comunicación ininterrumpida que se dirige al satélite y regresa a tierra; que los procesos técnicos normales relativos a las señales difusoras de programas no se pueden considerar interrupciones de la cadena de transmisión;

(15) Considerando que la adquisición contractual del derecho exclusivo de radiodifusión deberá atenerse a la regulación que, sobre derechos de autor y derechos afines, exista en el Estado miembro en el que tenga lugar la comunicación al público vía satélite;

(16) Considerando que el principio de libertad contractual, en el que se basa la presente Directiva, permitirá seguir limitando la explotación de los derechos, sobre todo en lo que se refiere a determinados métodos técnicos de transmisión o a determinadas versiones lingueísticas;

(17) Considerando que, con ocasión de la adquisición de los derechos y a efectos de pactar la remuneración pertinente, las partes deberán tener en cuenta todos los elementos que caracterizan la emisión, tales como la audiencia real, la audiencia potencial y la versión lingueística;

(18) Considerando que la aplicación del principio de país de origen que figura en la presente Directiva podría dar lugar a dificultades con respecto a los contratos vigentes; que la presente Directiva establece un período de cinco años para la adaptación de los contratos vigentes, cuando sea necesario, a la luz de la presente Directiva; que, por lo tanto, el referido principio de país de origen no debería aplicarse a los contratos vigentes cuya validez expire antes del 1 de enero del año 2000; que, si en dicha fecha las partes siguen teniendo interés en el contrato, deberán estar facultadas para renegociar las condiciones del contrato;

(19) Considerando que los contratos de coproducción internacional existentes deben interpretarse en función de la finalidad económica y del ámbito de aplicación previstos por las partes en el momento de su firma; que en el pasado era frecuente que los contratos de coproducción internacional no contemplasen expresa y específicamente la comunicación al público vía satélite, tal como la define la presente Directiva, como una forma especial de explotación; que la concepción subyacente en muchos contratos de coproducción internacional existentes es que los derechos inherentes a la coproducción son ejercidos por separado y de manera independiente por cada uno de los coproductores mediante el reparto entre ellos de los derechos de explotación con arreglo a una delimitación territorial; que, por norma general, cuando una comunicación al público vía satélite autorizada por uno de los coproductores implica un perjuicio para el valor de los derechos de explotación de otro de los coproductores, la interpretación de un contrato existente de tales características sugeriría normalmente que el coproductor mencionado en último término debe dar su consentimiento a la autorización de comunicación al público vía satélite otorgada por el coproductor mencionado en primer término; que la exclusividad lingueística del coproductor mencionado en último término se verá perjudicada en caso de que la versión lingueística o las versiones lingueísticas de la comunicación al público incluso cuando la versión comunicada esté doblada o subtitulada, coincida con la lengua o lenguas ampliamente utilizadas en el territorio asignado por contrato al coproductor mencionado en último término; que la noción de exclusividad debería entenderse en un sentido más amplio cuando la comunicación al público vía satélite se refiera a una obra que consista meramente en imágenes y no contenga ningún diálogo ni subtítulos; que es necesaria una norma clara aplicable a los contratos de coproducción internacional existentes que no regulen de forma expresa el reparto de los derechos en el caso específico de la comunicación al público vía satélite en los términos de la presente Directiva;

(20) Considerando que, en determinadas circunstancias, se entenderá que las comunicaciones al público vía satélite de Estados no miembros de la Comunidad han tenido lugar en un Estado miembro de la Comunidad;

(21) Considerando que es necesario garantizar una protección a los autores, artistas intérpretes, productores de fonogramas y entidades de radiodifusión, y evitar que dicha protección se someta a un régimen de licencias legales; que sólo de este modo se podrá impedir que las diferencias del nivel de protección en el mercado común den lugar a distorsiones de la competencia;

(22) Considerando que es probable que la aparición de nuevas tecnologías tenga repercusiones sobre la calidad y el volumen de la explotación de obras y otros objetos de protección;

(23) Considerando, a la luz de esta evolución, que el nivel de protección que proporciona la presente Directiva a todos los titulares de derechos en los ámbitos cubiertos por la misma debería ser objeto de examen continuo;

(24) Considerando que la armonización de las legislaciones establecida en la presente Directiva supone la de las disposiciones por las que se garantiza un alto nivel de protección a los autores, artistas intérpretes, productores de fonogramas y entidades de radiodifusión; que esta armonización no debe permitir que una entidad de radiodifusión se aproveche de una diferencia del nivel de protección trasladando el centro de sus actividades, en detrimento de la protección audiovisual;

(25) Considerando que la protección reconocida a los derechos afines a los derechos de autor debe ser equiparada, en lo que a la comunicación al público vía satélite se refiere, a la de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (5); que ello servirá ante todo para garantizar que los artistas intérpretes y productores de fonogramas reciban una remuneración adecuada por la comunicación al público vía satélite de sus actuaciones o fonogramas;

(26) Considerando que lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva no impide que los Estados miembros hagan extensiva la presunción contemplada en el apartado 5 del artículo 2 de la Directiva 92/100/CEE a los derechos exclusivos a que se refiere dicho artículo 4; que lo dispuesto en el artículo 4 tampoco impide que los Estados miembros establezcan una presunción juris tantum de autorización de explotación con respecto a los derechos exclusivos de los artistas, intérpretes o ejecutantes a que se refiere dicho artículo en tanto en cuanto dicha presunción sea compatible con la Convención internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión;

(27) Considerando que la distribución por cable de programas de otros Estados miembros es una actividad sujeta a la normativa de derechos de autor o, en su caso, de derechos afines a los derechos de autor; que, por consiguiente, la empresa de distribución precisa la autorización de la totalidad de los titulares de los derechos sobre las partes constitutivas del programa distribuido por cable; que, conforme a lo previsto en la presente Directiva, esta autorización debe concederse en principio de forma contractual, siempre que no se prevea una excepción para las licencias legales ya existentes;

(28) Considerando que, a fin de evitar que las pretensiones de terceros titulares de derechos sobre elementos constitutivos de los programas impidan el buen funcionamiento de las relaciones contractuales en la medida requerida por las particularidades de la distribución por cable, conviene establecer, con la obligación de recurrir a sociedades de gestión colectiva, un ejercicio exclusivamente colectivo del derecho de autorización; que ello no afecta al derecho de autorización en sí, sino a su forma de ejercicio, que se sujeta a cierta regulación lo que implica que sigue siendo posible la cesión de los derechos de distribución por cable; que el ejercicio de los derechos morales de autor no está comprendido en el ámbito de aplicación de la presente Directiva;

(29) Considerando que la exención prevista en el artículo 10 no debería limitar la opción de los titulares de los derechos de ceder sus derechos a una sociedad de gestión colectiva y, de este modo, asegurarse una participación directa en la remuneración abonada por el distribuidor por cable por la retransmisión;

(30) Considerando, por otra parte, que, por medio de una serie de medidas, deben fomentarse los acuerdos contractuales para autorizar la distribución por cable; que si una parte desea celebrar un contrato global, debe estar obligada a presentar propuestas colectivas de acuerdo; que debe también permitirse a todas las partes recurrir a un mediador imparcial que puede colaborar en las negociaciones y presentar propuestas; que cualesquiera de dichas propuestas y cualquier oposición a las mismas deben notificarse a las partes interesadas de acuerdo con las normas aplicables relativas a la notificación de actos jurídicos, en especial por lo que se refiere a los convenios internacionales vigentes; que, por último, ha de procurarse que las negociaciones no se vean bloqueadas y que no se impida la participación en ellas de algunos titulares de derechos sin una justificación válida; que ninguna de estas medidas deberá menoscabar el carácter contractual de la adquisición de los derechos de distribución por cable;

(31) Considerando que durante un período transitorio, los Estados miembros deberían poder seguir recurriendo a los órganos existentes con jurisdicción en su territorio en los casos en que un organismo de radiodifusión haya denegado sin razón el derecho a distribuir al público un programa por cable o haya ofrecido dicho derecho en condiciones no razonables; que debería garantizarse el derecho de las partes implicadas a ser oídas por el órgano y que la existencia del órgano no debería constituir un obstáculo para que las partes implicadas tengan acceso normal a los tribunales;

(32) Considerando que no parece preciso adoptar una regulación a escala comunitaria de todas las cuestiones cuyos efectos, salvo algunos de poca entidad económica, sólo tengan repercusiones en el interior de un Estado miembro;

(33) Considerando que conviene establecer las normas mínimas para realizar y garantizar la libre distribución transfronteriza de programas vía satélite, así como la distribución por cable íntegra y simultánea de emisiones de radiodifusión de otros Estados miembros conforme sobre una base esencialmente contractual;

(34) Considerando que la presente Directiva no debería afectar en modo alguno a los futuros proyectos de armonización en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor, así como de la gestión colectiva de tales derechos; que la facultad de los Estados miembros de regular las actividades de las entidades de gestión no prejuzga la libertad de negociación contractual de los derechos reconocidos por la presente Directiva, siempre y cuando dicha negociación se realice con arreglo a las normas generales o específicas de la legislación nacional sobre la competencia o la prevención de abusos por parte de los monopolios;

(35) Considerando que corresponde, pues, a los Estados miembros completar las condiciones generales para la realización de los objetivos perseguidos por la presente Directiva mediante disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de carácter nacional, siempre y cuando tales disposiciones no sean contrarias a los referidos objetivos y sus líneas generales se ajusten a la normativa comunitaria;

(36) Considerando que lo dispuesto en la presente Directiva no afecta a la aplicación de las normas de competencia previstas en los artículos 85 y 86 del Tratado,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I. DEFINICIONES

Artículo 1. Definiciones

1. A efectos de la presente Directiva se entenderá por » satélite « cualquier satélite que opere en bandas de frecuencia reservadas por la legislación de telecomunicaciones a la difusión de señales para la recepción por el público o para la comunicación individual no pública. No obstante, en este último caso, las circunstancias en las que se lleve a cabo la recepción individual de las señales deberán ser comparables a las que se aplican en el primer caso.

2. a) A efectos de la presente Directiva se entenderá por » comunicación al público vía satélite « el acto de introducir, bajo el control y la responsabilidad de la entidad radiodifusora, las señales portadoras de programa, destinadas a la recepción por el público en una cadena ininterrumpida de comunicación que vaya al satélite y desde éste a la tierra.

b) La comunicación al público vía satélite se producirá únicamente en el Estado miembro en que, bajo el control y responsabilidad de la entidad radiodifusora, las señales portadoras de programa se introduzcan en una cadena ininterrumpida de comunicación que vaya al satélite y desde éste a la tierra.

c) Cuando las señales portadoras de programa se emitan de manera codificada existirá comunicación al público vía satélite siempre que se proporcionen al público por la entidad radiodifusora, o con su consentimiento, medios de decodificación.

d) Cuando la comunicación al público por satélite se produzca en un Estado no comunitario en el que no exista el nivel de protección establecido en el capítulo II,

i) si la señal portadora del programa se transmite al satélite desde una estación de señal ascendente situada en un Estado miembro, se considerará que la comunicación al público vía satélite se ha producido en dicho Estado miembro y los derechos que establece el capítulo II podrán ejercerse frente a la persona que opere la estación que emite la señal ascendente; o

ii) si no se utiliza una estación de señal ascendente situada en un Estado miembro, pero una organización de radiodifusión establecida en un Estado miembro ha encargado el acto de comunicación al público vía satélite, se considerará que dicho acto se ha producido en el Estado miembro en el que la entidad de radiodifusión tenga su establecimiento principal en la Comunidad, y los derechos establecidos en el capítulo II podrán ejercerse frente a la entidad de radiodifusión.

3. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por » distribución por cable «, la retransmisión simultánea, inalterada e íntegra, por medio de cable o microondas para su recepción por el público, de emisions primarias desde otro Estado miembro, alámbricas o inalámbricas, incluidas las realizadas por satélite, de programas de televisión o de radiodifusión destinados a ser recibidos por el público.

4. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por » entidad de gestión colectiva « cualquier organización que gestione o administre los derechos de autor o derechos afines, como su única finalidad o como una de sus principales finalidades.

5. A efectos de la presente Directiva, el director principal de una obra cinematográfica o audiovisual se considerará como su autor o uno de sus autores. Los Estados miembros podrán disponer el reconocimiento de otros coautores.

CAPÍTULO II. RADIODIFUSIÓN VÍA SATÉLITE

Artículo 2. Derecho de emisión

Salvo lo dispuesto en el presente capítulo, los Estados miembros reconocerán a los autores el derecho exclusivo de autorizar la comunicación al público vía satélite de obras protegidas por derechos de autor.

Artículo 3. Adquisición de derechos de emisión

1. Los Estados miembros garantizarán que la autorización a que se refiere el artículo 2 se adquiera exclusivamente mediante contrato.

2. Todo Estado miembro podrá disponer que los contratos colectivos celebrados entre una entidad de gestión colectiva y una entidad de radiodifusión sobre una determinada categoría de obras puedan extenderse a los titulares de derechos de la misma categoría que no estén representados por la entidad de gestión, siempre que:

– la comunicación al público por satélite difunda simultáneamente una emisión terrestre de la misma entidad radiodifusora, y

– el titular del derecho no representado pueda, en cualquier momento, excluir la extensión del contrato colectivo a sus obras y ejercer sus derechos de forma individual o colectiva.

3. El apartado 2 no se aplicará a las obras cinematográficas, incluidas las obras producidas mediante procedimientos semejantes a los de la cinematografía.

4. Cuando la legislación de un Estado miembro disponga la extensión de un contrato colectivo con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2, dicho Estado miembro informará a la Comisión acerca de las entidades de radiodifusión que están facultadas para invocar la citada legislación. La Comisión publicará dicha información en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (serie C).

Artículo 4 . Derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, de los productores de fonogramas y de las entidades de radiodifusión

1. A los efectos de la comunicación al público vía satélite, los derechos de los intérpretes y ejecutantes, de los productores de fonogramas y de las entidades de radiodifusión quedarán protegidos con arreglo a las disposiciones de los artículos 6, 7, 8 y 10 de la Directiva 92/100/CEE.

2. A efectos del apartado 1, se entenderá que la expresión » emisión inalámbrica « que aparece en la Directiva 92/100/CEE incluye la comunicación al público vía satélite.

3. Con respecto al ejercicio de los derechos a que se refiere el apartado 1, se aplicarán el apartado 7 del artículo 2 y el artículo 12 de la Directiva 92/100/CEE.

Artículo 5 . Relación entre derechos de autor y derechos afines

La protección de los derechos afines de autor con arreglo a la presente Directiva en ningún caso afectará a la protección de los derechos de autor.

Artículo 6. Protección mínima

1. Los Estados miembros podrán adoptar, para los titulares de derechos afines a los derechos de autor, disposiciones de protección de alcance superior a las previstas en el artículo 8 de la Directiva 92/100/CEE.

2. Al aplicar lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros se atendrán a las definiciones de los apartados 1 y 2 del artículo 1.

Artículo 7. Disposiciones transitorias

1. Por lo que se refiere a la aplicación temporal de los derechos contemplados en el apartado 1 del artículo 4 de la presente Directiva, se aplicarán los apartados 1, 2, 6 y 7 del artículo 13 de la Directiva 92/100/CEE. Los apartados 4 y 5 del artículo 13 de la misma Directiva se aplicarán mutatis mutandis.

2. Los contratos sobre explotación de obras y otras prestaciones protegidas, que estuviesen vigentes en la fecha mencionada en el apartado 1 del artículo 14, estarán sujetos a las disposiciones del apartado 2 del artículo 1 y de los artículos 2 y 3 a partir del 1 de enero de 2000, en caso de que expiren después de esta última fecha.

3. En caso de que un contrato de coproducción internacional celebrado antes de la fecha mencionada en el apartado 1 del artículo 14 entre un coproductor de un Estado miembro y uno o varios coproductores de otros Estados miembros o de países terceros establezca expresamente un sistema de división de los derechos de explotación entre los coproductores por zonas geográficas para todos los medios de difusión al público, sin establecer distinción entre el régimen aplicable a la comunicación vía satélite y las disposiciones aplicables a los demás medios de comunicación, y en caso de que la comunicación al público vía satélite de la coproducción implique un perjuicio para la exclusividad, y la exclusividad en particular lingueística, de uno de los coproductores o de sus cesionarios en un territorio determinado, el coproductor o su cesionario que desee otorgar una autorización de comunicación al público vía satélite deberá obtener el consentimiento previo del titular del derecho de exclusividad, con independencia de que este último sea un coproductor o un cesionario.

CAPÍTULO III DISTRIBUCIÓN POR CABLE

Artículo 8. Derecho de distribución por cable

1. Los Estados miembros velarán por que la distribución por cable en su territorio de programas de otros Estados miembros se realice respetando los derechos de autor y derechos afines aplicables y con arreglo a acuerdos contractuales individuales o colectivos entre los titulares de ambas categorías de derechos y las empresas de distribución por cable.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán mantener hasta el 31 de diciembre de 1997 los sistemas de licencias legales existentes o expresamente previstos en sus leyes nacionales a 31 de julio de 1991.

Artículo 9. Ejercicio del derecho de distribución por cable

1. Los Estados miembros garantizarán que el derecho que asiste a los titulares de derechos de autor o de derechos afines de prohibir o autorizar la distribución por cable de una emisión sólo pueda ejercerse a través de una entidad de gestión colectiva.

2. En el caso de los titulares que no hubieren encomendado la gestión de sus derechos a una entidad de gestión colectiva, se considerará mandatada para gestionarlos la entidad de gestión colectiva que gestione derechos de la misma categoría. Si para los derechos de dicha categoría hubiere más de una entidad de gestión colectiva, los titulares podrán elegir libremente cual de ellas se considera mandatada para la gestión de sus derechos. Los titulares a quienes se refiere el presente apartado gozarán, en igualdad con los titulares de derechos que hayan delegado en la entidad de gestión colectiva, de los derechos y obligaciones derivados del acuerdo entre la distribuidora por cable y la entidad de gestión colectiva en la que se considere han delegado la gestión de sus derechos, y tendrán derecho a reclamar éstos en un plazo que fijarán los Estados miembros afectados y que no será inferior a tres años, a partir de la fecha de distribución por cable que incluya su obra u otras prestaciones protegidas.

3. Un Estado miembro podrá disponer que, cuando un titular de derechos autorice la transmisión inicial en su territorio de una obra u otras prestaciones protegidas, se considerará que accede a no ejercer sus derechos para distribución por cable a título individual sino a ejercerlos con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva.

Artículo 10. Ejercicio del derecho de distribución por cable por entidades de radiodifusión

Los Estados miembros garantizarán que el artículo 9 no se aplique a los derechos ejercidos por las entidades de radiodifusión respecto de sus propias transmisiones, con independencia de que los referidos derechos sean suyos o les hayan sido transferidos por otros titulares de derechos de autor y/o por titulares de derechos afines.

Artículo 11. Mediadores

1. Cuando no llegue a suscribirse un contrato para la autorización de la distribución por cable de una emisión de radiodifusión, los Estados miembros garantizarán que las partes puedan recurrir a uno o a varios mediadores.

2. Los mediadores colaborarán en las negociaciones y podrán asimismo presentar propuestas a las partes.

3. Se considerará que todas las partes aceptan la propuesta contemplada en el apartado 2 si ninguna de ellas expresa su oposición en un plazo de tres meses. La propuesta y cualquier oposición a la misma se notificará a las partes de conformidad con las normas aplicables sobre la notificación de los actos jurídicos.

4. La selección de los mediadores se efectuará de forma que su independencia e imparcialidad queden fuera de toda duda razonable.

Artículo 12. Prevención del abuso de posiciones negociadoras

1. Los Estados miembros garantizarán mediante disposiciones civiles o administrativas adecuadas que las partes inicien y prosigan las negociaciones sobre la autorización para la distribución por cable de buena fe y no obstaculicen las negociaciones sin justificación válida.

2. Los Estados miembros en los que, en la fecha mencionada en el apartado 1 del artículo 14, exista un organismo competente dentro de su territorio para tratar los casos en que entidades de radiodifusión hayan denegado injustificadamente u ofrecido con arreglo a condiciones poco razonables el derecho a retransmitir al público por cable un programa en dicho Estado miembro, podrán conservar dicho organismo.

3. El apartado 2 será aplicable durante un período transitorio de ocho años a partir de la fecha mencionada en el apartado 1 del artículo 14.

CAPÍTULO IV DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 13. Gestión colectiva de derechos

Lo dispuesto en la presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la regulación de las actividades de las entidades de gestión colectiva por los Estados miembros.

Artículo 14. Disposiciones finales

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del 1 de enero de 1995. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

3. El 1 de enero del año 2000 a más tardar, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social un informe sobre la aplicación de la presente Directiva y, en caso necesario, hará las propuestas necesarias para adoptarla a la evolución del sector sonoro y audiovisual.

Artículo 15.

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 27 de septiembre de 1993.

Por el Consejo

El Presidente, R. URBAIN

———————————————————————————————

(1) DO no C 255 de 1. 10. 1991, p. 3

(2)DO no C 25 de 28. 1. 1993, p. 43.

(3) DO no C 305 de 23. 11. 1992, p. 129

(4)DO no C 255 de 20. 9. 1993.

(5) DO no C 98 de 21. 4. 1992, p. 44.

———————————————————————————————–

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los  14 días del mes de noviembre de dos mil dos, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y

C O N S I D E R A N D O :

Que el día 8 de noviembre del cte. año se firmó un Acta Convenio entre el «Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia » y la Jefatura de Ministros de la Nación» a los fines de elaborar, ejecutar y desarrollar un Programa de modernización del estado para el sector de Justicia de los Poderes Judiciales de las Provincias que expresamente adhieran, a través de la cooperación y asistencia técnica del Estado Nacional por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y los organismos componentes que del mismo  dependen.

Que por lo tanto corresponde que este Poder Judicial adhiera expresamente al Convenio mencionado en el párrafo precedente.-

Que asimismo resulta  procedente  adherir  a los términos de la «Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Patagonia Argentina  ante la Justicia», documento que fuera presentado en la ocasión de la reunión de la Comisión Directiva del Foro el día 7-11-02 en Puerto Madryn – Chubut

Por ello

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E:

1º.- Adherir al Convenio suscripto entre el «Foro Patagónico de los Superiores Tribunales  de Justicia y la Jefatura de Ministros de la Nación», que  como anexo nº1 forma parte integrante de la presente.-
2º.- Adherir a los términos de la «Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Patagonia Argentina  ante la Justicia», que  como anexo nº2 forma parte integrante de la presente.

3º.- Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese.-

FIRMADO:
BALLADINI – Presidente STJ – SODERO NIEVAS – Juez – LUTZ – Juez
ANTE MI: LATORRE – Secretaria de Superintendencia

ANEXO 1.- ACTA  CONVENIO

En Puerto Madryn, Provincia del Chubut, a los ocho días del mes de noviembre de dos mil dos, entre la Jefatura del Gabinete de Ministros de la Nación, representada para este acto por el señor Jefe del Gabinete de Ministros, don ALFREDO ATANASOFF, por una parte la «Jefatura de Gabinete», y por otra el «Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia» (órgano del Estatuto del Tratado Fundacional de la Región Patagónica del 26-6-1996). Representado por el Señor Presidente, Dr. LUIS ALFREDO LUTZ, ministro del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, y el Vicepresidente Dr. JOSE LUIS PASUTTI, ministro del Superior Tribunal de Justicia del Chubut en adelante «el Foro Patagónico» se conviene:

1.- Las partes expresan la común voluntad de elaborar, ejecutar y desarrollar un programa de modernización del Estado para el sector justicia de los Poderes Judiciales de las Provincias que expresamente adhieran, a través de la cooperación y asistencia técnica del Estado Nacional por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y los organismos competentes que del mismo dependen.

2.- El programa comprenderá los siguientes proyectos:

a) Carta compromiso para los derechos del ciudadano patagónico ante la justicia, en el marco del Decreto nº 229/00 del Superior Gobierno de la Nación;

b) Organización y racionalización de las oficinas judiciales, stándares de rendimiento;

c) Informatización de la gestión judicial. Infraestructura, equipamiento y capacitación continua.

d) Comunicaciones electrónicas interjurisdiccionales. Firma digital.

3.- Los proyectos serán elaborados en conjunto entre la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y el Foro Patagónico para ser ejecutados en cada uno de los Poderes Judiciales de las Provincias de la Patagonia, según lo acepten previa y específicamente a través de la respectiva Acordada de cada Superior Tribunal.-

4.- La Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, toma a su cargo proveer la cooperación y asistencia técnica en base a los modelos del servicio de justicia más avanzados del exterior e intercambio internacional, asignando a las jurisdicciones de las Provincias de la Patagonia adherentes al programa el carácter de experiencia piloto en la modernización del estado para el sector justicia.

5.- Las partes se comprometen a aportar un financiamiento concurrente y similar para el programa y sus proyectos que concierten.-

6.- Créase el «COMITÉ DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PARA EL SECTOR JUSTICIA DE LA REGIÓN DE LA PATAGONIA» , que estará integrado por tres ministros de los Superiores Tribunales de Justicia de las Provincia de la Patagonia que previa y expresamente hayan adherido al programa y dos funcionarios, uno de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y el otro de uno de los Ministerios del Gobierno de la Nación, que tendrá por misión y funciones ser la autoridad de aplicación del Convenio, dirigir el programa, nominar y controlar en conjunto con cada provincia adherente a los responsables de los distintos proyectos y gestionar la asistencia técnica y financiera que sea menester con el esfuerzo compartido de las partes.

7.- El plazo del convenio será de tres años a partir del 1° de enero de 2003. Los miembros del «COMITÉ DEL PROGRAMA» serán designados por un año antes del 15 de diciembre del año en curso. La sede del programa será Comodoro Rivadavia (Chubut).

En prueba de conformidad, se suscribe cuatro ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad y fecha arriba indicadas. 

WHEREAS a new regulatory framework for electronic communications is necessary to promote increased investment and innovation and enable the people of Bermuda to enjoy the benefits of increased competition in the sector;

AND WHEREAS a regulatory authority is being established that shall, in accordance with general policies set by the Minister responsible for telecommunications, have powers to supervise, monitor and regulate the electronic communications sector for the purposes set out in this Act, including the promotion of effective and sustainable competition, investment and innovation, the management of scarce resources utilized by the sector, and the protection of the rights of consumers;

AND WHEREAS, in order to facilitate implementation of the new framework, it is in the public interest to apply this Act to the provision of electronic communications, including the provision of subscription audiovisual services and content, while for the time being retaining the extant regulatory framework applicable to non-subscription broadcasting services and content;

Be it enacted by The Queen’s Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and the House of Assembly of Bermuda, and by the authority of the same, as follows :

PART 1.- PRELIMINARY

Citation

1.- This Act may be cited as the Electronic Communications Act 2011.

Interpretation

2.-

(1) In this Act, unless the context otherwise requires :

«access seeker» means a communications provider that requests access, within the meaning of section 24(8), from another communications provider;

«administrative determination» includes a general determination, order, direction, decision, or other written determination by which the Authority establishes the legal rights and obligations of one or more sectoral participants, but does not include an advisory guideline or an adjudicative decision and order;

«affiliate» means any entity that directly or indirectly, controls, is controlled by or is under common control with another legal person, and for this purpose «control» :

(a) means the power, whether held directly or indirectly, to exercise decisive influence over another entity by directing its management and policies, whether through ownership of shares, stocks or other securities or voting rights, or through an agreement or arrangement of any type, or otherwise; and

(b) is deemed to exist in any case involving the ownership of 25 per cent or more of the shares, stocks or other securities or voting rights in an entity, including through an agreement or arrangement of any type.

«allocation of spectrum» means the designation of a given frequency or frequencies for use by one or more types of radio communication service, under specified conditions where appropriate;

«applicable regulatory framework» means this Act, the Regulatory Authority Act 2011 and any regulations, administrative determination, adjudicative decision, order, direction, licence or other form of authorization made or issued in accordance with these Acts;

«assignment of spectrum» means the grant of spectrum usage rights to a particular licensee;

«associated facilities» means those associated services, physical infrastructures and other facilities or elements associated with electronic communications that enable or support the provision of services via an electronic communications network or service or have the potential to do so, and includes buildings or entries to buildings, building wiring, antennae, towers and other supporting constructions, ducts, conduits, masts, manholes, cabinets and such other facilities that may be specified by the Authority;

«associated services» means those services associated with electronic communications which enable or support the provision of services by means of electronic communications or have the potential to do so, as specified by the Authority;

«Authority» means the Regulatory Authority established under the Regulatory Authority Act 2011;

«authorization holder» means a person that holds a valid licence, permit or other form of authorization, as the case may be, in accordance with this Act;

«Bermuda Telephone Company Acts» means the Bermuda Telephone Company Acts of 1887, 1928 and 1929;

«Bermudian airspace» means a radius of 180 nautical miles from the Bermuda Airport;

«Board» means the Board of Commissioners of the Authority;

«broadcasting» means the act of transmitting or re-transmitting in the frequency band allocated for broadcasting radio communications intended for direct reception and use by any member of the public without charge, and cognate expressions shall be construed accordingly;

«broadcasting station» means a radio station that is used for broadcasting;

«business day» means any day other than a Saturday, Sunday or other public holiday;

«carrier pre-selection» means a mechanism that allows end-users to select, in advance, the communications provider of their choice to carry their calls without having to dial an operator-specific prefix or access code or install any special equipment at their premises;

«cell ID» means the identity or location of the cell from which a mobile telephony call originated or in which it terminated;

«class licence» or «class COL» means a licence that is granted by the Authority pursuant to section 16(1)(b) and the provisions of the Regulatory Authority Act 2011 to persons that meet the requirements of a particular class and any qualifications that may be required;

«COL» means a communications operating licence granted under section 16(1) and, for the avoidance of doubt, includes an ICOL;

«co-location» means the provision of physical space and technical facilities necessary to reasonably accommodate and connect the relevant equipment of an access seeker, as may be determined by the Authority in the given context;

«communications provider» means an entity that constitutes a sectoral provider pursuant to the Regulatory Authority Act 2011 and provides electronic communications;

«competitive bidding procedures» means an auction process or a combined comparative selection process and auction;

«content» means any information embodied in electronic form, regardless of whether it consists of words, symbols, numbers, data, images, or sounds;

«Convention» means the treaties of the International Telecommunications Union currently in force, to which Bermuda is a party, including any modifications;

«cost» means historical cost, total cost, stand-alone cost, incremental cost, marginal cost, opportunity cost or other measure, as determined by the Regulatory Authority;

«cost orientation» means giving due consideration to the cost of producing a product or service;

«customer premises equipment» means equipment utilized by end-users for the purpose of originating or receiving electronic communications;

«Customs Department» means the Customs Department established under the Customs Department Act 1952;

«day» means calendar day, but shall mean the first business day following a Saturday, Sunday or other public holiday in any case in which a deadline stipulated by this Act falls on a day other than a business day;

«electromagnetic» means of or pertaining to electric waves propagated by an electrostatic and magnetic field of varying intensity covering the entire range of wavelengths of electromagnetic waves, including all forms of radiocommunication signals;

«electronic communications» means electronic communications networks or electronic communications services, or both, as the context requires;

«electronic communications network» means a transmission system and, where applicable, switching or routing equipment and other resources, including network elements that are not active, which permit the conveyance of signals by wire, radio, optical or other electromagnetic means, irrespective of the type of information conveyed, including :

(a) satellite networks;

(b) fixed (circuit and packet-switched, including Internet Protocol) and mobile networks;

(c) electricity cable systems to the extent used for the purpose of transmitting signals;

(d) wireless networks operating outside the band allocated for broadcasting and wireline circuits used for the purpose of transmitting programming or other content to, or for the reception of the same by, a broadcasting station; and

(e) networks used for the distribution of subscription audiovisual services;

«electronic communications sector» means the regulated industry sector involving the supply and consumption of electronic communications;

«electronic communications service» means a service normally provided for remuneration which consists wholly or mainly of the conveyance of signals by means of electronic communications networks, including the distribution and provision of subscription audiovisual services;

«end-user» means a person that uses goods or services provided by a communications provider on a retail basis;

«ex ante remedy» means a type of regulatory obligation imposed by the Authority on one or more sectoral providers with significant market power in order to prevent anti-competitive conduct and promote effective competition;

«ex post competition rules» means any rules, requirements or obligations established by the Authority in accordance with sections 84(1)(a), 85 and 86 of the Regulatory Authority Act 2011;

«financial year» means the Authority’s financial year as defined in section 37 of the Regulatory Authority Act 2011;

«functional Internet access» means a minimum speed and quality of service for accessing the Internet, as appropriate for Bermuda, taking into account local requirements and regional and international trends;

«general determination» means a statutory instrument, made by the Authority pursuant to section 62 of the Regulatory Authority Act 2011, that is applicable to all sectoral participants, or to such sub-category of sectoral participants as falls within the scope of the general determination;

«harmful interference» means an emission, radiation, induction, conduction or other electromagnetic effect which endangers the functioning of a radio navigation service or other safety services or seriously degrades, obstructs or repeatedly interrupts any radio communication service operating in accordance with applicable regulations or administrative determinations and the Convention, as determined by the Authority, but does not include interference from a radio transmitter operated on its allocated frequency in accordance with applicable regulations or administrative determinations and the Convention;

«ICOL» means an integrated communications operating licence described in section 18(1);

«individual licence» or «individual COL» means a licence that is granted by the Authority to a specific body corporate pursuant to section 16(1)(a);

«inspector» means an officer of the Department of Telecommunications who is designated by the Minister as such under section 8(1);

«interconnection» means the physical and logical linking of public electronic communications networks and any other networks specified by the Authority that are used by the same or a different communications provider in order to allow the users of one communications provider to communicate with users of the same or another communications provider, or to access services provided by another communications provider within the meaning of section 24(8);

«Internet» means the global information system that is able to support communications using the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) suite or its subsequent extensions or follow-ons, and other IPcompatible protocols;

«Internet access service» means an electronic communications service that provides an end-user with the ability to access and send information by means of the Internet;

«interoperability» means the technical features or functional capability of a group of interconnected systems, including equipment owned and operated by the customer that is attached to a public electronic communications network, which ensure end-to-end provision of a given service in a consistent and predictable manner;

«licence holder» means a person that holds a valid licence in accordance with this Act;

«licensee» means a licence holder;

«location data» means data processed in an electronic communications network indicating the geographical position of the terminal equipment of a user of a public electronic communications service, including data relating to :

(a) the cell ID or the latitude, longitude or altitude of the terminal equipment;

(b) the direction of travel of the user; or

(c) the time the location information was recorded;

«loop» means the physical circuit connecting the network termination point to a distribution frame or equivalent facility in a fixed public electronic communications network;

«Minister» means the Minister responsible for telecommunications;

«network element» means a local loop, sub-loop or other element of an optical fibre, copper or co-axial network, as specified by the Authority in relation to a relevant product market;

«non-discriminatory» means not unreasonably discriminatory and cognate expressions shall be construed accordingly;

«normalize» means to modify the terms of a licence granted prior to the date of commencement of Part 12 to conform to the provisions of this Act and any regulations or administrative determinations made in accordance with this Act and cognate expressions shall be construed accordingly;

«North American Numbering Plan» means an integrated telephone numbering plan serving various North American countries and Bermuda, which share its resources;

«numbering system» or «numbering plan» means the system or plan established in accordance with Part 8 that establishes a format of codes and subscriber numbers for routing public electronic communications services to specific locations in Bermuda and facilitates switching to international destinations;

«permit holder» means a person that holds a valid permit in accordance with this Act;

«personal data» means information relating to an identified or identifiable person including but not limited to subscriber details, traffic data, and location data;

«Police» means the Bermuda Police Service;

«premium rate service» means a service involving the provision of content via an electronic communications service or by means of which the user of an electronic communications service is allowed to make use, by making a transmission by means of that service, of a facility made available to users of the electronic communications service if :

(a) there is a charge for the provision of the service or facility;

(b) the charge is required to be paid to a person providing the electronic communications service by means of which the service or facility in question is provided; and

(c) the charge is imposed by that person in the form of a charge for use of the electronic communications service, over and above the tariff for the underlying electronic communications service involved;

«private electronic communications» means an electronic communications network or an electronic communications service that is not a public electronic communications network or a public electronic communications service;

«proportionate» means no more than reasonably necessary to achieve a given regulatory objective, taking into account the relative cost of compliance and the ultimate benefit to consumers;

«public COL» is a COL held by a licensee that is authorized to provide public electronic communications;

«public electronic communications» means a public electronic communications network or a public electronic communications service;

«public electronic communications network» means an electronic communications network that is used wholly or mainly for the provision of public electronic communications services;

«public electronic communications service» means an electronic communications service that is offered, and is generally available, to members of the public and, where a general determination has been made under section 14(d), is classified as such in accordance with the general determination;

«public telecommunications licence» means a licence to provide a public telecommunications service, including any subscription television licence, subscription radio licence or any other form of authorization allowing the provision of electronic communications, held in the name of any person listed in Schedule 1 as at the date of commencement of Part 12;

«public telecommunications service» means a service as defined in section 2 of the Telecommunications Act 1986, whether or not subject to a licence issued by the Minister;

«radio apparatus» means any equipment, machinery or device used for the transmission of radio signals utilizing radio spectrum;

«radio apparatus permit» means an authorization that the Authority may grant to a person operating a radio apparatus;

«radiocommunication» means the transmission or reception of signals by means of radio spectrum;

«radiocommunication service» means an electronic communications service that is transmitted or received by means of radio spectrum;

«radiocommunication system» or «radiocommunication equipment» means a system or equipment, as the case may be, that transmits or receives electronic communications by means of radio spectrum;

«radio spectrum» or «spectrum» means a radio frequency or frequencies of naturally propagated electromagnetic waves that are used for the transmission and reception of electronic communications signals;

«radio station» means facilities for the transmission of radio signals;

«recognised spectrum usage rights» means rights to use radio spectrum that are enjoyed without a licence or licence exemption in accordance with the provisions of this Act and applicable regulations by :

(a) a Government Department; or

(b) a user to which the right to use spectrum has been transferred in whole or in part by a duly authorized spectrum licensee where permitted by applicable regulations and the terms of the original licence;

«regulations» means a statutory instrument, made by the Minister pursuant to the Statutory Instruments Act 1977, that is applicable to all sectoral participants, or to such sub-category of sectoral participants as fall within the scope of the regulations;

«relevant geographic market» means the geographic area in which sectoral providers offer products or services in competition with each other;

«relevant product market» means the market for products or services that consumers perceive as substitutable or interchangeable based on the characteristics of the products or services, their pricing and their intended use;

«relevant turnover» means, for the purposes of calculating applicable fees under this Act, the portion of a licence holder’s total turnover minus payments to other COL holders, as specified by the Authority;

«retail» means a type of market or service that involves the provision of public electronic communications services to end-users which do not themselves operate or provide public electronic communications to others;

«sectoral participant» means suppliers of electronic communications, consumers, users and subscribers of such services, and any other persons who provide, use or seek to use a good or service in the electronic communications sector of Bermuda;

«sectoral provider» means a person, whether or not an authorization holder, who provides a good or service in the electronic communications sector;

«significant market power» means a position of economic strength in the relevant market or markets that affords an undertaking, either individually or jointly with others, the power to behave to an appreciable extent independently of competitors, customers and ultimately consumers, which may provide the basis for the imposition of ex ante remedies;

«social tariff» means a tariff set pursuant to section 33(2)(b) which contains terms, conditions and charges that are designed to assist or benefit a defined group or groups of disadvantaged users or persons with special needs, including provisions specifying any special services or facilities that may be covered by the tariff;

«subscriber» means any natural person or legal entity that is party to a contract with a communications provider for the supply of public electronic communications services or subscription audiovisual services;

«subscription audiovisual services» means programming, applications, electronic programming guides and other services that are provided by a body corporate on the basis of a subscription for a fee or some other form of prior individual permission, by means of electronic communications networks, and may include subscription radio services, subscription television services or both;

«subscription radio service» means a service provided by a body corporate consisting of programmes and other services to authorized subscribers for their instruction, information and entertainment by means of visual images or sounds conveyed by radio communication from a common centre but does not include any service for which :

(a) no fee or charge is levied or made in respect thereof; and

(b) the transmission includes only matter which is being simultaneously broadcast to the public in Bermuda by a licensed broadcasting station;

«subscription television service» means a service provided by a body corporate consisting of programmes and other services to persons for their instruction, information and entertainment by means of visual images and sounds conveyed by wire or wireless communication from a common centre but does not include :

(a) any such service that serves :

(i) fewer than five dwelling houses; or

(ii) persons in one or more contiguous multiple unit dwelling (or dwellings) under common ownership, control or management; and

(b) any service for which :

(i) no fee or charge is levied or made in respect thereof; and

(ii) the transmission includes only content which is being simultaneously broadcast to the public in Bermuda by a licensed broadcasting station;

«support structure» means towers, masts, buildings or other facilities upon which radio communication equipment may be affixed;

«telecommunication» means a message, signal or any other information transmitted by means of electronic communications;

«telecommunication officer» means any person employed in connection with a public electronic communications service or a government operated electronic communications service other than a service operated by the Police or Bermuda Regiment;

«total turnover» means all revenue generated by or otherwise attributable to the provision of any and all electronic communications under a licence holder’s COL, which either originate or terminate in Bermuda, or both, regardless of where the agreement for the provision of such services is executed or remuneration for the provision of such services is paid;

«unbundled access» means the provision to an access seeker of a network element which is owned by, or under the control of, another communications provider that has been determined to have significant market power in the relevant market;

«universal service» means the minimum set of services defined pursuant to sections 32 and 33;

«user» means any natural person using an electronic communications service, for residential or business purposes, whether or not the person has subscribed to such service;

«user ID» means a unique identifier allocated to persons when they subscribe to or register with an Internet access service;

«voice telephony» means the transmission of signals representing the human voice over a public electronic communications network, including transmissions using Internet Protocol technology that involves the origination and termination of voice transmissions over the public switched telephone network, as may be determined by the Authority;

«wholesale» means a type of market or service that involves the provision of public electronic communications networks or public electronic communications services by one holder of a public COL to another holder of a public COL or other type of licensee deemed eligible by the Authority;

(2) Unless a term is defined in this Act or the context otherwise requires :

(a) terms defined by the Regulatory Authority Act 2011 shall have the same meaning when used in this Act; and

(b) terms not otherwise defined in this Act or the Regulatory Authority Act 2011 shall be interpreted in a manner consistent with the Convention.

Relationship to the Regulatory Authority Act 2011

3.-

(1) This Act constitutes sectoral legislation within the meaning of the Regulatory Authority Act 2011.

(2) To the extent possible, the provisions of this Act shall be construed consistently with the provisions of the Regulatory Authority Act 2011.

(3) In the event of an irreconcilable conflict between this Act and the Regulatory Authority Act 2011, the provisions of this Act shall prevail.

Application

4.-

(1) This Act shall apply to the electronic communications sector, including :

(a) the establishment, construction, operation, provision and use of electronic communications;

(b) the use or exploitation of radio spectrum within the territorial limits of Bermuda for the transmission of electronic communications;

(c) associated facilities and services; and

(d) content transmitted or received by means of electronic communications.

(2) Save as otherwise expressly provided, this Act shall not apply or have effect in relation to any electronic communications service operated by the Police or the Bermuda Regiment, except in so far as they relate to :

(a) the establishment of radio stations, apparatus and support structures at permanent sites;

(b) the allocation and assignment of frequencies;

(c) the mode of transmission to be used in connection with radio stations and apparatus and the power to be radiated there from;

(d) the prevention of harmful interference;

(e) distress calls, distress messages and distress signals; or

(f) the manner of conveying radio communications pursuant to the Convention.

(3) Subject to subsection (2), a Government Department or a Government Board may operate a radiocommunication system, construct a radio station, and import and manufacture radiocommunication equipment only under a permit granted by the Minister and in accordance with this Act and any administrative determinations made hereunder.

(4) Diplomatic or consular missions established in Bermuda may install and use radio stations and radio apparatus only with the written consent of the Governor.

(5) This Act shall not apply to or have effect in relation to :

(a) the broadcasting of audio or video services;

(b) the use of radio stations and radio apparatus and associated spectrum for the broadcasting of audio or video services; or

(c) broadcasting content.

Purposes of this Act

5.-

(1) The purposes of this Act shall be to :

(a) ensure that the people of Bermuda are provided with reliable and affordable access to quality electronic communications services;

(b) enhance Bermuda’s competitiveness in the area of electronic communications so that Bermuda is well-positioned to compete in the international business and global tourism markets;

(c) encourage the development of an electronic communications sector that is responsive to the requirements of users (both individuals and businesses) and provides them with choice, innovation, efficiency and affordability;

(d) encourage the development and rapid migration of innovative electronic communications technologies to Bermuda;

(e) promote the orderly development of Bermuda’s electronic communications sector;

(f) encourage sustainable competition and create an invigorated electronic communications sector that will lay the groundwork for the further development of communications-reliant industries;

(g) encourage the development and maintenance of resilient and fault-tolerant communications infrastructures;

(h) promote investment in the electronic communications sector and in communications-reliant industries, thereby stimulating the economy and employment; and

(i) promote Bermudian ownership and Bermudian employment at all levels of the electronic communications sector.

(2) Where any of these purposes appear to be in conflict, the priorities shall be set or the conflict otherwise resolved in a way that best serves the public interest in the opinion of the Minister or the Authority, as the case may be.

PART 2.- FUNCTIONS OF THE MINISTER AND THE AUTHORITY

Functions of the Minister

6.- The Minister shall have the power to establish general policies and to make regulations for the electronic communications sector, in accordance with sections 4 and 5 of the Regulatory Authority Act 2011, with respect to :

(a) the licensing of public electronic communications as provided in Part 3;

(b) the provision and funding of universal services as provided in Part 6;

(c) management of the radio spectrum as provided in Part 7;

(d) management of the numbering system as provided in Part 8;

(e) content provided by means of electronic communications; and

(f) such other matters as may be necessary for the performance of the Minister’s functions under this Act.

Department of Telecommunications

7.-

(1) There shall continue in existence a Department of Government known as the Department of Telecommunications which shall :

(a) assist the Minister in the discharge of his functions under this Act; and

(b) have such functions as are assigned to it by this, or any other, Act.

(2) Subject to section 61(5) of the Constitution of Bermuda, and to the general direction and control of the Minister, the Department of Telecommunications shall be under the supervision of a public officer who shall be known as the Director of Telecommunications and shall consist of that officer and such number of other public officers as may from time to time be authorized by the Governor.

Inspectors

8.-

(1) The Minister may from time to time designate for such period as he deems fit any officer of the Department to be an inspector for the purposes of this Act.

(2) The Director of Telecommunications or an inspector may at any reasonable time, without a warrant, enter any premises for the purpose of inspecting :

(a) any radio apparatus or radio station or any records maintained in connection therewith which are required to be kept by any provision of this Act or the regulations or by the Convention; or

(b) any equipment or system used for the provision of an electronic communications network or any records maintained in connection therewith which are maintained by a communications provider in connection with the provision of a public electronic communications service.

(3) The Minister shall provide every inspector with a written instrument of appointment and on entering any premises, pursuant to subsection (2), an inspector shall, if required to do so, produce his instrument of appointment to the person in charge of the premises.

(4) The owner or person in charge of any premises, entered by an inspector pursuant to subsection (2) and every person found therein, shall give the inspector all reasonable assistance in their power, and shall furnish him with such information as he may reasonably require.

(5) In this section «premises» includes any British ship, aircraft, hovercraft, platform or rig registered in Bermuda whether within or outside Bermuda, or any structure or formation attached to any submarine area adjacent to the coast of Bermuda in respect of which Bermuda has the right to the exploitation of the seabed and subsoil thereof and used for any purpose authorized by or pursuant to any Act.

Functions of the Authority

9.-

(1) The Authority shall :

(a) implement the provisions of this Act and the general policies and regulations made by the Minister; and

(b) supervise, monitor and regulate the electronic communications sector and enforce compliance with the applicable regulatory framework.

(2) The functions of the Authority shall include :

(a) those accorded to it by the Regulatory Authority Act 2011;

(b) those accorded to it by this Act, including the functions necessary to effectively and efficiently achieve the purposes set out in section 5;

(c) the making of administrative determinations to provide for the control and conduct of public electronic communications, including :

(i) the award, renewal, modification, termination or revocation of licences for the provision of electronic communications;

(ii) transparency measures and notice requirements relating to the rates, charges and other terms and conditions for the provision of public electronic communications services for the benefit of consumers;

(iii) restrictions on the marketing and advertising of public electronic communications services;

(iv) procedures to be followed in transferring a customer from one communications provider to another to effectuate customer requests for a change of provider;

(v) procedures for the credit vetting of applicants for service and for disconnection of customers for non-payment;

(vi) the establishment and supervision of technical standards for equipment used in connection with the provision or use of public electronic communications services, including equipment used by communications providers and equipment to be connected to the electronic communications networks of communications providers;

(vii) the specification of key performance indicators or minimum service level commitments by communications providers for the provision of designated public electronic communications at the wholesale or retail levels, and applicable penalties in the event of non-compliance;

(viii) the reporting and publication of statistics relating to the quality of service of public electronic communications services offered by communications providers;

(ix) procedures and standards for the discontinuation of a public electronic communications service;

(x) the establishment and enforcement of procedures and technical standards for interconnection;

(xi) the establishment and enforcement of procedures, technical standards and cost sharing arrangements, where necessary, for the use and sharing of support structures by communications providers where, in the Authority’s view, such measures are necessary for environmental, touristic, health and safety, or other public interest reasons;

(xii) the assignment of spectrum and the establishment of conditions and requirements for the operation and use of radio stations and apparatus for the provision of electronic communications;

(xiii) classification of the various types of electronic communications services;

(xiv) detailed measures implementing any of the licence conditions set out in section 17;

(xv) the establishment of any other terms, conditions or requirements that are authorized or stipulated by this Act;

(d) those accorded by any other enactment; and

(e) those expressly delegated to the Authority in respect of the electronic communications sector.

(3) In carrying out its functions, the Authority shall endeavour to remain informed of the viewpoints of the residents and consumers of Bermuda, including by :

(a) making arrangements for ascertaining from time to time the state of public opinion about the manner in which electronic communications services are provided and the experiences of consumers in relation to the same, including the handling of complaints made to providers of communications networks and facilities and the resolution of disputes; and

(b) establishing and maintaining effective arrangements for seeking the views of consumers and consumer groups in the electronic communications sector, and for disseminating information to consumers relevant to the sector, including by facilitating consumer advisory committees.

Authority to carry out functions in accordance with general directions and delegations by Minister

10.-

(1) The Authority shall carry out its functions in accordance with such general directions as may be given to it by the Minister for the following purposes :

(a) protecting national security interests or in the event of national emergency;

(b) furthering relations with the government of a country outside Bermuda;

(c) negotiating, and securing compliance with, Bermuda’s international obligations, including in the area of spectrum management;

(d) to protecting the safety of the public or public health;

(e) implementing the general policies and regulations made by the Minister for the electronic communications sector in accordance with section 6;

(f) ensuring that the Authority establishes and adheres to a reasonably prompt timetable in carrying out its various functions, including the issuance and enforcement of administrative determinations;

(g) coordinating and facilitating the establishment and sharing of support structures necessary for the efficient provision of radio communication services;

(h) implementing the modification of the public telecommunications licences and related licences held by the communications providers listed in Schedule 1 and the transition to ICOLs, in accordance with section 73.

(2) The Authority shall comply with the directions of the Minister.

(3) The Authority shall undertake such functions as may be delegated by the Minister from time to time in accordance with section 9 of the Regulatory Authority Act 2011, including the following :

(a) becoming or serving as a member of an international body or subscribing to such a body, and providing representation on behalf of Bermuda on international and other bodies having communications functions;

(b) providing representation at international meetings about electronic communications; and

(c) providing research, analysis or similar support to the Minister in connection with any or all of these activities.

Regulatory Authority fees

11.-

(1) Regulatory Authority fees for the electronic communications sector, both general regulatory fees and service fees, shall be established for each financial year in accordance with the principles and procedures set out in section 44 of the Regulatory Authority Act 2011 and those specified in this section.

(2) In making a request for the establishment of general regulatory fees, the Authority shall recommend the types of COLs that will be subject to such fees, having due regard for :

(a) the comparative costs of regulatory administration attributable to different types of authorization holders when proposing the applicable general regulatory fees for the various types of authorizations;

(b) the cumulative effect of all sources of Regulatory Authority fees on each type of authorization holder;

(c) the financial and commercial impact of the timing of the payment or payments for general regulatory fees on authorization holders, taking into account the financial requirements of the Authority; and

(d) the efficient management of the Authority’s resources.

(3) The Authority’s request to the Minister shall be accompanied by reasonable supporting data to justify the requested fees.

(4) The general regulatory fees that are recommended by the Authority for application to ICOL holders shall be based on a percentage of the relevant turnover of the licensee.

PART 3.- PROVISION OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS

Licences for operation or provision of electronic communications

12.- No person may establish, construct or operate an electronic communications network or provide an electronic communications service within the territorial limits of Bermuda or between Bermuda and another country, without a valid COL authorizing such activities, unless the Authority has made a general determination expressly authorizing a licence exemption for the provision of the particular type or types of electronic communications that the person is operating or providing, in accordance with section 16(2) (c).

Licensing policy

13.- The Minister shall establish general policies and, as necessary, regulations with regard to :

(a) the limit, if any, on the number of public COLs that may be in effect at any given time for any particular type of individual licence and the timing of the grant of such licences;

(b) if not otherwise specified in this Act, the scope and duration of such licences and any conditions that the Minister deems to be necessary as a matter of general policy;

(c) any general limitations on eligibility for the grant of such licences; and

(d) the timing of and procedures for the award of such licences and provisions for renewal, if applicable.

Functions of the Authority

14.- The Authority shall be responsible for :

(a) implementing the licensing policies and regulations made by the Minister under section 13;

(b) establishing a licensing framework for the operation and provision of electronic communications, other than public electronic communications, by general determination, including the applicable procedures, eligibility criteria, terms and conditions;

(c) granting licences, permits and other authorizations;

(d) making general determinations to establish or clarify the distinction between public and private electronic communications networks and services, as necessary, in accordance with this Act and any applicable policies or regulations made by the Minister;

(e) monitoring compliance with licence terms and conditions and enforcing such provisions; and

(f) exercising any of the other functions set out in this Act or the Regulatory Authority Act 2011 to promote an efficient and effective licensing framework for the electronic communications sector.

Duties of communications providers

15.- Every communications provider has the duty to :

(a) comply with any applicable conditions, obligations, requirements or limitations set out in the applicable regulatory framework; and

(b) pay on a timely basis any and all applicable Regulatory Authority fees and Government authorization fees.

Communications operating licences

16.-

(1) The Authority, in accordance with this section and the general policies and regulations made by the Minister may grant :

(a) COLs in the form of individual licences, including ICOLs referred to in section 18;

(b) class COLs; and

(c) exemptions from the requirements to hold a COL.

(2) The Authority shall, by general determination, specify the criteria, conditions, requirements and procedures that shall apply to the grant of individual COLs, class COLs and licence exemptions, in accordance with the following principles :

(a) individual licences shall be granted by administrative determination in accordance with sections 48(2) and (3) of the Regulatory Authority Act 2011, and the terms and conditions applicable to all licensees that are eligible for a particular type of individual COL, and to applicants for such licences, shall be as homogeneous as possible and not unreasonably discriminatory;

(b) the provision of electronic communications by means of a class licence may be authorized, with or without a registration or notification requirement, where the conditions applicable to a particular group of communications providers or the provision of a particular type or types of electronic communications are limited in number and scope and can be applied generally to all of the members of a specified class in a manner that is administratively efficient;

(c) a licence exemption may be authorized by the Authority if :

(i) no conditions, or only limited conditions, need apply to the exempted group of communications providers or the provision of the exempted type or types of electronic communications; and

(ii) no Regulatory Authority fees or Government authorization fees are required in respect of the exempted providers of electronic communications;

(d) a class COL or licence exemption may be authorized in any or all of the following circumstances, as determined and defined by the Authority :

(i) cases in which electronic communications are provided on a private rather than a public basis;

(ii) cases in which electronic communications are provided on other than a commercial basis;

(iii) cases in which electronic communications are self-provided by a natural person or legal entity whose principal line of business does not include the provision of electronic communications; or

(iv) any other circumstances in which the Authority deems the authorization of a class licence or the grant of a licence exemption to be appropriate and administratively efficient, in accordance with paragraphs (b) and (c).

(3) Each COL holder shall be responsible for securing any related spectrum licences or permits for radio stations or apparatus that may be useful or necessary for the provision of any electronic communications to which the COL applies in accordance with Part 7.

(4) The Authority, if feasible, shall coordinate the timing of the grant, the duration, and any relevant provisions of related spectrum licences and radio apparatus permits; provided, however, that nothing in this section shall be construed as an entitlement on the part of a COL holder to a spectrum licence or a radio apparatus permit.

(5) Any COL granted under Part 12 is deemed to be granted under subsection (1) of this section.

Communications operating licence conditions

17.-

(1) A general determination referred to in section 16(2) shall specify the terms and conditions with which COL holders must comply under each type of individual licence and class licence, which may include any or all of the following, depending on the type of electronic communications covered by the applicable licence :

(a) the conditions provided in section 50 of the Regulatory Authority Act 2011;

(b) the duration of the licence;

(c) the conditions, if any, for renewal of the licence upon expiry; and

(d) any other terms, conditions and obligations that the Authority deems necessary or appropriate, in accordance with the applicable regulatory framework.

2.- In addition to the conditions set out in subsection (1), the following may be specified as conditions in any type of licence that is applicable to operators or providers of public electronic communications :

(a) any of the obligations specified by the Authority in administrative determinations made under section 9(2)(c);

(b) the duty to comply with any applicable universal service obligations imposed in accordance with Part 6;

(c) the obligation to interconnect directly or indirectly with the electronic communications networks of other COL holders on reasonable terms, where permitted by the applicable rules and where necessary to provide consumers with any-to-any connectivity;

(d) the requirement to comply with any ex ante remedies in respect of significant market power that may be imposed by the Authority in accordance with Part 4;

(e) obligations in respect of emergency call services;

(f) obligations in respect of directory information and directory enquiry facilities;

(g) the obligation to provide performance bonds in respect of compliance with specified conditions or requirements if required by the Authority; and

(h) any other conditions allowed or required by regulations.

Integrated communications operating licences

18.-

(1) An ICOL shall constitute a particular type of COL authorizing the licence holder to operate and provide public electronic communications networks and electronic communications services transmitted by means of such networks, within the territorial limits of Bermuda or between Bermuda and another country, subject to the availability of spectrum and the grant of any necessary spectrum licences or permits in accordance with Part 7.

(2) The Minister shall by regulations establish the maximum number of ICOLs, if the number is limited, and the procedures pursuant to which the Authority may grant ICOLs.

(3) The term of an ICOL shall not exceed 20 years.

(4) An ICOL may be renewed for an additional term or terms if :

(a) the licence holder files an application requesting renewal no earlier than nine months and no later than six months prior to the expiry date; and

(b) the Authority determines that renewal of the licence would be in the public interest, subject to any modifications that the Authority may deem it necessary or appropriate to impose at the time of renewal.

(5) An ICOL may be revoked by the Authority for cause or based on a determination that revocation is necessary in the public interest; provided, however, that no such decision may be taken without :

(a) an adjudication;

(b) the adoption of a final adjudicative decision and order by unanimous vote of the Board of Commissioners; and

(c) the written consent of the Minister.

(6) An ICOL shall not be transferred or assigned, and may be terminated by the Authority in the event of any such transfer or assignment or if there is a change of control over the licensed entity unless the transfer, assignment or change of control is authorized in advance, in writing, by the Authority acting with the written consent of the Minister.

(7) For the purposes of this section, «control» :

(a) means the power, whether held directly or indirectly, to exercise decisive influence over an ICOL holder, including by directing its management and policies, whether through ownership of shares, stocks or other securities or voting rights, or through an agreement or arrangement of any type, or otherwise; and

(b) shall, in any event, be deemed to exist in any case involving the ownership of 25 per cent or more of the shares, stocks or other securities or voting rights, including through an agreement or arrangement of any type.

Government authorization fees for communications operating licences

19.-

(1) The Authority, pursuant to section 52 of the Regulatory Authority Act 2011, shall submit recommendations to the Minister concerning :

(a) the types of COLs that shall be subject to Government authorization fees, which shall apply to all ICOLs and may include other types of COLs;

(b) the amount of, or the basis for, setting such fees for each type of COL to which the fees apply, which in the case of ICOLs shall be based on the relevant turnover of each licensee; and

(c) the timetable for payment.

(2) In preparing a recommendation on the Government authorization fees that shall apply to ICOL holders, the Authority :

(a) shall take into consideration the combined relevant turnover of all licensees subject to Government authorization fees; and

(b) notwithstanding any other Act, may recommend variations in the total amount of the Government authorization fees payable by individual ICOL holders in the specified period, based on a formula that takes into account :

(i) the degree to which each licensee is owned or controlled, directly or indirectly, by persons possessing Bermudian status within the meaning of the Bermuda Immigration and Protection Act 1956; and

(ii) the proportion of each licensee’s employees possessing Bermudian status within the meaning of the Bermuda Immigration and Protection Act 1956.

PART 4.- PROCESS FOR IMPOSING SIGNIFICANT MARKET POWER OBLIGATIONS EX ANTE

Determination of significant market power in relevant markets

20.-

(1) The Authority may make administrative determinations that impose ex ante remedies on a communications provider in respect of its provision of electronic communications or the provision of subscription audiovisual programming content in a relevant market or markets if, individually or together with others, the communications provider has significant market power in that market.

(2) In order to determine whether a communications provider has significant market power, the Authority shall conduct a review of a relevant market or markets in accordance with section 23 of this Act and section 59(2) of the Regulatory Authority Act 2011.

Principles and objectives of the market review process

21.- In determining whether to impose, modify or withdraw significant market power obligations with respect to a particular provider or providers based on its review of the relevant market, and in deciding which types of obligations to apply, the Authority shall seek to :

(a) develop or maintain effective and sustainable competition for the benefit of consumers with regard to price, innovation and choice;

(b) promote investment in the electronic communications sector;

(c) establish ex ante remedies that are effective but proportionate, taking into account the costs of compliance and the ultimate benefits to consumers;

(d) establish ex ante remedies that apply on a technology-neutral and service neutral basis whenever feasible; and

(e) rely on market forces and withdraw, reduce or limit ex ante remedies in circumstances where the Authority concludes that markets are effectively competitive or likely to become so within a reasonable period of time, taking into account actual and expected market circumstances.

Preliminary identification of markets susceptible to ex ante regulation

22.-

(1) The Authority shall issue a notice that identifies any relevant product and geographic market which in its view appears to be susceptible to the imposition of ex ante remedies, based on a forward-looking assessment.

(2) The markets identified pursuant to subsection (1) may include retail markets and wholesale markets and shall be identified on the basis of the Authority’s preliminary assessment that the markets meet all of the following criteria and any other criteria that the Authority deems to be pertinent :

(a) the relevant market is characterised by high and non-transitory barriers to entry;

(b) taking into account actual and expected market circumstances during the period under review, the relevant market either :

(i) is not likely to be affected by technological changes or other developments that would render it effectively competitive, or

(ii) is likely to cease to be effectively competitive; and

(c) the application of ex post competition rules alone would not be sufficient to promote or preserve effective competition in the relevant market.

(3) The Authority may, in its discretion, confer formally or informally with sectoral participants and others, and may consider relevant international benchmarks in order to make a preliminary assessment of significant market power under subsection (1).

(4) The Authority shall provide a summary explanation of its preliminary views as part of the notice referred to in subsection (1).

Market review procedures

23.-

(1) The Authority may publish advisory guidelines that identify or clarify the criteria for :

(a) defining relevant product markets based upon demand and supply-side characteristics;

(b) defining relevant geographic markets;

(c) assessing market power in such markets based on a forward-looking assessment;

(d) establishing effective ex ante remedies and obligations; and

(e) any other aspect of the market review process.

(2) The Authority shall, in conducting a market assessment pursuant to subsections (1)(a), (b) or (c), consider all of the factors that it deems relevant under the circumstances, which may include the following :

(a) the overall size of the communications provider and its share of the relevant market;

(b) the volatility of shares in the relevant market;

(c) the communications provider’s control over infrastructure not easily duplicated;

(d) the communications provider’s technological advantages or superiority;

(e) the degree of countervailing buyer power;

(f) the communications provider’s ability to access capital and financial markets relative to that of its competitors;

(g) the existence of economies of scale or scope;

(h) the diversification of products or services (including bundles);

(i) the relative advantages of vertical integration enjoyed by the sectoral provider;

(j) the presence of de jure or de facto barriers to market entry or expansion; and

(k) evidence of previous anti-competitive behaviour.

(3) In assessing whether two or more communications providers operating in the same relevant market jointly have significant market power, the Authority shall consider, among other relevant factors, whether :

(a) the relevant market is concentrated;

(b) each provider has a relatively high and stable share of the relevant market;

(c) significant and enduring barriers to entry exist; and

(d) there are reasonable grounds for concluding that these factors, in combination with any relevant factors set out in subsection (2), are evidence of a market structure that is likely to give rise to tacit coordination and thereby prevent, restrict or distort competition in the provision of products or services in the relevant market.

(4) The Authority shall conduct a public consultation to review those markets identified in accordance with section 22 that in its view are susceptible to ex ante regulation, if any, or pursuant to subsection (6), for the purposes of :

(a) evaluating whether these relevant markets are, or continue to be, correctly defined based on an economic assessment of supply and demand;

(b) analysing whether a communications provider, individually or with others, in fact possesses, or continues to hold, significant market power in one or more of these relevant markets based on the applicable facts and circumstances; and

(c) deciding which obligations, if any, should be imposed in respect of each relevant market characterised by significant market power in order to promote or preserve effective competition, in accordance with section 24.

(5)The Authority shall issue one or more general determinations designating the communications provider, if any, which, individually or with others, has significant market power in each relevant market reviewed pursuant to subsection (4) and specifying any ex ante obligations that shall apply in accordance with section 24.

(6) A further review of any relevant product or geographic market identified as requiring ex ante regulation pursuant to subsection (5) may be carried out by the Authority on its own initiative or, at its discretion, upon the request of an interested party, provided that :

(a) the Authority shall conclude a further review of each relevant market within a period of not more than four years from the date of its completion of the previous review of the same relevant market in any case in which it has made a finding of significant market power; and

(b) in determining when to initiate an initial or further review of a relevant product or geographic market, the Authority shall take into account requests from sectoral participants, the views of consumers and relevant market developments.

(7) A general determination made by the Authority finding that a communications provider possesses significant market power in a relevant market shall be considered interim, and shall not constitute final Authority action for purposes of the Regulatory Authority Act 2011, until the Authority makes a determination specifying the ex ante obligations, if any, that shall apply in respect of such relevant market in accordance with section 24.

Imposition of ex ante remedies

24.-

(1) If, as part of the market review process, the Authority concludes that the imposition of one or more ex ante remedies is necessary to prevent or deter anti-competitive effects that are, or are likely to be, caused by the presence of significant market power in a relevant market, the Authority may make an administrative determination imposing one or more of the following obligations on any communications provider found to have significant market power in a relevant market :

(a) the obligation to interconnect its electronic communications network with the network of another communications provider for the purpose of originating, transiting or terminating traffic, and to provide such interconnection pursuant to terms and conditions specified by the Authority;

(b) the obligation to provide wholesale services to other communications providers for resale and, where the Authority deems it necessary, to offer specified minimum features, functionality or other attributes;

(c) the obligation to meet reasonable requests for access to, and the use of, specified network elements and associated facilities and services and to provide such access pursuant to specifications, terms and conditions that may be established or approved by the Authority including, as the circumstances may warrant, the obligation to provide :

(i) co-location with third parties or other forms of facility sharing, including the sharing of ducts, conduit, buildings, cabinets or masts;

(ii) unbundled access to specified network elements and associated databases;

(iii) information about technical interfaces, protocols or key technologies that are required for the interoperability of services and timely information with regard to any planned changes to the same;

(iv) software systems necessary for provisioning electronic communications, including operational support systems; and

(v) up-to-date information systems or databases containing information relating to the location or availability of particular mandated access components or for ordering, provisioning, maintenance and repair requests and billing;

(d) the obligation to meet reasonable requests for access pursuant to terms and conditions that may be established by the Authority including, as the circumstances may warrant :

(i) access to physical infrastructure including buildings, ducts and masts;

(ii) access to number translation or systems offering equivalent functionality;

(iii) access to fixed and mobile networks, in particular, access necessary to facilitate virtual network services;

(iv) access to subscription audiovisual services; and

(v) such other forms of access to wireline or wireless network features and functionality as may be determined by the Authority to be necessary to promote or protect effective competition in a relevant market;

(e) the obligation to provide access and interconnection subject to terms and conditions that are transparent, including the publication of reference interconnection and access offers, pursuant to a framework approved by the Authority;

(f) the obligations of transparency and non-discrimination in the provision of retail services to end-users and wholesale services to other communications providers, including the requirements to :

(i) apply equivalent terms and conditions in equivalent circumstances to end-users or to other communications providers; and

(ii) in the case of wholesale services, to provide facilities, services and information to others under the same conditions and of the same quality as it provides for its own internal purposes or to those of its divisions, subsidiaries, partners and affiliates;

(g) the obligation to comply with requirements relating to the pricing of wholesale and retail electronic communications and the provision or distribution of subscription audiovisual programming, including obligations relating to the cost orientation of prices and transparency;

(h) the obligation to provide certain types of wholesale access or interconnection prior to the introduction of associated downstream services that rely on such inputs by the communications provider or its subsidiaries, partners and affiliates;

(i) the obligation to establish and maintain a cost accounting system in accordance with cost allocation and separation rules that are stipulated or approved by the Authority for the purpose of ensuring that a vertically integrated communications provider’s costs and revenues are properly attributed or assigned to specific activities and facilitate the detection of anti-competitive cross-subsidies by an independent auditor;

(j) the obligation to publish audit information in a format that contributes to an open and competitive market while preserving the confidentiality of accounting data deemed commercially sensitive by the Authority;

(k) the obligation not to unreasonably bundle other services with a service that is subject to ex ante regulation, whether provided by the communications provider, its subsidiaries, partners or affiliates, including a prohibition against :

(i) anti-competitive tying arrangements; and

(ii) offering bundles at retail prices that are predatory or cannot be replicated by an efficient competitor, as defined by the Authority;

(l) the obligation to provide carrier selection and related terms and conditions in the manner specified by the Authority;

(m) in exceptional cases where the Authority determines that other measures have not prevented or deterred anti-competitive effects, the obligation to offer specified access and interconnection facilities and services through a functionally separate and independently operated business entity, and to provide such services and facilities to competing communications providers and its own retail business operators on the same terms and conditions including those relating to pricing, availability and service quality, and by means of the same systems and processes;

(n) the obligation to provide subscription audiovisual programming content or distribution on a wholesale basis on reasonable terms and conditions; or

(o) such other obligations as the Authority may, following a public consultation, deem necessary to promote or preserve effective competition in a relevant market or markets.

(2) The Authority shall specify, in a general determination, the categories of communications providers that are eligible to obtain interconnection, access or associated facilities and services in accordance with subsection (1), which shall at a minimum include all ICOL holders.

(3) A full and complete copy of any access or interconnection agreement entered into by a communications provider with significant market power in accordance with subsection (1) shall be filed by that communications provider with the Authority within three business days of its execution, and :

(a) the Authority may, within 60 days of the filing, object to any provision that it preliminarily concludes is unreasonably discriminatory or contrary to the interests of consumers and conduct an adjudication; and

(b) any disputes that arise in connection with the negotiation or fulfilment of any such agreement shall be ineligible for referral to binding arbitration pursuant to section 93(4)(b) of the Regulatory Authority Act 2011.

(4) Any obligations imposed in accordance with this section shall be proportionate and justified in light of the relevant circumstances and the purposes and objectives set out in sections 5 and 21 and shall, in the case of any access obligations, take account of :

(a) the technical and economic feasibility of using or installing competing facilities, taking into account the type of interconnection or access involved;

(b) the feasibility of providing access in relation to available capacity;

(c) relevant investment risks incurred by an operator designated as having significant market power; and

(d) the ability of the communications provider with significant market power to impede the development of effective competition through its subsidiaries, partners and affiliates.

(5) Following further review by the Authority of a relevant market that is already subject to one or more ex ante remedies and that continues to be characterised by the lack of effective competition, the Authority may, following a public consultation, make an administrative determination modifying any relevant obligations or imposing such additional remedies as it deems necessary, taking into account the impact and efficacy of the existing obligations and the costs and benefits of any changes.

(6) For the purposes of assessing the costs and benefits of imposing, modifying or withdrawing a proposed ex ante remedy and evaluating the relevant evidence, including cost data and factors relating to technical or commercial feasibility, the burden of proof for demonstrating that a remedy should not be imposed, or should be modified or withdrawn, shall rest with the communications provider that is designated as having significant market power in the relevant market.

(7) A communications provider on which the Authority imposes ex ante remedies shall comply promptly, fully and in good faith with any and all such obligations.

(8) For the purposes of this section, «access» means the making available of facilities or services to another undertaking, under defined conditions, on either an exclusive or a non-exclusive basis, for the purpose of providing electronic communications services.

(9) The Authority may impose transparency and accounting separation obligations on a communications provider in respect of relevant markets in which the provider does not have significant market power if the Authority determines that such measures are :

(a) proportionate; and

(b) necessary to ensure the efficacy of any remedies imposed under this section in respect of relevant markets that the Authority has determined are characterised by significant market power.

Withdrawal of ex ante remedies

25.- Where, as a result of a market review conducted pursuant to section 23, the Authority determines that a relevant market is effectively competitive it shall not impose any ex ante remedies in respect of that market and shall remove any ex ante remedies previously imposed within a reasonable period of time, but the Authority may decide not to remove certain obligations, including transparency and accounting separation obligations, if they continue to be necessary to preserve effective competition in cases where a closely related relevant market is subject to ex ante regulation.

PART 5.- CONSUMER PROTECTION PROVISIONS

Functions of the Authority

26.- The Authority may make general determinations :

(a) governing the commercial and marketing practices of ICOL holders and any other types of communications providers specified by the Authority to protect the rights of customers, subscribers, users and consumers, having due regard for the vulnerability of certain categories of consumers; and

(b) issuing or approving codes of practice relating to such practices.

Unsolicited communications

27.- The Authority shall make general determinations to establish the requirements and procedures that shall govern the activities of ICOL holders and other types of communications providers specified by the Authority, when engaged in unsolicited direct marketing by means of electronic communications networks in order to minimize intrusion, annoyance, inconvenience or anxiety to consumers, including activities by means of :

(a) automated calling and communications systems or machines that do not involve human interaction;

(b) facsimile machines; and

(c) electronic mail.

Premium rate services

28.- The Authority may make general determinations governing the provision of premium rate services for the purpose of ensuring that consumers are treated fairly and reasonably by providers of public electronic communications and persons responsible for providing content, transaction services or other offerings using the services of such providers.

Confidentiality of customer information

29.- The Authority may make general determinations governing the processing, disclosure and use by ICOL holders and any other types of communications providers designated by the Authority of personal data that they obtain from electronic communications customers, subscribers or users in the course of business other than for the purpose of conveying electronic communications, including :

a) disclosure of a customer’s name, address and telephone number (including fixed and mobile numbers), including for purposes of inclusion in a printed or electronic directory;

(b) use or disclosure of traffic or location data;

(c) use or disclosure of subscription data provided when a customer orders a service; and

(d) any other customer-related data, as defined for this purpose by the Authority, that is obtained by communications providers from users or sub-users.

Privacy of telecommunication

30.-

(1) The privacy of any telecommunication is inviolable except as provided in this Act.

(2) No person, not being authorized by the sender or the addressee, shall intercept any signal in the course of transmitting information by electronic communications and wilfully divulge or publish the existence, purport, effect or meaning of such intercepted signal to any person.

(3) No person not being entitled thereto shall receive, or assist in receiving, any such intercepted signal and use the same or any information therein contained for his own benefit or for the benefit of another not entitled thereto.

(4) No person having received such intercepted signal or having become acquainted with the same (or any part thereof), knowing that such information was so obtained, shall divulge or publish the contents, substance, purport, effect or meaning of the same (or any part thereof) or use the same or any information therein contained for his own benefit or for the benefit of another not entitled thereto, provided that :

(a) subsections (2) and (3) and this subsection shall not apply to the transmitting, receiving, divulging, publishing or utilizing the contents of any radio message or communication broadcasted or transmitted by amateurs or others for the use of the general public or relating to ships or aircraft in distress;

(b) it shall not be unlawful under this section for an operator of a switchboard or an officer, employee or agent of any communications provider the facilities of which are used in the transmission of a wire communication, to intercept, disclose or use that communication in the normal course of his employment while engaged in any activity which is a necessary incident to the rendition of his service or the protection of the rights or property of the communications provider transmitting such communication;

(c) the said communications provider shall not utilize service observing or random monitoring except for mechanical, electronic, optical or service quality control checks; and

(d) it shall not be unlawful under this section for an officer, or employee or agent of the Authority or of the Government in the normal course of his employment and in discharge of the radio monitoring responsibilities exercised by the Authority in the pursuance of its powers under section 36(2)(h) and (i), to intercept a communication transmitted by radio, or to disclose or use the information thereby obtained.

(5) No person, not being authorized by all the parties to any private signal shall tap any wire, cable or optical fibre or by using any other device or arrangement, shall secretly overhear, intercept, or record such signal in the course of transmitting information by electronic communications by using any electronic or other device, provided that it shall be lawful for any police officer or officer of a communications provider acting with the consent of the person renting a circuit to tap or trace such circuit, or by using any other device secretly to overhear, intercept or record a communication passing over such circuit in order to detect an offence under section 68.

(6) No person, be he a participant or not in the act or acts prohibited in this section, shall knowingly possess any tape record, wire record, disc record, or any other such record, or copies thereof, of any communication or spoken word secured in the manner prohibited by this Act, or replay the same for any other person or persons, or communicate the contents thereof, either verbally or in writing, or furnish transcriptions thereof, whether complete or partial, to any other person.

(7) Nothing contained in this section shall render it unlawful or punishable for any police officer or other person who is authorized by a written order of the Governor under the powers granted to him by section 53 to execute, in accordance with Schedule 2, any of the acts declared to be unlawful in this section, and subsection (8) shall not apply to evidence thus secured.

(8) Any message, communication or spoken word, or the existence, contents, substance, purport, effect or meaning of the same or any part thereof, or any information therein contained, obtained or secured by any person in contravention of this section shall not be admissible in evidence in any judicial, quasi judicial, legislative or administrative hearing except for the purpose of proving the contravention of those subsections and for that purpose the person adjudicating shall make such order as he considers appropriate to preserve confidentiality.

Security of customer data and reporting of data breaches

31.-

(1) A provider of public electronic communications shall take adequate technical and organisational measures to protect the security of electronic communications at a level commensurate with the degree of risk presented, including measures to ensure that personal data that is stored or transmitted by it in connection with the provision of electronic communications :

(a) can be accessed by authorized personnel for legally authorized purposes only; and

(b) is protected against accidental or unlawful loss, destruction, or alteration and unauthorized or unlawful storage, processing, access or disclosure, having due regard to the state of the art and the cost of implementation.

(2) The provider of public electronic communications shall develop a security policy and processes designed to ensure compliance with subsection (1), which shall be subject to review, approval and audit by the Authority.

(3) If there is a breach of the security obligations in subsection (1) or the policy approved pursuant to subsection (2), the communications provider shall, without undue delay, notify the breach to :

(a) the Authority; and

(b) any subscriber or individual affected by the breach if, in the view of the Authority, the breach is likely to have an adverse effect on the subscribers or individuals concerned.

(4) The notification required under subsection (3) shall describe the nature and consequences of the breach, the measures which the communications provider has taken or proposes to take to address the breach and its effects, and any other information which the Authority may require.

(5) In any case in which the Authority finds that there has been a security breach, the Authority shall issue an adjudicative decision and order requiring the communications provider to take specific measures to prevent future data breaches from occurring and may impose appropriate financial penalties in cases where such obligations are not met.

(6) For the purposes of subsection (1), «processing» means any operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, organisation, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise, alignment or combination, blocking, erasure or destruction.

PART 6.- UNIVERSAL SERVICE PROVISION AND FUNDING

Universal service policy

32.-

(1) The Minister may make general policies and, as necessary, regulations concerning the provision of universal service by one or more providers of public electronic communications, including :

(a) the types of services that shall be subject to mandatory universal service provision;

(b) whether any particular type or group of users should be eligible for certain universal services pursuant to social tariffs; and

(c) the sources of any special funding for the provision of these services, if required, and the basic framework of any funding scheme that may be deemed necessary, in accordance with section 34.

(2) Any policies made by the Minister, and any applicable regulations, shall ensure that requests for connection by end-users at a fixed location to a public electronic communications network or networks covering the geographic area of Bermuda and offering international access via undersea cable can be met by at least one ICOL holder, and that the connection provided is at a minimum capable of supporting voice telephony, facsimile and functional Internet access.

Functions of the Authority

33.-

(1) The Authority shall assist the Minister in formulating and implementing any general universal service policies and regulations that may be considered or made pursuant to section 32, including by consulting with sectoral participants and consumers concerning relevant issues and options.

(2) The Authority may make general determinations implementing the policies and regulations made by the Minister, including :

(a) defining the specific characteristics of the electronic communications services designated by the Minister pursuant to section 32(1)(a), based on consideration of the relevant costs, needs of the public, affordability of the service or services, and advances in technology;

(b) specifying the criteria of eligibility for any social tariffs that may be imposed by regulations;

(c) establishing the terms and conditions pursuant to which one or more designated communications providers shall be obligated to provide universal services defined or specified pursuant to paragraphs (a) or (b);

(d) establishing detailed provisions for implementing a universal service funding scheme, if applicable, pursuant to section 34;

(e) identifying, as necessary, the communications providers that shall be required to provide the services designated by the Minister pursuant to section 32(1)(a); and

(f) providing for the monitoring and enforcement of compliance with any universal service obligations or conditions that may be imposed and facilitating the functioning of any funding scheme that may be established.

(3) The Authority, by administrative determination, may require providers of public electronic communications networks to ensure, as necessary :

(a) the interoperability of public electronic communications throughout Bermuda; and

(b) access on the part of end-users to any-to-any communications by means of direct or indirect interconnection among communications providers.

(4) Following the establishment of a universal service policy by the Minister and the making of any regulations pursuant to section 32, the Authority shall periodically submit to the Minister, following a public consultation, a report that :

(a) details the implementation measures taken by the Authority and sectoral participants, including the operation of any funding scheme that may be established; and

(b) makes recommendations for any changes in policy that it deems to be in the public interest.

Establishment of a universal service funding scheme

34.-

(1) The Authority on its own initiative may, and upon request of the Minister shall, prepare a report, following a public consultation, that assesses whether the establishment of a funding scheme to support or promote the provision of universal service is necessary and proportionate, taking into account all factors specified by the Minister or found to be relevant by the Authority, including :

(a) whether the mandatory provision of access to universal services or the offering of social tariffs imposes a financial burden on one or more designated communications providers, and the extent of any such burden; and

(b) whether any financial burden identified under paragraph (a) is unreasonable, based on an evaluation of all relevant factors, including the value of any historic commercial advantages enjoyed by a communications provider as a result of special rights previously enjoyed.

(2) The Authority shall submit the report referred to in subsection (1) and any accompanying recommendations to the Minister, and shall publish the report and recommendations on the official website.

(3) If the Authority recommends the establishment of a universal service funding scheme, its submission to the Minister shall propose the procedures and requirements for :

(a) establishing the type of funding scheme and the means by which one or more designated communications providers shall contribute to or participate in the scheme;

(b) estimating, on an annual basis, the total amount of funding required to compensate for the provision of universal services at prices below cost, in accordance with the approved scheme;

(c) designating the communications providers that shall be required to make such contributions and the basis on which the payments shall be calculated; and

(d) determining the eligibility of communications providers that offer universal service below cost to receive contributions to fund the deficit, including any accounting, reporting and true-up obligations that it deems appropriate.

(4) Any recommendation provided by the Authority shall :

(a) be consistent with the purposes of this Act and the universal service policy or regulations established by the Minister pursuant to section 32(1);

(b) provide for administration of the funding scheme, including the distribution of funds, in a reasonable, transparent, non discriminatory and competitively neutral manner; and

(c) be no more burdensome than is necessary to achieve the objectives of the universal service policy.

(5) The Minister shall give due consideration to the recommendation of the Authority in deciding whether to make regulations establishing a funding scheme for the provision of universal service.

(6) Any regulations made by the Minister pursuant to this section shall :

(a) establish the basis for determining the amount of the universal service contribution to be made by designated communications service providers or others;

(b) provide for the establishment and administration of a fund or other funding scheme by the Authority or such other person as may be specified in the regulations;

(c) stipulate the manner in which any contributions are to be made and determine whether and how dedicated charges may be assessed on and invoiced to end-users;

(d) provide for annual independent audits of the funding scheme and publication of the results of such audits;

(e) comply with the criteria in subsection (4); and

(f) be subject to the affirmative resolution procedure.

PART 7.- USE OF RADIO SPECTRUM AND EQUIPMENT FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS

Spectrum policy and management

35.-

(1) The Minister, giving due regard to the purposes and objectives of this Act and the importance of radio spectrum as a scarce national resource and a public good of significant social, cultural and economic value, shall make general policies and, as necessary, regulations for the electronic communications sector with respect to :

(a) the management and allocation of spectrum for particular or liberalised uses in accordance with the provisions of this Act; and

(b) the procedures to be followed by the Authority in the assignment of spectrum for use in connection with the provision of electronic communications, whether by means of the grant of an individual licence, the designation of a class licence, or the grant of a licence exemption.

(2) The Minister shall confer and coordinate with any Government Department or agency that has recognised spectrum usage rights prior to adopting any policies or issuing any directions that could affect such rights.

Functions of the Authority

26.-

(1) The Authority shall implement the general policies and regulations made by the Minister in respect of radio frequencies comprising the electromagnetic spectrum which are, or are available to be, used to transmit or receive electronic communications.

(2) The Authority shall have the power to carry out the following functions in respect of radio spectrum :

(a) maintaining and publishing the Bermuda Frequency Allocation Table which shall detail, among other things, the purposes and priorities for which the Minister has allocated the frequencies;

(b) specifying the criteria and procedures for the assignment of radio frequencies, awarding individual spectrum licences, establishing spectrum class licences and granting licence exemptions;

(c) establishing the applicable licence terms and conditions, including technical conditions and usage priorities and limitations;

(d) coordinating licensing procedures and conditions with associated operating licences for the provision of electronic communications;

(e) conducting comparative selection processes, auctions, lotteries or hybrid processes for the award of spectrum licences in cases where demand for the right to use a specific portion of the radio spectrum is expected to exceed supply;

(f) establishing, maintaining and providing convenient access by the public to a frequency database and register which identifies spectrum licence holders, relevant technical conditions, priorities of use, and any additional information that the Authority deems helpful to actual and potential users of spectrum;

(g) classifying the various types of radio stations and apparatus, issuing permits and establishing technical requirements and conditions for the same;

(h) conducting tests to monitor the use of frequencies and ensure compliance with technical requirements;

(i) conducting tests to check for harmful interference;

(j) conducting adjudications to consider :

(i) the merits of complaints alleging harmful interference; and

(ii) whether to order the release of spectrum in accordance with section 41;

(k) conducting public consultations on its own initiative or at the request of the Minister, licence holders or consumers, and undertaking studies where appropriate, to evaluate the extent to which spectrum is available for use for radio communications in Bermuda, to assess current and potential demand, and to consider any other factors relevant to the Minister in formulating or modifying spectrum policies or regulations;

(l) examining persons in connection with the operation of apparatus for radio communication, the grant and endorsement of certificates of competency in the operation of such apparatus, the fees payable in respect of any such examination or the grant or endorsement of any such certificates, the authorization of persons to hold positions in radio stations and the cancellation or suspension of any such authority;

(m) specifying requirements for standby facilities to be maintained by radio stations for use in case of natural disasters or other emergencies;

(n) prohibiting or regulating the sale or use of any apparatus or machinery causing or capable of causing harmful interference to radio reception;

(o) prohibiting and controlling electrical or radiated interference with the working of apparatus for electronic communications;

(p) authorizing foreign registered or licensed mobile radio stations while in or over Bermuda or its territorial waters of Bermuda or in Bermuda airspace;

(q) authorizing mobile radio stations licensed in Bermuda which are not for the time being in or over Bermuda, Bermuda airspace, or its territorial waters;

(r) the licensing of persons wishing to maintain or repair radio apparatus and the qualifications to be held by such persons;

(s) regulating the importation, sale, trading in and demonstration of radio apparatus and radio receiving apparatus not excluded from the application of this Act;

(t) the dismantling, sealing or confiscation of any radio station, radio apparatus and radio receiving apparatus, not excluded from the application of this Act; and

(u) exercising such other functions as the Authority deems necessary to implement or facilitate the Minister’s policies with regard to radio spectrum.

Objectives of spectrum management

37.-

(1) In performing their functions under this Part, the Minister and the Authority shall ensure that radio spectrum is managed in a manner that :

(a) is objective, transparent and non-discriminatory;

(b) is economically and technically efficient;

(c) facilitates the introduction and evolution of new technologies and innovative electronic communications services;

(d) gives due recognition to the level of investment in existing equipment configured for specific frequencies and the cost of migrating to other frequencies;

(e) preserves or promotes effective and sustainable competition in the provision of electronic communications services subject to this Act;

(f) is compatible with the Convention; and

(g) meets the radio communications needs of Government Departments and agencies.

(2) Where any of these objectives appear to be in conflict, the Minister shall, after conferring with the Authority, prioritise the objectives or otherwise resolve the conflict in a way that, in the Minister’s opinion, best serves the public interest.

Spectrum licences, permits and exemptions

38.-

(1) No person shall :

(a) use the electromagnetic spectrum within the territorial waters of Bermuda to transmit or receive any electronic communications without first obtaining a spectrum licence; or

(b) import, install, place in operation, repair, or maintain any radio station or radio apparatus without a permit issued by the Authority, unless the Authority has granted the spectrum use and the radio station or apparatus a specific exemption by administrative determination.

(2) The holder of a spectrum licence or permit shall conform to the conditions and standards specified in such licence, including :

(a) the frequencies assigned to that licence or permit holder;

(b) the location, type and specifications of radio stations and apparatus;

(c) the geographical area covered by the licence; and

(d) any other technical conditions that may assist in the efficient and effective use of the radio spectrum.

(3) The Authority shall be responsible for monitoring and enforcing compliance with the use of any radio frequencies assigned to the holder of a spectrum licence or permit issued in accordance with this section.

(4) Nothing in this section shall be construed to allow a communications provider to engage in any of the activities specified in section 12 without holding a duly authorized COL or qualifying for a COL exemption.

(5) The Authority may impose in a spectrum licence or permit for radio stations or apparatus, for a limited or indefinite period :

(a) proportionate and non-discriminatory service or technology restrictions if the Authority determines that such restrictions are necessary to :

(i) avoid harmful interference;

(ii) protect public health against electromagnetic fields;

(iii) ensure technical service quality;

(iv) maximise radio frequency sharing;

(v) provide for the efficient use of spectrum;

(vi) protect or promote effective competition in the provision of electronic communications;

(vii) promote investment in new or innovative technologies or electronic communications services;

(viii) protect the environment and sites of historical or cultural significance; or

(ix) otherwise advance the public interest; and

(b) the obligation to provide one or more forms of wholesale wireless access, including a resale offer, on a non-discriminatory basis, if the Authority determines that such arrangements are necessary for the benefit of consumers.

(6) The Authority shall make general determinations establishing :

(a) the basic provisions of spectrum licences and permits for radio stations and apparatus;

(b) the criteria and eligibility for any exemptions, which may be granted in those cases in which no Regulatory Authority or Government authorization fees are to be collected and the Authority determines that :

(i) there is no reasonable probability of harmful interference; and

(ii) the level of demand for use of the spectrum in the relevant frequency band or bands is not expected to exceed the spectrum available;

(c) procedures, criteria and conditions for the award of individual spectrum licences and the grant of permits for radio stations and apparatus, including competitive bidding procedures and comparative selection procedures;

(d) procedures, criteria and conditions for obtaining class licences for the use of specified frequencies or radio stations and apparatus; and

(e) procedures, criteria and conditions for obtaining temporary licences or permits for technical testing or non-commercial trials involving the use of spectrum.

(7) The term of a spectrum licence or a permit for radio stations and apparatus shall not exceed 10 years and shall in any event not exceed the remainder of the term of the associated COL.

(8) A spectrum licence associated with an ICOL shall be renewed for an additional term or terms co-extensive with that of the ICOL if the licence holder files an application requesting renewal no earlier than nine months and no later than six months prior to the expiry date :

(a) unless the Authority determines that renewal of the licence would not be in the public interest; and

(b) subject to any modifications that the Authority may deem it necessary or appropriate to make at the time of renewal.

(9) A permit for a radio station or apparatus shall be renewed by the Authority in accordance with the procedures, terms and conditions specified in the permit.

(10) ICOL holders and other communications providers specified by the Authority shall, where technically feasible, construct and share masts and other support structures suitable for the placement of radio communication equipment in a manner that allows for the sharing of such facilities with other communications providers on terms and conditions that are fair, reasonable and transparent.

Spectrum liberalisation and trading

39.-

(1) Spectrum licences and permits shall, to the extent practicable, allow the radio frequencies to which they pertain to be used liberally with all types of technologies and for all types of electronic communications, subject to the prohibition against harmful interference contained in section 42 in respect of any superior usage rights held by other authorized users of the same frequencies.

(2) The Authority, following a public consultation, may make recommendations to the Minister proposing the liberalisation of specific frequencies or frequency bands in any or all of the following ways :

(a) with respect to the types of electronic communications that may be provided using the specified frequencies;

(b) with regard to the technologies that may be utilized in providing electronic communications authorized in connection with the specified frequencies; or

(c) by designating the specified frequencies that are eligible for sublicensing or for one or more forms of spectrum trading, including the sale or lease of recognised spectrum usage rights under duly authorized spectrum licences.

Fees for spectrum licences and permits for radio stations and apparatus

40.-

(1) Government authorization fees for specified types of spectrum licences and permits for radio stations and apparatus shall be established in accordance with section 52 of the Regulatory Authority Act 2011, and the following criteria shall apply to any recommendation made by the Minister or the Authority pertaining to such fees :

(a) the fees applicable for the use of spectrum suitable for similar types of radiocommunication services shall be set in a reasonable, objective and transparent manner;

(b) in order to optimise the use of spectrum, competitive bidding procedures, subject to a minimum reserve price, shall be used where practicable and, in particular, in circumstances where the level of demand for a particular frequency or band of frequencies is expected to exceed the spectrum available, in accordance with subsection (2);

(c) where spectrum licences or permits for radio stations and apparatus are to be, or have been granted, other than on the basis of competitive bidding procedures, fees shall be imposed that reflect  :

(i) a reasonable measure of the value of the spectrum assigned, based on an assessment of the opportunity costs of the current use and other potential uses of a particular frequency or frequency band; or

(ii) relevant benchmarks or other appropriate proxies where the information required to assess the value stipulated in subparagraph (i) is not reasonably available.

(2) In cases where a competitive bidding procedure is to be used in accordance with subsection (1)(b) :

(a) the Minister, after conferring with the Authority, and with the consent of the Minister of Finance, shall make regulations, subject to the affirmative resolution procedure, specifying :

(i) the type of auction and the rules, standards and procedures governing the bidding process;

(ii) the reserve price or minimum Government authorization fee that must be paid by the winning bidder;

(iii) any applicable payment terms; and

(iv) procedures for re-auctioning the spectrum of a winning bidder that defaults on the payment of any applicable Regulatory Authority or Government authorization fee or becomes insolvent;

(b) the Authority shall conduct the auction pursuant to the standards and procedures specified by the Minister;

(c) the Authority shall grant the licence to the entity or entities, if any, satisfying the selection requirements specified in the regulations; and

(d) in any case in which the Authority grants a licence pursuant to an auction process specified by the Minister in regulations, the amount of the Government authorization fee shall be conclusively established through the auction process provided that the amount equals or exceeds the reserve price established pursuant to subparagraph (2)(a)(ii).

(3) The Authority may recommend, and the Minister may make, regulations in accordance with section 44 of the Regulatory Authority Act 2011 for the purpose of establishing Regulatory Authority fees to recover the administrative costs of conducting a competitive bidding procedure, undertaking a valuation, issuing a spectrum licence, testing for electromagnetic interference or power levels, approving a licence exemption and undertaking similar activities if the imposition of such fees is reasonable under the circumstances.

Measures to ensure the efficient use of spectrum

41.-

(1) The Authority may at any time, following an adjudication, issue an order requiring a spectrum licence holder to release or vacate any or all frequencies covered by its licence in order to ensure efficient use of the spectrum and may re-licence the vacated spectrum to others.

(2) The Authority shall, by general determination, establish :

(a) the criteria that shall be applied by the Authority to determine the circumstances in which such measures are appropriate and proportionate; and

(b) the factors that shall be considered to determine whether and, if so, how much compensation shall be paid to the vacating licensee, if any, the categories of costs that may be covered and the source or sources of funding for any such compensation.

(3) The licence holder shall comply with any adjudicative decision and order duly issued by the Authority which mandates the vacation of a frequency or band of frequencies in accordance with this section.

(4) The Authority, having due regard to the objectives of promoting the efficient use of spectrum and preventing or deterring the hoarding of spectrum, may impose spectrum licence conditions in accordance with section 50 of the Regulatory Authority Act 2011 which, among other things :

(a) set out a fixed timetable, including the specification of milestones, for the effective exploitation of the rights granted to a spectrum licence holder; and

(b) in the event of material non-compliance with the prescribed timetable, provide for modification or revocation of the spectrum licence and the imposition of financial penalties, including by means of performance bonds.

Harmful interference

42.-

(1) No person may use communications equipment for the purpose, or having the effect, of causing harmful interference to :

(a) the operation of an authorized radio apparatus or station; or

(b) the spectrum used by a duly licensed person conducting its activities in accordance with the rights granted by its spectrum licence or permit and any applicable technical requirements or limitations.

(2) The Authority shall adjudicate any complaints alleging harmful interference in accordance with this Act, any applicable general determinations, and the respective rights and obligations of the licence or permit holders involved.

(3) The Authority may, by general determination, establish a framework governing the basic procedures, rights and obligations applicable to spectrum licence and permit holders for the purpose of minimizing the risk of harmful interference.

Operation of radio stations and apparatus

43.-

(1) A radio station or apparatus shall not be used by any person to carry out :

(a) unnecessary transmissions;

(b) the transmission of superfluous signals and correspondence;

(c) the transmission of false or misleading signals;

(d) the transmission of signals without identification except for :

(i) radio beacons or certain other radio navigation services where identification signals are removed in case of malfunction or other non operational service as a means of warning that transmissions cannot safely be used for navigational purposes;

(ii) survival-craft stations transmitting distress signals automatically; or

(iii) emergency position-indicating radio beacons;

(e) the transmission of signals containing profane or obscene words or language; or

(f) trials or tests, except pursuant to a temporary authorization and under circumstances that preclude the possibility of interference with other stations.

(2) The operation of a radio station or apparatus shall be limited to the performance of such services as are specified in the relevant permit or spectrum licence.

(3) Radio stations and apparatus :

(a) shall not radiate more power than is necessary to ensure a satisfactory service;

(b) shall be established and operated in such a manner as not to cause harmful interference with other licensed radio installations and other electronic communications; and

(c) shall be maintained in a condition which complies with the Convention, the terms and conditions of the licence, and any applicable regulations or administrative determinations.

(4) A radio station or apparatus shall only transmit on frequencies or in frequency bands authorized by the Authority and prescribed in the licence or permit.

(5) A radio station or apparatus shall accept distress calls and messages with absolute priority regardless of their origin and shall immediately take such action with regard thereto as may be required by the Convention.

(6) A radio station or apparatus may during a period of emergency in which normal communications facilities are disrupted as a result of a hurricane, flood, earthquake or similar natural disaster or force majeure event, be used for emergency communications and may be operated in a manner other than that provided in the Convention, the regulations or as specified in the licence, and any such emergency use shall be discontinued as soon as substantially normal communication facilities are again available.

(7) The Minister may coordinate the transfer of the processing of particular types of permits for radio stations or radio apparatus, including permits for aviation and nautical uses, to a Minister with responsibility for a portfolio relevant to the particular use, provided that the Minister to whom the processing is transferred consents and assumes full responsibility for :

(a) the full costs of administration associated with such permits; and

(b)the establishment and collection of any applicable Regulatory Authority fees and Government authorization fees.

Provisions relating to foreign ships and aircraft

44.-

(1) Unless otherwise provided by regulations, mobile radio stations and apparatus on board foreign-registered aircraft or ships that are temporarily located within the territorial waters of Bermuda or in Bermuda airspace shall not require a licence or permit under section 38; however, the Convention and any relevant international agreements in respect of ships and aircraft shall apply to such stations.

(2) Mobile radio stations and apparatus located on foreign-registered aircraft and ships temporarily located in the territorial waters of Bermuda or Bermuda airspace shall comply with section 42, as it relates to avoidance of harmful interference, and with relevant international regulations under the Convention and international agreements in respect of ships and aircraft.

(3) No radio apparatus on board an aircraft shall be used while the aircraft is in Bermuda airspace or on the ground in Bermuda except for the purpose of communication with a licensed ground station, for operational and commercial control service, or for testing prior to flight of the apparatus used for air traffic control and air navigation purposes, notwithstanding that a licence, whether granted under this Act or the law of any other country or territory, is in force in respect of such apparatus.

(4) At all times when an aircraft is in Bermuda airspace or is on the ground in Bermuda in an operational state, a watch shall be maintained on the relevant traffic control service.

(5) The Authority may permit the use, on such occasions or for such periods as it specifies, of radio apparatus on board an aircraft that is in Bermuda airspace or at an aerodrome in Bermuda or on board a ship that is located in the territorial waters of Bermuda for purposes not specified in subsections (3) or (4).

PART 8.- NUMBERING, ADDRESSING AND NAMING SYSTEMS FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS

Numbering policy

45.- The Minister shall make general policies and, as necessary, regulations with respect to management of the national numbering system.

Numbering plan and assignment of numbers

46.-

(1) The Authority shall adopt, by general determination, and publish a national numbering plan for those categories of communications providers that it deems eligible for participation in the national numbering scheme.

(2) Eligible participants in the national numbering scheme shall include all ICOL holders and may include other licensees.

(3) The Authority shall update the national numbering plan from time to time as it deems appropriate, following a public consultation addressing any material revisions to the plan.

(4) The Authority shall make general determinations governing the assignment and use of numbers and the implementation of numbering conventions or schemes applicable to particular types of electronic communications services as it deems appropriate, and it may authorize or restrict the assignment of numbers to certain licensees or groups of licensees based on objectively justifiable criteria.

(5) The numbering plan and any regulations or administrative determinations applicable to the assignment or use of numbers by communications providers shall :

(a) not unreasonably discriminate against any eligible communications provider;

(b) take account of relevant international regulations and, in particular, the requirements of the North American Numbering Plan;

(c) ensure that sufficient numbers are available for the current and reasonably anticipated future needs of eligible communications providers;

(d) specify whether and under what conditions assigned numbers may be reclaimed or reassigned;

(e) assign particular blocks or series of numbers having regard to the role that numbers can play in conveying useful information to customers, including information about the type of service being used;

(f) promote the efficient use of numbers;

(g) promote fair and sustainable competition; and

(h) endeavour to avoid or minimize the imposition of costs on consumers as a result of changes in the numbering system.

(6) The Authority may make a general determination designating numbers or ranges of numbers that the Authority deems to be of exceptional economic value and establish requirements for their allocation pursuant to a competitive or a comparative bidding process.

(7) The Authority may recommend, and the Minister may make, regulations in accordance with section 44 of the Regulatory Authority Act 2011 for the purpose of establishing Regulatory Authority fees to recover the reasonable costs of administering the numbering plan from any communications providers to which numbers are assigned, taking into account the level of numbering resources required by individual communications providers.

(8) Government authorization fees may be established for number ranges of exceptional economic value in accordance with section 52 of the Regulatory Authority Act 2011, and the following criteria shall apply to any recommendation made by the Minister or the Authority pertaining to such fees :

(a) the fees shall reflect a reasonable measure of the value of a number or block of numbers based on an assessment of the opportunity costs of the current use and other potential users, including numbers or blocks of numbers that the Authority deems to be of exceptional economic value; and

(b) if an auction process is utilized, the procedures referred to in section 40(2) shall apply.

Number Portability

47.-

(1) The Authority shall make a general determination to facilitate subscribers to retain a fixed or mobile telephone number assigned to them by their existing communications provider under the numbering plan pursuant to section 46, when such subscribers elect to switch to another communications provider.

(2) No later than six months following the date of commencement of this Part, the Authority shall identify the technical requirements and timetable for implementing number portability or the equivalent and shall impose any conditions on the relevant communications providers that it concludes are necessary to facilitate switching between communications providers by customers and promote effective competition.

(3) If the Authority concludes that a fee should be applied to the relevant communications providers or their customers in order to fund number portability pursuant to subsection (1), the Authority shall make a recommendation to the Minister proposing the amount of the fee and requesting the Minister to make regulations which shall :

(a) establish the basis for determining, the manner of assessing and the amount of the applicable fee;

(b) establish the framework for administering a fund or other funding scheme required to implement number portability, which shall be reasonable, transparent, non-discriminatory and competitively neutral;

(c) provide for the establishment and administration of a fund or other funding scheme including the distribution of funds, by the Authority or such other person as may be specified in the regulations;

(d) stipulate the manner in which any contributions are to be made and determine whether and how dedicated charges may be assessed on and invoiced to end-users;

(e) provide for annual independent audits of the funding scheme and publication of the results of such audits; and

(f) be subject to the affirmative resolution procedure.

Emergency numbers

48.- The Authority shall require providers of public electronic communications to make available to users, free of charge, access to a national three-digit number for emergency purposes, and may require communications providers to provide any user possessing a fixed or mobile terminal with automatic access to their networks for the purpose of making emergency calls by means of the national three-digit number, irrespective of whether such users are their customers or subscribers.

Management of domain names

49.- The Authority, if so directed by the Minister, shall coordinate the management, allocation, and assignment of all domain names under the country code top-level domain of Bermuda.

PART 9.- TYPE APPROVAL AND HOMOLOGATION OF EQUIPMENT

Type approval procedures

50.-

(1) No equipment or system used for the provision of electronic communications networks or any radio apparatus shall be imported into or sold in Bermuda by any person unless it meets the standards of :

(a) the Federal Communications Commission of the United States of America;

(b) the Canadian Standards Association International; or

(c) the European Union,

and is imported under a certificate issued by the Authority confirming that the equipment, system or radio apparatus meets the standards referred to in paragraph (a), (b) or (c) and any relevant standards established under subsection (2)(a).

(2) The Authority may :

(a) by general determination, establish technical standards relating to electronic communications networks or radio apparatus and customer premises’ equipment or to any specified network, apparatus or equipment; and

(b) following an adjudication, prohibit the sale, supply or use of any electronic communications network, radio apparatus or customer premises’ equipment which does not comply with the requirements of any such standard.

(3) A technical standard established under this section shall include only requirements that the Authority determines to be necessary to :

(a) protect the integrity of any licensed electronic communications network; or

(c) protect the health and safety of any person.

(4) The Authority may recommend, and the Minister may make, regulations in accordance with section 44 of the Regulatory Authority Act 2011 for the purpose of establishing Regulatory Authority fees to recover the costs of issuing a certificate under subsection (1) and of administering the type approval and homologation process.

(5) The Collector of Customs, on becoming aware that any electronic communications equipment, system or radio apparatus has been imported into Bermuda, shall notify the Authority thereof and shall cooperate fully with the Authority by allowing its duly authorized representatives to undertake any or all of the following activities in relation to the type approval or homologation process with respect to such equipment, system or radio apparatus :

(a) entering a customs area (within the meaning of the Revenue Act 1898) and obtaining access to such equipment, system or radio apparatus for the purposes of on-site inspection;

(b) temporarily removing representative samples thereof for testing;

(c) clearing such equipment, system or radio apparatus for importation into Bermuda if the Authority issues a certificate confirming that it complies with subsection (1) and any relevant standards established under subsection (2)(a), provided that it is otherwise compliant with applicable legislation and regulations relating to the importation of goods; or

(d) removing and confiscating such equipment, system or radio apparatus if the Authority, after conferring with the Collector of Customs, makes an administrative determination that it fails to comply with subsection (1) or any relevant standards or restrictions established under subsection (2).

PART 10.- MISCELLANEOUS PROVISIONS

Emergency Powers

51.-

(1) Notwithstanding anything in this or any other Act or regulations or administrative determination to the contrary, when Her Majesty is at war or there is in force a proclamation of emergency made or continued in force under section 14 of the Constitution of Bermuda, the Governor may, when the public interest so requires, by warrant under his hand :

(a) direct and cause any electronic communications system, or any part thereof, which is in Bermuda or the territorial waters thereof to be taken possession of in the name and on behalf of Her Majesty to be used for Her Majesty’s service and subject thereto for such ordinary service as the Governor may see fit, and in that event, any person authorized by the Governor may :

(i) enter upon the premises, ship, aircraft or vehicle where such electronic communications system, or any part thereof, is situated and take possession thereof; and

(ii) use the apparatus therein as stated in this paragraph;

(b) direct and authorize such persons as he thinks fit to assume control of any electronic communications service or radio apparatus operated either wholly or partly within Bermuda in such manner as he may direct, and such person may accordingly enter upon the premises of any person within Bermuda operating such electronic communications service and assume control of the whole or part thereof;

(c) suspend or amend, for such time as he thinks fit, the laws, rules and regulations applicable to any or all radio stations or devices capable of emitting electromagnetic radiation within Bermuda or the territorial waters thereof and :

(i) cause the closing of any radio station or any part thereof, or any device capable of emitting electromagnetic radiation which is suitable for use as a navigational aid beyond five miles, and the removal there from of its apparatus and equipment; or

(ii) authorize the use and control of any such radio station or device or its apparatus and equipment by any Government Department under such regulations as he may prescribe, and direct and authorize such persons as he thinks fit to enter upon the premises, ship, aircraft or vehicle where any radio station or device as aforesaid is located for the purposes of closing and sealing such radio station or device, and the removal of any apparatus or equipment or for the purpose of using or controlling any such radio station or device, as the case may be; and

(d) direct any communications provider :

(i) to submit to him, or any person authorized by him, all messages tendered within Bermuda for transmission or arriving in Bermuda by the system of electronic communications of any communications provider or any class or classes of such messages;

(ii) to stop or delay the transmission of or delivery of any such messages or deliver the same to him or his agent or transmit any messages or class or classes of messages according to a priority to be prescribed by the Governor; and

(iii) to obey all such directions with reference to the public electronic communications services within Bermuda or between Bermuda and other countries as he may prescribe and any such person operating an electronic communications service in Bermuda shall obey and conform to all such directions.

(2) At any time during which a proclamation of emergency under section 14 of the Constitution of Bermuda is in effect, the Minister may issue an order stating that the provisions of this Act and of the Convention relating to the matters specified in paragraphs (a) to (f) of section 4(2) shall not apply to the Police and the Bermuda Regiment until such time as the Minister may revoke the order or the proclamation of emergency ceases, whichever is the earlier.

Compensation for the exercise of emergency powers

52.-

(1) If the Governor exercises his powers under section 51 and a communications provider shows that as a result of the exercise of such powers its receipts during the period of such exercise of powers from public electronic communications services with respect to which the said powers have been exercised, or from any other systems of electronic communications owned or operated by it, have been less than its receipts from the same source during the corresponding period (averaged over the three-year period immediately preceding the exercise of such powers) the communications provider shall, other things being equal and subject to subsection (3), be entitled to reasonable compensation.

(2) Any compensation to be paid pursuant to subsection (1) shall be settled by agreement between the communications provider and the Governor or in case agreement cannot be reached may be determined by arbitration.

(3) The communications provider shall not be entitled to compensation if and so far as the exercise of the Governor’s powers under section 51 is made for the purpose of preventing direct communication with any of Her Majesty’s enemies and, except with the consent of the Governor, no such compensation shall be paid if and so far as those powers are exercised for the purpose of :

(a) preventing indirect or suspected communication with any of Her Majesty’s enemies; or

(b) protecting the interests of Her Majesty under the apprehension of impending war.

(4) In the event of an arbitration pursuant to subsection (2), the arbitrator shall take into account all the circumstances of the case including not only such loss as described in subsection (1) but also any additional profit accruing to a communications provider by reason of the emergency which gave rise to the exercise of those powers whether from :

(a) the use of the communications provider’s electronic communications system or services so taken possession of or controlled; or

(b) the use by it of any other system of electronic communications for the transmission of traffic which would normally have been handled by the communications provider’s electronic communications services so taken possession of or controlled.

(5) A certificate signed by the Minister to the effect that an order under the terms of section 51 was made in time of war or during a proclamation of emergency and in the public interest shall be conclusive evidence of a state of war or the existence of a proclamation of emergency and that the order was made in the public interest.

Governor may in public interest prohibit transmission, or authorize interception, of telecommunication

53.- Where the Governor is satisfied that the interests of defence, public safety, public order or public morality so require, he may, acting in his discretion, by warrant under his hand, direct that any message or other information, or any class of message or other information :

(a) brought for transmission by electronic communications shall not be transmitted; or

(b) brought for transmission, or transmitted or received or being transmitted, by electronic communications shall be intercepted or detained or disclosed to the Governor or to the public officer specified in the warrant.

Powers of search and forfeiture

54.-

(1) Where a magistrate is satisfied by information on oath that there is reasonable ground for suspecting that an offence under this Act or regulations has been committed and that evidence of the commission of the offence is to be found on any premises specified in the information, he may grant a search warrant to enter, at any time within one month from the date of such warrant, the premises specified in such information, and to search such premises, and to examine, test or take possession of or seal any electronic communications equipment, any information or record pertaining to any electronic communications equipment, or any information or record relating to the provision of public electronic communications services found thereon.

(2) In subsection (1), «premises» includes any British ship, aircraft, hovercraft, platform or rig registered in Bermuda whether within or outside Bermuda, or any structure or formation attached to any submarine area adjacent to the coast of Bermuda in respect of which Bermuda has the right to the exploitation of the seabed and subsoil thereof and used for any purpose authorized by or pursuant to any Act.

(3) A magistrate may, upon application by or on behalf of the Minister or by or on behalf of the Authority, order that any equipment in respect of which there has been a contravention or attempted contravention of this Act be forfeited, whether or not proceedings have been taken against any person in respect of the contravention or attempted contravention.

Limitation of certain restrictions in leases, licences and other agreements

55.-

(1) The Authority may, in order to promote effective competition and consumer choice, issue an adjudicative decision and order which shall have the effect of limiting or voiding any provision :

(a) contained in a lease, licence or other agreement relating to a particular end-user’s premises which imposes on the occupant a prohibition or restriction limiting the occupant’s choice of communications provider, or the person through which such services are arranged, to a person with an interest in the premises or that person’s designee; or

(b) contained in a lease whose term is one year or more in duration which imposes any other prohibition or restriction on a lessee with respect to an electronic communications service or a related activity inside the building or on the premises such as installation, maintenance or repair by giving such provisions effect as if the lessor, licensor or other party to the agreement had agreed not to withhold consent unreasonably for deviations from the applicable restrictions or prohibitions.

(2) The Authority shall consider all of the relevant circumstances in determining whether consent has been unreasonably withheld, subject to the principle that no end-user shall unreasonably be denied access to electronic communications.

(3) In respect of leases, licences or agreements granted or entered into before the commencement of this Act, the consent of the Minister shall be required before an adjudicative decision and order issued by the Authority pursuant to this section may take effect.

PART 11.- OFFENCES

Contravention of section 12 or section 18(6) an offence

56.-

(1) Any communications provider and any director, officer or employee of a communications provider who has official duties in connection with a communications provider and who contravenes any provision of section 12, 18(6) or of any regulations or administrative determination concerning the provision of electronic communications commits an offence triable either way and is liable on conviction :

(a) if an individual, to imprisonment for two years or a fine of $50,000, or both; or

(b) if a person, other than an individual, to a fine of $150,000; and

(c) in either case, in the event of a continuing offence, a further fine of $25,000 for every day during which the offence continues.

(2) Where any person is convicted of an offence under this section the court, where it is proved to its satisfaction that the contravention includes the illegal operation or possession of any apparatus, may order the confiscation of the apparatus.

Contravention of sections 38(1), 38(2) or 43 an offence

57.-

(1) Any person who contravenes any provision of sections 38(1), 38(2) or 43 or of any regulations or administrative determination concerning radio spectrum, radio stations or radio apparatus commits an offence triable either way and is liable on conviction :

(a) if an individual, to imprisonment for two years or a fine of to $50,000, or both; or

(b) if a person, other than an individual, to a fine of $150,000; and

(c) in either case, in the event of a continuing offence, a further fine of $25,000 for every day during which the offence continues.

(2) Where any person is convicted of an offence under this section the court, where it is proved to its satisfaction that the contravention includes the illegal operation or possession of any apparatus, may order the confiscation of the apparatus and any antenna.

Failure to pay fees imposed in accordance with sections 11, 15(b), 19, 34(6), 40, 46, 47(3) or 50(4)

58.- Any person who fails to pay a fee established in accordance with the provisions of sections 11, 15(b), 19, 34(6), 40, 46, 47(3) or 50(4) commits an offence triable either way and is liable on conviction :

(a) to a fine of $50,000 and a further fine of $5,000 for every day during which the offence continues; and

(b) to pay to the Authority a sum equal to twice the amount of any fee that would have been payable pursuant to the relevant section but for the commission of the offence.

Contravention of section 42 an offence

59.-

(1) Any person who wilfully contravenes any provision of section 42 commits an offence and is liable :

(a) if an individual :

(i) on summary conviction, to imprisonment for two years or a fine of $20,000, or both; or

(ii) on conviction on indictment, to imprisonment for five years or a fine of $50,000, or both; or

(b) if a person, other than an individual, triable either way and on conviction to a fine of $150,000 and in the case of a continuing offence a further fine of $5,000 for every day during which the offence continues.

(2) Where any person is convicted of an offence under this section the court, where it is proved to its satisfaction that the contravention includes the illegal operation or possession of any apparatus, may order the confiscation of the apparatus and any antenna.

(3) Where the court finds that harmful interference has been caused, whether wilfully or not, it may direct that the person responsible shall bear the costs of any technical investigation made in order to establish the existence and cause of such harmful interference.

Contravention of section 44(2) an offence

60.- In the event of a contravention of section 44(2) the master of the vessel or the captain of the aircraft, as the case may be, or the person at whose direction the radio apparatus was used, commits an offence triable either way and is liable on conviction to a fine of $50,000.

Transmitting or receiving messages by unlicensed means of electronic communications

61.- Any person who, knowing or having reason to believe that a means of transmitting telecommunication is being maintained in contravention of this Act, transmits or receives any messages by such means of electronic communications or performs any service incidental to the transmission or reception of any such message or delivers any message for transmission by such means of electronic communications or takes delivery of any message sent thereby commits an offence triable either way and is liable on conviction to a fine of $50,000.

Offences by communications providers and their directors, officers or employees

62.- Any provider of public electronic communications and any director, officer or employee of a communications provider who has official duties in connection with a public electronic communications service commits an offence triable either way if such person or persons :

(a) wilfully destroy, secrete or alter any message that they have received for transmission or delivery;

(b) forges any message, or utters or transmits any message that they know to be forged;

(c) wilfully abstain from transmitting any message or wilfully intercept or detain or delay any message, unless for legitimate service purposes in accordance with Schedule 2;

(d) otherwise than in pursuance of their duty or as directed by the Governor or a court, copy any message or disclose any message or the purport of any message to any person other than the person to whom the message is addressed; or

(e) uses information (from any message they have received for transmission or delivery) for personal reasons unrelated to official duties, and is liable on conviction to imprisonment for two years or a fine of $50,000, or both.

Destruction of messages by a person other than a director, officer or employee of a communications provider

63.- Any person, not being a director, officer or employee of a provider of public electronic communications commits an offence triable either way if he :

(a) wilfully destroys, secretes, detains or delays a message intended for delivery to some other person;

(b) having been required by a telecommunication officer to deliver up to him a message in the possession of that person and intended for delivery to some other person, refuses or neglects to do so; or

(c) knowingly or negligently delivers a message or communication to any person not authorized to receive the same, and is liable on conviction to imprisonment for one year or a fine of $50,000, or both.

Importation or sale of equipment in contravention of section 50

64.-

(1) A person commits an offence triable either way if he imports or sells any apparatus or equipment used for the provision of electronic communications networks or any radio station or apparatus in breach of section 50(1) and (2) and is liable on conviction :

(a) if an individual, to imprisonment for one year or a fine of $25,000, or both; or

(b) if a person, other than an individual, to a fine of $50,000.

(2) Where any person is convicted of an offence under this section the court, where it is proved to its satisfaction that the contravention includes the illegal importation or sale of any apparatus or equipment used for the provision of electronic communications networks or any radio station or apparatus, may order the destruction of the apparatus or equipment.

Damaging electronic communications apparatus with intent

65.-

(1) Any person commits an offence triable either way if he damages, removes or interferes in any way whatsoever with a electronic communications apparatus or uses it with intent to :

(a) prevent or obstruct the transmission or delivery of a message;

(b) intercept or discover the contents of a message; or

(c) defraud any person.

(2) Any person commits an offence triable either way if he without authorization connects to or wilfully damages, removes or interferes with any electronic communications apparatus including any apparatus which is designed or adapted for use in connection with the running of a cable television service and, in particular :

(a) any line, that is to say, any wire, cable, tube, pipe or other similar thing (including its casing or coating) which is so designed or adapted; or any structure, pole or other thing in, on, by or from which any electronic communications apparatus is or may be installed, supported, carried or suspended.

(3) A person guilty of an offence under this section is liable :

(a) if an individual, for each offence :

(i) on summary conviction, to a fine of $20,000 or imprisonment for one year, or both, and in the case of a continuing offence a further fine of $500 for every day during which the offence continues; or

(ii) on conviction on indictment, to imprisonment for five years or a fine of $50,000, or both, and in the case of a continuing offence a further fine of $1,000 for every day during which the offence continues; or

(b) if a person, other than an individual, triable either way, for each offence on conviction to a fine of $150,000 and in the case of a continuing offence a further fine of $5,000 for every day during which the offence continues.

Transmission of false messages

66.- Any person who transmits, or causes to be transmitted by electronic communications, a message that he knows to be false commits an offence triable either way and is liable on conviction to imprisonment for one year or a fine of $20,000, or both.

Obtaining public electronic communications service with intent to avoid charges

67.- Any person who obtains a public electronic communications service with intent to avoid payment of applicable charges for such service commits an offence and is liable for each offence :

(a) if an individual :

(i) on summary conviction, to imprisonment for one year or a fine of $20,000, or both; or

(ii) on conviction on indictment, to imprisonment for two years or a fine of $50,000, or both; or

(b) if a person, other than an individual, triable either way, on conviction to a fine of $150,000.

Improper use of public electronic communications service

68.-

(1) Any person commits an offence triable either way if he :

(a) sends, by means of a public electronic communications service, a message or other matter that is grossly offensive or of an indecent, obscene or menacing character;

(b) sends by those means, for the purpose of causing annoyance, inconvenience or needless anxiety to another, a message that he knows to be false or persistently makes use for that purpose of a public electronic communications service;

(c) by means of the telephone :

(i) makes any comment, request, suggestion or proposal which is obscene, lewd, lascivious, filthy, or indecent;

(ii) makes multiple telephone calls, whether or not conversation ensues, without disclosing his identity and with intent to annoy, abuse, threaten, or harass any person at the called number;

(iii) makes or causes the telephone of another repeatedly or continuously to ring, with intent to harass any person at the called number; or

(iv) makes repeated telephone calls, during which conversation ensues, solely to harass any person at the dialled number; or

(d) knowingly permits any electronic communications apparatus under his control to be used for any purpose prohibited by this subsection, and is liable on conviction to imprisonment for one year or a fine of $25,000, or both.

(2) Any person who by means of a public electronic communications service :

(a) obtains information from a computer which he is not authorized by the owner of the computer or the owner of the information to possess; or

(b) without the authority of the owner of the computer or the owner of the information changes information stored in a computer or in any way interferes with the programme, commits an offence and is liable on summary conviction to imprisonment for one year or a fine of $20,000 or both or, on conviction on indictment, to imprisonment for two years or a fine of $50,000 or both.

(3) Any person, be he a participant or not, in the act or acts penalized in subsection (2) who knowingly possesses any tape record, wire record, disk record or any other record of any information secured in the manner prohibited by subsection (2), or replays the same to any person or communicates the contents thereof whether complete or partial either verbally or in writing or in any other manner to any other person commits an offence and is liable :

(a) on summary conviction, to imprisonment for one year or a fine of $20,000 or both; or

(b) on conviction on indictment, to imprisonment for two years or a fine of $50,000 or both.

(4) For the purposes of subsection (2) «computer» means a programmable electronic device that can store and process data and from which data can be retrieved.

Contravention of section 30 an offence

69.- Any person who contravenes section 30(2) to (6) commits an offence and is liable :

(a) on summary conviction, to imprisonment for one year or a fine of $20,000 or both; or

(b) on conviction on indictment, to imprisonment for two years or a fine of $50,000 or both.

Contravention of section 53 an offence

70.- Any person who fails to comply with a warrant under section 53 commits an offence and is liable on summary conviction to imprisonment for one year or a fine of $20,000 or both.

Obstruction of Minister, etc an offence

71.- Any person who wilfully obstructs the Minister or the Authority or any public officer in the exercise of any power conferred upon him or them by section 54, or any other provision of this Act, commits an offence and is liable on summary conviction to imprisonment for six months or a fine of $10,000 or both.

PART 12.- TRANSITIONAL PROVISIONS

Application of Transitional Provisions

72.- The provisions of this Part, including the procedures and timetables herein, shall apply notwithstanding any contrary provisions contained in this Act or the Regulatory Authority Act 2011.

Transition to ICOLs and associated spectrum licences and permits

73.-

(1) The Minister, no later than 10 days following the date of commencement of this Part, shall direct the Authority to initiate a public consultation concerning the basic terms and conditions of the ICOL, and the Authority shall :

(a) initiate a public consultation no later than five days following receipt of the Minister’s direction by publishing a document containing the proposed set of basic terms and conditions to be in the ICOL, including those provided in section 17(2); and

(b) submit to the Minister a proposal for a standard form of ICOL no later than 60 days following the date of initiation of the consultation.

(2) The Minister, within 30 days of the date on which the Authority submits the proposed standard form of ICOL, shall :

(a) make regulations that establish the basic terms and conditions of the ICOL; and

(b) direct the Authority, in the public interest, to modify the terms and conditions of each licence or deemed licence held under the Telecommunications Act 1986, on the date of commencement of this Part, by an entity listed in Schedule 1, for the purposes of :

(i) expanding the scope of all such pre-existing licences to authorize each licence holder to operate and provide any and all public electronic communications in accordance with section 18(1), for a period not exceeding 20 years from the date on which the licence modifications come into operation, subject to the limitations in subsection (5);

(ii) normalizing all such pre-existing licences to ensure that they conform to the provisions of this Act and the regulations referred to in paragraph (a); and

(iii) ensuring that the terms and conditions applicable to all ICOL holders are as homogenous as possible and not unreasonably discriminatory; and

(c) direct the Authority to issue any associated spectrum licences reflecting each such licence holder’s spectrum assignments as at the date of commencement of this Part, in accordance with section 38, provided that :

(i) any such spectrum licences shall have a duration of 18 months from the date of issue;

(ii) the holders of any such licences shall be subject to a requirement to pay any fees for use of the spectrum that may be imposed in accordance with section 40; and

(iii) all such licence holders that were responsible for paying, or for collecting and remitting, to the Minister any licence fees for the use of radio communication equipment as at the date of commencement of this Part in accordance with the Government Fees Regulations 1976 shall continue to be required to pay such fees until a new Schedule of fees is established.

(3) The Authority shall issue a decision and order modifying each of the licences of the communications providers in Schedule 1, which shall :

(a) have the effect of converting their pre-existing licences into ICOLs in conformity with the regulations made by the Minister under subsection (2) (a);

(b) provide for the issuance of associated spectrum licences, if any; and

(c) be issued by the Authority no later than 150 days following the date of commencement of this Part.

(4) The modifications ordered by the Authority for all pre-existing licences held by the communications providers listed in Schedule 1 shall :

(a) take effect on the date specified by the Minister in a direction to the Authority and stipulated in each of the modified licences, subject to the limitations of subsection (5) respecting the operation of certain provisions of the modified licences;

(b) come into operation in any event no later than 30 days following publication of the modification orders issued by the Authority; and

(c) take effect on the same date, subject to the limitations of subsection (5) respecting the operation of certain provisions of the modified licences.

(5) The operation of certain provisions of any ICOL referred to in subsection (3) shall be suspended automatically insofar as they authorize the licence holder to construct, provide or offer any additional electronic communications networks or electronic communications services that were not authorized by the licence holder’s pre-existing public telecommunications licence, or otherwise lawfully permitted as at the date of commencement of this Part, under either of the following circumstances :

(a) if the Authority determines, in accordance with section 74(b), that a licence holder, individually or together with others, has significant market power in one or more relevant markets, in which case suspension of the relevant provisions shall continue in effect as applied to that licence holder until the Authority issues a written notice, and publishes such notice on its official website, confirming that such licence holder has satisfactorily complied with any ex ante obligations imposed by the Authority in accordance with section 24; or

(b) if the Authority determines, in accordance with section 74(c), that a licence holder has failed to pay any fees found to be due and payable under its preexisting licence, in which case suspension of the relevant provisions shall continue in effect until the Authority issues a notice, and publishes such notice on its official website, confirming that all amounts in arrears have been paid in full to the Authority for transfer to the Consolidated Fund.

(6) For the purposes of this section, the Bermuda Telephone Company Acts shall together be deemed to constitute a licence granted to the Bermuda Telephone Company and in effect as at the date of commencement of this Part.

(7) The licence held by the Bermuda Land Development Company Limited («BLDC») as at the date of commencement of this Part shall be modified in accordance with subsection (3), provided, however, that :

(a) the geographic scope of the modified licence shall be coextensive with the scheduled properties in the Base Lands Development Act 1996 in respect of BLDC’s provision of electronic communications networks;

(b) BLDC shall be authorized to market, offer, sell or provide services only to customers that are tenants occupying one or more of the scheduled properties referred to in paragraph (a) for their use in connection with such property, or to other duly authorized communications providers serving or seeking to serve such customers; and

(c) these geographic limitations shall remain in effect for at least as long as the total number of ICOLs in effect remains limited in accordance with the licensing policy established by the Minister.

(8) Until such time as the Authority has determined that number portability or the equivalent has been implemented in accordance with section 47 :

(a) ICOL holders that have been assigned numbers under the numbering plan shall provide end-users with carrier pre-selection for international calls; and

(b) the Authority, following a consultation, may adopt an interim solution to ensure that end-users are able to port their telephone numbers from one ICOL holder to another for some or all categories of calls on reasonable terms and conditions, unless the Authority determines that it is in the public interest to maintain carrier pre-selection.

(9) Notwithstanding subsection (8), the Authority has a discretion to retain or eliminate carrier pre-selection.

Timing of other actions by the Authority to facilitate the transition to ICOLs

74.- The Authority shall :

(1) issue a notice in accordance with section 22 no later than 10 days following the commencement of this Part;

(2) initiate one or more public consultations by publishing a preliminary decision and order, including a proposed general determination, in accordance with section 23(4) no later than 30 days after the date of commencement of this Part and, notwithstanding the process in section 72 of the Regulatory Authority Act 2011 :

(a) on that basis make one or more general determinations designating any operator with significant market power, whether individually or together with others, in a relevant market or markets no later than 90 days after initiating the consultation; and

(b) following a public consultation, issue decisions and orders specifying any applicable ex ante remedies in accordance with section 24 no later than 240 days following the date of commencement of this Part;

(c) initiate an investigation no later than 60 days after the commencement of this Part to determine whether all fees due and payable by any licence holder listed in Schedule 1 as at the date of commencement of this Part under its pre-existing licence have in fact been paid in accordance with the Government Fees Regulations 1976, and issue an administrative determination within 60 days following initiation of the investigation that specifies :

(i) any amounts which the Authority determines are in arrears, including any applicable interest and penalties; and

(ii) the calculations supporting its determination; and

(d) initiate a public consultation by :

(i) publishing a preliminary decision and order, including a proposed general determination, in accordance with sections 16(2)(b) to (d) and section 17(1) in relation to class licenses, licence exemptions and any other types of COL that the Authority deems necessary as a transitional measure, no later than 30 days after the date of commencement of this Part; and

(ii) on that basis, notwithstanding the process set out in section 72 of the Regulatory Authority Act 2011, make a general determination no later than 90 days after initiating the consultation in respect of the relevant licensing procedures that shall be in effect during the moratorium period established pursuant to section 75 of this Act.

Moratorium on the award of ICOLs and other public communications operating licences

75.-

(1) No earlier than one year following the date of commencement of this Part and no later than three years after such date, the Minister shall direct the Authority to commence a review to determine whether further liberalisation of the electronic communications sector would be in the public interest, including by means of awarding any additional ICOLs or other types of public COLs, taking into account among other factors the impact on investment and sustainable competition in the electronic communications sector and the benefits to consumers.

(2) The Authority shall conduct the review referred to in subsection (1), following the procedures and timetable for sectoral reviews in section 17 of the Regulatory Authority Act 2011, unless the Minister directs otherwise.

(3) The Authority shall submit its recommendations to the Minister, and the Minister shall give due consideration to the Authority’s findings and conclusions in making a decision whether to authorize the grant of additional ICOLs or other types of public COLs and establishing a date or dates for the grant of any such licences.

(4) The Authority may, after conferring with the Minister, delay the commencement of the first sectoral review provided for in section 17(5) of the Regulatory Authority Act 2011 by no more than two years if the Authority concludes that such a postponement is justified in light of the data obtained or expected to be obtained from the market reviews and the liberalisation review referred to in subsection (1) and section 74(b).

(5) Prior to the date or dates determined by the Minister pursuant to subsection (3), neither the Minister nor the Authority may grant :

(a) any additional ICOLs to licensees not listed in Schedule 1; or

(b) any COLs not otherwise authorized by section 73, with the exception of :

(i) COLs authorizing the provision of satellite services; and

(ii) COLs for the provision of other public electronic communications networks or services to any communications provider that was providing public telecommunications services for a period of at least the six months immediately before the date of assent to this Act, provided that all of the following conditions are met :

(A) the communications provider applies for a new COL or a normalized COL no later than 150 days following the date of commencement of this Part;

(B) any such communications provider is determined by the Authority to have paid any and all fees due and payable in accordance with the Government Fees Regulations 1976;

(C) the scope of electronic communications authorized by any licence issued or normalized pursuant to this paragraph shall be limited to the type or types of electronic communications that the communications provider can document it was providing on a commercial basis six months prior to the date of assent to this Act, as determined by the Authority; and

(D) the Minister, following a public consultation and an affirmative recommendation by the Authority, determines that the grant or normalization of any such licence is in the public interest and instructs the Authority to issue a limited COL, which shall have retroactive effect to the date of commencement of this Act.

(c) any class COLs or exemptions from the obligation to hold a COL, except as provided in section 16(2)(d)(i) to (iii).

Normalization of other licences and grant of associated spectrum licences and permits

76.- The Authority, with the written consent of the Minister, shall establish procedures for :

(a) the normalization of any licences granted prior to the date of commencement of this Part and authorized in accordance with this Act, and not otherwise covered by section 73 or 75(5); and

(b) the grant of any associated spectrum licences and permits reflecting each such licence holder’s spectrum assignments as at the date of commencement of this Part, in accordance with section 38, provided that such spectrum licences shall have a duration of 18 months from the date of issue.

Nullification of certain licences

77.- Any licences authorizing the provision of electronic communications that were granted prior to the commencement of this Part and which the Authority determines, following an adjudication, are not eligible to be authorized under this Act in accordance with Schedule 1 or sections 75(5)(b) and (c) shall be null and void and deemed to be revoked by the Minister.

Transitional spectrum investigation

78.- The Authority shall conduct an investigation of the spectrum assignments reflected in the spectrum licences granted to ICOL holders pursuant to section 73(2)(c) and any other COL holders pursuant to section 76 for the purpose of determining whether the frequencies assigned are being utilized efficiently, and the Authority may, upon expiry of the 18 month term :

(a) decline to renew the spectrum licence; or

(b) modify the spectrum licence to authorize the use of a reduced amount of spectrum,

if the licence holder fails to demonstrate a reasonable need for some or all of the spectrum assigned to it, and the Authority concludes that such measures are necessary to ensure the efficient use of spectrum.

Status of pre-existing instruments

79.-

(1) All statutory instruments, administrative determinations, authorizations and adjudicative decisions and orders or their equivalent that :

(a) relate to electronic communications;

(b) were made or given effect in accordance with the Telecommunications Act 1986; and

(c) were in operation as at the date of commencement of this Act,

shall remain in full force and effect until their disposition is determined by the Minister or the Authority, as the case may be, in accordance with the provisions of this Act and section 17 of the Interpretation Act 1951.

(2) Notwithstanding subsection (1), in the event of an irreconcilable conflict between this Act and any legal instruments remaining in effect during the transition pursuant to subsection (1), the provisions of this Act shall prevail from the date of commencement of the relevant section of this Act.

Transitional provisions relating to pending matters and pre-existing agreements

80.-

(1) The provisions of sections 21, 23, 23A, 42A and 43 of the Telecommunications Act 1986, shall remain in full force and effect :

(a) in the case of any communications provider that is designated as having significant market power in any relevant market pursuant to section 74(b) (i), until the Authority publishes a written notice confirming that the communications provider has complied with all applicable ex ante obligations in accordance with section 73(5)(a); or

(b) in the case of a communications provider that is not designated as having significant market power in any relevant market pursuant to section 74(b) (i), one day after the date on which the Authority issues a general determination pursuant to section 74(b)(i).

(2) In reaching a decision or decisions in the first round of market reviews in accordance with section 74(b) or in any other consultation that is completed within one year of the date of commencement of this Part, the Authority may rely on information and evidence obtained or conclusions reached by the Minister, the Department of Telecommunications or the Telecommunications Commission on or after 30 June 2008.

(3) Any matters relating to the electronic communications sector pending before the Minister or the Telecommunications Commission as at the date of commencement of this Part shall be transferred to the Authority for resolution in accordance with the procedures established by the Regulatory Authority Act 2011, subject to any modifications that the Authority may deem appropriate and efficient, depending on the status of each case.

(4) The Authority may require modifications to any interconnection agreement to which a communications provider with significant market power is a party, and which was in effect as at the date of commencement of this Part, in order to bring such agreement into conformity with the provisions of this Act when imposing obligations pursuant to section 24(1).

Transitional provisions relating to government authorization fees

80.-

(1) The fees applicable to participants in the electronic communications sector under the Government Fees Regulations 1976 immediately prior to the commencement of this Part shall remain in effect without change until modified, suspended or withdrawn by amendment to the Government Fees Regulations 1976.

PART 13.- FINAL PROVISIONS

Interpretation of the Bermuda Telephone Company Acts and the Base Lands Development Act 1996

82.- To the extent possible, the provisions of the Bermuda Telephone Company Acts and the Base Lands Development Act 1996 shall be construed consistently with the provisions of this Act and, in the event of an irreconcilable conflict, the provisions of this Act shall prevail.

Application of Telecommunications Act 1986

83.-

(1) The Minister may make regulations which amend or repeal provisions of the Telecommunications Act 1986 in their application to the electronic communications sector (other than broadcasting) as may be necessary or expedient as a result of, or in anticipation of, the coming into operation of provisions of this Act.

(2) Accordingly, and as provided by such regulations, the Telecommunications Act 1986, or specified provisions of that Act, will cease to apply to the electronic communications sector (other than broadcasting) or to any class or category of communications provider.

(3) For the avoidance of doubt, regulations under this section shall not affect the continuing application of the Telecommunications Act 1986 to broadcasting.

Crown binding

84.- This Act binds the Crown.

Parliamentary scrutiny

85.- Unless this Act expressly provides to the contrary, any statutory instrument made by the Minister pursuant to this Act shall be subject to the negative resolution procedure.

Commencement

86.- This Act, or any provisions of this Act, shall come into operation on such day or days, and in respect of such class or category of communications provider, as the Minister appoints by notice in the Gazette, provided that all the provisions of Part 12 shall come into operation on the same day.

SCHEDULE 1

(section 73)

LIST OF ENTITIES WITH LICENCES ELIGIBLE FOR CONVERSION TO INTEGRATED COMMUNICATIONS OPERATING LICENCES IN ACCORDANCE WITH SECTION 73

The following are the entities referred to in section 73(2)(b) :

1 BDB Ltd.

2 Bermuda Cablevision Limited

3 Bermuda Digital Communications Ltd.

4 Bermuda Land Development Company Limited (subject to the geographic limitations set out in section 73(7))

5 Bermuda Telephone Company Limited

6 Brasil Telecom Subsea Cable Systems (Bermuda) Ltd.

7 Cable Co. Ltd.

8 Deltronics Limited

9 Digital Mobile Television Limited

10 Electronic Communications Limited

11 FKB Net Ltd.

12 iTech (Bermuda) Limited

13 LinkBermuda Ltd.

14 Logic Communications Ltd.

15 North Rock Communications Ltd.

16 Quantum Communications Limited

17 TeleBermuda International Limited

18 Telecommunications (Bermuda & West Indies) Limited

19 Telecommunications Networks Limited

20 Transact Limited

21 World on Wireless Limited

SCHEDULE 2

(section 30(7))

COMMUNICATIONS ASSISTANCE FOR LAW ENFORCEMENT

Interpretation

1.- In this Schedule, unless the context otherwise requires :

«call-identifying information» means dialling or signalling information that identifies the origin, direction, destination or termination of each telecommunication generated or received by a subscriber by means of any electronic communications facility or service of a communications provider;

«commercial mobile service» means any mobile service that is provided for profit and makes interconnected service available to the public or to such classes of eligible users as to be effectively available to a substantial portion of the public;

«electronic communications support services» means a product, software, or service used by a communications provider for the internal signalling or switching functions of its electronic communications network;

«facility» means any facility, electronic communications apparatus or other thing that is used for electronic communications or for any operation directly connected with electronic communications;

«mobile service» means a radio communication service carried on between mobile stations or receivers and land stations and by mobile stations communicating among themselves, and includes :

(a) both one-way and two-way radiocommunication services; and

(b) a radiocommunication service which provides a regularly interacting group of base, mobile, portable, and associated control and relay stations (whether licensed on an individual, cooperative or multiple basis) for private one-way or two-way land mobile radio communications by eligible users over designated areas of operation;

«pen register» means a device or process which records or decodes dialling, routing, addressing or signalling information (other than the contents of a communication) transmitted by an instrument or facility from which a telecommunication is transmitted, but does not include :

(a) any device or process used by a provider or customer of an electronic communications service for billing or recording as an incident to billing, for communications services provided by such provider; or

(b) any device or process used by a provider or customer of a wire communication service for cost accounting or other like purposes in the ordinary course of its business;

«telecommunication» means a message, signal or any other information transmitted by means of electronic communications, but does not include :

(a) a communication made through a tone-only paging device;

(b) a communication from a tracking device; or

(c) electronic funds transfer information stored by a financial institution in a communications system used for the electronic storage and transfer of funds;

«trap and trace device» means a device or process which captures the incoming electronic or other impulses which identify the originating number or other dialling, routing, addressing and signalling information (other than the contents of a communication) that is reasonably likely to identify the source of a telecommunication;

«wire» or «wire communication» means the transmission of writing, signs, signals, pictures and sounds of all kinds by aid of wire, cable, optical fibre, or other such like physical connection between the points of origin and the reception of such transmission, including all instrumentalities, facilities, apparatuses, and services (including, the receipt, forwarding, and delivery of communications) incidental to such transmission and cognate expressions shall be construed accordingly.

Assistance capability requirements

2.-

(1) Subject to subparagraphs (2) to (5), a communications provider shall ensure that its electronic communications facilities and services that provide a customer or subscriber with the ability to originate, terminate or direct communications are capable of :

(a) expeditiously isolating and enabling the Police, pursuant to a warrant issued by the Governor under section 53, to intercept, to the exclusion of any other communications, all electronic communications carried by the communications provider within an electronic communications service area to or from electronic communications facilities or services of a subscriber of such communications provider :

(i) concurrently with their transmission to or from the subscriber’s electronic communications facility or service; or

(ii) at such later time as may be acceptable to the Police;

(b) expeditiously isolating and enabling the Police, pursuant to a warrant issued by the Governor under section 53, to access call-identifying information that is reasonably available to the communications provider :

(i) before, during or immediately after the transmission of a telecommunication (or at such later time as may be acceptable to the Police); and

(ii) in a manner that allows it to be associated with the communication to which it pertains;

(c) delivering intercepted communications and call-identifying information to the Police, pursuant to a warrant issued by the Governor under section 53, in a format such that they may be transmitted by means of electronic communications facilities or services procured by the Police to a location other than the premises of the communications provider; and

(d) facilitating authorized communications interceptions and access to callidentifying information unobtrusively and with a minimum of interference with any subscriber’s electronic communications service and in a manner that protects :

(i) the privacy and security of communications and call-identifying information not authorized to be intercepted; and

(ii) information regarding the interception by the Police of communications and Police access to call-identifying information.

(2) This paragraph does not authorize the Police :

(a) to require any specific design of electronic communications facilities, services, features, or system configurations to be adopted by any communications provider or provider of electronic communications support services; or

(b) to prohibit the adoption of any electronic communications facility, service or feature by any communications provider or provider of electronic communications support services.

(3) The requirements of subparagraph (1) do not apply to electronic communications facilities and services that support the transport or switching of communications for private networks or for the sole purpose of interconnecting communications provider.

(4) In emergency circumstances, a communications provider at its discretion may comply with subparagraph (1)(c) by allowing monitoring at its premises if that is the only means of accomplishing the interception or access.

(5) A communications provider that :

(a) provides a commercial mobile service offering a feature or service which allows subscribers to redirect, hand off or assign their electronic communications to another service area or another communications provider or to utilize facilities in another service area or of another communications provider; and

(b) had been providing assistance for the interception of electronic communications or access to call-identifying information pursuant to a warrant issued by the Governor under section 53, but no longer has access to the content of such communications or call-identifying information within the service area in which interception has been occurring as a result of the subscriber’s use of such a feature or service, shall ensure that information is made available to the Police (before, during or immediately after the transfer of such communications) identifying the provider of an electronic communication service that has acquired access to the communications.

Capacity requirements

3.-

(1) The Minister shall, after consulting with the Minister responsible for public safety, publish in the Gazette a notice of  :

(a) the actual number of communication interceptions, pen registers and trap and trace devices, representing a portion of the maximum capacity under paragraph (b), that the Minister responsible for public safety estimates the Police may conduct and use simultaneously by the date that is three years after the date of publication of the notice; and

(b) the maximum capacity required to accommodate all of the communication interceptions, pen registers and trap and trace devices that the Minister responsible for public safety estimates the Police may conduct and use simultaneously after the date that is three years after the date of publication of the notice.

(2) Within one year after the publication of a notice under subparagraph (1), a communications provider shall ensure that its systems are capable of accommodating simultaneously the number of interceptions, pen registers and trap and trace devices specified in the notice under subparagraph (1)(a).

(3) Within three years after the publication of a notice under subparagraph (1), a communications provider shall ensure that it can accommodate expeditiously any increase in the actual number of communication interceptions, pen registers and trap and trace devices that the Police may seek to conduct and use, up to the maximum capacity requirement specified in the notice under subparagraph (1)(b).

(4) The Minister may from time to time, after consulting with the Minister responsible for public safety, vary the maximum capacity requirement issued under subparagraph (1)(b) and the Minister shall publish a notice of any such variance in the Gazette.