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01Ene/14

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Introducción

La organización de la infraestructura institucional de los nombres de dominio ha sido muy dinámica, al igual que la evolución misma de este sistema de direcciones digitales. La aparición, desaparición, despliegue y restricción de entidades y facultades creadas para regir el funcionamiento adecuado de este sistema ofrecen una visión de lo complejo que ha resultado y resulta controlar una institución como los nombres de dominio, la cual, de algún modo, ha sido creada con el objetivo de establecer sobre determinados estándares comerciales la esencia de la comunicación dentro de una red global creada con las características fundamentales de la libertad cuasi absoluta y de la ingobernabilidad.

Las organizaciones involucradas en el desarrollo de este sistema de direcciones en ocasiones han sido instituciones como la ISOC (Internet Society) que no fueron creadas para la actividad específica de gestión de los nombres de dominio. Sin embargo, han colaborado de forma extraordinaria con su labor a la adaptación de este sistema a las necesidades de las diversas comunidades de cibernautas. Otras entidades como la IAHC (International Ad Hoc Committe) han sido concebidas para estos fines y, después de cumplir su cometido, han desaparecido, dejando tras de sí un camino labrado, cuyos frutos han quedado prestos a ser recogidos a corto plazo.

Las organizaciones más relevantes dentro de la etapa de creación y desarrollo de los nombres de dominios son:

» IANA (Internet Assigned Numbers Authority)
» ISOC (Internet Society o Sociedad de Internet)
» IAHC (International Ad Hoc Committe)
» NSI (Network Solutions, Inc.)
» ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
» NICs (Networks Informations Centers)
» OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual)

El desempeño de la mayoría de estas organizaciones ha estado indisolublemente ligado al progreso de Internet como red global, por lo que en muchas discusiones doctrinales sobre el tema «Gobierno de Internet» la mira de los defensores de este término se centra en instituciones u organizaciones que están o han estado vinculadas a la actividad de administración y gestión del Sistema de nombres de dominio.

Network Solutions, Inc. (NSI)

En sus inicios, la gran red que conocemos como Internet era una red que operaba únicamente en territorio norteamericano y que estaba destinada para servicios militares y científicos; su denominación era ARPAnet. Ésta posteriormente devino en NSFnet, una red educativa con miras a la expansión global. En esta etapa, el sistema de nombres de dominio ya era dirigido por la anfitriona de esta potencial red global, la National Science Foundation, más conocida como NSF, la cual es una institución académica norteamericana de vasto prestigio. Posteriormente nace Internet, y comienza entonces un proceso acelerado de interconexión de estas redes con otras, de manera que llega el momento en que la red alcanza tales dimensiones que la NSF se vio compelida a «convocar un concurso para desarrollar ciertos servicios capaces de mejorar la red, los denominados Network Services Managers» (1). El ganador de dicho concurso fue la empresa privada Network Solutions Inc., más conocida por NSI.

NSI comenzó entonces a prestar servicios desde los inicios del despegue de Internet, moviéndose ya en la materia de los nombres de dominio y las direcciones IP. La NSI desempeña la importantísima labor de ser la administradora y registradora inicial de los gTLD históricos .com, .net y .org, actividad por la que obtuvo provechosas ganancias, pues a partir de 1996 la NSI fue autorizada a cobrar por la asignación de dominios. Este servicio lo prestó de forma casi monopólica con el respaldo de un acuerdo firmado con el gobierno de los Estados Unidos y la anuencia dada a este estatus por el Libro Verde, publicado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, el 30 de enero de 1998, el cual fue objeto de muchas críticas. Esta situación forzó al gobierno de William Clinton a modificar en algo su posición al respecto y publicar el Libro Blanco, el 5 de junio de 1998. Desde mediados del año 2000, evidenciando el proceso de desmonopolización del registro de los gTLD que se propuso desde la publicación del Libro Blanco, la NSI dejó de ostentar el monopolio para los denominados dominios históricos de primer nivel, pues ya se le habían sumado otras entidades competitivas como es el caso del CORE, Internet Council of Registrars, cuyo consejo mismo constituía una entidad registral que nacía en el seno de otra organización, el IAHC.

La NSI sigue siendo el registrador oficial de nombres de dominio en los Estados Unidos, debido al acuerdo firmado con la National Science Foundation. La NSI realiza sus funciones asociada a InterNIC, otro registrador norteamericano, que está encargado de delegar algunas funciones a los NICs nacionales, en esencia relacionadas con el registro de nombres de dominio de segundo nivel bajo el código de país que corresponde a los Estados Unidos de América. En resumen, estas dos instituciones llevan a cabo la actividad registral de los dominios genéricos .com, .net y .org, al igual que los registros del ccTLD nacional para el .us, nombre de dominio muy poco utilizado en la práctica registral de nombres de dominio en territorio Estadounidense.

International Ad Hoc Committe (IAHC)

En noviembre de 1996, con motivo de un plan de reestructuración llevado a cabo por la ISOC y la IANA, fue instituido el IAHC, International Ad Hoc Committe, órgano formado por un cuerpo de once miembros que incluía a representantes de la OMPI, de la International Trademark Association (INTA) y de otras organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales de gran peso en Internet.

A pesar de su corta permanencia dentro del ámbito de las organizaciones rectoras del sistema de nombres de dominio, el IAHC realizó aportes de gran envergadura para el progreso del sistema de direcciones de Internet. La misión para la que fue concebido este comité consistía en «considerar propuestas para incrementar la competencia en el negocio del registro de nombres de dominio, reducir la cantidad de disputas sobre dominios y ampliar la participación y el control internacional en el proceso de registro»(2).

La labor llevada a cabo por el IAHC, que culminó con la publicación de su Plan Final, el 4 de febrero de 1997, es considerada la etapa inicial de los debates que han llevado a estudios más completos sobre la materia, como los procesos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativos a los nombres de dominio. A partir de estudios investigativos y discusiones en foros de este tipo, una aplicación informática como los nombres de dominio se transformó en poco tiempo en una institución jurídica de las más polémicas en el mundo de los estudiosos de los fenómenos del Derecho en su relación con las nuevas tecnologías.

En dicho Plan, el IAHC elaboró una serie de recomendaciones para el mejoramiento, si no instantáneo, al menos a corto plazo, del registro de nombres de dominio. En el programa se lanzó la propuesta de nuevos dominios genéricos encaminados a descongestionar el dominio genérico .com. Se propusieron también aproximadamente 28 nuevos registradores, quienes podrían, al iniciar sus funciones, comenzar a registrar dominios bajo cualquiera de los siete nuevos gTLD. Lo que no quedó expresamente claro fue si estos nuevos registradores podrían registrar también bajo los dominios .com, .net y .org, ayudando aún más a desmonopolizar la actividad registral de los mismos. Por otro lado, no fue aprobada para ser incluida en dicho Plan Final la propuesta hecha por el IAHC de imponer un plazo de 60 días para conceder el registro de los nombres de dominio, instando de esta forma a realizar una búsqueda exhaustiva obligatoria con el fin de disminuir la multitud de litigios que acaecían a diario y que traían como consecuencia que muchos nombres de dominio permanecieran en suspenso en tanto duraba el procedimiento para resolver la litis. Sin embargo, en respuesta a la eliminación de esta propuesta, se creó y puso en vigor un sistema de mediación en línea que ha sido un excelente precedente para prácticas ulteriores con procedimientos similares en esta materia.

El IAHC se autodisolvió en mayo de 1997 con la firma y suscripción, por cerca de 200 países, de un documento elaborado por dicha entidad que se conoció como «gTLD-MoU» o «Memorándum de entendimiento sobre el espacio de nombres de dominio de nivel superior genéricos del sistema de nombres de dominio de Internet», con el que se perseguía el propósito de reestructurar el sistema de nombres de dominio. Este documento fue respaldado por diversas organizaciones de ámbito mundial, dentro de las que se encontraban la OMPI y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (3).

Internet Society (ISOC)

La ISOC, Internet Society o Sociedad de Internet, es una organización que, a pesar de no haber sido creada para la gestión y el tratamiento del tema específico de los nombres de dominio, colaboró de manera activa en el proceso de reestructuración del DNS. Su función más bien responde a la necesidad de tener una organización activa que aglutine a las instituciones afines al problema de la administración de la red, como lo hizo en un inicio la IETF, Internet Engineering Task Force, y la IANA. Como ha demostrado a lo largo de su trayectoria, esta organización ha tenido como objetivo principal el constituir un centro de cooperación y coordinación global para el desarrollo de protocolos y estándares compatibles para Internet. Por este motivo, la ISOC es la encargada de proveer una gran parte de los recursos financieros de la IETF, así como de brindarle apoyo jurídico y fiscal, encargándose igualmente de concebir su estructura corporativa. Asimismo, la ISOC ha creado otras asociaciones como el IAB, Internet Architecture Board, el IESG, Internet Engineering Steering Group, y la IANA, Internet Assigned Numbers Authority.

La ISOC constituyó un modelo avanzado desde el punto de vista constitutivo en cuanto a otras entidades que habían sido creadas anteriormente para fines relacionados con temas de Internet, pues está presente en ella un componente de sociedad masiva o «mass membership component» acorde a su término en inglés. Esta sociedad, fundada en 1992, está compuesta por socios individuales y organizaciones que suman en la actualidad más de 6000 socios, dentro de los que se cuentan universidades y organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Dentro de los socios individuales de la ISOC que se mantuvieron activos en la creación de ICANN estaba Jon Postel (4). La labor de este conocido personaje en todo lo que ha constituido la creación de la red de redes fue de suma importancia, y así fue desde su trabajo dentro de la ISOC o desde la dirección de la IANA, desde donde se mantuvo controlando la gestión del sistema de nombres de dominio, y en su labor como editor de los RFC (5). Precisamente en 1996 la ISOC presentó un documento que se conoció como «Draft Postel». En dicho documento la entidad asumía la responsabilidad para la coordinación técnica del DNS, de manera que la ISOC podría estar, en caso de que se hubiese aprobado la propuesta, desempeñando el papel que asume hoy la ICANN.

La ISOC no fue favorecida con la nueva política seguida a partir de la publicación del Libro Verde y posteriormente del Libro Blanco por el gobierno de los Estados Unidos en 1998. En ambos se adoptó la línea de abogar por la necesidad de una organización sin ánimo de lucro, la cual debía estar integrada por usuarios con una estructura concebida en forma de miembros unidos en asociación. Se sugiere además en dichos documentos que los usuarios verían directamente representados sus intereses por conducto de una sencilla mediación entre los usuarios y su junta de representantes. La ISOC fue considerada una asociación profesional y, por eso, quedó fuera de las posibles candidatas al puesto que hoy ocupa la ICANN.

A pesar de ello, la ISOC ha desempeñado una trascendente función de coordinación técnica, en especial con la IANA, brindando su apoyo desde el inicio de la reestructuración del sistema de nombres de dominio.

Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

Una figura polémica dentro de la estructura institucional actual del DNS es la IANA, Internet Assigned Numbers Authority. La IANA hace su aparición en 1996 cuando se avecinaba, sin remedio, una nueva etapa sumamente compleja por el crecimiento acelerado de Internet y de los litigios que se suscitaban en la red con relación a los nombres de dominio.

Apenas fue constituida, la IANA comenzó su quehacer para reestructurar el sistema de nombres de dominio. Para lograr una mejor coordinación en el estudio de la materia, crea el IAHC y, con los logros que comienza a alcanzar en la reorganización de la situación de los nombres de dominio, se coloca en la vanguardia de las entidades que laboraron en esta materia. «La IANA fue encargada de la tarea de asignar y coordinar direcciones inequívocas (direcciones IP) y nombres de dominio en Internet por la ISOC y el US Federal Networking Council. IANA delegó la administración práctica de la asignación y registro de nombres de dominio a los así llamados Network Information Centers (NICs). En ese contexto, la asignación y registro de nombres de dominio bajo TLD genéricos se coordina a lo largo del mundo por InterNIC, a la que fue confiada esta tarea en 1993, con arreglo a un acuerdo concluido entre el gobierno estadounidense, representado por la NSF y las compañías AT&T, General Atomic y NSI. En virtud de tal acuerdo, la responsabilidad por la administración de los procedimientos de los registros descansan en la compañía NSI» (6).

Debido a la función para la cual fue destinada, la IANA quedó concebida como el órgano rector en materia de dominios. Sin embargo, a partir de 1998 surge una nueva entidad con igual función rectora en la materia y siguiendo en este caso las características que se requerían según el Libro Blanco publicado por la Administración Clinton. La IANA no desaparece, pero desde ese momento es despojada de sus facultades de administrar la política de asignación de nombres y números de Internet, y estas facultades son transferidas a la ICANN, existiendo una controversial coexistencia entre dos organizaciones rectoras de la misma materia. La IANA ha quedado, por tanto, a la espera de que le asignen nuevas funciones para realizar sus habituales tareas relacionadas con la gestión de los nombres de dominio.

A la ICANN se le transfirieron incluso todos los fueros relativos a la toma de decisiones en el tema. Así, es este organismo quien valoró la implantación práctica de los nuevos dominios propuestos en el Plan Final de la IAHC, y es precisamente ICANN la que también lleva a cabo el examen de las recomendaciones expuestas en los informes finales de los procesos de la OMPI para adoptar las medidas que se estimen necesarias e idóneas para el funcionamiento del DNS.

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

Basándose en las sugerencias recibidas, después de haber realizado una invitación a formular comentarios para expertos e interesados en el tema, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, específicamente la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA), órgano dependiente del primero, publicó el 30 de enero de 1998 un documento titulado A proposal to improve the technical management of Internet names and addresses (Una propuesta para mejorar la gestión técnica de los nombres y direcciones de Internet), que se conoce como el Libro Verde y que se presentó públicamente para debatir cuestiones atinentes a la gestión del Sistema de nombres de dominio. En este estudio, se incluía la propuesta de crear una institución privada con sede en los Estados Unidos que se encargara de liderar esta materia a escala global. Fue entonces cuando el 5 de junio de 1998, después de haber concluido el período de formulación de comentarios, la NTIA publica lo que se ha conocido como el Libro Blanco, Statement of policy on the management of Internet names and addresses (Declaración de política sobre la administración de nombres y direcciones en Internet), en el que se apoyó la idea planteada en el Libro Verde de crear una entidad sin fines de lucro responsable de administrar la política del DNS. Después de este acontecimiento, precedido de un pequeño proceso, fue cuando surge ICANN, que en sus inicios fue denominada Comisión de Servicios Públicos de Internet.

La forma en que se gestó ICANN, por mediación del Libro Blanco, permitió alcanzar un consenso internacional, gracias a la metodología utilizada, poniendo de manifiesto, para muchos, la autorregulación de la entidad rectora del DNS. Pero esta autorregulación tiene sus límites, pues no debemos olvidar que, por estar domiciliada en territorio estadounidense, ICANN se rige por las normas de ese país y del estado de California, que es donde se encuentra y está domiciliada su sede. Y, además, dicha entidad está bajo la constante supervisión del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Este «poder de vigilancia es tan importante que el ICANN no puede, por ejemplo, establecer acuerdos en relación con los nombres de dominio de primer nivel, sin la autorización del indicado departamento. Si el Ministro de comercio denuncia el memorándum de acuerdo con el ICANN o la entidad que pueda sustituirlo, el ICANN se obliga a ceder al citado departamento el conjunto de derechos de que dispone en relación con los registros y nombres registrados» (7). Por ende, puede entenderse que la autorregulación en este sentido está restringida por esta dependencia con las normas e instituciones estadounidenses.

Una cuestión bastante espinosa en cuanto al ICANN fue la relativa a la estructuración de sus estatutos, lo cual se llevó a cabo, como se citó anteriormente, en un proceso que precedió a la publicación del Libro Blanco y que se hizo llamar de igual modo que la entidad que lo convocó: IFWP, The International Forum for the White Paper (Forum internacional para el Libro Blanco). En este proceso, la polémica se centró en si se debía incluir en los estatutos y normas de ICANN la protección debida a los socios (usuarios) que formarían parte de la institución. Por un lado, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos instó a que se incluyeran las regulaciones para los socios en los estatutos y, por otro, grupos que trabajaban con la IANA se opusieron a esto. En este proceso de IFWP se propuso una estructura organizativa para la ICANN en forma de sociedad, a lo que se opuso Jon Postel desde la IANA y otros representantes de organizaciones que mantenían la misma postura como también la adoptó la ISOC.

En esta polémica quedó definida de dos formas opuestas la concepción de socios en este tipo de organización especializada: para la ISOC, los socios fueron concebidos como expertos de Internet, mientras que para ICANN han intentando que sean o estén concebidos como socios los usuarios de Internet. De ello se colige que, por las peculiaridades de su infraestructura societaria, ICANN y su gran número de socios pretenden que su organización sea más abierta e independiente y pueda estar formada por personas naturales o jurídicas que conformen la comunidad de internautas.

El ICANN posee un órgano que dirige y coordina sus acciones a manera de consejo, llamado Board o Junta directiva de ICANN, y posee un organismo de asesoramiento que se conoce como el GAC o Comité Asesor Gubernamental, que está conformado por más de ochenta gobiernos.

La estructura de ICANN descansa sobre lo que llaman las Supporting Organizations u Organizaciones de Apoyo. Las tres organizaciones de apoyo de que dispone ICANN en la actualidad son: ASO, organización de apoyo para direcciones que está relacionada a los números IP; CCNSO, organización de apoyo para nombres de dominio y código de países; y GNSO, organización de apoyo para nombres genéricos (8). A su vez, la Junta Directiva también cuenta con la colaboración de cinco comités de asesoría en materias especificas relacionadas con la tarea de administración de dominios. En primer lugar, el más importante es el GAC o Comité Asesor Gubernamental; a continuación se encuentran el ALAC o Comité asesor para la participación individual global, el SSAC o Comité asesor para la seguridad y la estabilidad y el RSSAC o Comité asesor para el sistema de servidores raíces; finalmente, el TLG (9), que es el Grupo técnico de enlace de ICANN, está encargado de fungir ante la Junta Directiva de ICANN como encargado de la parte técnica de la labor que desempeña la entidad.

A partir del momento en que fue creada, la ICANN emprendió sin dilación el camino para lograr lo estipulado o establecido en el Libro Blanco del gobierno de los Estados Unidos, que definía su objeto social. La demostración de esta afirmación es perceptible, entre otras cosas, por el logro de la aprobación, el 4 de marzo de 1999, del Statement of registrar accreditation policy o Declaración de política de acreditación de registradores de ICANN. Con anterioridad, en febrero de 1999, la entidad había realizado una convocatoria en la que invitaba a realizar comentarios y gracias a la cual se presentó el proyecto de Directrices para la acreditación de registradores de nombres de dominio de Internet y para la selección de registradores para el sistema experimental y compartido de registro en los dominios .com, .net y .org. Fue el 21 de abril de 1999 cuando la ICANN hizo público el nombre de las primeras cinco empresas que se someterían a la prueba. Actualmente, existe gran número de empresas seleccionadas que operan para demostrar su capacidad de gestión técnica y financiera en el registro de nombres de dominio. Estas empresas permanecen activas y operan en un ámbito de libre competencia.

Networks Informations Centers (NICs)

La importante labor llevada a cabo con profesionalidad por la ICANN ha permitido, desde sus inicios, poner término al monopolio sobre la actividad registral de las direcciones de Internet. La ICANN ha hecho posible que el beneficio de su gestión de los nombres de dominio no sólo se restrinja al nivel empresarial por permitir que esta actividad se desarrolle en libre competencia, sino que también ha logrado extender ese beneficio a las personas naturales que tengan un interés legítimo en adquirir un nombre de dominio, ya que éstos se han abaratado desde sus inicios hasta en un ochenta por ciento de su valor inicial.

Otro de los grandes logros de esta entidad sin fines de lucro ha sido la puesta en marcha de registros regionales para gestionar la disponibilidad de direcciones IP en cada una de las zonas geográficas a escala mundial. Los registros relativos a la región de Latinoamérica se presentaban ante ARIN, que era la entidad encargada del registro para toda América en sus inicios. Existen ya en el mundo cinco entidades de registro regionales de Internet (RIR): APNIC, para la zona de Asia-Pacífico; RIPE NCC, para Europa; AfriNIC, para el continente africano; la ya mencionada ARIN, para la región de Estados Unidos y Canadá; y LACNIC, que está destinado a prestar servicios de registros en Latinoamérica y el Caribe. La decisión de crear estos centros de registro por regiones estuvo impulsada, en gran medida, por los nuevos servicios de telecomunicaciones y por el carácter finito de los números IP (10), problema que se piensa esté ya resuelto con los proyectos de implementación y puesta en marcha de la plataforma del IPv6.

Los RIR, que fueron originalmente propuestos por el Internet Enginering Task Force, IETFC, pertenecen a la categoría de los NICs. Este tipo de organización realiza las funciones de administración práctica de la asignación y registros de los nombres de dominio de primer nivel correspondientes a códigos de países, facultades que le fueron delegadas por la IANA. Dicha organización fue encargada de delegar los dominios de primer nivel con base territorial en entidades nacionales, que, por lo general, son universidades, instituciones científicas, entidades ministeriales o registros de la propiedad intelectual.

Estas entidades nacionales quedan encargadas del registro de los nombres de dominio bajo el código del país correspondiente, regulado por la norma ISO 3166, rigiendo sus funciones por las normas que de forma independiente adopten para su labor de gestión.

Las organizaciones de Internet que tienen a su cargo la gestión de registro de nombres de dominio son muchas, y todas se rigen por un principio establecido desde sus inicios: primero en registro, primero en derecho o, lo que es lo mismo, primero en llegar, primero en ser atendido. Tal principio también se halla en la frase first come, first served, en el Derecho anglosajón, o Prior in tempore potior in iure, en el Derecho Romano.

Este principio se aplica actualmente, pero teniendo en cuenta determinadas circunstancias, puesto que son muchos los casos que se han dado de violación de derechos de propiedad intelectual al aplicar estrictamente tal principio, violación que en sus inicios afectó mucho a la actividad registral de los gTLDs. Este problema también se ha extendido en la actualidad al sistema registral de los ccTLD.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

A las entidades encargadas del sistema de nombres de dominio se les hacía extremadamente complicado llevar a cabo su trabajo coexistiendo con estos problemas. Además, el crecimiento desmesurado de Internet les impedía detener sus labores para buscar soluciones. Por ello, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, a instancias de otras organizaciones internacionales ha llevado a cabo «dos procesos» con la finalidad de terminar o, al menos, disminuir la colisión de los nombres de dominio con los derechos de propiedad intelectual y otros derechos protegidos.

La OMPI ha desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de los nombres de dominio de Internet. Si bien no se ha erigido en ningún momento como una de las organizaciones que ha gestionado o administrado el sistema de nombre de dominio, sí ha desempeñado un papel asesor muy importante en esta materia. La OMPI, como garante de los derechos de Propiedad Intelectual en el mundo, vislumbró desde muy temprano la necesidad de conciliar esfuerzos y compartir conocimientos en pos de dar solución a la problemática creciente de la colisión de los derechos de propiedad intelectual con la actividad de registro de nombres de dominio.

El Primer Proceso de la OMPI, denominado Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet, fue puesto en marcha a instancias de la mayoría de los estados miembros de la organización, que le solicitaban a la entidad el dar solución a estos problemas. Los propietarios de marcas y otros signos distintivos estaban afrontando verdaderos problemas con la aparición de los nombres de dominio y del entramado de instituciones jurídicas que traía consigo el comercio electrónico. En 1998 se da comienzo a este proceso, el cual culmina con un Informe Final elaborado por la OMPI y entregado a ICANN para que lo examinase e implementase las normas que estimara pertinentes como entidad encargada de la administración y gestión del DNS.

A mediados del año 2000 comienza a ponerse en marcha el Segundo Proceso de la OMPI, que fue denominado El reconocimiento de los derechos y el uso de nombres en el sistema de nombres de dominio de Internet. A instancias esta vez de algunos de sus miembros, la OMPI da comienzo a las consecutivas fases que conforman este proceso que pretendía dar solución a algunas de las situaciones que habían quedado sin resolver desde la redacción del Informe Final del Primer Proceso relativo a nombres de dominio. Mientras que en el proceso anterior la atención se dirigió a los problemas de dominios y marcas comerciales y de servicios, esta vez se centraría el análisis en la solución de los conflictos entre los dominios y otros signos distintivos, como son los nombres comerciales y las indicaciones geográficas, entre otros. Principalmente se detuvo la mirada de este foro en la problemática entre los nombres propios y los nombres de dominio, debido al aumento de casos sobre este asunto.

Los resultados de los procesos realizados por la OMPI se pueden calificar de muy satisfactorios. A partir de ambos procesos, por un lado, la ICANN promulgó la Política Uniforme de Solución de Controversias para nombres de dominio y su reglamento y, por el otro, la OMPI promulgó igualmente la política de solución de controversias para ccTLDs, muy provechosa en estos tiempos en que los nombres de dominio de código de países se están viendo afectados de igual manera por las practicas ilegales y abusivas de registro. Este tipo de trabajo conjunto ha logrado que se alcancen resultados como los de normalizar o uniformar el procedimiento en que se llevan a cabo este tipo de procesos, al menos cuando se presentan ante centros de arbitraje o mediación que adopten dicho mecanismo para la solución de litigios en esta materia, como lo es el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI. Esta entidad ha sido una herramienta de gran ayuda para las políticas llevadas a cabo por la ICANN para la gestión adecuada de los nombres de dominio. A pesar de no haber pertenecido a la infraestructura institucional del sistema de nombres de dominio, la OMPI con su labor consultiva ha hecho un aporte inestimable a la búsqueda de soluciones para los problemas que se han afrontado con los nombres de dominio.

En la actualidad, la ICANN, como entidad rectora de esta actividad, lleva a cabo una labor meritoria en el desarrollo del DNS. Esta corporación, en su labor como coordinadora a escala global de la infraestructura técnica necesaria que permite el direccionamiento unívoco de los nombres de dominio de forma que los cibernautas puedan acceder a direcciones IP válidas, emprende a diario nuevos retos que ayudan al mejoramiento de la red. Actualmente la ICANN está inmersa en el desafío de la implementación paulatina a escala mundial de un nuevo protocolo de los números IP, el IPv6, que constituye en la actualidad uno de los principales retos de la ICANN para mantener la estabilidad del funcionamiento de la red de redes. Logros como estos son posibles desde una organización como la ICANN precisamente por su estructura societaria. La búsqueda de soluciones con el apoyo, la consulta y el intercambio de conocimientos entre todos los socios que conforman la entidad permite alcanzar estos resultados de beneficio universal. La infraestructura societaria de ICANN ha propiciado el trabajo con carácter solidario en este tipo de organización y es una forma de trabajo que, a pesar de que no ha sido exclusiva de esta institución en el mundo de las organizaciones dedicadas a estos temas, ha permitido alcanzar logros importantes para toda la comunidad de internautas. Uno de estos logros ha sido el IDN, ejemplo de norma general para nombres de dominio internacionalizados, que ha permitido crear un derrotero con el que es posible ampliar el registro de dominios en múltiples idiomas. Otra forma más de hacer de Internet una tribuna abierta a todos sin distinción alguna, gracias a la labor de muchas organizaciones como las abordadas en este sucinto esquema.

Bibliografía

1. BAUZÁ REILLY, Marcelo. Nombres de Dominio y derechos problemática y líneas evolutivas. VII Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática. Del 24 al 29 de abril del 2000. Lima, Perú, p. 377.

2. BENCOMO YARINE, Edel (2003). Ciberocupación: ¿Un mal sin remedio? [artículo en línea]. Alfa-Redi. [Fecha de consulta: 25 de marzo de 2007].

3. BENCOMO YARINE, Edel. Tesis de licenciatura, Universidad de La Habana, Facultad de Derecho, 2001. Los nombres de dominio: Clave para el acceso al comercio electrónico.

4. BETTINGER, Torsten. «La Batalla de los Nombres de Dominio», Revista DAT (Derecho de la Alta Tecnología), núm. 112/113, diciembre 1997-enero 1998, publicaciones Estudios Millé, Buenos Aires (Argentina).

5. GLICKSON, Scott L. Identificando y administrando riesgos en el ciberespacio. Revista DAT (Derecho de la alta tecnología, año X, núm. 111, noviembre 1997, publicaciones Estudios Millé, Buenos Aires(Argentina).

6. Informe Final del primer proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet.

7. Informe Final del segundo proceso de la OMPI relativo a nombres de dominio y denominado: «El reconocimiento de los derechos y el uso de nombres en el sistema de nombres de dominio de Internet».

8. MUÑOZ MACHADO, Santiago. La regulación de la red. Poder y Derecho en Internet, Grupo Santillana de ediciones, S.A, 2000, p. 113.

Notas

(1) BAUZÁ REILLY, Marcelo. «Nombres de Dominio y derechos problemática y líneas evolutivas». VII Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática. Del 24 al 29 de abril del 2000. Lima, Perú, p. 377.

(2) GLICKSON, Scott L. «Identificando y administrando riesgos en el cyberespacio», Revista DAT (Derecho de la Alta Tecnología), año X, núm. 111, noviembre 1997, publicaciones Estudios Millé, Buenos Aires (Argentina), pág. 13.

(3) El gTLD-MoU, formó parte del plan del IAHC. «Fue precisamente este memorándum el que implementó el informe final del IAHC, creando una estructura autogobernada para el registro de Nombres de Dominio de cierto nivel bajo los nuevos gTLD, la estructura autogobernada incluye al CORE, el PAB y POC» entidades que, como se mencionó anteriormente, sopesaron la labor del IAHC. Esta idea fue tomada del articulo «La Batalla se los Nombres de Dominio» de Torsten Bettinger, en la revista DAT, año X, núm. 112/113, diciembre 1997/enero 1998, p. 15.

(4) Jonathan Bruce Postel ha sido considerado como una de las personas más influyentes de Internet, en los tiempos en que la Red funcionaba en el entorno académico, haciendo posible de forma mucho más expedita el paso de la misma hacia una Internet comercial. Junto a Craig Partridge y a Paul Mockapetris, diseñó el DNS, Domain Name System, sistema para identificar a los ordenadores en la red, que acuñó los sufijos ya universales como .com, .org y .net; este diseño y su gran escalabilidad jerárquica permitió el crecimiento y desarrollo homogéneo de las comunicaciones entre ordenadores y dispositivos de cualquier lugar del mundo, soportando un crecimiento aceleradísimo.

(5) Este formato es en el que se presentan los protocolos de Internet.

(6) BETTINGER, Torsten. Op. cit. nota 3.

(7) MUÑOZ MACHADO, Santiago. La regulación de la red. Poder y Derecho en Internet, Grupo Santillana de ediciones, S.A, 2000, p. 113.

(8) Las Supporting Organizations de ICANN han ido moldeándose acorde a la necesidad de la realidad objetiva que ha tenido que afrontar la institución. En un inicio éstas fueron denominadas: 1) The address supporting organization (ASO), que estaba relacionada con los números IP; 2) The Domain Name supporting organization (DNSO), estructura que estaba relacionada con los nombres de dominio y 3) The Protocol supporting organization (PSO), ésta era la estructura más técnica dentro de la ICANN y se dedicaba a los protocolos, estándares técnicos para intercambio de información y, sobre todo, al manejo de la comunicación por medio de Internet.

(9) Este Grupo Técnico de Enlace de ICANN está integrado por el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones (ETSI), el sector de Estandarización de Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-T), el Consorcio World Wide Web (W3C) y el Internet Architecture Board (IAB).

(10) El problema de la finitud de los números IP estaba planteado para el funcionamiento de Internet sobre su protocolo clásico, el IPv4, con el cual se preveía que no iba a permitir el funcionamiento de la red de redes de modo indiscriminado por no tolerar la incorporación masiva de usuarios. Esto, sin embargo, lo permite ampliamente el IPv6, y es por eso que, para hacer cumplir la función esencial de la suite del protocolo de Internet, que es asignar números IP para permitir el flujo de información entre usuarios mediante la red global, se ha creado el IPv6 para dar respuesta a futuros problemas de esta índole.

01Ene/14

III Jornada sobre Contratación Electrónica

III Jornada sobre Contratación Electrónica.

Madrid, España, 20 de mayo de 2004

Organizadas por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid

Coordinadas por el Prof. Dr. Miguel Ángel Davara Rodríguez.

Patrocinada por la Fundación Vodafone.

Lugar de celebración: Aula Magna de la Universidad Pontificia de Comillas. Madrid.

PONENCIAS:

La protección de datos en el sector de las comunicaciones electrónicas, por D. Jesús Rubí Navarrete

La puesta en marcha de proyectos empresariales a través de Internet. Especial referencia a la Ley de Servicios de la Sociedad de la información, por Dª Belén Veleiro Reboredo.

Aspectos prácticos de la contratación electrónica. Contratación a través del terminal móvil, por D. Pelayo Echevarría Ybarra.

Aspectos procesales y sustantivos del pago a través de móvil, por Javier Puyol Montero

Administración electrónica y protección de datos personales, por D. Antonio Troncoso Reigada.

Nuevas plataformas técnicas de acceso a los servicios de información mercantil: Implicaciones jurídicas, por D. José Luis Benavides del Rey.

Presentación del libro «La transposición de la Directiva sobre privacidad y las comunicaciones electrónicas»

 

 

 

 

01Ene/14

Decisión Administrativa 43/96. Legislacion Informatica de

Decisión Administrativa 43/96.

Apruébase la Reglamentación del Artículo 30 de la Ley Nº 24.624 sustitutivo del Artículo 49 de su similar Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1995).

VISTO la Ley Nº 24.624, que aprueba el Presupuesto General de la Administración Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo Nº 30 de la citada Ley, sustitutivo del artículo Nº 49 de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1995), establece normas para otorgar valor jurídico y probatorio a la documentación existente y a la que se incorpore al Archivo General de la Administración, mediante la utilización de tecnología que garantice la estabilidad, perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad del soporte de guarda físico de la mencionada documentación.

Que con el objeto de instrumentar su puesta en vigencia, resulta necesario proceder, por la presente, a determinar su ámbito de aplicación y la definición de los diversos conceptos involucrados en la misma.

Que asimismo es procedente precisar los requisitos de carácter general, los relacionados con los documentos en particular y con el soporte a utilizar en la redacción, producción o reproducción de aquéllos.

Que deben determinarse los procedimientos respaldatorios de la reproducción de documentos en soporte electrónico u óptico, su verificación, registro y anulación de originales, como así también las medidas a adoptar con relación a los documentos de propiedad de terceros.

Que resulta conveniente facultar a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a dictar las normas aclaratorias y complementarias de la presente medida.

Que la medida se dicta en uso de las atribuciones originadas en el artículo Nº 30 de la Ley Nº 24.624 y el artículo Nº 100, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

Artículo 1º Apruébase la Reglamentación del artículo Nº 30 de la Ley Nº 24.624, sustitutivo del artículo 49 de la Ley 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1995), de acuerdo con el detalle del ANEXO que forma parte de la presente Decisión Administrativa.

Art. 2º Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Jorge A. Rodríguez.

Domingo F. Cavallo.

ANEXO


Capítulo I: Ambito de Aplicación.

Las presentes disposiciones son aplicables a todos los organismos comprendidos por la Ley Nº 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Capítulo II: De las Definiciones.

A los efectos de la presente Reglamentación se entenderá por:

a) Documentación financiera: A la documentación contable-hacendal de la Administración Pública Nacional, es decir, todos los registros y comprobantes que alimenten o emanen de los Sistemas: Presupuestario, de Crédito Público, de Tesorería y de Contabilidad, especificados en el artículo 5º de la Ley Nº 24.156. Incluye: contratos, estatutos sociales, escrituras, poderes, expedientes, declaraciones juradas, certificados de obra, contrataciones directas, licitaciones privadas, licitaciones públicas, convenios con organismos oficiales o empresas públicas o privadas, notas, planillas del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), órdenes de compra, órdenes de provisión, facturas, notas de débito, notas de crédito, débitos por sentencia judicial, notas internas de débitos bancarios, boletas de depósitos de terceros u organismos oficiales, remitos, órdenes de pago, liquidaciones, recibos, pagarés, extractos bancarios, cheques anulados, cheques pagados, resoluciones, disposiciones, ordenanzas, circulares, normas, transferencias, asignación y reposición de fondo rotatorio, formularios y documentación respaldatoria de la ejecución presupuestaria en las etapas de compromiso, devengado y pagado, registros de asientos contables y documentación respaldatoria de los mismos, balances de empresas y sociedades del Estado Nacional, balances de organismos descentralizados, balances de empresas en liquidación, y toda aquella documentación administrativa financiera, que implique un compromiso financiero.

b) Documentos de personal: son aquéllos relativos a los agentes públicos de la Administración Pública Nacional, producidos o recibidos por un organismo público donde el empleado ocupa un cargo. Incluye: expedientes, legajos de los agentes, fichas de control de asistencia, planillas de control de asistencia, formularios, comprobantes de pago de sueldos, planillas de pago de sueldos, los que instrumentan cesantías, exoneraciones, comisiones de servicio, desarraigos, embargos, franquicias, jubilación, justificación de inasistencias, licencias anuales ordinarias, especiales y extraordinarias, nombramientos, promociones, recursos administrativos, reingresos, reintegro de haberes, recibos de haberes, renuncias condicionadas o simples, reubicación y reencasillamientos, sanciones disciplinarias menores, títulos habilitantes, traslados y permutas, declaraciones juradas de salario familiar.

c) Documentos de control: Son aquéllos que sirven de prueba de los trámites o actos realizados. Incluye: planillas de control de giro de documentación, comprobantes de la correspondencia certificada, formularios completos de remitos de documentación, fichas de trámite de expedientes o actuaciones y todos aquéllos que permitan obtener un valor agregado de la información financiera sujeta a la acción de los órganos de contralor del Estado Nacional.

d) Original: Documento en su primera versión o de primera generación, cualquiera sea el soporte sobre el cual se extienda. Puede ser firmado o no firmado.

e) Copia: Versión obtenida del documento original por cualquier medio de reproducción.

f) Autenticación: Procedimiento fijado por la ley que debe observar el funcionario competente designado conforme aquella, para otorgar autenticidad a un documento o a su copia.

g) Copia autenticada: Versión del documento original legalizada por el funcionario competente siguiendo el procedimiento establecido en la ley.

h) Copia de sustitución: Versión del documento original obtenida por cualquier medio de reproducción, destinada a reemplazar al original.

i) Copia de resguardo: Versión del documento original obtenida por cualquier medio de reproducción, destinada a ser utilizada para evitar el manipuleo del original por razones de seguridad o protección.

j) Archivo: Designa la colección de datos efectuada ordenada y sistemáticamente, y que ofrece garantía de su recuperación.

k) Conservación: Designa el mantenimiento de los datos archivados, de sus soportes relativos y de la tecnología de investigación y utilización de tales datos.

l) Soporte electrónico u óptico indeleble: Designa los medios de memorización de los datos, cuya tecnología conlleve a la modificación irreversible de su estado físico y garantice la estabilidad, perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad.

Capítulo III: De los Requisitos en General.

La redacción, producción o reproducción de los documentos previstos en el artículo 30 de la Ley Nº 24.624, en un soporte electrónico u óptico indeleble, deberá efectuarse utilizando tecnologías y procedimientos que aseguren la fidelidad, uniformidad e integridad de la información que constituye la base de la registración.

Para el cumplimentar estos requisitos la reproducción del documento deberá ser fiel e íntegra, abarcando todas sus características —anotaciones, enmiendas, manchas—, no debiéndose agregar ninguna inscripción que pueda alterar la información contenida en aquél.

Deberán utilizarse tecnologías de captura, memorización, archivo y visualización de la información que reduzcan al mínimo la posibilidad de manipulación de los datos contenidos en el documento.

Capítulo IV: De los requisitos en cuanto a los documentos.

a) Cuando las dimensiones del documento que ha de reproducirse excedan las posibilidades del equipo que ha de emplearse para ello, y sea necesario efectuar una toma parcial, se adoptarán las medidas necesarias para asegurar su continuidad e integridad, dejando constancia de todo lo actuado en el Acta pertinente.

b) Cuando un grupo de documentos, interrelacionados implique una cantidad de reproducciones que exceda la capacidad del soporte físico en que se están almacenando, se continuará el proceso en el subsiguiente, asegurando la integridad de la información mediante la codificación que asegure su continuidad. De todo ello también se dejará constancia en el Acta respectiva.

c) Cuando los documentos que han de reproducirse presenten manchas, deterioros o faltantes en su secuencia de ordenación, se deberá dejar constancia de ello en el apartado destinado a observaciones del Acta respectiva.

d) Para la adecuada identificación y posterior recuperación del documento redactado, producido o reproducido se lo codificará, a través del empleo de signos, números u orto medio similar e idóneo, que permita una identificación unívoca del mismo.

e) Para completar estos recaudos se deberán los contralores de contenido, por cotejo, dejándose constancia de su resultado de su resultado y efectuando las correcciones que sean necesarias, conforme lo previsto en el Capítulo VII de la presente.

Capítulo V: Requisitos en cuanto al soporte.

El soporte utilizado para la redacción, producción o reproducción de documentos deberá garantizar su estabilidad, perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad. Por ello, la tecnología utilizada deberá conllevar la modificación irreversible de su estado físico, de modo que no sea posible el borrado ni la sobreescritura de la información en él registrada.

En el soporte utilizado deberá ser grabado un código de identificación indeleble, legible externamente a simple vista, que permita su identificación y diferenciación con el resto de los utilizados, y proteja de una eventual alteración dolosa del contenido, sirviendo además, a los efectos de las registraciones y actas previstas en esta reglamentación.

Si se decidiera asegurar la pertenencia del soporte con un Sello o Código específico de la Administración Pública Nacional, este Sello o Código deberá ser también indeleble utilizándose la tecnología adecuada para tal fin.

Si el soporte electrónico u óptico indeleble presentara imperfecciones que pudieran dar lugar a errores de almacenamiento o reproducción de los documentos, deberá ser descartado y dejarse constancia de su inutilización en el Acta respectiva.

Sólo podrán ser utilizados soportes que garanticen el resguardo de la información por un lapso no menor a los TREINTA (30) años. A tal fin se exigirá del proveedor del soporte la indicación, bajo su responsabilidad, de las condiciones óptimas para la conservación física, para la estabilidad del soporte y su fruibilidad, legibilidad y reprducibilidad al plazo de TREINTA 830) o más años. El funcionario responsable deberá asegurarse que tales condiciones sea respetadas sin excepciones.

Capítulo VI: Del Procedimiento Respaldatorio.

El procedimiento respaldatorio de la reproducción de documentos, cualquiera sea su soporte de primera generación, en soporte electrónico u óptico indeleble, deberá ajustarse a las siguientes disposiciones:

a) cada sesión de reproducción de documentos en soporte electrónico u óptico indeleble deberá ser registrada y certificada, al comienzo y al cierre de la misma, por medio de un «ACTA DE APERTURA» y un «ACTA DE CIERRE», confeccionadas y suscritas por el o los funcionarios que a tales efectos determine el Contador General de la Nación, mediante la Disposición pertinente.

b) Las Actas tendrán un formato uniforme y predeterminado, que responderán a las normas de esta reglamentación y de las fijadas, en forma complementaria, por Disposición del Contador General de la Nación.

c) Del Acta de Apertura. Contendrá, como mínimo la registración de los siguientes datos:

Número de Acta de Apertura.

Marca del Fabricante y el código de identificación externa e indeleble del soporte utilizado.

Nivel mínimo de resolución que ha de utilizarse para la reproducción.

Identificación del organismo en que se originó la documentación, o del poseedor de la misma o del que resulte responsable legal de ella.

Identificación del organismo y, dentro de aquél, de la dependencia que tiene a su cargo la reproducción.

Lugar, fecha y hora de iniciación del proceso de reproducción.

Nombre y firma del operador.

Nombre y firma del administrador de la base de datos.

Nombre y firma del funcionario responsable.

d) Del Acta de Cierre. El Acta de Cierre de la sesión repetirá los datos de carácter general incorporados al Acto de Apertura, indicando la fecha y hora de finalización del proceso de reproducción y, además, dejará constancia de:

La descripción de la documentación reproducida, indicando tipos documentales, documento inicial y final de la sesión.

La cantidad de documentos reproducidos en la sesión y cantidad de imágenes a que hayan dado lugar cada documento.

Si existen o no documentos reproducidos defectuosamente, dejando, en este caso, registrado el número de codificación que los identifica.

La asistencia o no de la persona o personas interesadas y su debida notificación, firmando las mismas de conformidad cuando hicieren acto de presencia.

Las objeciones que hubieren formulado los interesados asistentes y registro de la formal entrega del original, si así lo hubieren solicitado.

Y se incorporará la leyenda «documentos reproducidos según disposiciones del artículo 30 de la Ley Nº 24.624».

e) De las interrupciones. Cuando por cualquier circunstancia se deba interrumpir una sesión de reproducción, será requisito indispensable el labrado de un Acta de Interrupción de la sesión en la cual, junto a los datos determinados para las Actas de Cierre, se especifiquen las causas de la interrupción. Para recomenzar la sesión de reproducción se deberá elaborar un Acta de Continuación, en la cual se registre cualquier alteración a los datos contenidos en el Acta de Apertura de la sesión y se deje constancia de la fecha y la hora en las que se retoma la tarea.

f) Del funcionario responsable. El organismo titular o el organismo responsable legal de la documentación a reproducirse, podrá designar a un funcionario responsable para la firma de las Actas y de sus controles.

Capítulo VII: Del procedimiento de verificación.

Terminada la sesión de reproducción, el o los funcionarios responsables revisarán cada una de las reproducciones realizadas y confeccionarán el Acta de Contralor, observando los siguientes recaudos:

a) Cuando al finalizar una sesión de reproducción se detecten omisiones de UNO (1) o más documentos que debieron ser reproducidos en la misma, éstos se incorporarán a continuación del último, dejando registrada la referencia para su posterior relación. Para ello se procederá de la siguiente manera:

I) A grabar un Acta de Corrección, dejando constancia de que se trata de una corrección e identificando los documentos y su imagen agregada o corregida, utilizando para ello los códigos de identificación pertinentes.

II) A reproducir los documentos afectados en el orden correspondiente.

III) A grabar el cierre del Acta con las constancias y firmas correspondientes.

b) Los defectos detectados en el proceso de contralor, que originen alteración o pérdida de información, serán corregidos conforme a lo previsto en el inciso anterior.

c) Se dejará constancia de todo lo actuado y suscribirá el Acta de Contralor con los demás requisitos formales de un Acta de Cierre.

Capítulo VIII: Del Registro.

a) Toda reproducción efectuada de acuerdo a las normas establecidas por la Ley Nº 24.624 y la presente reglamentación deberá ser registrada. Con tal objeto, el organismo de aplicación llevará un Registro que será intervenido por la autoridad investida de tal competencia, mediante Disposición dictada por el Contador General de la Nación. En este Registro se asentarán los siguientes datos:

I) Para cada lote de documentos reproducidos y aprobados:

Fecha y número de asiento en el Registro, el cual deberá ser secuencial y correlativo.

Número de Acta de Apertura.

Número de Acta de Cierre.

Número de Actas de Corrección, en su caso.

Número de Actas de Interrupción, en su caso.

Fecha de vencimiento del plazo de guarda del lote de documentos, o de cada uno de ellos, de ser necesario esto último.

Todo otro dato que permita o facilite una mejor identificación de los documentos.

II) Informes con los resultados y fecha de los contralores efectuados, indicando los nombres y firmas de los funcionarios responsables de los contralores de calidad efectuados.

b) Las registraciones deberán conservarse por el Organo Rector, durante los CINCO (5) años posteriores, sin perjuicio de su digitalización, cuando ello fuere conveniente. Las Actas digitalizadas deberán conservarse por el funcionario designado al efecto por Disposición del Contador General de la Nación, hasta UN (1) año después de transcurrido el plazo de prescripción de la guarda atribuida a los documentos reproducidos en soporte electrónico u óptico indeleble.

Capítulo IX: De la anulación.

Los originales redactados o producidos en primera generación en cualquier soporte, una vez reproducidos en soporte electrónico u óptico indeleble, observando los procedimientos establecidos en el artículo 30 de la Ley Nº 24.624 y en esta medida, serán anulados mediante la colocación en forma cruzada de un sello que exprese «REPRODUCIDO EN SOPORTE Nº …..». En el espacio dejado para el número, el funcionario responsable de la verificación de la correlación de contenidos, insertará el Código de identificación indeleble del soporte donde se encuentre reproducido el documento. A partir de ese momento el soporte de primera generación perderá todo valor probatorio.

Capítulo X: De los Documentos de Terceros.

a) La documentación de propiedad de terceros que se haya remitido para su archivo, podrá ser destruida luego de transcurrido el plazo que se fija en el inciso siguiente, contado desde que ha sido puesta a disposición de aquéllos, mediante una publicación genérica en el Boletín Oficial, por el término de DOS (2) días. La publicación en el Boletín Oficial contendrá las características de la documentación, el plazo durante el cual podrá ser reclamada su devolución o conservación, y el lugar al que debe concurrirse para solicitar la entrega o conservación.

b) A los efectos previstos en el inciso anterior, fíjase el plazo de TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente de la última publicación en el Boletín Oficial, para que los titulares de los documentos se presenten para retirar los mismos o solicitar su conservación. La documentación que se entregue al interesado deberá llevar un sello o marca que indique la fecha en que el mismo ha sido reproducido en soporte electrónico u óptico indeleble, y el número de código de identificación indeleble del soporte en donde se encuentre reproducido el documento. Transcurrido el plazo mencionado sin que los interesados hayan reclamado la devolución o la conservación de la documentación, caducará todo derecho a objetar el procedimiento al cual fuera sometida y el destino posterior dado a la misma, pudiendo ser destruida con los recaudos previstos para tal fin.

Capítulo XI: De la Destrucción.

a) La eliminación de los documentos deberá ser practicada por cualquier medio que asegure su destrucción total o parcial, de modo que no puedan ser utilizados los datos o la información contenida en ellos.

b) El procedimiento a seguir será el siguiente: Ubicados y seleccionados los documentos a ser eliminados, y verificado por el funcionario, que los mismos hayan sido anulados conforme lo establece esta reglamentación, se labrará un Acta de Destrucción en la que se consignará:

Número de Acta.

Descripción de la documentación que será destruida, indicando en cada caso el tipo documental de que se trate y en el caso de los expedientes, su número identificatorio y el de cada uno de sus agregados acumulados.

Identificación del organismo en el que se originó la documentación, del poseedor de la misma o del que resulte responsable legal de ella.

Lugar, fecha y hora de iniciación y finalización del proceso de destrucción.

Nombre y firma de los funcionarios intervinientes.

c) El Contador General de la Nación, mediante la Disposición pertinente, determinará el funcionario autorizado para intervenir y supervisar el desarrollo del proceso de destrucción de los documentos.

d) Todo original cuyo contenido sea considerado de interés social o histórico en los términos de la Ley Nº 15.930 y sus Decretos Reglamentarios, no podrá ser destruido total o parcialmente. El interés social o histórico deberá ser determinado en todos los casos por los funcionarios responsables legalmente de la documentación mediante Resolución fundada.

Capítulo XII: De la Conservación y Seguridad.

a) Los documentos originales en soporte electrónico u óptico indeleble deben conservarse en archivos de seguridad adecuadamente protegidos de los agentes atmosféricos y biológicos que pudieran afectarlos por el plazo legal establecido, siendo responsabilidad de los funcionarios a cargo de su guarda el procurar los medios y las técnicas más apropiadas para el cumplimiento de tal fin. Se considerarán archivos adecuadamente protegidos los que cumplan con las normas nacionales e internacionales establecidas al respecto.

b) El Organo Rector dispondrá de un archivo de seguridad adecuadamente protegido de los agentes atmosféricos y biológicos donde se conservarán los documentos originales en soporte electrónico u óptico indeleble. Al mismo tiempo, se grabarán DOS (2) copias de resguardo; una de ellas, será depositada en un archivo de seguridad con las características mencionadas, en una entidad pública escogida al efecto, distinta al órgano rector, y la otra, se utilizará para el manejo diario. El Secretario de Hacienda determinará mediante la Resolución pertinente cuál será la entidad pública en la que se conservará la primer copia de resguardo a que se hace mención en el presente párrafo. Esta copia de resguardo podrá utilizarse como copia de sustitución, en el caso de destrucción, parcial o total de su original.

Capítulo XIII: Disposiciones Varias.

a) Se podrán obtener copias autenticadas a partir de los originales en soporte electrónico u óptico indeleble. La certificación de autenticidad se hará de conformidad a los procedimientos legales vigentes para la Administración Pública Nacional, identificando el soporte del que procede la copia.

b) La búsqueda, visualización e impresión de los documentos archivados y conservados en soportes electrónicos u ópticos indelebles y de los datos que los componen deben poder realizarse a través de sistemas informáticos oportunamente documentados que permitan una utilización directa por parte de todos los que tengan el derecho de acceder y controlar tales documentos. A tal efecto los programas utilizados deben contar con interfaces fáciles de usar y autoexplicativas que permitan su acceso por una persona no habituada a su uso.

c) La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, en su carácter de Organo Rector y de aplicación de la presente adoptará las medidas necesarias que faciliten y permitan una utilización directa por parte de todos los funcionarios de los organismos de contralor que tengan el derecho de acceder, verificar y controlar los documentos.

d) Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a impartir la instrucciones pertinentes y dictar las normas aclaratorias y complementarias de la presente medida.

01Ene/14

Legislacion Italia. Decreto Presidenza Consiglio Ministri 13 marzo 2003. Legislacion Informatica de

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 13 marzo 2003.

Dipartimento per l´innovazione e le tecnologie. Proroga del termine di scadenza per la presentazione della documentazione nedcessaria ai fini della sottoscrizione delle convenzioni per il finanziamento dei progetti approvati nell´ambito del «Piano d´azione e-government». (G.U. n. 83 del 9 aprile 2003).

Il Ministro per L'Innovazione e le Tecnologie

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 relativo alla delega in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglia dei Ministri del 27 settembre 2001, recante l'stituzione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 che disciplina procedure e modalità per l'utilizzo dei fondi assegnati al finanziamento del Piano d'azione di e-government;

Visto l'avviso relativo alla selezione dei progetti proposti dalle regioni e dagli enti locali per l'attuazione dell'e-government, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2002;
Considerato che in risposta al citato avviso di selezione sono stati presentati complessivamente 377 progetti;

Visto il decreto dell'11 novembre 2002, con il quale il capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ha approvato i progetti ammessi al cofinaziamento;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 novembre 2002 con il quale sono determinati i fondi per il cofinanziamento per ciascuno dei 138 progetti ammessi al cofinanziarnento e nel quale é stato previsto che la sottoscrizione delle convenzioni dovesse avvenire entro centoventi giorni dalla data del suddetto decreto;

Ravvisate le difficoltà da parte delle amministrazioni di far pervenire entro il termine previsto il completamento della documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione delle convenzioni;
Considerata l'esigenza di concludere l'attività in corso, indicando un ulteriore definitivo termine per le amministrazioni destinatarie dei cofinanziamenti, per completare le procedure;

Decreta:

Articolo 1.Proroga termine per la presentazione della documentazione

1. La data entro la quale dovrà pervenire la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione delle convenzioni di cui all'art. 4 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 novembre 2002, é prorogata tassativamente al 15 aprile 2003.

2. Nel caso in cui gli enti destinatari dei fondi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 novembre 2002 non dovessero far pervenire la documentazione richiesta per la sottoscrizione delle convenzioni entro la data stabilita al comma 1 del presente articolo, decadranno dal diritto al finanziamento previsto dal suddetto decreto. In tali casi, le somme non utilizzate saranno destinate alle attività previste dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 novembre 2002.

01Ene/14

Legislacion Italia. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 1999

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998, con il quale sono state conferite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. prof. Franco Bassanini, le funzioni di coordinamento delle attività, anche di carattere normativo, inerenti all'attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché i compiti inerenti alla disciplina dei sistemi informatici presso le pubbliche amministrazioni;

DECRETA:

Articolo 1

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e detta altresì le misure tecniche, organizzative e gestionali di cui all'art. 3, comma 3, dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

Articolo 2

1. Le regole tecniche, di cui all'art. 1, sono riportate nell'allegato tecnico del presente decreto, suddivise in cinque titoli recanti: Regole tecniche di base, regole tecniche per la certificazione delle chiavi, regole tecniche sulla validazione temporale e per la protezione dei documenti informatici, regole tecniche per le pubbliche amministrazioni e disposizioni finali.

Articolo 3

1. Le firme digitali certificate ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, sono considerate equivalenti a quelle generate in conformità con le regole tecniche stabilite dal presente decreto.

2. I prodotti sviluppati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo in conformità dei regolamenti vigenti, sono ritenuti conformi alle regole tecniche stabilite dal presente decreto se tali regolamenti assicurano livelli equivalenti di funzionalità e sicurezza.

3. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche agli Stati non appartenenti all'Unione Europea con i quali siano stati stipulati specifici accordi di riconoscimento reciproco.

Roma, 8 febbraio 1999

p. il Presidente: Bassanini

ALLEGATO TECNICO

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica, 10 novembre 1997, n. 513.

TITOLO I. REGOLE TECNICHE DI BASE

Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini delle presenti regole tecniche si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. S'intende, inoltre:

a. per «titolare» di una coppia di chiavi asimmetriche, il soggetto a cui è attribuita la firma digitale generata con la chiave privata della coppia, ovvero il responsabile del servizio o della funzione che utilizza la firma mediante dispositivi automatici;

b. per «impronta» di una sequenza di simboli binari, la sequenza di simboli binari di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash;

c. per «funzione di hash», una funzione matematica che genera, a partire da una generica sequenza di simboli binari, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di simboli binari che la generi, ed altresì risulti di fatto impossibile determinare una coppia di sequenze di simboli binari per le quali la funzione generi impronte uguali.

d. per «dispositivo di firma», un apparato elettronico programmabile solo all'origine, facente parte del sistema di validazione, in grado almeno di conservare in modo protetto le chiavi private e generare al suo interno firme digitali;

e. per «evidenza informatica», una sequenza di simboli binari che può essere elaborata da una procedura informatica;

f. per «marca temporale», un'evidenza informatica che consente la validazione temporale;

Articolo 2. Algoritmi di generazione e verifica delle firme digitali

1. Per la generazione e la verifica delle firme digitali possono essere utilizzati i seguenti algoritmi:

a. RSA (Rivest-Shamir-Adleman algorithm).

b. DSA (Digital Signature Algorithm).

Articolo 3. Algoritmi di hash

1. La generazione dell'impronta si effettua impiegando una delle seguenti funzioni di hash, definite nella norma ISO/IEC 10118-3:1998:

a. Dedicated Hash-Function 1, corrispondente alla funzione RIPEMD-160;

b. Dedicated Hash-Function 3, corrispondente alla funzione SHA-1.

Articolo 4. Caratteristiche generali delle chiavi

1. Una coppia di chiavi può essere attribuita ad un solo titolare.

2. Se la firma del titolare viene apposta per mezzo di una procedura automatica, deve essere utilizzata una chiave diversa da tutte le altre in possesso del sottoscrittore.

3. Se la procedura automatica fa uso di più dispositivi per apporre la firma del medesimo titolare, deve essere utilizzata una chiave diversa per ciascun dispositivo.

4. Ai fini del presente decreto, le chiavi ed i correlati servizi, si distinguono secondo le seguenti tipologie:

a. chiavi di sottoscrizione, destinate alla generazione e verifica delle firme apposte o associate ai documenti;

b. chiavi di certificazione, destinate alla generazione e verifica delle firme apposte ai certificati ed alle loro liste di revoca (CRL) o sospensione (CSL);

c. chiavi di marcatura temporale, destinate alla generazione e verifica delle marche temporali.

5. Non è consentito l'uso di una chiave per funzioni diverse da quelle previste dalla sua tipologia.

6. La lunghezza minima delle chiavi è stabilita in 1024 bit.

7. Il soggetto certificatore determina il termine di scadenza del certificato ed il periodo di validità delle chiavi in funzione degli algoritmi impiegati, della lunghezza delle chiavi e dei servizi cui esse sono destinate.

Articolo 5. Generazione delle chiavi

1. La generazione della coppia di chiavi deve essere effettuata mediante apparati e procedure che assicurino, in rapporto allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, l'unicità e la robustezza della coppia generata, nonché la segretezza della chiave privata.

2. Il sistema di generazione delle chiavi deve comunque assicurare:

a. la rispondenza della coppia ai requisiti imposti dagli algoritmi di generazione e di verifica utilizzati;

b. l'equiprobabilità di generazione di tutte le coppie possibili;

c. l'identificazione del soggetto che attiva la procedura di generazione.

3. La rispondenza dei dispositivi di generazione delle chiavi ai requisiti di sicurezza specificati nel presente articolo deve essere verificata secondo i criteri previsti dal livello di valutazione E3 e robustezza dei meccanismi HIGH dell'ITSEC o superiori.

Articolo 6. Modalità di generazione delle chiavi

1. La generazione delle chiavi di certificazione e marcatura temporale può essere effettuata esclusivamente dal responsabile del servizio che utilizzerà le chiavi.

2. Le chiavi di sottoscrizione possono essere generate dal titolare o dal certificatore.

3. La generazione delle chiavi di sottoscrizione effettuata autonomamente dal titolare deve avvenire all'interno del dispositivo di firma.

Articolo 7. Generazione delle chiavi al di fuori del dispositivo di firma

1. Se la generazione delle chiavi avviene su un sistema diverso da quello destinato all'uso della chiave privata, il sistema di generazione deve assicurare:

a. l'impossibilità di intercettazione o recupero di qualsiasi informazione, anche temporanea, prodotta durante l'esecuzione della procedura;

b. il trasferimento della chiave privata, in condizioni di massima sicurezza, nel dispositivo di firma in cui verrà utilizzata.

2. Il sistema di generazione deve essere isolato, dedicato esclusivamente a questa attività ed adeguatamente protetto contro i rischi di interferenze ed intercettazioni.

3. L'accesso al sistema deve essere controllato e ciascun utente preventivamente identificato. Ogni sessione di lavoro deve essere registrata nel giornale di controllo.

4. Prima della generazione di una nuova coppia di chiavi, l'intero sistema deve procedere alla verifica della propria configurazione, dell'autenticità ed integrità del software installato e dell'assenza di programmi non previsti dalla procedura.

5. La conformità del sistema ai requisiti di sicurezza specificati nel presente articolo deve essere verificata secondo i criteri previsti dal livello di valutazione E3 e robustezza dei meccanismi HIGH dell'ITSEC, o superiori.

Articolo 8. Conservazione delle chiavi

1. Le chiavi private sono conservate e custodite all'interno di un dispositivo di firma. È possibile utilizzare lo stesso dispositivo per conservare più chiavi.

2. È vietata la duplicazione della chiave privata o dei dispositivi che la contengono.

3. Per fini particolari di sicurezza, è consentita la suddivisione della chiave privata su più dispositivi di firma.

4. Il titolare delle chiavi deve:

a. conservare con la massima diligenza la chiave privata e il dispositivo che la contiene al fine di garantirne l'integrità e la massima riservatezza;

b. conservare le informazioni di abilitazione all'uso della chiave privata in luogo diverso dal dispositivo contenente la chiave;

c. richiedere immediatamente la revoca delle certificazioni relative alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi.

Articolo 9. Formato della firma

1. Le firme generate secondo le regole contenute nel presente decreto debbono essere conformi a norme emanate da enti riconosciuti a livello nazionale od internazionale ovvero a specifiche pubbliche (Publicly Available Specification – PAS).

2. Alla firma digitale deve essere allegato il certificato corrispondente alla chiave pubblica da utilizzare per la verifica.

Articolo 10. Generazione e verifica delle firme

1. Gli strumenti e le procedure utilizzate per la generazione, l'apposizione e la verifica delle firme digitali debbono presentare al sottoscrittore, chiaramente e senza ambiguità, i dati a cui la firma si riferisce e richiedere conferma della volontà di generare la firma.

2. Il comma 1 non si applica alle firme apposte con procedura automatica, purché l'attivazione della procedura sia chiaramente riconducibile alla volontà del sottoscrittore.

3. La generazione della firma deve avvenire all'interno di un dispositivo di firma così che non sia possibile l'intercettazione del valore della chiave privata utilizzata.

4. Prima di procedere alla generazione della firma, il dispositivo di firma deve procedere all'identificazione del titolare.

5. La conformità degli strumenti utilizzati per la generazione delle firme ai requisiti di sicurezza imposti dal presente decreto deve essere verificata secondo i criteri previsti dal livello di valutazione E3 e robustezza dei meccanismi HIGH dell'ITSEC o superiori.

6. La conformità degli strumenti utilizzati per la verifica delle firme ai requisiti di sicurezza imposti dal presente decreto deve essere verificata secondo i criteri previsti dal livello di valutazione E2 e robustezza dei meccanismi HIGH dell'ITSEC o superiori.

Articolo 11. Informazioni contenute nei certificati

1. I certificati debbono contenere almeno le seguenti informazioni:

a. numero di serie del certificato;

b. ragione o denominazione sociale del certificatore;

c. codice identificativo del titolare presso il certificatore;

d. nome cognome e data di nascita ovvero ragione o denominazione sociale del titolare;

e. valore della chiave pubblica;

f. algoritmi di generazione e verifica utilizzabili;

g. inizio e fine del periodo di validità delle chiavi;

h. algoritmo di sottoscrizione del certificato.

2. Dal certificato deve potersi desumere in modo inequivocabile la tipologia delle chiavi.

3. Se il certificato è relativo ad una coppia di chiavi di sottoscrizione, in aggiunta alle informazioni prescritte dal comma 1, possono essere indicati:

a. eventuali limitazioni nell'uso della coppia di chiavi;

b. eventuali poteri di rappresentanza;

c. eventuali abilitazioni professionali.

4. Se il certificato è relativo ad una coppia di chiavi di certificazione, in aggiunta alle informazioni prescritte dal comma 1, deve essere altresì indicato l'uso delle chiavi per la certificazione.

5. Se il certificato è relativo ad una coppia di chiavi di marcatura temporale, in aggiunta alle informazioni prescritte dal comma 1, debbono essere indicati:

a. uso delle chiavi per la marcatura temporale;

b. identificativo del sistema di marcatura temporale che utilizza le chiavi.

Articolo 12. Formato dei certificati

1. I certificati e le relative liste di revoca debbono essere conformi alla norma ISO/IEC 9594-8:1995 con le estensioni definite nella Variante 1, ovvero alla specifica pubblica PKCS#6 e PKCS#9 e successive modificazioni o integrazioni.

Articolo 13. Modalità di accesso al registro dei certificati

1. L'accesso al registro dei certificati mantenuto da ciascun certificatore avviene secondo una modalità compatibile con il protocollo LDAP definito nella specifica pubblica RFC 1777 e successive modificazioni o integrazioni.

2. Il certificatore ha facoltà di fornire modalità di accesso al registro dei certificati aggiuntive rispetto a quella prevista dal comma 1.

3. Ciascun certificatore deve pubblicare gli indirizzi elettronici e telefonici attraverso cui è possibile accedere al registro, attraverso l'elenco pubblico di cui all'articolo 8 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

TITOLO II. REGOLE TECNICHE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE CHIAVI

Articcolo 14. Chiavi dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione

1. L'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione può delegare la certificazione delle proprie chiavi al Centro Tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, istituito dall'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Per ciascuna coppia di chiavi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana uno o più codici identificativi idonei per la verifica del valore della chiave pubblica.

Articolo 15. Elenco pubblico dei certificatori

1. L'elenco pubblico tenuto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, contiene per ogni certificatore le seguenti informazioni:

a. Ragione o denominazione sociale,

b. Sede legale,

c. Rappresentante legale,

d. Nome X.500,

e. Indirizzo Internet,

f. Elenco numeri telefonici di accesso,

g. Lista dei certificati delle chiavi di certificazione,

h. Manuale operativo,

i. Data di cessazione e certificatore sostitutivo.

2. L'elenco pubblico è sottoscritto dall'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.

Articolo 16. Richiesta di iscrizione all'elenco pubblico dei certificatori

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di certificatore deve inoltrare all'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, secondo le modalità da questa definite con apposita circolare, domanda di iscrizione nell'elenco pubblico di cui all'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

2. Alla domanda debbono essere allegati:

a. copia del manuale operativo;

b. copia del piano per la sicurezza;

c. profilo del personale responsabile della generazione delle chiavi, della emissione dei certificati e della gestione del registro delle chiavi;

d. copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi.

3. L'Autorità ha facoltà di chiedere integrazioni della documentazione presentata.

4. Entro 60 giorni dalla presentazione la domanda di iscrizione nell'elenco pubblico è accettata ovvero respinta con provvedimento motivato. La richiesta di documentazione integrativa sospende il decorso dei termini.

5. Il Centro Tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione è iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori con riferimento ai compiti definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522 ed è tenuto all'osservanza delle disposizioni delle presenti regole tecniche.

Articolo 17. Iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori

1. Il certificatore, la cui domanda di iscrizione sia stata accettata, deve predisporre con l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione un sistema di comunicazione sicuro attraverso il quale scambiare le informazioni previste dal presente decreto.

2. Il certificatore deve fornire le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 15, nonché i certificati relativi alle proprie chiavi di certificazione, generati conformemente alle modalità previste dall'articolo 19.

3. Il certificatore deve generare un proprio certificato per ciascuna delle chiavi di firma dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e pubblicarlo nel proprio registro dei certificati.

4. Il certificatore deve mantenere copia della lista, sottoscritta dall'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, dei certificati relativi alle chiavi di certificazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g), che deve rendere accessibile per via telematica.

Articolo 18. Verifica dei requisiti dei certificatori

1. Al verificarsi di ogni variazione dei requisiti di cui all'art. 16 o, comunque, allo scadere di un anno dalla data della precedente richiesta o comunicazione, il certificatore deve confermare per iscritto all'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione la permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di certificazione.

2. Il venir meno di uno o più requisiti tra quelli indicati all'art. 16 è causa di cancellazione dall'elenco.

3. Le modalità di esecuzione delle disposizioni del presente articolo sono stabilite con circolare dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.

4. Per l'esercizio delle attività di verifica e controllo previste dalle presenti disposizioni, l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione può corrispondere con tutte le amministrazioni e chiedere ad esse notizie ed informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Articolo 19. Generazione delle chiavi di certificazione

1. La generazione delle chiavi di certificazione deve avvenire in modo conforme a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7.

2. Per ciascuna chiave di certificazione il certificatore deve generare un certificato sottoscritto con la chiave privata della coppia cui il certificato si riferisce.

Articolo 20. Cessazione dell'attività

1. Il certificatore che intende cessare l'attività è tenuto a comunicare all'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione la data di cessazione con un anticipo di almeno 6 mesi, indicando il certificatore sostitutivo ovvero il depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

2. L'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione rende nota nell'elenco pubblico la data di cessazione con l'indicazione del certificatore sostitutivo ovvero del depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

3. Con un anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla cessazione dell'attività, il certificatore deve informare i possessori di certificati da esso emessi, specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione debbono essere revocati.

Articolo 21. Certificazione tra certificatori

1. È consentito ai certificatori definire accordi di certificazione.

2. Con l'accordo di certificazione, un certificatore emette a favore dell'altro un certificato relativo a ciascuna chiave di certificazione che viene riconosciuta nel proprio ambito.

3. I certificati di cui al comma 2 debbono definire la corrispondenza tra le clausole dei rispettivi manuali operativi considerate equivalenti.

Articolo 22. Registrazione dei titolari

1. Per ottenere la certificazione di una chiave pubblica il titolare deve essere preventivamente registrato presso il certificatore. La richiesta di registrazione deve essere redatta per iscritto e deve essere conservata a cura del certificatore per almeno 10 anni.

2. Al momento della registrazione il certificatore deve verificare l'identità del richiedente. È data facoltà al certificatore di definire, pubblicandole nel manuale operativo, le modalità di identificazione degli utenti.

3. Il certificatore deve attribuire a ciascun titolare registrato un codice identificativo di cui garantisce l'univocità nell'ambito dei propri utenti. Al medesimo soggetto sono attribuiti codici identificativi distinti per ciascuno dei ruoli per i quali egli può firmare.

Articolo 23. Uso di pseudonimi

1. I dati di cui all'art. 11, comma 1, lettera d) possono essere sostituiti, nel certificato, da uno pseudonimo.

2. La presenza di uno pseudonimo in luogo dei dati anagrafici deve essere esplicitamente indicata nel certificato.

3. Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno 10 anni dopo la scadenza del certificato.

Articolo 24. Obbligo di informazione

1. Il certificatore deve informare espressamente il richiedente la registrazione riguardo agli obblighi da quest'ultimo assunti in merito alla protezione della segretezza della chiave privata ed alla conservazione ed all'uso dei dispositivi di firma.

2. Il certificatore deve informare espressamente il titolare in ordine agli accordi di certificazione stipulati con altri certificatori ai sensi dell'articolo 21.

Articolo 25. Comunicazione tra certificatore e titolare

1. Al momento della registrazione il certificatore può fornire al titolare gli strumenti necessari per realizzare un sistema di comunicazione sicuro che consenta, quando il titolare non disponga di ulteriori chiavi utilizzabili per la sua autenticazione, di effettuare per via telematica le seguenti operazioni:

a. personalizzazione dei dispositivi di firma;

b. richiesta della certificazione di chiavi generate al di fuori dell'ambiente del certificatore;

c. richiesta di revoca immediata di un certificato.

2. In assenza del sistema di comunicazione sicuro le operazioni di cui al comma 1 debbono essere effettuate presso il certificatore.

Articolo 26. Personalizzazione del dispositivo di firma

1. La personalizzazione del dispositivo di firma consiste in:

a. acquisizione da parte del certificatore dei dati identificativi del dispositivo di firma utilizzato e loro associazione al titolare;

b. registrazione, nel dispositivo di firma, dei dati identificativi del titolare presso il certificatore;

c. registrazione, nel dispositivo di firma, dei certificati relativi alle chiavi di certificazione del certificatore.

2. Durante la personalizzazione del dispositivo di firma il certificatore ne verifica il corretto funzionamento.

3. La personalizzazione del dispositivo di firma è registrata nel giornale di controllo.

Articolo 27. Richiesta di certificazione

1. Il titolare che intende ottenere la certificazione di una coppia di chiavi deve inoltrare la richiesta, attraverso il sistema di comunicazione di cui all'articolo 25, o con altro meccanismo previsto dal manuale operativo.

2. Nella richiesta debbono essere esplicitamente indicate le informazioni che il soggetto non desidera che siano inserite nel certificato.

3. La richiesta di certificazione deve essere conservata a cura del certificatore per un periodo non inferiore ai 10 anni.

Articolo 28. Generazione dei certificati

1. Prima di emettere il certificato il certificatore deve:

a. accertarsi dell'autenticità della richiesta;

b. verificare che la chiave pubblica di cui si richiede la certificazione non sia stata certificata da uno dei certificatori iscritti nell'elenco.

c. richiedere la prova del possesso della chiave privata e verificare il corretto funzionamento della coppia di chiavi, eventualmente richiedendo la sottoscrizione di uno o più documenti di prova.

2. Qualora la verifica di cui alla lettera b) del comma 1 evidenzi la presenza di certificati relativi alla chiave di cui viene richiesta la certificazione rilasciati ad un titolare diverso dal richiedente, la richiesta di certificazione deve essere rigettata. L'evento deve essere registrato nel giornale di controllo e segnalato al titolare della chiave già certificata. Se è stata fornita la prova di possesso di cui al comma 1 lettera c), per la chiave già certificata deve essere avviata la procedura di revoca dei certificati secondo quanto previsto dall'articolo 30.

3. Il certificato deve essere generato con un sistema conforme a quanto previsto dall'articolo 42.

4. Il certificato deve essere pubblicato mediante inserimento nel registro dei certificati gestito dal certificatore. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante generazione di una marca temporale, che deve essere conservata fino alla scadenza della validità della chiavi.

5. Il certificato emesso e la relativa marca temporale debbono essere inviati al titolare.

6. Per ciascun certificato emesso il certificatore deve fornire al titolare un codice riservato, da utilizzare in caso di emergenza per l'autenticazione della eventuale richiesta di revoca del certificato.

7. La generazione dei certificati è registrata nel giornale di controllo.

Articolo 29. Revoca dei certificati relativi a chiavi di sottoscrizione

1. La revoca di un certificato determina la cessazione anticipata della sua validità.

2. La revoca può avvenire su richiesta del titolare o del terzo interessato di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ovvero su iniziativa del certificatore.

3. La revoca del certificato viene effettuata dal certificatore mediante il suo inserimento in una delle liste di certificati revocati (CRL) da lui gestite. La revoca del certificato è efficace a partire dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene ed è definitiva.

4. Il momento di pubblicazione della lista deve essere asseverato mediante l'apposizione di una marca temporale.

5. Se la revoca avviene a causa della possibile compromissione della segretezza della chiave privata, il certificatore deve procedere immediatamente alla pubblicazione dell'aggiornamento della lista di revoca.

6. La revoca dei certificati è annotata nel giornale di controllo.

Articolo 30. Revoca su iniziativa del certificatore

1. Salvo i casi di motivata urgenza, il certificatore che intende revocare un certificato deve darne comunicazione al titolare, specificando i motivi della revoca nonché la data e l'ora a partire dalla quale il certificato non è più valido.

Articolo 31. Revoca su richiesta del titolare

1. La richiesta di revoca deve essere redatta per iscritto dal titolare specificando la motivazione della revoca e la sua decorrenza.

2. La richiesta viene di norma inoltrata attraverso il sistema di comunicazione sicuro di cui all'articolo 25.

3. Modalità alternative di inoltro della richiesta debbono essere specificate dal certificatore nel manuale operativo.

4. Il certificatore deve verificare l'autenticità della richiesta e procedere alla revoca entro il termine richiesto. Sono considerate autentiche le richieste inoltrate con la modalità prevista dal comma 2.

5. Se il certificatore non ha la possibilità di accertare in tempo utile l'autenticità della richiesta, procede alla sospensione del certificato.

Articolo 32. Revoca su richiesta del terzo interessato

1. La richiesta di revoca da parte del terzo interessato di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, deve essere inoltrata per iscritto e corredata della documentazione giustificativa.

2. Il certificatore deve notificare la richiesta al titolare.

Articolo 33. Sospensione dei certificati

1. La validità di un certificato può essere sospesa su richiesta del titolare o del terzo interessato di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ovvero su iniziativa del certificatore.

2. La sospensione del certificato è effettuata dal certificatore attraverso l'inserimento in una delle liste dei certificati sospesi e diviene efficace dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. La data e l'ora di pubblicazione sono garantite dall'apposizione di una marca temporale.

3. La sospensione dei certificati è annotata nel giornale di controllo.

Articolo 34. Sospensione su iniziativa del certificatore

1. Il certificatore che intende sospendere un certificato deve darne preventiva comunicazione al titolare, specificando i motivi della sospensione e la sua durata.

2. L'avvenuta sospensione del certificato deve essere notificata al titolare specificando la data e l'ora a partire dalla quale il certificato risulta sospeso.

3. Se la sospensione è causata da una richiesta di revoca motivata dalla possibile compromissione della chiave, il certificatore deve procedere immediatamente alla pubblicazione della sospensione.

Articolo 35. Sospensione su richiesta del titolare

1. La richiesta di sospensione deve essere redatta per iscritto dal titolare, specificando la motivazione ed il periodo durante il quale la validità del certificato deve essere sospesa.

2. La richiesta viene di norma inoltrata attraverso il sistema di comunicazione sicuro di cui all'articolo 25.

3. Modalità alternative di inoltro della richiesta debbono essere specificate dal certificatore nel manuale operativo.

4. Il certificatore deve verificare l'autenticità della richiesta e procedere alla sospensione entro il termine richiesto. Sono considerate autentiche le richieste inoltrate con la modalità prevista dal comma 2.

5. In caso di emergenza è possibile richiedere la sospensione immediata di un certificato utilizzando il codice previsto dal comma 6 dell'articolo 28. La richiesta deve essere successivamente confermata utilizzando una delle modalità previste dal certificatore.

Articolo 36. Sospensione su richiesta del terzo interessato

1. La richiesta di sospensione da parte del terzo interessato di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, deve essere inoltrata per iscritto e corredata della documentazione giustificativa.

2. Il certificatore deve notificare la richiesta al titolare.

Articolo 37. Sostituzione delle chiavi di certificazione

1. Almeno 90 giorni prima della scadenza del certificato relativo ad una chiave di certificazione il certificatore deve avviare la procedura di sostituzione, generando, con le modalità previste dall'articolo 19, una nuova coppia di chiavi.

2. In aggiunta al certificato previsto dal comma 1, il certificatore deve generare un certificato relativo alla nuova chiave pubblica sottoscritto con la chiave privata della vecchia coppia ed uno relativo alla vecchia chiave pubblica sottoscritto con la nuova chiave privata.

3. I certificati generati secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 debbono essere forniti all'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, la quale provvede all'aggiornamento della lista di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g) ed al suo inoltro ai certificatori per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 4.

Articolo 38. Revoca dei certificati relativi a chiavi di certificazione

1. La revoca del certificato relativo ad una coppia di chiavi di certificazione è consentita solo nei seguenti casi:

a. compromissione della chiave segreta;

b. guasto del dispositivo di firma;

c. cessazione dell'attività.

2. La revoca deve essere notificata entro 24 ore all'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione ed a tutti i possessori di certificati sottoscritti con la chiave segreta appartenente alla coppia revocata.

3. Il certificato revocato deve essere inserito in una lista di revoca aggiornata immediatamente.

4. I certificati per i quali risultino contemporaneamente compromesse sia la chiave di certificazione con cui sono stati sottoscritti, sia quella utilizzata per la generazione della marca temporale di cui al comma 4 dell'articolo 28 debbono essere revocati.

5. L'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione provvede all'aggiornamento della lista di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g) ed al suo inoltro ai certificatori per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 4.

Articolo 39. Sostituzione delle chiavi dell'Autorità

1. Almeno 90 giorni prima della scadenza della coppia di chiavi utilizzata per la sottoscrizione dell'elenco pubblico dei certificatori, l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione provvede alla generazione e certificazione di una nuova coppia di chiavi.

2. Copia degli elementi contenuti nell'elenco pubblico dei certificatori viene sottoscritta con la nuova coppia di chiavi.

3. La lista di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g) è inviata ai certificatori per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 4.

Articolo 40. Revoca dei certificati relativi alle chiavi dell'Autorità

1. I certificati relativi alle chiavi dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione possono essere revocati solo in caso di compromissione della chiave segreta ovvero di guasto del dispositivo di firma.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione richiede a ciascun certificatore la revoca immediata del certificato ad essa rilasciato ai sensi dell'art. 17 .

3. L'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione provvede alla sostituzione della chiave revocata secondo quanto previsto dall'articolo 39.

Articolo 41. Requisiti di sicurezza dei sistemi operativi

1. Il sistema operativo dei sistemi di elaborazione utilizzati nelle attività di certificazione per la generazione delle chiavi, la generazione dei certificati e la gestione del registro dei certificati, deve essere conforme almeno alle specifiche previste dalla classe ITSEC F-C2/E2 o a quella C2 delle norme TCSEC.

2. Il requisito di cui al comma 1 non si applica al sistema operativo dei dispositivi di firma.

Articolo 42. Caratteristiche del sistema di generazione dei certificati

1. La generazione dei certificati deve avvenire su un sistema utilizzato esclusivamente per tale funzione, situato in locali adeguatamente protetti.

2. L'entrata e l'uscita dai locali protetti deve essere registrata sul giornale di controllo.

3. L'accesso ai sistemi di elaborazione deve essere consentito, limitatamente alle funzioni assegnate, esclusivamente al personale autorizzato, identificato attraverso un'opportuna procedura di riconoscimento da parte del sistema al momento di apertura di ciascuna sessione.

4. L'inizio e la fine di ciascuna sessione sono registrate sul giornale di controllo.

Articolo 43. Registro dei certificati

1. Nel registro dei certificati debbono essere presenti i seguenti elementi:

a. i certificati emessi dal certificatore;

b. la lista dei certificati revocati;

c. la lista dei certificati sospesi.

2. Il certificatore può suddividere le liste dei certificati revocati e sospesi in più liste distinte.

3. Il certificatore può replicare il registro dei certificati su più siti, purché sia garantita la consistenza e l'integrità delle copie.

4. Il registro dei certificati è accessibile a qualsiasi soggetto secondo le modalità previste dall'articolo 13.

Articolo 44. Requisiti del registro dei certificati

1. Il certificatore deve mantenere una copia di riferimento del registro dei certificati inaccessibile dall'esterno, allocata su un sistema sicuro istallato in locali protetti.

2. Il certificatore deve sistematicamente verificare la conformità tra la copia operativa e la copia di riferimento del registro dei certificati, qualsiasi discordanza deve essere immediatamente segnalata ed annotata nel registro operativo.

3. L'effettuazione delle operazioni che modificano il contenuto del registro dei certificati deve essere possibile solo per il personale espressamente autorizzato.

4. Tutte le operazioni che modificano il contenuto del registro debbono essere registrate sul giornale di controllo.

5. La data e l'ora di inizio e fine di ogni intervallo di tempo nel quale il registro dei certificati non risulta accessibile dall'esterno, nonché quelle relative a ogni intervallo di tempo nel quale una sua funzionalità interna non risulta disponibile debbono essere annotate sul giornale di controllo.

6. Almeno una copia di sicurezza della copia operativa e di quella di riferimento del registro dei certificati deve essere conservata in armadi di sicurezza distinti, situati in locali diversi.

Articolo 45. Manuale operativo

1. Il manuale operativo definisce le procedure applicate dal certificatore nello svolgimento della propria attività.

2. Il manuale operativo deve essere depositato presso l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e pubblicato a cura del certificatore in modo da essere consultabile per via telematica.

3. Il manuale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a. dati identificativi del certificatore;

b. dati identificativi della versione del manuale operativo;

c. responsabile del manuale operativo;

d. definizione degli obblighi del certificatore, del titolare e di quanti accedono per la verifica delle firme;

e. definizione delle responsabilità e delle eventuali limitazioni agli indennizzi;

f. tariffe;

g. modalità di identificazione e registrazione degli utenti;

h. modalità di generazione delle chiavi;

i. modalità di emissione dei certificati;

l. modalità di sospensione e revoca dei certificati;

m. modalità di sostituzione delle chiavi;

n. modalità di gestione del registro dei certificati;

o. modalità di accesso al registro dei certificati;

p. modalità di protezione della riservatezza;

q. procedure di gestione delle copie di sicurezza;

r. procedure di gestione degli eventi catastrofici.

Articolo 46. Piano per la sicurezza

1. Il responsabile della sicurezza deve definire un piano per la sicurezza nel quale debbono essere contenuti almeno i seguenti elementi:

a. struttura generale, modalità operativa e struttura logistica dell'organizzazione;

b. descrizione dell'infrastruttura di sicurezza per ciascun immobile rilevante ai fini della sicurezza;

c. allocazione dei servizi e degli uffici negli immobili dell'organizzazione;

d. elenco del personale e sua allocazione negli uffici;

e. attribuzione delle responsabilità;

f. algoritmi crittografici utilizzati;

g. descrizione delle procedure utilizzate nell'attività di certificazione;

h. descrizione dei dispositivi istallati;

i. descrizione dei flussi di dati;

l. procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati;

m. procedura di gestione dei disastri;

n. analisi dei rischi;

o. descrizione delle contromisure;

p. specificazione dei controlli.

2. Il piano per la sicurezza deve essere conforme a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera f) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, con riguardo alla sicurezza dei dati personali.

Articolo 47. Giornale di controllo

1. Il giornale di controllo è costituito dall'insieme delle registrazioni effettuate automaticamente dai dispositivi istallati presso il certificatore, allorché si verificano le condizioni previste dal presente decreto.

2. Le registrazioni possono essere effettuate indipendentemente anche su supporti distinti e di tipo diverso.

3. A ciascuna registrazione deve essere associata la data e l'ora in cui essa è stata effettuata.

4. Il giornale di controllo deve essere tenuto in modo da garantire l'autenticità delle annotazioni e consentire la ricostruzione con la necessaria accuratezza di tutti gli eventi rilevanti ai fini della sicurezza.

5. L'integrità del giornale di controllo deve essere verificata con frequenza almeno mensile.

6. Le registrazioni contenute nel giornale di controllo debbono essere archiviate con le modalità previste dal presente decreto e conservate per un periodo non inferiore a 10 anni.

Articolo 48. Sistema di qualità del certificatore

1. Entro un anno dall'avvio dell'attività di certificazione, il sistema di qualità del certificatore deve essere certificato secondo le norme ISO 9002.

2. Il manuale della qualità deve essere depositato presso l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e disponibile presso il certificatore.

Articolo 49. Organizzazione del personale del certificatore

1. L'organizzazione del personale del certificatore deve prevedere almeno le seguenti funzioni:

a. responsabile della sicurezza;

b. responsabile della generazione e custodia delle chiavi;

c. responsabile della personalizzazione dei dispositivi di firma;

d. responsabile della generazione dei certificati;

e. responsabile della gestione del registro dei certificati;

f. responsabile della registrazione degli utenti;

g. responsabile della sicurezza dei dati;

h. responsabile della crittografia;

i. responsabile dei servizi tecnici;

l. responsabile dell'auditing.

2. È possibile attribuire al medesimo soggetto più funzioni tra quelle previste dal comma 1 purché tra loro compatibili.

3. Sono compatibili tra loro le funzioni specificate nei sottoindicati raggruppamenti:

a. generazione e custodia delle chiavi, generazione dei certificati, personalizzazione dei dispositivi di firma, crittografia, sicurezza dei dati;

b. registrazione degli utenti, gestione del registro dei certificati, crittografia, sicurezza dei dati.

Articolo 50. Requisiti di onorabilità del certificatore

1. I requisiti di onorabilità richiesti dall'art. 8, comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, sono quelli stabiliti con il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161.

Articolo 51. Requisiti di competenza ed esperienza del personale

1. Il personale cui sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 49 deve aver maturato una esperienza almeno quinquennale nella analisi, progettazione e conduzione di sistemi informatici.

2. Per ogni aggiornamento apportato al sistema di certificazione deve essere previsto un apposito corso di addestramento.

TITOLO III. REGOLE PER LA VALIDAZIONE TEMPORALE E PER LA PROTEZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Articolo 52. Validazione temporale

1. Una evidenza informatica è sottoposta a validazione temporale con la generazione di una marca temporale che le si applichi.

2. Le marche temporali sono generate da un apposito sistema elettronico sicuro in grado di:

a. mantenere la data e l'ora conformemente a quanto richiesto dal presente decreto;

b. generare la struttura di dati contenente le informazioni specificate dall'articolo 53;

c. sottoscrivere digitalmente la struttura di dati di cui alla lettera b).

Articolo 53. Informazioni contenute nella marca temporale

1. Una marca temporale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a. identificativo dell'emittente;

b. numero di serie della marca temporale;

c. algoritmo di sottoscrizione della marca temporale;

d. identificativo del certificato relativo alla chiave di verifica della marca;

e. data ed ora di generazione della marca;

f. identificatore dell'algoritmo di hash utilizzato per generare l'impronta dell'evidenza informatica sottoposta a validazione temporale;

g. valore dell'impronta dell'evidenza informatica.

2. La marca temporale può inoltre contenere un identificatore dell'oggetto a cui appartiene l'impronta di cui alla lettera g) del comma 1.

3. La data e l'ora contenute nella marca temporale sono specificate con riferimento al Tempo Universale Coordinato UTC.

Articolo 54. Chiavi di marcatura temporale

1. Ogni coppia di chiavi utilizzata per la validazione temporale deve essere univocamente associata ad un sistema di validazione temporale.

2. Al fine di limitare il numero di marche temporali generate con la medesima coppia, le chiavi di marcatura temporale debbono essere sostituite dopo non più di un mese di utilizzazione, indipendentemente dalla durata del loro periodo di validità e senza revocare il corrispondente certificato.

3. Per la sottoscrizione dei certificati relativi a chiavi di marcatura temporale debbono essere utilizzate chiavi di certificazione diverse da quelle utilizzate per i certificati relativi alle normali chiavi di sottoscrizione.

Articolo 55. Precisione dei sistemi di validazione temporale

1. L'ora assegnata ad una marca temporale deve corrispondere, con una differenza non superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, al momento della sua generazione.

Articolo 56. Sicurezza dei sistemi di validazione temporale

1. Ogni sistema di validazione temporale deve produrre un registro operativo su di un supporto non riscrivibile nel quale sono automaticamente registrati gli eventi per i quali tale registrazione è richiesta dal presente decreto.

2. Qualsiasi anomalia o tentativo di manomissione che possa modificare il funzionamento dell'apparato in modo da renderlo incompatibile con i requisiti del presente decreto, ed in particolare con quello di cui al comma 1 dell'articolo 55, deve essere annotato sul registro operativo e causare il blocco del sistema.

3. Il blocco del sistema di validazione temporale può essere rimosso esclusivamente con l'intervento di personale espressamente autorizzato.

4. La conformità ai requisiti di sicurezza specificati nel presente articolo deve essere verificata secondo i criteri previsti dal livello di valutazione E2 e robustezza dei meccanismi HIGH dell'ITSEC o superiori. Per le componenti destinate alla sottoscrizione delle marche temporali si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 10.

Articolo 57. Registrazione delle marche generate

1. Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione debbono essere conservate in un apposito archivio digitale fino alla scadenza della chiave pubblica della coppia utilizzata per la loro generazione.

Articolo 58. Richiesta di validazione temporale

1. Il certificatore stabilisce, pubblicandole nel manuale operativo, le procedure per l'inoltro della richiesta di validazione temporale.

2. La richiesta deve contenere l'evidenza informatica alla quale le marche temporali debbono fare riferimento.

3. L'evidenza informatica può essere sostituita da una o più impronte, calcolate con funzioni di hash previste dal manuale operativo. Debbono essere comunque accettate le funzioni di hash di cui all'articolo 3.

4. La richiesta può specificare l'emissione di più marche temporali per la stessa evidenza informatica. In tal caso debbono essere restituite marche temporali generate con chiavi diverse.

5. La generazione delle marche temporali deve garantire un tempo di risposta, misurato come differenza tra il momento della ricezione della richiesta e l'ora riportata nella marca temporale, non superiore al minuto primo.

Articolo 59. Protezione dei documenti informatici

1. Al solo fine di assicurare l'associazione tra documento informatico e le relative marche temporali, il certificatore può conservare, dietro richiesta del soggetto interessato, copia del documento informatico cui la marca temporale si riferisce.

2. Nel manuale operativo debbono essere definite le modalità di conservazione e le procedure per la richiesta del servizio.

Articolo 60. Estensione della validità del documento informatico

1. La validità di un documento informatico, i cui effetti si protraggano nel tempo oltre il limite della validità della chiave di sottoscrizione, può essere estesa mediante l'associazione di una o più marche temporali.

2. Prima della scadenza della marca temporale, il periodo di validità può essere ulteriormente esteso associando una nuova marca all'evidenza informatica costituita dal documento iniziale, dalla relativa firma e dalle marche temporali già ad esso associate.

3. La presenza di una marca temporale valida associata ad un documento informatico secondo quanto previsto dal comma 2, garantisce la validità del documento anche in caso di compromissione della chiave di sottoscrizione, purché la marca temporale sia stata generata antecedentemente a tale evento.

Articolo 61. Archiviazione dei documenti informatici

1. L'archiviazione dei documenti informatici, anche se formati secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, può essere effettuata con le modalità previste dalla deliberazione 30 luglio 1998, n. 24 dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i documenti informatici si applicano le procedure previste per i documenti formati all'origine su supporto informatico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della deliberazione indicata al comma 1.

3. Ai documenti informatici non si applicano le restrizioni di formato previste dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della deliberazione. Il responsabile dell'archiviazione può convertire il documento informatico in uno di tali formati, mantenendo nell'archivio il documento originale come versione iniziale del documento archiviato.

TITOLO IV. REGOLE TECNICHE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 62. Certificazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni

1. Secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente alla certificazione delle chiavi pubbliche dei propri organi e uffici, nell'attività amministrativa di loro competenza, osservando le regole tecniche e di sicurezza previste dagli articoli precedenti. A tal fine possono avvalersi dei servizi offerti da certificatori inclusi nell'elenco pubblico di cui all'articolo 8 dello stesso decreto, nel rispetto delle norme vigenti per l'aggiudicazione dei contratti pubblici.

2. Restano salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n 522, con riferimento ai compiti di certificazione e di validazione temporale del Centro Tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, in conformità alle disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Restano salve le disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni, e le successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63. Norme transitorie

1. Le disposizioni che richiedono verifiche secondo i criteri previsti da livelli di valutazione ITSEC non si applicano nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore delle presenti regole tecniche. Durante il periodo transitorio, il fornitore o il certificatore, secondo le rispettive competenze, devono tuttavia attestare, mediante autodichiarazione, la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di sicurezza imposti dalle suddette disposizioni.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Decreto 98/2005, de 20 de mayo, del Consell de la Generalitat

Decreto 98/2005, de 20 de mayo, del Consell de la Generalitat

Decreto 98/2005, de 20 de mayo, del Consell de la Generalitat, por el que se regula un registro de representaciones de carácter voluntario ante la Generalitat para la realización de trámites por vía telemática

La incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la administración de la Generalitat se ha hecho realidad en los últimos años, en los que ha avanzado y se ha convertido en una administración moderna, eficaz y en la vanguardia de la sociedad de la información y del conocimiento.

Ello motiva la necesidad de ir adecuando los procedimientos administrativos que tramita la administración de la Generalitat a esta nueva realidad.

La realización de trámites administrativos de modo presencial en nombre de otra persona está regulado en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Autoridad Certificadora de la Generalitat, que se constituye en virtud del Decreto 87/2002, de 30 de mayo, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la utilización de la firma electrónica avanzada en la Generalitat, sólo permite la utilización de firma electrónica avanzada a las personas físicas, careciendo de ella las personas jurídicas.

La Generalitat crea un registro voluntario de representaciones para que las personas que cuenten con un certificado digital reconocido y personal, que les identifica como personas físicas, puedan presentar, por vía telemática, escritos, solicitudes y comunicaciones, en nombre de otra persona física o jurídica.

Así, el certificado usuario identifica a la persona titular del mismo y confirma su identidad, mientras que el registro de representaciones permite que una persona física con certificado digital pueda actuar telemáticamente en representación de otra persona física o jurídica.

Con ello se consigue que cuando las circunstancias de la representación cambien, bien por modificación de los datos consignados en la inscripción de la representación, bien por revocación de la representación, no se modifique o revoque el certificado usuario (que seguirá siendo medio válido para identificar a su titular), sino los datos que consten inscritos en el registro.

A través de este registro, la administración de la Generalitat puede validar, en cualquier momento, el alcance y límites de la representación con la que actúa dicha persona en nombre de otra.

Este modelo pretende ser un servicio absolutamente garantista con los requisitos exigidos por la normativa básica de procedimiento administrativo, al tiempo que reporta utilidades adicionales. En particular, la existencia de este registro permite a los órganos de la administración pública tener a su disposición los poderes y autorizaciones de representación otorgadas y utilizar esos documentos, sin necesidad de volver a ser requeridos, para los distintos procedimientos en los que sea necesario hacerlos valer, haciendo así efectivo el derecho de los ciudadanos, establecido en el artículo 35.f) de la Ley 30/192, de 26 de noviembre, de no volver a presentar documentos que ya se encuentren en poder de la administración actuante.

Asimismo, la regulación establecida en este decreto contempla mecanismos de revocación de las inscripciones de la representación en el registro, a instancia del representado o persona autorizada por éste, o del representante.

Finalmente, el presente decreto regula la posibilidad de utilizar la figura de los acuerdos con instituciones y organismos representativos de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales y, en particular, con organizaciones corporativas de las profesiones oficiales colegiadas, para que, en base a la confianza en las buenas prácticas profesionales, los miembros integrados en estas instituciones que se adhieran a los mismos puedan actuar en nombre de otra persona física o jurídica en los procedimientos administrativos que tramite la Generalitat.

Por ello, en uso de las facultades previstas en los artículos 31.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y 22.e) de la Ley de Gobierno Valenciano, a propuesta del conseller de Infraestructuras y Transporte, conforme con el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana y previa deliberación del Consell de la Generalitat, en la reunión del día 20 de mayo de 2005, dispongo:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Decreto regula la creación de un registro público, de carácter voluntario, donde se podrán inscribir los poderes para acreditar la representación con la que puede actuar una persona física, en nombre de otra persona física o jurídica, para la presentación de escritos de cualquier naturaleza, solicitudes y comunicaciones que se presenten por vía telemática, ante la administración de la Generalitat, sus entidades autónomas y entidades de derecho público.

Artículo 2. Solicitud de registro de la representación.
1. Para presentar escritos, solicitudes y comunicaciones en nombre de otra persona física o jurídica por vía telemática, podrá solicitarse previamente el registro de la representación con la que se pretende actuar.

2. El documento normalizado de solicitud del registro de la representación, que habrá de firmar el solicitante, le informará adecuadamente sobre las obligaciones que asume conforme a lo dispuesto en el presente decreto, así como del plazo de duración de la inscripción de la representación, que será por cuatro años como máximo, y de los requisitos necesarios para su renovación.

3. Dicha solicitud podrá presentarse:
a) De modo presencial:
– Para solicitar el registro de la representación con la que se pretende actuar en nombre de una persona física, mediante declaración en comparecencia personal del representado, apoderando al representante, presentando el DNI (documento nacional de identidad), pasaporte u otros medios admitidos en Derecho, ante los puntos de registro publicados en la página www.tramita.gva.es
– Para solicitar el registro de la representación para actuar de modo telemático en nombre de una persona jurídica, mediante presentación del DNI, pasaporte o número de identificación de extranjero (NIE) en vigor, y otros medios de identificación admitidos en Derecho, así como del documento o documentos válidos en Derecho que dejen constancia fidedigna de la representación.
b) De modo telemático:

– Para solicitar el registro de la representación con la que se pretende actuar en nombre de una persona física, mediante la firma del documento electrónico que aparece en la página web, en cuyo caso es imprescindible que el representado cuente con certificado usuario de firma electrónica avanzada, expedido por la Autoridad de Certificación de la Generalitat o por cualquier otro organismo con el que ésta haya suscrito el oportuno convenio.
– Para solicitar el registro de la representación para actuar de modo telemático en nombre de una persona jurídica, mediante la firma del documento electrónico que aparece en la página web, con certificado usuario de firma electrónica avanzada, en cuyo caso los documentos que acrediten el alcance de la representación deberán ser anexados y presentarse en formato electrónico con garantía de su autenticidad, integridad y conservación.

4. El solicitante del registro de la representación será responsable de la veracidad y autenticidad de los datos aportados en todo momento a lo largo del proceso de solicitud y registro, en los términos del artículo 6 de este Decreto.

5. La incorporación de la información al registro, cuando la solicitud se realice de forma presencial, se realizará por un funcionario encargado de la gestión.

6. Cualquier modificación de los datos aportados en la solicitud de inscripción de la representación deberá tramitarse por el mismo procedimiento que contemplan los artículos 3 y 4 del presente Decreto. Estas solicitudes de modificación de la inscripción de la representación determinarán, de oficio, la suspensión de la eficacia de la representación inscrita hasta que se anote la modificación, salvo que dicha modificación se refiera a una ampliación de las facultades de representación, en cuyo caso no se suspenderá la eficacia de la representación concedida hasta el momento.

7. No podrá inscribirse la representación en el registro si los datos aportados por el representante para la inscripción de dicha representación conllevan inexactitudes graves. El representante será responsable de los daños y perjuicios ocasionados.

Artículo 3. Tramitación de la solicitud de registro de la representación.
Formulada la solicitud de registro de la representación en la forma indicada en el artículo anterior, se incorporarán los documentos aportados al registro por el personal encargado del punto de registro de representaciones. Dichos puntos de registro estarán publicados en la página web www.tramita.gva.es.

Artículo 4. Registro de la representación y efectos.
1. La representación de personas físicas o jurídicas se incorporará a un registro dependiente de la Generalitat, que dará información de su existencia y de su vigencia o duración temporal a aquellos instructores de cada procedimiento que soliciten la información con consentimiento del interesado, y cuya dependencia funcional es la Secretaría Autonómica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información u órgano directivo competente en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información.

2. La incorporación a este registro de la representación con la que se actúa en nombre de otra persona física o jurídica se considerará como medio válido en Derecho para que el representante pueda presentar escritos, solicitudes y comunicaciones a nombre de otra persona física o jurídica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El instructor de cada procedimiento será el responsable del estudio de la documentación aportada en el Registro de representaciones, accediendo directamente al registro, y comprobará si dicha documentación es suficiente a efectos de representación en su procedimiento específico.

Artículo 5. Uso de la representación en los procedimientos tramitados por vía telemática.
1. Los órganos que tramiten procedimientos administrativos por vía telemática que permitan la actuación de una persona física en nombre de otra persona física o jurídica tendrán acceso al registro previsto en el artículo 4 de este Decreto, con el fin de comprobar, en su caso, el alcance, los límites y la vigencia de la representación con la que se actúa.

El registro expedirá certificación de su contenido para constancia en los expedientes administrativos en que se haya hecho uso de este medio para permitir la representación, a petición del órgano instructor del expediente, y tendrá formato imprimible, con código de verificación que da prueba de su autenticidad. Las aplicaciones asumirán y guardarán dicha certificación para su posterior comprobación.

2. Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad con que cuentan los órganos competentes para la tramitación de cada procedimiento específico de solicitar del titular del certificado que aporte la acreditación de la representación con la que actúa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que, por la propia naturaleza del procedimiento, se deban presentar poderes adicionales o diferentes a los aportados en su día al registro de representaciones.

3. Cuando se presenten escritos por vía telemática en representación de otra persona, la administración alertará al representante mediante un mensaje de advertencia de seguridad. Antes de proceder a la firma electrónica de aquellos escritos, el representante deberá manifestar el alcance de la representación con la que actúa en relación con la que consta en el registro, y que asume las obligaciones derivadas de este Decreto.

Artículo 6. Obligaciones del interesado.
El interesado, tanto representante como representado, está obligado a:
1. Comunicar los datos de inscripción de forma exacta y completa para realizar el proceso de registro.
2. Informar al registro de representaciones de cualquier modificación de la información aportada.
3. Solicitar la revocación de la representación en el momento que concurra alguna de las causas establecidas en el artículo 10.1 de este Decreto.
4. Adecuar el uso de la representación a propósitos lícitos y acordes con los usos permitidos en cada procedimiento administrativo.
5. No utilizar la representación cuando tenga constancia del hecho que implique la suspensión o revocación de la inscripción.

Artículo 7. Creación de un fichero automatizado de representantes.
Los datos de las personas que soliciten la inscripción en el registro de representaciones serán incluidos en un fichero automatizado de cuya gestión será responsable el órgano directivo competente en materia de telecomunicaciones y Sociedad de la Información. La creación y funcionamiento de dicho fichero se ajustará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 8. Revocación y renuncia de la representación.
1. La revocación de la representación reconocida e inscrita en el registro deberá ser comunicada al mismo por la persona física o jurídica representada, por un tercero autorizado por ésta o por el representante, por los medios habilitados específicamente a tal efecto. El representante puede, asimismo, renunciar a la representación, comunicándolo al registro por los medios habilitados al efecto.

2. La representación seguirá estando vigente mientras no se comunique dicha revocación o renuncia al registro, teniendo la Generalitat la obligación de hacerlo constar en el registro, una vez que tenga conocimiento suficiente de que ello se ha producido.

Artículo 9. Suspensión temporal de la representación reconocida.
La Generalitat suspenderá temporalmente la eficacia de la representación, reconocida e inscrita en el registro, si así lo solicita la persona física o jurídica representada o un tercero autorizado por aquélla, o lo ordena una autoridad judicial o administrativa, o bien en aplicación del apartado 6 del artículo 2 de este Decreto. En ambos casos, esta suspensión deberá hacerse constar en el registro de forma inmediata, desde el momento que se efectúe la solicitud o se reciba la orden judicial.

Artículo 10. Causas objetivas de pérdida de la vigencia de la inscripción de la representación.
1. La representación se dejará de ejercer en los siguientes casos:
a) Fallecimiento del representante o del representado, incapacidad sobrevenida total o parcial de cualquiera de ellos, o extinción de la personalidad jurídica representada.
b) Expiración del plazo de validez de la inscripción de la representación señalada en el artículo 2.2. de este Decreto.
c) Resolución judicial o administrativa que lo ordene.
d) Suspensión de la inscripción de la representación en los términos previstos en el artículo 9 de este decreto, por plazo superior a tres meses, o el que se fije por la autoridad administrativa o judicial correspondiente cuando éste sea mayor.

2. La Generalitat procederá a inscribir en el registro voluntario de representaciones las circunstancias antes descritas, una vez que tenga conocimiento cierto por los medios específicamente habilitados al efecto.

3. La Secretaría Autonómica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información u órgano directivo competente en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información será la autoridad administrativa competente para ordenar la pérdida de vigencia de la representación, así como su notificación al interesado.

Artículo 11. Acuerdos.
1. La Generalitat podrá suscribir acuerdos con instituciones y organismos representativos de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales y, en particular, con organizaciones corporativas de las profesiones oficiales colegiadas, que podrán extender sus efectos a las personas que sean colegiados, asociados o miembros de aquellas, al objeto de autorizar la actuación aquellos en representación de personas físicas o jurídicas para la tramitación de algún procedimiento específico que se lleve a efecto por vía telemática.

2. Para ello, las personas interesadas deberán firmar un documento individualizado de adhesión al acuerdo que recoja expresamente la aceptación del contenido íntegro de éste.

3. Las personas citadas, cuando actúen en representación de personas físicas o jurídicas ante la Generalitat, deberán ostentar la representación de las mismas por cualquier medio válido admitido en Derecho. La Generalitat podrá requerir en cualquier momento a las mismas para que acrediten dicha representación.

4. La falta de representación suficiente de las personas en cuyo nombre se hubiera presentado la documentación dará lugar a la exigencia de las responsabilidades que fueran procedentes.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la colaboración social en materia de tributos se regulará por lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

Disposición adicional.

La representación que conste acreditada en el registro podrá ser utilizada en procedimientos administrativos y trámites que se realicen de modo presencial, siempre que el interesado lo solicite y la tramitación del procedimiento lo permita.

Disposición final primera.

Se autoriza al Conseller de Infraestructuras y Transporte o conseller competente en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Decreto.

Disposición final segunda.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».

Valencia, 20 de mayo de 2005

El presidente de la Generalitat,
Francisco Camps Ortíz.
El conseller de Infraestructuras y Transporte,
José Ramón García Antón.

01Ene/14

Sentencia nº 312 de 26 de agosto de 2004 del Tribunal de Apelaciones del Trabajo 1º Turno.

Sentencia nº 312 de 26 de agosto de 2004 del Tribunal de Apelaciones del Trabajo 1º Turno.

Montevideo, 26 de agosto de 2004

VISTOS :

Para sentencia definitiva de segunda instancia en autos: «EPA C/ P S.A. DESPIDOS, DESPIDOS ESPECIALES Y OTROS FICHA 79/65/2001» venidos a conocimiento de esta Sede en virtud del recurso de apelación deducido contra la sentencia número 90 del Juzgado Letrado de Primera Instancia del Trabajo de 10º Turno.

RESULTANDO:

I. Que se da por reproducida la relación de hechos formulada por la a quo por ajustarse a las resultancias del presente expediente.

II. Que por sentencia nº 90 se hizo lugar a la demanda instaurada.

III. Contra el mencionado fallo la parte demandada interpuso recurso de apelación expresando en lo sustancial: a) Que no es necesario la existencia de sanciones anteriores para la notoria mala conducta, b) Que una sola falta puede configurar notoria mala conducta, c) Que el sentenciante la existencia de la falta ética del reclamante al abrir la correspondencia a un superior, d) Que el manejo de la información puede generar serios problemas internos.

IV. Por auto número 2578 se confirió traslado del recurso de apelación deducido.

V. A fs. 121 evacuo el traslado conferido a la parte actora expresando en lo sustancial: a) Que de la prueba producida no surgen inconductas del actor, b) Que el documento que imprimió E. no era de carácter confidencial, c) Que no hubo perjuicio para la empresa, d) Que de la propia declaración de la supervisora determinó que bastaba con una simple observación.

VI. Por auto número 2944 se concedió el recurso de apelación deducido.

VII. Que no recibidos los autos en la Sala se dispuso pasaran los autos a estudio sucesivo de los diferentes Ministros.

VIII. Realizado el estudio y acuerdo correspondiente se decidió dictar decisión anticipada en virtud de darse en la especie los supuestos del Art. 200 CGP designándose ministro redactor al Dr. John Pérez Brignani.

CONSIDERANDO:

I. En autos la demandada se agravia por entender que el actor ha incurrido en notoria mala conducta al haber leído e impreso un correo enviado vía e-Mail a su superior jerárquico.

II. Por consiguiente a efectos de una correcta resolución de la alzada debemos delimitar no solo el concepto de notoria mala conducta sino el de los diferentes aspectos jurídicos y prácticos del problema para luego en función de los mismos determinar si el hecho imputado por el recurrente se encuadra o no dentro de la hipótesis normativa;

III. En tal sentido a juicio de la Sala teniendo en cuenta la cuestión debatida en autos corresponde clarificar los siguientes puntos:

1. Definición de notoria mala conducta, y si es o no necesario la realización de uno o varios actos para que la actitud del accionante encuadre dentro del mencionado concepto; 2. Definición y naturaleza del correo electrónico; 3. Protección de los mensajes enviados; 4. Naturaleza del correo electrónico laboral.

1. Definición de notoria mala conducta.
En tal sentido cabe consignar que la notoria mala conducta constituye la justa causa que de acuerdo con nuestro derecho libera al empleador de la obligación de indemnizar al despido.
En nuestro derecho positivo solamente el trabajador, con sus actos, puede provocar la pérdida de la indemnización, razón por la cual la eximente entre nosotros es también la justa causa pero motivada exclusivamente por la notoria conducta del despido (n Cfm. De Ferrari, Derecho del Trabajo, tomo II pág. 510).

Notoria mala conducta no es un concepto de derecho formal, ni exclusivamente de derecho material. Se refiere en primer término al contenido de la relación laboral en cuanto supone una serie de deberes y prestaciones con valorización específica y en atención al fin contractual y puede ser también de contenido formal, en cuanto esa conducta puede trascender los límites estrechos de un conocimiento.

Ahora bien los hechos – para merecer tal calificativo – deben reunir las siguientes características:

a) Voluntarios, de los cuales solo pueda ser responsabilizado el trabajador.
b) Relacionados con la actividad laboral, ya sea porque se han cumplido en el desempeño de las tareas, en el lugar de trabajo o con ocasión del trabajo, ya sea porque aunque ajenos al trabajo repercuten en él afectando su consideración o su prestigio con forma que redunde desfavorablemente para la empresa en la que actúa.
c) De tal gravedad que hagan imposible la continuación del contrato en condiciones normales.

El criterio de apreciación en la justa causa puede ser cuantitativo o cualitativo. Un solo hecho por la gravedad puede en función del contrato de trabajo ser razón suficiente del despido por notoria mala conducta y muchos actos leves pueden no dar base a esa calificación.

La apreciación la debe hacer el juez, en caso de que las partes no coincidan en una apreciación (CFM Plá Rodríguez, Curso de Derecho Laboral, tomo II Vol. 1, pág. 270).

No podemos perder de vista que la mala conducta a que se refiere la ley es pues una mala conducta especial que se concreta en una o varias faltas del trabajador, según intensidad de ellas. Es aquella que independientemente de toda otra consideración pone en crisis total la relación de trabajo por culpa del trabajador (CFM Barbagelata, Derecho del trabajo, Tomo I, pág. 366).

2. Definición de correo electrónico.
Podemos definir al correo electrónico como el servicio de mensajería electrónica que tiene por objeto la comunicación no interactiva de texto, datos, imágenes o mensajes de voz entre un «originador» y los destinatarios designados y que se desarrolla en sistemas que utilizan equipos informáticos y enlaces de telecomunicaciones.

Ahora bien dependiendo de la perspectiva desde la cual se le analice, el correo electrónico posee una distinta naturaleza que podemos analizar en tres vertientes;

a) Como correspondencia o comunicación: El correo electrónico posee una idéntica naturaleza a la del correo tradicional, con la diferencia de que las comunicaciones (equivalentes del correo ordinario) se transmiten a través de la Red mediante tecnología digital. Por tanto el secreto de las comunicaciones en el e-Mail se encuentra protegido igualmente dentro del Art. 28 de la Constitución Nacional.
b) Como conjunto de datos: El correo electrónico es un conjunto de datos personales del usuario y como tal, su manipulación se encuentra supeditada a las normas relativas a la protección de datos personales. Con los datos obtenidos a través de una cuenta de correo se puede constituir el perfil de un usuario, quedando vulnerada con ello su intimidad, su vida privada. Por ejemplo, a simple vista una dirección puede evidenciar el nombre y apellidos del usuario, el lugar geográfico de origen, su lugar de trabajo e incluso aspectos más delicados como su inclinación política, religiosa o sexual, dependiendo del servidor que proporcione la dirección de correo.
c) Como transmisor de material protegido por el derecho de autor: Al permitir el trasiego de documentos en formato de texto, imagen o sonido, e incluso archivos multimedia, el correo electrónico se ha constituido en una herramienta de difusión de material protegido por el derecho de autor (obras literarias, artísticas o científicas).

El contenido mismo del mensaje de correo (aún si no se transmite una obra literaria, artística o científica) sería susceptible de protección en calidad de derechos de autor del titular de la cuenta, por cuanto si constituye una naturaleza similar a la de los correos ordinarios o cartas, la obra estaría protegida por ser precisamente una carta personal pero en formato digital. Para ello, deberá ser original, que no sea un mero mensaje informativo y que contenga las características de identificación de la personalidad.

3. Protección de los mensajes enviados.
En primer término debemos resaltar que las diferencias entre el correo postal y el electrónico no pueden ser relevantes en cuanto a su incidencia en la protección a la intimidad.

El soporte material en el que viaja el mensaje no debe ser un obstáculo para considerar su inviolabilidad, aunque puede considerarse que en la actualidad tanto desde una óptica social como desde una óptica legal – no tenemos regulación específica al respecto-, pueda parecer que no se equiparan ambos correos.

No obstante, el simple hecho de tratarse de una comunicación -por un nuevo medio, pero con los mismos caracteres fundamentales-, conlleva que el mismo tenga la necesaria protección frente a la intromisión externa. Ello se evidencia aún más, con la usual exigencia de una clave personal para acceder a la cuenta de correo, lo cual ya exterioriza el carácter privado de su contenido, sin que la falta de un contenedor físico – el sobre cerrado – sea óbice para mermar su privacidad.

El hecho de que el mensaje de correo electrónico muestre de ésta o de otra forma un indicio de privacidad es suficiente para que se le aplique toda la protección de que goza la correspondencia postal.

La Constitución, al reconocer y proteger el secreto de las comunicaciones está consagrando implícitamente la libertad de las mismas. Libertad que se erige así como un bien constitucional protegido y que se ve conculcada tanto por la interpretación del mensaje, en sentido estricto, como por el simple conocimiento antijurídico del mismo, por quien no sea su destinatario.

La norma constitucional se dirige a garantizar la impermeabilidad de la comunicación frente a terceros ajenos a la misma, sea cual sea su contenido.

El concepto de secreto que maneja el texto constitucional es, pues, formal. Se presume que el contenido de la comunicación es secreto para todos aquellos que no participan en la misma, ni está destinada directa o indirectamente.

El correo electrónico es protegido en su carácter de comunicación personal o privada por el secreto de las comunicaciones, por lo que en principio su contenido es inviolable y no puede ser incautado o abierto sin que medie intervención judicial, tal como se aplica al correo tradicional.

El secreto de la comunicación ampara tanto el contenido del mensaje como la identificación de su entorno, que revele cualquier aspecto de la intimidad del sujeto o del contenido de los mensajes que transmite.

La libertad y el secreto de las comunicaciones afectan a cualquier procedimiento de intercomunicación privada.

Si bien la Constitución menciona las más habituales: la epistolar, telegráfica, no ha restringido este derecho a ninguna de las formas posibles tal como surge de le expresión «o de cualquier otra especie» (Art. 28 de la Constitución). El secreto de las comunicaciones protege la reserva o carácter privado de la comunicación, sea cual sea el contenido de la misma. Dicho de otro modo, el aspecto que se protege es la opacidad de la propia comunicación, no un contenido determinado.

La información que consta en torno al correo electrónico pertenece a la vida privada tanto si nos referimos al contenido de los mensajes como la dirección IP que queda evidenciada en una transmisión a la misma dirección electrónica (elemento identificatorio como el ID del correo electrónico así como el elemento que determina el servidor que proporciona el servicio) todo lo cual va a constar como datos personales del usuario, según lo veremos más adelante.

Dentro de esta perspectiva del correo electrónico como una correspondencia, tanto los datos recibidos como los datos enviados desde la cuenta del correo, constituyen elementos protegidos bajo el principio de inviolabilidad de las comunicaciones. Rectamente entendido, el derecho fundamental consagra la libertad de las comunicaciones. Rectamente entendido, el derecho fundamental consagra la libertad de las comunicaciones, implícitamente, y, de modo expreso, su secreto, estableciendo en este último sentido la interdicción de la interceptación o del conocimiento antijurídicos de las comunicaciones ajenas. El bien constitucionalmente protegido es así, – a través de la imposición a todos los «secretos» – la libertad de las comunicaciones, siendo cierto que el derecho puede conculcarse tanto por la interceptación en sentido estricto (que suponga aprehensión física del soporte del mensaje – con conocimiento o no del mismo – o captación, de otra forma, del proceso de comunicación) como por el simple conocimiento antijurídico del o comunicado (apertura de la correspondencia ajena guardada por su destinatario, por un tercero).

4. Naturaleza del correo electrónico laboral.
En principio no se podrían establecer excepciones (más allá de la autorización judicial) que permitan la interceptación del correo electrónico, pues no podríamos imponer limitaciones donde la ley no las indica expresamente. Sin embargo, la naturaleza del correo electrónico laboral propone una nueva interpretación en la medida que se considera que el trabajador no es el dueño de su cuenta sino que lo es el empresario que proporciona la misma para fines absolutamente laborales, y por ende las normas deben tender en este caso a proteger los intereses de una persona jurídica como propietaria de la cuenta de correo, que la asigna a un trabajador para su uso y administración en nombre del cargo que desempeña y para fines estrictamente laborales.

Es de sentido común que el trabajador ha de utilizar las herramientas informáticas para cumplir su prestación laboral, y que el uso reiterado de las mismas para fines particulares en el centro de trabajo y en horario laboral implica un incumplimiento grave y culpable del contrato de trabajo.
Este punto es de crucial importancia ya que al no ser de correo electrónico propiedad del trabajador, resulta esencial definir qué se entiende por uso correcto del correo electrónico en la empresa. Porque junto al derecho a la intimidad del trabajador (Art. 28 de la Constitución), está la responsabilidad de la empresa por la conducta de sus empleados en el trabajo y su poder de dirección y control.

Pero estos derechos se encuentran sometidos entre sí, a relaciones de coordinación, no de subordinación, puesto que ni la capacidad de control del empresario es absoluta, ni los derechos del trabajador ilimitados, porque los principios constitucionales deben coordinarse entre sí como valores que representan. De hecho, ambos se hayan sometido al principio jurídico de buena fe contractual.

Lo cierto es que la utilización del correo electrónico y de Internet en el medio laboral está planteando numerosísimos problemas a las empresas, especialmente en cuanto a la utilización de estos medios para fines privados, donde influye no sólo el coste que el empresario tiene que asumir, sino también el tiempo de trabajo que el empleado dedica mientras está haciendo uso de tales medios, en el que lógicamente no está desarrollando su trabajo. Y en la realidad es que las empresas no pueden permitirse el lujo de tener en nómina a gente que pierde media jornada laboral cateando con los amigos o navegando por Internet.

En nuestro derecho, al igual que en la mayoría de los países, no existe, por el momento, una normativa específica destinada a resolver las posibles cuestiones generadas por el control por parte del empresario del e- Mail de sus trabajadores, por lo que para resolver esta cuestión debemos acudir a la normativa de carácter general.

Se plantea entonces un conflicto entre el poder de dirección empresarial y el ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador; en concreto, el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de comunicaciones y el derecho a la libertad de expresión.

En este sentido, para determinar los posibles efectos derivados de la utilización del correo electrónico y de Internet en el medio laboral debemos solucionar una cuestión previa, el debate existente entre el poder de dirección empresarial y el ejercicio de derechos fundamentales por parte del trabajador.

La respuesta que, en cada caso concreto, se de a esta cuestión determinará las posibilidades de control y supervisión empresarial del correo electrónico, en relación no ya a una posible vulneración del derecho a la intimidad del trabajador, sino desde el punto de vista del derecho al secreto de las comunicaciones.

Ahora bien dado que todo usuario de Internet puede poseer una cuenta privada de correo electrónico, la finalidad que poseen los correos laborales y la inversión que realiza la empresa en la asignación de las cuentas indicadas, consideramos que la cuenta de correo del trabajo es propiedad de la empresa y se debe utilizar atendiendo exclusivamente a sus fines laborales y no a fines particulares que no guarden relación con la función desempeñada.

Lo anterior, no impide que los sindicatos pueden utilizar este medio de comunicación de forma legítima para comunicarse con sus afiliados, y en este caso el patrono no puede alterar el contenido de tal comunicado ni interceptarlo, para impedir la libertad sindical en este asunto y porque se trata de utilizar un medio de comunicación para intereses que indirectamente también tiene estrecha relación con el trabajo en donde interactúan patronos, trabajadores y sindicatos.

A nivel internacional ese derecho del empresario de resguardar sus intereses se empieza a reconocer en la jurisprudencia por ejemplo en el año 2000 el Tribunal Superior de Cataluña dictaminó procedente un despido de un trabajador que en horas laborales utilizaba el correo electrónico para la distribución de mensajes ajenos a la actividad de la empresa. El mismo Tribunal declaró procedente el despido de un trabajador que en horas laborales jugaba al Solitario en su ordenador.

Con base en esas aseveraciones, se declaró el despido procedente, por lo que es un claro antecedente que avala la teoría de que el correo electrónico laboral es exclusivamente para los fines que indica la empresa y no para asuntos personales del trabajador. Los tribunales incluso señalan que el hecho de utilizar el correo para fines personales dentro de las horas laborales constituye una causal de despido por la deslealtad a la empresa y abuso contractual.

En cuanto a la forma de utilización del servicio cabe señalar que se debe exigir un uso diligente del mismo.

El que se envía es responsabilidad exclusiva del trabajador usuario de la cuenta, pero el que se recibe es exclusiva responsabilidad del emisor externo, exigiéndosele al trabajador el mínimo deber de diligencia en la manipulación de ese mensaje, de modo que en ningún modo dañe al patrono, como sería la recepción de un archivo contaminado con un virus, de material que afecte derechos fundamentales del usuario o de terceros o que atente contra seguridad general de la empresa, etc.
El trabajador cumple con su deber de obediencia, discreción, lealtad, y resguardo de su imagen en identidad con la de la empresa (pues su nombre de usuario está vinculado al nombre de la empresa constante en el nombre de dominio).

Para terceros, si el trabajador usa diligentemente el correo laboral exclusivamente para fines de la empresa, aquellos tendrán plena seguridad que las comunicaciones que reciban serán de la empresa para la que labora el emisor, por lo que tendrán una garantía de identidad y podrán exigir responsabilidad a la empresa por el contenido de los mensajes.

IV. Determinado pues el alcance de los distintos conceptos involucrados corresponde abordar el análisis de los hechos en virtud de los que se basa la exención de notoria mala conducta para determinar si se dan o no en autos los presupuestos para que proceda la misma.

V. En tal sentido tenemos que no ha sido controvertido que la actora utilizando el computador de su superior, leyó un mensaje de correo electrónico que contenía una estrategia comercial para la recuperación de socios dirigido a su superior jerárquico e imprimió el mismo. Ahora bien el actor ha esgrimido en su defensa que: 1) estaba autorizado a utilizar el computador, 2) No se produjo perjuicio alguno, 3) El mensaje no estaba marcado como confidencial, 4) El contenido del mensaje tenía información vinculada al sector en que el desempeñaba sus funciones.

Por consiguiente debemos determinar si el hecho alegado encuadra o no dentro de la hipótesis de notoria mala conducta y si las alegaciones del actor determinan o no que la falta cometida por el mismo conlleve a la exoneración de su responsabilidad en el caso.

VI. Con relación al primer punto este es si el hecho encuadra o no dentro de la hipótesis de notoria mala conducta, la Sala estima que claramente el mismo se ajusta a la eximente prevista legalmente por lo que los agravios son de total recibo y se habrá de revocar la sentencia objeto de impugnación desestimándose la demanda en todos sus términos.

Como se expresara anteriormente un solo hecho puede ser considerado como justa causa del despido si posee la gravedad suficiente como en la especie en la cual se han violado claramente el principio de la buena fe contractual, de los deberes de conducta que implicaban el cumplimiento de la función de la confianza e interés que la empresa depositó en el reclamante y del deber de lealtad laboral.

Debemos tener presente que el contrato de trabajo presupone, además del cumplimiento recíproco de las obligaciones correspondientes al respeto mutuo entre el empleador y el trabajador y entre éste y los demás compañeros de trabajo, al igual que con los representantes del empleador con el fin de lograr que el desarrollo y ejecución de la relación contractual se realicen en forma pacífica y armónica y primen en ella la confianza, la lealtad y la solidaridad. Tanto los trabajadores como los patronos deben observar siempre en sus relaciones laborales, comportamientos en los que prime el respeto mutuo. Igualmente, los trabajadores están obligados a respetar a sus superiores y sus compañeros, de manera que se desarrollen y ejecuten las labores contratadas en armonía y paz, de lo contrario, no sólo se verían afectados los intereses de la empresa sino todo el personal que allí labora.

En la especie es claro que tal extremo no se logro ya que el reclamante abrió una correspondencia dirigida a su superior jerárquico.

Debemos tener presente que la buena fe debe primar en todo acto jurídico y, con mayor énfasis aún en las relaciones laborales a efectos que éstas no se quebranten y no pierdan ese espíritu de creencia o convencimiento de la confianza y fidelidad mutua entre el empleador y el trabajador, para no verse inmiscuidos en conflictos ni crear motivos de inestabilidad laboral, ni mucho menos que se pretenda un despido arbitrario, dado que el objeto de las normas laborales cumplan su función objetiva material y en lo procesal la función tuitiva.

Ernesto KROTOSCHIN al respecto nos dice: «El contrato de trabajo impone a las partes obligaciones recíprocas, que interpretadas y cumplidas con buena fe indispensable en el desenvolvimiento de las relaciones mutuas, hacen posible la convivencia laboral».
Ser leal o practicar la fidelidad es imperativo, en materia laboral o sea que el principio de buena fe es relevante en toda relación laboral, por cuanto el vínculo laboral connota reciprocidad, ponderación, lealtad y fidelidad en la protección y ejecución del contrato de trabajo, estén sujetos a modalidad, naturaleza temporal, naturaleza accidental o contratos para obra o servicio, en este caso el deber personal, físico, jurídico y moral de cumplir con las normas impuestas por el vínculo laboral.

La confianza aquilatada por parte del empleador es que le otorga al trabajador la facultad de respetar sus intereses y que actúe con diligencia laboral en las que las obligaciones que emanan del contrato de trabajo, entendiéndose que el deber de fidelidad es mutuo y relevante moral y jurídicamente.

Como acertadamente expresa RADBRUCH: «La moral es el fundamento sobre el que descansa la validez del derecho, porque el hacer posible la moral constituye una meta del orden jurídico».
En virtud de ello es que la buena fe en materia laboral aparece como inexcusable para la comprensión del derecho, teniendo como basamento la relación personal como consecuencia de la relación laboral.

Ahora bien, es claro que en la especie no existe por parte del reclamante el menor atisbo de buena fe ya que: a) hizo un uso indebido del servicio de correo electrónico de a empresa, b) violó claramente el secreto de la comunicación de su superior; c) seleccionó como él mismo admite el material que consideró de interés para imprimir en provecho propio, no sabemos con que fines.
Asimismo la relación profesional implica – por sus mismas características-, un acuerdo implícito de secreto, que si se rompe, es inmoral, desde el momento en que se quiebra la veracidad y la fidelidad. La confidencialidad se derivaría del principio de respeto a la autonomía personal afirmado en el acuerdo implícito que establece al indicar la relación profesional.

En cuanto al concepto de confidencialidad se refiere a la cualidad de «reservados» o «restringidos» que tiene ciertos, datos sobre uno mismo – por el hecho de pertenecer a la intimidad- o ciertas informaciones privadas que son dichas con la suposición de que su difusión permanecerá controlada por el sujeto que la emite, no solo en cuanto a la extensión de su difusión, sino a la calidad y vía de su difusión. Pese a que los límites del término no son aceptados unánimemente y la noción de confidencialidad se confunde con el de confidencia, confesión, confianza, respeto, seguridad, intimidad y privacidad, puede decirse que en un sentido estricto sería la protección de la comunicación entablada entre personas y en un sentido amplio, el derecho a controlar la información referente a uno mismo.

Teniendo en cuenta estos tres conceptos, y ciñéndonos al último explicado, las informaciones vinculadas a la confidencialidad del individuo tienen tres niveles concéntricos de menor a mayor exigencia de ética de sigilo:

a) Nivel más superficial: serían aquellas informaciones respecto a sí mismo que el individuo quiere dar a conocer como parte de su «imagen pública» o socialmente cognoscible. Dentro de este primer nivel los problemas éticos surgen cuando los datos relacionados con la intimidad o privacidad que una persona desea hacer públicos, pueden ser distorsionados por medio de la calumnia o la difamación, afectando de esa manera su buena fama u honra.
b) Nivel intermedio: se incluyen aquí aquellas noticias, opiniones o imágenes que el titular hace partícipes de ellas a determinadas personas de particular confianza mediante manifestaciones orales (por ej., las relaciones profesional-persona) o escritas (cartas, etc.) o audiovisuales. Este nivel incluye, por lo tanto, todas informaciones que el sujeto quiere controlar específicamente en relación a su propia imagen corporal o a actitudes correspondientes a ésta, así como al conjunto propio de opiniones, valores o creencias.
c) Nivel más íntimo: aquellos eventos o informaciones que el individuo excluye voluntariamente del posible escrutinio por parte de quienes son ajenos a los mismos (secretos documentales, diarios o notas íntimas).

Dice a propósito la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencia o ataques».

En consecuencia, parece convincente pensar que la confidencialidad es una obligación del profesional, que está en dependencia con el derecho de la persona a enfocar su autonomía como crea más convincente. No existiría autonomía si la persona no es libre de reservar el área de intimidad o privacidad que desee.

Por último, la empresa como tal tiene derecho a que se le guarde en secreto los datos reservados que le pertenecen y que son producto del «saber hacer» propio.
Es en este último extremo que el actor infringió claramente el deber de reserva ya que no solo violó el secreto de la correspondencia de una cuenta de correo que no era suya, sino que se enteró de documentos que la empresa no tenía intención de proporcionarlos o discutirlo con él e intentó difundirlos violando claramente el concepto de confidencialidad en el aspecto más íntimo.

IX. Determinado pues que la conducta observada por el accionante encuadra dentro del concepto de notoria mala conducta resta analizar las diversas defensas argüidas por el reclamante.

X. En tal sentido respecto a la apertura del correo electrónico tenemos que resaltar un extremo que aunque parece obvio para quienes manejan habitualmente el correo electrónico, no ha sido puesto de relevancia en la especie, que es que la apertura y posterior impresión del e-Mail importaron por parte del actor al menos tres actos conscientes y voluntarios de enterarse, seleccionar y apropiarse de la información dirigida a su superior jerárquico. En efecto si bien la recepción del correo puede ser automática si se encuentra configurado el ordenador para que se produzca de esa manera, tal extremo no conlleva la apertura automática de la correspondencia dirigida a esa cuenta. Para su apertura es necesario que el operador posiciones sobre el mensaje a leer y le de la instrucción de abrir el mismo. Asimismo para la lectura e impresión del mensaje debe no solo haber abierto el correo sino posesionarse sobre el mensaje y darle la instrucción de imprimir.

Tales extremos determinan que no nos hallemos ante la apertura de una correspondencia en forma involuntaria sino claramente premeditada.

No puede perder de vista que el e-Mail indicaba en forma precisa que iba dirigido exclusivamente a tres jefes de la empresa.

Con relación a la defensa de que estaba autorizado a utilizar el computador cabe señalar que tal extremo no implica en modo alguno la lectura premeditada de un correo que no iba dirigido a su persona, sino a otro destinatario.

XI. En cuanto a que no se produjo perjuicio alguno cabe señalar que no tiene por qué producirse lucro personal o perjuicios económicos a la empresa, dado que la conducta punible consiste en el quebrantamiento de los deberes de fidelidad y lealtad mediante la violación de un correo electrónico que no iba dirigido a su persona para tomar conocimiento de información clasificada.
Por otra parte debe resaltarse que: 1) El accionante no se pudo hacer del material impreso al habérsele requisado el mismo por otro directivo de la empresa, por lo que no es posible determinar si se habrían o no producido perjuicios de no haberse impedido el hecho de la sustracción; 2) El material tuvo que ser necesariamente difundido ante el BPS al haberse solicitado a la firma por parte de la institución las razones por las cuales se había producido el despido y en consecuencia trascendió ampliamente la estrategia que iban a utilizar para la recuperación de determinados asociados. Ello constituye de por si un perjuicio cierto ya que una enorme cantidad de destinatarios tuvieron acceso a una información comercial clasificada que comporta una estrategia comercial vital para la empresa, información esta que de otra forma no hubieran tenido.

XII. Respecto a que la información no estaba marcada como confidencial cabe señalar que no era necesario tal extremo ya que se trataba de una comunicación que no iba dirigida a la persona del accionante. Es obvio que una persona no puede abrir la correspondencia dirigida a otra persona que el solo hecho de no estar rotulada como confidencial. El argumento del actor al respecto carece del mínimo asidero jurídico ya que no se encuentra protegidas las comunicaciones confidenciales sino las comunicaciones en general.
Es de hacer notar que no es que el mensaje careciera de seguridad sino que se indica claramente en el mismo la seguridad normal en el entorno para el que fue enviado este es los tres destinatarios indicados en la dirección electrónica.

XIII. La circunstancia de que tuviera información relevante para el sector donde trabajaba no puede en grado operar como justificante de la falta cometida ya que no iba dirigido al reclamante sino que involucraba una estrategia comercial que debía ser resuelta por los jerarcas a quien se encontraba destinado.

XIV. Con relación a las apreciaciones de la exempleada destinataria del correo fuera una falta menor cabe señalar que tal extremo carece de relevancia ya que no competía a la misma determinar la sanción a aplicar. Por otra parte no puede perderse de vista que la referida persona depone luego de haber terminado el vínculo por despido de la entidad demandada.

XV. en suma encuadrando la actitud del reclamante en el concepto de notoria mala conducta corresponde hacer lugar a los agravios introducidos y en su mérito revocar la sentencia objeto de impugnación desestimando la demanda en todos sus términos.

XVI. Que la conducta procesal de las partes no amerita sanción procesal en el grado.

En virtud de lo expuesto y de lo que se disponen los Articulos 688 del CC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 22, 24, 31, 37, 38, 39, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 76, 78, 79, 92, 100, 117, 118, 121, 123, 130, 131, 137, 140, 142, 145, 147, 154, 155, 157, 159, 160, 195, 200, 203, 204, 241, 248, 249, 250, 251, 253, 257, 340, 341, 344 del CGP, la Ley 10.489, el Tribunal

FALLA:

Revocase la sentencia objeto de impugnación. Declarase que la conducta del accionante encuadra en el concepto de notoria mala conducta y en su mérito desestimase la demanda respecto de los rubros indemnización por despido y aguinaldo sin especial condenación en el grado.

Dr. John Pérez Brignani. – PRESIDENTE
Dra. Beatriz Ma. De Paula Cabrera. – MINISTRA
Dr. Pedro G. Keuroglian Barsoumian. – MINISTRO

01Ene/14

Legislacion Informatica de Ley 19.812 que modifica la ley 19.628, sobre protección de la vida privada.

Ley 19.812 que modifica la ley 19.628, sobre protección de la vida privada.

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley nº19.628, sobre protección de la vida privada.

1.- Agrégase, en el inciso quinto del artículo 16, antes del punto aparte (.), la siguiente frase, antecedida de una coma (,): «o de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales si se tratare de una infracción a lo dispuesto en los artículos 17 y 18».

2.- Agrégase, en el inciso primero del artículo 17, después del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase: «Se exceptúa la información relacionada con los créditos concedidos por el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario a sus usuarios».

3.- Agrégase, en el inciso segundo del artículo 17, después del punto final (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase: «No podrá comunicarse la información relacionada con las deudas contraídas con empresas públicas o privadas que proporcionen servicios de electricidad, agua, teléfono y gas».

4.- Reemplázanse los incisos primero y segundo del artículo 18, por los siguientes:
«Artículo 18.- En ningún caso pueden comunicarse los datos a que se refiere el artículo anterior, que se relacionen con una persona identificada o identificable, luego de transcurridos cinco años desde que la respectiva obligación se hizo exigible.
Tampoco se podrá continuar comunicando los datos relativos a dicha obligación después de haber sido pagada o haberse extinguido por otro modo legal».

Artículo 2º.- Introdúcese el siguiente inciso sexto, nuevo, en el artículo 2º del Código del Trabajo, pasando los actuales incisos sexto y séptimo a ser séptimo y octavo, respectivamente:
«Ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial que, conforme a la ley, puedan ser comunicadas por los responsables de registros o bancos de datos personales; ni exigir para dicho fin declaración ni certificado alguno. Exceptúanse solamente los trabajadores que tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, agentes o apoderados, siempre que, en todos estos casos, estén dotados, a lo menos, de facultades generales de administración; y los trabajadores que tengan a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o valores de cualquier naturaleza».

Artículo 1° transitorio.- Los responsables de los registros o bancos de datos personales que traten información señalada en el artículo 17 de la ley nº 19.628 no podrán comunicarla cuando se refiera a obligaciones que, a la fecha de publicación de esta ley, hayan sido pagadas o se hayan extinguido por otro modo legal.
Asimismo, no podrán comunicar los datos relativos a esas obligaciones que se hayan hecho exigibles antes del 1º de mayo de 2002 y se encuentren impagas, siempre que el total de obligaciones impagas del titular que comunique el registro o banco de datos a la fecha de publicación de esta ley sea inferior a $2.000.000 por concepto de capital, excluyendo intereses, reajustes y cualquier otro rubro.
En el caso de los incisos anteriores, tampoco podrá proporcionarse información al titular de los datos, ni comunicarse el hecho de que éste haya sido beneficiado con esas disposiciones.

Artículo 2º transitorio.- Los responsables de los registros o bancos de datos personales que comuniquen información sobre las obligaciones a que se refiere el artículo 17 de la ley nº 19.628 eliminarán todos los datos relacionados con créditos concedidos por el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario a sus usuarios.

Artículo 3º transitorio.- Los deudores del Banco del Estado de Chile que al 30 de septiembre de 1999 obtuvieron créditos en el marco del programa de créditos para establecimiento por cuenta propia de chilenos retornados y que hayan optado, dentro del plazo establecido, a los beneficios que les otorga la ley nº 19.740, una vez aclarada la morosidad y previa solicitud, serán borrados definitivamente del o los registros históricos que existan sobre los documentos señalados en el artículo 17.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 11 de junio de 2002.

RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.

Mario Fernández Baeza, Ministro Secretario General de la Presidencia.

Jorge Rodríguez Grossi, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.

José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.

Saluda atentamente a Ud., Gonzalo Martner Fanta, Subsecretario General de la Presidencia.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Resolución 1455/2003 de 5 de septiembre, del Ministerio de Comunicaciones, por medio de la cual se regula la administración de registros del dominio .co

Resolución 1455/2003 de 5 de septiembre, del Ministerio de Comunicaciones, por medio de la cual se regula la administración de registros del dominio .co

La Ministra de Comunicaciones, en ejercicio de la facultad reguladora conferida por los artículos 1º, 4º, 5º, 7º y 8º de la Ley 72 de 1989, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 72 de 1998 confiere al Ministerio de Comunicaciones la facultad de planificación, regulación y control de todos los servicios del sector de comunicaciones, que comprende la de ciertos elementos y recursos indispensables para la prestación de los correspondientes servicios;

Que en concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 11 de diciembre de 2001 frente a la consulta formulada al respecto por este Despacho (Radicación 1.376), se expresó dentro de las consideraciones lo siguiente: «Así las cosas, la administración del dominio.co y el derivado registro de los nombres de dominio en Colombia, para la red de la Internet, es un asunto relacionado intrínsecamente con las telecomunicaciones y, en consecuencia, existe la competencia del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comunicaciones, para su planeación, regulación y control, de conformidad con las normas citadas en precedencia y las concordantes del Decreto 1130 de 1999, con mayor razón cuanto que el dominio.co como se explicó en el punto 2.5, constituye un recurso de interés público, respecto del cual el Estado colombiano debe velar por su adecuada utilización para hacer prevalecer el interés general, de acuerdo con el principio instituido por el artículo 1° de la Constitución Política».

Que en el mismo concepto en la parte de respuestas la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado expresó:
«4.1. El dominio.co asignado a Colombia como código del país en el sistema de nombres de dominio de la Internet, es de interés público.
4.2 La administración del dominio.co es un asunto relacionado intrínsecamente con las telecomunicaciones y en tal virtud, es competente el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Comunicaciones, para actuar en su planeación, regulación y control…».

Que en la Resolución 600 del 7 de mayo de 2002, emanada del Ministerio de Comunicaciones se estableció en el parágrafo transitorio que: «El Ministerio de Comunicaciones, en coordinación con las entidades aludidas en el artículo anterior, dise ñará e implementará un régimen integral que regule la materia, y mientras ello sucede, se aplicará transitoriamente lo establecido en la presente resolución.»

Que en el mismo sentido el Consejo de Estado -Sala de los Contencioso Administrativo Sección Cuarta-, en el Proceso de Acción Popular 2001-0465, en providencia del diez de julio de dos mil dos (2002), acogiendo el concepto citado anteriormente, expresó que «el nombre de dominio.co con el que se designa a Colombia en la Internet, es de interés público, naturaleza que comparte esta Sala que a la vez considera que el ser de interés público implica necesariamente que se trata de un interés colectivo, susceptible de amparo ante una posible amenaza o vulneración»
, y más adelante en la parte resolutiva del fallo ordenó al Gobierno – Ministerio de Comunicaciones: «(1) Asumir directamente o por medio de quien designe, dentro del pertinente marco legal, la administración y manejo del dominio.co y del directorio correspondiente; (2) Adecuar la actuación que ha adelantado la Universidad de los Andes, tal como se indicó en la parte motiva de esta providencia; (3) Establecer la Delegación de la administración del dominio.co conforme se señaló en la parte considerativa; (4) Expedir la regulación necesaria de conformidad con las facultades otorgadas por la Ley 72 de 1989 (arts. 1° y 2°) sobre los aspectos derivados de la delegación de la administración del dominio.co. en atención a lo previsto en el parágrafo transitorio del artículo 7° de la Resolución número 0600 de 2002. Término: El plazo para el cumplimiento de las anteriores órdenes vence el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil tres (2003).»;

Que las regulaciones del Ministerio de Comunicaciones en relación con el dominio.co deben tener en cuenta las prácticas formalmente adoptadas por las entidades internacionales que administran los dominios a nivel global en beneficio general, como la Internet Assigned Numbers Authority -IANA- y la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN;

Que de acuerdo con el artículo 8º de la Ley 72 de 1989, en el establecimiento de las regulaciones de telecomunicaciones se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones;

Que la Unión Internacional de Telecomunicaciones en la Resolución 102 (Rev. Marrakech, 2002) de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT sobre Gestión de los Nombres de Dominio y Direcciones de Internet destaca que el papel de los gobiernos es establecer un régimen jurídico claro, coherente y predecible para promover un entorno favorable en el que las redes mundiales de información puedan interfuncionar y sean ampliamente accesibles a todos los habitantes del mundo, así como velar por la adecuada protección de los intereses públicos en la gestión de los nombres de dominio y direcciones Internet;

Que también de acuerdo con la citada Resolución la gestión de los nombres de dominio y direcciones Internet incluye tareas de orden técnico y de coordinación, de las que se pueden encargar órganos técnicos privados, y asuntos de interés público, sobre todo estabilidad, seguridad, libertad de uso, protección de los derechos individuales, soberanía, reglas de competencia y acceso equitativo para todos, que incumben a los gobiernos o las organizaciones intergubernamentales y a los que contribuyen organizaciones internacionales competentes, y que los mecanismos de asignación de recursos mundiales y esenciales, tales como los nombres de dominio y direcciones Internet, revisten interés para los gobiernos y el sector privado;

Que a través de la Resolución número 00020 de 2003 se tomaron, entre otras, las siguientes determi naciones:
a) Se estableció el procedimiento a seguir por el Ministerio de Comunicaciones, para la fijación de las condiciones de administración del dominio.co;
b) Se determinó que dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación del informe sobre recomendaciones en materia administrativa, técnica, financiera y jurídica, a la señora Ministra de Comunicaciones por el grupo de estudio, creado por la misma Resolución, debía elaborarse el proyecto de Resolución para la regulación de la administración del registro de dominio de primer nivel .co, el cual debía publicarse en la página electrónica (web) del Ministerio de Comunicaciones para conocimiento del público en general, durante el lapso de un mes, con el objeto de recibir comentarios y observaciones al citado proyecto.

Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución número 00020 de 2003, el Ministerio de Comunicaciones efectuó una convocatoria pública nacional, y realizó, en febrero de 2003, una sesión de trabajo con los miembros de la comunidad Internet en la que se discutieron las condiciones específicas bajo las cuales se deberá desarrollar la administración del registro de dominio de primer nivel .co, así como los requisitos administrativos, técnicos, financieros y jurídicos que deberá cumplir el administrador de dicho registro;

Que el Ministerio de Comunicaciones creó un foro virtual con el fin de conocer las opiniones de la comunidad Internet respecto del registro de dominio de primer nivel .co, a través del cual dicha comunidad expresó sus opiniones e hizo sus aportes sobre el tema;

Que, adicionalmente, un borrador del presente acto administrativo se publicó en la página electrónica del Ministerio de Comunicaciones a partir del 2 de junio y se recibieron comentarios al mismo, los cuales fueron analizados por el Despacho para la elaboración del texto final de la resolución;

RESUELVE:

TÍTULO I. GENERALIDADES

Artículo 1°. Definiciones. Para efectos de la presente resolución, se aplicarán las siguientes definiciones:
Administrador: Es la entidad a la que se confía la organización, administración y gestión del dominio.co, incluido el mantenimiento de las bases de datos correspondientes y los servicios de información al público asociados, el registro de los nombres de dominio, su funcionamiento, la explotación de sus servidores y la difusión de archivos de zona del dominio.
ccTLD: Un dominio de alto nivel de código de país en el nivel más alto del sistema de nombre del dominio global, asignado conforme al código de dos letras en los códigos estándar de ISO3166-1 para la representación de nombres de países o territorios.
Contactos: Responsables del uso de un nombre de dominio en particular. Existen tres tipos de contacto para cada nombre de dominio: administrativo, técnico y financiero.
Contacto Administrativo: Representante del titular del nombre de dominio y responsable del uso del mismo frente a NIC Colombia.
Contacto Técnico: Responsable del servicio de DNS en el cual se encuentra alojado el nombre de dominio.
Contacto Financiero: Responsable para recibir notificaciones de pago y realizar los pagos correspondientes.
Datos Principales: Datos proporcionados por el solicitante en el proceso de registro del nombre de dominio: Nombre del Dominio; Nombre, Dirección, Identificación, Teléfono, Correo Electrónico, Contactos Administrativo, Técnico y Financiero, y demás datos solicitados por NIC-Colombia.
Documento ICP-1: Es el documento que resume las políticas de delegación y estructura del sistema de nombres de dominio de Internet, basado en los lineamentos y estándares mundiales, y aplicado por el IANA-ICANN.
DNS: Sigla utilizada para referirse al Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio) y/o al Domain Name Server (Servidor de Nombres de Dominio) de manera indistinta. El Sistema de Nombres de Dominio es una base de datos distribuida globalmente que maneja una estructura jerárquica de nombres, en la cual el más alto nivel es la «Raíz» (Root), el cual es administrado por ICANN; el siguiente nivel corresponde a los dominios de primer nivel (TLDs = Top Level Domains) y el siguiente corresponde a los dominios de segundo nivel. El Servidor de Nombres de Dominio corresponde al equipo de cómputo utilizado para desempeñar la función de resolución y traducción de nombres de dominio.
NIC Colombia. NIC-Colombia es la sigla que, siguiendo las prácticas internacionales en la materia, identifica al Ministerio de Comunicaciones o a quien este delegue, en su carácter de administrador del Dominio Colombia de internet. En consecuencia, asumirá los pagos y cumplirá las demás obligaciones en relación con la Internet Assigned Numbers Authority, IANA, y la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN.
NIC-Colombia efectuará también funciones de registro de nombres de dominio solicitados de acuerdo con las reglas, procedimientos, instrucciones y glosario terminológico vigentes, sin perjuicio de la selección por parte suya de otros registradores a efectos de promover la competencia en forma progresiva.
Nombre de Dominio: Representa un identificador común a un grupo de computadoras o equipos conectados a la red y constituyen una forma de dirección de Internet diseñado para permitir a los usuarios localizar de una manera fácil sitios en Internet.
Nombre de Dominio .co: El nombre de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a Colombia .co es un recurso del sector de las telecomunicaciones, de interés público, cuya administración, mantenimiento y desarrollo estarán bajo la planeación, regulación y control del Estado, a través del Ministerio de Comunicaciones, para el avance de las telecomunicaciones globales y su aprovechamiento por los usuarios en el país.
Registrador: Es la persona jurídica que, mediante contrato con el Administrador, proporciona a los interesados servicios de registro de nombres de dominio.
Solicitante: Cualquier persona natural o jurídica que solicita el registro de un nombre de dominio como usuario directo o en representación de un tercero.
Titular del nombre de dominio: Es la persona natural o jurídica asignataria del uso del nombre de dominio.

Artículo 2°. Incorporación e interpretación. Se entenderán incorporadas a la presente resolución las prácticas y definiciones formalmente adoptadas por la Internet Assigned Numbers Authority, IANA, y la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN, y, en caso de discrepancia entre la presente resolución y dichas prácticas, se preferirán estas últi mas.

TÍTULO II. CONDICIONES DEL REGISTRO

Artículo 3°. Derecho de uso. El derecho de uso se sujetará a las siguientes condiciones: 4.1 El registro de un determinado nombre de dominio se otorgará a la persona natural o jurídica que primero lo solicite.
4.2 NIC-Colombia no aceptará solicitudes de registro de nombres de dominio iguales a otros ya existentes, o que puedan confundirse con instituciones o dependencias del Estado u organismos internacionales, salvo cuando sean realizadas por estos o aquellas.
4.3 El registro que NIC-Colombia haga de un nombre de dominio reconoce el derecho de los titulares al uso, goce y disfrute del mismo, sin que por lo anterior se entienda la transmisión de derecho alguno de propiedad.
4.4 El Ministerio de Comunicaciones podrá autorizar el registro de nombres de dominio directamente bajo el código de país .co, de conformidad con la regulación especial que decida expedir para el efecto.
4.5 El código de país .co, como dominio de primer nivel, sólo podrá ser utilizado como identificador de Colombia en la red global de Internet.

Artículo 4°. Solicitud de asignación. Todas las solicitudes de registro deberán ser enviadas a través de la página de solicitud de registro de nombres dominio de NIC-Colombia o utilizando los mecanismos alternos que NIC-Colombia establezca para beneficio de los usuarios.
Las solicitudes de registro recibidas por NIC-Colombia se tramitarán en el orden en que se reciban, aplicando las políticas descritas en el documento ICP-1. < br> Para cada solicitud de registro recibida, NIC-Colombia enviará por correo electrónico un comprobante de recepción de la solicitud, lo cual no indica que esta será aceptada. NIC- Colombia no se hace responsable si la cuenta de correo indicada no está funcionando.
Previo cumplimiento de los requisitos correspondientes, y dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la solicitud de registro del nombre de dominio, NIC-Colombia notificará por correo electrónico al contacto administrativo, los resultados de la solicitud de registro.
NIC-Colombia generará un mecanismo de consulta para verificar qué registros se encuentran asignados, a efectos de que quien crea afectado alguno de sus derechos pueda solicitar los datos del titular del dominio e iniciar las acciones legales que estime pertinentes.

Artículo 5°. Sujeción a las reglas. El solicitante, al completar el formulario electrónico de la página web de NIC-Colombia para solicitar un registro de nombre de dominio, manifiesta conocer y aceptar las reglas, procedimientos e instrucciones vigentes de NIC-Colombia.
Para fines de solicitar el registro del nombre de dominio, el solicitante deberá proporcionar la información que se le pide en el formulario electrónico. La información se entenderá suministrada bajo la gravedad del juramento. NIC-Colombia está facultada para rechazar una solicitud de registro de dominio, en caso de verificarse que la misma contiene datos falsos o erróneos.
Las modificac iones a la presente regulación serán de aplicación inmediata y obligatorio cumplimiento.

Artículo 6°. Identificación. Podrán solicitar registros de nombres de dominio las personan naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Los solicitantes deberán suministrar el número de su documento de identidad, si se trata de personas naturales, y el Número de Identificación Tributaria, NIT, en caso de tratarse de personas jurídicas nacionales, o extranjeras con sucursal en Colombia. En caso de tratarse de solicitudes de personas naturales o jurídicas extranjeras, estas últimas sin sucursal en Colombia, deberán suministrar el número de su documento de identidad o de identificación tributaria del país de origen, respectivamente. En caso de que la persona jurídica extranjera no tenga número de identificación tributaria por no ser exigido en su país de origen, se suministrará el número del documento de identidad o de identificación tributaria del contacto administrativo, si fuere persona natural o jurídica, respectivamente.
El solicitante que requiere el registro de un nombre de dominio en representación de una persona natural o jurídica, declarará bajo juramento que tiene autorización del mismo para realizar la solicitud, y será responsable por cualquier error, falsedad u omisión en la información suministrada a NIC-Colombia.

Artículo 7°. Vigencia. NIC-Colombia podrá establecer modalidades de vigencia de registro de nombres de dominio, sin que en ningún caso la vigencia máxima exceda de dos años, pudiendo ser renovado mediante solicitud efectuada dentro del último mes de vigencia del registro, siempre y cuando se encuentre al día con los pagos causados hasta ese momento. En caso de que el solicitante no solicite la renovación dentro del período señalado, se producirá el retiro automático del registro.

Artículo 8°. Contactos. Al efectuar el registro de un nuevo nombre de dominio, es requisito indispensable proporcionar los datos que NIC-Colombia solicite de los tres contactos -administrativo, técnico y financiero-.
Los contactos para cada nombre de dominio deberán mantener sus datos constantemente actualizados. Los contactos administrativo y técnico son los únicos autorizados a realizar cambios a los datos del nombre de dominio.
El solicitante deberá comunicar inmediatamente a NIC-Colombia cualquier cambio de los contactos.

Artículo 9º. Dominios especiales. Las denominaciones que contengan las palabras, letras, o nombres distintivos que usen o deban usar la Nación, las entidades territoriales o las entidades autónomas, sólo podrán ser registradas por las entidades públicas que correspondan. Las denominaciones bajo gob.co sólo se registrarán cuando identifiquen a dependencias estatales, sean estas de carácter nacional o territorial, o entidades autónomas. En el caso de dependencias estatales, el nombre a registrar debe permitir identificar fácil y unívocamente a la dependencia que solicite el nombre de dominio, a efectos de evitar confusiones con otras dependencias de similares denominaciones en otros ámbitos del Estado.
En el segundo nivel de los nombres de dominio sólo podrán utilizarse los dominios de alto nivel genéricos (Generic Top Level Domain, gTLD) adoptados por el ICANN, a menos que el Ministerio de Comunicaciones defina otros por traducción al español de los gTLD o por conveniencia del país.
Las denominaciones bajo mil.co sólo podrán ser registradas por la Fuerza Pública.
Las denominaciones bajo edu.co s ólo podrán ser registradas por aquellas entidades educativas que presenten certificado de la autoridad que las vigila y controla.
Parágrafo. Las entidades estatales que tengan registrados nombres de dominio bajo la denominación .gov, tendrán dos años a partir de la fecha de la asunción de las funciones de administración y registro por parte del Ministerio de Comunicaciones o su delegado, para adecuar su registro a la denominación.gob, mediante la ejecución de tres períodos: preparación, coexistencia y establecimiento. En el período de preparación, durante los seis (6) meses siguientes a la fecha de asunción de funciones mencionada, las entidades Estatales deberán adelantar las acciones necesarias para informar al público sobre el cambio de nombre de dominio, tales como la preparación de anuncios en los diferentes medios disponibles (página web, carteleras, periódicos, etc.). En el período de coexistencia, durante los dieciocho (18) meses siguientes, las entidades estatales deberán permitir el acceso a los usuarios por medio de los dos nombres de dominio .gov y .gob (www.nombre_entidad.gob.co y www.nombre-entidad.gov.co). En el período de establecimiento se permitirá únicamente el nombre de dominio .gob (www.nombre_entidad.gob.co).

Artículo 10º. Conflictos por nombres de dominio. NIC-Colombia no actuará como mediador ni como árbitro, ni intervendrá de ninguna manera en los conflictos que eventualmente se susciten entre los solicitantes y terceros, relativos al registro o uso de un nombre de dominio, propiedad intelectual o cualquier otro tipo de conflicto cuya resolución corresponda a las autoridades. En consecuencia, NIC-Colombia no tiene ni tendrá facultades jurisdiccionales ni otras prerrogativas ni obligaciones que las que en esta Regulación se expresan.

Artículo 11º. Responsabilidad. El titular es el único responsable por las consecuencias de todo tipo, para sí y respecto de terceros, que pueda acarrear la asignación de su nombre de dominio. NIC-Colombia se limita exclusivamente a registrar el nombre de dominio indicado por el solicitante.
El hecho de que NIC-Colombia registre un nombre de dominio a favor de un solicitante, no implica que asuma responsabilidad alguna respecto de la legalidad de ese registro ni del uso del nombre de dominio por el solicitante, y en virtud de ello, no le corresponde evaluar si el registro o el uso del nombre de dominio puede violar derechos de terceros. En consecuencia, NIC-Colombia no acepta ninguna responsabilidad por cualquier conflicto de propiedad intelectual.
En cualquier caso, el solicitante debe declarar bajo juramento que, según su conocimiento, el registro y uso del nombre de dominio solicitado no interfiere ni afecta derechos de terceros. Asimismo declarará bajo juramento que el registro del nombre de dominio solicitado no se realiza con ningún propósito ilegal ni viola legislación alguna, y que todos los datos suministrados son verdaderos, no habiendo ocultado u omitido ninguna información que NIC-Colombia pudiera haber considerado esencial para su decisión de aceptar la solicitud del nombre de dominio. Asimismo, el solicitante se obliga a comunicar inmediatamente a NIC-Colombia cualquier modificación de los datos.
El incumplimiento de la anterior regla faculta a NIC-Colombia a rechazar la solicitud o cancelar el nombre de dominio registrado.
NIC-Colombia no es responsable por la eventual interrupción de los negocios, ni por los daños y perjuicios de cualquier índole que el rechazo de una solicitud, la cancelación o pérdida del registro pudiera causar al solicitante. El solicitante reconoce que resulta técnicamente imposible suministr ar un servicio libre de errores y que NIC-Colombia no se compromete a ello.

Artículo 12º. Causales de cancelación. NIC-Colombia podrá cancelar o se abstendrá de renovar el registro de un nombre de dominio en cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. Cuando por razones técnicas o de servicio ello sea conveniente, notificando electrónicamente al solicitante.
2. Cuando no se cancelen las tarifas asociadas al registro del nombre de dominio.
3. Cuando sea ordenado por las autoridades.
4. Cuando se ordene como consecuencia de la aplicación de la Política Uniforme de Resolución de Disputas (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP) creado y adoptado por la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers («ICANN»), de conformidad con el reglamento de tal política aprobado por ICANN.
5. Por falsedad en los datos de registro o no actualización del registro o de los contactos.

Artículo 13º. Tarifas. NIC-Colombia estará facultado para cobrar tarifas por la inscripción, renovación, modificación, eliminación o mantenimiento del nombre de dominio. NIC-Colombia deberá establecer en su página web lo referido a las modalidades de cuotas de los pagos, avisos de cobros, períodos de vigencia, facturas, y formas de pago.
La tabla de tarifas vigentes se publicará en el servidor web del dominio.co y será requisito esencial para mantener la vigencia de una inscripción de nombre de dominio el cancelar oportunamente todas las tarifas que sean aplicables.
El Ministerio de Comunicaciones podrá regular las tarifas cuando lo encuentre pertinente para promover la competencia en el registro de nombres de dominio.

Artículo 14º. Solución de controversias. Para resolver disputas provenientes de terceras personas con titulares de nombres de dominios, se adopta la Política Uniforme de Resolución de Disputas (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP) creado y adoptado por la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers («ICANN»), de conformidad con el reglamento de tal política aprobado por ICANN.
El sometimiento del titular del nombre de dominio a la Política Uniforme de Resolución de Disputas (UDRP), se formará parte integral del acuerdo entre aquel y NIC-Colombia.

TÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE DELEGACION O CONTRATACION

Artículo 15º. Constitución de asociaciones y fundaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y las normas que lo modifiquen o sustituyan, el Ministerio de Comunicaciones podrá, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Política, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de la función de administración del registro de nombres de dominio correspondientes al sufijo .co.

Artículo 16º. Delegación o contratación de personas jurídicas privadas. El Ministerio de Comunicaciones podrá seleccionar a una persona jurídica privada para el desarrollo de la función de administración del registro de nombres de dominio correspondientes al sufijo .co, para lo cual aplicará lo señalado en los artículos 110 a 114 de la Ley 489 de 1998 o las normas que los modifiquen o sustituyan, o contratar dicha función, para lo cual realizará un proceso de selección objetiva, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, según sea el cas o.

Artículo 17º. Principios de delegación. Cualquiera sea la modalidad escogida por el Ministerio de Comunicaciones conforme los artículos anteriores, en el acto de delegación o en el contrato correspondiente se establecerán como mínimo los siguientes aspectos:
a) El plazo y las condiciones de la designación como administrador del ccTLD, posibilidad de revisión del nombramiento y procedimiento para su revocación;
b) El compromiso del delegado para gestionar el ccTLD en interés de la comunidad local de Internet y de la comunidad mundial de Internet;
c) El reconocimiento expreso por el delegado de la autoridad última que el Ministerio de Comunicaciones ejerce sobre la gestión del ccTLD y su aceptación expresa de su obligación de respetar las leyes y reglamentos nacionales que sean de aplicación, así como las normas y tratados internacionales;
d) Una declaración en la que se afirme que el delegado es depositario de la confianza de los usuarios para la gestión del ccTLD en interés general y que no adquiere ningún derecho de propiedad sobre el mismo;
e) Las condiciones que garanticen la transmisión de todos los datos de registro al sustituto que se nombre si, por algún motivo, hay que nombrar a un nuevo delegado;
f) El compromiso del delegado de ajustarse a las normas establecidas por ICANN, de conformidad con lo establecido en esta resolución;
g) El acto de delegación de la función de administrador debe estipular que la misma implica el ejercicio de una función administrativa y no es un derecho patrimonial susceptible de apropiación.

TÍTULO IV. NORMAS TRANSITORIAS

Artículo 18º. Tránsito de administración y registro. Al momento de entrar en vigencia la presente resolución, el Ministerio de Comunicaciones, en su calidad de administrador y si lo considera conveniente, adelantará las gestiones tendientes a delegar la administración con arreglo a lo dispuesto en el Título III de la misma. En este caso, una vez designado el delegado, este, el Ministerio y quien actúe como administrador en ese momento, procederán a iniciar el empalme requerido para la asunción de las funciones por parte del nuevo administrador, así como las gestiones necesarias para su reconocimiento por parte de ICANN como coordinador de DNS (Domain Name System), a efectos de mantenerlo estable e interoperable dentro de Internet. Quien actúe como administrador en ese momento, no cesará en el desempeño de la actividad hasta tanto el nuevo administrador no sea reconocido por ICANN.

Artículo 19º. Solicitudes pendientes. Todas las solicitudes de registros de nombres de dominio pendientes a la fecha de asunción de las funciones de administración y registro por parte del Ministerio de Comunicaciones o su delegado, se resolverán con arreglo a lo dispuesto en la presente resolución.

Artículo 20º. Registros vigentes. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de asunción de las funciones de administración y registro por parte del Ministerio de Comunicaciones o su delegado, todos los registros de nombres de dominio vigentes y operando a esa fecha, se adecuarán en lo pertinente a lo dispuesto en la presente resolución.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de septiembre de 2003.

La Ministra de Comunicaciones, Martha Elena Pinto de De Hart

01Ene/14

Legislacion Informatica de Act 227 of june 29, 2000. Electronic Signature and Amendements

ZÁKON c. 227 ze dne 29. cervna 2000 o elektronickém podpisu a o zmene nekterých dalších zákonu (zákon o elektronickém podpisu)

Zmena: 226/2002 Sb., 517/2002 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákone Ceské republiky:

CÁST PRVNÍ. Elektronický podpis

§ 1. Úcel zákona

Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.

§ 2. Vymezení nekterých pojmu

Pro úcely tohoto zákona se rozumí

a) elektronickým podpisem údaje v elektronické podobe, které jsou pripojené k datové zpráve nebo jsou s ní logicky spojené a které umožnují overení totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zpráve,

b) zaruceným elektronickým podpisem elektronický podpis, který splnuje následující požadavky:

1. je jednoznacne spojen s podepisující osobou,

2. umožnuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zpráve,

3. byl vytvoren a pripojen k datové zpráve pomocí prostredku, které podepisující osoba muže udržet pod svou výhradní kontrolou,

4. je k datové zpráve, ke které se vztahuje, pripojen takovým zpusobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou zmenu dat;

c) datovou zprávou elektronická data, která lze prenášet prostredky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných pri zpracování a prenosu dat elektronickou formou,

d) podepisující osobou fyzická osoba, která má prostredek pro vytvárení podpisu a jedná jménem svým nebo v zastoupení jiné fyzické ci právnické osoby,

e) poskytovatelem certifikacních služeb subjekt, který vydává certifikáty a vede jejich evidenci, prípadne poskytuje další služby spojené s elektronickými podpisy,

f) akreditovaným poskytovatelem certifikacních služeb poskytovatel certifikacních služeb, jemuž byla udelena akreditace podle tohoto zákona,

g) certifikátem datová zpráva, která je vydána poskytovatelem certifikacních služeb, spojuje data pro overování podpisu s podepisující osobou a umožnuje overit její totožnost,

h) kvalifikovaným certifikátem certifikát, který má náležitosti stanovené tímto zákonem a byl vydán poskytovatelem certifikacních služeb, splnujícím podmínky, stanovené tímto zákonem pro poskytovatele certifikacních služeb vydávající kvalifikované certifikáty,

i) daty pro vytvárení elektronických podpisu jedinecná data, která podepisující osoba používá k vytvárení elektronického podpisu,

j) daty pro overování elektronických podpisu jedinecná data, která se používají pro overení elektronického podpisu,

k) prostredkem pro vytvárení elektronických podpisu technické zarízení nebo programové vybavení, které se používá k vytvárení elektronických podpisu,

l) prostredkem pro overování elektronických podpisu technické zarízení nebo programové vybavení, které se používá k overování elektronických podpisu,

m) prostredkem pro bezpecné vytvárení elektronických podpisu prostredek pro vytvárení elektronického podpisu, který splnuje požadavky stanovené tímto zákonem,

n) prostredkem pro bezpecné overování elektronických podpisu prostredek pro overování podpisu, který splnuje požadavky stanovené tímto zákonem,

o) nástrojem elektronického podpisu technické zarízení nebo programové vybavení, nebo jejich soucásti, používané pro zajištení certifikacních služeb nebo pro vytvárení nebo overování elektronických podpisu,

p) akreditací osvedcení, že poskytovatel certifikacních služeb splnuje podmínky stanovené tímto zákonem pro výkon cinnosti akreditovaného poskytovatele certifikacních služeb.

§ 3. Soulad s požadavky na podpis

1) Datová zpráva je podepsána, pokud je opatrena elektronickým podpisem.

2) Použití zaruceného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu a vytvoreného pomocí prostredku pro bezpecné vytvárení podpisu umožnuje overit, že datovou zprávu podepsala osoba uvedená na tomto kvalifikovaném certifikátu.

 

§ 4. Soulad s originálem

Použití zaruceného elektronického podpisu zarucuje, že dojde-li k porušení obsahu datové zprávy od okamžiku, kdy byla podepsána, toto porušení bude možno zjistit.

§ 5. Povinnosti podepisující osoby

1) Podepisující osoba je povinna

a) zacházet s prostredky jakož i s daty pro vytvárení zaruceného elektronického podpisu s náležitou pécí tak, aby nemohlo dojít k jejich neoprávnenému použití,

b) uvedomit neprodlene poskytovatele certifikacních služeb, který jí vydal kvalifikovaný certifikát, o tom, že hrozí nebezpecí zneužití jejích dat pro vytvárení zaruceného elektronického podpisu,

c) podávat presné, pravdivé a úplné informace poskytovateli certifikacních služeb ve vztahu ke kvalifikovanému certifikátu.

2) Za škodu zpusobenou porušením povinností podle odstavce 1 odpovídá podepisující osoba) podle zvláštních právních predpisu (1). Odpovednosti se však zprostí, pokud prokáže, že ten, komu vznikla škoda, neprovedl veškeré úkony potrebné k tomu, aby si overil, že zarucený elektronický podpis je platný a jeho kvalifikovaný certifikát nebyl zneplatnen.

§ 6. Povinnosti poskytovatele certifikacních služeb vydávajícího kvalifikované certifikáty

1) Poskytovatel certifikacních služeb, který vydává kvalifikované certifikáty, je povinen

a) zajistit, aby certifikáty jím vydané jako kvalifikované obsahovaly všechny náležitosti kvalifikovaných certifikátu stanovené tímto zákonem,

b) zajistit, aby údaje uvedené v kvalifikovaných certifikátech byly presné, pravdivé a úplné,

c) pred vydáním kvalifikovaného certifikátu bezpecne overit odpovídajícími prostredky totožnost osoby, které kvalifikovaný certifikát vydává, prípadne i její zvláštní znaky, vyžaduje-li to úcel kvalifikovaného certifikátu,

d) zjistit, zda v okamžiku vydání kvalifikovaného certifikátu mela podepisující osoba data pro vytvárení elektronických podpisu odpovídající datum pro overování elektronických podpisu, která obsahuje kvalifikovaný certifikát,

e) zajistit, aby se každý mohl ujistit o identite poskytovatele certifikacních služeb a jeho kvalifikovaném certifikátu,

f) zajistit provozování bezpecného a verejne prístupného seznamu vydaných kvalifikovaných certifikátu, a to i dálkovým prístupem, a údaje v nem obsažené pri každé zmene okamžite aktualizovat,

g) zajistit provozování bezpecného a verejne prístupného seznamu kvalifikovaných certifikátu, které byly zneplatneny, a to i dálkovým prístupem,

h) zajistit, aby datum a cas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy je kvalifikovaný certifikát vydán nebo zneplatnen, mohly být presne urceny a tyto údaje byly dostupné tretím stranám,

i) prijímat do pracovního nebo obdobného pomeru osoby, které mají odborné znalosti, zkušenosti a kvalifikaci nezbytnou pro poskytované služby, a které jsou obeznámeny s príslušnými bezpecnostními postupy,

j) používat bezpecné systémy a nástroje elektronického podpisu a zajistit dostatecnou bezpecnost postupu, které tyto systémy a nástroje podporují; nástroj elektronického podpisu je bezpecný, pokud odpovídá požadavkum stanoveným tímto zákonem a provádecí vyhláškou; toto musí být overeno Ministerstvem informatiky (dále jen «Ministerstvo»),

k) prijmout odpovídající opatrení proti zneužití a padelání kvalifikovaných certifikátu a zajistit utajení dat pro vytvárení zarucených elektronických podpisu v prípade, že poskytovatel certifikacních služeb umožnuje podepisující osobe jejich vytvorení v rámci poskytovaných služeb,

l) mít k dispozici dostatecné financní zdroje na provoz v souladu s požadavky uvedenými v tomto zákone a s ohledem na riziko odpovednosti za škody,

m) uchovávat veškeré informace a dokumentaci o vydaných kvalifikovaných certifikátech po dobu nejméne 10 let od ukoncení platnosti kvalifikovaného certifikátu; informace a dokumentaci muže uchovávat v elektronické podobe,

n) pred uzavrením smluvního vztahu s osobou, která žádá o vydání kvalifikovaného certifikátu, informovat ji písemne o presných podmínkách pro užívání kvalifikovaného certifikátu, vcetne prípadných omezení pro jeho použití, a o podmínkách reklamací; je rovnež povinen tuto osobu informovat o tom, zda je ci není akreditován Ministerstvem podle § 10; tyto informace lze predat elektronicky; podstatné cásti techto informací musí být na vyžádání k dispozici tretím osobám, které se spoléhají na tento kvalifikovaný certifikát,

o) používat bezpecný systém pro uchovávání kvalifikovaných certifikátu v overitelné podobe takovým zpusobem, aby záznamy nebo jejich zmeny mohly provádet pouze poverené osoby, aby bylo možno kontrolovat správnost záznamu a aby jakékoliv technické nebo programové zmeny porušující tyto bezpecnostní požadavky byly zjevné.

2) Poskytovatel certifikacních služeb, který vydává kvalifikované certifikáty, vydává podepisujícím osobám kvalifikované certifikáty na základe smlouvy. Smlouva musí být písemná, jinak je neplatná.

3) Poskytovatel certifikacních služeb, který vydává kvalifikované certifikáty, nesmí uchovávat a kopírovat data pro vytvárení zaruceného elektronického podpisu osob, kterým poskytuje své certifikacní služby.

4) Pokud byla poskytovateli certifikacních služeb, který vydává kvalifikované certifikáty, akreditace Ministerstvem odnata, je povinen informovat o této skutecnosti subjekty, kterým poskytuje své certifikacní služby a uvést tuto skutecnost v seznamech vedených podle odstavce 1 písm. f) a g).

5) Není-li poskytovatel certifikacních služeb akreditován Ministerstvem, je povinen ohlásit Ministerstvu nejméne 30 dnu pred vydáním prvního kvalifikovaného certifikátu, že bude vydávat kvalifikované certifikáty.

6) Pokud poskytovatel certifikacních služeb, který vydává kvalifikované certifikáty, uvede v kvalifikovaném certifikátu omezení pro použití tohoto certifikátu vcetne omezení hodnoty transakce, pro kterou lze kvalifikovaný certifikát použít, musí být tato omezení rozpoznatelná tretími stranami.

7) Poskytovatel certifikacních služeb, který vydává kvalifikované certifikáty, musí neprodlene ukoncit platnost certifikátu, pokud o to podepisující osoba požádá nebo v prípade, že byl certifikát vydán na základe nepravdivých nebo chybných údaju.

8) Poskytovatel certifikacních služeb musí rovnež ukoncit platnost kvalifikovaného certifikátu, dozví-li se prokazatelne, že podepisující osoba zemrela nebo ji soud zpusobilosti k právním úkonum zbavil nebo omezil (2), nebo pokud údaje, na základe kterých byl certifikát vydán, prestaly platit.

9) O veškeré cinnosti poskytovatele certifikacních služeb, který vydává kvalifikované
certifikáty, musí být vedena provozní dokumentace, která musí obsahovat tyto údaje: a) smlouvu s podepisující osobou o vydání kvalifikovaného certifikátu, b) vydaný kvalifikovaný certifikát, c) kopie predložených osobních dokladu podepisující osoby, d) potvrzení o prevzetí kvalifikovaného certifikátu podepisující osobou, e) presné casové urcení doby platnosti vydaného kvalifikovaného certifikátu.

10) Zamestnanci poskytovatele certifikacních služeb, který vydává kvalifikované certifikáty, prípadne jiné fyzické osoby, které pricházejí do styku s osobními údaji a daty pro vytvárení elektronických podpisu podepisujících osob, jsou povinni zachovávat mlcenlivost o osobních údajích, datech pro vytvárení elektronických podpisu a o bezpecnostních opatreních, jejichž zverejnení by ohrozilo zabezpecení osobních údaju a dat pro vytvárení elektronických podpisu. Povinnost mlcenlivosti trvá i po skoncení zamestnání nebo príslušných prací.

 

§ 7. Odpovednost za škodu

1) Za škodu zpusobenou porušením povinností stanovených tímto zákonem odpovídá poskytovatel certifikacních služeb vydávající kvalifikované certifikáty podle zvláštních ) právních predpisu (1).

2) Poskytovatel certifikacních služeb neodpovídá za škodu vyplývající z použití kvalifikovaného certifikátu, která vznikla v dusledku nedodržení omezení pro jeho použití.

§ 8. Ochrana osobních údaju

Ochrana osobních údaju se rídí zvláštním právním predpisem (3).

§ 9. Akreditace a dozor

1) Udelování akreditací k pusobení jako akreditovaný poskytovatel certifikacních služeb, jakož i dozor nad dodržováním tohoto zákona náleží Ministerstvu.

2) Ministerstvo

a) udeluje a odnímá akreditace k pusobení jako akreditovaný poskytovatel certifikacních služeb subjektum pusobícím na území Ceské republiky,

b) vykonává dozor nad cinností akreditovaných poskytovatelu certifikacních služeb a poskytovatelu certifikacních služeb vydávajících kvalifikované certifikáty, ukládá jim opatrení k náprave a pokuty za porušení povinností podle tohoto zákona,

c) vede evidenci udelených akreditací a jejich zmen a evidenci poskytovatelu certifikacních služeb, kterí Ministerstvu oznámili, že vydávají kvalifikované certifikáty,

d) pravidelne uverejnuje prehled udelených akreditací a prehled poskytovatelu certifikacních služeb vydávajících kvalifikované certifikáty, a to i zpusobem umožnujícím dálkový prístup,

e) vyhodnocuje shodu nástroju elektronického podpisu s požadavky stanovenými tímto zákonem a provádecí vyhláškou,

f) plní další povinnosti stanovené tímto zákonem (napríklad § 10 odst. 7, § 13 odst. 2 a § 16 odst. 2).

3) Za úcelem výkonu dozoru je akreditovaný poskytovatel certifikacních služeb vydávající kvalifikované certifikáty povinen povereným zamestnancum Ministerstva umožnit v nezbytne nutném rozsahu vstup do obchodních a provozních prostor, na požádání predložit veškerou dokumentaci, záznamy, doklady, písemnosti a jiné podklady související s jeho cinností, umožnit jim v nezbytne nutné míre prístup do svého informacního systému a poskytnout informace a veškerou potrebnou soucinnost.

4) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, postupuje Ministerstvo pri výkonu dozoru podle zvláštního právního predpisu (4).

 

§ 10. Podmínky udelení akreditace pro poskytování certifikacních služeb

1) Každý poskytovatel certifikacních služeb muže požádat Ministerstvo o udelení akreditace pro výkon cinnosti akreditovaného poskytovatele certifikacních služeb. Podání žádosti
.o akreditaci podléhá správnímu poplatku (5).

2) V žádosti o akreditaci podle odstavce 1 musí žadatel doložit

a) obchodní jméno, sídlo a identifikacní císlo žadatele,

b) doklad o oprávnení k podnikatelské cinnosti a u osoby zapsané do obchodního rejstríku také výpis z obchodního rejstríku ne starší než 3 mesíce,

c) výpis z rejstríku trestu podnikatele – fyzické osoby nebo statutárních predstavitelu právnické osoby v prípade, že žadatelem je právnická osoba, ne starší než 3 mesíce,

d) vecné, personální a organizacní predpoklady pro cinnost poskytovatele certifikacních
služeb vydávajícího kvalifikované certifikáty podle § 6 tohoto zákona,

e) údaj o tom, zda žadatel již vydává nebo hodlá vydávat kvalifikované certifikáty,

f) doklad o zaplacení správního poplatku.

3) Jestliže žádost neobsahuje všechny požadované údaje, Ministerstvo rízení preruší a vyzve žadatele, aby ji ve stanovené lhute doplnil. Jestliže tak žadatel v této lhute neuciní, Ministerstvo rízení zastaví. Správní poplatek se v takovém prípade nevrací.

4) Splnuje-li žadatel všechny podmínky predepsané tímto zákonem pro udelení akreditace, vydá Ministerstvo rozhodnutí, jímž mu akreditaci udelí. V opacném prípade žádost o udelení akreditace zamítne.

5) Akreditovaný poskytovatel certifikacních služeb musí mít sídlo na území Ceské republiky.

6) Krome cinností uvedených v tomto zákone muže akreditovaný poskytovatel certifikacních služeb bez souhlasu Ministerstva pusobit jen jako advokát, notár nebo znalec (6).

7) Soucástí rozhodnutí Ministerstva o akreditaci je overení kvalifikovaného certifikátu poskytovatele certifikacních služeb Ministerstvem.

 

§ 11.
V oblasti orgánu verejné moci je možné používat pouze zarucené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty, vydávané akreditovanými poskytovateli certifikacních služeb. To platí i pro výkon verejné moci vuci fyzickým a právnickým osobám. Pokud je zarucený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu užíván v oblasti orgánu verejné moci, musí kvalifikovaný certifikát obsahovat takové údaje, aby osoba byla jednoznacne identifikovatelná.

§ 12. Náležitosti kvalifikovaného certifikátu

1) Kvalifikovaný certifikát musí obsahovat

a) oznacení, že je vydán jako kvalifikovaný certifikát podle tohoto zákona,

b) obchodní jméno poskytovatele certifikacních služeb a jeho sídlo, jakož i údaj, že certifikát byl vydán v Ceské republice,

c) jméno a príjmení podepisující osoby nebo její pseudonym s príslušným oznacením, že se jedná o pseudonym,

d) zvláštní znaky podepisující osoby, vyžaduje-li to úcel kvalifikovaného certifikátu,

e) data pro overování podpisu, která odpovídají datum pro vytvárení podpisu, jež jsou
pod kontrolou podepisující osoby,

f) zarucený elektronický podpis poskytovatele certifikacních služeb, který kvalifikovaný certifikát vydává,

g) císlo kvalifikovaného certifikátu unikátní u daného poskytovatele certifikacních služeb,

h) pocátek a konec platnosti kvalifikovaného certifikátu,

i) prípadne údaje o tom, zda se používání kvalifikovaného certifikátu omezuje podle povahy a rozsahu jen pro urcité použití,

j) prípadne omezení hodnot transakcí, pro než lze kvalifikovaný certifikát použít.

2) Další osobní údaje smí kvalifikovaný certifikát obsahovat jen se svolením podepisující osoby.

§ 13. Povinnosti akreditovaného poskytovatele certifikacních služeb pri ukoncení cinnosti

1) Akreditovaný poskytovatel certifikacních služeb musí zámer ukoncit svou cinnost ohlásit Ministerstvu nejméne 3 mesíce pred plánovaným datem ukoncení cinnosti a musí vynaložit veškeré možné úsilí na to, aby platné kvalifikované certifikáty byly prevzaty jiným akreditovaným poskytovatelem certifikacních služeb. Akreditovaný poskytovatel certifikacních služeb dále musí prokazatelne informovat každou podepisující osobu, které poskytuje své certifikacní služby, o svém zámeru ukoncit svoji cinnost nejméne 2 mesíce predem.

2) Nemuže-li akreditovaný poskytovatel certifikacních služeb zajistit, aby platné kvalifikované certifikáty prevzal jiný akreditovaný poskytovatel certifikacních služeb, je povinen na to vcas Ministerstvo upozornit. V takovém prípade Ministerstvo prevezme evidenci vydaných kvalifikovaných certifikátu a oznámí to dotceným podepisujícím osobám.

3) Ustanovení odstavcu 1 a 2 se použijí primerene také v prípade, když akreditovaný poskytovatel certifikacních služeb zanikne, zemre nebo prestane vykonávat svoji cinnost, aniž splní ohlašovací povinnost podle odstavce 1.

 

§ 14. Opatrení k náprave

1) Zjistí-li Ministerstvo, že akreditovaný poskytovatel certifikacních služeb nebo poskytovatel certifikacních služeb vydávající kvalifikované certifikáty porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem, uloží mu, aby ve stanovené lhute sjednal nápravu a prípadne urcí, jaká opatrení k odstranení nedostatku je tento poskytovatel certifikacních služeb povinen prijmout.

2) V prípade, že se akreditovaný poskytovatel certifikacních služeb dopustí závažnejšího porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo ve stanovené lhute neodstraní nedostatky zjištené Ministerstvem, je Ministerstvo oprávneno mu udelenou akreditaci odejmout.

3) Rozhodne-li Ministerstvo o odnetí akreditace, muže ukoncit soucasne platnost kvalifikovaných certifikátu vydaných poskytovatelem certifikacních služeb v dobe platnosti akreditace.

 

§ 15. Zrušení kvalifikovaného certifikátu

1) Ministerstvo muže narídit poskytovateli certifikacních služeb jako predbežné opatrení (7) zneplatnení kvalifikovaného certifikátu podepisující osoby, pokud existuje duvodné podezrení, že kvalifikovaný certifikát byl padelán nebo pokud byl vydán na základe nepravdivých údaju. Narízení o zneplatnení kvalifikovaného certifikátu muže být vydáno také v prípade, kdy bylo zjišteno, že podepisující osoba používá prostredek pro vytvárení podpisu, který vykazuje bezpecnostní nedostatky, které by umožnily padelání zarucených elektronických podpisu nebo zmenu podepisovaných údaju.

2) Seznam certifikátu podle § 6 odst. 1 písm. g) musí obsahovat presný casový údaj, od kdy byl certifikát zneplatnen. Zneplatnené certifikáty není povoleno opetovne zprovoznit a používat.

 

§ 16. Uznávání zahranicních certifikátu

1) Certifikát, který je vydán zahranicním poskytovatelem certifikacních služeb jako kvalifikovaný ve smyslu tohoto zákona, muže být používán jako kvalifikovaný certifikát tehdy, je-li uznán poskytovatelem certifikacních služeb, který vydává kvalifikované certifikáty podle tohoto zákona, a za podmínky, že tento poskytovatel certifikacních služeb zarucí ve stejném rozsahu jako u svých kvalifikovaných certifikátu správnost a platnost kvalifikovaného certifikátu vydaného v zahranicí.

2) Certifikát, který je vydán zahranicním poskytovatelem certifikacních služeb jako kvalifikovaný ve smyslu tohoto zákona, je uznán jako kvalifikovaný certifikát tehdy, pokud to vyplývá z rozhodnutí Ministerstva nebo mezinárodních smluv nebo pokud bude mezi príslušným zahranicním orgánem nebo zahranicním poskytovatelem certifikacních služeb a Ministerstvem uzavrena dohoda o vzájemném uznávání certifikátu.

 

§ 17. Prostredky pro bezpecné vytvárení a overování zarucených elektronických podpisu

1) Prostredek pro bezpecné vytvárení podpisu musí za pomoci odpovídajících technických a programových prostredku a postupu minimálne zajistit, že

a) data pro vytvárení podpisu se mohou vyskytnout pouze jednou a že jejich utajení je náležite zajišteno,

b) data pro vytvárení podpisu nelze pri náležitém zajištení odvodit ze znalosti zpusobu jejich vytvárení a že podpis je chránen proti padelání s využitím existující dostupné technologie,

c) data pro vytvárení podpisu mohou být podepisující osobou spolehlive chránena proti zneužití tretí osobou.

2) Prostredky pro bezpecné vytvárení podpisu nesmí menit data, která se podepisují, ani zabranovat tomu, aby tato data byla predložena podepisující osobe pred vlastním procesem podepisování.

3) Prostredek pro bezpecné overování podpisu musí za pomoci odpovídajících technických a programových prostredku a postupu minimálne zajistit, aby

a) data používaná pro overení podpisu odpovídala datum zobrazeným osobe provádející overení,

b) podpis byl spolehlive overen a výsledek tohoto overení byl rádne zobrazen,

c) overující osoba mohla spolehlive zjistit obsah podepsaných dat,

d) pravost a platnost certifikátu pri overování podpisu byly spolehlive zjišteny,

e) výsledek overení a totožnost podepisující osoby byly rádne zobrazeny,

f) bylo jasne uvedeno použití pseudonymu,

g) bylo možné zjistit veškeré zmeny ovlivnující bezpecnost.

 

§ 18. Pokuty

1) Akreditovanému poskytovateli certifikacních služeb nebo poskytovateli certifikacních služeb vydávajícímu kvalifikované certifikáty, který poruší povinnost uloženou mu tímto zákonem, muže Ministerstvo uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kc.

2) Pokud akreditovaný poskytovatel certifikacních služeb nebo poskytovatel certifikacních služeb vydávající kvalifikované certifikáty porušil do jednoho roku ode dne, kdy nabylo rozhodnutí o uložení pokuty právní moci, povinnosti uložené mu tímto zákonem opakovane, muže mu být uložena pokuta do výše 20 000 000 Kc.

3) Akreditovaný poskytovatel certifikacních služeb nebo poskytovatel certifikacních služeb vydávající kvalifikované certifikáty, který marí kontrolu provádenou Ministerstvem, muže být potrestán porádkovou pokutou do výše 1 000 000 Kc, a to i opakovane.

4) Osobe, která, byt z nedbalosti, neposkytne Ministerstvu pri výkonu kontroly potrebnou soucinnost, muže být uložena pokuta do výše 25 000 Kc, a to i opakovane.

5) Pri rozhodování o výši pokuty se prihlíží zejména ke zpusobu jednání, míre zavinení, závažnosti, rozsahu, dobe trvání a následkum protiprávního jednání.

6) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy príslušný orgán porušení povinnosti zjistil, nejdéle však do trí let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

7) Pokutu vybírá Ministerstvo. Pokutu vymáhá územní financní orgán podle zvláštního právního predpisu (8).

8) Výnos pokut je príjmem státního rozpoctu Ceské republiky.

 

§ 19

Není-li v tomto zákone stanoveno jinak, vztahuje se na rízení podle tohoto zákona zvláštní právní predpis (9).

§ 20. Zmocnovací ustanovení

Ministerstvo se zmocnuje vydávat vyhlášky k upresnování podmínek stanovených v § 6 a 17 a zpusobu, jakým se jejich splnení bude dokládat, a k upresnení požadavku, které musí splnovat nástroje elektronického podpisu, a k náležitostem postupu a zpusobu vyhodnocování shody nástroju elektronického podpisu s temito požadavky.

CÁST DRUHÁ Zmena obcanského zákoníku

§ 21

Zákon c. 40/1964 Sb., obcanský zákoník, ve znení zákona c. 58/1969 Sb., zákona c. 131/1982 Sb., zákona c. 94/1988 Sb., zákona c. 188/1988 Sb., zákona c. 87/1990 Sb., zákona c. 105/1990 Sb., zákona c. 116/1990 Sb., zákona c. 87/1991 Sb., zákona c. 509/1991 Sb., zákona c. 264/1992 Sb., zákona c. 267/1994 Sb., zákona c. 104/1995 Sb., zákona c. 118/1995 Sb., zákona c. 89/1996 Sb., zákona c. 94/1996 Sb., zákona c. 227/1997 Sb., zákona c. 91/1998 Sb., zákona c. 165/1998 Sb., zákona c. 159/1999 Sb., zákona c. 363/1999 Sb., zákona c. 27/2000 Sb. a zákona c. 103/2000 Sb., se mení takto:
V § 40 odst. 3 se doplnuje tato veta: «Je-li právní úkon ucinen elektronickými prostredky, muže být podepsán elektronicky podle zvláštních predpisu.».

 

CÁST TRETÍ. Zmena zákona c. 337/1992 Sb. o správe daní a poplatku

 

§ 22

Zákon c. 337/1992 Sb., o správe daní a poplatku, ve znení zákona c. 35/1993 Sb., zákona c. 157/1993 Sb., zákona c. 302/1993 Sb., zákona c. 315/1993 Sb., zákona c. 323/1993 Sb., zákona c. 85/1994 Sb., zákona c. 255/1994 Sb., zákona c. 59/1995 Sb., zákona c. 118/1995 Sb., zákona c. 323/1996 Sb., zákona c. 61/1997 Sb., zákona c. 242/1997 Sb., zákona c. 91/1998 Sb., zákona c. 168/1998 Sb. a zákona c. 29/2000 Sb., se mení takto:

V § 21 odstavce 2 a 3 znejí: «2) Stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon, podávají danové subjekty o své danové povinnosti príslušnému správci dane priznání, hlášení a vyúctování na predepsaných tiskopisech. Tiskopisy zverejnené v elektronické podobe lze podepsat elektronicky podle zvláštních predpisu.

3) Jiná podání v danových vecech, jako jsou oznámení, žádosti, návrhy, námitky, odvolání apod. lze ucinit bud písemne nebo ústne do protokolu nebo elektronicky podepsané podle zvláštních predpisu ci za použití jiných prenosových technik (dálnopis, telefax apod.).»

 

CÁST CTVRTÁ. Zmena správního rádu

§ 23

Zákon c. 71/1967 Sb., o správním rízení (správní rád), ve znení zákona c. 29/2000 Sb., se mení takto:

V § 19 odstavec 1 zní: «1) Podání lze ucinit písemne nebo ústne do protokolu nebo v elektronické podobe podepsané elektronicky podle zvláštních predpisu. Lze je též ucinit telegraficky; takové podání obsahující návrh ve veci je treba písemne nebo ústne do protokolu doplnit nejpozdeji do 3 dnu.».

 

CÁST PÁTÁ. Zmena obcanského soudního rádu

§ 24

Zákon c. 99/1963 Sb., obcanský soudní rád, ve znení zákona c. 36/1967 Sb., zákona c. 158/1969 Sb., zákona c. 49/1973 Sb., zákona c. 20/1975 Sb., zákona c. 133/1982 Sb., zákona c. 180/1990 Sb., zákona c. 328/1991 Sb., zákona c. 519/1991 Sb., zákona c. 263/1992 Sb., zákona c. 24/1993 Sb., zákona c. 171/1993 Sb., zákona c. 117/1994 Sb., zákona c. 152/1994 Sb., zákona c. 216/1994 Sb., zákona c. 84/1995 Sb., zákona c. 118/1995 Sb., zákona c. 160/1995 Sb., zákona c. 238/1995 Sb., zákona c. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu c. 31/1996 Sb., zákona c. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu  c. 269/1996 Sb., zákona c. 202/1997 Sb., zákona c. 227/1997 Sb., zákona c. 15/1998 Sb., zákona c. 91/1998 Sb., zákona c. 165/1998 Sb., zákona c. 326/1999 Sb., zákona  c. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu c. 2/2000 Sb., zákona c. 27/2000 Sb., zákona c. 30/2000 Sb., zákona c. 46/2000 Sb., zákona c. 105/2000 Sb. a zákona c. 130/2000 Sb., se mení takto:

V § 42 odstavec 1 zní:
«1) Podání je možno ucinit písemne, ústne do protokolu, v elektronické podobe podepsané elektronicky podle zvláštních predpisu, telegraficky nebo telefaxem.».

 

CÁST ŠESTÁ. Zmena trestního rádu

§ 25

Zákon c. 141/1961 Sb., o trestním rízení soudním (trestní rád), ve znení zákona c. 57/1965 Sb., zákona c. 58/1969 Sb., zákona c. 149/1969 Sb., zákona c. 48/1973 Sb., zákona c. 29/1978 Sb., zákona c. 43/1980 Sb., zákona c. 159/1989 Sb., zákona c. 178/1990 Sb., zákona c. 303/1990 Sb., zákona c. 558/1991 Sb., zákona c. 25/1993 Sb., zákona c. 115/1993 Sb., zákona c. 292/1993 Sb., zákona c. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu c. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu c. 8/1995 Sb., zákona c. 152/1995 Sb., zákona c. 150/1997 Sb., zákona c. 209/1997 Sb., zákona c. 148/1998 Sb., zákona c. 166/1998 Sb., zákona c. 191/1999 Sb., zákona c. 29/2000 Sb. a zákona c. 30/2000 Sb., se mení takto:

V § 59 odstavec 1 zní: «1) Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávne oznaceNº Lze je ucinit písemne, ústne do protokolu, v elektronické podobe podepsané elektronicky podle zvláštních predpisu, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem.».

 

CÁST SEDMÁ. Zmena zákona o ochrane osobních údaju

§ 26

Zákon c. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju a o zmene nekterých zákonu, se mení takto:
V § 29 se doplnuje odstavec 4, který zní:
«4) Ministerstvo udeluje a odnímá akreditace k pusobení jako akreditovaný poskytovatel certifikacních služeb a provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o elektronickém podpisu.».

 

CÁST OSMÁ. Zmena zákona o správních poplatcích

§ 27

Zákon c. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znení zákona c. 10/1993 Sb., zákona c. 72/1994 Sb., zákona c. 85/1994 Sb., zákona c. 273/1994 Sb., zákona c. 36/1995 Sb., zákona c. 118/1995 Sb., zákona c. 160/1995 Sb., zákona c. 301/1995 Sb., zákona c. 151/1997 Sb., zákona c. 305/1997 Sb., zákona c. 149/1998 Sb., zákona c. 157/1998 Sb., zákona c. 167/1998 Sb., zákona c. 63/1999 Sb., zákona c. 166/1999 Sb., zákona c. 167/1999 Sb., zákona c. 223/1999 Sb., zákona c. 326/1999 Sb., zákona c. 352/1999 Sb., zákona c. 357/1999 Sb., zákona c. 360/1999 Sb., zákona c. 363/1999 Sb., zákona c. 46/2000 Sb., zákona c. 62/2000 Sb., zákona c. 117/2000 Sb., zákona c. 133/2000 Sb. a zákona c. 151/2000 Sb., se mení takto:

1. V príloze k zákonu (Sazebník správních poplatku) se doplnuje nová cást XII, která zní:
«CÁST XII. Rízení podle zákona o elektronickém podpisu Položka 162
a) podání žádosti o akreditaci poskytovatele certifikacních služeb Kc 100 000,-
b) podání žádosti o vyhodnocení shody nástroju elektronického podpisu s požadavky Kc 10 000,-.».

2. Rejstrík k Sazebníku se doplnuje o cást XII, která zní:
«CÁST XII. Rízení podle zákona o elektronickém podpisu 162.».

3. Tecka za cástí XI se vypouští.

 

CÁST DEVÁTÁ. Úcinnost

§ 28

Tento zákon nabývá úcinnosti prvním dnem tretího kalendárního mesíce po dni jeho vyhlášení.
Klaus v.r. Havel v.r. Zeman v.r.

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(1) Zákon c. 40/1964 Sb., obcanský zákoník, ve znení pozdejších predpisu.

(2) § 10 zákona c. 40/1964 Sb., obcanský zákoník, ve znení zákona c. 509/1991 Sb.

(3) Zákon c. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju a o zmene nekterých zákonu.

(4) Zákon c. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znení pozdejších predpisu.

(5) Zákon c. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znení pozdejších predpisu.

(6) Zákon c. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znení zákona c. 210/1999 Sb., zákon c. 358/1992 Sb., o notárích a jejich cinnosti (notárský rád), ve znení pozdejších predpisu, zákon c. 36/1967 Sb.,
o znalcích a tlumocnících.

(7) § 43 zákona c. 71/1967 Sb., o správním rízení (správní rád).

(8) Zákon c. 337/1992 Sb., o správe daní a poplatku, ve znení pozdejších predpisu.

(9) Zákon c. 71/1967 Sb., o správním rízení (správní rád), ve znení pozdejších predpisu.

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Act 227 of june 29, 2000. Electronic Signature and Amendements

 

The Parliament of the Czech Republic has passed the following legislation:

 

PART ONE. ELECTRONIC SIGNATURE

 

Article 1. The Purpose of the Act

The legislation regulates the application of electronic signature, the rendition of related services, the enforcement of obligations set forth by the Act, and the penalization of violations of the obligations stipulated by the Act.

 

Article 2. Definition of Certain Terms

For the purposes of the Act, it applies that:

a) an electronic signature is information in electronic form, attached to a data statement or logically related thereto, which enables its recipient to verify the identity of the undersigned;

b) a guaranueed electronic signature is a signature which satisfies the following requirements:

1) it is clearly linked to the undersigned;

2) it provides for the identification of the undersigned in respect of the data statement;

3) it is created and attached to the data statement with the aid of means which are solely controlled by the undersigned;

4) is attached to the respective data statement in a manner which enables its recipients to detect any and all subsequent data alteration;

c) a data statement means electronic data which can be transferred by electronic communication means and stored in data carriers used for electronic data processing and transmission;

d) the undersigned is a physical person who has the means to create an electronic signature and who acts on its own behalf or on behalf of another physical or legal entity;

e) a provider of certification services is an entity that issues certificates and keeps record thereof, and may provide other services related to electronic signatures;

f) an accredited provider of certified services is a provider of certification services on the basis of accreditation granted in accordance with this Act;

g) a certificate is a data statement issued by the provider of certification services, which links identity verification data with the undersigned as part of the identity verification process;

h) a qualified certificate is a certificate comprising all the particulars stipulated by the Act; it is issued by the provider of certification services which must satisfy all the conditions stipulated by the Act applicable to providers of certification services authorized to issue qualified certificates;

i) data used for the creation of electronic signatures are specific data which the undersigned uses for creating electronic signatures;

j) data used for the verification of electronic signatures are specific data used for verifying electronic signatures;

k) means for the creation of electronic signatures are technical devices or software programs which the undersigned uses for creating electronic signatures;

l) means for the verification of electronic signatures are technical devices or software programs used for verifying electronic signatures;

m) means for secure creation of electronic signatures are means used for creating electronic signatures, which meet the requirements stipulated by the Act;

n) means for secure verification of electronic signatures are means used for verifying electronic signatures, which meet the requirements stipulated by the Act;

o) electronic signature instruments are technical devices or software programs, or parts thereof, used in the rendition of certification services or for the creation or verification of electronic signatures;

p) an accreditation certificate means that the provider of certification services meets the requirements stipulated by the Act, applicable to providers of certification services.

 

Article 3. Compliance with Signature Requirements

1. A data statement is signed, if provided with an electronic signature.

2. The application of a guaranteed electronic signature, based on a qualified certificate and secured signature creation, enables the recipient to verify whether a data statement has been signed by the person specified in the qualified certificate.

 

Article 4. Compliance with the Original

A guaranteed electronic signature means that any adulteration of the contents of an undersigned data statement can be traced from the point of signature.

 

Article 5. Obligations of the Signatory

1. The signatory is obliged to:

a) handle the means, as well as the data used for the creation of a guaranteed electronic signature with a duly care to prevent their abuse;

b) notify the provider of certified services and issuer of its qualified certificate, without undue delay, if danger of abuse occurs in respect of the data that the signatory uses for the creation of a guaranteed electronic signature;

c) to provide the provider of certification services with accurate, true, and complete information on matters pertaining to the qualified certificate.

2. The signatory shall be held liable for any violation of the obligations specified in Paragraph 1 herein above to the extent of special legislation.(1) However, if the signatory proves that the damaged party failed to perform all the procedures necessary to verify the validity of the guaranteed electronic signature, his liability shall be waived, provided that his qualified certificate has not been invalidated.

 

Article 6. Obligations of the Provider of Certification Services and Issuer of Qualified Certificates

1. Providers of certification services and issuers of qualified certificates are obliged:

a) to ensure that all the certificates they issue as qualified certificates have all the particulars required under the Act for qualified certificates;

b) to ensure that all data specified in qualified certificates are accurate, true, and complete;

c) to verify the identity of the recipients of qualified certificates prior to issue, using relevant means of identification, including special identification symbols, if it is deemed necessary for the purposes of the given qualified certificate;

d) to establish, at the time of issue of the qualified certificate, whether the signatory’s data for creating electronic signatures corresponded with the data for verifying electronic signatures, contained in the qualified certificate;

e) to ensure that everyone would be able to verify the identity of the provider of certification services and its qualified certificate;

f) to compile and operate a well-secured list of qualified certificates, accessible to the public even on a long-distance basis, and to update it on a current basis;

g) to operate a well-secured and publicly accessible list of invalidated qualified certificates, even on a long-distance basis;

h) to ensure that the date and time of issue and/or invalidation of qualified certificates – including the hour, minute, and second – can be exactly determined and this information be accessible to third parties;

i) to hire or contract professional persons with specialized knowledge, experience, and qualifications to provide certification services, and to ensure that such persons be well acquainted with relevant security procedures;

j) to use security systems and electronic signature instruments, as well as adequate security procedures to support these systems and instruments; an electronic signature instrument is considered secure if it satisfies all the requirements stipulated by the Act and the relevant rules of procedure; this must be verified by the Office for Personal Data Protection (hereinafter «The Office»);

k) to adopt adequate measures against the possibility of abuse or forgery of qualified certificates and for the protection of the data used in the creation of guaranteed electronic signatures, if the provider’s services include the creation thereof;

l) to dispose of sufficient financial resources, in accordance with the requirements stipulated by the Act and with consideration to liability risks;

m) to keep all information and documentation on each qualified certificate issued, for at least 10 years following the expiry of the qualified certificate’s validity; both the information and documentation may be stored in electronic form;

n) to inform applicants for a qualified certificate, prior to entering contractual relations with them, of the exact conditions applicable to the use of qualified certificates, including limitations thereof; and to inform them whether or not they have been accredited by The Office under the provisions of Section 10 hereof; and to disclose a substantial portion of this information to third parties relying on the given qualified certificate;

o) to use a secure system for the storage of qualified certificates so that entries and amendments thereto could be made by authorized persons only, the accuracy of entries could be verified, and any and all technical or program alterations violating these security requirements could be easily detected.

2. The provider of certification services and issuer of qualified certificate issues qualified certificates to signatories on a contractual basis. The contract must be executed in writing to be valid.

3. The provider of certification services and issuer of qualified certificates must not store or copy data used for the creation of guaranteed electronic signatures of persons who contract services from the provider of certification services.

4. In the event that The Office withdraws accreditation from a provider of certification services and issuer of qualified certificates, the provider is obliged to notify of this circumstance all the persons who contract services from this provider and disclose this circumstance in the list specified in Paragraph 1(f,g) herein above.

5. Providers of certification services that are not accredited by The Office and intend to issue qualified certificates are obliged to report their intention to The Office no later than 30 days prior to issuing the first qualified certificate.

6. In the event that a provider of certification services and issuer of qualified certificates specifies limitations on the use of the certificate, including limitation on the amount of transaction for which the qualified certificate can be applied, the limitations must be apparent to third parties.

7. The provider of certification services and issuer of qualified certificates must terminate the validity of a qualified certificate, if the signatory so demands or if it is established that the certificate was issued on basis of false or inaccurate information.

8. Furthermore, the provider of certification services and issuer of qualified certificates must terminate the validity of a qualified certificate, if it establishes that the signatory has died or been declared legally incompetent, fully or partly,(2) or if the data used for the issue of the certificate become invalid.

9. Providers of certification services and issuers of qualified certificates must keep documentation of its operations, which must contain:

a) contracts with signatories on the issue of qualified certificates;

b) the qualified certificates issued to date;

c) copies of personal data submitted by signatories;

d) confirmation of acceptance of a qualified certificate from each signatory;

e) exact time of the qualified certificate’s validity.

10. The employees of a provider of certification services and issuer of qualified certificates, or other physical persons who come into contact with personal information and data used for the creation of electronic signatures by signatories, are obliged to observe the rule of confidentiality in respect of the personal information, data, and security measures used for and involved in the creation of electronic signatures, as their disclosure would jeopardize the security of the information and data used for the creation of electronic signatures. This obligation prevails even after ending the employment or the given work assignment.

 

Article 7. Professional Liability

1. Providers of certification services and issuers of qualified certificates are liable for violations of their obligations stipulated by the Act, to the extent of special legislation.(1)

2. Providers of certification services and issuers of qualified certificates are not liable for losses caused by failure to comply with limitations on its use.

 

Article 8. Personal Data Protection

Protection of personal data is subject to special legal provisions. (3)

 

Article 9. Accreditation and Supervision

1. The Office is the sole authority empowered to issue accreditation to providers, thus authorizing them to render certification services, and to enforce adherence to the provisions of the Act.

2. The Office:

a) grants and withdraws accreditation to/from providers of accredited certification services in the territory of the Czech Republic;

b) supervises the activities of accredited providers of certification services and issuers of qualified certificates, imposes remedial measures on them, as well as penalties for non-compliance with obligations stipulated by the Act;

c) keeps record of accreditation’s issued to date and amendments thereto, and of those providers of certification services that have notified The Office that they issue qualified certificates;

d) publishes a list of accreditation’s issued to date, regularly, and a list of accredited providers of certification services and issuers of qualified certificates; these announcements must be accessible on a long-distance basis;

e) fulfils other obligations stipulated by the Act and the relevant rules of procedure;

f) fulfils other obligations stipulated by the Act (e.g., Sec. 10(7), Sec. 13(2) and Sec. 16(2).

3. For the purposes of supervision, accredited providers of certification services and issuers of qualified certificates are obliged to allow, to the extent necessary, authorized employees of The Office to enter their commercial premises and operations, examine – upon request – any and all documentation, records, documents, correspondence, and other papers related to their activities, facilitate access, to the extent necessary, to their information systems, and provide them with all the information and co-operation necessary.

4. Unless otherwise stipulated in the Act, The Office shall perform supervision in accordance with special legislation. (4)

 

Article 10. Conditions of Granting Accreditation to Providers of Certification Services

1. Every provider of certification services may file an application with The Office for a permit to become an accredited provider of certification services. Filing an application for accreditation is subject to an administrative fee.(5)

2. An application for accreditation must have the following particulars:

a) the registered title, address, and identification number of the applicant;

b) the applicant’s trade license and, for entities registered in the Commercial Register, also a transcript from the Commercial Register, not older than 3 months;

c) a transcript from the Crime Register, if a physical person or statutory proxy of a legal entity, in the event that the applicant is a legal entity, not older than 3 months;

d) material, personal, and organizational prerequisites applicable to providers of certification services and issuers of qualified certificates, in accordance with Sec. 6 of the Act;

e) information as to whether the applicant issues or intends to issue qualified certificates;

f) a proof of payment of the administrative fee.

3. In the event that the application does not contain all the required particulars, The Office shall interrupt the proceedings and ask the applicant to complement the missing part(s) within a certain time limit. If the applicant fails to comply, The Office shall arrest the proceedings. The administrative fee shall not be refunded.

4. If the applicant meets all the accreditation conditions required by the Act, The Office shall pass a decision to grant the accreditation. In the opposite event, the application for accreditation shall be rejected.

5. Accredited providers of certification services must be registered in the territory of the Czech Republic.

6. Apart from activities specified in the Act, accredited providers of certification services may act as attorneys, notaries, and court-certified experts; (6) all other activities are subject to a prior consent from The Office.

7. Verification of the qualified certificate of applicant and provider of certification services, by The Office, forms an integral part of The Office’s decision to grant an accreditation.

 

Article 11.

Public administration authorities shall accept only guaranteed electronic signatures and qualified certificates issued by accredited providers of certification services.

 

Article 12. Qualified Certificate Particulars

1. A qualified certificate must contain:

a) a note stating that it has been issued as a qualified certificate in accordance with the Act;

b) the registered title and address of the provider of certification services, and information stating that the certificate has been issued in the Czech Republic;

c) the first name and surname of the signatory or his pseudonym, with a note stating that it is a pseudonym;

d) special symbols of the signatory, if so required for the purposes of a qualified certificate;

e) data for verification of the signature; these data must correspond with the data used for the creation of electronic signatures which are specific to the undersigned;

f) a guaranteed electronic signature of the provider of certification services and issuer of qualified certificates;

g) number of the qualified certificate which is unique for the specific provider of certification services;

h) the commencement and expiry of the effective period of the qualified certificate;

i) information specifying that the use of the qualified certificate is subject to limitations in respect of the type or extent of use, if applicable;

j) information specifying that the qualified certificate is subject to a limitation on the amount of transaction, if applicable.

2. Qualified certificate may contain other personal data only with the consent of the signatory.

 

Article 13. Obligations of Accredited Providers of Certification Services after Termination of Activities

1. Accredited providers of certification services must notify The Office of their intent to terminate their activities at least 3 months in advance and make every effort to transfer the valid qualified certificates to another accredited provider of certification services. Furthermore, accredited providers of certification services must notify the signatories, which contract their services, of their intent to terminate their activities at least 2 months in advance.

2. Accredited providers of certification services that are unable to find another accredited provider of certification services as their successor must notify The Office of this circumstance in a timely manner. Upon receiving such notification, The Office takes over the list of accredited qualified certificates issued to date and notifies the respective signatories accordingly.

3. The provisions of Paragraphs 1 and 2 herein above shall apply as deemed appropriate also in the event that the given accredited provider of certification services is dissolved, dies, or ceases to conduct its activities, without meeting its reporting obligation in accordance with Paragraph 1 herein above.

 

Article 14. Remedial Measures

1. In the event that The Office establishes that an accredited provider of certification services or a provider of certification services violates its obligations stipulated by the Act, The Office orders the provider to remedy the situation within a certain time limit; The Office may determine what measures would this provider of certification services be obliged to take.

2. In the event that an accredited provider of certification services commits a more severe violation of its obligations or fails to do so within the time limit, The Office shall have the right to withdraw accreditation from this provider.

3. If The Office decides to withdraw accreditation from an accredited provider of certification services, the Office may also invalidate the qualified certificates issued by the provider of certification services during the accreditation period.

 

Article 15. Invalidation of Qualified Certificates

1. The Office may order a provider of certification services to invalidate a signatory’s qualified certificate, as a preliminary measure,(7) if a well-founded prejudice exists to suspect that the given qualified certificate is forged or has been issued on the basis of false information. An order to invalidate may also be issued in the event that the means that the signatory uses for the creation of electronic signatures show to have security flaws which could facilitate forging of electronic signatures or alteration thereof.

2. The list of certificates specified in Sec. 6(1g) must indicate the exact time of the certificate’s invalidation. Invalidated certificates must not be permitted be renewed or used again.

 

Article 16. Honouring Foreign Certificates

1. Certificates issued by a foreign provider of certification services, which are considered qualified under the terms of the Act, may be used as qualified certificates, if honoured as such by a provider of certification services that issues qualified certificates in accordance with the Act, and under the condition that this provider of certification services guarantees the accuracy and validity of the foreign qualified certificates to the same extent as its own qualified certificates.

2. Certificates issued by a foreign provider of certification services as qualified certificates, under the terms of the Act, can be honoured as qualified certificates, if so recognized by a decision of The Office or under the terms of international conventions, or if an agreement on bilateral recognition of certificates is entered between a foreign authority competence or a foreign provider of certification services and The Office.

 

Article 17. Means Used for Secure Creation and Verification of Guaranteed Electronic Signatures

1. The means for secure creation of electronic signatures is a set of certain technical and program facilities and procedures that must ensure at least that:

a) the data used for the creation of electronic signatures occur only once and their security is duly assured;

b) the data used for the creation of electronic signatures are sufficiently secured to eliminate the possibility of deduction by persons familiar with the mode and means of their creation, and adequately protected against forgery with the aid of state-of-the-art technology;

c) the data used for the creation of electronic signatures are properly protected against abuse by a third party.

2. The means used for the creation of electronic signatures must not modify the data used for signing or prevent them from being presented to the signatory before signing.

3. The means for secure verification of electronic signatures is a set of certain technical and program facilities and procedures that must ensure at least that:

a) the data used for the verification of electronic signatures correspond with the data presented to the signatory before signing;

b) the signature is reliably verified and the result of the verification duly displayed;

c) the verifier can reliably to verify the contents of the undersigned data;

d) the verity and validity of the certificate can be reliably verified;

e) the results of the verification and the identity of the signatory must be duly displayed;

f) the use of a synonym must be indicated clearly;

g) all alterations jeopardizing security can be detected.

 

Article 18. Penalties

1. The Office may impose a penalty of up to CZK 10,000,000 to accredited providers of certification services or providers of certification services and issuers of qualified certificates for violating their obligations stipulated by the Act.

2. In the event that an accredited provider of certification services or provider of certification services and issuer of qualified certificates commits another violation of its obligations stipulated by the Act within one year of penalization, The Office may impose a penalty of up to CZK 20,000,000.00.

3. Accredited providers of certification services or providers of certification services and issuers of qualified certificates who hamper The Office in its supervision activities may be imposed a penalty of up to CZK 1,000,000.00 for each violation.

4. Persons who fail duly to cooperage with The Office during its supervision activities may be imposed a penalty of up to CZK 25,000.00 for each violation of this duty.

5. In its decision-making on the amount of penalty, The Office takes into consideration especially the manner of such conduct, the degree of fault, the gravity of the violation, the extent and duration thereof, and the consequences of the unlawful conduct.

6. The penalty may be imposed up to one year, but no later than three years, from the day of detection.

7. The Office collects penalties. Penalties are solicited by the financial institution of competence by venue, in accordance with special legislation. (8)

8. Penalties constitute revenues to the state budget of the Czech Republic.

 

Article 19.

Unless otherwise stipulated in the Act, proceedings arising from the Act are subject to special legislation.(9)

 

Article 20. Authorization Provisions

The Office is authorized to issue decrees further specifying the provisions of Section 6 and 17 hereof and the manner proving adherence thereto; and further specifying the requirements on the instruments used for electronic signatures; and further specifying the particulars of the process and manner of assessing compliance of electronic signature instruments with these requirements.

 

PART TWO. Amendments to the Civil Code

 

Article 21.

Act Nº 40/1964 Coll., the Civil Code, as subsequently amended by Act Nº 58/1969 Coll., Act Nº 131/1982 Coll., Act Nº 94/1988 Coll., Act Nº 188/1988 Coll., Act Nº 87/1990 Coll., Act Nº 105/1990 Coll., Act Nº 116/1990 Coll., Act Nº 87/1991 Coll., Act Nº 509/1991 Coll., Act Nº 264/1992 Coll., Act Nº 267/1994 Coll., Act Nº 104/1995 Coll., Act Nº 118/1995 Coll., Act Nº 89/1996 Coll., Act Nº 94/1996 Coll., Act Nº 227/1997 Coll., Act Nº 91/1998 Coll., Act Nº 165/1998 Coll., Act Nº 159/1999 Coll., Act Nº 363/1999 Coll., Act Nº 27/2000 Coll., and Act Nº 103/2000 Coll., is hereby amended as follows:

Section 40(3) is hereby supplemented with the following sentence: «Legal procedures performed with the aid of electronic means may be signed electronically, in accordance with special legislation».

 

PART THREE. Amendments to Act Nº 337/1992 Coll., on Administration of Taxes and Fees

 

Article 22.

Act Nº 337/1992 Coll., on administrative taxes and fees, as subsequently amended by Act Nº 35/1993 Coll., Act Nº 157/1993 Coll., Act Nº 323/1993 Coll., Act Nº 85/1994 Coll., Act Nº 255/1994 Coll., Act Nº 59/1995 Coll., Act Nº 118/1995 Coll., Act Nº 323/1996 Coll., Act Nº 61/1997 Coll., Act Nº 242/1997 Coll., Act Nº 91/1998 Coll., Act Nº 168/1998 Coll., Act Nº 29/2000 Coll., Act Nº 159/2000 Coll., and Act Nº 218/2000 Coll., is hereby amended as follows:

Sec. 21(2,3) reads: «2. Provided that it is so stipulated by this or another Act, taxpayers shall submit their income tax declarations, reports, and remittances to the tax administration authority of competence by venue, using pre-printed forms. Forms issued in electronic form may be signed electronically, in accordance with special legislation.

3. Other motions concerning tax matters, such as notifications, applications, propositions, objections, appeals, etc. may be submitted in writing; put on record verbally; or submitted in electronic form, signed in accordance with special legislation, or with the aid of transmission technology (telex, fax message, etc.)»

 

PART FOUR. Amendments to the Administration Code

 

Article 23.

Act Nº 71/1967 Coll., on administrative proceedings (the Administration Code), as subsequently amended by Act Nº 29/2000 Coll., and is hereby amended as follows:

Section 19(1) reads:

«1. Motions may be made in writing; put on record verbally; or submitted in electronic form, signed electronically, in accordance with special legislation. Motions may also be made telegraphically; motions containing a proposition concerning a certain matter must be put on record in writing or verbally subsequently within 3 days.»

 

PART FIVE. Amendments to the Rules of Court

 

Article 24.

Act Nº 99/1993 Coll., the Civil Proceedings Code, as subsequently amended by Act Nº 36/1967 Coll., Act Nº 158/1969 Coll., Act Nº 49/1973 Coll., Act Nº 20/1975 Coll., Act Nº 133/1982 Coll., Act Nº 180/1990 Coll., Act Nº 328/1991 Coll., Act Nº 519/1991 Coll., Act Nº 263/1992 Coll., Act Nº 24/1993 Coll., Act Nº 171/1993 Coll., Act Nº 117/1994 Coll., Act Nº 152/1994 Coll., Act Nº 216/1994 Coll., Act Nº 84/1995 Coll., Act Nº 118/1995 Coll., Act Nº 160/1995 Coll., Act Nº 238/1995 Coll., Act Nº 247/1995 Coll., Act Nº Finding of the Constitutional court Nº 31/1996 Coll., Act Nº 142/1996 Coll., Finding of the Constitutional Court Nº 269/1996 Coll., Act Nº 202/1997 Coll., Act Nº 227/1997 Coll., Act Nº 15/1998 Coll., Act Nº 91/1998 Coll., Act Nº 165/1998 Coll., Act Nº 326/1999 Coll., Act Nº 360/1999 Coll., Finding of the Constitutional Court Nº 2/2000 Coll., Act Nº 27/2000 Coll., Act Nº 30/2000 Coll., Act Nº 46/2000 Coll., Act Nº 105/2000 Coll., Act Nº 130/2000 Coll., Act Nº 155/2000 Coll., and Act Nº 220/2000 Coll., is hereby amended as follows:

Section 42(1), first sentence reads: «Motions may be made in writing; put on record verbally; or submitted in electronic form, signed electronically, in accordance with special legislation; or telegraphically or per facsimile.»

 

PART SIX. Amendments to the Penal Code

 

Article 25.

Act Nº 141/1961 Coll., on penal court proceedings (the Penal Code), as subsequently amended by Act Nº 57/1965 Coll., Act Nº 58/1969 Coll., Act Nº 149/1969 Coll., Act Nº 48/1973 Coll., Act Nº 29/1978 Coll., Act Nº 43/1980 Coll., Act Nº 159/1989 Coll., Act Nº 178/1990 Coll., Act Nº 303/1990 Coll., Act Nº 558/1991 Coll., Act Nº 25/1993 Coll., Act Nº 115/1993 Coll., Act Nº 292/1993 Coll., Act Nº 154/1994 Coll., Finding of the Constitutional Court Nº 214/1994 Coll., Finding of the Constitutional Court Nº 8/1995 Coll., Act Nº 152/1995 Coll., Act Nº 150/1997 Coll., Act Nº 209/1997 Coll., Act Nº 148/1998 Coll., Act Nº 166/1998 Coll., Act Nº 191/1999 Coll., Act Nº 20/2000 Coll., and Act Nº 30/2000 Coll., is hereby amended as follows:

Section 59(1) reads:

«1. Every motion shall be assessed according to its contents, even if incorrectly marked. Motions may be made in writing; put on record verbally; or submitted in electronic form, signed electronically, in accordance with special legislation; or telegraphically or per facsimile».

 

PART SEVEN. Amendments to the Personal Data Protection Act

 

Article 26.

Act Nº 101/2000 Coll., on protection of personal data and on amendments to certain legislation, is amended as follows:

Section 29 is extended by Paragraph 4, which reads:

«4. The Office grants and withdraws accreditation to/from entities operating as accredited providers of certification services and supervisors enforcing adherence to obligations stipulated by the Electronic Signature Act.»

 

PART EIGHT. Amendments to the Act on Administrative Fees

 

Article 27.

Act Nº 368/1992 Coll., on administrative fees, as subsequently amended by Act. Nº 10/1993 Coll., Act Nº 72/1994 Coll., Act Nº 36/1995 Coll., Act Nº 118/1995 Coll., Act Nº 160/1995 Coll., Act Nº 301/1995 Coll., Act Nº 151/1997 Coll., Act Nº 305/1997 Coll., Act Nº 149/1998 Coll., Act Nº 157/1998 Coll., Act Nº 167/1998 Coll., Act Nº 63/1999 Coll., Act Nº 166/1999 Coll., Act Nº 167/1999 Coll., Act Nº 223/1999 Coll., Act Nº 326/1999 Coll., Act Nº 352/1999 Coll., Act Nº 357/1999 Coll., Act Nº 360/1999 Coll., Act Nº 363/1999 Coll., Act Nº 46/2000 Coll., Act Nº 62/2000 Coll., Act Nº 117/2000 Coll., Nº 133/2000 Coll., Nº 151/2000 Coll., Nº 153/2000 Coll., Nº 154/2000 Coll., Nº 156/2000 Coll., and Nº 158/2000 Coll., is hereby amended as follows:

1. The Annex to the Act (Table of Administrative Fees) is hereby complemented by Part XII that reads:

«PART XII. PROCEEDINGS UNDER THE ELECTRONIC SIGNATURE ACT

Article 27

Item 162

a) submission of an application for accreditation by a provider of certification services CZK 100,000.00

b) submission of an application for conformity evaluation of electronic signature instruments CZK 10,000.00″

2. INDEX TO TABLE OF ADMINISTRATIVE FEES is hereby supplemented as follows:

«PART XII. Proceedings under the Electronic Signature Act item 162″.

3. The period (dot) after Part XI is to be omitted.

 

PART NINE.

Article 28.

The Act comes into force and effect on the first day of the third calendar month following promulgation date.

Klaus, m.p.

Havel, m.p.

Zeman, m.p.

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Notes

(1) Act Nº 40/1964 Coll., the Civil Code, as amended.

(2) Sec. 10 of Act Nº 40/1964 Coll., as amended by Act Nº 509/1991 Coll.

(3) Act Nº 101/2000 Coll., on personal data protection, and amendments to relevant legislation.

(4) Act Nº 552/1991 Coll., on state supervision, as amended.

(5) Act Nº 368/1992 Coll., on administrative fees, as amended.

(6) Act Nº 85/1996 Coll., on defense law, as amended by Act Nº 210/1999 Coll.

Act Nº 358/1992 Coll., on notaries and their activities (the Notarial Code), as amended

Act Nº 36/1967 Coll., on court experts and interpreters.

(7) Sec. 43 of Act Nº 71/1967 Coll., on administrative proceedings (the Administration Code).

(8) Act Nº 337/1992 Coll., on administration and taxes and fees, as amended.

(9) Act Nº 71/1967 Coll., as amended by Act Nº 29/2000 Coll.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Délibération Commission nationale de l´informatique et des libertés n° 03-036 du 1er juillet 2003 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique.

Délibération Commission nationale de l´informatique et des libertés nº 03-036 du 1er juillet 2003 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés,

Vu la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés pris ensemble le décret d’application nº 78-774 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code électoral ;

Après avoir entendu Monsieur Maurice BENASSAYAG, commissaire, en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;

Formule les observations suivantes :

La Commission constate le développement de systèmes de vote électronique sur place ou à distance tendant à faciliter l’expression du vote et les opérations matérielles de dépouillement.

Le recours à de tels systèmes qui nécessitent la mise en œuvre de traitements automatisés d’informations nominatives, au sens de l’article 5 de la loi du 6 janvier 1978, pour le fichier informatique des électeurs, le traitement automatisé des résultats (pour les données nominatives relatives aux candidats) ou la constitution de la liste d’émargement doit s’inscrire dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales : le secret du scrutin sauf pour les scrutins publics, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance effective du vote et le contrôle a posteriori par le juge de l’élection. Ces systèmes de vote électronique doivent également respecter les prescriptions des textes constitutionnels, législatifs et réglementaires en vigueur.

La présente recommandation porte sur les conditions techniques propres à garantir les principes fondamentaux préalablement énumérés et à assurer la sécurité des systèmes de vote électronique. Il appartient au législateur de définir les conditions juridiques de la mise en œuvre du vote électronique.

Elle a pour champ d’application les dispositifs de vote électronique sur place et à distance, en particulier par internet. Elle ne concerne pas les dispositifs de vote par codes-barres et les dispositifs de vote par téléphone fixe ou mobile sur lesquels la Commission sera amenée à se prononcer.

La recommandation prend appui essentiellement sur les dossiers qui ont été soumis à la Commission dans le cadre des formalités préalables prévues par la loi du 6 janvier 1978. Elle constitue une première approche de systèmes qui sont encore en pleine évolution. Elle est destinée à orienter cette évolution dans le sens du respect des principes de protection des données personnelles et à éclairer les responsables des scrutins pour le choix des dispositifs de vote électronique.

Compte tenu de ces observations préalables, la Commission émet la recommandation suivante :

I. Sur les exigences préalables à la mise en œuvre des systèmes de vote électronique

1. L’expertise du système de vote électronique

Tout système de vote électronique devrait faire l’objet :
– d’une procédure d’agrément par le ministère de l’intérieur pour les machines à voter définies par le code électoral ;
– d’une expertise indépendante pour les autres systèmes.
Le rapport d’expertise devra être joint aux formalités préalables à accomplir auprès de la CNIL.

La Commission estime que dans le cas d’une élection organisée par une collectivité publique, le code source des logiciels utilisés par le système de vote électronique devrait être accessible sans restriction, afin de permettre la réalisation de toutes les expertises jugées nécessaires.

Dans l’hypothèse de l’utilisation d’un logiciel libre, quelle que soit la personne mettant en œuvre le traitement, ce logiciel doit être expertisé.

Afin de garantir un contrôle effectif des opérations électorales, le prestataire technique doit mettre à disposition des représentants de l’organisme responsable du traitement, des experts, des membres du bureau de vote, des délégués des candidats et des scrutateurs tous documents utiles et assurer une formation de ces personnes au fonctionnement du dispositif de vote électronique.

2. La séparation des données nominatives des électeurs et des votes

Le secret du vote doit être garanti par la mise en œuvre de procédés rendant impossible l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote. Il en résulte que la gestion du fichier des votes et celle de la liste d’émargement doivent être faites sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés. Ces fichiers doivent faire l’objet de mesures de chiffrement selon un algorithme public réputé «fort».

 

3. Les sécurités informatiques

Il convient que toutes les mesures physiques (contrôle d’accès, détermination précise des personnes habilitées à intervenir…) et logiques (firewall, protection d’accès aux applicatifs…) soient prises tant au niveau des serveurs du dispositif que sur les postes accessibles au public afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles en particulier contre les intrusions venant de l’extérieur. Les algorithmes de chiffrement, de signature électronique et les fonctions de hachage doivent être des algorithmes publics réputés » forts «.

 

4. Le scellement du dispositif de vote électronique

Les systèmes de vote électronique expertisés et utilisés doivent faire l’objet d’un scellement c’est à dire d’un procédé permettant de déceler toute modification de ce système. Le procédé de scellement doit lui-même être agréé. La vérification du scellement devrait pouvoir se faire à tout moment, y compris durant le déroulement du scrutin et par tout électeur.

 

5. L’existence d’une solution de secours

Tout système de vote électronique devrait comporter un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.

 

6. La surveillance effective du scrutin

La mise en œuvre du système de vote électronique doit être opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux, éventuellement, déployés sur place, de représentants de l’organisme mettant en place le vote ou d’experts désignés par lui. Dès lors, il importe que toutes les mesures soient prises pour leur permettre de vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote et, en particulier, les mesures prises respectivement pour :
– garantir la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments d’authentification,
– procéder au chiffrement des bulletins de vote et à leur conservation dans un traitement distinct de celui mis en oeuvre pour assurer la tenue du fichier des électeurs,
– assurer la conservation des différents supports d’information pendant et après le déroulement du scrutin.

Toutes les facilités devraient être accordées aux membres du bureau de vote et aux délégués des candidats, s’ils le souhaitent, pour pouvoir assurer une surveillance effective de l’ensemble des opérations électorales et, en particulier, de la préparation du scrutin, du vote, de l’émargement et du dépouillement.

 

7. La localisation du système informatique central

Il paraît hautement souhaitable que les serveurs et les autres moyens informatiques centraux du système de vote électronique soient localisés sur le territoire national afin de permettre un contrôle effectif de ces opérations par les membres du bureau de vote et les délégués ainsi que l’intervention, le cas échéant, des autorités nationales compétentes.

II. Sur le scrutin

A. Sur les opérations précédant l’ouverture du scrutin

1. La confidentialité des données

Les fichiers nominatifs des électeurs constitués aux fins d’établir la liste électorale, d’adresser le matériel de vote et de réaliser les émargements ne peuvent être utilisés qu’aux fins précitées et ne peuvent être divulgués sous peine des sanctions pénales encourues au titre des articles 226-17 et 226-21 du Code pénal.

La confidentialité des données est également opposable aux techniciens en charge de la gestion ou de la maintenance du système informatique.

Les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs, les clés de chiffrement/déchiffrement et le contenu de l’urne ne doivent pas être accessibles, de même que la liste d’émargement, sauf aux fins de contrôle de l’effectivité de l’émargement des électeurs.

En cas de recours à un prestataire extérieur, celui-ci doit s’engager contractuellement à respecter ces dispositions par la signature d’une clause de confidentialité et de sécurité et à fournir le descriptif détaillé du dispositif technique mis en œuvre pour assurer cette confidentialité. Le prestataire doit également s’engager à restituer les fichiers restant en sa possession à l’issue des opérations électorales et à détruire toutes les copies totales ou partielles qu’il aurait été amené à effectuer sur quelque support que ce soit.

Le recours à une télé-maintenance des matériels et logiciels ne devrait pas être possible durant tout le scrutin et jusqu’à l’épuisement des délais légaux de recours contentieux.

2. Les procédés d’authentification de l’électeur

La Commission estime que dans le cas d’élections où un vote à distance a été prévu par le législateur, une authentification de l’électeur sur la base d’un certificat électronique constitue la solution la plus satisfaisante en l’état de la technique. Le tiers certificateur doit être un organisme indépendant professionnellement reconnu.

Dans l’état actuel des textes, le recours à l’enregistrement de données biométriques à des fins de constitution d’un fichier électoral pour s’assurer de l’identité de l’électeur et de l’unicité de son vote ne peut s’envisager que si la donnée biométrique figure dans la catégorie de celles ne laissant pas de traces ou que si cet enregistrement s’effectue sur un support individuel détenu par l’électeur et ne donne pas lieu à la constitution d’un fichier de données biométriques.

A défaut de recourir aux solutions précitées, dans le cas de la génération d’identifiants et de mots de passe à partir de la liste électorale, le fichier ainsi créé doit faire l’objet d’un chiffrement. Les modalités de génération et d’envoi des codes personnels doivent être conçues de façon à garantir leur confidentialité et en particulier que les divers prestataires éventuels ne puissent en prendre connaissance.

Dans le cas où le vote s’opérerait par l’enregistrement d’un identifiant permanent apposé sur une carte ou tout autre document ainsi qu’un mot de passe envoyé à chaque vote, la génération de ces identifiants et mots de passe devrait se faire dans les mêmes conditions de sécurité que celles énumérées ci-dessus. Il en va de même de l’envoi du mot de passe.

L’authentification de l’électeur peut être renforcée par un dispositif de type défi/réponse, c’est à dire l’envoi par le serveur d’authentification d’une question dont l’électeur devrait connaître la réponse.

3. L’information des électeurs

Il convient de fournir aux électeurs en temps utile une note explicative détaillant clairement les opérations de vote ainsi que le fonctionnement général du système de vote électronique.

4. Le test du système avant l’ouverture du scrutin

Un test du système de vote électronique doit être organisé avant l’ouverture du scrutin et en présence des scrutateurs afin de constater la présence du scellement, le bon fonctionnement des machines, la remise à zéro du compteur des voix et que l’urne électronique destinée à recevoir les votes est bien vide et scellée.

5. Les clés de dépouillement de vote

La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l’issue du scrutin doit être publique et se dérouler le jour du dépouillement. Cette procédure devrait être conçue de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau et ses assesseurs prennent connaissance de ces clés, à l’exclusion de toute autre personne y compris les personnels techniques chargés du déploiement du système de vote. La Commission estime que le nombre de clés de chiffrement doit être au minimum de trois, la présence de deux titulaires de ces clés étant indispensable pour autoriser le dépouillement. Elle considère que les clés doivent ensuite être conservées sous pli scellé sous la responsabilité du président du bureau de vote qui les remet, lors de la clôture du scrutin, aux membres du bureau désignés, contre accusé de réception.

Le système de vote doit garantir que des résultats partiels (hormis le nombre de votants) ne seront pas accessibles durant le déroulement du vote.

B. Sur le déroulement du vote

1. Le vote

Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Pour se connecter à distance ou sur place au système de vote, l’électeur doit se faire reconnaître par un dispositif d’authentification établi conformément à la présente recommandation, permettant au serveur de vérifier son identité et s’il n’a pas déjà voté.

L’électeur accède aux listes ou aux candidats officiellement retenus et dans l’ordre officiel. Le vote blanc doit être prévu lorsque la loi l’autorise.

L’électeur doit pouvoir choisir une liste, un candidat ou un vote blanc de façon à ce que ce choix apparaisse clairement à l’écran indépendamment de toute autre information. Il devrait avoir la possibilité de revenir sur ce choix.
Il valide ensuite son choix et cette opération déclenche l’envoi du bulletin de vote dématérialisé vers le serveur des votes.

L’électeur devrait recevoir immédiatement confirmation de son vote et avoir la possibilité de conserver une trace de cette confirmation.

2. Le chiffrement du bulletin de vote

Le bulletin de vote doit être chiffré par un algorithme public réputé » fort » dès son émission sur la machine à voter ou le terminal d’accès à distance et être stocké sur le serveur des votes sans que ce chiffrement n’ait été à aucun moment interrompu. La liaison entre le terminal de vote de l’électeur et le serveur des votes doit faire l’objet d’un chiffrement pour assurer la sécurité tant du procédé d’authentification de l’électeur que la confidentialité de son vote.

3. L’émargement

L’émargement doit se faire dès la validation du vote de façon à ce qu’un autre vote ne puisse intervenir à partir des éléments d’authentification de l’électeur déjà utilisés. L’émargement comporte un horodatage. La liste d’émargement doit être située sur un système distinct de celui contenant l’urne électronique. Cette liste, aux fins de contrôle de l’émargement, ainsi que le compteur des votes ne doivent être accessibles qu’aux membres du bureau de vote et aux personnes autorisées.

La liste d’émargement doit être enregistrée sur un support scellé, non réinscriptible, rendant ainsi son contenu inaltérable et probant.

4. Le dépouillement

Le dépouillement est actionné par les clés de déchiffrement, remises par le président du bureau de vote après la clôture des opérations de vote aux membres du bureau dûment désignés au moment de la génération de ces codes. Les membres du bureau doivent actionner publiquement le processus de dépouillement.

Les décomptes des voix par candidat ou liste de l’élection doivent apparaître lisiblement à l’écran et faire l’objet d’une édition sécurisée pour être portés au procès-verbal de l’élection. Le cas échéant, l’envoi des résultats à un bureau centralisateur à distance devrait s’effectuer selon une liaison sécurisée empêchant toute captation ou modification des résultats.

Le système de vote électronique doit être bloqué après le dépouillement de sorte qu’il soit impossible de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission électorale.

III. Sur le contrôle des opérations de vote a posteriori par le juge électoral

1. Les garanties minimales pour un contrôle a posteriori

Pour les besoins d’audit externe, notamment en cas de contentieux électoral, le système de vote électronique doit être capable de fournir les éléments techniques permettant au minimum de prouver de façon irréfutable que :
– durant le scrutin le procédé de scellement est resté fiable ;
– les clés de chiffrement/déchiffrement ne sont connues que de leurs seuls titulaires ;
– le vote est anonyme ;
– la liste d’émargement ne comprend que les électeurs ayant voté ;
– l’urne dépouillée est bien celle contenant les votes des électeurs et elle ne contient que ces votes ;
– aucun décompte partiel n’a pu être effectué durant le scrutin ;
– la procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

2. La conservation des données portant sur l’opération électorale

Tous les fichiers supports (copies des programmes sources et exécutables, matériels de vote, fichiers d’émargement, de résultats, sauvegardes) doivent être conservés sous scellés jusqu’à l’épuisement des délais de recours contentieux. Cette conservation doit être assurée sous le contrôle de la commission électorale dans des conditions garantissant le secret du vote. Obligation doit être faite, le cas échéant, au prestataire de service de transférer l’ensemble de ces supports à la personne ou au tiers nommément désigné pour assurer la conservation des supports. Lorsque aucune action contentieuse n’a été engagée avant l’épuisement des délais de recours, il doit être procédé à la destruction de ces documents sous le contrôle de la commission électorale.

Dans la phase d’expérimentation des systèmes de vote électronique, la CNIL demandera qu’un bilan de la mise en œuvre du dispositif de vote électronique utilisé soit établi à brève échéance suivant le déroulement de l’élection et lui soit adressé.

Le Président , Michel GENTOT

01Ene/14

Archives Act 1983. Act nº 79 of 1983 as as amended. Amendments up to Act nº 46 of 2011.

Archives Act 1983

Act nº 79 of 1983 as amended

Amendments: Act nº 60 of 1993, Acts nº 33, 168 of  1994, Act nº 10 of 1995, Act nº 43 of 1996, Act nº 184 of 1997, Acts nº 145, 146, 161, 194 of 1999. Acts nº 9, 30 of 2000. Act nº 5 of 2001, Act nº 125 of 2002, Act nº 135 of 2003. Acta nº 38, 128 of 2005. Acts nº 10, 86 of 2007. Act nº 158 of 2007, Act nº 113 of 2008, Acts nº 99, 102 od 2009. Act nº 51 of 2010.  

Amendments up to Act nº 46 of 2011.

 

An Act relating to the preservation and use of archival resources, and for related purposes

Part I.-Preliminary

 

1.- Short title

This Act may be cited as the Archives Act 1983.

 

2.- Commencement

The several Parts of this Act shall come into operation on such respective dates as are fixed by Proclamation.

2A.- Objects of this Act

The objects of this Act are:

(a) to provide for a National Archives of Australia, whose functions include:

(i) identifying the archival resources of the Commonwealth; and

(ii) preserving and making publicly available the archival resources of the Commonwealth; and

(iii) overseeing Commonwealth record-keeping, by determining standards and providing advice to Commonwealth institutions; and

(b) to impose record-keeping obligations in respect of Commonwealth records.

3.- Interpretation

(1) In this Act, unless the contrary intention appears:

Archives means the National Archives of Australia mentioned in subsection 5(1).

authority of the Commonwealth means:

(a) an authority, body, tribunal or organization, whether incorporated or unincorporated, established for a public purpose:

(i) by, or in accordance with the provisions of, an Act, regulations made under an Act or a law of a Territory other than the Northern Territory or Norfolk Island;

(ii) by the Governor General; or

(iii) by, or with the approval of, a Minister;

(b) the holder of a prescribed office under the Commonwealth; or

(c) a Commonwealth-controlled company or a Commonwealth-controlled association;

but does not include:

(d) a court;

(e) the Australian Capital Territory;

(f) a body established by or under an enactment within the meaning of the Australian Capital Territory (Self-Government) Act 1988;

(g) the Northern Territory; or

(h) the Administration of an external Territory.

Cabinet notebook means a notebook or other like record that contains notes of discussions or deliberations taking place in a meeting of the Cabinet or of a committee of the Cabinet, being notes made in the course of those discussions or deliberations by, or under the authority of, the Secretary to the Cabinet.

care: a record is in the care of the Archives if:

(a) the record is in the custody of the Archives; or

(b) the record is in the custody of a person in accordance with arrangements referred to in section 64.

Census day has the meaning given by section 22B.

Census information means information transferred to the custody of the Archives under section 8A of the Census and Statistics Act 1905.

Chairman means the Chairman of the Council.

Commission of inquiry means:

(a) the Commission of inquiry within the meaning of the Quarantine Act 1908; or

(b) a Commission of inquiry within the meaning of the Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2006.

Commonwealth-controlled association means an association over which the Commonwealth is in a position to exercise control, but does not include an association that is declared by the regulations not to be a Commonwealth-controlled association.

Commonwealth-controlled company means an incorporated company over which the Commonwealth is in a position to exercise control, but does not include a company that is declared by the regulations not to be a Commonwealth-controlled company.

Commonwealth institution means:

(a) the official establishment of the Governor General;

(b) the Executive Council;

(c) the Senate;

(d) the House of Representatives;

(e) a Department;

(f) a Federal court or a court of a Territory other than the

Northern Territory or Norfolk Island;

(g) an authority of the Commonwealth; or

(h) the Administration of an external Territory other than Norfolk Island.

Commonwealth record means:

(a) a record that is the property of the Commonwealth or of a Commonwealth institution; or

(b) a record that is to be deemed to be a Commonwealth record by virtue of a regulation under subsection (6) or by virtue of section 22;

but does not include a record that is exempt material or is a register or guide maintained in accordance with Part VIII.

Council means the National Archives of Australia Advisory Council mentioned in subsection 10(1).

current Commonwealth record means a Commonwealth record that is required to be readily available for the purposes of a Commonwealth institution, other than purposes under this Act.

Department means:

(a) a Department of the Australian Public Service that corresponds to a Department of State of the Commonwealth; or

(b) a Parliamentary Department.

Deputy Chairman means the Deputy Chairman of the Council.

Director General means the person for the time being occupying the office, or performing the duties of the office, of Director General of the National Archives of Australia under the Public Service Act 1999.

engage in conduct means:

(a) do an act; or

(b) omit to perform an act.

exempt material means:

(a) material included in the memorial collection within the meaning of the Australian War Memorial Act 1980, other than material to which a regulation under subsection (6) applies;

(b) material included in the collection of library material maintained by the National Library of Australia;

(c) material included in the collection of works of art maintained by the Australian National Gallery;

(d) material included in the historical material in the possession of the Museum of Australia; or

(e) material included in a collection maintained by an institution declared by the regulations to be a custodial institution for the purposes of this definition;

other than material (if any) that came to be so included by reason of a contravention of section 24.

material means records and other objects.

material of the Archives means records in the care of the Archives (other than current Commonwealth records relating to the administration of the Archives).

National Witness Protection Program means the Program by that name established by the Witness Protection Act 1994.

object does not include a building or other structure or a vessel, aircraft or vehicle, other than a prescribed vessel, aircraft or vehicle.

open access period, in relation to a record, has the meaning given by the following provisions:

(a) for a Cabinet notebook-section 22A;

(b) for a record containing Census information-section 22B;

(c) for any other record-subsection (7) of this section.

Parliamentary Department means a Department of the Parliament established under the Parliamentary Service Act 1999.

person includes a Commonwealth institution or an organization.

record means a document, or an object, in any form (including any electronic form) that is, or has been, kept by reason of:

(a) any information or matter that it contains or that can be obtained from it; or

(b) its connection with any event, person, circumstance or thing.

responsible Minister, in relation to a Commonwealth record, means the Minister to whose ministerial responsibilities the record is most closely related.

Royal Commission means a Commissioner or Commissioners appointed by the Governor General in the name of the Queen to make inquiry and report upon any matter.

Tribunal means the Administrative Appeals Tribunal.

(2) For the purposes of this Act, the archival resources of the Commonwealth consist of such Commonwealth records and other material as are of national significance or public interest and relate to:

(a) the history or government of Australia;

(b) the legal basis, origin, development, organization or activities of the Commonwealth or of a Commonwealth institution;

(c) a person who is, or has at any time been, associated with a Commonwealth institution;

(d) the history or government of a Territory; or

(e) an international or other organization the membership of which includes, or has included, the Commonwealth or a Commonwealth institution;

but do not include:

(f) material that, in the opinion of the Minister, ought to be in the archives of another country or in the archives of an international organization;

(g) material that relates only or principally to the history or government of a State, the Northern Territory or Norfolk Island or of a Colony that became part of the Commonwealth, not being:

(i) Commonwealth records;

(ii) property referred to in section 85 of the Constitution; or

(iii) material transferred to the Commonwealth by a State, the Northern Territory or Norfolk Island under a law or agreement;

(h) material, other than Commonwealth records, relating only to a place that has been, but has ceased to be, a Territory; or

(j) exempt material.

(3) For the purposes of this Act, the Department of Defence shall be deemed to include:

(a) the Defence Force;

(b) the Australian Army Cadets;

(c) the Australian Navy Cadets; and

(d) the Australian Air Force Cadets.

(3A) In this Act, a reference to the provision of a discretionary service for a person is a reference to the doing of an act by the Archives, being an act that the Archives has power to do and that it does at the person»s request, other than an act that:

(a) this Act requires the Archives to do; or

(b) it is necessary for the Archives to do for the proper performance of its functions.

(4) For the purposes of this Act, the Australian Federal Police shall be deemed to be an authority of the Commonwealth.

(5) For the purposes of this Act, a record held by or on behalf of the Parliament or a House of the Parliament shall be taken to be the property of the Commonwealth.

(6) The regulations may make provision under which, in specified cases or circumstances, records of which the Commonwealth or a Commonwealth institution has, or is entitled to have, possession are to be deemed to be Commonwealth records for the purposes of the provisions, or specified provisions, of this Act.

(7) For the purposes of this Act, subject to sections 22A and 22B, work out when a record is in the open access period in accordance with the following table:

Open access period for records

Item

If the record came into existence in any of the following years (ending on 31 December):

the record is in the open access period on and after the following day:

1

a year (the creation year) before 1980

1 January in the year that is 31 years after the creation year.

Example: A record that came into existence in the year 1979 is in the open access period on and after 1 January 2010.

2

1980 or 1981

1 January 2011.

3

1982 or 1983

1 January 2012.

4

1984 or 1985

1 January 2013.

5

1986 or 1987

1 January 2014.

6

1988 or 1989

1 January 2015.

7

1990 or 1991

1 January 2016.

8

1992 or 1993

1 January 2017.

9

1994 or 1995

1 January 2018.

10

1996 or 1997

1 January 2019.

11

1998 or 1999

1 January 2020.

12

2000

1 January 2021.

13

a year (the creation year) after 2000

1 January in the year that is 21 years after the creation year.

Example: A record that came into existence in the year 2001 is in the open access period on and after 1 January 2022.

(8) Nothing in this Act shall be taken to confer power on the Archives to affect the custody of:

(a) material, being Commonwealth records, that was held at the commencement of Part II by a State, the Northern Territory or Norfolk Island or by an authority of a State, of the Northern Territory or of Norfolk Island and has continued since that time to be so held by that State, that Territory or that authority; or

(b) material, other than Commonwealth records, that is held at any time by a State or by a Territory or authority referred to in paragraph (a);

except with the consent of the State, Territory or authority by which the material is held.

3A.- A company no longer established for a public purpose

An authority, body, tribunal or organisation, whether incorporated or unincorporated, established for a public purpose is to be taken, for the purposes of this Act, never to have been so established, only if:

(a) a legislative provision; or

(b) regulations made for the purpose of this section;

expressly provide that, for the purposes of this Act, the authority, body, tribunal or organisation is to be taken never to have been so established.

3B.- Commonwealth-controlled companies or associations that are not authorities of the Commonwealth

If a company or association was, immediately before the commencement of this section:

(a) a Commonwealth-controlled company or a Commonwealth-controlled association that was:

(i) not established for a public purpose; and

(ii) not prescribed under paragraph (c) of the definition of authority of the Commonwealth as then in force; or

(b) a Commonwealth-controlled company or a Commonwealth-controlled association that was:

(i) established for a public purpose; but

(ii) taken, under a provision of an Act, never to have been so established;

then, despite paragraph (c) of the definition of authority of the Commonwealth, the company or association is to be taken not to be an authority of the Commonwealth.

3C.- Director General may determine archival resources of the Commonwealth

(1) The Director General may, in writing, determine that a specified Commonwealth record or other material is part of the archival resources of the Commonwealth.

(2) The Director General must not make a determination under this section unless he or she is satisfied that the specified Commonwealth record or other material is part of the archival resources of the Commonwealth (within the meaning of subsection 3(2)).

(3) A determination under this section may be set out in the same document as a permission or approval given under paragraph 24(2)(b) or a notice of disapproval given under paragraph 24(2)(c).

(4) A determination under this section is not a legislative instrument.

4.- Extension to Territories

This Act extends to every external Territory.

 

4A.- Application of the Criminal Code

Chapter 2 of the Criminal Code applies to all offences against this Act.

 

Part II.-Establishment, functions and powers of the National Archives of Australia

 

5.- Establishment and functions of National Archives of Australia

(1) There shall be an organization by the name of the National Archives of Australia.

(2) The functions of the National Archives of Australia are, subject to this Act:

(a) to ensure the conservation and preservation of the existing and future archival resources of the Commonwealth; and

(b) to encourage and foster the preservation of all other archival resources relating to Australia; and

(c) to promote, by providing advice and other assistance to Commonwealth institutions, the creation, keeping and management of current Commonwealth records in an efficient and economical manner and in a manner that will facilitate their use as part of the archival resources of the Commonwealth; and

(d) to determine the material that constitutes the archival resources of the Commonwealth; and

(e) to have the care and management of Commonwealth records, other than current Commonwealth records, that:

(i) are part of the archival resources of the Commonwealth; or

(ii) ought to be examined to determine whether they are part of those archival resources; or

(iii) are required to be preserved (other than permanently preserved); and

(f) to seek to obtain, and to have the care and management of, material (including Commonwealth records) not in the custody of a Commonwealth institution, that forms part of the archival resources of the Commonwealth and, in the opinion of the Director General, ought to be in the care of the Archives; and

(g) with the approval of the Minister, to accept and have the care and management of material that, though not part of the archival resources of the Commonwealth, forms part of archival resources relating to Australia and, in the opinion of the Minister, ought to be in the care of the Archives in order to ensure its preservation or for any other reason; and

(h) to encourage, facilitate, publicise and sponsor the use of archival material; and

(j) to make Commonwealth records available for public access in accordance with this Act and to take part in arrangements for other access to Commonwealth records; and

(k) to conduct research, and provide advice, in relation to the management and preservation of records and other archival material; and

(l) to develop and foster the co-ordination of activities relating to the preservation and use of the archival resources of the Commonwealth and other archival resources relating to Australia; and

(m) with the approval of the Minister, and in accordance with arrangements made with a person responsible for exempt material, to perform any of the foregoing functions in relation to that material as if that material formed part of the archival resources of the Commonwealth.

(3) Nothing in this Part derogates from the powers and functions of any other Commonwealth institution in relation to the keeping of current Commonwealth records.

6.- Powers of Archives

(1) The Archives may do all things that are necessary or convenient to be done for or in connection with the performance of its functions and, in particular, without limiting the generality of the foregoing, may:

(a) establish and control repositories or other facilities to house or exhibit material of the Archives and, in association with a State, the Australian Capital Territory, the Northern Territory or other person, control repositories or other facilities in which material of the Archives is housed or exhibited;

(b) undertake the survey, appraisal, accessioning, arrangement, description and indexing of Commonwealth records;

(c) make arrangements for the acquisition by the Commonwealth of, or of copyright in relation to, or arrangements relating to the custody of, material that forms part of the archival resources of the Commonwealth;

(d) chronicle and record matters relating to the structure and functioning of Commonwealth institutions or other matters of archival significance and make records for the purpose of adding to the archival resources of the Commonwealth;

(e) make copies, by microfilming or otherwise, of archival material, but not so as to infringe copyright (other than copyright owned by the Commonwealth) subsisting in the material;

(f) arrange for the publication of material forming part of the archival resources of the Commonwealth or works based on such material, but not so as to infringe copyright (other than copyright owned by the Commonwealth) subsisting in the material or works;

(g) publish indexes of, and other guides to, archival material;

(h) authorize the disposal or destruction of Commonwealth records;

(j) on request, assist Commonwealth institutions in the training of persons responsible for the keeping of current Commonwealth records;

(k) train, or assist in the training of, persons, other than persons responsible for the keeping of current Commonwealth records, for work in connection with records and other archival material;

(l) obtain and maintain equipment for use in retrieving, or otherwise obtaining, information from records; and

(m) provide information and facilities for persons using the material of the Archives.

(2) Where, in the performance of its functions, the Archives enters into arrangements to accept the care of records from a person other than a Commonwealth institution, those arrangements may provide for the extent (if any) to which the Archives or other persons are to have access to those records and any such arrangements have effect notwithstanding anything contained in Division 3 of Part V.

(3) Where an arrangement entered into by the Archives to accept the care of records from a person other than a Commonwealth institution relates to a Commonwealth record, then, to the extent that that arrangement, in so far as it relates to such a record, is inconsistent with a provision of Part V, that provision shall prevail.

6A.- Records that are not part of the archival resources of the Commonwealth

(1) Nothing in this Act requires the Archives to accept the care of a Commonwealth record that has not been determined to be part of the archival resources of the Commonwealth under section 3C.

(2) If:

(a) a Commonwealth institution has transferred a Commonwealth record to the care of the Archives; and

(b) the record has not been determined to be part of the archival resources of the Commonwealth under section 3C;

the Archives may:

(c) if another Commonwealth institution has succeeded to the relevant functions of the institution-cause the record to be transferred to the custody of that successor institution, but only in accordance with arrangements agreed to by that successor institution; or

(d) otherwise-cause the record to be transferred to the custody of the institution, but only in accordance with arrangements agreed to by the institution.

 

Part III.-The Director General and staff of the Archives

 

7.- Director General

(1) There shall be a Director General of the National Archives of Australia, who shall be a person appointed or engaged under the Public Service Act 1999.

(2) The Director General, in addition to exercising powers or performing duties expressly conferred or imposed on him or her by this Act, may, in the name of the Archives, exercise any powers and perform any duties that are by this Act expressed to be conferred or imposed on the Archives.

(3) The Minister may give directions, not inconsistent with this Act, to the Director General in relation to the exercise of his or her powers, and the performance of his or her duties, under this Act.

8.- Delegation by Director General

(1) The Director General may, either generally or as otherwise provided by the instrument of delegation, by writing under his or her hand, delegate to a person all or any of his or her powers under this Act, other than this power of delegation.

(2) A power so delegated, when exercised by the delegate, shall, for the purposes of this Act, be deemed to have been exercised by the Director General.

(3) A delegation under this section does not prevent the exercise of a power by the Director General.

9.- Staff

The staff of the Archives shall be persons engaged under the Public Service Act 1999.

 

Part IV.-National Archives of Australia Advisory Council

 

10.- National Archives of Australia Advisory Council

(1) There is established by this Act a Council by the name of the National Archives of Australia Advisory Council.

(2) The Council shall consist of:

(a) a Senator chosen by the Senate;

(b) a member of the House of Representatives chosen by that House; and

(c) 11 other members, appointed by the Minister.

(3) A member chosen by either House of the Parliament holds office, subject to this Act, for such period, not exceeding 3 years, as is fixed by that House at the time of his or her choice.

(4) A member appointed by the Minister holds office, subject to this Act, for such period, not exceeding 3 years, as the Minister specifies in the instrument of his or her appointment.

(5) A member chosen by either House of the Parliament or appointed by the Minister is eligible for further choice or re-appointment.

(6) The performance of the functions of the Council is not affected by reason of there being a vacancy or vacancies in the membership of the Council.

11.- Functions of Council

(1) The Council shall furnish advice to the Minister and the Director General with respect to matters to which the functions of the Archives relate.

(2) The Minister or the Director General may refer any matter of the kind referred to in subsection (1) to the Council for advice and the Council may, if it thinks fit, consider and advise the Minister or the Director General on a matter of that kind of its own motion.

12.- Chairman and Deputy Chairman of Council

The Minister shall appoint a member to be Chairman of the Council and another member to be Deputy Chairman of the Council.

13.- Deputies of members

(1) A member chosen by the Senate or by the House of Representatives may appoint a Senator or a member of the House of Representatives, as the case may be, to be his or her deputy.

(2) The Minister may appoint a person to be a deputy of a member referred to in paragraph 10(2)(c).

(3) The deputy of a member is, in the event of the absence of the member from a meeting of the Council, entitled to attend that meeting and, when so attending, shall be deemed to be a member of the Council.

14.- Remuneration and allowances of members

(1) A member referred to in paragraph 10(2)(c), or the deputy of such a member, shall be paid such remuneration as is determined by the Remuneration Tribunal but, if no determination of that remuneration by the Tribunal is in operation, he or she shall be paid such remuneration as is prescribed.

(2) A member referred to in paragraph 10(2)(c), or the deputy of such a member, shall be paid such allowances as are prescribed.

(3) A member referred to in paragraph 10(2)(a) or (b), or the deputy of such a member, shall be reimbursed such expenses as he or she reasonably incurs by reason of his or her attendance at meetings of the Council or of his or her engagement, with the approval of the Council, on the affairs of the Council.

(4) This section has effect subject to the Remuneration Tribunal Act 1973.

15.- Termination of office of member

(1) The Minister may terminate the appointment of a member, being a member appointed by the Minister, by reason of misbehaviour or physical or mental incapacity.

(2) If a member appointed by the Minister is absent, except on leave granted by the Council, from 3 consecutive meetings of the Council, the Minister may terminate the appointment of the member.

(3) A member chosen by either House of the Parliament may be removed from office by that House.

(4) If a member chosen by either House of the Parliament or a deputy of such a member ceases to be a member of that House, he or she shall cease to be a member of the Council or a deputy of such a member.

(5) For the purposes of subsection (4), a member of either House of the Parliament shall be deemed not to have ceased to be a member of that House while he or she continues to be entitled to the Parliamentary allowances that became payable to him or her as such a member.

16.- Resignation of member

(1) A member appointed by the Minister may resign his or her office by writing signed by him or her and delivered to the Minister.

(2) A member chosen by the Senate may resign his or her office by writing signed by him or her and delivered to the President of the Senate.

(3) A member chosen by the House of Representatives may resign his or her office by writing signed by him or her and delivered to the Speaker of the House of Representatives.

17.- Meetings of the Council

(1) The Council shall hold such meetings as are necessary for the performance of its functions.

(2) The Chairman may at any time convene a meeting of the Council.

(3) The Chairman shall, on receipt of a request in writing signed by 2 other members of the Council, convene a meeting of the Council.

(4) At a meeting of the Council a majority of the members of the Council constitute a quorum.

(5) The Director General is entitled to receive notice of meetings of the Council, and the Director General, or a member of the staff of the Archives nominated by him or her, may attend any meeting of the Council and take such part in the proceedings, not including voting, as the Council approves.

(6) The Chairman shall preside at all meetings of the Council at which he or she is present.

(7) If, at a meeting of the Council, the Chairman is not present but the Deputy Chairman is present, the Deputy Chairman shall preside at the meeting.

(8) If neither the Chairman nor the Deputy Chairman is present at a meeting of the Council, the members present shall elect one of their number to preside at the meeting.

(9) Questions arising at a meeting of the Council shall be determined by a majority of the votes of the members present and voting.

(10) The member presiding at a meeting of the Council has a deliberative vote and, in the event of an equality of votes, also has a casting vote.

(11) In subsections (2) and (3), a reference to the Chairman shall, if there is no Chairman or the Chairman is absent from Australia or unable to perform the duties of his or her office, be read as a reference to the Deputy Chairman.

 

Part V.-Commonwealth records

 

Division 1-Preliminary

 

18.- Records of the Parliament

Subject to sections 20 and 21, Divisions 2 and 3 do not apply to records in the possession of the Senate, the House of Representatives or a Parliamentary Department.

19.- Court records

(1) Subject to sections 20 and 21, Divisions 2 and 3 do not apply to records in the possession of a court or of a registry of a court.

(2) Divisions 4 and 5 do not apply to records in the possession of a court or of a registry of a court, other than records that are of an administrative nature.

20.- Regulations and arrangements relating to certain records

(1) Subject to this section, the regulations may provide that all or any of the provisions of Divisions 2 and 3 are, in such circumstances and subject to such conditions as are prescribed, to apply to all or any of the records referred to in section 18 or subsection 19(1), and may provide that those provisions are so to apply subject to such modifications as are prescribed.

(2) Regulations shall not be made for the purposes of subsection (1) in relation to the application of the provisions of Divisions 2 and 3 to records in the possession of the Senate, the House of Representatives or a Parliamentary Department, unless there has been consultation between the Minister and:

(a) in the case of records in the possession of the Senate or of the Department of the Senate-the President of the Senate;

(b) in the case of records in the possession of the House of Representatives or of the Department of the House of Representatives-the Speaker of the House of Representatives; or

(c) in the case of records in the possession of a Parliamentary Department other than the Department of the Senate or the Department of the House of Representatives-both the President of the Senate and the Speaker of the House of Representatives;

concerning the application of those provisions to those records.

(3) Regulations shall not be made for the purposes of subsection (1) in relation to the application of the provisions of Divisions 2 and 3 to records in the possession of a court or of a registry of a court unless there has been consultation between the Minister and the Chief Justice or Chief Judge of that court, or, if there is no Chief Justice or Chief Judge, the judicial officer of that court whom the Minister is satisfied has, from time to time, the principal responsibility for the administration of the business of that court, concerning the application of those provisions to those records.

21.- Archives may be given custody of certain records

(1) Subject to any regulations made in accordance with section 20, a person having the control of the custody of any records referred to in section 18 or subsection 19(1) may enter into arrangements with the Archives with respect to the custody of those records.

(2) Arrangements referred to in subsection (1) relating to the custody of records may provide for the extent (if any) to which the Archives or other persons are to have access to those records.

22.- Records of Royal Commissions etc.

(1) This section applies to:

(a) the records kept by a Royal Commission, whether the inquiry commenced or was completed before or after the commencement of this Part; and

(b) the records kept by a Commission of inquiry.

(2) The Commonwealth is entitled to the possession of records kept by a Royal Commission, or by a Commission of inquiry, that are no longer required for the purposes of the Commission, and all such records shall be deemed to be Commonwealth records for the purposes of this Act.

(3) Records referred to in subsection (2) shall be kept in such custody as the responsible Minister directs and the Archives is not entitled to the care of any such records except in accordance with such a direction.

(4) A direction given by a Royal Commission, or by a Commission of inquiry, prohibiting the publication of any document or matter does not apply to the provision of public access under this Act to any records that are in the open access period or to the publication by any person of any records that are available for public access in accordance with this Act.

(5) For the purposes of this Act:

(a) the Minister administering the Royal Commissions Act 1902 is taken to be the responsible Minister in relation to the records of a Royal Commission; and

(b) the Minister administering the Quarantine Act 1908 is taken to be the responsible Minister in relation to the records of the Commission of inquiry within the meaning of that Act; and

(c) the Minister administering the Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2006 is taken to be the responsible Minister in relation to the records of a Commission of inquiry within the meaning of that Act.

(6) Where a Royal Commission has conducted an inquiry by virtue of a commission issued by the Governor of a State in conjunction with its inquiry under a commission issued by the Governor General, subsections (2) and (3) apply only to such of the records of the Royal Commission as are determined by agreement between the Commonwealth and the State.

22A.- Cabinet notebooks

(1) For the purposes of this Act, work out when a Cabinet notebook is in the open access period in accordance with the following table:

Open access period for Cabinet notebooks

Item

If the Cabinet notebook came into existence in any of the following years (ending on 31 December):

the Cabinet notebook is in the open access period on and after the following day:

1

a year (the creation year) before 1960

1 January in the year that is 51 years after the creation year.

Example: A Cabinet notebook that came into existence in the year 1959 is in the open access period on and after 1 January 2010.

2

1960, 1961 or 1962

1 January 2011.

3

1963, 1964 or 1965

1 January 2012.

4

1966, 1967 or 1968

1 January 2013.

5

1969, 1970 or 1971

1 January 2014.

6

1972, 1973 or 1974

1 January 2015.

7

1975, 1976 or 1977

1 January 2016.

8

1978, 1979 or 1980

1 January 2017.

9

1981, 1982 or 1983

1 January 2018.

10

1984, 1985 or 1986

1 January 2019.

11

1987, 1988 or 1989

1 January 2020.

12

1990

1 January 2021.

13

a year (the creation year) after 1990

1 January in the year that is 31 years after the creation year.

(2) Subsection 3(7) does not apply in relation to Cabinet notebooks.

22B.- Census information

(1) For the purposes of this Act, a record containing Census information from a particular Census is in the open access period for that Census if a period of 99 years has elapsed since the Census day for that Census.

(2) Subsection 3(7) and section 56 do not apply to records containing Census information.

(3) In this Act:

Census day, for a Census, means the day appointed, under subsection 8(2) of the Census and Statistics Act 1905, as the Census day for that Census.

23.- Records of inter-governmental authorities

The regulations may provide for restricting or excluding the operation of all or any of the provisions of this Act in relation to all or any records of or relating to an authority or body established:

(a) for the performance of functions under the law of the Commonwealth and the law of any State or States, the Australian Capital Territory, the Northern Territory, Norfolk Island or another country; or

(b) for the purpose of an agreement between the Commonwealth and any State or States, the Australian Capital Territory, the Northern Territory, Norfolk Island or another country;

or to the operations of an authority or body so established.

 

Division 2.-Dealings with Commonwealth records

 

24.- Disposal, destruction etc. of Commonwealth records

(1) Subject to this Part, a person must not engage in conduct that results in:

(a) the destruction or other disposal of a Commonwealth record; or

(b) the transfer of the custody or ownership of a Commonwealth record; or

(c) damage to or alteration of a Commonwealth record.

Penalty: 20 penalty units.

(1A) For the purposes of an offence against subsection (1), strict liability applies to the physical element of circumstance of the offence, that the record is a Commonwealth record.

(2) Subsection (1) does not apply to anything done:

(a) as required by any law;

(b) with the permission of the Archives or in accordance with a practice or procedure approved by the Archives;

(c) in accordance with a normal administrative practice, other than a practice of a Department or authority of the Commonwealth of which the Archives has notified the Department or authority that it disapproves; or

(d) for the purpose of placing Commonwealth records that are not in the custody of the Commonwealth or of a Commonwealth institution in the custody of the Commonwealth or of a Commonwealth institution that is entitled to custody of the records.

(3) Subsection (1) does not apply to the destruction of a Commonwealth record, being a record to which subsection 47(1), 70(1) or 107(1) of the Copyright Act 1968 applies, where the Director General has declined to consent to the delivery of the record to the Archives.

(4) This section does not authorize the Archives to permit the destruction or other disposal of a Commonwealth record that is in the possession of, or has been transferred to the care of the Archives by, a Commonwealth institution, without the consent of that institution or of a Commonwealth institution that has succeeded to the relevant functions of that institution.

(5) For the purposes of the application of subsection (1) to a record of a kind used by means of any mechanical or electronic device or equipment, including a computer, any treatment or modification of the record that would prevent the obtaining from the record of information or matter that could previously have been obtained from the record shall be deemed to be destruction of the record.

25.- Advice to Council on disposal practices

(1) The Archives shall:

(a) as soon as practicable after the commencement of this Part, furnish to the Council a statement in writing setting out particulars of the practices followed by, or approved by, the Archives in respect of the destruction or other disposal of Commonwealth records whether or not those practices have been agreed upon between the Archives and any particular Commonwealth institution;

(b) in a case where, after the commencement of this Part, the Archives alters, or approves any alteration of, any practice of a kind referred to in paragraph (a), not being a practice agreed upon between the Archives and a Commonwealth institution-furnish to the Council a statement setting out particulars of the alteration to that practice as soon as practicable after the Archives has decided to alter, or to approve the alteration of, that practice and, where possible, before the implementation of the practice as so altered; and

(c) in a case where practices for the destruction or other disposal of Commonwealth records are agreed upon at any time after the commencement of this Part between the Archives and a Commonwealth institution-furnish to the Council a statement setting out particulars of those practices as soon as practicable after those practices have been agreed upon and, where possible, before the implementation of those practices.

(2) A reference in subsection (1) to practices agreed upon between the Archives and a Commonwealth institution includes a reference to practices so agreed upon that vary practices that have, whether before or after the commencement of this Part, been previously agreed upon between the Archives and that institution.

26.- Alteration of Commonwealth records

(1) A person is guilty of an offence if:

(a) a Commonwealth record has been in existence for more than 15 years; and

(b) the person engages in conduct; and

(c) the person»s conduct results in an addition to or an alteration of the record.

Penalty: 20 penalty units.

(1A) Strict liability applies to paragraph (1)(a).

(2) Subsection (1) does not apply to anything done:

(a) as required by any law; or

(b) with the permission of the Archives or in accordance with a practice or procedure approved by the Archives.

27.- Transfer of certain Commonwealth records to care of Archives

(1) This section applies to a Commonwealth record that:

(a) is in the custody of a Commonwealth institution other than the Archives; and

(b) has been determined to be part of the archival resources of the Commonwealth under section 3C.

(2) The person responsible for the custody of the record must cause the record to be transferred to the care of the Archives in accordance with arrangements approved by the Archives.

(3) The record must be transferred:

(a) if the record ceases to be a current Commonwealth record-as soon as practicable after the record ceases to be a current Commonwealth record; and

(b) in any event-within 15 years of the record coming into existence.

28.- Archives to have access to records

Subject to this Part, the Archives is entitled, for the purposes of this Act, to full and free access, at all reasonable times, to all Commonwealth records in the custody of a Commonwealth institution other than the Archives.

 

28A.- Records of companies or associations that cease to be authorities of the Commonwealth

If a company or association that is an authority of the Commonwealth ceases, on a particular day, to be such an authority of the Commonwealth, then, despite the company or association so ceasing:

(a) the records of the company or association that were in existence prior to that day continue to be Commonwealth records; and

(b) the Archives may make arrangements with the company or association to enable those records of the company or association to be dealt with in accordance with the provisions of this Part in the same manner as if the company or association had not ceased to be an authority of the Commonwealth.

29.- Exemption of certain records

(1) A Commonwealth institution, or a person having authority to act on behalf of a Commonwealth institution, may, with the concurrence of the Director General, determine that a Commonwealth record, or each record in a class of Commonwealth records, being a record or class of records in the possession of the Commonwealth institution or relating to the functions of the Commonwealth institution, is:

(a) a record that is not required to be transferred to the care of the Archives under section 27; or

(b) a record to which the Archives is not to be entitled to have access under section 28 or is not to be entitled to have access under that section otherwise than on specified conditions to be observed by the Archives;

and such a determination has effect for such period as is specified in the determination but may at any time be revoked by the Commonwealth institution or a person having authority to act on behalf of the Commonwealth institution.

(2) Notwithstanding subsection (1), the responsible Minister may determine that a Commonwealth record, or each record in a class of Commonwealth records, is:

(a) a record that is not required to be transferred to the care of the Archives under section 27; or

(b) a record to which the Archives is not to be entitled to have access under section 28 or is not to be entitled to have access under that section otherwise than on specified conditions to be observed by the Archives;

and such a determination takes effect upon its being notified to the Archives and has effect for such period as is specified in the determination but may at any time be revoked by the responsible Minister.

(3) The Archives may agree with a Commonwealth institution that records accepted into the care of the Archives from that institution are to be held on certain conditions to be observed by the Archives, not being conditions inconsistent with this Part.

(4) Where:

(a) the Archives seeks access to a Commonwealth record that is not in the care of the Archives; and

(b) a person responsible for the custody of the record considers that it might be appropriate for a determination to be made under subsection (2) applying paragraph (2)(b) to the record;

the person so responsible may forthwith notify the Archives that he or she so considers and take appropriate action for enabling consideration to be given by the responsible Minister to the making of such a determination.

(5) Where a notification under subsection (4) has been given in respect of a record, the Archives is not entitled to access to the record for a period of one month from the date on which the notification was given, but, if the notification is withdrawn by the person responsible for the custody of the record before the expiration of that period, this subsection ceases to have effect in relation to the record.

(6) A record that is in the open access period is not, by virtue of a determination under subsection (1), a record to which paragraph (1)(b) applies unless:

(a) the record is an exempt record for the reason that it contains information or matter of a kind referred to in paragraph 33(1)(a) or (b); and

(b) a security classification applies to the record such that access by the Archives would not be appropriate.

(7) A record that is in the open access period is not, by virtue of a determination under subsection (2), a record to which paragraph (2)(b) applies unless:

(a) the record is an exempt record for the reason that it contains information or matter of a kind referred to in paragraph 33(1)(a) or (b); and

(b) a security classification applies to the record such that access by the Archives would not be appropriate.

(8) The concurrence of the Director General is not required for the making of a determination under subsection (1) by, or by a person having authority to act on behalf of, any of the following Commonwealth institutions, namely:

(a) the Australian Security Intelligence Organisation;

(b) the Australian Secret Intelligence Service;

(ba) the Defence Imagery and Geospatial Organisation;

(c) the Defence Signals Directorate;

(d) the Defence Intelligence Organisation;

(e) the Office of National Assessments; and

(f) the Inspector General of Intelligence and Security.

(9) The concurrence of the Director General is not required for the making of a determination under subsection (1) by the Commissioner of the Australian Federal Police in relation to any record that contains information the release of which would endanger the safety of a person:

(a) who is, or has been, assessed for inclusion in the National Witness Protection Program; or

(b) who is, or has been, a witness within the meaning of the Witness Protection Act 1994 under that Program.

30.- Commonwealth records to be available to Commonwealth institutions

(1) The Archives must ensure that all Commonwealth records transferred to its care from a Commonwealth institution are made available, as reasonably required, for use by, or at the direction of:

(a) that institution; or

(b) a Commonwealth institution that has succeeded to the relevant functions of that institution.

(2) A record that has been in existence for more than 15 years must not be made available to a Commonwealth institution under subsection (1) in a manner that involves its leaving the custody of the person who has the custody of the record, except as necessary for the proper conduct of the business of the Commonwealth institution.

30A Non-disclosure of Census information

Non-disclosure to another person

(1) An Archives officer must not, at any time before a record containing Census information from a Census is in the open access period for that Census, divulge or communicate any of that information to another person (except to another Archives officer for the purposes of, or in connection with, the performance of that other officer´s duties under this Act).

Non-disclosure to a court or tribunal

(2) A person who is or has been an Archives officer must not, at any time before a record containing Census information from a Census is in the open access period for that Census:

(a) be required to divulge or communicate any of that information to a court or tribunal; or

(b) voluntarily give any of that information in evidence in proceedings before a court or tribunal.

Section 58 has no effect on this section

(3) Section 58 does not affect the operation of this section.

Definition

(4) In this section:

Archives officer means the Director General or a member of the staff of the Archives.

 

Division 3.-Access to Commonwealth records

 

31.- Records in open access period to be publicly available

(1A) This section applies to a Commonwealth record that:

(a) is in the open access period; and

(b) is in the care of the Archives or in the custody of a Commonwealth institution; and

(c) is not an exempt record.

(1) Subject to this Part, the Archives must cause the record to be made available for public access.

(2) If the record is in the custody of a Commonwealth institution, the institution must make such arrangements with the Archives as will enable the Archives to meet its obligations under subsection (1) in relation to the record.

(3) Subject to any regulations made under section 20, subsection (2) does not apply to:

(a) the Senate, the House of Representatives or a Parliamentary Department, in relation to records in the possession of the Senate, the House of Representatives or the Parliamentary Department; or

(b) a court, in relation to records in the possession of that court or of a registry of that court.

(4) The Archives may withhold a Commonwealth record or a class of Commonwealth records from public access for a reasonable time pending examination in accordance with section 35.

32.- Consultation with States

(1) Where it appears to the Minister that the Government of a State, of the Australian Capital Territory or of the Northern Territory, as the case may be, might reasonably wish to contend that the making available of a record under section 31 could adversely affect the interests of that State, of the Australian Capital Territory or of the Northern Territory, as the case may be, the record shall not be made available unless there has been consultation between the Commonwealth and that State, the Australian Capital Territory or the Northern Territory.

(2) For the purpose of facilitating consultation under subsection (1), the Commonwealth may enter into such arrangements with a State, with the Australian Capital Territory or with the Northern Territory as it thinks appropriate.

33.- Exempt records

(1) For the purposes of this Act, a Commonwealth record is an exempt record if it contains information or matter of any of the following kinds:

(a) information or matter the disclosure of which under this Act could reasonably be expected to cause damage to the security, defence or international relations of the Commonwealth;

(b) information or matter:

(i) that was communicated in confidence by, or on behalf of, a foreign government, an authority of a foreign government or an international organisation (the foreign entity) to the Government of the Commonwealth, to an authority of the Commonwealth or to a person who received the communication on behalf of the Commonwealth or an authority of the Commonwealth (the Commonwealth entity); and

(ii) which the foreign entity advises the Commonwealth entity is still confidential; and

(iii) the confidentiality of which it would be reasonable to maintain;

(c) information or matter the disclosure of which under this Act would have a substantial adverse effect on the financial or property interests of the Commonwealth or of a Commonwealth institution and would not, on balance, be in the public interest;

(d) information or matter the disclosure of which under this Act would constitute a breach of confidence;

(e) information or matter the disclosure of which under this Act would, or could reasonably be expected to:

(i) prejudice the conduct of an investigation of a breach, or possible breach, of the law, or a failure, or possible failure, to comply with a law relating to taxation or prejudice the enforcement or proper administration of the law in a particular instance;

(ii) disclose, or enable a person to ascertain, the existence or identity of a confidential source of information in relation to the enforcement or administration of the law; or

(iii) endanger the life or physical safety of any person;

(f) information or matter the disclosure of which under this Act would, or could reasonably be expected to:

(i) prejudice the fair trial of a person or the impartial adjudication of a particular case;

(ii) disclose lawful methods or procedures for preventing, detecting, investigating, or dealing with matters arising out of, breaches or evasions of the law the disclosure of which would, or would be reasonably likely to, prejudice the effectiveness of those methods or procedures; or

(iii) prejudice the maintenance or enforcement of lawful methods for the protection of public safety;

(g) information or matter the disclosure of which under this Act would involve the unreasonable disclosure of information relating to the personal affairs of any person (including a deceased person);

(h) information or matter relating to trade secrets, or any other information or matter having a commercial value that would be, or could reasonably be expected to be, destroyed or diminished if the information or matter were disclosed;

(j) information or matter (other than information or matter referred to in paragraph (h)) concerning a person in respect of his or her business or professional affairs or concerning the business, commercial or financial affairs of an organization or undertaking, being information or matter the disclosure of which would, or could reasonably be expected to, unreasonably affect that person adversely in respect of his or her lawful business or professional affairs or that organization or undertaking in respect of its lawful business, commercial or financial affairs.

(1A) For the purposes of subparagraph (1)(e)(ii), a confidential source of information in relation to the enforcement or administration of the law includes:

(a) a person who is providing, or has provided, confidential information to the Australian Crime Commission in relation to such a matter; or

(b) a person who is providing, or has provided, confidential information to the Australian Federal Police in relation to such a matter; or

(ba) a person who is providing, or has provided, confidential information to:

(i) the Integrity Commissioner (within the meaning of the Law Enforcement Integrity Commissioner Act 2006); or

(ii) a staff member of ACLEI (within the meaning of that Act); or

(iii) a special investigator for the purposes of Division 4 of Part 12 of that Act;

in relation to such a matter; or

(c) a person who is, or has been, a witness within the meaning of the Witness Protection Act 1994 under the National Witness Protection Program.

(2) For the purposes of this Act, a Commonwealth record is an exempt record if it is of such a nature that:

(a) it would be privileged from production in legal proceedings on the ground of legal professional privilege; and

(b) disclosure of the record would be contrary to the public interest.

(3) For the purposes of this Act, a Commonwealth record is an exempt record if:

(a) it contains information or matter:

(i) that relates to the personal affairs, or the business or professional affairs, of any person (including a deceased person); or

(ii) that relates to the business, commercial or financial affairs of an organization or undertaking; and

(b) there is in force a law relating to taxation that applies specifically to information or matter of that kind and prohibits persons referred to in that law from disclosing information or matter of that kind, whether the prohibition is absolute or is subject to exceptions or qualifications.

(4) In paragraphs (1)(e) and (f) and subsection (3), law means law of the Commonwealth or of a State or Territory.

(5) A reference in this section to an undertaking includes a reference to an undertaking that is carried on by, or by an authority of, the Commonwealth, a State, the Australian Capital Territory or the Northern Territory or by a local government authority.

35.- Identification of exempt records

(1) The Director General, in consultation with the responsible Minister or a person authorized by the responsible Minister, shall make arrangements for determining the Commonwealth records in the open access period that are to be treated by the Archives as being exempt records and may make arrangements for determining the extent to which access in part to Commonwealth records identified as exempt records may be given without disclosing the information or matter by reason of which the records are exempt records.

(2) Except in the case of records exempted from transfer to the care of the Archives by virtue of a determination under section 29, an examination of records for the purposes of subsection (1) shall be conducted on premises of the Archives.

(3) The identification of records as exempt records in accordance with this section shall be conducted in accordance with programs approved by the Director General and may take place before the records concerned become records in the open access period.

(4) Determinations under subsection (1) in respect of records identified as exempt records shall be reviewed, in accordance with arrangements made as referred to in that subsection, at such intervals as the Director General thinks appropriate having regard to the nature of the records concerned and any other relevant circumstances and whenever necessary for the purposes of reconsideration of a decision in accordance with section 42.

(5) The functions of the Archives with respect to public access to Commonwealth records in the open access period shall be performed in conformity with the determinations made from time to time under this section, except to the extent that any such determination is inconsistent with a decision of the Tribunal on a review under this Act.

36.- Forms of access

(1) Where the Archives is required by this Part to cause a record to be made available for public access, any person is, subject to this Part, entitled to access to the record.

(2) Access to a record may be given to a person in one or more of the following forms:

(a) a reasonable opportunity to inspect the record;

(b) on payment of a charge determined in accordance with the regulations, provision to the person of a copy of the record;

(c) in the case of a record from which information or matter can be produced or made available in a particular form by means of a computer, projector or other equipment, provision, on payment of a charge determined in accordance with the regulations, of access to that information or matter by the use of that equipment;

(d) in the case of a record by which words are recorded in a manner in which they are capable of being reproduced in the form of sound or in which words are contained in the form of shorthand writing or in codified form, provision, on payment of a charge determined in accordance with the regulations, of a written transcript of the words recorded or contained in the record.

(3) Subject to subsection (4), where a person has applied for access in a particular form, access shall be given in that form.

(4) Where the giving of access under this Part in the form requested by the person in his or her application for access:

(a) would interfere unreasonably with the operations of the Archives or of another Commonwealth institution that has the custody of the record;

(b) would not, having regard to the physical nature of the record, be appropriate;

(c) would be detrimental to the preservation of the record; or

(d) would, but for this Act, involve an infringement of copyright (other than copyright owned by the Commonwealth, a Commonwealth institution, a State, the Australian Capital Territory or the Northern Territory) subsisting in matter contained in the record, being matter that does not relate to the affairs of a Commonwealth institution;

access in that form may be refused and access given in another form.

(5) The reference in subsection (4) to copyright owned by a Commonwealth institution shall not be taken to extend to copyright owned by the Australian Broadcasting Corporation or the Special Broadcasting Service Corporation in a work or other subject matter forming part of its program material.

37.- Conditions in respect of proper care of records

(1) The Director General may, for the purpose of ensuring the safe custody and proper preservation of any record, determine reasonable conditions to which access to the record is to be subject, or determine that the record is to be withheld from public access.

(2) Where a record is withheld in accordance with subsection (1), a copy shall be provided where, in the opinion of the Director General, it is practicable to do so without detriment to the proper preservation or safe custody of the record.

38.- Access to part of exempt record

Where a record that would otherwise be required to be made available for public access under this Part is an exempt record, the Archives may, where it is reasonably practicable to do so, make arrangements for part of, or a copy of part of, that record to which access could be given without disclosing information or matter by reason of which the record is an exempt record to be made available for public access in accordance with this Part.

39.- Information as to existence of certain documents

(1) Nothing in this Act shall be taken to require the Archives to give information as to the existence or non-existence of a record where information as to the existence or non-existence of that record, if included in a Commonwealth record, would cause that last-mentioned record to be an exempt record by virtue of paragraph 33(1)(a), (b) or (e).

(2) Where an application to the Archives for access to a record relates to a record that is, or if it existed would be, of a kind referred to in subsection (1), the Archives may give notice in writing to the applicant that the Archives neither confirms nor denies the existence, as a Commonwealth record, of such a record but that, assuming the existence of such a record, it would be an exempt record, and, where such a notice is given:

(a) section 40 applies as if the decision to give such a notice were a decision referred to in that section; and

(b) the decision to give the notice shall, for the purposes of Division 4, be deemed to be a decision of the Archives refusing to grant the applicant access to the record on the ground that the record is an exempt record under paragraph 33(1)(a), (b) or

(e), as the case may be.

 

40.- Notification of decisions

(1) This section applies in relation to an application to the Archives for access, or for an extension of partial access, to a record referred to in section 31, being an application:

(a) in writing;

(b) expressed to be made in accordance with this section;

(c) specifying an address in Australia at which notices under this Act may be sent to the person making the application; and

(d) providing such particulars, if any, concerning the record to which it relates as are contained in the Australian National Guide to Archival Material.

(2) The Archives shall give all reasonable assistance to persons to enable them to make applications complying with paragraph (1)(d).

(3) Where an application to which this section applies is made, the Archives shall take all reasonable steps to enable the applicant to be notified of a decision on the application as soon as practicable but in any case not later than 90 days after the day on which the application is received by the Archives.

(4) The regulations may make provision that subsection (3) is to have effect as if a specified shorter period were substituted for the period of 90 days specified in that subsection.

(5) Where, in relation to an application, a decision is made relating to a refusal to grant access to a record in accordance with the application, the decision-maker shall cause the applicant to be given notice in writing of the decision and the notice shall:

(a) state the findings on any material questions of fact, referring to the material on which those findings were based, and state the reasons for the decision;

(b) where the decision is a decision of the Archives-state the name and designation of the person making the decision; and

(c) give to the applicant appropriate information concerning:

(i) his or her rights with respect to a review of the decision;

(ii) his or her rights to make a complaint to the Ombudsman in relation to the decision; and

(iii) the procedure for the exercise of the rights referred to in subparagraphs (i) and (ii);

including (where applicable) particulars of the manner in which an application for review under section 42 may be made.

(6) Section 13 of the Administrative Decisions (Judicial Review) Act 1977 does not apply to a decision of the kind referred to in subsection (5).

(7) A notice under subsection (5) is not required to contain any matter that is of such a nature that its inclusion in a record would cause that record to be an exempt record under section 33.

(8) Where:

(a) an application to which this section applies has been made;

(b) the period of 90 days, or such other period as is applicable in accordance with regulations under subsection (4), has elapsed since the day on which the application was received by the Archives; and

(c) notice of a decision on the application has not been received by the applicant;

the Archives shall, for the purpose of enabling an application to be made to the Tribunal under section 43, be deemed to have made, on the last day of that period, a decision refusing to grant access to the record on the ground that the record is an exempt record.

(9) Where a complaint is made to the Ombudsman under the Ombudsman Act 1976 concerning failure to make and notify to the applicant a decision on an application (whether the complaint was made before or after the expiration of the period referred to in subsection (8)), an application to the Tribunal under section 43 of this Act by virtue of that subsection shall not be made before the Ombudsman has informed the applicant of the result of the complaint in accordance with section 12 of the Ombudsman Act 1976.

(10) Where such a complaint is made before the expiration of the period referred to in subsection (8), the Ombudsman, after having investigated the complaint, may, if he or she is of the opinion that there has been unreasonable delay by the Archives in connection with the request, grant to the applicant a certificate certifying that he or she is of that opinion, and, if the Ombudsman does so, the Archives shall, for the purpose of enabling application to be made to the Tribunal under section 43, be deemed to have made, on the day on which the certificate is granted, a decision refusing to grant access to the record on the ground that the record is an exempt record.

(11) Where, after an application has been made to the Tribunal by virtue of subsection (8) but before the Tribunal has finally dealt with the application, a decision in the matter to which the application relates is given by the Archives, being a decision that is not satisfactory to the applicant, the Tribunal may, at the request of the applicant, treat the proceedings as extending to a review of that decision in accordance with this Part.

(12) Before dealing further with an application made to it by virtue of subsection (8), the Tribunal may, on the application of the Director General, allow further time to the Archives to deal with the application for access.

 

Division 4.-Review of decisions

 

42.- Internal reconsideration of decisions

(1) Where a person has made an application to which section 40 applies and is dissatisfied with the decision on the application, he or she may, within 28 days after the day on which notice of the decision was given to him or her or within such further period as the Archives allows, apply in writing to the Archives for a reconsideration of the decision.

(2) Where an application for reconsideration of a decision is made in accordance with this section, the Archives shall:

(a) reconsider the decision and for that purpose arrange for any necessary review under section 35 of a determination under that section; and

(b) as expeditiously as practicable, give notice to the applicant of the decision reached on the reconsideration (whether or not that decision confirms the previous decision).

(3) A decision by the Archives on an application in accordance with this section for reconsideration of a decision shall be made after consideration of the application by the Director General or a person authorized by him or her to deal with such applications.

(4) The provisions of section 40 extend to a decision made under this section upon a review of a decision in relation to the provision of access to a record that is the subject of an application under that section.

43.- Applications to Administrative Appeals Tribunal

(1) Subject to this section, an application may be made to the Administrative Appeals Tribunal for a review of a decision of the Archives in respect of access to a record, being:

(a) a decision refusing to grant to the applicant access to the record on the ground that the record is an exempt record or is a Commonwealth record to which Division 3 does not apply;

(b) a decision refusing to grant an extension of partial access to the record on the ground that the record is an exempt record and it is not practicable to make arrangements for giving the further access desired by the applicant in a form that would not disclose information or matter by reason of which the record is an exempt record;

(c) a decision refusing to grant to the applicant access to the record on the ground that the record has been withheld from public access pending examination of the record under section 35;

(d) a decision refusing to grant to the applicant access to the record on the ground that a determination has been made under section 37 that the record is to be withheld from public access or refusing to grant to the applicant access to the record otherwise than on specified conditions determined under that section;

(e) a decision refusing to grant to the applicant access to the record in a particular form by reason of paragraph 36(4)(a), (b) or (d); or

(f) a decision refusing to allow a further period for making an application under subsection 42(1) for a reconsideration of a decision.

(2) Subject to subsection (3), where, in relation to a decision referred to in subsection (1), a person is or has been entitled to apply under section 42 for a reconsideration of the decision, that person is not entitled to make an application under subsection (1) in relation to that decision, but may make such an application in respect of the decision made on such a reconsideration.

(3) Subsection (2) does not prevent an application to the Tribunal in respect of a decision where:

(a) the person concerned has applied under section 42 for a reconsideration of the decision;

(b) a period of 14 days has elapsed since the day on which that application was received by the Archives; and

(c) he or she has not been informed of the result of the review;

and such an application to the Tribunal may be treated by the Tribunal as having been made within the time allowed by subsection (4) if it appears to the Tribunal that there was no unreasonable delay in making the application to the Tribunal.

(4) Notwithstanding section 29 of the Administrative Appeals Tribunal Act 1975, the period within which (subject to any extension granted by the Tribunal) an application under subsection (1) of this section is to be made in respect of a

decision is:

(a) except where paragraph (b) or (c) applies-the period commencing on the day on which notice of the decision was given to the applicant and ending on the sixtieth day after that day;

(b) where the decision is a decision that is deemed by subsection 40(8) or (10) to have been made-the period commencing on the day on which the decision is deemed to have been made and ending on the sixtieth day after that day; or

(c) where subsection 55(4) is applicable-the period commencing on the day on which the Ombudsman has informed the applicant as referred to in that subsection and ending on the sixtieth day after that day.

(5) If an application to the Tribunal for review of a decision is made before a reconsideration of the decision in accordance with section 42 has been completed and the result notified to the applicant, the Tribunal may, if it is satisfied that further time is reasonably necessary to enable the reconsideration to be completed, adjourn the proceedings for such time as it thinks fit.

(6) Section 28 of the Administrative Appeals Tribunal Act 1975 does not apply in relation to a decision in respect of which an application may be made to the Tribunal under this section where a notice under subsection 40(5) of this Act has been given to the applicant.

(7) If the Tribunal, upon application for a declaration under this subsection made to it by a person to whom a notice has been furnished under subsection 40(5), considers that the notice does not contain adequate particulars of findings on material questions of fact, an adequate reference to the evidence or other material on which those findings were based or adequate particulars of the reasons for the decision to which the notice relates, the Tribunal may make a declaration accordingly, and, where the Tribunal makes such a declaration, the person responsible for furnishing the notice shall, as soon as practicable but in any case within 28 days after the Tribunal makes the declaration, furnish to the applicant an additional notice or additional notices containing further and better particulars in relation to matters specified in the declaration with respect to those findings, that evidence or other material or those reasons.

44.- Powers of Tribunal

(1) Subject to this section, in proceedings under this Division, the Tribunal has, in addition to any other power, the power to review any decision of the Archives upon an application for access to a record and to decide any matter in relation to that application that, under this Act, could have been or could be decided by the Archives, and any decision of the Tribunal under this section has the same effect as a decision of the Archives.

(2) Where an applicant makes an application under section 43 in respect of a decision of the kind referred to in paragraph (1)(d) of that section, the Tribunal has power to grant access to the record to which the application relates, or to grant access to that record on particular conditions, notwithstanding any determination made by the Director General under section 37 in relation to that record.

(3) Where, in proceedings before the Tribunal in pursuance of an application under section 43, it is established that a record is an exempt record, the Tribunal does not, except as provided by subsection (7), have power to decide that access is to be granted to the record.

(7) On a review in pursuance of an application to the Tribunal under section 43, the Tribunal may, if it is satisfied that it would be practicable to give access to, or to a copy of, part of an exempt record in a form that would not disclose information or matter by reason of which the record is an exempt record, direct that access be given accordingly.

46.- Constitution of Tribunal for proceedings about certain exempt records

(1) If an application is made to the Tribunal for review of a decision refusing to grant access to a record in accordance with an

application under section 40, being a record that is:

(a) claimed to be an exempt record for the reason that it contains information or matter of a kind referred to in paragraph 33(1)(a) or (b); and

(b) not a record of the Australian Security Intelligence Organisation;

then the Tribunal must be constituted in accordance with subsection (2) for the purposes of any proceeding in relation to the application.

(2) For the purposes of a proceeding referred to in subsection (1), the Tribunal shall be constituted by:

(a) 3 presidential members; or

(b) a presidential member alone.

(3) In its application to a proceeding referred to in subsection (1), section 21A of the Administrative Appeals Tribunal Act 1975 applies as if:

(a) subsection (1) of that section were omitted and the following subsection substituted:

«(1) At any time during the hearing of a proceeding before the Tribunal constituted in accordance with subsection 46(2) of the Archives Act 1983 by a presidential member alone, a party to the proceeding may make an application to the Tribunal as constituted for the purposes of that proceeding requesting that the Tribunal be reconstituted for the purposes of that proceeding.»; and

(b) subsection (3) of that section were omitted and the following subsection substituted:

«(3) The President may, after taking the submissions into account, if he or she considers that the matters to which the proceeding relates are of such public importance as to justify him or her in so doing, give a direction varying the constitution of the Tribunal for the purposes of that proceeding so that the Tribunal is constituted by 3 presidential members.».

(4) In its application to a proceeding referred to in subsection (1), section 22 of the Administrative Appeals Tribunal Act 1975 applies as if there were inserted after paragraph (1)(aa) of that section the following paragraphs:

«(ab) if the Tribunal is constituted by presidential members of whom at least 2 are Judges and none of whom is the President-the senior Judge shall preside;

(ac) if the Tribunal is constituted by presidential members none of whom is a Judge-one of those presidential members who is directed by the President to do so shall preside;».

48.- Modification of section 42 of the Administrative Appeals Tribunal Act 1975

In its application to a proceeding referred to in subsection 46(1) of this Act, section 42 of the Administrative Appeals Tribunal Act 1975 applies as if subsection (3) of that section were omitted and the following subsection substituted:

«(3) A question of law arising in a proceeding before the Tribunal constituted in accordance with subsection 46(2) of the Archives Act 1983 by 3 presidential members shall:

(a) in a case where one only of those members is a Judge-be decided according to the opinion of that member; and

(b) in a case where 2 of those members are Judges-be decided according to the opinion of the majority.».

50.- Parties

For the purposes of this Part and of the application of the Administrative Appeals Tribunal Act 1975 in respect of proceedings under this Part, a decision given by the Archives is taken to have been given by the Director General.

50A.- Inspector General of Intelligence and Security must be requested to give evidence in certain proceedings

(1) This section applies in any proceedings before the Tribunal under this Act in relation to a record that is claimed to be an exempt record for the reason that it contains information or matter of a kind referred to in paragraph 33(1)(a) or (b).

(2) Before determining that the record is not an exempt record, the Tribunal must request the Inspector General of Intelligence and Security to appear personally and give evidence on:

(a) the damage that could reasonably be expected to be caused to the security, defence or international relations of the Commonwealth if the record were made available for public access; or

(b) whether it would be reasonable to maintain the confidentiality of information or matter to which both of the following apply by not making the record available for public access:

(i) the information or matter was communicated in confidence by, or on behalf of, a foreign government, an authority of a foreign government or an international organisation (the foreign entity) to the Government of the Commonwealth, to an authority of the Commonwealth or to a person who received the communication on behalf of the Commonwealth or an authority of the Commonwealth (the Commonwealth entity);

(ii) the foreign entity advises the Commonwealth entity that the information or matter is still confidential.

(3) Before determining that part of, or a copy of part of, the record is to be made available for public access under section 38, the Tribunal must request the Inspector General to appear personally and give evidence on:

(a) whether making that part, or a copy of that part, of the record available for public access could reasonably be expected to cause damage to the security, defence or international relations of the Commonwealth; or

(b) whether it would be reasonable to maintain the confidentiality of information or matter to which both of the following apply by not making that part, or a copy of that part, of the record available for public access:

(i) the information or matter was communicated in confidence by, or on behalf of, a foreign government, an authority of a foreign government or an international organisation (the foreign entity) to the Government of the Commonwealth, to an authority of the Commonwealth or to a person who received the communication on behalf of the Commonwealth or an authority of the Commonwealth (the Commonwealth entity);

(ii) the foreign entity advises the Commonwealth entity that the information or matter is still confidential.

(4) Before hearing the evidence of the Inspector General, the Tribunal must hear any evidence to be given or submissions to be made by or on behalf of:

(a) the Archives; or

(b) the Commonwealth institution of which the record is property.

(5) The Inspector General must comply with a request under subsection (2) or (3) unless, in the opinion of the Inspector General, the Inspector General is not appropriately qualified to give evidence on the matters in relation to which the Inspector General has been requested to give evidence.

(6) For the purposes of enabling the Inspector General to comply with a request under subsection (2) or (3):

(a) the Tribunal must allow the Inspector General to take possession of, and make copies of or take extracts from, any record given to the Tribunal for the purposes of the proceeding; and

(b) the Inspector General may require the production of the record that is claimed to be an exempt record for the reason that it contains information or matter of a kind referred to in paragraph 33(1)(a) or (b); and

(c) the Inspector General may require the production of any Commonwealth record that relates to the record mentioned in paragraph (b); and

(d) the Inspector General may make copies of, or take extracts, from the records mentioned in paragraphs (b) and (c); and

(e) after such period as is reasonably necessary for the purposes of giving evidence to the Tribunal, the Inspector General must:

(i) return the original of any record to the Tribunal or to the entity that produced the record; and

(ii) destroy any copies of or extracts taken from any record.

(7) The Inspector General must permit a person who would be entitled to inspect a record mentioned in paragraphs (6)(a) to (d) if it were not in the possession of the Inspector General to inspect the record at all reasonable times as the person would be so entitled.

(8) The Tribunal is not bound by any opinion of the Inspector General expressed while giving evidence under this section.

(9) The Tribunal must allow the Inspector General a period within which to consider the records mentioned in paragraphs (6)(a) to (d) that is reasonable having regard to:

(a) the nature of the evidence that the Inspector General has been requested to give; and

(b) the time required by the Inspector General to perform the Inspector General»s other functions.

(10) The fact that a person is obliged to produce a document under subsection (6) does not otherwise affect a claim of legal professional privilege that anyone may make in relation to that document.

51.- Onus

In proceedings before the Tribunal in pursuance of an application under section 43:

(a) the Archives has the onus of establishing that a decision given by the Archives was justified or that the Tribunal should give a decision adverse to the applicant; and

(b) the Tribunal is not restricted by any determination made at any time under section 35.

52.- Tribunal to ensure non-disclosure of certain matters

(1) In determining whether the Tribunal is satisfied that it is desirable to make an order or orders under subsection 35(2) of the Administrative Appeals Tribunal Act 1975 for the purposes of proceedings in relation to an application under section 43, the Tribunal must:

(a) have regard to:

(i) the necessity of avoiding the disclosure to the applicant of matter contained in a record to which the proceedings relate, being matter by reason of which the record is an exempt record; and

(ii) the necessity of avoiding the disclosure to the applicant of information of the kind referred to in subsection 39(1); and

(b) where the proceedings relate to a record that is claimed to be an exempt record for the reason that it contains information or matter of a kind referred to in paragraph 33(1)(a) or (b)-give particular weight to a submission made by the Archives that it is desirable to make the order or orders under subsection 35(2) of the Administrative Appeals Tribunal Act 1975 because the record contains information or matter of that kind.

(2) Notwithstanding anything contained in the Administrative Appeals Tribunal Act 1975:

(a) the Tribunal shall not, in its decision, or reasons for a decision, in a matter arising under this Act, include any matter or information of a kind referred to in paragraph (1)(a); and

(b) the Tribunal may receive evidence, or hear argument, in the absence of the applicant or his or her representative where it is necessary to do so in order to prevent the disclosure to the applicant of matter or information of a kind referred to in paragraph (1)(a).

53.- Production of exempt records

(1) Section 37 of the Administrative Appeals Tribunal Act 1975 does not apply in relation to a record that is claimed to be an exempt record, but in proceedings before the Tribunal in relation to such a record, if the Tribunal is not satisfied, by evidence on affidavit or otherwise, that the record is an exempt record, it may require the record to be produced for inspection by members of the Tribunal only.

(1A) If, upon the inspection, the Tribunal is satisfied that the record is an exempt record, the Tribunal must return the record to the person by whom it was produced without permitting a person to have access to the record, or disclosing the contents of the record to a person, unless the person is:

(a) a member of the Tribunal as constituted for the purposes of the proceeding; or

(b) a member of the staff of the Tribunal in the course of the performance of his or her duties as a member of that staff; or

(c) in the circumstances permitted under paragraph 50A(6)(a)-the Inspector General of Intelligence and Security.

(2) The Tribunal may require the production, for inspection by members of the Tribunal only, of an exempt record for the purpose of determining whether, and to what extent, it is practicable for arrangements to be made in accordance with section 38 and, where an exempt record is produced by reason of such a requirement, the Tribunal shall, after inspection of the record by the members of the Tribunal as constituted for the purposes of the proceeding, return the record to the person by whom it was produced without permitting a person to have access to the record or disclosing the contents of the record to a person, unless the person is:

(a) a member of the Tribunal as constituted for the purposes of the proceeding; or

(b) a member of the staff of the Tribunal in the course of the performance of his or her duties as a member of that staff; or

(c) in the circumstances permitted under paragraph 50A(6)(a)-the Inspector General of Intelligence and Security.

(5) Subsection (1) or (2) does not operate so as to prevent the Tribunal from causing a document produced in accordance with that subsection to be sent to the Federal Court of Australia in accordance with section 46 of the Administrative Appeals Tribunal Act 1975, but, where such a document is so sent to the Court, the Court shall do all things necessary to ensure that the contents of the document are not disclosed (otherwise than in accordance with this Act) to any person other than a member of the Court as constituted for the purpose of the proceeding before the Court or a member of the staff of the Court in the course of the performance of his or her duties as a member of that staff.

(6) Subsection (5) does not prevent the Federal Court of Australia from causing the document concerned to be sent to the Federal Magistrates Court as mentioned in subparagraph 46(1)(c)(i) of the Administrative Appeals Tribunal Act 1975.

(7) If a document produced in accordance with subsection (1) or (2) is sent to the Federal Magistrates Court as mentioned in subparagraph 46(1)(c)(i) of the Administrative Appeals Tribunal Act 1975, the Federal Magistrates Court must do all things necessary to ensure that the contents of the document are not disclosed (otherwise than in accordance with this Act) to any person other than:

(a) the Federal Magistrate who constitutes the Federal Magistrates Court for the purposes of the proceeding before the Federal Magistrates Court; or

(b) a member of the staff of the Federal Magistrates Court in the course of the performance of his or her duties as a member of that staff.

55.- Complaints to Ombudsman

(1) Notwithstanding anything contained in this Act or in subsection 6(3) of the Ombudsman Act 1976 but subject to subsection 6(2) of that Act, the exercise of the powers of the Ombudsman under that Act in respect of matters arising under this Act is not precluded or restricted by reason of the rights conferred on persons by this Act to make applications to the Tribunal.

(2) For the purposes of the Ombudsman Act 1976, action taken by the Archives in respect of an application made to the Archives in relation to access to a record is declared to be action taken by the Archives in relation to a matter of administration.

(3) A reference in subsection (2) to action taken by the Archives shall be read as a reference to all such actions as would, for the purposes of the Ombudsman Act 1976, be treated as being action taken by the Archives.

(4) Where a complaint is made to the Ombudsman under the Ombudsman Act 1976 concerning a decision under this Act, an application to the Tribunal for a review of the decision shall not be made before the Ombudsman has informed the applicant of the result of the complaint in accordance with section 12 of that Act.

(5) Notwithstanding anything contained in the Ombudsman Act 1976, a report under that Act in respect of a complaint arising out of an application under this Act shall not contain information of the kind referred to in subsection 39(1) of this Act.

55A.- Automatic stay of certain decisions on appeal

(1) This section applies if:

(a) a person applies, under section 43, to the Tribunal for review of a decision refusing to make a record that is claimed to be an exempt record available for public access; and

(b) the Tribunal decides that a person may have access to the record, or part of the record; and

(c) the Archives institutes an appeal to the Federal Court of Australia from the decision of the Tribunal.

(2) If this section applies to a decision of the Tribunal, the operation of the decision is stayed by force of this section from the time at which the appeal is instituted.

(3) If the Archives appeals to the Federal Court of Australia from the decision of the Tribunal and the appeal in relation to the decision is determined by the Federal Court of Australia, the stay continues to have effect until the earlier of:

(a) the time at which the decision of the Federal Court of Australia on the appeal takes effect; and

(b) the time otherwise determined by the Federal Court of Australia.

(4) If the Archives appeals to the Federal Court of Australia from the decision of the Tribunal and the appeal in relation to the decision is determined by the Federal Magistrates Court, the stay continues to have effect until the earlier of:

(a) the time at which the decision of the Federal Magistrates Court on the appeal takes effect; and

(b) the time otherwise determined by the Federal Magistrates Court.

(5) Nothing in this section affects the power of the Federal Court of Australia or the Federal Magistrates Court to make orders under section 44A of the Administrative Appeals Tribunal Act 1975 in relation to matters other than staying the decision of the Tribunal.

 

Division 5.-Miscellaneous

 

56.- Arrangements for accelerated or special access

(1) The Minister or a person authorized by him or her may, in accordance with arrangements approved by the Prime Minister, cause all records in a particular class of Commonwealth records not in the open access period to be available for public access.

(2) The Minister or a person authorised by the Minister may, in accordance with arrangements approved by the Prime Minister, cause Commonwealth records to be made available to a person in such circumstances as are specified in the regulations notwithstanding that the Commonwealth records concerned are not otherwise available for public access under this Act.

(3) A person is guilty of an offence if:

(a) records are made available to the person under subsection (2) on conditions to be observed by the person; and

(b) the person engages in conduct; and

(c) the person´s conduct contravenes such a condition.

Penalty: 20 penalty units.

(4) An arrangement approved by the Prime Minister under subsection (2) shall be recorded in writing, and the Minister shall cause a copy of the arrangement to be made available to the Council.

(5) The Minister shall, not later than 3 months after the commencement of this Part and thereafter at intervals of not more than 3 months, cause to be made available to the Council a statement setting out particulars of:

(a) each request for access to a document under subsection (2) that is made during the period to which the statement relates; and

(b) the decision of the Minister or authorized person in relation to each such request;

not being a statement that would reveal the identity of the person who made the request.

57.- Protection against certain actions

(1) Where, in the ordinary course of the administration of this Act, access is given to a record as being a record required by this Part to be made available for public access:

(a) no action for defamation, breach of confidence or infringement of copyright lies, by reason of the authorizing or giving of the access, against the Commonwealth or any person concerned in the authorizing or giving of the access;

(b) no action for defamation or breach of confidence in respect of any publication involved in, or resulting from, the giving of the access lies against the author of the record or any other person by reason of that author or other person having supplied the record to a Commonwealth institution; and

(c) a person concerned in the authorizing or giving of the access is not guilty of a criminal offence by reason only of the authorizing or giving of the access.

(1A) Where access to a record is given:

(a) under arrangements of the kind referred to in subsection 6(2);

(b) in good faith in the belief that the record is a record to which subsection 31(1) applies; or

(c) by making the record available:

(i) under subsection 56(1), for public access; or

(ii) under subsection 56(2), to a person;

the access given to the record shall be taken, for the purposes of subsection (1), to be given to the record as being a record required by this Part to be made available for public access.

(2) The giving of access to a record (including an exempt record) under this Act shall not be taken, for the purposes of the law relating to defamation or breach of confidence, to constitute an authorization or approval of the publication of the record or of its contents by the person to whom the access was given.

58.- Access to records apart from Act

Nothing in this Act prevents a person from publishing or otherwise giving access to records (including exempt records), otherwise than in pursuance of this Act where he or she can properly do so or is required by law to do so.

59.- Security classifications

Where a record has become available for public access in accordance with this Part, any security classification applicable to the record ceases to have effect for any purpose.

60.- Transitional provisions relating to access

For the purposes of this Part, where, in accordance with the administrative arrangements in operation before the commencement of this Part, a record in the open access period has been withheld from public access or has been made available for public access, a determination shall be deemed to have been made in accordance with section 35 immediately after the commencement of this Part that the record is to be treated as an exempt record, or that the record is not to be treated as an exempt record, as the case may be.

 

Part VI.-Samples of material for the Archives

 

62.- Samples of material for Archives

(1) The Minister may, by notice published in the Gazette, declare that a specified class of objects, not being objects referred to in subsection (3), (4) or (5), is a class to which subsection (2) applies.

(2) The Archives may require any Commonwealth institution to cause to be transferred to the care of the Archives samples of objects included in a class of objects to which this subsection applies that are the property of the Commonwealth or of the Commonwealth institution.

(3) The Reserve Bank of Australia shall cause to be transferred to the care of the Archives such samples as the Archives requires of notes printed by, or under the authority of, the bank that are legal tender throughout the Commonwealth.

(4) The Controller of the Royal Australian Mint shall cause to be transferred to the care of the Archives such samples as the Archives requires of current coins caused by the Treasurer to be made.

(5) The Australian Postal Corporation shall cause to be transferred to the care of the Archives such samples of current postage stamps issued by the Corporation as the Archives requires.

 

Part VII.-Care of material of the Archives

 

63.- Location of material of the Archives

(1) Subject to this Part, material of the Archives shall be kept at such places as the Director General considers appropriate.

(2) In considering the places at which material of the Archives should be kept, the Director General shall take into account:

(a) the convenience of persons who are likely to require access to the material;

(b) the desirability of keeping related material in the same place; and

(c) the appropriateness of keeping in a State or Territory material that relates in particular to that State or Territory or to places in that State or Territory.

(3) Copies of records forming part of the material of the Archives may be kept in such places as the Director General considers appropriate.

64.- Custody of material of the Archives other than by Archives

(1) Subject to any other law of the Commonwealth and to the rights of Commonwealth institutions, the Archives may, if the Director General considers it appropriate to do so, make arrangements with a person for records required to be transferred to the care of the Archives, or for material of the Archives, to be kept in the custody of the person.

(2) Such arrangements must:

(a) provide for the care of the material to which the arrangements relate; and

(b) provide for the regular inspection of that material by the Archives; and

(c) enable the Archives to meet its obligations under subsections 29(3), 30(1) and 31(1) in respect of that material; and

(d) require the person with the custody of the records to transfer the custody of the records to the Archives if the Director General so directs.

(3) All material of the Archives that has been delivered to the Archives in accordance with the Copyright Act 1968, other than Commonwealth records, shall, subject to the consent of the Director General of the National Library of Australia, be deposited by the Archives with the National Library of Australia.

 

Part VIII.-Registers and guide relating to Archives

 

65.- Australian National Register of Records

(1) The Archives shall maintain a register to be known as the Australian National Register of Records.

(2) The Register shall contain such particulars of the material of the Archives as the Director General considers appropriate.

(3) The Register may also contain such particulars as the Director General considers appropriate of:

(a) current Commonwealth records;

(b) material in State archives;

(c) material in other archives, including private archives; and

(d) other archival resources relating to Australia.

(4) For the purposes of this section, the Archives shall seek the co-operation of the owners and custodians of material in State archives and other archives.

66.- Australian National Guide to Archival Material

(1) The Archives shall maintain a guide to be known as the Australian National Guide to Archival Material.

(2) Subject to subsection (4), the Guide shall contain particulars, in such form as the Director General considers appropriate, of all Commonwealth records in the open access period that have been examined in accordance with subsection 35(1).

(3) Subject to subsection (4), the Guide may also contain copies of particulars contained in the Australian National Register of Records.

(4) The Guide shall not include:

(a) particulars that would disclose any information or matter of a kind referred to in section 33; or

(b) particulars the disclosure of which would be contrary to any arrangements entered into by the Archives in accordance with this Act.

(5) A copy of the Guide shall be kept at the principal office of the Archives in each State and Territory in which the Archives maintains an office and may be kept at such other offices of the Archives as the Director General considers appropriate.

(6) A person may inspect the Guide and is entitled, on the payment of the appropriate charge determined under the regulations, to receive a copy of the Guide or any part of the Guide.

67.- Australian National Register of Research Involving Archives

(1) The Archives shall establish and maintain a register to be known as the Australian National Register of Research Involving Archives in which the Archives shall endeavour to list all research that is being, or has been, conducted in or in relation to Australia and has involved, or will involve, the use of archival material.

(2) For the purposes of subsection (1), the Archives shall seek the co-operation of all persons and organizations interested in research of the kind referred to in that subsection, including the authorities of the States responsible for State archives and the universities.

(3) A copy of the Register shall be kept at the principal office of the Archives in each State and Territory in which the Archives maintains an office and may be kept at such other offices of the Archives as the Director General considers appropriate.

(4) A person may inspect the Register and is entitled, on the payment of the prescribed charge (if any), to receive a copy of an entry in the Register.

 

Part IX.-Miscellaneous

 

68.- Annual Report

(1) The Archives shall, as soon as practicable after 30 June in each year, prepare and furnish to the Minister a report of its operations during the 12 months ending on that date.

(2) The Council shall, as soon as practicable after 30 June in each year, prepare and furnish to the Minister a report concerning the proceedings of the Council during the 12 months ending on that date.

(3) The first report under subsection (1) and the first report under subsection (2) shall relate to the period commencing on the date of commencement of this Part and ending on the next following 30 June.

(4) The Minister shall cause a copy of a report furnished to him or her by the Archives or the Council under this section to be laid before each House of the Parliament within 15 sitting days of that House after the report is received by him or her.

69.- Certified copies of records

(1) The Director General may give a certificate that a record referred to in the certificate is a true copy of a record that is in the care of the Archives and such a certificate is prima facie evidence in all courts of the matters stated in the certificate.

(2) A writing purporting to be a certificate given under this section shall, unless the contrary is proved, be deemed to be such a certificate and to have been duly given.

69A.- Charges for discretionary service for Commonwealth institutions

Where:

(a) the Archives provides a discretionary service for a Commonwealth institution; and

(b) this Act does not otherwise provide for a charge for the service;

the Archives may make a charge for the service of an amount, or at a rate, determined in writing by the Director General.

70.- Transitional

(1) A reference in any law of the Commonwealth or of a Territory, or in any agreement or arrangement, made before the commencement of Part II, to the Commonwealth Archives Office, to the Archival Authority or to the authority concerned with the preservation of the archives shall, in respect of any time after the commencement of Part II, be read as a reference to the Archives.

(2) Notwithstanding Part II, arrangements in operation immediately before the commencement of Part II relating to the disposal or custody of Commonwealth records may continue in operation until the Director General otherwise directs.

(3) Where, immediately before the commencement of Part II, any records were in the custody of the establishment known as the Australian Archives, as existing at that time, under arrangements by which the custody of the records was accepted from a person other than a Commonwealth institution by the Commonwealth, or by an authority or person acting on behalf of the Commonwealth, those arrangements (including any provision of those arrangements concerning access to or disposal of those records) have effect from that commencement as if they were made, after that commencement, by that person with the Archives, and subsection 6(2) applies accordingly.

71.- Regulations

The Governor General may make regulations, not inconsistent with this Act, prescribing all matters:

(a) required or permitted by this Act to be prescribed; or

(b) necessary or convenient to be prescribed for carrying out or giving effect to this Act;

including, but without limiting the generality of the foregoing, regulations making provision for or in relation to the making of, or the requiring of deposits on account of, charges of amounts, or at rates, fixed by or in accordance with the regulations in respect of:

(c) searches carried out to comply with applications made for access to, or for information contained in, records;

(d) the provision of copies or transcripts of records in pursuance of applications made in accordance with this Act; and

(e) the provision of prescribed discretionary services for persons other than Commonwealth institutions.

 

Table A.- Application, saving or transitional provisions

 

Australian Federal Police Legislation Amendment Act 2000 (nº 9, 2000)

 

Schedule 3

20 Definition

In this Part:

commencing time means the time when this Part commences.

34 Warrants or writs etc. may continue to be executed

If, immediately before the commencing time, any warrant, writ, order, permission or other instrument (the authority) issued under a law of the Commonwealth, a State or a Territory could be executed by a person who was at that time a member, staff member or special member of the Australian Federal Police, the authority continues to be able to be executed at and after the commencing time by the person in his or her capacity as:

(a) the Commissioner of the Australian Federal Police; or

(b) a Deputy Commissioner of the Australian Federal Police; or

(c) an AFP employee; or

(d) a special member of the Australian Federal Police;

(all within the meaning of the Australian Federal Police Act 1979 as in force at and after the commencing time).

35 Regulations dealing with matters of a transitional or saving nature

(1) The Governor General may make regulations, not inconsistent with any other provision of this Schedule, prescribing matters of a transitional or saving nature in relation to the amendments made by Schedule 1 or 2.

(2) Regulations made under this item within one year after the commencement of this item may commence on a day earlier than the day on which they are made, but not earlier than the commencement of this item.

 

 

Communications and the Arts Legislation Amendment (Application of Criminal Code) Act 2001 (nº 5, 2001)

 

4 Application of amendments

(1) Each amendment made by this Act applies to acts and omissions that take place after the amendment commences.

(2) For the purposes of this section, if an act or omission is alleged to have taken place between 2 dates, one before and one on or after the day on which a particular amendment commences, the act or omission is alleged to have taken place before the amendment commences.

 

 

Administrative Appeals Tribunal Amendment Act 2005 (nº 38, 2005)

 

Schedule 1

 

205 Application of amendments-section 48 of the Archives Act 1983

The amendments made by items 203 and 204 do not apply to a proceeding if, immediately before the commencement of this item, the Tribunal was constituted for the purposes of the proceeding by one or more members.

 

 

Archives Amendment Act 2008 (nº 113, 2008)

 

Schedule 1

 

6 Transitional-section 3C of the Archives Act 1983

(1) This item applies to a Commonwealth record if:

(a) an arrangement by the Director General relating to the disposal or custody of Commonwealth records is in operation immediately before the commencement of this item; and

(b) the arrangement classified the record as «Retain as National Archives»; and

(c) the record is not covered by a determination made under subitem (3).

(2) The record is, at the commencement of this item, taken to be determined to be part of the archival resources of the Commonwealth under section 3C of the Archives Act 1983.

(3) The Director General may, by writing, determine that this item does not apply to a record.

(4) A determination made under subitem (3) is not a legislative instrument.

24 Application-subsection 6A(2) of the Archives Act 1983

Subsection 6A(2) of the Archives Act 1983, as inserted by this Schedule, applies to Commonwealth records transferred to the care of the Archives before or after the commencement of this item.

 

 

Freedom of Information (Removal of Conclusive Certificates and Other Measures) Act 2009 (nº 99, 2009)

 

Schedule 2

 

19 Application provision-item 1

The amendments made by item 1 of this Schedule do not apply to a Commonwealth record if:

(a) the record is in the open access period; and

(b) a determination has been made in respect of the record under subsection 29(1) or (2) of the Archives Act 1983; and

(c) a certificate under section 34 of the Archives Act 1983 (as in force immediately before the commencement of this Schedule) is in force in respect of the record.

20 Application provision-items 2 to 16

(1) The amendments made by items 2 to 16 of this Schedule apply for the purposes of determining whether access, or an extension of partial access, to a record referred to in section 31 of the Archives Act 1983 will be given in accordance with an application made under section 40 of that Act and received by the Archives on or after the commencement of this Schedule.

(2) A certificate issued in relation to a Commonwealth record under section 34 of the Archives Act 1983 (as in force immediately before the commencement of this Schedule) is, by force of this subitem, revoked in relation to the record on and from the time at which the first application for access to the record under the Archives Act 1983 is made, on or after the commencement of this Schedule.

(3) To avoid doubt:

(a) subitem (2) does not affect anything done in relation to, or in reliance on, a certificate mentioned in subitem (2) before the commencement of this Schedule; and

(b) nothing prevents a person from applying, on and after the commencement of this Schedule, for access to a Commonwealth record under the Archives Act 1983 if:

(i) before the commencement of this Schedule, the person applied for access to the same record; and

(ii) the application was refused in reliance on a certificate mentioned in subitem (2).

21 Application provision-item 17

The amendment made by item 17 of this Schedule applies to a decision of the Tribunal made on or after the commencement of this Schedule.

22 Application provision-item 18

The amendment made by item 18 of this Schedule does not apply to a record, or a part of a record, if:

(a) the record is in the open access period; and

(b) one of the following applies:

(i) in relation to the record-a certificate issued under section 34 of the Archives Act 1983 (as in force immediately before the commencement of this Schedule) is in force in respect of the record;

(ii) in relation to the part of the record-the part of the record is identified in accordance with subsection 34(2) of that Act (as in force immediately before the commencement of this Schedule) in a certificate issued under section 34 of that Act (as in force immediately before the commencement of this Schedule).

 

 

Freedom of Information Amendment (Reform) Act 2010 (nº 51, 2010)

 

Schedule 3

 

40 Application-items 35, 36 and 37

The amendments made by items 35, 36 and 37 apply for the purposes of determining whether access, or an extension of partial access, to a record referred to in section 31 of the Archives Act 1983 will be given in accordance with an application made under section 40 of that Act that is received by the Archives at or after the commencement of those items.

 

 

Acts Interpretation Amendment Act 2011 (nº 46, 2011)

 

Schedule 3

 

10 Saving-appointments

The amendments made by Schedule 2 do not affect the validity of an appointment that was made under an Act before the commencement of this item and that was in force immediately before that commencement.

11 Transitional regulations

The Governor General may make regulations prescribing matters of a transitional nature (including prescribing any saving or application provisions) relating to the amendments and repeals made by Schedules 1 and 2.

 

 

Table B

 

Modifications

Archives (Records of the Parliament) Regulations (SR 1995 nº 91) Schedule Modifications of the Act (regulation 5)

1 New sections 23A and 23B

1.1 After section 23, insert in Division 2 of Part V:

 

23A Interpretation

In Divisions 2 and 3, unless the contrary intention appears:

Class A record means:

(a) the record of the proceedings of the Senate as recorded in the Journals of the Senate; or

(b) the record of the proceedings of the House of Representatives as constituted by the Votes and Proceedings of the House of Representatives; or

(c) a record that is:

(i) laid before, or tabled in; and

(ii) in the possession of;

the Senate or the House of Representatives; or

(d) a record:

(i) that is presented to a committee in camera or on a confidential or restricted basis; and

(ii) that is in the possession of the committee, the Senate or the House of Representatives; and

(iii) that the committee, the Senate or the House of Representatives respectively has not authorised to be published; or

(e) a record prepared by:

(i) an officer of a Parliamentary Department; or

(ii) a person employed by, or performing duties for, a Parliamentary Department;

that relates to a record presented to a committee and is in the possession of:

(iii) the committee; or

(iv) the Senate; or

(v) the House of Representatives; or

(vi) a Parliamentary Department.

Class B record means a record in the possession of the Senate, the House of Representatives or a Parliamentary Department that is not a Class A record.

committee means:

(a) a committee of the Parliament that consists of Senators and Members of the House of Representatives; or

(b) a committee of the Senate or of the House of Representatives.

disapproved practice, in relation to a Parliamentary Department, means an administrative practice of the Department of which the Archives has notified the Department in writing that it disapproves.

Head of the Department means:

(a) in the case of records that are in the possession of the Department of the Senate – the Clerk of the Senate; and

(b) in the case of records that are in the possession of the Department of the House of Representatives – the Clerk of the House of Representatives; and

(c) in the case of records that are in the possession of the Joint House Department – the Secretary to the Joint House Department; and

(d) in the case of records that are in the possession of the Department of the Parliamentary Library – the Parliamentary Librarian; and

(e) in the case of records that are in the possession of the Department of the Parliamentary Reporting Staff – the Principal Parliamentary Reporter.

Parliamentary practice means:

(a) a normal administrative practice of a Parliamentary Department that is not a disapproved practice; or

(b) a practice required by, or to implement:

(i) a Standing Order of either House; or

(ii) a Sessional Order of either House; or

(iii) a Resolution adopted by either House; or

(iv) a ruling of the President or the Speaker; or

(c) a practice approved by the President or the Speaker.

President means:

(a) the President of the Senate; or

(b) if the Deputy President of the Senate and the Chairman of Committees is performing the duties of the President – the Deputy President and Chairman of Committees; or

(c) if a person is deemed to continue to be the Presiding Officer of the Senate under section 3 or 6 of the Parliamentary Presiding Officers Act 1965 – the person; or

(d) if a Senator is elected by the Senate to preside over the Senate in the absence of the President and the Chairman of Committees – the Senator.

Presiding Officer means:

(a) in the case of records that are in the possession of:

(i) the Senate; or

(ii) a committee of the Senate; or

(iii) the Department of the Senate;

the President; and

(b) in the case of records that are in the possession of:

(i) the House of Representatives; or

(ii) a committee of the House of Representatives; or

(iii) the Department of the House of Representatives;

the Speaker; and

(c) in the case of records that are in the possession of:

(i) a committee of the Parliament that consists of Senators and Members; or

(ii) the Joint House Department; or

(iii) the Department of the Parliamentary Library; or

(iv) the Department of the Parliamentary Reporting Staff;

the President and the Speaker;

Speaker means:

(a) the Speaker of the House of Representatives; or

(b) if the Deputy Speaker of the House of Representatives is performing the duties of the Speaker – the Deputy Speaker; or

(c) if a person is deemed to continue to be the Presiding Officer of the House of Representatives under section 3 or 6 of the Parliamentary Presiding Officers Act 1965 – the person.

23B Application of the Act to records

(1) Subsection 24 (5) of the Act applies to Class A and Class B records.

(2) Subsections 33 (4), 33 (5), 35 (2), 35 (3), 35 (4), 36 (2) and 36 (3), paragraphs 36 (4) (b) and (c), subsections 36 (5) and 37 (2) and section 40 of the Act apply to Class B records.

2 Section 24 (Disposal, destruction, etc, of Commonwealth records)

2.1 Subsection 24 (1):

Omit «Commonwealth», substitute «Class A or Class B».

2.2 Subsection 24 (2):

Omit the subsection, substitute:

(2) Subsection (1) does not apply to anything done in relation to a Class A record:

(a) in accordance with a law; or

(b) with the permission of:

(i) in the case of journals, records and documents laid before the Senate – the Senate by resolution; or

(ii) in any other case – the Presiding Officer; or

(c) in accordance with a Parliamentary practice; or

(d) to give the record to a committee for the purposes of the committee; or

(e) to give the record to the Head of the Department for the purposes of the Department; or

(f) if the record is not in the custody of a committee or a Department that is entitled to custody of the record – to give the record to the committee or Department.

(2A) Subsection (1) does not apply to anything done in relation to a Class B record:

(a) in accordance with a law; or

(b) with the permission of the Archives; or

(c) in accordance with a Parliamentary practice; or

(d) if the record is not in the custody of a committee or a Department that is entitled to custody of the record – to give the record to the committee or Department.

2.3 Subsection 24 (4):

Omit the subsection, substitute:

(4) This section does not authorise the Archives to permit the destruction or other disposal of a Class B record without the consent, in writing, of the Presiding Officer.

3 Section 25 (Advice to Council on disposal practices)

3.1 Subsection 25 (1):

Omit «Commonwealth records» (wherever occurring), substitute «Class B records».

3.2 Paragraph 25 (1) (a):

Omit «any particular Commonwealth institution», substitute «the Presiding Officer».

3.3 Subsection 25 (1):

Omit «a Commonwealth institution» (wherever occurring), substitute «the Presiding Officer».

3.4 Subsection 25 (2):

Omit «a Commonwealth institution», substitute «the Presiding Officer».

3.5 Subsection 25 (2):

Omit «that institution», substitute «the Presiding Officer».

4 Section 26 (Alteration of Commonwealth records)

4.1 Subsection 26 (1):

Omit «Commonwealth», substitute «Class A or Class B».

4.2 After subsection 26 (1), insert:

(1A) Subsection (1) does not apply to anything done in relation to a Class A record:

(a) in accordance with a law; or

(b) with the permission, in writing, of the Presiding Officer; or

(c) in the case of journals, records and documents laid before the Senate – in accordance with a resolution of the Senate; or

(d) in accordance with a Parliamentary practice.

4.3 Subsection 26 (2):

After «done», insert «in relation to a Class B record».

5 Section 27 (Transfer of Commonwealth records to Archives)

5.1 Omit the section, substitute:

 

27 Transfer of Class A and Class B records to the Archives

(1) The Presiding Officer may make an agreement, in writing, with the Director General:

(a) to allow Class A records to be transferred to the custody of the Archives; and

(b) to require the Archives to hold the records under the arrangements specified in the agreement, being arrangements consistent with this Part.

(2) Subject to this Part, if the body holding a Class A record does not need it to be readily available for its purposes, the body may transfer the record to the custody of the Archives in accordance with the agreement.

(3) Subject to this Part, if the body holding a Class B record does not need it to be readily available for its purposes, the body must:

(a) lawfully destroy the record; or

(b) transfer the record to the custody of the Archives.

(4) Subject to this Part, if a Class B record has been in existence for more than 25 years, the body holding it must transfer it to the custody of the Archives as soon as practicable.

6 Section 28 (Archives to have access to records)

6.1 Omit the section, substitute:

 

28 Archives to have access to records

(1) Subject to this Part, the Archives is entitled to have access to a Class A record in the possession of the Senate, the House of Representatives or a Parliamentary Department:

(a) with the consent, in writing, of the Presiding Officer or the Head of the Department; and

(b) at a reasonable time; and

(c) in accordance with conditions that the Presiding Officer or the Head of the Department determines in writing.

(2) Subject to this Part, the Archives is entitled to have access at a reasonable time to a Class B record in the possession of the Senate, the House of Representatives or a Parliamentary Department.

7 Section 29 (Exemption of certain records)

7.1 Subsection 29 (1):

Omit the subsection, substitute:

(1) If:

(a) the Senate or the House of Representatives determines by resolution that a Class A record is:

(i) a record that is not to be transferred to the custody of the Archives; or

(ii) a record to which the Archives is not entitled to have access; or

(iii) a record to which the Archives is not entitled to have access unless the conditions that are specified in the resolution or determination are complied with; or

(b) the Presiding Officer makes a similar determination in writing, with the agreement of the Director General, in relation to a Class B record;

the Archives must comply with the resolution or determination.

(1A) If the Archives seeks access to a Class B record that is not in the custody of the Archives, and a person responsible for the custody of the record considers that it may be appropriate for the Presiding Officer to make a determination in relation to the record, the person must:

(a) notify the Archives of his or her opinion; and

(b) notify the Presiding Officer to allow the Presiding Officer to consider whether a determination should be made.

(1B) If the person notifies the Archives under subsection (1A), the Archives is not entitled to access to the record until the earlier of:

(a) the end of a period of 1 month from the day on which the Archives is notified; or

(b) the day on which the notification is withdrawn.

7.2 Subsection 29 (3):

Omit the subsection, substitute:

(3) The Director General may make an agreement, in writing, with the Presiding Officer to allow Class A and Class B records that are transferred to the custody of the Archives to be held by the Archives on the conditions specified in the agreement, being conditions consistent with this Part.

8 Section 30 (Commonwealth records to be available to Commonwealth institutions)

8.1 Subsection 30 (1):

Omit «all Commonwealth records», substitute «Class A and Class B records».

8.2 Subsection 30 (1):

Omit «a Commonwealth institution» (first occurring), substitute «the Senate, the House of Representatives, a committee or a Parliamentary Department».

8.3 Subsection 30 (1):

Omit «that institution or a Commonwealth institution that has succeeded to the relevant functions of that institution», substitute «the body from which it received the records».

8.4 Subsection 30 (2):

Omit «a Commonwealth institution», substitute «the Senate, the House of Representatives, a committee or a Parliamentary Department».

8.5 Subsection 30 (2):

Omit «the Commonwealth institution», substitute «the body from which it received the record».

9 Section 31 (Records in open access period to be publicly available)

9.1 Subsection 31 (1):

Omit «all Commonwealth», substitute «Class B».

9.2 Subsection 31 (1):

Omit «a Commonwealth institution», substitute «the Senate, the House of Representatives, a committee or a Parliamentary Department».

9.3 Subsection 31 (2):

Omit «A Commonwealth institution that has the custody of Commonwealth records in the open access period, other than exempt records,», substitute «The Presiding Officer».

9.4 Subsection 31 (2):

Omit «those records», substitute «Class B records».

9.5 Subsection 31 (4):

Omit «Commonwealth», substitute «Class B».

9.6 Add at the end:

(5) A Class A record, or a part of the record, may be made available for public access:

(a) with the permission of:

(i) in the case of a record laid before the Senate – the Senate by resolution; or

(ii) in any other case – the Presiding Officer; or

(b) in accordance with a Parliamentary practice.

10 Section 33 (Exempt records)

10.1 Omit «Commonwealth record» (wherever occurring), substitute «Class B record».

10.2 Paragraph 33 (1) (b):

After «the Government of the Commonwealth», insert «, to the Senate, to the House of Representatives, to a Parliamentary Department».

10.3 After subsection 33 (1), insert:

(1A) A Class A record is an exempt record.

11 Section 35 (Identification of exempt records)

11.1 Subsection 35 (1):

Omit «the responsible Minister or a person authorized by the responsible Minister», substitute «the Presiding Officer».

11.2 Subsection 35 (1):

Omit «Commonwealth records» (first occurring), substitute «Class B records».

11.3 Subsection 35 (1):

Omit «access in part to Commonwealth records», substitute «access in part to Class B records».

11.4 Subsection 35 (5):

Omit «Commonwealth records», substitute «Class B records».

12 Section 36 (Forms of access)

12.1 Subsection 36 (1):

Omit «a record», substitute «a Class B record».

12.2 Paragraph 36 (4) (a):

Omit «another Commonwealth institution that has the custody of the record», substitute «the Senate, the House of Representatives, a committee or a Parliamentary Department».

12.3 Paragraph 36 (4) (d):

After «the Commonwealth,», insert «the Senate, the House of Representatives, a committee, a Parliamentary Department».

13 Section 37 (Conditions in respect of proper care of records)

13.1 Subsection 37 (1):

Omit «any record», substitute «a Class B record».

14 Section 38 (Access to part of exempt record)

14.1 Omit «a record», substitute «a Class B record».

15 Section 39 (Information as to existence of certain documents)

15.1 Subsection 39 (1):

Omit «a record», substitute «a Class B record».

15.2 Subsection 39 (1):

Omit «Commonwealth record», substitute «Class B record».

15.3. Subsection 39 (2):

Omit «a record», substitute «a Class B record».

15.4 Subsection 39 (2):

Omit «Commonwealth», substitute «Class B».

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Arrêté du 7 juin 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des cartes de circulation et des cartes familles des personnels militaires des armées, de la gendar

Arrêté du 7 juin 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des cartes de circulation et des cartes familles des personnels militaires des armées, de la gendarmerie et des services communs.

Le ministre de la défense,

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret nº 2005-850 du 27 juillet 2005 portant délégation de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret nº 2007-451 du 25 mars 2007, pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 mai 2007 portant le numéro 1232393,

Arrête :

Article 1. Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major de l'armée de terre, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » CARTES-CIRCUL « mis en oeuvre par le service interarmées de liquidation des transports et dont la finalité est la gestion des cartes de circulation et des cartes familles des personnels militaires des armées, de la gendarmerie et des services communs.

Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

– à l'identité (noms, prénoms, adresse, date et lieu de naissance, identifiant défense) ;

– à la situation familiale (situation matrimoniale, conjoint [nom, prénoms, date de naissance], enfant[s] à charge [nom, prénoms, date et lieu de naissance]) ;

– à la vie professionnelle (armée, corps d'appartenance, position administrative, grade, statut, affectation [ancienne et nouvelle], contrat [date d'effet et durée], limite d'âge, carte [numéro, type, date de validité et de validation, type et date d'événement, motif de destruction]).

Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à la rupture de tout lien du militaire avec la personne morale gestionnaire.

Article 3. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

– le service interarmées de liquidation des transports ;

– les services gestionnaires des personnels militaires du ministère de la défense ;

– la Société nationale des chemins de fer français.

Article 4. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du service interarmées de liquidation des transports, bureau cartes, BP 10227, 59723 Denain Cedex.

Article 6. Le directeur du service interarmées de liquidation des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre, D. Royal

01Ene/14

Auszug aus dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, JGS Nr. 946/1811 (BGB1. I Nr. 91/2003)

I. Aus dem Charakter der Persönlichkeit.

Angeborne Rechte.

§ 16. Jeder Mensch hat angeborne, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte, und ist daher als eine Person zu betrachten. Sclaverey oder Leibeigenschaft, und die Ausübung einer darauf sich beziehenden Macht, wird in diesen Ländern nicht gestattet.

1b. am Recht auf Wahrung der Privatsphäre

§ 1328a. (1) Wer rechtswidrig und schuldhaft in die Privatsphäre eines Menschen eingreift oder Umstände aus der Privatsphäre eines Menschen offenbart oder verwertet, hat ihm den dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Bei erheblichen Verletzungen der Privatsphäre, etwa wenn Umstände daraus in einer Weise verwertet werden, die geeignet ist, den Menschen in der Öffentlichkeit bloßzustellen, umfasst der Ersatzanspruch auch eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung.

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, sofern eine Verletzung der Privatsphäre nach besonderen Bestimmungen zu beurteilen ist. Die Verantwortung für Verletzungen der Privatsphäre durch Medien richtet sich allein nach den Bestimmungen des Mediengesetzes, BGBl. Nr. 314/1981, in der jeweils geltenden Fassung.

 

01Ene/14

Décret n° 2013-2860 du 1er juillet 2013, relatif à la création de l’organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins et fixant son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement.

Décret n° 2013-2860 du 1er juillet 2013, relatif à la création de l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins et fixant son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la culture,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 85-78 du 5 aout 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics a caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement a l'État ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative a l'initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative a la propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics a caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'État,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs

d'entreprises a majorité publique, ensemble les textes qui l'ont modifie et complète et notamment le décret n° 2006-2564 du 2 octobre 2006,

Vu le décret n° 96-2230 du 11 novembre 1996, fixant l'organisation administrative et financière de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs et ses modalités de fonctionnement,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics a caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et établissements publics a caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissements et a la fixation des obligations mises a leur charge,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marches publics, ensemble les textes qui l'ont modifie ou complète et notamment le décret n° 2012-515 du 2 juin 2012,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics a caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifie et complète et notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

 

Décrète :

 

Chapitre premier.- Dispositions générales

 

Article premier .-

Il est crée en vertu du présent décret l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins qui est un établissement public a caractère non administratif, bénéficiant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, et est soumis aux dispositions législatives et règlementaires relatives aux entreprises et établissements publics et place sous la tutelle du ministère chargé de la culture. Ledit organisme est soumis aux dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent décret et les dispositions de la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative a la propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.

L'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins a son siège a Tunis et banlieue.

 

Article 2 .-

L'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins est chargé de la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins.

 

Article 3 .-

L'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins a notamment pour missions :

– de sauvegarder les droits d'auteur et les droits voisins et de défendre les intérêts matériels et moraux des titulaires de ces droits,

– de représenter ses membres et d'être le mandataire ou le représentant des organismes étrangers pour la protection des droits d'auteur et des droits voisins et les membres de ceux-ci, que ce soit en vertu d'un mandat ou d'un accord de représentation réciproque,

– de recevoir les oeuvres à titre de déclaration ou de dépôt,

– de fixer les taux et les montants des redevances dues aux auteurs et aux titulaires des droits voisins,

– de délivrer les autorisations relatives à la communication des oeuvres sous toutes autres formes matérielles quelles que soient y compris les enregistrements audio et audiovisuels ou autres,

– de fixer les conditions pécuniaires et matérielles d'exploitation des oeuvres,

– de percevoir et de répartir au profit des auteurs et des titulaires des droits voisins ou de leurs ayants – droit des redevances provenant de l'exercice de la gestion collective de leurs droits,

– de gérer tous les droits dont le produit est verse au fonds social et culturel mentionne au chapitre cinquième du présent décret,

– de gérer sur le territoire de la République tunisienne les intérêts des divers organismes de droits d'auteur et des droits voisins étrangers, dans le cadre de conventions ou accords conclus avec eux,

– d'ester en justice, de prendre toutes dispositions et d'accomplir tous les actes visant à la bonne réalisation de ses objectifs,

– coordonner avec le ministère chargé de la culture pour établir des liens avec les organismes étrangers chargés des droits d'auteur et des droits voisins, notamment dans le but :

– de sauvegarder en faveur des auteurs et des titulaires de droits voisins, les droits et avantages acquis auprès desdits organismes,

– de signer des conventions de représentation réciproque avec lesdits organismes étrangers.

 

Article 4 .-

Le règlement intérieur de l'organisme est fixe par le directeur général qui le soumet a l'avis du conseil de l'organisme. Il est approuve par arrête du ministre chargé de la culture.

Le règlement intérieur fixe notamment :

– les conditions d'adhésion a l'organisme, ainsi que les droits et les obligations des adhérents,

– les modalités et les procédures de déclaration ou de dépôt des oeuvres,

– les montants de redevances à percevoir,

– les règles de perception des droits et de leur répartition,

– les conditions et les modalités de délivrance des autorisations des exploitations des oeuvres,

– les règles d'organisation du fonds social et culturel de l'organisme mentionné au chapitre cinquième du présent décret.

 

Article 5 .-

Les membres adhérents de droit a l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins sont les auteurs d'oeuvres littéraires ou scientifiques ou artistiques et les titulaires des droits voisins, telles que définies par les dispositions de la loi n° 94-36 du 24 février 1994 relative a la propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009,

Bénéficient du droit d'être membre à l'organisme, les héritiers des membres décédés.

 

Article 6 .-

Les membres de l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins sont tenus de :

– verser une cotisation annuelle dont le montant est fixe par le directeur général,

– accorder a l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins, du fait de leur adhésion, en tout pays et pour toute sa durée, le droit d'autoriser ou d'interdire la représentation ou l'exécution publique, la reproduction graphique ou mécanique, ainsi que la traduction ou l'adaptation de leurs oeuvres actuelles ou futures relevant du genre littéraire ou théâtral ou musical ou cinématographique ou audiovisuel ou artistique ou tout autre genre de production susceptible de protection,

– déclarer a l'organisme toute oeuvre ou interprétation nouvellement créée et impérativement avant son exploitation publique,

– s'abstenir de tout comportement de nature a porter préjudice aux intérêts de l'organisme et de ne pas se substituer a celui-ci dans la délivrance des autorisations pour l'utilisation de leurs oeuvres ou interprétation.

Le non respect des obligations mentionnées au premier paragraphe du présent article implique les résultats mentionnés au règlement intérieur de l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins.

 

Chapitre deuxième.- Fonctionnement et organisation administrative

Section 1 .- Le directeur général

 

Article 7 .-

L'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins est dirige par un directeur général nomme par décret sur proposition du ministre chargé de la culture.

 

Article 8 .-

Le directeur général est chargé de la direction de l'organisme. A cet effet, il est habilite à prendre les décisions relevant de ses attributions telles que définies dans le présent article, a l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.

Le directeur général est notamment chargé de :

– présider le conseil de l'établissement,

– représenter l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,

– élaborer les travaux du conseil d'établissement,

– conclure les marches, les contrats et les conventions selon les modalités et les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,

– tenir a jour tous les documents relatifs aux oeuvres déclarées a l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins et celles déposées auprès dudit organisme,

– arrêter et suivre l'exécution des programmes de travail dans les différents domaines lies aux missions de l'organisme et notamment dans le domaine des droits d'auteur et des droits voisins,

– arrêter et suivre l'exécution des contrats objectifs,

– arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement de l'organisme et le schéma de financement des projets d'investissement,

– arrêter les états financiers,

– proposer l'organisation des services de l'organisme, le statut particulier de son personnel, et son régime de rémunération, conformément a la législation et a la réglementation en vigueur,

– procéder a toutes les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de l'organisme,

– assurer la direction administrative, financière et technique de l'organisme,

– émettre les ordres de recettes et de dépenses,

– conclure les opérations d'acquisition, d'échange et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'organisme, et ce, conformément a la législation et a la réglementation en vigueur,

– exercer sa pleine autorité sur l'ensemble du personnel de l'organisme, qu'il nomme, administre leurs affaires ou licencie, et ce, conformément a la législation et a la réglementation en vigueur,

– recruter des agents, des techniciens, des conseillers et des experts, qualifiés dans les domaines lies a l'activité de l'organisme conformément a la législation et a la réglementation en vigueur,

– conclure les contrats généraux de représentation avec les usagers,

– assurer la perception des droits d'auteur et des droits voisins ainsi que des revenus sociaux,

– établir les états de répartition et payer la part revenant a chaque ayant droit,

– exécuter toute autre mission entrant dans les activités de l'organisme et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.

 

Article 9 .-

Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents places sous son autorité. Toutefois, les contrats et conventions de travaux, de recherche ou d'études, les marches ainsi que les actes de cession, de résiliation et d'acquisition passes par l'organisme dans le cadre de sa mission, sont signes d'office par le directeur général. La délégation ne peut être étendue également a l'exercice du pouvoir disciplinaire vis a vis du personnel de l'organisme.

 

Section II .- Le conseil d'établissement

 

Article 10 .-

Le conseil d'établissement est chargé d'examiner et de donner son avis sur :

* les contrats – objectifs et le suivi de leur exécution.

* les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement.

* les états financiers.

* l'organisation des services de l'organisme, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération.

* les marches et les conventions conclus par l'organisme.

* les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'organisme.

* l'adhésion de l'organisme a des organisations internationales non gouvernementales d'auteurs.

* l'approbation des taux et montants des redevances dues aux auteurs et aux titulaires des droits voisins.

Et d'une façon générale toute question relevant de l'activité de l'organisme qui lui est soumise par le directeur général.

 

Article 11 .-

Le conseil d'établissement qui est présidé par le directeur général, se compose des membres suivants :

* un représentant de la Présidence du gouvernement.

* un représentant du ministère chargé des finances.

* un représentant du ministère chargé de la planification et de la coopération internationale.

* un représentant du ministère chargé de la culture.

* un auteur dans le domaine de la littérature et du théâtre.

* un auteur dans le domaine musical.

* un auteur dans le domaine des arts plastiques et graphiques.

* un auteur dans le domaine des oeuvres audiovisuelles.

* deux représentants des artistes interprètes.

Les membres du conseil d'établissement sont désignés par arrête du ministre chargé de la culture pour une durée de trois (3) ans renouvelable deux fois au maximum. En ce qui

concerne les représentants des ministères, la désignation se fait sur proposition des ministres concernés.

Le directeur général peut inviter toute personne dont la compétence est reconnue pour assister aux réunions du conseil, pour donner son avis sur l'une des questions inscrites à l'ordre du jour du conseil.

 

Article 12 .-

Le conseil d'établissement se réunit sur convocation du directeur général au moins une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que nécessaire, pour examiner les questions inscrites a un ordre du jour fixe par le directeur général et communique au moins dix (10) jours avant la date de la réunion a tous les membres du conseil d'établissement et au ministère chargé de la culture. L'ordre du jour doit être accompagne de tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés par le conseil.

Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d'État. Ce dernier assiste aux réunions du conseil en qualité d'observateur. Il donne son avis et peut, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions en rapport avec le respect des lois et de la réglementation régissant l'établissement et concernant toutes les questions ayant un impact financier sur l'entreprise. L'avis et les réserves du contrôleur d'État sont obligatoirement consignes dans le procès-verbal de la réunion.

Le conseil ne peut valablement se réunir qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum, le conseil d'établissement se réunit valablement une deuxième fois dans les quinze (15) jours qui suivent, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.

Le conseil d'établissement émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil ne peut délibérer que sur les questions inscrites a l'ordre du jour.

 

Article 13 .-

Les procès-verbaux des réunions des conseils doivent être établis dans les dix (10) jours qui suivent les réunions du conseil et les procès-verbaux dans leur version définitive sont consignes dans un registre spécial signe par le directeur général et un membre du conseil d'établissement et tenu au siège social de l'organisme.

Les questions qui requièrent d'autres procédures d'approbation conformément a la législation et a la réglementation en vigueur, sont obligatoirement mentionnées dans les procès-verbaux et présentées au ministère chargé de la culture.

Le directeur général désigne l'un des cadres de l'organisme en vue d'assurer le secrétariat du conseil d'établissement.

 

Article 14 .-

Les questions suivantes sont incluses obligatoirement en tant que points permanents dans l'ordre du jour du conseil d'établissement :

– le suivi de l'exécution des recommandations précédentes du conseil d'établissement,

– le suivi du fonctionnement de l'organisme, de l'évolution de sa situation et de l'avancement de l'exécution de son budget, sur la base d'un tableau de bord élaboré par le directeur général de l'organisme,

– le suivi de l'exécution des marchés en se référant a deux états élaborés par le directeur général dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l'objet d'un

différend ou dont les dossiers de règlement définitif n'ont pas été approuvés. Le second porte sur les marchés conclus conformément aux dispositions du décret régissant les marchés publics,

– les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le rapport du réviseur des comptes et des rapports des organes de l'audit interne et du contrôle externe,

Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d'établissement ainsi qu'au contrôleur d'État et comprend notamment les points suivants avant leur entrée en vigueur :

– les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,

– les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature, a octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,

– le programme annuel de recrutement et un rapport périodique concernant son exécution,

– les programmes d'investissement et les schémas de financement y afférents.

Les membres du conseil d'établissement peuvent, dans l'accomplissement de leurs missions, demander la communication de tous les documents nécessaires.

 

Article 15 .-

Le contrat-objectifs est soumis au conseil d'établissement au plus tard avant la fin du mois d'octobre de la première année de la période du plan de développement.

Le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement et les états financiers sont soumis au conseil d'établissement dans les délais prévus par les articles 19 et 20 du présent décret.

 

Article 16 .-

Les membres du conseil d'établissement ne peuvent déléguer leurs attributions qu'aux membres du conseil d'établissement. Ils ne peuvent s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation qu'en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an. Le président du conseil d'établissement doit en informer le ministère chargé de la culture dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil.

 

Chapitre troisième .- Organisation financière

Section 1 .- Les recettes

 

Article 17 .-

Les recettes de l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins proviennent :

– des perceptions au titre des droits d'auteur et des droits voisins,

– les revenus des conventions relatives aux droits d'auteur et aux droits voisins,

– les revenues du dépôt et de renouvellement du dépôt,

– les cotisations des membres,

– les produits des taxes qui peuvent être instituées au profit de l'organisme,

– le produit des pénalités, des indemnités et des dommages et intérêts, résultant des actions judiciaires,

– les revenus des biens meubles et immeubles,

– des subventions, des dons et des legs,

– des recettes provenant des services proposes par l'organisme,

– des subventions de l'État,

– des intérêts des placements financiers,

– des recettes du sponsoring et de mécénat collectées au profit des activités de l'organisme,

– de toutes les autres recettes qui peuvent revenir a l'organisme conformément a la législation en vigueur.

 

Section II .- Les comptes

 

Article 18 .-

Le directeur général arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement et les soumet a l'avis du conseil d'établissement au plus tard la fin du mois d'aout de chaque année.

Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement sont approuves par décision du ministre chargé de la culture, et ce, conformément a la réglementation en vigueur.

Ces budgets doivent faire ressortir séparément:

A .- En recettes :

Les recettes de l'organisme, telles que définies par l'article 18 du présent décret.

B .- En dépenses :

– les dépenses de fonctionnement,

– les dépenses d'investissement,

– le montant des droits d'auteur et des droits voisins, répartis entre les auteurs et les titulaires des droits voisins ou leurs ayants droit,

– les dépenses pour le compte du fonds social et culturel,

– les dépenses pour frais de justice et autres nécessitées pour la défense des droits d'auteur et des droits voisins,

– toutes les autres dépenses entrant dans le cadre des missions de l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins.

 

Article 19 .-

La comptabilité de l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale.

Le directeur général arrête les états financiers et les soumet a l'avis du conseil d'établissement dans un délai ne dépassant pas trois mois a partir de la date de clôture de l'exercice comptable.

Les états financiers sont approuves par décision du ministre chargé de la culture conformément a la réglementation en vigueur.

 

Chapitre quatrième.- Tutelle de l'État

 

Article 20 .-

La tutelle de l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins consiste en l'exercice par l'État, par l'intermédiaire du ministère chargé de la culture, des attributions suivantes :

– le suivi de la gestion et du fonctionnement de l'organisme en ce qui concerne notamment son respect de la législation et de la réglementation la régissant en vue de s'assurer de la cohérence de cette gestion avec les orientations générales de l'État dans le secteur d'activité dont elle relevé et de sa conformité avec les principes et les règles de la bonne gouvernance,

– l'approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,

– l'approbation des budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le suivi de leur exécution,

– l'approbation des états financiers,

– l'approbation des procès-verbaux des réunions du conseil d'établissement,

– l'approbation des régimes de rémunération et des augmentations salariales,

– l'approbation des conventions d'arbitrage et des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends conformément a la législation et a la réglementation en vigueur.

Et d'une manière générale, sont soumis a l'approbation du ministère chargé de la culture, les actes de gestion soumis a l'approbation conformément a la législation et a la réglementation en vigueur.

 

Article 21 .-

Le ministère chargé de la culture assure également, l'examen des questions suivantes:

– le statut particulier des agents de l'organisme,

– les tableaux de classification des emplois,

– le régime de rémunération,

– l'organigramme,

– les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,

– la loi des cadres et les programmes de recrutement et les modalités de leur application,

– les augmentations salariales,

– la classification de l'organisme.

Les données ainsi que les indications spécifiques que l'organisme est tenu de faire parvenir au ministère chargé de la tutelle sectorielle dans le cadre de son rôle de suivi, sont fixées par décision du ministre chargé de la culture, cette décision fixe également la périodicité de transmission.

 

Article 22 .-

L'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins communique au ministère chargé de la culture, pour approbation ou suivi, les documents ci-après :

– les contrats-objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,

– les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,

– les états financiers,

– les rapports annuels d'activité,

– les rapports de certification légale des comptes et les rapports de d'audit interne,

– les procès-verbaux du conseil d'établissement,

– les états de la situation des liquidités a la fin de chaque mois,

– des données spécifiques.

Ces documents doivent être communiques dans un délai maximum de quinze (15) jours a partir des dates respectives de leur élaboration.

 

Article 23 .-

Les actes d'approbation par le ministère chargé de la culture sont accomplis dans les délais suivants :

– dans un délai maximum de trois (3) mois a partir de la date de transmission fixée par l'article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 sus-indiqué, pour les contrats-objectifs,

– avant la fin de l'année pour les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les rapports de suivi annuel d'exécution des contrats objectifs, – dans un délai maximum d'un mois de la date de transmission des procès-verbaux du conseil d'établissement fixée par l'article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 sus-indique. Passé le délai indique, le silence du ministère chargé de la culture est considéré comme approbation tacite,

– dans un délai d'un mois de la date de transmission fixée par l'article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 sus-indique, pour les rapports des reviseurs des comptes et les états financiers.

Les contrats objectifs sont approuves par leur signature par le ministre chargé de la culture et le directeur général de l'organisme conformément a la réglementation en vigueur.

Les documents cites aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont approuves par décision du ministre chargé de la culture.

 

Article 24 .-

L'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins communique à la Présidence du gouvernement et au ministère des finances les documents suivants :

– les contrats-objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement dans un délai de trois mois au maximum de la date de leur arrêt par le directeur général et après leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais indiques,

– les rapports des reviseurs des comptes ainsi que les états financiers dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours (15) a partir de la date de leur approbation conformément a la réglementation en vigueur,

– les états de la situation des liquidités a la fin de chaque mois dans un délai de quinze jours (15) au maximum du mois suivant.

 

Article 25 .-

L'organisme communique au ministère chargé de la planification les contrats-objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement, dans un délai maximum de trois (3) mois a partir de la date de leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais prévus.

 

Article 26 .-

En plus des données spécifiques citées dans l'article 23 du présent décret, l'organisme communique directement a la Présidence du gouvernement des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année suivante pour les informations annuelles, a l'exclusion des états financiers qui doivent être communiques dans les délais de leur approbation indiques ci-dessus.

Ces informations comprennent obligatoirement les données suivantes :

– les donnes mensuelles : l'état de liquidité, l'effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative,

– les données semestrielles : l'endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels,

– les données annuelles: les recettes, les charges d'exploitation et le résultat d'exploitation, les tableaux des emplois et des ressources, le tableau des investissements, le portefeuille des participations, l'effectif, les recrutements et les départs d'agents par situation administrative, la masse salariale, le budget du fonds social et ses emplois et le bilan social.

 

Article 27 .-

Il est désigné auprès de l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins un contrôleur d'État et un reviseur des comptes qui exercent leurs attributions conformément a la législation et a la réglementation en vigueur.

 

Chapitre cinquième.- Le fonds social et culturel de l'organisme

 

Article 28 .-

Il est institue un fonds social et culturel dont l'organisation, les règles de fonctionnement et les conditions d'utilisation du fonds au profit des créateurs et de leurs héritiers, sont prévues par le règlement intérieur de l'organisme.

 

Article 29 .-

Le fonds social et culturel fait l'objet d'une comptabilité distincte, et ses comptes sont fixes dans un registre spécial.

 

Article 30 .-

Le fonds social et culturel est alimente par des fonds provenant notamment :

– des prélèvements effectués à l'occasion de la perception des interprétations et droits d'exécution et de représentations publiques des oeuvres protégées,

– des redevances revenant a des ressortissants étrangers dont les droits sont protégés en Tunisie,

– des intérêts de placement des sommes en attente de transfert ou de répartition,

– des sommes revenant a des auteurs ou artistes interprètes décédés sans laisser d'héritiers ou de légataires habilites, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi susvisée n° 94-36 du 24 février 1994, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009, sans préjudice des droits des créanciers et de l'exécution des contrats de cession qui ont pu être conclus par les auteurs ou les titulaires des droits voisins ou leurs ayants-droit,

– des produits provenant de l'exploitation du folklore appartenant au patrimoine national, en application des dispositions de l'article 7 de la loi susvisée n° 94-36 du 24 février 1994, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009, – de l'exploitation des oeuvres tombées dans le domaine public.

 

Chapitre sixième.- Dispositions finales

 

Article 31 .-

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions de l'article 49 (nouveau) de la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative a la propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009, et les dispositions du décret n° 96-2230 du 11 novembre 1996, relatif a l'organisation administrative et financière de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs et ses modalités de fonctionnement.

Le patrimoine de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs est cédé à l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins créé en vertu du présent décret, qui le remplace et prend en charge ses droits et obligations.

L'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs procédera au transfert automatique de

l'affiliation de ses adhérents a l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins, qui récupérera de ce fait les documents relatifs aux oeuvres déclarées, et déposées ainsi que la liste du répertoire d' oeuvres tunisiennes et internationales, et les livres comptables ainsi que le montant des redevances perçues par l'organisme de protection des droits d'auteurs et non encore dépensées ou réparties.

L'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins s'engage à exécuter les contrats en cours avec les usagers et les organismes d'usagers, et poursuivra au nom de ses adhérents les actions intentées par l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs.

Les textes règlementaires, relatifs a l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs et notamment le statut particulier du personnel de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs approuve par le décret n° 2005-1584 du 23 mai 2005 et sa modification approuvée par le décret n° 2007-1360 du 4 juin 2007, le décret n° 2008-128 du 16 janvier 2008, fixant

l'organigramme de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs, le décret n° 2008-1869 du 13 mai 2008 règlementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels a l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs, et le règlement intérieur de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs approuve par l'arrête du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 6 novembre 2006, demeurent en vigueur jusqu'a leur annulation et remplacement, tant qu'ils ne sont pas contraires au présent décret.

 

Article 32 .-

Un comptable public est désigné pour assurer les opérations comptables et financières relatives au transfert des engagements entre l'organisme tunisien des droits d'auteurs et l'organisme tunisien de protection des droits d'auteur et des droits voisins et pour exécuter les engagements découlant de l'établissement résolu.

 

Article 33 .-

En cas de dissolution de l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins créé en vertu du présent décret, son patrimoine fera retour a l'État qui exécutera les engagements qu'il aura contractés.

 

Article 34 .-

Le ministre de la culture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publie au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 1er juillet 2013.

Le Chef du Gouvernement, Ali Larayedh

01Ene/14

Decreto 1503/98 de 23 de diciembre de 1998, Incorporación como inciso k) al artículo 38 del Decreto nº 1185 del 22 de junio de 1990

VISTO los Decretos números 1185/90, 1626/96, 80/97, 554/97, 1018/98 y sus modificatorios; y

CONSIDERANDO:

Que es política del Gobierno Nacional promover el mejoramiento de los servicios públicos para lograr, entre otros cometidos, la igualdad en las condiciones de acceso a los servicios de telecomunicaciones en todas las áreas geográficas del país.

Que de acuerdo con lo dispuesto por el Anexo II del Decreto nº 1626/96 y por el artículo 3° del Decreto nº 80/97, sustitutivo del artículo 4° del Decreto nº 1185/90, la Autoridad de Control en materia de telecomunicaciones es la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que la Autoridad de Control en materia de telecomunicaciones tiene como objeto controlar, fiscalizar y verificar la prestación de los servicios de telecomunicaciones, de conformidad con la normativa vigente.

Que dentro de las facultades de la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES se encuentra la de imponer sanciones de multa a los administrados en los casos de incumplimiento a la normativa vigente.

Que el progreso de la tecnología en el ámbito de las telecomunicaciones ha resultado de vital importancia para el desarrollo económico y social.

Que existen vastas áreas geográficas de nuestro país, pobladas por potenciales usuarios de bajos recursos económicos, que no pueden acceder a los servicios de INTERNET tele-educación, telemedicina, aulas y bibliotecas virtuales, así como centros tecnológicos comunitarios, quedando marginados de la actual revolución tecnológica.

Que todos los organismos internacionales de comunicaciones recomiendan garantizar una completa aceptación, uso y distribución de las tecnologías soportes de INTERNET, teniendo objetivos primordiales la difusión de la información, garantizando la educación y promoción de la cultura.

Que por Decreto nº 554/97 se declaró a INTERNET de interés nacional, entendiendo que posee la obligación de promover el acceso a este servicio de telecomunicaciones, especialmente a aquéllos con recursos limitados, de manera de asegurar que las escuelas, bibliotecas, centros detención médica, y áreas rurales, entre otros, se beneficien con INTERNET.

Que a través del Decreto nº 1018/98 el PODER EJECUTIVO NACIONAL ha facultado a la SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION a desarrollar un plan estratégico para la expansión de INTERNET en la República Argentina y a fomentar su uso como soporte de actividades educativas, culturales, informativas, recreativas y relativas a la provisión de servicios de salud.

Que el desarrollo del plan de expansión mencionado puede tener su vinculación práctica relacionándolo de cierta forma con el marco vigente del régimen sancionatorio del Decreto nº 1185/90 y sus modificatorios. Ello es así, teniendo en cuenta que la aplicación de sanciones en el ámbito administrativo responde a razones de bienestar público y en el sector de las telecomunicaciones ello se traduce en un mejoramiento de los servicios.

Que el acceso a los nuevos servicios de telecomunicaciones debe beneficiar a todos los habitantes del país, sin distinción de barreras geográficas, sociales, económicas o culturales.

Que esta iniciativa del Gobierno Nacional posibilita trasladar a la realidad, asimismo, lo expresado por el Decreto nº 264/98, en cuanto hace al interés público de tutela estatal garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos, mejorar la expansión de los servicios de telecomunicaciones permitiendo su acceso a los habitantes de poblaciones no servidas por su escasa rentabilidad.

Que desde esta perspectiva, entre los servicios que el Gobierno Nacional busca dar el carácter general, conforme a las metas sociales que se consideren necesarias para el desarrollo de la comunidad de nuestro país, surgen los establecidos por los Decretos nº 554/97, y nº 1018/98 que, en lo esencial, proponen el desarrollo y expansión de INTERNET para que su acceso sea posible desde todas las regiones del país, por su vital importancia en el desarrollo social cultural y económico de nuestra comunidad.

Que la red mundial INTERNET es soporte de servicios que requieren la instalación previa de equipos de alta tecnología, lo cual en muchos casos no puede ser afrontado por la población de vastos sectores de nuestro país con escasos recursos económicos.

Que la nueva tecnología en materia de telecomunicaciones es la que favorece el acceso a INTERNET, tele-educación, telemedicina, aulas y bibliotecas virtuales, y centros tecnológicos comunitarios, entre otros.

Que por tales razones, resulta oportuno adecuar el régimen sancionatorio de las telecomunicaciones, facultando a la Autoridad de Control para suspender el pago de la multa, estableciendo una obligación específica que tienda a facilitar el acceso a la nueva tecnología en los servicios de telecomunicaciones, a fin de dotar con las instalaciones necesarias a asentamientos poblacionales alejados de centros urbanos, o con población de escasos recursos económicos.

Que la obligación impuesta de este modo no podrá superar el monto establecido en el caso concreto para la sanción de multa, de acuerdo a la normativa vigente, y una vez cumplida dentro del plazo estipulado no quedará registrada como antecedente.

Que es oportuno advertir que el procedimiento establecido para aplicar sanciones emanado del artículo 38 y concordantes del Decreto nº 1185/90 permanece inalterado, resguardando de este modo la seguridad jurídica imperante en la aplicación de sanciones.

Que resulta muy importante destacar que asimismo permanece inalterado el tipo y monto de la sanción, el que se establece siempre de acuerdo al procedimiento estipulado por la normativa vigente.

Que ello es así, porque se mantiene el sistema adoptado por el régimen de penalidades en materia de talecomunicaciones, con la única inclusión de un apartado corno inciso k) del artículo 38 del Decreto nº 1185/90.

Que la magnitud de la obligación que pudiere imponer la Autoridad de Control, con el fin de sustituir la multa por esta obligación de contribuir con la infraestructura técnica solicitada, a fin de dotar, por ejemplo, a un centro tecnológico comunitario del soporte informático requerido, estará ceñida siempre al monto de la multa que corresponda para el caso particular, de acuerdo al procedimiento vigente en la aplicación de sanciones en el ámbito administrativo de las telecomunicaciones.

Que la obligación impuesta por la Autoridad de Control consistirá en todos los casos, en la instalación de equipos soporte de servicios de telecomunicaciones, informáticos y/o de alta tecnología, dependiendo en cada caso concreto que se presente de las necesidades de los pobladores de la zona-hasta entonces-marginada de estos servicios.

Que el cumplimiento de la obligación culminará con la instalación de los equipos y/o redes hasta cubrir el monto establecido por la resolución sancionatoria de la Autoridad de Control.

Que ello será suficiente para garantizar, en gran medida, que los potenciales usuarios de las regiones de nuestro país que hasta el momento de cumplirse la obligación no hubieren tenido acceso a los servicios de telecomunicaciones o a los servicios que utilizan como soporte a la red INTERNET, puedan de esta forma acceder a los mismos.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente, en virtud de las atribuciones conferidas por las Leyes números 19.798 y 23.696, y por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º.- Incorpórase como inciso k) el artículo 38 del Decreto nº 1185 del 22 de junio de 1990, el siguiente texto:

«La COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES podrá suspender el pago de la multa estableciendo una obligación que tienda a facilitar el acceso de todos los habitantes del país, sin distinción de barreras geográficas, sociales, económicas y/o culturales, a los servicios de Internet, tele-educación, telemedicina, aulas y bibliotecas virtuales .y centros tecnológicos comunitarios, de conformidad con lo establecido por los Decretos nº 554/97 y nº 1018/98, hasta cubrir el monto que en cada supuesto se establezca. 

La sanción cumplida de este modo no será registrada como antecedente. En el acto administrativo que notifique la sanción, la Autoridad de Control consignará expresamente cual será la obligación cuyo cumplimiento suspenderá la aplicación de la multa. 

En el término de DIEZ (10) días hábiles administrativos a contar desde la notificación a que se refiere el artículo precedente, el infractor deberá expresar por escrito ante la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, su voluntad de cumplir la obligación impuesta por este organismo, sustitutiva del pago de la multa. 

Cuando en el plazo estipulado en el artículo anterior el infractor no se exprese respecto de cumplir con esta obligación sustitutiva de la multa, o la rechace expresamente, se continuará con el procedimiento habitual establecido por la normativa vigente. 

Cuando el infractor aceptare el cumplimiento de la obligación, la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES le notificará del plazo que tendrá para cumplir con la obligación. Este plazo se graduará de acuerdo a la complejidad de la instalación de los equipos y/o redes que en cada caso se establezca. Vencido el plazo estipulado en el párrafo anterior, la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES verificará de inmediato si se ha cumplido con la obligación impuesta. 

Cuando el infractor no cumpliere con la obligación impuesta según este procedimiento y en el plazo fijado, se considerará agravada la pena, aplicándose al infractor una nueva multa en pulsos telefónicos de hasta el máximo legal vigente, de acuerdo al grado de incumplimiento de dicha obligación. La multa aplicada como agravante de la sanción incumplida se aplicará con independencia de cualquier otra sanción anterior y en este caso, la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES no podrá aplicar la facultad establecida en el presente inciso».

Artículo 2°.– Comuníquese, publíquese, dase a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

MENEM.

Jorge A. Rodríguez.

Roque B. Fernández.

Carlos V. Corach.

 

01Ene/14

Decreto 2.501/2014 de 17 de diciembre de 2014, que Reglamenta la Ley nº 26.951 del 2 de julio de 2014. (Boletín Oficial de la República Argentina de 6 de enero de 2015)

Decreto 2501/2014 Ley nº 26.951. Reglamentación.

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014

 

VISTO el Expediente nº S04:0047116/2014 del registro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las Leyes Nros. 25.326 y su modificatoria, 26.951 y el Decreto nº 1558 del 29 de noviembre de 2001, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que mediante la Ley nº 26.951 se creó el Registro Nacional “NO LLAME”.

 

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 14 de la mencionada norma legal, el Poder Ejecutivo Nacional debe reglamentar la misma dentro de los NOVENTA (90) días a contar desde su promulgación.

 

Que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en su carácter de Autoridad de Aplicación, deberá contar con la facultad de dictar las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias para la mejor implementación de la Ley nº 26.951.

 

Que la Ley nº 26.951 tiene por objeto proteger a los titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados.

 

Que en ese contexto se entiende que las situaciones contempladas y reguladas en la mencionada Ley y la presente Reglamentación deberán derivar siempre del requerimiento del interesado, requisito, que actuará como principio rector en la materia.

 

Que la Ley nº 26.951 establece, en su Artículo 4°, las distintas modalidades de los servicios de telefonía alcanzados por el presente régimen legal, admitiendo la inclusión ulterior de aquellos servicios similares que la tecnología permita brindar en el futuro, tomando para ello debida intervención la Secretaría de Comunicaciones dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios .

 

Que, en consecuencia, corresponde facultar a la Autoridad de Aplicación para individualizar e incorporar, dentro de las modalidades de servicios de telefonía, a aquellos nuevos servicios que la tecnología ofrezca en el futuro y sean compatibles con el objeto de la Ley que se reglamenta.

 

Que será determinado por la Autoridad de Aplicación el establecimiento de un procedimiento gratuito, sencillo y eficaz para efectuar la inscripción ante el Registro Nacional “NO LLAME”.

 

Que quienes efectúan tratamiento de datos personales con fines de publicidad no sólo deberán consultar el Registro Nacional “NO LLAME” sino respetar el derecho de bloqueo individual reconocido en el Artículo 27, inciso 3, de la Ley nº 25.326, y su modificatoria, debiendo llevar un registro de los titulares que hubieren hecho uso del mismo.

 

Que en tal sentido, corresponde definir con claridad quiénes son las personas obligadas a consultar el Registro Nacional “NO LLAME” y su obligación de inscripción ante el Registro Nacional de Bases de Datos de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, en virtud de su carácter de usuarios y/o responsables de bancos de datos.

 

Que es importante para la efectividad del Registro Nacional “NO LLAME” procurar que no se eludan sus registraciones contactando a las personas que en él se hubieran inscripto a través de empresas localizadas en otros países.

 

Que para ello, deberá ser obligatoria la consulta al mencionado Registro en forma previa a la realización de procedimientos de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados por parte de cualquier empresa, marca, concesionaria o agente domiciliado en nuestro país o en quien se tercericen esos servicios.

 

Que dicha consulta deberá referirse a la última actualización de la lista de inscriptos ante el Registro Nacional “NO LLAME”, elaborada por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, en su carácter de Autoridad de Aplicación.

 

Que tomando en consideración las normas sobre defensa del consumidor y lealtad comercial resulta necesario prever que, quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios, utilizando como medio de contacto los servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades, deberán siempre realizar los llamados desde un número visible desde el identificador de llamadas.

 

Que por otra parte, amerita efectuar aclaraciones respecto de las excepciones previstas en el Artículo 8° de la Ley que se reglamenta.

 

Que respecto del inciso a) de dicho Artículo, en tanto determina que quedan exceptuadas las campañas de bien público, es necesario contemplar que la referida excepción no será aplicable cuando bajo la forma de una campaña de bien público, indirectamente, se publiciten, oferten, vendan o regalen bienes y servicios no solicitados.

 

Que en cuanto a lo dispuesto en el inciso d) del mismo Artículo, que prevé la existencia de una relación contractual vigente, la norma legal deja a esta reglamentación la determinación de lo que se entiende por forma y horario razonables, correspondiendo entonces, la fijación de los parámetros pertinentes, sin dejar de atender los usos y costumbres que justifiquen una modificación de los horarios que se dispongan.

 

Que respecto de la excepción contenida en el inciso e) del citado Artículo 8°, cuando un titular o usuario de servicios de telefonía inscripto en el Registro Nacional “NO LLAME” autorice determinadas llamadas, se exige el consentimiento libre, expreso e informado del titular, otorgado por escrito o por otro medio que se le equipare, el cual deberá otorgarse mediante instrumento separado si las partes hubiesen celebrado un contrato.

 

Que según lo establecido en el Artículo 9° de la Ley que se reglamenta, será Autoridad de Aplicación la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, órgano de control de la Ley nº 25.326 y su modificatoria.

 

Que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales deberá recibir las denuncias por incumplimientos a la Ley nº 26.951 e iniciar actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de la misma.

 

Que a los fines de establecer un procedimiento sencillo para efectuar la denuncia, que esté en consonancia con el criterio de simplicidad contenido en la Ley que se reglamenta, se determinan los requisitos específicos que deberá contener la denuncia y la aplicación, al resto de las actuaciones, del procedimiento establecido para las denuncias por incumplimiento de la Ley nº 25.326 y su modificatoria.

 

Que es imprescindible a los fines de determinar una infracción a la Ley nº 26.951, conocer la existencia de una comunicación telefónica.

 

Que, a tales efectos, es preciso que quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios utilizando como medio de contacto los servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades, se encuentren obligados, en el procedimiento probatorio de las actuaciones llevadas a cabo por la Autoridad de Aplicación, a brindar el registro de sus llamadas salientes, expedido por las empresas de telecomunicaciones proveedoras del servicio.

 

Que en lo relativo a la valoración de la prueba, la Autoridad de Aplicación ponderará los elementos de hecho e indicios aportados por el denunciante, quedando a cargo del denunciado acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley nº 26.951.

 

Que dicha ponderación tendrá en cuenta la disponibilidad y la factibilidad probatoria de cada una de las partes, atendiendo a la imposibilidad material del denunciante para acreditar la existencia del contacto, siendo entonces el denunciado quien se encuentra en mejores condiciones para aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva.

 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha tomado la intervención que le compete.

 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 99, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional.

 

Por ello,

La Presidenta de la Nación Argentina

DECRETA:

Artículo 1°.-

Apruébase la Reglamentación de la Ley nº 26.951, la que como Anexo I forma parte integrante de la presente medida.

 

Artículo 2°.-

Facúltase a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a dictar las normas complementarias y de procedimiento necesarias para una adecuada aplicación de la Ley nº 26.951 y de la Reglamentación que se aprueba por el presente Decreto.

 

Artículo 3°.-

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

 

FERNANDEZ DE KIRCHNER.

Jorge M. Capitanich.

Julio C. Alak.

ANEXO I.- REGLAMENTACIÓN DE LA Ley nº 26.951 del Registro Nacional “NO LLAME”

 

Artículo 1°.- Objeto.

Las situaciones contempladas y reguladas por la Ley nº 26.951 y por la presente Reglamentación, tendrán como principio rector el requerimiento del interesado.

 

Artículo 2°.- Registro Nacional.

Sin reglamentar.

 

Artículo 3°.- Protección.

Sin reglamentar.

 

Artículo 4°.-

Servicios de telefonía. Corresponde a la Autoridad de Aplicación individualizar e incorporar, dentro de las modalidades de servicios de telefonía, a aquellos nuevos servicios que la tecnología ofrezca en el futuro y sean compatibles con el objeto de la Ley nº 26.951, tomando debida intervención para ello la Secretaría de Comunicaciones dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios .

 

Artículo 5°.- Inscripción.

El procedimiento a aplicar para la inscripción ante el Registro Nacional “NO LLAME” será establecido por la Autoridad de Aplicación.

 

Artículo 6°.- Gratuidad y simplicidad.

El procedimiento para la baja de la inscripción ante el Registro Nacional “NO LLAME” será establecido por la Autoridad de Aplicación.

 

Artículo 7°.- Efectos.

Entiéndese por quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios utilizando como medio de contacto los servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades, a quienes realicen a título propio o por cuenta de terceros el contacto telefónico, sin perjuicio, en este último caso, de la responsabilidad de quien resulte el contratante de la campaña o beneficiario directo de la misma, resultando aplicables, en el caso de corresponder, las previsiones del Artículo 11, inciso 4, de la Ley nº 25.326 y su modificatoria. Los sujetos comprendidos que contraten campañas en el exterior a los efectos de la Ley que se reglamenta, deberán adoptar las medidas apropiadas para que quien lleve a cabo la campaña publicitaria desde el extranjero dé cumplimiento a la normativa a los fines de no incurrir en lo establecido en el párrafo precedente.

Las personas mencionadas, en su carácter de usuarios y responsables de archivos, registros y bancos de datos de acuerdo a lo establecido en la Ley nº 25.326 y su modificatoria, deberán estar inscriptos ante el Registro Nacional de Bases de Datos de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.

Los sujetos obligados deberán consultar el Registro Nacional “NO LLAME” y además respetar el derecho de bloqueo individual establecido en el Artículo 27, inciso 3, de la Ley nº 25.326 y su modificatoria, debiendo llevar un registro con los titulares de datos que hubieren hecho uso del mismo.

La lista que surja del Registro Nacional “NO LLAME” deberá ser elaborada por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales considerando los números de teléfonos inscriptos y las bajas efectuadas en el mismo durante UN (1) mes calendario.

Es obligatoria la consulta de la última actualización disponible de inscriptos ante el Registro Nacional “NO LLAME” en forma previa a la realización de procedimientos de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados por parte de los sujetos obligados por el Artículo 7° de la Ley nº 26.951, en la forma que establezca la Autoridad de Aplicación.

Los sujetos obligados por el Artículo 7º de la Ley nº 26.951 deberán siempre realizar los llamados desde un número visible por el identificador de llamadas.

 

Artículo 8°.- Excepciones.

La excepción establecida en el inciso a) no será aplicable cuando bajo la forma o modalidad de una campaña de bien público, indirectamente, se publiciten, oferten, vendan o regalen bienes y servicios no solicitados.

Respecto a lo previsto en el inciso d), se entenderá que las llamadas son realizadas en forma y horarios razonables si éstas se efectúan en días hábiles y de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas o sábados de 9:00 a 13:00 horas, salvo que los usos y costumbres justifiquen una modificación de los horarios dispuestos, lo que deberá ser sometido a consideración de la Autoridad de Aplicación.

En cuanto a lo previsto en el inciso e) respecto de las llamadas expresamente permitidas por el titular o usuario de servicios de telefonía que se hubiere inscripto en el Registro Nacional “NO LLAME”, se entenderá que deberá recabarse del titular el consentimiento libre, expreso e informado, el que tendrá que constar por escrito o por otro medio que se le equipare.

En el caso en que mediare un contrato entre las partes, dicho consentimiento deberá otorgarse mediante instrumento separado.

 

Artículo 9°.- Autoridad de Aplicación.

Sin reglamentar.

 

Artículo 10.- Denuncias.

A los fines de interponer una denuncia por incumplimiento de la Ley nº 26.951, normas reglamentarias y complementarias, el titular o usuario de servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, deberá comunicar a la Autoridad de Aplicación, por los medios que ésta establezca, los siguientes datos:

a) Nombre y apellido completos;

b) Tipo y número de documento;

c) Número de teléfono registrado en el Registro Nacional No Llame;

d) Día y hora de la llamada que motiva la denuncia;

e) Número de teléfono del denunciado, si lo conociera;

f) Empresa, marca, concesionaria o agente a quien corresponde la llamada que motiva la denuncia;

g) Otros requisitos que la Autoridad de Aplicación considere pertinentes.

 

Artículo 11.- Incumplimientos.

En caso de presuntas infracciones a las disposiciones de la Ley nº 26.951 y de la presente Reglamentación, con excepción de lo relativo a los requisitos necesarios para formular la denuncia, el procedimiento continuará aplicándose según lo previsto para las denuncias por incumplimiento del Capítulo VI, Artículo 31, apartado 3 de la Reglamentación de la Ley nº 25.326 y su modificatoria, aprobada por el Decreto nº 1558 del 29 de noviembre de 2001.

Sin perjuicio de ello, en el procedimiento probatorio de las actuaciones llevadas a cabo por la Autoridad de Aplicación, los sujetos obligados por el Artículo 7° de la Ley nº 26.951 deberán brindar el registro de sus llamadas salientes provisto por la empresa prestadora del servicio de telecomunicaciones de la que fueran usuarios.

La Autoridad de Aplicación, a los fines probatorios, tendrá en cuenta los elementos de hecho e indicios de carácter objetivos aportados por el denunciante que sustenten la situación fáctica debatida, quedando a cargo del denunciado acreditar que ha dado cumplimiento con las obligaciones establecidas, en la Ley nº 26.951 y en la presente Reglamentación.

 

Artículo 12.- Alcance.

Sin reglamentar.

 

Artículo 13.- Difusión.

Sin reglamentar.

 

Artículo 14.- Reglamentación.

Sin reglamentar.

01Ene/14

Decreto 4835 de 24 de diciembre de 2008, por el cual se modifica la estructura de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y se dictan otras disposiciones

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 54 de la Ley 489 de 1998,

DECRETA:

 

Artículo 1º.- Funciones Generales. Corresponde a la Dirección Nacional de Derecho de Autor ejercer las siguientes funciones:

1. Diseñar, dirigir administrar y ejecutar las políticas gubernamentales en materia de derecho de autor y derechos conexos.

2. Emitir conceptos sobre las normas que regulan el derecho de autor y los derechos conexos.

3. Recomendar la adhesión y procurar la ratificación y aplicación de las convenciones internacionales suscritas por el Estado Colombiano.

4. Dictar las providencias necesarias con el fin de obtener el cumplimiento de las normas que regulan el derecho de autor en Colombia: los convenios internacionales, el derecho comunitario y la legislación interna.

5. Impulsar la adopción de normas que protejan el derecho de autor y derechos conexos y buscar su efectivo cumplimiento.

6. Mantener intercambio con las diferentes organizaciones, gremios y entidades relacionadas con la temática autoral, en el país o en el exterior.

7. Ejercer inspección y vigilancia sobre las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor y derechos conexos, con el propósito de obtener el fortalecimiento integral de su gestión y asegurar niveles óptimos de eficiencia y transparencia.

8. Diseñar y desarrollar las estrategias para la creación de una cultura de respeto y protección del derecho de autor y derechos conexos a través de procesos de difusión y capacitación al interior y exterior de la entidad.

9. Brindar información bibliográfica, documental y audiovisual, nacional y extranjera, especializada y apoyar la investigación sobre el derecho de autor y los derechos conexos.

10.Administrar el Registro Nacional de Derecho de Autor, destinado a la inscripción de las obras literarias y artísticas, de los fonogramas, de los actos, contratos y decisiones jurisdiccionales relacionados con el derecho de autor y los derechos conexos y de los pactos y convenios suscritos entre las sociedades de gestión colectiva colombianas con asociaciones extranjeras de derecho de autor y derechos conexos, como medio de seguridad y publicidad a sus autores y/o titulares .

11. Documentar, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Control Interno, con el fin de mejorar el desempeño y capacidad de la Dirección Nacional de Derecho de Autor para proporcionar servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus usuarios.

 

Artículo 2º.- Estructura.

La estructura de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, será la siguiente:

1. Dirección General

1.1 Oficina Asesora de Jurídica

1.2 Oficina de Registro

2. Subdirección Administrativa

3. Subdirección Técnica de Capacitación, Investigación y Desarrollo

 

Artículo 3º.- Funciones del Despacho del Director.

Son funciones del Despacho del Director, además de las que señalan la Constitución y las leyes, las siguientes:

1. Ejercer las funciones que la ley le confiera y cumplir, hacer cumplir y ejecutar aquellas sobre derecho de autor y derechos conexos otorgadas por mandato legal.

2. Establecer las pautas que propendan por un mejor desarrollo de las actividades propias de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, de conformidad con su organización y funciones.

3. Crear y organizar mediante acto administrativo comités y grupos internos de trabajo, para atender el cumplimiento de las funciones de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, de acuerdo con las necesidades del servicio, los planes, programas y proyectos aprobados por la entidad.

4. Coordinar y supervisar las actividades a cargo de las dependencias de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

5. Dictar las providencias necesarias con el fin de obtener el cumplimiento de las normas que regulan el derecho de autor en Colombia, los convenios internacionales, el derecho comunitario y la legislación interna.

6. Mantener relaciones con los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de Comercio (OMC) y demás entidades que desarrollen funciones inherentes a la materia del derecho de autor y los derechos conexos.

7. Recomendar la adhesión y procurar la ratificación y aplicación de las convenciones internacionales suscritas por el Estado Colombiano.

8. Fijar las pautas para el funcionamiento de las unidades y grupos que se creen en la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

9. Conceder o negar autorización de funcionamiento a las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor y derechos conexos.

10.Verificar que el sistema de gestión de calidad y el sistema de control interno estén formalmente establecidos dentro de la entidad y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos, y en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando.

11. Recibir, tramitar y resolver las quejas y reclamos que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.

12. Nombrar y remover los servidores que conforman la planta de personal de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

13. Las demás que le sean asignadas por el Gobierno Nacional, de acuerdo a la naturaleza de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

 

Artículo 4°. Funciones de la Oficina Asesora Jurídica.

Son funciones de la Oficina Asesora Jurídica, las siguientes:

1. Asesorar al Director General y a las dependencias de la Dirección Nacional de Derecho de Autor en los asuntos jurídicos de competencia de la entidad.

2. Absolver las consultas que en materia de derecho de autor y derechos conexos efectúen las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor y derechos conexos, así como el público en general.

3. Realizar seguimiento y conceptuar sobre los proyectos de ley que en materia de derecho de autor y derechos conexos cursen en el Congreso de la República.

4. Resolver las investigaciones administrativas que se inicien a las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor y derechos conexos.

5. Resolver las impugnaciones interpuestas contra los actos de elección realizados por la asamblea general y las asambleas secciónales, y los actos de administración del consejo directivo de las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor y de derechos conexos.

6. Ejercer el control de legalidad y expedir las providencias necesarias para aprobar o no los estatutos de las sociedades de gestión colectiva, sus reformas y sus presupuestos.

7. Proyectar para aprobación del Director General, las providencias de concesión de autorización de funcionamiento a las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor y derechos conexos.

8. Inscribir al Representante Legal, miembros del Consejo Directivo, Comité de Vigilancia, Gerente, Secretario y Revisor Fiscal de las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor y derechos conexos.

9. Expedir certificaciones sobre existencia y representación legal, así como de las demás inscripciones de las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor y derechos conexos.

10. Atender y controlar el trámite de todos los procesos jurisdiccionales en que tenga interés la Dirección Nacional de Derecho de Autor y mantener informado al Director General sobre el desarrollo de los mismos.

11. Coordinar con las demás dependencias la elaboración de los conceptos jurídicos con el objeto de mantener uniformidad de criterio.

12. Ejercer control de legalidad respecto de los contratos, convenios, procesos de licitación y demás actos administrativos que suscriba el Director General.

13. Coordinar la Oficina de Control Interno Disciplinario.

14. Otorgar, verificar y cancelar las licencias de traducción y reproducción de obras literarias y artísticas cuando sea procedente.

15. Las demás que le asigne el Director General y que estén acordes con la naturaleza de la dependencia.

Parágrafo. En todo relacionado con los procedimientos de inspección y vigilancia de las sociedades de gestión colectiva, deberá entenderse que la atribución de competencias del Director General y de la Oficina Asesora Jurídica se regirán por los artículos 3° y 4° del presente Decreto.

 

Artículo 5°. Funciones de la Oficina de Registro.

Son funciones de la Oficina de Registro, las siguientes:

1. Inscribir en el Registro Nacional de Derecho de Autor las obras de carácter literario y artístico; los fonogramas; los actos, contratos y decisiones jurisdiccionales relacionadas con el derecho de autor; y, los pactos y convenios suscritos entre las sociedades de gestión colectiva colombianas con asociaciones extranjeras de derecho de autor y derechos conexos.

2. Negar aquellas solicitudes de registro cuando no sean procedentes .

3. Enviar a la Biblioteca Nacional los ejemplares de las obras impresas, obras audiovisuales y fonográmas que no sean inéditos.

4. Expedir certificaciones sobre los registros de derecho de autor y derechos conexos que se tramiten en la Oficina.

5. Informar, de conformidad con lo establecido en la legislación, a quien lo solicite sobre datos relacionados con la inscripción en el Registro Nacional de Derecho de Autor de obras, prestaciones, contratos y convenios.

6. Las demás que le asigne el Director General y que estén acordes con la naturaleza de la Oficina.

 

Articulo 6°. Funciones de la Subdirección Técnica de Capacitación, Investigación y Desarrollo.

Son funciones de la Subdirección Técnica de Capacitación, Investigación y Desarrollo, las siguientes:

1. Coordinar y desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en derecho de autor y derechos conexos, acorde con el plan indicativo de la entidad.

2. Coadyuvar en la difusión y conocimiento de la legislación, jurisprudencia y doctrina nacional y extranjera en materia de derecho de autor y derechos conexos.

3. Realizar la evaluación final de los textos y artes de los documentos y estudios producidos por la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

4. Mantener intercambio documental con organizaciones, gremios y entidades relacionadas con la temática autoral, del país o del exterior, a efecto de actualizar el acervo documental que posee la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

5. Elaborar estudios e investigaciones sobre derecho de autor y derechos conexos.

6. Elaborar publicaciones sobre legislación, doctrina y jurisprudencia en materia de derecho de autor y derechos conexos, así como las demás publicaciones de índole jurídico de la entidad.

7. Las demás que le sean asignadas por el Director General y que estén acordes con la naturaleza de la dependencia.

 

Articulo 7°. Funciones de la Subdirección Administrativa.

Son funciones de la Subdirección Administrativa, las siguientes:

1. Proponer y ejecutar las políticas, normas y procedimientos para la administración del recurso humano, físico, presupuestal y financiero de la entidad.

2. Dirigir, controlar, coordinar y evaluar los procesos administrativos de la entidad en todos los niveles.

3. Coordinar y programar las actividades de administración de personal, de acuerdo con las políticas de la entidad y las normas legales vigentes establecidas sobre la materia.

4. Coordinar la realización de estudios sobre planta de personal y adelantar los análisis necesarios con el fin de mantener actualizado el manual específico de funciones y requisitos de la entidad.

5. Dirigir y coordinar la ejecución del presupuesto de la entidad y velar por el cumplimiento de los trámites requeridos para el pago de las cuentas.

6. Participar en la elaboración del presupuesto anual de la entidad, efectuar su seguimiento y proponer los correctivos necesarios.

7. Preparar el programa anual mensual izado de caja.

8. Coordinar, preparar y ejecutar los procesos para la adquisición, custodia y almacenamiento de bienes de consumo y devolutivos, suministro de servicios y levantamiento de inventarios.

9. Velar por la debida aplicación del Sistema de Desarrollo Administrativo, relacionado con las políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la gestión y el manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros de la entidad, orientado a fortalecer la capacidad administrativa del desempeño institucional de conformidad con las normas legales vigentes.

10. Las demás funciones que le sean asignadas por el Director General y que estén acordes con la naturaleza de la dependencia.

 

Articulo 8°. Órganos de Asesoría y Coordinación.

La Comisión de Personal, el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y demás órganos de asesoría y coordinación que se organicen e integren, cumplirán sus funciones de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.

 

Articulo 9°. Comités.

El Director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor podrá organizar los comités, comisiones o grupos internos de trabajo que se requieran para el desarrollo de los objetivos, planes y programas de la Entidad.

 

Artículo 10°. Adopción de la nueva Planta de Personal.

De conformidad con la reorganización ordenada por el presente decreto, el Gobierno Nacional procederá a adoptar la nueva planta de personal.

 

Articulo 11°. Atribuciones de los funcionarios públicos de la planta actual.

Los funcionarios públicos de la planta de personal actual, de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, continuarán ejerciendo las atribuciones a ellos asignadas, hasta tanto sea adoptada la nueva planta de personal de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

 

Articulo 12°. Vigencia.

El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Decreto1278 de 1996 y demás disposiciones que le sean contrarias.

 

PUBLÍQUESE y CUMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., al 24 de diciembre de 2008

EL MINISTRO DEL INTERIORY DE JUSTICIA, FABIO VALENCIA COSSIO.

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR. 

01Ene/14

Legislacion Informatica de Argentina. Decreto 673/2001, de 18 de mayo de 2001

Decreto 673/2001, de 18 de mayo de 2001

Créase la Secretaría para la Modernización del Estado. Transfiérese a ese ámbito la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.

 

VISTO los Decretos nº 20 del 13 de diciembre de 1999, sus modificatorios y complementarios; nº 1076 de fecha 20 de noviembre de 2000, y nº 103 del 25 de enero de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto nº 20/99 y modificatorios se aprobó el organigrama de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría, determinando además, que cada jurisdicción debía proponer las estructuras organizativas de las unidades de nivel inferior a Subsecretaría hasta el primer nivel operativo.

Que corresponde efectuar una reasignación de funciones dentro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS tendiente a lograr mayor coherencia y efectividad en el funcionamiento de dicha jurisdicción.

Que en tal sentido, se ha procurado privilegiar la mayor relevancia otorgada a la gestión interjurisdiccional a cargo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la necesidad de convertir al Estado en un instrumento eficiente para el desarrollo de las políticas públicas.

Que la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS resulta el ámbito natural para el desempeño de las funciones atribuidas anteriormente a la ex SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO, toda vez que el artículo 100 de la CONSTITUCION NACIONAL le encomienda a su titular la administración general del país.

Que en ese sentido, por el Decreto nº 103/01 se aprobó el PLAN NACIONAL DE MODERNIZACION de la Administración Pública Nacional, encomendándose a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la coordinación de la ejecución de las acciones que se deriven de aquél.

Que con tal motivo y al efecto de simplificar el ejercicio de las responsabilidades encomendadas, resulta procedente restablecer la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que en tal sentido y en la órbita de la SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, se contempló la creación de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA, como continuadora institucional de la ex SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

Que la necesidad de contar con un organismo que conduzca técnicamente el proceso de modernización del Estado Nacional en el que la actual gestión gubernamental se halla embarcada, exige la concreción de un proceso de profunda reingeniería interna que permita asegurar una estructura institucional con la suficiente capacidad de acción como para garantizar la consecución de los objetivos pretendidos.

Que por las circunstancias descriptas, aquel proceso deberá desarrollarse en la órbita de la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que en esta inteligencia corresponde replantear la dependencia actual de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA, estableciendo su dependencia directa de la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que la reforma del sistema de compras y contrataciones es una prioridad esencial del Plan de Modernización del Estado.

Que en dicho sentido, resulta necesario compatibilizar las políticas de administración de los recursos reales del estado, con las políticas de modernización.

Que para fortalecer dicho proceso es conveniente modificar la dependencia funcional de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, transfiriéndola al ámbito de la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que por otra parte, mediante el dictado del Decreto nº 1076 de fecha 20 de noviembre de 2000, se creó en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la SUBSECRETARIA DE FOMENTO E INTEGRACION DE ECONOMIAS REGIONALES, a efectos de fomentar, entre otros aspectos, la difusión de oportunidades de inversión y, cuando correspondiera, coordinar y participar en acciones de promoción con las cámaras extranjeras de comercio, fundaciones y otras entidades del sector privado o público en el ámbito Nacional, Provincial y Municipal, a fin de maximizar la participación de sectores involucrados en el programa de inversiones extranjeras, así como servir de banco de datos para el inversor extranjero.

Que asimismo, dicha Subsecretaría debe colaborar en la elaboración de políticas y cursos de acción que tiendan al desarrollo de las economías locales y regionales, así como también al fomento de las exportaciones hacia mercados de integración regional.

Que en dicho marco, en atención a las competencias aludidas y, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las acciones públicas sectoriales, resulta conveniente transferir la citada Subsecretaría del ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA.

Que finalmente y para evitar confusiones acerca de la presunta subsistencia funcional de distintas dependencias de la Administración Pública Nacional, resulta conveniente disolver la UNIDAD DE REFORMA Y MODERNIZACION DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS creada por el Decreto nº 558 de fecha 24 de mayo de 1996.

Que el Servicio Jurídico Permanente competente ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y los artículos 21 y 26 de la Ley nº 25.401.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1° Créase la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

La mencionada Secretaría será la autoridad de aplicación del Decreto nº 103/01, y ejercerá la Secretaría Técnica de las Comisiones creadas por los artículos 9°, 10 y 11 del aludido decreto.

Artículo 2° Transfiérese la SUBSECRETARIA DE FOMENTO E INTEGRACION DE ECONOMIAS REGIONALES dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a la órbita de la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA.

Artículo 3° Sustitúyese del Anexo I al artículo 1° del Decreto nº 20 de fecha 13 de diciembre de 1999, sus modificatorios y complementarios —Organigrama de Aplicación— del apartado X, la parte correspondiente a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el que quedará conformado de acuerdo con el detalle que como planilla anexa al presente artículo, se acompaña.

Artículo 4° Modifícase del Apartado X, Anexo II, al artículo 2° del Decreto nº 20 de fecha 13 de diciembre de 1999, sus modificatorios y complementarios —Objetivos—, la parte correspondiente a las Secretarías de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, los que quedarán redactados de conformidad con el detalle obrante en las planillas anexas al presente artículo, suprimiéndose, asimismo, los correspondientes a la SUBSECRETARIA DE FOMENTO E INTEGRACION DE ECONOMIAS REGIONALES.

Artículo 5° Modifícase del Apartado XIV, Anexo I, al artículo 1° del Decreto nº 20 de fecha 13 de diciembre de 1999, sus modificatorios y complementarios —Organigrama de Aplicación—, la parte correspondiente al MINISTERIO DE ECONOMIA – SECRETARIA DE COMERCIO, incorporando la SUBSECRETARIA DE FOMENTO E INTEGRACION DE ECONOMIAS REGIONALES.

Artículo 6° Modifícase del Apartado XIV, Anexo II, al artículo 2° del Decreto nº 20 de fecha 13 de diciembre de 1999, sus modificatorios y complementarios —Objetivos—, la parte correspondiente al MINISTERIO DE ECONOMIA – SECRETARIA DE COMERCIO, incorporando los correspondientes a la SUBSECRETARIA DE FOMENTO E INTEGRACION DE ECONOMIAS REGIONALES, los que quedarán redactados de conformidad con el detalle obrante en las planillas anexas al presente artículo.

Artículo 7° La transferencia establecida en el artículo 2°, comprende los objetivos, competencias y funciones, recursos humanos, materiales y financieros. El personal involucrado mantendrá sus niveles actuales y grados de revista, niveles de funciones ejecutivas, adicionales y suplementos asignados.

Artículo 8° Transfiérese al ámbito de la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA.

Artículo 9° La transferencia dispuesta en el artículo precedente, comprende responsabilidad primaria y acciones, recursos humanos, materiales y financieros. El personal involucrado mantendrá sus niveles actuales y grados de revista, niveles de funciones ejecutivas, adicionales y suplementos asignados.

Las competencias asignadas al MINISTERIO DE ECONOMIA con relación a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se transfieren a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Artículo 10. Hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes con motivo de las transferencias dispuestas por los artículos 7° y 9°, la atención de las erogaciones de las áreas afectadas por la presente medida, serán atendidas con cargo a los créditos presupuestarios de origen de las mismas.

Artículo 11. Establécese que la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS deberá elevar al PODER EJECUTIVO NACIONAL para su aprobación su estructura organizativa hasta del primer nivel operativo dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de publicado el presente.

Artículo 12. Establécese que para posibilitar la cobertura de los cargos correspondientes a los titulares de las dependencias de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ésta queda exceptuada de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley nº 25.401.

Artículo 13. Facúltase al titular de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a efectuar designaciones de carácter transitorio en los cargos referidos en el artículo precedente, como excepción a lo dispuesto en el Título III, Capítulo III y en el artículo 71, primer párrafo, primera parte del Anexo I al Decreto nº 993/91 (t.o. 1995).

Los cargos involucrados deberán ser cubiertos conforme los sistemas de selección previstos por el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa en el Decreto nº 993/91 (t.o.1995), en el término de CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de la respectiva designación.

Artículo 14. Las designaciones efectuadas de conformidad con la facultad otorgada por el artículo precedente, deberán ajustarse a los requisitos mínimos establecidos en el artículo 11 del Anexo I al Decreto nº 993/91 (t.o. 1995) para el acceso a los niveles escalafonarios correspondientes al Agrupamiento General.

Artículo 15. Disuélvese la UNIDAD DE REFORMA Y MODERNIZACiON DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS creada por el artículo 1° del Decreto nº 558 del 24 de mayo de 1996.

Artículo 16. El Jefe de Gabinete de Ministros efectuará las reasignaciones presupuestarias correspondientes que demande la aplicación del presente Decreto.

Artículo 17. Deróganse los artículos 12 —primer párrafo— y 13 del Decreto nº 103 del 25 de enero de 2001.

Artículo 18. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DE LA RUA.

Chrystian G. Colombo.

Domingo F. Cavallo.

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 3°

(SUSTITUYE EL APARTADO X DEL ANEXO I

AL ARTICULO 1° DEL DECRETO nº 20/99)


X – JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL

SUBSECRETARIA DE RECAUDACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA

SUBSECRETARIA DE COORDINACION INTERMINISTERIAL

SUBSECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO

SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 4°

(MODIFICA EL APARTADO X DEL ANEXO II

AL ARTICULO 2° DEL DECRETO nº 20/99)


SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL


OBJETIVOS:

1. Supervisar la gestión de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en aquellas cuestiones que le sean encomendadas y coordinar la acción de los Subsecretarios del Area.

2. Intervenir en la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional propiciado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, del Proyecto de Ley de Ministerios y de su envío a la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION.

3. Asistir al Jefe de Gabinete de Ministros en la evaluación de la oportunidad, mérito y conveniencia de los Proyectos de Ley, de mensajes al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION y del decreto que dispone la prórroga de sesiones ordinarias o de la convocatoria a sesiones extraordinarias.

4. Coordinar las Delegaciones de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION y preparar la concurrencia del Jefe de Gabinete de Ministros a las sesiones legislativas. Elaborar los informes que cualquiera de las Cámaras le solicite y los que deba brindar a la Comisión Bicameral Permanente atento lo normado por el Artículo 100 incisos 9 y 11 de la Constitución Nacional.

5. Coordinar las acciones necesarias para la concurrencia del Jefe de Gabinete de Ministros al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional.

6. Confeccionar y supervisar la elaboración de la memoria detallada de la marcha del Gobierno de la Nación, asistiendo al Jefe de Gabinete de Ministros en el cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 101 de la Constitución Nacional.

7. Entender en lo referente a las relaciones del PODER EJECUTIVO NACIONAL con ambas Cámaras del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, sus Comisiones e integrantes y, en especial, en lo relativo a la tramitación de los actos que deban ser remitidos a ese Poder en cumplimiento de lo establecido en el artículo 100, inciso 6 de la Constitución Nacional y de otras leyes.

8. Entender en la evaluación de la oportunidad, mérito y conveniencia de los proyectos de decreto referentes al ejercicio de facultades delegadas por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, de los de necesidad y urgencia y de los que promulguen parcialmente leyes.

9. Coordinar juntamente con el Subsecretario de Relaciones Institucionales las políticas de la Administración vinculadas con el cumplimiento de los objetivos y de los planes de Gobierno.

10. Coordinar de manera conjunta con el Subsecretario de Coordinación Interministerial el planeamiento y seguimiento en materia interjurisdiccional, nacional y sectorial.

11. Requerir información de las áreas que integran la Administración Pública Nacional, central y descentralizada, en el cumplimiento de los distintos programas y actividades de su competencia y producir los informes a fin de recomendar las acciones correctivas pertinentes.

12. Supervisar la gestión económico financiera, patrimonial y contable y administrar la política de recursos humanos y de los sistemas de información de la Jurisdicción JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO


OBJETIVOS:

1. Asistir al Jefe de Gabinete de Ministros en todas aquellas actividades y tareas que le sean encomendadas.

2. Entender en la elaboración del Proyecto de Ley de Ministerios.

3. Determinar los lineamientos estratégicos de las políticas de modernización de la gestión pública y reforma del estado y dictar las normas reglamentarias en la materia.

4. Monitorear la ejecución del PLAN NACIONAL DE MODERNIZACION, proponer su eventual modificación y entender en su implementación.

5. Entender en la definición del marco normativo vinculado a la gestión de los recursos reales de la Administración Pública Nacional.

6. Interpretar las normas vinculadas con la relación de empleo público en sus distintos aspectos y con alcance general y obligatorio para el sector público nacional.

7. Entender en los aspectos vinculados a la capacitación, gestión y desarrollo de los recursos humanos, en procura del mejor desenvolvimiento del empleo público.

8. Representar al Estado Nacional en las Convenciones Colectivas de trabajo en las que éste sea parte.

9. Proponer diseños en los procedimientos administrativos que propicie su simplificación, transparencia y control social y elaborar los desarrollos informáticos correspondientes.

10. Entender en lo relativo a las políticas, normas y sistemas de contrataciones del Sector Público Nacional.

11. Entender en la administración y coordinación de la Red Telemática Nacional de Información Gubernamental en sus aspectos técnicos, económicos y presupuestarios.

12. Definir las estrategias sobre tecnología de información, comunicaciones asociadas y otros sistemas electrónicos de tratamiento de información en la Administración Pública Nacional.

13. Actuar como autoridad de aplicación del Régimen Normativo que establece la Infraestructura de Firma Digital para el Sector Público Nacional.

14. Entender en la implementación de los Acuerdos Programas instituidos por el inciso c) del artículo 5° de la Ley 25.152.

15. Entender en todos los aspectos referidos al desarrollo de la Escuela Superior de Gobierno.

16. Intervenir en las modificaciones presupuestarias que tengan impacto en el Plan de Modernización del Estado.

17. Participar en el Grupo de Apoyo a la elaboración del Presupuesto de la Administración Nacional.

18. Requerir información de las áreas que integran la Administración Central y descentralizada en el cumplimiento de los distintos programas y actividades de su competencia y producir los informes a fin de recomendar acciones correctivas pertinentes que aseguren el cumplimiento real de los objetivos.

19. Coordinar el proceso de transformación y reforma del Estado.

20. Coordinar el diseño de las políticas que permitan el perfeccionamiento de la organización y de los recursos humanos como así también de nuevas tecnologías en la Administración Pública Nacional.

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 6°

(MODIFICA EL APARTADO XIV DEL ANEXO II

AL ARTICULO 2° DEL DECRETO nº 20/99)


SUBSECRETARIA DE FOMENTO E INTEGRACION DE ECONOMIAS REGIONALES


OBJETIVOS

1. Asistir al Secretario de Comercio, en todas aquellas tareas y actividades que le sean encomendadas.

2. Colaborar en la formulación de políticas y cursos de acción que tiendan al desarrollo de las economías locales y regionales y al fomento de las exportaciones hacia mercados de integración regional.

3. Realizar publicaciones y organizar seminarios que permitan difundir oportunidades de inversión y, cuando corresponda, coordinar y participar en acciones de promoción con las cámaras extranjeras de comercio, fundaciones y otras entidades del sector privado o público en el ámbito Nacional, Provincial y Municipal, a fin de maximizar la participación de los distintos sectores en el programa de inversiones extranjeras y de servir de banco de datos para el inversor extranjero.

4. Colaborar en la formulación de políticas comerciales competitivas, que permitan canalizar el esfuerzo productivo nacional, regional, provincial y municipal hacia mercados no tradicionales.

5. Asesorar en los cursos de acción a seguir en materia de comercio exterior en su relación con los mercados de producción locales.

6. Coordinar y desarrollar estudios destinados a la evaluación de la situación del comercio internacional, en sus aspectos reales y financieros y su relación con la política económica general y con la comercial externa en particular.

7. Participar conjuntamente con otros organismos del Estado nacional, provincial, entes regionales y municipios, de las políticas de fomento del comercio exterior en su relación con la expansión de sus mercados en el Mercosur u otras zonas de integración regional.

8. Producir los diagnósticos necesarios que sean de utilidad para la planificación estratégica regional y provincial en relación con los nuevos roles a asumir en el contexto del Mercosur y de otros espacios de integración.

9. Participar en el diseño de las políticas de desregulación establecidas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, tanto en lo relativo a la desregulación de procedimientos internos de la Administración Pública Nacional, que coadyuven al logro de la promoción de las inversiones extranjeras, como en lo relativo al funcionamiento de la economía privada

01Ene/14

Legislación de Ecuador. Decreto Ejecutivo nº 2471. Reglamento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información Pública. (Registro Oficial 507 de 19 de enero de 2005)

 

Reglamento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

 

Publicado por Decreto Ejecutivo nº 2471; en Registro Oficial 507 de 19 de Enero del 2005.

 

Lucio Gutiérrez Borbúa

 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que la Constitución Política de la República, en el artículo 81, establece que el Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información y no existirá reserva respecto de informaciones que reposen en archivos públicos, excepto de los documentos para los que tal reserva sea exigida por razones de defensa nacional y por causas expresamente establecidas en la ley;

 

Que en el Registro Oficial Nro. 337 de 18 de mayo del 2004, se promulgó la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

 

Que es pertinente expedir normas que permitan garantizar el cumplimiento efectivo del derecho constitucional a solicitar información pública y el libre acceso a las fuentes de información; y, que coadyuve a la correcta aplicación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y,

 

En ejercicio de la atribución que le confiere el Artículo 171 numeral 5 de la Constitución Política de la República,

 

Decreta:

 

Expedir el REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.

 

Capítulo I: Disposiciones Generales

 

Artículo 1º.- Objeto.

El presente reglamento norma la aplicación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP – para ejercer el derecho a solicitar información pública y el libre acceso a fuentes de información pública.

 

Artículo 2º.- Ámbito.

Las disposiciones de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y este reglamento, se aplican a todos los organismos, entidades e instituciones del sector público y privado que tengan participación del Estado, en los términos establecidos en los Arts. 1 y 3 de la ley.

 

Artículo 3º.- Principios.

El libre acceso de las personas a la información pública se rige por los principios constitucionales de publicidad, transparencia, rendición de cuentas, gratuidad y apertura de las actividades de las entidades públicas y las que correspondan a entidades privadas que, por disposición de la ley, se consideran de interés público. La obligación de otorgar información por parte de la radio y televisión privadas estarán regidas por sus leyes pertinentes, y, además, en términos y condiciones idénticas a la de los diarios, revistas, y demás medios de comunicación de la prensa escrita.

 

Artículo 4º.- Principio de Publicidad.

Por el principio de publicidad, se considera pública toda la información que crearen, que obtuvieren por cualquier medio, que posean, que emanen y que se encuentre en poder de:

a) Instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado en las cuales, para efectos de esta ley, tengan participación el Estado o sean concesionarias de servicios públicos obligados a ser prestados por éste en cualquier modalidad; y,

b) Las organizaciones de trabajadores y servidores de las instituciones del Estado, instituciones de educación superior y en general las organizaciones no gubernamentales que perciban rentas del Estado, ya sean éstas provenientes del Presupuesto General del Estado, de deuda pública, de canje de deuda, o de tasas, contribuciones, impuestos u otras asignaciones determinadas por la ley.

La información requerida puede estar contenida en documentos escritos, grabaciones, información digitalizada, fotografías y cualquier otro medio de reproducción.

 

Artículo 5º.- Del costo.

Toda petición o recurso de acceso a la información pública será gratuito y estará exento del pago de tasas, en los términos que establece la ley. Por excepción y si la entidad que entrega la información incurriere en gastos, el peticionario deberá cancelar previamente a la institución que provea de la información, los costos que se generen.

 

Capítulo II: De la Difusión de la Información

 

Artículo 6º.- Obligatoriedad.

Todas las instituciones que se encuentren sometidas al ámbito de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, difundirán en forma, obligatoria y permanente, a través de su página web, la información mínima actualizada prevista en el artículo 7 de dicho cuerpo legal.

 

Esta información será organizada por temas, en orden secuencial o cronológico, de manera que se facilite su acceso.

 

Artículo 7º.- Garantía del Acceso a la Información.

La Defensoría del Pueblo será la institución encargada de garantizar, promocionar y vigilar el correcto ejercicio del derecho al libre acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y el cumplimiento de las instituciones públicas y privadas obligadas por la ley a proporcionar la información pública; y, de recibir los informes anuales que deben presentar las instituciones sometidas a este reglamento, con el contenido especificado en la ley.

 

El Defensor del Pueblo está obligado a solicitar a las instituciones que no hubieran difundido claramente la información a través de los portales web, que realicen los correctivos necesarios. Para tal efecto exigirá que se dé cumplimiento a esta obligación dentro del término de ocho días.

 

El Defensor del Pueblo podrá delegar ésta y las demás facultades asignadas a él por la ley, a sus representantes en las diversas provincias, en aplicación del principio de descentralización y de conformidad con la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

 

Artículo 8º.- De la Capacitación.

Los programas de difusión y capacitación dirigidos a promocionar el derecho de acceso a la información, deberán realizarse por lo menos una vez al año en cada una de las instituciones señaladas por la ley. De la misma manera deberán realizar anualmente actividades dirigidas a capacitar a la población en general sobre su derecho de acceso a la información.

 

La realización de estas actividades será vigilada por la Defensoría del Pueblo, organismo al cual deberá remitirse un informe detallado de la actividad.

 

Capítulo III: De las excepciones al Acceso a la Información Pública

 

Artículo 9º.- Excepciones.

De conformidad con la Constitución y la ley, no procede el derecho de acceso a la información pública sobre documentos calificados motivadamente como reservados por el Consejo de Seguridad Nacional y aquella información clasificada como tal por leyes vigentes. Únicamente la información detallada en la ley está excluida del derecho de acceso a la información. Consecuentemente, en los términos de la legislación vigente, se considera reservada la información, cuando se trate de:

 

1.- Información comercial o financiera:

a) Información relativa a propiedad intelectual y a la obtenida bajo promesa de reserva;

b) Información protegida por el sigilo bancario, comercial, industrial, tecnológico o bursátil; o,

c) Información de auditorías y exámenes especiales programadas o en proceso.

 

2.- Los documentos calificados como reservados por razones de defensa nacional.

 

3.- Información que afecte a la seguridad personal o familiar, especialmente si la entrega de la información pone o pudiera poner en peligro la vida o seguridad personal o familiar.

 

4.- Información relacionada con la administración de justicia, si la misma se relaciona con prevención, investigación o detección de infracciones.

 

5.- Información sobre el cumplimiento de los deberes del Estado, antes y durante los procesos de toma de decisiones:

 

a) Si la entrega de la información puede o pudiere causar un grave perjuicio a la conducción económica del Estado;

 

b) Si la entrega de la información puede o pudiere causar un grave perjuicio a los intereses comerciales o financieros legítimos de una entidad del sector público;

 

c) Si se trata de información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados de las entidades del sector público o contratados por éstas, cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa en un proceso administrativo o judicial, o de cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional del ejercicio de la abogacía; y,

 

d) Si se trata de información pública que pueda generar ventaja personal e indebida en perjuicio de terceros o del Estado.

 

6.- Información entregada a la Administración Tributaria, en los términos del artículo 99 del Código Tributario.

 

Artículo 10.- Información Reservada.

Las instituciones sujetas al ámbito de este reglamento, llevarán un listado ordenado de todos los archivos e información considerada reservada, en el que constará la fecha de resolución de reserva, período de reserva y los motivos que fundamentan la clasificación de reserva. Este listado no será clasificado como reservado bajo ningún concepto y estará disponible en la página web de cada institución.

 

Capítulo IV: Del proceso administrativo de Acceso a la Información Publica

 

Artículo 11.- De la solicitud.

La solicitud de acceso a la información deberá estar dirigida al titular de la institución de la cual se requiere la información, y contendrá los requisitos establecidos en la ley, detallando en forma precisa la identificación del solicitante, la dirección domiciliaria a la cual se puede notificar con el resultado de su petición y la determinación concreta de la información que solicita.

 

Artículo 12.- Lugar de presentación.

Las instituciones señaladas por la ley, en el plazo de 30 días a partir de la vigencia del presente reglamento, deberán comunicar y hacer pública la dependencia donde obligatoriamente se deberán presentar las solicitudes relacionadas con el acceso a la información. Está información será entregada a la Defensoría del Pueblo.

 

Artículo 13.- Delegación.

Los titulares de las instituciones públicas y privadas, delegarán mediante resolución, a sus representantes provinciales o regionales, la atención de las solicitudes de información, a fin de garantizar la prestación oportuna y descentralizada de este servicio público.

 

Artículo 14.- Plazo.

El titular de la institución que hubiere recibido la petición de acceso a la información o el funcionario o a quien se le haya delegado prestar tal servicio en su provincia o región respectiva, deberá contestar la solicitud en el plazo de diez días, prorrogable por cinco días más por causas justificadas que deberán ser debidamente explicadas al peticionario.

 

Artículo 15.- Recursos.

De conformidad con la ley, si la autoridad ante quien se hubiera presentado una solicitud de acceso a la información, la negare, no la contestare dentro del plazo establecido en la ley y en este reglamento, o lo hiciera en forma incompleta, de manera que no satisfaga la solicitud presentada, facultará al peticionario a presentar los recursos administrativos, judiciales o las acciones constitucionales que creyere convenientes, y además, se podrá solicitar la sanción que contempla la ley, a los funcionarios que actuaren de esta manera.

 

Capítulo V : Del recurso de Acceso a la Información

 

Artículo 16.- Causales.

El Recurso de Acceso a la Información Pública ante la Función Judicial procede cuando:

 

a) La autoridad ante la que se hubiere presentado la solicitud de acceso se hubiera negado a recibirla o hubiere negado el acceso físico a la información; y,

 

b) La información sea considerada incompleta, alterada o supuestamente falsa, e incluso si la negativa se hubiera fundamentado en el carácter reservado o confidencial de la misma.

 

El recurso deberá contener los requisitos establecidos en la ley, y contar con el patrocinio de un profesional del derecho y señalar casillero judicial para recibir notificaciones.

 

Artículo 17.- Competencia.

Son competentes para conocer, tramitar y ejecutar los recursos de Acceso a la Información, los jueces de lo civil o los tribunales de instancia del domicilio del poseedor de la información.

 

De la resolución del Juez o Tribunal, se podrá apelar ante el Tribunal Constitucional en el término de tres días.

 

Artículo 18.- Medidas cautelares.

La fuerza pública deberá prestar toda la colaboración que el Juez o Tribunal requiera para aplicar las medidas cautelares establecidas en la ley.

 

Capítulo VI: De las Sanciones

 

Artículo 19.-

Las sanciones determinadas en la ley, se aplicarán con estricto apego a las normas del debido proceso establecidas en la Constitución Política de la República.

 

Artículo 20.-

Las autoridades nominadoras serán las encargadas de aplicar las sanciones a los funcionarios que hubieren negado injustificadamente el acceso a la información pública determinada en la ley, o que hubieren entregado información incompleta, alterada o falsa.

 

Artículo 21.-

El Defensor del Pueblo, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley vigilará la aplicación de las sanciones impuestas a los funcionarios que incurrieren en faltas sancionadas por la ley.

 

Disposición General

El Sistema Nacional de Archivos en el plazo de noventa días expedirá el instructivo para que las instituciones sometidas a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cumplan con sus obligaciones relativas a archivos y custodia de información pública. La falta de tal instructivo no impedirá por mandato Constitucional, la aplicación de la ley y de este reglamento.

 

Disposición Transitoria

Las instituciones sujetas al ámbito de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, implementarán el portal web de acuerdo a las especificaciones técnicas que determine la Comisión Nacional de Conectividad, que permitan el ejercicio del derecho al acceso a la información pública y el libre acceso a las fuentes de información pública, que de conformidad con lo dispuesto en la segunda disposición transitoria de la LOTAIP será hasta el 18 de mayo del 2005.

 

El Ministerio de Economía y Finanzas asignará los recursos y efectuará las reasignaciones presupuestarias necesarias para la aplicación de esta disposición.

 

Disposición Final

El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

01Ene/14

Legislacion Informatica de Italia. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Codice sulla protezione dei dati personali.(Gazzetta Ufficiale n.174 del 29-7-2003 . Suppl. Ordinario n.123)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l’articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al Governo per l’emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;

VISTO l’articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I. PRINCIPI GENERALI

Articolo 1. Diritto alla protezione dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

Articolo 2. Finalità
1. Il presente testo unico, di seguito denominato «codice», garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

Articolo 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Articolo 4. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) «dati identificativi», i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
q) «Garante», l'autorità di cui all’articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) «abbonato», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) «dati relativi all’ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) «misure minime», il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31;
b) «strumenti elettronici», gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) «autenticazione informatica», l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità;
d) «credenziali di autenticazione», i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’ autenticazione informatica;
e) «parola chiave», componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) «profilo di autorizzazione», l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
g) «sistema di autorizzazione», l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «scopi storici», le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) «scopi statistici», le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
c) «scopi scientifici», le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

Articolo 5. Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.

2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.

Articolo 6. Disciplina del trattamento
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.

Titolo II. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Articolo 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Articolo 8. Esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l’esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell’articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Il Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all’articolo 160.

4. L’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l’indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

Articolo 9. Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile.

2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

3. I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. L'identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

5. La richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

Articolo 10. Riscontro all’interessato
1. Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all’articolo 84, comma 1.

4. Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell’interessato può avvenire anche attraverso l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato.

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l’utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all’entità delle richieste ed è confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato.

9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

Titolo III. REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

CAPITOLO I. REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI

Articolo 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Articolo 12. Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell’allegato A) del presente codice.

3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139.

Articolo 13. Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

Articolo 14. Definizione di profili e della personalità dell’interessato
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell’articolo 17.

Articolo 15. Danni cagionati per effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

Articolo 16. Cessazione del trattamento
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

Articolo 17. Trattamento che presenta rischi specifici
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.

2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.

CAPITOLO II. REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI

Articolo 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
1. Le disposizioni del presente CAPITOLO riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.

4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato.

5. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.

Articolo 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all’articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

Articolo 20. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.

Articolo 21. Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

Articolo 22. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

CAPITOLO III. REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

Articolo 23. Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

Articolo 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all’attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato;
h) con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

Articolo 25. Divieti di comunicazione e diffusione
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall’autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. E’ fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Articolo 26. Garanzie per i dati sensibili
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all’esterno o diffusi e l’ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall’autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

Articolo 27. Garanzie per i dati giudiziari
Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

TITOLO IV. SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO

Articolo 28. Titolare del trattamento
Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l’entità nel suo complesso o l’unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Articolo 29. Responsabile del trattamento
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

Articolo 30. Incaricati del trattamento
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l’ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’unità medesima.

Titolo V. SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI

CAPITOLO I.MISURE DI SICUREZZA

Articolo 31.Obblighi di sicurezza
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Articolo 32.Particolari titolari
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell’articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l’integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all’ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l’adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell’ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

CAPITOLO II.MISURE MINIME DI SICUREZZA

Articolo 33.Misure minime
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente CAPITOLO o ai sensi dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Articolo 34.Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Articolo 35.Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati.

Articolo 36.Adeguamento
Il disciplinare tecnico di cui all’allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente CAPITOLO, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.

Titolo VI.ADEMPIMENTI

Articolo 37.Notificazione del trattamento
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell’articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell’ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all’obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all’estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 38.Modalità di notificazione
1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell’inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell’articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

Articolo 39.Obblighi di comunicazione
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all’articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.
La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest’ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.

Articolo 40.Autorizzazioni generali
Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 41.Richieste di autorizzazione
1. Il titolare del trattamento che rientra nell’ambito di applicazione di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell’articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
3. L’eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest’ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l’autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.

Titolo VII.TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO

Articolo 42.Trasferimenti all’interno dell’Unione europea
Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta salva l’adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.

Articolo 43.Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea è consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.

Articolo 44.Altri trasferimenti consentiti
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell’interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all’Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.

Articolo 45.Trasferimenti vietati
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, è vietato quando l’ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

PARTE II.DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI

TITOLO I.TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO

CAPITOLO I.PROFILI GENERALI

Articolo 46.Titolari dei trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell’allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.

Articolo 47.Trattamenti per ragioni di giustizia
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.

Articolo 48.Banche di dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.

Articolo 49.Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l’attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.

CAPITOLO II.MINORI

Articolo 50.Notizie o immagini relative a minori
1. Il divieto di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

CAPITOLO III.INFORMATICA GIURIDICA

Articolo 51.Principi generali
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente CAPITOLO.

Articolo 52.Dati identificativi degli interessati
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l’autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d’ufficio che sia apposta l’annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all’atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l’indicazione degli estremi del presente articolo: «In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di…..».
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l’annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 734-bis del Codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell’articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l’annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

TITOLO II.TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA

CAPITOLO I.PROFILI GENERALI

Articolo 53.Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell’interno sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.

Articolo 54.Modalità di trattamento e flussi di dati
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l’aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all’articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l’ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.

Articolo 55.Particolari tecnologie
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all’interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all’ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all’introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 39.

Articolo 56.Tutela dell’interessato
Le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 53, a dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.

Articolo 57.Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all’articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;
b) all’aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l’ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell’articolo 11, dell’individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all’individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell’ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all’estero o per l’esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
f) all’uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.

TITOLO III.DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO

CAPITOLO I.PROFILI GENERALI

Articolo 58.Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all’aggiornamento e alla conservazione.

TITOLO IV.TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO

CAPITOLO I.ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 59.Accesso a documenti amministrativi
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all’applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

Articolo 60.Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

CAPITOLO II.REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI

Articolo 61.Utilizzazione di dati pubblici
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l’associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d’Europa in relazione all’articolo 11.
2. Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull’esercizio della professione.
3. L’ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell’albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività professionale.
4. A richiesta dell’interessato l’ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.

CAPITOLO III.STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI

Articolo 62.Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.

Articolo 63.Consultazione di atti
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall’articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

CAPITOLO IV.FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

Articolo 64.Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all’articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.

Articolo 65.Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell’attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
c) l’accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l’esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l’attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell’attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l’esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell’attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Articolo 66.Materia tributaria e doganale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all’ applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.

Articolo 67.Attività di controllo e ispettive
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.

Articolo 68.Benefici economici ed abilitazioni
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Articolo 69
Onorificenze, ricompense e riconoscimenti

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.

Articolo 70
Volontariato e obiezione di coscienza

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l’elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.

Articolo 71
Attività sanzionatorie e di tutela

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell’articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Articolo 72
Rapporti con enti di culto

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.

Articolo 73
Altre finalità in ambito amministrativo e sociale

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all’organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all’uso di beni immobili o all’occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall’articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all’avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l’occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.

CAPITOLO V
PARTICOLARI CONTRASSEGNI

Articolo 74
Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e l’indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

TITOLO V
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO

CAPITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 75
Ambito applicativo

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.

Articolo 76
Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell’ambito di un’attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute: con il consenso dell’interessato e anche senza l’autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato; anche senza il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capitolo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.

CAPITOLO II
MODALITÀ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO

Articolo 77
Casi di semplificazione

1. Il presente CAPITOLO individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l’interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell’articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell’articolo 80.

Articolo 78
Informativa del medico di medicina generale o del pediatra

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l’interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell’articolo 13, comma 1.
2. L’informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L’informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell’articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L’informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell’ambito di un’attività professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.
5. L’informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
b) nell’ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all’interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.

Articolo 79
Informativa da parte di organismi sanitari

1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative all’informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l’organismo o le strutture annotano l’avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all’insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti CAPITOLO alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all’articolo 80.

Articolo 80
Informativa da parte di altri soggetti pubblici

1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un’ unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l’interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L’informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell’ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.

Articolo 81
Prestazione del consenso

1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell’interessato, con annotazione dell’esercente la professione sanitaria o dell’organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all’informativa all’interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l’informativa per conto di più professionisti ai sensi dell’articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all’informativa ai sensi del medesimo comma.

Articolo 82
Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica

a) 1. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’incolumità fisica dell’interessato.
3. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l’informativa è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.

Articolo 83
Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati

1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all’interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell’eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l’eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell’interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell’ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un’esplicita correlazione tra l’interessato e reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

Articolo 84
Comunicazione di dati all’interessato

1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L’atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.

CAPITOLO III
FINALITA’ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

Articolo 85
Compiti del Servizio sanitario nazionale

1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell’interessato o all’autorizzazione del Garante ai sensi dell’articolo 76.
3. All’identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell’interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L’utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell’indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.

Articolo 86
Altre finalità di rilevante interesse pubblico

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all’applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l’applicazione delle misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l’informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 85, comma 4.

CAPITOLO IV
PRESCRIZIONI MEDICHE

Articolo 87
Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l’indicazione delle generalità e dell’indirizzo dell’assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull’uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.

Articolo 88
Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale

1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell’interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell’interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un’effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.

Articolo 89
Casi particolari

1. Le disposizioni del presente CAPITOLO non precludono l’applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l’interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l’identità dell’interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l’utilizzo.

CAPITOLO V
DATI GENETICI

Articolo 90
Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo

1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell’informativa ai sensi dell’articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l’anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 91
Dati trattati mediante carte

1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell’articolo 3, nell’osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all’articolo 17.

Articolo 92
Cartelle cliniche

1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall’interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell’articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Articolo 93
Certificato di assistenza al parto

1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell’articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile.

Articolo 94
Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario

1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell’articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all’articolo 15 del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.

TITOLO VI
ISTRUZIONE

CAPITOLO I
PROFILI GENERALI

Articolo 95
Dati sensibili e giudiziari

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.

Articolo 96
Trattamento di dati relativi a studenti

1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza.
Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

TITOLO VII
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI

CAPITOLO I
PROFILI GENERALI

Articolo 97
Ambito applicativo

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.

Articolo 98
Finalità di rilevante interesse pubblico

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l’ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.

Articolo 99
Compatibilità tra scopi e durata del trattamento

1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.

Articolo 100
Dati relativi ad attività di studio e ricerca

1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell’interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.

CAPITOLO II
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI

Articolo 101
Modalità di trattamento

1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

Articolo 102
Codice di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.

Articolo 103
Consultazione di documenti conservati in archivi

1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.

CAPITOLO III
TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI

Articolo 104
Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici

1. Le disposizioni del presente CAPITOLO si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell’applicazione del presente CAPITOLO, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l’interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.

Articolo 105
Modalità di trattamento

1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all’interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all’interessato, nei modi di cui all’articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all’articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l’informativa all’interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi, l’informativa all’interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui all’articolo 106.

Articolo 106
Codici di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all’articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

Articolo 107
Trattamento di dati sensibili

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell’interessato al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice di cui all’articolo 106 e l’autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell’articolo 40.

Articolo 108
Sistema statistico nazionale

1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell’articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l’informativa all’interessato, l’esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.

Articolo 109
Dati statistici relativi all’evento della nascita

1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall’Istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute, dell’interno e il Garante.

Articolo 110
Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica

1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell’articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.

TITOLO VIII
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

CAPITOLO I
PROFILI GENERALI

Articolo 111
Codice di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui all’articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.

Articolo 112
Finalità di rilevante interesse pubblico

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del CAPITOLO provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell’articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti. 3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.

CAPITOLO II
ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO

Articolo 113
Raccolta di dati e pertinenza

1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n.300.

CAPITOLO III
DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO

Articolo 114
Controllo a distanza

1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300.

Articolo 115
Telelavoro e lavoro a domicilio

1. Nell’ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

CAPITOLO IV
ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

Articolo 116
Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell’ambito del mandato conferito dall’interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell’articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

TITOLO IX
SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO

CAPITOLO I
SISTEMI INFORMATIVI

Articolo 117
Affidabilità e puntualità nei pagamenti

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell’interessato.

Articolo 118
Informazioni commerciali

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall' articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.

Articolo 119
Dati relativi al comportamento debitorio

1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell’interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all’articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.

Articolo 120
Sinistri

1. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l’accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni.

TITOLO X
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

CAPITOLO I
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Articolo 121
Servizi interessati

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.

Articolo 122
Informazioni raccolte nei riguardi dell’abbonato o dell’utente

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l’uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente.
2. Il codice di deontologia di cui all’articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l’uso della rete nei modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall’abbonato o dall’utente, è consentito al fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell’abbonato e dell’utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi dell’articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento.

Articolo 123
Dati relativi al traffico

1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l’abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l’ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l’abbonato o l’utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 il fornitore del servizio informa l’abbonato o l’utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell’accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata.
6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all’interconnessione o alla fatturazione.

Articolo 124
Fatturazione dettagliata

1. L’abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all’ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l’utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all’abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all’abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell’esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l’abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l’effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

Articolo 125
Identificazione della linea

1. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L’abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell’identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall’utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea collegata all’utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all’Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell’esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.

Articolo 126
Dati relativi all’ubicazione

1. I dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l’utente o l’abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest’ultimo, nonché sull’eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L’utente e l’abbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all’ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l’interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30, sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata.

Articolo 127
Chiamate di disturbo e di emergenza

1. L’abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell’identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L’inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall’abbonato specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all’abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l’inefficacia della soppressione dell’identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell’abbonato o dell’utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 128
Trasferimento automatico della chiamata

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.

Articolo 129
Elenchi di abbonati

1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all’inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all’utilizzo dei dati per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell’abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.

Articolo 130
Comunicazioni indesiderate

1. L’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell’interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. E’ vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i diritti di cui all’articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.

Articolo 131
Informazioni ad abbonati e utenti

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa l’abbonato e, ove possibile, l’utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L’abbonato informa l’utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell’abbonato medesimo.
3. L’utente informa l’altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l’ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.

Articolo 132
Conservazione di dati di traffico per altre finalità

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalità di accertamento e repressione di reati, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno e delle comunicazioni, e su conforme parere del Garante.

CAPITOLO II
INTERNET E RETI TELEMATICHE

Articolo 133
Codice di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all’articolo 11, anche ai fini dell’eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.

CAPITOLO III
VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 134
Codice di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all’interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall’articolo 11.

TITOLO XI
LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA

CAPITOLO I
PROFILI GENERALI

Articolo 135
Codice di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.

TITOLO XII
GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA

CAPITOLO I PROFILI GENERALI

Articolo 136
Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica.

Articolo 137
Disposizioni applicabili

1. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:
a) all’autorizzazione del Garante prevista dall’articolo 26;
b) alle garanzie previste dall’articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all’estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell’interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

Articolo 138
Segreto professionale

1. In caso di richiesta dell’interessato di conoscere l’origine dei dati personali ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a), restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

CAPITOLO II
CODICE DI DEONTOLOGIA

Articolo 139
Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche

1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 l’adozione da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all’articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all’articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c).

TITOLO XIII
MARKETING DIRETTO

CAPITOLO I
PROFILI GENERALI

Articolo 140
Codice di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell’interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l’eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.

PARTE III
TUTELA DELL’INTERESSATO E SANZIONI

TITOLO I
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

CAPITOLO I
TUTELA DINANZI AL GARANTE

SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 141
Forme di tutela

1. L’interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall’articolo 142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all’articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente CAPITOLO.

SEZIONE II
TUTELA AMMINISTRATIVA

Articolo 142
Proposizione dei reclami

1. Il reclamo contiene un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell’istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell’articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l’invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.

Articolo 143
Procedimento per i reclami

1. Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l’interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.

Articolo 144
Segnalazioni

1. I provvedimenti di cui all’articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all’articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un’istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento.

SEZIONE III
TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE

Articolo 145
Ricorsi

1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

Articolo 146
Interpello preventivo

1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all’interessato. In tal caso, il termine per l’integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

Articolo 147
Presentazione del ricorso

1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l’invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell’articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l’Ufficio del Garante.

Articolo 148
Inammissibilità del ricorso

1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all’Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.

Articolo 149
Procedimento relativo al ricorso

1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all’Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L’invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l’invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l’assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall’articolo 150, comma 2 e dall’articolo 151 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all’articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all’ articolo 150, comma 1.

Articolo 150
Provvedimenti a seguito del ricorso

1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell’articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l’ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

Articolo 151
Opposizione

1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all’articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell’articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all’articolo 152.

CAPITOLO II
TUTELA GIURISDIZIONALE

Articolo 152
Autorità giudiziaria ordinaria

1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l’azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell’articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l’udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

TITOLO II
L’AUTORITÀ

CAPITOLO I
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Articolo 153
Il Garante

1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell’incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un’indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto l’Ufficio di cui all’articolo 156.

Articolo 154
Compiti

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell’Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell’articolo 143;
d) vietare anche d’ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell’articolo 12 e dell’articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l’opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all’articolo 2 anche a seguito dell’evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all’articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell’Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2000, che istituisce l’»Eurodac» per il confronto delle impronte digitali e per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell’articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un’altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l’amministrazione può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

CAPITOLO II
L’UFFICIO DEL GARANTE

Articolo 155
Principi applicabili

1. All’Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l’autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.

Articolo 156
Ruolo organico e personale

1. All’Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 154;
b) l’ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure previste dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative.
Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l’ottanta per cento del trattamento economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità speciale, nonché l’individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. L’Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta un’indennità pari all’eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell’indennità integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma
6. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi dell’opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.
8. Il personale addetto all’Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all’articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

CAPITOLO III
ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Articolo 157
Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti

1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.

Articolo 158
Accertamenti

1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell’Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un’abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l’assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l’indifferibilità dell’accertamento.

Articolo 159
Modalità

1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell’articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest’ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Articolo 160
Particolari accertamenti

1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento è stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell’articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti all’Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell’effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell’organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell’organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6. La validità, l’efficacia e l’utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.

TITOLO III
SANZIONI

CAPITOLO I
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 161
Omessa o inidonea informativa all’interessato

1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

Articolo 162
Altre fattispecie

1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trentamila euro.
2 La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

Articolo 163
Omessa o incompleta notificazione

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

Articolo 164
Omessa informazione o esibizione al Garante

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 15o, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattromila euro a lire ventiquattro mila euro.

Articolo 165
Pubblicazione del provvedimento del Garante

1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

Articolo 166
Procedimento di applicazione

1. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente CAPITOLO e all’articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.

CAPITOLO II
ILLECITI PENALI

Articolo 167
Trattamento illecito di dati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

Articolo 168
Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante

1. Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 169
Misure di sicurezza

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi.
Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.
L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Articolo 170
Inosservanza di provvedimenti del Garante

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Articolo 171
Altre fattispecie

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Articolo 172
Pene accessorie

1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI DI MODIFICA

Articolo 173
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen

1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata:
a) il comma 2 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all’autorità di cui al comma 1.»;
b) il comma 2 dell’articolo 10 è soppresso;
c) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«11. 1. L’autorità di controllo di cui all’articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell’esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell’interessato all’esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall’autorità di cui all’articolo 9, comma 1.2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.»;
d) l’articolo 12 è abrogato.

Articolo 174
Notifiche di atti e vendite giudiziarie

1. All’articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
«Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.».
2. Al primo comma dell’articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: «può sempre eseguire» a «destinatario,» sono sostituite dalle seguenti: «esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,».
3. Nel quarto comma dell’articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: «l’originale» è sostituita dalle seguenti: «una ricevuta».
4. Nell’articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: «affigge avviso del deposito» sono inserite le seguenti: «in busta chiusa e sigillata».
5. All’articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: «Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.»;
b) nell’ultimo comma le parole: «ai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «al primo comma».
6. Nell’articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: «, e mediante» fino alla fine del periodo.
7. All’articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: «maggiore celerità» sono aggiunte le seguenti: «, di riservatezza o di tutela della dignità».
8. All’articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.».
9. All’articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore».
10. All’articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: «del debitore,» sono soppresse e le parole da: «informazioni» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse».
11. All’articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall’articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. «.
12. Dopo l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:
«Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.».
13. All’articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
» 3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto.»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.».
14. All’articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: «è scritta all’esterno del plico stesso» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma 3».
15. All’Articolo 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all’articolo 148, comma 3, del codice.».
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.»;
b) all’articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «L’agente postale rilascia avviso» sono inserite le seguenti: «, in busta chiusa, del deposito».

Articolo 175
Forze di polizia

1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, senza l’ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata l’esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell’articolo 11.
3. L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Articolo 10 (Controlli)
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.».

Articolo 176
Soggetti pubblici

1. Nell’articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: «mediante strumenti informatici» sono inserite le seguenti: «, fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, «.
2. Nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.».
3. L’articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. E’ istituito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle politiche del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.».
4. Al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l’articolo 6 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
5. L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l’adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l’amministrazione del personale, l’ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.».
6. La denominazione: «Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione» contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione».

Articolo 177
Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali

1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «7. L’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.».
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all’articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto.
4. Nel primo comma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: «Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.».

Articolo 178
Disposizioni in materia sanitaria

1. Nell’articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: «il Consiglio sanitario nazionale» e prima della virgola sono inserite le seguenti: «e il Garante per la protezione dei dati personali».
2. All’articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L’operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato, nonché della relativa dignità.»;
b) nel comma 2, le parole: «decreto del Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti:
«decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».
3. Nell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, in fine, il seguente periodo:
«Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l’accesso di terzi ai dati in esse contenuti. «.
4. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all’estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell’articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: «riguarda anche» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali».

Articolo 179
Altre modifiche

1. Nell’articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: «; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare» e: «garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;».
2. Nell’articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: «4,» e «,8».
3. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all’articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali».
4. Dopo l’articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, è inserito il seguente:
«Articolo 107-bis.
Trattamento di dati personali per scopi storici
1. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 107, comma 2, conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.
2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario per scopi storici. Ai documenti è allegata la documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico».

CAPITOLO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 180
Misure di sicurezza

1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all’allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime di cui all’articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all’allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all’articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore del codice.

Articolo 181
Altre disposizioni transitorie

1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell’articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall’articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall’articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) le modalità semplificate per l’informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l’interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004;
f) l’utilizzazione dei modelli di cui all’articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.
3. L’individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell’allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell’articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.
5. L’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell’entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell’interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell’articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell’adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell’ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all’articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l’attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

Articolo 182
Ufficio del Garante

1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a) può individuare i presupposti per l’inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l’Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;
b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l’Ufficio del Garante che abbia maturato un’esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.

CAPITOLO III
ABROGAZIONI

Articolo 183
Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la Legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l’articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto  legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:
a) l’Articolo 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b) l’articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l’articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;
d) l’articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;
e) l’Articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l’articolo 2, comma 5-quater, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g) l’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
h) l’articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
i) l’articolo 8, quarto comma, e l’articolo 9, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell’articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.

CAPITOLO IV
NORME FINALI

Articolo 184
Attuazione di direttive europee

1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

Articolo 185
Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta

1. L’allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all’articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.

Articolo 186
Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01Ene/14

Decreto Ley nº 22.128 de 28 marzo 1978, aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la ONU por Resolución nº 2200A (XXI) de 16 diciembre 1966

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución nº 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, adoptó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

Que es conveniente a los intereses nacionales la aprobación de dicho instrumento internacional;

En uso de las facultades de que esta investido, y

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros

 

Ha dado el Decreto Ley siguiente:

 

Artículo Único.- Apruébase el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticoss adoptado en la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.

 

Por tanto, mando se publique y cumpla

Lima, 28 de marzo de 1978

Gral. de Div. EP Fco. Morales Bermúdez C.

Gral. de Div. EP Oscar Molina Pallocchia

Vice_Almirante AP Jorge Parodi Galliani

Tnte. Gral. FAC Jorge Tamayo de la Flor

Embajador José de la Puente Radbill

01Ene/14

Decreto Supremo nº 019-2002/JUS, de 15 de mayo de 2002. Reglamento de la Ley de firmas y certificados digitales (Publicado el 18 de mayo de 2002) (Modificado por Decreto Supremo nº 024-2002-JUS, publicado el 12 de julio de 2002)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley nº 27269, se aprobó la Ley de Firmas y Certificados Digitales; disponiendo en su Artículo 16, que el Poder Ejecutivo reglamentará la citada Ley.

Que, mediante Ley nº 27310, se modificó el Artículo 11 de la referida Ley, en el sentido, que los Certificados de Firmas Digitales emitidos por Entidades Extranjeras tendrán la misma validez y eficacia jurídica reconocidas en la Ley nº 27269, siempre y cuando, tales certificados sean reconocidos por la Autoridad Administrativa Competente;

Que, la Autoridad Administrativa Competente de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley nº 27269, será determinada por el Poder Ejecutivo, estableciendo sus funciones;

Que, por Resolución Suprema nº 098-2000-JUS, se designó la Comisión Multisectorial encargada de elaborar el Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales;

Que, mediante Resolución Suprema nº 280-2001-JUS, se dio por concluida la labor de la Comisión Multisectorial citada en el considerando anterior, publicándose el Proyecto de Reglamento en el Diario Oficial para los comentarios y sugerencias del caso;

Que, el Ministerio de Justicia ha cumplido con evaluar los diversos comentarios y sugerencias recibidas, incorporándose los aportes pertinentes que han enriquecido y mejorado el Reglamento;

Que, es necesario aprobar el Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales – Ley nº 27269, que permitirá poner en práctica y difundir en el más breve plazo el uso de las Firmas Electrónicas, así como las Firmas y Certificados Digitales, a través de la adecuada regulación de las Entidades de Certificación y de las Entidades de Registro o Verificación;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del Artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobar el Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales – Ley nº 27269, que consta de tres (3) Títulos, cincuenta (50) Artículos y dos (2) Disposiciones Finales.

Artículo 2°.- Designar al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) como la autoridad administrativa competente, conforme a lo establecido en el Artículo 15 de la Ley nº 27269.

Artículo 3°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de Justicia.

 

Dado en la Casa de Gobierno, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil dos.

RAÚL DIEZ CANSECO TERRY

Primer Vicepresidente de la República

Encargado del Despacho Presidencial

ROBERTO DAÑINO ZAPATA

Presidente del Consejo de Ministros

FERNANDO ROSPIGLIOSI C.

Ministro del Interior

Encargado de la Cartera de Justicia

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES LEY nº 27269

TÍTULO I .- NORMAS GENERALES

CAPÍTULO I

Artículo 1°.- Objeto

El Reglamento regula, para el sector público y privado, la utilización de firmas electrónicas en mensaje de datos y documentos electrónicos, generadas bajo la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica comprendiendo el régimen de acreditación y supervisión de las entidades de certificación, así como de las entidades de registro o verificación, establecidas en la Ley nº 27269 -Ley de Firmas y Certificados Digitales-, modificada en su Artículo 11 por la Ley nº 27310.

Cuando en el Reglamento se haga referencia a la Ley, debe entenderse referida a la Ley nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. Cuando se mencione el Reglamento debe entenderse referido al presente Reglamento, de la Ley nº 27269.

Las firmas electrónicas aprobadas por la autoridad administrativa competente, tienen, desde su aprobación los mismos efectos que las firmas generadas bajo la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica conforme a lo establecido en el Reglamento.

Artículo 2°.- Principio de la autonomía de la voluntad

Las disposiciones contenidas en el Reglamento no restringen la autonomía privada para el uso de otras firmas electrónicas generadas fuera de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, ni afecta los pactos que acuerden las partes sobre validez y eficacia jurídica de la firma electrónica conforme a lo establecido en el Artículo 1 de la Ley.

Artículo 3°.- Régimen de servicios de certificación

La prestación de servicios de certificación así como los de registro o verificación se sustenta en el principio de libre competencia y en el marco de una economía social de mercado.

Artículo 4°.- Definiciones

Para efectos del Reglamento, entiéndase por:

Acreditación.- Proceso a través del cual la autoridad administrativa competente, previo cumplimiento de las exigencias establecidas en la Ley, faculta a las entidades solicitantes reguladas en el Reglamento a prestar los servicios solicitados en el marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica.

Agente automatizado.- Procesos y equipos programados para atender requerimientos predefinidos y dar una respuesta automática sin intervención humana, en dicha fase.

Algoritmo.- Conjunto ordenado y finito de operaciones matemáticas que permiten hallar la solución a un problema.

Autenticación.- Proceso técnico que permite determinar la identidad de la persona que firma electrónicamente, en función del mensaje firmado por éste y al cual se le vincula; este proceso no otorga certificación notarial ni fe pública.

Autoridad Administrativa Competente.- Organismo público responsable de acreditar a las entidades de certificación y a las entidades de registro o verificación, de reconocer los estándares tecnológicos aplicables en la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, de supervisar dicha Infraestructura, y las otras funciones señaladas en el Reglamento o aquéllas que requiera en el transcurso de sus operaciones. Certificado digital.- Documento electrónico generado y firmado digitalmente por una entidad de certificación el cual vincula un par de claves con una persona natural o jurídica confirmando su identidad.

Certificación Cruzada.- Acto por el cual una entidad de certificación acreditada reconoce la corrección y validez de un certificado digital emitido por otra entidad de certificación, sea nacional, extranjera o internacional, previa autorización de la autoridad administrativa competente; y asume tal certificado como si fuera de propia emisión, bajo su responsabilidad.

Clave privada.- En un sistema de criptografía asimétrica, es aquella que se emplea para generar una firma digital sobre un mensaje de datos y es mantenida en reserva por el titular de la firma digital.

Clave pública.- En un sistema de criptografía asimétrica, es aquella usada por el destinatario de un mensaje de datos para verificar la firma digital puesta en dicho mensaje y que puede ser conocida por cualquier persona.

Código de verificación.- Secuencia de bits de longitud fija obtenida como resultado de procesar un mensaje de datos con un algoritmo, de tal manera que:

(1) El mensaje de datos produzca siempre el mismo código de verificación cada vez que se le aplique dicho algoritmo.

(2) Sea improbable, a través de medios técnicos, que el mensaje de datos pueda ser derivado o reconstruido a partir del código de verificación producido por el algoritmo.

(3) Sea improbable que, por medios técnicos, se pueda encontrar dos mensajes de datos que produzcan el mismo código de verificación al usar el mismo algoritmo.

Criptografía asimétrica.- Es una técnica basada en el uso de un único par de claves; una clave privada y una clave pública relacionadas matemáticamente entre sí de tal manera que una no pueda operar sin la otra y de tal forma que las personas que conocen la clave pública no puedan derivar de ella la clave privada.

Declaración de prácticas de certificación.- Documento oficialmente presentado por una entidad de certificación a la Autoridad Administrativa Competente, mediante la cual define sus Prácticas de Certificación.

Declaración de Prácticas de Registro o Verificación.- Documento oficialmente presentado por una Entidad de Registro o Verificación a la Autoridad Administrativa Competente, mediante la cual define sus Prácticas de Registro o Verificación.

Depósito de certificados digitales.- Sistema de almacenamiento y recuperación de certificados digitales, así como de la información relativa a éstos, disponible por medios telemáticos.

Destinatario.- Persona designada por el iniciador para recibir un mensaje de datos o un documento electrónico, siempre y cuando no actúe a título de intermediario.

Documento Electrónico.- Conjunto de datos basados en bits o impulsos electromagnéticos, elaborados, generados, transmitidos, comunicados y archivados a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo.

Entidad de Certificación.- Persona jurídica que presta indistintamente servicios de producción, emisión, gestión, cancelación u otros servicios inherentes a la certificación digital.

Asimismo, puede asumir las funciones de registro o verificación.

Entidad de Certificación Extranjera.- La que no se encuentra domiciliada en el país, ni inscrita en los Registros Públicos del Perú, conforme a la legislación de la materia.

Entidad de Registro o Verificación.- Persona jurídica encargada del levantamiento de datos, la comprobación de éstos respecto a un solicitante de certificado digital, la aceptación y autorización de las solicitudes para la emisión de certificados digitales, así como de la aceptación y autorización de las solicitudes de cancelación de certificados digitales.

Estándares Técnicos Internacionales.- Requisitos de orden técnico y de uso internacional que deben observarse en las Prácticas de Certificación para garantizar el intercambio de claves públicas, y la emisión de firmas y certificados digitales, mediante criptografía asimétrica.

Estándares Técnicos Nacionales.- Estándares técnicos aprobados mediante Normas Técnicas Peruanas por la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales – CRT del INDECOPI, en su calidad de Organismo Nacional de Normalización.

Firma digital.- Aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía asimétrica y que tiene la finalidad de asegurar la integridad del mensaje de datos a través de un código de verificación, así como la vinculación entre el titular de la firma digital y el mensaje de datos remitido.

Firma electrónica.- Cualquier símbolo basado en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse, autenticar y garantizar la integridad de un documento electrónico o un mensaje de datos cumpliendo todas o algunas de las funciones características de una firma manuscrita.

Reconocimiento.- Proceso a través del cual la autoridad administrativa competente, equipara y reconoce oficialmente a las entidades de certificación extranjeras.

Infraestructura Oficial de Firma Digital.- Sistema confiable, acreditado, regulado, y supervisado por la autoridad administrativa competente en el marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica mediante el uso de tecnología de firma digital, en la que participan entidades de certificación y entidades de registro o verificación acreditadas ante la autoridad administrativa competente.

Infraestructura Oficial de Firma Electrónica.- Sistema confiable, acreditado, regulado, y supervisado por la autoridad administrativa competente constituido por programas, equipos, estándares, políticas, procesos, procedimientos u otros recursos que permiten la generación de firmas electrónicas y que garantizan la autenticación e integridad de los documentos electrónicos.

Iniciador.- Persona que haya actuado por su cuenta o a cuyo nombre se haya actuado para enviar o generar un mensaje de datos antes de ser archivado, pero que no haya actuado a título de intermediario.

Integridad.- Característica que indica que un mensaje de datos o un documento electrónico no han sido alterados desde la transmisión por el iniciador hasta su recepción por el destinatario.

Intermediación Digital.- Procedimiento facultativo al que se accede expresa y voluntariamente, por el cual, en la transmisión de un mensaje de datos o documento por vía electrónica, con firma digital, interviene un Tercero Neutral que cumple con lo establecido por el Decreto Legislativo nº 681 con el fin de grabar, almacenar y conservar los contenidos de mensajes de datos y documentos en un micro archivo; y certificar respecto a ellos, a solicitud de los interesados o de las autoridades competentes, los datos sobre su envío, fecha y hora de recepción por el destinatario; identificación del emisor; y el contenido, autenticidad y no alteración de los textos; y cualquier otro legalmente posible. Pueden prestar este servicio aquellas personas que cumplen con las normas establecidas en el Decreto Legislativo nº 681 y sus normas modificatorias y reglamentarias.

(Modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo nº 024-2002-JUS)

Medios Telemáticos.- Conjunto de bienes y elementos técnicos informáticos que en unión con las telecomunicaciones permiten la generación, procesamiento, transmisión, comunicación y archivo de datos e información. Mensaje de datos.- Es la información generada, transmitida, recibida, archivada, comunicada por medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo; tales como, el intercambio electrónico de datos (EDI, por sus siglas en inglés), el correo electrónico, el telegrama, el télex, el telefax, entre otros.

Neutralidad Tecnológica.- Principio que fomenta la creación y uso de diversas tecnologías, sin preferir, restringir, ni discriminar a ninguna de ellas.

Par de claves.- En un sistema de criptografía asimétrica, comprende una clave privada y su correspondiente clave pública, ambas asociadas matemáticamente.

Servicio de Valor Añadido en Firmas Electrónicas.- Servicio complementario a las funciones de certificación, verificación o registro al interior de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, como fuera de ella.

Tiempo Universal Coordinado (UTC).- Hora relacionada con el Meridiano de Greenwich.

Titular de certificado digital.- Persona natural o jurídica a quien se le atribuye de manera exclusiva un certificado digital.

Titular de firma digital.- Persona natural a quien se le vincula de manera exclusiva con un mensaje de datos firmado digitalmente utilizando su clave privada.

Por excepción, en el caso de firmas digitales generadas a través de agentes automatizados, se considera titular de la firma digital a la persona natural o jurídica titular del certificado digital a partir del cual se generan dichas firmas digitales.

Tercero Neutral.- Persona facultada de conformidad con el Decreto Legislativo nº 681 y sus normas modificatorias y reglamentarias, para grabar, almacenar o conservar, cuando corresponda los contenidos de mensajes transmitidos por vía electrónica. De acuerdo con lo dispuesto en las normas citadas, el Notario o Fedatario, con certificado de Idoneidad Técnica expide copia certificada de los mensajes de datos e insertos, con valor probatorio, certificando quién es el titular de la firma digital que se identifica con el mensaje de datos o documento, cuándo fue expedido y recibido, la no alteración de los textos y cualquier otro dato legalmente posible.

(Adicionado por el Artículo 2° del Decreto Supremo nº 024-2002-JUS)

CAPÍTULO II.- VALIDEZ Y EFECTOS JURÍDICOS DE LAS FIRMAS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Artículo 5°.- Firmas en la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica

Toda firma electrónica añadida o asociada lógicamente a un mensaje de datos o a un documento electrónico y generada bajo la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, cumple con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento.

Artículo 6°.- Validez de otras firmas electrónicas

Para efectos de la manifestación de voluntad, las firmas electrónicas añadidas o asociadas lógicamente a un mensaje de datos o un documento electrónico y generadas fuera de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tendrán la misma validez y eficacia jurídica que las firmas manuscritas, siempre que sean acreditadas o reconocidas por la autoridad administrativa competente.

Artículo 7°.- Documentos Firmados Electrónicamente como medios de prueba

Las firmas electrónicas así como los mensajes de datos y documentos firmados electrónicamente podrán ser admitidas como prueba en toda clase de procesos o procedimientos. El Juez podrá solicitar a la autoridad administrativa competente el nombramiento de un perito especializado en firmas electrónicas.

En el caso de las firmas electrónicas que estén asociadas a un documento o mensaje de datos incorporado en un micro archivo adjunto por medio de la Intermediación Digital, el notario o fedatario, con Certificado de Idoneidad Técnica, interviniente cumplirá con las normas del Decreto Legislativo nº 681 y cuidará de cumplir aquellas normas que sean pertinentes de la Ley de Firmas y Certificados Digitales y de este Reglamento.

(Adicionado por el Artículo 3° del Decreto Supremo nº 024-2002-JUS)

Artículo 8°.- Presunciones acerca de las firmas electrónicas bajo la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica

Tratándose de mensaje de datos o documentos firmados electrónicamente con firmas generadas bajo la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, se presume que el documento o mensaje de datos fue enviado y firmado por su titular, de manera tal que identifica y vincula al firmante, y garantiza la autenticación e integridad del mismo.

Las disposiciones y presunciones del Reglamento no excluyen el cumplimiento de las formalidades específicas requeridas para los actos jurídicos y el otorgamiento de fe pública.

Artículo 9°.- Tecnologías de firmas electrónicas al interior de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica

La Infraestructura Oficial de Firma Electrónica se puede basar en las siguientes tecnologías de firmas electrónicas:

a) Tecnologías de firmas digitales, sobre la cual se basa la Infraestructura Oficial de Firma Digital.

b) Otras tecnologías de firmas electrónicas que sean aprobadas por la autoridad administrativa competente de acuerdo con el principio de neutralidad tecnológica.

Artículo 10°.- Conservación de mensaje de datos o documentos electrónicos

Cuando el usuario lo solicite o la legislación exija que los documentos, registros o informaciones requieran de una formalidad adicional para la conservación de mensaje de datos o documentos electrónicos firmados electrónicamente, deberá cumplirse con lo siguiente:

a) Que sean accesibles para su posterior consulta.

b) Que sean conservados con su formato original de generación, envío, recepción u otro formato que reproduzca en forma demostrable la exactitud e integridad del contenido digital o electrónico.

c) Que sea conservado todo dato que permita determinar el origen, destino, fecha y hora el envío y recepción, en concordancia con lo establecido en el Decreto Legislativo nº 681 y sus normas complementarias.

Cuando los documentos y mensajes de datos firmados electrónicamente sean conservados mediante microformas y almacenados en microarchivos, se sujetarán a lo dispuesto por el Decreto Legislativo nº 681 y sus normas modificatorias y reglamentarias. El notario o fedatario responsable, que cuente con certificado o diploma de idoneidad técnica, certifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo.

TÍTULO II.- DE LA INFRAESTRUCTURA OFICIAL DE FIRMA DIGITAL

CAPÍTULO I.- ASPECTOS GENERALES

Artículo 11°.- Elementos de la Infraestructura Oficial de Firma Digital

La Infraestructura Oficial de Firma Digital está constituida por:

a) Prácticas de certificación basadas en estándares internacionales o compatibles a los empleados internacionalmente, de acuerdo con lo establecido por la autoridad administrativa competente.

b) El soporte lógico o conjunto de instrucciones para los equipos de cómputo y comunicaciones, los elementos físicos y demás componentes adecuados a las prácticas de certificación y a las condiciones de seguridad adicionales, comprendidas en los estándares señalados en el literal a).

c) Personal competente para la conducción de las prácticas de certificación y el mantenimiento de la Infraestructura Oficial de Firma Digital.

d) Sistema de gestión que permita el mantenimiento de las condiciones señaladas en los literales anteriores, así como la seguridad, confidencialidad, transparencia y no-discriminación en la prestación de sus servicios.

e) autoridad administrativa competente, así como entidades de certificación y entidades de registro o verificación debidamente acreditadas o reconocidas.

Artículo 12°.- Estándares aplicables bajo la Infraestructura Oficial de Firma Digital

Las prácticas de certificación comprendidas en la Infraestructura Oficial de Firma Digital deben estar basadas sobre los estándares técnicos internacionales vigentes que aseguren la interoperabilidad y las funciones exigidas en la Ley como en el Reglamento.

La autoridad administrativa competente determinará los estándares compatibles aplicando el principio de neutralidad tecnológica con la necesidad de cumplir los requisitos mencionados en el párrafo anterior.

CAPÍTULO II.- DE LA FIRMA DIGITAL

Artículo 13°.- Firmas digitales generadas bajo la Infraestructura Oficial de Firma Digital

Las firmas digitales que gozan de las presunciones establecidas en los Artículos 6 y 8 del Reglamento son las generadas a partir de certificados digitales:

a) Emitidos conforme a lo dispuesto en el Reglamento por entidades de certificación acreditadas ante la autoridad administrativa competente.

b) Incorporados a la Infraestructura Oficial de Firma Digital bajo acuerdos de certificación cruzada, conforme al Artículo 49 del Reglamento.

c) Reconocidos al amparo de acuerdos de reconocimiento mutuo suscritos por la autoridad administrativa competente conforme al Artículo 47 del Reglamento.

d) Emitidos por entidades de certificación extranjeras que hayan sido incorporados por reconocimiento a la Infraestructura Oficial de Firma Digital conforme al Artículo 48 del Reglamento.

Artículo 14°.- Características de la firma digital

Las características mínimas de la firma digital generadas bajo la Infraestructura Oficial de Firma Digital son:

a) Se genera al cifrar el código de verificación de un mensaje de datos usando la clave privada del titular del certificado digital.

b) Es única al titular de la firma digital y a cada mensaje de datos firmado por éste.

c) Es susceptible de ser verificada usando la clave pública del titular de la firma digital.

d) Su generación está bajo el control exclusivo del titular de la firma digital.

e) Está añadida o asociada lógicamente al mensaje de datos de tal manera que es posible detectar si la firma digital o el mensaje de datos ha sido alterado.

Artículo 15°.- Funciones de la firma digital

Dadas las características señaladas en el artículo anterior, técnicamente la firma digital debe garantizar:

a) Que el mensaje de datos fue enviado y firmado con la clave privada del titular de la firma digital.

b) La integridad del mensaje de datos firmado digitalmente, dado que cualquier alteración en el mensaje de datos o en la firma digital puede ser detectada.

c) Que el titular de la firma digital no pueda repudiar o desconocer un mensaje de datos que ha sido firmado digitalmente usando su clave privada, dado que ésta se mantiene bajo su control exclusivo.

Artículo 16°.- Del titular de la firma digital

Dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Digital, la responsabilidad sobre los efectos jurídicos generados por la utilización de una firma digital corresponde al titular del certificado digital.

Tratándose de personas naturales, éstas son titulares del certificado y de las firmas digitales que se generen a partir de aquél, incluyendo las firmas digitales que genere a través de agentes automatizados.

En el caso de personas jurídicas, son éstas las titulares del certificado digital, y sus representantes los titulares de la firma digital, con excepción de las firmas digitales que se generen a través de agentes automatizados, situación en la cual las personas jurídicas son titulares del certificado y de las firmas digitales generadas a partir de éstos.

Artículo 17°.- Obligaciones del titular de la firma digital

Las obligaciones del titular de la firma digital son:

a) Entregar información veraz bajo su responsabilidad.

b) Generar la clave privada y firmar digitalmente mediante los procedimientos señalados por la entidad de certificación.

c) Mantener el control y la reserva de la clave privada bajo su responsabilidad.

d) Observar las condiciones establecidas por la entidad de certificación para la utilización del certificado digital y la generación de firmas digitales.

Artículo 18°.- Invalidez de la firma digital

Una firma digital generada bajo la Infraestructura Oficial de Firma Digital pierde validez si es utilizada:

a) En fines distintos para el que fue extendido el certificado digital.

b) Cuando el certificado haya sido cancelado conforme a lo establecido en el Capítulo IV del presente Título.

CAPÍTULO III.- DEL CERTIFICADO DIGITAL

Artículo 19°.- Requisitos para obtener un certificado digital

Para la obtención de un certificado digital el solicitante deberá acreditar lo siguiente:

a) Tratándose de personas naturales, tener plena capacidad de ejercicio de sus derechos civiles.

b) Tratándose de personas jurídicas, acreditar la existencia de la misma y su vigencia mediante los instrumentos públicos o norma legal respectivos. Artículo 20°.- Especificaciones adicionales para ser titular de un certificado digital

Para ser titular de un certificado digital adicionalmente se deberá cumplir con:

Entregar la información solicitada por la entidad de certificación o la entidad de registro o verificación, asumiendo responsabilidad por la veracidad y exactitud de la información proporcionada, sin perjuicio de la respectiva comprobación.

En el caso de personas naturales, la solicitud del certificado digital y el registro o verificación de su identidad son estrictamente personales. La persona natural solicitante se constituirá en titular del certificado digital y de las firmas digitales que se generen.

Para el caso de personas jurídicas, la solicitud del certificado digital del cual ésta será titular y el registro o verificación de su identidad deben ser realizados a través de un representante debidamente acreditado. Conjuntamente con la solicitud debe indicarse el representante, persona natural, al cual se le asignará la facultad de generar y usar la clave privada, señalando para tal efecto las atribuciones y los poderes de representación correspondientes. Dicha persona natural será el titular de las firmas digitales. Tratándose de certificados digitales solicitados por personas jurídicas para su utilización a través de agentes automatizados, la titularidad del certificado digital y de las firmas digitales generadas a partir de dicho certificado digital corresponderá a la persona jurídica. La atribución de responsabilidad, para tales efectos, corresponde al representante legal, que en nombre de la persona jurídica solicita el certificado digital.

Artículo 21°.- Procedimiento para ser titular de un certificado digital

Para el caso de personas naturales, éstas deberán presentar una solicitud a la entidad de registro o verificación, según sea el caso; dicha solicitud deberá estar acompañada de toda la información requerida por la declaración de prácticas de certificación o en los procedimientos declarados. La entidad de registro o verificación deberá comprobar la identidad del solicitante a través de su documento oficial de identidad. La entidad de certificación cumplirá lo dispuesto en el presente artículo, en el supuesto previsto en el segundo párrafo del Artículo 12 de la Ley.

En el caso de una persona jurídica, la solicitud deberá ser presentada por la persona facultada para tal fin, debiendo acreditar la existencia y vigencia de la persona jurídica mediante los instrumentos públicos o norma legal respectiva, así como las facultades del representante.

Asimismo, deberá presentar toda la información requerida por la declaración de prácticas de la entidad correspondiente.

Artículo 22°.- Obligaciones del titular de certificado digital

a) Actualizar permanentemente la información proveída tanto a la entidad de certificación como a la entidad de registro o verificación, asumiendo responsabilidad por la veracidad y exactitud de ésta.

b) Solicitar de inmediato la cancelación de su certificado digital en caso de que la reserva sobre la clave privada se haya visto comprometida, bajo responsabilidad.

c) Observar permanentemente las condiciones establecidas por la entidad de certificación para la utilización del certificado digital.

Artículo 23°.- Contenido del certificado digital

Los certificados digitales emitidos dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Digital deberán contener como mínimo lo establecido en el Artículo 7 de la Ley.

La entidad de certificación podrá incluir, a pedido del solicitante del certificado digital, información adicional siempre y cuando la entidad de registro o verificación compruebe fehacientemente la veracidad de ésta.

Artículo 24°.- Período de vigencia

El período de vigencia de los certificados digitales comienza y finaliza en las fechas indicadas en él, salvo en los supuestos de cancelación conforme al Artículo 9 de la Ley.

CAPÍTULO IV.- DE LA CANCELACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES

Artículo 25°.- Causales de cancelación del certificado digital

a) Por solicitud del titular sin previa justificación, siendo necesario para tal efecto la aceptación y autorización de la entidad de certificación o la entidad de registro o verificación, según sea el caso. La misma que deberá ser aceptada y autorizada como máximo dentro del plazo establecido por la autoridad administrativa competente, si en el plazo indicado la entidad no se pronuncia, se entenderá la cancelación del certificado; la misma que no podrá ser opuesta al tercero de buena fe.

b) Por revocatoria de la entidad de certificación, con expresión de causa.

c) Por expiración del plazo de vigencia.

d) Por el cese de operaciones de la entidad de certificación que lo emitió.

e) Por resolución administrativa o judicial que lo ordene.

f) Por interdicción civil judicialmente declarada, declaración de ausencia o de muerte presunta, del titular del certificado digital.

g) Por extinción de la personería jurídica o declaración judicial de quiebra.

h) Otras causales que establezca la autoridad administrativa competente.

Artículo 26°.- Cancelación del certificado digital a solicitud de su titular

La solicitud de cancelación de un certificado digital puede ser realizada por su titular o a través de un representante debidamente acreditado; pudiendo realizarse mediante documento electrónico firmado digitalmente, de acuerdo con los procedimientos definidos en cada caso por las entidades de certificación.

El titular del certificado digital está obligado, bajo responsabilidad, a solicitar la cancelación al tomar conocimiento de la ocurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) Por exposición, puesta en peligro o uso indebido de la clave privada.

b) Por deterioro, alteración o cualquier otro hecho u acto que afecte la clave privada.

Artículo 27°.- Cancelación por revocación

Para efectos de la cancelación de oficio o revocación de certificados digitales, la entidad de certificación debe contar con procedimientos detallados en su declaración de prácticas de certificación.

La revocación también puede ser solicitada por un tercero que informe fehacientemente de alguno de los supuestos de revocación contenidos en los numerales 1) y 2) del Artículo 10 de la Ley.

La revocación debe indicar el momento desde el cual se aplica, precisando como mínimo la fecha y el tiempo del mismo, que deberá estar expresado en minutos y segundos. La revocación no puede ser aplicada retroactivamente y debe ser notificada al titular del certificado digital. La entidad de certificación debe inmediatamente incluir la revocación del certificado en la relación que corresponda.

CAPÍTULO V.- DE LA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN

Artículo 28°.- De las funciones de la entidad de certificación

Las entidades de certificación tendrán las siguientes funciones:

a) Emitir certificados digitales manteniendo su numeración correlativa.

b) Cancelar certificados digitales.

c) Gestionar certificados digitales emitidos en el extranjero.

d) Adicionalmente a las anteriores las señaladas en el Artículo 32 del Reglamento, en caso opten por asumir las funciones de entidad de registro o verificación.

Las entidades de certificación podrán brindar otros servicios inherentes a los de certificación, cuyas características y procedimientos estarán contenidos en su declaración de prácticas de certificación.

Artículo 29°.- De las obligaciones de la entidad de certificación

Las entidades de certificación tienen las siguientes obligaciones:

a) Cumplir con su declaración de prácticas de certificación.

b) Informar a los usuarios todas las condiciones de emisión y de uso de sus certificados digitales, incluyendo las referidas a la cancelación de éstos.

c) Mantener el control y la reserva de la clave privada que emplea para firmar los certificados digitales que emite, bajo responsabilidad.

d) Mantener depósito de los certificados digitales emitidos y cancelados, consignando su fecha de emisión y vigencia.

e) Publicar permanente e ininterrumpidamente por medios telemáticos la relación de los certificados digitales emitidos y cancelados.

f) Cancelar el certificado digital a solicitud de su titular o, de ser el caso, a solicitud del titular de la firma digital; o cuando advierta que la información contenida en el certificado digital fuera inexacta o hubiera sido modificada, o que el titular incurriera en alguna de las causales previstas en el Artículo 25 del Reglamento.

g) Mantener la confidencialidad de la información relativa a los solicitantes y titulares de certificados digitales, limitando su empleo a las necesidades propias del servicio de certificación, salvo orden judicial o pedido expreso del titular del certificado digital.

h) Brindar todas las facilidades al personal autorizado por la autoridad administrativa competente para efectos de supervisión y auditoría.

i) Mantener la información relativa a los certificados digitales que hubieren sido cancelados, por un período mínimo de diez (10) años a partir de su cancelación.

j) Cumplir los términos bajo los cuales obtuvo la acreditación, así como los requerimientos adicionales que establezca la autoridad administrativa competente conforme a lo establecido en el Reglamento.

k) Informar y solicitar autorización a la autoridad administrativa competente para realizar acuerdos de certificación cruzada que proyecte celebrar, así como los términos bajo los cuales dichos acuerdos se suscribirían.

I) Informar y solicitar autorización a la autoridad administrativa competente para efectos del reconocimiento de certificados emitidos por entidades extranjeras.

 m) Cumplir sus funciones dentro de los plazos señalados en su declaración de prácticas de certificación.

n) Contratar los seguros o garantías bancarias necesarias que permitan indemnizar al titular por los daños que pueda ocasionar como resultado de las actividades de certificación.

Artículo 30°.- Respaldo financiero

Las entidades de certificación acreditadas o reconocidas deberán contar con el respaldo económico suficiente para operar bajo la Infraestructura Oficial de Firma Digital, así como para afrontar el riesgo de responsabilidad por daños, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en el Reglamento. La autoridad administrativa competente definirá los criterios para evaluar el cumplimiento de este requisito.

Artículo 31°.- Del cese de operaciones de la entidad de certificación

La entidad de certificación cesa sus operaciones en el marco de la Infraestructura Oficial de Firma Digital, en los siguientes casos:

a) Por decisión unilateral comunicada ante la autoridad administrativa competente, asumiendo la responsabilidad del caso por dicha decisión.

b) Por extinción de su personería jurídica.

c) Por revocación de su registro.

d) Por decisión motivada de la autoridad administrativa competente.

e) Por resolución judicial.

f) Por liquidación, decidida por la junta de acreedores en el marco de la legislación concursal, o resolución judicial de quiebra.

Para los supuestos contemplados en los incisos a) y b) la autoridad administrativa competente establecerá el plazo en el cual las entidades de certificación notificarán tanto a aquélla como a los titulares de certificados digitales el cese de sus actividades. La autoridad administrativa competente deberá adoptar las medidas necesarias para preservar las obligaciones contenidas en los incisos d), g) e i) del Artículo 29 del Reglamento.

La autoridad administrativa competente reglamentará los procedimientos para hacer público el cese de operaciones de las entidades de certificación.

Los certificados digitales emitidos por una entidad de certificación cuyas operaciones han cesado deben ser cancelados a partir del día, hora, minuto y segundo en que se aplica el cese.

El uso de certificados digitales con posterioridad a su cancelación implica la pérdida de las presunciones descritas en los Artículos 6 y 8 del Reglamento.

CAPÍTULO VI.- DE LA ENTIDAD DE REGISTRO O VERIFICACIÓN

Artículo 32°.- De las funciones de la entidad de registro o verificación

Las entidades de registro o verificación tienen las siguientes funciones:

a) Identificar al solicitante del certificado digital mediante el levantamiento de datos y la comprobación de la información brindada por aquél.

b) Aceptar, autorizar según sea el caso, la conformidad de las solicitudes de emisión, modificación o cancelación de certificados digitales, comunicándolo a la entidad de certificación bajo responsabilidad.

Artículo 33°.- De las obligaciones de la entidad de registro o verificación

Las entidades de registro o verificación acreditadas tienen las siguientes obligaciones:

a) Cumplir los procedimientos declarados para la prestación del servicio.

b) Determinar objetivamente y en forma directa la veracidad de la información proporcionada por el solicitante de certificado digital bajo responsabilidad.

c) Mantener la confidencialidad de la información relativa a los solicitantes y titulares de certificados digitales limitando su empleo a las necesidades propias del servicio de registro o verificación, salvo orden judicial o pedido expreso del titular del certificado digital.

d) Recoger únicamente información o datos personales de relevancia para la emisión de los certificados.

e) Informar y solicitar autorización a la autoridad administrativa, especialmente en el supuesto previsto en el Artículo 48 del Reglamento.

f) Acreditar domicilio en el Perú.

g) Contratar los seguros necesarios que le permitan indemnizar por los daños que puedan ocasionar como resultado de las actividades de registro o verificación.

Artículo 34°.- Respaldo financiero

Las entidades de registro o verificación acreditada deberán contar con el respaldo económico suficiente para operar bajo la Infraestructura Oficial de Firma Digital; así como para afrontar el riesgo de responsabilidad por daños, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y por el Reglamento. La autoridad administrativa competente definirá los criterios para evaluar el cumplimiento de este requisito.

Artículo 35°.- Del cese de operaciones de la entidad de registro o verificación

La entidad de registro o verificación cesa de operar en el marco de la Infraestructura Oficial de Firma Digital:

a) Por decisión unilateral comunicada ante la autoridad administrativa competente, asumiendo la responsabilidad del caso por dicha decisión.

b) Por extinción de su personería jurídica.

c) Por revocación de su registro.

d) Por sanción dispuesta por la autoridad administrativa competente.

e) Por orden judicial.

f) Por liquidación, decidida por la junta de acreedores en el marco de la legislación concursal, o resolución judicial de quiebra.

Para los supuestos contenidos en los incisos a) y b), la entidad de registro o verificación debe notificar el cese de sus actividades a la autoridad administrativa competente con una anticipación mínima que será establecida por ésta, debiendo dejar constancia ante aquélla de los mecanismos utilizados para preservar el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 33 del Reglamento.

TÍTULO III.- DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE

CAPÍTULO I.- FUNCIONES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE

Artículo 36°.- Designación y funciones

Conforme a lo establecido en el Artículo 15 de la Ley, se designa al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) como la autoridad administrativa competente.

La autoridad administrativa competente tiene las siguientes funciones:

a) Aprobar la política de certificados y la declaraciones de prácticas de certificación.

b) Acreditar entidades de certificación nacionales y reconocer a las entidades de certificación extranjeras.

c) Acreditar entidades de registro o verificación.

d) Supervisar a las entidades de certificación y a las entidades de registro o verificación, estableciendo de ser el caso las sanciones correspondientes.

e) Cancelar las acreditaciones otorgadas a las entidades de certificación y a las entidades de registro o verificación conforme a lo dispuesto en el Reglamento.

f) Publicar ininterrumpidamente la relación de entidades acreditadas.

g) Aprobar el empleo de estándares técnicos internacionales dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica y determinar la compatibilidad de otros estándares técnicos con los estándares internacionales.

h) Formular los criterios para el establecimiento de la idoneidad técnica que deberán cumplir quienes presten servicios en las materias reguladas por la Ley y el Reglamento, así como aquellas relacionadas con la prevención y solución de conflictos.

i) Establecer los requisitos mínimos para la prestación de los servicios de certificación y los servicios de registro o verificación.

j) Impulsar la solución de conflictos por medio de la conciliación y el arbitraje.

k) Definir los criterios para evaluar la suficiencia del respaldo financiero con el que deben contar las entidades de certificación y las entidades de registro o verificación.

l) Aprobar la utilización de otras tecnologías de firmas electrónicas distintas a las firmas digitales, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 2 de la Ley y regular su utilización al interior de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica.

m) Suscribir acuerdos de reconocimiento mutuo con autoridades administrativas extranjeras que cumplan funciones similares a las de la autoridad administrativa competente.

n) Autorizar la realización de certificaciones cruzadas con entidades de certificación extranjeras.

o) Delegar a terceros bajo sus órdenes y responsabilidad las funciones que determine.

p) Fomentar y coordinar el uso y desarrollo de la Infraestructura Oficial de Firma electrónica en las entidades del sector público nacional.

q) Aprobar y regular los servicios de valor añadido al interior de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica.

r) Las demás que sean necesarias para el buen funcionamiento de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica.

CAPÍTULO II.- RÉGIMEN DE ACREDITACIÓN DE ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN Y DE LAS ENTIDADES DE REGISTRO O VERIFICACIÓN

Artículo 37°.- Acreditación de Entidades de Certificación

Las entidades que soliciten su acreditación como entidades de certificación ante la autoridad administrativa competente deben contar con los elementos de la Infraestructura Oficial de Firma Digital señalados en los incisos a), b), c) y d) del Artículo 11, y someterse al procedimiento de evaluación comprendido en el Artículo 41 del Reglamento.

Cuando alguno de los elementos señalados en el párrafo precedente sea administrado por un tercero, la entidad solicitante deberá demostrar su vinculación con aquél, asegurando la viabilidad de sus servicios bajo dichas condiciones, y la disponibilidad de estos elementos para la evaluación y supervisión que la autoridad administrativa competente considere necesarias.

La autoridad administrativa competente, de ser el caso, precisará los términos bajo los cuales se rigen estos supuestos del servicio de certificación.

Artículo 38°.- Presentación de la solicitud de acreditación de entidad de certificación

La solicitud de acreditación de entidades de certificación debe presentarse a la autoridad administrativa competente, observando lo dispuesto en el artículo anterior y adjuntando lo siguiente:

a) Acreditación de la existencia y vigencia de la persona jurídica mediante los instrumentos públicos o norma legal respectivos, así como las facultades del representante.

b) Acreditar domicilio en el país.

c) Declaración jurada de contar con la infraestructura e instalaciones necesarias para la prestación del servicio, así como la declaración jurada de aceptación de la visita comprobatoria de la autoridad administrativa competente.

d) Declaración de prácticas de certificación y documentación que comprenda el sistema de gestión implementado conforme a los incisos a) y d) del Artículo 11 del Reglamento.

e) Declaración jurada del cumplimiento de los requisitos señalados en los incisos b) y c) del Artículo 11 del Reglamento; información que será comprobada por la autoridad administrativa competente.

f) Documentación que acredite el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 29 y 30 del Reglamento y demás que la autoridad administrativa competente señale.

g) Informe favorable de la entidad sectorial correspondiente, cuando lo solicite la autoridad administrativa competente, para el caso de personas jurídicas supervisadas, respecto de la legalidad y seguridad para el desempeño de actividades de certificación.

Artículo 39°.- Acreditación de Entidades de Registro o Verificación

Las entidades que soliciten su acreditación como entidades de registro o verificación ante la autoridad administrativa competente deben contar con procedimientos para la prestación de sus servicios, los mismos que tendrán que asegurar la verificación directa de la identidad del solicitante.

Artículo 40°.- Presentación de la solicitud de acreditación de Entidades de Registro o Verificación

La solicitud para la acreditación de entidades de registro o verificación debe presentarse a la autoridad administrativa competente, observando lo dispuesto en el artículo anterior y adjuntando la información y documentos siguientes:

a) Acreditación de la existencia y vigencia de la persona jurídica mediante los instrumentos públicos o norma legal respectivos, así como las facultades del representante.

b) Acreditar domicilio en el país.

c) Declaración jurada de contar con la infraestructura e instalaciones necesarias para la prestación del servicio, así como la declaración jurada de aceptación de la visita comprobatoria de la autoridad administrativa competente.

d) Procedimientos detallados que garanticen el cumplimiento de las funciones establecidas en el Reglamento.

e) Declaración de prácticas de verificación o registro.

f) Declaración jurada del cumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 33 y 34 del Reglamento.

Artículo 41°.- Procedimiento Administrativo de la Acreditación

Admitida la solicitud, la autoridad administrativa competente procederá a la evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley como en el Reglamento.

La evaluación de los requisitos de competencia técnica de la entidad de certificación o de registro o verificación solicitante podrá ser realizada directamente por la autoridad administrativa competente, o a través de terceros, o reconociendo aquéllas realizadas en el extranjero por otras autoridades extranjeras que cumplan funciones equivalentes a las de la autoridad administrativa competente, y siempre que los requisitos evaluados por ellas sean equivalentes a los requisitos comprendidos en el Reglamento.

Artículo 42°.- Reconocimiento de evaluaciones en el extranjero

La autoridad administrativa competente reconocerá las evaluaciones sobre los requisitos de competencia técnica de la entidad de certificación solicitante realizadas en el extranjero siempre y cuando se cumplan con las normas establecidas por la autoridad administrativa competente en el marco del Reglamento.

Artículo 43°.- Subsanación de observaciones

Dentro del procedimiento podrán subsanarse las deficiencias técnicas observadas durante la evaluación. La entidades podrán solicitar la suspensión del procedimiento a fin de implementar las medidas necesarias para superar estas dificultades.

Si culminada la etapa de evaluación, se mantienen observaciones, se denegará el Registro y se archivará el procedimiento.

Artículo 44°.- Costos del Registro y otros procedimientos

Las entidades solicitantes asumirán los costos por la tramitación del procedimiento, y aquellos por evaluación, auditoría y demás previstos por la autoridad administrativa competente.

Artículo 45°.- Otorgamiento y vigencia de la Acreditación

La acreditación se otorga por un período de 10 años, renovables por períodos similares.

Durante dicho período la Entidad beneficiaria estará sujeta a evaluaciones técnicas anuales para mantener la vigencia de la referida acreditación.

Artículo 46°.- Cancelación de la Acreditación

La cancelación de la acreditación procede por:

a) Solicitud de la entidad de certificación o de la entidad de verificación o registro.

b) Extinción de su personería jurídica.

c) Sanción impuesta por la autoridad administrativa competente o por decisión judicial.

d) Por liquidación, decidida por la junta de acreedores en el marco de la legislación concursal o resolución judicial de quiebra.

CAPÍTULO III.- DE LOS CERTIFICADOS EMITIDOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS

Artículo 47°.- Acuerdos de reconocimiento mutuo

La autoridad administrativa competente podrá suscribir acuerdos de reconocimiento mutuo con entidades similares, a fin de reconocer la validez de certificados digitales otorgados en el extranjero y extender la validez de la Infraestructura Oficial de Firma Digital. Los acuerdos de reconocimiento mutuo deben garantizar en forma equivalente las funciones exigidas por la Ley como en el Reglamento.

Artículo 48°.- Reconocimiento de certificados emitidos por entidades extranjeras

La autoridad administrativa competente podrá reconocer certificados digitales emitidos por entidades extranjeras, de acuerdo con las prácticas y políticas que para tal efecto apruebe, las mismas que deben velar por el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades establecidas en el Reglamento u otra norma posterior. Asimismo, podrá autorizar la operación de aquellas entidades de certificación nacionales que utilicen los servicios de entidades de certificación extranjera, de verificarse tal supuesto, las entidades nacionales asumirán las responsabilidades del caso.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo precedente, la entidad extranjera deberá comunicar a la autoridad administrativa competente el nombre de aquellas entidades de certificación que autorizarán las solicitudes de emisión de certificados digitales así como la gestión de los mismos.

La autoridad administrativa competente emitirá las normas que aseguren el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo; así como los mecanismos adecuados de información a los agentes del mercado.

Artículo 49°.- Certificación cruzada

Las entidades de certificación acreditadas pueden realizar certificaciones cruzadas con entidades de certificación extranjeras a fin de reconocer los certificados digitales que éstas emitan en el extranjero incorporándolos como suyos dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Digital de conformidad con el Artículo 11 de la Ley, siempre y cuando obtengan autorización previa de la autoridad administrativa competente.

Las entidades que presten servicios de acuerdo a lo establecido en el párrafo precedente, asumirán responsabilidad de daños y perjuicios por la gestión de tales certificados.

Las entidades de certificación acreditadas que realicen certificaciones cruzadas conforme al primer párrafo del presente artículo, garantizarán ante la autoridad administrativa competente que los certificados digitales reconocidos han sido emitidos bajo requisitos equivalentes a los exigidos en la Infraestructura Oficial de Firma Digital, y que cumplen las funciones señaladas en el Artículo 2 de la Ley.

CAPÍTULO IV.- SUPERVISIÓN DE ENTIDADES ACREDITADAS

Artículo 50°.- Facultades de Supervisión

La autoridad administrativa competente tiene la facultad de verificar la correcta prestación de los servicios de certificación así como de los servicios de registro o verificación y el cumplimiento de las obligaciones legales y técnicas por parte de las entidades acreditadas que operen bajo la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, así como la facultad de verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley, el Reglamento, y en sus Resoluciones.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo Primero.- Las entidades del Sector Público Nacional pueden suscribir acuerdos de cooperación con sus similares a nivel mundial o con instituciones de cooperación, para recibir apoyo, asesoría y financiamiento para el desarrollo del comercio electrónico en general, las firmas electrónicas y las firmas y certificados digitales en particular. Artículo Segundo.- Las entidades de certificación deben establecer procedimientos ágiles y sencillos para que sus usuarios puedan presentar directamente reclamaciones por la prestación de sus servicios, las mismas que deberán ser atendidas en el más breve plazo. La autoridad administrativa competente aprueba o reforma estos procedimientos y regula todo lo relativo a las reclamaciones. Agotada la vía previa de la reclamación ante la entidad de certificación, procede recurrir en vía administrativa ante la autoridad administrativa competente, con sujeción a la Ley nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

La autoridad administrativa competente determinará todos aquellos procedimientos y políticas necesarios para la aplicación del Reglamento. En los casos que proceda la reclamación, adoptará las medidas correctivas pertinentes.

 

01Ene/14

Decreto Supremo nº 28525, de 16 de diciembre de 2005.- Se aprueba el Reglamento al Artículo 28 de la Ley n° 1632, Ley de Telecomunicaciones, para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en las Áreas de Interés Social.

APRUEBA EL REGLAMENTO AL ART. 28 DE LA LEY 1632 LEY DE TELECOMUNICACIONES

DECRETO SUPREMO nº 28525 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2005

EDUARDO RODRIGUEZ VELTZE, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

 

Que en el territorio nacional existen poblaciones rurales dispersas alejadas de los sistemas de telecomunicaciones y del acceso a las tecnologías de la información, siendo necesario que el Estado apoye proyectos que satisfagan las necesidades de telecomunicaciones y tecnologías de la información y acceso a la red de Internet de estas regiones promoviendo el desarrollo de infraestructura pertinente en esas zonas.

Que se dispone de los recursos generados por la Ley de telecomunicaciones, los cuales se encuentran depositados en una cuenta especial del Fondo Nacional de Desarrollo Regional con destino a financiamiento de proyectos de telecomunicaciones y tecnologías de la información de interés social que no demuestren niveles de rentabilidad adecuados.

Que se tiene por objeto lograr el desarrollo socioeconómico del área rural, a través del acceso a las nuevas tecnologías y su uso eficiente y productivo. De esta manera se contribuye a mejorar la calidad de vida ya cumplir los objetivos del Gobierno en relación a la reducción de la pobreza, la erradicación de la exclusión social y la generación de empleos.

Que según lo previsto por la Ley nº 2446 de 19 de marzo de 2003 – Ley de Organización del Poder Ejecutivo, en su Artículo 4 señala que es atribución del Ministerio de Servicios y Obras Públicas formular,, ejecutar, evaluar y fiscalizar políticas de servicios básicos, comunicaciones, energía, transporte terrestre, fluvial, lacustre y aeronáutica civil.

Que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Organización del Poder Ejecutivo y disposiciones reglamentarias, el Ministerio de Servicios y Obras Públicas, a través del Viceministerio de Electricidad, Energías Alternativas y telecomunicaciones, tiene la facultad de formular, normar, ejecutar y controlar las políticas de desarrollo en el sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información, promoviendo el desarrollo integral del sector.

Que el Decreto Supremo nº 27732 de 15 de septiembre de 2004, en su Artículo 23 establece que dentro de la estructura del Ministerio de Servidos y Obras Públicas se, encuentra el Viceministerio de Electricidad, Energías Alternativas y telecomunicaciones.

Que el Decreto Supremo nº 27732, en su Artículo 24 establece que son atribuciones del Viceministerio de Electricidad, Energías Alternativas y telecomunicaciones el proponer políticas, reglamentos e instructivos para promover y regular el desarrollo de las telecomunicaciones, formular políticas y promover el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones así como el uso y explotación del espectro electromagnético, formular políticas para elevar la eficiencia y efectividad de las telecomunicaciones del Estado, formular políticas y promover el desarrollo y utilización de las tecnologías de la información y telecomunicaciones, proponer los reglamento e instructivos técnicos para el desarrollo de las actividades productivas y deservicios del sector, y promover y coordinar las funciones gubernamentales con las Superintendencias sectoriales en el área de telecomunicaciones.

Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley nº 1632 – Ley de telecomunicaciones, corresponde al Poder Ejecutivo emitir la reglamentación aplicable al sector de telecomunicaciones.

Que la Ley nº 1632 – Ley de telecomunicaciones establece las normas para regular los servicios públicos y las actividades de telecomunicaciones.

Que el Artículo 3 de la Ley de telecomunicaciones dispone que el Ministerio de Desarrollo Económico, actualmente atribuciones del Ministerio de Servicios y Obras Públicas, ejercerá las funciones relativas a las telecomunicaciones, reglamentando el sector y estableciendo normas de carácter general para su aplicación por la Superintendencia de telecomunicaciones.

Que mediante Ley nº 2342 de 25 de abril de 2002 se aprueban las modificaciones a la Ley nº 1632 de 5 de julio de 1995 de telecomunicaciones; norma legal que dispone en su Artículo 1 la modificación del Artículo 28 de la siguiente manera: el importe por derechos de asignación y uso de frecuencias, con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 11 de la presente Ley, derechos de concesiones, multas, los montos de licitaciones para la otorgación de nuevas concesiones, montos resultantes del remate de bienes secuestrados y los excedentes resultantes de la transferencia a nuevos titulares, serán depositados en una cuenta bancaria del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, con destino al financiamiento de proyectos de telecomunicaciones de interés social que no demuestren niveles de rentabilidad adecuados. El Poder Ejecutivo reglamentará la forma en que se dispondrán estos recursos, dentro del marco de las políticas integrales de desarrollo del sector de telecomunicaciones.

Que el Artículo 11 de la Ley nº 1632 – Ley de telecomunicaciones, modificado por la Ley nº 2342, establece que los titulares de licencias estarán sujetos al pago de derechos por la asignación y el uso de frecuencias del espectro electromagnético, independientemente de las tasas de regulación establecidas en el Artículo 22 de la mencionada Ley.

Que el inciso a) del Artículo 11 de la Ley nº 1632 dispone que, de los recursos captados por concepto de derechos por asignación de frecuencias, la Superintendencia de telecomunicaciones deducirá los recursos necesarios para pagar obligaciones del Estado Boliviano con la Unión Internacional de telecomunicaciones – UIT.

Que el inciso b) del Artículo 11 de la Ley nº 1632 dispone que, de los recursos captados por concepto de derechos por el uso de frecuencias, la Superintendencia de telecomunicaciones deducirá los recursos necesarios para cubrir el costo del control de uso del espectro electromagnético.

Que mediante la Ley nº 2235 del 31 dé julio de 2001 – Ley del Dialogo Nacional se transforma el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en una entidad financiera no bancaria de desarrollo del Gobierno de Bolivia de carácter descentralizado con personalidad jurídica propia, autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera, patrimonio propio y duración indefinida.

Que el Decreto Supremo nº 26188 de 18 dé mayo de 2001, determina los términos y condiciones para el desarrollo de telecomunicaciones en el área rural, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo de telecomunicaciones Rurales, siendo responsabilidad del Poder Ejecutivo llevar adelante un nuevo programa de desarrollo de telecomunicaciones rurales en Bolivia.

Que el Plan para la Apertura de Mercados en el Sector de telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo 26005 de 30 de noviembre de 2000, establece como objetivo principal del mercado de telecomunicaciones alcanzar el acceso universal en las áreas rurales, hasta por lo menos el promedio de la región sudamericana.

Que es necesario contar con una modalidad de financiamiento sostenible y replicable que favorezca a personas naturales, de manera que se promueva el desarrollo de las telecomunicaciones en áreas de interés social a través de proyectos relacionados con el sector y otras iniciativas.

Que es necesario promover el ingreso y permanencia de operadores en las áreas de interés social, estableciendo mecanismos reglamentarios que incentiven la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones.

Que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional cuenta con instrumentos operativos para la evaluación y aprobación de proyectos.

Que es atribución legal del Poder Ejecutivo reglamentar el Artículo 28 de la Ley de telecomunicaciones.

Que tomando en cuenta lo anteriormente citado, es necesario dictar la presente norma, la misma que en el marco del Capítulo IX del Decreto Supremo 27230 de 31 de octubre de 2003, fue aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica – CONAPE en fecha 14 de diciembre de 2005.

EN CONSEJO DE GABINETE,

 

DECRETA:

 

Artículo UNICO.-

I. Se aprueba el Reglamento al Artículo 28 de la Ley nº 1632, Ley de telecomunicaciones, para el Desarrollo de las telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en las Áreas de Interés Social, que como Anexo forma parte indivisible del presente Decreto.

II. Se abroga el Decreto Supremo nº 21688 de 19 de mayo de 2001, Reglamento del Programa Nacional de Desarrollo de telecomunicaciones Rurales -PRONTER.

El señor Ministro de Estado en el Despacho de Servicios y Obras Públicas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciséis día del mes de diciembre del año dos mil cinco.

FDO. EDUARDO RODRIGUEZ VELTZE, Armando Loayza Mariaca, Iván Aviles Mantilla, Gustavo Avila Bustamante, Gonzalo Méndez Gutiérrez, Waldo Gutiérrez Iriarte, Martha Bozo Espinoza, Carlos Díaz Villavicencio, Mario Moreno Viruéz, Sergio M. Medinaceli Monroy, Maria Cristina Mejía Barragán, Lourdes .Ortiz Daza Ministra Interina de Salud y Deportes, Carlos Antonio Laguna Navarro, Guillermo Ribera Cuellar, Dionisio Garzón Martínez, Naya Ponce Fortún, Pedro Ticona Cruz.

ANEXO AL D.S. 28525

REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN AREAS DE INTERES SOCIAL

Artículo 1º.- (Alcance).

El presente Reglamento establece los términos y condiciones a los que se sujetara el desarrollo de las telecomunicaciones y tecnologías de la información en áreas de interés social.

Artículo 2º.- (Finalidad).

El presente Reglamento tiene por finalidad definir las condiciones mediante las cuales se dispondrá el uso de los recursos provenientes de la aplicación del Artículo 28° de la Ley de telecomunicaciones 1632.

Artículo 3º.- (Definiciones).

Para fines de aplicación del presente Reglamento se adoptan las siguientes definiciones:

Reglamento para proyectos de desarrollo de telecomunicaciones y tecnologías de la información en áreas de interés social.- Define las políticas y mecanismos para la expansión de las telecomunicaciones y tecnologías de la información en las áreas de interés social y la implementación de Centros de Alfabetización Digital, incluyendo, para esa finalidad, la captación de recursos y aprobación de proyectos.

Centro de Alfabetización Digital.- Unidad funcional constituida por el acceso a Internet, el hardware y software necesarios para su utilización, con fines educativos, salud y otros.

Viceministerio de Electricidad, Energías Alternativas y telecomunicaciones.– Entidad que propone políticas, reglamentos e instructivos para promover y regular el desarrollo de las telecomunicaciones, particularmente en áreas de interés social.

Dirección General de telecomunicaciones.- Responsable de la implementación y seguimiento del presente Reglamento.

Fondo Nacional de Desarrollo Regional.- Es la entidad depositaría y administradora de una parte de los ingresos destinados al desarrollo de las telecomunicaciones y tecnologías de la información en áreas de interés social. Estos recursos serán utilizados en la forma establecida en el Reglamento Operativo vigente.

Agentes Públicos.- Son las Prefecturas e instituciones públicas que realizan solicitudes para la provisión de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información en áreas de interés social que carecen de estos servicios.

Agentes Privados.- Son los proveedores privados de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información, encargados de la administración, operación y mantenimiento de proyectos de telecomunicaciones y tecnologías de la información en áreas de interés social, incluidos en el presente Reglamento, denominados Operadores de telecomunicaciones.

Prestatario.- Conforme a esta normativa cualquiera de los sujetos interesados, que cumplan con las condiciones técnicas y financieras para ser sujetos de crédito destinado a proyectos de telecomunicaciones y tecnologías de la información en áreas de interés social, que el Viceministerio de Electricidad, Energías Alternativas y telecomunicaciones y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional consideren integrales para el desarrollo de] sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información.

Fondo Sostenible.- Recursos destinados para el financiamiento de proyectos de telecomunicaciones en áreas de interés social.

Artículo 4º.- (Fuente de los Recursos).

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional tendrá como fuentes de financiamiento:

a) Los recursos generados por la aplicación del Artículo 28° de la Ley de telecomunicaciones nº 1632,

b) Los recursos provenientes de donaciones, destinadas a proyectos de telecomunicaciones y tecnologías de la información en áreas de interés social.

c) Los recursos que resulten de políticas y planes a establecerse por ley expresa.

 

Artículo 5º.- (Competencias).

I. El Viceministerio de Electricidad, Energías Alternativas y telecomunicaciones es la máxima instancia para:

a) Definir las áreas de interés social que podrán acceder al financiamiento de proyectos.

b) Realizar las gestiones financieras necesarias para obtener recursos e implementar completamente el presente reglamento.

c) Definir políticas para proyectos en telecomunicaciones, multisectoriales y la implementación de Centros de Alfabetización Digital en el marco del presente Reglamento.

d) Reglamentar los aspectos no previstos en el presente reglamento en coordinación con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

e) Aprobar planes y avalar proyectos.

f) Realizar el seguimiento a la ejecución del presente reglamento.

 

II. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es la instancia operativa, que tiene como funciones:

a) Identificar los proyectos a ser financiados de acuerdo a la normativa en función del marco del presente, Reglamento y del Reglamento Operativo vigente.

b) Aprobar los proyectos previamente avalados por el Viceministerio de Electricidad, Energías Alternativas y telecomunicaciones.

c) Administrar los recursos financieros.

d) Financiar el crédito y la transferencia a los sujetos dé financiamiento.

Las Prefecturas Departamentales e instituciones públicas podrán efectuar solicitudes al Viceministerio de Electricidad, Energías Alternativas y telecomunicaciones para la provisión de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información en áreas de interés social, los cuales se sujetarán al procedimiento establecido en el Reglamento Operativo vigente.

Los proyectos a ser licitados por las Prefecturas Departamentales e instituciones públicas podrán ser adjudicados a agentes privados y públicos.

Artículo 6º.- (Clasificación del Financiamiento).

El financiamiento otorgado por el Fondo. Nacional de Desarrollo Regional estará clasificado de la siguiente manera:

I. Por Categoría:

a) Inversión: Recursos destinados a proyectos enmarcados en el Reglamento.

b) Fortalecimiento se refiere a los recursos que se destinen a favor de los proyectos, para mejorar sus capacidades de gestión en las zonas de los proyectos identificados.

II. Por Usos:

a) Crédito se refiere a los recursos que se destinen en favor de cualquiera de los prestatarios en calidad de préstamo, para que éstos puedan desarrollar los proyectos en las condiciones y características señaladas en el presente Reglamento.

b) Subsidio y la subvención deben ser entendidos como un aporte de capital al proyecto, en un porcentaje establecido en las regulaciones financiero operativas vigentes en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Artículo 7º.- (Fondo Sostenible).

Las recuperaciones de capital, el cobro de intereses descontando los costos administrativos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, incluidos los recursos descritos en el Artículo 4 del presente Reglamento, serán acumulados en el denominado Fondo Sostenible del presente Reglamento en una cuenta fiscal debidamente habilitada por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, con destino a financiar proyectos de interés.

Artículo 8º.- (Gastos de Administración).

Para las transferencias, el FNDR cobrará una comisión de uno y medio por ciento (1,5 %) del monto desembolsado con cargo al proyecto.

En el caso de crédito, el FNDR deducirá su índice de gasto administrativo de la tasa de interés definida en el Reglamento Operativo vigente.

Artículo 9º.- (Solicitudes y proyectos de telecomunicaciones y tecnologías de la información en áreas de interés social y Centros de Alfabetización Digital).

Los agentes públicos solicitantes de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información y Centros de Alfabetización Digital para áreas de interés social, que carecen de estos servicios, podrán presentar al Viceministerio de Electricidad, Energías Alternativas y telecomunicaciones solicitudes para la provisión de los mismos en formato establecido en el Reglamento Operativo. En caso de que estas solicitudes sean presentadas al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y a las Prefecturas Departamentales, estas serán canalizadas al Viceministerio de Electricidad, Energías Alternativas y telecomunicaciones. El Viceministerio de Electricidad, Energías Alternativas y telecomunicaciones se constituye en la entidad responsable de recibir estas solicitudes y procesar la tramitación establecida en este Reglamento.

Artículo 10º.- (Tramitación de las solicitudes).

Las solicitudes de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información para las áreas de interés social y Centros de Alfabetización Digital, deberán cumplir con lo establecido en el Reglamento Operativo.

Artículo 11º.- (Normas y procedimientos de licitación).

La Licitación para la asignación de recursos del presente reglamento destinados a telecomunicaciones y tecnologías de la información en áreas de interés social, se sujetará a lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios -NBSABS, o en el Convenio de Financiamiento con organismos internacionales.

Artículo 12º.- (Propiedad de las inversiones).

Dependiendo del origen de los recursos, las inversiones a realizarse tendrán el siguiente tratamiento:

a) Para recursos provenientes de los fondos captados en aplicación al Artículo 28° de la Ley de telecomunicaciones nº 1632 y de los que se puedan establecer por ley expresa, se sujetará a lo establecido en la Ley nº 1632.

b) De los recursos provenientes de donaciones, el reconocimiento de la propiedad de la infraestructura y equipos provistos, dependerá de las condiciones establecidas por dichos organismos o los países donantes.

c) En caso de incumplimiento del contrato de financiamiento, la propiedad de la infraestructura y los equipos objeto del financiamiento será revertida al Estado sin derecho a compensación para su utilización mediante una nueva licitación.

Artículo 13º.- (Información).

Al menos dos veces al año el Fondo Nacional de Desarrollo Regional remitirá al Viceministerio de Electricidad, Energías Alternativas y telecomunicaciones información sobre el estado del Fondo Sostenible.

01Ene/14

Orden ECC/523/2013, de 26 de marzo, por la que se crea y regula el Registro Electrónico del Ministerio de Economía y Competitividad. (B.O.E. del 3 de abril de 2013)

El Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales; el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, articulan la creación y estructura del Ministerio de Economía y Competitividad.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, establece, en sus artículos 24, 25 y 26, una nueva regulación de los registros electrónicos, preceptos que son desarrollados por el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la citada Ley y regula las condiciones de su funcionamiento.

El artículo 24.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, establece que las Administraciones Públicas crearán registros electrónicos para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

Asimismo, el artículo 25.1 de la citada Ley prevé que las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles a los efectos de cómputo de plazos.

Además, la sección 2.ª del capítulo III del título II de la Ley 11/2007, de 22 de junio, regula las comunicaciones electrónicas y la práctica de la notificación por medios electrónicos.

Se considera necesario, para agilizar la resolución de los procedimientos, aplicar el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, estableciendo la obligatoriedad de que los interesados se comuniquen con las Administraciones Públicas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los mismos sean personas jurídicas. En el caso de las personas físicas, la comunicación con las Administraciones Públicas, a través de medios electrónicos, tendrá carácter preferente pero voluntario.

De acuerdo a lo anterior se hace necesaria la creación del Registro electrónico del Ministerio de Economía y Competitividad.

En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, dispongo:

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

1. Esta orden tiene como objeto la creación y regulación del registro electrónico del Ministerio de Economía y Competitividad, en adelante registro electrónico, para la recepción y remisión, por vía electrónica, de solicitudes, escritos y comunicaciones, en la forma prevista en el artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio y en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

2. El registro electrónico será único para todos los órganos del Ministerio. Quedan fuera de su ámbito de aplicación los organismos públicos dependientes o adscritos al Departamento, si bien éstos podrán utilizar el registro regulado en esta orden, previa firma de un convenio con el responsable de su gestión, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

3. Cuando en el ámbito de colaboración entre Administraciones sea aconsejable la utilización de procedimientos electrónicos implantados en el Ministerio de Economía y Competitividad por parte de otro órgano u organismo, estos podrán utilizar el registro regulado en esta orden previa firma de un convenio, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y 26 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

 

Artículo 2.- Dirección del registro electrónico.

El acceso de los interesados al registro electrónico estará disponible a través de la dirección de la sede electrónica o del portal web del Departamento.

 

Artículo 3.- Responsabilidades y órganos competentes.

1. La gestión del registro electrónico corresponde a la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Competitividad, que la ejercerá a través de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

2. La aprobación y modificación de la relación de solicitudes, escritos y comunicaciones normalizados, correspondientes a servicios, procedimientos y trámites específicos, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 a) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, le corresponde a la citada Subdirección General.

3. La aprobación o modificación de los formularios para las solicitudes, escritos y comunicaciones normalizados, con especificación de los campos de los mismos de obligada cumplimentación y de los criterios de congruencia entre los datos consignados en el formulario le corresponde a las unidades competentes del departamento o de los Organismos Públicos adheridos, en coordinación con la Subdirección General antes citada.
Las Resoluciones de aprobación de estos formularios, con independencia de la publicación oficial que les resulte de aplicación, serán divulgadas a través de la sede electrónica o del portal web del Departamento.

4. La Subdirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones será responsable de la seguridad del registro electrónico y de los medios organizativos y técnicos adecuados para garantizar lo previsto en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

5. Los usuarios asumirán con carácter exclusivo la responsabilidad de la custodia de los elementos necesarios para su autenticación en el acceso a estos servicios, el establecimiento de la conexión precisa y la utilización de la firma electrónica, así como de las consecuencias que pudieran derivarse del uso indebido, incorrecto o negligente de los mismos. Igualmente será responsabilidad del usuario la adecuada custodia y manejo de los ficheros que le sean devueltos por el registro electrónico como acuse de recibo de presentación.

 

Artículo 4.- Calendario, fecha y hora oficial.

1. El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones durante las veinticuatro horas de todos los días del año, sin perjuicio de las interrupciones, previstas en el artículo 30.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo, de las que se informará en la sede electrónica o en el portal web del Departamento.

2. A los efectos oportunos la sede electrónica mostrará, en lugar igualmente visible:

a) El calendario de días inhábiles relativo a sus procedimientos y trámites, que será el que se determine en la resolución anual publicada en el «Boletín Oficial del Estado», por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para todo el territorio nacional.

b) La fecha y hora oficial, que será la que conste como fecha y hora de la transacción en el registro electrónico y cuya sincronización se realizará según lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se aprueba el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Los interesados podrán manifestar su discrepancia respecto a dichas fecha y hora en el acto mismo de presentación de los correspondientes formularios.

 

Artículo 5.- Carácter de las comunicaciones a través del registro electrónico.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y lo previsto en los artículos 14.4 y 32.1 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, las personas jurídicas están obligadas a presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones relativos a los procedimientos recogidos en el anexo I de esta Orden, por medio del registro electrónico.

2. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones por medio del registro electrónico tendrá carácter preferente, pero será voluntaria, para las personas físicas, siendo la alternativa la presentación en los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

No obstante lo anterior, cuando se trate de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos, podrá establecerse la obligatoriedad de que la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones se realice por medio del registro electrónico, conforme a lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio y el artículo 32.1 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

La utilización del registro electrónico será obligatoria para la Administración en las relaciones electrónicas con los ciudadanos en las que, conforme a las normas generales, deba llevarse a cabo su anotación registral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y disposiciones de desarrollo, no pudiendo ser sustituida esta anotación por otras en registros no electrónicos o en los registros de las aplicaciones gestoras de los procedimientos.

 

Artículo 6.- Fichero de Protección de Datos.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se crea el fichero de datos personales con el nombre de «Registro Electrónico del Ministerio de Economía y Competitividad», cuya titularidad corresponde a la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Competitividad, válido a efectos del ejercicio por parte de los ciudadanos de los derechos previsto por dicha Ley.

El contenido del fichero se recoge en el anexo II de esta orden.

CAPÍTULO II.- CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE ESCRITOS, SOLICITUDES Y COMUNICACIONES

Artículo 7. Acreditación de la identidad.—1. Las solicitudes, escritos y comunicaciones podrán ser presentados ante el registro electrónico por los interesados o sus representantes, en los términos definidos en los artículos 30 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. El firmante del documento podrá acreditar su identidad ante el registro electrónico mediante los sistemas de firma electrónica relacionados en las letras a), b) y c) del artículo 13.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

3. Las sedes electrónicas informarán sobre los sistemas de representación y de autenticación y firma utilizables para la presentación de escritos ante el registro electrónico a través de sus aplicaciones gestoras, con especificación, en su caso, de los servicios, procedimientos y trámites a los que sean de aplicación.

Cuando la representación no quede acreditada o no pueda presumirse, se requerirá dicha acreditación por la vía que corresponda.

Adicionalmente, cuando estén operativos los respectivos sistemas, los documentos podrán ser presentados por representación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

 

Artículo 8.- Documentos admitidos.

1. El registro electrónico estará habilitado para la recepción y remisión de escritos, solicitudes y comunicaciones que se presenten por medios electrónicos respecto de los trámites y procedimientos incluidos en el anexo I de esta Orden o de la versión que figure actualizada en cada momento, en la dirección electrónica de acceso al mismo junto con los correspondientes modelos normalizados para cada caso.

Cualquier solicitud, escrito, comunicación o documentación presentada ante el registro electrónico no relacionada con los trámites y procedimientos a que se refiere el apartado anterior, será remitido a las personas, órganos o unidades destinatarias, en los términos previstos en el artículo 24.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y en el artículo 28.b) del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

2. El registro electrónico podrá rechazar los documentos electrónicos que se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 29.1 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, en la forma establecida en el mismo. En su caso, la notificación al remitente se hará de conformidad con lo allí dispuesto.

 

Artículo 9.- Documentación complementaria.

Todas las presentaciones de solicitudes, escritos y comunicaciones podrán incorporar documentos electrónicos como documentación complementaria.

En el caso de que la presentación de documentos electrónicos se realice separadamente al formulario principal, el interesado deberá mencionar el número o código de registro individualizado que permita identificar el expediente en el que haya de surtir efectos.

Los documentos no disponibles en formato electrónico y que, por su naturaleza, no sean susceptibles de aportación utilizando el procedimiento de copia digitalizada previsto en el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, podrán incorporarse a través de las vías previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

 

Artículo 10.- Acuse de recibo.

Tras la recepción de una solicitud, escrito o comunicación, el registro electrónico emitirá, automáticamente, un recibo firmado electrónicamente, que pueda ser impreso, en el que constarán los datos proporcionados por el interesado, la fecha y hora en que tal presentación se produjo, el número de registro de entrada y otros contenidos acordes con lo establecido en el artículo 30.3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. El acuse de recibo indicará que el mismo no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera alguna de las causas de rechazo contenidas en él.

 

Artículo 11.- Cómputo de plazos.

El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 26 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria única.- Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta orden y, en particular, la Orden CIN/506/2010, de 26 de febrero, por la que se crea y regula el Registro Electrónico del Ministerio de Ciencia e Innovación.

DISPOSICIONES FINALES

 

Disposición final primera.- Habilitación al titular de la Subsecretaría de Economía y Competitividad.

Se habilita al titular de la Subsecretaría de Economía y Competitividad para incluir nuevos procedimientos, trámites y comunicaciones a los que será de aplicación lo dispuesto en esta orden. En todo caso, la admisión de nuevos procedimientos, trámites, preimpresos, solicitudes y modelos será difundida a través de la sede electrónica del Ministerio de Economía y Competitividad o en su portal web.

 

Disposición final segunda.- Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ANEXO I.- PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

Procedimientos automatizados de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Procedimientos automatizados de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

Procedimientos automatizados de la Secretaría de Estado de Comercio.

Procedimientos automatizados de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

Procedimientos automatizados de la Subsecretaría de Economía y Competitividad.

ANEXO II.- FICHERO DE DATOS PERSONALES

1. Nombre del fichero: Registro electrónico del Ministerio de Economía y Competitividad.

2. Finalidad del fichero: Anotaciones registrales de los asientos electrónicos efectuados en este registro electrónico para, en su caso, poder consultar la información registral de un asiento.

3. Usos previstos: Recepción y remisión al órgano u organismo competente de escritos, solicitudes y comunicaciones enviados por medios electrónicos, incluida la documentación complementaria aportada. Información a los interesados del estado de tramitación de sus expedientes. Elaboración de estadísticas sobre los asientos realizados.

4. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal, o que resulten obligados a suministrarlos: Personas físicas o jurídicas que se relacionen con el Ministerio de Economía y Competitividad por medios electrónicos en aplicación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y su normativa de desarrollo.

5. Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Por archivo de los datos introducidos en el momento de realizar el asiento.

6. Estructura básica del Fichero y descripción de los datos de carácter personal incluidos: Base de datos relacional con tablas para los asientos de entrada y salida, documentación aportada, expedientes y estado de tramitación. Datos asociados, asociados a la información registral:

a) Datos de carácter identificativo: DNI, NIF o pasaporte, Nombre y apellidos, dirección a efectos de notificación.

b) Datos relativos a la solicitud, escrito o comunicación presentados: Asunto, Resumen, fecha, hora y número de asiento registral, documentación aportada por el ciudadano.

7. Órgano administrativo responsable del Fichero: Subsecretaría de Economía y Competitividad.

8. Órgano administrativo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Subsecretaría de Economía y Competitividad, paseo de la Castellana, 162, 28046 Madrid.

9. Sistema de tratamiento: Automatizado.

10. Nivel de las medidas de seguridad exigibles: Nivel básico.

11. Cesiones de datos de carácter personal: Administración destinataria de las solicitudes, escritos y comunicaciones presentados.

01Ene/14

Orden PRE/19/2012, de 25 de mayo, por la que se regula el procedimiento de remisión electrónica de los anuncios que deban publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, prevé en su artículo 45 el empleo y aplicación de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el desarrollo de la actividad de las Administraciones Públicas y en el ejercicio de sus competencias.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de la ciudadanía y como una obligación correlativa para las Administraciones. Así pues, la Ley aborda, con carácter básico varias cuestiones de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas.

La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria ha desarrollado en los últimos años distintas iniciativas dirigidas a la implantación de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la prestación de servicios públicos, entre los que se encuentra la implantación del Boletín Oficial de Cantabria electrónico, con plena validez legal, regulado por el Decreto 18/2010, de 18 de marzo, por el que se regula el Boletín Oficial de Cantabria.

La disposición adicional segunda del Decreto 18/2010, de 18 de marzo, establece que mediante Orden del Consejero competente en la dirección del Boletín Oficial de Cantabria se regulará el procedimiento de «remisión electrónica de anuncios que deban publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria». El artículo 9 de este Decreto determina que los documentos se deberán presentar en soporte electrónico o informático, debidamente autorizado por la Dirección General a la se encuentra adscrito este Diario Oficial, y al mismo tiempo, regula las excepciones en el uso de este medio obligatorio. Asimismo, el artículo 8.3.a establece el uso de una aplicación informática para la remisión de anuncios.

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece que «la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario oficial correspondiente».

Por su parte, el Decreto 48/1994, de 18 de octubre, por el que se regulan los ficheros informatizados con datos de carácter personal dependientes de los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus Organismos Autónomos, determina, en su artículo 3º, que la creación de nuevos ficheros se llevará a cabo por Orden del titular de la Consejería de la que dependa o esté adscrita la unidad responsable del fichero.

Por todo ello, se considera conveniente proceder a regular mediante esta Orden la remisión electrónica de anuncios para su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), y en base a lo establecido en la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO

 

Artículo 1.- Objeto.

El objeto de la presente Orden es regular el procedimiento de remisión electrónica de anuncios para su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), según lo establecido en el Decreto 18/2010, de 18 de marzo, por el que se regula el Boletín Oficial de Cantabria.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

Esta orden se aplica a todos los anunciantes que deseen remitir electrónicamente un anuncio para publicar en el Boletín Oficial de Cantabria.

Artículo 3.- Acceso a la utilización del sistema.

1. Se establecen las siguientes formas de acceso al sistema de remisión electrónica de anuncios:

a) Los empleados públicos al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y del resto de entidades que forman parte del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrán acceder al sistema tanto mediante usuario y contraseña como mediante certificado electrónico o DNI electrónico.

b) Los restantes anunciantes sólo podrán acceder al sistema mediante certificado electrónico o DNI electrónico.

2. La remisión electrónica de anuncios para su publicación deberá suscribirse mediante la utilización de alguno de los sistemas de firma electrónica reconocidos en este artículo.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, en aras de garantizar la identificación de los usuarios y, en su caso, la autenticidad, integridad y no repudio de los documentos electrónicos, los usuarios de este sistema podrán utilizar cualquiera de los siguientes sistemas de firma electrónica:

a) Sistemas de firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

b) Los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad para las personas físicas.

c) Los sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

3. En la sede electrónica del Boletín Oficial de Cantabria se mantendrá permanentemente actualizada la información relativa a los sistemas de firmas electrónicas y los prestadores de servicios de certificación aceptados para el uso de este sistema informático.

Artículo 4.- Perfiles de los usuarios del Sistema Integrado de Gestión del Boletín Oficial de Cantabria.

Se establecen tres perfiles de usuario del Sistema Integrado de Gestión del Boletín Oficial de Cantabria:

a) Perfil 1: usuario facultado para introducir el anuncio en el sistema junto con los restantes documentos y datos que conforman la solicitud de publicación en el BOC.

b) Perfil 2: usuario facultado para validar lo introducido por un usuario con perfil 1, firmar y enviar el anuncio a publicar en el BOC, conforme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 18/2010, de 18 de marzo. Por lo tanto, las personas que dispongan de este perfil, deberán tener la facultad legal para ordenar la publicación de ese tipo de anuncios en el Boletín Oficial de Cantabria, dentro del ámbito competencial correspondiente.

c) Perfil 3: usuario facultado para introducir el anuncio en el sistema junto con los datos y documentos que conforman la solicitud de publicación, firmar y enviar anuncios al BOC. Es decir, tiene permisos para realizar la suma de las funciones de los perfiles 1 y 2.

Artículo 5.- Procedimiento para la gestión de los permisos de acceso al sistema.

Para obtener el permiso de acceso al sistema integrado de Gestión del Boletín Oficial de Cantabria (SIGBOC) se establecen los siguientes procedimientos:

a) Procedimiento de concesión de permiso de acceso para los empleados públicos al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y de su sector público autonómico, la Administración General del Estado y la Administración Local.

1º Los usuarios que deseen acceder al sistema, serán dados de alta en el mismo. Para ello, se deberá tramitar la solicitud de alta como usuario, que deberá ser firmada por la persona competente para ordenar la publicación según lo establecido artículo 10 del Decreto 18/2010, de 18 de marzo, y remitida a la Dirección General a la cual se encuentre adscrito el Boletín Oficial de Cantabria. El mismo trámite será realizado para la solicitud de modificación o de baja del perfil de usuario.

2º La unidad administrativa que tenga asignadas las funciones de gestión del Boletín Oficial de Cantabria validará e implementará en el sistema informático el correspondiente perfil de acceso, remitiéndolo posteriormente a la Dirección General competente en materia de tecnologías de la información para continuar con las actuaciones tecnológicos necesarias para los usuarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de su sector público autonómico.

La tramitación de la solicitud de acceso al sistema, para los perfiles 2 ó 3, servirá para su incorporación al registro de firmas establecido en el artículo 10 apartado 4 del Decreto 18/2010, de 18 de marzo.

b) Procedimiento de concesión de permiso de acceso para el resto de anunciantes.

1º Los restantes anunciantes que deseen acceder al sistema, cuando actuen en representación propia, no requerirán un registro previo como usuarios. La primera vez que accedan al sistema quedarán registrados de forma automática, asignándoseles un perfil de tipo 3. Para entrar en el sistema deberán utilizar un certificado electrónico que cumpla lo establecido en el artículo 3 de esta Orden.

2º Para el resto de los casos, es decir cuando actúen en representación de terceras personas físicas o jurídicas, se requerirá un registro previo como usuario del sistema. Para ello deberá tramitar la solicitud de alta como usuario, que deberá ser firmada por la persona competente para ordenar la publicación, y remitida a la Dirección General a la cual se encuentre adscrito el Boletín Oficial de Cantabria, siendo la unidad administrativa que tenga asignadas las funciones de gestión del Boletín Oficial de Cantabria la responsable de validar e implementar en el sistema informático el correspondiente perfil de acceso. El mismo trámite será realizado para la solicitud de modificación o de baja del perfil de usuario.

Artículo 6.- Proceso electrónico de gestión de las inserciones y sus trámites.

1. Se establecen tres procesos diferentes de gestión de las inserciones, atendiendo a su régimen económico:

a) Proceso electrónico de gestión de inserciones gratuitas.

1º Inserción del anuncio: se introducirán los campos necesarios para la publicación (perfil 1 o perfil 3).

2º Firma y envío del anuncio: únicamente lo podrá realizar la persona competente para ello según el artículo 10 del Decreto 18/2010, de 18 de marzo (perfil 2 ó 3).

3º Validación por la unidad competente en materia de gestión del Boletín Oficial de Cantabria.

4º Publicación por la unidad encargada de la edición del Boletín Oficial de Cantabria.

b) Proceso electrónico de gestión de inserciones de pago previo.

1º Inserción del anuncio: se introducirán los campos necesarios para la publicación (perfil 1 o perfil 3).

2º Firma y envío del anuncio: únicamente lo podrá realizar la persona competente para ello según el artículo 10 del Decreto 18/2010, de 18 de marzo (perfil 2 ó 3).

3º Validación por la unidad competente en materia de gestión del Boletín Oficial de Cantabria.

4º Pago de la autoliquidación (046) de la tasa.

5º Publicación por la unidad encargada de la edición del Boletín Oficial de Cantabria.

c) Proceso electrónico de gestión de inserciones de pago diferido.

1º Inserción del anuncio: se introducirán los campos necesarios para la publicación (perfil 1 o perfil 3).

2º Firma y envío del anuncio: únicamente lo podrá realizar la persona competente para ello según el artículo 10 del Decreto 18/2010, de 18 de marzo (perfil 2 ó 3).

3º Validación por la unidad competente en materia de gestión del Boletín Oficial de Cantabria.

4º Publicación por la unidad encargada de la edición del Boletín Oficial de Cantabria.

5º Envío del documento de liquidación (047) de la tasa y pago.

2. El sistema expedirá, de forma automática, al usuario que realiza la firma y el envío, un recibo acreditativo, firmado electrónicamente mediante alguno de los sistemas de firma del artículo 18 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de la presentación electrónica de la solicitud de inserción consistente como mínimo en:

a) Copia del formulario de presentación cumplimentado (anexo «Solicitud de Publicación de Anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria»).

b) Fecha y hora de presentación, y número de registro de entrada.

c) Código seguro de verificación, que contendrá el número de expediente.

d) Denominación de los documentos adjuntos.

e) Huella digital de la firma electrónica de la información del formulario de presentación y del anuncio realizada mediante cualquiera de los sistemas de firma especificados en el artículo 3.b de esta Orden. A estos efectos se entiende por huella digital el resumen que se obtiene como resultado de aplicar un algoritmo de compresión «hash» a la información de que se trate.

Artículo 7.- Notificaciones por medios electrónicos.

1. La utilización por la Dirección General a la cual se encuentre adscrito el Boletín Oficial de Cantabria, de medios electrónicos como instrumento de comunicación con los interesados garantizará en todo caso el cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículo 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para la práctica de la notificación de los actos administrativos.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, la actuación administrativa correspondiente de los interesados producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia.

3. El sistema reunirá las siguientes condiciones mínimas:

a) Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso.

b) El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora.

4. La solicitud de inserción de anuncios por medio electrónico, recabará el consentimiento del solicitante para ser notificado por medios electrónicos, tal y como permite el artículo 28.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

5. En la sección correspondiente de la sede electrónica del Boletín Oficial de Cantabria se mantendrá permanentemente actualizada la relación con los tipos de notificaciones electrónicas habilitadas en el sistema.

Artículo 8.- Documentación integrante de la solicitud electrónica de publicación de un anuncio

1. La solicitud electrónica será individual para cada anuncio a publicar y se podrá realizar por los órganos, autoridades o representantes legalmente autorizados que estén facultados en el artículo 10 del Decreto 18/2010, de 18 de marzo, por el que se regula el Boletín Oficial de Cantabria.

2. El solicitante asume la responsabilidad sobre el contenido del anuncio enviado por medios electrónicos, y de que el texto transmitido es copia fiel del original, no teniendo la unidad administrativa que tenga asignadas las funciones de edición del Boletín Oficial de Cantabria responsabilidad alguna en las variaciones que existan en relación con el texto original o de la falsedad del contenido, sin perjuicio de las correcciones ortográficas y de formato que se introduzcan.

3. En la solicitud de publicación deberá constar una declaración responsable de que el documento electrónico remitido es el original o copia idéntica del original.

4. Los textos del anuncio y sus anexos deberán cumplir los requisitos establecidos en la «Guía de requerimientos del anunciante», aprobada por resolución de la Dirección General a la cual se encuentre adscrito el Boletín Oficial de Cantabria, y que se encuentra publicada y permanentemente actualizada en la sede electrónica del B.O.C.

5. No será necesaria la remisión del texto original del anuncio en formato papel. Tanto el soporte presentado como las aplicaciones necesarias para el tratamiento de la información contenida en los documentos electrónicos deberán ser compatibles con los estándares fijados por la la Dirección General a la cual se encuentre adscrito el Boletín Oficial de Cantabria, aprobados por resolución y que estarán publicados y permanentemente actualizados en la sede electrónica del B.O.C.

Artículo 9.- Presentación de la solicitud de publicación de un anuncio

1. El sistema informático recogido en la presente Orden será la única forma de presentación de las solicitudes de publicación de anuncios, accesible de la siguiente forma:

a) para los empleados públicos al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria con acceso a la red de Gobierno, a través del Sistema de Gestión Integrado de Gestión del Boletín Oficial de Cantabria (SIGBOC);

b) para el resto de anunciantes, desde la sede electrónica del Boletín Oficial de Cantabria (boc.cantabria.es).

2. El sistema estará disponible las 24 horas de todos los días del año.

La utilización del sistema podrá interrumpirse por el tiempo imprescindible sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo. La interrupción deberá anunciarse a los potenciales usuarios en la sede electrónica del Boletín Oficial de Cantabria. En supuestos de interrupción del sistema no planificada, y siempre que sea posible, se dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia así como de los efectos de la suspensión.

Cuando existan interrupciones del servicio de una duración superior a cuatro horas dentro del horario de atención a la ciudadanía o fallos o carencias del sistema no imputables al presentador de la solicitud que impidan su adecuada utilización, se podrá realizar la presentación presencialmente en soporte papel en la unidad competente en la gestión del Boletín Oficial de Cantabria.

Artículo 10.- Archivo y custodia de documentos electrónicos.

1. Los documentos que hayan sido producidos mediante técnicas electrónicas se conservarán en soportes de esta naturaleza, en el mismo formato en el que se originó el documento, o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlos.

2. Los medios o soportes en que se almacenen documentos contarán con medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, calidad, protección y conservación de los documentos; en particular, asegurarán la identificación de las personas usuarias y el control de accesos.

3. El acceso por las personas interesadas a los documentos almacenados en soportes electrónicos, informáticos o telemáticos se regirá por lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en su caso, por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 11.- Seguridad

1. La utilización por los órganos administrativos de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas para la emisión de actos o notificaciones a los que se refiere la presente Orden garantizará en todo caso la identificación y el ejercicio de la competencia por el órgano correspondiente.

2. Las comunicaciones se realizarán con autenticidad, confidencialidad, integridad y no repudio de los mensajes intercambiados.

3. La utilización de soportes, medios y aplicaciones electrónicas deberá garantizar:

a) La restricción de su utilización y del acceso a los datos e informaciones en ellos contenidos a las personas autorizadas.

b) La prevención de alteraciones o pérdidas de los datos e informaciones e interceptación de las comunicaciones.

c) La protección de los procesos informáticos frente a manipulaciones no autorizadas.

4. Corresponderá a la Dirección General competente en materia de las tecnologías de la información, la aprobación de los soportes y los formatos de almacenamiento de los documentos electrónicos, así como las medidas de seguridad que garanticen su integridad.

Artículo 12.- Creación del fichero automatizado de datos de carácter personal relativo al sistema informático de gestión del Boletín Oficial de Cantabria.

1. Se crea en la Dirección General de Servicios y Atención a la Ciudadanía de la Consejería de Presidencia y Justicia, el siguiente fichero: «Datos personales del sistema informático de Gestión del Boletín Oficial de Cantabria».

2. Órgano responsable del fichero: Dirección General de Servicios y Atención a la Ciudadanía de la Consejería de Presidencia y Justicia.

3. Unidad para el ejercicio de los derechos de acceso, cancelación y rectificación: Unidad de Atención a la Ciudadanía competente en materia de gestión del Boletín Oficial de Cantabria, calle Peña Herbosa 29, 39003, Santander.

3. Finalidad y usos previstos del fichero: gestión de los expedientes de publicación de anuncios en el Boletín Oficial de Cantabria.

4. Se recaban datos sobre las siguientes personas:

a) solicitantes de publicación de anuncios en el Boletín Oficial de Cantabria mediante el envío de la solicitud correspondiente;

b) usuarias del sistema informático;

c) obligadas al pago de tasas por inserción de anuncios en el Boletín Oficial de Cantabria (sujetos pasivos).

5. Tipo de datos recabados:

a) Datos de carácter identificativos: En todos los casos el nombre y apellidos y los documentos identificativos (NIF, NIE, etc.). Sólo para anunciantes a título particular como persona física serán el teléfono, fax, dirección postal y dirección de correo electrónico.

b) Datos del puesto de trabajo: Órgano/organismo/entidad/empresa anunciante y unidad a la que pertenece, tipo de representación, puesto de trabajo, teléfono de contacto, fax, dirección postal y dirección de correo electrónico, y tipo de perfil de usuario del sistema junto con las fechas de alta y baja.

6. El Sistema de tratamiento utilizado en la organización del fichero: sistema Parcialmente automatizado (mixto).

7. Procedimiento de recogida de datos:

Se utilizarán las siguientes fuentes y medios de recogida de datos:

a) La persona que envía una solicitud de inserción de un anuncio para su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, en formato electrónico utilizando el sistema informático de forma ordinaria y en soporte papel de forma excepcional.

b) La persona que solicita su alta, modificación o baja en el sistema informático, mediante la cumplimentación y envío de la solicitud.

c) La persona que presenta el pago de la tasa por la inserción de un anuncio en el B.O.C., tanto en soporte papel como en soporte informático.

8. Cesiones de datos: No hay cesiones previstas de datos personales.

9. Nivel exigible de medidas de seguridad:

Nivel básico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 13.- Comunicación a la Agencia de Protección de Datos.

El fichero automatizado regulado en la presente Orden será notificado a la Agencia Española de Protección de Datos, para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, mediante traslado, a través del modelo normalizado elaborado a tal efecto por la Agencia, de una copia de la presente Disposición.

Disposición adicional primera.- Procedimiento administrativo susceptible de tramitación a través del Registro Electrónico.

Procedimiento: procedimiento de remisión electrónica de los anuncios que deban publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria.

Trámites susceptibles de realización: Presentación electrónica de anuncios ante la unidad de atención a la ciudadanía competente en materia de gestión del Boletín Oficial de Cantabria.

Requisitos técnicos: los establecidos en la sede electrónica del Boletín Oficial de Cantabria (boc.cantabria.es).

Disposición adicional segunda.- Requerimientos para el uso del sistema.

Los requerimientos técnicos necesarios para la utilización del sistema de remisión electrónica de anuncios, así como los procedimientos y formularios que haya de cumplimentarse para el uso del mismo, estarán documentados y permanentemente actualizados en la sección correspondiente de la sede electrónica del Boletín Oficial de Cantabria, siendo su acceso libre y gratuito.

Se faculta a la Dirección General a la cual se encuentre adscrito el Boletín Oficial de Cantabria a, mediante Resolución, modificar, eliminar y crear los formularios y los procedimientos que sean necesarios para hacer posible el desarrollo de esta Orden. Para dar publicidad a estos cambios, bastará con que la Dirección General a la cual se encuentre adscrito el Boletín Oficial refleje esta información en la sección correspondiente de la sede electrónica del Boletín Oficial de Cantabria indicando al mismo tiempo la fecha y el órgano directivo de la Resolución aprobatoria.

Disposición adicional tercera.- Usuarios con permisos de acceso previos a esta Orden.

Para los usuarios que a la entrada en vigor de esta norma dispongan de acceso al sistema con perfil del tipo 1 no se requerirá tramitación alguna para mantener su acceso; por lo tanto, podrán seguir utilizando el sistema como lo venían haciendo hasta la fecha.

Disposición transitoria única.- Fases de puesta en marcha de la aplicación.

Mediante resolución de la Dirección General a la cual se encuentre adscrito el Boletín Oficial de Cantabria, que será publicada en este diario oficial, se irán estableciendo las fechas de inicio de la utilización de este canal telemático de presentación de solicitudes de publicación de anuncios en el Boletín Oficial de Cantabria para los anuncios no afectados por la entrada en vigor concreta que se establece en la disposición final de esta Orden.

Disposición Derogatoria Única.

Queda derogada cualquier disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en la presente orden.

Disposición Final Única.

La presente Orden entrará en vigor a los quince días naturales de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria para las remisiones de solicitudes de publicación de anuncios que realice la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y que tengan acceso a la intranet corporativa administrada por la Dirección General competente en tecnologías de la información.

Para el resto se estará a lo dispuesto en la disposición transitoria única de esta Orden.

 

En Santander, 25 de mayo de 2012.

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Fdo.- Leticia Díaz Rodríguez

01Ene/14

Legislación de Argentina. Ordenanza nº 872/H.C.D./04 del 9 de diciembre de 2004, Reglamento General para la Elaboración Participativa de normas

ORDENANZA nº: 872/H.C.D./04

POR CUANTO:

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE EL CALAFATE SANCIONA CON FUERZA DE:

 

O R D E N A N ZA

 

Artículo 1º.- APRUEBASE , el » Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas» que, como Anexo I forma parte integrante del presente y el «Formulario para la presentación de Opiniones y Propuestas en el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas que se incluye como Anexo II del presente Acto.

 

 

Artículo 2º.- APRUEBASE, el «Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Municipal» que, como Anexo III forma parte integrante del presente.-

 

 

Artículo 3º.- ESTABLEZCASE la difusión por Medios de Comunicación local, y el acceso libre y gratuito vía Internet de la Edición diaria de la totalidad de la secciones del Boletín Oficial de la Ciudad de El Calafate, Durante el día hábil administrativo de su publicación.-

 

 

Artículo 4º.- LOS ANEXOS de los Actos administrativos emanados del PODER EJECUTIVO MUNICIPAL no publicados en la edición gráfica y en medios del Boletín Oficial de la Ciudad de El Calafate, Podrán visualizarse en forma libre y gratuita a través del sitio www.elcalafate.gov.ar

 

 

Artículo 5º.- LA REPRODUCCIÓN del Boletín Oficial de la Ciudad de El Calafate en Internet debe ser exactamente fiel en texto y tiempo a la que se publique en soporte papel entregada a los Medios de Comunicación local, en todas sus secciones.

 

Artículo 6º.- DÉJESE sin efecto cualquier norma que se oponga al presente.

 

Artículo 7º.- REFRENDARA , la presente Ordenanza el Señor Secretario General de este Honorable Concejo Deliberante, Don Juan Carlos Parengo.

 

Artículo 8º.- TOMEN conocimiento Secretarías de Bloques. Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, Comuníquese y Cumplido ARCHIVESE.

 

 

JUAN CARLOS PARENGO

Secretario General HONORABLE C. DELIBERANTE

 

JOSE HECTOR VIVAR

Presidente HONORABLE C. DELIBERANTE

 

 

 

POR TANTO:

Téngase por Ordenanza Municipal nº 87.204, Dése a Boletín Municipal. Comuníquese y cumplido ARCHIVESE.-

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 1º.- OBJETO

El objeto del presente Reglamento es regular el mecanismo de Elaboración Participativa de Normas, estableciendo el marco general para su desenvolvimiento.

 

Artículo 2º .-AMBITO DE APLICACION

El presente Reglamento General es de aplicación en el de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Municipal.

 

Artículo 3º .-DESCRIPCION

La Elaboración Participativa de Normas constituye un mecanismo por el cual se habilita un espacio institucional para la expresión de opiniones y propuestas respecto de proyectos de normas administrativas y proyectos de ordenanza para ser elevados por el Poder Ejecutivo Municipal al Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de El Calafate.

 

Artículo 4º .-FINALIDAD

La finalidad de la Elaboración Participativa de Normas es permitir y promover una efectiva participación ciudadana en el proceso de elaboración de reglas administrativas y proyectos de ordenanza para ser presentados por el Poder Ejecutivo Municipal al Honorable Concejo Deliberante de El Calafate.

 

Artículo 5º .-PRINCIPIOS

El procedimiento de Elaboración Participativa de Normas debe garantizar el respeto de los principios de igualdad, publicidad, informalidad y gratuidad.

 

Artículo 6º .-EFECTOS

Las opiniones y propuestas que se presenten durante el proceso de Elaboración Participativa de Normas no tienen carácter vinculante.

 

ANEXO I.- REGLAMENTO GENERAL PARA LA ELABORACION PARTICIPATIVA DE NORMAS

 

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 7º .-AUTORIDAD RESPONSABLE

El área a cargo de la elaboración de la norma a dictarse es la Autoridad Responsable. La máxima autoridad de dicha área dirige el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas, pudiendo delegar tal responsabilidad en un funcionario competente en razón del objeto del mismo.

 

Artículo 8º .-ORGANISMO COORDINADOR

En los casos en que la Autoridad Responsable lo considere oportuno, puede solicitarse la participación, como Organismo Coordinador, de la SECRETARIA DE COORDINACION dependiente del EJECUTIVO MUNICIPAL y .-en casos relacionados con temas de su competencia.- de la Secretaría de Gobierno Municipal. El Organismo Coordinador tiene como función asistir técnicamente a la Autoridad Responsable en el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas.

 

Artículo 9º .-PARTICIPANTES

Puede ser participante en el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas toda persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho o interés simple, difuso o de incidencia colectiva, relacionado con la norma a dictarse.

 

CAPITULO II.- ETAPA INICIAL

 

Artículo 10º .-INICIO DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento de Elaboración Participativa de Normas se inicia mediante acto administrativo expreso de la Autoridad Responsable.

 

Artículo 11º .-SOLICITUD DE PERSONA INTERESADA

Toda persona física o jurídica, pública o privada, puede solicitar mediante presentación fundada ante la Autoridad Responsable, la realización un procedimiento de Elaboración Participativa de Normas.

La Autoridad Responsable debe expedirse sobre tal requerimiento en un plazo no mayor a TREINTA (30) días, mediante acto administrativo fundado, el que debe ser notificado al solicitante por medio fehaciente.

 

Artículo 12º .-CONTENIDO DEL ACTO DE APERTURA

 

El acto administrativo de apertura del procedimiento de Elaboración Participativa de Normas debe ordenar el inicio del correspondiente expediente y establecer:

a.- Autoridad Responsable;

b.- texto y fundamentos de la norma propuesta;

c.- datos del solicitante.-si lo hubiere.-;

d.- lugar donde se puede tomar vista del expediente, presentar opiniones y propuestas;

e.- plazos para realizar dichas presentaciones.

 

Artículo 13º .-PUBLICACION

La Autoridad Responsable debe publicar durante DOS (2) días en el Boletín Oficial, y al menos QUINCE (15.- días en su página de Internet, el contenido del acto de apertura del procedimiento de Elaboración Participativa de Normas, a la ciudadanía a expresar sus opiniones y propuestas. En los casos en que, a juicio de dicha Autoridad resulte procedente, deben ampliarse las publicaciones a diarios de circulación provincial y/o nacional, medios locales y/o especializados en la temática de la norma a dictarse.

 

Artículo 14º .-EXPEDIENTE

El expediente se inicia con el acto administrativo de del procedimiento y se forma con las copias de su publicación, las opiniones y propuestas y las constancias de cada una de las etapas del procedimiento de Elaboración Participativa de Normas.

El expediente debe estar a disposición de los interesados para su consulta, en el lugar que, mediante resolución, defina la Autoridad Responsable. Las copias del mismo son a costa del solicitante.

 

Artículo 15º .-REGISTRO DE OPINIONES Y PROPUESTAS

La Autoridad Responsable debe habilitar un Registro para la incorporación de opiniones y propuestas desde la apertura del procedimiento de Elaboración Participativa de Normas. Estas deben realizarse por escrito .-pudiendo acompañar la documentación que se estime pertinente .- y presentarse a través de un formulario preestablecido, numerado correlativamente y que consigne, como mínimo, los datos previstos en el modelo que integra el presente Decreto como Anexo II.

La presentación ante el Registro es libre y gratuita y debe realizarse en el lugar determinado en el acto de apertura. Los responsables del Registro deben entregar certificados de recepción de las opiniones y/o propuestas y de la documentación acompañada.

 

Artículo 16º .-PLAZO PARA LAS PRESENTACIONES

El plazo para la presentación de opiniones y propuestas no puede ser inferior a VEINTE (20) días desde la publicación del acto de apertura del procedimiento de Elaboración Participativa de Normas.

 

Artículo 17º .-COMENTARIOS INFORMALES

La Autoridad Responsable debe habilitar una casilla de correo electrónico y una dirección postal a efectos de recibir comentarios informales. Los comentarios así vertidos, no se incorporan al expediente.

 

Artículo 18º .-CONVOCATORIA A ESTUDIOS Y CONSULTAS

La Autoridad Responsable puede encargar la realización de estudios especiales o rondas de consultas, relacionados con la norma motivo del procedimiento de Elaboración Participativa de Normas, tendientes a generar información útil para la toma de decisión.

 

CAPITULO III.- ETAPA FINAL

 

Artículo 19º .-CONSIDERACION DE LAS PRESENTACIONES

Concluido el plazo para recibir opiniones y propuestas, la Autoridad Responsable debe dejar constancia en el expediente acerca de la cantidad de opiniones y propuestas recibidas y de cuáles considera pertinentes incorporar a la norma a dictarse. Únicamente debe expedirse sobre aquellas presentaciones incorporadas al expediente.

 

Artículo 20º .-REDACCION DE LA NORMA

En los fundamentos de la norma debe dejarse constancia de la realización del procedimiento de Elaboración Participativa de Normas, los aportes recibidos y de las modificaciones incorporadas al texto como consecuencia del mismo.

 

Artículo 21º .-PUBLICACION DE LA NORMA

La norma debe publicarse en el Boletín Oficial por el de UN (1) día, así como incorporarse a la página de Internet de la Autoridad Responsable.

 

ANEXO II.- FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE OPINIONES Y PROPUESTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACION PARTICIPATIVA DE NORMAS

NUMERO DE PRESENTACION

• CONTENIDO DE LA NORMA A DICTARSE

• DATOS DEL PRESENTANTE

11. NOMBRE Y APELLIDO:

12. DNI:

13. FECHA DE NACIMIENTO:

14. LUGAR DE NACIMIENTO:

15. NACIONALIDAD:

16. DOMICILIO:

17. TELEFONO PARTICULAR / CELULAR:

18. TELEFONO LABORAL:

19. DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO:

20. CARACTER EN QUE SE PRESENTA (marcar con una cruz lo que corresponde)

( ) Particular interesado (persona física.-

( ) Representante de Persona Jurídica (¹)

(¹) En caso de actuar como representante de PERSONA JURIDICA, indique los siguientes datos de su representada:

DENOMINACION / RAZON SOCIAL:

DOMICILIO:

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONERIA INVOCADA:

• CONTENIDO DE LA OPINION Y/O PROPUESTA

En caso de adjuntarla/s por instrumento separado, marcar la opción correspondiente (²)

………………………..……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(²) ( ) Se adjunta informe por separado.

• DETALLE DE LA DOCUMENTACION ACOMPAÑADA

……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…………………………………………………………………………..

FIRMA:

ACLARACION:

 

ANEXO III.- REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO MUNICIPAL

 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 1º .-OBJETO

El objeto del presente Reglamento es regular el mecanismo de Acceso a la Información Pública, estableciendo el marco general para su desenvolvimiento.

 

Artículo 2º .-AMBITO DE APLICACION

El presente Reglamento General es de aplicación en el ámbito de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Municipal.

 

Artículo 3º .-DESCRIPCION

El Acceso a la Información Pública constituye una instancia de participación ciudadana por la cual toda persona ejercita su derecho a requerir, consultar y recibir información de cualquiera de los sujetos mencionados en el Artículo 2º.

 

Artículo 4º .-FINALIDAD

La finalidad del Acceso a la Información Pública es permitir y promover una efectiva participación ciudadana, a través de la provisión de información adecuada, oportuna y veraz.

 

Artículo 5º .-ALCANCES

Se considera información a los efectos del presente, toda constancia en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por los sujetos mencionados en el Artículo 2º o que obre en su poder o bajo su control, o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario público, o que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa.

El sujeto requerido debe proveer la información mencionada siempre que ello no implique la obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido.

 

Artículo 6º .-SUJETOS

Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado.

 

Artículo 7º .-PRINCIPIOS

El mecanismo de Acceso a la Información Pública debe garantizar el respeto de los principios de igualdad, publicidad, celeridad, informalidad y gratuidad.

 

Artículo 8º .-PUBLICIDAD

Se presume pública toda información producida u obtenida por o para los sujetos mencionados en el Artículo 2º.

 

Artículo 9º .-GRATUIDAD

El acceso público a la información es gratuito en tanto no se requiera su reproducción.

Las copias son a costa del solicitante.

 

Artículo 10º .-ACCESIBILIDAD

Los sujetos en cuyo poder obre la información deben prever su adecuada organización, sistematización y disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso. La información debe ser provista sin otras condiciones más que las expresamente establecidas en el presente. Asimismo deben generar, actualizar y dar a conocer información básica, con el suficiente detalle para su individualización, a fin de orientar al público en el ejercicio de su derecho.

 

CAPÍTULO II.- SOLICITUD DE INFORMACION

 

Artículo 11º .-REQUISITOS

La solicitud de información debe ser realizada por escrito, con la identificación del requirente, sin estar sujeta a ninguna otra formalidad. No puede exigirse la manifestación del propósito de la requisitoria. Debe entregarse al solicitante de la información una constancia del requerimiento.

 

Artículo 12º .-RESPUESTA

El sujeto requerido está obligado a permitir el acceso a la información en el momento que le sea solicitado o proveerla en un plazo no mayor de QUINCE (15) días. El plazo puede ser prorrogado en forma excepcional por otros QUINCE (15) días, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada.

En su caso, el sujeto requerido debe comunicar fehacientemente por acto fundado y antes del vencimiento las razones por las que hace uso de tal prórroga.

Cuando la información contenga datos personales o perfiles de consumo, estos datos deben ser protegidos.

 

Artículo 13º .-DENEGATORIA

El sujeto requerido sólo puede negarse a brindar la información objeto de la solicitud, por acto fundado, si se verifica que la misma no existe o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en el presente.

La denegatoria debe ser dispuesta por un funcionario de jerarquía equivalente o superior a Director.

 

Artículo 14º .-EXCEPCIONES

Los sujetos comprendidos en el Artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley Nacional o Provincial, Ordenanza o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:

a.- Información expresamente clasificada como reservada, especialmente la referida a seguridad, defensa o política exterior;

b.- información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario;

c.- secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos;

d.- información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial;

e.- información preparada por los sujetos mencionados en el Artículo 2º dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparada por terceros para ser utilizada por aquellos y que se refiera a exámenes de situación, evaluación de sus sistemas de operación o condición de funcionamiento o a prevención o investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos;

f.- información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía del debido proceso;

g.- cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional;

h.- notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso previo al dictado de un acto administrativo o a la toma de una decisión, que no formen parte de un expediente;

i.- información referida a datos personales de carácter sensible .-en los términos de la Ley Nacional nº 25.326.- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor.

j.- información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona.

 

Artículo 15º .-INFORMACION PARCIALMENTE RESERVADA

En el caso que existiere un documento que contenga información parcialmente reservada, los sujetos enumerados en el Artículo 2º deben permitir el acceso a la parte de aquella que no se encuentre contenida entre las excepciones detalladas en el Artículo 14.

 

Artículo 16º..-AUTORIDAD DE APLICACION

La Autoridad de Aplicación del presente Reglamento es la SECRETARIA DE COORDINACION dependiente del Ejecutivo, quien tendrá a su cargo verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo.

 

Artículo 17º .-DENUNCIAS

El JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS es el organismo encargado de recibir, formular e informar a las autoridades responsables, las denuncias que se formulen en relación con el incumplimiento del presente régimen. 

01Ene/14

Portaria 1164-A/2007, de 12 de setembro de 2007, aprova o modelo de aviso de videovigilância em táxis. (Diário da República; I série A, nº 176, 12 de setembro de 2007).

Portaria nº 1164-A/2007 de 12 de Setembro

A Lei nº 33/2007, de 13 de Agosto, vem regular a instalação e utilização de sistemas de videovigilância em táxis, fixando as finalidades autorizadas, os requisitos mínimos, as características dos equipamentos e o regime aplicável à sua homologação, instalação e fiscalização.

De acordo com os n.os 3 e 4 do artigo 9º da Lei nº 33/2007, de 13 de Agosto, os táxis que instalem sistemas de videovigilância devem apor aviso, em local bem visível, sinalizando que neles se procede à captação e à gravação de imagens por razões de segurança, identificando o responsável pelo tratamento de dados e o respectivo contacto, de modelo a regulamentar pelo Governo.

 

Assim:

 

Manda o Governo, através do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, ao abrigo do nº 4 do artigo 9º da Lei nº 33/2007, de 13 de Agosto, o seguinte:

 

Artigo único

É aprovado o modelo de aviso a que se refere o nº 3 do artigo 9º da Lei nº 33/2007, de 13 de Agosto, que consta em anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante.

 

O Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, José Manuel dos Santos de Magalhães, em 10 de Setembro de 2007.

 

ANEXO.- Modelo

01Ene/14

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010. Provvedimento in materia di videosorveglianza

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO lo schema del provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dal Garante il 22 dicembre 2009 e trasmesso al Ministero dell'Interno, all'Unione delle Province d'Italia (UPI) ed all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), al fine di acquisirne preventivamente le specifiche valutazioni per i profili di competenza;

CONSIDERATE le osservazioni formulate dall' ANCI con note del 25 febbraio 2010 (prot. n. 10/Area INSAP/AR/crc-10) e del 29 marzo 2010 (prot. n. 17/Area INSAP/AR/ar-10);

CONSIDERATE le osservazioni formulate dal Ministero dell'Interno con nota del 26 febbraio 2010;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

1. PREMESSA

Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica; al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali.

Il Garante ritiene necessario intervenire nuovamente in tale settore con il presente provvedimento generale che sostituisce quello del 29 aprile 2004 (1).

Ciò in considerazione sia dei numerosi interventi legislativi in materia, sia dell'ingente quantità di quesiti, segnalazioni, reclami e richieste di verifica preliminare in materia sottoposti a questa Autorità.

Nel quinquennio di relativa applicazione, infatti, talune disposizioni di legge hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze volte a garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (2), mentre altre norme, statali (3) e regionali (4), hanno previsto altresì forme di incentivazione economica a favore delle amministrazioni pubbliche e di soggetti privati al fine di incrementare l'utilizzo dellavideosorveglianza quale forma di difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici.

VIDEOSORVEGLIANZA: PRINCIPI GENERALI

La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

Un'analisi non esaustiva delle principali applicazioni dimostra che la videosorveglianza è utilizzata a fini molteplici, alcuni dei quali possono essere raggruppati nei seguenti ambiti generali:

1) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;

2) protezione della proprietà;

3) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;

4) acquisizione di prove.

La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi divideosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati.

Naturalmente l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata (5), sul controllo a distanza dei lavoratori (6), in materia di sicurezza presso stadi e impianti sportivi (7), o con riferimento a musei, biblioteche statali e archivi di Stato (8), in relazione ad impianti di ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali (9) e, ancora, nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e nell'ambito delle linee di trasporto urbano (10).

In tale quadro, pertanto, è necessario che:

a) il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza sia fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per i soggetti pubblici da un lato (svolgimento di funzioni istituzionali: artt. 18-22 del Codice) e, dall'altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici (es. adempimento ad un obbligo di legge, provvedimento del Garante di c.d. «bilanciamento di interessi» -v., in proposito, punto 6.2- o consenso libero ed espresso: artt. 23-27 del Codice). Si tratta di presupposti operanti in settori diversi e che sono pertanto richiamati separatamente nei successivi paragrafi del presente provvedimento relativi, rispettivamente, all'ambito pubblico e a quello privato;

b) ciascun sistema informativo ed il relativo programma informatico vengano conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi (es., configurando il programma informatico in modo da consentire, per monitorare il traffico, solo riprese generali che escludano la possibilità di ingrandire le immagini e rendere identificabili le persone). Lo impone il principio di necessità, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice);

c) l'attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice).

3. ADEMPIMENTI APPLICABILI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa «minima», indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al presente provvedimento.

Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa:

• deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;

• deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;

• può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Il Garante ritiene auspicabile che l'informativa, resa in forma semplificata avvalendosi del predetto modello, poi rinvii a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per gli utenti, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito).

In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice.

3.1.1. Informativa e sicurezza

Talune disposizioni del Codice, tra le quali quella riguardante l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati, non sono applicabili al trattamento di dati personali effettuato, anche sotto forma di suoni e immagini, dal «Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento» (art. 53 del Codice).

Alla luce di tale previsione del Codice, i predetti titolari del trattamento di dati personali devono osservare i seguenti principi:

a) l'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati;

b) il trattamento deve comunque essere effettuato in base ad espressa disposizione di legge che lo preveda specificamente.

3.1.2. Ulteriori specificazioni: l'informativa eventuale nella videosorveglianzaeffettuata per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati

Il Garante, al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, ritiene fortemente auspicabile che l'informativa, benché non obbligatoria, laddove l'attività divideosorveglianza sia espletata ai sensi dell'art. 53 del Codice, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

Ciò naturalmente all'esito di un prudente apprezzamento volto a verificare che l'informativa non ostacoli, ma anzi rafforzi, in concreto l'espletamento delle specifiche funzioni perseguite, tenuto anche conto che rendere palese l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza può, in molti casi, svolgere una efficace funzione di deterrenza.

A tal fine i titolari del trattamento possono rendere nota la rilevazione di immagini tramite impianti divideosorveglianza attraverso forme anche semplificate di informativa, che evidenzino, mediante l'apposizione nella cartellonistica di riferimenti grafici, simboli, diciture, l'utilizzo di tali sistemi per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

In ogni caso resta fermo che, anche se i titolari si avvalgono della facoltà di fornire l'informativa, resta salva la non applicazione delle restanti disposizioni del Codice tassativamente indicate dall'art. 53, comma 1, lett. a) e b).

Va infine sottolineato che deve essere obbligatoriamente fornita un'idonea informativa in tutti i casi in cui, invece, i trattamenti di dati personali effettuati tramite l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e da altri soggetti pubblici non siano riconducibili a quelli espressamente previsti dall'art. 53 del Codice (es. utilizzo di sistemi di rilevazioni delle immagini per la contestazione delle violazioni del Codice della strada).

3.1.3. Informativa da parte dei soggetti privati che effettuano collegamenti con le forze di polizia

I trattamenti di dati personali effettuati da soggetti privati tramite sistemi di videosorveglianza, direttamente collegati con le forze di polizia, esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 53 del Codice. Pertanto, l'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, ilGarante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa «minima» – indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia- individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice e riportato in fac-simile nell'allegato n. 2 al presenteprovvedimento. Nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati, tale collegamento deve essere reso noto.

Al predetto trattamento si applicano le prescrizioni contenute nel punto 4.6

La violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa di cui all'art. 13, consistente nella sua omissione o inidoneità (es. laddove non indichi comunque il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia), è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 161 del Codice.

Le diverse problematiche riguardanti le competenze attribuite ai comuni in materia di sicurezza urbana sono esaminate al punto 5.1.

3.2.1. Verifica preliminare

I trattamenti di dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti da questa Autorità come esito di una verifica preliminare attivata d'ufficio o a seguito di un interpello del titolare (art. 17 del Codice), quando vi sono rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare.

In tali ipotesi devono ritenersi ricompresi i sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici. L'uso generalizzato e incontrollato di tale tipologia di dati può comportare, in considerazione della loro particolare natura, il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per l'interessato, per cui si rende necessario prevenire eventuali utilizzi impropri, nonché possibili abusi.

Ad esempio, devono essere sottoposti alla verifica preliminare di questa Autorità i sistemi divideosorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima.

Un analogo obbligo sussiste con riferimento a sistemi c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli. In linea di massima tali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione dell'interessato e, conseguentemente, sul suo comportamento. Il relativo utilizzo risulta comunque giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice).

Deve essere sottoposto a verifica preliminare l'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza nei casi in cui le relative modalità di trattamento non corrispondano a quelle individuate nei punti 4.6 e 5.4 del presente provvedimento.

Ulteriori casi in cui si rende necessario richiedere una verifica preliminare riguardano l'allungamento dei tempi di conservazione dei dati delle immagini registrate oltre il previsto termine massimo di sette giorni derivante da speciali esigenze di ulteriore conservazione, a meno che non derivi da una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione a un'attività investigativa in corso (v. punto 3.4).

Comunque, anche fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramitevideosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti individuati nel presente provvedimento non sono integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare a questa Autorità.

3.2.2. Esclusione della verifica preliminare

Il titolare del trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza non deve richiedere una verifica preliminare purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) il Garante si sia già espresso con un provvedimento di verifica preliminare in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti;

b) la fattispecie concreta, le finalità del trattamento, la tipologia e le modalità d'impiego del sistema che si intende adottare, nonché le categorie dei titolari, corrispondano a quelle del trattamento approvato;

c) si rispettino integralmente le misure e gli accorgimenti conosciuti o concretamente conoscibili prescritti nel provvedimento di cui alla lett. a) adottato dal Garante.

Resta inteso che il normale esercizio di un impianto di videosorveglianza, non rientrante nelle ipotesi previste al precedente punto 3.2.1, non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante, sempreché il trattamento medesimo avvenga con modalità conformi al presente provvedimento.

Resta altresì inteso che nessuna approvazione implicita può desumersi dal semplice inoltro alGarante di documenti relativi a progetti di videosorveglianza (spesso generici e non valutabili a distanza) cui non segua un esplicito riscontro dell'Autorità, in quanto non si applica il principio del silenzio-assenso.

3.2.3. Notificazione

E' regola generale che i trattamenti di dati personali devono essere notificati al Garante solo se rientrano in casi specificamente previsti (art. 37 del Codice). In relazione a quanto stabilito dalla lett. f), del comma 1, dell'art. 37, questa Autorità ha già disposto che non vanno comunque notificati i trattamenti di dati effettuati per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio ancorché relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando immagini o suoni raccolti siano conservati temporaneamente (11). Al di fuori di tali precisazioni, il trattamento, che venga effettuato tramite sistemi di videosorveglianza e che sia riconducibile a quanto disposto dall'art. 37 del Codice, deve essere preventivamente notificato a questa Autorità.

La mancata o incompleta notificazione ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 163.

videosorveglianza e soggetti preposti

3.3.1. Misure di sicurezza

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).

Devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).

E' inevitabile che -in considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza, anche in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite nonché della varietà dei sistemi tecnologici utilizzati- le misure minime di sicurezza possano variare anche significativamente. E' tuttavia necessario che le stesse siano quanto meno rispettose dei principi che seguono:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini (v. punto 3.3.2). Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;

b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;

c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto (v. punto 3.4);

d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati divideosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

3.3.2. Responsabili e incaricati

Il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (art. 30 del Codice). Deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.) (v. punto 3.3.1).

Vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene all'eventuale designazione di responsabili del trattamento (art. 29 del Codice).

Il mancato rispetto di quanto previsto nelle lettere da a) ad f) del punto 3.3.1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

L'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-bis, ed integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 169 del Codice.

3.4. Durata dell'eventuale conservazione

Nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità (v. art. 11, comma 1, lett. e),del Codice), anche l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario – e predeterminato – a raggiungere la finalità perseguita.

La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ritiene non debba comunque superare la settimana.

Per i comuni e nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle recenti disposizioni normative (12), il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato «ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione».

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante (v. punto 3.2.1), e comunque essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

Il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo di cancellazione di dette immagini oltre il termine previsto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

3.5. Diritti degli interessati

Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice).

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10, comma 5, del Codice).

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a), del Codice). Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b), del Codice).

4. SETTORI SPECIFICI

Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, pertanto è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge). Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro: in tali casi, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 300/1970, gli impianti e le apparecchiature, «dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti» (v., altresì, artt. 113 e 114 del Codice; art. 8 l. n. 300/1970 cit.; art. 2 d.lg. n. 165/2001).

Tali garanzie vanno osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri contesti in cui è resa la prestazione di lavoro, come, ad esempio, nei cantieri edili o con riferimento alle telecamere installate su veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone (artt. 82, 85-87, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada») o su veicoli addetti al servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone (le quali non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida, e le cui immagini, raccolte per finalità di sicurezza e di eventuale accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull'attività lavorativa degli addetti, v. punto 4.4).

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei lavoratori o ad effettuare indagini sulle loro opinioni integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 171 del Codice.

Sotto un diverso profilo, eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel Codice (artt. 136 e ss.), fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi, per motivi legittimi, alla sua diffusione (art. 7, comma 4, lett. a), del Codice).

4.2. Ospedali e luoghi di cura

L'eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione, reparti di isolamento), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.

Devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazione di quanto prescritto dal provvedimento generale del 9 novembre 2005 adottato in attuazione dell'art. 83 del Codice (13).

Il titolare deve garantire che possano accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo i soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico ed infermieristico). Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), ai quali può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse (art. 22, comma 8, del Codice). In tale quadro, va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

La diffusione di immagini in violazione dell'art. 22, comma 8, del Codice, oltre a comportare l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-bis, integra la fattispecie di reato stabilita dall'art. 167, comma 2.

4.3. Istituti scolastici

L'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire «il diritto dello studente alla riservatezza» (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione(14).

4.3.1. In tale quadro, può risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti; è vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

4.3.2. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

4.3.3. Il mancato rispetto di quanto prescritto ai punti 4.3.1 e 4.3.2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

4.4. Sicurezza nel trasporto pubblico

4.4.1. Alcune situazioni di particolare rischio possono fare ritenere lecita l'installazione di sistemi divideosorveglianza sia su mezzi di trasporto pubblici, sia presso le fermate dei predetti mezzi.

4.4.2. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa devono essere determinate nel rispetto dei richiamati principi di necessità, proporzionalità e finalità; pertanto, occorre evitare riprese particolareggiate nei casi in cui le stesse non sono indispensabili in relazione alle finalità perseguite.

4.4.3. I titolari del trattamento dovranno poi provvedere a fornire la prevista informativa agli utenti del servizio di trasporto urbano. Gli autobus, i tram, i taxi ed i veicoli da noleggio con o senza conducente dotati di telecamere dovranno pertanto portare apposite indicazioni o contrassegni che diano conto con immediatezza della presenza dell'impianto di videosorveglianza, anche utilizzando a tal fine il fac-simile riportato nell'allegato n. 1 al presente provvedimento, e indicanti, comunque, il titolare del trattamento, nonché la finalità perseguita.

4.4.4. Specifiche cautele devono essere osservate laddove vengano installati impianti divideosorveglianza presso le aree di fermata, in prossimità delle quali possono transitare anche soggetti diversi dagli utenti del servizio di trasporto pubblico. In particolare, l'angolo visuale delle apparecchiature di ripresa deve essere strettamente circoscritto all'area di permanenza, permettendo l'inquadratura solo della pensilina e di altri arredi urbani funzionali al servizio di trasporto pubblico (tabelle degli orari, paline recanti l'indicazione degli autobus in transito, ecc.), con esclusione della zona non immediatamente circostante e comunque dell'area non direttamente funzionale rispetto alle esigenze di sicurezza del sistema di traffico e trasporto. Anche in tale ipotesi occorre evitare le riprese inutilmente particolareggiate o tali da rilevare caratteristiche eccessivamente dettagliate degli individui che stazionano presso le fermate. L'esistenza delle telecamere deve essere opportunamente evidenziata nelle predette aree di fermata.

4.4.5. Fermo restando che la violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa di cui all'art. 13 è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 161 del Codice e l'utilizzo di sistemi divideosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei lavoratori integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 171, il mancato rispetto di quanto prescritto al punto 4.4.4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

4.5. Utilizzo di web cam o camera-on-line a scopi promozionali-turistici o pubblicitari

Le attività di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam devono avvenire con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi. Ciò in considerazione delle peculiari modalità del trattamento, dalle quali deriva un concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per gli interessati: le immagini raccolte tramite tali sistemi, infatti, vengono inserite direttamente sulla rete Internet, consentendo a chiunque navighi sul web di visualizzare in tempo reale i soggetti ripresi e di utilizzare le medesime immagini anche per scopi diversi dalle predette finalità promozionali-turistiche o pubblicitarie perseguite dal titolare del trattamento.

videosorveglianza

In ottemperanza del principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, si è incrementato il ricorso a sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati, nonché l'offerta di servizi centralizzati di videosorveglianza remota da parte di fornitori (società di vigilanza, Internet service providers, fornitori di servizi video specialistici, ecc.). Inoltre, le immagini riprese vengono talvolta rese disponibili, con varie tecnologie o modalità, alle forze di polizia.

Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati divideosorveglianza:

a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;

b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un «centro» unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;

c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa «minima» – indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia- individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice e riportato in fac-simile nell'allegato n. 2 al presente provvedimento. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati (v. punto 3.1.3).

Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle individuate nel precedente punto 3.3.1, quali:

1) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;

2) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

Il mancato rispetto delle misure previste ai punti 1) e 2) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.
Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati divideosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare a questa Autorità (v. punto 3.2.1).

5. SOGGETTI PUBBLICI

I soggetti pubblici, in qualità di titolari del trattamento (art. 4, comma 1, lett. f), del Codice), possono trattare dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice), soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Ciò vale ovviamente anche in relazione a rilevazioni di immagini mediante sistemi divideosorveglianza (art. 18, comma 2, del Codice).

I soggetti pubblici sono tenuti a rispettare, al pari di ogni titolare di trattamento effettuato tramite sistemi di videosorveglianza, i principi enunciati nel presente provvedimento.

Anche per i soggetti pubblici sussiste l'obbligo di fornire previamente l'informativa agli interessati (art. 13 del Codice), ferme restando le ipotesi prese in considerazione al punto 3.1.1. Pertanto, coloro che accedono o transitano in luoghi dove sono attivi sistemi di videosorveglianza devono essere previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali. A tal fine, anche i soggetti pubblici possono utilizzare il modello semplificato di informativa «minima», riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al presente provvedimento (v. punto 3.1).

5.1. Sicurezza urbana

Recenti disposizioni legislative in materia di sicurezza hanno attribuito ai sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza ed all'adozione di atti che sono loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché allo svolgimento delle funzioni affidati ad essi dalla legge in materia di sicurezza e di polizia giudiziaria(15). Al fine di prevenire e contrastare determinati pericoli(16) che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, il sindaco può altresì adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Infine, il sindaco, quale ufficiale del Governo, concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell'interno.

Da tale quadro emerge che sussistono specifiche funzioni attribuite sia al sindaco, quale ufficiale del Governo, sia ai comuni, rispetto alle quali i medesimi soggetti possono utilizzare sistemi divideosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di tutelare la sicurezza urbana(17).

Non spetta a questa Autorità definire il concetto di sicurezza urbana e delimitarne l'ambito operativo rispetto a quelli di ordine e sicurezza pubblica; purtuttavia, resta inteso che, nelle ipotesi in cui le attività  di videosorveglianza siano assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati, trova applicazione l'art. 53 del Codice (v. punto 3.1.1).

In ogni caso, si ribadisce l'auspicio che, nelle predette ipotesi, l'informativa, benché non obbligatoria, venga comunque resa, specie laddove i comuni ritengano opportuno rendere noto alla cittadinanza l'adozione di misure e accorgimenti, quali l'installazione di sistemi di videosorveglianza, volti al controllo del territorio e alla protezione degli individui.

5.2. Deposito dei rifiuti

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi divideosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

5.3. Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada

Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi divideosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali.

5.3.1. L'utilizzo di tali sistemi è quindi lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate. In conformità alla prassi ed al quadro normativo di settore riguardante talune violazioni del Codice della strada(18), il Garante prescrive quanto segue:

a) gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;

b) le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., ai sensi dell'art. 383 del d.P.R. n. 495/1992, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);

c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;

d) le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore(19), fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;

e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;

f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto nelle lettere da a) ad f) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

5.3.2. Anche i conducenti dei veicoli e le persone che accedono o transitano in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni devono essere previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice).

Particolari disposizioni normative vigenti individuano già talune ipotesi (come, ad es., in caso di rilevamento a distanza dei limiti di velocità) in cui l'amministrazione pubblica è tenuta a informare gli utenti in modo specifico in ordine all'utilizzo di dispositivi elettronici(20).

L'obiettivo da assicurare è quello di un'efficace informativa agli interessati, che può essere fornita dagli enti preposti alla rilevazione delle immagini attraverso più soluzioni.

Un'idonea informativa in materia può essere anzitutto assicurata mediante l'utilizzo di strumenti appropriati che rendano agevolmente conoscibile l'esistenza e la presenza nelle aree interessate degli strumenti di rilevamento di immagini. A tal fine, svolgono un ruolo efficace gli strumenti di comunicazione al pubblico e le iniziative periodiche di diffusa informazione (siti web, comunicati scritti); tali forme di informazione possono essere eventualmente integrate con altre modalità (es., volantini consegnati all'utenza, pannelli a messaggio variabile, annunci televisivi e radiofonici, reti civiche e altra comunicazione istituzionale).

A integrazione di tali strumenti di comunicazione e informazione, va considerato il contributo che possono dare appositi cartelli. A tal fine, il modello semplificato di informativa «minima», riportato nel fac-simile in allegato, può essere utilizzato nei casi in cui la normativa in materia di circolazione stradale non prevede espressamente l'obbligo di informare gli utenti relativamente alla presenza di dispositivi elettronici volti a rilevare automaticamente le infrazioni.

Come si è detto, la normativa di settore prevede espressamente, in alcuni casi (es., rilevamento a distanza dei limiti di velocità, dei sorpassi vietati), l'obbligo di rendere nota agli utenti l'installazione degli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni. In questi stessi casi è quindi possibile fare a meno di fornire un'ulteriore, distinta informativa rispetto al trattamento dei dati che riproduca gli elementi che sono già noti agli interessati per effetto degli avvisi di cui alla disciplina di settore in tema di circolazione stradale (art. 13, comma 2, del Codice). L'installazione di questi ultimi appositi avvisi previsti dal Codice della strada permette già agli interessati di percepire vari elementi essenziali in ordine al trattamento dei propri dati personali. Pertanto, gli avvisi che segnalano adeguatamente l'attivazione di dispositivi elettronici di rilevazione automatica delle infrazioni possono essere considerati idonei ad adempiere all'obbligo di fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Codice.

Infine, l'obbligo di fornire tale informativa deve ritenersi soddisfatto anche quando il titolare del trattamento, pur mancando una previsione normativa che obblighi specificamente a segnalare la rilevazione automatizzata, la segnali comunque utilizzando avvisi analoghi a quelli previsti dal Codice della strada.

La violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa di cui all'art. 13 è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 161 del Codice.

5.3.3. Qualora si introducano sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, i comuni dovranno rispettare quanto previsto dal d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. Tale normativa prevede che i dati trattati possono essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso, ferma restando l'accessibilità agli stessi per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale (art. 3 d.P.R. n. 250/1999).

videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in particolare, da enti territoriali

Anche gli enti territoriali e, in generale, i soggetti pubblici operanti sul territorio effettuano attività divideosorveglianza in forma integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione, al fine di economizzare risorse e mezzi impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali.

Questa Autorità ha già individuato al punto 4.6 un quadro di specifiche garanzie in ordine alle corrette modalità che vengono qui ulteriormente richiamate, in particolare con riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia divideosorveglianza comunale(21).

In particolare:

a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

b) nei casi in cui un «centro» unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

Il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare a questa Autorità fuori dalle predette ipotesi, ed in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati divideosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento, agli effetti che possono determinare o, a maggior ragione, con riferimento a quei sistemi per i quali già il punto 3.2.1 la richiede (es. sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o c.d. intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli).

6. PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

6.1. Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali

L'installazione di sistemi di videosorveglianza -come si rileva dall'esame di numerose istanze pervenute all'Autorità- viene sovente effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali. In tal caso va chiarito che la disciplina del Codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l'adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice, che fa salve le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati). In tali ipotesi possono rientrare, a titolo esemplificativo, strumenti di videosorveglianza idonei ad identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all'interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box).

Benché non trovi applicazione la disciplina del Codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini.

6.2. Trattamento di dati personali per fini diversi da quelli esclusivamente personali

6.2.1. Consenso

Nel caso in cui trovi applicazione la disciplina del Codice, il trattamento di dati può essere lecitamente effettuato da privati ed enti pubblici economici solamente se vi sia il consenso preventivo dell'interessato, oppure se ricorra uno dei presupposti di liceità previsti in alternativa al consenso (artt. 23 e 24 del Codice).

Nel caso di impiego di strumenti di videosorveglianza la possibilità di acquisire il consenso risulta in concreto limitata dalle caratteristiche stesse dei sistemi di rilevazione che rendono pertanto necessario individuare un'idonea alternativa nell'ambito dei requisiti equipollenti del consenso di cui all'art. 24, comma 1, del Codice.

6.2.2. Bilanciamento degli interessi

Tale alternativa può essere ravvisata nell'istituto del bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del Codice). Il presente provvedimento dà attuazione a tale istituto, individuando i casi in cui la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora, con le modalità stabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.

A tal fine, possono essere individuati i seguenti casi, in relazione ai quali, con le precisazioni di seguito previste, il trattamento può lecitamente avvenire pure in assenza del consenso.

6.2.2.1. Videosorveglianza (con o senza registrazione delle immagini)

Tali trattamenti sono ammessi in presenza di concrete situazioni che giustificano l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, con o senza registrazione delle immagini, aree esterne ad edifici e immobili (perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), resta fermo che il trattamento debba essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.).

6.2.2.2. Riprese nelle aree condominiali comuni

Qualora i trattamenti siano effettuati dal condominio (anche per il tramite della relativa amministrazione), si evidenzia che tale specifica ipotesi è stata recentemente oggetto di una segnalazione da parte del Garante al Governo ed al Parlamento(22); ciò in relazione all'assenza di una puntuale disciplina che permetta di risolvere alcuni problemi applicativi evidenziati nell'esperienza di questi ultimi anni. Non è infatti chiaro se l'installazione di sistemi di videosorveglianza possa essere effettuata in base alla sola volontà dei comproprietari, o se rilevi anche la qualità di conduttori. Non è parimenti chiaro quale sia il numero di voti necessario per la deliberazione condominiale in materia (se occorra cioè l'unanimità ovvero una determinata maggioranza).

7. PRESCRIZIONI E SANZIONI

Il Garante invita tutti i titolari dei trattamenti di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza ad attenersi alle prescrizioni indicate nel presente provvedimento.

Le misure necessarie prescritte con il presente provvedimento devono essere osservate da tutti i titolari di trattamento. In caso contrario il trattamento dei dati è, a seconda dei casi, illecito oppure non corretto, ed espone:

• all'inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della relativa disciplina (art. 11, comma 2, del Codice);

• all'adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante (art. 143, comma 1, lett. c), del Codice), e di analoghe decisioni adottate dall'autorità giudiziaria civile e penale;

• all'applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali (artt. 161 e ss. del Codice).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1. prescrive ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, ai titolari del trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza, di adottare al più presto e, comunque, entro e non oltre i distinti termini di volta in volta indicati decorrenti dalla data di pubblicazione del presenteprovvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le misure e gli accorgimenti illustrati in premessa e di seguito individuati concernenti l'obbligo di:

a) entro dodici mesi, rendere l'informativa visibile anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno (punto 3.1);

b) entro sei mesi, sottoporre i trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, alla verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice (punto 3.2.1);

c) entro dodici mesi, adottare, le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti divideosorveglianza (punto 3.3);

d) entro sei mesi, adottare le misure necessarie per garantire il rispetto di quanto indicato nei punti 4.6 e 5.4, per quanto concerne i sistemi integrati di videosorveglianza;

2. individua, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g), del Codice, i casi nei quali il trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza può essere effettuato da soggetti privati ed enti pubblici economici, nei limiti e alle condizioni indicate, per perseguire legittimi interessi e senza richiedere il consenso degli interessati (punto 6.2.2);

3. individua nell'allegato 1, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice, un modello semplificato di informativa utilizzabile alle condizioni indicate in motivazione (punto 3.1);

4. individua nell'allegato 2, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice, un modello semplificato di informativa utilizzabile alle condizioni indicate in motivazione, al fine di rendere noto agli interessati l'attivazione di un collegamento del sistema di videosorveglianza con le forze di polizia (punti 3.1.3 e 4.6, lett. c));

5. segnala l'opportunità che, anche nell'espletamento delle attività di cui all'art. 53 del Codice, l'informativa, benché non obbligatoria, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati (punto 5.1);

6. dispone, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2010

IL PRESIDENTE
F.to Pizzetti

IL RELATORE
F.to Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to De Paoli

NOTE

——————————————————————————————————————————————

(1). In www.garanteprivacy.it; doc. web n. 1003482.

(2). V. l'art. 6, comma 8, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 23 aprile 2009, n. 38, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»; d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 24 luglio 2008, n. 125, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza urbana», il cui art. 6 ha novellato l'art. 54 del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, con cui sono stati disciplinati i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica. Con il decreto del 5 agosto 2008 il Ministro dell'interno ha stabilito l'ambito di applicazione, individuando la definizione di incolumità pubblica e sicurezza urbana, nonché i correlati ambiti di intervento attribuiti al sindaco. Cfr., altresì, l. 15 luglio 2009, n. 94 recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» (art. 3).

(3). A tale proposito, va ricordata la l. 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», il cui art. 1, comma 228, ha previsto, ai fini dell'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, la concessione da parte dell'Agenzia delle entrate (v. d.m. 6 febbraio 2008 recante «Modalità di attuazione dei commi da 233 a 237, dell'articolo 1, della legge n. 244/2007- credito d'imposta in favore degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni») di un credito d'imposta, determinato nella misura dell'80% del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.

(4). V., a titolo esemplificativo, l.r. Emilia Romagna, 4 dicembre 2003, n. 24 recante «Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza»; l.r. Friuli Venezia Giulia, 28 dicembre 2007, n. 30 recante «Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008)»; l.r. Lombardia, 14 aprile 2003, n. 4, recante «Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana»; la l.r. Sicilia, 3 dicembre 2003, n. 20 recante «Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico».

(5). V., in particolare l'art. 615-bis del codice penale. V. Provv. 2 ottobre 2008, doc. web n. 1581352.

(6). L. 20 maggio 1970, n. 300

(7). D.l. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, con l. 24 aprile 2003, n. 88; v. parere reso al Ministero dell'interno del 4 maggio 2005, doc. web n. 1120732.

(8). D.l. 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4.

(9). D.lg. 4 febbraio 2000, n. 45.

(10). D.m. 15 settembre 2009 n. 154, recante «Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155″.

(11). Provv. 31 marzo 2004, n. 1/2004 relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione (pubblicato in G.U. 6 aprile 2004, n. 81; doc. web n. 852561); v. anche i chiarimenti forniti con nota n. 9654/33365 del 23 aprile 2004 relativamente alla posizione geografica delle persone, doc. web n. 993385.

(12). Così stabilito dall'art. 6, comma 8, del d.l. n. 11/2009 cit.

(13). Provv. 9 novembre 2005, doc. web n. 1191411.

(14). Provv. 4 settembre 2009, doc. web n. 1651744.

(15). D.l. n. 92/2008 cit.

(16). D.m. 5 agosto 2008 cit.

(17). V. artt. 6 d.l. n. 92/2008 cit., e 6, comma 7, d.l. n. 11/2009 cit.

(18). V. quanto previsto con riferimento al rilevamento a distanza dei limiti di velocità e dei sorpassi vietati dal d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» (art. 383); circ. Ministero dell'interno del 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 recante «Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade»; circ. Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, del 16 maggio 2008, n. 300/A/1/34197/101/138 riguardante «Accesso ai documenti amministrativi riguardanti l'attività di accertamento e contestazione delle violazioni in materia di limiti di velocità» (par. 6); nota del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria e delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, prot. n. 300/A/1/38001/144/16/20 del 27 ottobre 2008.

(19). V., ad es., art. 3 d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 recante «Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della L. 15 maggio 1997, n. 127».

(20). La disciplina in tema di circolazione stradale prevede che le postazioni di controllo sulla rete stradale per rilevare la velocità debbano essere segnalate preventivamente e rese ben visibili in casi specificatamente delimitati: v., ad es., quanto stabilito in ordine all'utilizzazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo della viabilità finalizzati al rilevamento a distanza dei limiti di velocità, dei sorpassi vietati e delle norme di comportamento sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (artt. 142, 148 e 176 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285; art. 4, comma 1, d.lg. 20 giugno 2002, n. 121, conv., con mod., dall'art. 1 l. 1° agosto 2002, n. 168 recante «Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale»; d.m. 15 agosto 2007 recante «Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) d.l. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione»; art. 7 circ. Ministero dell'interno del 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 cit.; circ. Ministero dell'interno 8 aprile 2003, n. 300/A/1/41198/101/3/3/9 «Direttive per l'utilizzazione e l'installazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del d.lg. 30 aprile 1992, n. 285»).

(21).V. art. 6, comma 8, del d.l. n. 11/2009 cit.

(22). V. segnalazione del Garante del 13 maggio 2008, doc. web n. 1523997.

ALLEGATI

ALLEGATO n. 1

• Per le modalità di utilizzazione del modello, cfr. punto 3.1.
• Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine «registrazione» con quello di «rilevazione».
 

01Ene/14

REAL DECRETO NÚMERO 1369, DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1992M OIR EK QYE SE ANOKÑUA CIB CARÁCTER PROVISIONAL LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS TOPOGRAFÍAS DE LOS PRODUCTOS SEMICONDUCTORES A LAS PERSONAS ORIGINARIAS DE DETERMINADOS PAÍSES Y TERRITORIOS NO PERTENECIENT

La disposición final tercera de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 5 de mayo siguiente, autoriza al Gobierno para modificar el artículo 3.3, con el fin de ampliar el derecho a la protección de personas originarias de terceros países o territorios, que no pertenezcan a la Comunidad Económica Europea y que no se beneficien de la protección, cuando así se establezca por los órganos de las Comunidades Europeas.

El Real Decreto 855/1989, de 7 de julio, por el que se amplía la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores a las personas originarias de los países y territorios que figuran en su anexo, tenía carácter provisional y sus efectos se extendieron únicamente hasta el día 7 de noviembre de 1990.

Por su parte, el Consejo de las Comunidades Europeas ha adoptado la Decisión 90/511 de la CEE, de 9 de octubre de 1990, por la que se amplía la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores, con carácter provisional, a algunos países y territorios a fin de disponer del tiempo suficiente para fijar las condiciones de una protección mutua ilimitada.

Haciendo uso de la autorización al Gobierno prevista en la disposición final tercera, primer párrafo, de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, y teniendo en cuenta la Decisión 90/511/CEE adoptada por el Consejo de las Comunidades Europeas procede establecer la correspondiente norma nacional relativa a la ampliación de la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores a las personas originarias de los países y territorios que figuran en el anexo de la presente disposición.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Comercio y Turismo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de noviembre de 1992.

DISPONGO:

Artículo 1. Beneficiarios de la protección

1. Se beneficiarán de la protección prevista en la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores, las personas naturales que sean nacionales de un país o territorio que figure en el anexo de esta disposición o que tengan su residencia habitual en uno de dichos países o territorios.

2. Se beneficiarán igualmente de la misma protección las personas jurídicas de un país o territorio que figure en el citado anexo y que tengan un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en dicho país o territorio a condición de que las personas jurídicas de los Estados miembros de las Comunidades Europeas que tengan derecho a la protección, prevista en la Ley 11/1988, de 3 de mayo, se beneficien de la protección en el país o territorio de que se trate.

Artículo 2. Duración de la protección

1. La ampliación de protección jurídica de las personas naturales y jurídicas contempladas en el artículo 1 se extenderá desde el día 8 de noviembre de 1990 hasta el día 31 de diciembre de 1992.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cualquier derecho exclusivo adquirido en virtud del presente Real Decreto, seguirá surtiendo efectos durante la duración prevista en el artículo 7 de la Ley 11/1988, de 3 de mayo.

DISPOSICIÓN FINAL

Única

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Países y territorios:

Anguila

Bermudas

Dependencias de Santa Elena (Ascención, Tristán da Cunha)

Estados Unidos de América

Finlandia

Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur

Hong-Kong

Isla de Man

Islandia

Islas Anglonormandas

Islas Caiman

Islas Malvinas (Falkland)

Islas Vírgenes Británicas

Islas Turcas y Caicos

Liechtenstein

Montserrat

Noruega

Pitcairn

Sana Elena

Suiza

Territorio Británico del Océano Índico.

01Ene/14

Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y la materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por d

Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista.

I

La transposición en plazo de directivas comunitarias, especialmente las de mercado interior, constituye en la actualidad uno de los objetivos prioritarios establecidos por el Consejo Europeo. La Comisión Europea somete informes periódicos al Consejo de Competitividad, a los que se les da un alto valor político en cuanto que sirven para medir la eficacia y la credibilidad de los Estados miembros en la puesta en práctica del mercado interior.

El cumplimiento de este objetivo resulta hoy aún más prioritario habida cuenta del nuevo escenario diseñado por el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, para los incumplimientos de transposición en plazo, para los que la Comisión puede pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la imposición de importantes sanciones económicas de manera acelerada (artículo 260.3 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea –TFUE–).

España viene cumpliendo de manera consistente con los objetivos de transposición en plazo comprometidos, desde el inicio del establecimiento de los mismos. Sin embargo, en estos momentos se da un retraso en la transposición de algunas directivas, que requieren una norma con rango de ley para su incorporación al ordenamiento jurídico interno, por cuanto existe un riego de multa con base en lo establecido en el artículo 260.3 del TFUE.

Ante la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retraso en la incorporación al ordenamiento jurídico español de tales directivas, resulta necesario acudir a la aprobación de un real decreto-ley para proceder a su transposición, lo que permitirá cerrar los procedimientos de infracción abiertos y con ello evitar la imposición de sanciones económicas a España.

En cuanto a la utilización del real decreto-ley como instrumento de transposición, cabe señalar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 23/1993, de 21 de enero, señala que el decreto-ley es un instrumento constitucionalmente lícito para afrontar coyunturas económicas problemáticas, y en su sentencia 1/2012, de 13 de enero, avala la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86.1 de la Constitución cuando concurran «el patente retraso en la transposición» y la existencia de «procedimientos de incumplimiento contra el Reino de España».

Por otra parte, no es la primera vez que ha de recurrirse a este instrumento jurídico para eludir el riesgo cierto e inminente de la imposición de sanciones económicas por el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. Así, el dictado del Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifican determinados artículos de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, se justificó en la «existencia de un presupuesto habilitante, al que se refiere la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el que la necesidad de origen de la norma haya de ser de tal naturaleza que no pueda ser atendida por la vía del procedimiento legislativo de urgencia, debido a la exigencia de su inmediatez». Este presupuesto también concurre en el caso actual.

II

Por un lado, este real decreto-ley incorpora a nuestro ordenamiento aquellas previsiones contenidas en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, que requieren una modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, así como de aquellas otras contenidas en la Directiva 2009/73/CE del Parlamento y del Consejo, de 13 de julio de 2009, que requieren una modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. Igualmente, se incorpora parcialmente la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.

La Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, introduce nuevos preceptos para lograr una separación efectiva de las actividades de suministro y generación de las actividades de red, planteando diferentes opciones para llevar a cabo dicha separación entre actividades.

También refuerza el papel de las autoridades reguladores nacionales y así prevé la creación de una única autoridad reguladora a escala nacional, jurídica y funcionalmente independiente de cualquier otra entidad pública o privada, así como fija los objetivos, obligaciones y competencias de las autoridades reguladoras.

Por otro lado, se refuerzan las obligaciones de servicio público. En este sentido cabe resaltar la regulación del acceso de los consumidores a sus datos de consumo, los precios asociados y los costes del servicio, así como a la información relativa a las vía de solución de conflictos. Se dispone asimismo que los Estados miembros deben definir el concepto de cliente vulnerable y establecer medidas para garantizar su suministro de energía eléctrica. También se hace referencia a la pobreza energética.

La Directiva 2009/73/CE introduce el concepto de separación patrimonial, entendiendo por tal una situación en la que el propietario de la red es designado gestor de la red y es independiente de cualquier empresa con intereses en la producción y el suministro; al tiempo que persigue una mayor armonización de las competencias y el fortalecimiento de la independencia de los reguladores nacionales de energía, como medio para procurar un nivel igualmente efectivo de supervisión reguladora en cada Estado miembro.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y sus disposiciones normativas de desarrollo establecieron el régimen jurídico de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica de acuerdo con las previsiones contenidas en la Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre, sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad.

Posteriormente, la Ley 17/2007, de 4 de julio, modificó la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, estableció las bases de funcionamiento del mercado de gas natural, avanzando en la liberalización como medio para la consecución de una mayor eficiencia y calidad del servicio, del incremento de la competitividad y de la garantía de la seguridad de suministro y de la sostenibilidad, de acuerdo con las previsiones contenidas en la Directiva 98/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, relativa a normas comunes para el mercado interior del gas natural.

Posteriormente, la Ley 12/2007, de 2 de julio, modificó la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE.

III

En relación al sector eléctrico, el presente real decreto-ley da cumplimiento a la obligación contenida en la Directiva 2009/72/CE consistente en que cada Estado miembro designe formalmente a una única autoridad reguladora a escala nacional. Asimismo, se contemplan de forma detallada las competencias y funciones de esta autoridad reguladora, reforzando las ya existentes. En especial, se profundiza en los objetivos y funciones que contribuyan a garantizar la efectividad y aplicación de las medidas de protección de los consumidores, en coordinación con otras Administraciones.

Para garantizar la independencia entre las actividades de red y las actividades de generación y suministro se tienen en cuenta los requisitos establecidos en la Directiva 2009/72/CE en cuanto a las limitaciones en la participación en empresas y toma de control de las mismas, y se contempla la designación de los gestores de redes de transporte, facultando a la autoridad reguladora para certificar con carácter previo a estos gestores en base al procedimiento que se establezca reglamentariamente.

Por otro lado, se introduce la referencia al consumidor vulnerable, contemplando que es aquél que cumpla las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen, y se establece la adopción de las medidas oportunas para garantizar una protección adecuada a estos consumidores. Transitoriamente, hasta la definición de los consumidores vulnerables, se considerará como tales a aquellos que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del artículo 2 y de la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, es decir, los consumidores que tienen derecho a acogerse al bono social.

Otra medida en relación con la protección al consumidor es el establecimiento, por parte de las Administraciones competentes, de puntos de contacto únicos en coordinación con la Comisión Nacional de Energía para ofrecer a los consumidores toda la información necesaria relativa a sus derechos, a la legislación en vigor y a los procedimientos de solución de conflictos de que disponen en caso de litigio.

Por otra parte, se habilita a la Administración General del Estado para la puesta en marcha de mecanismos de cooperación internacional para el cumplimiento de los compromisos derivados de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, que tiene como finalidad establecer un marco común europeo para el fomento de la energía procedente de fuentes renovables con el fin de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero; así como para promover la eficiencia energética y reducir la contaminación debida al transporte.

IV

En relación con el sector de hidrocarburos, las modificaciones introducidas incluyen la definición del gestor de red de transporte como el titular de instalaciones de la red troncal. Al gestor de red de transporte se le exige la separación efectiva de las actividades de transporte, por un lado, y de las actividades de suministro y producción, por otro. A tal fin se propone, con carácter general, un modelo de separación patrimonial, de forma que ninguna persona puede ejercer el control sobre una empresa de suministro y producción y, al mismo tiempo, tener intereses o ejercer derechos en un sistema de transporte, evitando así que empresas verticalmente integradas puedan favorecer a las de su propio grupo empresarial, discriminando a sus competidoras. No obstante lo anterior, para aquellas empresas titulares de instalaciones de la red troncal que ya eran titulares de estas instalaciones antes del 3 de septiembre de 2009 y que, además, no cumplieran con los requisitos propios de separación patrimonial, se prevé la posibilidad de ceder la gestión de las mismas a un gestor de red independiente que dé cumplimiento a los requisitos establecidos.

Asimismo, se establece el procedimiento de certificación de separación de actividades para los gestores de redes de transporte y los gestores de red independiente establecidos en la citada Directiva 2009/73/CE. Dicha certificación será realizada por la Comisión Nacional de Energía.

En lo que atañe al organismo regulador, la Comisión Nacional de Energía, se amplían sus funciones y se establece que será la encargada de aprobar las metodologías para el cálculo de los peajes y cánones de los servicios básicos de acceso. Se le otorga potestad sancionadora así como capacidad para dirigir decisiones jurídicamente vinculantes a las empresas, todo ello en el ámbito de las competencias que dicho organismo tiene atribuidas. Igualmente, se profundiza en los objetivos y funciones que contribuyan a garantizar la efectividad y aplicación de las medidas de protección a los consumidores, en coordinación con otras Administraciones.

Asimismo, se incluye en el ámbito de aplicación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, al biogás, al gas obtenido de la biomasa y a otros tipos de gas, siempre que sea técnicamente posible su inyección en la red de gas natural. Se introducen también modificaciones relativas al régimen de separación patrimonial en el transporte, incluyendo la definición, obligaciones y condiciones que deben cumplir los transportistas de la red troncal y los gestores de red independiente para ser certificados por la Comisión Nacional de Energía. Se establecen las características de acceso a los almacenamientos no básicos y el procedimiento de concesión de la exención de acceso a terceros a nuevas infraestructuras o ampliaciones de las existentes. En línea con lo dispuesto en la Directiva 2009/73/CE, se recogen nuevas obligaciones a los comercializadores para asegurar la protección de los consumidores domésticos. Se establece el nuevo sistema de determinación de los peajes y cánones de las actividades de transporte, regasificación y almacenamiento pertenecientes a la red básica, siendo la Comisión Nacional de Energía la responsable de fijar su metodología. Finalmente, se actualiza el régimen sancionador para adecuarlo a la atribución de competencias al efecto a la Comisión Nacional de Energía, tal y como establece la Directiva 2009/73/CE.

V

Por otro lado, mediante este real decreto-ley se efectúa la incorporación al ordenamiento jurídico español del nuevo marco regulador europeo en materia de comunicaciones electrónicas, marco que está compuesto por la Directiva 2009/136/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (Derechos de los Ciudadanos), y la Directiva 2009/140/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (Mejor Regulación).

La transposición de estas Directivas se efectúa mediante la modificación de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, así como una modificación puntual de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico.

Las modificaciones introducidas en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, persiguen crear un marco adecuado para la realización de inversiones en el despliegue de redes de nueva generación, que permita ofrecer servicios innovadores y tecnológicamente más adecuados a las necesidades de los ciudadanos. Para ello, entre los objetivos y principios de la Ley, se introduce el fomento de la conectividad y la interoperabilidad extremo a extremo de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y la promoción de la capacidad de los usuarios para acceder y distribuir información a través de cualquier aplicación o servicio. Todo ello, sin olvidar, las especiales necesidades de grupos sociales específicos, como los mayores y las personas con discapacidad o en situación de dependencia.

En lo referente a las obligaciones que puedan imponerse a operadores con poder significativo de mercado, se introduce la posibilidad de obligar a realizar una separación funcional entre activos de red y suministro al por mayor de productos de acceso, como remedio extraordinario para supuestos de fallo persistente de la competencia. No obstante, al tratarse de una medida de extraordinario calado, que puede tener fuertes repercusiones a largo plazo en distintos ámbitos, se establecen numerosas cautelas que garantizan que dicha medida solo será adoptada en casos justificados y tras una minuciosa evaluación de impacto.

Asimismo, por este real decreto-ley se introducen importantes novedades en relación a los derechos de los operadores, reforzando su derecho a la ocupación de la propiedad pública y privada, que la norma exige que se garantice de modo efectivo. En todo caso, los límites a este derecho que pudieran llegar a imponerse habrán de estar basados en causas objetivas y ser proporcionados y no discriminatorios. Con el mismo objetivo de facilitar el despliegue de redes, se establece un plazo concreto para la resolución de las solicitudes de ocupación, que no podrá exceder de seis meses, salvo en caso de expropiación.

En materia de protección de datos, se apuesta de manera decidida por alcanzar mayores niveles de seguridad, extremando las cautelas en lo que se refiere al tratamiento y la protección de datos por parte de los operadores.

En línea con la importancia que dan las Directivas 2009/136/CE y 2009/140/CE al refuerzo de la integridad y seguridad de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, se obliga a los operadores a gestionar de manera adecuada los riesgos de seguridad que pudieran afectar a sus redes, atribuyendo al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la supervisión de las obligaciones de información, notificación de incidentes y auditoría, entre otras, que en esta materia puedan imponerse.

La reforma refuerza, asimismo, los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones electrónicas, regulando, entre otros, su derecho al cambio de operador con conservación del número, en el plazo de un día laborable y mejorando la información que ha de suministrárseles, prestándose especial atención a las necesidades de los usuarios con discapacidad.

En lo que se refiere a la gestión del dominio público radioeléctrico, se generaliza la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de los servicios y se profundiza en la regulación del mercado secundario de espectro. Con ello se pretende maximizar el rendimiento de los recursos espectrales asignados a los operadores, lo que redundará en beneficio de la innovación tecnológica y en una mayor oferta de mejores servicios.

Adicionalmente, se refuerzan las facultades de verificación del uso efectivo y eficiente del dominio público radioeléctrico, habida cuenta la relevancia que, como valor escaso y de importancia creciente, adquiere la garantía de un buen uso de este recurso.

Por último, se modifican varios artículos de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, a fin de adecuar su régimen a la nueva redacción dada, por la Directiva 2009/136/CE, a la Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, debiéndose destacar la nueva redacción que se da a su artículo 22.2, para exigir el consentimiento del usuario sobre los archivos o programas informáticos (como las llamadas «cookies») que almacenan información en el equipo de usuario y permiten que se acceda a ésta; dispositivos que pueden facilitar la navegación por la red pero con cuyo uso pueden desvelarse aspectos de la esfera privada de los usuarios, por lo que es importante que los usuarios estén adecuadamente informados y dispongan de mecanismos que les permitan preservar su privacidad.

VI

Finalmente, en lo que hace a la incorporación de las Directivas, la parte final del real decreto-ley incluye tres disposiciones adicionales que se refieren a la atención a los consumidores vulnerables de energía eléctrica, a las obligaciones de los comercializadores en relación con el servicio de atención a las reclamaciones y a la validez y eficacia de las habilitaciones existentes otorgadas al amparo de la Ley General de Telecomunicaciones, respectivamente.

Siguen tres disposiciones transitorias relativas, respectivamente, a las instalaciones pertenecientes a la red troncal de gasoductos, al establecimiento de peajes de acceso a las redes de energía eléctrica y al sistema gasista y a las restricciones a los principios de neutralidad tecnológica y de servicios en los títulos habilitantes para el uso del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.

VII

Junto a las anteriores medidas, este real decreto-ley también viene a abordar, con carácter de urgencia, una batería de medidas con el objetivo último de suprimir los desajustes entre ingresos y costes de los sistemas eléctrico y gasista.

Las medidas tienen por objeto la reducción de los desajustes temporales para el año 2012 tanto para el sector eléctrico como para el gas natural, de manera que el desajuste remanente pueda ser absorbido mediante el incremento de los peajes de acceso para alcanzar, de manera inmediata, el principio de suficiencia recogido en la en la disposición adicional vigésimo primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el artículo 26 del Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural.

Este real decreto-ley se configura como un primer paso para alcanzar la suficiencia de los ingresos para cubrir los costes de los sistemas eléctrico y gasista, si bien, resulta necesario acometer una reforma más profunda de ambos sectores que permitan dotar a estos de mecanismos adecuados para afrontar con garantías los retos que plantea el escenario energético actual para nuestro país: elevados costes del sistema, fuerte dependencia exterior, acceso incierto a los recursos, gran volatilidad en los precios de la energía y elevados impactos ambientales del ciclo energético. Esa reacción, en línea con la política energética europea, se ha de articular alrededor de tres ejes básicos: garantía de suministro, competitividad económica y respeto al medio ambiente, además de la protección al consumidor.

En definitiva, la reforma de los sectores eléctrico y gasista tendrá, como primer objetivo la suficiencia tarifaria y el equilibrio económico a largo plazo, y en segundo lugar, la adaptación de los mismos al nuevo escenario económico, racionalizando los costes e introduciendo mecanismos de eficiencia que permitan mejorar la competitividad de la actividad industrial, contribuyendo al restablecimiento de la senda de crecimiento de nuestra economía.

Posteriormente será necesario el desarrollo de medidas adicionales para posibilitar una situación de equilibrio y sostenibilidad a largo plazo.

Por todo lo expresado anteriormente, la adopción del conjunto de medidas que a continuación se describen reúnen las características de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el artículo 86 de la Constitución. Extraordinaria y urgente necesidad derivadas de las razones ya mencionadas de protección a los consumidores y garantía de la sostenibilidad económica del sistema eléctrico, y cuya vigencia inmediata es imprescindible para que la modificación normativa pueda tener la eficacia que se pretende.

VIII

El proceso liberalizador del Sector Eléctrico iniciado con la entrada en vigor de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico modificó la estructura de actividades del sector a través de la coexistencia en el mismo una serie de actividades que se desarrollan en régimen de monopolio natural, como son las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, con otras totalmente liberalizadas: la generación y comercialización de energía eléctrica.

Un hito importante en el proceso de liberalización fue el 1 julio de 2009, fecha en la que la actividad de suministro a tarifa dejó de formar parte de la actividad de distribución y el suministro pasó a ser ejercido, en su totalidad, por los comercializadores, en libre competencia.

Con anterioridad a dicha fecha, los ingresos del sistema procedían tanto de los peajes de acceso como de las tarifas a las que las empresas distribuidoras suministraban energía eléctrica a los consumidores y que se fijaban con base en los costes del sistema eléctrico, incluyendo el coste de la energía. Actualmente son los peajes de acceso la principal fuente de ingresos del sistema eléctrico, además de otros precios regulados, que sirven para financiar las actividades reguladas junto con el resto de costes del sistema.

Para garantizar la sostenibilidad económica del sistema, el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, modificó la disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, introduciendo el principio de suficiencia de ingresos y de aditividad de las tarifas de último recurso, esto es, que los ingresos del sistema deben ser suficientes para garantizar la cobertura de los costes del mismo y que el reparto de los costes debe generar señales económicas de eficiencia. Así, la aplicación de cada peaje de acceso por su nivel y tensión de consumo, junto con la señal de precio de la energía en el mercado, debería llevar al consumidor a adoptar sus decisiones de consumo e inversión de manera eficiente.

Sin embargo, en los últimos años, la evolución expansiva de las diferentes partidas de costes del sistema, unida a unos peajes de acceso que se han revelado como insuficientes para cubrir la totalidad de los costes del sistema, ha provocado la aparición de los déficits anuales, además de poner en cuestión los objetivos de creación de señales de precio para la toma de decisiones por parte de los consumidores.

Estos déficits anuales provocados por el desequilibrio entre los ingresos del sistema, recaudados, fundamentalmente, en concepto de peajes de acceso y los costes reales, están llevando al sistema a una situación de riesgo inasumible, tanto para las empresas eléctricas, como para los consumidores, con consecuencias graves para la seguridad del sistema si no se acometen las reformas necesarias para su completa resolución.

El problema, además, es de una doble naturaleza: por un lado, la cuantía de los déficits acumulados desde el año 2000 y, por el otro, los déficits anuales que se siguen generando y cuya supresión se plantea cada vez más compleja, a la vista del escenario actual de caída de la demanda, crecimiento del régimen especial y costes del sistema.

El Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, estableció una senda decreciente de límites para acotar el incremento anual del déficit de la tarifa eléctrica hasta su supresión en 2013, mediante la modificación de la disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Así se establecía que, a partir del 1 de enero de 2013, los peajes de acceso serían suficientes para satisfacer la totalidad de los costes de las actividades reguladas.

Al mismo tiempo la norma creaba un mecanismo de financiación del déficit acumulado, mediante la cesión de los derechos de cobro al denominado Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico y su colocación a terceros a través de un mecanismo competitivo.

Sin embargo, desde la aprobación de este real decreto-ley, se sucedieron una serie de circunstancias, que provocaron que los límites anuales máximos de déficit ex ante establecidos resultaran insuficientes. Así, factores como la caída significativa de la demanda, el incremento en la producción eléctrica a partir de fuentes renovables primadas y la reducción de los precios de mercado por la delicada situación económica internacional, provocaron incrementos de los desajustes temporales de difícil absorción, dado que éstos, hubieran debido cubrirse mediante un incremento de los peajes de acceso, que afectaría en el corto plazo a la compleja situación económica de las familias y las empresas.

Por este motivo, tanto en el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, como en el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, fueron adoptadas nuevas medidas de urgencia para la solución del problema. Así, en el citado Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, se elevaron los límites máximos de déficit que se establecieron en el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, para los años 2010, 2011 y 2012, manteniendo el objetivo de eliminación de la aparición de nuevo déficit en el sistema eléctrico a partir del 2013. Además se procedió a la adopción de otras medidas puntuales de protección al consumidor y de reducción de determinadas partidas de los costes y de los ingresos del Sistema.

Entre las medidas de reducción de costes imputables a los peajes de acceso se establecía que las empresas productoras del régimen ordinario financiarán el Plan de acción 2008-2012 aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de julio de 2005, por el que se concretan las medidas del documento de Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012. Asimismo, se limitaban las horas equivalentes primadas de funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas para corregir los desvíos en las previsiones de generación de esta tecnología, motivados, fundamentalmente, por la sobreinstalación, al margen del control administrativo que da derecho al régimen económico y se incrementaba, en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, la cuantía establecida para el otorgamiento del aval del Estado para hacer frente a los déficits previstos para los años 2010 y 2011, hasta un máximo de 22.000 millones de euros.

Por el lado de los ingresos, se estableció la obligación de los productores de energía de hacer frente a un peaje de generación, dada la incidencia de esta actividad en el desarrollo de las redes de transporte y distribución.

La adopción sucesiva de medidas como las contempladas en los reales decretos-leyes anteriores, han tenido un efecto parcial sobre la resolución del problema, retrasando su solución definitiva y trasladando las consecuencias del déficit del Sistema Eléctrico a los consumidores futuros, que deberán hacer frente a los desajustes económicos del pasado.

El déficit tarifario ha pasado de ser una consecuencia temporal de los desajustes transitorios entre ingresos y costes del sistema, a convertirse en un problema estructural cuya resolución deviene imprescindible en el momento actual por el riesgo que conlleva para la sostenibilidad económica del sistema y para la seguridad de suministro.

Aun cuando la economía española atraviesa uno de los peores momentos de su historia moderna, y las medidas que se adoptan en este real decreto-ley repercuten de forma notable sobre todos los agentes y sujetos del sistema, la resolución del problema no puede demorarse más. El Gobierno tiene la clara determinación de adoptar las medidas necesarias para suprimir de una forma definitiva los desajustes entre ingresos y costes del Sistema Eléctrico y devolver al mismo la situación de equilibrio y suficiencia que siempre habría debido primar en la ordenación de un sector como el eléctrico tan complejo e importante para la economía del país. Sólo con la contribución y esfuerzo de todas las partes implicadas, consumidores, empresas que desarrollan su actividad en el sector eléctrico y administraciones públicas será posible la conclusión de este objetivo.

La energía eléctrica constituye un bien básico para el funcionamiento de nuestra sociedad y en particular para el desarrollo de la actividad económica. Sin embargo, aun cuando los precios de la energía negociada en el mercado se sitúan en el entorno de la media de las economías europeas, el precio que pagan los consumidores incorpora, además, los peajes con los que se financian los costes del sistema, alcanzando con ellos niveles superiores a los de los países de nuestro entorno.

Los incrementos de los costes del Sistema acaecidos en los últimos años no pueden trasladarse íntegramente al consumidor, siendo necesario proceder a una revisión del modelo que permita reducir las ineficiencias existentes reduciendo los niveles de costes soportados.

Las sucesivas órdenes de peajes eléctricos dictadas durante los últimos años han procedido a un reconocimiento de los incrementos de costes y, en lugar de adoptarse medidas de contención, se posponía la resolución del problema y se adoptaban incrementos de peajes que se revelaron luego insuficientes. Estas órdenes han sido objeto de controversia por parte de las empresas eléctricas, que sistemáticamente han recurrido las normas alegando la vulneración del principio de suficiencia tarifaria previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

En este escenario, resulta urgente la adopción de una serie de medidas durante este año 2012, de manera que se racionalicen las diferentes partidas de costes del sistema eléctrico y los peajes de acceso sean suficientes para satisfacer los costes de las actividades reguladas, teniendo en cuenta el límite de déficit ex-ante previsto para este año en la disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

En este real decreto-ley se adoptan, por tanto, de manera excepcional, un conjunto de medidas que permiten, para este año 2012, respetar el límite de déficit establecido, alcanzando el 1 de enero de 2013, la suficiencia tarifaria.

No obstante, además de la adopción de las medidas contempladas en la presente norma, resultará necesario proceder a una revisión de los peajes de acceso de manera que se obtengan los ingresos suficientes para completar el impacto en los costes del sistema de este real decreto-ley y conseguir así, eliminar los desajustes existentes en 2012 con el fin de dar cumplimiento a las resoluciones judiciales del Tribunal Supremo. De esta manera, se reparte el esfuerzo a realizar entre los distintos agentes y sujetos del sistema eléctrico.

La principal alternativa a la presente norma sería no proceder a su aprobación y, en su lugar, realizar una revisión al alza de los peajes de acceso a las redes en cuantía necesaria para cubrir en 2012 todos los desajustes que existen en este ejercicio, incluyendo aquellos que se cubren con las medidas contempladas en el presente real decreto-ley. En este caso, serían únicamente los consumidores los que contribuirían a eliminar los desequilibrios.

Sin embargo, esta opción tendría un gravísimo impacto sobre el consumidor final, tanto doméstico como pymes o industrias, que verían afectada su competitividad de manera inmediata, con consecuencias de especial relevancia en un contexto generalizado de crisis como el actual.

IX

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos estableció las bases de funcionamiento del mercado de gas natural, avanzando en la liberalización como medio para la consecución de una mayor eficiencia y calidad del servicio así como el incremento la competitividad, de la garantía de la seguridad de suministro y de la sostenibilidad.

El modelo de desarrollo del sistema gasista se ha basado en una planificación energética donde se contemplan una serie de infraestructuras que necesariamente deben acometerse. La Ley 34/1998, de 7 de octubre, en su redacción dada por la Ley 12/2007, de 2 de julio, establece que la planificación gasista tendrá carácter indicativo, salvo en lo que se refiere a los gasoductos de la red básica de transporte, a la red de transporte secundario, a la determinación de la capacidad de regasificación total de gas natural licuado necesaria para abastecer el sistema y a las instalaciones de almacenamiento básico de gas natural.

El fin pretendido por la legislación era conseguir que se liberalizasen el sector del gas natural en su actividad de aprovisionamiento y comercialización y, en cambio, que las actividades de transporte y distribución sigan reguladas y, en el caso del transporte, sometidas a una planificación vinculante.

Este modelo se ha revelado eficiente en las fases de crecimiento del mercado, sin embargo, se muestra ineficiente para resolver los problemas surgidos en las fases de decrecimiento o estabilización de la demanda. El principal inconveniente estriba en la poca flexibilidad para autocorregirse ante los cambios de escenario como el que se lleva viviendo desde el año 2008.

Hasta el año 2005, la demanda convencional en España presentó un crecimiento exponencial, característica habitual del periodo de introducción de un nuevo producto en el mercado, sin embargo, durante los últimos años, se ha experimentado una importante reducción del consumo de gas natural. En concreto, esta reducción de la demanda se ha focalizado en el gas natural destinado a la generación de electricidad como consecuencia de la penetración de las energías renovables en el mix eléctrico. Los niveles de consumo previstos para 2012 son similares a los del año 2005 y se estima que puede tardarse varios años en alcanzar la cifra de demanda de 2008.

En el sector gasista, si bien no existe un problema de déficit de la magnitud del eléctrico, el desajuste entre costes e ingresos ha superado el 10 por ciento de los ingresos regulados en el año 2011 y, en caso de no adoptar las medidas necesarias, de forma inmediata, dicho desajuste se verá incrementado como consecuencia de la contracción de la demanda y de la construcción e incorporación al sistema retributivo de un número importante de infraestructuras previstas en la planificación.

X

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece que la distribución de energía eléctrica tiene carácter de actividad regulada, cuyo régimen económico será objeto de desarrollo reglamentario por parte del Gobierno.

Tras la promulgación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el desarrollo de la normativa referida a la actividad de distribución se estableció en el Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y con posterioridad en el Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica.

Si bien este último real decreto establecía una nueva metodología retributiva que se apoyaba en la contabilidad regulatoria y en un Modelo de Red de Referencia, el nivel retributivo que se tomó al inicio del periodo regulatorio no respondía a la aplicación de la formulación recogida en el mismo, sino que para las empresas con más de 100.000 clientes conectados a sus redes, así como FEVASA y SOLANAR, se tomaron en cuenta, de acuerdo con la disposición adicional primera de dicho real decreto,las cuantías que procedían de la anterior metodología. A lo largo del periodo regulatorio 2009-2012 no se ha tenido en cuenta que los activos contenidos en esa valoración se han ido amortizando, por lo que en la actualidad el sistema está retribuyendo, en concepto de retribución por amortización, algunos activos ya amortizados y, en concepto de retribución financiera, por la totalidad del activo bruto y no por el activo neto cuyo coste es el que se encuentra pendiente de recuperación.

En el Informe de la Comisión Nacional de Energía sobre el Sector Energético Español de 9 de marzo de 2012, se recogen para las empresas distribuidoras con más de 100.000 clientes conectados a sus redes y FEVASA y SOLANAR, las cuantías que se encontraban incluidas en la retribución de estas empresas correspondientes a activos amortizados desde el año 2008. Puesto que la retribución de la actividad de distribución tiene para el año 2012 carácter provisional de acuerdo con el artículo 2 de la Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, se considera adecuado minorar la retribución en esa cantidad.

En el caso de empresas con menos de 100.000 clientes conectados a sus redes, la retribución se estableció básicamente tomando la mayor de las cantidades que resultaba de comparar el valor resultante de la diferencia entre la energía comprada a la tarifa de venta a distribuidores y la energía vendida a las tarifas que en su momento eran de aplicación y el valor resultante del análisis instalaciones que declaraban. Tenemos, por tanto, unas empresas distribuidoras de energía eléctrica a las que se les está retribuyendo en función del margen que genera la actividad del suministro, que a día de hoy ya no ejercen las empresas distribuidoras. En cuanto a las empresas retribuidas en función del análisis de las instalaciones, tenemos que en las actualizaciones que han venido realizándose a lo largo del periodo regulatorio no se ha descontado el valor de aquellos activos que se hayan amortizado o hayan sido transmitidos o cerrados a lo largo de dicho periodo. En ambos casos tanto si su retribución está calculada por el método del margen o vía valoración de activos, nos encontramos con que no se ha tenido en cuenta en la retribución la presencia de activos ya amortizados por lo que procede la minoración de la retribución en un porcentaje similar al de las empresas con más de 100.000 clientes conectados a sus redes, ya que esta retribución tiene, de acuerdo con la Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, carácter provisional.

Por otra parte y con el fin de disponer de la información auditada en el momento de realizar la evaluación de la retribución correspondiente a nuevos activos puestos en servicio se establece que, con efectos en la retribución a percibir desde el 1 de enero del año 2012, el devengo de la retribución generado por instalaciones de distribución puestas en servicio el año n se iniciará desde el 1 de enero del año n+2.

Como consecuencia de todo lo anterior se procede a revisar, con carácter excepcional y con el alcance temporal indicado, la retribución de la actividad de distribución, impulsando a la par, la reforma del procedimiento por el que se determina la retribución de la actividad de distribución con el fin de vincular la retribución a los activos en servicio no amortizados, eliminando bolsas de retribución no justificadas y ligando el incremento de retribución de la actividad en el año n a los activos puesto en servicio el año n-2. Esta medida tendrá efectos en la retribución a percibir en 2012 por lo que la retribución correspondiente a instalaciones puestas en servicio durante el año 2011 será percibida desde el 1 de enero de 2013.

Asimismo se considera oportuno realizar una minoración de la retribución percibida por las empresas distribuidoras de energía eléctrica en concepto de gestión comercial puesto que la mayor parte de las funciones que se retribuyen por este concepto hoy día son realizadas por las empresas comercializadoras.

De igual modo que en la actividad de distribución y con el fin de disponer de la información auditada en el momento de realizar la evaluación de la retribución correspondiente a nuevos activos puestos en servicio, se establece que, con efectos en la retribución a percibir desde el 1 de enero del año 2012, el devengo de la retribución generada por instalaciones de transporte puestas en servicio el año n se iniciará desde el 1 de enero del año n+2. Esta medida tendrá efectos en la retribución a percibir en 2012 por lo que la retribución correspondiente a instalaciones puestas en servicio durante el año 2011 será percibida desde el 1 de enero de 2013.

Por lo tanto, se procede también a revisar con carácter excepcional la retribución de la actividad de transporte impulsando a la par, una profunda reforma del procedimiento por el que se determina la retribución de esta actividad, con el fin de vincular la retribución a los activos en servicio no amortizados, eliminando bolsas de retribución no justificadas y ligando los incrementos de retribución en el año n+2 a los activos puesto en servicio el año n.

El Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre, por el que se regulan los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, adaptó los principios de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, a las peculiaridades de los sistemas extrapeninsulares e insulares con el triple objetivo de garantizar el suministro de energía eléctrica y su calidad para que se realice al menor coste y con las menores singularidades posibles.

La retribución de la actividad de generación debe ser adecuada y suficiente para asegurar la continuidad de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica que se desarrollen en estos territorios, con el objetivo adicional de mejorar su eficiencia económica.

La Orden ITC/913/2006, de 30 de marzo, por la que se aprueban el método de cálculo del coste de cada uno de los combustibles utilizados y el procedimiento de despacho y liquidación de la energía en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares y la Orden ITC/914/2006, de 30 de marzo, por la que se establece el método de cálculo de la retribución de garantía de potencia para las instalaciones de generación en régimen ordinario de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares establecen el modelo retributivo de costes fijos y variables de las centrales de generación en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares desarrollando el método establecido en el citado Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre.

Tal y como se pone de manifiesto en el Informe de la Comisión Nacional de Energía sobre el Sector Energético Español de 9 de marzo de 2012, la compensación extrapeninsular e insular ha aumentado significativamente desde el año 2003. En el citado informe se proponen unas medidas, que pasan por la revisión de las órdenes ITC/913/2006, de 30 de marzo e ITC/914/2006, de 30 de marzo citadas, cuya instrumentación se propone expresamente de forma urgente.

El análisis de dicha evolución del extracoste de las actividades de generación en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares hace que sea necesaria una revisión, en el corto y medio plazo, del modelo retributivo en estos sistemas.

Asimismo, en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares se ha producido en los últimos ejercicios un deslizamiento de la producción térmica convencional a partir de fuelóleo a favor del gasóleo, que si bien es menos contaminante resulta también considerablemente más caro, al verse alterado el despacho por el reforzamiento de las restricciones medioambientales autonómicas o locales en materia de emisiones. En consecuencia, teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión Nacional de Energía en su Informe sobre el Sector Energético Español de 9 de marzo de 2012, se habilita al Ministro de Industria, Energía y Turismo a establecer limitaciones al sobrecoste que puede ser asumido con cargo a los peajes de acceso derivado de los cambios de combustible que no se justifiquen por razones técnicas, en las centrales de estos sistemas.

Por otro lado, tanto el Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre como sus órdenes de desarrollo, limitan la retribución por garantía de potencia a que la potencia total existente en cada uno de los sistemas no supere los límites máximos de potencia necesaria establecidos. Esto lleva a que las nuevas centrales más eficientes técnica y económicamente, no puedan percibir una retribución por garantía de potencia a no ser que se adopten medidas de carácter extraordinario. Mediante este real decreto-ley se establece el mecanismo para fomentar la instalación de centrales más eficientes que desplacen potencia de centrales ya amortizadas.

La Comisión Nacional de Energía obtiene su financiación conforme a lo dispuesto en la disposición adicional duodécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. Teniendo en cuenta el contexto en el que se acometen las medidas contenidas en el presente real decreto-ley, y la necesidad de que todos los agentes del sector contribuyan a su solución, se introducen asimismo en la presente norma los mecanismos necesarios para ajustar la financiación de la citada Comisión. Así, se disminuyen las tasas correspondientes a los sectores eléctrico y gasista, sin que estas reducciones afecten al normal funcionamiento y ejercicio por parte de la Comisión Nacional de Energía de las actividades necesarias para el desarrollo de las funciones que tiene encomendadas, de acuerdo con el Informe de la citada Comisión Nacional de Energía sobre el Sector Energético Español de 9 de marzo de 2012, manteniendo la independencia económica del organismo.

Estos ingresos razonables y proporcionados para cada ejercicio han ido constituyendo un remanente que se ha venido consolidando como resultado de ejercicios anteriores, y que figura en la partida de fondos propios del balance publicado por dicho organismo. Por este motivo, se considera oportuno, adicionalmente, que dichas cantidades sean consideradas ingresos liquidables de los sistemas eléctrico y gasista.

Asimismo, se incluyen en la presente norma la disposiciones necesarias para proceder al ingreso en el sistema, por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, de las cantidades que, habiendo sido ingresadas con cargo a la tarifa eléctrica, a resultas del Real Decreto 1156/2005, de 30 de septiembre y del Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre para la financiación del Plan de Acción 2205-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4), así como de la Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre y de la Orden ITC/3801/2008, de 26 de diciembre para la financiación del Plan de Acción 2008-2012, no hayan sido efectivamente aplicadas, a 30 de junio de 2012, a actuaciones a ellos vinculadas.

De igual modo, se incluyen en la presente norma la disposiciones necesarias para proceder al ingreso en el sistema gasista, por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, de las cantidades que, habiendo sido ingresadas con cargo a la tarifa de gas natural, a resultas de las Ordenes ITC/3863/2007, de 28 de diciembre, ITC/3802/2008, de 26 de diciembre, ITC/3520/2009, de 28 de diciembre y ITC 3354/2010, de 28 de diciembre para la financiación del Plan de Acción 2008-2012, no hayan sido efectivamente aplicadas, a 30 de junio de 2012, a actuaciones a ellos vinculadas.

XI

Otra medida adicional que contribuye a la reducción de costes del sistema eléctrico es la eliminación de la financiación del operador del sistema con cargo a los costes permanentes del sistema eléctrico que deben ser cubiertos por los peajes de acceso. Así, se contempla que el operador del sistema se financiará conforme a una metodología que será fijada por el Gobierno en función de los servicios que efectivamente preste. Asimismo, se incluye un periodo transitorio para la adaptación a la nueva situación hasta que se realicen los desarrollos reglamentarios oportunos.

Si bien la retribución del operador del sistema permanece actualmente regulada por la Administración, se ha considerado que, dado el incremento de agentes y funciones asumidas por este operador desde la entrada en vigor de la reforma de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, contemplada en la Ley 17/2007, de 4 de julio, y al igual que en el caso del operador del mercado, resulta adecuado el paso de su financiación actual a través de los peajes de acceso a los sujetos a los que presta sus servicios. Esta nueva financiación contribuirá a asegurar la seguridad del suministro al mínimo coste.

El 26 de febrero de 2011 se puso en marcha el mecanismo de resolución de restricciones por garantía de suministro de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. Mediante este procedimiento, a través del mercado y de los pagos por capacidad, las centrales eléctricas que deben consumir ese carbón, reciben una retribución regulada que viene a reconocer los costes incurridos por la compra de carbón, así como por el resto de costes variables y fijos incurridos por la central. Con este mecanismo, las centrales que no resultan casadas en el mercado diario, son programadas por el Operador del Sistema en el proceso de restricciones por garantía de suministro.

El mecanismo está suponiendo un sobrecoste directo provisional para el consumidor que contribuye a su financiación a través de los pagos por capacidad.

Teniendo en cuenta que debe mantenerse el procedimiento de restricciones por garantía de suministro con el fin de mantener la eficiencia del funcionamiento del mercado, una alternativa para reducir el coste de su aplicación para el consumidor eléctrico es la revisión del volumen previsto de quemado del carbón nacional. Por ello, se contempla en el presente real decreto-ley de manera excepcional para el año 2012 una limitación del volumen total a quemar en 2012 para la aplicación del actual mecanismo de restricciones por garantía de suministro.

La Orden ITC/3127/2011, de 17 de noviembre, regula el servicio de disponibilidad de potencia de los pagos por capacidad y modifica el incentivo a la inversión a que hace referencia el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007. En el momento actual nos encontramos en una situación de baja demanda de energía eléctrica y de un riesgo de déficit en capacidad instalada que se estima reducido, en base a la información disponible. Por tanto, en este contexto, se considera necesaria la revisión de las retribuciones asociadas a los servicios de disponibilidad de potencia de los pagos por capacidad y del incentivo a la inversión medioambiental al que hace referencia la disposición adicional segunda de la Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008.

Teniendo en cuenta esta situación, con carácter excepcional para el año 2012, se reduce la cuantía anual para las instalaciones de generación a las que es de aplicación la retribución del incentivo a la inversión en capacidad a largo plazo de acuerdo a lo establecido en el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, así como la cuantía del incentivo a la inversión medioambiental al que hace referencia la disposición adicional segunda de la Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008.

En línea con lo señalado para los pagos por capacidad, debe tenerse en cuenta la situación actual de bajo riesgo de déficit en capacidad instalada a los efectos de aplicación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulado en la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, por la que se regula el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad para los consumidores que adquieren su energía en el mercado de producción. En efecto, la aplicación de dicho servicio de interrumpibilidad se configura como una herramienta que flexibiliza la operación del sistema y que permite dar respuestas rápidas y eficientes ante eventuales situaciones de emergencia, de forma que se minimice el impacto en la seguridad del sistema.

No obstante, en un contexto de baja demanda como el actual, la aplicación de este servicio se reduce a lo que se determina en las sucesivas órdenes de peajes. En estas órdenes se contempla que, a efectos de comprobar el funcionamiento efectivo del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad el Operador del Sistema aplicará de manera aleatoria dicho servicio en cada año, en el 1 por ciento de las horas del año en que prevea la mayor demanda del sistema.

Esta situación justifica y hace necesaria una revisión de los costes previstos para la retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, teniendo en cuenta la utilización que actualmente se hace del mismo.

Por último, se prorroga la vigencia de los precios de la tarifa de último recurso aplicables al primer trimestre de 2012, contenidos en la Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establece el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar en el periodo comprendido entre el 23 y el 31 de diciembre de 2011, y en el primer trimestre de 2012, que ha sido objeto de corrección de errores por Resolución de 2 de febrero de 2012 de la Dirección General de Política Energética y Minas.

Ello no obstante, ante la previsión de revisión de los peajes de acceso a las redes de energía eléctrica, se habilita expresamente a la Dirección General de Política Energética y Minas para que pueda, igualmente, revisar los precios de la tarifa de último recurso contenidos en la citada Resolución de 30 de diciembre de 2011, incorporando, con efectos desde 1 de abril de 2012 y asegurando su aditividad según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, los precios de los peajes de acceso que correspondan.

En lo relativo al gas natural, es sabido que, de acuerdo con la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y con el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural, la actividad de almacenamiento básico tiene la consideración de actividad regulada y, por tanto, será retribuida con cargo a las tarifas de último recurso, los peajes y los cánones que se determinen, y a los precios abonados.

La Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciembre, por la que se establece la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la red básica, introdujo por primera vez un mecanismo específico de retribución para este tipo de infraestructuras. Por otra parte, el artículo 15 del Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, establece que los sistemas de actualización de las retribuciones se fijarán para períodos de cuatro años, procediéndose en el último año de vigencia a una revisión y adecuación, en su caso, a la situación prevista para el próximo período.

La Orden ITC/3128/2011, de 17 de noviembre, por la que se regulan determinados aspectos relacionados con el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas, ya actualizó parcialmente determinados parámetros de dicha retribución. No obstante, es necesario continuar dicha revisión para articular un esquema retributivo de los almacenamientos subterráneos que, sin perjuicio de garantizar a sus promotores la recuperación, en los términos normativamente establecidos, de sus inversiones, se acomode a la par al principio de rentabilidad razonable y sostenible, todo ello, además, de manera coherente con las nuevas necesidades del sistema gasista.

En este sentido, está prevista en el año 2012 la entrada en funcionamiento de nuevos almacenamientos subterráneos. Estas instalaciones tienen un coste muy elevado y, de acuerdo con el régimen retributivo establecido en la Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciembre, las anualidades devengadas desde el año de su puesta en marcha, deberían ser retribuidas en el año de inclusión definitiva en el régimen económico, lo que conllevaría un impacto puntual sobre los peajes y cánones del sistema en los próximos ejercicios difícilmente asumible, especialmente bajo las actuales perspectivas de evolución de la demanda.

Por dicho motivo, se juzga oportuno llevar a cabo una adaptación del régimen retributivo de los almacenamientos subterráneos con puesta en servicio a partir del año 2012, suspendiendo el abono de la retribución provisional a aquellas instalaciones que la solicitaron y determinando que no pueda acumularse en el mismo año la percepción de más de una anualidad devengada.

Asimismo, para tener certitud del óptimo funcionamiento de las estructuras geológicas como almacenamiento subterráneo, se establece que el acta de puesta en servicio se otorgue en dos fases. De esta forma, en un primer momento las Direcciones de las áreas, o en su caso, Dependencias de las Áreas de Industria y Energía extenderán un acta de puesta en servicio provisional, que permita el llenado del gas colchón para así probar suficientemente el buen funcionamiento del almacén. Posteriormente, tras demostrarse que la instalación ha funcionado de acuerdo con sus parámetros nominales, se podrá extender el acta de puesta en servicio definitivo. Con objeto de asegurar la rentabilidad razonable de la inversión a los titulares del proyecto, a partir del día siguiente al de eficacia de del acta provisional, se podrá abonar a cuenta una retribución provisional.

Por último, ante la previsión de revisión de los peajes y cánones de acceso a las instalaciones del sistema gasista, se prorroga la vigencia la tarifa de último recurso de gas natural aprobada por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 30 de diciembre de 2011. Asimismo, se habilita a la Dirección General de Política Energética y Minas a revisar la tarifa de último recurso incorporando las actualizaciones que se realicen en los peajes y cánones de acceso al sistema así como en el coste de la materia prima.

Estas medidas están orientadas a garantizar la sostenibilidad del sistema gasista, evitando la generación de un déficit de tarifa o una subida pronunciada de las cargas que deben soportar tanto los ciudadanos como las empresas.

El documento de Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016 estimaba, unos incrementos medios anuales de la demanda de electricidad del 3,2 por ciento en el escenario central y del 2,4 por ciento en el escenario de eficiencia, y para el gas natural, unos incrementos del 5,0 por ciento en el escenario del gestor técnico y del 3 por ciento en el escenario de eficiencia. Del mismo modo, el documento de planificación previa un crecimiento del Producto Interior Bruto del 3 por ciento anual en el periodo y unos planes de inversión en el entorno de los 1.000 millones de euros anuales para cada uno de los dos sectores. Sin embargo, en el periodo 2008-2011, la demanda real se ha reducido en el periodo un 3,8 por ciento para electricidad y un 16,3 por ciento para el gas natural. Esta reducción de la demanda obligó en 2010 a aprobar la Orden ITC/2906/2010, de 8 de noviembre, por la que se aprueba el programa anual de instalaciones y actuaciones de carácter excepcional de las redes de transporte de energía eléctrica y gas natural, en la que se reconsideró la necesidad de posponer la construcción algunas de las infraestructuras de gas recogidas en la Planificación en los plazos inicialmente previstos. En dicha Orden ITC/2906/2010, de 8 de noviembre, se creó la categoría «R» a la que se trasladaron todas aquellas infraestructuras recogidas en la Planificación cuya necesidad no se justificaban por la evolución de la demanda pero que serían reconsideradas de cara al nuevo ejercicio de Planificación 2012-2020.

La demanda gasista del año 2011 ha sido un 7 por ciento inferior a la de 2010 y la demanda del sistema eléctrico un 2,1 por ciento inferior y se estima que la demanda de 2012 se mantenga en niveles similares a los del año anterior. Estas cifras obligan a reconsiderar las instalaciones que deben ser calificadas con categoría «R» en el documento de Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016, siendo necesario reconsiderarlas de cara al nuevo ejercicio de Planificación 2012-2020.

La construcción de nuevas infraestructuras eléctricas deberá limitarse exclusivamente a aquellas infraestructuras imprescindibles para asegurar el funcionamiento del sistema en condiciones de seguridad, a la vista del nuevo escenario de demanda previsto para los próximos años y a las interconexiones con los sistemas eléctricos de los estados limítrofes.

Por su parte, la construcción de nuevas infraestructuras de gas se limitará a mantener los compromisos internacionales vinculantes derivados de la construcción de interconexiones gasistas, así como atender a nuevos consumidores de gas siempre que esto no conlleve costes añadidos al sistema.

Esta medida no tendrá impacto negativo sobre la seguridad de suministro, ya que la situación actual de los sistemas eléctrico y gasista es muy favorable. En particular, los ratios de utilización de las infraestructuras gasistas se sitúan entre el 40 y el 60 por ciento hasta 2014, y hay una amplia diversificación de aprovisionamientos y de puntos de entrada al sistema.

En el caso particular del sistema gasista, además del equilibrio financiero, es necesario tomar medidas para no poner en peligro el equilibrio técnico de su sistema. Debido al incremento de las aportaciones de gas por las conexiones internacionales y el estancamiento de la demanda, se está produciendo una importante disminución de las descargas de buques en plantas de regasificación. Estas plantas deben tener unas existencias mínimas de gas y una producción mínima, que se conoce como flujo mínimo de relicuación necesario para que la planta no se quede fuera de servicio. En caso de no llegar a ese mínimo porque no acuden suficientes buques, se podría llegar a la parada de la planta por agotamiento de sus existencias, lo que provocaría la pérdida parcial del mallado de la red y la consiguiente incapacidad de reacción ante indisponibilidades de otras instalaciones, por tanto, se podría poner en peligro la seguridad de suministro del sistema.

Con la inminente entrada en funcionamiento de nuevas plantas de regasificación en el sistema, así como el incremento previsto de aportaciones de gas por gasoducto, este problema se verá incrementado. Por tanto, no se considera prudente que nuevas plantas de regasificación comiencen a funcionar y se retrasa la autorización administrativa, la autorización del proyecto de ejecución o el acta de puesta en servicio de estas instalaciones en la península hasta que la demanda lo justifique. Esto no es de aplicación a eventuales ampliaciones de plantas de regasificación ya existentes.

Estas medidas deben adoptarse con carácter de urgencia. En este momento se encuentran pendientes de tramitación una gran cantidad de instalaciones y la inevitable dilación en el tiempo de la adopción de esta medida que supondría su tramitación por el cauce normativo ordinario, determinaría la entrada en el sistema de instalaciones adicionales innecesarias con los niveles actuales de demanda y las previsiones para los próximos años.

La Comisión Nacional de Energía en su Informe sobre el Sector Energético Español de 9 de marzo, propone por elaborar de manera inmediata un programa anual y una vez aprobado éste ese realizar una nueva planificación sobre un escenario realista adecuando las infraestructuras a construir al escenario macroeconómico más probable, a la evolución prevista de la generación y a la situación económica del sector eléctrico y del conjunto de la economía nacional. Las medidas propuestas en este real decreto-ley impulsan la elaboración de una nueva planificación de los sectores de gas y electricidad, ya que si bien se estaba confeccionando una nueva planificación, el descenso de la demanda, la situación de nuevas inversiones en generación y el deterioro económico que recoge la revisión del escenario macroeconómico aprobado por el Gobierno hacen necesario revisar en profundidad no sólo la propuesta que se encontraba en fase de tramitación sino también la planificación en vigor.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución española, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de marzo de 2012,

DISPONGO:

TÍTULO I.- Modificaciones relativas a la transposición de Directivas en materia de energía

Artículo 1. Modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se modifica en los siguientes términos:

Uno. El apartado 5 del artículo 3 pasa a tener la siguiente redacción:

«5. Sin perjuicio de las competencias atribuidas a los diferentes órganos de Defensa de la Competencia, corresponderán a la Comisión Nacional de Energía en relación con el sector eléctrico, además de las funciones que tengan atribuidas en la legislación vigente, las funciones que se establecen enel apartado tercero de la disposición adicional undécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.»

Dos. Se modifican los párrafos a) y g) del artículo 9, que quedan redactados como sigue:

«a) Los productores de energía eléctrica, que son aquellas personas físicas o jurídicas que tienen la función de generar energía eléctrica, ya sea para su consumo propio o para terceros, así como las de construir, operar y mantener las centrales de producción.

En ningún caso tendrán la condición de productores los consumidores acogidos a las modalidades singulares de suministro a las que se refiere el párrafo g) del presente artículo.

(…)

g) Los consumidores que son las personas físicas o jurídicas que compran la energía para su propio consumo.

Reglamentariamente podrán establecerse para determinados consumidores modalidades singulares de suministro para fomentar la producción individual de energía eléctrica destinada al consumo en la misma ubicación, detallando el régimen de derechos y obligaciones que de ellas resulten.

Aquellos consumidores que adquieran energía directamente en el mercado de producción se denominarán Consumidores Directos en Mercado.»

Tres. Se modifica el segundo párrafo del artículo 10.1, que queda redactado del modo siguiente:

«Los consumidores que se determine tendrán derecho al suministro de energía eléctrica a unos precios que podrán ser fijados y revisados por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y tendrán la consideración de tarifas de último recurso.»

Cuatro. Los párrafos a) y d) del apartado 2 del artículo 14 quedan redactados como sigue y se incluye un nuevo párrafo e) con la siguiente redacción:

«a) Las personas responsables de la gestión de sociedades que realicen actividades reguladas no podrán participar en estructuras organizativas del grupo empresarial que sean responsables, directa o indirectamente, de la gestión cotidiana de actividades de generación, comercialización o de servicios de recarga energética. Adicionalmente, y sin perjuicio de lo ya establecido en el segundo párrafo del artículo 35.2 de la presente Ley en materia de transportista único y de exclusividad de desarrollo de la actividad de transporte, el responsable de administración de la red de distribución no podrá participar en la gestión cotidiana de las actividades de transporte.

(…)

d) Las sociedades que realicen actividades reguladas establecerán un código de conducta en el que se expongan las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de lo estipulado en los párrafos a), b) y c) anteriores.

Dicho código de conducta establecerá obligaciones específicas de los empleados, y su cumplimiento será objeto de la adecuada supervisión y evaluación por la persona u órgano competente designado por la sociedad a tal efecto. El encargado de evaluar el cumplimiento será totalmente independiente y tendrá acceso a toda la información de la sociedad y de cualquiera de sus empresas filiales que requiera para el desempeño de su función.

Anualmente, el encargado de supervisión presentará un informe al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de Energía, que será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», indicando las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento de lo estipulado en los párrafos a), b) y c) anteriores.

e) La separación de actividades y, en particular, la separación funcional, a cuyo efecto las empresas obligadas deberán remitir al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de Energía el código de conducta previsto en el artículo 14.2.d) de la presente Ley antes del 31 de marzo de cada año, con relación al ejercicio anterior.»

Cinco. Los apartados 3 y 4 del artículo 14 se renumeran como apartados 4 y 5, respectivamente, y se incluye un apartado 3 con la siguiente redacción:

«3. Las empresas distribuidoras que formen parte de un grupo de sociedades que desarrollen actividades reguladas y libres en los términos previstos en la presente Ley, no crearán confusión en su información y en la presentación de su marca e imagen de marca respecto a la identidad propia de las filiales de su mismo grupo que realicen actividades de comercialización, sin perjuicio de las infracciones previstas en la normativa vigente a este respecto.»

Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 34, en los siguientes términos:

«1. El operador del sistema tendrá como función principal garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de producción y transporte. Ejercerá sus funciones en coordinación con los operadores y sujetos del Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica bajo los principios de transparencia, objetividad e independencia. El operador del sistema será el gestor de la red de transporte.

El operador del sistema al que se refiere el párrafo anterior adoptará la forma de sociedad mercantil y su régimen societario se ajustará a las condiciones siguientes:

a) Ninguna persona física o jurídica tendrá derecho:

1.º A ejercer control, de manera directa o indirecta, sobre una empresa que lleve a cabo cualquiera de las funciones de generación o comercialización, y simultáneamente ejercer control, de manera directa o indirecta o ejercer ningún derecho en el operador del sistema, ni

2.º A ejercer control, de manera directa o indirecta, sobre el operador del sistema y simultáneamente ejercer control, de manera directa o indirecta o ejercer ningún derecho en una empresa que lleve a cabo cualquiera de las funciones de generación o comercialización.

b) Ninguna persona física o jurídica tendrá derecho a nombrar a los miembros del órgano de administración del operador del sistema si, directa o indirectamente, ejerce control o ejerce derechos en una empresa que realice cualquiera de las actividades de generación o comercialización.

c) Ninguna persona física o jurídica tendrá derecho a ser miembro del órgano de administración, simultáneamente en una empresa que realice cualquiera de las actividades de generación o comercialización y en el operador del sistema.

d) Los derechos indicados en los párrafos a) y b) anteriores, incluirán, en particular:

1.º La facultad de ejercer derechos de voto en relación con los órganos de administración o gobierno de las sociedades;

2.º La facultad de designar a miembros del órgano de administración o de los órganos que representen legalmente a la empresa, o

3.º La posesión de participaciones accionariales mayoritarias conforme se establece en el artículo 42.1 del Código de Comercio.

A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1.a) se incluirán también dentro del concepto de «empresa que lleve a cabo cualquiera de las funciones de generación o comercialización» a aquellas que realicen las actividades de producción y comercialización en el sector del gas natural.»

Siete. Se adicionan dos nuevos artículos 34 bis y 34 ter, con la siguiente redacción:

«Artículo 34 bis. Designación y certificación del gestor de la red de transporte.

1. La sociedad mercantil que actúe como operador del sistema será autorizada y designada como gestor de la red de transporte por el Ministro de Industria, Energía y Turismo. Con carácter previo a esta designación, deberá ser certificada por la Comisión Nacional de Energía en relación con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 34.2 de la presente ley, según el procedimiento establecido en este artículo.

Una vez sea realizada la primera designación y autorización del gestor de la red de transporte, la Comisión Nacional de Energía controlará que dicha sociedad se mantiene en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 34.2 utilizando para ello el procedimiento de certificación establecido. Estas certificaciones que se realicen en relación con el mantenimiento de los requisitos podrán dar lugar a una nueva designación y autorización del gestor de la red de transporte.

Las designaciones del gestor de red de transporte se notificarán a la Comisión Europea a efectos de su publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea».

2. La Comisión Nacional de Energía iniciará el procedimiento de certificación tras la solicitud o notificación por la empresa interesada, tras una solicitud motivada del Ministerio de Industria, Energía y Turismo o de la Comisión Europea, o a iniciativa propia en aquellos casos en los que tenga conocimiento de posibles transacciones que puedan dar o hayan dado lugar al incumplimiento de los requisitos establecidos en relación a la separación de actividades.

3. La Comisión Nacional de Energía previa audiencia y de forma motivada, adoptará una resolución provisional sobre la certificación en el plazo máximo de cuatro meses desde la presentación de la solicitud o notificación. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado resolución expresa se considerará la certificación provisional concedida.

4. En todos los casos la Comisión Nacional de Energía deberá comunicar a la Comisión Europea su resolución provisional en relación a la certificación de la empresa interesada acompañada de la documentación pertinente relativa a la misma, con el fin de que esta emita el correspondiente dictamen previo a la adopción de la resolución definitiva. Asimismo remitirá copia del expediente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

De no emitir un dictamen la Comisión Europea en el plazo previsto al efecto en la legislación comunitaria, se considerará que no pone objeciones a la resolución provisional de la Comisión Nacional de Energía.

5. En el plazo de dos meses desde la recepción del dictamen emitido por la Comisión Europea, o agotados los plazos previstos al efecto en la legislación comunitaria, la Comisión Nacional de Energía resolverá con carácter definitivo sobre la certificación, dando cumplimiento a la decisión de la Comisión Europea. Dicha resolución, junto con el dictamen de la Comisión Europea, deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Unión Europea». La certificación no surtirá efectos hasta su publicación.

6. La Comisión Nacional de Energía y la Comisión Europea podrán solicitar a los gestores de red de transporte y las empresas que realicen cualquiera de las actividades de generación o comercialización cualquier información útil para el cumplimiento de las funciones indicadas en el presente artículo. Sin perjuicio de lo anterior, mantendrán la confidencialidad de la información sensible a efectos comerciales.

Artículo 34 ter. Certificación en relación con países no pertenecientes a la Unión Europea.

1. La Comisión Nacional de Energía notificará a la Comisión Europea cualquier circunstancia que dé lugar a que el gestor de la red de transporte quede bajo el control de una o varias personas de uno o más terceros países. A estos efectos, el gestor de red de transporte notificará a la Comisión Nacional de Energía cualquier circunstancia que pueda dar lugar a que se produzca este hecho.

2. La Comisión Nacional de Energía iniciará el proceso de certificación de acuerdo con el procedimiento y plazos previstos en el artículo 34.bis. Denegará la certificación si no se ha demostrado:

a) que la entidad en cuestión cumple los requisitos del artículo 34, y

b) que la concesión de la certificación no pondrá en peligro la seguridad de suministro nacional y de la Unión Europea, teniendo en cuenta los derechos y obligaciones de España y de la Unión Europea con respecto a dicho tercer país, y otros datos y circunstancias específicos del caso y del tercer país de que se trate.

En la notificación de la propuesta de resolución a la Comisión Europea, la Comisión Nacional de Energía solicitará un dictamen específico sobre si la entidad en cuestión cumple los requisitos de separación de actividades, y si la concesión de la certificación no pondría en peligro la seguridad del suministro en la Unión Europea.

3. Una vez sustanciado el trámite de dictamen por parte de la Comisión Europea, de acuerdo al procedimiento y plazos establecidos en la norma comunitaria de aplicación, la Comisión Nacional de Energía resolverá sobre la certificación, teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión.

Cuando la decisión final difiera del dictamen de la Comisión Europea, se harán pública la motivación de la misma.»

Ocho. Se añade un nuevo párrafo p) al apartado 1 del artículo 41, con la siguiente redacción:

«p) Cumplir los plazos que se establezcan reglamentariamente para las actuaciones que les corresponden en relación con los cambios de suministrador.»

Nueve. Los apartados 5 y 6 del artículo 44 se renumeran como apartados 6 y 7 respectivamente, mientras que los apartados 4 y 5 quedan redactados de la siguiente manera:

«4. Serán considerados como consumidores vulnerables los consumidores de electricidad que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen. En todo caso, se circunscribirá a personas físicas en su vivienda habitual.

Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar una protección adecuada a los consumidores vulnerables.

La definición de los consumidores vulnerables y los requisitos que deben cumplir, así como las medidas a adoptar para este colectivo, se determinarán reglamentariamente por el Gobierno.

5. Reglamentariamente se establecerán, por las Administraciones competentes, medidas de protección al consumidor que deberán recogerse en las condiciones contractuales para los contratos de suministro de los comercializadores con aquellos consumidores que por sus características de consumo o condiciones de suministro requieran un tratamiento contractual específico.

Asimismo, reglamentariamente se establecerán los mecanismos de contratación y las condiciones de facturación de los suministros, incluyendo los procedimientos de cambio de suministrador, que se realizará en un plazo de tres semanas, y de resolución de reclamaciones. En estos desarrollos, se considerará el establecimiento, por parte de las Administraciones competentes, de puntos de contacto únicos en coordinación con la Comisión Nacional de Energía, a tenor de lo establecido en la disposición undécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, para ofrecer a los consumidores toda la información necesaria relativa a sus derechos, a la legislación en vigor y a los procedimientos de solución de conflictos de que disponen en caso de litigio.

Igualmente, en caso de que un comercializador no cumpla algunas de las obligaciones establecidas en los párrafos a), b) y h) del artículo 45.1 de la presente Ley, o no cumpla en los plazos que se establezcan otras obligaciones de pago frente al sistema eléctrico, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo determinará, previo trámite de audiencia y de forma motivada, objetiva y transparente, el traspaso de los clientes de dicho comercializador a un comercializador de último recurso. Asimismo, determinará el comercializador de último recurso al que los clientes se traspasan y las condiciones de suministro de dichos clientes.

Lo anterior, se entenderá sin perjuicio de las sanciones que puedan derivarse de acuerdo con lo establecido en el Título VI de la presente Ley.»

Diez. El párrafo j) del apartado 1 del artículo 45 se renumera como párrafo k), y se añaden tres nuevos párrafos j), l) y m), todos los citados con la siguiente redacción:

«j) Tener a disposición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Comisión Nacional de Energía, la Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión Europea a efectos del cumplimiento de sus cometidos respectivos, durante al menos cinco años, los datos sobre todas las transacciones de los contratos de suministro de electricidad y los derivados relacionados con la electricidad suscritos con los clientes mayoristas y los gestores de redes de transporte, de acuerdo a lo que reglamentariamente se determine.

Lo dispuesto en el presente párrafo no creará obligaciones adicionales con respecto a los organismos mencionados en el párrafo anterior para las entidades que entren en el ámbito de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

En caso de que los organismos mencionados en el primer párrafo de este subapartado necesiten acceder a datos conservados por entidades que entren en el ámbito de aplicación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores les facilitará los datos necesarios.

k) Informar a sus clientes acerca del origen de la energía suministrada, así como de los impactos ambientales de las distintas fuentes de energía y de la proporción utilizada entre ellas.

l) Informar a sus clientes sobre sus derechos respecto de las vías de solución de conflictos de que disponen en caso de litigio.

Para el suministro a consumidores finales deberán disponer de un servicio de atención a sus quejas, reclamaciones, solicitudes de información o comunicaciones de cualquier incidencia en relación al servicio contratado u ofertado, poniendo a su disposición una dirección postal, un servicio de atención telefónica y un número de teléfono, ambos gratuitos, y un número de fax o una dirección de correo electrónico al que los mismos puedan dirigirse directamente. Los prestadores comunicarán su dirección legal si ésta no coincide con su dirección habitual para la correspondencia.

m) Cumplir los plazos que se establezcan reglamentariamente para las actuaciones que les corresponden en relación con los cambios de suministrador.»

Once. El artículo 46 queda redactado como sigue:

«Artículo 46. Gestión de la demanda.

1. Las empresas eléctricas, los consumidores y el operador del sistema, en coordinación con otros agentes, podrán realizar y aplicar medidas que fomenten una mejora de la gestión de la demanda eléctrica y que contribuyan a la optimización de la curva de carga y/o a la eficiencia y ahorro energéticos.

2. Sin perjuicio de lo anterior, la Administración podrá adoptar medidas que incentiven la mejora del servicio a los usuarios y la eficiencia y el ahorro energéticos, directamente o a través de agentes económicos cuyo objeto sea el ahorro y la introducción de la mayor eficiencia en el uso final de la electricidad.

El cumplimiento de los objetivos previstos en dichas medidas podrá dar lugar al reconocimiento de los costes en que se incurra para su puesta en práctica, que tendrán la consideración de costes de diversificación y seguridad de abastecimiento. A los efectos de dicho reconocimiento las medidas deberán ser aprobadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo informe de las Comunidades Autónomas en su ámbito territorial.

Entre estas medidas se incluirán los contratos de prestación del servicio de interrumpibilidad gestionados por el operador del sistema.»

Doce. El párrafo 4 del artículo 60.a) queda redactado como sigue:

«4. La aplicación de peajes, precios o de tarifas no autorizadas por la Administración.»

Trece. El párrafo 8 del artículo 60.a) queda redactado como sigue:

«8. El incumplimiento de resoluciones jurídicamente vinculantes o requerimientos impartidos por la Administración competente, incluida la Comisión Nacional de Energía, o por el operador del sistema en el ámbito de sus funciones, cuando resulte perjuicio relevante para el funcionamiento del sistema.»

Catorce. El párrafo 4 del artículo 61.a) queda redactado como sigue:

«4. El incumplimiento de las resoluciones jurídicamente vinculantes o requerimientos impartidos por la Administración competente, incluida la Comisión Nacional de Energía, o por el operador del sistema en el ámbito de sus funciones, cuando no resulte perjuicio relevante para el funcionamiento del sistema.»

Quince. Se añaden dos nuevos párrafos 22 y 23 al artículo 61.a) con la siguiente redacción:

«22. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en los Reglamentos de la Unión Europea relativos a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad.

23. El incumplimiento por parte de las empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad de las obligaciones de mantenimiento y correcto funcionamiento de un servicio de atención a los consumidores, así como de las medidas de protección al consumidor de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y su normativa de desarrollo.»

Dieciséis. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 66 con la siguiente redacción:

«3. La Comisión Nacional de Energía, dentro de su ámbito de actuación y de las funciones que tiene encomendadas, podrá imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias a las empresas eléctricas por las infracciones administrativas tipificadas como muy graves en los párrafos 1, 2, 5, 6 y 7 del artículo 60.a) de la presente Ley, así como por aquellas tipificadas en los párrafos 8, 9 y 10 del citado artículo 60.a), en relación con los incumplimientos de resoluciones jurídicamente vinculantes o requerimientos de la Comisión Nacional de Energía en el ámbito de sus competencias.

Asimismo, la Comisión Nacional de Energía tendrá competencia para sancionar la comisión de las infracciones graves a que se hace referencia en el párrafo anterior cuando, por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse de muy graves y, en particular, en el caso de las tipificadas en los párrafos 4 y 5 del artículo 61.a) de la presente Ley, en relación con los incumplimientos de resoluciones jurídicamente vinculantes o requerimientos de la Comisión Nacional de Energía en el ámbito de sus competencias.

La Comisión Nacional de Energía tendrá competencia para sancionar aquellas infracciones leves tipificadas en el artículo 62 de la presente Ley, en relación con los incumplimientos de resoluciones jurídicamente vinculantes o requerimientos de la Comisión Nacional de Energía en el ámbito de sus competencias.

En cualquier caso la cuantía de la sanción no podrá superar el 10 por ciento del importe neto anual de la cifra de negocios del gestor de la red de transporte a dicho gestor, o el 10 por ciento del importe neto anual de la cifra de negocios consolidada de la sociedad matriz del grupo verticalmente integrado a dicha empresa integrada verticalmente, según los casos.»

Diecisiete. Se modifica la disposición adicional vigésima tercera, que quedará redactada como sigue:

«Disposición adicional vigésima tercera. Sociedades filiales de «Red Eléctrica Corporación, S.A.ˮ.

1. Para el ejercicio de las funciones correspondientes al operador del sistema y gestor de la red de transporte definidas en el apartado 2 del artículo 34, la empresa «Red Eléctrica de España, S.A.U.» procederá a la creación, dentro de su estructura, de una unidad orgánica específica que ejercerá en exclusiva las funciones de operador del sistema eléctrico y gestor de la red de transporte con la adecuada separación contable y funcional, dando cumplimiento a los criterios establecidos en el artículo 14, respecto del resto de actividades de la empresa.

El director ejecutivo de la unidad orgánica específica a que se refiere el párrafo anterior será nombrado y destituido por el Consejo de Administración de la sociedad «Red Eléctrica Corporación, S.A.ˮ, con el visto bueno del Ministro de Industria, Energía y Turismo.

El personal de la Unidad que ejerza las funciones como operador del sistema y gestor de la red de transporte suscribirá el código de conducta al que hace referencia el artículo 14 de la presente Ley garantizando su independencia respecto al resto de unidades del grupo empresarial.

2. A la sociedad matriz le será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 34 de la presente Ley y tendrá asimismo las siguientes limitaciones:

a) Podrá participar en cualquier persona física o jurídica, siempre que la suma de su participación directa o indirecta en el capital de esta sociedad no supere el 5 por ciento del capital social ni ejerza derechos políticos por encima del 3 por ciento. Estas acciones no podrán sindicarse a ningún efecto.

b) Aquellos sujetos que realicen actividades en el sector eléctrico y aquellas personas físicas o jurídicas que, directa o indirectamente, participen en el capital de dichos sujetos con una cuota superior al 5 por ciento, no podrán ejercer derechos políticos en dicha sociedad matriz por encima del 1 por ciento, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en el apartado 2 del artículo 34 de la presente Ley para generadores y comercializadores.

Las limitaciones anteriores no serán aplicables a la participación correspondiente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que mantendrá, en todo caso, una participación en la sociedad matriz Red Eléctrica Corporación, S.A., no inferior al 10 por ciento.

3. La Comisión Nacional de Energía estará legitimada para el ejercicio de las acciones legales tendentes a hacer efectivas las limitaciones impuestas en este precepto.

A efectos de computar la participación en dicho accionariado, se atribuirán a una misma persona física o jurídica, además de las acciones y otros valores poseídos o adquiridos por las entidades pertenecientes a su mismo grupo, tal y como éste se define en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, aquellas cuya titularidad corresponda:

a) A las personas que actúen en nombre propio pero por cuenta de aquélla, de forma concertada o formando con ella una unidad de decisión. Se entenderá, salvo prueba en contrario, que actúan por cuenta de una persona jurídica o de forma concertada con ella los miembros de su órgano de administración.

b) A los socios junto a los que aquélla ejerza el control sobre una entidad dominada conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

En todo caso, se tendrá en cuenta tanto la titularidad dominical de las acciones y demás valores como los derechos de voto que se disfruten en virtud de cualquier título.

4. El incumplimiento de la limitación en la participación en el capital a la que se refiere la presente disposición se considerará infracción muy grave a los efectos señalados en el artículo 60 de la presente Ley, siendo responsables las personas físicas o jurídicas que resulten titulares de los valores o a quien resulte imputable el exceso de participación en el capital o en los derechos de voto, de conformidad con lo dispuesto en los apartados anteriores. En todo caso, será de aplicación el régimen sancionador previsto en la presente Ley.

5. Red Eléctrica Corporación, S.A. no podrá transmitir a terceros las acciones de las filiales que realicen actividades reguladas.

6. Red Eléctrica Corporación, S.A. tendrá prohibida la realización de actividades distintas de la operación del sistema, el transporte y la gestión de la red de transporte a través de las filiales reguladas incluida la toma de participación en sociedades que realicen otras actividades.

7. Los derechos políticos correspondientes a las acciones u otros valores que posean las personas que participen en el capital de la sociedad matriz Red Eléctrica Corporación, S.A., que excedan los límites máximos señalados en esta disposición, quedarán en suspenso desde la entrada en vigor del real decreto-ley por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas natural y en materia de comunicaciones electrónicas, en tanto no se adecuen a dichos límites.»

Dieciocho. Se añade una disposición adicional vigésima sexta con la siguiente redacción:

«Disposición adicional vigésima sexta. Mecanismos de cooperación internacional para el cumplimiento de los compromisos derivados de la directiva de energías renovables.

1. La Administración General del Estado habilitará el marco que permita la puesta en marcha de los mecanismos de cooperación previstos en la normativa comunitaria para el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y, en particular, de los contemplados en la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. Dentro de los mecanismos de cooperación internacional que de esta forma podrán facilitarse, se incluirán, al menos, los siguientes:

a) Las transferencias estadísticas entre Estados miembros de cantidades determinadas de energía procedente de fuentes renovables.

b) La puesta en marcha de proyectos conjuntos con otros Estados miembros.

c) La puesta en marcha de proyectos conjuntos con terceros países.

d) La coordinación con los sistemas de apoyo a las energías procedentes de fuentes renovables instaurados en otros Estados miembros.

La aplicación de estos mecanismos garantizará en todo momento la seguridad del sistema eléctrico y no podrá suponer en ningún caso una disminución o pérdida de la energía de origen renovable producida en España.

2. La puesta en marcha de los correspondientes proyectos o actuaciones singulares estará supeditada a su aprobación por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo que, a tal fin, tendrá en cuenta la afección a las estructuras de transporte de energía y la planificación energética en su conjunto.»

Diecinueve. Se añaden las disposiciones transitorias vigésima y vigésima primera, con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria vigésima. Consumidores vulnerables.

Hasta que se desarrolle lo establecido en el apartado 4 del artículo 44 de la presente ley, se considerará que un consumidor es vulnerable cuando se encuentre dentro del ámbito de aplicación del artículo 2 y disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, así como en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.

Las empresas comercializadoras deberán poner a disposición de los consumidores un servicio de atención telefónica y un número de teléfono, ambos gratuitos, para atender las solicitudes de información sobre los aspectos relativos a la contratación y suministro.

Disposición transitoria vigésima primera. Certificación del gestor de la red de transporte.

El gestor de la red de transporte, para ejercer como tal en los términos previstos en la normativa, deberá ser previamente certificado por la Comisión Nacional de Energíaen relación con la propiedad de la red de transporte y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 34.2 de la presente Ley, según el procedimiento que se establece en los artículos 34 bis y 34 ter, en su caso.»

Artículo 2. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, se modifica en los siguientes términos:

Uno. El apartado 3 del artículo 3 pasa a tener la siguiente redacción y se suprime el actual apartado 4:

«3. Sin perjuicio de las competencias atribuidas a los diferentes órganos de defensa de la competencia, corresponderán a la Comisión Nacional de Energía, además de las funciones que tenga atribuidas en la legislación vigente, las funciones del apartado tercero de la disposición adicional undécima de la presente Ley.»

Dos. El artículo 54 pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 54. Régimen de actividades.

1. Las actividades de fabricación, regasificación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de combustibles gaseosos podrán ser realizadas libremente en los términos previstos en este Título, sin perjuicio de las obligaciones que puedan derivarse de otras disposiciones, y en especial de las fiscales y de las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente y a la defensa de los consumidores y usuarios.

Son combustibles gaseosos a los efectos de este Título:

a) El gas natural y sus especialidades gas natural licuado y gas natural comprimido.

b) Los gases combustibles manufacturados o sintéticos, donde se puede distinguir entre:

1.º Mezclas de gas natural, butano o propano con aire.

2.º El biogás y/o cualquier otro gas obtenido a partir de la biomasa.

3.º Cualquier otro tipo de gas combustible manufacturado o sintético o mezcla de gas combustible con aire.

Lo dispuesto en este Título no será de aplicación a los gases licuados del petróleo que se regirán por lo dispuesto en el Título III.

2. Las actividades de importación, exportación e intercambios comunitarios de combustibles gaseosos se realizarán sin más requisitos que los que deriven de la normativa comunitaria.

3. Las normas establecidas en la presente Ley en relación con el gas natural serán también de aplicación, de manera no discriminatoria, al biogás y al gas obtenido a partir de la biomasa u otros tipos de gas siempre y cuando resulte técnicamente posible y seguro inyectar tales gases en la red de gas natural y transportarlos por ella.

A estos efectos, se establecerán los requisitos de composición de estos gases al objeto de garantizar la seguridad de las personas, instalaciones y equipos de consumo así como la correcta conservación de los mismos.»

Tres. El apartado 1 del artículo 56 pasa a tener la siguiente redacción:

«1. A los efectos establecidos en la presente Ley tendrá la consideración de fabricación de gases combustibles, siempre que éstos se destinen al suministro final a consumidores por canalización, la fabricación de combustibles gaseosos manufacturados o sintéticos, incluida la mezcla de gas natural, butano o propano con aire.»

Cuatro. El artículo 57 pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 57. Suministro.

1. Los consumidores tendrán derecho de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de gas natural en las condiciones que reglamentariamente determine el Gobierno previa consulta a las Comunidades Autónomas.

2. Los consumidores que se determinen tendrán derecho a acogerse al suministro a unos precios que serán fijados y revisados por el Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y que tendrán la consideración de tarifa de último recurso. La tarifa de último recurso será el precio que cobrarán los comercializadores de último recurso a los consumidores que tengan derecho a acogerse a ella.

3. El Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá establecer condiciones específicas de suministro para determinados consumidores que, por sus características económicas, sociales o de suministro, tengan la consideración de clientes vulnerables.

4. Las Administraciones competentes, en coordinación con la Comisión Nacional de Energía, establecerán puntos de contacto únicos para ofrecer a los consumidores toda la información necesaria relativa a sus derechos, a la legislación en vigor y a las vías de solución de conflictos de que disponen en caso de litigios.»

Cinco. Se añade un nuevo artículo 57.bis con la siguiente redacción

«Artículo 57 bis. Derechos de los consumidores en relación con el suministro.

Los consumidores tendrán los siguientes derechos:

a) Realizar adquisiciones de gas en los términos establecidos en el Capítulo II del Título IV de la presente Ley.

b) Elegir el suministrador para la compra del gas natural.

c) Solicitar la verificación del buen funcionamiento de los equipos de medida de su suministro.

d) Disponer de un servicio de asistencia telefónica facilitado por el distribuidor al que estén conectados sus instalaciones, en funcionamiento las veinticuatro horas del día, al que puedan dirigirse ante posibles incidencias de seguridad en sus instalaciones. Dicho número deberá figurar claramente identificado en las facturas y en todo caso será facilitado por el comercializador al consumidor.

e) Tener un contrato con el comercializador en el que se especifique:

1.º la identidad y la dirección del suministrador,

2.º los servicios prestados, el nivel de calidad propuesto y el plazo para la conexión inicial,

3.º el tipo de servicio de mantenimiento que se ofrezca,

4.º la forma de obtener información actualizada sobre todas las tarifas aplicables y los gastos de mantenimiento,

5.º la duración del contrato, las condiciones para la renovación y la rescisión de los servicios y del contrato y, cuando esté permitido, el desistimiento del contrato sin costes,

6.º los acuerdos de compensación y reembolso aplicables si no se cumplen los niveles de calidad contratados, incluida la facturación incorrecta y retrasada,

7.º el método para iniciar un procedimiento de resolución de conflictos de conformidad con lo dispuesto en el párrafo j),

8.º la información sobre los derechos de los consumidores, inclusive la relativa a la tramitación de las reclamaciones y toda la información mencionada en este párrafo e), claramente comunicada mediante las facturas o los sitios de Internet de las compañías de gas natural, y

9.º las condiciones serán equitativas y se darán a conocer con antelación. En cualquier caso, debe comunicarse esta información antes de la celebración o confirmación del contrato. Cuando los contratos se celebren a través de intermediarios, la información antes mencionada se comunicará asimismo antes de la celebración del contrato.

f) Ser debidamente avisados de cualquier intención de modificar las condiciones del contrato e informados de su derecho a rescindir el contrato cuando reciban el aviso. Los comercializadores notificarán directamente a sus clientes cualquier aumento de los precios, en el momento adecuado y no más tarde de un período normal de facturación después de que haya entrado en vigor el aumento, de forma transparente y comprensible. Los clientes podrán rescindir el contrato sin coste alguno si no aceptan las nuevas condiciones que les haya notificado su comercializador de gas.

g) Recibir información transparente sobre los precios, tarifas y condiciones generales aplicables al acceso y al uso de los servicios de gas.

h) Poder escoger libremente el modo de pago, de forma que no se produzca ninguna discriminación indebida entre consumidores. Los sistemas de pago anticipado serán justos y reflejarán adecuadamente el consumo probable. Cualquier diferencia en las condiciones reflejará los costes que suponen para el proveedor los distintos sistemas de pago. Las condiciones generales serán equitativas y transparentes. Se explicarán en un lenguaje claro y comprensible y no incluirán obstáculos no contractuales al ejercicio de los derechos de los clientes, por ejemplo, una documentación contractual excesiva. Se protegerá a los clientes contra los métodos de venta abusivos o equívocos.

i) Cambiar de suministrador sin coste alguno.

j) Disponer de procedimientos para tramitar sus reclamaciones. Concretamente, todos los consumidores tendrán derecho a un buen nivel de servicio y de tramitación de las reclamaciones por parte del suministrador del servicio de gas. Tales procedimientos de solución extrajudicial permitirán la resolución equitativa y rápida de los litigios, preferiblemente en un plazo de tres meses y contemplarán, cuando esté justificado, un sistema de reembolso y/o compensación.

Siempre que sea posible, los procedimientos en cuestión se ajustarán a lo dispuesto en la Recomendación 98/257/CE de la Comisión, de 30 de marzo de 1998, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo, como es el Sistema Arbitral de Consumo.

k) Para los clientes conectados a la red de gas, ser informados de sus derechos a que se les suministre, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional aplicable, gas natural de una determinada calidad a precios razonables.

l) Tener a su disposición sus datos de consumo y poder, mediante acuerdo explícito y gratuito, dar acceso a los datos de medición a cualquier empresa de suministro registrada. La parte encargada de la gestión de datos estará obligada a facilitar estos datos a la empresa, utilizando los formatos y procedimientos desarrollados reglamentariamente. No podrán facturarse al consumidor costes adicionales por este servicio.

m) Ser informados adecuadamente del consumo real de gas y de los costes correspondientes con la frecuencia que se establezca reglamentariamente, de manera que les permita regular su propio consumo de gas. La información se facilitará con el tiempo suficiente, teniendo en cuenta la capacidad del equipo de medición del cliente. No podrán facturarse al consumidor costes adicionales por este servicio.

n) Recibir una liquidación de la cuenta después de cualquier cambio de suministrador de gas natural, en el plazo máximo de seis semanas a partir de la fecha del cambio de suministrador.

o) Acceder a las instalaciones propiedad de terceros, de regasificación, almacenamiento, transporte y distribución, en los términos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y normativa que la desarrolle.»

Seis. El artículo 58 queda redactado como sigue:

«Artículo 58. Sujetos que actúan en el sistema.

Las actividades destinadas al suministro de gas natural por canalización serán desarrolladas por los siguientes sujetos:

a) Los transportistas son aquellas sociedades mercantiles autorizadas para la construcción, operación y mantenimiento de instalaciones de regasificación de gas natural licuado, de transporte o de almacenamiento básico de gas natural.

Los gestores de red de transporte son aquellas sociedades mercantiles autorizadas para la construcción, operación y mantenimiento de instalaciones de la red troncal y certificadas de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 63 bis. Asimismo, tienen consideración de gestores de red de transporte los gestores de red independientes.

Los gestores de red independientes son aquellas sociedades mercantiles que gestionan instalaciones de la red troncal de las que no son propietarios y están autorizadas para la construcción, operación y mantenimiento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 quáter.

b) El Gestor Técnico del Sistema será el responsable de la operación y gestión de la Red Básica y de las redes de transporte secundario definidas en la presente Ley de acuerdo con las funciones establecidas en el artículo 64. Asimismo, será responsable de mantener las condiciones para la operación normal del sistema.

c) Los distribuidores son aquellas sociedades mercantiles autorizadas para la construcción, operación y mantenimiento de instalaciones de distribución destinadas a situar el gas en los puntos de consumo.

Los distribuidores también podrán construir, mantener y operar instalaciones de la red de transporte secundario, debiendo llevar en su contabilidad interna cuentas separadas de ambas actividades de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.

d) Los comercializadores son las sociedades mercantiles que, accediendo a las instalaciones de terceros en los términos establecidos en el presente Título, adquieren el gas natural para su venta a los consumidores, a otros comercializadores o para realizar tránsitos internacionales. Asimismo, son comercializadores las sociedades mercantiles que realicen la venta de Gas Natural Licuado (GNL) a otros comercializadores dentro del sistema gasista o a consumidores finales.

e) Los consumidores finales, que son los que adquieren gas para su propio consumo y tendrán derecho a elegir suministrador. En el caso de que accedan directamente a las instalaciones de terceros se denominarán Consumidores Directos en Mercado.

Asimismo, tendrán la consideración de consumidor final a los efectos previstos en la presente Ley, las empresas que suministren gas natural, biogás o gases manufacturados para su uso como carburante en estaciones de servicio, siempre que se suministren de un comercializador. Las instalaciones que se destinen a este fin, deberán cumplir las condiciones técnicas y de seguridad que reglamentariamente les sean exigibles.

f) La Oficina de Cambios de Suministrador, que será la sociedad mercantil responsable de la supervisión y, en su caso, gestión de los cambios de suministrador de los consumidores finales.»

Siete. El artículo 59 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 59. Sistema gasista y red básica de gas natural.

1. El sistema gasista comprenderá las siguientes instalaciones: las incluidas en la red básica, las redes de transporte secundario, las redes de distribución, los almacenamientos no básicos y demás instalaciones complementarias.

2. A los efectos establecidos en la presente Ley, la red básica de gas natural estará integrada por:

a) Los gasoductos de transporte primario de gas natural a alta presión. Se considerarán como tales aquellos cuya presión máxima de diseño sea igual o superior a 60 bares, diferenciándose entre:

1.º Red troncal: Gasoductos de transporte primario interconectados esenciales para el funcionamiento del sistema y la seguridad de suministro excluyendo la parte de los gasoductos de transporte primario utilizados fundamentalmente para el suministro local de gas natural. En todo caso se considerarán incluidas las conexiones internacionales del sistema gasista español con otros sistemas, las conexiones con yacimientos de gas natural en el interior o con almacenamientos básicos, las conexiones con las plantas de regasificación, las estaciones de compresión y los elementos auxiliares necesarios para su funcionamiento.

2.º Red de influencia local: Gasoductos de transporte utilizados fundamentalmente para el suministro local de gas natural.

b) Las plantas de regasificación de gas natural licuado que puedan abastecer el sistema gasista y las plantas de licuefacción de gas natural.

c) Los almacenamientos básicos de gas natural, que puedan abastecer el sistema gasista.

3. Las redes de transporte secundario están formadas por los gasoductos de presión máxima de diseño comprendida entre 60 y 16 bares.

4. Las redes de distribución comprenderán los gasoductos con presión máxima de diseño igual o inferior a 16 bares y aquellos otros que, con independencia de su presión máxima de diseño, tengan por objeto conducir el gas a un único consumidor partiendo de un gasoducto de la Red Básica o de transporte secundario.

5. Almacenamientos no básicos de gas natural son las estructuras de almacenamiento de gas natural en el subsuelo y las instalaciones de superficie que se requieran, con carácter temporal o permanente, para el desarrollo de la actividad de explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural, incluidos los gasoductos de conexión entre el almacenamiento y la red básica de gas natural. Estas instalaciones quedarán excluidas del régimen retributivo del sistema de gas natural.»

Ocho. La redacción del segundo párrafo del apartado 2 del artículo 62 pasa a ser la que sigue:

«En el caso de las sociedades que tengan por objeto la realización de actividades reguladas, de acuerdo con el artículo 60.1 de la presente Ley, llevarán en su contabilidad cuentas separadas para cada una de ellas que diferencien entre los ingresos y los gastos estrictamente imputables a cada una de dichas actividades. Asimismo, los gestores de red independientes llevarán en su contabilidad cuentas separadas para cada empresa gestionada, diferenciando los ingresos y gastos imputables a dicha gestión.»

Nueve. La redacción del primer párrafo del apartado 4 del artículo 62 pasa a ser la siguiente:

«4. Las entidades que actúen en el sistema gasista deberán proporcionar a la Administración competente la información que les sea requerida, en especial en relación con los contratos de abastecimiento y suministro de gas que hubieran suscrito y con sus cuentas anuales que habrán de auditarse de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas y las disposiciones que la desarrollan. La auditoria verificará en particular que se respeta la obligación de evitar discriminaciones y subvenciones cruzadas entre actividades reguladas, y entre éstas y las actividades liberalizadas.»

Diez. El artículo 63 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 63. Separación de actividades.

1. Las sociedades mercantiles que desarrollen alguna o algunas de las actividades reguladas de regasificación, almacenamiento básico, transporte y distribución a que se refiere el artículo 60.1 de la presente Ley deben tener como objeto social exclusivo el desarrollo de las mismas sin que puedan, por tanto, realizar actividades de producción o comercialización ni tomar participaciones en empresas que realicen estas actividades.

2. Los transportistas que operen alguna instalación comprendida en la red básica de gas natural, definida en el apartado 2 del artículo 59 deberán tener como único objeto social en el sector gasista la actividad de transporte definida en el artículo 58.a), pudiendo incluir entre sus activos gasoductos de la red secundaria de transporte, debiendo llevar en su contabilidad interna cuentas separadas de las actividades de regasificación, almacenamiento y transporte.

3. Las empresas propietarias de instalaciones pertenecientes a la red troncal de gasoductos deberán operar y gestionar sus propias redes, o ceder la gestión de las mismas a un gestor de red independiente en los casos previstos en la presente Ley.

Los gestores de red de transporte deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Ninguna persona física o jurídica que ejerza control, de manera directa o indirecta, sobre el gestor de red de transporte podrá ejercer control, de manera directa o indirecta, sobre una empresa que lleve a cabo actividades de producción o comercialización de gas natural, ni viceversa.

b) Ninguna persona física o jurídica que sea miembro o tenga derecho a nombrar a los miembros del Consejo de Administración o de los órganos que representen legalmente al gestor de la red de transporte, podrá ejercer control o derechos en una empresa que lleve a cabo cualquiera de las funciones de producción o comercialización de gas natural. Tampoco podrá transferir personal del gestor de red de transporte a empresas que realicen funciones de producción o suministro.

A estos efectos se considerará que una sociedad ejerce el control de otra en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.

No obstante lo anterior, aquellas empresas transportistas, que fuesen propietarias de instalaciones de la red troncal con anterioridad al día 3 de septiembre de 2009 y que por formar parte de un grupo empresarial al que pertenezcan sociedades que desarrollen actividades de producción o comercialización no den cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, podrán optar por mantener la propiedad de las instalaciones de la red troncal siempre y cuando cedan su gestión a un gestor de red independiente en las condiciones establecidas en el artículo 63 quáter.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 para empresas propietarias de instalaciones de la red troncal de gas, un grupo de sociedades podrá desarrollar actividades incompatibles de acuerdo con la Ley, siempre que sean ejercitadas por sociedades diferentes y se cumplan los siguientes criterios de independencia:

a) Las personas responsables de la gestión de sociedades que realicen actividades reguladas no podrán participar en estructuras organizativas del grupo empresarial que sean responsables, directa o indirectamente, de la gestión cotidiana de actividades de producción o comercialización.

b) Los grupos de sociedades garantizarán la independencia de las personas responsables de la gestión de sociedades que realicen actividades reguladas mediante la protección de sus intereses profesionales. En particular, establecerán garantías en lo que concierne a su retribución y su cese.

Las sociedades que realicen actividades reguladas y las personas responsables de su gestión que se determine no podrán poseer acciones de sociedades que realicen actividades de producción o comercialización.

Asimismo, en relación con las actividades reguladas, las personas responsables de la gestión de sociedades que realicen actividades de distribución no podrán participar en estructuras organizativas del grupo empresarial que sean responsables, directa o indirectamente, de la gestión cotidiana de la actividad de transporte, y viceversa.

Además, las sociedades que realicen actividades reguladas así como sus trabajadores no podrán compartir información comercialmente sensible con las empresas del grupo de sociedades al que pertenecen en el caso de que éstas realicen actividades liberalizadas.

c) Las sociedades que realicen actividades reguladas tendrán capacidad de decisión efectiva, independiente del grupo de sociedades, con respecto a activos necesarios para explotar, mantener, o desarrollar las instalaciones de regasificación de gas natural licuado, y de transporte, almacenamiento, y distribución de gas natural.

No obstante, el grupo de sociedades tendrá derecho a la supervisión económica y de la gestión de las referidas sociedades, y podrán someter a aprobación el plan financiero anual, o instrumento equivalente, así como establecer límites globales a su nivel de endeudamiento.

En ningún caso podrá el grupo empresarial dar instrucciones a las sociedades que realicen actividades reguladas respecto de la gestión cotidiana, ni respecto de decisiones particulares referentes a la construcción o mejora de activos de regasificación de gas natural licuado, y de transporte, almacenamiento, y distribución de gas natural, siempre que no se sobrepase lo establecido en el plan financiero anual o instrumento equivalente.

d) Las sociedades que realicen actividades reguladas establecerán un código de conducta en el que se expongan las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de lo estipulado en los párrafos a), b) y c) anteriores.

Dicho código de conducta establecerá obligaciones específicas de los empleados, y su cumplimiento será objeto de la adecuada supervisión y evaluación por la sociedad.

Anualmente, se presentará un informe al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y a la Comisión Nacional de Energía, que será publicado en el «Boletín Oficial del Estadoˮ, indicando las medidas adoptadas para el cumplimiento de lo estipulado en los párrafos a), b) y c) anteriores.

5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1, cualquier adquisición de participaciones accionariales por parte de aquellas sociedades mercantiles que desarrollen actividades reguladas exigirá la obtención de la autorización previa a que se refiere la disposición adicional undécima de esta Ley.

6. Las empresas distribuidoras que formen parte de un grupo de sociedades que desarrollen actividades reguladas y no reguladas en los términos previstos en la presente Ley, no crearán confusión en su información y en la presentación de su marca e imagen de marca respecto a la identidad propia de las filiales de su mismo grupo que realicen actividades de comercialización, sin perjuicio de las infracciones previstas en la normativa vigente a este respecto.»

Once. Se adiciona un nuevo artículo 63 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 63 bis. Certificación de los gestores de red de transporte.

1. Los gestores de red de transporte, incluyendo los gestores de red independientes, deberán obtener previamente una certificación de cumplimiento de los requisitos de separación de actividades otorgada por la Comisión Nacional de Energía de acuerdo con el procedimiento recogido en los apartados siguientes.

2. Las empresas que pretendan ser gestores de una instalación perteneciente a la red troncal deberán solicitar la citada certificación a la Comisión Nacional de Energía.

Asimismo, aquellas empresas que hayan sido certificadas deberán notificar a la Comisión Nacional de Energía cualquier transacción que pueda requerir un control del cumplimiento de los requisitos relativos a la separación de actividades, incluyendo toda circunstancia que pueda ocasionar que una persona o personas de un país no miembro de la Unión Europea asuma el control de parte de la red troncal o de un gestor de red de transporte.

3. La Comisión Nacional de Energía iniciará el procedimiento de certificación tras la solicitud o notificación por la empresa interesada, tras una solicitud motivada del Ministerio de Industria, Energía y Turismo o de la Comisión Europea o a iniciativa propia en aquellos casos en los que tenga conocimiento de posibles transacciones que puedan dar o hayan dado lugar al incumplimiento de los requisitos establecidos en relación a la separación de actividades.

4. La Comisión Nacional de Energía previa audiencia y de forma motivada, adoptará una resolución provisional sobre la certificación en el plazo máximo de cuatro meses desde la presentación de la solicitud o notificación. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado resolución expresa se considerará la certificación provisional concedida.

5. En todos los casos, la Comisión Nacional de Energía deberá comunicar a la Comisión Europea su resolución provisional en relación con la certificación de la empresa interesada acompañada de la documentación pertinente relativa a la misma, con el fin de que ésta emita el correspondiente dictamen previo a la adopción de la resolución definitiva. Asimismo remitirá copia del expediente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

De no emitir un dictamen la Comisión Europea en el plazo previsto al efecto en la legislación comunitaria, se considerará que no pone objeciones a la resolución provisional de la Comisión Nacional de Energía.

6. En el plazo de dos meses desde la recepción del dictamen emitido por la Comisión Europea, o agotados los plazos previstos al efecto en la legislación comunitaria, la Comisión Nacional de Energía resolverá con carácter definitivo sobre la certificación, dando cumplimiento a la decisión de la Comisión Europea. Dicha resolución, junto con el dictamen de la Comisión Europea, deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estadoˮ y en el «Diario Oficial de la Unión Europeaˮ. La certificación no surtirá efectos hasta su publicación.

7. En cualquier fase del procedimiento la Comisión Nacional de Energía y la Comisión Europea podrán solicitar a la empresa transportista o a las empresas que realicen actividades de producción o comercialización cualquier información útil para el cumplimiento de las tareas recogidas en este artículo.

La Comisión Nacional de Energía garantizará la confidencialidad de la información sensible a efectos comerciales.»

Doce. Se añade un nuevo artículo 63 ter con la siguiente redacción:

«Artículo 63 ter. Certificación en relación con países no pertenecientes a la Unión Europea.

1. Cuando se solicite una certificación por parte de una empresa que esté controlada por una persona o personas de uno o más países no miembros de la Unión Europea, la Comisión Nacional de Energía lo notificará a la Comisión Europea, así como toda circunstancia que pueda ocasionar que una persona o personas de uno o más terceros países asuman el control de parte de la red troncal o de un gestor de red de transporte.

2. La Comisión Nacional de Energía iniciará el proceso de certificación de acuerdo con el procedimiento y plazos previstos en el artículo 63 bis.

En cualquier caso, la Comisión Nacional de Energía denegará la certificación si no se ha demostrado:

a) que la entidad en cuestión cumple los requisitos del artículo 63, y

b) que la concesión de la certificación no pondrá en peligro la seguridad de suministro energético nacional y de la Unión Europea, teniendo en cuenta los derechos y obligaciones de España y de la Unión Europea con respecto a dicho tercer país, y otros datos y circunstancias específicos del caso y del tercer país de que se trate.

En la notificación de la resolución provisional a la Comisión Europea, la Comisión Nacional de Energía solicitará un dictamen específico sobre si la entidad en cuestión cumple los requisitos de separación de actividades, y si la concesión de la certificación no pondrá en peligro la seguridad del suministro de energía a la Unión Europea.

3. Cuando la resolución definitiva difiera del dictamen de la Comisión Europea, la Comisión Nacional de Energía comunicará y hará público, junto con dicha resolución, la motivación de la misma.»

Trece. Se añade un nuevo artículo 63 quáter con la siguiente redacción:

«Artículo 63 quáter. Gestor de red independiente.

1. Las empresas propietarias de instalaciones de la red troncal de gasoductos que no cumplan los requisitos de separación de actividades establecidos en el artículo 63.3, y que con anterioridad al 3 de septiembre de 2009 fuesen propietarios de dichas instalaciones, podrán optar por ceder la gestión de los mismos a un gestor de red independiente.

A estos efectos propondrán un gestor de red independiente entre las empresas que hayan obtenido la certificación de cumplimiento de los requisitos de separación de actividades de transporte y solicitarán al Ministro de Industria, Energía y Turismo su aprobación. Dicha designación estará supeditada a la aprobación de la Comisión Europea y podrá ser denegada en caso de que el gestor de red independiente no cumpla alguno de los requisitos establecidos en la presente Ley y su normativa de desarrollo.

2. El gestor de red independiente deberá:

a) Demostrar que dispone de los recursos humanos, técnicos, financieros y físicos necesarios para llevar a cabo sus funciones.

b) Disponer de capacidad para cumplir con las obligaciones que impone el Reglamento (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1775/2005, incluida la cooperación de los transportistas en los ámbitos europeo y regional.

3. Las funciones que deberá llevar a cabo el gestor de red independiente en relación con las instalaciones de la red troncal cuya gestión le hayan sido encomendadas serán:

a) Conceder y gestionar las solicitudes de acceso a las instalaciones.

b) Firmar los contratos y recaudar los peajes correspondientes al acceso de terceros a las instalaciones.

c) Explotar, mantener y desarrollar la red de transporte de acuerdo con lo previsto en la planificación obligatoria, en la presente Ley y su normativa de desarrollo.

d) Planificar las infraestructuras necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones que gestionan, tramitar las autorizaciones correspondientes y construir las mismas, siempre y cuando las instalaciones no sean objeto de adjudicación directa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.1 de la presente Ley.

e) Adoptar las medidas necesarias para dar cobertura a las responsabilidades correspondientes a sus funciones en relación con los activos cuya gestión le hayan sido cedidos.

4. Los propietarios de instalaciones de la red troncal que hayan cedido su gestión a un gestor de red independiente deberán:

a) Cooperar y apoyar al gestor de red independiente para el desarrollo de sus funciones, incluida la aportación de toda la información necesaria.

b) Adoptar las medidas necesarias para dar cobertura a la responsabilidad derivada de sus activos, exceptuando la correspondiente a las funciones del gestor de red independiente.

c) Financiar las inversiones decididas por el gestor de red independiente y aprobadas por la Comisión Nacional de Energía, o dar su consentimiento para que sean financiadas por cualquier parte interesada, incluido el gestor de red independiente. Los correspondientes mecanismos de financiación deberán ser aprobados por la Comisión Nacional de Energía, que previamente deberá consultar al propietario de los activos junto con otras partes interesadas.

d) Aportar las garantías necesarias para facilitar la financiación de cualquier ampliación de la red, con excepción de las inversiones para cuya financiación por cualquier parte interesada haya dado su consentimiento.

e) No serán competentes para la concesión y gestión del acceso de terceros a las instalaciones cedidas ni de la planificación de inversiones.

5. A estos efectos, el gestor de red independiente y el propietario de las instalaciones de la red troncal firmarán un contrato en el que se detallen las condiciones contractuales así como responsabilidades de cada uno. Dicho contrato deberá ser aprobado por la Comisión Nacional de Energía.

6. La Comisión Nacional de Energía controlará que el propietario de la red de transporte y el gestor de red independiente cumplen lo establecido en el presente artículo. A estos efectos podrá solicitar la información que considere necesaria para el ejercicio de sus funciones y realizar inspecciones, incluso sin previo aviso, de las instalaciones tanto del titular de las instalaciones de transporte como del gestor de red independiente.

7. La Comisión Nacional de Energía actuará como órgano de resolución de conflictos entre el titular de la instalación de transporte y el gestor de red independiente, cuando uno de ellos lo reclame.»

Catorce. Se adiciona un nuevo párrafo r) al artículo 64 con la siguiente redacción:

«r) Supervisar la correcta ejecución por parte de los agentes del sistema de las medidas adoptadas por el Gobierno ante situaciones de emergencia y elaborar un informe sobre los resultados de dicha supervisión que se pondrá a disposición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y de la Comisión Nacional de Energía.»

Quince. El cuarto párrafo del apartado 1 del artículo 67 pasa a tener la siguiente redacción:

«Las autorizaciones de construcción y explotación de los gasoductos de transporte objeto de planificación obligatoria, de acuerdo con el artículo 4 de la presente Ley, deberán ser otorgadas mediante un procedimiento que asegure la concurrencia, promovido y resuelto por la autoridad competente cuando se trate de gasoductos de transporte secundario. En el caso de las instalaciones que formen parte de la red troncal, la construcción y la explotación de las instalaciones serán autorizadas de forma directa a la empresa titular de la mayor parte de las instalaciones de la red troncal. En el caso de otros gasoductos de transporte competencia de la Administración General del Estado, podrán adjudicarse a los titulares de las instalaciones a las que se conecten.»

Dieciséis. El apartado 4 del artículo 67 pasa a tener el siguiente tenor:

«4. Las autorizaciones de instalación de transporte contendrán todos los requisitos que daban ser observados en su construcción y explotación.

Cuando las instalaciones autorizadas hayan de conectarse a instalaciones ya existentes de distinto titular, éste, o en su caso el gestor de red de transporte o el gestor de red independiente correspondiente, deberá permitir la conexión en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.»

Diecisiete. El artículo 68 queda redactado de la manera siguiente:

«Artículo 68. Obligaciones de los titulares de autorizaciones para la regasificación, transporte y almacenamiento de gas natural.

Los titulares de autorizaciones administrativas para la regasificación de gas natural licuado y para el transporte y almacenamiento de gas natural, así como los gestores de red Independientes, en lo que les sea de aplicación, tendrán las siguientes obligaciones:

a) Realizar sus actividades en la forma autorizada y conforme a las disposiciones aplicables, prestando el servicio de forma regular y continua, con los niveles de calidad que se determinen y manteniendo las instalaciones en las adecuadas condiciones de conservación e idoneidad técnica, siguiendo las instrucciones impartidas por el Gestor Técnico del Sistema y, en su caso, por la Administración competente.

b) Presentar al Secretario de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de Energía, antes del 15 de octubre de cada año, los planes de inversión anuales y plurianuales, con un horizonte mínimo de diez años.

En los planes de inversiones anuales figurarán, como mínimo, los datos de los proyectos previstos para el año siguiente, sus principales características técnicas, presupuesto y calendario de ejecución.

c) Facilitar el uso de sus instalaciones para los movimientos de gas resultantes de lo dispuesto en la presente Ley, y admitir la utilización de todas sus instalaciones por todos los sujetos autorizados, en condiciones no discriminatorias, de acuerdo con las normas técnicas.

d) Garantizar la confidencialidad de la información sensible a efectos comerciales que obre en su poder y evitar que se revele información confidencial sobre sus propias actividades de forma discriminatoria que pueda suponer alguna ventaja comercial.

e) Celebrar los contratos de regasificación, almacenamiento y transporte con quienes tengan derecho de acceso a sus instalaciones.

f) Proporcionar a cualquier otra empresa que realice actividades de almacenamiento, transporte y distribución, y al gestor del sistema, suficiente información para garantizar que el transporte y el almacenamiento de gas pueda producirse de manera compatible con el funcionamiento seguro y eficaz de la red interconectada.

g) Proporcionar la información con el detalle y frecuencia con la que sea requerida por parte de la Administración competente y comunicar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo los contratos de acceso a sus instalaciones que celebren. Asimismo, deberán comunicar a las Administraciones de las Comunidades Autónomas los contratos de acceso a sus instalaciones cuando estas instalaciones estén situadas total o parcialmente en esa Comunidad Autónoma y el contratante de esos servicios sea un consumidor cualificado, un comercializador o un transportista con instalaciones en esa Comunidad Autónoma.

h) Participar en el proceso de planificación mediante la propuesta de las instalaciones que consideren necesarias para asegurar la suficiente capacidad de acuerdo con las previsiones de demanda y en base a lo que se determine reglamentariamente.»

Dieciocho. Se modifica la redacción del artículo 70 que queda como sigue:

«Artículo 70. Acceso a las instalaciones de transporte.

1. Los titulares de las instalaciones deberán permitir la utilización de las mismas a los Consumidores Directos en Mercado y a los comercializadores que cumplan las condiciones exigidas, mediante la contratación separada o conjunta de los servicios de transporte, regasificación y almacenamiento, sobre la base de principios de no discriminación, transparencia y objetividad. El precio por el uso de las redes de transporte vendrá determinado por los peajes en vigor.

2. Reglamentariamente se regularán las condiciones de acceso de terceros a las instalaciones, las obligaciones y derechos de los titulares de las instalaciones relacionadas con el acceso de terceros, así como las de los Consumidores Directos en Mercado y comercializadores. Asimismo, se definirá el contenido mínimo de los contratos y, en su caso, se regularán las condiciones de funcionamiento del mercado secundario de capacidad.

3. En el caso del acceso a instalaciones de regasificación, almacenamiento básico, transporte y distribución, el acceso será regulado.

La planificación obligatoria determinará el carácter básico de los almacenamientos en base a criterios económicos y técnicos, así como las necesidades de almacenamiento, tanto estratégico como operativo, para el funcionamiento eficiente del sistema.

En el caso de los almacenamientos no básicos, incluidos con carácter indicativo en la planificación, el acceso será negociado con base en criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios. Las instalaciones quedarán excluidas del régimen retributivo del sistema de gas natural.

Los titulares de los almacenamientos no básicos presentarán a la Comisión Nacional de Energía la metodología de asignación de capacidad a sus instalaciones y las metodologías para el cálculo de los cánones con objeto de que ésta pueda verificar que se cumplen lo criterios de transparencia, objetividad y no discriminación incluidos en el párrafo anterior.

Asimismo habrán de comunicar a la Comisión Nacional de Energía y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo las principales condiciones comerciales, servicios ofrecidos, contratos que suscriban, relación de precios por la utilización de las instalaciones, así como las modificaciones que se produzcan en los mismos, en un plazo máximo de tres meses. La Comisión Nacional de Energía hará pública la parte de esta información que no sea sensible a efectos comerciales.

4. Podrá denegarse el acceso a la red en caso de insuficiente capacidad o cuando el acceso a la red impidiera cumplir las obligaciones de suministro que se hubieran impuesto o debido a dificultades económicas y financieras graves que pudieran derivarse de la ejecución de los contratos de compra obligatoria, en las condiciones y con el procedimiento que reglamentariamente se establezca siguiendo los criterios de la legislación uniforme comunitaria que se dispongan.

5. Podrá, asimismo, previa conformidad de la Comisión Nacional de Energía, denegarse el acceso a la red, cuando la empresa suministradora de gas, directamente o por medio de acuerdos con otras empresas suministradoras, o aquéllas a las que cualquiera de ellas esté vinculada, radique en un país en el que no estén reconocidos derechos análogos y se considere que pueda resultar una alteración del principio de reciprocidad para las empresas a las que se requiere el acceso, ello sin perjuicio de los criterios a seguir respecto de empresas de Estados miembros de la Unión Europea conforme a la legislación uniforme en la materia que ésta establezca.

6. Con carácter excepcional, se podrá exceptuar de la obligación de acceso de terceros en relación con determinadas instalaciones nuevas o las modificaciones de instalaciones existentes que supongan aumento significativo de capacidad o que permitan el desarrollo de nuevas fuentes de suministro de gas que por sus características singulares así lo requieran, de acuerdo con el procedimiento de autorización de la exención recogido en el artículo 71 de la presente Ley.

En el caso de conexiones internacionales con instalaciones de países terceros, que no formen parte de la Unión Europea, la citada excepción se hará constar en la planificación en materia de hidrocarburos elaborada por el Gobierno de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.

La citada excepción supondrá la no inclusión de la instalación en el régimen retributivo del sector de gas natural.

7. Los consumos que se suministren exclusivamente a través de acometidas o líneas directas conectadas a instalaciones de acceso al sistema acogidas a lo dispuesto en el apartado 5 del presente artículo, deberán cumplir las obligaciones impuestas en la presente Ley, y en particular las derivadas del artículo 98, con instalaciones no incluidas en la Red Básica.»

Diecinueve. Se añade un nuevo artículo 71 con el siguiente título y redacción:

«Artículo 71. Exención de obligación de acceso de terceros.

1. Podrá solicitarse la exención de la obligación de acceso de terceros a la que se refiere el apartado 6 del artículo 70, siempre que las mismas cumplan las siguientes condiciones:

a) La inversión debe reforzar la competencia en el suministro de gas y potenciar la seguridad de suministro.

b) El nivel de riesgo inherente a la inversión es tal que ésta no se llevaría a cabo de no concederse la exención.

c) La infraestructura será propiedad de una entidad distinta, al menos en la personalidad jurídica, de los transportistas en cuyas redes vaya a construirse la infraestructura.

d) Se cobrarán cánones a los usuarios de la infraestructura.

e) La exención no va en detrimento de la competencia, ni del funcionamiento eficaz del mercado interior del gas de la Unión Europea, ni del funcionamiento eficiente de la red regulada a la que esté conectada la infraestructura.

La exención del acceso de terceros podrá referirse a la totalidad o parte de la capacidad de la nueva infraestructura o de la infraestructura existente cuya capacidad se aumenta.

2. A estos efectos el titular de la instalación solicitará la exención al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que requerirá un informe a la Comisión Nacional de Energía.

La Comisión Nacional de Energía remitirá a la Comisión Europea copia de las solicitudes de exención recibidas y analizará cada caso en particular, tomando en consideración, entre otros aspectos, la capacidad adicional que vaya a construirse o la modificación de la capacidad existente, el plazo previsto del proyecto y las circunstancias del sector gasista. En su informe, la Comisión Nacional de Energía propondrá condiciones en relación con la duración de la exención y el acceso no discriminatorio a la infraestructura.

Asimismo, en su informe, la Comisión Nacional de Energía propondrá las normas y mecanismos de gestión y asignación de la capacidad. En todo caso, se realizará una consulta previa a todos los posibles usuarios en relación a su interés por contratar la nueva capacidad antes de efectuar la asignación de la misma, incluyendo la capacidad para uso propio. Los resultados de dicha consulta previa serán tenidos en cuenta por la Comisión Nacional de Energía en la evaluación del cumplimiento de los criterios establecidos en el apartado 1 del presente artículo.

La capacidad no utilizada deberá ser ofrecida en el mercado de forma transparente, objetiva y no discriminatoria, y los usuarios de la infraestructura tendrán derecho a vender la capacidad contratada en el mercado secundario.

3. La Comisión Nacional de Energía elevará el informe junto con toda la documentación que conste en el expediente al Ministro de Industria, Energía y Turismo que resolverá mediante orden que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, se publicará dicha orden junto con el informe adoptado por la Comisión Nacional de Energía en la página Web de dicho organismo.

4. La orden de exención será notificada a la Comisión Europea junto con toda la información pertinente relacionada con la misma, a los efectos del artículo 36.9 de la Directiva 2009/73/CE y, en su caso, se adaptará, o se revocará, según sea la decisión que adopte la Comisión en virtud del citado artículo.

5. La decisión de exención aprobada por la Comisión Europea dejará de tener efectos a los dos años de su aprobación si, para entonces, no se hubiese iniciado la construcción de la infraestructura, y a los cinco años de su aprobación si, para entonces, la infraestructura no estuviera operativa, a menos que la Comisión Europea decida que los retrasos están motivados.

6. En aquellos casos en que la infraestructura para la que se ha solicitado la exención se encuentre ubicada en el territorio de más de un Estado miembro de la Unión Europea, se estará a lo dispuesto en el artículo 36.4 de la Directiva 2009/73/CE.»

Veinte. Se añade un nuevo párrafo t) al final del artículo 74.1 con el siguiente tenor:

«t) Cumplir los plazos que se establezcan reglamentariamente para las actuaciones que les corresponden en relación con los cambios de suministrador. El plazo que se establezca reglamentariamente no podrá ser superior en ningún caso a las tres semanas.»

Veintiuno. Se añaden cuatro nuevos párrafos al final del apartado 2 del artículo 81 con la siguiente redacción:

«n) Para el suministro a consumidores finales deberán disponer de un servicio de atención a sus quejas, reclamaciones, solicitudes de información o comunicaciones de cualquier incidencia en relación al servicio contratado u ofertado, poniendo a su disposición una dirección postal, un servicio de atención telefónica y un número de teléfono, ambos gratuitos, un número de fax y una dirección de correo electrónico al que los mismos puedan dirigirse directamente. Dicho sistema de comunicación electrónica, deberá emitir de forma automatizada un acuse de recibo con indicación de la fecha, hora y número de solicitud, de manera que exista una seguridad de que la solicitud del ciudadano ha tenido entrada. Los prestadores comunicarán su dirección legal si esta no coincide con su dirección habitual para la correspondencia.

o) Mantener a disposición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de la Comisión Nacional de Energía, la Comisión Nacional de la Competencia y de la Comisión Europea, durante al menos cinco años, los datos pertinentes sobre todas las transacciones de los contratos de suministro de gas y los derivados relacionados con el gas suscritos con los clientes mayoristas y los gestores de redes de transporte, así como con los gestores de almacenamientos y de redes de GNL.

p) Informar a los clientes sobre los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos de los que dispone y la forma de acceso a los mismos.

q) Cumplir los plazos que se establezcan reglamentariamente para las actuaciones que les corresponden en relación con los cambios de suministrador. El plazo que se establezca reglamentariamente no podrá ser superior en ningún caso a las tres semanas.»

Veintidós. Se modifican los apartados 3, 4 y 5 del artículo 92 que quedan redactados como sigue:

«3. Las empresas que realicen las actividades reguladas en el presente Título facilitarán a la Comisión Nacional de Energía y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo cuanta información sea necesaria para la determinación de los peajes y cánones. Esta información estará también a disposición de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, en lo relativo a su ámbito territorial.

4. La Comisión Nacional de Energía establecerá las metodologías para el cálculo de los peajes y cánones de los servicios básicos de acceso: transporte y distribución, regasificación, almacenamiento y carga de cisternas dentro del marco retributivo y tarifario definido en la presente Ley y su normativa de desarrollo.

El Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará los valores de dichos peajes de acuerdo con la metodología establecida por la Comisión Nacional de Energía y el resto de costes del sistema que sean de aplicación.

5. Los peajes y cánones tendrán en cuenta los costes incurridos por el uso de la red de manera que se optimice el uso de las infraestructuras y podrán diferenciarse por niveles de presión, características del consumo y duración de los contratos.»

Veintitrés. Se añade un tercer párrafo al final del artículo 100, con la siguiente redacción:

«El Ministerio de Industria, Energía y Turismo en colaboración con la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos elaborará y publicará, antes del 31 de julio de cada año, un informe con los resultados de la supervisión de los aspectos relativos a la seguridad de suministro, así como las medidas adoptadas o previstas para solventar los problemas hallados.»

Veinticuatro. Se añaden dos nuevos apartados al artículo 101 con la siguiente redacción:

«3. El Gobierno fomentará la cooperación con terceros países a fin de desarrollar mecanismos coordinados ante situaciones de emergencia o escasez de suministro, así como para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de los compromisos internacionales adquiridos.

4. El Gobierno notificará a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros las medidas adoptadas.»

Veinticinco. Los párrafos g) y h) del artículo 109.1 quedan redactados como sigue:

«g) El incumplimiento de las decisiones jurídicamente vinculantes y requerimientos efectuados por la Administración competente, incluida la Comisión Nacional de Energía, o por el Gestor Técnico del Sistema en el ámbito de sus funciones, cuando resulte perjuicio relevante para el funcionamiento del sistema.

h) La realización de actividades incompatibles, así como el incumplimiento por parte de los sujetos obligados a ello de la obligación de separación patrimonial, separación funcional y de llevar cuentas separadas de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley y en sus normas de desarrollo.»

Veintiséis. Al final del artículo 109.1 se cambia la denominación del párrafo z.bis por aa) y se añaden dos nuevos párrafos con las siguientes redacciones:

«ab) El incumplimiento, de forma reiterada, por parte de los sujetos obligados de los Reglamentos y decisiones del Derecho de la Unión Europea que les sean de aplicación en el sector de hidrocarburos.

ac) El incumplimiento, de forma reiterada, por parte de los gestores de red independientes o de los propietarios de las instalaciones cuya gestión les hayan cedido, de las obligaciones establecidas en el artículo 63 quáter de la presente Ley.»

Veintisiete. El párrafo d) del artículo 110 queda redactado como sigue:

«d) El incumplimiento de las decisiones jurídicamente vinculantes y requerimientos efectuados por la Administración competente, incluida la Comisión Nacional de Energía, o por el Gestor Técnico del Sistema en el ámbito de sus funciones, cuando no resulte perjuicio relevante para el funcionamiento del sistema.»

Veintiocho. Al final del artículo 110 se añaden tres nuevos párrafos con las siguientes redacciones:

«u) El incumplimiento por parte de las empresas distribuidoras y comercializadoras de gas natural de las obligaciones de mantenimiento y correcto funcionamiento de un servicio de atención a los consumidores, así como de las medidas de protección al consumidor de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y su normativa de desarrollo.

v) El incumplimiento por parte de los sujetos obligados de los Reglamentos y decisiones de la Unión Europea que les sean de aplicación en el sector de hidrocarburos.

w) El incumplimiento por parte de los gestores de red independientes o de los propietarios de las instalaciones cuya gestión les hayan cedido, de las obligaciones establecidas en el artículo 63 quáter de la presente Ley.»

Veintinueve. El tenor del artículo 111 pasa a ser el siguiente:

«Artículo 111. Infracciones leves.

Constituyen infracciones leves aquellas infracciones de preceptos de obligada observancia comprendidos en la presente Ley, en sus normas de desarrollo y demás normativa de aplicación que no constituyan infracción grave o muy grave, conforme a lo dispuesto en los dos artículos anteriores.»

Treinta. Al final del apartado 1 del artículo 113 se añade el siguiente párrafo:

«No obstante los límites establecidos anteriormente, en el caso de las sanciones impuestas por la Comisión Nacional de Energía, la cuantía nunca podrá superar el siguiente porcentaje del importe del volumen de negocios anual de la empresa infractora, o del volumen de negocios anual consolidado de la sociedad matriz del grupo integrado verticalmente al que pertenezca:

a) El 1 por ciento en las infracciones leves.

b) El 5 por ciento en las infracciones graves.

c) El 10 por ciento en las infracciones muy graves.»

Treinta y uno. El artículo 116 pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 116. Competencias para imponer sanciones.

1. La competencia para la imposición de las sanciones vendrá determinada por la competencia para autorizar la actividad en cuyo ejercicio se cometió la infracción, o por la competencia para autorizar las correspondientes instalaciones.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, en el ámbito de la Administración General del Estado, las sanciones por infracciones muy graves serán impuestas por el Consejo de Ministros y por las graves por el Ministro de Industria, Energía y Turismo. La imposición de las sanciones por infracciones leves corresponderá al Director General de Política Energética y Minas.

3. En el ámbito de las Comunidades Autónomas se estará a lo previsto en su propia normativa.

4. La Comisión Nacional de Energía será competente para imponer sanciones en los siguientes casos:

a) Infracciones muy graves previstas en el artículo 109.1. h), i), q, r) y ac).

Asimismo, podrá imponer sanciones en el caso de las infracciones tipificadas en los párrafos d), g) y j) del artículo 109.1 siempre y cuando la infracción se produzca por la negativa al cumplimiento de decisiones jurídicamente vinculantes, remisión de información o realización de inspecciones y otros requerimientos de la Comisión Nacional de Energía en el ámbito de sus competencias.

b) Infracciones graves previstas en el artículo 110. l), t), u) y w).

Asimismo, podrá imponer sanciones en el caso de las infracciones tipificadas en los párrafos d) y f) del artículo 110, siempre y cuando la infracción se produzca por la negativa al cumplimiento de decisiones jurídicamente vinculantes, remisión de información o realización de inspecciones y otros requerimientos de la Comisión Nacional de Energía en el ámbito de sus competencias.

c) Infracciones leves en relación con incumplimientos de decisiones jurídicamente vinculantes y requerimientos de la Comisión Nacional de Energía en el ámbito de sus competencias.»

Treinta y dos. En la disposición adicional undécima.Tercero.1 se añaden las siguientes funciones de la Comisión Nacional de Energía, a continuación de la función decimoctava:

«Decimonovena: Establecer mediante circulares, previo trámite de audiencia y con criterios de eficiencia económica, transparencia, objetividad y no discriminación:

i. La metodología para el cálculo de la parte de los peajes de acceso a las redes de electricidad correspondientes a los costes de transporte y distribución, que se establecen en el artículo 17.1. de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, de acuerdo al marco tarifario y retributivo establecido en dicha Ley y en su normativa de desarrollo.

A estos efectos se entenderá como metodología de cálculo de los peajes, la asignación eficiente de los costes de transporte y distribución a los consumidores y generadores.

ii. La metodología relativa al acceso a las infraestructuras transfronterizas, incluidos los procedimientos para asignar capacidad y gestionar la congestión, de acuerdo con el marco normativo de acceso a las infraestructuras y de funcionamiento del mercado de producción de energía eléctrica y a los criterios que se determinen reglamentariamente.

iii. Las metodologías relativas a la prestación de servicios de equilibrio entre sistemas gestionados por distintos operadores del sistema, que desde el punto de vista de menor coste, de manera justa y no discriminatoria, proporcionen incentivos adecuados para que los usuarios de la red equilibren su producción y consumo, de acuerdo con el marco normativo para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

iv. La metodología para el cálculo de los peajes y cánones de los servicios básicos de acceso a las instalaciones gasistas: transporte y distribución, regasificación, almacenamiento y carga de cisternas, dentro del marco tarifario y retributivo definido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y en su normativa de desarrollo.

v. La metodología relativa a la prestación de servicios de balance de forma que proporcionen incentivos adecuados para que los usuarios de la red equilibren sus entradas y salidas del sistema gasista dentro del marco normativo de acceso y funcionamiento del sistema definido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y en su normativa de desarrollo.

vi. La metodologías relativa al acceso a las infraestructuras transfronterizas, incluidos los procedimientos para asignar capacidad y gestionar la congestión, dentro del marco normativo de acceso y funcionamiento del sistema definido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y en su normativa de desarrollo.

Vigésima: Supervisar la gestión y asignación de capacidad de interconexión, el tiempo utilizado por los transportistas y las empresas de distribución en efectuar conexiones y reparaciones, así como los mecanismos destinados a solventar la congestión de la capacidad en las redes.

A estos efectos velará por la adecuada publicación de la información necesaria por parte de los gestores de red de transporte y, en su caso, de distribución sobre las interconexiones, la utilización de la red y la asignación de capacidades a las partes interesadas.

Vigésima primera: Supervisar la separación de actividades de transporte, regasificación, distribución, almacenamiento y suministro en el sector del gas, y entre actividades de generación, transporte, distribución y suministro en el sector eléctrico, y en particular su separación funcional y la separación efectiva de cuentas con objeto de evitar subvenciones cruzadas entre dichas actividades.

Vigésima segunda: Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos que se establezcan relacionados con los cambios de suministrador.

Vigésima tercera: En el sector del gas natural, supervisar las condiciones de acceso al almacenamiento, incluyendo el almacenamiento subterráneo, tanques de Gas Natural Licuado (GNL) y gas almacenado en los gasoductos, así como otros servicios auxiliares. Asimismo, supervisará el cumplimiento por parte de los propietarios de los requisitos que se establezcan para los almacenamientos no básicos de gas natural. En el caso del sector eléctrico, supervisar las condiciones y tarifas de conexión aplicables a los nuevos productores de electricidad.

Vigésima cuarta: Supervisar los planes de inversión de los gestores de red de transporte, en particular en lo que se refiere a su adecuación al plan de desarrollo de la red en el ámbito de la Unión Europea, pudiendo realizar recomendaciones de modificación de los mismos.

Vigésima quinta: Velar por el respeto a la libertad contractual respecto de los contratos de suministro interrumpible, y de los contratos a largo plazo siempre que sean compatibles con la legislación vigente y el Derecho de la Unión Europea.

Vigésima sexta: Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y fiabilidad de las redes.

Vigésima séptima: Velar por el cumplimiento por los transportistas y distribuidores y, en su caso, por los propietarios de las redes y por los gestores de redes de transporte y distribución, de las obligaciones impuestas en la presente Ley, la Ley 54/1997,de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y cualquier otra disposición aplicable incluyendo las cuestiones transfronterizas. Asimismo velará por la correcta aplicación por parte de los sujetos que actúen en los mercados de gas y electricidad de lo dispuesto en las disposiciones normativas de la Unión Europea.

Vigésima octava: Supervisar la cooperación técnica entre el gestor de la red de transporte de energía eléctrica y los gestores de terceros países.

Vigésima novena: Supervisar las medidas de protección de los consumidores de gas y electricidad, determinando los sujetos a cuya actuación sean imputables deficiencias en el suministro a los usuarios. Asimismo podrá realizar propuestas normativas en relación con los requisitos de calidad de servicio, suministro y medidas de protección a los consumidores al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

Trigésima: Supervisar la adecuación de los precios y condiciones de suministro a los consumidores finales a lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre del sector de hidrocarburos y en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y sus normativas de desarrollo.

Trigésima primera: Supervisar en los sectores de gas y electricidad:

1.º El nivel de transparencia y competencia, incluyendo el de los precios al por mayor, y velará por que las empresas de gas y electricidad cumplan las obligaciones de transparencia.

2.º El grado y la efectividad de la apertura del mercado y de competencia, tanto en el mercado mayorista como el minorista. Además, en el caso del sector eléctrico, en las subastas reguladas de contratación a plazo.

3.º La aparición de prácticas contractuales restrictivas, incluidas las cláusulas de exclusividad que puedan impedir o limitar la decisión de los grandes clientes no domésticos de celebrar contratos simultáneamente con más de un proveedor, poniéndolo en conocimiento de los organismos en su caso competentes.

Trigésima segunda: Informar, atender y tramitar, en coordinación con las Administraciones competentes, a través de protocolos de actuación, las reclamaciones planteadas por los consumidores de energía eléctrica y del sector de hidrocarburos y tener a disposición de los consumidores toda la información necesaria relativa a sus derechos, a la legislación en vigor y a las vías de solución de conflictos de que disponen en caso de litigios. En el informe sectorial anual que la Comisión Nacional de Energía debe elaborar en virtud del artículo 20 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, se incluirá información sobre el número de reclamaciones informadas, atendidas y tramitadas, así como una valoración sobre las mismas.

Así mismo informará anualmente al Ministro de Industria, Energía y Turismo sobre las reclamaciones presentadas proponiendo, en su caso, las correspondientes mejoras regulatorias.»

Treinta y tres. En la disposición adicional undécima.Tercero se modifica el apartado 5 y se añaden los apartados 6 y 7 con la siguiente redacción:

«5. La Comisión Nacional de Energía elaborará anualmente un informe en el que detalle las actuaciones llevadas a cabo para el ejercicio de las funciones de supervisión encomendadas, así como el resultado de las mismas. El contenido de este informe se incluirá en el informe sectorial anual que la Comisión Nacional de Energía debe elaborar en virtud del artículo 20 de la Ley 2/2001, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Asimismo, propondrá, en su caso, al Ministro de Industria, Energía y Turismo las correspondientes mejoras regulatorias.

Cuando la Comisión Nacional de Energía detecte, en el ejercicio de sus funciones de supervisión, la existencia de indicios de incumplimiento lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes aportando todos los elementos de hecho a su alcance y, en su caso, una propuesta de actuación.

6. Con objeto de cumplir con sus objetivos y funciones, y dentro de su ámbito de actuación, la Comisión Nacional de Energía podrá dictar disposiciones en forma de circulares de desarrollo y ejecución de las normas contenidas en los reales decretos y órdenes del Ministro de Industria, Energía y Turismo que se dicten en desarrollo de la presente Ley, siempre que estas disposiciones le habiliten de modo expreso para ello. Dichas circulares requerirán informe preceptivo del Consejo Consultivo de Hidrocarburos y del Consejo Consultivo de Electricidad, según corresponda y, en caso de incidir significativamente sobre las condiciones de competencia en los mercados, informe determinante de la Comisión Nacional de la Competencia, de conformidad con el artículo 17.2. b) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Estas circulares serán publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».

Los actos y resoluciones adoptadas por la Comisión Nacional de Energía estarán plenamente motivadas para permitir el control jurisdiccional y estarán a disposición del público, al mismo tiempo que se preservará la confidencialidad de la información sensible a efectos comerciales, según lo establecido en el apartado 4.

Los actos y resoluciones de la Comisión Nacional de Energía dictadas en el ejercicio de sus funciones públicas pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa en los términos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Asimismo, podrán ser recurridas ante esa jurisdicción las disposiciones que apruebe mediante circulares la Comisión Nacional de Energía, en los términos establecidos en la citada Ley 29/1998, de 13 de julio.

7. La Comisión Nacional de Energía tendrá acceso a los registros regulados por la legislación estatal en materia energética. Asimismo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo tendrá acceso a las bases de datos que obren en poder de la Comisión Nacional de Energía.

A estos efectos, se realizarán los desarrollos informáticos oportunos con el fin de facilitar el acceso electrónico entre ambos organismos de forma que se puedan realizar consultas sobre la información contenidas en las bases de datos y registros en condiciones que mantengan la seguridad, confidencialidad e integridad de la información.»

Treinta y cuatro. En la disposición adicional undécima se añade un nuevo apartado sexto con la siguiente redacción:

«Sexto. Objetivos generales y relación de la Comisión Nacional de Energía con la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía y con los Organismos Reguladores del resto de los Estados miembros de la Unión Europea.

1. En el ejercicio de las funciones especificadas en la presente Ley, y en colaboración con otras autoridades reguladoras nacionales o los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, y sin perjuicio de las competencias de éstos, la Comisión Nacional de Energía tomará todas las medidas razonables para contribuir a lograr los siguientes objetivos:

a) Promover el funcionamiento competitivo del sector de energético para garantizar la efectiva disponibilidad y prestación de unos servicios competitivos y de calidad, en lo que se refiere al suministro de la electricidad y de los hidrocarburos tanto líquidos como gaseosos, en beneficio del conjunto del mercado y de los consumidores y usuarios.

b) Promover, en cooperación con la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, las autoridades reguladoras de los demás Estados miembros y la Comisión Europea, un mercado interior de electricidad y del gas natural competitivo, seguro y sostenible ambientalmente, y abrir el mercado de manera efectiva a todos los clientes y suministradores comunitarios, así como garantizar las condiciones adecuadas para que las redes de electricidad y gas funcionen de modo eficaz y fiable, teniendo en cuenta objetivos a largo plazo.

c) Desarrollar mercados regionales competitivos y que funcionen adecuadamente en el ámbito del mercado de la Unión Europea, con el fin de lograr el objetivo mencionado en el párrafo b).

d) Eliminar las restricciones al comercio de la electricidad y del gas natural entre Estados miembros, incluyendo en este objetivo el desarrollo de la capacidad de transporte transfronterizo adecuada para satisfacer la demanda y reforzar la integración de los mercados nacionales que pueda facilitar el flujo de la electricidad y del gas natural a través del mercado interior de la Unión Europea.

e) Contribuir a lograr, de la manera más rentable, el desarrollo de redes no discriminatorias seguras, eficientes y fiables, orientadas a los consumidores y fomentar la adecuación de la red, y, en consonancia con los objetivos generales de la política energética, la eficiencia energética, así como la integración de la producción a gran escala y a pequeña escala de la electricidad y del gas a partir de fuentes de energía renovables y la producción distribuida en las redes tanto de transporte como de distribución.

f) Facilitar el acceso a la red de nuevas capacidades de producción, en particular, suprimiendo las trabas que pudieran impedir el acceso a nuevos agentes del mercado y de electricidad y gas procedentes de fuentes de energía renovables.

g) Asegurar que se dan a los gestores y usuarios de redes los incentivos adecuados tanto a corto como a largo plazo para aumentar la eficiencia de las prestaciones de la red y fomentar la integración del mercado.

h) Contribuir a garantizar un alto nivel de servicio, la protección de los consumidores de energía, especialmente los clientes vulnerables, y la compatibilidad de los procesos de intercambio de datos necesarios para que los clientes cambien de suministrador.

2. La Comisión Nacional de Energía nombrará a un representante entre los miembros del Consejo y a un sustituto entre su personal directivo, a efectos de contacto y representación en el seno del Consejo de Reguladores de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, según lo previsto en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía.

3. La Comisión Nacional de Energía fomentará el contacto, la colaboración en cuestiones transfronterizas, la coordinación regular y periódica con la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, con la Comisión Europea y con los Organismos Reguladores de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados.

4. Sin perjuicio de sus competencias específicas, la Comisión Nacional de Energía cooperará con el resto de Organismos Reguladores de los Estados miembros de la Unión Europea, con el fin de:

a) Promover la aplicación de medidas operativas, a fin de permitir una gestión óptima de la red, y fomentar los intercambios conjuntos de gas y electricidad y la asignación de capacidad transfronteriza, así como para permitir un nivel adecuado de capacidad de interconexión, incluso mediante nuevas interconexiones, en una región y entre regiones, de manera que pueda darse una competencia efectiva y mejorarse la seguridad del suministro, sin que haya discriminación entre empresas de suministro de diferentes Estados miembros.

b) Coordinar el desarrollo de todos los códigos de red para los gestores de red de transporte pertinentes y otros agentes del mercado.

c) Coordinar el desarrollo de las normas que rigen la gestión de la congestión.

5. La Comisión Nacional de Energía podrá establecer acuerdos de cooperación con el resto de Organismos Reguladores de los Estados miembros con el fin de fomentar la cooperación en el ámbito de la regulación.

6. La Comisión Nacional de Energía comunicará al Ministerio de Industria, Energía y Turismo los nombramientos a los que se refiere el apartado 2. Asimismo informará a dicho Ministerio sobre el desarrollo de las actuaciones que se lleven a cabo en aplicación de los apartados 3 y 4 de forma que se permita realizar un seguimiento actualizado de las mismas y remitirá copia de los acuerdos a que se refiere el apartado 5.

7. La Comisión Nacional de Energía deberá cumplir y poner en práctica las decisiones pertinentes y jurídicamente vinculantes de la Agencia y la Comisión Europea. La Comisión Nacional de Energía podrá solicitar un dictamen de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía sobre la compatibilidad de cualquier decisión adoptada por un Organismo Regulador con las directrices mencionadas en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE o en el Reglamento (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1775/2005.

8. La Comisión Nacional de Energía remitirá la memoria anual de actividades que incluya las cuentas anuales, la situación organizativa y la información relativa al personal y las actividades realizadas por la Comisión, con los objetivos perseguidos y los resultados alcanzados al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Asimismo, informará anualmente de sus actividades y del cumplimiento de sus obligaciones a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía y a la Comisión Europea.»

Treinta y cinco. Se añade una disposición adicional trigésima segunda con la siguiente redacción:

«Disposición adicional trigésima segunda. Sociedades filiales de ENAGAS, S.A.

ENAGAS, S.A. no podrá realizar a través de las filiales a las que se refiere la disposición adicional trigésima primera actividades distintas de la gestión técnica del sistema, el transporte y la gestión de la red de transporte. Del mismo modo dichas filiales reguladas no podrán adquirir participaciones en las sociedades con objeto social distinto.»

Treinta y seis. Se añade una disposición transitoria vigésima cuarta con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria vigésima cuarta. Separación de actividades de los transportistas de la red troncal.

Las empresas transportistas titulares de instalaciones de la red troncal deberán realizar las adaptaciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63.3 antes del día 3 de octubre de 2012.»

TÍTULO II.- Modificaciones relativas a la transposición de Directivas en materia de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

Artículo 3. Modificación de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 3, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 3. Objetivos y principios de la Ley.

Los objetivos y principios de esta Ley son los siguientes:

a) Fomentar la competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones y, en particular, en la explotación de las redes y en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y en el suministro de los recursos asociados a ellos, velando por que no exista falseamiento ni restricción de la competencia en la explotación de redes o en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, incluida la transmisión de contenidos.

b) Promover la inversión eficiente en materia de infraestructuras incluyendo, cuando proceda, la competencia basada en infraestructuras y fomentando la innovación.

c) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público en la explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, en especial las de servicio universal.

d) Promover el desarrollo del sector de las telecomunicaciones, así como la utilización de los nuevos servicios y el despliegue de redes, fomentando la conectividad y la interoperabilidad extremo a extremo de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y el acceso a éstos, en condiciones de igualdad, e impulsar la cohesión territorial, económica y social.

e) Hacer posible el uso eficaz de los recursos limitados de telecomunicaciones, como la numeración y el espectro radioeléctrico, y la adecuada protección de este último, y el acceso a los derechos de ocupación de la propiedad pública y privada.

f) Defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas en adecuadas condiciones de elección, precio y calidad, promoviendo la capacidad de los usuarios finales para acceder y distribuir la información o utilizar las aplicaciones y los servicios de su elección, y salvaguardar, en la prestación de éstos, la vigencia de los imperativos constitucionales, en particular, el de no discriminación, el del respeto a los derechos al honor, a la intimidad, a la protección de los datos personales y al secreto en las comunicaciones, el de la protección a la juventud y a la infancia y la satisfacción de las necesidades de grupos sociales específicos en igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas en situación de dependencia y usuarios con necesidades sociales especiales. A estos efectos, podrán imponerse obligaciones a los prestadores de los servicios para la garantía de dichos derechos. En lo relativo al acceso a los servicios comunicaciones electrónicas de las personas en situación de dependencia, se fomentará el cumplimiento de las normas o las especificaciones pertinentes relativas a normalización técnica publicadas de acuerdo con la normativa comunitaria.

g) Fomentar, en la medida de lo posible, la neutralidad tecnológica en la regulación.

h) Promover el desarrollo de la industria de productos y servicios de telecomunicaciones.

i) Contribuir al desarrollo del mercado interior de servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión Europea.

j) Facilitar el acceso de los usuarios con discapacidad al uso de equipos terminales.»

Dos. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 5 con la siguiente redacción:

«3. Las medidas que se adopten en relación al acceso o al uso por parte de los usuarios finales de los servicios y las aplicaciones a través de redes de comunicaciones electrónicas respetarán los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, como queda garantizado en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en los principios generales del Derecho comunitario.

Cualquiera de esas medidas relativas al acceso o al uso por parte de los usuarios finales de los servicios y las aplicaciones a través de redes de comunicaciones electrónicas, que sea susceptible de restringir esos derechos y libertades fundamentales solo podrá imponerse si es adecuada, proporcionada y necesaria en una sociedad democrática, y su aplicación estará sujeta a las salvaguardias de procedimiento apropiadas de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y con los principios generales del Derecho comunitario. Por tanto, dichas medidas solo podrán ser adoptadas respetando debidamente el principio de presunción de inocencia y el derecho a la vida privada, a través de un procedimiento previo, justo e imparcial, que incluirá el derecho de los interesados a ser oídos, sin perjuicio de que concurran las condiciones y los arreglos procesales adecuados en los casos de urgencia debidamente justificados, de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Asimismo se garantizará el derecho a la tutela judicial efectiva y en tiempo oportuno.»

Tres. Se modifica el párrafo a) y se añaden cinco nuevos párrafos h), i), j), k) y l) al apartado 1 del artículo 9, con la siguiente redacción:

«a) Comprobar el uso efectivo y eficiente de frecuencias y números y el cumplimiento de las obligaciones que resulten de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico, de la numeración o de la ocupación del dominio público o de la propiedad privada.

(…)

h) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones que resulten necesarias para garantizar un acceso equivalente para los usuarios finales con discapacidad y que éstos se beneficien de la posibilidad de elección de empresas y servicios disponibles para la mayoría de los usuarios finales.

i) La adopción de medidas destinadas a facilitar la coubicación o el uso compartido de elementos de redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados.

j) Evaluar la integridad y la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

k) Conocer el modo en que la futura evolución de las redes o los servicios puede repercutir en los servicios mayoristas que las empresas ponen a disposición de sus competidores. Asimismo podrá exigirse a las empresas con un peso significativo en los mercados mayoristas que presenten datos contables sobre los mercados minoristas asociados con dichos mercados mayoristas.

l) Comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas para la prestación de servicios o la explotación de redes de comunicaciones electrónicas.»

Cuatro. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 10, que quedan redactados del siguiente modo:

«2. Asimismo, previo informe de la Comisión Nacional de la Competencia, teniendo en cuenta las directrices establecidas por la Comisión Europea, y los dictámenes y posiciones comunes pertinentes adoptados por el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones llevará a cabo un análisis de los citados mercados:

a) En un plazo de tres años contado desde la adopción de una medida anterior relativa a ese mercado. No obstante, y de modo excepcional, este plazo podrá ampliarse a un máximo de tres años suplementarios cuando las autoridades nacionales de reglamentación hayan notificado una propuesta de ampliación razonada a la Comisión y esta no haya hecho ninguna objeción en el plazo de un mes respecto de la ampliación notificada.

b) En el plazo de dos años desde la adopción de una recomendación sobre mercados relevantes revisada, para los mercados no notificados previamente a la Comisión.

Si la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones no hubiera concluido su análisis de un mercado relevante que figura en la Recomendación dentro de los plazos establecidos, el ORECE le prestará asistencia, a petición suya, para la conclusión del análisis del mercado concreto y las obligaciones específicas que deban imponerse. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, contando con esta colaboración, notificará el proyecto de medida a la Comisión en un plazo de seis meses.

3. El análisis a que se refiere el apartado anterior tendrá como finalidad determinar si los distintos mercados de referencia se desarrollan en un entorno de competencia efectiva. En caso contrario, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones identificará y hará públicos el operador u operadores que poseen un poder significativo en cada mercado considerado.

Cuando un operador u operadores tengan, individual o conjuntamente poder significativo en un mercado de referencia (mercado primario), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá declarar que lo tienen también en otro mercado de referencia estrechamente relacionado con el anterior (mercado secundario) cuando los vínculos entre ambos sean tales que resulte posible ejercer en el mercado secundario el peso que se tiene en el mercado primario, reforzando de esta manera el poder en el mercado del operador.»

Cinco. Se modifican los apartados 2, 3 y 4 del artículo 11, que quedan redactados de la manera siguiente:

«2. Los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas tendrán el derecho y, cuando se solicite por otros operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, la obligación de negociar la interconexión mutua con el fin de prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, con el objeto de garantizar así la prestación de servicios y su interoperabilidad.

3. Sin perjuicio de las medidas que puedan adoptarse en relación con las empresas que tengan un peso significativo en el mercado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de esta Ley, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá imponer, en casos justificados y en la medida en que sea necesario, obligaciones a las empresas que controlen el acceso a los usuarios para que sus servicios sean interoperables.

4. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá intervenir en las relaciones entre operadores o entre operadores y otras entidades que, de conformidad con lo establecido en el presente capítulo, se beneficien de las obligaciones de acceso e interconexión, de acuerdo con la definición que se da a los conceptos de acceso e interconexión en el anexo II de la presente Ley, a petición de cualquiera de las partes implicadas, o de oficio cuando esté justificado, con objeto de fomentar y, en su caso, garantizar la adecuación del acceso, la interconexión y la interoperabilidad de los servicios, así como la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3. La decisión de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones será vinculante y se adoptará, salvo en circunstancias excepcionales, en un plazo máximo de cuatro meses. Asimismo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá actuar, en el ámbito de sus competencias, para conseguir los citados objetivos.»

Seis. Se modifican los párrafos a), d) y e) del apartado 1 del artículo 13, que quedan redactados del modo siguiente:

«a) Transparencia, en relación con la interconexión y el acceso, conforme a las cuales los operadores deberán hacer público determinado tipo de información, como la relativa a contabilidad, especificaciones técnicas, características de las redes, condiciones de suministro y utilización, incluidas, en su caso, las condiciones que pudieran limitar el acceso o la utilización de servicios o aplicaciones, así como los precios. En particular, cuando se impongan a un operador obligaciones en relación con el acceso al por mayor a la infraestructura de la red, se le exigirá que publique una oferta de referencia.»

(…)

d) Acceso a elementos o a recursos específicos de las redes, así como a recursos y a servicios asociados tales como servicios de identidad, localización y presencia.

e) Control de precios, tales como la orientación de los precios en función de los costes, para evitar precios excesivos o la compresión de los precios en detrimento de los usuarios finales. Para favorecer la inversión por parte del operador, en particular en redes de próxima generación, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tendrá en cuenta la inversión efectuada, permitiendo una tasa razonable de rendimiento en relación con el capital correspondiente invertido.»

Siete. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 13 con la siguiente redacción:

«3. Cuando la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones estudie la conveniencia de imponer las obligaciones previstas en el presente artículo, habrá de tener en cuenta, en particular, los siguientes elementos:

a) la viabilidad técnica y económica de utilizar o instalar recursos que compitan entre sí, a la vista del ritmo de desarrollo del mercado, teniendo en cuenta la naturaleza y el tipo de interconexión o acceso de que se trate, incluida la viabilidad de otros productos de acceso previo, como el acceso a conductos,

b) la posibilidad de proporcionar el acceso propuesto, en relación con la capacidad disponible,

c) la inversión inicial del propietario de los recursos, sin olvidar las inversiones públicas realizadas ni los riesgos inherentes a las inversiones,

d) la necesidad de salvaguardar la competencia a largo plazo, prestando especial atención a la competencia económicamente eficiente basada en las infraestructuras,

e) cuando proceda, los derechos pertinentes en materia de propiedad intelectual, y

f) el suministro de servicios paneuropeos.»

Ocho. Se añade un nuevo artículo 13 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 13 bis. Separación funcional.

1. Cuando la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones llegue a la conclusión de que las obligaciones impuestas, en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, no han bastado para conseguir una competencia efectiva y que sigue habiendo problemas de competencia o fallos del mercado importantes y persistentes en relación con mercados al por mayor de productos de acceso, informará al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Ministerio de Economía y Competitividad, los cuales podrán proponer al Gobierno, como medida excepcional, la imposición, a los operadores con poder significativo en el mercado integrados verticalmente, de la obligación de traspasar las actividades relacionadas con el suministro al por mayor de productos de acceso a una unidad empresarial que actúe independientemente. Esa unidad empresarial suministrará productos y servicios de acceso a todas las empresas, incluidas otras unidades empresariales de la sociedad matriz, en los mismos plazos, términos y condiciones, en particular en lo que se refiere a niveles de precios y de servicio, y mediante los mismos sistemas y procesos.

2. Cuando el Gobierno se proponga imponer una obligación de separación funcional, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y de la Comisión Nacional de la Competencia, presentará a la Comisión Europea una propuesta que incluya:

a) pruebas que justifiquen las conclusiones a las que ha llegado,

b) pruebas de que hay pocas posibilidades, o ninguna, de competencia basada en la infraestructura en un plazo razonable,

c) un análisis del impacto previsto sobre la autoridad reguladora, sobre la empresa, particularmente en lo que se refiere a los trabajadores de la empresa separada y al sector de las comunicaciones electrónicas en su conjunto, sobre los incentivos para invertir en el sector en su conjunto, en especial por lo que respecta a la necesidad de garantizar la cohesión social y territorial, así como sobre otras partes interesadas, incluido en particular el impacto previsto sobre la competencia en infraestructuras y cualquier efecto negativo potencial sobre los consumidores, y

d) un análisis de las razones que justifiquen que esta obligación es el medio más adecuado para aplicar soluciones a los problemas de competencia o fallos del mercado que se hayan identificado.

3. El proyecto de medida incluirá los elementos siguientes:

a) la naturaleza y el grado precisos de la separación, especificando en particular el estatuto jurídico de la entidad empresarial separada,

b) una indicación de los activos de la entidad empresarial separada y de los productos o servicios que debe suministrar esta entidad,

c) los mecanismos de gobernanza para garantizar la independencia del personal empleado por la entidad empresarial separada y la estructura de incentivos correspondiente,

d) las normas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones,

e) las normas para garantizar la transparencia de los procedimientos operativos, en particular de cara a otras partes interesadas, y

f) un programa de seguimiento para garantizar el cumplimiento, incluida la publicación de un informe anual.

4. Tras la decisión de la Comisión Europea, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones llevará a cabo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 10, un análisis coordinado de los distintos mercados relacionados con la red de acceso. Sobre la base de su evaluación, previo informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y de la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones impondrá, mantendrá, modificará o suprimirá las obligaciones correspondientes.

5. En el supuesto de que una empresa designada como poseedora de poder significativo en uno o varios mercados pertinentes, se proponga transferir sus activos de red de acceso local, o una parte sustancial de los mismos, a una persona jurídica separada de distinta propiedad, o establecer una entidad empresarial separada para suministrar a todos los proveedores minoristas, incluidas sus propias divisiones minoristas, productos de acceso completamente equivalentes, deberá informar con anterioridad al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al Ministerio de Economía y Competitividad y a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Las empresas informarán también al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al Ministerio de Economía y Competitividad y a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de cualquier cambio de dicho propósito, así como del resultado final del proceso de separación.

En este caso, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones evaluará el efecto de la transacción prevista sobre las obligaciones reglamentarias impuestas a esa entidad, llevando a cabo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 10, un análisis coordinado de los distintos mercados relacionados con la red de acceso. Sobre la base de su evaluación, previo informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y de la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones impondrá, mantendrá, modificará o suprimirá las obligaciones correspondientes.

6. Las empresas a las que se haya impuesto o que hayan decidido, la separación funcional podrán estar sujetas a cualquiera de las obligaciones enumeradas en el artículo 13 en cualquier mercado de referencia en que hayan sido designadas como poseedoras de poder significativo en el mercado.»

Nueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 14, que queda redactado de la manera siguiente:

«2. En caso de producirse un conflicto transfronterizo en el que una de las partes esté radicada en otro Estado miembro de la Unión Europea, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en caso de que cualquiera de las partes así lo solicite, coordinará, en los términos que se establezcan mediante real decreto, sus esfuerzos para encontrar una solución al conflicto con la otra u otras autoridades nacionales de reglamentación afectadas.

Cualquier autoridad nacional de reglamentación que sea competente en tal litigio podrá solicitar que el ORECE adopte un dictamen sobre las medidas que deben tomarse para resolver el litigio.

Cuando se haya transmitido al ORECE tal solicitud, cualquier autoridad nacional de reglamentación competente en cualquier aspecto del litigio deberá esperar el dictamen del ORECE antes de tomar medidas para resolver el litigio. Ello no constituirá un obstáculo para que las autoridades nacionales de reglamentación adopten medidas urgentes en caso necesario.

Cualquier obligación impuesta a una empresa por la autoridad nacional de reglamentación en la resolución de un litigio deberá tener en cuenta en la mayor medida posible el dictamen adoptado por el ORECE.»

Diez. Se modifica el artículo 15, que queda redactado del modo siguiente:

«El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en la medida necesaria para garantizar la interoperabilidad de los servicios y para potenciar la libertad de elección de los usuarios, fomentará, especialmente en los ámbitos de acceso e interconexión, el uso de las normas o especificaciones técnicas identificadas en la relación que la Comisión Europea elabore como base para fomentar la armonización del suministro de redes de comunicaciones electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas y recursos y servicios asociados.

En ausencia de dichas normas o especificaciones, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo promoverá la aplicación de las normas o recomendaciones internacionales aprobadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT), la Comisión Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).»

Once. Se modifican los apartados 3 y 6 del artículo 16, que quedan redactados como sigue:

«3. Corresponde al Gobierno la aprobación de los planes nacionales de numeración y, en su caso, de direccionamiento y nombres, teniendo en cuenta las decisiones aplicables que se adopten en el seno de las organizaciones y los foros internacionales. Los procedimientos para la asignación de números, así como las condiciones asociadas a su uso serán abiertos, objetivos, no discriminatorios, proporcionados y transparentes.

Las decisiones relativas a los otorgamientos se adoptarán, comunicarán y harán públicas en el plazo máximo de tres semanas desde la recepción de la solicitud completa, salvo cuando se apliquen procedimientos de selección comparativa o competitiva, en cuyo caso, el plazo máximo será de seis semanas desde el fin del plazo de recepción de ofertas. Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo.

(…)

6. Los operadores que exploten redes públicas telefónicas o presten servicios telefónicos disponibles al público deberán cursar las llamadas que se efectúen a los rangos de numeración telefónica nacional y, cuando permitan llamadas internacionales, al espacio europeo de numeración telefónica y a otros rangos de numeración internacional, en los términos que se especifiquen en los planes nacionales de numeración o en sus disposiciones de desarrollo.

Los operadores que exploten redes públicas telefónicas o presten servicios telefónicos disponibles al público que permitan las llamadas internacionales adoptarán las medidas oportunas para que sean cursadas cuantas llamadas se efectúen procedentes de y con destino al espacio europeo de numeración telefónica, a tarifas similares a las que se aplican a las llamadas con origen o destino en otros países comunitarios.»

Doce. Se añade un nuevo párrafo al apartado 7 del artículo 16 con la siguiente redacción:

«Los operadores que exploten redes públicas telefónicas o presten servicios telefónicos disponibles al público, siempre que sea técnica y económicamente posible, adoptarán las medidas que sean necesarias para que los usuarios finales puedan tener acceso y recurrir a los servicios utilizando números no geográficos en la Unión Europea, y que puedan tener acceso, con independencia de la tecnología y los dispositivos utilizados por el operador, a todos los números proporcionados en la Unión Europea, incluidos los de los planes nacionales de numeración de los Estados miembros, los del espacio europeo de numeración telefónica, y los Números Universales Internacionales de Llamada Gratuita.»

Trece. Se añade un nuevo apartado 8 al artículo 16 con el tenor siguiente:

«8. El Gobierno apoyará la armonización de determinados números o series de números concretos dentro de la Unión Europea cuando ello promueva al mismo tiempo el funcionamiento del mercado interior y el desarrollo de servicios paneuropeos.»

Catorce. Se modifica el apartado 1 del artículo 17, que queda redactado del siguiente modo:

«Los planes nacionales y sus disposiciones de desarrollo designarán los servicios para los que puedan utilizarse los números y, en su caso, direcciones y nombres correspondientes, incluido cualquier requisito relacionado con la prestación de tales servicios. Asimismo, los planes nacionales y sus disposiciones de desarrollo podrán incluir los principios de fijación de precios y los precios máximos que puedan aplicarse a los efectos de garantizar la protección de los consumidores.»

Quince. Se modifica el artículo 19, que queda redactado como sigue:

«Artículo 19. Números armonizados para los servicios armonizados europeos de valor social.

1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo promoverá los números específicos en el rango de numeración que comienza por 116 y fomentará la prestación de los servicios para los que están reservados tales números.

2. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo adoptará las iniciativas pertinentes para que los usuarios finales con discapacidad puedan tener acceso a los servicios prestados en el rango de numeración que comienza por 116 en la mayor medida posible.

3. Las autoridades responsables de la prestación de los servicios prestados en el rango de numeración que comienza por 116 velarán por que los ciudadanos reciban una información adecuada sobre la existencia y utilización de estos servicios.»

Dieciséis. Se modifica el apartado 1 del artículo 22, que queda redactado del modo siguiente:

«1. Se entiende por servicio universal el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible.

Bajo el mencionado concepto de servicio universal se deberá garantizar, en los términos y condiciones que reglamentariamente se determinen por el Gobierno, que:

a) Todos los usuarios finales puedan obtener una conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas desde una ubicación fija siempre que sus solicitudes se consideren razonables en los términos que reglamentariamente se determinen. La conexión debe permitir realizar comunicaciones de voz, fax y datos, a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet. La conexión a la red pública de comunicaciones con capacidad de acceso funcional a Internet deberá permitir comunicaciones de datos en banda ancha a una velocidad en sentido descendente de 1Mbit por segundo. El Gobierno podrá actualizar esta velocidad de acuerdo con la evolución social, económica y tecnológica, teniendo en cuenta los servicios utilizados por la mayoría de los usuarios.

b) Se satisfagan todas las solicitudes razonables de prestación de un servicio telefónico disponible al público a través de la conexión a que se refiere el párrafo anterior, que permitan efectuar y recibir llamadas nacionales e internacionales.

c) Se ponga a disposición de los abonados al servicio telefónico disponible al público una guía general de números de abonados, ya sea impresa o electrónica, o ambas, que se actualice, como mínimo, una vez al año. Asimismo, que se ponga a disposición de todos los usuarios finales de dicho servicio, incluidos los usuarios de teléfonos públicos de pago, al menos un servicio de información general sobre números de abonados. Todos los abonados al servicio telefónico disponible al público tendrán derecho a figurar en la mencionada guía general, sin perjuicio, en todo caso, del respeto a las normas que regulen la protección de los datos personales y el derecho a la intimidad.

d) Exista una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago u otros puntos de acceso público a la telefonía vocal en todo el territorio nacional, que satisfaga razonablemente las necesidades de los usuarios finales, en cobertura geográfica, en número de aparatos u otros puntos de acceso, accesibilidad de estos teléfonos por los usuarios con discapacidades y calidad de los servicios y, que sea posible efectuar gratuitamente llamadas de emergencia desde los teléfonos públicos de pago sin tener que utilizar ninguna forma de pago, utilizando el número único de llamadas de emergencia 112 y otros números de emergencia españoles.

e) Los usuarios finales con discapacidad tengan acceso a los servicios incluidos en los párrafos b), c) y d) de este apartado, a un nivel equivalente al que disfrutan otros usuarios finales.

f) Se ofrezcan a los consumidores que sean personas físicas, de acuerdo con condiciones transparentes, públicas y no discriminatorias, opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial con objeto de garantizar, en particular, que las personas con necesidades sociales especiales puedan tener acceso a la red y a los servicios que componen el concepto de servicio universal. Con el mismo objeto podrán aplicarse, cuando proceda, limitaciones de precios, tarifas comunes, equiparación geográfica u otros regímenes similares a las prestaciones incluidas en este artículo.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo supervisará la evolución y el nivel de la tarificación al público de los conceptos que forman parte del servicio universal, bien sean prestados por el operador designado, o bien se encuentren disponibles en el mercado en caso de que no se hayan designado operadores en relación con estos servicios, en particular en relación con los niveles nacionales de precios al consumo y de rentas.»

Diecisiete. Se añaden los nuevos apartados 3, 4 y 5 al artículo 23 con la siguiente redacción:

«3. Cuando el operador designado para la prestación del servicio universal se proponga entregar una parte o la totalidad de sus activos de red de acceso local a una persona jurídica separada distinta de distinta propiedad, informará con la debida antelación al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a fin de evaluar las repercusiones de la operación prevista en el suministro de acceso desde una ubicación fija y la prestación de servicios telefónicos, de conformidad con el artículo 22. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como consecuencia de la evaluación realizada, podrá imponer, modificar o suprimir obligaciones específicas al operador designado.

4. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá establecer objetivos de rendimiento aplicables al operador u operadores designados para la prestación del servicio universal.

5. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo notificará a la Comisión Europea las obligaciones de servicio universal impuestas al operador u operadores designados para el cumplimiento de obligaciones de servicio universal, así como los cambios relacionados con dichas obligaciones o con el operador u operadores designados.»

Dieciocho. Se modifica el apartado 4 del artículo 25, que queda redactado del siguiente modo:

«4. En cualquier caso, la obligación de encaminar las llamadas a los servicios de emergencia sin derecho a contraprestación económica de ningún tipo debe ser asumida tanto por los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas al público, como por los que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas. Esta obligación se impone a dichos operadores respecto de las llamadas dirigidas al número telefónico 112 de atención a emergencias y a otros que se determinen mediante real decreto, incluidas aquellas que se efectúen desde teléfonos públicos de pago, sin que sea necesario utilizar ninguna forma de pago en estos casos.

En todo caso, el servicio de llamadas de emergencia será gratuito para los usuarios, cualquiera que sea la Administración pública responsable de su prestación y con independencia del tipo de terminal que se utilice.

Asimismo, se establecerán las condiciones para que pongan gratuitamente a disposición de las autoridades receptoras de dichas llamadas la información relativa a la ubicación de su procedencia.

Reglamentariamente, se establecerán criterios para la precisión y la fiabilidad de la información facilitada sobre la ubicación de las personas que efectúan llamadas a los servicios de emergencia.

El acceso a los servicios de emergencia para los usuarios finales con discapacidad será equivalente al que disfrutan otros usuarios finales.

Las autoridades responsables de la prestación de los servicios 112 velarán por que los ciudadanos reciban una información adecuada sobre la existencia y utilización de este número, en particular, mediante iniciativas específicamente dirigidas a las personas que viajen a otros países comunitarios.»

Diecinueve. Se modifica el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 29, que queda redactado del siguiente modo:

«Estas condiciones o límites, que deberán ser transparentes y no discriminatorios, no podrán implicar restricciones absolutas al derecho de ocupación del dominio público y privado de los operadores. En este sentido, cuando una condición pudiera implicar la imposibilidad de llevar a cabo la ocupación del dominio público o la propiedad privada, el establecimiento de dicha condición deberá ir acompañado de las alternativas necesarias, entre ellas el uso compartido de infraestructuras, para garantizar el derecho de ocupación de los operadores y su ejercicio en igualdad de condiciones.»

Veinte. Se modifica el párrafo b) del apartado 2 del artículo 29, que queda redactado de la manera siguiente:

«b) Prever un procedimiento rápido, sencillo, eficiente y no discriminatorio de resolución de las solicitudes de ocupación, que no podrá exceder de seis meses contados a partir de la presentación de la solicitud, salvo en caso de expropiación.»

Veintiuno. Se modifica el apartado 3 del artículo 29, que queda redactado como sigue:

«3. Si las Administraciones públicas reguladoras o titulares del dominio público a que se refiere este artículo ostentan la propiedad o ejercen el control directo o indirecto de operadores que explotan redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, deberán mantener una separación estructural entre dichos operadores y los órganos encargados de la regulación y gestión de estos derechos.»

Veintidós. Se modifica el apartado 1 del artículo 30, que queda redactado del siguiente modo:

«1. Cuando los operadores tengan derecho a la ocupación de la propiedad pública o privada, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo trámite de audiencia pública y de manera motivada, podrá imponer la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada en que se van a establecer las redes públicas de comunicaciones electrónicas o el uso compartido de las infraestructuras y recursos asociados.»

Veintitrés. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 30 con la siguiente redacción:

«5. Las medidas adoptadas de conformidad con el presente artículo deberán ser objetivas, transparentes, no discriminatorias y proporcionadas. Cuando proceda, estas medidas se aplicarán de forma coordinada con las autoridades locales.»

Veinticuatro. Se modifica el artículo 34, que queda redactado del modo siguiente:

«Artículo 34. Protección de los datos de carácter personal.

1. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6 del artículo 4 y en el segundo párrafo del artículo anterior, así como en la restante normativa específica aplicable, los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas o que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, incluidas las redes públicas de comunicaciones que den soporte a dispositivos de identificación y recopilación de datos deberán garantizar, en el ejercicio de su actividad, la protección de los datos de carácter personal conforme a la legislación vigente.

2. Los operadores a los que se refiere el apartado anterior deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la seguridad en la explotación de su red o en la prestación de sus servicios, con el fin de garantizar los niveles de protección de los datos de carácter personal que sean exigidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y su normativa de desarrollo y, en su caso, por la que se dicte en desarrollo de esta Ley en esta materia. Dichas medidas incluirán, como mínimo:

a) La garantía de que sólo el personal autorizado tenga acceso a los datos personales para fines autorizados por la ley.

b) La protección de los datos personales almacenados o transmitidos de la destrucción accidental o ilícita, la pérdida o alteración accidentales o el almacenamiento, tratamiento, acceso o revelación no autorizados o ilícitos.

c) La garantía de la aplicación efectiva de una política de seguridad con respecto al tratamiento de datos personales.

3. En caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red pública o del servicio de comunicaciones electrónicas, el operador que explote dicha red o preste el servicio de comunicaciones electrónicas informará a los abonados sobre dicho riesgo y sobre las medidas a adoptar.

4. En caso de violación de los datos personales, el operador de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público notificará sin dilaciones indebidas dicha violación a la Agencia Española de Protección de Datos. Si la violación de los datos pudiera afectar negativamente a la intimidad o a los datos personales de un abonado o particular, el operador notificará también la violación al abonado o particular sin dilaciones indebidas.

La notificación de una violación de los datos personales a un abonado o particular afectado no será necesaria si el proveedor ha probado a satisfacción de la autoridad competente que ha aplicado las medidas de protección tecnológica convenientes y que estas medidas se han aplicado a los datos afectados por la violación de seguridad. Unas medidas de protección de estas características convierten los datos en incomprensibles para toda persona que no esté autorizada a acceder a ellos.

Sin perjuicio de la obligación del proveedor de informar a los abonados o particulares afectados, si el proveedor no ha notificado ya al abonado o al particular la violación de los datos personales, la Agencia Española de Protección de Datos podrá exigirle que lo haga, una vez evaluados los efectos adversos posibles de la violación.

En la notificación al abonado o al particular se describirá al menos la naturaleza de la violación de los datos personales y los puntos de contacto donde puede obtenerse más información y se recomendarán medidas para atenuar los posibles efectos adversos de dicha violación. En la notificación a la Agencia Española de Protección de Datos se describirán además las consecuencias de la violación y las medidas propuestas o adoptadas por el proveedor respecto a la violación de los datos personales.

Los operadores deberán llevar un inventario de las violaciones de los datos personales, incluidos los hechos relacionados con tales infracciones, sus efectos y las medidas adoptadas al respecto, que resulte suficiente para permitir a la Agencia Española de Protección de Datos verificar el cumplimiento de las obligaciones de notificación reguladas en este apartado. Mediante real decreto podrá establecerse el formato y contenido del inventario.

A los efectos establecidos en este artículo, se entenderá como violación de los datos personales la violación de la seguridad que provoque la destrucción, accidental o ilícita, la pérdida, la alteración, la revelación o el acceso no autorizados, de datos personales transmitidos, almacenados o tratados de otro modo en relación con la prestación de un servicio de comunicaciones electrónicas de acceso público.

5. Los operadores instaurarán procedimientos internos para responder a las solicitudes de acceso a los datos personales de los usuarios por parte de las autoridades legalmente autorizadas. Previa solicitud, facilitarán a las autoridades competentes información sobre esos procedimientos, el número de solicitudes recibidas, la motivación jurídica aducida y la respuesta ofrecida.»

Veinticinco. Se añade un nuevo artículo 36 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 36 bis. Integridad y seguridad de las redes y de los servicios de comunicaciones electrónicas.

1. Los operadores de redes y de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, gestionarán adecuadamente los riesgos de seguridad que puedan afectar a sus redes y servicios a fin de garantizar un adecuado nivel de seguridad y evitar o reducir al mínimo el impacto de los incidentes de seguridad en los usuarios y en las redes interconectadas.

2. Asimismo, los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas garantizarán la integridad de las mismas a fin de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios que utilizan dichas redes.

3. Los operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público notificarán al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, las violaciones de la seguridad o pérdidas de integridad que hayan tenido un impacto significativo en la explotación de las redes o los servicios. Cuando proceda, el Ministerio informará a las autoridades nacionales competentes de otros Estados miembros y a la Agencia Europea de Seguridad en las Redes y la Información (ENISA). Asimismo, podrá informar al público o exigir a las empresas que lo hagan, en caso de estimar que la divulgación de la violación reviste interés público. Una vez al año, el Ministerio presentará a la Comisión y a la ENISA un informe resumido sobre las notificaciones recibidas y las medidas adoptadas de conformidad con este apartado.

4. Reglamentariamente el Ministerio de Industria, Energía y Turismo establecerá los mecanismos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones anteriores y, en su caso, dictará las instrucciones correspondientes, que serán vinculantes para los operadores, incluidas las relativas a las fechas límite de aplicación, para que adopten determinadas medidas relativas a la integridad y seguridad de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Entre ellas, podrá imponer:

a) La obligación de facilitar la información necesaria para evaluar la seguridad y la integridad de sus servicios y redes, incluidos los documentos sobre las políticas de seguridad.

b) La obligación de someterse a una auditoría de seguridad realizada por un organismo independiente o por una autoridad competente, y de poner el resultado a disposición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El coste de la auditoría será sufragado por el operador.

5. En particular, los operadores garantizarán la mayor disponibilidad posible de los servicios telefónicos disponibles al público a través de las redes públicas de comunicaciones en caso de fallo catastrófico de la red o en casos de fuerza mayor, y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el acceso sin interrupciones a los servicios de emergencia.

6. El presente artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 4 de la presente Ley.»

Veintiséis. Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 37 con el tenor siguiente:

«En los supuestos en los que no sea de aplicación la normativa en materia de infraestructuras comunes de comunicaciones electrónicas, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá imponer a los operadores y a los propietarios de los correspondientes recursos, previo trámite de información pública, obligaciones objetivas, transparentes, proporcionadas, y no discriminatorias relativas a la utilización compartida de los tramos finales de las redes de acceso que discurran por el interior de las edificaciones o hasta el primer punto de concentración o distribución si está ubicado en el exterior del edificio, cuando la duplicación de esta infraestructura sea económicamente ineficiente o físicamente inviable.»

Veintisiete. Se modifica el apartado 1 del artículo 38, que queda redactado del siguiente modo:

«Los operadores que exploten redes o que presten servicios de comunicaciones electrónicas y los consumidores que sean personas físicas y usuarios finales podrán someter las controversias que les enfrenten al conocimiento de las juntas arbitrales de consumo, de acuerdo con la legislación vigente sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Para el supuesto de que no se sometan a las juntas arbitrales de consumo o que estas no resulten competentes para la resolución del conflicto, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo establecerá reglamentariamente un procedimiento conforme al cual, los usuarios finales que sean personas físicas podrán someterle dichas controversias, cuando tales controversias se refieran a sus derechos específicos como usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas. En cualquier caso, el procedimiento que se adopte deberá ser transparente, no discriminatorio, sencillo, rápido y gratuito y establecerá el plazo máximo en el que deberá notificarse la resolución expresa, transcurrido el cual se podrá entender desestimada la reclamación por silencio administrativo. La resolución que se dicte podrá impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.»

Veintiocho. Se modifican los párrafos b), f) y h) del apartado 2 del artículo 38, que quedan redactados de la manera siguiente:

«b) Los derechos de información de los usuarios finales, que deberá ser veraz, eficaz, suficiente, transparente, comparable y actualizada.

(…)

f) El derecho a celebrar contratos por parte de los usuarios finales con los operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.

(…)

h) El derecho a rescindir sin penalización sus contratos cuando las empresas proveedoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas les notifiquen propuestas de modificación de las condiciones contractuales. Toda modificación de tales condiciones habrá de ser notificada adecuadamente, con un mes como mínimo de antelación, a los abonados, a los que se informará al mismo tiempo de su derecho a rescindir sin penalización sus contratos en caso de no aceptación de las nuevas condiciones. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá especificar el formato de este tipo de notificaciones.»

Veintinueve. Se añaden dos párrafos l) y m) al apartado 2 del artículo 38 con la siguiente redacción:

«l) El derecho a acceder a los servicios de emergencias de forma gratuita sin tener que utilizar ningún medio de pago.

m) El derecho al cambio de operador, con conservación de los números del plan nacional de numeración telefónica en los supuestos en que así se contemple en el plazo máximo de un día laborable. El retraso en la conservación de los números y los abusos de la conservación por parte de los operadores o en su nombre, dará derecho a los abonados a una compensación en los términos que se establezcan mediante real decreto. Las condiciones y procedimientos para la resolución de los contratos no deberán constituir un factor disuasorio para cambiar de operador.»

Treinta. Se modifican los párrafos b) y h) del apartado 3 del artículo 38, que quedan redactados del siguiente modo:

«b) A que sus datos de tráfico sean utilizados con fines comerciales o para la prestación de servicios de valor añadido únicamente cuando hubieran prestado su consentimiento previo informado para ello.

(…)

h) A no recibir llamadas y comunicaciones automáticas sin intervención humana, o mensajes de fax con fines de venta directa sin haber prestado su consentimiento previo e informado para ello.»

Treinta y uno. Se añaden dos nuevos párrafos al final del apartado 6 del artículo 38 con la siguiente redacción:

«Se garantiza el acceso de los usuarios finales a los servicios de información sobre números de abonados, para cuya consecución el Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá imponer obligaciones y condiciones a las empresas que controlan el acceso a los usuarios finales en materia de prestación de servicios de información sobre números de abonado.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo adoptará, siempre que sea técnica y económicamente posible, medidas para garantizar el acceso directo de los usuarios finales al servicio de información sobre números de abonados de otro país comunitario mediante llamada vocal o SMS.»

Treinta y dos. Se añaden tres nuevos apartados 9, 10 y 11 al artículo 38 con el tenor siguiente:

«9. Mediante real decreto se podrán establecer las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con las comunicaciones electrónicas. En la citada norma se establecerán los requisitos que deberán cumplir los operadores para garantizar que los usuarios con discapacidad:

a) Puedan tener un acceso a servicios de comunicaciones electrónicas equivalente al que disfrutan la mayoría de los usuarios finales.

b) Se beneficien de la posibilidad de elección de empresa y servicios disponible para la mayoría de usuarios finales.

10. Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se podrán fijar requisitos mínimos de calidad de servicio que, en su caso, se exijan a los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas, con objeto de evitar la degradación del servicio y la obstaculización o ralentización del tráfico en las redes, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan mediante real decreto.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo facilitará a la Comisión Europea, a su debido tiempo antes de establecer tales requisitos, un resumen de los motivos para la acción, los requisitos previstos y la línea de acción propuesta. Dicha información se pondrá también a disposición del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas.

Asimismo, se podrán establecer los parámetros de calidad que habrán de cuantificarse, así como los posibles mecanismos de certificación de la calidad, al objeto de garantizar que los usuarios finales, incluidos los usuarios finales con discapacidad, tengan acceso a una información completa, comparable, fiable y de fácil consulta.

11. En las condiciones que se establezcan mediante real decreto el Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá exigir a los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público que bloqueen, previo examen específico de cada caso, el acceso a números o servicios, siempre que esté justificado por motivos de fraude o uso indebido, y que en tales casos los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas retengan los correspondientes ingresos por interconexión u otros servicios. En ningún caso podrá exigirse al amparo de este apartado el bloqueo a servicios no incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, como los servicios de la Sociedad de la Información regulados en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.»

Treinta y tres. Se añade un nuevo artículo 38 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 38 bis. Contratos.

Los contratos que se celebren entre los usuarios finales y los operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público incluirán de forma clara, comprensible y fácilmente accesible, al menos, el siguiente contenido específico:

1. Los servicios prestados, incluyendo, en particular:

a) Si se facilita o no el acceso a los servicios de emergencia e información sobre la ubicación de las personas que efectúan la llamada, así como cualquier otra limitación para la prestación de servicios de emergencia.

b) Información sobre cualquier otra condición que limite el acceso o la utilización de los servicios y las aplicaciones.

c) Los niveles mínimos de calidad de servicio que se ofrecen, en particular, el plazo para la conexión inicial, así como, en su caso, otros parámetros de calidad de servicio establecidos reglamentariamente.

d) Información sobre cualquier procedimiento establecido por la empresa para medir y gestionar el tráfico de forma que se evite agotar o saturar el enlace de la red, e información sobre la manera en que esos procedimientos pueden afectar a la calidad del servicio.

e) Los tipos de mantenimiento ofrecidos y los servicios de apoyo facilitados al cliente, así como los medios para entrar en contacto con dichos servicios.

f) Cualquier restricción impuesta por el proveedor en cuanto a las posibilidades de utilizar el equipo terminal suministrado.

2. La decisión del abonado acerca de la posibilidad de incluir o no sus datos personales en una guía determinada y los datos de que se trate.

3. La duración del contrato y las condiciones para su renovación y para la terminación de los servicios y la resolución del contrato, incluidos:

a) Cualquier uso o duración mínimos requeridos para aprovechar las promociones.

b) Todos los gastos relacionados con la conservación del número y otros identificadores.

c) Todos los gastos relacionados con la resolución del contrato, incluida la recuperación de costes relacionada con los equipos terminales.

4. El modo de iniciar los procedimientos de resolución de litigios, de conformidad con el artículo 38.

5. Los tipos de medidas que podría tomar la empresa en caso de incidentes de seguridad o integridad o de amenazas y vulnerabilidad.

6. Mediante real decreto podrá establecerse la obligatoriedad de que los contratos incluyan la información que facilite la autoridad competente, en relación con el uso de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas para desarrollar actividades ilícitas o para difundir contenidos nocivos, así como sobre los medios de protección frente a riesgos para la seguridad personal, la privacidad y los datos personales, siempre que sean pertinentes para el servicio prestado.»

Treinta y cuatro. Se añade un nuevo artículo 38 ter, con la siguiente redacción:

«Artículo 38 ter. Transparencia y publicación de información.

1. Reglamentariamente se podrán establecer las condiciones para que los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público publiquen información transparente, comparable, adecuada y actualizada sobre los precios y tarifas aplicables, sobre los gastos eventuales relacionados con la terminación del contrato, así como información sobre el acceso y la utilización de los servicios que prestan a los usuarios finales, que será publicada de forma clara, comprensible y fácilmente accesible.

2. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo fomentará la divulgación de información comparable con objeto de que los usuarios finales puedan hacer una evaluación independiente del coste de las modalidades de uso alternativas, por ejemplo, mediante guías alternativas o técnicas similares, y regulará las condiciones para que la información publicada por los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público pueda ser utilizada gratuitamente por terceros, con el fin de vender o permitir la utilización de estas guías interactivas o técnicas similares.

3. Mediante real decreto se podrán regular las condiciones para garantizar que los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público:

a) Ofrezcan a los abonados información sobre las tarifas aplicables en relación con cualquier número o servicio sujetos a condiciones de precios específicas, por lo que se refiere a cada una de las categorías de servicios, pudiéndose exigir que dicha información se facilite inmediatamente antes de efectuar las llamadas.

b) Informen a los abonados sobre todo cambio de acceso a los servicios de emergencia o a la información relativa a la ubicación de las personas que efectúan las llamadas en el servicio al que están abonados.

c) Informen a los abonados de los cambios en las condiciones que limiten el acceso o la utilización de los servicios y las aplicaciones.

d) Proporcionen información sobre cualquier procedimiento establecido por el proveedor para medir y gestionar el tráfico de forma que se evite agotar o saturar el enlace de la red y sobre la manera en que esos procedimientos pueden afectar la calidad del servicio.

e) Informen a los abonados de su derecho a decidir si incluyen sus datos personales en una guía y los tipos de datos de que se trata.

f) Informen de forma periódica y detallada a los abonados con discapacidad de los productos y servicios dirigidos a ellos.

4. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá exigir a los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público que difundan de forma gratuita, y en un determinado formato, información de interés público a los antiguos y nuevos abonados, cuando proceda, por las mismas vías utilizadas normalmente por éstos para comunicarse con los abonados, información que cubrirá los siguientes aspectos:

a) Los usos más comunes de los servicios de comunicaciones electrónicas para desarrollar actividades ilícitas o para difundir contenidos nocivos, en particular cuando ello atente contra los derechos y libertades de terceros, incluyendo las infracciones de los derechos de autor y derechos afines, así como sus consecuencias jurídicas.

b) Los medios de protección contra los riesgos para la seguridad personal, la privacidad, y los datos de carácter personal en el uso de los servicios de comunicaciones electrónicas.»

Treinta y cinco. Se modifica el párrafo a) del apartado 4 del artículo 43, que queda redactado del siguiente modo:

«a) Cuando sea preciso para garantizar un uso eficiente del espectro radioeléctrico, evitar interferencias perjudiciales, garantizar la calidad técnica del servicio o alcanzar otros objetivos de interés general, establecidos de conformidad con la normativa comunitaria, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá otorgar derechos de uso privativo del dominio público radioeléctrico. Estos derechos se otorgarán por plazos que se fijarán reglamentariamente, renovables en función de las disponibilidades y previsiones de la planificación de dicho dominio público. Los derechos de uso privativo sin limitación de número se otorgarán por un período que finalizará el 31 de diciembre del año natural en que cumplan su quinto año de vigencia, prorrogable por períodos de cinco años. Por su parte, los derechos de uso privativo con limitación de número tendrán una duración adecuada al servicio de que se trate en relación con el objetivo perseguido, teniendo debidamente en cuenta la necesaria amortización de las inversiones. En todo caso, la duración prevista en los correspondientes procedimientos de licitación no será superior a un plazo de veinte años renovables.»

Treinta y seis. Se añaden cinco nuevos apartados 5, 6, 7, 8 y 9 al artículo 43 con la siguiente redacción:

«5. La administración del dominio público radioeléctrico se llevará a cabo teniendo en cuenta su importante valor social, cultural y económico y la necesaria cooperación con otros Estados miembros de la Unión Europea y con la Comisión en la planificación estratégica, la coordinación y la armonización del uso del espectro radioeléctrico en la Unión Europea. En el marco de dicha cooperación se fomentará la coordinación de los enfoques políticos en materia de espectro radioeléctrico en la Unión Europea y, cuando proceda, la armonización de las condiciones necesarias para la creación y el funcionamiento del mercado interior de las comunicaciones electrónicas. Para ello, se tendrán en cuenta, entre otros, los aspectos económicos, de seguridad, de salud, de interés público, de libertad de expresión, culturales, científicos, sociales y técnicos de las políticas de la Unión Europea, así como los diversos intereses de las comunidades de usuarios del espectro, atendiendo siempre a la necesidad de garantizar un uso eficiente y efectivo de las radiofrecuencias y a los beneficios para los consumidores, como la realización de economías de escala y la interoperabilidad de los servicios.

6. En las bandas de radiofrecuencias declaradas disponibles para los servicios de comunicaciones electrónicas en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, de conformidad con el Derecho de la Unión Europea, se podrá utilizar todo tipo de tecnología utilizada para los servicios de comunicaciones electrónicas.

Podrán, no obstante, preverse restricciones proporcionadas y no discriminatorias a los tipos de tecnología de acceso inalámbrico o red radioeléctrica utilizados para los servicios de comunicaciones electrónicas cuando sea necesario para:

a) Evitar interferencias perjudiciales.

b) Proteger la salud pública frente a los campos electromagnéticos.

c) Asegurar la calidad técnica del servicio.

d) Garantizar un uso compartido máximo de las radiofrecuencias.

e) Garantizar un uso eficiente del espectro.

f) Garantizar el logro de un objetivo de interés general.

7. En las bandas de radiofrecuencias declaradas disponibles para los servicios de comunicaciones electrónicas en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, de conformidad con el Derecho de la Unión Europea, se podrá prestar todo tipo de servicios de comunicaciones electrónicas.

Podrán, no obstante, preverse restricciones proporcionadas y no discriminatorias a los tipos de servicios de comunicaciones electrónicas que se presten, incluido, cuando proceda, el cumplimiento de un requisito del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

Las medidas que exijan que un servicio de comunicaciones electrónicas se preste en una banda específica disponible para los servicios de comunicaciones electrónicas deberán estar justificadas para garantizar el logro de objetivos de interés general definidos con arreglo al Derecho de la Unión Europea, tales como:

a) La seguridad de la vida.

b) La promoción de la cohesión social, regional o territorial.

c) La evitación del uso ineficiente de las radiofrecuencias.

d) La promoción de la diversidad cultural y lingüística y del pluralismo de los medios de comunicación, mediante, por ejemplo, la prestación de servicios de radiodifusión y televisión.

Únicamente se impondrá la atribución específica de una banda de frecuencias para la prestación de un determinado servicio de comunicaciones electrónicas cuando esté justificado por la necesidad de proteger servicios relacionados con la seguridad de la vida o, excepcionalmente, cuando sea necesario para alcanzar objetivos de interés general definidos con arreglo al Derecho de la Unión Europea.

8. Las restricciones a la utilización de bandas de frecuencias que, en su caso, se establezcan de conformidad con los apartados 6 y 7 anteriores sólo podrán adoptarse tras haber dado a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre la medida propuesta en un plazo razonable.

9. Periódicamente, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información revisará la pertinencia de mantener las restricciones a la utilización de bandas de frecuencias que, en su caso, se establezcan de conformidad con los apartados 6 ó 7 anteriores, hará públicos los resultados de estas revisiones y elevará las propuestas correspondientes al órgano competente para su aprobación.»

Treinta y siete. Se modifica el párrafo c) del apartado 1 del artículo 44, que queda redactado del siguiente modo:

«c) Procedimientos abiertos de otorgamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico, que se basarán en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados y tendrán en cuenta, entre otras circunstancias, la tecnología utilizada, el interés de los servicios, las bandas y su grado de aprovechamiento. También tendrán en consideración la valoración económica para el interesado del uso del dominio público, dado que éste es un recurso escaso y, en su caso, las ofertas presentadas por los licitadores.»

Treinta y ocho. Se modifica el primer párrafo del apartado 2 del artículo 44, que queda redactado de la siguiente manera:

«2. Cuando sea preciso para garantizar el uso eficaz del espectro radioeléctrico, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de conseguir los máximos beneficios para los usuarios y facilitar el desarrollo de la competencia, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá, previa audiencia a las partes interesadas, incluidas las asociaciones de consumidores y usuarios, limitar el número de concesiones demaniales a otorgar sobre dicho dominio para la explotación de redes públicas y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas o prolongar la duración de derechos ya existentes en condiciones distintas de las especificadas en tales derechos. Toda decisión de limitar el otorgamiento de derechos de uso o la renovación de derechos de uso habrá de ser publicada, exponiendo los motivos de la misma. Dicha limitación será revisable por el propio ministerio, de oficio o a instancia de parte, en la medida en que desaparezcan las causas que la motivaron.»

Treinta y nueve. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 44 con la siguiente redacción:

«3. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, cuando resulte necesario el otorgamiento de derechos individuales de utilización de radiofrecuencias a proveedores de servicios de contenidos radiofónicos o televisivos para lograr un objetivo de interés general establecido de conformidad con el Derecho de la Unión Europea, podrán establecerse excepciones al requisito de procedimiento abierto.»

Cuarenta. Se modifica el apartado 5 del artículo 45, que queda redactado del modo siguiente:

«5. Con arreglo a los principios de objetividad y de proporcionalidad, atendiendo principalmente a las necesidades de la planificación y del uso eficiente y a la disponibilidad del espectro radioeléctrico, en los términos establecidos reglamentariamente, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y con audiencia de los interesados, del Consejo de Consumidores y Usuarios y, en su caso, de las asociaciones más representativas de los restantes usuarios durante un plazo suficiente, que salvo en circunstancias excepcionales no podrá ser inferior a cuatro semanas, modificar los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico. La modificación se realizará mediante orden ministerial, que establecerá un plazo para que los titulares se adapten a ella.»

Cuarenta y uno. Se sustituye el último párrafo del apartado 2 del artículo 45 por un nuevo apartado 6, con la redacción siguiente:

«6. Los títulos habilitantes de uso del dominio público radioeléctrico podrán ser transferidos y los derechos de uso del dominio público radioeléctrico podrán ser cedidos, en las condiciones de autorización que se establezcan mediante real decreto. En dicho real decreto se identificarán igualmente las bandas de frecuencia en las que se pueden efectuar operaciones de transferencia de títulos o cesión de derechos de uso de dominio público radioeléctrico, en particular, las bandas de frecuencias que en su caso se identifiquen en el ámbito de la Unión Europea. Dichas transmisiones en ningún caso eximirán al titular del derecho de uso cedente, de las obligaciones asumidas frente a la Administración, y deberán en todo caso respetar las condiciones técnicas de uso establecidas en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias o en los planes técnicos o las que, en su caso, estén fijadas en las medidas técnicas de aplicación de la Unión Europea. Mediante real decreto se podrán fijar los supuestos en que sean transferibles los títulos habilitantes de uso del dominio público radioeléctrico en los casos en que se produzca una subrogación en los derechos y obligaciones del operador. Asimismo mediante real decreto se podrán establecer restricciones a la transferencia o arrendamiento de derechos individuales de uso de radiofrecuencias cuando dichos derechos se hubieran obtenido inicialmente de forma gratuita.»

Cuarenta y dos. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 45 con el siguiente tenor:

«7. Mediante real decreto se podrán establecer cautelas para evitar comportamientos especulativos o acaparamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico, en particular mediante la fijación de plazos estrictos para la explotación de los derechos de uso por parte de su titular. A tal efecto, se podrán adoptar medidas tales como ordenar la venta o la cesión de derechos de uso de radiofrecuencias. Estas normas se establecerán y aplicarán de manera que sean proporcionadas, no discriminatorias y transparentes.»

Cuarenta y tres. Se añaden dos nuevos apartados 3 y 4 al artículo 46 con la siguiente redacción:

«3. En el desarrollo de las competencias que tengan encomendadas, las autoridades nacionales de reglamentación a las que se refiere el apartado 1 cooperarán mutuamente, con los restantes órganos de control de otros Estados y con los organismos pertinentes de la Unión Europea, a fin de fomentar la aplicación coherente de la normativa comunitaria en materia de comunicaciones electrónicas y contribuir al desarrollo del mercado interior. Con tal fin, apoyarán activamente los objetivos de la Comisión y del ORECE de promover una mayor coordinación.

Asimismo colaborarán con ambas instituciones, a fin de determinar qué tipos de instrumentos y soluciones son los más apropiados para tratar situaciones particulares de mercado.

4. En el desarrollo de las competencias que tengan encomendadas las autoridades nacionales de reglamentación a las que se refiere el apartado 1, aplicarán principios reguladores objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados, por ejemplo, a través de lo siguiente:

a) Promoviendo un entorno regulador previsible, garantizando un enfoque regulador coherente en períodos de revisión apropiados.

b) Garantizando que, en circunstancias similares, no se dispense un trato discriminatorio a las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

c) Salvaguardando la competencia en beneficio de los consumidores y promoviendo, cuando sea posible, la competencia basada en las infraestructuras.

d) Fomentando la inversión eficiente orientada al mercado y la innovación en infraestructuras nuevas y mejoradas, incluso asegurando que toda obligación relativa al acceso tenga debidamente en cuenta los riesgos en que incurren las empresas inversoras y permitiendo diferentes modalidades de cooperación entre los inversores y las partes que soliciten el acceso, con el fin de diversificar el riesgo de las inversiones y velar por que se respeten la competencia en el mercado y el principio de no discriminación.

e) Teniendo debidamente en cuenta la variedad de condiciones en cuanto a la competencia y los consumidores que existen en las distintas regiones geográficas.

f) Imponiendo obligaciones reglamentarias ex ante únicamente cuando no exista una competencia efectiva y sostenible, y suavizando o suprimiendo dichas obligaciones en cuanto se cumpla dicha condición.

g) Ejerciendo sus responsabilidades de tal modo que se promueva la eficiencia, la competencia sostenible y el máximo beneficio para los usuarios finales.»

Cuarenta y cuatro. Se añade un nuevo párrafo al apartado 3 del artículo 47 con el tenor siguiente:

«En el ejercicio de sus funciones, y en los términos que mediante real decreto se determinen, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, una vez iniciado el procedimiento correspondiente, podrá en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, adoptar las medidas cautelares que estime oportunas para asegurar la eficacia del laudo o de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello.»

Cuarenta y cinco. Se modifican los párrafos e) y f) del apartado 6 del artículo 47, que quedan redactados del siguiente modo:

«e) La comprobación técnica de emisiones radioeléctricas para la identificación, localización y eliminación de interferencias perjudiciales, infracciones, irregularidades y perturbaciones de los sistemas de radiocomunicación, y la verificación del uso efectivo y eficiente del dominio público radioeléctrico por parte de los titulares de derechos de uso.

f) El control y la inspección de las telecomunicaciones, incluida la supervisión del cumplimiento de las condiciones ligadas al otorgamiento de derechos de uso del espectro, así como la propuesta de incoación de expedientes sancionadores en la materia, sin perjuicio de las competencias establecidas en este ámbito por esta Ley. En materias de competencia de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y a su solicitud, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información realizará las funciones de inspección que le sean requeridas.»

Cuarenta y seis. Se añade nuevos párrafos e), f) y g) al apartado 3 del artículo 56 con la siguiente redacción:

«e) Emitir ordenes de poner fin a la prestación de un servicio o de una serie de servicios, o aplazarla cuando dicha prestación pudiera tener como resultado perjudicar seriamente la competencia, hasta que se cumplan las obligaciones de acceso impuestas a raíz de un análisis de mercado con arreglo al artículo 10. Esta medida, junto con las razones en que se basa, se comunicará al operador afectado sin demora, fijando un plazo razonable para que la empresa cumpla con la misma.

f) Impedir que un operador siga suministrando redes o servicios de comunicaciones electrónicas o suspender o retirarle sus derechos de uso, en caso de incumplimiento grave y reiterado de las condiciones establecidas para la prestación de servicios o la explotación de redes o para el otorgamiento de derechos de uso o de las obligaciones específicas que se hubieran impuesto, cuando hubieran fracasado las medidas destinadas a exigir el cese de la infracción.

g) Adoptar medidas provisionales de urgencia destinadas a remediar incumplimientos de las condiciones establecidas para la prestación de servicios o la explotación de redes o para el otorgamiento de derechos de uso o de las obligaciones específicas que se hubieran impuesto, cuando los mismos representen una amenaza inmediata y grave para la seguridad pública o la salud pública o creen graves problemas económicos u operativos a otros suministradores o usuarios del espectro radioeléctrico. Posteriormente deberá ofrecerse al operador interesado la posibilidad de proponer posibles soluciones. En su caso, la autoridad competente podrá confirmar las medidas provisionales, que serán válidas durante tres meses como máximo, prorrogables por otro periodo de hasta tres meses en caso de que no hayan concluido los procedimientos de ejecución.»

Cuarenta y siete. Se modifica el apartado 4 de la disposición adicional séptima, que queda redactado del modo siguiente:

«4. Mediante real decreto aprobado por el Consejo de Ministros podrán imponerse, como obligaciones de servicio público, exigencias razonables de transmisión de determinados canales de programas de radio y televisión, así como exigencias de transmisión de servicios complementarios para posibilitar el acceso adecuado de los usuarios con discapacidad, a los operadores que exploten redes de comunicaciones electrónicas utilizadas para la distribución de programas de radio o televisión al público, si un número significativo de usuarios finales de dichas redes las utiliza como medio principal de recepción de programas de radio y televisión, cuando resulte necesario para alcanzar objetivos de interés general claramente definidos y de forma proporcionada, transparente y periódicamente revisable.

Asimismo, podrán establecerse mediante real decreto condiciones a los proveedores de servicios y equipos de televisión digital, para que cooperen en la prestación de servicios de comunicación audiovisual televisiva interoperables para los usuarios finales con discapacidad.»

Cuarenta y ocho. Se modifica la disposición adicional octava, que queda redactada de la manera siguiente:

«Disposición adicional octava. Mecanismo de notificación.

Las medidas adoptadas por una autoridad nacional de reglamentación de acuerdo con los artículos 10, 13 y 13 bis y de la disposición adicional séptima de esta Ley y de su normativa de desarrollo, así como todas aquellas medidas que pudieran tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros, se someterán a los mecanismos de notificación a que se refieren artículos 7, 7 bis y 7 ter de la Directiva 2002/21/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y de los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva Marco) y las normas dictadas al efecto en desarrollo de las mismos por la Unión Europea.»

Cuarenta y nueve. El apartado 2 del anexo II queda redactado del siguiente modo:

«2. Acceso: la puesta a disposición de otro operador, en condiciones definidas y sobre una base exclusiva o no exclusiva, de recursos o servicios con fines de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, incluyendo cuando se utilicen para el suministro de servicios de la sociedad de información o de servicios de contenidos de radiodifusión. Este término abarca, entre otros aspectos, los siguientes: el acceso a elementos de redes y recursos asociados que pueden requerir la conexión de equipos por medios fijos y no fijos (en particular, esto incluye el acceso al bucle local y a recursos y servicios necesarios para facilitar servicios a través del bucle local); el acceso a infraestructuras físicas, como edificios, conductos y mástiles; el acceso a sistemas informáticos pertinentes, incluidos los sistemas de apoyo operativos; el acceso a sistemas de información o bases de datos para prepedidos, suministros, pedidos, solicitudes de mantenimiento y reparación, y facturación; el acceso a la conversión del número de llamada o a sistemas con una funcionalidad equivalente; el acceso a redes fijas y móviles, en particular con fines de itinerancia; el acceso a sistemas de acceso condicional para servicios de televisión digital; así como el acceso a servicios de red privada virtual.»

Cincuenta. Se añade un nuevo apartado 2 bis al anexo II con la siguiente redacción:

«2 bis. Atribución de frecuencias: la designación de una banda de frecuencias para su uso por uno o más tipos de servicios de radiocomunicación, cuando proceda, en las condiciones que se especifiquen.»

Cincuenta y uno. El apartado 3 del anexo II queda redactado del siguiente modo:

«3. Bucle local o bucle de abonado de la red pública de comunicaciones electrónicas fija: el circuito físico que conecta el punto de terminación de la red a un dispositivo de distribución o instalación equivalente de la red pública de comunicaciones electrónicas fija.»

Cincuenta y dos. El apartado 16 del anexo II queda redactado de la siguiente manera:

«16. Interferencia perjudicial: toda interferencia que suponga un riesgo para el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad o que degrade u obstruya gravemente o interrumpa de forma repetida un servicio de radiocomunicación que funcione de conformidad con la reglamentación internacional, comunitaria o nacional aplicable.»

Cincuenta y tres. Se añade un nuevo apartado 16 bis al anexo II con la siguiente redacción:

«16 bis. Llamada: una conexión establecida por medio de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público que permita la comunicación bidireccional de voz.»

Cincuenta y cuatro. El apartado 19 del anexo II queda redactado del modo siguiente:

«19. Número geográfico: el número identificado en el plan nacional de numeración telefónica que contiene en parte de su estructura un significado geográfico utilizado para el encaminamiento de las llamadas hacia la ubicación física del punto de terminación de la red.»

Cincuenta y cinco. El apartado 20 del anexo II queda redactado de la manera siguiente:

«20. Números no geográficos: los números identificados en el plan nacional de numeración telefónica que no son números geográficos. Incluirán, entre otros, los números de teléfonos móviles, los de llamada gratuita y los de tarificación adicional.»

Cincuenta y seis. El apartado 24 del anexo II queda redactado del siguiente modo:

«24. Recursos asociados: las infraestructuras físicas, los sistemas, dispositivos, los servicios asociados u otros recursos o elementos asociados con una red de comunicaciones electrónicas o con un servicio de comunicaciones electrónicas que permitan o apoyen la prestación de servicios a través de dicha red o servicio o tengan potencial para ello. Incluirán, entre otros, edificios o entradas de edificios, el cableado de edificios, antenas, torres y otras construcciones de soporte, conductos, mástiles, bocas de acceso y distribuidores.»

Cincuenta y siete. El apartado 25 del anexo II queda redactado como sigue:

«25. Red de comunicaciones electrónicas: los sistemas de transmisión y, cuando proceda, los equipos de conmutación o encaminamiento y demás recursos, incluidos los elementos que no son activos que permitan el transporte de señales mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios electromagnéticos con inclusión de las redes de satélites, redes terrestres fijas (de conmutación de circuitos y de paquetes, incluida Internet) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, en la medida en que se utilicen para la transmisión de señales, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable, con independencia del tipo de información transportada.»

Cincuenta y ocho. El apartado 26 del anexo II queda redactado del siguiente modo:

«26. Red pública de comunicaciones: una red de comunicaciones electrónicas que se utiliza, en su totalidad o principalmente, para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público y que soporta la transferencia de señales entre puntos de terminación de la red.»

Cincuenta y nueve. El apartado 27 del anexo II queda redactado de la manera siguiente:

«27. Servicios asociados: aquellos servicios asociados con una red de comunicaciones electrónicas o con un servicio de comunicaciones electrónicas que permitan o apoyen el suministro de servicios a través de dicha red o servicio o tengan potencial para ello e incluyen, entre otros, la traducción de números o sistemas con una funcionalidad equivalente, los sistemas de acceso condicional y las guías electrónicas de programas, así como otros servicios tales como el servicio de identidad, localización y presencia.»

Sesenta. El apartado 30 del anexo II queda redactado del modo siguiente:

«30. Servicio telefónico disponible al público: el servicio disponible al público para efectuar y recibir, directa o indirectamente, llamadas nacionales o nacionales e internacionales a través de uno o más números de un plan nacional o internacional de numeración telefónica.»

Sesenta y uno. Se añade un nuevo apartado 37 al anexo II con la siguiente redacción:

«37. Datos de localización: cualquier dato tratado en una red de comunicaciones electrónicas o por un servicio de comunicaciones electrónicas que indique la posición geográfica del equipo terminal de un usuario de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público.»

Artículo 4. Modificación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Se modifica la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, en los siguientes términos:

Uno. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 20, con el tenor siguiente:

«4. En todo caso, queda prohibido el envío de comunicaciones comerciales en las que se disimule o se oculte la identidad del remitente por cuenta de quien se efectúa la comunicación o que contravengan lo dispuesto en este artículo, así como aquéllas en las que se incite a los destinatarios a visitar páginas de Internet que contravengan lo dispuesto en este artículo.»

Dos. Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 21, con la siguiente redacción:

«Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico, dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho, quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección.»

Tres. Se modifica el artículo 22, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 22. Derechos de los destinatarios de servicios.

1. El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales con la simple notificación de su voluntad al remitente.

A tal efecto, los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los destinatarios de servicios puedan revocar el consentimiento que hubieran prestado. Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección.

Asimismo, deberán facilitar información accesible por medios electrónicos sobre dichos procedimientos.

2. Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones, siempre que aquél deba proceder a su configuración durante su instalación o actualización mediante una acción expresa a tal efecto.

Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario.»

Cuatro. El párrafo a) del artículo 31 queda redactado de la manera siguiente:

«a) Las personas físicas o jurídicas titulares de un derecho o interés legítimo, incluidas aquéllas que pudieran verse perjudicadas por infracciones de las disposiciones contenidas en los artículos 21 y 22, entre ellas, los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que deseen proteger sus intereses comerciales legítimos o los intereses de sus clientes.»

TÍTULO III.- Medidas dirigidas a corregir las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos en los sectores eléctrico y gasista

Artículo 5. Modificación de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

1. Se establece como criterios para la retribución de la actividad de distribución, con efectos sobre la retribución a percibir desde el 1 de enero de 2012, los siguientes:

a) Se retribuirá en concepto de inversión aquellos activos en servicio no amortizados tomando como base para su retribución financiera el valor neto de los mismos.

b) El devengo de la retribución generado por instalaciones de distribución puestas en servicio el año n se iniciará desde el 1 de enero del año n+2.

2. En aplicación de lo recogido en el apartado anterior, se modifica la retribución correspondiente al año 2012 para las empresas distribuidoras con más de 100.000 clientes, así como a FEVASA y SOLANAR, deducidos los otros ingresos derivados de los derechos de acometida, enganches, verificación y alquiler de aparatos de medida, que figura con carácter de provisional en la Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, que pasará a ser 4.606.000 miles de euros de acuerdo a lo recogido en la siguiente tabla:

Empresa o grupo empresarial

Miles de euros

Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. . . . . . . . . . . .

1.568.992

Unión Fenosa Distribución, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

742.744

Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A. . . . . . . .

147.897

E.ON Distribución, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142.883

Endesa (peninsular) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.704.211

Endesa (extrapeninsular) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

297.925

FEVASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.029

SOLANAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

318

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.606.000

 

 

01Ene/14

Reglamento nº 34.765 MINAET a la Ley General de Telecomunicaciones de 22 de septiembre de 2008

LA PRIMERA VICEPRESIDENTA EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

En uso de las facultades que les confieren los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política, la Ley General de Telecomunicaciones nº 8642 del 4 de junio del 2008 y la Ley de Radio nº 1758 del 19 de junio de 1954 y sus reformas.

Considerando:

I.- Que corresponde al Poder Ejecutivo reglamentar las leyes de la República.

II.- Que el espectro radioeléctrico es un bien demanial propiedad de la nación cuya administración y control corresponden al Estado.

III.- Que la Ley General de Telecomunicaciones clasifica las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en: uso comercial, uso no comercial, uso oficial, uso para seguridad, socorro y emergencia y uso libre. Adicionalmente, establece que los títulos habilitantes necesarios para operar redes y prestar servicios de telecomunicaciones son: concesión, autorización y permiso

IV.- Que la Ley General de Telecomunicaciones traslada las competencias otorgadas en la Ley de Radio, referentes al otorgamiento de concesiones del Ministerio de Gobernación y Policía al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, y las de administración y control del espectro radioeléctrico del Control Nacional de Radio ala Superintendencia de Telecomunicaciones.

V.- Que es necesario establecer los principios a seguir en lo concerniente a las concesiones, autorizaciones y permisos, así como asignación de frecuencias para los diferentes servicios de telecomunicaciones.

 

Por tanto,

 

DECRETAN:

 

Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones

 

TÍTULO I

CAPÍTULO I.- Disposiciones generales

Artículo 1º.Del objeto.

El presente Reglamento desarrolla el Capítulo II y III del Título I, de la Ley General de Telecomunicaciones, nº 8642 del 4 de junio de 2008, los cuales establecen la planificación, administración y control del espectro radioeléctrico y las normas aplicables al otorgamiento de los títulos habilitantes; así como la Ley de Radio nº 1758 del 19 de junio de 1954 y sus reformas.

Este Reglamento deberá ser interpretado de conformidad con la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley de Radio, la Ley de Fortalecimiento y Modernización delas Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, los reglamentos y demás normas dictadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones, así como las normas y recomendaciones internacionales, especialmente aquellas dictadas por los organismos multilaterales de los que forma parte el país.

 

Artículo 2º.Del ámbito de aplicación.

Están sometidas al presente reglamento las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que operenredes o presten servicios de telecomunicaciones que se originen, terminen o transiten por el territorio nacional.

 

Artículo 3º.- Objetivos generales.

a. Asegurar la eficiente y efectiva asignación, uso, explotación, administración y control del espectro radioeléctrico y demás recursos escasos;

b. Promover la competencia efectiva en el mercado de telecomunicaciones, como mecanismo para aumentar la disponibilidad de servicios, mejorar su calidad y asegurar precios asequibles;

c. Procurar la optimización del uso de los recursos escasos y el uso eficiente de la red pública de telecomunicaciones;

d. Promover el ingreso de nuevos operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios y su libre elección entre los servicios disponibles;

e. Establecer los procedimientos a seguir ante la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Poder Ejecutivo para el otorgamiento de los títulos habilitantes que establece la Ley General de Telecomunicaciones; y

f. Establecer los requisitos legales, técnicos y económicos que deberán cumplir los proveedores y operadores para el uso y la explotación de las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones;

 

Artículo 4º.- Competencia y funciones.

Las funciones y competencias del Rector del Sector de Telecomunicaciones y la Superintendencia de Telecomunicaciones son las establecidas en los artículos 10, 29 y 76 de la Ley General de Telecomunicaciones 8642, los artículos 36, 60 y 81 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, nº 7593 y sus reformas, y artículo 39 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones.

 

Artículo 5º.Definiciones.

Las definiciones que a continuación se detallan no son limitativas y en ausencia de definición expresa, podrán utilizarse para integrar y delimitar este reglamento, las definiciones adoptadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Para los fines del presente se aplicarán las siguientes definiciones:

1. Agencia de Publicidad: Aquella entidad que se dedica a la concepción creativa de campañas publicitarias, de relaciones públicas y mercadeo, que contrata con especialistas en la materia los diversos servicios de producción de esas campañas y con los medios de comunicación, su colocación.

2. Anuncio Radial: Todo mensaje comercial con fines de difusión publicitaria grabado en cinta magnetofónica, en disco o por cualquier otra técnica, que se transmita a través de una estación de radiodifusión sonora, por altavoces estacionarios o móviles, o por cualquier otro medio.

3. Boletín Informativo: El informe oficial emitido periódicamente por la SUTEL, incluyendo, sin limitación, todas las decisiones y autorizaciones de títulos habilitantes otorgadas por la SUTEL.

4. Canal: El medio o espacio por el que se transmite una o varias señales simultáneamente utilizando un determinado rango de frecuencias.

5. Comercial Fílmico o Corto Fílmico: Todo mensaje publicitario y todo anuncio comercial visual y auditivo, con fines comerciales, publicitarios o propagandísticos que se difunda a través de las salas de cine, o de las estaciones radiodifusoras de televisión, excepto los avances de películas de largometraje, series, las telenovelas o los programas musicales.

6. Centro de Transmisión y Control: El lugar donde se realizan las funciones de transmisión y control del servicio y, en su caso, de recepción de señales para el mismo.

7. Concesión: El acto jurídico mediante el cual el Poder Ejecutivo otorga a una persona física o jurídica el derecho para usar y explotar las frecuencias del espectro radioeléctrico que se requieran para la operación y explotación de redes de telecomunicaciones.

8. Consejo Sectorial de Telecomunicaciones: Para los efectos del transitorio IV de la Ley General de Telecomunicaciones, deberá entenderse Consejo Sectorial de Telecomunicaciones por Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

9. Enlace de Radiodifusión: Estación de servicio fijo o móvil, que con antenas sumamente direccionales transportan la señal desde los estudios con la programación al transmisor principal, o del transmisor principal al transmisor repetidor, para brindar cobertura a aquellas zonas no cubiertas por el transmisor principal del servicio de radiodifusión sonora o televisiva.

10. Locutor Comercial. Los locutores comerciales para grabar anuncios comerciales para cine, radio y televisión, son quienes se encuentren debidamente registrados ante el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.

(Reformado este inciso, por el decreto ejecutivo nº 34916 de 1° de diciembre de 2008).

11. Obra Audiovisual: Es toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y del sonido, independientemente de las características del soporte material que la contiene.

12. Ondas Radioeléctricas: Ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3000 GHz, que se propagan por el espacio sin guía artificial.

13. Potencia de Transmisor de Video: La potencia de cresta de salida cuando se transmite una señal normalizada de televisión.

14. Potencia Efectiva Radiada: La potencia suministrada a la antena multiplicada por la ganancia relativa de la antena, en una dirección dada.

15. Productora de Cine o Televisión: Es aquella empresa que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad de la producción de una obra cinematográfica, audiovisual o anuncio comercial, y que cuente con personal técnico e intelectual capacitado y el equipo necesario para la realización de los productos usuales del género, entendiéndose por equipo: cámara de cine, cámaras de video o cámaras de televisión, mesas de edición, instrumentos profesionales de video y sonido, grabadoras, sistemas de edición, equipos de iluminación, o cualquier otro medio tecnológico profesional para la producción de programas, documentales o anuncios publicitarios.

16. Productor Cinematográfico, Audiovisual y Anuncios Comerciales: Es aquella persona que crea intelectualmente el montaje de una obra cinematográfica, audiovisual o anuncio comercial total y tiene la iniciativa, coordinación y responsabilidad en su producción.

17. Productor Musical: Se entiende como tal, a aquella persona que crea la música y letra para fines publicitarios.

18. Programación: El material de televisión o audio susceptible de ser transmitido a través de un canal, que tiene propósitos de entretenimiento, informativos, educativos, cívicos, de fomento, culturales u otro.

19. Programación de Oferta de Productos: La que tiene por objeto ofrecer o promover la venta de bienes o la prestación de servicios.

20. Radio: Término general que se aplica al empleo de las ondas radioeléctricas.

21. Radiocomunicación: Toda telecomunicación transmitida por medio de las ondas radioeléctricas.

22. Red de televisión por cable: Es la red del sistema de televisión por cable, concesionados por el Poder Ejecutivo, al amparo de la cual se prestan servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, sin perjuicio de que, a través de la misma red, se presten otros servicios de telecomunicaciones de conformidad con las disposiciones legales existentes.

23. Repetidor Radiodifusión: Estación del servicio de radiodifusión, destinada a cubrir zonas no cubiertas por el transmisor matriz.

24. Residente: Extranjero que reside en Costa Rica a quien se le ha autorizado la residencia en el país de conformidad con la Ley General de Migración y Extranjería.

25. Radionavegación Aeronáutica: Está referido a las aeronaves. En los servicios de radionavegación aeronáutica, las estaciones que captan las señales están ubicadas a bordo de las aeronaves.

26. Radionavegación Marítima: Servicio de radionavegación destinado a las naves marítimas y a su explotación en condiciones de seguridad. En el servicio de radionavegación marítima por satélite, los equipos que captan están ubicados a bordo de las embarcaciones.

27. Servicio de Aficionado: Servicio de instrucción individual, de intercomunicación y de estudios técnicos, efectuados por aficionados, esto es con fines de intercomunicación, entretenimiento, experimentación e investigación, por personas debidamente autorizadas que se interesan en la Radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro.

28. Servicio de Audio por Suscripción: Aquel por el que, mediante contrato y el pago periódico de una cantidad preestablecida y revisable, se distribuye de programación de audio de manera continua.

29. Servicio de Radiodifusión: Los servicios de radiodifusión sonora o televisiva, son aquellos de acceso libre, entendiendo éste como el servicio de radiodifusión sonora o televisión convencional, de programación comercial, educativa o cultural, que pueden ser recibidos libremente por el público en general sin pago de derechos de suscripción, y sus señales se transmiten en un solo sentido a varios puntos de recepción simultánea.

30. Servicios de Seguridad: Es todo servicio radioeléctrico que se explote de manera permanente o temporal para garantizar la seguridad de la vida humana y la salvaguardia de los bienes.

31. Servicio de Televisión por Suscripción: Aquel servicio final que se realiza a través de redes cableadas, utilización de frecuencias del espectro radioeléctrico, o directamente del satélite, por el que, mediante contrato con proveedores autorizados de la señal se distribuye programación de audio y video asociado, de manera continua a los suscriptores que realicen un pago periódico de una cantidad preestablecida y revisable.

32. Servicio Fijo: Es aquel servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados.

33. Servicio General Compartido: Es una forma particular de servicio de radiocomunicación, realizado mediante equipos de potencia limitada que trabajan en frecuencias comunes, conforme sea establecido en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.

34. Servicio Inalámbrico: Todo servicio de radiocomunicación.

35. Servicio móvil: Es aquel servicio de radiocomunicación prestado por estaciones fijas con estaciones móviles y portátiles.

36. Servicio Oficial: Servicio de Radiocomunicación explotado por Instituciones de los Supremos Poderes de la Administración Pública.

37. Teletexto. Se conoce como teletexto, al servicio de difusión de datos digitales dentro de la estructura de una señal de televisión, destinado primordialmente a la visualización de textos o material gráfico de forma bidimensional, reconstruidos a partir de los datos codificados en la pantalla de receptores de televisión adecuadamente equipados.

38. Zona de Sombra: Es aquella parte del área de servicio en la que debido a obstáculos orográficos del terreno, la estación no puede proporcionar un servicio adecuado.

39. Zumbido y Ruido: El zumbido y el ruido de modulación en un transmisor es la variación fortuita de la amplitud de la señal de salida RF, no ocasionada por la señal de modulación de video.

 

CAPÍTULO II.- Del espectro radioeléctrico

 

SECCIÓN I.- Planificación, administración y control

 

Artículo 6º.- Planificación, administración y control.

El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público. Su planificación, administración y control se llevará a cabo según lo establecido en la Constitución Política, los tratados internacionales, la Ley General de Telecomunicaciones, el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias y los demás reglamentos que al efecto se emitan.

 

Artículo 7º.- Definición de competencias.

Corresponde al Poder Ejecutivo dictar el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. En dicho plan se designarán los usos específicos que se atribuyen a cada una de las bandas del espectro radioeléctrico, para lo cual se tomará en consideración las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL). Además, se definirán los casos en que las frecuencias no requieren de asignación exclusiva, para lo cual se tomarán en consideración los siguientes criterios: disponibilidad de la frecuencia, tiempo de utilización, potencia de los equipos, tecnología aplicable, ancho de banda, modulación de la portadora de frecuencia y zona geográfica.

El Poder Ejecutivo podrá modificar el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias por razones de conveniencia y oportunidad.

El Poder Ejecutivo asignará, reasignará o rescatará las frecuencias del espectro radioeléctrico de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, de manera objetiva, oportuna, transparente y no discriminatoria, de conformidad con la Constitución Política y lo dispuesto en la Ley General de Telecomunicaciones.

Corresponderá a la SUTEL la comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas, así como la inspección, detección, identificación y eliminación de las interferencias perjudiciales.

 

Artículo 8º.Objetivos de la planificación, administración y control.

Los objetivos de la planificación, administración y control del espectro radioeléctrico son:

a) Optimizar su uso de acuerdo con las necesidades y las posibilidades que ofrezca la tecnología;

b) Garantizar una asignación justa, equitativa, independiente, transparente, y no discriminatoria;

c) Asegurar que la explotación de las frecuencias se realice de manera eficiente y sin perturbaciones producidas por interferencias perjudiciales.

 

Artículo 9º.- Clasificación del espectro radioeléctrico.

Por su uso, las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico se clasifican como sigue:

a) Uso comercial. Comprende la utilización de bandas de frecuencias para la operación de redes públicas y la prestación de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, a cambio de una contraprestación económica.

b) Uso no comercial. Consiste en la utilización de bandas de frecuencias para operaciones de carácter temporal, experimental, científico, servicios de radiocomunicación privada, banda ciudadana, de radioaficionados o redes de telemetría de instituciones públicas.

c) Uso oficial. Corresponde a las bandas de frecuencias necesarias para establecer las comunicaciones de las instituciones del Estado, las cuales implican un uso exclusivo y no comercial.

d) Uso para seguridad, socorro y emergencia. Corresponde a las bandas de frecuencias atribuidas para radionavegación, seguridad aeronáutica, marítima y otros servicios de ayuda.

e) Uso libre. Corresponde a las bandas de frecuencias así asignadas en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Estas bandas no requerirán de concesión, autorización o permiso y estarán sujetas a las características técnicas establecidas reglamentariamente.

 

Artículo 10.- Reasignación de frecuencias.

Procede la reasignación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico cuando:

a) Lo exijan razones de interés público o utilidad pública.

b) Lo exijan razones de eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico.

c) Se requiera para poner en práctica nuevas tecnologías.

d) Sea necesario para resolver problemas de interferencia.

e) Exista una concentración de frecuencias que afecte la competencia efectiva.

f) Sea necesario para cumplir con tratados internacionales suscritos por el país.

Corresponde al Poder Ejecutivo, previa recomendación de la SUTEL, acordar la reasignación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, para lo cual se deberán tomar en cuenta los derechos de los titulares y la continuidad en la operación de redes o la prestación de los servicios.

La reasignación dará lugar a una indemnización únicamente cuando se impida al adjudicatario la operación de las redes o la prestación de los servicios en los términos indicados en la concesión correspondiente, o bien cuando dicha resignación sea la única causa que obligue a sustituir o renovar equipos.

La reasignación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico también procede cuando sea solicitada por su titular por alguna de las razones y mecanismos indicadas en este artículo.

 

Artículo 11.- Procedimiento para la reasignación de frecuencias.

El Poder Ejecutivo le solicitará a la SUTEL su criterio técnico para determinar la procedencia o no de la reasignación de frecuencias. Previo a emitir su recomendación la SUTEL deberá dar audiencia al titular de la banda de frecuencia sujeta a reasignación.

El adjudicatario de la banda tendrá un plazo de quince (15) días naturales para manifestar su posición. Una vez recibida la posición del adjudicatario la SUTEL tendrá treinta (30) días naturales para realizar los estudios correspondientes y comunicar al Poder Ejecutivo su recomendación.

 

SECCIÓN II.- Bandas de uso libre

 

Artículo 12.-

Los equipos que operen en las bandas de uso libre deben caracterizarse por utilizar emisiones de muy baja potencia que minimizan la posibilidad de interferencia perjudicial y poseen una notable inmunidad a las interferencias provenientes de emisiones similares con métodos convencionales de modulación. Tales características permiten mejorar considerablemente, la eficiencia en el uso del espectro y aliviar la congestión de segmentos del mismo, destinando grupos de frecuencias para que operen en forma compartida o bien compartiéndose las frecuencias asignadas, mediante sistemas diferentes de modulación. Se entienden incluidas las telecomunicaciones dentro de un mismo inmueble, que aun cuando utilizan el espectro radioeléctrico, no tienen conexión con redes exteriores.

 

Artículo 13.- Caracterización de los servicios.

Los equipos utilizados operarán en las bandas de frecuencias definidas en las políticas del Plan Nacional de Telecomunicaciones y según las características técnicas definidas en el Plan Nacional de Atribuciones.

 

Artículo 14.- Consideraciones Generales.

i. La operación de estos servicios está condicionada a no causar interferencia perjudicial a otros servicios autorizados a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. Así mismo debe tolerar la interferencia perjudicial proveniente de otros sistemas autorizados, contra la cual no estará protegido, en el entendido que los servicios de radiocomunicación que funcionen en estas bandas tendrán prioridad.

ii. Ante una denuncia de interferencia causada por estos servicios y debidamente comprobada, deberá de suspender toda operación y no podrá reanudarse hasta que se haya subsanado la interferencia y sea debidamente comprobado la eliminación de ésta por la SUTEL.

iii. En caso de incidirse con una interferencia, la SUTEL podrá decomisar o aplicar las medidas cautelares necesarias mediante solicitud a la autoridad competente.

 

Artículo 15.- Servicio General Compartido.

Estos servicios se caracterizan por su modalidad de operación que permiten simplificar los procedimientos de gestión de frecuencias, permitiendo mejorar considerablemente la eficiencia del uso del espectro, aliviando la congestión de segmentos del mismo, destinados a punto multipunto. Este servicio está destinado a proporcionar enlaces exclusivamente para la transmisión de datos, con terminales fijas o móviles en espacios limitados.

 

Artículo 16.- Soporte de Redes Públicas.

Cuando las frecuencias de uso libre sean utilizadas como soporte de redes públicas o constituyan una red pública de telecomunicaciones estarán sometidos en lo que corresponda a la Ley General de Telecomunicaciones.

 

TÍTULO II

 

CAPÍTULO I.- Títulos habilitantes

SECCIÓN ÚNICA.- Disposiciones generales

Artículo 17.- Presentación de una solicitud.

Cualquier persona interesada en obtener un título habilitante para prestar servicios de telecomunicaciones en la República de Costa Rica, deberá presentar la correspondiente solicitud, la cual quedará sujeta al trámite y procedimiento establecido en este Reglamento.

Toda solicitud o documento relacionado con la misma, deberá ser entregada en un (1) original y dos (2) copias. El órgano competente estampará el original y las copias de la solicitud con un sello dando constancia de la fecha de presentación de la solicitud, y devolverá al solicitante una de las copias selladas, en señal de acuse de recibo.

La solicitud y todos sus anexos, deberán estar redactados en idioma español o traducidos a éste por un intérprete oficial de la República de Costa Rica. Toda documentación que se presente deberá estar firmada por el solicitante o un apoderado de este último.

 

Artículo 18.- Registro del domicilio social o lugar de residencia.

Todo solicitante, al momento de presentar su solicitud, deberá indicar su domicilio o lugar donde recibir notificaciones, obligación que se mantendrá durante la vigencia del título habilitante.

En el caso de personas jurídicas, se deberán incluir los nombres y cambios que se sucedan de sus representantes. Igual obligación recaerá sobre aquellas personas que a la fecha de entrada en vigencia de este reglamento, dispongan de una concesión vigente.

 

Artículo 19.- Solicitud de confidencialidad.

Todo solicitante de un título habilitante, podrá requerir por escrito que cierta información se declare confidencial. Dicha solicitud de confidencialidad deberá ser debidamente motivada y presentada ante el órgano instructor, quien deberá resolver de conformidad con lo establecido en el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública.

De manera particular, dicha solicitud de confidencialidad deberá:

a. Identificar el documento que contiene la información, describir las razones que la motivan y el plazo durante el cual se requiere la confidencialidad de la información; y

b. Explicar la forma y medida en que la revelación de la información podría resultar en un perjuicio competitivo sustancial para el solicitante.

La SUTEL revisará la solicitud y emitirá su decisión dentro de un plazo de quince (15) días naturales, contados a partir del recibo de la misma, haciendo constar, en el caso de que acceda a la solicitud, el plazo durante el cual la información mantendrá el carácter confidencial.

Si las condiciones que motivan la solicitud se mantienen y se acerca la fecha de vencimiento del plazo fijado por el órgano instructor, el solicitante podrá requerir una extensión del indicado plazo, siempre y cuando presente la solicitud con por lo menos diez (10) días de antelación al vencimiento del mismo.

La SUTEL deberá restringir la divulgación de información confidencial a sus empleados, consultores o subcontratistas de éste, que no requieran conocer de la misma para el desempeño de sus labores en la institución.

 

Artículo 20.- Cambio de información.

El titular de un título habilitante tendrá la obligación continua de registrar ante la SUTEL, cualquier cambio material a la información que haya presentado, que no requiera de la aprobación previa de la SUTEL, pero que pueda afectar las condiciones de otorgamiento del título habilitante, dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la fecha efectiva del cambio.

La falta de cumplimiento de esta obligación constituirá una falta muy grave y será sancionada de conformidad con el artículo 67 inciso a.8) de la Ley General de Telecomunicaciones.

Si la información fuere necesaria para la solución de un proceso o controversia, la SUTEL podrá requerir la abreviación del plazo.

 

CAPÍTULO II.- Las concesiones

Artículo 21.- Concesiones.

Se otorgará concesión para el uso y la explotación de las frecuencias del espectro radioeléctrico que se requieran para la operación y explotación de redes de telecomunicaciones, salvedad hecha de lo dispuesto en artículo 7 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. Dicha concesión habilitará a su titular para la operación y explotación de la red. Cuando se trate de redes públicas de telecomunicaciones, la concesión habilitará a su titular para la prestación de todo tipo de servicio de telecomunicaciones disponibles al público. La concesión se otorgará para un área de cobertura determinada, regional o nacional, de tal manera que se garantice la utilización eficiente del espectro radioeléctrico.

Las concesiones de frecuencias serán otorgadas por el Poder Ejecutivo por medio del procedimiento de concurso público, de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento y corresponderá a la SUTEL la instrucción del procedimiento.

 

Artículo 22.- Estudios previos al inicio del procedimiento concursal.

El Poder Ejecutivo, previo a emitir la decisión de inicio del procedimiento concursal, deberá solicitar a la SUTEL la realización de los estudios necesarios y la factibilidad del otorgamiento de las concesiones.

La SUTEL contará con el plazo de treinta (30) días naturales para llevar a cabo esos estudios, contados a partir del ingreso de dicha solicitud.

 

Artículo 23.- Decisión inicial.

Una vez emitido el criterio técnico de los estudios previos por parte de la SUTEL y comprobada la necesidad y factibilidad de la concesión, el Poder Ejecutivo emitirá la decisión de inicio del procedimiento concursal respectivo, que trasladará a la SUTEL para que lo instruya.

La decisión administrativa que da inicio al procedimiento de contratación será emitida por el Poder Ejecutivo. Esta decisión se adoptará una vez que se haya acreditado al menos, lo siguiente:

a) Una justificación de la procedencia del concurso público, con indicación expresa de la necesidad a satisfacer, considerando para ello los planes de largo y mediano plazo, el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y las políticas sectoriales.

b) Las especificaciones técnicas y características de la frecuencia del espectro radioeléctrico a concesionar.

c) Deberá acreditarse la existencia de estudios necesarios y la factibilidad del otorgamiento de la concesión.

La SUTEL valorará el cumplimiento de los anteriores requisitos, previo inicio del procedimiento y dispondrá la confección de un cronograma con tareas y responsables de su ejecución y velará por el debido cumplimiento del procedimiento.

 

Artículo 24.- Trámite posterior a la decisión inicial.

Una vez adoptada la decisión inicial y cumplidos los requisitos previos, la SUTEL deberá:

a) Comunicar a cada uno de los funcionarios responsables, los plazos y las tareas que deberán desempeñar, según el cronograma requerido por este Reglamento.

b) Elaborar el respectivo cartel. Asimismo será la encargada de que exista una versión última del cartel que contenga todas las modificaciones, disponible tanto en medios físicos como electrónicos, cuando así proceda.

c) Conformar un expediente que deberá estar debidamente foliado y contendrá los documentos en el mismo orden en que se presentan por los oferentes o interesados, o según se produzcan por las unidades administrativas. Los borradores no podrán formar parte de dicho expediente.

d) Incorporar los documentos al expediente dentro de los dos días hábiles siguientes a su recepción en la SUTEL. Para ello, deberá adoptar las medidas necesarias a fin de cumplir la actualización del expediente.

e) Custodiar el expediente original y atender las consultas que le formulen sobre el estado del procedimiento, hasta el momento en que sea remitido al Poder Ejecutivo para su adjudicación. Todo interesado tendrá libre acceso al expediente que podrá ser consultado en la SUTEL.

f) Utilizará un expediente electrónico a efecto de tenerlo a disposición de cualquier interesado en consultarlo, siempre que cuente con sistemas electrónicos implementados que cumplan con las medidas de seguridades requeridas por la Ley de Contratación Administrativa y sus reformas, Ley nº 7494 del 2 de mayo de 1995, su reglamentación, la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley nº 8454 del 30 de agosto de 2005 y su Reglamento.

g) Conservar en medio magnético u óptico, toda la información relativa al concurso en el expediente electrónico; durante un período mínimo de cinco años posterior a la ejecución total del respectivo contrato. En materia de archivo de expedientes electrónicos se aplicará lo dispuesto en la normativa establecida por la Dirección General de Archivo Nacional.

 

Artículo 25.- Cartel del concurso.

El cartel del concurso será elaborado por la SUTEL y deberá establecer, además de lo señalado en el artículo 13 de la Ley General de Telecomunicaciones, en aplicación del concurso público, lo siguiente:

a) La obligatoriedad de los oferentes de rendir una garantía de participación porcentual, entre un 1% y un 5% sobre el monto cotizado.

b) La obligatoriedad del oferente u oferentes adjudicados de rendir una garantía de cumplimiento de ente el 5% y 10% del monto adjudicado.

c) Que la forma de rendir las garantías será la establecida en el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

d) Un encabezado que contenga la identificación de la Administración promovente, la indicación del tipo y número del concurso y una breve descripción del objeto contractual.

e) Indicación de la oficina que tramita el procedimiento y que proporcionará la información adicional necesaria respecto de las especificaciones y documentación relacionada.

f) Las condiciones, día, hora límite y dirección, para la presentación de ofertas y garantías de participación; así como el número de copias que deberá adjuntarse a la oferta original, cuando así proceda.

g) Indicación de las especies fiscales y demás timbres que deba aportar el oferente.

h) Sistema de valoración y comparación de las ofertas. Cuando únicamente se considere el precio, bastará una simple indicación al respecto.

i) Indicación precisa de los documentos que deben aportarse para la evaluación de la idoneidad del oferente en aspectos económicos, técnicos u otros.

j) Términos de pago del precio ofrecido, las contribuciones al FONATEL cuando corresponda, cánones de regulación.

k) Plazo de vigencia de la oferta y plazo de adjudicación.

l) El uso de medios electrónicos si resulta procedente, la posibilidad de presentar ofertas vía fax deberá habilitarse expresamente en el cartel, previéndose para ello un plazo de confirmación por escrito. En ningún caso se aceptará la presentación de ofertas por la vía telefónica.

m) El cartel no podrá imponer restricciones, ni exigir el cumplimiento de requisitos que no sean indispensables o resulten convenientes al interés público, si con ello limita las posibilidades de concurrencia a eventuales participantes. Tampoco podrá exigir que el oferente efectúe manifestaciones, repeticiones o transcripciones de aspectos del pliego sobre los cuales los participantes no tengan ningún poder de disposición.

n) Las medidas, límites, plazos, tolerancia, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deba contener el cartel, se establecerán con la mayor amplitud que permita la clase de negocio de que se trate, en lo posible utilizándolos como punto de referencia. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos, o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales, o marca, ello se hará a manera de referencia; y aún cuando tal aclaración se omitiere, así se entenderá.

Supletoriamente, al cartel se le aplicará lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

 

Artículo 26.- Objeción al cartel.

Podrá interponerse recurso de objeción contra el cartel, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. El recurso, debidamente fundado, se presentará ante la Contraloría General de la República.

Todo oferente potencial, o su representante, podrán interponer el recurso de objeción al cartel cuando considere que se ha incurrido en vicios de procedimientos o en alguna violación de los principios fundamentales de la contratación administrativa, se han omitido especificaciones técnicas, o se ha quebrantado, de alguna manera, el ordenamiento regulador de la materia.

El recurso de objeción deberá resolverse dentro de los diez días hábiles siguientes a su presentación.

Quien pueda recurrir y no lo haga o no alegue las violaciones o los quebrantos a los que tiene derecho, no podrá utilizar estos argumentos en el recurso que se interponga en contra del acto de adjudicación.

 

Artículo 27.- Presentación de ofertas.

Las ofertas se presentarán ante la SUTEL, conforme a los términos establecidos en el cartel. La presentación de la oferta implica el sometimiento pleno del oferente, tanto al ordenamiento jurídico costarricense como a las reglas generales y particulares del concurso.

Las ofertas serán reguladas por lo establecido al respecto en la Ley de Contratación Administrativa y el Capítulo VI del reglamento a dicha ley en lo que corresponda.

 

Artículo 28.Selección del concesionario y adjudicación.

El concesionario será seleccionado entre las ofertas presentadas, conforme las reglas del cartel y según el sistema establecido en las bases del concurso.

Las ofertas elegibles serán evaluadas por la SUTEL, a la que le corresponderá recomendar al Poder Ejecutivo si la adjudicación procede y a cuál oferente, o bien, si debe ser declarada desierta o infructuosa, de conformidad con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

El Poder Ejecutivo podrá desestimar todas las ofertas cuando considere que éstas no se ajustan al cartel, a los objetivos y las metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, a lo dispuesto en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias o a los acuerdos, tratados y convenios internacionales de telecomunicaciones ratificados por Costa Rica.

El acuerdo de adjudicación deberá ser publicado por el Poder Ejecutivo en el diario oficial La Gaceta dentro del plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de adjudicación.

 

Artículo 29.- Apelación de la adjudicación.

Contra el acto de adjudicación podrá interponerse recurso de apelación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acuerdo en el diario oficial La Gaceta. El recurso, debidamente fundamentado, se presentará ante la Contraloría General de la República.

Podrá interponer el recurso cualquier parte que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente, estará legitimado para apelar quien haya presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre de tercero.

El recurso de apelación deberá resolverse dentro de los cuarenta (40) días hábiles siguientes al auto inicial de traslado. Este plazo podrá prorrogarse mediante resolución motivada hasta por otros veinte días hábiles, en casos muy calificados, cuando se necesite recabar prueba pericial especialmente importante para resolver el recurso, y que por la complejidad no pueda ser rendida dentro del plazo normal de resolución.

La readjudicación también podrá ser recurrida cuando las causas de la inconformidad hayan surgido del motivo que fundamentó el acto de adjudicación.

La resolución final o el auto que ponga término al recurso, dará por agotada la vía administrativa. Dentro de los tres días hábiles posteriores a la comunicación, el interesado podrá impugnar el acto final sin efectos suspensivos, de conformidad con lo dispuesto en la legislación contencioso-administrativa vigente.

Si la contratación cuya adjudicación se impugna ha sido ejecutada o se encuentra en curso de ejecución, la sentencia favorable al accionante sólo podrá reconocer los daños y perjuicios causados.

 

Artículo 30.- Contrato de concesión.

Firme el acto de adjudicación, el Poder Ejecutivo elaborará y suscribirá con el concesionario el respectivo contrato, el cual deberá especificar las condiciones y obligaciones que dicho concesionario deberá cumplir, de conformidad con la ley, sus reglamentos, las bases de la convocatoria, la oferta y el acto de adjudicación. El contrato deberá ser refrendado por la Contraloría General de la República, de conformidad con lo establecido en el Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública.

 

Artículo 31.Contenido del contrato de concesión.

El contrato de concesión incluirá, como mínimo, lo siguiente:

a. Nombre, dirección, números de teléfono y de facsímil, y dirección de correo electrónico del solicitante de la Concesión;

b. Bien concesionado;

c. Zona(s) de servicio o área (s) geográfica(s) autorizada(s);

d. Plazo de la concesión;

e. Pago de tasas, cánones y otros derechos, si corresponde;

f. La obligación del pago de los cánones correspondientes y la contribución al FONATEL.

g. Plan mínimo de expansión acordado por las partes, siempre que el SUTEL lo considere necesario;

h. Derechos y obligaciones del titular de la Concesión, incluyendo aquellos estipulados en La Ley General de Telecomunicaciones y los reglamentos aplicables;

i. Obligación de cumplir con las especificaciones y características técnicas de las instalaciones especificadas en los planes técnicos fundamentales, reglamentos y normas técnicas aprobadas por el SUTEL;

j. Plazo para la instalación de los equipos y la iniciación del servicio;

k. Cumplimiento con los requisitos de homologación;

l. Obligación de mantener contabilidades separadas para cada servicio, en el caso en que se provean varios servicios bajo una misma concesión;

m. Condiciones y cumplimiento continuo de las obligaciones de calidad del servicio, en caso que el SUTEL lo considere necesario;

n. Cumplimiento con las reglas y obligaciones de interconexión;

o. Mecanismos para dirimir los conflictos entre la SUTEL y el concesionario;

p. Causas de extinción, caducidad y revocación de la concesión,;

q. Señalamiento de régimen de faltas y sanciones de conformidad con lo establecido en la Ley y los reglamentos pertinentes.

 

Artículo 32.- Plazo para inicio de los servicios.

El contrato de concesión establecerá el inicio del plazo para la prestación de los servicios autorizados, contado a partir de la fecha de notificación del refrendo contralor.

Dicho plazo no estará sujeto a prórroga, salvo que el titular demuestre que su incumplimiento se debe a una causa justificada. Toda solicitud de prórroga deberá ser presentada antes del cumplimiento de las dos terceras partes del plazo otorgado para el inicio de la prestación del servicio, debiendo contener la prueba de la causa que justifique su imposibilidad.

La solicitud de prórroga debe presentarse ante el Poder Ejecutivo, quien dentro de los cinco (5) días naturales siguientes, solicitará criterio técnico a la SUTEL, la cual dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de la recepción de la solicitud de criterio técnico, revisará la solicitud y notificará al Poder Ejecutivo su recomendación técnica.

Si el Poder Ejecutivo acepta la solicitud de la prórroga, le otorgará al solicitante una única prórroga de hasta noventa (90) días naturales, contados a partir del vencimiento de la fecha establecida en el contrato de concesión para el inicio de los servicios.

En ningún caso el plazo para inicio del servicio, incluyendo la prórroga que se le conceda, podrá ser superior a los dos (2) años.

El incumplimiento en el inicio de los servicios dentro del plazo establecido será sancionado de conformidad con la Ley.

 

Artículo 33.Plazos y prórroga.

Las concesiones de frecuencias para la operación y explotación de redes públicas de telecomunicaciones se otorgarán por un período máximo de quince años, prorrogable a solicitud de parte, hasta por un período que sumado con el inicial y el de las prórrogas anteriores no exceda veinticinco años. La solicitud de prórroga deberá ser presentada por lo menos dieciocho meses antes de su expiración, ante el Poder Ejecutivo, quien dentro de los cinco (5) días naturales siguientes, solicitará criterio técnico a la SUTEL, la cual dentro de los treinta (30) días naturales contados a partir de la fecha de la recepción de la solicitud de criterio técnico, revisará la solicitud y notificará al Poder Ejecutivo su recomendación técnica.

El período de duración de la prórroga de la concesión inicia a partir de la fecha en que se notifique el refrendo contralor.

 

Artículo 34.- Concesión directa.

Cuando se trate de frecuencias requeridas para la operación de redes privadas y de las que no requieran asignación exclusiva para su óptima utilización, las concesiones serán otorgadas por el Poder Ejecutivo en forma directa, según el orden de recibo de la solicitud que presente el interesado. La SUTEL instruirá el procedimiento de otorgamiento de la concesión según sus procedimientos internos.

 

Artículo 35.- Cesión.

Las concesiones pueden ser cedidas siempre que lo autorice el Poder Ejecutivo.

La solicitud de cesión se presentará ante el Poder Ejecutivo, quien dentro de los cinco (5) días naturales siguientes, solicitará criterio técnico a la SUTEL, la cual dentro de los treinta (30) días naturales contados a partir de la fecha de la recepción de la solicitud de criterio técnico, revisará la solicitud y notificará al Poder Ejecutivo su recomendación técnica.

La SUTEL podrá solicitar al concesionario la documentación o información necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Ley General de Telecomunicaciones y la justa causa de la cesión.

Autorizada la cesión, el Poder Ejecutivo deberá elaborar y suscribir el respectivo contrato con el nuevo concesionario y el cedente.

 

Artículo 36.- Extinción, caducidad y revocación de las concesiones.

Son causales de revocación y extinción de los contratos de concesión, las señaladas en el artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones.

El procedimiento para la extinción, caducidad y revocación de las concesiones será el procedimiento ordinario establecido en el Libro II de la Ley General de Administración Pública, nº 6227, del 2 de mayo de 1978, y sus reformas.

 

CAPÍTULO II.- De las autorizaciones

Artículo 37.- Autorizaciones.

Requerirán autorización las personas físicas o jurídicas que:

a. Operen y exploten redes públicas de telecomunicaciones que no requieran uso del espectro radioeléctrico.

b. Presten servicios de telecomunicaciones disponibles al público por medio de redes públicas de telecomunicaciones que no se encuentren bajo su operación o explotación. El titular de la red pública que se utilice para este fin, deberá tener la concesión o autorización correspondiente.

c. Operen redes privadas de telecomunicaciones que no requieran uso del espectro radioeléctrico.

La autorización será otorgada por la SUTEL previa solicitud del interesado, debidamente justificada.

 

Artículo 38.- Admisibilidad de la solicitud.

La SUTEL dispondrá de tres (3) días hábiles para admitir o rechazar las solicitudes de autorizaciones que se le presenten. En el caso de que se prevenga al gestionante algún requisito, se aplicará lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública. Si la prevención es para que subsane algún defecto, se aplicará lo dispuesto en el artículo 287.1 de dicha ley.

Los requisitos para presentar las solicitudes son:

a) Nombre, dirección, números de teléfono y de facsímil y dirección de correo electrónico del solicitante de la autorización;

b) Documentación que acredite su capacidad jurídica, técnica y financiera;

c) Zonas o áreas geográficas en las que se pretende la prestación del servicio;

d) Plazo estimado para instalación de equipos e iniciación del servicio;

e) Descripción y especificaciones técnicas del proyecto;

f) Programa de cobertura geográfica;

g) Declaración jurada en donde el interesado asume las condiciones establecidas para la operación y explotación de redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones, cuando corresponda

(Reformado por el decreto ejecutivo nº 34916 del 1° de diciembre de 2008).

 

Artículo 39.- Edicto.

Una vez admitida la gestión, la SUTEL emitirá un edicto de convocatoria que debe contener un extracto de la solicitud y la convocatoria para recibir objeciones dentro de los diez (10) días hábiles posteriores, contados desde la última publicación. Dicho edicto deberá ser publicado por el solicitante en el diario oficial La Gaceta y en un periódico de circulación nacional. Dichas publicaciones deberán realizarse dentro de los siete (7) días calendario, posteriores al retiro del edicto por parte

del solicitante. El trámite no continuará hasta que se presente ante la SUTEL los

comprobantes de que se realizaron las publicaciones respectivas.

Si el solicitante no solicita la publicación del referido extracto dentro del plazo

señalado, la solicitud será rechazada.

!

Artículo 40.- Traslado de las objeciones. Los objeciones deberán sustentarse en

criterios técnicos que demuestren la incompatibilidad de la autorización solicitada con

los requisitos y las normas técnicas establecidas por la SUTEL. La SUTEL dará traslado

por el plazo de cinco (5) días hábiles al solicitante, para que se refiera a las

observaciones u objeciones presentadas.

!

26

Artículo 41.- Resolución de las autorizaciones. De no presentarse ninguna objeción

dentro del plazo otorgado, la SUTEL deberá resolver acerca de la solicitud en un plazo

no mayor de sesenta (60) días naturales a partir del día que venció el plazo para

presentar dichas objeciones.

Dentro de los sesenta días, contados a partir de la fecha en que se presenten las

objeciones, la SUTEL deberá emitir el acto final que atienda la solicitud de autorización

y las objeciones presentadas.

Mediante resolución razonada, la SUTEL aprobará o rechazará la solicitud de

autorización.

Cuando la SUTEL apruebe la solicitud, en la resolución correspondiente fijará al

solicitante las condiciones de la autorización. Esta resolución fijará el

dimensionamiento de su vigencia.

En caso que se deniegue la solicitud, la SUTEL indicará el fundamento y deberá

considerar si se ajusta o no a los objetivos de la Ley General de Telecomunicaciones y a

las metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

!

Artículo 42.- Publicación. Dentro de los cinco (5) días naturales siguientes a la fecha

de la emisión de la resolución que aprueba la autorización, la SUTEL publicará un

extracto de la misma en el diario oficial La Gaceta, y en la página web que mantiene la

SUTEL en la Internet. El extracto contendrá como mínimo, la siguiente información:

a. Nombre del titular de la autorización;

b. Servicios autorizados;

c. Zonas de servicio o áreas geográficas autorizadas;

d. Duración de la autorización;

e. Plazo para el inicio de los servicios;

f. Resumen de los términos y condiciones sustanciales de la autorización.

27

!

Artículo 43.- Plazo y prórroga. Las autorizaciones se otorgarán por un período

máximo de diez años, prorrogable a solicitud de parte, por períodos de cinco años, hasta

un máximo de tres prórrogas.

La solicitud de prórroga deberá ser presentada por lo menos seis meses antes de su

expiración ante la SUTEL, acompañada de los requisitos que ésta Superintendencia

determine y le será aplicable el procedimiento señalado en este apartado.

!

Artículo 44.- Extinción, caducidad y revocación de las autorizaciones. Son causales

de revocación y extinción de las autorizaciones, las señaladas en el artículo 25 y 22 de

la Ley General de Telecomunicaciones, en lo que sean aplicables.

El procedimiento para la extinción, caducidad y revocación de las autorizaciones será el

procedimiento ordinario establecido en el Libro II de la Ley General de Administración

Pública, nº 6227, del 2 de mayo de 1978, y sus reformas.

!

CAPÍTULO IV

De los permisos

SECCIÓN I

Disposiciones generales

Artículo 45.- Permisos. Para el uso de las bandas de frecuencias a que se refieren los

incisos b), c) y d) del artículo 9 de la Ley General de Telecomunicaciones, se requerirá

un permiso, el cual será otorgado por el Poder Ejecutivo previa recomendación de la

SUTEL y el cumplimiento de los requisitos que se definan en este reglamento.

La solicitud de permisos se presentará ante el Poder Ejecutivo, quien dentro de los cinco

(5) días naturales siguientes, solicitará criterio técnico a la SUTEL, la cual dentro de los

quince (15) días naturales contados a partir de la fecha de la recepción de la solicitud de

criterio técnico, revisará la solicitud y notificará al Poder Ejecutivo su recomendación

técnica.

!

Artículo 46.- De los permisos para el uso de bandas especiales. Los servicios de

comunicación marítima, aeronáutica, meteorológica, así como los servicios

experimentales y de aficionados, que requieran operar en las bandas de frecuencias que

internacionalmente se hayan establecido para tales efectos, y de conformidad con el

Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, podrán operar previa obtención del

28

permiso respectivo, el cual será otorgada por el Poder Ejecutivo, previa recomendación

de la SUTEL y sujeta a la presentación de los requisitos establecidos en el presente

reglamento.

La solicitud de permisos se presentará ante el Poder Ejecutivo, quien dentro de los cinco

(5) días naturales siguientes, solicitará criterio técnico a la SUTEL, la cual dentro de los

quince (15) días naturales contados a partir de la fecha de la recepción de la solicitud de

criterio técnico, revisará la solicitud y notificará al Poder Ejecutivo su recomendación

técnica.

!

Artículo 47.- De los requisitos para la obtención de un permiso. Para la obtención

de un permiso para el uso de las bandas de frecuencias a que se refieren los incisos b),

c) y d) del artículo 9 de la Ley General de Telecomunicaciones, deberá presentar ante el

Poder Ejecutivo, los siguientes requisitos:

a. Nombre del solicitante.

b. Número de cédula de identificación.

c. Ocupación.

d. Indicar dirección exacta del domicilio.

e. Nombre o razón social del solicitante.

f. Cédula jurídica (adjuntar copia).

g. Número de teléfono.

h. Apartado postal.

29

i. Lugar para escuchar notificaciones.

j. Lugar donde se instalará el, o los equipos de radiocomunicación.

k. Indicar las características técnicas de los equipos.

l. Firma del solicitante o representante legal autenticada.

m. Lugar y fecha de la solicitud.

Además, cuando se trate de naves deberá adjuntar, lo siguiente:

a. Clase de nave.

b. Número de registro o matrícula. (Adjuntar copia).

c. Lugar de registro.

d. Nombre de la nave.

e. Actividad a la que se dedica la nave.

f. Certificado de matrícula.

!

Artículo 48.- Extinción, caducidad y revocación de los permisos. Son causales de

revocación y extinción de los permisos, las señaladas en el artículo 22 y 25 de la Ley

General de Telecomunicaciones, en lo que sean aplicables.

30

El procedimiento para la extinción, caducidad y revocación de los permisos será el

procedimiento ordinario establecido en el Libro II de la Ley General de Administración

Pública, nº 6227, del 2 de mayo de 1978, y sus reformas.

!

SECCIÓN II

Permisos especiales

Disposiciones generales para los servicios de radioaficionados

Artículo 49.- Concepto. Se entiende por servicio de radioaficionados, el servicio de

Radiocomunicaciones que tiene por objeto la instrucción individual, la

intercomunicación y los estudios técnicos efectuados por aficionados, esto es por

personas debidamente autorizadas que se interesan por la radiotecnia con carácter

exclusivamente personal y sin fines de lucro. Su operación se limita a las frecuencias

comunes conforme se establece en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.

!

Artículo 50.- De la clasificación de los servicios de radioaficionados. Los servicios

de radioaficionados se clasifican de acuerdo a las siguientes categorías:

a. Categoría Banda Ciudadana.

b. Categoría Novicio (Clase C).

c. Categoría Intermedia (Clase B).

d. Categoría Superior (Clase A).

!

Banda ciudadana

Artículo 51.- De la categoría banda ciudadana. Es un servicio de radiocomunicación

fijo-móvil terrestre, abierto al público que está integrado por estaciones fijas y móviles

terrestres destinadas a cursar tráfico de correspondencia, ya sean de asuntos familiares,

de entretenimiento o de actividades de auxilio y cooperación con las autoridades

nacionales en caso de emergencias.

31

!

Artículo 52.- De las normas administrativas. Para adquirir permiso de operación de

equipos de radio en el servicio de banda ciudadana deberá presentar formal solicitud en

el formulario correspondiente, aportando timbre fiscal de cien colones, en caso de que la

solicitud no sea presentada por el permisionario, su firma deberá ser debidamente

autenticada. Para tal efecto presentará lo siguiente:

a. Nombre completo, número de cédula y demás calidades de identificación del

solicitante, así como su dirección exacta, fotocopia de la cédula de identidad, lugar

para recibir notificaciones y si se trata de un costarricense mayor de ocho años y

menor de dieciocho, deberá presentar certificado de nacimiento.

b. Dos fotografías recientes tamaño pasaporte.

c. Pagar el impuesto de ley, el canon correspondiente a las licencias de aficionado

y adjuntar los timbres correspondientes.

d. Descripción detallada de la manera que será utilizado el equipo de radio.

e. Ubicación exacta de los equipos, aportando en caso de ser móviles la marca,

modelo, placa y fotocopia de la tarjeta de circulación vigente.

f. Fotocopia de los manuales o folletos de los equipos a utilizar.

Se otorgará el permiso para instalar y operar estaciones de banda ciudadana a los

costarricenses mayores de edad, a los menores de dieciocho años y mayores de ocho,

con la debida autorización por escrito de sus tutores, adjunta a la respectiva certificación

de nacimiento, y a los extranjeros que demuestren fehacientemente su condición

migratoria de acuerdo al ordenamiento jurídico y sus documentos de identificación. Se

extenderá el permiso que los identifique como usuarios del servicio siempre y cuando se

sujeten a lo dispuesto en este Reglamento.

El permiso para la operación de estaciones del servicio de banda ciudadana, n se

otorgará previo examen de capacidad técnica teórica en la materia ante la SUTEL, el

32

cual se aprobará con una nota mínima de un setenta por ciento de un puntaje total de

cien.

Los permisos se otorgarán por un período de un año, pudiendo ser renovados al final de

este período, siempre y cuando no haya incumplido con los requerimientos técnicos

establecidos. No procederá la renovación del permiso cuando se demuestre que ha

causado interferencia a otros servicios y se ha hecho caso omiso de las notificaciones

para que se corrija.

Estarán exentos de autorización los equipos radioeléctricos que posean antena

incorporada y que utilicen una potencia máxima de hasta 200 mW.

!

Artículo 53.- De las normas operativas. Al operar en la banda ciudadana deberán

observarse las siguientes normas operativas:

1. Antes de emitir señal, debe verificarse si el canal a utilizar se encuentra libre a

fin de evitar interferencias con otros usuarios.

2. El que opera una estación de banda ciudadana, deberá identificarse con sus

letras de identificación completas, al principio y al final de cada cambio, sin

agregar nombres complementarios. Para tal efecto las estaciones dedicadas a este

servicio usarán el prefijo «TEA» seguido de un dígito que será determinado por la

localidad de la estación y dos o tres letras que serán asignadas por la SUTEL. Los

dígitos serán asignados de acuerdo a cada provincia de la siguiente forma:

Provincia Distrito

San José 2

Cartago 3

Heredia 4

Alajuela 5

Limón 6

Guanacaste 7

Puntarenas 8

33

3. Para llamar, se transmitirá no más de tres veces las características de la estación

llamada y luego de la palabra «de» seguidas las características de la estación que

llama, también no más de tres veces consecutivas antes de ofrecer el cambio. Entre

cada comunicación (cambio) el operador de la estación deberá dejar un espacio en

blanco por no menos de cinco segundos para dar oportunidad a otras estaciones de

ingresar a la frecuencia utilizada.

4. Una vez establecida la comunicación, deberá mencionarse la señal distintiva o

letras de identificación de la estación corresponsal y de la que opera en forma

completa y sin agregado de nombres complementarios.

5. Transmitir los siguientes tipos de comunicación:

a. Comunicaciones que faciliten al permisionario el desarrollo de sus

actividades personales.

b. Comunicaciones de relato.

c. Comunicaciones que conlleven a la seguridad de la vida o la propiedad de

los bienes.

d. Rendir asistencia a motoristas, marineros u otros viajeros.

e. Comunicaciones sólo con estaciones debidamente autorizadas para operar.

f. Las comunicaciones referentes a emergencias, tendrán prioridad sobre

cualquier otra comunicación que se realice en esos momentos en cualquier

frecuencia o canal.

g. Excepcionalmente y cuando corresponda a necesidades de fuerza mayor, la

estación podrá ser operada por personas no autorizadas en el momento de la

emergencia.

La SUTEL sólo dará curso a denuncias por interferencias a los servicios de banda

ciudadana que sean provocadas por estaciones similares a las interferidas por cualquier

34

otro servicio o provenientes de equipos de carácter científico, industrial o médico

cuando se produzcan en las bandas de frecuencias asignadas a los canales de uso

restringido.

!

Artículo 54.- De las prohibiciones. Es absolutamente prohibido:

a. Usar la radio para cualquier propósito que atente contra el orden público.

b. Usar lenguaje obsceno, indecente, soez, profano o de significado interpretativo.

c. Comunicarse con estaciones no autorizadas.

d. Interconectarse los equipos de la red de telefonía.

e. Efectuar retransmisiones de programas de estaciones de radiodifusión.

f. Omitir la señal distintiva o letras de identificación completas de la estación que

llama y la de su corresponsal en cada cambio, así como también agregar nombres

complementarios a las mismas.

g. Emplear una potencia superior a la establecida.

h. Ceder el uso de la estación o micrófono a personas no autorizadas con

excepción de los casos de emergencias.

i. Transmitir música o cualquier otro sonido distinto de la palabra humana,

excepto de tonos correspondientes a sistemas de llamada selectiva.

35

j. Efectuar pruebas de equipos o micrófonos y realizar pruebas de carácter

experimental.

k. Hacer comentarios de índole político, religioso o racial.

l. Realizar en los canales de llamada y emergencia otro tipo de tráfico que no esté

establecido.

m. Producir interferencias a otras estaciones u otro servicio.

n. La instalación y operación de una estación de banda ciudadana sin el permiso

correspondiente.

o. Las transmisiones contrarias a la seguridad nacional o seguridad ciudadana.

p. La modificación o alteración de las normas y características técnicas de

instalación y operación sin la autorización correspondiente.

q. El uso de pre-amplificadores de micrófono y generadores de eco.

!

De las estaciones de radioaficionados

Artículo 55.- De los permisos. Podrán obtener permiso de radioaficionado todos los

mayores de ocho años, incluyendo los extranjeros que demuestren fehacientemente su

condición migratoria de acuerdo al ordenamiento jurídico y los documentos de

identificación, para cuyo efecto deben demostrar aptitud para operar e instalar

estaciones radioeléctricas de aficionados, siempre y cuando se sujeten a lo establecido

en la Ley General de Telecomunicaciones y al presente Reglamento.

El mayor de ocho años y menor de dieciocho que desee obtener licencia de

radioaficionado, deberá presentar la debida autorización escrita de sus padres o tutores.

36

Se otorgará permiso de reciprocidad a los extranjeros sin rendir los exámenes

correspondientes, siempre que presenten el permiso de radioaficionado vigente de su

país de origen y que el beneficio se conceda recíprocamente a los ciudadanos

costarricenses.

En casos excepcionales el Poder Ejecutivo podrá otorgar permisos de radioaficionado

de cortesía a los miembros de las Misiones Diplomáticas debidamente acreditadas.

Se podrá otorgar permisos a las personas que comprueben su condición de

radioaficionado en otros países y que se encuentren en tránsito por un breve período en

el territorio nacional, aún en los casos en que no existen acuerdos de reciprocidad con el

país de origen de los solicitantes.

Las personas mencionadas en el párrafo anterior, deberán presentar su documentación

en orden con la visa vigente, cuya validez determinará el período máximo del permiso

de operación y licencia de radioaficionado vigente del país respectivo.

Una vez obtenido el permiso, el aficionado, deberá identificar su estación con el prefijo

«TI» correspondiente a Costa Rica y el número de zona donde opere y el indicativo del

país de origen, ejemplo «TI2/K1ZZ».

!

Artículo 56.- De los requisitos para obtener un permiso. Todos los aspirantes a

obtener un permiso de radioaficionado deberán presentar su solicitud en el formulario

correspondiente, a la SUTEL, con los siguientes datos:

a. Nombre completo, número de cédula, calidades generales, dirección exacta

donde se instalará la estación, número telefónico, apartado postal, lugar para recibir

notificaciones y cualquier otro dato para la fácil ubicación del solicitante.

b. Dos fotografías tamaño pasaporte.

c. Fotocopia de la cédula de identidad.

d. Si es menor de edad debe indicar el nombre del padre o tutor, aportando su

nombre y calidades junto a la autorización escrita, en donde conste la firma de éste

debidamente autenticada, solicitando la licencia de radioaficionado para el menor.

e. Especificación de las características del equipo a utilizar, indicando marca,

modelo, número de serie y potencia, así como también todo el equipo accesorio.

37

f. En caso de no poseer equipo, un compromiso por escrito de notificar a SUTEL

cuando se obtenga, incluyendo los detalles indicados en el párrafo anterior.

Para obtener el permiso de radioaficionado deberá someterse a un examen teórico y uno

práctico, debiendo aprobar ambos con una calificación mínima de setenta por ciento. La

SUTEL convocará a examen en los meses de febrero, junio y octubre, sin embargo la

SUTEL podrá realizar convocatorias en forma extraordinaria cuando por razones de

oportunidad o conveniencia así lo considere necesario.

!

Artículo 57.- De la preparación de los aspirantes para examen. La SUTEL podrá

delegar la preparación para los exámenes de los aspirantes a radioaficionados, a las

asociaciones de aficionados o radio clubes debidamente acreditados.

Asimismo, la SUTEL autorizará a personas con permisos de categoría superior, para

que los aspirantes a radioaficionados, puedan efectuar entrenamientos de operación, el

cual deberá en todo momento estar bajo la supervisión y control del titular del permiso,

quién deberá estar presente.

Para efecto del párrafo anterior, el interesado en la preparación de los aspirantes deberá

solicitar la autorización por escrito, indicando que asume la responsabilidad de la

operación. Estos permisos se otorgarán por un período de sesenta días improrrogables.

En todo caso la SUTEL definirá e implementará la metodología a propósito en esta

materia.

!

Artículo 58.- De los aspirantes. Al aspirante se le otorgará un permiso provisional

para prácticas por un plazo máximo de 90 días e improrrogables antes del examen, el

cual sólo podrá utilizarlo en los equipos autorizados.

Como forma de identificación se le otorgará el prefijo «TI» seguido de un dígito que

indicará la zona y cuatro letras donde la primera de ellas será «P» identificándolos como

practicantes, podrá operar en las mismas bandas y frecuencias atribuidas a la categoría

de NOVICIO.

!

Artículo 59.- De la categoría de los permisos. Los permisos de radioaficionados se

clasifican en las siguientes categorías:

a. NOVICIO (clase C)

38

b. INTERMEDIA (clase B)

c. SUPERIOR (clase A)

!

Artículo 60.- Categoría novicio. Para ingresar en la categoría novicio se requerirá:

a. Aprobar los exámenes indicados en este Reglamento.

b. Tener una edad mínima de 12 años cumplidos al rendir los exámenes, si se

tratare de menores de 18 años la solicitud deberá de ser avalada por su padre,

madre o tutor, los que serán responsables de la actividad que el menor realice con

la estación.

La potencia máxima en la etapa final de los transmisores para la categoría novicio será

de 100 watts, en las Bandas de 10 y 40 metros y 10 watts en las Bandas de VHF y UHF.

!

Artículo 61.- Categoría intermedia. Para ingresar a la categoría intermedia se

requerirá:

a. Aprobar los exámenes indicados en este Reglamento.

b. Tener un año de actividad ininterrumpida como aficionado de la categoría

novicio.

c. Aportar antecedentes de haber desarrollado actividad en la categoría novicio.

Aportando libro de guardia, 50 tarjetas QSL de estaciones diferentes, certificados o

diplomas.

d. Tener una edad mínima de 15 años cumplidos al rendir los exámenes, si tratare

de menores de 18 años, la solicitud deberá ser avalada por el padre, madre o tutor,

los que serán responsables de la actividad que realice con la estación el menor.

39

La potencia máxima en la etapa final de los transmisores en la categoría intermedia será

de 250 watts.

!

Artículo 62.- Categoría superior. Para ascender a la categoría superior se requerirá:

a. Tener como mínimo 1 año de actividad ininterrumpida en la categoría

intermedia.

b. Aprobar los exámenes indicados en este Reglamento.

c. Aportar antecedentes de haber desarrollado actividades en la categoría

intermedia, para lo cual deberá presentar el libro de anotaciones diarias, 100

tarjetas QSL de estaciones diferentes, certificados o diplomas.

d. Tener 18 años cumplidos al rendir los exámenes.

La potencia máxima en la etapa final para la categoría superior será de 1000 watts.

!

Artículo 63.- Del control de los aficionados. Para efectos de control, los aficionados

deberán llevar y tener al día un libro bitácora de anotaciones diarias que deberá ser

sellado y habilitado por la SUTEL, donde el aficionado anotará todos los comunicados

que realice.

El libro de guardia llevará sus páginas numeradas y será escrito en texto claro. Tendrán

que consignarse las siguientes indicaciones:

a. Fecha y hora en que establece el contacto.

b. Banda utilizada.

c. Estación corresponsal.

40

d. Tipo de emisión empleado.

e. Reporte de señal «RS o RST».

Este documento deberá ser presentado en el momento y lugar en que sea requerido por

los funcionarios de la SUTEL.

Previa notificación a la SUTEL, con una antelación no menor de diez días hábiles, los

aficionados podrán cambiar la ubicación de su estación, debiendo detallar en forma

precisa la nueva ubicación. Cuando el desplazamiento sea por un período menor de 96

horas no será necesario notificar a SUTEL.

!

Artículo 64.- De las asociaciones o clubes de aficionados. El Poder Ejecutivo

otorgará los correspondientes permisos a las asociaciones o clubes de radioaficionados a

las que acredite:

a. Tener personería jurídica vigente.

b. Contar con sede propia, arrendada o cedida de conformidad con lo establecido

en la Ley de Asociaciones.

c. Estar en condiciones de instalar y poner en funcionamiento una estación de

radio de su propiedad.

d. Tener un número de socios acorde a lo establecido en la Ley de Asociaciones,

los cuales deberán ser titulares de licencia de radioaficionado.

Los radio clubes o asociaciones de aficionados que ostenten el respectivo permiso,

podrán ser colaboradores de la SUTEL en la vigilancia y salvaguarda del buen uso de

las bandas de frecuencias del servicio de radioaficionado, en el fiel cumplimiento de la

Ley, el presente Reglamento y a prestar su cooperación en los casos de emergencia. Con

fines de desarrollo de las actividades propias y de los aficionados nacionales, los radio

41

clubes o asociaciones podrán organizar concursos, certámenes y actividades ajustadas a

estos fines.

Los radio clubes o asociaciones reconocidos podrán con fines de experimentación y de

mejoramiento de condiciones de operación, trasladar sus equipos a diferentes lugares y

ubicación, previa notificación a SUTEL, de la nueva ubicación de los equipos para fines

de autorización y posterior identificación y registro. A los radio clubes o asociaciones se

les otorgarán indicativos propios, los que serán utilizados en las transmisiones que bajo

su responsabilidad se efectúen.

Como norma general utilizará el prefijo «TI» seguido del dígito 0, dos o tres letras las

cuales identificarán la estación, dichos indicativos se utilizarán en concursos,

operaciones especiales de cadenas, certámenes y con el fin de desarrollo y capacitación

de sus afiliados, así como también en los casos de urgencia o necesidad que se presenten

en los que los radio clubes intervengan.

!

Artículo 65.- De las estaciones repetidoras. Para la instalación de una estación

repetidora se deberá solicitar autorización a la SUTEL, en cuya solicitud se incluirán los

siguientes datos:

a. El nombre de las personas físicas o jurídicas propietarias de la estación.

b. Lugar de instalación.

c. Frecuencias de operación.

d. Características técnicas de los equipos.

Una vez autorizado el funcionamiento de la estación repetidora por SUTEL, aquella

deberá estar en servicio en un plazo no mayor de noventa días naturales. Transcurrido

ese término sin que opere su puesta en actividad, la autorización será revocada a partir

del vencimiento del plazo.

Cuando una repetidora habilitada salga de servicio por un tiempo mayor de quince días

seguidos, dicha circunstancia deberá ser comunicada por escrito a la SUTEL, indicando

el plazo requerido para reiniciar su servicio.

42

La SUTEL asignará, previas las consultas que crea convenientes, las frecuencias de

entrada y salida para las repetidoras. El titular de una estación repetidora queda obligado

a comunicarle la inactividad definitiva para revocar la autorización.

Cuando la SUTEL verifique la inactividad de una repetidora por un plazo de noventa

días naturales, notificará al interesado para que en un plazo de tres días hábiles

justifique la inoperancia. Una vez transcurrido este plazo, de no presentarse justificación

válida, se revocará la autorización.

!

Artículo 66.- De la operación del servicio. Como medio de identificación los

radioaficionados usarán el prefijo TI o TE, seguido de un dígito que será determinado

por la ubicación de la estación y dos o tres letras que serán asignadas por la SUTEL.

Los dígitos serán asignados en el orden siguiente:

Ubicación Dígito

San José 2

Cartago 3

Heredia 4

Alajuela 5

Limón 6

Guanacaste 7

Puntarenas 8

!

Artículo 67.- De la Isla del Coco. El prefijo TI9 pertenece a la Isla del Coco, podrá ser

autorizado por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, para operar

desde ese lugar único y exclusivamente a radioaficionados con permiso. Las

operaciones desde la Isla del Coco sólo se autorizarán en los meses de febrero y julio y

por un tiempo no mayor de siete días naturales.

!

Artículo 68.- De la solicitud del permiso para operar desde la Isla del Coco. La

solicitud para usar el prefijo TI9 desde la Isla del Coco puede ser realizado por uno o

varios radioaficionados con permiso clase superior, por escrito y con no menos de 30

días naturales con antelación al viaje a la Isla. El permiso será vigente únicamente por el

tiempo indicado en la solicitud, la veracidad del arribo y salida será corroborada por las

autoridades nacionales destacadas en el lugar.

43

!

Artículo 69.- Del uso del prefijo TI9. Para operar desde la Isla del Coco el distintivo

de llamada será TI9, seguido de una o dos letras, el cual será asignado a la expedición

por la SUTEL. No se podrá trabajar más de un distintivo de llamada con el prefijo TI9

al mismo tiempo, salvo que se trate de una expedición distinta. Los radioaficionados

que les fuere otorgada una permiso no podrán solicitar otra en un plazo menor de un

año, con el entendido que en los permisos posteriores el distintivo de la llamada podría

ser totalmente diferente.

!

Artículo 70.- De los indicativos para concurso y actividades especiales. Para efectos

de concursos y actividades especiales de radioaficionados, la SUTEL asignará

indicativos especiales a los radioaficionados de categoría superior que así lo soliciten.

El indicativo se asignará por el tiempo que dure el evento, utilizando prefijo «TI o TE»

seguido de una a cuatro letras o números, o combinación de ambos.

!

Artículo 71.- De la identificación de las estaciones de radioaficionado. Las

estaciones debidamente autorizadas en una provincia y que se trasladen a otra zona

temporalmente o en tránsito, usarán su indicativo original, además usarán el dígito de su

nueva localidad al final, separándolo con la palabra barra o portable. En caso de que el

traslado sea definitivo, deberá solicitar a la SUTEL, el cambio de dígito correspondiente

a la zona a fin de que se tramite la respectiva modificación en el acuerdo.

Será obligación de todo radioaficionado identificarse debidamente con sus letras de

llamada completas, al principio y al final de cada cambio. Cuando se realicen

comunicados en las frecuencias atribuidas a los aficionados en las bandas de HF, deberá

utilizarse el código fonético internacional al identificarse.

!

De las restricciones y prohibiciones

Artículo 72.- De las restricciones. Todos los radioaficionados deberán sujetarse a las

siguientes restricciones:

a. Las estaciones de radioaficionado solamente podrán comunicarse con otras de

igual naturaleza.

b. Las estaciones de radioaficionado no aceptarán ni transmitirán mensajes escritos

o de palabra, si de esta actividad se deriva algún beneficio indirecto o monetario.

44

c. Los radioaficionados debidamente autorizados podrán facilitar el uso del

micrófono de su estación para asuntos relacionados a personas sin licencia siempre

y cuando los cambios y la identificación de la estación estén a su cargo.

d. La frecuencia de emisión de una estación deberá ser estable y deberá estar libre

de cualquier tipo de radiación no esencial. Las radiaciones parásitas, armónicas o

combinaciones de las mismas deben ser eliminadas y en caso de interferencia a

otros servicios, deberá suspender las transmisiones sin más trámite que la

notificación, si se comprobare técnicamente que es la causante de dicha

interferencia, pudiendo reanudarla una vez que la SUTEL verifique que la causa

que ocasionaba la interferencia ha sido corregida.

e. Los aficionados con licencias o permisos autorizados a la fecha de entrada en

vigencia de este reglamento, así como los radio clubes con personería jurídica,

deberán enviar a la SUTEL, información personal detallada a fin de actualizar los

registros respectivos.

Con carácter excepcional y respetado los principios de proporcionalidad y racionalidad,

podrá omitirse las presentes restricciones los radioaficionados en casos de emergencia.

!

TÍTULO III

Disposiciones generales para los títulos habilitantes

CAPÍTULO I

Derechos y obligaciones de los operadores

Artículo 73.- Derechos generales del titular de la concesión, autorización y

permiso. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos otorgados por la Ley o

cualesquiera otras disposiciones legales o reglamentarias, el titular de la concesión

gozará, principalmente, de los siguientes derechos:

a. Prestar los servicios de telecomunicaciones autorizados en el respectivo título

habilitante a cambio de una contraprestación económica;

45

b. Utilizar bienes del dominio público para el tendido de sus redes e instalación de

sus sistemas, adecuándose a las normas pertinentes, y de conformidad con la Ley

General de Telecomunicaciones;

c. Solicitar las servidumbres necesarias para las instalaciones y sistemas de

telecomunicaciones para servicios de telecomunicaciones, de conformidad con la

Ley.

d. Negociar acuerdos de Acceso e Interconexión de conformidad con la Ley

General de Telecomunicaciones.

!

Artículo 74.- Obligaciones Generales del Titular del Título Habilitante. Sin

perjuicio de cualesquiera otras obligaciones impuestas bajo la Ley General de

Telecomunicaciones o cualesquiera otras disposiciones legales o reglamentarias, u otras

obligaciones contraídas de manera particular en el respectivo título habilitante, su titular

estará obligado a:

a. Prestar los servicios autorizados, de manera continua, de acuerdo a los

términos, condiciones y plazos establecidos en la ley, este Reglamento, el

respectivo título habilitante y las resoluciones que al efecto dicte la SUTEL;

b. Cumplir con los requisitos económicos, técnicos y jurídicos mínimos que hayan

sido requeridos por la SUTEL y en virtud de los cuales se le haya otorgado el título

habilitante, así como cumplir con cualesquiera otros requisitos establecidos por la

SUTEL;

c. Cumplir los planes técnicos fundamentales, reglamentos y las normas técnicas

establecidas por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y por la

SUTEL;

d. Cumplir con el plan mínimo de expansión de los servicios previstos en su título

habilitante, en los plazos establecidos, pudiendo la empresa justificar su

incumplimiento por causa justificada y solicitar una revisión del mismo a la

SUTEL, que evaluará la existencia de causa justificada y determinará la

procedencia de esta solicitud;

46

e. Permitir el acceso e interconexión a sus redes de todos los equipos, interfaces y

aparatos de telecomunicación, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la

ley y su reglamentación, y permitir el libre acceso a los servicios que mediante

ellas se presten, en condiciones transparentes y no discriminatorias;

f. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la privacidad de las

telecomunicaciones.

g. Pagar oportunamente los cánones, tasas y demás obligaciones establecidos en

la ley o en su respectivo título habilitante;

h. Cooperar con la SUTEL en el uso eficiente de los recursos escasos;

i. Admitir como cliente o usuario final, de manera no discriminatoria, a todas las

personas que lo deseen y respetar los derechos de los usuarios finales;

j. Suministrar a la SUTEL, en el plazo requerido, las informaciones y datos

fidedignos que ésta les solicite, concernientes a la actividad que presta;

k. Proteger los derechos de los usuarios asegurando eficiencia, igualdad,

continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura, mayor y mejor información, y más

y mejores alternativas en la prestación de los servicios.

l. Las redes públicas deberán ser diseñadas de conformidad con condiciones

técnicas, jurídicas y económicas que permitan su acceso e interconexión.

m. Presentar a la SUTEL los informes y documentación que ésta requiera con las

condiciones y la periodicidad que ésta indique y que sea indispensable para el

cumplimiento de las atribuciones y obligaciones que se establecen en la ley.

!

47

Artículo 75.- Obligaciones generales de los operadores o proveedores importantes.

La SUTEL podrá imponer las siguientes obligaciones a los operadores y proveedores

importantes:

a. Hacer pública la información que la SUTEL solicite la cual deberá ser

suficiente, clara, completa y precisa.

b. Mantener contabilidades de costos separadas para cada servicio, de acuerdo a

los reglamentos.

c. Abstenerse de realizar las prácticas monopolísticas señaladas en el régimen

sectorial de competencia correspondiente o en la Ley nº 7472. Ley de Promoción

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

d. Someterse al régimen tarifario correspondiente.

e. Dar libre acceso a sus redes y a los servicios que por ellas presten, en forma

oportuna y en condiciones razonables y no discriminatorias a los prestadores y

usuarios de servicios de telecomunicaciones, a los generadores y receptores de

información y a los proveedores y usuarios de servicios de información.

f. Proporcionar a otros operadores y proveedores servicios e información de la

misma calidad y en las mismas condiciones que la que proporciona a sus filiales o

asociados y a sus propios servicios.

g. Facilitar el acceso oportuno a sus instalaciones esenciales y poner a disposición

de los operadores y proveedores información técnica relevante en relación con

estas instalaciones, así como cumplir con las obligaciones propias del régimen de

acceso e interconexión.

h. Abstenerse de divulgar o utilizar indebidamente la información de competidores

adquiridas al proveer interconexión, arrendamiento o acceso a sus instalaciones

esenciales.

48

i. Ofrecer acceso a los elementos de red de manera desagregada y en términos,

condiciones y a tarifas orientadas a costos, que sean razonables, no

discriminatorias y transparentes, para el suministro de servicios de

telecomunicaciones disponibles al público.

j. Suministrar una Oferta de Interconexión por Referencia (OIR), suficientemente

desglosada, que contenga los puntos de acceso e interconexión y demás

condiciones técnicas, económicas y jurídicas, que sirvan como marco de referencia

para el establecimiento de acuerdos de interconexión o resoluciones de la SUTEL.

La OIR deberá ser aprobada por la SUTEL, la cual podrá efectuar modificaciones,

enmiendas o aclaraciones para el cumplimiento de los principios y objetivos de

este Reglamento.

En circunstancias debidamente justificadas la SUTEL podrá imponer estas obligaciones

a otros operadores de redes públicas y proveedores de servicios de telecomunicaciones

disponibles al público.

!

CAPÍTULO II

Uso y diseño de redes públicas de telecomunicaciones

Artículo 76.- Declaratoria de interés público. Se considera como actividad de interés

público el establecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de

redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos.

Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones podrán convenir entre sí la

utilización conjunta o el alquiler de sus redes.

!

Artículo 77.- Derechos de paso y uso en conjunto de infraestructuras físicas. La

SUTEL garantizará el derecho de los operadores al uso conjunto o compartido de las

canalizaciones, ductos, postes, torres, estaciones y demás instalaciones requeridas para

la instalación y operación de las redes públicas de telecomunicaciones y para la

provisión de servicios de telecomunicaciones disponibles al público; así como la colocalización

de equipos.

El uso conjunto o compartido de infraestructuras y la co-localización será regulado en

forma transparente, objetiva, equitativa y no discriminatoria, de forma que se asegure la

competencia efectiva y la optimización y aprovechamiento de los recursos.

Las condiciones del uso conjunto o compartido de instalaciones y la co-localización

serán establecidas de común acuerdo por los operadores de conformidad con la Ley

49

General de Telecomunicaciones, los reglamentos, planes técnicos y demás disposiciones

emitidas por la SUTEL, según corresponda.

La SUTEL intervendrá de oficio o a petición de parte para resolver las diferencias o

controversias que se presenten. El uso conjunto o compartido de estas instalaciones y la

co-localización tendrán en cuenta condiciones de factibilidad económica y técnica y

estará sujeto a un pago a favor del titular, el cual deberá considerar una utilidad en

términos reales, no menor a la media de la industria nacional o internacional, en este

último caso con mercados comparables.

!

Articulo 78.- Sobre infraestructuras comunes en edificaciones. Sobre las

infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de

telecomunicaciones, tienen como objetivos esenciales: por una parte, garantizar el

derecho de todos los ciudadanos a acceder a los diferentes servicios de

telecomunicaciones, a través del operador autorizado de su elección, dotando a los

edificios de unas infraestructuras apropiadas que lo permitan, promoviendo para ello el

uso compartido de dichas infraestructuras, que el nivel de calidad de las mismas sea el

adecuado y regulando la actividad del sector de instaladores; y, por otra parte, procurar

que todos los operadores de servicios dispongan de derechos equitativos de uso de

dichas infraestructuras, que les permitan tener acceso a sus potenciales clientes.

La SUTEL podrá emitir las normas técnicas necesarias para el uso de las

infraestructuras comunes de telecomunicaciones y el acceso a los servicios de

telecomunicaciones en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de

equipos y sistemas de telecomunicaciones, que aprueba, entre otros aspectos, las normas

técnicas que deben cumplir las instalaciones para los diferentes servicios de

telecomunicaciones, y fija los derechos y obligaciones de los operadores y propietarios

de los inmuebles en relación con las citadas infraestructuras.

!

Artículo 79.- Expropiación forzosa o imposición de servidumbres. Las autoridades

titulares del dominio público permitirán la instalación de redes públicas de

telecomunicaciones en los bienes de uso público, todo conforme a la normativa vigente

para las áreas públicas de protección ambiental, denominadas patrimonio natural del

Estado, así como la evaluación de impacto ambiental de las obras, proyectos o

actividades que lo requieran. Los operadores de estas redes deberán cubrir los costos,

los eventuales daños y perjuicios que puedan ocasionar la construcción y operación de

las redes y cancelar un arrendamiento cuyo valor será fijado por Tributación Directa.

Los operadores de las redes públicas de telecomunicaciones podrán instalar dichas redes

en la propiedad privada, previo acuerdo con el propietario del inmueble respectivo.

Cuando el operador de redes públicas de telecomunicaciones y el propietario o poseedor

del bien de dominio privado, no llegaran a un acuerdo respecto al traspaso o afectación

del inmueble; el operador de la red podrá recurrir al Ministerio rector para que

promueva el proceso de expropiación forzosa o de imposición de la servidumbre.

50

Para este fin, se declaran de interés público los bienes inmuebles que por su ubicación

sean necesarios a juicio del Ministerio, para el establecimiento de redes públicas de

telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos. Estos bienes inmuebles podrán

ser expropiados conforme a la Ley de Expropiaciones, nº 7495, del 3 de mayo de 1995

y quedarán a nombre del Estado.

Para promover el proceso de expropiación forzosa o la imposición de servidumbres el

Ministerio deberá valorar que no existan otras alternativas técnica o económicamente

viables para el operador de la red. Con este fin, solicitará el criterio de la

Superintendencia de Telecomunicaciones.

!

Artículo 80.- Plazo para la instalación del equipo. Para proceder a la instalación de

los equipos e iniciar la prestación del servicio, el titular se ajustará al plazo fijado en el

respectivo título.

!

Artículo 81.- Prórroga para la instalación. No obstante lo dispuesto en el artículo

anterior, el Poder Ejecutivo o la SUTEL, según corresponda podrán otorgar una única

prórroga para iniciar la prestación del servicio cuando concurra alguno de los siguientes

supuestos:

a. Cuando el concesionario solicite por escrito, antes del vencimiento del plazo

otorgado para la instalación y adjunte certificación de un contador público

autorizado, que demuestre que se han realizado inversiones mayores al 50% del

total requerido para el funcionamiento del sistema solicitado, previo dictamen de la

SUTEL.

b. Cuando de conformidad con el criterio técnico de la SUTEL sea imprescindible

hacer ajustes o modificaciones en el sistema.

c. Cuando concurran circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito la SUTEL

enviará un funcionario a las instalaciones para verificar la situación y procederá a

recomendar la prórroga correspondiente. Si en un plazo de treinta días naturales no

resuelve la petición del concesionario, se entenderá que la prórroga ha sido

otorgada.

!

CAPÍTULO III

De la inspección de las redes de telecomunicaciones

51

Artículo 82.- Inspección. Con el objeto de garantizar la integridad y calidad de las

redes y servicios de telecomunicaciones, así como las demás obligaciones que se

impongan a través de la Ley General de Telecomunicaciones y sus respectivos títulos

habilitantes, la SUTEL podrá inspeccionar las condiciones de uso y explotación de las

redes y servicios de telecomunicaciones, así como los demás equipos, aparatos e

instalaciones. De igual manera, corresponderá a la SUTEL la inspección de las redes de

radiodifusión y televisión cuando estas sirvan de soporte para ofrecer servicios de

telecomunicaciones.

Los funcionarios de la SUTEL, en el ejercicio de sus funciones inspectoras, serán

considerados autoridad pública y podrán solicitar el apoyo necesario de la fuerza

pública. Los operadores y proveedores estarán obligados a permitir a los inspectores el

acceso a sus instalaciones y además que dichos funcionarios lleven a cabo el control de

los elementos afectos a las redes o servicios y de los documentos que deban tener.

A los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones que presten

el servicio en forma ilegítima, se les aplicarán las obligaciones establecidas en los

párrafos anteriores, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y

penales correspondientes. La SUTEL podrá efectuar cualquier acción directa de

supervisión, verificación, inspección o vigilancia con respecto a los operadores y

proveedores, quienes están obligados a prestarle total colaboración, para facilitar las

labores que le faculta la Ley General de Telecomunicaciones.

!

Artículo 83.- Acuse de instalación e inspección. Una vez instalada la red, el

interesado notificará a la SUTEL a fin de que en un plazo no mayor de treinta (30) días

naturales realice las inspecciones respectivas y compruebe que la instalación se ajusta a

lo autorizado en el título habilitante. En caso de comprobarse que no reúne los

requisitos de instalación, se procederá a formular las recomendaciones técnicas y se

fijará nueva fecha para realizar inspección dentro de los siguientes treinta (30) días

naturales.

!

Artículo 84.- Instalación y modificación de las redes. La instalación y modificación

de las redes de telecomunicación estarán sujetas a los requisitos técnicos establecidos en

el contrato de concesión, el presente reglamento y la legislación vigente. Para tal efecto,

forman parte de la concesión los planos y demás documentos que hayan sido

presentados por el interesado para solicitar el uso y explotación del espectro

radioeléctrico.

!

Artículo 85.- Mantenimiento de los servicios. El mantenimiento de los servicios de

telecomunicaciones, debe realizarse de tal manera que garantice el funcionamiento

correcto y acorde con el servicio prestado, sin que cause problemas o interferencias a

otros servicios o concesionarios, ni represente un riesgo extremo para la integridad

física del personal de mantenimiento e inspección o para terceras personas.

!

52

Artículo 86.- Señalización de torres. Los proyectos de ubicación y altura de la

estructura que constituya o soporte al sistema de transmisión o recepción, observarán lo

previsto en los reglamentos y disposiciones administrativas necesarias y demás

disposiciones aplicables y, de ser necesario, deberán obtener las autorizaciones que se

trate.

Las torres de las estaciones de telecomunicación, deberán cumplir con las señales

preventivas y demás requisitos para la navegación aérea, según establece la

Organización de Aviación Civil Internacional O.A.C.I.

!

Artículo 87.- Autorización de equipo auxiliar. La autorización de un transmisor

auxiliar estará sujeta a los siguientes requisitos:

a. Que el propietario de radiocomunicación demuestre la necesidad de dicho

equipo.

b. El transmisor auxiliar será instalado en una ubicación alterna al transmisor

principal donde no se altere la zona de cobertura, se ajustará a su frecuencia y a su

modo de operación.

c. El transmisor auxiliar estará sujeto a las condiciones técnicas establecidas en

este reglamento, según el tipo de servicio, y funcionará exclusivamente cuando se

presenten desperfectos en el transmisor principal.

d. Se podrá autorizar la instalación y operación de un transmisor auxiliar, en el

lugar que así sea solicitado, en la misma frecuencia y modo de operación, de

conformidad con las características técnicas aprobadas, el cual podrá ser puesto en

funcionamiento cuando la SUTEL lo considere necesario.

!

Artículo 88.- Inspección de los servicios. Con el objeto de vigilar el funcionamiento

de los servicios y sus instalaciones y equipos, la SUTEL practicará las visitas que

considere pertinentes. Para facilitar la función de inspección, el titular deberá mostrar

durante tales visitas de inspección los siguientes documentos:

a. Autorización para operar el sistema.

53

b. Instructivos de los equipos y materiales con que constan las instalaciones del

sistema.

c. Copia del certificado del técnico responsable.

!

Artículo 89.- De las irregularidades encontradas durante las inspecciones. Toda

irregularidad encontrada por los inspectores durante las inspecciones que se efectúen,

será notificada por la SUTEL al titular, para que se realicen las correcciones necesarias

dentro de un plazo, que en ningún caso podrá ser menor de 48 horas, ni podrá exceder

de treinta (30) días naturales. En caso de que ésta sea perjudicial, SUTEL ordenará la

suspensión inmediata de la transmisión del equipo causante de la interferencia hasta la

corrección de la irregularidad. Si el concesionario no acatara las indicaciones de la

SUTEL, se informará al Poder Ejecutivo para que proceda a imponer las sanciones

correspondientes.

!

Artículo 90.- De las interferencias. Se entiende por interferencia toda señal

radioeléctrica u otro medio de emisión que comprometa, degrade, interrumpa, o impida

el funcionamiento de un servicio de telecomunicaciones que opere de acuerdo con las

características técnicas de título habilitante, este reglamento y la Ley General de

Telecomunicaciones.

La SUTEL investigará toda interferencia perjudicial, emanada de aparatos, motores,

vehículos e instalaciones eléctricas de cualquier clase, que encuentre durante las

inspecciones o que se le denuncie por escrito. En este último caso deberá apersonarse a

las instalaciones correspondientes a indagar sobre la denuncia, en un plazo no mayor de

veinticuatro horas, sin necesidad de previa notificación al titular. De igual manera,

SUTEL de oficio hará inspecciones periódicas para determinar la existencia de

interferencias en las frecuencias asignadas y procurar que el concesionario proceda a la

corrección.

!

Artículo 91.- Cambio de frecuencia por interferencia. El Poder Ejecutivo cambiará

la frecuencia otorgada, cuando por problemas de interferencia perjudicial no exista otra

alternativa. En tal supuesto se citará a las partes involucradas para que, dentro de los

siguientes treinta (30) días naturales, hagan valer sus derechos. En todo caso

prevalecerán los derechos del concesionario de mayor antigüedad, sin perjuicio de la

indemnización correspondiente de la otra parte por afectación de nombre y estrategias

de mercadeo.

!

Artículo 92.- Uso compartido de frecuencias. Para el uso de frecuencias la SUTEL

recomendará la asignación de estas en forma compartida, en una misma zona, para

aquellos sistemas que operen en simples o canal directo, cuyo número de estaciones, ya

54

sean fijas, móviles o portátiles, sea inferior a cinco unidades. El máximo de estaciones

que se autorizará a operar en una frecuencia compartida será de treinta. La SUTEL al

momento de hacer la recomendación asignará el número de tono correspondiente a cada

servicio.

Los adjudicatarios que compartan la misma frecuencia deberán de respetarse y

coordinar las operaciones de su sistema de comunicación, evitando de esta forma

ocasionarse interferencias. La SUTEL inspeccionará los servicios otorgados con

anterioridad a la vigencia de este reglamento a fin de determinar la utilización real de

las frecuencias. En caso de determinarse técnicamente la subutilización de las mismas,

la SUTEL recomendará al MINAET otorgarla en forma compartida. De comprobarse

que no está en uso la frecuencia, se recomendará la revocación de la concesión.

!

Artículo 93.- Obligatoriedad de aceptar y responder llamadas de socorro. Los

operadores, proveedores y usuarios de telecomunicaciones están obligados a aceptar con

prioridad absoluta las llamadas y mensajes de socorro, cualquiera que sea su origen y a

responder en la misma forma a dicho mensaje, dándoles inmediatamente el debido

curso. La estación que emita señales de socorro, urgencia, seguridad e identificación

que sean falsas o engañosas, serán sancionadas conforme la ley

!

Artículo 94.- Identificación de las transmisiones. Todas las transmisiones deben ser

identificadas por medio de los distintivos de llamada asignados, debiendo hacerlo como

mínimo una vez cada hora, utilizando para ello, en lo posible una de las siguientes

formas:

a. Señales vocales, utilizando modulación simple de amplitud o de frecuencia.

b. Señales de códigos internacionales.

c. Alguna otra, de las formas recomendadas por la SUTEL.

En lo posible, las señales de identificación se transmitirán automáticamente. En el caso

de los radioaficionados, cada cambio deberá identificarse al principio y final de cada

transmisión.

!

Artículo 95.- De los indicativos. Como medio de identificación las estaciones

transmisoras de Radiodifusión Sonora y Televisiva usarán el prefijo TI, seguido de dos

55

o tres letras asignadas por la SUTEL y los servicios de redes privadas o redes públicas

usarán el prefijo TE seguido de un dígito que será determinado por la localidad de la

estación y dos o tres letras que serán asignadas por la SUTEL. Los dígitos serán

asignados de acuerdo a cada zona, de la siguiente forma:

Provincia de San José 2

Provincia de Cartago 3

Provincia de Heredia 4

Provincia de Alajuela 5

Provincia de Limón 6

Provincia de Guanacaste 7

Provincia de Puntarenas 8

Isla del Coco 9

!

TÍTULO IV

Servicios de radiodifusión y televisión

CAPÍTULO I

Servicios de radiodifusión y televisión

56

Artículo 96.- Servicios de radiodifusión y televisión. El aprovechamiento de la

radiodifusión sonora y televisiva, por sus aspectos informativos, culturales y

recreativos, constituye una actividad privada de interés público. El otorgamiento de

concesiones y la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión continuarán

rigiéndose por lo dispuesto en la Ley de Radio nº 1758, sus reformas y este reglamento.

A la SUTEL le corresponderá realizar las actividades y los estudios necesarios para

preparar el concurso de la concesión y recomendarle al Poder Ejecutivo el otorgamiento

o no de estas concesiones.

Los servicios de radiodifusión sonora o televisiva definidos en el presente artículo, son

los de acceso libre; estos se entienden como servicios de radiodifusión sonora o

televisión convencional, de programación comercial, educativa o cultural, que pueden

ser recibidos libremente por el público, en general, sin pago de derechos de suscripción,

y sus señales se transmiten en un solo sentido a varios puntos de recepción simultánea.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, las redes que sirvan de soporte a los

servicios de radiodifusión y televisión, quedan sujetas a la Ley General de

Telecomunicaciones en lo dispuesto en materia de planificación, administración y

control del espectro radioeléctrico, acceso e interconexión y al régimen sectorial de

competencia.

Cuando los proveedores de servicios de radiodifusión y televisión se encuentren

habilitados tecnológicamente para prestar servicios de telecomunicaciones por medio de

sus redes, deberán sujetarse a las regulaciones previstas en el presente reglamento. Para

prestar servicios de telecomunicaciones deberán contar con el respectivo título

habilitante y cumplir los requisitos legales y administrativos que para ello se requiera.

!

SECCIÓN I

Disposiciones generales del servicio de radiodifusión

Artículo 97.- Clasificación según su naturaleza. Las disposiciones de este capítulo

son para todos los servicios de radiodifusión en general de conformidad con la siguiente

clasificación de estaciones:

a. Estaciones comerciales: Son aquellas que se dedican a la explotación lucrativa

permanente de propaganda comercial, por medio de programas musicales,

literarios, científicos, deportivos, noticiosos, de entretenimiento o de otro género

que revista un interés general para el público.

b. Estaciones culturales: Son aquellas que el Ministerio de Cultura, Juventud y

Deportes califique como tales, cuya programación está destinada a difundir

únicamente contenidos educativos, religiosos y /o culturales, que sean formativos e

57

informativos de la persona humana, así como tecnológicos, transmitiendo

conocimientos y conductas que promuevan los valores sociales y personales.

c. Estaciones internacionales de onda corta: Son aquellas radioemisoras

comerciales o culturales que operan en las bandas internacionales de onda corta,

siendo sus programas especialmente para la audición en el extranjero.

!

Artículo 98.- Clasificación según el servicio prestado. Las estaciones radiodifusoras

se clasifican así:

a. Servicios de radiodifusión comercial sonora.

b. Servicios de radiodifusión comercial de televisión.

c. Servicios de radiodifusión cultural sonora.

d. Servicios de radiodifusión cultural de televisión.

!

Artículo 99.- Tiempo mínimo de transmisión. Las estaciones al servicio de

radiodifusión sonora y televisiva deberán cumplir con un mínimo de transmisión de

doce horas diarias, debiendo notificar a la SUTEL su horario.

!

Artículo 100.- Prestación del servicio. Los servicios de radiodifusión se prestarán de

acuerdo con las normas técnicas internacionales sobre dicha materia, la Ley de Radio, el

Reglamento al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias y el presente reglamento.

!

Artículo 101.- Utilización de las frecuencias. Las frecuencias de radiodifusión se

explotarán de acuerdo a las siguientes reglas:

a. Las frecuencias destinadas al servicio de la radiodifusión sonora no podrán ser

utilizadas como enlaces de ninguna clase.

58

b. Los concesionarios de frecuencias para el servicio de radiodifusión sonora se

sujetarán a lo establecido en el Reglamento al Plan Nacional de Atribución de

Frecuencias y para cumplir con la cobertura que les corresponda, podrán utilizar

uno o más transmisores en la misma frecuencia para cubrir aquellas zonas no

abarcadas por la emisora matriz, pero todas las transmisiones se alimentarán

necesariamente con la misma programación.

c. Las frecuencias otorgadas son para una zona de cobertura dada, que puede ser

regional o todo el territorio nacional, según estudio que realizará la SUTEL de

acuerdo a los medios técnicos de propagación y a la señal mínima de protección

establecida. Las radiodifusoras que operan en la actualidad conforme a derecho,

mantendrán la cobertura real de sus transmisiones. La SUTEL realizará mediciones

periódicas de intensidad de campo para su comprobación.

d. Con fundamento en razones de orden técnico o de interés general, el Poder

Ejecutivo previo informe de la SUTEL y audiencia al interesado, dispondrá el

cambio o variación de las frecuencias asignadas. Así mismo, previo informe

técnico de la SUTEL, se adjudicarán en forma compartida las frecuencias de

conformidad con su área de cobertura.

e. Deben explotarse de acuerdo a su naturaleza y según se determina en este

Reglamento.

Queda absolutamente prohibido el uso de una frecuencia de radiodifusión sonora en la

misma banda como repetidora de cualquier radioemisora dentro de la misma zona de

cobertura, salvo los casos en que se enlacen para transmitir un programa en específico.

!

SECCIÓN II

Operación e instalación de los servicios de radiodifusión sonora

Artículo 102.- Operación e instalación. La operación e instalación deberá ajustarse en

todo a lo establecido en el contrato de concesión, en este Reglamento, el Plan Nacional

de Atribución de Frecuencias, en la Ley, y a los lineamientos internacionales de la

materia adoptados por Costa Rica mediante tratados o convenios debidamente

ratificados.

59

!

Artículo 103.- Ajustes en los equipos. Los concesionarios de estas frecuencias deben

realizar en sus equipos todos los ajustes necesarios para no afectar otros servicios de

telecomunicaciones.

!

Artículo 104.- Carga resistiva para prueba. La carga artificial que se utiliza para

pruebas de comportamiento del equipo, y para ajustes, debe contar con una instalación

de tipo permanente y el intercambio de líneas a carga artificial debe realizarse mediante

interruptores, desconectadores o relevadores que no causen pérdidas o desajustes en el

equipo.

!

Artículo 105.- Mediciones rutinarias y pruebas de comportamiento. Para que las

estaciones de radiodifusión presten un servicio de óptima calidad, se deberá evaluar la

calidad de las emisiones, efectuando a los equipos transmisores, las mediciones

rutinarias para comprobar que se cumple con la presente norma. En lo referente a las

pruebas de comportamiento, deben efectuarse como mínimo, una vez al año y con el

transmisor ajustado a su funcionamiento normalizado, de acuerdo con los parámetros

asignados por la SUTEL, la cual podrá solicitar a las estaciones la realización de

pruebas de comportamiento adicionales. Los parámetros asignados por la SUTEL

deberán ser publicados en el Registro Nacional de Telecomunicaciones.

!

Artículo 106.- Instrumentos de medición. Para controlar el funcionamiento de una

estación de radiodifusión, todo concesionario deberá contar con los siguientes

instrumentos de medición:

a. Instrumentos de escala lineal: La longitud de la escala será tal que facilite

tomar las lecturas. Las escalas tendrán al menos 40 divisiones. La lectura normal

de los medidores durante la operación, se debe encontrar en el tercer cuadrante de

su escala. Los instrumentos de medición deben instalarse sobre los tableros de tal

forma que se de protección a la vida e integridad humanas.

b. Instrumentos de escala no lineal: Deben llenar los requisitos especificados

para los medidores de escala lineal. El total de la escala del medidor no será mayor

que 3 veces la lectura mínima de operación.

c. Instrumentos de tipo especial: Se podrán emplear instrumentos para tomar

lecturas desde un punto remoto, siempre que reúnan los siguientes requisitos. Las

lecturas en las escalas de instrumentos serán iguales a los valores medidos

60

directamente. Deben satisfacerse todos los requisitos establecidos para los

instrumentos de medición.

Cuando se cuente con instrumentos remotos para tomar las lecturas, se contará con

puntos de medición directa para intercalar un instrumento de medición auxiliar.

Cuando los medidores de corriente, emplean derivados o sistemas de partérmico, estos

deben tener la capacidad suficiente para trabajar en forma adecuada con la corriente

normal de operación, no siendo aceptable que se alteren o modifiquen para variar su

operación nominal. En el caso de las antenas alimentadas en paralelo, el medidor de

corriente de línea de transmisión a la salida del transmisor, puede considerarse como un

medidor remoto de la corriente de la antena, siempre que la línea de transmisión termine

directamente en el círculo de acoplamiento, el cual debe emplear sólo elementos serie

de sintonización. Se permite la instalación de instrumentos o dispositivos de medición

de tipo especial, siempre que no modifiquen el funcionamiento de los equipos y estén

autorizados por la SUTEL.

!

Artículo 107.- Ubicación del sistema radiador. El lugar para la instalación de los

equipos deberá escogerse de tal forma que proporcione transmisión en una trayectoria

de línea de vista al área que se pretenda servir, considerando la potencia aparente

radiada y la altura de la antena del radiador, a fin de que cumpla con los valores de

intensidad mínima en la población principal por servir establecidos en el Plan Nacional

de Atribución de Frecuencias.

El sistema en el cual vaya a instalarse la estación y el sistema radiador de la misma, será

elegido haciendo las siguientes consideraciones:

a. La antena receptora de un enlace o traslador deberá estar localizada dentro de

las áreas que contengan un contorno de intensidad de campo de referencia como el

señalado en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.

b. La antena transmisora debe situarse tan cerca del equipo transmisor como sea

posible, para reducir la longitud de la línea de transmisión y con esto las pérdidas

de potencia consecuentes.

c. Debe considerarse la existencia de campos de radiofrecuencia que incidan en el

sitio en donde se pretende instalar el equipo transmisor de radiodifusión sonora o

de televisión, para prever que dichos campos afecten tanto la recepción de dicho

equipo, como que produzcan efectos indeseables sobre el área por servir.

61

d. Debe tomarse en cuenta que el sitio sea accesible durante todo el año para

facilitar el mantenimiento, la inspección y operación del equipo.

e. La elección del sitio se hará de acuerdo con el propósito de la estación, es decir,

según se quiera proporcionar servicio a una ciudad pequeña, área metropolitana o

una gran región.

f. Ubicación cercana a otras estaciones: Cuando el sistema radiador vaya a

ubicarse a una distancia muy próxima de otras estaciones del servicio de

radiodifusión, se analizará que no haya interferencia debida a productos de

intermodulación y otros efectos perjudiciales. El mismo procedimiento se realizará

para todos los casos en que existan instalaciones de otros servicios de

telecomunicaciones en áreas cercanas.

g. Ubicación ideal: Es deseable que el sitio donde vaya a instalarse el sistema

radiador quede localizado tan cerca como sea posible del centro geométrico del

área por servir, consistente con la posibilidad de encontrar el sitio con la suficiente

elevación, así como conseguir con esto el agrupamiento de las estaciones de

televisión para que se facilite la recepción de todas ellas.

h. Orientación del diagrama de radiación de la antena de los sistemas direccionales

de antenas: Cualquier sistema direccional de antena debe instalarse en forma tal

que su diagrama quede orientado en el espacio, de manera que la máxima potencia

se radie hacia el área principal por servir.

i. Formas de obtención del diagrama de radiación de antena: El diagrama de

radiación de antenas direccionales que inicialmente se determine analíticamente,

deberá comprobarse posteriormente por medición directa.

!

Artículo 108.- Estructura para la instalación de varias antenas transmisoras.

Cuando una estructura se use en forma común para instalar dos o más antenas

transmisoras de estaciones de radiodifusión sonora, de televisión, o de cualquier otro

servicio distinto al de radiodifusión, se debe realizar un estudio técnico y práctico por

parte de la SUTEL de no interferencia que muestre satisfactoriamente la supresión de

interferencia entre las estaciones involucradas, así como el cumplimiento de todas las

características de radiación autorizadas para cada una de ellas.

!

62

Artículo 109.- Características técnicas de los equipos. Los equipos transmisores

deben reunir las características que se indican a continuación:

a. Será necesario que los equipos transmisores utilizados cuenten con filtros pasa

bajos. No obstante, si se causan interferencias a la recepción de otras estaciones

autorizadas por la emisión de la banda lateral inferior fuera del canal, deberán ser

atenuadas hasta que la interferencia desaparezca.

b. Los convertidores de frecuencia y amplificadores asociados deben estar

diseñados de tal forma que las características eléctricas de las señales que se

reciban, no sean alteradas al pasar a través de los circuitos, excepto en el cambio de

frecuencia y la amplitud, en el caso de trasladores. La respuesta de los aparatos no

debe variar en más de 4 dB cuando el equipo trabaja a su potencia normal.

c. Los aparatos estarán equipados con medidores adecuados o puntos de medición

para tomar lecturas de voltaje o corriente del paso final de RF.

d. El equipo debe ser instalado en gabinetes a fin de que sean protegidos contra

fenómenos atmosféricos.

e. Los efectos de intermodulación que pudieran generarse en los equipos deben

ser eliminados de la transmisión para que estos no constituyan una fuente potencial

de interferencias.

f. Debe asegurarse que los circuitos del equipo mantengan su estabilidad en

condiciones lineales para toda la gama de intensidades de señales a fin de prevenir

suspensiones de radiación debido a una operación no lineal y oscilación en

cualquier paso amplificador, así como contar con los respectivos filtros de

supresión o atenuación de espurias y armónicas.

g. El aislamiento entre los circuitos de entrada y salida, incluyendo los sistemas

de antena receptora y transmisora debe ser al menos 20 dB mayor que la máxima

ganancia de los equipos.

63

h. Cuando el equipo trabaje a su potencia normal, la amplitud de la señal de audio

puede atenuarse, si se necesita, para reducir al máximo los efectos de

intermodulación o eliminar interferencia entre las señales de imagen y sonido.

!

Artículo 110.- Tolerancia en frecuencia. El oscilador local debe mantener la

estabilidad de la frecuencia de operación dentro de 0.02% de la frecuencia central de la

portadora asignada.

!

Artículo 111.- Radiaciones no esenciales. Las emisiones tales como productos de

intermodulación y armónicas de radiofrecuencia no esenciales para la transmisión de la

información que se presenten en frecuencias a más de 3 MHz arriba o abajo de los

límites superior e inferior del canal asignado, no deben ser superiores a 5 miliwatts.

Se evitará que dichas emisiones ocasionen interferencia a la recepción directa de

cualquier frecuencia o en canal adyacente, o en aquellos otros equipos de

telecomunicación autorizados, ya sea reduciendo la emisión o por cualquier otro medio

técnico.

!

Artículo 112.- Parámetros de operación de las repetidoras. La asignación de

frecuencia para las estaciones repetidoras en la zona de sombra donde no tenga

cobertura la emisora matriz, lo hará El Poder Ejecutivo de acuerdo a los estudios que

efectúe la SUTEL, en cada caso particular. Los equipos no deberán radiar señales de

ninguna otra estación que no sea la autorizada, ni se asignará señal de identificación

individual a cada equipo, sirviendo la transmisión principal de identificación.

!

Artículo 113.- Potencia. La potencia de los equipos de la estación principal, de la

estación repetidora para la zona de sombra y estaciones de baja potencia, será la que

determine la SUTEL, en función a su ubicación con respecto del contorno protegido de

la estación principal, los cuales se sujetarán a lo establecido, en su caso, a los Convenios

correspondientes. En todos los casos, la potencia se limitará a la necesaria para cubrir la

zona a servir. Respecto a otras características de las emisiones, se aplicará lo establecido

en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias y este Reglamento.

!

Artículo 114.- Requisitos de seguridad para protección de la vida humana y del

equipo. El personal que opera y mantiene las estaciones del servicio de radiodifusión

sonora o de televisión, deberá desarrollar sus actividades en condiciones de seguridad

tales, como, pero no limitado a: que se dé cumplimiento a los aspectos normativos

vigentes, relacionados con ruido ambiental, temperatura, iluminación, exposición

excesiva a campos de radiofrecuencia, campos de radiaciones ionizantes, sistemas de

tierra, tensiones y corrientes eléctricas, descargas atmosféricas, protección contra

incendios, etc.

64

El equipo empleado para la operación de la estación de televisión, deberá cumplir con

los requisitos de seguridad que establecen las disposiciones normativas aplicables. En

todo caso serán obligatorias para todos los concesionarios las siguientes normas de

seguridad:

a. Los equipos de transmisión deben operar en condiciones ambientales

adecuadas e incluir en sus circuitos, sistemas de control, protección y señalización

que garanticen su correcto funcionamiento y a la vez otorgue seguridad a la vida e

integridad humanas.

b. Con objeto de impedir que las diferentes tensiones de operación del circuito que

se puedan aplicar en forma simultánea al equipo, los sistemas de arranque

(interruptores automáticos, arrancadores, etc.) deberán conectarse constituyendo

una secuencia inalterable cuyo orden sucesivo se determinará de acuerdo con las

características del equipo.

c. Los equipos o dispositivos empleados al efectuar reparaciones en el transmisor,

deben de cumplir con los requisitos de seguridad, tanto para la vida humana como

para los mismos equipos.

!

Artículo 115.- Restricción del uso de una frecuencia o canal de televisión. Queda

absolutamente prohibido el uso de una frecuencia para el servicio de radiodifusión

sonora o un canal de televisión en la misma banda como repetidora de cualquier canal

dentro de la misma zona de cobertura, salvo los casos en que se enlacen para transmitir

un programa en específico.

!

SECCIÓN III

Servicio de radiodifusión televisiva

Artículo 116.- Instrumentos de comprobación. Las estaciones de radiodifusión de

televisión deben contar con los siguientes instrumentos de comprobación y en

condiciones de operar en cualquier momento:

a. Generador o generadores de señales de pruebas de escalera, ventana, tren de

oscilaciones múltiples, seno cuadrado y sincronismo.

65

b. Generador de barras de color.

c. Monitor de Amplitud y fase de la crominancia de las señales de Vídeo.

d. Analizador de banda lateral o generador de barrido.

e. Monitor de forma de onda.

f. Procesador de vídeo.

g. Medidor de frecuencia.

h. Indicador de nivel de entrada de audio al transmisor.

i. Monitor de modulación de audio.

j. Monitor o monitores de vídeo y audio para señales monocroma y de color.

k. Dispositivo para generar señales patrón.

l. Medidores de tensión y de corriente en el paso final de RF de vídeo, de audio y

reflectómetro, instalados permanentemente en el transmisor.

m. Carga artificial con vatímetro y conmutador.

n. Medidor de tensión de línea de corriente alterna.

66

o. Filtro de paso de banda alta (3.58 MHz).

!

Artículo 117.- Medidores e instrumentos indispensables para el funcionamiento de

una estación de radiodifusión de televisión. Todas las estaciones deben contar con los

siguientes medidores y estar en condiciones de correcta operación:

a. Medidor de tensión de la línea de alimentación alterna con conmutador entre

fases.

b. En todos los casos, el amplificador final de radiofrecuencia tendrá medidores

para las tensiones y corrientes, indispensables para determinar la potencia de

operación.

c. En el caso de diseños especiales, el número de medidores o dispositivos de

medición lo fijará la SUTEL.

d. La instalación de los medidores podrá ser sobre el tablero del transmisor.

e. Debe contarse con un medidor o medidores de corriente de radiofrecuencia en

la entrada del acoplador y en el punto de alimentación de la antena o antenas,

tratándose de sistemas direccionales, adicionalmente en el punto común de

alimentación.

!

Artículo 118.- Equipo de señalización. El equipo de señalización utilizado dependerá

de las necesidades de las transmisiones que vayan a realizarse. En el caso de

transmisiones de tipo internacional, podrá coordinarse tomando en consideración el

encaminamiento de la señal.

Cuando se haga uso de segmentos espaciales deberá de hacerse a través del ente

respectivo, sin embargo, en forma general, quedarán sujetos a las recomendaciones de la

Unión Internacional de Telecomunicaciones.

!

Artículo 119.- Características de las señales de vídeo y audio. La formación de la

señal de vídeo, las cámaras, controles de cámara, generadores de pulsos de sincronismo,

equipo de reproducción de tipo magnético, óptico o de película, efectos de vídeo y en

67

general todo el equipo empleado en la estación, deberán ajustarse en forma tal, que en

conjunto, cumplan con las normas que a continuación se citan:

a. Para la señal monocroma debe emplearse el sistema denominado «M», de

acuerdo a la clasificación que establece la Unión Internacional de

Telecomunicaciones, del CCIR, Ginebra, Suiza de 1974.

b. Para señal de color, debe emplearse el sistema denominado «M/NTSC», de

acuerdo con las recomendaciones del CCIR, Ginebra, Suiza de 1974.

c. Los aparatos deben incluir circuitos automáticos que mantengan constante

dentro de 2 dB la potencia de cresta de salida cuando la intensidad de la señal, de

entrada está variando sobre un margen de 30 dB y asegurar que la potencia de

salida no exceda la potencia nominal.

!

Artículo 120.- Señales para prueba y control. El intervalo comprendido entre los

últimos 12 microsegundos de la línea número 17, hasta la línea número 20 del intervalo

de borrado vertical de cada campo, puede ser empleado para las transmisiones de

señales de prueba, sujetas a las condiciones siguientes:

a. La señal de prueba puede incluir señales usadas para proporcionar niveles de

referencia de modulación, de tal manera que las variaciones de intensidad de luz de

la escena, captada por la cámara, sean transmitidas fielmente; señales destinadas a

comprobar el funcionamiento de todo el sistema de transmisión o sus componentes

individuales, y las señales de entrada y control relacionadas con la operación de la

estación de televisión.

b. La modulación del transmisor de televisión por tales señales de prueba, debe

estar confinada a la zona comprendida entre el nivel blanco de referencia y el nivel

de supresión excepto cuando tales señales de prueba están compuestas por

frecuencias correspondientes a subportadora de crominancia, en cuyo caso sus

excursiones negativas pueden extenderse dentro de la región de amplitud de cresta

de sincronismo. En ningún caso las excursiones de modulación producidas por

señales de prueba pueden extenderse más del nivel de cresta del sincronismo.

68

c. El uso de señales de prueba no deberá dar por resultado degradaciones

apreciables de los programas de televisión difundidos por la estación, ni provocar

emisión de componentes espurias que excedan de las tolerancias establecidas para

las emisiones normales.

d. No deberán trasmitirse señales de prueba durante las porciones de cada línea

destinada al borrado horizontal.

e. Entre la última señal de prueba y el principio de la primera línea de

exploración, deberá mantenerse siempre un intervalo de protección no menor de

media línea.

f. La línea número 19 de cada campo, podrá ser utilizada de la señal de referencia

de cancelación de fantasmas.

g. La línea número 21 del campo 2 podrá ser utilizada para transmisiones

opcionales de subtitulaje restringido y otros tipos de información.

h. Los intervalos dentro del primero y los últimos diez microsegundos de las líneas

22 y 24 y de la 260 a la 262 (sobre la base un campo) pueden contener patrones

codificados para el propósito de identificación electrónica de los programas de

radiodifusión de televisión y de sus anuncios. Ninguna transmisión de tales

patrones codificados debe exceder en un segundo de duración.

i. La transmisión de estos patrones no debe ocasionar degradación de las

transmisiones de radiodifusión.

!

Artículo 121.- Teletexto. Para la explotación de este servicio se deberá usar el

intervalo de supresión de trama utilizando de las líneas 10 a 21 y de la 273 a 284.

!

Artículo 122.- Señales de telemetría y alerta. Se puede emplear el multiplaje de la

portadora de audio para transmitir señales de telemetría y de alerta desde la ubicación de

un transmisor móvil remoto al punto de control de una estación de radiodifusión,

debiéndose sujetar a las siguientes condiciones:

69

a. No deben ocasionarse degradaciones a las señales de vídeo y audio.

b. El uso del multiplaje no debe producir emisiones fuera del canal de televisión

autorizado.

c. El multiplaje se limita al uso de una subportadora única.

d. La modulación máxima de la portadora de audio producida por la subportadora

no debe exceder al 10% del máximo grado de modulación.

e. El multiplaje de la portadora de audio no ocasionará que los niveles de ruido a

la salida del sistema de transmisión excedan a los especificados en la parte

correspondiente a normas de emisión, nivel de ruido para modulación en

frecuencia y modulación en amplitud.

f. La frecuencia instantánea de la subportadora utilizada para modular la

portadora de audio, estará comprendida dentro de la gamma de 20 a 50 KHz.

!

Artículo 123.- Áreas de cobertura. La Estación de Televisión es una estación de

servicio de radiodifusión constituida por un transmisor y sus instalaciones accesorias

requeridas, para la emisión de señales de vídeo y audio, las que según su zona de

cobertura se clasifican de la siguiente forma:

a. Estación Regional de Televisión Clase 1: Es una estación que por su

ubicación y sus características de radiación, está destinada a servir a una región de

área relativamente grande dentro de la cual existen ciudades o núcleos importantes

de población y varios núcleos secundarios o zonas rurales, delimitada por el

contorno de isoservicio de 47 dBµV/m para los canales 2 al 6; 56 dBµV/m para los

canales 7 al 13 y de 64 dBµV/m para los canales 14 al 69. En todo caso, esos

núcleos importantes de población o ciudades principales dentro de la región,

deberán tener un servicio de calidad tal, que queden incluidas dentro de los

contornos de intensidad de campo de 74 dBµV/m para los canales 2 al 6; de 77

dBµV/m para los canales 7 al 13 y de 80 dBµV/m para los canales del 14 al 69.

70

b. Estación Semiregional de Televisión Clase II: Es una estación que por su

ubicación y sus características de radiación está destinada a servir una zona que

comprenda a una ciudad y a las poblaciones circunvecinas a ella. Dentro de la zona

a servir, delimitada por el contorno de izo servicio de 47 dBµV/m para los canales

2 al 6; de 56 dBµV/m para los canales 7 al 13 y de 64 dBµV/m para los canales 14

al 69. En todo caso, esa ciudad o núcleo principal de población deberá tener un

servicio de calidad tal que queden incluidos dentro de los contornos de intensidad

de campo de 74 dBµV/m para los canales 2 al 6; de 77 dBµV/m para los canales 7

al 13 y de 80 dBµV/m para los canales 14 al 69.

c. Estación Local de Televisión Clase III: Es una estación que por su ubicación

y sus características de radiación está destinada a servir a una sola ciudad dentro de

la zona urbana, delimitada por un contorno de izo servicio de calidad tal que quede

incluida dentro de los contornos de intensidad de campo de 74 dBµV/m para los

canales 2 al 6; de 77 dBµV/m para los canales 7 al 13 de 80 dBµV/m para los

canales 14 al 69.

!

Artículo 124.- Estaciones repetidoras zona de sombra. Con el fin de que en aquellas

poblaciones o zonas pequeñas en las que por alguna causa no se reciba la señal con la

intensidad necesaria proveniente de una estación de origen, se podrán emplear equipos

que reciban a través del espacio la señal radiada por una estación de televisión, o a

través de otros equipos mediante enlace radioeléctrico, línea física, o vía satélite,

retransmitiéndola con la potencia mínima necesaria para que sea recibida directamente

en una población o la zona que se desee servir, siempre y cuando el contorno producido

por esta no rebase el contorno de 47 dBµV/ m para los canales 2 al 6, 56 dBµV/m para

los canales 7 al 13 y 64 dBµV/ m para los canales 14 al 69, del área de servicio

registrado por SUTEL de su estación principal.

!

Artículo 125.- Contornos de intensidad de campo. A continuación se dan los valores

específicos de las intensidades medias de campo para las señales del servicio de

televisión, correspondientes a cada estación, según la banda de frecuencias de que se

trate. Los contornos de intensidad de campo 47, 56 y 64 dBµV/m, marcados con (1) en

la tabla de intensidad de campo, corresponden a los contornos protegidos de la estación;

los de 68, 71 y 74 dBµV/m, marcados con (2) en la siguiente tabla se refieren a la señal

de referencia para cada grupo de canales, dentro de la que se pueden ubicar sistemas de

retransmisión de baja potencia, como son los mini transmisores, trasladores o

amplificadores, con el objeto de cubrir zonas difíciles o de nula recepción y los

contornos de intensidad de campo 74, 77 y 80 dBµV/m, marcados con (3) en la tabla, se

refieren a la señal mínima dentro de la cual debe quedar comprendida la ciudad

principal a servir.

71

TABLA INTENSIDAD DE CAMPO TV.

2 AL 6 7 AL 13 14 AL 69

dBµV/m V/m dBµV/m V/ m dBµV/m V/m

74(3) 5011 77(3) 7080 80(3) 10000

68(2) 2511 71(2) 2458 74(2) 5011

47(1) 224 56(1) 631 64(1) 1585

!

Artículo 126.- De la televisión digital. El Ministerio de Ambiente, Energía y

Telecomunicaciones, otorgará permiso temporal de uso del canal de televisión que esté

libre en una determinada zona, a los actuales concesionarios que así lo soliciten para

realizar pruebas en el sistema digital, una vez realizada la transición definitiva a digital

deberá devolver al Estado el canal autorizado para pruebas.

!

SECCIÓN IV

Del contenido de la programación y de los anuncios comerciales

De la programación y de los anuncios comerciales

Artículo 127.- Del origen de los anuncios comerciales. Para los efectos del

artículo 11 de la Ley 1758, se consideran nacionales los anuncios comerciales que

hayan sido producidos y editados en el país. También se consideran nacionales

aquellos comerciales provenientes del área centroamericana con quien exista

reciprocidad en la materia, y que vengan amparados por un formulario aduanero

firmado por el exportador, que contenga la declaración de origen y certificado de

producción de la Dirección de Integración Económica del país respectivo.

El Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones no considerará como

nacional aquellos comerciales provenientes del área centroamericana que no

comprueben el origen de su producción por medio de la certificación anteriormente

indicada. Para tal efecto, toda la documentación deberá ser autenticada por la

autoridad consular respectiva.

(Reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo nº 34916 del 1° de diciembre de

2008).

!

72

Artículo 128.- De la autorización para la transmisión de anuncios comerciales.

Para la autorización de difusión de un anuncio comercial fílmico, o corto fílmico deberá

presentar una solicitud firmada por el anunciante o por un representante de su agencia

de publicidad donde indique lo siguiente:

a. Nombre del anunciante.

b. Nombre de la agencia de publicidad.

c. Nombre de la empresa productora, indicando su domicilio social.

d. Nombre del producto anunciado.

e. Versión del comercial.

f. Duración en segundos.

g. Medio de telecomunicaciones en el que se difundirá.

h. Nombre y nacionalidad del o los locutores.

i. Nombre y nacionalidad del productor musical.

j. Adjuntar copia del anuncio comercial en formato digital.

En caso de anuncios comerciales de origen costarricense, declarar bajo juramento que el

corto sometido para aprobación cumple con este criterio, bajo responsabilidad del

firmante en caso de falsedad.

73

Cuando se trate de comerciales de origen extranjero, la solicitud deberá acompañarse

por los documentos que certifique que el impuesto correspondiente ha sido debidamente

cancelado. Los anuncios radiales de origen extranjero deberán someterse al

procedimiento aquí establecido.

!

Artículo 129.- Del control de la transmisión de anuncios comerciales. El

Departamento de Radio del Ministerio de Ambiente, Energía y

Telecomunicaciones velará para que la transmisión de anuncios comerciales se

sujete a lo establecido en la Ley , y el presente reglamento. Para tal efecto, el

Departamento podrá solicitar a las estaciones de radio y televisión, tomar copia de

sus pautas diarias de programación y anuncios para que sean remitidas a este

Ministerio en un plazo de tres (3) días hábiles, contado a partir del día hábil

siguiente a aquel en que se recibe luego del apercibimiento. Para estos efectos, las

estaciones de radio y televisión deberán conservar en sus archivos copias de las

pautas diarias de programación por lo menos durante un plazo de treinta (30) días

calendario.

(Reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo nº 34916 del 1° de

diciembre de 2008).

!

Artículo 130.- Del ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente capítulo no se

aplican a empresas de televisión cuando sean únicamente retransmisoras de anuncios

comerciales pautados en el extranjero, y los reciban directamente del satélite como parte

de señales.

!

SECCIÓN V

De los locutores

Artículo 131.- Del registro de locutores para anuncios comerciales.

Para efectos de la aplicación del artículo 11 de la Ley N º 1758, los

locutores de anuncios comerciales nacionales o extranjeros para cine,

radio y televisión, deberán registrarse en el Departamento de Radio del

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. No se autorizará la

difusión de aquellos comerciales en los cuales el locutor no esté registrado

como lo estipula este reglamento.

Las solicitudes para registro como locutor de comerciales debe hacerse

en papel tamaño carta con tres copias, expresando lo siguiente:

a. Fecha.

74

b. Nombre completo.

c. Número de cédula de identidad o de residencia.

d. Domicilio.

e. Número de teléfono.

f. Dos fotografías.

g. Firma debidamente autenticada.

h. Timbre del Colegio de Abogados.

Además de lo anterior, será necesario presentar una certificación en la

que se demuestre: a) tres años de experiencia en el ramo de locución; o b)

que se ha realizado estudios de capacitación en esa materia; y c) en los

casos excepcionales demostrar por suficiencia que se puede desempeñar

esa función en el Departamento de Radio del Ministerio de Ambiente,

Energía y Telecomunicaciones. Las certificaciones provenientes del

extranjero sobre estudios de capacitación en esta materia, deben estar

debidamente autenticadas por la Autoridad Consular respectiva.

(Reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo nº 34916 del 1° de

diciembre de 2008).

!

Artículo 132.- De las sanciones. La inobservancia de cualquier obligación de las

contenidas en este Título, facultará al Departamento de Radio del Ministerio de

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones para iniciar proceso administrativo para el

cobro de la multa establecida en artículo 11, inciso h) de la Ley N º 1758, el cual será

cobrado por cada vez que se incumpla la disposición.

(Reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo nº 34916 del 1° de diciembre de

2008).

!

CAPÍTULO II

Del servicio de televisión y audio por suscripción

SECCIÓN I

Generalidades

75

Artículo 133.- Alcances. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley

8642 Ley General de Telecomunicaciones será de aplicación lo dispuesto en esta

normativa a los servicios de televisión o audio por suscripción, cuando para la

prestación del servicio requieran del uso del espectro radioeléctrico. En el caso de

transmisión de televisión inalámbrica los concesionarios procurarán brindar este

servicio a la totalidad del territorio nacional, o bien ciudades o núcleos importantes de

población. Para la transmisión de video y audio asociado o de audio a través de una red,

no será necesaria la concesión cuando tenga exclusivamente fines de comunicación

interna y no sean objeto de comercialización directa o indirecta, siempre que no

contravenga disposiciones técnicas y normativas vigentes en materia de

telecomunicaciones.

!

Artículo 134.- De la concesión. Para la prestación del servicio de televisión y audio

por suscripción deberá obtenerse la concesión del caso conforme lo establece el artículo

12 de la Ley 8642 Ley General de Telecomunicaciones otorgada por el Poder Ejecutivo

y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Nombre y calidad del solicitante de la concesión. Si se tratare de personas

físicas deberá indicar el número de cédula de identidad o cédula de residencia. En

caso de personas jurídicas el solicitante deberá acreditar su personería mediante

certificación, la cual deberá contener las citas de inscripción de la compañía,

número de cédula jurídica, plazo social y el nombre del o de los representantes

judiciales y extrajudiciales de la sociedad.

2. Cuando para la prestación del servicio en la transmisión de la señal hasta el

usuario final se requiera de frecuencias del espectro radioeléctrico, además de los

requisitos aquí establecidos deberá indicar lo siguiente:

a. Banda de frecuencia solicitada.

b. Indicar las coordenadas geográficas del lugar de ubicación de los equipos

transmisores.

c. Indicar la potencia solicitada.

d. Sistema de radiación o propagación.

76

e. Zona de cobertura deseada.

f. Características técnicas del transmisor y lugar en que desea ubicarlo.

g. Tipo de antena que pretende instalar.

h. Clase de polarización de la señal recibida o radiada.

i. Aportar prospectos que contengan las principales características técnicas de

los equipos a utilizar, los cuales deberán de ajustarse a las normas técnicas de

homologación establecidas.

j. Planos de las zonas de cobertura.

k. Plan de inversiones detallado por etapas y determinado cronológicamente.

l. Indicar el tipo de línea de transmisión utilizada entre el transmisor y la

antena.

m. Nombre y firma del técnico o ingeniero que se hará responsable de la

instalación y mantenimiento del sistema.

3. Declaración jurada que se cuentan con los contratos de la programación a

transmitir o comercializar en estricto apego a la normativa que rige la propiedad

intelectual.

4. Lugar para oír notificaciones del solicitante o representante legal.

77

5. Estado civil, dirección exacta del domicilio y número telefónico del solicitante.

6. Firma del solicitante o representante legal autenticada por un notario.

7. Lugar y fecha de la solicitud.

8. Adjuntar fotocopia de todos los documentos.

!

Artículo 135.- De la verificación, supervisión e información. Los concesionarios

estarán obligados a permitir el acceso a sus instalaciones a los funcionarios de la

SUTEL, así como a otorgarles la información y facilidades para que realicen sus

funciones en términos de ley.

!

Artículo 136.- Extensión del derecho de la concesión. La concesión que otorgue el

Poder Ejecutivo, en ningún caso otorgarán derechos de exclusividad a los

concesionarios.

!

Artículo 137.- Ampliación de cobertura. Los titulares de la concesión que preste

servicios de televisión inalámbrica informarán a la SUTEL sobre las ampliaciones de

cobertura, cuando se encuentre al corriente en el programa previsto en su título de

concesión.

!

Artículo 138.- Contenido del servicio. Para los sistemas terrestres de televisión

integrados por suscripción, los concesionarios deberán incluir dentro de su

programación los canales costarricenses de televisión que tengan cobertura en por lo

menos un sesenta por ciento del territorio nacional, excluyendo la Isla del Coco, que

cumpla con por lo menos catorce horas mínimas de transmisión diaria, que la recepción

de la señal cumpla con los requisitos de señal mínima establecidas en el presente

Reglamento, que tengan índices de audiencia aceptables y cuenten con los derechos de

transmisión correspondientes.

!

Artículo 139.- Interferencia. La operación del servicio de televisión o audio por

suscripción no deberá interferir o distorsionar la señal o ser obstáculo, en forma alguna,

para la transmisión o recepción de otros servicios de telecomunicaciones.

78

!

Artículo 140.- Reservas al servicio de televisión por suscripción. Los servicios de

televisión por suscripción, transmitirán en forma íntegra, sin modificaciones,

incluyendo la publicidad de los canales nacionales que transmitan.

!

Artículo 141.- Restricciones al servicio de audio por suscripción. El servicio de

audio restringido no podrá incluir publicidad y únicamente podrá transmitir música, con

excepción de lo dispuesto en el presente reglamento. La recepción de señales por los

suscriptores sólo podrá efectuarse en aparatos fijos.

!

Artículo 142.- Suscriptores. Los concesionarios deberán crear y mantener actualizada

una base de datos de sus suscriptores, que incluya, lo siguiente:

a. El nombre y domicilio.

b. Los servicios contratados.

c. El registro de facturación y pagos.

!

SECCIÓN II

Operación e instalación de la red

Artículo 143.- De la instalación de la red. Las disposiciones de esta sección son

aplicables al servicio de televisión y audio por suscripción en el segmento que utilice el

espectro radioeléctrico a que se refiere la concesión otorgada por el Poder Ejecutivo, sin

perjuicio de las obligaciones que correspondan al concesionario, de conformidad con las

disposiciones aplicables, por la prestación de otros servicios de telecomunicaciones que

se proporcionen a través de la misma red, para los cuales deberá obtener la autorización

o permiso respectivo según las disposiciones vigentes en materia de

telecomunicaciones.

!

Artículo 144.- Operaciones. El concesionario, deberá informar a la SUTEL el inicio

de las operaciones. Los concesionarios que utilicen el espectro radioeléctrico mediante

la transmisión de la señal para la prestación del servicio de televisión o audio por

suscripción, en el entendido que ésta no se trate del servicio de televisión por cable,

fibra óptica o directa por satélite, sólo podrán cambiar la ubicación del centro de

transmisión con la autorización previa de la SUTEL, tal solicitud deberá ser resuelta en

un plazo no mayor de 60 días naturales.

79

Los concesionarios que presten el servicio por cable, o fibra óptica, únicamente deberán

informar por escrito a la SUTEL sobre la ubicación del centro de recepción con al

menos treinta (30) días naturales de anticipación.

La SUTEL podrá ordenar el cambio de ubicación del centro de transmisión y control, o

modificaciones a su instalación, si se observan interferencias a servicios de

telecomunicaciones establecidos con anterioridad.

!

Artículo 145.- Estaciones de música ambiente. Son aquellas que están destinadas a la

transmisión exclusiva de música, mediante el sistema de suscripción dentro de un área

de cobertura determinada, haciendo uso de ondas radioeléctricas. Este servicio

solamente podrá ser brindado en las frecuencias que se establecen en el Plan Nacional

de Atribución de Frecuencias. La de señal de radio frecuencia podrá ser monoaural con

un ancho de banda de CIENTO OCHENTA Kilo Hertz (180 KHz), o estereofónica con

un ancho de banda de TRESCIENTOS kiloHertz, y una excursión máxima de más

menos SETENTA Y CINCO kiloHertz (± 75 KHz). La polarización de la antena deberá

ser vertical. Lo anterior no aplicará para cuando se utilice la señal complementaria en la

banda de 88-108 MHz para la transmisión de música ambiente.

!

SECCIÓN III

De la programación

Artículo 146.- Contenido de la programación. La programación que se difunda a

través de las redes, procurará contribuir con la integración familiar, al desarrollo

armónico de la niñez, al mejoramiento de los sistemas educativos, a la difusión de

nuestros valores cívicos, artísticos, históricos y culturales, y al desarrollo sustentable.

!

Artículo 147.- Información sobre programación. El concesionario que preste los

servicios de televisión por suscripción deberá informar previamente a los suscriptores

los títulos de los programas y su clasificación, según las normas que al efecto establecen

las empresas que originan la señal. Dicha información podrá ser suministrada mediante

guías impresas o mediante dispositivos dentro del mismo sistema que informen sobre la

programación con anticipación a la transmisión del espacio correspondiente.

Cuando el concesionario modifique la distribución en su red de los canales que

transmite, deberá informar a sus suscriptores, con una antelación mínima de diez días

naturales, la identificación de las señales que ofrece y el número de canal

correspondiente a cada una de ellas en el equipo terminal. Las modificaciones en la

distribución de canales, deberán informarse por parte de los concesionarios al Ministerio

de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, dentro de los diez (10) días naturales

siguientes a la fecha en que las realicen.

80

!

Artículo 148.- Programación con restricción. Los concesionarios estarán en la

obligación de tener a disposición de sus suscriptores la información necesaria para, de

acuerdo con la tecnología disponible, bloquear discrecionalmente la señal. Asimismo

brindarán la asistencia necesaria para la instalación e implementación de estos sistemas

a los suscriptores que los adquieran.

!

TÍTULO V

Disposiciones finales

CAPÍTULO I

Registro Nacional de Telecomunicaciones

Artículo 149.- Registro Nacional de Telecomunicaciones. La Superintendencia de

Telecomunicaciones establecerá y administrará el Registro Nacional de

Telecomunicaciones. La inscripción en este registro tendrá carácter declarativo y la

información que se constituya tendrá por objeto asegurar que el público tenga acceso a

información relativa a las redes y servicios de telecomunicaciones y garantizar la

transparencia en la labor de supervisión de la SUTEL.

!

Artículo 150.- Actos sujetos a Registro. Deberán inscribirse en el Registro Nacional

de Telecomunicaciones:

a) Las concesiones, autorizaciones y permisos otorgados para la operación de

redes de telecomunicaciones y para la prestación de servicios de

telecomunicaciones.

b) Las cesiones de las concesiones que se autoricen y los contratos que se

suscriban con los nuevos concesionarios.

c) Las concesiones de frecuencias de radiodifusión y televisión otorgadas.

81

d) La asignación de recursos de numeración.

e) Las ofertas de interconexión por referencia y los convenios, acuerdos y

resoluciones de acceso e interconexión.

f) Los convenios y las resoluciones relacionadas con la ubicación de equipos, colocalización

y uso compartido de infraestructuras físicas.

g) Los precios y tarifas y sus respectivas modificaciones.

h) Las normas y estándares de calidad de los servicios de telecomunicaciones, así

como los resultados de la supervisión y verificación de su cumplimiento.

i) Los contratos de adhesión que apruebe la SUTEL.

j) Los árbitros y peritos acreditados por la SUTEL.

k) Las sanciones impuestas con carácter firme.

l) Los reglamentos técnicos que se dicten.

m) Los convenios internacionales de telecomunicaciones suscritos por Costa Rica.

n) Convenios privados para el intercambio de tráfico internacional.

o) Los informes del Fondo Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

82

p) Los operadores y proveedores de los servicios de telecomunicaciones.

q) Cualquiera otro acto que disponga la SUTEL mediante resolución motivada que

se requiera para el buen cumplimiento de los principios de transparencia, no

discriminación y derecho a la información.

!

Artículo 151.- Boletín de SUTEL. La SUTEL tendrá un boletín público, cuya

publicación será periódica, conteniendo todos los títulos habilitantes otorgados dentro

del período transcurrido desde la última publicación así como toda resolución o decisión

emitida por la SUTEL para el período que le corresponda. El boletín deberá estar

disponible en la página que la SUTEL mantiene en la Internet.

!

Artículo 152.- Acceso al Registro y expedición de certificaciones. El Registro

Nacional de Telecomunicaciones será público. La información que se contenga será de

libre acceso para su consulta por cualquier persona que lo solicite. Podrá también

consultarse los archivos y libros registrales. A estos efectos, la SUTEL facilitará a los

interesados la consulta de los asientos por medios informáticos instalados en la oficina

del registro y, en su caso, a través de la página Web de la SUTEL. Cualquier persona

podrá solicitar certificaciones de los actos inscritos.

La expedición de certificaciones a instancia de parte dará lugar a la percepción de las

tasas correspondiente con arreglo a lo previsto en el Artículo 85 de la Ley de la

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

!

Artículo 153.- Confidencialidad de la información. Cualquier persona podrá, a sus

expensas, obtener una certificación de los actos mantenidos en el Registro Nacional de

Telecomunicaciones, salvo de aquella información que haya sido catalogada como

confidencial por la SUTEL de conformidad las disposiciones de la Ley General de

Telecomunicaciones y este Reglamento y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de

las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones y su Reglamento.

!

Artículo 154.- Modificación de los datos inscritos. Una vez practicada la primera

inscripción de un operador o proveedor, se consignarán en el Registro cuantas

modificaciones se produzcan respecto de los datos inscritos, tanto en relación con el

titular como con la red o servicio que se pretenda explotar o prestar.

A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el operador estará obligado a

comunicar a la SUTEL las modificaciones que se produzcan respecto de los datos

inscritos y a aportar la documentación que lo acredite fehacientemente. La

83

comunicación deberá realizarse en el plazo máximo de un quince (15) días desde el día

en que se produzca la modificación.

Cuando la modificación tenga su origen en un acto emanado del Ministerio de

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones o de la SUTEL, la inscripción se realizará de

oficio por esta última. A estos efectos, el Ministerio de Ambiente, Energía y

Telecomunicaciones remitirá a la SUTEL la correspondiente documentación.

En el caso de que la inscripción o sus modificaciones no pudieran practicarse por

insuficiencia de los documentos aportados por el interesado, se le requerirá para que los

complete en el plazo de 10 días hábiles

!

CAPÍTULO II

De las audiencias

Artículo 155.- De las audiencias. Para los asuntos indicados en este artículo, la

SUTEL convocará a audiencia, en la que podrán participar quienes tengan interés

legítimo para manifestarse sobre:

a. Las fijaciones tarifarias que se deban realizar de conformidad con la Ley

General de Telecomunicaciones.

b. La formulación y revisión de los reglamentos técnicos que se requieran para el

cumplimiento de los objetivos del marco regulatorio de las telecomunicaciones.

c. La formulación de estándares de calidad de las redes públicas y servicios de

telecomunicaciones disponibles al público.

d. La aprobación o modificación de cánones, tasas, contribuciones y derechos

relacionados con la operación de redes y la prestación de servicios de

telecomunicaciones.

e. Los demás casos previstos en el marco regulatorio de las telecomunicaciones.

84

El procedimiento de convocatoria para las audiencias se realizará conforme a los

artículos 36 y 73 inciso h) de Ley nº 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los

Servicios Públicos y este reglamento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 361

inciso 2 de la Ley General de la Administración Pública respecto de las instituciones

descentralizadas.

!

Artículo 156.- Objetivo de las audiencias. El procedimiento de las audiencias tiene

como objetivo crear un mecanismo justo, transparente, eficaz, eficiente, no

discriminatorio y abierto a la participación, a través del cual se da oportunidad a quienes

tengan interés legítimo para manifestarse, manifiesten su posición o expresen su opinión

sobre los puntos de interés consultados en audiencia.

!

Artículo 157.- Principios. El trámite de la audiencia pública, como procedimiento

administrativo que es, será regido por los siguientes principios:

1. Debido proceso en sentido adjetivo y sustantivo,

2. Publicidad,

3. Oralidad,

4. Congruencia,

5. Participación,

6. Informalismo,

7. Economía procedimental,

8. Imparcialidad e,

85

9. Impulso de oficio.

!

Artículo 158.- Supuestos. En los casos previstos legalmente se seguirá el trámite de

audiencia pública, regulado en el presente capítulo, debiéndose precisar en cada caso el

objeto y alcance que tendrá la respectiva audiencia pública. La audiencia pública, como

procedimiento, podrá desarrollarse en una sola o en varias etapas.

!

Artículo 159.- Publicación del asunto. La SUTEL realizará una publicación sucinta

pero comprensible en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional, y

otorgará un plazo de veinte (20) días naturales para que los interesados presenten sus

posiciones. En esta misma publicación se realizará la convocatoria a la audiencia

pública con al menos veinte (20) días naturales para su realización.

!

Artículo 160.- Contenido mínimo de la convocatoria. La convocatoria a la audiencia

deberá indicar al menos lo siguiente:

1. Objeto y alcance de la audiencia pública.

2. Lugar, día y hora de celebración.

3. Requisitos y documentos que deben aportar las personas que desean participar

para efectos de su identificación como interesados legítimos, y el plazo para

presentarlos.

4. Dependencia en la cual podrá examinarse o fotocopiarse la información

pertinente sobre el asunto.

5. Plazo y oficina en la cual deberán presentarse las oposiciones y medios

admisibles de hacerlas llegar.

!

86

Artículo 161.- Publicación de avisos y convocatorias. La Imprenta Nacional estará en

el deber de publicar dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción, los avisos

y convocatorias que le remita la SUTEL.

!

Artículo 162.- Partes, legitimación y personería. Quien desee ser parte en una

audiencia pública, debe presentar por escrito a la SUTEL, el planteamiento de su

oposición en el tema objeto de la audiencia, demostrar el derecho o interés legítimo que

invoque, acompañar la documentación que la sustente y ofrecer sus pruebas, así como

también indicar sus calidades y lugar para oír notificaciones. Los representantes de los

usuarios finales y usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones.

!

Artículo 163.- Pretensión.

a. Los interesados podrán oponerse o apoyar las oposiciones objeto de la

audiencia, mediante la presentación de escrito motivado, acompañado de la prueba

en que se fundamenten; se formulará por escrito y se podrá sustanciar oralmente.

b. Todas las oposiciones de las partes de la audiencia, conjuntamente con la

prueba ofrecida, deberán estar presentadas en el respectivo expediente dentro del

plazo de veinte (20) días naturales establecidos al efecto.

!

Artículo 164.- Copias. A los escritos y pruebas documentales presentadas, deberán

acompañarse tres copias fieles, salvo cuando se trate de cuadros, fotografías,

radiografías, cintas cinematográficas, discos, disquetes para computadora, grabaciones

magnetofónicas, y objetos muebles de similar naturaleza, de los que se presentará sólo

un original o una copia fiel.

!

Artículo 165.- Etapa de instrucción.

a. Convocada la audiencia pública, automáticamente comenzará la instrucción de

la misma a cargo de uno o más instructores designados por el Consejo de la

SUTEL. El Instructor podrá requerir la asistencia del personal de la SUTEL que

sea necesario.

b. La etapa de instrucción tiene por objeto realizar todos los trámites previos

necesarios para la efectiva realización de la audiencia y poner en conocimiento de

las partes y el público en general todos los hechos vinculados a la audiencia

pública.

!

87

Artículo 166.- Instructor.

a) El instructor tiene amplias facultades para:

1. Fijar plazos para el ordenamiento de las actuaciones.

2. Determinar los medios por los cuales se registrará la audiencia.

3. Decidir acerca de la legitimación de las partes, teniendo en cuenta el buen

orden del procedimiento de la audiencia pública.

4. Admitir pruebas propuestas por las partes o rechazarlas por irrelevantes o

inconsecuentes.

5. Introducir pruebas de oficio.

6. Todas las demás que sean conducentes para la tramitación del procedimiento.

b) Quienes no fueren admitidos como parte, podrán interponer todos los recursos

establecidos en la Ley General de la Administración Pública.

!

Artículo 167.- Informe de la instrucción. Al finalizar la instrucción el instructor

preparará un informe con indicación de las partes, una relación sucinta de las cuestiones

debatidas, las pruebas admitidas y el derecho a considerar en la audiencia pública y lo

elevará al Consejo de la SUTEL. Dicho informe estará a disposición de quien lo

requiera, con anterioridad a la celebración de la audiencia.

!

Artículo 168.- Director de la audiencia.

a) La audiencia pública será dirigida por el Director designado por el Consejo de

la SUTEL, sin perjuicio que dadas las situaciones del caso, él puede delegar la

dirección de la audiencia en alguno de los funcionarios idóneos de la SUTEL,

88

quien podrá requerir la asistencia del personal de la institución, que resulten

necesario.

b) Corresponde al Director de la audiencia:

1. Abrir el acto de la audiencia indicando a los presentes el modo como ésta se

desarrollará y dirigir el debate.

2. Dar oportunidad para la presentación de las alegaciones.

3. Procurar que la exposición de las partes, sea clara, precisa y breve.

4. Repreguntar a las partes y a los expertos y peritos que participan en el

procedimiento, a efecto de que se aclaren de la mejor manera los argumentos y

resulten debidamente expuestos los fundamentos en que se sustentan.

5. Ordenar que se levante el acta de la audiencia, que recoja los aspectos más

relevantes del debate, con referencia expresa a todas las oposiciones relativas al

objeto de la audiencia.

!

Artículo 169.- Informe del Director de la audiencia. El Director deberá rendir un

informe de la audiencia sobre el desarrollo de ésta. El informe bajo ninguna

circunstancia sustituye el acta que sobre la audiencia deberá levantarse. Dicho informe

deberá incorporarse al expediente.

!

Artículo 170.- Normas supletorias. La audiencia se regirá supletoriamente, en lo que

sea compatible, con las regulaciones del Libro Segundo de la Ley General de la

Administración Pública.

!

Artículo 171.- Entrega de los documentos sometidos a consulta. Los estudios y la

documentación que sustenta los asuntos sometidos a consulta y opinión de los

interesados, estarán a disposición del público, a partir de la fecha de la publicación de la

convocatoria, en la sede a la SUTEL y en la página Web a la SUTEL.

89

!

CAPÍTULO III

Cánones de telecomunicaciones

Artículo 172.- Canon de regulación. Cada operador de redes de telecomunicaciones y

proveedor de servicios de telecomunicaciones, deberá pagar un único cargo de

regulación anual que se determinará de conformidad con el artículo 82 de la Ley de la

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, nº 7593, de 9 de agosto de 1996 y sus

reformas. El Estado velará por que no se impongan cargas tributarias. El canon dotará

de los recursos necesarios para una administración eficiente, anualmente deberán rendir

cuentas del uso de recursos mediante un informe que deberá ser auditado.

!

Artículo 173.- Canon de reserva del espectro. Los operadores de redes y los

proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán cancelar, anualmente, un

canon de reserva del espectro radioeléctrico. Serán sujetos pasivos de esta tasa los

operadores de redes o proveedores de servicios de telecomunicaciones, a los cuales se

haya asignado bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, independientemente de

que hagan uso de dichas bandas o no.

El monto por cancelar por parte de los concesionarios será calculado por la SUTEL con

consideración de los siguientes parámetros:

a) La cantidad de espectro reservado.

b) La reserva exclusiva y excluyente del espectro.

c) El plazo de la concesión.

d) La densidad poblacional y el índice de desarrollo humano de su población.

e) La potencia de los equipos de transmisión.

90

f) La utilidad para la sociedad asociada con la prestación de los servicios.

g) Las frecuencias adjudicadas.

h) La cantidad de servicios brindados con el espectro concesionado.

i) El ancho de banda.

El objeto del canon es para la planificación, la administración y el control del uso del

espectro radioeléctrico. La recaudación de esta contribución no tendrá un destino ajeno

a la financiación de las actividades que le corresponde desarrollar a la SUTEL. En

octubre de cada año, el Poder Ejecutivo debe ajustar el presente canon, vía decreto

ejecutivo, realizando de previo el procedimiento participativo de consulta señalado por

la Ley General de Telecomunicaciones.

Cualquier ajuste que contravenga los criterios anteriores, será nulo y regirá el canon del

año anterior.

El monto por pagar por parte del contribuyente de este canon será determinado por éste

mediante una declaración jurada, correspondiente a un período fiscal año calendario. El

plazo para presentar la declaración y pago vence dos meses y quince días posteriores al

cierre del respectivo periodo fiscal. La administración de este canon se hará por la

Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, por lo que para este

canon resulta aplicable el Título III, Hechos Ilícitos Tributarios, del Código de Normas

y Procedimientos Tributarios. La Tesorería Nacional estará en la obligación de depositar

los dineros recaudados en una cuenta separada a nombre de la SUTEL, dentro de los

quince días naturales del mes siguiente a su ingreso a la Tesorería.

!

CAPÍTULO IV

Régimen sancionatorio

Artículo 174.- Potestad sancionatoria. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o

civil, a la SUTEL, le corresponde conocer y sancionar las infracciones administrativas

en que incurran los operadores o proveedores y también los que exploten redes de

telecomunicaciones o presten servicios de telecomunicaciones de manera ilegítima.

91

Para la determinación de las infracciones y sanciones a las que se refiere el presente

capítulo, se estará a lo dispuesto en el libro segundo de la Ley General de la

Administración Pública, nº 6227, de 2 de mayo de 1978, y sus reformas.

Asimismo, corresponde a la SUTEL la imposición de las medidas cautelares durante el

procedimiento, en los términos, condiciones y plazos establecidos en el artículo 66 de la

Ley 8642.

!

Artículo 175.- Clases de infracciones. Las infracciones en materia de

telecomunicaciones pueden ser muy graves o graves según lo establecido en el artículo

67 de la Ley 8642. Para la valoración y determinación de las sanciones correspondientes

en el caso de estas infracciones se estará a lo dispuesto en la Ley General de

Telecomunicaciones 8642 y los Reglamentos vigentes para cada Capítulo.

!

Artículo 176.- Sanciones por infracciones. Las infracciones descritas en la Ley 8642,

serán sancionadas conforme al artículo 68 de dicha Ley. La SUTEL aplicara las

sanciones por resolución fundada, en forma gradual y proporcionada, basada en los

criterios establecidos en el artículo 70 de la Ley 8642. Asimismo, la SUTEL deberá

respetar los principios del debido proceso, la verdad real, el impulso de oficio, la

imparcialidad y la publicidad, para lo que podrá prescindir de las formas jurídicas

adoptadas por los operadores o proveedores que no correspondan con la realidad de los

hechos investigados.

Para la determinación del ingreso bruto anual del infractor a que se hace referencia en

los incisos a) y b) del artículo 68, se estará a lo dispuesto en el artículo 5, siguientes y

concordantes de la Ley de Impuesto sobre la Renta, número 7092 del 19 de mayo de

1988 y sus reformas. Lo anterior sin perjuicio de la valoración correspondiente a la

pertenencia del infractor a un grupo económico en los términos del artículo 6 y 68 de la

Ley 8642.

Adicionalmente, la SUTEL podrá imponer como sanción en el caso de infracciones muy

graves que se refiere el inciso a) del artículo 67, el cierre de establecimientos y la

remoción de equipos, en lo términos en los términos del artículo 69 de la Ley 8642.

En lo dispuesto en materia de planificación, administración y control del espectro

radioeléctrico, acceso e interconexión y al régimen sectorial de competencia para los

servicios de radiodifusión y televisión previsto en el artículo 29 de la Ley 8642, le será

aplicable el régimen sancionatorio del Título V de la Ley 8642.

!

Artículo 177.- Prescripción. La prescripción de la responsabilidad administrativa

derivada de las infracciones contenidas en la Ley 8642 se regirá por las reglas descritas

en el numeral 71 de dicha Ley.

!

92

Artículo 178.- Cobro judicial. Los débitos constituidos en razón de las sanciones

establecidas en el marco de la Ley 8642, que no sean cancelados en sede administrativa,

se cobrarán judicialmente, conforme al artículo 72 de la Ley indicada.

!

Artículo 179.- Disposiciones transitorias.

I) En un plazo no mayor de seis (6) meses los equipos transmisores utilizados

deberán contar con filtros pasa bajos definidos en el artículo sobre las

características técnicas de los equipos de este reglamento.

II) (Derogado por el artículo 2 del decreto ejecutivo nº 34916 del 1° de

diciembre del 2008)

III) En tanto la Superintendencia de Telecomunicaciones no se encuentre

conformada, la Dirección de Telecomunicaciones de la ARESEP, recibirá y

tramitará las gestiones y actividades preparatorias que le corresponden a la

SUTEL, de conformidad con la Ley General de Telecomunicaciones y Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector

Telecomunicaciones.

!

Artículo 180.- Disposición derogatoria. Deróguese el Reglamento de

Radiocomunicaciones, Decreto nº 31608-G, del 24 de junio de 2004.

!

Artículo 181.- Vigencia. Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República a los veintidós días del mes de setiembre de dos

mil ocho.

 

 

01Ene/14

Legislación de Brasil. Resolução nº 59, de 9 de setembro de 2008

 

Disciplina e uniformiza as rotinas visando ao aperfeiçoamento do procedimento de interceptação de comunicações telefônicas e de sistemas de informática e telemática nos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário, a que se refere a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996. (Publicada no DJ-e, Edição 48/2008, do dia 12 de setembro de 2008)  Alterada pela Resolução nº 84, de 6 de julho de 2009.

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais,

 

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar e uniformizar o sistema de medidas cautelares sigilosas referentes às interceptações telefônicas, de informática ou telemática, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, tornando-o seguro e confiável em todo o território nacional;

 

CONSIDERANDO a necessidade de propiciar ao Magistrado condições de decidir com maior independência e segurança;

 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de preservar o sigilo das investigações realizadas e das informações colhidas, bem como a eficácia da instrução processual;

 

CONSIDERANDO dispor o Artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal ser  inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e nas formas que a Lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

 

CONSIDERANDO estipular o Artigo 1° da Lei nº. 9.296/96, o qual regulamentou o inciso XII, parte final, do Artigo 5° da Constituição Federal, que todo o procedimento nele previsto deverá tramitar sob segredo de justiça;

 

CONSIDERANDO a atribuição do Conselho Nacional de Justiça de zelar pela observância dos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, pela escorreita prestação e funcionamento do serviço judiciário, para isso podendo expedir atos regulamentares (Artigo 103-B, parágrafo 4°, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45/2004);

 

CONSIDERANDO, finalmente, que a integral informatização das rotinas procedimentais voltadas às interceptações de comunicações telefônicas demanda tempo, investimento e aparelhamento das instituições envolvidas;

 

 

RESOLVE:

 

 

 

CAPÍTULO ÚNICO. DO PROCEDIMENTO DE INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS E DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TELEMÁTICA

 

 

 

Seção I. Da distribuição e encaminhamento dos pedidos de interceptação

 

 

Artigo 1º.- As rotinas de distribuição, registro e processamento das medidas cautelares de caráter sigiloso em matéria criminal, cujo objeto seja a interceptação de comunicações telefônicas, de sistemas de informática e telemática, observarão disciplina própria, na forma do disposto nesta Resolução.

 

 

Artigo 2º.- Os pedidos de interceptação de comunicação telefônica, telemática ou de informática, formulados em sede de investigação criminal e em instrução processual penal, serão encaminhados à Distribuição da respectiva Comarca ou Subseção Judiciária, em envelope lacrado contendo o pedido e documentos necessários.

 

 

Artigo 3º.- Na parte exterior do envelope a que se refere o artigo anterior será colada folha de rosto contendo somente as seguintes informações:

 

I – «medida cautelar sigilosa»;

 

II – delegacia de origem ou órgão do Ministério Público;

 

III – comarca de origem da medida.

 

 

Artigo 4º.- É vedada a indicação do nome do requerido, da natureza da medida ou qualquer outra anotação na folha de rosto referida no artigo 3°.

 

 

Artigo 5º.- Outro envelope menor, também lacrado, contendo em seu interior apenas o número e o ano do procedimento investigatório ou do inquérito policial, deverá ser anexado ao envelope lacrado referido no artigo 3°.

 

 

Artigo 6º.- É vedado ao Distribuidor e ao Plantão Judiciário receber os envelopes que não estejam devidamente lacrados na forma prevista nos artigos 3° e 5° desta Resolução.

 

 

 

Seção II. Da rotina de recebimento dos envelopes pela serventia

 

 

Artigo 7º.- Recebidos os envelopes e conferidos os lacres, o Responsável pela Distribuição ou, na sua ausência, o seu substituto, abrirá o envelope menor e efetuará a distribuição, cadastrando no sistema informatizado local apenas o número do procedimento investigatório e a delegacia ou o órgão do Ministério Público de origem.

 

 

Artigo 8º.- A autenticação da distribuição será realizada na folha de rosto do envelope mencionado no artigo 3°.

 

 

Artigo 9º.- Feita a distribuição por meio do sistema informatizado local, a medida cautelar sigilosa será remetida ao Juízo competente, imediatamente, sem violação do lacre do envelope mencionado no artigo 3°.

 

Parágrafo único. Recebido o envelope lacrado pela serventia do Juízo competente, somente o Escrivão ou o responsável pela autuação do expediente e registro dos atos processuais, previamente autorizado pelo Magistrado, poderá abrir o envelope e fazer conclusão para apreciação do pedido.

 

 

Seção III. Do deferimento da medida cautelar de interceptação

 

 

Artigo 10.- Atendidos os requisitos legalmente previstos para deferimento da medida o Magistrado fará constar expressamente em sua decisão:

 

I – a indicação da autoridade requerente;

 

II – os números dos telefones ou o nome de usuário, e-mail ou outro identificador no caso de interceptação de dados;

 

III – o prazo da interceptação;

 

IV – a indicação dos titulares dos referidos números;

 

V – a expressa vedação de interceptação de outros números não discriminados na decisão;

 

VI – os nomes das autoridades policiais responsáveis pela investigação e que terão acesso às informações;

 

VII – os nomes dos funcionários do cartório ou secretaria responsáveis pela tramitação da medida e expedição dos respectivos ofícios, podendo reportar-se à portaria do juízo que discipline a rotina cartorária.

 

§ 1º. Nos casos de formulação de pedido verbal de interceptação (artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.296/96), o funcionário autorizado pelo magistrado deverá reduzir a termo os pressupostos que autorizem a interceptação, tais como expostos pela autoridade policial ou pelo representante do Ministério Público.

 

§ 2º. A decisão judicial será sempre escrita e fundamentada.

 

 

 

Seção IV. Da expedição de ofícios às operadoras

 

 

 

Artigo 11.- Os ofícios expedidos às operadoras em cumprimento à decisão judicial que deferir a medida cautelar sigilosa deverão ser gerados pelo sistema informatizado do respectivo órgão jurisdicional ou por meio de modelos padronizados a serem definidos pelas respectivas Corregedorias locais, dos quais deverão constar:

 

I – número do ofício sigiloso;

 

II – número do protocolo;

 

III – data da distribuição;

 

IV – tipo de ação;

 

V – número do inquérito ou processo;

 

VI – órgão postulante da medida (Delegacia de origem ou Ministério Público);

 

VII – número dos telefones que tiveram a interceptação ou quebra de dados deferida;

 

VIII – a expressa vedação de interceptação de outros números não discriminados na decisão;

 

IX – advertência de que o ofício-resposta deverá indicar o número do protocolo do processo ou do Plantão Judiciário, sob pena de recusa de seu recebimento pelo cartório ou secretaria judicial, e

 

X – advertência da regra contida no artigo 10 da Lei nº 9.296/96.

 

 

 

Seção V. Das obrigações das operadoras de telefonia

 

 

 

Artigo 12.- Recebido o ofício da autoridade judicial a operadora de telefonia deverá confirmar com o Juízo os números cuja efetivação fora deferida e a data em que efetivada a interceptação, para fins do controle judicial do prazo.

 

Parágrafo único.  A operadora indicará em ofício apartado os nomes das pessoas que tiveram conhecimento da medida deferida e os dos responsáveis pela operacionalização da interceptação telefônica, arquivando-se referido ofício em pasta própria na Secretaria ou cartório judicial.

 

 

 

Seção VI. Das medidas apreciadas pelo Plantão Judiciário

 

 

Artigo 13.- Durante o Plantão Judiciário as medidas cautelares sigilosas apreciadas, deferidas ou indeferidas, deverão ser encaminhadas ao Serviço de Distribuição da respectiva comarca, devidamente lacradas.

 

§ 1º. Não será admitido pedido de prorrogação de prazo de medida cautelar de interceptação de comunicação telefônica, telemática ou de informática durante o plantão judiciário, ressalvada a hipótese de risco iminente e grave à integridade ou à vida de terceiros.

 

§ 2º. Na Ata do Plantão Judiciário constará, apenas, a existência da distribuição de «medida cautelar sigilosa», sem qualquer outra referência, não sendo arquivado no Plantão Judiciário nenhum ato referente à medida.

 

 

 

Seção VII. Dos pedidos de prorrogação de prazo

 

 

 

Artigo 14.- Quando da formulação de eventual pedido de prorrogação de prazo pela autoridade competente, deverão ser apresentados os áudios (CD/DVD) com o inteiro teor das comunicações interceptadas, as transcrições das conversas relevantes à apreciação do pedido de prorrogação e o relatório circunstanciado das investigações com seu resultado.

 

§ 1º. Sempre que possível os áudios, as transcrições das conversas relevantes à apreciação do pedido de prorrogação e os relatórios serão gravados de forma sigilosa encriptados com chaves definidas pelo Magistrado condutor do processo criminal.

 

§ 2º. Os documentos acima referidos serão ser entregues pessoalmente pela autoridade responsável pela investigação ou seu representante, expressamente autorizado, ao Magistrado competente ou ao servidor por ele indicado.

 

 

 

Seção VIII. Do transporte de autos para fora do Poder Judiciário

 

 

 

Artigo 15.-  O transporte dos autos para fora das unidades do Poder Judiciário deverá atender à seguinte rotina:

 

I – serão os autos acondicionados em envelopes duplos;

 

II – no envelope externo não constará nenhuma indicação do caráter sigiloso ou do teor do documento;

 

III – no envelope interno serão apostos o nome do destinatário e a indicação de sigilo ou segredo de justiça, de modo a serem identificados logo que removido o envelope externo;

 

IV – o envelope interno será fechado, lacrado e expedido mediante recibo, que indicará, necessariamente, remetente, destinatário e número ou outro indicativo do documento; e

 

V – o transporte e a entrega de processo sigiloso ou em segredo de justiça serão efetuados preferencialmente por agente público autorizado.

 

 

Seção IX. Da obrigação de sigilo e da responsabilidade dos agentes públicos

 

 

 

Artigo 16.-  No recebimento, movimentação e guarda de feitos e documentos sigilosos, as unidades do Poder Judiciário deverão tomar as medidas para que o acesso atenda às cautelas de segurança previstas nesta norma, sendo os servidores responsáveis pelos seus atos na forma da lei.

 

Parágrafo único. No caso de violação de sigilo de que trata esta Resolução, o magistrado responsável pelo deferimento da medida determinará a imediata apuração dos fatos.

 

 

Artigo 17.-  Não será permitido ao magistrado e ao servidor fornecer quaisquer informações, direta ou indiretamente, a terceiros ou a órgão de comunicação social, de elementos contidos em processos ou inquéritos sigilosos, sob pena de responsabilização nos termos da legislação pertinente.

 

 

 

Seção X. Da prestação de informações sigilosas às Corregedorias-Gerais

 

 

Artigo 18.- Mensalmente, os Juízos investidos de competência criminal informarão às Corregedorias dos respectivos tribunais, preferencialmente pela via eletrônica, em caráter sigiloso:

 

I – a quantidade de interceptações em andamento;

 

II – a quantidade de ofícios expedidos às operadoras de telefonia;

 

Parágrafo único. As Corregedorias dos respectivos tribunais comunicarão à Corregedoria Nacional de Justiça, até o dia 10 do mês seguinte ao de referência, os dados enviados pelos juízos criminais.

 

 

 

Seção XI. Do acompanhamento administrativo pela Corregedoria Nacional de Justiça

 

 

Artigo 19.- A Corregedoria Nacional de Justiça exercerá o acompanhamento administrativo do cumprimento da presente Resolução.

Parágrafo único. Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça fixar a data de início da remessa das informações por parte das Corregedorias dos Tribunais.

 

 

 

Seção XII. Das disposições transitórias

 

 

Artigo 20.- O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá, conjuntamente com a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, estudos para implementar rotinas e procedimentos inteiramente informatizados, assegurando o sigilo e segurança dos sistemas no âmbito do Judiciário e das operadoras.

 

 

Artigo 21. O Conselho Nacional de Justiça avaliará, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), a eficácia das medidas veiculadas por meio da presente Resolução, adotando, se for o caso, outras providências para o seu aperfeiçoamento.

 

 

Artigo 22. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 

 

 

Brasília, 9 de setembro de 2008.

MINISTRO GILMAR MENDES, PRESIDENTE DO CNJ

01Ene/14

Legislacion Informatica de Union Europea. Resolución del Consejo, de 22 de marzo de 2007 , sobre una estrategia para una sociedad de la información segura en Europa

Resolución 2007/C 68/01 del Consejo, de 22 de marzo de 2007 , sobre una estrategia para una sociedad de la información segura en Europa (DO C 68 de 24.3.2007, pp. 1-4)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

ADOPTA LA PRESENTE RESOLUCIÓN Y SE CONGRATULA POR

La Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Una estrategia para una sociedad de la información segura. «Diálogo, asociación y potenciación», presentada el 31 de mayo de 2006.

DESTACA

La Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la lucha contra el spam, los programas espía y los programas maliciosos, presentada el 15 de noviembre de 2006.

RECUERDA

1. La Resolución del Consejo de 28 de enero de 2002 relativa a un enfoque común y a acciones específicas en materia de seguridad de las redes y de la información (1).

2. La Resolución del Consejo de 18 de febrero de 2003 sobre un enfoque europeo orientado hacia una cultura de seguridad de las redes y de la información (2).

3. Las Conclusiones del Consejo de 8 y 9 de marzo de 2004 relativas a comunicaciones no solicitadas de prospección comercial directa o «spam «y las Conclusiones del Consejo de 9 y 10 de diciembre de 2004 relativas a la lucha contra el «spam».

4. Las Conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2005 por lo que respecta a la renovación de la estrategia de Lisboa y las Conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2006, en las que insta a la Comisión y a los Estados miembros a aplicar resueltamente la nueva Estrategia i2010.

5. El marco reglamentario comunitario en el ámbito de las comunicaciones electrónicas (3) y, en particular, las disposiciones en relación con la seguridad, la protección de la intimidad y la confidencialidad de las comunicaciones, que han contribuido a garantizar un alto nivel de protección de los datos personales y de la intimidad de las personas y de la integridad y seguridad de las redes públicas de comunicación.

6. El Reglamento (CE) nº 460/2004, de 10 de marzo de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (4).

7. El Programa de Acciones de Túnez y el Compromiso de Túnez de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) ponen de manifiesto que hay que seguir luchando contra la ciberdelincuencia y el correo basura, al tiempo que se garantiza la protección de la intimidad y la libertad de expresión, y seguir promoviendo, desarrollando y aplicando en cooperación con todas las partes interesadas una cultura global en materia de seguridad informática.

8. Las conclusiones de la Presidencia de la Conferencia anual europea sobre la sociedad de la información: «i2010. Hacia una sociedad de la información europea omnipresente», que se celebró en Espoo, Finlandia, los días 27 y 28 de septiembre de 2006.

SUBRAYA A ESTE RESPECTO QUE:

1. Nuestras sociedades están cambiando rápidamente hacia una nueva fase de desarrollo, una sociedad de la información omnipresente, en la que las actividades cotidianas de los ciudadanos se basarán cada vez más en la utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) y en redes de comunicaciones electrónicas; la seguridad de las redes y de la información debe considerarse como un factor clave para que este desarrollo se lleve a cabo con éxito.

2. La confianza es un factor clave para el éxito de la nueva sociedad de la información; la confianza también está relacionada con las experiencias de los usuarios y con el deber de respetar su intimidad; por consiguiente, la seguridad de las redes y de la información no debe considerarse simplemente como un aspecto técnico.

3. La seguridad de las redes y de la información es un elemento fundamental en la creación del espacio europeo de información, que forma parte de la iniciativa i2010 y contribuye de esta forma al cumplimiento de la Estrategia renovada de Lisboa; las TIC son también un elemento clave de innovación, crecimiento económico y empleo en toda la economía.

4. Ya se están desarrollando las nuevas tecnologías que nos llevarán a la sociedad de la información omnipresente; la aparición de tecnologías pioneras (tales como redes inalámbricas de alta velocidad, dispositivos de identificación por radiofrecuencia, redes de sensores) y de servicios de alto contenido e innovadores (tales como la televisión por Internet, la telefonía Internet, la televisión móvil y otros servicios móviles) requieren niveles adecuados de seguridad de las redes y de la información ya desde el comienzo de la fase de desarrollo para que lleguen a tener realmente valor comercial; la rápida adopción de nuevas innovaciones prometedoras es muy importante para el desarrollo de la sociedad de la información y la competitividad de Europa; los organismos oficiales y las empresas deben adoptar las nuevas tecnologías y servicios emergentes en cuanto sean seguros desde el punto de vista práctico para acelerar su uso generalizado.

5. Para la UE es importante desde el punto de vista estratégico que la industria europea sea un usuario exigente y al mismo tiempo un proveedor competitivo de redes y de productos y servicios de seguridad; debe promoverse la diversidad, apertura e interoperabilidad como partes integrantes de la seguridad.

6. El conocimiento y las aptitudes en el ámbito de la seguridad de las redes y de la información deben pasar a formar parte de la vida cotidiana de cada persona y de las distintas partes interesadas de la sociedad; se han llevado a cabo campañas de sensibilización tanto a nivel nacional como de la UE, pero aún queda trabajo en este ámbito, en particular, por lo que se refiere a los usuarios finales y a las pequeñas y medianas empresas (PYME); deberá prestarse especial atención a los usuarios con necesidades específicas o escasamente concienciados con respecto a la seguridad de las redes y de la información; todas las partes interesadas deben ser conscientes de que forman parte de una cadena de seguridad global y deberían estar facultados para actuar como tales; temas relativos a la seguridad de las redes y de la información deberían incluirse en toda formación relacionada con las TIC.

7. La creación de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información ha sido un paso muy importante en los esfuerzos de la UE para responder a los retos que plantea la seguridad de las redes y de la información; el Reglamento (CE) nº 460/2004 define el ámbito de aplicación, los objetivos, las funciones y la duración de la Agencia.

8. Los recursos destinados a investigación y desarrollo (I+D) e innovación, tanto a nivel nacional como comunitario, constituyen uno de los elementos fundamentales para reforzar el nivel de seguridad de las redes y de la información de los nuevos sistemas, aplicaciones y servicios; debería intensificarse el esfuerzo a nivel europeo en los ámbitos de la investigación y la innovación en relación con la seguridad, en particular, a través del Séptimo programa marco y del Programa marco para la competitividad y la innovación; también habría que realizar esfuerzos en pro de medidas destinadas a la difusión y promoción de la explotación comercial de los resultados, incluida la evaluación de su utilidad para la comunidad en su conjunto, lo que contribuirá a mejorar la capacidad de los proveedores europeos para suministrar soluciones de seguridad que respondan a las necesidades específicas del mercado europeo.

9. La sociedad de la información omnipresente aporta grandes beneficios, pero supone al mismo tiempo un considerable reto y crea, por lo tanto, un nuevo entorno de riesgos potenciales; las amenazas a la seguridad y a la intimidad, incluso a través de la interceptación y explotación ilícitas de datos están siendo cada vez más graves, tienen objetivos más definidos y pretenden lograr un beneficio económico; las nuevas respuestas a las amenazas emergentes y ya existentes deben crearse de forma innovadora e incluir temas relacionados con la complejidad de los sistemas, errores, accidentes e instrucciones confusas; debe fomentarse más la creación y desarrollo a nivel nacional de organismos de respuesta a situaciones de emergencia en el ámbito informático dirigidos a las distintas partes interesadas así como la cooperación entre dichos organismos y con otras partes interesadas pertinentes.

10. La normalización y la certificación de productos, servicios y sistemas de gestión, en particular los suministrados por instituciones existentes, merece especial atención por parte de la política de la UE de seguridad de las redes y de la información como medio para difundir las buenas prácticas y profesionalidad en el ámbito de la seguridad de las redes y de la información; la adopción a su debido tiempo de posibles nuevas normas abiertas e interoperativas sería beneficioso, en particular, para las nuevas tecnologías emergentes tales como los dispositivos de identificación por radiofrecuencia y la televisión móvil; deberían estimularse las actividades de los organismos europeos de normalización en este ámbito.

11. Habida cuenta de que las redes y los sistemas de información electrónicos desempeñan un papel cada vez más importante en el funcionamiento global de infraestructuras esenciales, su disponibilidad e integridad resultan imprescindibles para la seguridad y calidad de vida de los ciudadanos, y de las administraciones y empresas, así como para el funcionamiento general de las sociedades.

12. La cooperación y unos planteamientos pragmáticos son más necesarios que nunca; las diferentes partes interesadas deberían determinar y reconocer sus funciones, responsabilidades y derechos respectivos.

Y POR CONSIGUIENTE INVITA A LOS ESTADOS MIEMBROS A:

1. Apoyar los programas de formación y a mejorar la sensibilización en relación con la seguridad de las redes y de la información, por ejemplo, mediante campañas de información sobre la seguridad de las redes y de la información, destinadas a todos los ciudadanos, usuarios y sectores de la economía, en particular, las PYME y los usuarios finales con necesidades especiales o escasamente sensibilizados; para antes de 2008 podría elegirse una fecha común como día europeo de sensibilización (por ejemplo: «día de la seguridad de las redes y de la información») que cada Estado miembro celebraría cada año de forma voluntaria.

2. Incrementar la contribución a favor de la Investigación y Desarrollo en el ámbito de la seguridad y mejorar las posibilidades de utilización y la difusión de los resultados consiguientes; fomentar el desarrollo de asociaciones innovadoras para incentivar el crecimiento del sector europeo relacionado con la seguridad de las TIC y mejorar la rápida utilización de nuevas tecnologías y servicios de seguridad de las redes y de la información para darles un impulso comercial.

3. Prestar la debida atención a la necesidad de prevenir y luchar contra amenazas nuevas y existentes contra la seguridad de las redes de comunicación electrónica, incluida la interceptación y explotación ilícita de datos, reconocer y abordar los riesgos relacionados con dichas amenazas y promover, cuando proceda en cooperación con la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información, intercambios efectivos de información y cooperación entre los organismos y agencias pertinentes a nivel nacional; comprometerse a luchar contra el spam, los programas espía y los programas maliciosos, en particular mediante una mejora de la cooperación entre las autoridades competentes a nivel nacional e internacional.

4. Reforzar su cooperación mutua en el marco de i2010, con el fin de determinar prácticas efectivas e innovadoras para mejorar la seguridad de las redes y de la información y ampliar la difusión de dichas prácticas a toda la UE para que se utilicen sobre una base voluntaria.

5. Fomentar la continua mejora de los organismos nacionales de respuesta en caso de emergencia informática.

6. Promover un entorno que anime a los proveedores de servicios y a los operadores de redes a prestar servicios fiables a sus clientes y garantizar la capacidad de adaptación y ofrecer a los consumidores posibilidades de elección de servicios y soluciones en el ámbito de la seguridad; promover y, llegado el caso, exigir a los operadores de redes y a los proveedores de servicios que garanticen a sus clientes un nivel adecuado de seguridad de las redes y de la información.

7. Proseguir el debate estratégico en el marco del grupo de alto nivel i2010, tomando en consideración el desarrollo en curso de la sociedad de la información, y garantizar un enfoque coherente en las diferentes dimensiones: normativa, corregulación, investigación y desarrollo y administración electrónica, además de la comunicación y la formación.

8. En consonancia con el Plan de acción i2010 sobre administración electrónica, desarrollar servicios permanentes de administración electrónica, promover soluciones interoperables de gestión de la identidad y emprender todos los cambios adecuados en la organización del sector público; el sector oficial y las administraciones públicas deberían servir como ejemplo de buenas prácticas en la promoción de servicios seguros de administración pública para todos los ciudadanos.

SE CONTRATULA DE LA INTENCIÓN DE LA COMISIÓN DE:

1. Seguir desarrollando a nivel de la UE una estrategia global y dinámica en el ámbito de la seguridad de las redes y de la información. El planteamiento global propuesto por la Comisión resulta de especial importancia.

2. Considerar el tema de la seguridad de las redes y de la información como un objetivo de la revisión del marco reglamentario europeo relativo a las comunicaciones electrónicas.

3. Seguir desempeñando su papel con el fin de lograr una mayor concienciación sobre la necesidad de un compromiso político general en la lucha contra el spam y los programas espía y programas maliciosos; incrementar el diálogo y la cooperación con terceros países, en particular, mediante acuerdos con terceros países, inclusive por lo que respecta al spam y los programas espía y programas maliciosos.

4. Reforzar la participación de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información en la Estrategia para una sociedad de la información segura en Europa recogida en la presente Resolución, atendiendo a los objetivos y funciones establecidos en el Reglamento (CE) nº 460/2004 estrechando la cooperación y las relaciones de trabajo con los Estados miembros y las partes interesadas.

5. Desarrollar en el marco de i2010, en cooperación con los Estados miembros y todas las partes interesadas, en particular, con expertos en materia de estadísticas y de seguridad de la información de los Estados miembros, indicadores adecuados para llevar a cabo encuestas comunitarias sobre aspectos relacionados con la seguridad y la confianza.

6. Alentar a los Estados miembros a estudiar en el marco de un diálogo entre las múltiples partes interesadas los factores económicos, empresariales y sociales con el objetivo de desarrollar una política específica para el sector de las TIC que mejore la seguridad y la capacidad de adaptación de las redes y de los sistemas de información, como posible contribución al Programa europeo sobre protección de infraestructuras esenciales previsto.

7. Proseguir sus esfuerzos, de forma coordinada con los Estados miembros, para promover el diálogo con los interlocutores y organizaciones pertinentes a nivel internacional para fomentar la cooperación mundial en el ámbito de la seguridad de las redes y de la información, en particular, mediante la aplicación de las líneas de actuación de la cumbre mundial sobre la sociedad de la información y una información periódica al Consejo a este respecto.

Y HACE UN LLAMAMIENTO A:

1. La Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para que siga trabajando en estrecha cooperación con los Estados miembros, la Comisión y demás partes interesadas pertinentes, con el fin de realizar sus funciones y objetivos establecidos en el Reglamento (CE) no 460/2004, y asista a la Comisión y los Estados miembros en sus esfuerzos por respetar sus obligaciones en el ámbito de la seguridad de las redes y de la información y, de esta forma, contribuir a la aplicación y ulterior desarrollo de la Estrategia para una sociedad de la información segura en Europa, recogida en la presente Resolución.

2. Todas las partes interesadas para que mejoren la seguridad de sus programas y la seguridad y capacidad de adaptación de las redes y sistemas de información, atendiendo a la Estrategia para una sociedad de la información segura recogida en la presente Resolución, y para que participen en un debate estructurado con las distintas partes interesadas sobre cómo utilizar mejor los medios y los instrumentos normativos disponibles.

3. Las empresas para que adopten una actitud positiva con respecto a la seguridad de la información y de las redes con el fin de crear productos y servicios más avanzados y seguros, considerando la inversión en dichos productos y servicios como una ventaja competitiva.

4. Los fabricantes y proveedores de servicios para que integren, según proceda, requisitos de seguridad, protección de la intimidad y confidencialidad en sus diseños de productos y servicios y en el desarrollo de infraestructuras, aplicaciones y programas de redes, y apliquen y supervisen las soluciones de seguridad.

5. Las partes interesadas para que cooperen y creen entornos experimentales para probar y poner en práctica nuevas tecnologías y servicios de forma segura y adopten en su momento las nuevas tecnologías y servicios seguros una vez comercializadas.

6. Todas las partes interesadas para que emprendan nuevos esfuerzos en la lucha contra el spam y demás prácticas maliciosas en línea, y cooperen activamente con las autoridades competentes a nivel nacional e internacional.

7. Los proveedores de servicios y el sector de las TIC para que se concentren en mejorar la seguridad, la protección de la intimidad y la utilidad de los productos, procesos y servicios para obtener fiabilidad, prevenir y combatir los robos de identidad y otras intromisiones en la intimidad.

8. Los operadores de redes, proveedores de servicios y sector privado para que compartan y apliquen buenas prácticas de seguridad y fomenten una cultura de análisis y gestión de riesgos en las organizaciones y empresas mediante programas de formación adecuados y el desarrollo de planes de emergencia y poniendo a disposición de sus clientes soluciones de seguridad como parte de los servicios que prestan.

———————————————————————————————-

(1) DO C 43 de 16.2.2002, p. 2.

(2) DO C 48 de 28.2.2003, p. 1.

(3) Directivas 2002/58/CE (Directiva sobre la protección de la intimidad en las comunicaciones electrónicas), 2002/20/CE (Directiva sobre la autorización) y 2002/22/CE (Directiva sobre el servicio universal). DO L 201 de 31.7.2002, p. 37, DO L 108 de 24.4.2002, p. 21 y DO L 108 de 24.4.2002, p. 51, respectivamente.

(4) DO L 77 de 13.3.2004, p. 1.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Union Europea. Resolución del Consejo de 28 de enero de 2002 relativa a un enfoque común y a acciones específicas en materia de seguridad de las redes y de la información.

Resolución del Consejo de 28 de enero de 2002 relativa a un enfoque común y a acciones específicas en materia de seguridad de las redes y de la información. (DO C 43 de 16.2.2002, pp. 2-4).

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

ATENDIENDO A

las Conclusiones del Consejo Europeo de Estocolmo de 23 y 24 de marzo de 2001 según las cuales el Consejo, junto con la Comisión, formulará una estrategia general para la seguridad de las redes electrónicas, que deberá incluir medidas de aplicación práctica,

TENIENDO PRESENTE LO SIGUIENTE:

1. la Resolución del Consejo de 30 de mayo de 2001. Plan de acción eEuropa: seguridad de las redes y de la información;

2. la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. Seguridad de las redes y de la información: propuesta para un enfoque político europeo;

3. la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. eEuropa 2002: impacto y prioridades;

4. el plan de acción eEuropa 2002 aprobado por el Consejo Europeo de Feira de 19 y 20 de junio de 2000;

5. la Recomendación 95/144/CE del Consejo, de 7 de abril de 1995, relativa a los criterios comunes de evaluación de la seguridad en las tecnologías de la información (1);

6. la Recomendación del Consejo, de 25 de junio de 2001, sobre puntos de contacto accesibles de manera ininterrumpida para la lucha contra la delincuencia de alta tecnología (2);

7. la Comunicación de la Comisión sobre la creación de una sociedad de la información más segura mediante la mejora de la seguridad de las infraestructuras de información y la lucha contra los delitos informáticos;

8. el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (3);

9. la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (4);

10. la Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP) (5);

11. la Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones (6);

12. la Directiva 98/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 1998, sobre la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal y sobre el servicio universal de telecomunicaciones en un entorno competitivo (7);

13. la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica (8);

CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

(1) Las redes y los sistemas de comunicación constituyen un factor determinante para el desarrollo económico y social, y su disponibilidad e integridad resultan fundamentales para las infraestructuras de primera necesidad, así como para la mayor parte de los servicios públicos y privados y para la economía en su conjunto.

(2) En vista de la creciente importancia de los servicios electrónicos en la economía, cobra cada vez más interés público la seguridad de las redes y de los sistemas de información.

(3) La seguridad de las transacciones y los datos ha pasado a ser esencial para la prestación de servicios electrónicos, incluido el comercio electrónico y los servicios públicos en línea, y la poca confianza en su seguridad puede frenar el crecimiento de la difusión de estos servicios.

(4) Hay una necesidad tanto de particulares como de negocios, administraciones y otras organizaciones de proteger sus informaciones, datos y sistemas de comunicación mediante el desarrollo de tecnologías eficaces de seguridad, cuando proceda.

(5) El sector privado, con su capacidad de innovación e intervención en un entorno de mercado competitivo, ofrece una variedad de soluciones frente a las necesidades propias del mercado.

(6) La compleja naturaleza de la seguridad de las redes y de la información aconseja que, al desarrollar medidas de actuación en este ámbito, las autoridades públicas tengan en cuenta la diversidad de aspectos políticos, económicos, técnicos y de organización y no pierdan de vista el carácter mundial y descentralizado de las redes de comunicación.

(7) Las medidas de los poderes públicos pueden resultar más efectivas si forman parte de un enfoque europeo, respetan el funcionamiento eficaz del mercado interior, se fundan en una cooperación creciente entre Estados miembros y a nivel internacional, y apoyan la innovación y la capacidad de las empresas europeas de competir a nivel mundial.

(8) Ya existe un corpus legislativo importante relativo a la seguridad de las redes y de la información, en concreto como parte del marco jurídico de la Unión en materia de telecomunicaciones, comercio electrónico y forma electrónica.

(9) Los proveedores de servicios de telecomunicaciones están sujetos a la obligación jurídica de adoptar las medidas técnicas y de organización necesarias para salvaguardar la seguridad de sus servicios; dichas medidas deberán garantizar un nivel de seguridad adecuado respecto del riesgo de que se trate.

(10) La norma internacional ISO-15408 (Criterios comunes) constituye un sistema reconocido para definir los requisitos de seguridad aplicables a los productos relativos a la red y a los ordenadores para comprobar si un determinado producto cumple tales requisitos.

(11) La norma internacional ISO-17799 (Tecnología de la información – Código de conducta para la gestión de la seguridad de la información) y directrices nacionales similares se están convirtiendo en una práctica reconocida para la gestión de la seguridad en las organizaciones públicas y privadas.

(12) La infraestructura de Internet debe permitir un elevado nivel de acceso a las redes y servicios; su gestión y funcionamiento debe realizarse con arreglo a criterios de solidez y seguridad, por ejemplo adoptando normas abiertas y protocolos de seguridad de Internet.

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN, de conformidad con la Resolución del Consejo, de 30 de mayo de 2001, sobre el plan de acción eEuropa: seguridad de las redes y de la información, que la seguridad de las redes y de la información debe tener por objeto:

– asegurar la disponibilidad de servicios y datos,

– prevenir la interrupción e interceptación no autorizada de comunicaciones,

– dar confirmación de que los datos enviados, recibidos o almacenados son completos y no han sufrido modificaciones,

– garantizar la confidencialidad de los datos,

– proteger los sistemas de información de los accesos no autorizados,

– proteger de ataques efectuados mediante programas nocivos,

– garantizar una autenticación fiable;

POR CONSIGUIENTE, PIDE A LOS ESTADOS MIEMBROS

1. que, para finales del año 2002, pongan en marcha o intensifiquen campañas de información y educación para que aumente la sensibilización sobre la seguridad de las redes y la información en este ámbito; que dirijan tales campañas específicamente al sector de los negocios, a los usuarios privados y a las administraciones públicas; que elaboren tales campañas de concienciación en estrecho contacto con el sector privado, incluidos, entre otros, los proveedores de servicios de Internet, y fomenten iniciativas conducidas por el sector privado;

2. que fomenten las mejores prácticas en la gestión de la seguridad de la información, en particular en las empresas pequeñas y medianas, basada, cuando corresponda, en normas reconocidas internacionalmente;

3. que, para finales del año 2002, refuercen o promuevan la importancia de los conceptos de seguridad como componentes de la educación y formación en informática;

4. que, para mediados del año 2002, hayan revisado la eficacia de las medidas nacionales en materia de respuesta de emergencia, que podría incluir los sistemas de alerta frente a los virus, a efectos de incrementar, cuando sea necesario, su capacidad de prevención, detección y reacción eficaces, a nivel nacional e internacional, frente a los ataques e interferencias contra las redes y los sistemas de información;

5. que apoyen la utilización de la norma «Criterios comunes» (ISO-15408) y faciliten el reconocimiento mutuo de certificados relacionados con ellos;

6. que, para finales del año 2002, tomen medidas importantes para alcanzar, en sus actividades de administración y contratación electrónicas, soluciones eficaces e interoperativas basadas, cuando sea posible, en normas reconocidas en materia de seguridad, que podrían incluir programas de fuentes abiertas, así como para introducir la firma electrónica con objeto de que dichos servicios públicos, que requieren un sistema de autenticación muy seguro, puedan prestarse en línea;

7. que, cuando opten por introducir sistemas electrónicos y biométricos de identificación para su utilización pública u oficial, cooperen, cuando corresponda, en el desarrollo tecnológico, y estudien las posibles exigencias en cuanto a su interoperabilidad;

8. que, para facilitar la cooperación comunitaria e internacional, intercambien información entre sí y con la Comisión sobre los organismos que, en su territorio, sean los principales responsables en materia de seguridad de las redes y la información;

ACOGE CON BENEPLÁCITO LA INTENCIÓN DE LA COMISIÓN

1. de facilitar, en el transcurso del año 2002, un intercambio de mejores prácticas en materia de sensibilización y de elaborar un primer inventario de las diversas campañas nacionales de información;

2. de presentar, en el transcurso del año 2002, propuestas para intensificar el diálogo y la cooperación de la Comunidad con las organizaciones y los socios internacionales en torno a la seguridad de las redes y, en particular, en lo que se refiere las implicaciones de la creciente dependencia de las redes electrónicas de comunicación y, en este contexto, de proponer, para finales del año 2002, una estrategia para logara un funcionamiento más estable y seguro de la infraestructura de Internet;

3. de proponer, para finales del año 2002, medidas adecuadas para promover la norma ISO-15408 (Criterios comunes) a fin de facilitar el reconocimiento mutuo de certificados y mejorar el proceso de evaluación de los productos, por ejemplo desarrollando perfiles de protección adecuados;

4. de preparar, para finales del año 2002, un informe sobre las tecnologías y las aplicaciones de la autenticación electrónica y biométrica de la identidad a fin de mejorar la eficacia de tales sistemas, en particular mediante la interoperabilidad;

5. de presentar propuestas, a mediados del año 2002 y previa consulta a los Estados miembros y al sector privado para la creación de un grupo ad hoc de seguridad informática que, basándose en los esfuerzos nacionales, refuerce la seguridad de las redes y la información y mejore la capacidad de los Estados miembros de responder, tanto individual como colectivamente, a problemas importantes en materia de seguridad de las redes y de la información;

6. de explorar, para finales del año 2002, y en colaboración con los Estados miembros, los posibles mecanismos que se ofrecen a los Estados miembros y la Comisión para intercambiar información y experiencias sobre su grado de consecución de los objetivos de la presente Resolución, teniendo en cuenta la dimensión interpilares de la seguridad de las redes y la información, y de estudiar las mejores formas de implicar al sector privado en este intercambio de información y experiencias;

SE CONGRATULA de la mayor importancia que se concede a las cuestiones de seguridad en las actividades de investigación europeas;

INSISTE en la necesidad de aumentar las actividades de investigación, especialmente en lo que se refiere a los mecanismos de seguridad y su interoperabilidad, la fiabilidad y protección de las redes, una criptografía avanzada, las tecnologías que refuerzan la protección de la vida privada y la seguridad de las comunicaciones inalámbricas;

HACE UN LLAMAMIENTO

– a los suministradores y proveedores de servicios para que refuercen la seguridad como parte integrante y esencial de sus productos y servicios;

– a los suministradores y proveedores de servicios europeos del sector privado y a las asociaciones que los representan para que participen más activamente en las actividades internacionales de normalización y se organicen en foros adecuados pra contribuir a los objetivos de la presente Resolución.

———————————————————————————————–
(1) DO L 93 de 26.4.1995, p. 27.

(2) DO C 187 de 3.7.2001, p. 5.

(3) DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

(4) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

(5) DO L 199 de 26.7.1997, p. 32.

(6) DO L 24 de 30.1.1998, p. 1.

(7) DO L 101 de 1.4.1998, p. 24.

(8) DO L 13 de 19.1.2000, p. 12.

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01Ene/14

Legislacion de Cuba. Constitución de la República, de 24 de febrero de 1976 (Con las reformas aprobadas en 1992 y 2002).

ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR
________
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE CUBA

 

PREAMBULO

 

NOSOTROS, CIUDADANOS CUBANOS,

herederos y continuadores del trabajo creador y de las tradiciones de combatividad, firmeza, heroísmo y sacrificio forjadas por nuestros antecesores;
por los aborígenes que prefirieron muchas veces el exterminio a la sumisión;
por los esclavos que se rebelaron contra sus amos;
por los que despertaron la conciencia nacional y el ansia cubana de patria y libertad;
por los patriotas que en 1868 iniciaron las guerras de independencia contra el colonialismo español y los que en el último impulso de 1895 las llevaron a la victoria de 1898, que les fuera arrebatada por la intervención y ocupación militar del imperialismo yanqui;
por los obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales que lucharon durante más de cincuenta años contra el dominio imperialista, la corrupción política, la falta de derechos y libertades populares, el desempleo y la explotación impuesta por capitalistas y terratenientes;
por los que promovieron, integraron y desarrollaron las primeras organizaciones de obreros y de campesinos, difundieron las ideas socialistas y fundaron los primeros movimientos marxista y marxista-leninista;
por los integrantes de la vanguardia de la generación del centenario del natalicio de Martí, que nutridos por su magisterio nos condujeron a la victoria revolucionaria popular de Enero;
por los que, con el sacrifico de sus vidas, defendieron la Revolución contribuyendo a su definitiva consolidación;
por los que masivamente cumplieron heroicas misiones internacionalistas;
GUIADOS
por el ideario de José Martí y las ideas político-sociales de Marx, Engels y Lenin;
APOYADOS
en el internacionalismo proletario, en la amistad fraternal, la ayuda, la cooperación y la solidaridad de los pueblos del mundo, especialmente los de América Latina y del Caribe;
DECIDIDOS
a llevar adelante la Revolución triunfadora del Moncada y del Granma, de la Sierra y de Girón encabezada por Fidel Castro que, sustentada en la más estrecha unidad de todas las fuerzas revolucionarias y del pueblo, conquistó la plena independencia nacional, estableció el poder revolucionario, realizó las transformaciones democráticas, inició la construcción del socialismo y, con el Partido Comunista al frente, la continúa con el objetivo final de edificar la sociedad comunista;
CONSCIENTES
de que los regímenes sustentados en la explotación del hombre por el hombre determinan la humillación de los explotados y la degradación de la condición humana de los explotadores;
de que sólo en el socialismo y el comunismo, cuando el hombre ha sido liberado de todas las formas de explotación: de la esclavitud, de la servidumbre y del capitalismo, se alcanza la entera dignidad del ser humano; y de que nuestra Revolución elevó la dignidad de la patria y del cubano a superior altura;
DECLARAMOS
nuestra voluntad de que la ley de leyes de la República esté presidida por este profundo anhelo, al fin logrado, de José Martí:
«Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre»;
ADOPTAMOS
por nuestro voto libre, mediante referendo, la siguiente:
 

CONSTITUCIÓN
 

CAPITULO I
FUNDAMENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL ESTADO
ARTICULO 1.
-Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana.
ARTICULO 2.-El nombre del Estado cubano es República de Cuba, el idioma oficial es el español y su capital es la ciudad de La Habana.
ARTICULO 3.-En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en la forma y según las normas fijadas por la Constitución y las leyes.
Todos los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución.
El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución, probado por años de heroica resistencia frente a las agresiones de todo tipo y la guerra económica de los gobiernos de la potencia imperialista más poderosa que ha existido y habiendo demostrado su capacidad de transformar el país y crear una sociedad enteramente nueva y justa, es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo.
ARTICULO 4.-Los símbolos nacionales son los que han presidido por más de cien años las luchas cubanas por la independencia, por los derechos del pueblo y por el progreso social:
la bandera de la estrella solitaria;
el himno de Bayamo;
el escudo de la palma real.
ARTICULO 5.-El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista.
ARTICULO 6.-La Unión de Jóvenes Comunistas, organización de la juventud cubana de avanzada, cuenta con el reconocimiento y el estímulo del Estado en su función primordial de promover la participación activa de las masas juveniles en las tareas de la edificación socialista y de preparar adecuadamente a los jóvenes como ciudadanos conscientes y capaces de asumir responsabilidades cada día mayores en beneficio de nuestra sociedad.
ARTICULO 7.-El Estado socialista cubano reconoce y estimula a las organizaciones de masas y sociales, surgidas en el proceso histórico de las luchas de nuestro pueblo, que agrupan en su seno a distintos sectores de la población, representan sus intereses específicos y los incorporan a las tareas de la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista.
ARTICULO 8.-El Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa.
En la República de Cuba, las instituciones religiosas están separadas del Estado. Las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración.
ARTICULO 9.-El Estado:
a) realiza la voluntad del pueblo trabajador y
– encauza los esfuerzos de la nación en la construcción del socialismo;
– mantiene y defiende la integridad y la soberanía de la patria;
– garantiza la libertad y la dignidad plena del hombre, el disfrute de sus derechos, el ejercicio y cumplimiento de sus deberes y el desarrollo integral de su personalidad;
– afianza la ideología y las normas de convivencia y de conducta propias de la sociedad libre de la explotación del hombre por el hombre;
– protege el trabajo creador del pueblo y la propiedad y la riqueza de la nación socialista;
– dirige planificadamente la economía nacional;
– asegura el avance educacional, científico, técnico y cultural del país;
b) como Poder del pueblo, en servicio del propio pueblo, garantiza
– que no haya hombre o mujer, en condiciones de trabajar, que no tenga oportunidad de obtener un empleo con el cual pueda contribuir a los fines de la sociedad y a la satisfacción de sus propias necesidades;
– que no haya persona incapacitada para el trabajo que no tenga medios decorosos de subsistencia;
– que no haya enfermo que no tenga atención médica;
– que no haya niño que no tenga escuela, alimentación y vestido;
– que no haya joven que no tenga oportunidad de estudiar;
– que no haya persona que no tenga acceso al estudio, la cultura y el deporte;
c) trabaja por lograr que no haya familia que no tenga una vivienda confortable.
ARTICULO 10.-Todos los órganos del Estado, sus dirigentes, funcionarios y empleados, actúan dentro de los límites de sus respectivas competencias y tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista y velar por su respeto en la vida de toda la sociedad.
ARTICULO 11.-El Estado ejerce su soberanía:
a) sobre todo el territorio nacional, integrado por la Isla de Cuba, la Isla de la Juventud, las demás islas y cayos adyacentes, las aguas interiores y el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que sobre éstos se extiende;
b) sobre el medio ambiente y los recursos naturales del país;
c) sobre los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas, el lecho y el subsuelo de la zona económica marítima de la República, en la extensión que fija la ley, conforme a la práctica internacional.
La República de Cuba repudia y considera ilegales y nulos los tratados, pactos o concesiones concertados en condiciones de desigualdad o que desconocen o disminuyen su soberanía y su integridad territorial.
Las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con cualquier otro Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera.
ARTICULO 12.-La República de Cuba hace suyos los principios antimperialistas e internacionalistas, y
a) ratifica su aspiración de paz digna, verdadera y válida para todos los Estados, grandes y pequeños, débiles y poderosos, asentada en el respeto a la independencia y soberanía de los pueblos y el derecho a la autodeterminación;
b) funda sus relaciones internacionales en los principios de igualdad de derechos, libre determinación de los pueblos, integridad territorial, independencia de los Estados, la cooperación internacional en beneficio e interés mutuo y equitativo, el arreglo pacifico de controversias en pie de igualdad y respeto y los demás principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidass y en otros tratados internacionales de los cuales Cuba sea parte;
c) reafirma su voluntad de integración y colaboración con los países de América Latina y del Caribe, cuya identidad común y necesidad histórica de avanzar juntos hacia la integración económica y política para lograr la verdadera independencia, nos permitiría alcanzar el lugar que nos corresponde en el mundo;
ch) propugna la unidad de todos los países del Tercer Mundo, frente a la política imperialista y neocolonialista que persigue la limitación o subordinación de la soberanía de nuestros pueblos y agravar las condiciones económicas de explotación y opresión de las naciones subdesarrolladas;
d) condena al imperialismo, promotor y sostén de todas las manifestaciones fascistas, colonialistas, neocolonialistas y racistas, como la principal fuerza de agresión y de guerra y el peor enemigo de los pueblos;
e) repudia la intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de cualquier Estado y, por tanto, la agresión armada, el bloqueo económico, así como cualquier otra forma de coerción económica o política, la violencia física contra personas residentes en otros países, u otro tipo de injerencia y amenaza a la integridad de los Estados y de los elementos políticos, económicos y culturales de las naciones;
f) rechaza la violación del derecho irrenunciable y soberano de todo Estado a regular el uso y los beneficios de las telecomunicaciones en su territorio, conforme a la práctica universal y a los convenios internacionales que ha suscrito;
g) califica de delito internacional la guerra de agresión y de conquista, reconoce la legitimidad de las luchas por la liberación nacional, así como la resistencia armada a la agresión, y considera su deber internacionalista solidarizarse con el agredido y con los pueblos que combaten por su liberación y autodeterminación;
h) basa sus relaciones con los países que edifican el socialismo en la amistad fraternal, la cooperación y la ayuda mutua, asentadas en los objetivos comunes de la construcción de la nueva sociedad;
i) mantiene relaciones de amistad con los países que, teniendo un régimen político, social y económico diferente, respetan su soberanía, observan las normas de convivencia entre los Estados, se atienen a los principios de mutuas conveniencias y adoptan una actitud recíproca con nuestro país.
ARTICULO 13.-La República de Cuba concede asilo a los perseguidos por sus ideales o luchas por los derechos democráticos, contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo y el neocolonialismo; contra la discriminación y el racismo; por la liberación nacional; por los derechos y reivindicaciones de los trabajadores, campesinos y estudiantes; por sus actividades políticas, científicas, artísticas y literarias progresistas, por el socialismo y la paz.
ARTICULO 14.-En la República de Cuba rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y en la supresión de la explotación del hombre por el hombre.
También rige el principio de distribución socialista «de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo». La ley establece las regulaciones que garantizan el efectivo cumplimiento de este principio.
ARTICULO 15.-Son de propiedad estatal socialista de todo el pueblo:
a) las tierras que no pertenecen a los agricultores pequeños o cooperativas integradas por éstos, el subsuelo, las minas, los recursos naturales tanto vivos como no vivos dentro de la zona económica marítima de la República, los bosques, las aguas y las vías de comunicación;
b) los centrales azucareros, las fábricas, los medios fundamentales de transporte, y cuantas empresas, bancos e instalaciones han sido nacionalizados y expropiados a los imperialistas, latifundistas y burgueses, así como las fábricas, empresas e instalaciones económicas y centros científicos, sociales, culturales y deportivos construidos, fomentados o adquiridos por el Estado y los que en el futuro construya, fomente o adquiera.
Estos bienes no pueden trasmitirse en propiedad a personas naturales o jurídicas, salvo los casos excepcionales en que la transmisión parcial o total de algún objetivo económico se destine a los fines del desarrollo del país y no afecten los fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado, previa aprobación del Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo.
En cuanto a la transmisión de otros derechos sobre estos bienes a empresas estatales y otras entidades autorizadas, para el cumplimiento de sus fines, se actuará conforme a lo previsto en la ley.
ARTICULO 16.-El Estado organiza, dirige y controla la actividad económica nacional conforme a un plan que garantice el desarrollo programado del país, a fin de fortalecer el sistema socialista, satisfacer cada vez mejor las necesidades materiales y culturales de la sociedad y los ciudadanos, promover el desenvolvimiento de la persona humana y de su dignidad, el avance y la seguridad del país.
En la elaboración y ejecución de los programas de producción y desarrollo participan activa y conscientemente los trabajadores de todas las ramas de la economía y de las demás esferas de la vida social.
ARTICULO 17.-El Estado administra directamente los bienes que integran la propiedad socialista de todo el pueblo; o podrá crear y organizar empresas y entidades encargadas de su administración, cuya estructura, atribuciones, funciones y el régimen de sus relaciones son regulados por la ley.
Estas empresas y entidades responden de sus obligaciones sólo con sus recursos financieros, dentro de las limitaciones establecidas por la ley. El Estado no responde de las obligaciones contraídas por las empresas, entidades u otras personas jurídicas y éstas tampoco responden de las de aquél.
ARTICULO 18.-El Estado dirige y controla el comercio exterior.
La ley establece las instituciones y autoridades estatales facultadas para:
– crear empresas de comercio exterior;
– normar y regular las operaciones de exportación e importación; y
– determinar las personas naturales o jurídicas con capacidad legal para realizar dichas operaciones de exportación e importación y concertar convenios comerciales.
ARTICULO 19.-El Estado reconoce la propiedad de los agricultores pequeños sobre las tierras que legalmente les pertenecen y los demás bienes inmuebles y muebles que les resulten necesarios para la explotación a que se dedican, conforme a lo que establece la ley.
Los agricultores pequeños, previa autorización del organismo estatal competente y el cumplimiento de los demás requisitos legales, pueden incorporar sus tierras únicamente a cooperativas de producción agropecuaria. Además pueden venderlas, permutarlas o trasmitirlas por otro título al Estado y a cooperativas de producción agropecuaria o a agricultores pequeños en los casos, formas y condiciones que establece la ley, sin perjuicio del derecho preferente del Estado a su adquisición, mediante el pago de su justo precio.
Se prohíbe el arrendamiento, la aparcería, los préstamos hipotecarios y cualquier acto que implique gravamen o cesión a particulares de los derechos emanados de la propiedad de los agricultores pequeños sobre sus tierras.
El Estado apoya la producción individual de los agricultores pequeños que contribuyen a la economía nacional.
ARTICULO 20.-Los agricultores pequeños tienen derecho a asociarse entre sí, en la forma y con los requisitos que establece la ley, tanto a los fines de la producción agropecuaria como a los de obtención de créditos y servicios estatales.
Se autoriza la organización de cooperativas de producción agropecuaria en los casos y en la forma que la ley establece. Esta propiedad cooperativa es reconocida por el Estado y constituye una forma avanzada y eficiente de producción socialista.
Las cooperativas de producción agropecuaria administran, poseen, usan y disponen de los bienes de su propiedad, de acuerdo con lo establecido en la ley y en sus reglamentos.
Las tierras de las cooperativas no pueden ser embargadas ni gravadas y su propiedad puede ser transferida a otras cooperativas o al Estado, por las causas y según el procedimiento establecido en la ley.
El Estado brinda todo el apoyo posible a esta forma de producción agropecuaria.
ARTICULO 21.-Se garantiza la propiedad personal sobre los ingresos y ahorros procedentes del trabajo propio, sobre la vivienda que se posea con justo título de dominio y los demás bienes y objetos que sirven para la satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la persona.
Asimismo se garantiza la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo personal o familiar, los que no pueden ser utilizados para la obtención de ingresos provenientes de la explotación del trabajo ajeno.
La ley establece la cuantía en que son embargables los bienes de propiedad personal.
ARTICULO 22.-El Estado reconoce la propiedad de las organizaciones políticas, de masas y sociales sobre los bienes destinados al cumplimiento de sus fines.
ARTICULO 23.-El Estado reconoce la propiedad de las empresas mixtas, sociedades y asociaciones económicas que se constituyen conforme a la ley.
El uso, disfrute y disposición de los bienes pertenecientes al patrimonio de las entidades anteriores se rigen por lo establecido en la ley y los tratados, así como por los estatutos y reglamentos propios por los que se gobiernan.
ARTICULO 24.-El Estado reconoce el derecho de herencia sobre la vivienda de dominio propio y demás bienes de propiedad personal.
La tierra y los demás bienes vinculados a la producción que integran la propiedad de los agricultores pequeños son heredables y sólo se adjudican a aquellos herederos que trabajan la tierra, salvo las excepciones y según el procedimiento que establece la ley.
La ley fija los casos, las condiciones y la forma en que los bienes de propiedad cooperativa podrán ser heredables.
ARTICULO 25.-Se autoriza la expropiación de bienes, por razones de utilidad pública o interés social y con la debida indemnización.
La ley establece el procedimiento para la expropiación y las bases para determinar su utilidad y necesidad, así como la forma de la indemnización, considerando los intereses y las necesidades económicas y sociales del expropiado.
ARTICULO 26.-Toda persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por funcionarios o agentes del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos, tiene derecho a reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la ley.
ARTICULO 27.-El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. Corresponde a los órganos competentes aplicar esta política.
Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna y todo el rico potencial de la naturaleza.
CAPITULO II
CIUDADANÍA
ARTICULO 28.
-La ciudadanía cubana se adquiere por nacimiento o por naturalización.
ARTICULO 29.-Son ciudadanos cubanos por nacimiento:
a) los nacidos en el territorio nacional, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren al servicio de su gobierno o de organismos internacionales. La ley establece los requisitos y las formalidades para el caso de los hijos de los extranjeros residentes no permanentes en el país;
b) los nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos, que se hallen cumpliendo misión oficial;
c) los nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos, previo el cumplimiento de las formalidades que la ley señala;
ch) los nacidos fuera del territorio nacional, de padre o madre naturales de la República de Cuba que hayan perdido la ciudadanía cubana, siempre que la reclamen en la forma que señala la ley;
d) los extranjeros que por méritos excepcionales alcanzados en las luchas por la liberación de Cuba fueron considerados ciudadanos cubanos por nacimiento.
ARTICULO 30.-Son ciudadanos cubanos por naturalización:
a) los extranjeros que adquieren la ciudadanía de acuerdo con lo establecido en la ley;
b) los que hubiesen servido a la lucha armada contra la tiranía derrocada el primero de enero de 1959, siempre que acrediten esa condición en la forma legalmente establecida;
c) los que habiendo sido privados arbitrariamente de su ciudadanía de origen obtengan la cubana por acuerdo expreso del Consejo de Estado.
ARTICULO 31.-Ni el matrimonio ni su disolución afectan la ciudadanía de los cónyuges o de sus hijos.
ARTICULO 32.-Los cubanos no podrán ser privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas. Tampoco podrán ser privados del derecho a cambiar de ésta.
No se admitirá la doble ciudadanía. En consecuencia, cuando se adquiera una ciudadanía extranjera, se perderá la cubana.
La ley establece el procedimiento a seguir para la formalización de la pérdida de la ciudadanía y las autoridades facultadas para decidirlo.
ARTICULO 33.-La ciudadanía cubana podrá recobrarse en los casos y en la forma que prescribe la ley.
CAPITULO III
EXTRANJERÍA
ARTICULO 34.
-Los extranjeros residentes en el territorio de la República se equiparan a los cubanos:
– en la protección de sus personas y bienes;
– en el disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes reconocidos en esta Constitución, bajo las condiciones y con las limitaciones que la ley fija;
– en la obligación de observar la Constitución y la ley;
– en la obligación de contribuir a los gastos públicos en la forma y la cuantía que la ley establece;
– en la sumisión a la jurisdicción y resoluciones de los tribunales de justicia y autoridades de la República.
La ley establece los casos y la forma en que los extranjeros pueden ser expulsados del territorio nacional y las autoridades facultadas para decidirlo.
CAPITULO IV
FAMILIA
ARTICULO 35
.-El Estado protege la familia, la maternidad y el matrimonio.
El Estado reconoce en la familia la célula fundamental de la sociedad y le atribuye responsabilidades y funciones esenciales en la educación y formación de las nuevas generaciones.
ARTICULO 36.-El matrimonio es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común. Descansa en la igualdad absoluta de derechos y deberes de los cónyuges, los que deben atender al mantenimiento del hogar y a la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común, de modo que éste resulte compatible con el desarrollo de las actividades sociales de ambos.
La ley regula la formalización, reconocimiento y disolución del matrimonio y los derechos y obligaciones que de dichos actos se derivan.
ARTICULO 37.-Todos los hijos tienen iguales derechos, sean habidos dentro o fuera del matrimonio.
Está abolida toda calificación sobre la naturaleza de la filiación.
No se consignará declaración alguna diferenciando los nacimientos, ni sobre el estado civil de los padres en las actas de inscripción de los hijos, ni en ningún otro documento que haga referencia a la filiación.
El Estado garantiza mediante los procedimientos legales adecuados la determinación y el reconocimiento de la paternidad.
ARTICULO 38.-Los padres tienen el deber de dar alimentos a sus hijos y asistirlos en la defensa de sus legítimos intereses y en la realización de sus justas aspiraciones; así como el de contribuir activamente a su educación y formación integral como ciudadanos útiles y preparados para la vida en la sociedad socialista.
Los hijos, a su vez, están obligados a respetar y ayudar a sus padres.
CAPITULO V
EDUCACIÓN Y CULTURA
ARTICULO 39
.-El Estado orienta, fomenta y promueve la educación, la cultura y las ciencias en todas sus manifestaciones.
En su política educativa y cultural se atiene a los postulados siguientes:
a) fundamenta su política educacional y cultural en los avances de la ciencia y la técnica, el ideario marxista y martiano, la tradición pedagógica progresista cubana y la universal;
b) la enseñanza es función del Estado y es gratuita. Se basa en las conclusiones y aportes de la ciencia y en la relación más estrecha del estudio con la vida, el trabajo y la producción.
El Estado mantiene un amplio sistema de becas para los estudiantes y proporciona múltiples facilidades de estudio a los trabajadores a fin de que puedan alcanzar los más altos niveles posibles de conocimientos y habilidades.
La ley precisa la integración y estructura del sistema nacional de enseñanza, así como el alcance de la obligatoriedad de estudiar y define la preparación general básica que, como mínimo, debe adquirir todo ciudadano;
c) promover la educación patriótica y la formación comunista de las nuevas generaciones y la preparación de los niños, jóvenes y adultos para la vida social.
Para realizar este principio se combinan la educación general y las especializadas de carácter científico, técnico o artístico, con el trabajo, la investigación para el desarrollo, la educación física, el deporte y la participación en actividades políticas, sociales y de preparación militar;
ch) es libre la creación artística siempre que su contenido no sea contrario a la Revolución. Las formas de expresión en el arte son libres;
d) el Estado, a fin de elevar la cultura del pueblo, se ocupa de fomentar y desarrollar la educación artística, la vocación para la creación y el cultivo del arte y la capacidad para apreciarlo;
e) la actividad creadora e investigativa en la ciencia es libre. El Estado estimula y viabiliza la investigación y prioriza la dirigida a resolver los problemas que atañen al interés de la sociedad y al beneficio del pueblo;
f) el Estado propicia que los trabajadores se incorporen a la labor científica y al desarrollo de la ciencia;
g) el Estado orienta, fomenta y promueve la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones como medio de educación y contribución a la formación integral de los ciudadanos;
h) el Estado defiende la identidad de la cultura cubana y vela por la conservación del patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica de la nación. Protege los monumentos nacionales y los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico;
i) el Estado promueve la participación de los ciudadanos a través de las organizaciones de masas y sociales del país en la realización de su política educacional y cultural.
ARTICULO 40.-La niñez y la juventud disfrutan de particular protección por parte del Estado y la sociedad.
La familia, la escuela, los órganos estatales y las organizaciones de masas y sociales tienen el deber de prestar especial atención a la formación integral de la niñez y la juventud.
CAPITULO VI
IGUALDAD
ARTICULO 41.
-Todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes.
ARTICULO 42.-La discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana está proscrita y es sancionada por la ley.
Las instituciones del Estado educan a todos, desde la más temprana edad, en el principio de la igualdad de los seres humanos.
ARTICULO 43.-El Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución de que los ciudadanos, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, creencias religiosas, origen nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad humana:
– tienen acceso, según méritos y capacidades, a todos los cargos y empleos del Estado, de la Administración Pública y de la producción y prestación de servicios;
– ascienden a todas las jerarquías de las fuerzas armadas revolucionarias y de la seguridad y orden interior, según méritos y capacidades;
– perciben salario igual por trabajo igual;
– disfrutan de la enseñanza en todas las instituciones docentes del país, desde la escuela primaria hasta las universidades, que son las mismas para todos;
– reciben asistencia en todas las instituciones de salud;
– se domicilian en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades y se alojan en cualquier hotel;
– son atendidos en todos los restaurantes y demás establecimientos de servicio público;
– usan, sin separaciones, los transportes marítimos, ferroviarios, aéreos y automotores;
– disfrutan de los mismos balnearios, playas, parques, círculos sociales y demás centros de cultura, deportes, recreación y descanso.
ARTICULO 44.-La mujer y el hombre gozan de iguales derechos en lo económico, político, cultural, social y familiar.
El Estado garantiza que se ofrezcan a la mujer las mismas oportunidades y posibilidades que al hombre, a fin de lograr su plena participación en el desarrollo del país.
El Estado organiza instituciones tales como círculos infantiles, seminternados e internados escolares, casas de atención a ancianos y servicios que facilitan a la familia trabajadora el desempeño de sus responsabilidades.
Al velar por su salud y por una sana descendencia, el Estado concede a la mujer trabajadora licencia retribuida por maternidad, antes y después del parto, y opciones laborales temporales compatibles con su función materna.
El Estado se esfuerza por crear todas las condiciones que propicien la realización del principio de igualdad.
CAPITULO VII
DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES
ARTICULO 45.
-El trabajo en la sociedad socialista es un derecho, un deber y un motivo de honor para cada ciudadano.
El trabajo es remunerado conforme a su calidad y cantidad; al proporcionarlo se atienden las exigencias de la economía y la sociedad, la elección del trabajador y su aptitud y calificación; lo garantiza el sistema económico socialista, que propicia el desarrollo económico y social, sin crisis, y que con ello ha eliminado el desempleo y borrado para siempre el paro estacional llamado «tiempo muerto»
Se reconoce el trabajo voluntario, no remunerado, realizado en beneficio de toda la sociedad, en las actividades industriales, agrícolas, técnicas, artísticas y de servicio, como formador de la conciencia comunista de nuestro pueblo.
Cada trabajador está en el deber de cumplir cabalmente las tareas que le corresponden en su empleo.
ARTICULO 46.-Todo el que trabaja tiene derecho al descanso, que se garantiza por la jornada laboral de ocho horas, el descanso semanal y las vacaciones anuales pagadas.
El Estado fomenta el desarrollo de instalaciones y planes vacacionales.
ARTICULO 47.-Mediante el sistema de seguridad social, el Estado garantiza la protección adecuada a todo trabajador impedido por su edad, invalidez o enfermedad.
En caso de muerte del trabajador garantiza similar protección a su familia.
ARTICULO 48.-El Estado protege, mediante la asistencia social, a los ancianos sin recursos ni amparo y a cualquier persona no apta para trabajar que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda.
ARTICULO 49.-El Estado garantiza el derecho a la protección, seguridad e higiene del trabajo, mediante la adopción de medidas adecuadas para la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.
El que sufre un accidente en el trabajo o contrae una enfermedad profesional tiene derecho a la atención médica y a subsidio o jubilación en los casos de incapacidad temporal o permanente para el trabajo.
ARTICULO 50.-Todos tienen derecho a que se atienda y proteja su salud. El Estado garantiza este derecho:
– con la prestación de la asistencia médica y hospitalaria gratuita, mediante la red de instalaciones de servicio médico rural, de los policlínicos, hospitales, centros profilácticos y de tratamiento especializado;
– con la prestación de asistencia estomatológica gratuita;
– con el desarrollo de los planes de divulgación sanitaria y de educación para la salud, exámenes médicos periódicos, vacunación general y otras medidas preventivas de las enfermedades. En estos planes y actividades coopera toda la población a través de las organizaciones de masas y sociales.
ARTICULO 51.-Todos tienen derecho a la educación. Este derecho está garantizado por el amplio y gratuito sistema de escuelas, seminternados, internados y becas, en todos los tipos y niveles de enseñanza, y por la gratuidad del material escolar, lo que proporciona a cada niño y joven, cualquiera que sea la situación económica de su familia, la oportunidad de cursar estudios de acuerdo con sus aptitudes, las exigencias sociales y las necesidades del desarrollo económico-social.
Los hombres y mujeres adultos tienen asegurado este derecho, en las mismas condiciones de gratuidad y con facilidades específicas que la ley regula, mediante la educación de adultos, la enseñanza técnica y profesional, la capacitación laboral en empresas y organismos del Estado y los cursos de educación superior para los trabajadores.
ARTICULO 52.-Todos tienen derecho a la educación física, al deporte y a la recreación.
El disfrute de este derecho está garantizado por la inclusión de la enseñanza y práctica de la educación física y el deporte en los planes de estudio del sistema nacional de educación; y por la amplitud de la instrucción y los medios puestos a disposición del pueblo, que facilitan la práctica masiva del deporte y la recreación.
ARTICULO 53.-Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad.
La ley regula el ejercicio de estas libertades.
ARTICULO 54.-Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines. Las organizaciones de masas y sociales disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en las que sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica.
ARTICULO 55.-El Estado, que reconoce, respeta y garantiza la libertad de conciencia y de religión, reconoce, respeta y garantiza a la vez la libertad de cada ciudadano de cambiar de creencias religiosas o no tener ninguna, y a profesar, dentro del respeto a la ley, el culto religioso de su preferencia.
La ley regula las relaciones del Estado con las instituciones religiosas.
ARTICULO 56.-El domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos por la ley.
ARTICULO 57.-La correspondencia es inviolable. Sólo puede ser ocupada, abierta y examinada en los casos previstos por la ley. Se guardará secreto de los asuntos ajenos al hecho que motivare el examen.
El mismo principio se observará con respecto a las comunicaciones cablegráficas, telegráficas y telefónicas.

ARTICULO 58.-La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional.
Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes.
El detenido o preso es inviolable en su integridad personal.
ARTICULO 59.-Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas establecen.
Todo acusado tiene derecho a la defensa.
No se ejercerá violencia ni coacción de clase alguna sobre las personas para forzarlas a declarar.
Es nula toda declaración obtenida con infracción de este precepto y los responsables incurrirán en las sanciones que fija la ley.
ARTICULO 60.-La confiscación de bienes se aplica sólo como sanción por las autoridades, en los casos y por los procedimientos que determina la ley.
ARTICULO 61.-Las leyes penales tienen efecto retroactivo cuando sean favorables al encausado o sancionado. Las demás leyes no tienen efecto retroactivo a menos que en las mismas se disponga lo contrario por razón de interés social o utilidad pública.
ARTICULO 62.-Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible.
ARTICULO 63.-Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley.
ARTICULO 64.-Es deber de cada uno cuidar la propiedad pública y social, acatar la disciplina del trabajo, respetar los derechos de los demás, observar las normas de convivencia socialista y cumplir los deberes cívicos y sociales.
ARTICULO 65.-La defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano.
La ley regula el servicio militar que los cubanos deben prestar.
La traición a la patria es el más grave de los crímenes; quien la comete está sujeto a las más severas sanciones.
ARTICULO 66.-El cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes es deber inexcusable de todos.
CAPITULO VIII
ESTADO DE EMERGENCIA
ARTICULO 67
.-En caso o ante la inminencia de desastres naturales o catástrofes u otras circunstancias que por su naturaleza, proporción o entidad afecten el orden interior, la seguridad del país o la estabilidad del Estado, el Presidente del Consejo de Estado puede declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional o en una parte de él, y durante su vigencia disponer la movilización de la población.
La ley regula la forma en que se declara el estado de emergencia, sus efectos y su terminación. Igualmente determina los derechos y deberes fundamentales reconocidos por la Constitución, cuyo ejercicio debe ser regulado de manera diferente durante la vigencia del estado de emergencia.
CAPITULO IX
PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS ESTATALES
ARTICULO 68
.-Los órganos del Estado se integran y desarrollan su actividad sobre la base de los principios de la democracia socialista que se expresan en las reglas siguientes:
a) todos los órganos representativos de poder del Estado son electivos y renovables;
b) las masas populares controlan la actividad de los órganos estatales, de los diputados, de los delegados y de los funcionarios;
c) los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación y pueden ser revocados de sus cargos en cualquier momento;
ch) cada órgano estatal desarrolla ampliamente, dentro del marco de su competencia, la iniciativa encaminada al aprovechamiento de los recursos y posibilidades locales y a la incorporación de las organizaciones de masas y sociales a su actividad;
d) las disposiciones de los órganos estatales superiores son obligatorias para los inferiores;
e) los órganos estatales inferiores responden ante los superiores y les rinden cuenta de su gestión;
f) la libertad de discusión, el ejercicio de la crítica y autocrítica y la subordinación de la minoría a la mayoría rigen en todos los órganos estatales colegiados.
CAPITULO X
ÓRGANOS SUPERIORES DEL PODER POPULAR
ARTICULO 69.
-La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado. Representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo.
ARTICULO 70.-La Asamblea Nacional del Poder Popular es el único órgano con potestad constituyente y legislativa en la República.
ARTICULO 71.-La Asamblea Nacional del Poder Popular se compone de diputados elegidos por el voto libre, directo y secreto de los electores, en la proporción y según el procedimiento que determina la ley.
ARTICULO 72.-La Asamblea Nacional del Poder Popular es elegida por un término de cinco años.
Este término sólo podrá extenderse por acuerdo de la propia Asamblea en caso de guerra o a virtud de otras circunstancias excepcionales que impidan la celebración normal de las elecciones y mientras subsistan tales circunstancias.
ARTICULO 73.-La Asamblea Nacional del Poder Popular, al constituirse para una nueva legislatura, elige de entre sus diputados a su Presidente, al Vicepresidente y al Secretario. La ley regula la forma y el procedimiento mediante el cual se constituye la Asamblea y realiza esa elección.
ARTICULO 74.-La Asamblea Nacional del Poder Popular elige, de entre sus diputados, al Consejo de Estado, integrado por un Presidente, un Primer Vicepresidente, cinco Vicepresidentes, un Secretario y veintitrés miembros más.
El Presidente del Consejo de Estado es jefe de Estado y jefe de Gobierno.
El Consejo de Estado es responsable ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y le rinde cuenta de todas sus actividades.
ARTICULO 75.-Son atribuciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular:
a) acordar reformas de la Constitución conforme a lo establecido en el artículo 137;
b) aprobar, modificar o derogar las leyes y someterlas previamente a la consulta popular cuando lo estime procedente en atención a la índole de la legislación de que se trate;
c) decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos y demás disposiciones generales;
ch) revocar en todo o en parte los decretos-leyes que haya dictado el Consejo de Estado;
d) discutir y aprobar los planes nacionales de desarrollo económico y social;
e) discutir y aprobar el presupuesto del Estado;
f) aprobar los principios del sistema de planificación y de dirección de la economía nacional;
g) acordar el sistema monetario y crediticio;
h) aprobar los lineamientos generales de la política exterior e interior;
i) declarar el estado de guerra en caso de agresión militar y aprobar los tratados de paz;
j) establecer y modificar la división político-administrativa del país conforme a lo establecido en el artículo 102;
k) elegir al Presidente, al Vicepresidente y al Secretario de la Asamblea Nacional;
l) elegir al Presidente, al Primer Vicepresidente, a los Vicepresidentes, al Secretario y a los demás miembros del Consejo de Estado;
ll) designar, a propuesta del Presidente del Consejo de Estado, al Primer Vicepresidente, a los Vicepresidentes y demás miembros del Consejo de Ministros;
m) elegir al Presidente, a los Vicepresidentes y a los demás Jueces del Tribunal Supremo Popular;
n) elegir al Fiscal General y a los Vicefiscales generales de la República;
ñ) nombrar comisiones permanentes y temporales;
o) revocar la elección o designación de las personas elegidas o designadas por ella;
p) ejercer la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del Gobierno;
q) conocer, evaluar y adoptar las decisiones pertinentes sobre los informes de rendición de cuenta que le presenten el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República y las Asambleas Provinciales del Poder Popular;
r) revocar los decretos-leyes del Consejo de Estado y los decretos o disposiciones del Consejo de Ministros que contradigan la Constitución o las leyes;
s) revocar o modificar los acuerdos o disposiciones de los órganos locales del Poder Popular que violen la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, decretos y demás disposiciones dictadas por un órgano de superior jerarquía a los mismos; o los que afecten los intereses de otras localidades o los generales del país;
t) conceder amnistías;
u) disponer la convocatoria de referendos en los casos previstos en la Constitución y en otros que la propia Asamblea considere procedente;
v) acordar su reglamento;
w) las demás que le confiere esta Constitución.
ARTICULO 76.-Las leyes y acuerdos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, salvo cuando se refieran a la reforma de la Constitución, se adoptan por mayoría simple de votos.
ARTICULO 77.-Las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular entran en vigor en la fecha que en cada caso determine la propia ley.
Las leyes, decretos-leyes, decretos y resoluciones, reglamentos y demás disposiciones generales de los órganos nacionales del Estado, se publican en la Gaceta Oficial de la República.
ARTICULO 78.-La Asamblea Nacional del Poder Popular se reúne en dos períodos ordinarios de sesiones al año y en sesión extraordinaria cuando lo solicite la tercera parte de sus miembros o la convoque el Consejo de Estado.
ARTICULO 79.-Para que la Asamblea Nacional del Poder Popular pueda celebrar sesión se requiere la presencia de más de la mitad del número total de los diputados que la integran.
ARTICULO 80.-Las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular son públicas, excepto en el caso en que la propia Asamblea acuerde celebrarlas a puertas cerradas por razón de interés de Estado.
ARTICULO 81.-Son atribuciones del Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular:
a) presidir las sesiones de la Asamblea Nacional y velar por la aplicación de su reglamento;
b) convocar las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional;
c) proponer el proyecto de orden del día de las sesiones de la Asamblea Nacional;
ch) firmar y disponer la publicación en la Gaceta Oficial de la República de las leyes y acuerdos adoptados por la Asamblea Nacional;
d) organizar las relaciones internacionales de la Asamblea Nacional;
e) dirigir y organizar la labor de las comisiones de trabajo permanentes y temporales que sean creadas por la Asamblea Nacional;
f) asistir a las reuniones del Consejo de Estado;
g) las demás que por esta Constitución o la Asamblea Nacional del Poder Popular se le atribuyan.
ARTICULO 82.-La condición de diputado no entraña privilegios personales ni beneficios económicos.
Durante el tiempo que empleen en el desempeño efectivo de sus funciones, los diputados perciben el mismo salario o sueldo de su centro de trabajo y mantienen el vínculo con éste, a todos los efectos.
ARTICULO 83.-Ningún diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular puede ser detenido ni sometido a proceso penal sin autorización de la Asamblea, o del Consejo de Estado si no está reunida aquélla, salvo en caso de delito flagrante.
ARTICULO 84.-Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular tienen el deber de desarrollar sus labores en beneficio de los intereses del pueblo, mantener contacto con sus electores, oír sus planteamientos, sugerencias y críticas, y explicarles la política del Estado. Asimismo, rendirán cuenta del cumplimiento de sus funciones, según lo establecido en la ley.
ARTICULO 85.-A los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular les puede ser revocado su mandato en cualquier momento, en la forma, por las causas y según los procedimientos establecidos en la ley.
ARTICULO 86.-Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular tienen el derecho de hacer preguntas al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros o a los miembros de uno y otro, y a que éstas les sean respondidas en el curso de la misma sesión o en la próxima.
ARTICULO 87.-Todos los órganos y empresas estatales están obligados a prestar a los diputados la colaboración necesaria para el cumplimiento de sus deberes.
ARTICULO 88.-La iniciativa de las leyes compete:
a) a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular;
b) al Consejo de Estado;
c) al Consejo de Ministros;
ch) a las comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular;
d) al Comité Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y a las Direcciones Nacionales de las demás organizaciones de masas y sociales;
e) al Tribunal Supremo Popular, en materia relativa a la administración de justicia;
f) a la Fiscalía General de la República, en materia de su competencia;
g) a los ciudadanos. En este caso será requisito indispensable que ejerciten la iniciativa diez mil ciudadanos, por lo menos, que tengan la condición de electores.
ARTICULO 89.-El Consejo de Estado es el órgano de la Asamblea Nacional del Poder Popular que la representa entre uno y otro período de sesiones, ejecuta los acuerdos de ésta y cumple las demás funciones que la Constitución le atribuye.
Tiene carácter colegiado y, a los fines nacionales e internacionales, ostenta la suprema representación del Estado cubano.
ARTICULO 90.-Son atribuciones del Consejo de Estado:
a) disponer la celebración de sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional del Poder Popular;
b) acordar la fecha de las elecciones para la renovación periódica de la Asamblea Nacional del Poder Popular;
c) dictar decretos-leyes, entre uno y otro período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular;
ch) dar a las leyes vigentes, en caso necesario, una interpretación general y obligatoria;
d) ejercer la iniciativa legislativa;
e) disponer lo pertinente para realizar los referendos que acuerde la Asamblea Nacional del Poder Popular;
f) decretar la movilización general cuando la defensa del país lo exija y asumir las facultades de declarar la guerra en caso de agresión o concertar la paz, que la Constitución asigna a la Asamblea Nacional del Poder Popular, cuando ésta se halle en receso y no pueda ser convocada con la seguridad y urgencia necesarias;
g) sustituir, a propuesta de su Presidente, a los miembros del Consejo de Ministros entre uno y otro período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular;
h) impartir instrucciones de carácter general a los tribunales a través del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular;
i) impartir instrucciones a la Fiscalía General de la República;
j) designar y remover, a propuesta de su Presidente, a los representantes diplomáticos de Cuba ante otros Estados;
k) otorgar condecoraciones y títulos honoríficos;
l) nombrar comisiones;
ll) conceder indultos;
m) ratificar y denunciar tratados internacionales;
n) otorgar o negar el beneplácito a los representantes diplomáticos de otros Estados;
ñ) suspender las disposiciones del Consejo de Ministros y los acuerdos y disposiciones de las Asambleas Locales del Poder Popular que no se ajusten a la Constitución o a las leyes, o cuando afecten los intereses de otras localidades o los generales del país, dando cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular en la primera sesión que celebre después de acordada dicha suspensión;
o) revocar los acuerdos y disposiciones de las Administraciones Locales del Poder Popular que contravengan la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, los decretos y demás disposiciones dictadas por un órgano de superior jerarquía, o cuando afecten los intereses de otras localidades o los generales del país;
p) aprobar su reglamento;
q) las demás que le confieran la Constitución y las leyes o le encomiende la Asamblea Nacional del Poder Popular.
ARTICULO 91.-Todas las decisiones del Consejo de Estado son adoptadas por el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes.
ARTICULO 92.-El mandato confiado al Consejo de Estado por la Asamblea Nacional del Poder Popular expira al tomar posesión el nuevo Consejo de Estado elegido en virtud de las renovaciones periódicas de aquélla.
ARTICULO 93.-Las atribuciones del Presidente del Consejo de Estado y Jefe de Gobierno son las siguientes:
a) representar al Estado y al Gobierno y dirigir su política general;
b) organizar y dirigir las actividades y convocar y presidir las sesiones del Consejo de Estado y las del Consejo de Ministros;
c) controlar y atender el desenvolvimiento de las actividades de los ministerios y demás organismos centrales de la Administración;
ch) asumir la dirección de cualquier ministerio u organismo central de la Administración;
d) proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular, una vez elegido por ésta, los miembros del Consejo de Ministros;
e) aceptar las renuncias de los miembros del Consejo de Ministros, o bien proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado, según proceda, la sustitución de cualquiera de ellos y, en ambos casos, los sustitutos correspondientes;
f) recibir las cartas credenciales de los jefes de las misiones extranjeras. Esta función podrá ser delegada en cualquiera de los Vicepresidentes del Consejo de Estado;
g) desempeñar la Jefatura Suprema de todas las instituciones armadas y determinar su organización general;
h) presidir el Consejo de Defensa Nacional;
i) declarar el Estado de Emergencia en los casos previstos por esta Constitución, dando cuenta de su decisión, tan pronto las circunstancias lo permitan, a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado, de no poder reunirse aquélla, a los efectos legales procedentes;
j) firmar decretos-leyes y otros acuerdos del Consejo de Estado y las disposiciones legales adoptadas por el Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo y ordenar su publicación en la Gaceta Oficial de la República;
k) las demás que por esta Constitución o las leyes se le atribuyan.
ARTICULO 94.-En caso de ausencia, enfermedad o muerte del Presidente del Consejo de Estado lo sustituye en sus funciones el Primer Vicepresidente.
ARTICULO 95.-El Consejo de Ministros es el máximo órgano ejecutivo y administrativo y constituye el Gobierno de la República.
El número, denominación y funciones de los ministerios y organismos centrales que forman parte del Consejo de Ministros es determinado por la ley.
ARTICULO 96.-El Consejo de Ministros está integrado por el Jefe de Estado y de Gobierno, que es su Presidente, el Primer Vicepresidente, los Vicepresidentes, los Ministros, el Secretario y los demás miembros que determine la ley.
ARTICULO 97.-El Presidente, el Primer Vicepresidente, los Vicepresidentes y otros miembros del Consejo de Ministros que determine el Presidente, integran su Comité Ejecutivo.
El Comité Ejecutivo puede decidir sobre las cuestiones atribuidas al Consejo de Ministros, durante los períodos que median entre una y otra de sus reuniones.
ARTICULO 98.-Son atribuciones del Consejo de Ministros:
a) organizar y dirigir la ejecución de las actividades políticas, económicas, culturales, científicas, sociales y de defensa acordadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular;
b) proponer los proyectos de planes generales de desarrollo económico-social del Estado y, una vez aprobados por la Asamblea Nacional del Poder Popular, organizar, dirigir y controlar su ejecución;
c) dirigir la política exterior de la República y las relaciones con otros gobiernos;
ch) aprobar tratados internacionales y someterlos a la ratificación del Consejo de Estado;
d) dirigir y controlar el comercio exterior;
e) elaborar el proyecto de presupuesto del Estado y una vez aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, velar por su ejecución;
f) adoptar medidas para fortalecer el sistema monetario y crediticio;
g) elaborar proyectos legislativos y someterlos a la consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular o del Consejo de Estado, según proceda;
h) proveer a la defensa nacional, al mantenimiento del orden y la seguridad interiores, a la protección de los derechos ciudadanos, así como a la salvaguarda de vidas y bienes en caso de desastres naturales;
i) dirigir la administración del Estado, y unificar, coordinar y fiscalizar la actividad de los organismos de la Administración Central y de las Administraciones Locales;
j) ejecutar las leyes y acuerdos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, así como los decretos-leyes y disposiciones del Consejo de Estado y, en caso necesario, dictar los reglamentos correspondientes;
k) dictar decretos y disposiciones sobre la base y en cumplimiento de las leyes vigentes y controlar su ejecución;
l) revocar las decisiones de las Administraciones subordinadas a las Asambleas Provinciales o Municipales del Poder Popular, adoptadas en función de las facultades delegadas por los organismos de la Administración Central del Estado, cuando contravengan las normas superiores que les sean de obligatorio cumplimiento;
ll) proponer a las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular revocar las disposiciones que sean adoptadas en su actividad específica, por las administraciones provinciales y municipales a ellas subordinadas, cuando contravengan las normas aprobadas por los organismos de la Administración Central del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones;
m) revocar las disposiciones de los Jefes de organismos de la Administración Central del Estado, cuando contravengan las normas superiores que les sean de obligatorio cumplimiento;
n) proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado la suspensión de los acuerdos de las Asambleas Locales del Poder Popular que contravengan las leyes y demás disposiciones vigentes, o que afecten los intereses de otras comunidades o los generales del país;
ñ) crear las comisiones que estimen necesarias para facilitar el cumplimiento de las tareas que le están asignadas;
o) designar y remover funcionarios de acuerdo con las facultades que le confiere la ley;
p) realizar cualquier otra función que le encomiende la Asamblea Nacional del Poder Popular o el Consejo de Estado.
La ley regula la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros.
ARTICULO 99.-El Consejo de Ministros es responsable y rinde cuenta, periódicamente, de todas sus actividades ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.
ARTICULO 100.-Son atribuciones de los miembros del Consejo de Ministros:
a) dirigir los asuntos y tareas del Ministerio u organismo a su cargo, dictando las resoluciones y disposiciones necesarias a ese fin;
b) dictar, cuando no sea atribución expresa de otro órgano estatal, los reglamentos que se requieran para la ejecución y aplicación de las leyes y decretos-leyes que les conciernen;
c) asistir a las sesiones del Consejo de Ministros, con voz y voto, y presentar a éste proyectos de leyes, decretos-leyes, decretos, resoluciones, acuerdos o cualquier otra proposición que estimen conveniente;
ch) nombrar, conforme a la ley, los funcionarios que les corresponden;
d) cualquier otra que le atribuyan la Constitución y las leyes.
ARTICULO 101.-El Consejo de Defensa Nacional se constituye y prepara desde tiempo de paz para dirigir el país en las condiciones de estado de guerra, durante la guerra, la movilización general o el estado de emergencia. La ley regula su organización y funciones.
CAPITULO XI
LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
ARTICULO 102.
-El territorio nacional, para los fines político-administrativos, se divide en provincias y municipios; el número, los límites y la denominación de los cuales se establece en la ley.
La ley puede establecer, además, otras divisiones.
La provincia es la sociedad local, con personalidad jurídica a todos los efectos legales, organizada políticamente por la ley como eslabón intermedio entre el gobierno central y el municipal, en una extensión superficial equivalente a la del conjunto de municipios comprendidos en su demarcación territorial. Ejerce las atribuciones y cumple los deberes estatales y de administración de su competencia y tiene la obligación primordial de promover el desarrollo económico y social de su territorio, para lo cual coordina y controla la ejecución de la política, programas y planes aprobados por los órganos superiores del Estado, con el apoyo de sus municipios, conjugándolos con los intereses de éstos.
El Municipio es la sociedad local, con personalidad jurídica a todos los efectos legales, organizada políticamente por la ley, en una extensión territorial determinada por necesarias relaciones económicas y sociales de su población, y con capacidad para satisfacer las necesidades mínimas locales.
Las provincias y los municipios, además de ejercer sus funciones propias, coadyuvan a la realización de los fines del Estado.
CAPITULO XII
ÓRGANOS LOCALES DEL PODER POPULAR
ARTICULO 103.-
Las Asambleas del Poder Popular, constituidas en las demarcaciones político-administrativas en que se divide el territorio nacional, son los órganos superiores locales del poder del Estado, y, en consecuencia, están investidas de la más alta autoridad para el ejercicio de las funciones estatales en sus demarcaciones respectivas y para ello, dentro del marco de su competencia, y ajustándose a la ley, ejercen gobierno.
Además, coadyuvan al desarrollo de las actividades y al cumplimiento de los planes de las unidades establecidas en su territorio que no les estén subordinadas, conforme a lo dispuesto en la ley.
Las Administraciones Locales que estas Asambleas constituyen, dirigen las entidades económicas, de producción y de servicios de subordinación local, con el propósito de satisfacer las necesidades económicas, de salud y otras de carácter asistencial, educacionales, culturales, deportivas y recreativas de la colectividad del territorio a que se extiende la jurisdicción de cada una.
Para el ejercicio de sus funciones, las Asambleas Locales del Poder Popular se apoyan en los Consejos Populares y en la iniciativa y amplia participación de la población y actúan en estrecha coordinación con las organizaciones de masas y sociales.
ARTICULO 104.-Los Consejos Populares se constituyen en ciudades, pueblos, barrios, poblados y zonas rurales; están investidos de la más alta autoridad para el desempeño de sus funciones; representan a la demarcación donde actúan y a la vez son representantes de los órganos del Poder Popular municipal, provincial y nacional.
Trabajan activamente por la eficiencia en el desarrollo de las actividades de producción y de servicios y por la satisfacción de las necesidades asistenciales, económicas, educacionales, culturales y sociales de la población, promoviendo la mayor participación de ésta y las iniciativas locales para la solución de sus problemas.
Coordinan las acciones de las entidades existentes en su área de acción, promueven la cooperación entre ellas y ejercen el control y la fiscalización de sus actividades.
Los Consejos Populares se constituyen a partir de los delegados elegidos en las circunscripciones, los cuales deben elegir entre ellos quien los presida. A los mismos pueden pertenecer los representantes de las organizaciones de masas y de las instituciones más importantes en la demarcación.
La ley regula la organización y atribuciones de los Consejos Populares.
ARTICULO 105.-Dentro de los límites de su competencia las Asambleas Provinciales del Poder Popular tienen las atribuciones siguientes:
a) cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones de carácter general adoptadas por los órganos superiores del Estado;
b) aprobar y controlar, conforme a la política acordada por los organismos nacionales competentes, la ejecución del plan y del presupuesto ordinario de ingresos y gastos de la provincia;
c) elegir y revocar al Presidente y Vicepresidente de la propia Asamblea;
ch) designar y sustituir al Secretario de la Asamblea;
d) participar en la elaboración y control de la ejecución del presupuesto y el plan técnico-económico del Estado, correspondiente a las entidades radicadas en su territorio y subordinadas a otras instancias, conforme a la ley;
e) controlar y fiscalizar la actividad del órgano de administración de la provincia auxiliándose para ello de sus comisiones de trabajo;
f) designar y sustituir a los miembros del órgano de Administración provincial, a propuesta de su Presidente;
g) determinar conforme a los principios establecidos por el Consejo de Ministros la organización, funcionamiento y tareas de las entidades encargadas de realizar las actividades económicas, de producción y servicios, educacionales, de salud, culturales, deportivas, de protección del medio ambiente y recreativas, que están subordinadas al órgano de Administración provincial;
h) adoptar acuerdos sobre los asuntos de administración concernientes a su demarcación territorial y que, según la ley, no corresponda a la competencia general de la Administración Central del Estado o a la de los órganos municipales de poder estatal;
i) aprobar la creación y organización de los Consejos Populares a propuesta de las Asambleas Municipales del Poder Popular;
j) revocar, en el marco de su competencia, las decisiones adoptadas por el órgano de administración de la provincia, o proponer su revocación al Consejo de Ministros, cuando hayan sido adoptadas en función de facultades delegadas por los organismos de la Administración Central del Estado;
k) conocer y evaluar los informes de rendición de cuenta que les presenten su órgano de Administración y las Asambleas del Poder Popular de nivel inferior, y adoptar las decisiones pertinentes sobre ellos;
l) formar y disolver comisiones de trabajo;
ll) atender todo lo relativo a la aplicación de la política de cuadros que tracen los órganos superiores del Estado;
m) fortalecer la legalidad, el orden interior y la capacidad defensiva del país;
n) cualquier otra que les atribuyan la Constitución y las leyes.
ARTICULO 106.-Dentro de los límites de su competencia, las Asambleas Municipales del Poder Popular tienen las atribuciones siguientes:
a) cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones de carácter general adoptadas por los órganos superiores del Estado;
b) elegir y revocar al Presidente y al Vicepresidente de la Asamblea;
c) designar y sustituir al Secretario de la Asamblea;
ch) ejercer la fiscalización y el control de las entidades de subordinación municipal, apoyándose en sus comisiones de trabajo;
d) revocar o modificar los acuerdos y disposiciones de los órganos o autoridades subordinadas a ella, que infrinjan la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, los decretos, resoluciones y otras disposiciones dictados por los órganos superiores del Estado o que afecten los intereses de la comunidad, de otros territorios, o los generales del país, o proponer su revocación al Consejo de Ministros, cuando hayan sido adoptados en función de facultades delegadas por los organismos de la Administración Central del Estado;
e) adoptar acuerdos y dictar disposiciones dentro del marco de la Constitución y de las leyes vigentes, sobre asuntos de interés municipal y controlar su aplicación;
f) designar y sustituir a los miembros de su órgano de Administración a propuesta de su Presidente;
g) determinar, conforme, a los principios establecidos por el Consejo de Ministros, la organización, funcionamiento y tareas de las entidades encargadas de realizar las actividades económicas, de producción y servicios, de salud y otras de carácter asistencial, educacionales, culturales, deportivas, de protección del medio ambiente y recreativas, que están subordinadas a su órgano de Administración;
h) proponer la creación y organización de Consejos Populares, de acuerdo con lo establecido en la ley;
i) constituir y disolver comisiones de trabajo;
j) aprobar el plan económico-social y el presupuesto del municipio, ajustándose a las políticas trazadas para ello por los organismos competentes de la Administración Central del Estado, y controlar su ejecución;
k) coadyuvar al desarrollo de las actividades y al cumplimiento de los planes de producción y de servicios de las entidades radicadas en su territorio que no les estén subordinadas, para lo cual podrán apoyarse en sus comisiones de trabajo y en su órgano de Administración;
l) conocer y evaluar los informes de rendición de cuenta que le presente su órgano de administración y adoptar las decisiones pertinentes sobre ellos;
ll) atender todo lo relativo a la aplicación de la política de cuadros que tracen los órganos superiores del Estado;
m) fortalecer la legalidad, el orden interior y la capacidad defensiva del país;
n) cualquier otra que le atribuyan la Constitución y las leyes.
ARTICULO 107.-Las sesiones ordinarias y extraordinarias de las Asambleas Locales del Poder Popular son públicas, salvo en el caso que éstas acuerden celebrarlas a puertas cerradas, por razón de interés de Estado o porque se trate en ellas asuntos referidos al decoro de las personas.
ARTICULO 108.-En las sesiones de las Asambleas Locales del Poder Popular se requiere para su validez la presencia de más de la mitad del número total de sus integrantes. Sus acuerdos se adoptan por mayoría simple de votos.
ARTICULO 109.-Las entidades que se organizan para la satisfacción de las necesidades locales a fin de cumplir sus objetivos específicos, se rigen por las leyes, decretos-leyes y decretos; por acuerdos del Consejo de Ministros; por disposiciones que dicten los jefes de los organismos de la Administración Central del Estado en asuntos de su competencia, que sean de interés general y que requieran ser regulados nacionalmente; y por los acuerdos de los órganos locales a los que se subordinan.
ARTICULO 110.-Las comisiones permanentes de trabajo son constituidas por las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular atendiendo a los intereses específicos de su localidad, para que las auxilien en la realización de sus actividades y especialmente para ejercer el control y la fiscalización de las entidades de subordinación local y de las demás correspondientes a otros niveles de subordinación, que se encuentren radicadas en su demarcación territorial.
Las comisiones de carácter temporal cumplen las tareas específicas que les son asignadas dentro del término que se les señale.
ARTICULO 111. Las Asambleas Provinciales del Poder Popular se renovarán cada cinco años, que es el período de duración del mandato de sus delegados.
Las Asambleas Municipales del Poder Popular se renovarán cada dos años y medio, que es el período de duración del mandato de sus delegados.
Dichos mandatos sólo podrán extenderse por decisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en los casos señalados en el artículo 72.
ARTICULO 112.-El mandato de los delegados a las Asambleas Locales es revocable en todo momento. La ley determina la forma, las causas y los procedimientos para ser revocados.
ARTICULO 113.-Los delegados cumplen el mandato que les han conferido sus electores, en interés de toda la comunidad, para lo cual deberán coordinar sus funciones como tales, con sus responsabilidades y tareas habituales. La ley regula la forma en que se desarrollan estas funciones.
ARTICULO 114.-Los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular tienen los derechos y las obligaciones que les atribuyan la Constitución y las leyes y en especial están obligados a:
a) dar a conocer a la Asamblea y a la Administración de la localidad las opiniones, necesidades y dificultades que les trasmitan sus electores;
b) informar a sus electores sobre la política que sigue la Asamblea y las medidas adoptadas para la solución de necesidades planteadas por la población o las dificultades que se presentan para resolverlas;
c) rendir cuenta periódicamente a sus electores de su gestión personal, e informar a la Asamblea o a la Comisión a que pertenezcan, sobre el cumplimiento de las tareas que les hayan sido encomendadas, cuando éstas lo reclamen.
ARTICULO 115.-Los delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular tienen el deber de desarrollar sus labores en beneficio de la colectividad y rendir cuenta de su gestión personal según el procedimiento que la ley establece.
ARTICULO 116.-Las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular eligen de entre sus delegados a su Presidente y Vicepresidente.
La elección se efectúa en virtud de candidaturas propuestas en la forma y según el procedimiento que la ley establece.
ARTICULO 117.-Los Presidentes de las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular son a la vez presidentes de los respectivos Órganos de Administración y representan al Estado en sus demarcaciones territoriales. Sus atribuciones son establecidas por la ley.
ARTICULO 118.-Los órganos de Administración que constituyen las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular funcionan de forma colegiada y su composición, integración, atribuciones y deberes se establecen en la ley.
ARTICULO 119.-Los Consejos de Defensa Provinciales, Municipales y de las Zonas de Defensa se constituyen y preparan desde tiempo de paz para dirigir en los territorios respectivos, en las condiciones de estado de guerra, durante la guerra, la movilización general o el estado de emergencia, partiendo de un plan general de defensa y del papel y responsabilidad que corresponde a los consejos militares de los ejércitos. El Consejo de Defensa Nacional determina, conforme a la ley, la organización y atribuciones de estos Consejos.
CAPITULO XIII
TRIBUNALES Y FISCALÍA
ARTICULO 120
.-La función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de éste por el Tribunal Supremo Popular y los demás Tribunales que la ley instituye.
La ley establece los principales objetivos de la actividad judicial y regula la organización de los Tribunales; la extensión de su jurisdicción y competencia; sus facultades y el modo de ejercerlas; los requisitos que deben reunir los jueces, la forma de elección de éstos y las causas y procedimientos para su revocación o cese en el ejercicio de sus funciones.
ARTICULO 121.-Los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurado con independencia funcional de cualquier otro y subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado.
El Tribunal Supremo Popular ejerce la máxima autoridad judicial y sus decisiones, en este orden, son definitivas.
A través de su Consejo de Gobierno ejerce la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria; toma decisiones y dicta normas de obligado cumplimiento por todos los tribunales y, sobre la base de la experiencia de éstos, imparte instrucciones de carácter obligatorio para establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la ley.
ARTICULO 122.-Los jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la ley.
ARTICULO 123.-Los fallos y demás resoluciones firmes de los tribunales, dictados dentro de los límites de su competencia, son de ineludible cumplimiento por los organismos estatales, las entidades económicas y sociales y los ciudadanos, tanto por los directamente afectados por ellos, como por los que no teniendo interés directo en su ejecución vengan obligados a intervenir en la misma.
ARTICULO 124.-Para los actos de impartir justicia todos los tribunales funcionan de forma colegiada y en ellos participan, con iguales derechos y deberes, jueces profesionales y jueces legos.
El desempeño de las funciones judiciales encomendadas al juez lego, dada su importancia social, tiene prioridad con respecto a su ocupación laboral habitual.
ARTICULO 125.-Los tribunales rinden cuenta de los resultados de su trabajo en la forma y con la periodicidad que establece la ley.
ARTICULO 126.-La facultad de revocación de los jueces corresponde al órgano que los elige.
ARTICULO 127.-La Fiscalía General de la República es el órgano del Estado al que corresponde, como objetivos fundamentales, el control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos; y la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado.
La ley determina los demás objetivos y funciones, así como la forma, extensión y oportunidad en que la Fiscalía ejerce sus facultades al objeto expresado.
ARTICULO 128.-La Fiscalía General de la República constituye una unidad orgánica subordinada únicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado.
El Fiscal General de la República recibe instrucciones directas del Consejo de Estado.
Al Fiscal General de la República corresponde la dirección y reglamentación de la actividad de la Fiscalía en todo el territorio nacional.
Los órganos de la Fiscalía están organizados verticalmente en toda la nación, están subordinados sólo a la Fiscalía General de la República y son independientes de todo órgano local.
ARTICULO 129.-El Fiscal General de la República y los vicefiscales generales son elegidos y pueden ser revocados por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
ARTICULO 130.-El Fiscal General de la República rinde cuenta de su gestión ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en la forma y con la periodicidad que establece la ley.

CAPITULO XIV
SISTEMA ELECTORAL
ARTICULO 131.
-Todos los ciudadanos, con capacidad legal para ello, tienen derecho a intervenir en la dirección del Estado, bien directamente o por intermedio de sus representantes elegidos para integrar los órganos del Poder Popular, y a participar, con ese propósito, en la forma prevista en la ley, en elecciones periódicas y referendos populares, que serán de voto libre, igual y secreto. Cada elector tiene derecho a un solo voto.
ARTICULO 132.-Tienen derecho al voto todos los cubanos, hombres y mujeres, mayores de dieciséis años de edad, excepto:
a) los incapacitados mentales, previa declaración judicial de su incapacidad;
b) los inhabilitados judicialmente por causa de delito.
ARTICULO 133.-Tienen derecho a ser elegidos los ciudadanos cubanos, hombres o mujeres, que se hallen en el pleno goce de sus derechos políticos.
Si la elección es para diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, deben, además, ser mayores de dieciocho años de edad.
ARTICULO 134.-Los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y demás institutos armados tienen derecho a elegir y a ser elegidos, igual que los demás ciudadanos.
ARTICULO 135.-La ley determina el número de delegados que integran cada una de las Asambleas Provinciales y Municipales, en proporción al número de habitantes de las respectivas demarcaciones en que, a los efectos electorales, se divide el territorio nacional.
Los delegados a las Asambleas Provinciales y Municipales se eligen por el voto libre, directo y secreto de los electores. La ley regula, asimismo, el procedimiento para su elección.
ARTICULO 136.-Para que se considere elegido un diputado o un delegado es necesario que haya obtenido más de la mitad del número de votos válidos emitidos en la demarcación electoral de que se trate.
De no concurrir esta circunstancia, o en los demás casos de plazas vacantes, la ley regula la forma en que se procederá.
CAPITULO XV
REFORMA CONSTITUCIONAL
ARTICULO 137.-
Esta Constitución sólo puede ser reformada por la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante acuerdo adoptado, en votación nominal, por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes, excepto en lo que se refiere al sistema político, social y económico, cuyo carácter irrevocable lo establece el artículo 3 del Capítulo I, y la prohibición de negociar bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera, como se dispone en el Artículo 11.
Si la reforma se refiere a la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular o de su Consejo de Estado o a derechos y deberes consagrados en la Constitución, requiere, además, la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en referendo convocado al efecto por la propia Asamblea.
DISPOSICIÓN ESPECIAL
El pueblo de Cuba, casi en su totalidad, expresó entre los días 15 y 18 del mes de junio del 2002, su más decidido apoyo al proyecto de reforma constitucional propuesto por las organizaciones de masas en asamblea extraordinaria de todas sus direcciones nacionales que había tenido lugar el día 10 del propio mes de junio, en el cual se ratifica en todas sus partes la Constitución de la República y se propone que el carácter socialista y el sistema político y social contenido en ella sean declarados irrevocables, como digna y categórica respuesta a las exigencias y amenazas del gobierno imperialista de Estados Unidos el 20 de mayo del 2002. Lo que fue aprobado por unanimidad de los presentes, mediante el Acuerdo nº V-74 adoptado en sesión extraordinaria de la V Legislatura, celebrada los días 24, 25 y 26 del mes de junio del 2002.

01Ene/14

Legislacion Informatica de España. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (B.O.E. núm. 150, de 23 de junio de 2007).

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (B.O.E. núm. 150, de 23 de junio de 2007).

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA

A todos los que la presenten vieren y entedieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

I

Determinadas edades de la humanidad han recibido su denominación de las técnicas que se empleaban en las mismas y hoy podríamos decir que las tecnologías de la información y las comunicaciones están afectando también muy profundamente a la forma e incluso al contenido de las relaciones de los seres humanos entre sí y de las sociedades en que se integran. El tiempo actual -y en todo caso el siglo XXI, junto con los años finales del XX-, tiene como uno de sus rasgos característicos la revolución que han supuesto las comunicaciones electrónicas. En esa perspectiva, una Administración a la altura de los tiempos en que actúa tiene que acompañar y promover en beneficio de los ciudadanos el uso de las comunicaciones electrónicas. Estos han de ser los primeros y principales beneficiarios del salto, impensable hace sólo unas décadas, que se ha producido en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones electrónicas. Al servicio, pues, del ciudadano la Administración queda obligada a transformarse en una administración electrónica regida por el principio de eficacia que proclama el artículo 103 de nuestra Constitución.

Es en ese contexto en el que las Administraciones deben comprometerse con su época y ofrecer a sus ciudadanos las ventajas y posibilidades que la sociedad de la información tiene, asumiendo su responsabilidad de contribuir a hacer realidad la sociedad de la información. Los técnicos y los científicos han puesto en pie los instrumentos de esta sociedad, pero su generalización depende, en buena medida, del impulso que reciba de las Administraciones Públicas. Depende de la confianza y seguridad que genere en los ciudadanos y depende también de los servicios que ofrezca.

El mejor servicio al ciudadano constituye la razón de la reformas que tras la aprobación de la Constitución se han ido realizando en España para configurar una Administración moderna que haga del principio de eficacia y eficiencia su eje vertebrador siempre con la mira puesta en los ciudadanos. Ese servicio constituye también la principal razón de ser de la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos que trata, además, de estar a la altura de la época actual.

En efecto, la descentralización política del Estado no se agotó en su primer y más inmediato designio de organizar políticamente España de una forma muy diferente al Estado unitario, sino que ha sido ocasión para que la mayor proximidad democrática de los nuevos poderes autonómicos se tradujese también en una mayor proximidad de las Administraciones de ellos dependientes respecto del ciudadano.

En la misma línea se mueve el reconocimiento constitucional de la autonomía local.

No obstante, esa mayor proximidad al ciudadano de la Administración, derivada de la descentralización autonómica y local, no ha acabado de superar la barrera que sigue distanciando todavía al ciudadano de la Administración, de cualquier Administración, incluida la del Estado, y que, muchas veces, no es otra que la barrera que levanta el tiempo y el espacio: el tiempo que hay que dedicar a la relación con aquélla para la realización de muchos trámites de la vida diaria que empiezan a veces por la necesidad de una primera información que exige un desplazamiento inicial, más los sucesivos desplazamientos y tiempo que se dedican a posteriores trámites a hacer con la Administración para las actividades más elementales. Esas primeras barreras potencian, en ocasiones, otras que afectan a la posición servicial de las Administraciones Públicas. Éstas no pueden cumplir siempre su misión atendiendo cualquier cosa que pida un ciudadano, puesto que puede estar en contradicción con los intereses de la mayoría de los demás ciudadanos, con los intereses generales representados por las leyes. Pero en esos casos en que los intereses generales no coinciden con los intereses individuales la relación con el ciudadano debe ser, también, lo más rápida y clara posible sin pérdidas de tiempo innecesarias.

En todo caso, esas primeras barreras en las relaciones con la Administración la distancia a la que hay que desplazarse y el tiempo que es preciso dedicar hoy día no tienen razón de ser. Las tecnologías de la información y las comunicaciones hacen posible acercar la Administración hasta la sala de estar de los ciudadanos o hasta las oficinas y despachos de las empresas y profesionales. Les permiten relacionarse con ella sin colas ni esperas. E incluso recibir servicios e informaciones ajenos a actividades de intervención administrativa o autorización; informaciones y servicios no relacionados con actuaciones limitadoras, sino al contrario ampliadoras de sus posibilidades. Esas condiciones permiten también a los ciudadanos ver a la Administración como una entidad a su servicio y no como una burocracia pesada que empieza por exigir, siempre y para empezar, el sacrificio del tiempo y del desplazamiento que impone el espacio que separa el domicilio de los ciudadanos y empresas de las oficinas públicas. Pero, además de eso, las nuevas tecnologías de la información facilitan, sobre todo, el acceso a los servicios públicos a aquellas personas que antes tenían grandes dificultades para llegar a las oficinas públicas, por motivos de localización geográfica, de condiciones físicas de movilidad u otros condicionantes, y que ahora se pueden superar por el empleo de las nuevas tecnologías. Se da así un paso trascendental para facilitar, en igualdad de condiciones, la plena integración de estas personas en la vida pública, social, laboral y cultural.

De ello se percató la Ley 30/1992 de 26 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), que en su primera versión recogió ya en su artículo 45 el impulso al empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, por parte de la Administración al objeto de desarrollar su actividad y el ejercicio de sus competencias y de permitir a los ciudadanos relacionarse con las Administraciones cuando fuese compatible con los «medios técnicos de que dispongan».

Esa previsión, junto con la de la informatización de registros y archivos del artículo 38 de la misma Ley en su versión originaria y, especialmente, en la redacción que le dio la Ley 24/2001 de 27 de diciembre al permitir el establecimiento de registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones por medios telemáticos, abría el paso a la utilización de tales medios para relacionarse con la Administración.

Simultáneamente, la misma Ley 24/2001 modificó el artículo 59 permitiendo la notificación por medios telemáticos si el interesado hubiera señalado dicho medio como preferente o consentido expresamente.

En el mismo sentido destacan las modificaciones realizadas en la Ley General Tributaria para permitir también las notificaciones telemáticas así como el artículo 96 de la nueva Ley General Tributaria de 2003 que prevé expresamente la actuación administrativa automatizada o la imagen electrónica de los documentos.

Sin embargo, el desarrollo de la administración electrónica es todavía insuficiente. La causa en buena medida se debe a que las previsiones de los artículos 38, 45 y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común son facultativas. Es decir, dejan en manos de las propias Administraciones determinar si los ciudadanos van a poder de modo efectivo, o no, relacionarse por medios electrónicos con ellas, según que éstas quieran poner en pie los instrumentos necesarios para esa comunicación con la Administración.

Por ello esta Ley pretende dar el paso del «podrán» por el «deberán».

Las avanzadas para el momento, pero por otra parte prudentes, previsiones legales, muy válidas en 1992 o en 2001, hoy han quedado desfasadas, ante una realidad en que el grado de penetración de ordenadores y el número de personas y entidades con acceso en banda ancha a Internet, con las posibilidades abiertas a otras tecnologías y plataformas, no se corresponden ya con los servicios meramente facultativos que la Ley citada permite y estimula a establecer a las Administraciones.

El servicio al ciudadano exige consagrar su derecho a comunicarse con las Administraciones por medios electrónicos. La contrapartida de ese derecho es la obligación de éstas de dotarse de los medios y sistemas electrónicos para que ese derecho pueda ejercerse. Esa es una de las grandes novedades de la Ley: pasar de la declaración de impulso de los medios electrónicos e informáticos que se concretan en la práctica en la simple posibilidad de que algunas Administraciones, o algunos de sus órganos, permitan las comunicaciones por medios electrónicos a que estén obligadas a hacerlo porque la Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a establecer relaciones electrónicas.

La Ley consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para tales Administraciones. El reconocimiento de tal derecho y su correspondiente obligación se erigen así en el eje central del proyecto de Ley.

Pero en torno a dicho eje es preciso abordar muchas otras que contribuyen a definir y concretar el alcance de ese derecho. Así, por ejemplo, tal derecho se hace efectivo de modo real mediante la imposición, al menos en el ámbito de la Administración General del Estado y en los términos de la ley, de la obligación de poner a disposición de ciudadanos y empresas al menos un punto de acceso general a través del cual los usuarios puedan, de forma sencilla, acceder a la información y servicios de su competencia; presentar solicitudes y recursos; realizar el trámite de audiencia cuando proceda; efectuar pagos o acceder a las notificaciones y comunicaciones que les remitan la Administración Pública.

También debe encontrar información en dicho punto de acceso único sobre los servicios multicanal o que le sean ofrecidos por más de un medio, tecnología o plataforma.

 

II

La Ley se articula a partir de las competencias del Estado que le reconoce el artículo 149.1.18 de la Constitución: «Bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas», por una parte y «procedimiento administrativo común» por otra.

Por otra parte, la regulación estatal, en lo que tiene de básico, deja margen a los desarrollos autonómicos, sin que pueda olvidarse, además, que el objeto de las bases en este caso deben permitir «en todo caso», de acuerdo con este número 18, un «tratamiento común» ante ellas.

En esta perspectiva, la regulación del Estado debe abordar aquellos aspectos en los que es obligado que las previsiones normativas sean comunes, como es el caso de la interoperabilidad, las garantías de las comunicaciones electrónicas, los servicios a los que tienen derecho los ciudadanos, la conservación de las comunicaciones electrónicas y los demás temas que se abordan en la ley para garantizar que el ejercicio del derecho a relacionarse electrónicamente con todas las administraciones forme parte de ese tratamiento común que tienen.

La Ley 30/1992 se limitó a abrir la posibilidad, como se ha dicho, de establecer relaciones telemáticas con las Administración, pero la hora actual demanda otra regulación que garantice, pero ahora de modo efectivo, un tratamiento común de los ciudadanos antes todas las Administraciones: que garantice, para empezar y sobre todo, el derecho a establecer relaciones electrónicas con todas las Administraciones Públicas. Las nuevas realidades, exigencias y experiencias que se han ido poniendo de manifiesto; el propio desarrollo de la sociedad de la información, la importancia que una regulación clara, precisa y común de los derechos de los ciudadanos y el cambio de circunstancias tecnológicas y sociales exige actualizar el contenido, muy diferente al de 1992, de la regulación básica que esté hoy a la altura de las nueva exigencias. Esa regulación común exige, hoy, por ejemplo, reconocer el derecho de los ciudadanos y no sólo la posibilidad de acceder mediante comunicaciones electrónicas a la Administración.

 

III

El reconocimiento general del derecho de acceder electrónicamente a las Administraciones Públicas tiene otras muchas consecuencias a las que hay dar solución y de las que aquí, de forma resumida, se enumeran algunas.

Así, en primer lugar, la progresiva utilización de medios electrónicos suscita la cuestión de la privacidad de unos datos que se facilitan en relación con un expediente concreto pero que, archivados de forma electrónica como consecuencia de su propio modo de transmisión, hacen emerger el problema de su uso no en el mismo expediente en el que es evidente, desde luego, pero, sí la eventualidad de su uso por otros servicios o dependencias de la Administración o de cualquier Administración o en otro expediente. Las normas de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal deben bastar, y no se trata de hacer ninguna innovación al respecto, pero sí de establecer previsiones que garanticen la utilización de los datos obtenidos de las comunicaciones electrónicas para el fin preciso para el que han sido remitidos a la Administración.

Por otra parte, los interesados en un procedimiento tienen derecho de acceso al mismo y ver los documentos. Lo mismo debe suceder, como mínimo, en un expediente iniciado electrónicamente o tramitado de esta forma. Dicho expediente debe poder permitir el acceso en línea a los interesados para verificar la situación del expediente, sin mengua de todas las garantías de la privacidad.

En todo caso, la progresiva utilización de comunicaciones electrónicas, derivada del reconocimiento del derecho a comunicarse electrónicamente con la Administración, suscita la cuestión no ya de la adaptación de ésta -recursos humanos y materiales a una nueva forma de relacionarse con los ciudadanos, sino también la cuestión de la manera de adaptar sus formas de actuación y tramitación de los expedientes y en general adaptar los procedimientos a la nueva realidad que imponen las nuevas tecnologías.

El hecho de reconocer el derecho de los ciudadanos a comunicarse electrónicamente con la Administración plantea, en primer lugar, la necesidad de definir claramente la «sede» administrativa electrónica con la que se establecen las relaciones, promoviendo un régimen de identificación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica, accesibilidad, disponibilidad y responsabilidad. Exige también abordar la definición a los efectos de la Ley de una serie de términos y conceptos cuyo uso habitual obliga en un contexto de comunicaciones electrónicas a efectuar muchas precisiones. Tal sucede con la definición de expediente electrónico y de documento electrónico; de los registros electrónicos y de las notificaciones electrónicas o del alcance y sistemas de sellados de tiempo.

La consagración de ese derecho de los ciudadanos a comunicarse electrónicamente con la Administración suscita, también, por ejemplo, la cuestión de la forma de utilizar y archivar dichas comunicaciones. Y lo plantea tanto en lo que podría considerarse la formación del expediente o el archivo de oficina -el vinculado a la tramitación de los expedientes-, como en lo que se refiere al archivo de los expedientes ya tramitados.

En cuanto al funcionamiento interno de la Administración, las nuevas tecnologías permiten oportunidades de mejora (eficiencia y reducción de costes) que hacen ineludible la consideración de las formas de tramitación electrónica, tanto para la tramitación electrónica de expedientes, como para cualquier otra actuación interna de la Administración, expandiéndolas gradualmente con el objetivo del año 2009.

Ciertamente, el uso de medios electrónicos no puede significar merma alguna del derecho del interesado en un expediente a acceder al mismo en la forma tradicional, así como tampoco puede suponer un freno o un retraso para que la Administración internamente adopte los mecanismos más adecuados, en este caso medios electrónicos, que le permitan mejorar procesos y reducir el gasto público. Conjugar ambos requerimientos es posible gracias a las medidas de la política de fomento de desarrollo de la Sociedad de la Información que se vienen impulsando en los últimos años. En este sentido la Administración debe incorporar las nuevas tecnologías a su funcionamiento interno y, simultáneamente, se debe garantizar que aquellos ciudadanos que por cualquier motivo (no disponibilidad de acceso a las nuevas tecnologías o falta de formación) no puedan acceder electrónicamente a la Administración Pública, dispongan de los medios adecuados para seguir comunicándose con la Administración con los mismos derechos y garantías. La solución a ese doble objetivo pasa por la formación del personal al servicio de la Administración que atiende al público para que hagan posible la comunicación de estos ciudadanos con la administración electrónica, así como por la disponibilidad de puntos de acceso electrónico públicos en sedes administrativas. O también, desde luego, establecer las previsiones generales que sean garantía de los derechos de los ciudadanos y de un tratamiento igual ante todas las Administraciones en todos esos supuestos.

En segundo lugar es necesario regular la validez de los documentos y sus copias y la forma de que el documento electrónico opere con plena validez en modo convencional y, en su caso, la forma en que los documentos convencionales se transformen en documentos electrónicos.

Otra cuestión que se aborda es la de las plataformas que pueden utilizar los ciudadanos o las propias Administraciones para establecer tales comunicaciones electrónicas. El ordenador e Internet puede ser una vía, pero no es desde luego la única; las comunicaciones vía SMS pueden ser otra forma de actuación que en algunas Administraciones están siendo ya utilizadas. La Televisión Digital Terrestre, por ejemplo, abre también posibilidades con las que hay también que contar. La Ley no puede limitarse a regular el uso de los canales electrónicos disponibles hoy en día, ya que la gran velocidad en el desarrollo de las tecnologías de la información hacen posible la aparición de nuevos instrumentos electrónicos que pudieran aplicarse para la administración electrónica en muy poco tiempo, siendo necesario generalizar la regulación de estos canales.

La Ley debe partir del principio de libertad de los ciudadanos en la elección de la vía o canal por el que quieren comunicarse con la Administración, si bien cada tecnología puede ser apta para una función en razón de sus características y de la fiabilidad y seguridad de sus comunicaciones.

 

IV

Debe recordarse que el impulso de una administración electrónica supone también dar respuesta a los compromisos comunitarios y a las iniciativas europeas puestas en marcha a partir de Consejo Europeo de Lisboa y Santa Maria da Feira, continuado con sucesivas actuaciones hasta la actual comunicación de la Comisión «i2010: Una Sociedad de la Información Europea para el crecimiento y el empleo».

El impulso comunitario a la iniciativa e-Europa da la máxima importancia al desarrollo de la administración electrónica, buscando aprovechar todas las posibilidades de las nuevas tecnologías como un factor determinante del futuro económico de Europa.

En estos años de vigencia de la iniciativa e-Europa el ámbito de actuación de la administración electrónica ha crecido considerablemente en sucesivas revisiones, hasta llegar a noviembre de 2005, cuando, tras la publicación de la comunicación relativa a i2010 se aprobó, en la Cumbre de Manchester, una resolución ministerial, con objetivos concretos para el desarrollo de la administración electrónica en la Unión. Tras esta resolución se aprobó el Plan de Acción sobre administración electrónica i2010, en la que se señala que los éxitos de la administración electrónica son ya claramente visibles en varios países de la UE, estimando en 50.000 millones de euros el ahorro anual en toda la Unión que una implantación generalizada de ella podría generar.

Asimismo, el 12 de diciembre de 2006, y con objeto de avanzar en la consecución del objetivo fijado por el Consejo Europeo de Lisboa, se aprobó la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior.

Esta Directiva establece, entre otras obligaciones para los Estados miembros, la de facilitar por medios electrónicos acceso a los trámites relacionados con las actividades de servicios y a la información de interés tanto para los prestadores como para los destinatarios de los mismos.

Por ello, y dada la analogía de esta finalidad con el objetivo de esta Ley, se realiza en la misma una referencia expresa a la información y trámites relacionados con las actividades de servicios, de forma que los artículos 6, 7 y 8 de la Directiva pueden considerarse traspuestos por esta Ley.

Por otra parte, en el contexto internacional, también otros organismos se han interesado en la administración electrónica como forma de activar la economía y mejorar el gobierno de los países como es el caso de la OCDE, que publicó en 2004 un estudio con un título casi autodescriptivo: «La administración electrónica: Un imperativo», donde resalta los ahorros que la administración electrónica puede generar al permitirles aumentar su eficacia.

También el Consejo de Europa, desde una perspectiva más social, está analizando la administración electrónica como un motor de desarrollo. En diciembre de 2004 el Comité de Ministros adoptó una recomendación donde se señala que la administración electrónica no es asunto meramente técnico, sino de gobernanza democrática.

 

V

En este contexto, una Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas se justifica en la creación de un marco jurídico que facilite la extensión y utilización de estas tecnologías. Y el principal reto que tiene la implantación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la sociedad en general y en la Administración en particular es la generación de confianza suficiente que elimine o minimice los riesgos asociados a su utilización. La desconfianza nace de la percepción, muchas veces injustificada, de una mayor fragilidad de la información en soporte electrónico, de posibles riesgos de pérdida de privacidad y de la escasa transparencia de estas tecnologías.

Por otro lado, la legislación debe proclamar y erigirse sobre un principio fundamental como es la conservación de las garantías constitucionales y legales a los derechos de los ciudadanos y en general de las personas que se relacionan con la Administración Pública, cuya exigencia se deriva del artículo 18.4 CE, al encomendar a la ley la limitación del uso de la informática para preservar el ejercicio de los derechos constitucionales. Esta conservación exige afirmar la vigencia de los derechos fundamentales no sólo como límite, sino como vector que orienta esta reforma legislativa de acuerdo con el fin promocional consagrado en el artículo 9.2 de nuestro texto fundamental, así como recoger aquellas peculiaridades que exigen la aplicación segura de estas tecnologías. Estos derechos deben completarse con otros exigidos por el nuevo soporte electrónico de relaciones, entre los que debe estar el derecho al uso efectivo de estos medios para el desarrollo de las relaciones de las personas con la Administración. Las anteriores consideraciones cristalizan en un Estatuto del ciudadano frente a la administración electrónica que recoge un elenco no limitativo de las posiciones del ciudadano en sus relaciones con las Administraciones Públicas, así como las garantías específicas para su efectividad.

Con este fin, la Ley crea la figura del Defensor del Usuario, que atenderá las quejas y realizará las sugerencias y propuestas pertinentes para mejorar las relaciones de ciudadanos en su trato con las Administraciones Públicas por medios electrónicos.

De otro lado, merece subrayarse el papel de vanguardia que corresponde a nuestras empresas en el desarrollo de una verdadera sociedad de la información y, por ende, de una Administración accesible electrónicamente. No en vano, la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC's) en el día a día de la empresa, necesaria en virtud de las exigencias del entorno abierto y altamente competitivo en que operan, ha sido y es palanca impulsora para el desarrollo y creciente incorporación de esas mismas tecnologías en el actuar administrativo. Al mismo tiempo, representa una ayuda insustituible para favorecer la expansión de la «cultura electrónica» entre los trabajadores-ciudadanos.

Las empresas pueden, en tal sentido, desempeñar un papel coadyuvante clave para la consecución de los objetivos pretendidos por esta Ley. Las razones apuntadas aconsejan un tratamiento específico de aquellos procedimientos y gestiones que de forma más intensa afectan al desarrollo de la actividad empresarial.

A todo ello se debe la aprobación de esta Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en la que se incluyen las siguientes materias con la estructura que se recoge en los siguientes apartados.

 

VI

La Ley se estructura en cuatro títulos, seis disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una derogatoria y ocho finales.

En el Título Preliminar se definen el objeto y finalidades de la ley, los principios generales a los que se ajusta, así como su ámbito de aplicación. Debe destacarse el carácter básico de la ley en los términos establecidos en la disposición final primera, siendo por tanto de aplicación a todas las Administraciones Públicas los artículos referidos en dicha disposición final.

La Ley establece entre otros, el principio de igualdad, para que la utilización de comunicaciones electrónicas con las Administraciones Públicas no implique una discriminación para los ciudadanos que se relacionen con la Administración por medios no electrónicos.

En el Título Primero están recogidos los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos. Para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, se establece la obligación de las Administraciones de habilitar diferentes canales o medios para la prestación de los servicios electrónicos.

Asimismo, se establece la obligación de cada Administración de facilitar a las otras Administraciones los datos de los interesados que se le requieran y obren en su poder, en la tramitación de un procedimiento, siempre que el interesado preste su consentimiento expreso, el cual podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos, al objeto de que los ciudadanos no deban aportar datos y documentos que están en poder de las Administraciones Públicas.

Para velar por la efectividad de los derechos reconocidos a los ciudadanos se prevé, en el ámbito de la Administración General del Estado, la actuación de las Inspecciones Generales de Servicios de los Departamentos Ministeriales y del Defensor del usuario.

En el Título Segundo se regula el régimen jurídico de la administración electrónica. Por una parte, su Capítulo Primero se dedica a la sede electrónica, como dirección electrónica cuya gestión y administración corresponde a una Administración Pública funcionando con plena responsabilidad respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que puede accederse a través de la misma. En la normativa de desarrollo de la Ley, cada Administración determinará los instrumentos de creación de las sedes electrónicas.

En su Capítulo Segundo se regulan las formas de identificación y autenticación, tanto de los ciudadanos como de los órganos administrativos en el ejercicio de sus competencias, siendo destacable que se habilitan distintos instrumentos de acreditación, que se concretarán en la normativa aplicable a cada supuesto con criterios de proporcionalidad. El Documento Nacional de Identidad electrónico está habilitado con carácter general para todas las relaciones con las Administraciones Públicas, y por ello se impulsará como fórmula para extender el uso general de la firma electrónica. También se establece la obligación para cualquier Administración de admitir los certificados electrónicos reconocidos en el ámbito de la Ley de Firma Electrónica.

Interesa también destacar sobre esta cuestión, y con objeto de evitar la brecha digital, la posibilidad de que sean funcionarios públicos quienes acrediten la voluntad de los ciudadanos, siguiendo el procedimiento establecido, para sus relaciones electrónicas con la Administración.

En el Capítulo Tercero se regulan los registros, comunicaciones y notificaciones electrónicas. La principal novedad a este respecto es la nueva regulación de los registros electrónicos, de manera que puedan convertirse en un instrumento que se libere de la rigidez actual y sirvan para la presentación de cualquier escrito o solicitud ante las Administraciones Públicas.

La Ley regula las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos con las Administraciones y de éstas entre sí, para aunar los criterios de agilidad y de seguridad jurídica. En el Capítulo Cuarto, sobre los documentos y archivos electrónicos, se establecen las condiciones para reconocer la validez de un documento electrónico, se regula todo el sistema de copias electrónicas, tanto las realizadas a partir de documentos emitidos originariamente en papel, como las copias de documentos que ya estuvieran en soporte electrónico y las condiciones para realizar en soporte papel copia de originales emitidos por medios electrónicos, o viceversa.

El Título Tercero trata de la gestión electrónica de los procedimientos, desarrolla la regulación de los procedimientos administrativos utilizando medios electrónicos y los criterios a seguir en la gestión electrónica, guardando un cierto paralelismo con la regulación que encontramos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así, se regula la iniciación, instrucción y terminación de procedimientos por medios electrónicos.

En este Título cabe hacer especial referencia a la obligación que se establece para las Administraciones Públicas de poner a disposición de los usuarios información por medios electrónicos sobre el estado de tramitación de los procedimientos, tanto para los gestionados en su totalidad por medios electrónicos como para el resto de procedimientos.

El Título Cuarto está dedicado a la Cooperación entre Administraciones para el impulso de la administración electrónica. En él se establecen el órgano de cooperación en esta materia de la Administración General del Estado con los de las Comunidades Autónomas y con la Administración Local, y se determinan los principios para garantizar la interoperabilidad de sistemas de información así como las bases para impulsar la reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnologías entre Administraciones.

La Ley consta, por último, de seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y ocho finales entre las que presenta especial relevancia la disposición final primera en la que se citan los preceptos de la ley que tienen carácter básico al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución.

Especial interés tiene también la disposición final tercera, pues con independencia de la fecha de entrada en vigor de la Ley, en ella se señalan las fechas para la efectividad plena del derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, estableciendo los plazos que se consideran adecuados para llevar a cabo las necesarias actuaciones previas de adecuación por parte de las distintas Administraciones Públicas.

 

TÍTULO PRELIMINAR . Del ámbito de aplicación y los principios generales

 

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. La presente Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica.

2. Las Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías de la información de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias.

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. La presente Ley, en los términos expresados en su disposición final primera, será de aplicación:

a) A las Administraciones Públicas, entendiendo por tales la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las mismas.

b) A los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

c) A las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas.

2. La presente Ley no será de aplicación a las Administraciones Públicas en las actividades que desarrollen en régimen de derecho privado.

 

Artículo 3. Finalidades de la Ley.

Son fines de la presente Ley:

1. Facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por medios electrónicos.

2. Facilitar el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la información y al procedimiento administrativo, con especial atención a la eliminación de las barreras que limiten dicho acceso.

3. Crear las condiciones de confianza en el uso de los medios electrónicos, estableciendo las medidas necesarias para la preservación de la integridad de los derechos fundamentales, y en especial los relacionados con la intimidad y la protección de datos de carácter personal, por medio de la garantía de la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos.

4. Promover la proximidad con el ciudadano y la transparencia administrativa, así como la mejora continuada en la consecución del interés general.

5. Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las Administraciones Públicas, incrementando la eficacia y la eficiencia de las mismas mediante el uso de las tecnologías de la información, con las debidas garantías legales en la realización de sus funciones.

6. Simplificar los procedimientos administrativos y proporcionar oportunidades de participación y mayor transparencia, con las debidas garantías legales.

7. Contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito de las Administraciones Públicas y en la sociedad en general.

 

Artículo 4. Principios generales.

La utilización de las tecnologías de la información tendrá las limitaciones establecidas por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, respetando el pleno ejercicio por los ciudadanos de los derechos que tienen reconocidos, y ajustándose a los siguientes principios:

a) El respeto al derecho a la protección de datos de carácter personal en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de los Datos de Carácter Personal, en las demás leyes específicas que regulan el tratamiento de la información y en sus normas de desarrollo, así como a los derechos al honor y a la intimidad personal y familiar.

b) Principio de igualdad con objeto de que en ningún caso el uso de medios electrónicos pueda implicar la existencia de restricciones o discriminaciones para los ciudadanos que se relacionen con las Administraciones Públicas por medios no electrónicos, tanto respecto al acceso a la prestación de servicios públicos como respecto a cualquier actuación o procedimiento administrativo sin perjuicio de las medidas dirigidas a incentivar la utilización de los medios electrónicos.

c) Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos en los términos establecidos por la normativa vigente en esta materia, a través de sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal y el diseño para todos de los soportes, canales y entornos con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieran.

d) Principio de legalidad en cuanto al mantenimiento de la integridad de las garantías jurídicas de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas establecidas en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

e) Principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos por las Administraciones Públicas al objeto de garantizar tanto la interoperabilidad de los sistemas y soluciones adoptados por cada una de ellas como, en su caso, la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos. En particular, se garantizará el reconocimiento mutuo de los documentos electrónicos y de los medios de identificación y autenticación que se ajusten a lo dispuesto en la presente Ley.

f) Principio de seguridad en la implantación y utilización de los medios electrónicos por las Administraciones Públicas, en cuya virtud se exigirá al menos el mismo nivel de garantías y seguridad que se requiere para la utilización de medios no electrónicos en la actividad administrativa.

g) Principio de proporcionalidad en cuya virtud sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones. Asimismo sólo se requerirán a los ciudadanos aquellos datos que sean estrictamente necesarios en atención a la finalidad para la que se soliciten.

h) Principio de responsabilidad y calidad en la veracidad y autenticidad de las informaciones y servicios ofrecidos por las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos.

i) Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las técnicas y sistemas de comunicaciones electrónicas garantizando la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por los ciudadanos y por las Administraciones Públicas, así como la libertad de desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A estos efectos las Administraciones Públicas utilizarán estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

j) Principio de simplificación administrativa, por el cual se reduzcan de manera sustancial los tiempos y plazos de los procedimientos administrativos, logrando una mayor eficacia y eficiencia en la actividad administrativa.

k) Principio de transparencia y publicidad del procedimiento, por el cual el uso de medios electrónicos debe facilitar la máxima difusión, publicidad y transparencia de las actuaciones administrativas.

 

Artículo 5. Definiciones.

A efectos de la presente ley, los términos que en ellas se emplean tendrán el sentido que se establece en su anexo.

 

TÍTULO PRIMERO. Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos

 

Artículo 6. Derechos de los ciudadanos.

1. Se reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos.

2. Además, los ciudadanos tienen en relación con la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa, y en los términos previstos en la presente Ley, los siguientes derechos:

a) A elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas.

b) A no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.

c) A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Administraciones Públicas.

d) A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean interesados, salvo en los supuestos en que la normativa de aplicación establezca restricciones al acceso a la información sobre aquéllos.

e) A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de interesado.

f) A la conservación en formato electrónico por las Administraciones Públicas de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente.

g) A obtener los medios de identificación electrónica necesarios, pudiendo las personas físicas utilizar en todo caso los sistemas de firma electrónica del Documento Nacional de Identidad para cualquier trámite electrónico con cualquier Administración Pública.

h) A la utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos en el ámbito de las Administraciones Públicas.

i) A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

j) A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.

k) A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones Públicas siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

3. En particular, en los procedimientos relativos al establecimiento de actividades de servicios, los ciudadanos tienen derecho a obtener la siguiente información a través de medios electrónicos:

a) Los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de servicio y para su ejercicio.

b) Los datos de las autoridades competentes en las materias relacionadas con las actividades de servicios, así como de las asociaciones y organizaciones profesionales relacionadas con las mismas.

c) Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos relativos a prestadores de actividades de servicios y las vías de recurso en caso de litigio entre cualesquiera autoridades competentes, prestadores y destinatarios.

 

Artículo 7. Defensa de los derechos de los ciudadanos.

1. En la Administración General del Estado, se crea la figura del Defensor del usuario de la administración electrónica, que velará por la garantía de los derechos reconocidos a los ciudadanos en la presente Ley, sin perjuicio de las competencias atribuidas en este ámbito a otros órganos o entidades de derecho público. Será nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas entre personas de reconocido prestigio en la materia. Estará integrado en el Ministerio de Administraciones Públicas y desarrollará sus funciones con imparcialidad e independencia funcional.

2. El Defensor del usuario de la administración electrónica elaborará, con carácter anual, un informe que se elevará al Consejo de Ministros y se remitirá al Congreso de los Diputados. Dicho informe contendrá un análisis de las quejas y sugerencia recibidas así como la propuesta de las actuaciones y medidas a adoptar en relación con lo previsto en el apartado 1 de este artículo.

3. Para el ejercicio de sus funciones, el Defensor del usuario de la administración electrónica contará con los recursos de la Administración General del Estado con la asistencia que, a tal efecto, le presten las Inspecciones Generales de los Servicios de los Departamentos ministeriales y la Inspección General de Servicios de la Administración Pública. En particular, las Inspecciones de los Servicios le asistirán en la elaboración del informe al que se refiere el apartado anterior y le mantendrán permanentemente informado de las quejas y sugerencias que se reciban en relación con la prestación de servicios públicos a través de medios electrónicos. A estos efectos, la Comisión Coordinadora de las Inspecciones generales de servicios de los departamentos ministeriales realizará, en este ámbito, las funciones de coordinación que tiene legalmente encomendadas.

4. Reglamentariamente se determinará el estatuto del Defensor del usuario de la administración electrónica, así como la regulación de sus relaciones con los órganos a los que se refiere el apartado anterior de este artículo.

 

Artículo 8. Garantía de prestación de servicios y disposición de medios e instrumentos electrónicos.

1. Las Administraciones Públicas deberán habilitar diferentes canales o medios para la prestación de los servicios electrónicos, garantizando en todo caso el acceso a los mismos a todos los ciudadanos, con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos, en la forma que estimen adecuada.

2. La Administración General del Estado garantizará el acceso de todos los ciudadanos a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito a través de un sistema de varios canales que cuente, al menos, con los siguientes medios:

a) Las oficinas de atención presencial que se determinen, las cuales pondrán a disposición de los ciudadanos de forma libre y gratuita los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos reconocidos en el artículo 6 de esta Ley, debiendo contar con asistencia y orientación sobre su utilización, bien a cargo del personal de las oficinas en que se ubiquen o bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento.

b) Puntos de acceso electrónico, consistentes en sedes electrónicas creadas y gestionadas por los departamentos y organismos públicos y disponibles para los ciudadanos a través de redes de comunicación. En particular se creará un Punto de acceso general a través del cual los ciudadanos puedan, en sus relaciones con la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, acceder a toda la información y a los servicios disponibles. Este Punto de acceso general contendrá la relación de servicios a disposición de los ciudadanos y el acceso a los mismos, debiendo mantenerse coordinado, al menos, con los restantes puntos de acceso electrónico de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

c) Servicios de atención telefónica que, en la medida en que los criterios de seguridad y las posibilidades técnicas lo permitan, faciliten a los ciudadanos el acceso a las informaciones y servicios electrónicos a los que se refieren los apartados anteriores.

 

Artículo 9. Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.

1. Para un eficaz ejercicio del derecho reconocido en el apartado 6.2.b), cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder y se encuentren en soporte electrónico, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.

2. La disponibilidad de tales datos estará limitada estrictamente a aquellos que son requeridos a los ciudadanos por las restantes Administraciones para la tramitación y resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos. El acceso a los datos de carácter personal estará, además, condicionado al cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 6.2.b) de la presente Ley.

 

TÍTULO SEGUNDO. Régimen jurídico de la administración electrónica

 

CAPÍTULO I. De la sede electrónica

 

Artículo 10. La sede electrónica.

1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias.

2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.

3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación del titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.

4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.

5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

 

Artículo 11. Publicaciones electrónicas de Boletines Oficiales.

1. La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano o Entidad competente tendrá, en las condiciones y garantías que cada Administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa.

2. La publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del organismo competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables.

 

Artículo 12. Publicación electrónica del tablón de anuncios o edictos.

La publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deban publicarse en tablón de anuncios o edictos podrá ser sustituida o complementada por su publicación en la sede electrónica del organismo correspondiente.

 

CAPÍTULO II. De la identificación y autenticación

 

Sección 1.ª Disposiciones comunes

 

Artículo 13. Formas de identificación y autenticación.

1. Las Administraciones Públicas admitirán, en sus relaciones por medios electrónicos, sistemas de firma electrónica que sean conformes a lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica y resulten adecuados para garantizar la identificación de los participantes y, en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos.

2. Los ciudadanos podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica para relacionarse con las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que cada Administración determine:

a) En todo caso, los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas.

b) Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por las Administraciones Públicas.

c) Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se determinen.

3. Las Administraciones Públicas podrán utilizar los siguientes sistemas para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan:

a) Sistemas de firma electrónica basados en la utilización de certificados de dispositivo seguro o medio equivalente que permita identificar la sede electrónica y el establecimiento con ella de comunicaciones seguras.

b) Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.

c) Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

d) Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme a lo específicamente acordado entre las partes.

 

Sección 2.ª Identificación de los ciudadanos y autenticación de su actuación

 

Artículo 14. Utilización del Documento Nacional de Identidad.

Las personas físicas podrán, en todo caso y con carácter universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad en su relación por medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El régimen de utilización y efectos de dicho documento se regirá por su normativa reguladora.

 

Artículo 15. Utilización de sistemas de firma electrónica avanzada.

1. Los ciudadanos, además de los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, referidos en el artículo 14, podrán utilizar sistemas de firma electrónica avanzada para identificarse y autenticar sus documentos.

2. La relación de sistemas de firma electrónica avanzada admitidos, con carácter general, en el ámbito de cada Administración Pública, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Dicha relación incluirá, al menos, información sobre los elementos de identificación utilizados así como, en su caso, las características de los certificados electrónicos admitidos, los prestadores que los expiden y las especificaciones de la firma electrónica que puede realizarse con dichos certificados.

3. Los certificados electrónicos expedidos a Entidades sin personalidad jurídica, previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica podrán ser admitidos por las Administraciones Públicas en los términos que estas determinen.

 

Artículo 16. Utilización de otros sistemas de firma electrónica.

1. Las Administraciones Públicas podrán determinar, teniendo en cuenta los datos e intereses afectados, y siempre de forma justificada, los supuestos y condiciones de utilización por los ciudadanos de otros sistemas de firma electrónica, tales como claves concertadas en un registro previo, aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos.

2. En aquellos supuestos en los que se utilicen estos sistemas para confirmar información, propuestas o borradores remitidos o exhibidos por una Administración Pública, ésta deberá garantizar la integridad y el no repudio por ambas partes de los documentos electrónicos concernidos.

3. Cuando resulte preciso, las Administraciones Públicas certificarán la existencia y contenido de las actuaciones de los ciudadanos en las que se hayan usado formas de identificación y autenticación a que se refiere este artículo.

 

Sección 3.ª Identificación electrónica de las administraciones públicas y autenticación del ejercicio de su competencia

 

Artículo 17. Identificación de las sedes electrónicas.

Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, sistemas de firma electrónica basados en certificados de dispositivo seguro o medio equivalente.

 

Artículo 18. Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.

1. Para la identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica:

a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.

b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano o entidad y, en su caso, a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.

2. Los certificados electrónicos a los que se hace referencia en el apartado 1.a) incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, pudiendo contener la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos.

3. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Además, cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos.

 

Artículo 19. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 17 y 18, la identificación y autenticación del ejercicio de la competencia de la Administración Pública, órgano o entidad actuante, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del personal a su servicio, de acuerdo con lo dispuesto en los siguientes apartados.

2. Cada Administración Pública podrá proveer a su personal de sistemas de firma electrónica, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios.

3. La firma electrónica basada en el Documento Nacional de Identidad podrá utilizarse a los efectos de este artículo.

 

Artículo 20. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación.

1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos y entidades de derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que, al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar.

3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas administraciones, las condiciones y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante convenio.

4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan.

 

Sección 4.ª De la interoperabilidad y de la acreditación y representación de los ciudadanos

 

Artículo 21. Interoperabilidad de la identificación y autenticación por medio de certificados electrónicos.

1. Los certificados electrónicos reconocidos emitidos por prestadores de servicios de certificación serán admitidos por las Administraciones Públicas como válidos para relacionarse con las mismas, siempre y cuando el prestador de servicios de certificación ponga a disposición de las Administraciones Públicas la información que sea precisa en condiciones que resulten tecnológicamente viables y sin que suponga coste alguno para aquellas.

2. Los sistemas de firma electrónica utilizados o admitidos por alguna Administración Pública distintos de los basados en los certificados a los que se refiere el apartado anterior podrán ser asimismo admitidos por otras Administraciones, conforme a principios de reconocimiento mutuo y reciprocidad.

3. La Administración General del Estado dispondrá, al menos, de una plataforma de verificación del estado de revocación de todos los certificados admitidos en el ámbito de las Administraciones Públicas que será de libre acceso por parte de todos los Departamentos y Administraciones. Cada Administración Pública podrá disponer de los mecanismos necesarios para la verificación del estado de revocación y la firma con los certificados electrónicos admitidos en su ámbito de competencia.

 

Artículo 22. Identificación y autenticación de los ciudadanos por funcionario público.

1. En los supuestos en que para la realización de cualquier operación por medios electrónicos se requiera la identificación o autenticación del ciudadano mediante algún instrumento de los previstos en el artículo 13 de los que aquel no disponga, tal identificación o autenticación podrá ser validamente realizada por funcionarios públicos mediante el uso del sistema de firma electrónica del que estén dotados.

2. Para la eficacia de lo dispuesto en el apartado anterior, el ciudadano deberá identificarse y prestar su consentimiento expreso, debiendo quedar constancia de ello para los casos de discrepancia o litigio.

3. Cada Administración Pública mantendrá actualizado un registro de los funcionarios habilitados para la identificación o autenticación regulada en este artículo.

 

Artículo 23. Formas de Representación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.2, las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación.

 

CAPÍTULO III. De los registros, las comunicaciones y las notificaciones electrónicas

 

Sección 1.ª De los Registros

 

Artículo 24. Registros electrónicos.

1. Las Administraciones Públicas crearán registros electrónicos para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

2. Los registros electrónicos podrán admitir:

a) Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos.

b) Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados en el apartado anterior dirigido a cualquier órgano o entidad del ámbito de la administración titular del registro.

3. En cada Administración Pública existirá, al menos, un sistema de registros electrónicos suficiente para recibir todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a dicha Administración Pública. Las Administraciones Públicas podrán, mediante convenios de colaboración, habilitar a sus respectivos registros para la recepción de las solicitudes, escritos y comunicaciones de la competencia de otra Administración que se determinen en el correspondiente convenio.

4. En el ámbito de la Administración General del Estado se automatizarán las oficinas de registro físicas a las que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de garantizar la interconexión de todas sus oficinas y posibilitar el acceso por medios electrónicos a los asientos registrales y a las copias electrónicas de los documentos presentados.

 

Artículo 25. Creación y funcionamiento.

1. Las disposiciones de creación de registros electrónicos se publicarán en el Diario Oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles a los efectos previstos en el artículo siguiente.

2. En la sede electrónica de acceso al registro figurará la relación actualizada de las solicitudes, escritos y comunicaciones a las que se refiere el apartado 2.a) del artículo anterior que pueden presentarse en el mismo así como, en su caso, la posibilidad de presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones a los que se refiere el apartado 2.b) de dicho artículo.

3. Los registros electrónicos emitirán automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del escrito, solicitud o comunicación de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro.

4. Podrán aportarse documentos que acompañen a la correspondiente solicitud, escrito o comunicación, siempre que cumplan los estándares de formato y requisitos de seguridad que se determinen en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad. Los registros electrónicos generarán recibos acreditativos de la entrega de estos documentos que garanticen la integridad y el no repudio de los documentos aportados.

 

Artículo 26. Cómputo de plazos.

1. Los registros electrónicos se regirán a efectos de cómputo de los plazos imputables tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.

2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.

3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

4. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos y entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b del artículo 24, por la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el escrito, solicitud o comunicación.

5. Cada sede electrónica en la que esté disponible un registro electrónico determinará, atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquella, los días que se considerarán inhábiles a los efectos de los apartados anteriores. En todo caso, no será de aplicación a los registros electrónicos lo dispuesto en el artículo 48.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 

Sección 2.ª De las comunicaciones y las notificaciones electrónicas

 

Artículo 27. Comunicaciones electrónicas.

1. Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con las Administraciones Públicas, sea o no por medios electrónicos, excepto en aquellos casos en los que de una norma con rango de Ley se establezca o infiera la utilización de un medio no electrónico. La opción de comunicarse por unos u otros medios no vincula al ciudadano, que podrá, en cualquier momento, optar por un medio distinto del inicialmente elegido.

2. Las Administraciones Públicas utilizarán medios electrónicos en sus comunicaciones con los ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o consentido expresamente. La solicitud y el consentimiento podrán, en todo caso, emitirse y recabarse por medios electrónicos.

3. Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de las mismas.

4. Las Administraciones publicarán, en el correspondiente Diario Oficial y en la propia sede electrónica, aquellos medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en cada supuesto en el ejercicio de su derecho a comunicarse con ellas.

5. Los requisitos de seguridad e integridad de las comunicaciones se establecerán en cada caso de forma apropiada al carácter de los datos objeto de aquellas, de acuerdo con criterios de proporcionalidad, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

6. Reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

7. Las Administraciones Públicas utilizarán preferentemente medios electrónicos en sus comunicaciones con otras Administraciones Públicas. Las condiciones que regirán estas comunicaciones se determinarán entre las Administraciones Públicas participantes.

 

Artículo 28. Práctica de la notificación por medios electrónicos.

1. Para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido su utilización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.6. Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento citados anteriormente podrán emitirse y recabarse, en todo caso, por medios electrónicos.

2. El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales.

3. Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común y normas concordantes, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

4. Durante la tramitación del procedimiento el interesado podrá requerir al órgano correspondiente que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, utilizándose los demás medios admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, excepto en los casos previstos en el artículo 27.6 de la presente Ley.

5. Producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia el acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas correspondientes, siempre que quede constancia de dichos acceso.

 

CAPÍTULO IV. De los documentos y los archivos electrónicos

 

Artículo 29. Documento administrativo electrónico.

1. Las Administraciones Públicas podrán emitir validamente por medios electrónicos los documentos administrativos a los que se refiere el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que incorporen una o varias firmas electrónicas conforme a lo establecido en la Sección 3.ª del Capítulo II de la presente Ley.

2. Los documentos administrativos incluirán referencia temporal, que se garantizará a través de medios electrónicos cuando la naturaleza del documento así lo requiera.

3. La Administración General del Estado, en su relación de prestadores de servicios de certificación electrónica, especificará aquellos que con carácter general estén admitidos para prestar servicios de sellado de tiempo.

 

Artículo 30. Copias electrónicas.

1. Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos electrónicos emitidos por el propio interesado o por las Administraciones Públicas, manteniéndose o no el formato original, tendrán inmediatamente la consideración de copias auténticas con la eficacia prevista en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que el documento electrónico original se encuentre en poder de la Administración, y que la información de firma electrónica y, en su caso, de sellado de tiempo permitan comprobar la coincidencia con dicho documento.

2. Las copias realizadas por las Administraciones Públicas, utilizando medios electrónicos, de documentos emitidos originalmente por las Administraciones Públicas en soporte papel tendrán la consideración de copias auténticas siempre que se cumplan los requerimientos y actuaciones previstas en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Las Administraciones Públicas podrán obtener imágenes electrónicas de los documentos privados aportados por los ciudadanos, con su misma validez y eficacia, a través de procesos de digitalización que garanticen su autenticidad, integridad y la conservación del documento imagen, de lo que se dejará constancia. Esta obtención podrá hacerse de forma automatizada, mediante el correspondiente sello electrónico.

4. En los supuestos de documentos emitidos originalmente en soporte papel de los que se hayan efectuado copias electrónicas de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, podrá procederse a la destrucción de los originales en los términos y con las condiciones que por cada Administración Pública se establezcan.

5. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos administrativos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora.

 

Artículo 31. Archivo electrónico de documentos.

1. Podrán almacenarse por medios electrónicos todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas.

2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.

3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.

 

Artículo 32. Expediente electrónico.

1. El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan.

2. El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, firmado por la Administración, órgano o entidad actuante, según proceda. Este índice garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.

3. La remisión de expedientes podrá ser sustituida a todos los efectos legales por la puesta a disposición del expediente electrónico, teniendo el interesado derecho a obtener copia del mismo.

 

TÍTULO TERCERO. De la gestión electrónica de los procedimientos

 

CAPÍTULO I. Disposiciones comunes

 

Artículo 33. Utilización de medios electrónicos.

1. La gestión electrónica de la actividad administrativa respetará la titularidad y el ejercicio de la competencia por la Administración Pública, órgano o entidad que la tenga atribuida y el cumplimiento de los requisitos formales y materiales establecidos en las normas que regulen la correspondiente actividad. A estos efectos, y en todo caso bajo criterios de simplificación administrativa, se impulsará la aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo y la gestión de los procedimientos y de la actuación administrativa.

2. En la aplicación de medios electrónicos a la actividad administrativa se considerará la adecuada dotación de recursos y medios materiales al personal que vaya a utilizarlos, así como la necesaria formación acerca de su utilización.

 

Artículo 34. Criterios para la gestión electrónica.

La aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos, procesos y servicios irá siempre precedida de la realización de un análisis de rediseño funcional y simplificación del procedimiento, proceso o servicio, en el que se considerarán especialmente los siguientes aspectos:

a) La supresión o reducción de la documentación requerida a los ciudadanos, mediante su sustitución por datos, transmisiones de datos o certificaciones, o la regulación de su aportación al finalizar la tramitación.

b) La previsión de medios e instrumentos de participación, transparencia e información.

c) La reducción de los plazos y tiempos de respuesta.

d) La racionalización de la distribución de las cargas de trabajo y de las comunicaciones internas.

 

CAPÍTULO II. Utilización de medios electrónicos en la tramitación del procedimiento

 

Artículo 35. Iniciación del procedimiento por medios electrónicos.

1. La iniciación de un procedimiento administrativo a solicitud de interesado por medios electrónicos requerirá la puesta a disposición de los interesados de los correspondientes modelos o sistemas electrónicos de solicitud en la sede electrónica que deberán ser accesibles sin otras restricciones tecnológicas que las estrictamente derivadas de la utilización de estándares en los términos establecidos en el apartado i) del artículo 4 y criterios de comunicación y seguridad aplicables de acuerdo con las normas y protocolos nacionales e internacionales.

2. Los interesados podrán aportar al expediente copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. La Administración Pública podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir al particular la exhibición del documento o de la información original. La aportación de tales copias implica la autorización a la Administración para que acceda y trate la información personal contenida en tales documentos.

3. Con objeto de facilitar y promover su uso, los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras administraciones e, incluso, ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el ciudadano verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.

 

Artículo 36. Instrucción del procedimiento utilizando medios electrónicos.

1. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción por medios electrónicos de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables de los procedimientos así como la tramitación ordenada de los expedientes y facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.

2. Los sistemas de comunicación utilizados en la gestión electrónica de los procedimientos para las comunicaciones entre los órganos y unidades intervinientes a efectos de emisión y recepción de informes u otras actuaciones deberán cumplir los requisitos establecidos en esta Ley.

3. Cuando se utilicen medios electrónicos para la participación de los interesados en la instrucción del procedimiento a los efectos del ejercicio de su derecho a presentar alegaciones en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución o en la práctica del trámite de audiencia cuando proceda, se emplearán los medios de comunicación y notificación previstos en los artículos 27 y 28 de esta Ley.

 

Artículo 37. Acceso de los interesados a la información sobre el estado de tramitación.

1. En los procedimientos administrativos gestionados en su totalidad electrónicamente, el órgano que tramita el procedimiento pondrá a disposición del interesado un servicio electrónico de acceso restringido donde éste pueda consultar, previa identificación, al menos la información sobre el estado de tramitación del procedimiento, salvo que la normativa aplicable establezca restricciones a dicha información. La información sobre el estado de tramitación del procedimiento comprenderá la relación de los actos de trámite realizados, con indicación sobre su contenido, así como la fecha en la que fueron dictados.

2. En el resto de los procedimientos se habilitarán igualmente servicios electrónicos de información del estado de la tramitación que comprendan, al menos, la fase en la que se encuentra el procedimiento y el órgano o unidad responsable.

 

Artículo 38. Terminación de los procedimientos por medios electrónicos.

1. La resolución de un procedimiento utilizando medios electrónicos garantizará la identidad del órgano competente mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en los artículos 18 y 19 de esta Ley.

2. Podrán adoptarse y notificarse resoluciones de forma automatizada en aquellos procedimientos en los que así esté previsto.

 

Artículo 39. Actuación administrativa automatizada.

En caso de actuación automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.

 

TÍTULO CUARTO. Cooperación entre administraciones para el impulso de la administración electrónica

 

CAPÍTULO I. Marco institucional de cooperación en materia de administración electrónica

 

Artículo 40. Comité Sectorial de administración electrónica.

1. El Comité Sectorial de administración electrónica, dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, es el órgano técnico de cooperación de la Administración General del Estado, de las administraciones de las Comunidades Autónomas y de las entidades que integran la Administración Local en materia de administración electrónica.

2. El Comité Sectorial de la administración electrónica velará por el cumplimiento de los fines y principios establecidos en esta Ley, y en particular desarrollará las. siguientes funciones:

a) Asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas.

b) Preparar planes programas conjuntos de actuación para impulsar el desarrollo de la administración electrónica en España.

3. Cuando por razón de las materias tratadas resulte de interés podrá invitarse a las organizaciones, corporaciones o agentes sociales que se estime conveniente en cada caso a participar en las deliberaciones del comité sectorial.

 

CAPÍTULO II. Cooperación en materia de interoperabilidad de sistemas y aplicaciones

 

Artículo 41. Interoperabilidad de los Sistemas de Información.

Las Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías de la información en sus relaciones con las demás administraciones y con los ciudadanos, aplicando medidas informáticas, tecnológicas, organizativas, y de seguridad, que garanticen un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa y eviten discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.

 

Artículo 42. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad.

1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprenderá el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.

2. El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de la información.

3. Ambos Esquemas se elaborarán con la participación de todas las Administraciones y se aprobarán por Real Decreto del Gobierno, a propuesta de la Conferencia Sectorial de Administración Pública y previo informe de la Comisión Nacional de Administración Local, debiendo mantenerse actualizados de manera permanente.

4. En la elaboración de ambos Esquemas se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea, la situación tecnológica de las diferentes Administraciones Públicas, así como los servicios electrónicos ya existentes. A estos efectos considerarán la utilización de estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

 

Artículo 43. Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas.

La Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y las entidades que integran la Administración Local, así como los consorcios u otras entidades de cooperación constituidos a tales efectos por éstas, adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en sus respectivos ámbitos las tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de sus redes con el fin de crear una red de comunicaciones que interconecte los sistemas de información de las Administraciones Públicas españolas y permita el intercambio de información y servicios entre las mismas, así como la interconexión con las redes de las Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados Miembros.

 

Artículo 44. Red integrada de Atención al Ciudadano.

1. Las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios de colaboración con objeto de articular medidas e instrumentos de colaboración para la implantación coordinada y normalizada de una red de espacios comunes o ventanillas únicas.

2. En particular, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, se implantarán espacios comunes o ventanillas únicas para obtener la información prevista en el artículo 6.3 de esta Ley y para realizar los trámites y procedimientos a los que hace referencia el apartado a) de dicho artículo.

 

CAPÍTULO III. Reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnologías

 

Artículo 45. Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración.

1. Las administraciones titulares de los derechos de propiedad intelectual de aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o cuyo desarrollo haya sido objeto de contratación, podrán ponerlas a disposición de cualquier Administración sin contraprestación y sin necesidad de convenio.

2. Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas como de fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública o se fomente la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de la información

 

Artículo 46. Transferencia de tecnología entre Administraciones.

1. Las Administraciones Públicas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización, especialmente en aquellos campos de especial interés para el desarrollo de la administración electrónica y de conformidad con lo que al respecto se establezca en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

2. La Administración General del Estado, a través de un centro para la transferencia de la tecnología, mantendrá un directorio general de aplicaciones para su reutilización, prestará asistencia técnica para la libre reutilización de aplicaciones e impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes de especial interés para el desarrollo de la administración electrónica en el marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad.

 

Disposición adicional primera. Reunión de Órganos colegiados por medios electrónicos.

1. Los órganos colegiados podrán constituirse y adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos, con respeto a los trámites esenciales establecidos en los artículos 26 y el 27.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la Administración General del Estado, lo previsto en el apartado anterior se efectuará de acuerdo con las siguientes especialidades:

a) Deberá garantizarse la realización efectiva de los principios que la legislación establece respecto de la convocatoria, acceso a la información y comunicación del orden del día, en donde se especificarán los tiempos en los que se organizarán los debates, la formulación y conocimiento de las propuestas y la adopción de acuerdos.

b) El régimen de constitución y adopción de acuerdos garantizará la participación de los miembros de acuerdo con las disposiciones propias del órgano.

c) Las actas garantizarán la constancia de las comunicaciones producidas así como el acceso de los miembros al contenido de los acuerdos adoptados.

 

Disposición adicional segunda. Formación de empleados públicos.

La Administración General del Estado promoverá la formación del personal a su servicio en la utilización de medios electrónicos para el desarrollo de las actividades propias de aquélla.

En especial, los empleados públicos de la Administración General del Estado recibirán formación específica que garantice conocimientos actualizados de las condiciones de seguridad de la utilización de medios electrónicos en la actividad administrativa, así como de protección de los datos de carácter personal, respeto a la propiedad intelectual e industrial y gestión de la información.

 

Disposición adicional tercera. Plan de Medios en la Administración General del Estado.

En el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley, el Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con los Ministerios de Economía y Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio, elevará al Consejo de Ministros un Plan de implantación de los medios necesarios para el ámbito de la Administración General del Estado. Dicho Plan incorporará las estimaciones de los recursos económicos, técnicos y humanos que se consideren precisos para la adecuada aplicación de lo dispuesto en la presente Ley en los tiempos establecidos en el calendario al que se refiere el apartado 2 de la disposición final tercera, así como los mecanismos de evaluación y control de su aplicación.

 

Disposición adicional cuarta. Procedimientos Especiales.

La aplicación de lo dispuesto en el Título Tercero de esta ley a los procedimientos en materia tributaria, de seguridad social y desempleo y de régimen jurídico de los extranjeros en España, se efectuará de conformidad con lo establecido en las disposiciones adicionales quinta, sexta, séptima y decimonovena de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, en la aplicación de esta ley habrán de ser tenidas en cuenta las especificidades en materia de contratación pública, conforme a lo preceptuado en la disposición adicional séptima del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

 

Disposición adicional quinta. Función Estadística.

Lo dispuesto en los artículos 6.2.b) y 9 de la presente ley no será de aplicación a la recogida de datos prevista en el Capítulo II de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.

 

Disposición adicional sexta. Uso de Lenguas Oficiales.

1. Se garantizará el uso de las lenguas oficiales del Estado en las relaciones por medios electrónicos de los ciudadanos con las Administraciones Públicas, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la normativa que en cada caso resulte de aplicación.

2. A estos efectos, las sedes electrónicas cuyo titular tenga competencia sobre territorios con régimen de cooficialidad lingüística posibilitarán el acceso a sus contenidos y servicios en las lenguas correspondientes.

3. Los sistemas y aplicaciones utilizados en la gestión electrónica de los procedimientos se adaptarán a lo dispuesto en cuanto al uso de lenguas cooficiales en el artículo 36 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

4. Cada Administración Pública afectada determinará el calendario para el cumplimiento progresivo de lo previsto en la presente disposición, debiendo garantizar su cumplimiento total en los plazos establecidos en la disposición final tercera.

 

Disposición transitoria única. Régimen Transitorio.

1. Los procedimientos y actuaciones de los ciudadanos y las Administraciones Públicas que, utilizando medios electrónicos, se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se seguirán rigiendo por la normativa anterior hasta su terminación.

2. Los registros telemáticos existentes a la entrada en vigor de la presente Ley serán considerados registros electrónicos regulándose por lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 de esta Ley.

 

Disposición derogatoria única.

1. Quedan derogados los siguientes preceptos de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: apartado número 9 del artículo 38, apartados números 2, 3 y 4 del artículo 45, apartado número 3 del artículo 59 y la disposición adicional decimoctava.

2. Asimismo, quedan derogadas las normas de igual o inferior rango en cuanto contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

 

Disposición final primera. Carácter básico de la Ley.

1. Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.1, 9, 10, 11.1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.1,21.2, 22, 23, 24.1, 24.2, 24.3, 25, 26, 27, 28, 29.1, 29.2, 30, 32, 35, 37.1, 38, 42, el apartado 1 de la disposición adicional primera, la disposición adicional cuarta, la disposición transitoria única y la disposición final tercera se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y sobre el procedimiento administrativo común.

2. Con excepción del artículo 42, el Título IV de la presente ley será de aplicación a todas las Administraciones Públicas en la medida en que éstas participen o se adscriban a los órganos de cooperación o instrumentos previstos en el mismo.

 

Disposición final segunda. Publicación electrónica del «Boletín Oficial del Estado».

La publicación electrónica del «Boletín Oficial del Estado» tendrá el carácter y los efectos previstos en el artículo 11.2 de la presente Ley desde el 1 de enero de 2009.

 

Disposición final tercera. Adaptación de las Administraciones Públicas para el ejercicio de derechos.

1. Desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con los procedimientos y actuaciones adaptados a lo dispuesto en la misma, sin perjuicio de lo señalado en los siguientes apartados. A estos efectos, cada Administración Pública hará pública y mantendrá actualizada la relación de dichos procedimientos y actuaciones.

2. En el ámbito de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ésta, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009. A tal fin, el Consejo de Ministros establecerá y hará público un calendario de adaptación gradual de aquellos procedimientos y actuaciones que lo requieran.

3. En el ámbito de las Comunidades Autónomas, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias.

4. En el ámbito de las Entidades que integran la Administración Local, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias. A estos efectos las Diputaciones Provinciales, o en su caso los Cabildos y Consejos Insulares u otros organismos supramunicipales, podrán prestar los servicios precisos para garantizar tal efectividad en el ámbito de los municipios que no dispongan de los medios técnicos y organizativos necesarios para prestarlos.

 

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 84/1978, de 28 de diciembre, por la que se regula la tasa por expedición del Documento Nacional de Identidad.

Uno. El apartado 2 del artículo 4 queda redactado del siguiente modo:

«2. Quienes hubieran de renovar preceptivamente su documento durante el plazo de vigencia del mismo, por variación de alguno de los datos que se recogen en el mismo.»

Dos. El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 6. Cuota tributaria.

La cuota tributaria exigible será de 6,70 euros. Los excesos del costo de la expedición, si existen, serán sufragados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.»

 

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 16/1979, de 2 de octubre, sobre Tasas de la Jefatura Central de Tráfico.

Uno. En el apartado 1 del artículo 5 se modifica la letra d) y se incorpora una nueva letra e) que quedan redactadas del siguiente modo:

«d) Quienes soliciten duplicados de las autorizaciones administrativas para conducir o para circular por cambio de domicilio.

e) Quienes soliciten la baja definitiva de un vehículo por entrega en un establecimiento autorizado para su destrucción.»

Dos. Los puntos 4 y 4 bis, primera columna de la izquierda del Grupo IV del artículo 6, quedan redactados del siguiente modo:

«4. Duplicados de permisos, autorizaciones por extravío, sustracción, deterioro, prórroga de vigencia o cualquier modificación de aquéllos.

4 bis. duplicados de licencias de conducción y de circulación de ciclomotores por extravío, sustracción, deterioro, prórroga de vigencia o cualquier modificación de aquéllos.»

 

Disposición final sexta. Habilitación para la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado.

El Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con los Ministerios de Economía y Hacienda, de Industria, Turismo y Comercio y de Trabajo y Asuntos Sociales, regularán antes del 1 de marzo de 2008 las condiciones del teletrabajo en la Administración General del Estado.

 

Disposición final séptima. Desarrollo reglamentario del artículo 4.c).

El Gobierno desarrollará reglamentariamente lo previsto en el artículo 4.c) de la presente Ley para garantizar que todos los ciudadanos, con especial atención a las personas con algún tipo de discapacidad y mayores, que se relacionan con la Administración General del Estado puedan acceder a los servicios electrónicos en igualdad de condiciones con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos.

 

Disposición final octava. Desarrollo y entrada en vigor de la Ley.

1. Corresponde al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.

2. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

 

 

Por tanto,

Mando a todo los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 22 de junio de 2007.

JUAN CARLOS R.

La Presidenta del Gobierno en funciones,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

 

 

ANEXO. Definiciones

A efectos de la presente ley, se entiende por:

a) Actuación administrativa automatizada: Actuación administrativa producida por un sistema de información adecuadamente programado sin necesidad de intervención de una persona física en cada caso singular. Incluye la producción de actos de trámite o resolutorios de procedimientos, así como de meros actos de comunicación.

b) Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un problema mediante el uso de informática.

c) Aplicación de fuentes abiertas: Aquella que se distribuye con una licencia que permite la libertad de ejecutarla, de conocer el código fuente, de modificarla o mejorarla y de redistribuir copias a otros usuarios.

d) Autenticación: Acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona o ente, del contenido de la voluntad expresada en sus operaciones, transacciones y documentos, y de la integridad y autoría de estos últimos.

e) Canales: Estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicios; incluyendo el canal presencial, el telefónico y el electrónico, así como otros que existan en la actualidad o puedan existir en el futuro (dispositivos móviles, TDT, etc).

f) Certificado electrónico: Según el artículo 6 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «Documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad».

g) Certificado electrónico reconocido: Según el artículo 11 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica: «Son certificados reconocidos los certificados electrónicos expedidos por un prestador de servicios de certificación que cumpla los requisitos establecidos en esta Ley en cuanto a la comprobación de la identidad y demás circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de los servicios de certificación que presten».

h) Ciudadano: Cualesquiera personas físicas, personas jurídicas y entes sin personalidad que se relacionen, o sean susceptibles de relacionarse, con las Administraciones Públicas.

i) Dirección electrónica: Identificador de un equipo o sistema electrónico desde el que se provee de información o servicios en una red de comunicaciones.

j) Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.

k) Estándar abierto: Aquel que reúna las siguientes condiciones:

– sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso,

– su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.

l) Firma electrónica: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante».

m) Firma electrónica avanzada: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control».

n) Firma electrónica reconocida: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma».

o) Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.

p) Medio electrónico: Mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones; incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como Internet, telefonía fija y móvil u otras.

q) Punto de acceso electrónico: Conjunto de páginas web agrupadas en un dominio de Internet cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios dirigidos a resolver necesidades específicas de un grupo de personas o el acceso a la información y servicios de a una institución pública.

r) Sistema de firma electrónica: Conjunto de elementos intervinientes en la creación de una firma electrónica. En el caso de la firma electrónica basada en certificado electrónico, componen el sistema, al menos, el certificado electrónico, el soporte, el lector, la aplicación de firma utilizada y el sistema de interpretación y verificación utilizado por el receptor del documento firmado.

s) Sellado de tiempo: Acreditación a cargo de un tercero de confianza de la fecha y hora de realización de cualquier operación o transacción por medios electrónicos.

t) Espacios comunes o ventanillas únicas: Modos o canales (oficinas integradas, atención telefónica, páginas en Internet y otros) a los que los ciudadanos pueden dirigirse para acceder a las informaciones, trámites y servicios públicos determinados por acuerdo entre varias Administraciones.

u) Actividad de servicio: Cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una remuneración.

v) Prestador de actividad de servicio: Cualquier persona física o jurídica que ofrezca o preste una actividad de servicio.

01Ene/14

Seminarios y Congresos sobre Derecho Informatico en XII Congreso Iberoamericano de Derecho e InformáticaAnexos

Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática

NOTA DE PRENSA
Aragón exportará al mundo sus avances en tecnología y cultura jurídica en el XII Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática

» Se celebrará del 12 al 17 de mayo de 2008 en Zaragoza y Huesca, con la participación de expertos internacionales de Europa y América

» Se debatirán temas tan trascendentes como la protección de datos, la propiedad intelectual, los códigos de práctica, el Gobierno electrónico, la reforma de la Oficina Judicial o la enseñanza on line en el ámbito del Derecho

Zaragoza, 16 de abril de 2008

Aragón exportará al mundo sus avances en tecnología y cultura jurídica en el XII Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática que se celebrará del 12 al 17 de mayo en Zaragoza y Huesca. Aragón es tierra de Derecho y, como consecuencia, esta tierra ha propiciado la existencia de grandes juristas y pensadores. La revolución que ha supuesto en todos los órdenes de la vida las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ha tenido también su respuesta en el Derecho.

Esta Comunidad ha realizado un gran esfuerzo para impulsar y encauzar este proceso de transformaciones normativas y operativas, como parte del necesario ordenamiento de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Esta experiencia es la que Aragón, referente internacional en esta materia, quiere compartir en este encuentro internacional que tendrá su sede en el Centro de Exposiciones y Congresos Ibercaja-Patio de la Infanta, y que desplazará una de sus jornadas, la del 15 de mayo, al Parque Tecnológico Walqa de Huesca.

Este congreso está organizado por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática (FIADI) y la Asociación para la Promoción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (APTICE). Se trata de un evento académico de consolidado prestigio, que se celebra cada dos años y que goza de un gran reconocimiento internacional.

Está patrocinado por el Gobierno de Aragón, a través de las Consejerías de Ciencia y Tecnología, y de Industria, Comercio y Turismo; la Universidad de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Cámara de Comercio, IberCaja (Obra Social y Cultural), Milla Digital y Parque Tecnológico Walqa. Está promovido por la Red Temática LEFIS (Marco jurídico de la sociedad de la información), el Programa de Formación Permanente (Lifelong Learning) iniciativa Campus Virtual de la Unión Europea y ColorIURIS. Apoyan su desarrollo el Consejo General del Poder Judicial, el Justicia de Aragón y el Colegio de Abogados de Zaragoza.

En este congreso, que abordará en forma comparativa el Derecho que regula las tecnologías de la información y de la comunicación en Europa y América, se darán cita varios centenares de expertos internacionales procedentes de Argentina, Austria, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, España, Finlandia, Méjico, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido y Uruguay. Profesores de Universidad, investigadores, juristas, secretarios judiciales, informáticos y representantes de instituciones públicas y privadas debatirán el estado de la cuestión sobre regulaciones y funcionamiento de las instituciones que se ocupan de ordenar y poner en práctica el Derecho que regula las tecnologías de la información y de la comunicación. Todo ello a través de 24 ponencias, mesas redondas y más de 50 comunicaciones.

Protección de datos
Cada día se abordará un tema clave para el Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones e Informática Jurídica. En la primera jornada los debates se centrarán en la protección de datos personales, cuya situación en España quedará explicada en la conferencia inaugural que impartirá el director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo. En esta visión comparada, se pondrá de manifiesto cómo Iberoamérica intenta avanzar en esta materia creando jurisprudencia. Entre los participantes de este día, cabe destacar también a Carlos Delpiazzo, ex ministro de Uruguay y profesor de la Universidad de la República (Montevideo). Esta jornada es la que contará con mayor número de comunicaciones, dado el interés que despierta este tema.

Gobierno y Administración electrónicos
El segundo día se debatirá sobre Administraciones Públicas y tecnologías de la información y la comunicación, con el objetivo de poner en común cómo utilizan los Gobiernos estas nuevas tecnologías. Cabe destacar la ponencia sobre este tema de Roland Traunmüller, de la Universidad de Linz (Austria). También se presentarán los últimos avances en lo referente a gestión de la identificación y medidas de seguridad, incluido el tema de los Documentos Nacionales de Identidad electrónicos. Muy interesante será también la mesa redonda sobre las políticas que distintos países han puesto en marcha para atajar la brecha digital. Esta jornada albergará, además, el IV Encuentro Iberoamericano sobre Gobierno Electrónico e Inclusión Digital.

Propiedad intelectual y sellos de confianza
El tercer día, la sede del congreso se desplazará a Walqa para abordar la Confianza en Internet: propiedad intelectual, sellos de confianza y firma electrónica. De esta jornada, cabe reseñar la ponencia del abogado argentino Carlos Dionisio Aguirre, así como la intervención del abogado aragonés Pedro J. Canut, que defenderá que es posible salvaguardar la propiedad intelectual en Internet y expondrá el ejemplo de ColorIURIS, sistema on line de registro de contenidos y autogestión de derechos de autor. Asimismo, Fernando Galindo, de la Universidad de Zaragoza, dará a conocer el sello de confianza on line de la asociación aragonesa APTICE (Asociación para la Promoción de las Tecnologías de la Información y el Comercio Electrónico), cuyo código de prácticas ha sido reconocido recientemente como distintivo on line para los servicios de la información.

La Oficina Judicial y su reforma
La situación de la Administración de Justicia será tomada en consideración el cuarto día y las ponencias y debates se centrarán en la regulación de la Oficina Judicial, un tema muy importante en España por la reforma que hay que llevar a cabo y que supone modernizar y agilizar la Justicia, al tiempo que se destierra el papel de los juzgados. Ésta afecta, especialmente, a los secretarios judiciales. También se abordarán cuestiones como los contratos informáticos y telemáticos, y la prueba judicial. Destaca, por ello, la intervención del español Juan Carlos Garcés, miembro del Consejo General del Poder Judicial.

La formación del jurista
El quinto día, finalmente, se abordará la formación del jurista en la sociedad del conocimiento mostrándose el estado de la cuestión sobre ontologías jurídicas y XML. Destaca la intervención de Ahti Saarenpää, de la Universidad de Laponia (Finlandia). Además, Se conocerán las distintas iniciativas llevadas a cabo en la docencia del Derecho e Informática en universidades europeas e iberoamericanas, entre ellas el proyecto que coordina la Universidad de Zaragoza sobre enseñanza on line en el ámbito del Derecho en España atendiendo además a las reformas de Bolonia.

En esta última jornada se rendirá un homenaje a Vicente López Muñiz, juez madrileño ya jubilado, pionero en aunar Derecho e Informática, y socio fundador de FIADI.

Más información: Página web del Congreso. http://derechoeinformatica.blogia.com
O contactar con Ana Rioja – Gabinete de Prensa del Congreso. Teléfono: 615