Por Orden Foral 877/2002, de 26 de agosto, se estableció el procedimiento para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito para diligencias de cuantía igual o inferior a 4.000 euros.

La aprobación del nuevo Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aprobado por Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto, no ha supuesto modificaciones sustanciales en esta materia. Ello no obstante, la actualización del importe hasta el que se posibilita la utilización de dicho procedimiento, así como el hecho de que sea un requisito «sine quanom» para la condición de entidad colaboradora para la prestación del servicio de recaudación de las entidades de crédito, obligan a aprobar una nueva disposición regulando el procedimiento en cuestión.

Dentro del procedimiento de recaudación por la vía de apremio, el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aprobado por Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto, establece en su artículo 80 que el embargo de dinero en cuentas de depósito se llevará a cabo mediante diligencia de embargo que comprenderá todos los saldos del deudor existentes en una oficina de Entidad de depósito, sean o no conocidos por la Administración los datos identificativos de cada cuenta, hasta alcanzar el importe de la deuda no pagada en período voluntario, recargos correspondientes, intereses y, en su caso, las costas producidas.
En el apartado 2 de dicho artículo se prevé que la diligencia de embargo podrá, asimismo, comprender todos los saldos del deudor existentes en todas las oficinas de una misma Entidad, hasta alcanzar el importe de la deuda no pagada en período voluntario, recargos correspondientes, intereses y, en su caso, las costas producidas. En este caso, esa diligencia de embargo será presentada a los responsables de la Entidad o de sus Oficinas territoriales correspondientes, siendo en lo demás aplicable lo dispuesto en el apartado anterior.

La forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas a la notificación de la diligencia de embargo a la Entidad depositaria, así como el plazo máximo en que habrá de efectuarse la retención de los fondos, podrá ser convenido, con carácter general, entre el Departamento de Hacienda y Finanzas y la Entidad depositaria afectada.

Tal es el propósito de la presente Orden Foral, que tiene por objeto la determinación del procedimiento para la centralización de las operaciones de ingreso en la Hacienda Foral de las cantidades recaudadas por las entidades de depósito y el envío de la información necesaria para la gestión y seguimiento de las trabas, a través del establecimiento de la comunicación vía teleproceso entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y las entidades de depósito; procedimiento que será de aplicación para el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito para diligencias de cuantía igual o inferior a 6.000 euros.

Por todo ello y en virtud de la facultad conferida por la disposición final única del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aprobado por el del Decreto Foral Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto, dispongo:

Artículo 1.- Objeto.- Mediante el procedimiento establecido en la presente Orden Foral se llevará a cabo el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito, documentándose las diligencias de embargo por medios telemáticos (a través de EDITRAN).

La totalidad de las especificaciones tecnicas, así como la descripción general del procedimiento se recogen en el anexo de esta Orden Foral.

(Modificado por Orden Foral 480/2012, de 6 de junio)

Artículo 2.– Ámbito de aplicación e inicio de actuaciones.– Las entidades de depósito interesadas en adherirse al procedimiento para realizar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas en ellas abiertas, deberán comunicar su adhesión mediante escrito de su representante legal o de persona especialmente apoderada al efecto, dirigido al Subdirector General de Recaudación y Atención Ciudadana del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

En su escrito de adhesión al procedimiento, cada entidad deberá hacer constar en forma expresa los datos siguientes:

*　Nombre de la persona designada por la entidad para relacionarse con la Administración tributaria en esta materia, así como sus números de teléfono, fax y, en su caso, dirección de correo electrónico.

*　Identificación de la entidad que se encargará de transmitir los datos a la Administración tributaria (entidad transmisora). Cuando la entidad de depósito adherida no ostente la condición de colaboradora en la gestión recaudatoria deberá actuar obligatoriamente con una entidad transmisora que sí la tenga.

*　Localidad desde la que efectuarán las transmisiones.

Cada entidad podrá optar por presentar su escrito de adhesión directamente ante la Subdirección General de Recaudación y Atención Ciudadana del Departamento de Hacienda y Finanzas o en su respectiva Asociación representativa (Asociación Española de la Banca Privada, Confederación Española de Cajas de Ahorro o Unión Nacional de Cooperativas de Crédito). En este último caso, la asociación correspondiente dará traslado del escrito de adhesión a la Subdirección General de Recaudación y Atención Ciudadana.

La Subdirección General de Recaudación y Atención Ciudadana procederá, en todo caso, a comunicar, con suficiente antelación, a cada entidad de depósito el momento en que, con respecto a ella, se iniciarán de forma efectiva las actuaciones previstas en el presente procedimiento.　　

Artículo 3.- Procedimiento

I.- Normas Generales

Los intercambios de información que, en aplicación de la presente Orden Foral, deban llevarse a cabo entre el Departamento de Hacienda y Finanzas y las diferentes entidades de depósito serán efectuados por medios telemáticos (Servicio EDITRAN).

A tales efectos, cada entidad de depósito deberá utilizar una entidad transmisora (que puede ser ella misma o cualquier otra entidad). Una entidad transmisora podrá dar servicio a varias entidades de depósito, con la única limitación de que para un mismo ciclo mensual todas las transmisiones de información correspondientes a una entidad de depósito se realizarán a través de la misma entidad transmisora.
En el supuesto de que una entidad de depósito decidiera cambiar de entidad transmisora, deberá comunicarlo de forma expresa a la Subdirección General de Recaudación y Atención Ciudadana, con una antelación mínima de dos meses.

A los efectos de lo establecido en la presente Orden Foral, se considerarán inhábiles los sábados y aquellas festividades que afecten a la localidad de Donostia-San Sebastián y a la de la oficina desde la que transmitan los datos a la Administración tributaria por cada entidad de depósito.

En aquellos casos en los que, debido a motivos técnicos, sea imposible para las entidades la conexión telemática con la Administración tributaria, aquéllas deberán ponerlo en conocimiento del Departamento de Hacienda y Finanzas a los efectos que pudieran resultar procedentes. Del mismo modo, deberán actuar las entidades cuando los ficheros que les suministre el Departamento de Hacienda y Finanzas contengan errores que impidan su correcto tratamiento por parte de aquéllas.

II.– Fases de procedimiento.

II.1.– Inicio.

El procedimiento propiamente dicho se inicia en el Departamento de Hacienda y Finanzas donde, mediante la ejecución de los procesos informáticos diseñados al efecto, se procederá a seleccionar los deudores y a investigar las cuentas a la vista, de ahorro y cualquier otra de las que aquéllos sean titulares al 100 por 100 o inferior porcentaje. Una vez obtenida dicha información, se seleccionarán la entidad y sucursal de la misma donde se encuentren abiertas las cuentas con el fin de obtener las diligencias de embargo correspondientes, sin que, en ningún caso, puedan simultanearse para un mismo deudor varias diligencias.

II.2.– Transmisión de las diligencias de embargo a las entidades.

El último día hábil de cada mes o el inmediato hábil posterior cuando aquél resulte inhábil, el Departamento de Hacienda y Finanzas generará un fichero por cada entidad transmisora con las diligencias de embargo generadas para las entidades de depósito a las que aquella dé servicio y que en ese ciclo mensual tuvieran diligencias.

Ese fichero se remitirá ese mismo día de modo directo a la entidad transmisora correspondiente.

Cada diligencia de embargo contendrá los siguientes datos:.

*　NIF/CIF del deudor

*　Nombre/razón social del deudor

*　Número de diligencia de embargo

*　Importe total a embargar.

*　Fecha de generación de la diligencia de embargo.

*　Codificación (CCC) de la o las cuentas a embargar /se consignarán los códigos de un máximo de tres cuentas a la vista, de ahorro y cualquier otra por cada diligencia, todas ellas abiertas en la misma sucursal de la entidad de depósito).

Los órganos de recaudación del Departamento de Hacienda y Finanzas, y siempre a petición de las entidades, facilitarán a éstas duplicados de las órdenes de embargo que motivan las diligencias que se incluyen en los ficheros.

(Apartado II.2 modificado por la Orden Foral 480/2012, de 6 de junio)

II.3.– Traba.

Antes de las nueve de la mañana del segundo día hábil siguiente a aquél en que la entidad de depósito (o su transmisora, en su caso) reciba del Departamento de Hacienda y Finanzas el fichero de diligencias, deberá efectuarse la retención del importe a embargar si existe saldo suficiente o el total de los saldos en otro caso. Previo requerimiento de los órganos competentes de la Administración tributaria, la entidad de depósito viene obligada a justificar de forma fehaciente la fecha y hora en la que se ha producido la traba efectiva.

La entidad de depósito deberá realizar la traba con respecto a las cuentas consignadas por el Departamento de Hacienda y Finanzas en la diligencia de embargo. Cuando en dichas cuentas no existiera saldo disponible que cubra el importe total a embargar, la entidad extenderá el embargo a aquellas otras cuentas a la vista de titularidad del deudor que se encontrasen abiertas en la misma sucursal, hasta un máximo de seis cuentas por diligencia (incluidas las comunicadas por el Departamento de Hacienda y Finanzas).

A los efectos de su posterior comunicación al Departamento de Hacienda y Finanzas, el resultado de las actuaciones se consignará por la entidad de depósito conforme a los siguientes códigos:

00.　　Sin actuación: Solo podrá utilizarse en aquellas cuentas sobre las que no se practique ninguna actuación, por haberse cubierto la totalidad del embargo en otras cuentas incluidas en la misma diligencia.

01.　　Traba realizada: Este código será utilizado en aquellas cuentas en las que haya efectuado alguna retención, tanto por la totalidad del importe a embargar como por una parte del mismo.

02.　　NIF/CIF no titular de la cuenta comunicada por el Departamento de Hacienda y Finanzas.

03.　　Inexistencia de saldo: Será utilizado cuando el conjunto de las cuentas tengan un saldo negativo o igual a cero euros.

04.　　Saldo no disponible: Será consignado en aquellos casos en los que exista saldo en la cuenta a embargar, pero éste no resulte disponible de acuerdo con la normativa vigente (existencia de otros embargos ordenados por órganos administrativos o judiciales con anterioridad a la recepción de la diligencia por la entidad, cuentas o depósitos a plazo incluidos por error en las diligencias de embargo por parte de la Administración tributaria).

05.　　Cuenta inexistente o cancelada.

06.　　Otros motivos: Se utilizará cuando el embargo en la cuenta sea cero por causa distinta a las reflejadas en el resto de los códigos.

07.　　Traba condicionada: Se utilizará cuando difieran el saldo contable y el saldo disponible y el disponible sea menor que el contable. La entidad deberá trabar por el disponible pero indicando como código de respuesta el 07, siempre que la traba sea parcial, lo que permitirá conocer al Departamento de Hacienda y Finanzas la existencia de esa divergencia de saldos. La entidad deberá ingresar posteriormente el importe trabado.

08.　　Cuenta excluida del procedimiento. Se utilizará cuando la cuenta sobre la que se ha ordenado el embargo por el Departamento de Hacienda y Finanzas no sea susceptible de traba a través del procedimiento telemático, por cambio de tipo de cuenta o titular, para evitar futuras reincidencias de embargo por parte del Organismo Emisor.

09.　　Saldo pignorado. Se empleará en aquellos casos en los que el saldo de la cuenta a embargar se encuentre total o parcialmente afecto a pignoración debidamente constituida.

10.　　Situación concursal. Será utilizado en aquellos supuestos en los que el deudor al que se refiere la diligencia de embargo se encuentre incurso en un proceso concursal.

(Apartado II.3 modificado por Orden Foral 480/2012, de 6 de junio)

II.4.– Transmisión de la información de trabas desde las entidades al Departamento de Hacienda y Finanzas.

En el plazo de los cuatro días hábiles siguientes al de la fecha de recepción del fichero de diligencias, cada entidad transmisora transmitirá al Departamento de Hacienda y Finanzas el fichero que contenga la información con el resultado de las trabas.

Cuando una entidad transmisora dé servicio a varias entidades de depósito, aquélla podrá transmitir al Departamento de Hacienda y Finanzas el resultado de las trabas de cada entidad de depósito individualmente en el momento en que las tenga disponibles, sin que sea necesario esperar al resultado de todas las entidades de depósito de las que sea transmisora. En cualquier caso, el resultado de las trabas de la totalidad de las entidades de depósito deberá ser transmitido en el plazo anteriormente señalado.

II.5.– Transmisión por el Departamento de Hacienda y Finanzas a las entidades del resultado de la validación de información de trabas.

El segundo día hábil a contar desde el siguiente a la recepción del fichero de trabas por el Departamento de Hacienda y Finanzas, éste transmitirá a las entidades transmisoras el resultado de la validación de las trabas.
Dicha validación puede suponer la aceptación de las trabas o su rechazo por contener errores la información transmitida. En este último caso, la entidad dispondrá de dos días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción del rechazo de la información para subsanar los errores detectados y transmitir de nuevo dicha información (que deberá contener nuevamente todas las trabas de ese envío para la entidad de depósito).
Cuando una entidad transmisora dé servicio a varias entidades de depósito, la aceptación o rechazo del envío de cada una de ellas es independiente.

II.6.– Levantamientos de embargo.

En el caso de que en el plazo de veinte días naturales desde el día siguiente al que se produjo la traba fuese necesario levantar total o parcialmente algún embargo, el Departamento de Hacienda y Finanzas remitirá vía fax (o por medios telemáticos, incluido EDITRAN, en caso de mutuo acuerdo entre la Administración tributaria y las entidades) la correspondiente orden de levantamiento a la persona de contacto designada en esta materia por la entidad respectiva, la cual procederá a liberar la traba de la cantidad o cantidades indicadas en la citada orden.

En todo caso, los órganos de recaudación del Departamento de Hacienda y Finanzas deberán remitir las órdenes de levantamiento de embargo a las entidades de depósito antes de las catorce treinta horas del día 25 o el inmediato hábil posterior de cada mes, si aquél fuera inhábil.

II.7.– Ingreso en cuenta de las cantidades embargadas.

El día 25 ó el inmediato hábil posterior de cada mes, si aquél fuera inhábil, la entidad de depósito procederá a ingresar en la cuenta restringida «Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Hacienda y Finanzas. Cuenta restringida Recaudación de Tributos. Notificaciones» el importe de los saldos embargados, minorando, en su caso, las cantidades objeto de los levantamientos realizados de acuerdo con las órdenes recibidas al efecto por los órganos de recaudación del Departamento de Hacienda y Finanzas.

La operación de ingreso en la Tesorería Foral de las cantidades embargadas y la presentación a la Administración tributaria de la información de detalle de estos ingresos se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aprobado por el Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto.

Artículo 4.– Incumplimientos.– El incumplimiento en sus propios términos del procedimiento regulado en la presente Orden Foral por parte de las entidades a él adheridas constituye una vulneración del deber genérico de colaboración con la Hacienda Foral y podrá, por ello, suponer la adopción por el Departamento de Hacienda y Finanzas de las medidas previstas por la normativa vigente contra la entidad de depósito que corresponda.

Artículo 5.– Comisión de seguimiento.– Una Comisión de seguimiento, integrada por siete miembros: Tres pertenecientes a la Subdirección General de Recaudación y Atención Ciudadana designados por el Subdirector, tres pertenecientes a las asociaciones representativas de las entidades financieras (AEB, CECA Y UNACC) y un Presidente, que será el Subdirector General de Recaudación y Atención Ciudadana o la persona designada por éste, velará por el correcto cumplimiento del procedimiento previsto en la presente Orden Foral, la resolución de aquellas incidencias generales que pudieran ponerse de manifiesto en aplicación del mismo y la revisión de aquellos aspectos relativos al contenido de dicho procedimiento que, por la índole de la materia, pudieran resultar susceptibles de modificación normativa.

La Comisión se reunirá una vez al año, salvo que por la naturaleza de los asuntos a tratar sus miembros acordasen reunirse con una mayor periodicidad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

La Comisión constituida en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden Foral 877/2002, 26 de agosto, por la que se establece el procedimiento para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito para diligencias de cuantía igual o inferior a 4.000 euros, mantendrá su actual composición, a los efectos de lo previsto en el artículo 5 de la presente Orden Foral.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A partir de la entrada en vigor de la presente Orden Foral quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo previsto en la misma, y en particular la Orden Foral 877/2002, 26 de agosto, por la que se establece el procedimiento para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito para diligencias de cuantía igual o inferior a 4.000 euros.

DISPOSICIÓN FINAL

Uno.- La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletin Oficial de Gipuzkoa.

Dos.- Lo previsto en esta Orden Foral será de aplicación a aquellas diligencias de embargo de cuentas que emita el Departamento de Hacienda y Finanzas a partir de su entrada en vigor.

Tres.- Transcurrido el plazo de quince días desde la publicación de la presente Orden Foral en el Boletin Oficial de Gipuzkoa, se considerarán automáticamente adheridas las entidades de depósito que ya lo estaban al procedimiento regulado en la Orden Foral 877/2002, 26 de agosto y que no hubieran comunicado expresamente su no adhesión al nuevo procedimiento.

ANEXO

Especificaciones técnicas sobre los procesos de transmisión centralizada de diligencias de embargo de cuentas bancarias, recepción de las trabas y comunicación de resultados (EDITRAN).

(Anexo modificado por Orden Foral 480/2012, de 6 de junio)

Direttiva Presidenza Consiglio Ministri. Dipartamento per l´innovazione e le tecnologie 20 dicembre 2002. Linee guida in materia di digitalizzazione dll`Ammninistraziones (G. U. n. 52 del 4 marzo 2003).

Il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei Ministri»;

Visti gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sul riordino e potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 8 concernente la direttiva generale annuale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Dirigenza – area I, sottoscritti il 5 aprile 2001 e, in particolare, l'art. 35 del contratto per il quadriennio 1998-2001;

Visto il decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, recante «Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002»;

Vista la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 21 dicembre 2001, recante «Linee guida in materia di digitalizzazione dell'Amministrazione»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, recante «Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2003»;

Considerato che la predetta direttiva, al punto 3 del paragrafo 1, prevede, tra l'altro, che «occorre potenziarne le iniziative volte alla digitalizzazione delle amministrazioni secondo gli indirizzi che saranno definiti dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie»;

Considerato l'avviso del Ministro per la funzione pubblica, ai sensi della disposizione di reciproco raccordo, contenuta sia nella delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Lucio Stanca, sia in quella al Ministro Luigi Mazzella;

Emana la seguente direttiva:

1.Premessa.

La presente direttiva è indirizzata a tutte le amministrazioni centrali dello Stato e agli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ministeriale. Per le regioni e gli enti locali costituisce contributo alle determinazioni in materia, nel rispetto della loro autonomia amministrativa, e sarà oggetto di successivo atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge 23 dicembre 2001, n. 448. Può rappresentare schema di riferimento anche per le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In coerenza con il programma di Governo e con le previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006, con particolare riguardo al capitolo IV, paragrafo 5.3, la direttiva del Presidente dei Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, recante «Indirizzi per la programmazione strategica e la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2003», attribuisce una particolare importanza alla «digitalizzazione» delle amministrazioni ed alla diffusione dell'utilizzo delle reti telematiche. Sottolinea, infatti, l'esigenza di intensificare le azioni volte alla realizzazione delle quattro politiche intersettoriali (oltre alla digitalizzazione, la semplificazione amministrativa, il contenimento e la razionalizzazione della spesa, il miglioramento della qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni), per le quali è evidente come la diffusione delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione (ICT) costituisca il fattore comune di innovazione delle procedure e dell'organizzazione delle amministrazioni statali.

Le presenti linee guida intendono contribuire ad accelerare il cambiamento già avviato, per ottenere miglioramenti rapidi, verificabili e percepibili nell'azione pubblica realizzando, altresì, un passo ulteriore: fare delle tecnologie della comunicazione ed dell'informazione un fattore di crescita organizzativa, procedurale, formativa e culturale per le amministrazioni, allo scopo di operare una reale attuazione delle norme in azioni concrete per la modernizzazione dell'intero apparato pubblico.

2. Piano strategico di legislatura.

Come è noto, in data 31 maggio 2002 il Consiglio dei Ministri ha approvato le «Linee guida del Governo per lo sviluppo della società dell'informazione nella legislatura», che hanno recepito i seguenti dieci obiettivi da realizzare nel corso della legislatura:

Servizi on line ai cittadini e alle imprese:
1. Tutti i servizi «prioritari» disponibili on-line;
2. 30 milioni di carte di identità elettroniche e carte nazionali dei servizi distribuite;
3. 1 milione di firme digitali diffuse entro il 2003.

Efficienza interna della pubblica amministrazione:
4. 50% della spesa per beni e servizi tramite e-Procurement;
5. Tutta la posta interna alla pubblica amministrazione via e-mail;
6. Tutti gli impegni e mandati di pagamento gestiti on-line.

Valorizzazione delle risorse umane:
7. Alfabetizzazione certificata di tutti i dipendenti pubblici che utilizzano le tecnologie ICT per il loro lavoro.
8. 1/3 della formazione erogata via e-learning.
Trasparenza:
9. 2/3 degli uffici della pubblica amministrazione con accesso on-line all'iter delle pratiche da parte dei cittadini.

Qualità:
10. Tutti gli uffici che erogano servizi dotati di un sistema di soddisfazione dell'utente.
Per ognuno dei suddetti obiettivi e stato identificato un indicatore verificabile, con un valore da raggiungere gia nel 2003 (vedi tabella in allegato A). Per quanto riguarda gli ulteriori obiettivi specifici, legati alla missione istituzionale di ciascuna amministrazione, sarà l'amministrazione stessa ad individuare gli indicatori che ne rendano misurabile il livello di raggiungimento.

Il perseguimento dei suddetti obiettivi, che richiede nuovi e più moderni modelli di gestione della spesa informatica, abbisogna dei seguenti interventi infrastrutturali per i quali è necessaria una forte sinergia tra le amministrazioni:

la valorizzazione del patrimonio informativo;

lo sviluppo del sistema pubblico di connettività ;

il raccordo dei siti delle singole amministrazioni con il portale nazionale per i cittadini e con quello per le imprese;

lo sviluppo dei siti Internet pubblici e la contestuale adozione del dominio di secondo livello .gov.it. ;
la diffusione della Carta nazionale dei servizi (CNS) e della Carta di identità elettronica (CIE);
l'attivazione del sistema dei pagamenti elettronico;

la sicurezza ICT e la privacy .

3. Il piano esecutivo per il 2003.

A. Obiettivi prioritari.

Poichè i singoli Ministeri hanno già provveduto a pianificare la realizzazione dei suddetti obiettivi di legislatura individuando anche ulteriori obiettivi specifici, si ritiene necessario indicare le priorità che dovranno essere recepite nelle direttive dei singoli Ministri per l'anno 2003:

lo sviluppo dei servizi interattivi in rete più rilevanti forniti dalle amministrazioni destinatarie della presente direttiva, nonchè di quelli che consentono agli enti locali di realizzare i servizi di propria competenza (nell'allegato C sono riportati i servizi corrispondenti ai principali eventi della vita del cittadino e dell'impresa). E' essenziale che tutti i servizi siano fruibili anche dai cittadini italiani residenti all'estero, in modo da consentire la completa parità con i cittadini residenti sul territorio nazionale, in termini di contenuti e di qualità. E' altresì rilevante che i siti delle singole amministrazioni si armonizzino reciprocamente e rafforzino l'interdipendenza, in modo da accrescere il valore della presenza delle pubbliche amministrazioni in rete;

il protocollo informatico di cui, dal 1 gennaio 2004, tutte la amministrazioni debbono aver attivato almeno il nucleo minimo (cfr. art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), mediante il quale sarà, anche possibile consentire l'accesso esterno all'iter delle pratiche, assicurando la trasparenza amministrativa ;

la progressiva sostituzione degli attuali sistemi di autenticazione con la carta di identità elettronica e con la carta nazionale dei servizi, nonchè la diffusione della firma digitale per la evoluzione dei rapporti fra la pubblica amministrazione e i cittadini e le imprese;

l'attivazione, assicurando il raccordo con i propri uffici relazioni con il pubblico, di processi e strumenti per la rilevazione, l'analisi ed il miglioramento della soddisfazione di cittadini e di imprese, correlata anche all'erogazione di servizi «on-line», in modo da ottenere al termine del 2003 primi elementi di riflessione sulle esperienze attivate;

la migliore gestione delle risorse umane attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche, per la creazione di banche dati sul personale che aiutino la pianificazione e la programmazione dell'impiego del personale stesso e della sua formazione e valorizzazione.

Man mano che le amministrazioni svilupperanno i servizi in rete, dovranno porre in essere misure che favoriscano ed incentivino l'utilizzo, da parte degli utenti, dei suddetti servizi in rete piuttosto che nelle forme tradizionali.

Poichè le attuali disponibilità finanziarie sono certamente inferiori a quanto ipotizzato nella precedente fase di pianificazione, ogni amministrazione dovrà redigere il piano esecutivo per il 2003, identificando gli obiettivi di legislatura e quelli specifici dell'amministrazione effettivamente perseguibili nel corso dell'anno.

Il medesimo piano dovrà contenere l'indicazione dei progetti di sviluppo ritenuti prioritari e dei progetti per la razionalizzazione dei sistemi correnti. Tali progetti dovranno essere corredati delle informazioni sui risultati attesi, sui tempi di realizzazione, sull'impegno finanziario previsto e sul risparmio possibile nel caso dei progetti di razionalizzazione.

Parallelamente le amministrazioni dovranno definire e porre in essere modalità per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, per il controllo dello stato d'avanzamento dei progetti e per il monitoraggio dell'efficienza delle attività legate alle ICT, anche allo scopo di operare tempestivamente eventuali aggiustamenti dei programmi ed il riorientamento delle iniziative.

B. Razionalizzazione.

L'accelerazione del cambiamento dell'azione amministrativa verso obiettivi di efficienza ed efficacia impone la razionalizzazione degli interventi sia per quanto riguarda l'attuazione di progetti di sviluppo comuni a più amministrazioni, sia per quanto riguarda la gestione dei sistemi correnti.
Le amministrazioni dovranno, pertanto:

portare a fattore comune le iniziative, a partire dal riuso delle soluzioni già disponibili nelle pubbliche amministrazioni, tutte le volte che siano chiamate a svolgere adempimenti simili per contenuti, informazioni trattate, disposizioni normative ;

provvedere alla razionalizzazione dei sistemi e dei servizi già presenti nei vari settori in cui si articola l'amministrazione, ipotizzando anche soluzioni che coinvolgano più amministrazioni, basandosi sulle economie di scala , ovvero attraverso un più esteso ed incisivo ricorso al mercato ove siano conseguibili livelli di maggiore efficienza.

Il Centro tecnico per la rete unitaria nella pubblica amministrazione potrà fornire alle amministrazioni il supporto necessario a favorire la diffusione di applicazioni comuni ed in genere, per evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

4. Lo sviluppo delle competenze.

Nell'ambito dei piani formativi richiesti a tutte le amministrazioni dalla direttiva del Ministro della funzione pubblica sulla formazione e la valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, in data 13 dicembre 2001, la digitalizzazione della P.A. impone una particolare attenzione per lo sviluppo e la diffusione delle competenze nel campo dell'innovazione tecnologica. Le competenze indispensabili per l'attuazione dei programmi di digitalizzazione sono ampie e variegate e coinvolgono tutte le figure professionali. Le azioni di formazione non potranno limitarsi all'alfabetizzazione informatica, ma dovranno anche includere la formazione degli specialisti e la formazione dei funzionari e dei dirigenti sui temi della gestione del cambiamento organizzativo e dell'analisi e reingegnerizzazione delle procedure amministrative.

Le amministrazioni dovranno tenere conto delle attività programmate ed individuare le professionalità necessarie alla loro realizzazione e i relativi percorsi formativi, in particolare per quanto riguarda la dirigenza.

A tale proposito si richiede alle amministrazioni di formulare uno specifico piano di formazione delle predette figure professionali.

5. La misurazione.

La misurabilità dei risultati e dell'impatto dei vari interventi è condizione essenziale per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; essa deve pertanto diventare, dal 2003, un appuntamento obbligatorio comune a tutte le amministrazioni destinatarie della presente direttiva.

Definire obiettivi misurabili e verificare il loro grado di raggiungimento, monitorare gli interventi attuativi, controllare l'efficienza delle operazioni, confrontarsi con situazioni simili, sono attività che ogni amministrazione deve, costantemente, attuare al fine di individuare tempestivamente le criticità ed operare per superarle.

Anche per il settore ICT, ogni amministrazione dovrà dotarsi di competenze, processi e strumenti adeguati a dare concreta attuazione alla misurazione.

Ogni amministrazione dovrà quindi realizzare nel 2003 uno specifico «progetto misurazione», articolato su tre ambiti prioritari:

il governo complessivo del programma, con l'obiettivo di fornire un quadro d'insieme del processo di cambiamento e di rilevare il livello quantitativo di raggiungimento degli obiettivi e dei benefici finali attesi;

la gestione dei progetti, per controllare lo stato di avanzamento, rispetto alla pianificazione, in termini di prodotti finali e intermedi realizzati, tempi, risorse finanziarie impiegate, risorse umane utilizzate, criteri di completamento;

la gestione dei sistemi correnti e la correlata erogazione di servizi informatici, per verificarne costantemente l'efficienza gestionale, attraverso misure ed indicatori appositi.

Sono in corso di emanazione apposite disposizioni relative ai sistemi di misurazione, con i relativi indicatori e le metodologie di utilizzo per quanto attiene allo specifico settore dell'ICT.

Il «progetto misurazione» è quindi finalizzato a perseguire in maniera organizzata un salto di qualità che consenta, fin dal 2003, un confronto («benchmarking») continuo tra amministrazioni diverse e con l'esterno (altri Paesi, altri settori), teso all'apprendimento dalle pratiche migliori e all'intervento tempestivo sulle criticità.

6. Conclusioni.

In conclusione le direttive dei Ministri dovranno contenere, per quanto riguarda l'ICT, gli elementi essenziali del piano esecutivo per il 2003 in corso di elaborazione.

In particolare le direttive dovranno evidenziare:

la visione generale sullo sviluppo dell'ICT a supporto del miglioramento dei servizi e dell'efficienza interna, indicando gli obiettivi da raggiungere già nel 2003 espressi, per i dieci obiettivi di legislatura, attraverso gli indicatori già identificati e per gli obiettivi specifici dell'amministrazione, attraverso altri indicatori individuati dall'amministrazione stessa;

i principali progetti di sviluppo, legati alla realizzazione dei dieci obiettivi di legislatura e degli obiettivi specifici dell'amministrazione che si intendono perseguire nel 2003, con la specifica, per ognuno di essi, dei risultati previsti, dei tempi di realizzazione, delle risorse umane, strumentali e finanziarie ad essi destinate. Particolare attenzione dovrà essere dedicata all'inquadramento del progetto informatico all'interno del più ampio processo di innovazione in cui si colloca, evidenziandone anche le componenti organizzative, di cambiamento dei processi e i benefici attesi in termini di efficacia ed efficienza;

le iniziative che saranno attivate per la rilevazione e l'analisi della soddisfazione degli utenti e per il suo miglioramento;

gli interventi di razionalizzazione sui sistemi correnti, da attuare o impostare nel 2003, con la specificazione delle aree di intervento prescelte, dei risultati attesi in termini di maggior economicità, dei tempi di realizzazione, degli eventuali investimenti iniziali necessari;

le aree in cui l'amministrazione intende partecipare ai progetti comuni di razionalizzazione, agli interventi infrastrutturali ed ai progetti di sviluppo trasversali promossi dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

le azioni che saranno intraprese per lo sviluppo delle competenze informatiche dei personale e per l'adeguamento qualitativo e quantitativo del personale dedicato all'ICT;

la definizione di uno specifico «progetto misurazione», che preveda l'adozione di modalità sistematiche di rilevazione ed analisi delle informazioni riguardanti io stato di avanzamento dei progetti, lo stato dell'informatizzazione, l'efficienza di gestione raggiunta, i risultati ed i benefici conseguiti.

Nel quadro delle linee guida trasmesse dal Dipartimento della funzione pubblica per la predisposizione delle direttive dei Ministri, si riportano in allegato A) e B) gli indicatori relativi ai dieci obiettivi di legislatura ed uno schema riassuntivo da utilizzare per la esposizione sintetica degli interventi di digitalizzazione.

ALLEGATI:
Allegato A
Allegato B
Allegato C

Act nº 1 of 26 February 2013. Privacy Amendment Act 2013

The Parliament of New Zealand enacts as follows:

1.- Title

This Act is the Privacy Amendment Act 2013.

2.- Commencement

(1) Section 11 and the Schedule come into force on a date appointed by the Governor-General by Order in Council.

(2) The rest of this Act comes into force on the day after the date on which it receives the Royal assent.

3.- Principal Act amended

This Act amends the Privacy Act 1993.

4.- Interpretation

(1) The definition of personal information in section 2(1) is amended by adding «(as defined by the Births, Deaths, Marriages, and Relationships Registration Act 1995)».

(2) Section 2(1) is amended by inserting the following definition in its appropriate alphabetical order:

«serious threat, for the purposes of principle 10(d) or 11(f), means a threat that an agency reasonably believes to be a serious threat having regard to all of the following:

«(a) the likelihood of the threat being realised; and

«(b) the severity of the consequences if the threat is realised; and

«(c) the time at which the threat may be realised».

5.- Information privacy principles

(1) Information privacy principle 10(d) in section 6 is amended by omitting «serious and imminent threat» and substituting «serious threat (as defined in section 2(1))».

(2) Information privacy principle 11(f) in section 6 is amended by omitting «serious and imminent threat» and substituting «serious threat (as defined in section 2(1))».

6.- Functions of Commissioner

Section 13 is amended by inserting the following subsections after subsection (1):

«(1AA) Without limiting subsection (1), the functions of the Commissioner in relation to information sharing under Part 9A are:

«(a) to make submissions on an information sharing agreement for which approval by Order in Council under section 96J is being sought:

«(b) to report to a relevant Minister, under section 96P(1), on any matter relating to privacy that arises or is likely to arise in respect of an approved information sharing agreement and on any other matter specified in that section:

«(c) to publish a copy of a report referred to in paragraph (b) in accordance with section 96P(3):

«(d) to receive and investigate complaints about any alleged interference with privacy under an approved information sharing agreement in accordance with Part 8:

«(e) if appropriate under the circumstances, to exempt an agency, under section 96R, from the requirement to give notice of adverse action under section 96Q or to reduce the period of notice required under that section:

«(f) to conduct a review under section 96W on the operation of an approved information sharing agreement:

«(g) to report to a relevant Minister under section 96X on the findings of a review conducted under section 96W:

«(h) to require a public sector agency to report, in accordance with section 96S, on the operation of each approved information sharing agreement for which it is the lead agency.

«(1AB) In subsection (1AA), adverse action, approved information sharing agreement, information sharing agreement, lead agency, and relevant Minister have the meanings given to them by section 96C.»

7.- Interference with privacy

Section 66(1)(a) is amended by inserting the following subparagraphs after subparagraph (ii):

«(iia) the action breaches an information privacy principle or a code of practice as modified by an Order in Council made under section 96J; or

«(iib) the provisions of an information sharing agreement approved by an Order in Council made under section 96J have not been complied with; or».

8.- New Part 9A inserted

The following Part is inserted after Part 9:

«Part 9A.- «Information sharing

«Subpart 1:Preliminary matters

«96A Purpose of Part

«(1) The purpose of this Part is to enable the sharing of personal information to facilitate the provision of public services.

«(2) To achieve that purpose, this Part:

«(a) provides a mechanism for the approval of information sharing agreements for the sharing of information between or within agencies; and

«(b) authorises exemptions from or modifications to:

«(i) any of the information privacy principles (except principles 6 and 7, which relate respectively to the right to have access to, and correct, personal information):

«(ii) any code of practice (except any code of practice that modifies principles 6 and 7); and

«(c) reduces any uncertainty about whether personal information can be lawfully shared for the provision of the public services, and in the circumstances, described in approved information sharing agreements.

«96B Relationship between this Part and other law relating to information sharing

«(1) To avoid doubt, nothing in this Part:

«(a) limits the collection, use, or disclosure of personal information that is authorised or required by or under any enactment; and

«(b) compels agencies to enter into an information sharing agreement if those agencies are already allowed to share personal information:

«(i) by or under any other enactment:

«(ii) in circumstances where an exemption from or a modification to any 1 or more of the information privacy principles or any code of practice is not required to make the sharing of the information lawful.

«(2) Without limiting subsection (1)(a),:

«(a) this Part does not limit section 7, 54 or 57; and

«(b) this Part and Parts 10 and 11 do not limit one another.

«(3) An information sharing agreement may:

«(a) duplicate an information sharing provision by providing for an agency to share the same personal information as specified in the information sharing provision:

«(i) with the same agencies specified in the information sharing provision; and

«(ii) for the same purposes specified in the information sharing provision; or

«(b) extend an information sharing provision that is not a restricted information sharing provision by providing for an agency to share the same personal information as specified in the information sharing provision:

«(i) with the same agencies specified in the information sharing provision for a purpose not specified in the information sharing provision; or

«(ii) with an agency not specified in the information sharing provision for a purpose specified in the information sharing provision; or

«(iii) with an agency not specified in the information sharing provision and for a purpose not specified in the information sharing provision; or

«(c) duplicate a restricted information sharing provision by providing for an agency to share the same personal information as specified in the restricted information sharing provision:

«(i) with the same agencies specified in the restricted information sharing provision; and

«(ii) for the same purposes specified in the restricted information sharing provision; or

«(d) extend in any manner specified in paragraph (b) a restricted information sharing provision only if:

«(i) the restricted information sharing provision is an information matching provision (as defined in section 97); or

«(ii) there is express statutory authorisation to do so.

«(4) In subsection (3),:

«information sharing provision means a provision in any enactment other than this Act that authorises or requires the sharing of personal information by an agency with 1 or more other agencies for 1 or more specified purposes

«restricted information sharing provision means an information sharing provision that expressly restricts the purposes for which the personal information may be shared to those purposes specified.

«96C Interpretation

In this Part, unless the context otherwise requires,:

«adverse action has the meaning given to it by section 97 and includes a decision to impose a penalty or a fine or to recover a penalty or a fine

«approved information sharing agreement means an information sharing agreement approved by an Order in Council that is for the time being in force

«code of practice means a code of practice issued under section 46

«department has the meaning given to it by section 2(1) and also includes:

«(a) the New Zealand Police:

«(b) the New Zealand Transport Agency

«information sharing agreement or agreement means an agreement between or within agencies that enables the sharing of personal information (whether or not the sharing also includes information that is not personal information) to facilitate the provision of a public service

«lead agency means a department that enters into an information sharing agreement and is designated as the lead agency in:

«(a) the agreement; and

«(b) the Order in Council approving the agreement

«local authority means a local authority or public body named or specified in Schedule 1 of the Local Government Official Information and Meetings Act 1987

«Order in Council, except in sections 96V(3) and 96Z, means an Order in Council made under section 96J(1)

«organisation means:

«(a) an organisation named in Part 2 of Schedule 1 of the Ombudsmen Act 1975; and

«(b) an organisation named in Schedule 1 of the Official Information Act 1982

«private sector agency means a non-government agency

«public sector agency means a department, an organisation, or a local authority

«public service means a public function or duty that is conferred or imposed on a public sector agency:

«(a) by or under law; or

«(b) by a policy of the Government

«relevant Minister means the Minister who, under the authority of any warrant or with the authority of the Prime Minister, is for the time being responsible for a lead agency

«sharing, in relation to any information, means all or any of the following if authorised by an approved information sharing agreement:

«(a) collecting the information:

«(b) storing the information:

«(c) checking the information:

«(d) using the information:

«(e) disclosing the information:

«(f) exchanging the information:

«(g) if necessary, assigning a unique identifier to an individual.

«Subpart 2:Information sharing agreements

«Authority for information sharing

«96D Information sharing between agencies

An approved information sharing agreement may authorise an agency to share any personal information with 1 or more other agencies in accordance with the terms of the agreement.

«96E Information sharing within agencies

An approved information sharing agreement may authorise a part of an agency to share any personal information with 1 or more parts of the same agency in accordance with the terms of the agreement.

«Parties

«96F Parties to information sharing agreement

«(1) Any 2 or more of the following may enter into an information sharing agreement:

«(a) a public sector agency:

«(b) a private sector agency:

«(c) a part of a public sector agency:

«(d) a part of a private sector agency.

«(2) Subsection (1) is subject to subsections (3) and (4).

«(3) An overseas agency may not enter into an information sharing agreement.

«(4) At least 1 of the agencies that enters into an information sharing agreement must be:

«(a) a public sector agency that is a department; or

«(b) part of a public sector agency that is a department.

«96G Representative parties

«(1) An agency that represents the interests of a class of agencies may enter into an information sharing agreement with a department if that agency is:

«(a) a public sector agency that is not a department; or

«(b) a private sector agency.

«(2) If an agreement is proposed to be entered into under subsection (1), any agency (except a department) that is a member of the class of agencies referred to in that subsection may become a party to the agreement by being sufficiently identified in a schedule to the agreement (a Schedule of Parties).

«(3) At any time after an agreement has been entered into the lead agency may, with or without the consent of any agency,:

«(a) amend the Schedule of Parties to add or remove agencies as parties:

«(b) substitute a new Schedule of Parties.

«(4) An agency that becomes a party to the agreement under subsection (2) or (3) may, but need not, share or participate in the sharing of any personal information with 1 or more other agencies in accordance with the terms of the agreement.

«(5) Unless the context otherwise requires, every reference in this Part to a party to an information sharing agreement includes an agency that becomes a party to an agreement under subsection (2) or (3).

«Lead agency

«96H Determining which party is lead agency

«(1) If only 1 public sector agency that is a department enters into an information sharing agreement, it must be designated as the lead agency for the agreement.

«(2) If more than 1 public sector agency that is a department enters into an information sharing agreement, the parties to the agreement may agree between themselves which of those public sector agencies is to be designated as the lead agency.

«Form and content

«96I Form and content of information sharing agreement

«(1) An information sharing agreement must be in writing.

«(2) An information sharing agreement must:

«(a) specify with due particularity the purpose of the information sharing agreement:

«(b) set out the information referred to in section 96K:

«(c) contain an overview of the operational details about the sharing of information under the agreement:

«(d) specify the safeguards that will apply to protect the privacy of individuals and ensure that any interference with their privacy is minimised:

«(e) if a party to the agreement is a private sector agency, state which public sector agency will be responsible for dealing with complaints about an alleged interference with privacy if the private sector agency is unable to be held to account for those complaints:

«(f) state that every party to the agreement must give any reasonable assistance that is necessary in the circumstances to allow the Commissioner or an individual who wishes to make a complaint about an interference with privacy to determine the agency against which the complaint should be made:

«(g) if entered into under section 96G,:

«(i) identify the party that is a public sector agency or private sector agency representing the interests of a class of agencies; and

«(ii) describe that class of agencies; and

«(iii) include a schedule that sufficiently identifies the public sector agencies or private sector agencies within that class that are parties to the agreement.

«(3) An information sharing agreement may specify any other terms or conditions that the parties may agree, including:

«(a) the fees and charges that are payable under the agreement; and

«(b) any other business processes relating to the sharing of information under the agreement.

«Approval of information sharing agreements

«96J Governor-General may approve information sharing agreement by Order in Council

«(1) The Governor-General may, by Order in Council made on the recommendation of the relevant Minister, approve an information sharing agreement.

«(2) An Order in Council may grant an exemption from or modify the application of:

«(a) any 1 or more of the information privacy principles (except principles 6 and 7):

«(b) any code of practice (except any code of practice that modifies principles 6 and 7).

«(3) An Order in Council that, under subsection (2), grants an exemption from any 1 or more of the information privacy principles (except principles 6 and 7) or any code of practice (except any code of practice that modifies principles 6 and 7) may provide that the exemption is unconditional or is subject to any conditions that are prescribed in the Order in Council.

«(4) An Order in Council that, under subsection (2), modifies the application of any 1 or more of the information privacy principles or any code of practice may do so by prescribing standards that are more stringent or less stringent than the standards that are prescribed by the principle or, as the case may be, the code of practice.

«96K Requirements for Order in Council

An Order in Council must:

«(a) state, if applicable,:

«(i) the nature of the exemption granted under section 96J(2) and the conditions of the exemption (if any):

«(ii) how any of the information privacy principles or any code of practice will be modified under section 96J(2):

«(b) state the public service or public services the provision of which the information sharing agreement is intended to facilitate:

«(c) specify with due particularity the personal information or the type of personal information to be shared under the agreement:

«(d) set out the parties, or classes of parties, to the agreement and designate 1 of the parties as the lead agency:

«(e) for every party to the agreement,:

«(i) describe the personal information or type of personal information that the party may share with each of the other parties; and

«(ii) state how the party may use the personal information; and

«(iii) state the adverse actions that the party can reasonably be expected to take as a result of sharing personal information under the agreement; and

«(iv) specify the procedure that the party must follow before taking adverse action against an individual as a result of sharing personal information

under the agreement if the requirement in section 96Q(1) does not apply because of section 96R(a)(ii):

«(f) state how a copy of the agreement can be accessed.

«96L Further provisions about Order in Council

«(1) An Order in Council must provide that it comes into force on a date specified in the Order in Council (which must not be a date that is before the date on which it is made).

«(2) An Order in Council remains in force until it:

«(a) expires on a date appointed in the Order in Council (if any); or

«(b) is revoked.

«(3) An Order in Council must insert into Schedule 2A:

«(a) a description of each of the following:

«(i) the information sharing agreement that is approved by the Order in Council:

«(ii) the public service or the public services the provision of which the agreement is intended to facilitate:

«(iii) the personal information or type of personal information that may be shared between or within the agencies that are party to the agreement; and

«(b) the name of the agreement; and

«(c) the name of the lead agency for the agreement; and

«(d) the Internet site address where a copy of the agreement can be accessed.

«96M Application of Acts and Regulations Publication Act 1989 and Regulations (Disallowance) Act 1989

An Order in Council is a regulation for the purposes of:

«(a) the Acts and Regulations Publication Act 1989; and

«(b) the Regulations (Disallowance) Act 1989.

«Procedure for recommending Order in Council

«96N Matters to which relevant Minister must have regard before recommending Order in Council

«(1) Before recommending the making of an Order in Council, the relevant Minister must:

«(a) be satisfied of the matters set out in subsection (2); and

«(b) have regard to any submissions made under section 96O(1)(a) in relation to the information sharing agreement that is proposed for approval by the Order in Council.

«(2) The matters referred to in subsection (1)(a) are as follows:

«(a) that the information sharing agreement will facilitate the provision of any public service or public services:

«(b) that the type and quantity of personal information to be shared under the agreement are no more than is necessary to facilitate the provision of that public service or those public services:

«(c) that the agreement does not unreasonably impinge on the privacy of individuals and contains adequate safeguards to protect their privacy:

«(d) that the benefits of sharing personal information under the agreement are likely to outweigh the financial and other costs of sharing it:

«(e) that any potential conflicts or inconsistencies between the sharing of personal information under the agreement and any other enactment have been identified and appropriately addressed.

«96O Consultation on proposed information sharing agreement

«(1) The agencies proposing to enter into an information sharing agreement must, before the proposed agreement is concluded,:

«(a) consult with, and invite submissions on the proposed agreement from,:

«(i) the Commissioner; and

«(ii) any person or organisation that the agencies consider represents the interests of the classes of individuals whose personal information will be shared under the proposed agreement; and

«(iii) any other person or organisation that the agencies consider should be consulted; and

«(b) have regard to any submissions made under paragraph (a).

«(2) The Commissioner:

«(a) must consider the privacy implications of the proposed agreement; and

«(b) may make any submissions under subsection (1)(a)(i) that he or she thinks fit.

«(3) The agencies must give the relevant Minister a copy of the submissions made under subsection (1)(a) (if any).

«Commissioner’s report on approved information sharing agreement

«96P Commissioner may prepare and publish report on approved information sharing agreement

«(1) If an information sharing agreement is approved by Order in Council, the Commissioner may prepare a report to the relevant Minister on any matter relating to privacy that arises or is likely to arise in respect of the agreement.

«(2) Without limiting subsection (1), the Commissioner may include in a report under that subsection:

«(a) any comment that he or she wishes to make about the consultation that the agencies carried out under section 96O(1)(a); and

«(b) any submissions that he or she made to the agencies under section 96O(1)(a)(i).

«(3) The Commissioner:

«(a) may publish a report under subsection (1); but

«(b) must consult the relevant Minister before doing so.

«Subpart 3:Matters relating to operation of approved information sharing agreements

«Notice of adverse action

«96Q Requirement to give notice of adverse action

«(1) A party to an approved information sharing agreement must give written notice to an individual before it takes any adverse action against the individual on the basis (whether wholly or in part) of personal information about the individual that was shared under the agreement.

«(2) The notice must:

«(a) give details of the adverse action that the party proposes to take and the personal information about the individual on which the action is based; and

«(b) state that the individual has 10 working days from the receipt of the notice in which to dispute the correctness of that personal information.

«(3) To avoid doubt, an individual who is given the notice may take any steps that are available under any enactment to dispute any proposed adverse action against him or her, but he or she may show cause under this section as to why the proposed adverse action should not be taken only on the basis that it is based on incorrect personal information.

«96R When requirement to give notice of adverse action applies

The requirement to give notice under section 96Q applies unless:

«(a) an approved information sharing agreement provides that a party to the agreement may:

«(i) give a shorter period of notice than the 10-working-day period referred to in section 96Q(2)(b); or

«(ii) dispense with the giving of the notice; or

«(b) if an approved information sharing agreement does not provide in the manner specified in paragraph (a), the Commissioner, on the application of a party to an approved information sharing agreement, allows the party in the circumstances of a particular case to:

«(i) give a shorter period of notice than the 10-working-day period referred to in section 96Q(2)(b); or

«(ii) dispense with the giving of the notice.

«Responsibilities of lead agency

«96S Responsibilities of lead agency

«(1) A lead agency for an information sharing agreement must, if the agreement is approved by Order in Council under section 96J(1),:

«(a) make a copy of the agreement:

«(i) available for inspection, free of charge, at the lead agency’s head office on any working day; and

«(ii) accessible, free of charge, on an Internet site maintained by or on behalf of the lead agency; and

«(b) prepare a report on the operation of the agreement at the intervals required by the Commissioner under section 96U; and

«(c) carry out any other responsibilities imposed by this Part.

«(2) A lead agency does not need to comply with subsection (1)(a)(ii) if the relevant Minister designates an Internet site maintained by or on behalf of another public sector agency as the Internet site where a copy of the agreement is to be made accessible free of charge.

«(3) To avoid doubt, nothing in this section applies to a party to an information sharing agreement that is not the lead agency except as provided in subsection (2).

«96T Report of lead agency

«(1) A report prepared by a lead agency under section 96S(1)(b) must include the matters prescribed in regulations made under this Act that the Commissioner specifies to the lead agency after having regard to:

«(a) the costs of reporting:

«(b) the degree of public interest in information about the matters prescribed in those regulations:

«(c) the significance of the privacy implications of the approved information sharing agreement.

«(2) A report must be included:

«(a) in the lead agency’s annual report under the Public Finance Act 1989, if it is required annually; or

«(b) in the lead agency’s annual report under the Public Finance Act 1989 that immediately follows the end of each interval specified under section 96U(1)(b).

«96U Commissioner may specify frequency of reporting by lead agency

«(1) The Commissioner may require a lead agency to prepare a report under section 96S(1)(b) either:

«(a) annually; or

«(b) at less frequent intervals that the Commissioner may specify.

«(2) In determining the appropriate frequency in subsection (1) of a report under section 96S(1)(b), the Commissioner must have regard to:

«(a) the costs of reporting:

«(b) the degree of public interest in information about the matters prescribed in regulations made under this Act:

«(c) the significance of the privacy implications of the approved information sharing agreement.

«Amendment of approved information sharing agreements

«96V Amendment of approved information sharing agreement

«(1) This section applies if the parties to an approved information sharing agreement amend the agreement (whether in accordance with the Commissioner’s recommendation in a report under section 96X(1) or otherwise).

«(2) As soon as practicable after the amendment is made, the lead agency must:

«(a) give written notice of the amendment to:

«(i) the Commissioner; and

«(ii) the relevant Minister; and

«(b) make a copy of the amendment:

«(i) available for inspection, free of charge, at the lead agency’s head office on any working day; and

«(ii) accessible, free of charge, on the Internet site where a copy of the agreement is accessible.

«(3) The information sharing agreement approved by Order in Council continues to have effect as if the amendment notified under subsection (2) had not been made unless the Governor-General, by a further Order in Council made on the recommendation of the relevant Minister, approves the agreement as amended by the parties.

«(4) Sections 96J to 96P apply, subject to any necessary modifications, to the approval of the agreement as so amended.

«(5) Nothing in subsection (2)(a), (3), or (4) applies if the amendment to an approved information sharing agreement relates only to:

«(a) the fees and charges payable under the agreement; or

«(b) the name or description of a party to the agreement; or

«(c) any terms or conditions of the agreement that the lead agency considers, after consulting the Commissioner, do not, or are unlikely to, have any effect on the privacy implications of the agreement.

«Review of approved information sharing agreement

«96W Review of operation of approved information sharing agreement

«(1) The Commissioner may, on his or her own initiative, conduct a review of the operation of an approved information sharing agreement:

«(a) at the end of a period of 12 months after the Order in Council approving the agreement is made; and

«(b) at any time that the Commissioner considers appropriate for any subsequent reviews.

«(2) In conducting a review, the Commissioner must:

«(a) consult the following about the review:

«(i) the parties to the agreement:

«(ii) any person or organisation that the Commissioner considers represents the interests of the classes of individuals whose personal information is being shared under the agreement; and

«(b) consider any submissions made on the review.

«(3) The parties to the agreement must take all reasonable steps to co-operate with the review.

«96X Report on findings of review

«(1) After completing a review under section 96W, the Commissioner may report to the relevant Minister if he or she has reasonable grounds to suspect that an approved information sharing agreement is:

«(a) operating in an unusual or unexpected way (that is, in a way that was not foreseen by the Commissioner or the parties to the agreement at the time the agreement was entered into):

«(b) failing to facilitate the provision of the public service or public services to which it relates:

«(c) unreasonably impinging on the privacy of individuals:

«(d) operating in such a way that the costs of sharing personal information under the agreement outweigh the benefits of sharing it.

«(2) The Commissioner may recommend in the report that:

«(a) the parties to the agreement should amend it in 1 or more material respects; or

«(b) the Order in Council by which the agreement was approved should be revoked.

«96Y Relevant Minister must present to House of Representatives copy of report under section 96X(1) and report setting out Government’s response

The relevant Minister must:

«(a) present a copy of a report under section 96X(1) to the House of Representatives within 5 working days after receiving it from the Commissioner or, if Parliament is not in session, as soon as possible after the commencement of the next session of Parliament; and

«(b) as soon as possible after complying with paragraph (a), present a report to the House of Representatives setting out the Government’s response to the report under section 96X(1).

«Subpart 4:Miscellaneous

«96Z Power to amend Schedule 2A

«(1) Without limiting the matters that an Order in Council made under section 96J must insert into Schedule 2A in accordance with section 96L(3), the Governor-General may, by Order in Council,:

«(a) make any amendments to Schedule 2A that are required:

«(i) to recognise the abolition or dissolution of any agency that is party to an approved information sharing agreement or any change in the name of such an agency; or

«(ii) to reflect any change in the Internet site address where a copy of an approved information sharing agreement can be accessed; or

«(iii) to reflect any amendments to an approved information sharing agreement that are approved under section 96V; or

«(iv) to correct any error or omission in any description in that schedule:

«(b) remove any description or matter in Schedule 2A, including all of the descriptions or matters relating to an approved information sharing agreement if the Order in Council by which it was approved has expired or has been revoked:

«(c) otherwise amend or replace Schedule 2A.

«(2) To avoid doubt, any of the matters set out in this section may be included in an Order in Council made under section 96J or in a separate Order in Council made under this section.»

9.- Regulations

Section 128 is amended by inserting the following paragraph after paragraph (a):

«(aa) prescribing the matters that the Commissioner may specify to a lead agency as matters that are to be included in a report by the lead agency under section 96S(1)(b):».

10.- New sections 129A and 129B inserted

The following sections are inserted after section 129:

«129A Amendment relating to Legislation Act 2012

Section 129B takes effect on the repeal of the Acts and Regulations Publication Act 1989 and the Regulations (Disallowance) Act 1989.

«129B New section 96M substituted

Section 96M is repealed and the following section substituted:

» ‘96M Application of Legislation Act 2012

An Order in Council:

» ‘(a) is a legislative instrument for the purposes of the Legislation Act 2012; and

» ‘(b) is a disallowable instrument for the purposes of the Legislation Act 2012; and

» ‘(c) must be presented to the House of Representatives under section 41 of that Act.’ «

11.- New Schedule 2A inserted

The Schedule 2A set out in the Schedule is inserted after Schedule 2.

New Schedule 2A inserted into principal Act

Schedule

Approved information sharing agreements

Name of agreement

Public service(s) to be facilitated by agreement

Internet address where copy of agreement can be accessed

Lead agency for agreement

Description of personal information or type of personal information to be shared under agreement

§ 1. Elektroonilise side seaduses (RT I, 06.01.2011, 13) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) alamkliendiliin on fikseeritud elektroonilise side võrgu lõpp-punkti ja vahejaotuspunkti vaheline füüsiline ühendus;»;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 9¹ järgmises sõnastuses:

«9¹) jagatud juurdepääs kliendiliinile on sideettevõtja juurdepääs teise sideettevõtja kliendiliinile või alamkliendiliinile, millega võimaldatakse kasutada vastavat elektroonilise side võrgu infrastruktuuri mahtu osaliselt;»;

3) paragrahvi 2 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 2 punktid 14 ja 14¹ muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«14) kliendiliin (local loop) on fikseeritud elektroonilise side võrgu lõpp-punkti ja peajaotaja või muu vastava seadme vaheline füüsiline ühendus;
14¹) kliendi identifitseerimismoodul (Subscriber Identity Module) on sideettevõtja poolt kliendi kasutusse antud andmekandja, mis võimaldab üldkasutatava elektroonilise side võrgu terminalseadme vahendusel kasutada üldkasutatavat elektroonilise side teenust;»;

5) paragrahvi 2 punktides 16, 18, 19, 22, 26, 32, 37, 52, 53, 59, 62 ja 64 asendatakse sõna «sidevõrk» sõnadega «üldkasutatav elektroonilise side võrk» vastavas käändes;

6) paragrahvi 2 punkt 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«17) kõne on elektroonilise side teenuse osutamise käigus loodud ühendus, mis võimaldab kahepoolset häälsuhtlust;»;

7) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 47¹ ja 47² järgmises sõnastuses:

«47¹) seotud teenus on elektroonilise side võrgu või elektroonilise side teenuse osutamisega seotud teenus, mis võimaldab või toetab elektroonilise side teenuste osutamist nimetatud võrgu või teenuse kaudu. Seotud teenus on muu hulgas numbri transleerimine, tingimusjuurdepääsu süsteem ja elektrooniline programmijuht ning identifitseerimise, asukoha ja kohaloleku teenus;
47²) seotud vahend on seotud teenused, füüsilised infrastruktuurid ja muud vahendid või elemendid, mis on seotud elektroonilise side võrgu või elektroonilise side teenusega ja mis võimaldavad või toetavad teenuste osutamist kõnealuse võrgu või teenuse kaudu või võivad seda teha. Seotud vahend on muu hulgas ehitis või ehitise sissepääs, hoonesisene juhtmestik, antenn, torn ja muu tugikonstruktsioon, kaablikanal, juhtmetoru, mast, pääseluuk ja kaablikapp;»;

8) paragrahvi 2 punktid 49 ja 50 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 2 punkt 58 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«58) telefoniteenus on üldkasutatav elektroonilise side teenus, mis võimaldab riigisiseste ja rahvusvaheliste kõnede tegemist ning vastuvõtmist Eesti või rahvusvahelisse numeratsiooniplaani kuuluva numbri abil;»;

10) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 62¹ järgmises sõnastuses:

«62¹) täielik juurdepääs kliendiliinile on sideettevõtja juurdepääs teise sideettevõtja kliendiliinile või alamkliendiliinile, millega võimaldatakse kasutada vastavat elektroonilise side võrgu infrastruktuuri täies mahus;»;

11) paragrahvi 2 punkt 63 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 70 ja 71 järgmises sõnastuses:

«70) üldkasutatav elektroonilise side võrgu lõpp-punkt (edaspidi lõpp-punkt) on üldkasutatava elektroonilise side võrgu füüsiliselt kindlaks määratud punkt, kus kliendile on loodud juurdepääs või võimalus juurdepääsuks üldkasutatavale elektroonilise side võrgule;
71) üldkasutatav elektroonilise side võrk (edaspidi sidevõrk) on võrk, mille kaudu osutatakse üldkasutatavat elektroonilise side teenust, mis võimaldab teabe edastamist elektroonilise side võrgu lõpp-punktide vahel.»;

13) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Raadiosageduste haldamine seisneb raadiosagedusalade rahvusvahelises ja riigisiseses planeerimises, raadiosageduste koordineerimises ja kasutamise korraldamises, raadiosageduste kasutamisega seotud õiguste ja tingimuste kohta teabe avaldamises ja ajakohastamises ning järelevalve teostamises vastavuses rahvusvaheliste lepingute ja käesoleva seadusega. Raadiosagedusi hallatakse objektiivsete, läbipaistvate, mittediskrimineerivate ja proportsionaalsete kriteeriumide põhjal ning sealhulgas arvestatakse Euroopa Liidu majanduslikke, julgeoleku-, rahvatervise ja avalikke huve, sõnavabadust, kultuurilisi, teaduslikke, sotsiaalseid ja tehnilisi aspekte ning raadiosageduste kasutajate erinevaid huve.»;

14) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Tehnilise Järelevalve Amet võtavad oma ülesannete täitmisel võimalikult suures ulatuses arvesse Euroopa Komisjoni raadiosagedushaldust puudutavaid soovitusi. Kui Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Tehnilise Järelevalve Amet ei võta nimetatud soovitusi arvesse, teavitavad nad sellest Euroopa Komisjoni, lisades soovituse arvestamata jätmise põhjenduse.»;

15) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 1¹ järgmises sõnastuses:

«(1¹) Eesti raadiosagedusplaani koostamisel lähtutakse elektroonilise side teenuse neutraalsuse ja tehnoloogilise neutraalsuse printsiibist, mille järgimisest võib kõrvale kalduda vaid teenuse kvaliteedi, raadiosageduste maksimaalse ühiskasutuse ja raadiosageduste efektiivse kasutamise eesmärgil.»;

16) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Tehnilise Järelevalve Amet vaatab vähemalt kord aastas Eesti raadiosagedusplaani läbi ning esitab majandus- ja kommunikatsiooniministrile ettepaneku Eesti raadiosagedusplaani muutmiseks, kui:
1) seda tingib elektroonilise side tehnoloogia areng;
2) muutmise kohustus tuleneb rahvusvahelisest lepingust või
3) see on vajalik riigikaitse tagamiseks.»;

17) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 1¹ järgmises sõnastuses:

«(1¹) Raadiosageduste kasutamist reguleeritakse sageduslubadega järgmistel eesmärkidel:
1) raadiohäirete vältimiseks;
2) sideteenuse tehnilise kvaliteedi tagamiseks;
3) raadiosageduste efektiivse kasutamise tagamiseks;
4) käesoleva seaduse § 8 lõikes 2 sätestatud põhimõtete järgimiseks.»;

18) paragrahvi 11 lõiget 4 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

«8) raadiosageduste ühiskasutamise nõuded.»;

19) paragrahvi 11 lõiked 7 ja 8 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(7) Raadiosageduste kasutamiseks amatöörraadioside otstarbeks annab Tehnilise Järelevalve Amet raadiosageduste kasutajale rahvusvaheliselt tunnustatud vormile vastava amatöörraadiojaama tööloa kehtivusega kuni viis aastat. Tehnilise Järelevalve Amet avaldab nimetatud vormi oma veebilehel.

(8) Sagedusloa võib anda sagedusloa taotlejale ühise sagedusloana mitme raadiosaateseadme kasutamiseks raadiovõrgus.»;

20) paragrahvi 12 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Kui isik taotleb sagedusluba raadioteenuse osutamiseks, tuleb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlusele lisada raadioteenuse osutamise tegevusluba või kirjalik kokkulepe raadioteenuse osutamise tegevusluba omava raadioteenuse osutajaga tema programmi edastamiseks, kui nimetatud luba ei ole antud sagedusloa taotlejale.»;

21) paragrahvi 13 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Enne sagedusloa andmist lennuliikluse teenindamiseks raadioside-, navigatsiooni- või jälgimisseadmete abil või teiste raadiosideteenistuste kasutamiseks selles sagedusalas, kui selline kasutus võib mõjutada lennuohutust, kooskõlastab Tehnilise Järelevalve Amet sagedusloa tingimused Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (International Civil Aviation Organization – ICAO) sageduste koordinaatoriga Eestis.»;

22) paragrahvi 13 lõike 3² punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) sagedusloaga määratud raadiosageduste kasutamise tingimused, kui raadiosaateseadmete efektiivne kiirgusvõimsus ei ületa 100 W (20 dBW);»;

23) paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse punktiga 8¹ järgmises sõnastuses:

«8¹) raadiosageduste kasutamist soovitakse alustada hiljem kui kuus kuud taotluse esitamisest arvates, välja arvatud, kui raadiosagedusalade kasutamise õigus antakse avaliku konkursi korras,»;

24) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Tehnilise Järelevalve Amet avaldab sagedusloa tingimuste muutmise otsuse majandustegevuse registris kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.»;

25) paragrahvid 16 ja 17 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 16. Sagedusloa kehtivuse pikendamine ja pikendamisest keeldumine

(1) Sagedusloa kehtivuse pikendamiseks kehtivatel tingimustel esitab sagedusloa omanik hiljemalt üks kuu enne loa kehtivuse lõppemist Tehnilise Järelevalve Ametile taotluse sagedusloa kehtivuse pikendamiseks. Sagedusloa kehtivuse pikendamise eest on taotleja kohustatud tasuma riigilõivu.

(2) Tehnilise Järelevalve Amet ei pikenda sagedusloa kehtivust, kui:
1) sagedusloa omanik ei ole tasunud riigilõivu või
2) taotleja on esitanud valeandmeid.

(3) Tehnilise Järelevalve Amet avaldab sagedusloa kehtivuse pikendamise otsuse majandustegevuse registris kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

(4) Tehnilise Järelevalve Ameti otsus sagedusloa kehtivuse pikendamisest keeldumise kohta toimetatakse taotlejale kätte kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

§ 17. Raadiosageduste kasutamise õiguse üleandmine ja kasutuslepingu alusel kasutamiseks andmine

(1) Sagedusloa omanik võib osaliselt või tervikuna anda sagedusloas piiritletud raadiosageduste kasutamise õiguse üle või kasutuslepingu alusel kasutamiseks teisele isikule, kui vastavate raadiosageduste üleandmise või kasutuslepingu alusel kasutamiseks andmise õigus on sätestatud Eesti raadiosagedusplaanis. Raadiosageduste kasutamise õigust ei tohi üle anda ega kasutuslepingu alusel kasutamiseks anda sagedusloa puhul, millega antakse raadiosageduste kasutamise õigus ringhäälinguvõrgus.

(2) Raadiosageduste kasutamise õiguse üleandmiseks esitavad sagedusloa omanik ja isik, kellele raadiosageduse kasutamise õigus soovitakse üle anda, Tehnilise Järelevalve Ametile sagedusloaga antud raadiosageduste kasutamise õiguse üleandmise taotluse.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotluse menetlemisel juhindub Tehnilise Järelevalve Amet käesoleva seaduse §-dest 13 ja 14.

(4) Raadiosageduste kasutamise õiguse kasutuslepingu alusel kasutamiseks andmise korral peab kasutuslepingu alusel kasutamiseks andja selle eelnevalt kooskõlastama Tehnilise Järelevalve Ametiga.

(5) Raadiosageduste kasutamise õiguse kasutuslepingu alusel kasutamiseks andmise korral peab kasutuslepingu alusel kasutamiseks andja esitama Tehnilise Järelevalve Ametile kümme tööpäeva enne kasutuslepingu alusel kasutamiseks andmist sellekohase kirjaliku teate.

(6) Raadiosageduste kasutamise õiguse üleandmisel või kasutuslepingu alusel kasutamiseks andmise korral jäävad sagedusloa tingimused kehtima, kui Tehnilise Järelevalve Amet ei otsusta käesoleva seaduse § 15 lõike 1 alusel teisiti.

(7) Raadiosageduste kasutamise õiguse kasutuslepingu alusel kasutamiseks andmise korral vastutab sagedusloaga määratud tingimuste täitmise eest sagedusloa omanik.

(8) Tehnilise Järelevalve Amet võib vajaduse korral kooskõlastada raadiosageduste kasutamise õiguse üleandmise või kasutuslepingu alusel kasutamiseks andmise Konkurentsiametiga. Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus keelduda raadiosageduste kasutamise õiguse üleandmisest või kasutuslepingu alusel kasutamiseks andmisest, kui see moonutab konkurentsi.

(9) Tehnilise Järelevalve Amet avaldab käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud taotluse, lõikes 5 nimetatud teate vormid ja lõikes 5 sätestatud teates sisalduva informatsiooni oma veebilehel.

(10) Raadiosageduste kasutamise õiguse üleandmise ja kasutuslepingu alusel kasutamiseks andmise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega.»;

26) paragrahvi 21 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Riigikaitse otstarbel kasutatavates sagedusalades kaitsejõududele antud sageduslubadele ei kohaldata käesoleva seaduse § 11 lõike 1¹ punktis 3, § 14 lõike 1 punktides 8 ja 8¹ ning § 18 lõike 3 punktis 1 sätestatut.»;

27) paragrahvi 26 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Tehnilise Järelevalve Amet teavitab riigi elektroonilise side võrke haldavat isikut ning Politsei- ja Piirivalveametit Eesti veesõidukile väljastatud kutsungist, selektiivkutsungist ja raadiosaateseadme koodist (Maritime Mobile System Identification – MMSI) ühe tööpäeva jooksul veesõiduki kohta vastavate andmete saamisest arvates.

(3) Tehnilise Järelevalve Amet teavitab Veeteede Ametit väljastatud veesõiduki raadioloa tingimustest ja navigatsiooniseadmetele eraldatud raadiosaateseadme koodist (MMSI) ühe tööpäeva jooksul nimetatud loa väljastamisest arvates vastava sissekande tegemiseks Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu MARS (Maritime mobile Access and Retrieval System) andmebaasi.»;

28) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 3¹ järgmises sõnastuses:

«(3¹) Tehnilise Järelevalve Amet teavitab Rahvusvahelist Telekommunikatsiooni Liitu otsingu- ja päästetöid teostavale õhusõidukile (Search and Rescue aircraft – SAR aircraft) väljastatud raadioloa tingimustest ja raadiosaateseadme koodist (MMSI) ühe tööpäeva jooksul nimetatud loa väljastamisest arvates.»;

29) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Tehnilise Järelevalve Amet võtavad oma ülesannete täitmisel võimalikult suures ulatuses arvesse Euroopa Komisjoni numeratsioonihaldust puudutavaid soovitusi. Kui Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Tehnilise Järelevalve Amet ei võta nimetatud soovitusi arvesse, teavitavad nad sellest Euroopa Komisjoni, lisades soovituse arvestamata jätmise põhjenduse.»;

30) paragrahv 32 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 32. Numbri ja lühinumbri valitavuse tagamine

(1) Sideettevõtja peab tagama, et kliendi alustatud kõned Eesti numeratsiooniplaanis kirjeldatud kõikidele numbritele ja lühinumbritele, samuti Eestis kasutatavatele Euroopa numeratsioonivälja (European Telephony Numbering Space – ETNS) 3883 kuuluvale numbrile ning rahvusvahelistele tasuta numbritele (Universal International Freephone Numbers – UIFN), lõpetatakse kliendi soovitud kohas, kui kõnet lõpetav sideettevõtja on teinud selle tehniliselt võimalikuks või kui kõnet lõpetav sideettevõtja ei ole rakendanud selle suhtes piiranguid vastavalt käesoleva seaduse §-le 98.

(2) Sideettevõtja peab tagama teistes Euroopa Liidu liikmesriikides välja antud numbrite, sealhulgas Euroopa numeratsioonivälja (ETNS) numbrite ja rahvusvaheliste tasuta (UIFN) numbrite valitavuse ning juurdepääsu Euroopa Liidu liikmesriikides osutatavatele teenustele, välja arvatud juhul, kui:
1) teenuseosutaja on ärilistel põhjustel otsustanud konkreetses geograafilises piirkonnas asuvate helistajate juurdepääsu piirata;
2) sideettevõtja on rakendanud selle suhtes piiranguid vastavalt käesoleva seaduse §-le 98;
3) teenusele juurdepääs või käesolevas lõikes nimetatud numbri valitavus ei ole tehniliselt teostatav või majanduslikult põhjendatud.

(3) Sideettevõtja on kohustatud edastama kõik kõned Euroopa numeratsioonivälja ja Euroopa numeratsiooniväljast sarnase tasu eest, mida ta kohaldab teistesse liikmesriikidesse ja teistest liikmesriikidest tehtavate kõnede puhul.

(4) Sideettevõtja peab tagama rahvusvahelise kõne valimise võimaluse vähemalt rahvusvahelise prefiksi 00 valimise kaudu.

(5) Sideettevõtja peab tagama kliendi alustatud kõne edastamise üleeuroopaliselt harmoniseeritud 116-algusega lühinumbrile.

(6) Tehnilise Järelevalve Amet on kohustatud avaldama informatsiooni üleeuroopaliselt harmoniseeritud 116-algusega lühinumbri kasutusele võtmisest oma veebilehel.»;

31) paragrahvi 44 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Vajaduse korral võib Konkurentsiamet nimetatud perioodi kolme aasta võrra pikendada, kui ta on põhjendatud pikendamiskavatsusest Euroopa Komisjoni teavitanud ja Euroopa Komisjon ei ole ühe kuu jooksul teate saamisest arvates selle suhtes vastuväiteid esitanud.»;

32) paragrahvi 44 täiendatakse lõigetega 1¹ ja 1² järgmises sõnastuses:

«(1¹) Kui Euroopa Komisjon muudab käesoleva seaduse § 43 lõikes 1 nimetatud turgude loetelu puudutavat soovitust, teostab Konkurentsiamet sideteenuse turu puhul, millest Konkurentsiamet ei ole Euroopa Komisjoni varem teavitanud, turuanalüüsi kahe aasta jooksul alates muudetud soovituse vastuvõtmisest.

(1²) Kui Konkurentsiamet ei ole Euroopa Komisjoni soovituses määratletud turuanalüüsi lõpule viinud käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 1¹ sätestatud tähtaja jooksul, võib Euroopa Sideamet (Body of European Regulators for Electronic Communications – BEREC) Konkurentsiameti taotlusel aidata otsuse kavandit koostada. Sellisel juhul teavitab Konkurentsiamet kuue kuu jooksul Euroopa Komisjoni otsuse eelnõust vastavalt käesoleva seaduse §-le 48.»;

33) paragrahvi 45 täiendatakse lõikega 5¹ järgmises sõnastuses:

«(5¹) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud juhul võib Konkurentsiamet kehtestada vastavalt käesoleva seaduse viiendale peatükile märkimisväärse turujõuga ettevõtjale mittediskrimineerimise, läbipaistvuse, raamatupidamise lahususe ja hinnakontrolli ning kuluarvestuse kohustusi ka lähedalt seotud teisel sideteenuse turul. Kui nimetatud kohustused osutuvad ebapiisavaks, võib Konkurentsiamet kehtestada kohustusi käesoleva seaduse § 54 lõigetes 2 ja 3 sätestatud alustel.»;

34) paragrahv 48 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 48. Konsulteerimine Euroopa Komisjoni, Euroopa Sideameti ja Euroopa Liidu liikmesriikide regulaatoritega

(1) Konkurentsiamet peab teavitama Euroopa Komisjoni, Euroopa Sideametit ja Euroopa Liidu liikmesriikide sideturu regulaatoreid käesoleva seaduse § 47 lõike 3 alusel koostatud märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise või märkimisväärse turujõuga ettevõtja määramata jätmise otsuse eelnõust.

(2) Kui käesoleva seaduse § 47 lõike 3 alusel koostatud otsuse eelnõus sätestatud toimingu tegemine või meetme rakendamine võib mõjutada Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist kaubandust, peab Konkurentsiamet andma Euroopa Komisjonile, Euroopa Sideametile ja Euroopa Liidu liikmesriikide sideturu regulaatoritele võimaluse esitada ühe kuu jooksul arvamus otsuse eelõu kohta. Otsuse eelnõu kohta esitatud arvamusi võtab Konkurentsiamet § 49 lõikes 1 sätestatud otsuse tegemisel võimalikult suures ulatuses arvesse ning edastab otsuse Euroopa Komisjonile.

(3) Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist kaubandust mõjutavateks toiminguteks või meetmeteks loetakse need toimingud või meetmed, millel võib olla otsene või kaudne, tegelik või tõenäoline mõju liikmesriikide vahelisele kaubandusele viisil, mis võib takistada ühtse turu põhimõtete elluviimist. Sellised toimingud või meetmed võivad mõjutada teistes liikmesriikides teenuste kasutajatelt nõutavat hinda, teistes liikmesriikides tegutsevate ettevõtjate suutlikkust osutada sideteenuseid, samuti riikidevaheliste teenuste osutamise võimalikkust ning turu ülesehitust või turule juurdepääsu, mis omakorda võib kaasa tuua negatiivseid mõjusid teiste liikmesriikide sideettevõtjatele.

(4) Kui Euroopa Komisjon teavitab Konkurentsiametit, et Konkurentsiameti kavandatud sideturu piiritlemine erineb Euroopa Komisjoni soovitusest või ettevõtja tunnistamine märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks või märkimisväärse turujõuga ettevõtja määramata jätmine takistab Euroopa ühtse turu arengut ning on vastuolus Euroopa Liidu õigusega, peatab Konkurentsiamet Euroopa Komisjoni nõudmisel kavandatud otsuse tegemise kaheks kuuks.

(5) Kui Euroopa Komisjon otsustab käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kahekuulise perioodi jooksul, et Konkurentsiamet peab otsuse eelnõu tagasi võtma, võtab Konkurentsiamet otsuse eelnõu tagasi või muudab seda kuue kuu jooksul alates Euroopa Komisjoni otsuse kuupäevast. Otsuse eelnõu muutmise korral lähtub Konkurentsiamet käesoleva seaduse §-s 47 ning käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 4 sätestatust.

(6) Konkurentsiamet võib erandlike asjaolude korral kooskõlas käesoleva seadusega kehtestada ajutisi ja proportsionaalseid meetmeid käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 4 sätestatud protseduuri järgimata, kui ta leiab, et vastavate toimingute või meetmete rakendamine on hädavajalik konkurentsi tagamiseks ja lõppkasutajate huvide kaitsmiseks. Sellisel juhul peab Konkurentsiamet viivitamata teavitama Euroopa Komisjoni, Euroopa Sideametit ja Euroopa Liidu liikmesriikide sideturu regulaatoreid rakendatud meetmetest ja nende rakendamise põhjendustest. Kui Konkurentsiamet kavatseb muuta nimetatud ajutised meetmed püsivaks või soovib nende meetmete kestust pikendada, peab ta järgima lõigetes 1, 2 ja 4 sätestatud protseduuri.»;

35) seadust täiendatakse §-ga 48¹ järgmises sõnastuses:

«§ 48¹. Märkimisväärse turujõuga ettevõtja kohustuste rakendamise erinõuded

(1) Kui Euroopa Komisjon teavitab Konkurentsiametit ühe kuu jooksul käesoleva seaduse § 48 lõikes 1 sätestatud otsuse eelnõu saamisest, et Konkurentsiameti poolt otsuse eelnõus kehtestatavad, muudetavad või tühistatavad kohustused mõjutavad Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist kaubandust või on vastuolus Euroopa Liidu õigusega, ei tee Konkurentsiamet otsust kolme kuu jooksul alates Euroopa Komisjonilt teavituse saamisest. Teavituse puudumise korral võib Konkurentsiamet teha § 49 lõike 1 alusel koostatud otsuse, arvestades võimalikult suures ulatuses Euroopa Komisjoni, Euroopa Sideameti ja Euroopa Liidu liikmesriikide sideturu regulaatorite arvamust.

(2) Euroopa Komisjonilt käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teavituse saamisel teeb Konkurentsiamet koostööd Euroopa Komisjoni ja Euroopa Sideametiga, selgitamaks välja kõige sobivamad ja tõhusamad meetmed.

(3) Enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kolmekuulise tähtaja lõppemist võib Konkurentsiamet lõikes 1 sätestatud Euroopa Komisjoni teavituses esitatud põhjuseid ning Euroopa Sideameti arvamust võimalikult suures ulatuses arvesse võttes otsuse eelnõu muuta, tagasi võtta või selle juurde jääda.

(4) Kui Konkurentsiamet muudab otsuse eelnõus sätestatud kohustusi või jääb nende juurde, võib Euroopa Komisjon ühe kuu jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kolmekuulise tähtaja lõppemist esitada soovituse, et Konkurentsiamet muudaks oma otsuse eelnõu või võtaks selle tagasi. Euroopa Komisjon võib teha ka otsuse lõikes 1 nimetatud teavituses esitatud seisukohtade tagasivõtmise kohta.

(5) Konkurentsiamet edastab Euroopa Komisjonile ja Euroopa Sideametile lõplikud meetmed ühe kuu jooksul alates Euroopa Komisjonilt käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud soovituse või otsuse saamisest. Nimetatud ühekuulist tähtaega võib pikendada riigisisese konsultatsiooni läbiviimiseks vastavalt käesoleva seaduse §-le 47.

(6) Kui Konkurentsiamet otsustab Euroopa Komisjoni soovituse alusel otsuse eelnõu mitte muuta või tagasi võtta, esitab ta Euroopa Komisjonile oma põhjendused.

(7) Konkurentsiamet võib mis tahes menetluse etapis otsuse eelnõu tagasi võtta.

(8) Kui Konkurentsiamet leiab, et erandlike asjaolude tõttu tuleb märkimisväärse turujõuga ettevõtja suhtes kehtestada kohustusi, mida ei ole sätestatud käesoleva seaduse §-des 51–54, peab ta esitama sellekohase taotluse Euroopa Komisjonile. Kavandatava kohustuse võib Konkurentsiamet kehtestada üksnes pärast seda, kui Euroopa Komisjon on andnud selleks loa.»;

36) paragrahvi 50 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) kohustus avaldada juurdepääsu või sidumisega seotud andmed kuluarvestuse, tehniliste tingimuste, võrgu omaduste, teenuse osutamise tingimuste, sealhulgas tingimuste, mis piiravad juurdepääsu teenusele ning selle rakendusele ja kasutamisele, ja tasude kohta;»;

37) paragrahvi 50 lõike 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

38) paragrahvi 50 lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

«8) kohustus funktsioonipõhise eraldamise kohta vastavalt käesoleva seaduse §-le 55.»;

39) paragrahvi 50 lõikes 2 asendatakse tekstiosa «§ 48 lõikes 6» tekstiosaga «§ 48¹ lõikes 8″;

40) paragrahvi 51 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna «vaskpaarile» sõnadega «täielikku või jagatud juurdepääsu kliendiliinile ja alamkliendiliinile»;

41) paragrahvi 51 lõiget 1 täiendatakse punktidega 10–12 järgmises sõnastuses:

«10) lõppkasutajale juurdepääsu võimaldamist märkimisväärse turujõuga ettevõtja võrguga seotud telefoniteenuse osutaja teenustele operaatorkoodi valimise ja telefoniteenuse osutaja eelvaliku teel võimalusega tühistada eelnev valik iga kõne puhul eraldi, valides selleks operaatorkoodi;
11) võimaldada käesoleva lõike punktis 10 nimetatud teenuse kliendiliinide hulgimüüki teisele sideettevõtjale;
12) juurdepääsu seotud teenusele.»;

42) paragrahvi 51 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) konkureerivate vahendite kasutamise või paigaldamise tehniline ja majanduslik teostatavus, pidades silmas turu arengu tempot ja võttes arvesse asjasse puutuva sidumise või juurdepääsu laadi ja liiki, sealhulgas kaablikanalisatsioonile juurdepääsu teostatavust;»;

43) paragrahvi 51 lõike 2 punktid 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«3) vahendi omaniku esialgse investeeringu suurus, võttes arvesse tehtud riiklikke investeeringuid ja investeerimisega kaasnevaid riske;
4) vajadus kaitsta konkurentsi pikema aja jooksul, pöörates eelkõige tähelepanu majanduslikult tõhusal infrastruktuuril põhinevale konkurentsile;»;

44) paragrahvi 52 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Kehtestades käesoleva seaduse § 50 lõike 1 punktis 7 nimetatud kohustused ja soodustades sideettevõtja investeerimist järgmise põlvkonna sidevõrkudesse, võtab Konkurentsiamet arvesse sideettevõtja tehtud investeeringuid ja seda, et märkimisväärse turujõuga ettevõtjal peab olema võimalik teenida otstarbekalt kasutatud kapitalilt mõistlikku kasumit, võttes arvesse kaasnevaid riske, mis on omased nimetud konkreetse uue võrguprojekti investeeringutele. Samuti lähtub Konkurentsiamet sideettevõtjale § 50 lõike 1 punktis 7 nimetatud kohustuste kehtestamisel põhimõttest, et igasugune Konkurentsiameti nõutav kulude katmise mehhanism või hinna kujundamise metoodika peab teenima efektiivse ja pideva konkurentsi huvi ja suurendama tarbijate kasu. Selleks võib Konkurentsiamet arvestada ka hindu, mis on kasutusel teistel võrreldavatel turgudel.»;

45) paragrahvi 54 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa «ja §-s 56 sätestatud kohustuse kehtestamine»;

46) paragrahvi 54 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetlemata kohustusi võib Konkurentsiamet kehtestada üksnes käesoleva seaduse § 48¹ lõikes 8 sätestatud korda järgides.»;

47) paragrahvid 55 ja 56 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«§ 55. Märkimisväärse turujõuga ettevõtja kohustus tagada funktsioonipõhine eraldamine

(1) Kui Konkurentsiamet jõuab käeoleva seaduse §-de 43–44 alusel läbiviidud turuanalüüsi käigus seisukohale, et §-de 51–53 alusel kehtestatud asjakohaste kohustustega ei ole suudetud saavutada tõhusat konkurentsi ning et teatud juurdepääsutoodete turgudega seoses on hulgimüügi pakkumisel tuvastatud märkimisväärsed ja püsivad konkurentsiprobleemid või turutõrked, võib Konkurentsiamet erandmeetmena kehtestada vertikaalselt integreeritud ettevõtjatele kohustuse anda asjaomaste juurdepääsutoodete hulgimüügi pakkumisega seotud tegevused üle sõltumatule majandusüksusele.

(2) Sõltumatu majandusüksus peab kõikidele ettevõtjatele, sealhulgas emaettevõtja teistele majandusüksustele, pakkuma juurdepääsutooteid ja -teenuseid samade tähtaegade ja tingimustega, sealhulgas samade hindade ja sama teenuse tasemega, ning kasutama samu süsteeme ja protsesse.

(3) Kui Konkurentsiamet kavatseb kehtestada funktsioonipõhise eraldamise kohustuse, siis esitab ta Euroopa Komisjonile sellekohase ettepaneku, mis sisaldab:
1) käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud seisukohta kinnitavaid tõendeid;
2) põhjendatud hinnangut, mille kohaselt on tõhusa ja püsiva infrastruktuuripõhise konkurentsi võimalus mõistliku aja jooksul väike või olematu;
3) analüüsi, mis käsitleb funktsioonipõhise eraldamise kohustuse kehtestamise mõju prognoosi Konkurentsiameti ja ettevõtja tegevusele, eelkõige mis puudutab eraldatud ettevõtja tööjõudu ning elektroonilise side sektorit tervikuna;
4) analüüsi, kuidas kohustuse kehtestamine mõjutab kogu sektorisse investeerimise motivatsiooni, pidades silmas vajadust tagada sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus, samuti kaasnevaid mõjusid teistele huvitatud isikutele, sealhulgas tarbijatele, ning prognoosi konkurentsi toimimisele tervikuna;
5) analüüsi, mis kinnitab, et kõnealune kohustus on kõige tõhusam vahend tuvastatud konkurentsiprobleemide ja turutõrgetega tegelemiseks.

(4) Konkurentsiameti otsuse eelnõu sisaldab järgmisi osi:
1) eraldamise täpne laad ja tase, märkides eelkõige ära eraldiseisva majandusüksuse õigusliku seisundi;
2) andmed eraldiseisva majandusüksuse varade ning tema pakutavate toodete või teenuste kohta;
3) haldamise kord, millega tagatakse eraldiseisva majandusüksuse värvatavate töötajate sõltumatus ning sellele vastav tasustamise struktuur;
4) kohustuste täitmist tagavad eeskirjad;
5) eeskirjad, millega tagatakse töökorralduse läbipaistvus eelkõige teiste huvitatud isikute jaoks;
6) järelevalve teostamise kord majandusüksusele kehtestatavate kohustuste täitmise üle.

(5) Konkurentsiamet võib ettevõtjale, kelle suhtes rakendatakse funktsioonipõhist eraldamist, kehtestada märkimisväärse turujõuga ettevõtja kohustusi vastavalt käesoleva seaduse §-dele 51–53.

(6) Kui Euroopa Komisjon teavitab Konkurentsiametit otsusega oma nõusolekust käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustuse kehtestamiseks, viib Konkurentsiamet juurdepääsuvõrguga seotud erinevatel turgudel läbi analüüsi ja võib neil turgudel kehtestada märkimisväärse turujõuga ettevõtjale kohustusi vastavalt käesoleva seaduse §-dele 43–53.

§ 56. Vertikaalselt integreeritud ettevõtja poolne vabatahtlik eraldamine

(1) Ettevõtja, kes on käesoleva seaduse alusel tunnistatud ühel või mitmel asjaomasel turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks, teavitab Konkurentsiametit eelnevalt ja õigeaegselt kavatsusest anda oma kohaliku juurdepääsuvõrgu varad või oluline osa neist üle teisele omanikule kuuluvale eraldiseisvale majandusüksusele või luua eraldiseisev majandusüksus. Teavitamine peab võimaldama Konkurentsiametil hinnata kavandatavate muudatuste mõju.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtja teavitab Konkurentsiametit nimetatud kavatsuse mis tahes muutumisest ning eraldamisprotsessi lõpptulemusest.

(3) Konkurentsiamet hindab kavandatava tehingu mõju juba kehtivatele märkimisväärse turujõuga ettevõtja kohustustele.

(4) Konkurentsiamet viib juurdepääsuvõrguga seotud eri turgudel läbi analüüsi ning võib juriidiliselt ja oma tegevuses eraldiseisvale ettevõtja majandusüksusele kehtestada märkimisväärse turujõuga ettevõtja kohustusi vastavalt käesoleva seaduse §-dele 43–53.»;

48) paragrahvi 59 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesolevas peatükis sätestatakse sideettevõtjate õigused ja kohustused seoses ühe sideettevõtja juurdepääsuga teise sideettevõtja seadmetele, võrkudele või teenustele eesmärgiga tagada konkurents, tõhus investeerimine ja innovatsioon, sideteenuste koostalitusvõime ning teenuste lõppkasutajate huvide kaitse.»;

49) paragrahvides 60 ja 65 asendatakse sõna «vaskpaar» sõnaga «kliendiliin» vastavas käändes;

50) paragrahvi 60 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) asjasse puutuvatele tarkvarasüsteemidele või andmekogudele, sealhulgas tugisüsteemidele,»;

51) paragrahvi 63 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Kui võrguteenust pakkuval sideettevõtjal on õigusaktide alusel õigus paigaldada vahendeid avaliku või eraomandi peale, kohale või alla, siis võib Konkurentsiamet kehtestada võrguteenuseid pakkuvale sideettevõtjale kohustusi sellisel alusel paigaldatud võrguseadmete või muu sideteenuste osutamiseks kasutatava vara, sealhulgas liinirajatiste, hoonesisese kaabelduse või väljaspool hoonet asuva kaabelduse kuni vahejaotuspunktini, ühiskasutamiseks või ühispaiknemiseks, lähtudes käesoleva seaduse § 60 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud loetelust. Käesolevas lõikes sätestatud kohustusi võib Konkurentsiamet kehtestada eelkõige siis, kui teistel sideettevõtjatel puuduvad alternatiivsed juurdepääsuvõimalused keskkonnakaitse-, tervisekaitse- või ehitus- ja planeerimisnõuete ning avaliku julgeoleku tõttu.»;

52) paragrahvi 63 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

«(8) Järelevalve- ja korraldusasutus on kohustatud andma huvitatud isikule tema taotluse alusel informatsiooni käesoleva seaduse § 60 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud vahendite liigi, kättesaadavuse ja geograafilise asukoha kohta. Nimetatud vahendid ja neile juurdepääsu tingimused ei ole käsitatavad ärisaladusena.»;

53) paragrahv 67 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 67. Digitaalse televisiooni- ja raadioteenuse tingimusjuurdepääsu süsteemid

(1) Sideettevõtja, kes pakub tingimusjuurdepääsu süsteeme, on kohustatud tagama, et tingimusjuurdepääsu süsteemid võimaldaksid tehniliselt läbi viia kulupõhist ristkontrolli teenuste üle, mida osutavad tingimusjuurdepääsu süsteemide abil teised sideettevõtjad.

(2) Sideettevõtja, kes osutab tingimusjuurdepääsu teenust televisiooni- või raadioteenuse osutajale ning kelle tingimusjuurdepääsu teenusest sõltub televisiooni- või raadioteenuse osutaja juurdepääs potentsiaalsetele vaatajatele ja kuulajatele, on kohustatud:
1) osutama televisiooni- või raadioteenuse osutajale õiglastel, mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel tehnilisi teenuseid, mis võimaldavad dekodeerimisvahenditega varustatud vaatajatel ja kuulajatel vastu võtta televisiooni- või raadioteenuse osutaja digitaalselt edastatavaid teenuseid;
2) pidama oma raamatupidamises eraldi arvestust tegevuse kohta tingimusjuurdepääsu teenuse osutajana.»;

54) paragrahvid 69–71 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 69. Universaalteenuse mõiste ja eesmärk

Universaalteenus on Euroopa Liidu õigusega kindlaks määratud tehnilistele ja kvaliteedinõuetele vastav teenuste kogum, mis tagatakse seda soovivale lõppkasutajale käesolevas peatükis sätestatud ulatuses ja kindlaks määratud kvaliteediga, sõltumata lõppkasutaja asukohast, ühesugusena ning taskukohase hinnaga. Universaalteenus on:
1) ühendus sidevõrguga fikseeritud asukohas, mis võimaldab telefoniteenust;
2) taksofoniteenus või muu avaliku juurdepääsuga sideteenus, mis võimaldab kõnet;
3) kõikehõlmava üldkasutatava elektroonilise numbriinfokataloogi ja numbriinfoteenistuse kättesaadavus.

§ 70. Ühendus sidevõrguga fikseeritud asukohas

Käesoleva seaduse § 69 punktis 1 nimetatud ühendus sidevõrguga peab võimaldama:
1) kõnede tegemist ja vastuvõtmist;
2) faksi saatmist ja vastuvõtmist;
3) andmesideteenuse kasutamist andmeedastuskiirusega, mis on piisav toimivaks Interneti-ühenduseks, arvestades lõppkasutajate enamiku kasutatavat riist- ja tarkvara.

§ 71. Taksofoniteenus ja muu avaliku juurdepääsuga sideteenus

(1) Taksofoniteenus või muu avaliku juurdepääsuga sideteenus, mis võimaldab kõnet, on kõnede tegemise ja vastuvõtmise võimalus üldkasutatava terminalseadme vahendusel.

(2) Taksofoniteenus või muu avaliku juurdepääsuga sideteenus, mis võimaldab kõnet, peab võimaldama tasuta kõnede tegemist riigisisestele hädaabi lühinumbritele ja Euroopa ühtsele hädaabinumbrile «112» maksevahendit kasutamata.»;

55) paragrahvi 72 lõike 4 punktis 3 ning § 79 lõike 1 punktides 1, 3 ja 4 asendatakse sõna «telefonivõrk» sõnaga «sidevõrk» vastavas käändes;

56) paragrahvi 73 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud avalik konkurss või riigihange ebaõnnestub, teeb Konkurentsiamet otsuse, millega kehtestab universaalteenuse osutajale, kellel käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avaliku konkursi või riigihanke korraldamise ajal oli universaalteenuse osutamise kohustus, universaalteenuse osutamise kohustuse avaliku konkursi või riigihanke korraldamise ajal kehtinud tingimustel kuni käesoleva seaduse § 72 lõikes 3 nimetatud lepingu sõlmimiseni.»;

57) paragrahvi 73 täiendatakse lõigetega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

«(9) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 või 2 alusel määratud universaalteenuse osutaja kavatseb kogu oma juurdepääsuvõrgu või osa sellest üle anda eraldiseisvale juriidilisele isikule, peab ta sellest enne teavitama Konkurentsiametit, kes hindab kavandatava tehingu mõju juurdepääsu pakkumisele määratud piirkonnas ja telefoniteenuse osutamisele vastavalt käesoleva seaduse §-s 70 sätestatule ning vajaduse korral kehtestab, muudab või tühistab vastavad erikohustused.

(10) Konkurentsiamet on kohustatud teavitama Euroopa Komisjoni universaalteenuse kohustusega ettevõtjast ja temale kehtestatud kohustustest. Konkurentsiamet avalikustab nimetatud teabe oma veebilehel.»;

58) paragrahvi 76 lõike 1 punktides 2 ja 3 asendatakse sõnad «üldkasutatav telefonivõrk» sõnaga «sidevõrk» vastavas käändes;

59) paragrahv 83 tunnistatakse kehtetuks;

60) seadust täiendatakse §-ga 83¹ järgmises sõnastuses:

«§ 83¹. Universaalteenuse makse määr

(1) Universaalteenuse makse määr on 0,01–1 protsenti rahastamiskohustusega sideettevõtja eelmise majandusaasta sideteenuste käibest.

(2) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega majandus- ja kommunikatsiooniministri ettepanekul käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud makse määra vähemalt kolm kuud enne kalendriaasta algust, arvestades:
1) käesoleva seaduse §-s 75 sätestatud ebamõistlikult koormavate kulude põhjendatust ja suurust;
2) Konkurentsiameti poolt vastavalt käesoleva seaduse §-le 137 koostatud aruandeid.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud makse määra suuruse kehtestamisel järgitakse läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja proportsionaalsuse põhimõtteid.»;

61) paragrahvi 87 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) riigisiseste hädaabinumbritega ja Euroopa ühtse hädaabinumbriga «112» ühenduse tagamiseks ning hädaabinumbrile helistaja asukoha tuvastamiseks,»;

62) paragrahvi 87 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

«8) üleeuroopaliselt harmoniseeritud 116-algusega lühinumbriga ühenduse tagamise edendamiseks.»;

63) paragrahvi 87 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Sideettevõtja peab tegema oma veebilehel või veebilehe puudumisel muul mõistlikul viisil avalikult kättesaadavaks informatsiooni tema poolt lõppkasutajatele osutatavate sideteenuste kvaliteedi kohta ja erivajadustega lõppkasutajatele samaväärse juurdepääsu tagamiseks kasutusele võetud meetmete kohta.

(4) Sideteenuse osutaja, kelle teenust tarbib vähemalt tuhat lõppkasutajat, on hädaolukorra seaduse § 34 lõike 2 punktides 12–14 ja 16 nimetatud elutähtsa teenuse osutaja vastava teenuse osas.»;

64) seadust täiendatakse §-ga 87² järgmises sõnastuses:

«§ 87². Sidevõrkude ja -teenuste turvalisuse ning terviklikkuse tagamine

(1) Sideettevõtja on kohustatud rakendama asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, maandamaks sideteenuse ja -võrgu turvalisuse ning terviklikkusega seotud riske. Meetmed peavad olema proportsionaalsed võimaliku ohuolukorraga ning tagama turvalisuse ning terviklikkuse tagamist ohustatavate juhtumite minimaalse mõju sideteenuse kasutajatele ja seotud võrkudele ning kindlustama osutatavate teenuste jätkumise.

(2) Sideettevõtja on kohustatud viivitamata teavitama Tehnilise Järelevalve Ametit kõigist sidevõrgu ja -teenuse turvalisuse ning terviklikkuse tagamist ohustavatest juhtumitest, mis olulisel määral mõjutavad sideteenuse või -võrgu toimimist, ning nende juhtumite kõrvaldamiseks rakendatud meetmetest.

(3) Vajaduse korral teavitab Tehnilise Järelevalve Amet käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhtudest välisriigi järelevalveasutusi ning Euroopa Võrgu- ja Infoturbe Agentuuri (European Network and Information Security Agency – ENISA). Kui Tehnilise Järelevalve Amet leiab, et tulenevalt avalikust huvist on põhjendatud rikkumise avalikustamine, siis võib ta sellest avalikkust teavitada või kohustada selleks sideettevõtjat.

(4) Tehnilise Järelevalve Amet esitab üks kord kalendriaastas Euroopa Komisjonile ning Euroopa Võrgu- ja Infoturbe Agentuurile koondaruande käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel esitatud teadetest ja rakendatud meetmetest.

(5) Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus nõuda, et sideettevõtja:
1) esitaks oma sideteenuse ja -võrgu turvalisuse ning terviklikkuse hindamiseks vajaliku teabe, sealhulgas turvaeeskirjad;
2) telliks pädeva sõltumatu asutuse või pädeva riigiasutuse läbi viidava turvaauditi ning teeks selle tulemused Tehnilise Järelevalve Ametile kättesaadavaks. Auditi läbiviimisega seotud kulud katab sideettevõtja.»;

65) paragrahvi 88 täiendatakse lõikega 1¹ järgmises sõnastuses:

«(1¹) Mobiiltelefoniteenuse osutamisel on sideettevõtja kohustatud tagama juurdepääsu Euroopa ühtsele hädaabinumbrile «112» lühisõnumiteenuse (Short Message Service – SMS) vahendusel hädaabiteate edastamiseks oma sidevõrgu kaudu.»;

66) paragrahvi 88 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sideettevõtja peab riigisisestele hädaabinumbritele, Euroopa ühtsele hädaabinumbrile «112» ja julgeolekuasutuse ühele lühinumbrile helistamise korral tegema riigisisesele hädaabiteenistusele, häirekeskusele ning julgeolekuasutusele vahetult kõne ühendamise järel tasuta kättesaadavaks helistaja telefoninumbri ning teabe helistaja asukoha kohta.»;

67) paragrahvi 89 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kliendil on õigus säilitada temale sideettevõtja kasutada antud Eesti numeratsiooniplaani kuuluv number sideettevõtja vahetamise või kliendi ühenduspunkti geograafilise asukoha muutumise korral.»;

68) paragrahvi 89 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Sideettevõtja on kohustatud tasuta tagama tarbija teavitamise numbri liikumisest infotelefoni ja oma veebilehe kaudu.»;

69) paragrahvi 89 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Sideettevõtja vahetamise korral tagatakse numbri liikuvuse nõude täitmine numbri broneerimise andmekogu kaudu. Kliendi ühenduspunkti geograafilise asukoha muutumise korral tagatakse numbri liikuvuse nõude täitmine sideettevõtja vastava andmekogu või infosüsteemi vahendusel.

(6) Numbri liikuvuse tagamiseks vajalikud nõuded kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega.»;

70) paragrahvi 90¹ lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Multipleksimisteenuse osutaja peab avalik-õigusliku meediateenuse osutaja soovil tagama tema teleprogrammide edastamise. Avalik-õiguslik meediateenuse osutaja peab multipleksimisteenuse osutajat kirjalikult teavitama oma teleprogrammide edastamise soovist vähemalt kuus kuud enne edastamise alustamist.»;

71) paragrahvi 96 lõike 1 punktid 6 ja 7 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«6) sideteenusele esitatavad kvaliteedinõuded, sealhulgas teenuse kvaliteedi parameetrid, vastavalt käesoleva seaduse § 87 lõikele 2;
7) sideettevõtja poolt lõppkasutajale pakutavad hooldusteenused, sealhulgas hooldusteenuse liigid ja lõppkasutajale pakutav tugiteenus ning nende teenuste tellimise viis;»;

72) paragrahvi 96 lõike 1 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«12) lepingu tähtaeg ning lepingu ülesütlemise ja pikendamise tingimused, sealhulgas soodustingimuste kasutamiseks vajalik miinimumperiood, numbri ja muude tunnuste teisaldamise kulud ja ajaperiood ning lepingu lõpetamise kulud ja lõppseadmega seotud kulud, sealhulgas kulud lepingu ennetähtaegse lõpetamise puhul;»;

73) paragrahvi 96 lõiget 1 täiendatakse punktidega 13–19 järgmises sõnastuses:

«13) kui sideettevõtja ei paku sidevõrgu kaudu ühenduse loomist riigisisese hädaabinumbri ja Euroopa ühtse hädaabinumbriga «112», vastava võimaluse sõnaselge välistus;
14) tingimus ühenduse loomiseks hädaabinumbriga ja helistaja asukoha määramiseks;
15) muud tingimused, mis piiravad sideteenusele ja rakendusele juurdepääsu ning nende kasutamist;
16) teave ettevõtja kehtestatud korra kohta võrguühenduses toimuva liikluse mõõtmiseks ja kohandamiseks, et hoida ära võrguühenduse täiskoormus või ülekoormus, ning teave selle kohta, kuidas selline kord võib mõjutada teenuse kvaliteeti;
17) kõik sideettevõtja kehtestatud piirangud tema tarnitud lõppseadme kasutamisele;
18) meetmed, mida sideettevõtja võtab sidevõrkude ja -teenuste turvalisuse ning terviklikkuse tagamiseks vastavalt käesoleva seaduse §-le 87²;
19) erivajadustega lõppkasutajale mõeldud toote ja sideteenuse tingimused.»;

74) paragrahvi 96 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Sideettevõtja on kohustatud tegema avalikkusele kättesaadavaks oma veebilehel või veebilehe puudumisel muul mõistlikul viisil käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2 ja 4–19 nimetatud tingimused, samuti lõike 2 punktis 2 nimetatud tingimuse ning tema poolt sideteenuse osutamiseks kehtestatud muud tüüptingimused.»;

75) paragrahvi 96 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

«(4) Sideettevõtja on kohustatud sideteenuse lepingu sõlmimisel pakkuma tarbijale vastavasisulise nõude esitamise korral võimalust sõlmida üheaastase tähtajaga sideteenuse leping.

(5) Tarbijaga sõlmitava tähtajalise sideteenuse lepingu esialgne miinimumperiood ei tohi ületada kahte aastat.»;

76) paragrahvi 98 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

«(9) Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus nõuda, et sideettevõtja piiraks kliendi juurdepääsu sideteenusele või kõne valimise võimalust numbrile, kui see on põhjendatud pettuse või väärkasutuse tõttu. Nimetatud juhul võib Tehnilise Järelevalve Amet nõuda, et sideettevõtja lõpetaks käesoleva seaduse § 62 alusel sõlmitud sidumislepingu.»;

77) seaduse 9. peatükki täiendatakse §-ga 100¹ järgmises sõnastuses:

«§ 100¹. Sideteenuse hinnavõrdlus

Konkurentsiamet teeb tehnilise võimaluse sideteenuse hindade võrdluseks avalikkusele tasuta kättesaadavaks oma veebilehel.»;

78) seadust täiendatakse §-ga 102¹ järgmises sõnastuses:

«§ 102¹. Isikuandmete kaitse

(1) Isikuandmetega seotud rikkumine on turvanõude rikkumine, mis toob sideteenuse osutamisega kaasa edastatud, salvestatud või muul viisil töödeldud isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise, ebaseadusliku avalikustamise või neile juurdepääsu.

(2) Isikuandmetega seotud rikkumise korral on sideettevõtja kohustatud sellest esimesel võimalusel teavitama Andmekaitse Inspektsiooni.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teave peab sisaldama lisaks lõikes 5 sätestatud andmetele ka isikuandmetega seotud rikkumise võimalikke tagajärgi ja kavandatud või rakendatud meetmeid.

(4) Kui isikuandmetega seotud rikkumine võib kahjustada kliendi ja kasutaja, kelle andmed on kliendi poolt sideettevõtjale esitatud, isikuandmeid ja eraelu puutumatust, on sideettevõtja kohustatud sellest esimesel võimalusel teavitama klienti.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud teave peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) isikuandmetega seotud rikkumise kirjeldus;
2) kontaktandmed, kust on võimalik saada täiendavat teavet;
3) soovitusi isikuandmetega seotud rikkumise võimalike kahjulike mõjude leevendamiseks.

(6) Sideettevõtja ei pea teavitama käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud isikut isikuandmetega seotud rikkumisest, kui ta on Andmekaitse Inspektsioonile tõendanud, et rikkumise ilmnemisel rakendati kohaseid tehnoloogilisi kaitsemeetmeid. Nimetatud kaitsemeetmete rakendamine peab tagama vastavate andmete loetamatuks muutmise kõigile isikutele, kellel puudub andmetele juurdepääsu õigus.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud juhul võib Andmekaitse Inspektsioon rikkumise kahjulikku mõju arvestades siiski nõuda kliendi teavitamist.

(8) Sideettevõtja on kohustatud pidama isikuandmetega seotud rikkumiste arvestust, mis peab sisaldama vähemalt:
1) rikkumise kirjeldust;
2) rikkumise võimaliku kahjuliku mõju kirjeldust;
3) ülevaadet rikkumise kõrvaldamiseks rakendatud tehnoloogilistest kaitsemeetmetest.»;

79) paragrahvi 103¹ lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Füüsilisest isikust sideteenuse kasutaja või kliendi elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks on lubatud üksnes tema eelneval nõusolekul. Nõusolek peab vastama isikuandmete kaitse seaduse §-s 12 sätestatud tingimustele.»;

80) paragrahv 111 tunnistatakse kehtetuks;

81) paragrahvi 120 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Liinirajatisega seotud vaidlused tuleb lahendada hiljemalt kuue kuu jooksul.»;

82) paragrahvi 133 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Järelevalvet käesoleva seaduse täitmise üle teostab ka Tarbijakaitseamet tarbijakaitseseadusega sätestatud pädevuse piires.»;

83) paragrahvi 133 täiendatakse lõikega 2¹ järgmises sõnastuses:

«(2¹) Järelevalvet käesolevas seaduses sätestatud isikuandmete töötlemise nõuete täitmise üle ja käesoleva seaduse §-s 103¹ sätestatud elektrooniliste kontaktandmete kasutamise üle teostab ning haldussundi rakendab Andmekaitse Inspektsioon isikuandmete kaitse seaduse 6. peatükis sätestatud korras.»;

84) paragrahv 134 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 134. Riikliku korralduse eesmärgid

(1) Elektroonilise side valdkonna riikliku korralduse eesmärk on edendada konkurentsi elektroonilise side ja sellega seotud teenuste osutamisel. Nimetatud eesmärgi saavutamine tagatakse muu hulgas sellega, et:
1) kaitstakse kliente, sealhulgas erivajadustega inimesi ja eakaid, eelkõige teenuste valiku, kvaliteedi ja hinna osas;
2) tõkestatakse sideteenuste turgudel konkurentsi moonutamine või takistamine;
3) soodustatakse raadiosageduste ja numeratsiooni tulemuslikku kasutamist ja kindlustatakse selle tõhus haldamine.

(2) Elektroonilise side valdkonna riikliku korralduse eesmärk on aidata kaasa sideteenuse turu arengule muu hulgas sellega, et:
1) Euroopa Liidu sees kõrvaldatakse sideteenuste osutamise takistused, sealhulgas sidevõrkude ja nendega seotud vahendite pakkumise takistused;
2) toetatakse üleeuroopaliste sidevõrkude loomist ja arendamist ning üleeuroopaliste sideteenuste koostalitusvõimet ja läbivühendatavust;
3) tehakse läbipaistvat koostööd sideteenuste valdkonnas tegutsevate teiste järelevalveasutuste, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Sideametiga, et tagada ühtne ja järjepidev reguleerimispraktika areng ning elektroonilise side valdkonda reguleeriva Euroopa Liidu õiguse järjepidev rakendamine.

(3) Elektroonilise side valdkonna riikliku korralduse eesmärk on kaitsta sideteenuse kasutajate õigusi muu hulgas sellega, et tagatakse:
1) lõppkasutajate juurdepääs universaalteenusele;
2) lõppkasutajate huvide kaitse;
3) isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse;
4) teabe andmine sideettevõtjate poolt, eelkõige sideteenuste tasude ja sideteenuste osutamise tingimuste läbipaistvus;
5) sotsiaalsete gruppide, eelkõige erivajadustega inimeste ja eakate huvide arvestamine;
6) sidevõrkude terviklikkus ja turvalisus;
7) lõppkasutajate juurdepääsuvõimalus nende valitud teabele, selle levitamisele ning rakenduste ja teenuste kasutamisele.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 sätestatud elektroonilise side valdkonna riikliku korralduse eesmärkide saavutamisel järgitakse objektiivseid, läbipaistvaid, mittediskrimineerivaid ja proportsionaalseid reguleerimispõhimõtteid, muu hulgas:
1) edendatakse regulatsiooni ettenähtavust, tagades ühetaolise regulatiivse lähenemise ka regulatsiooni muutmise järel;
2) tagatakse sideettevõtjate võrdne ja mittediskrimineeriv kohtlemine;
3) edendatakse infrastruktuuripõhist konkurentsi;
4) soodustatakse sidevõrkudesse ja muudesse elektroonilise side infrastruktuuri objektidesse investeerimist, toetatakse uuendusi ning kaitstakse investeeringuid;
5) arvestatakse valitsevat konkurentsi ja lõppkasutajate paiknemise eripära teenustele juurdepääsul;
6) kehtestatakse käesoleva seaduse viiendas peatükis sätestatud nõudeid ainult tõhusa ja jätkusuutliku konkurentsi puudumisel.

(5) Käesoleva seaduse kohaldamisel ja täitmisel juhindutakse tehnoloogilise neutraalsuse põhimõttest.»;

85) paragrahvi 135 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Kui tegevuse alustamisest teatanud sideettevõtja või sagedusloa või numbriloa omanik on rikkunud tegevuse alustamisest teatamise, sagedusloa või numbriloa tingimusi selliselt, et see toob kaasa vahetu või suure ohu avalikule korrale, julgeolekule või rahva tervisele või kui see võib põhjustada tõsiseid majanduslikke või toimimisprobleeme teistele sidevõrkude või sideteenuste pakkujatele või kasutajatele või raadiosageduste kasutajatele, võib Tehnilise Järelevalve Amet rakendada ajutisi meetmeid rikkumise kõrvaldamiseks, arvestamata käesoleva seaduse §-des 18 ja 37 sätestatut. Ajutisi meetmeid võib rakendada kuue kuu jooksul.»;

86) paragrahvi 137 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule peab Konkurentsiameti aruanne sisaldama universaalteenuse taskukohase tasu prognoosi järgmiseks kalendriaastaks.»;

87) paragrahvi 137 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule peab Konkurentsiameti aruanne sisaldama ülevaadet universaalteenuse maksete kasutamise kohta ning universaalteenuse makse määra ja universaalteenuse taskukohase tasu prognoosi järgmiseks kalendriaastaks.»;

88) paragrahv 138 tunnistatakse kehtetuks;

89) paragrahvi 140 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Informatsioon järelevalve- ja korraldusasutuse juhi teenistusest vabastamise otsuse tegemise kohta avalikustatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel. Järelevalve- ja korraldusasutuse juhi nõudmisel avalikustatakse ka teenistusest vabastamise põhjus.»;

90) paragrahvi 141 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

«(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud selgituste ja juhendite andmise kavatsusest, põhjusest ja ulatusest, mis puudutavad käesoleva seaduse 10. peatükki, peab järelevalve- ja korraldusasutus teavitama Euroopa Komisjoni.

(3) Järelevalve- ja korraldusasutus võtab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud selgituste ja juhendite andmisel võimalikult suures ulatuses arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekuid.»;

91) paragrahv 143 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 143. Järelevalve- ja korraldusasutuse koostöö ekspertide, teiste järelevalveasutuste, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Sideametiga

Käesoleva seadusega talle pandud ülesannete täitmiseks kaasab järelevalve- ja korraldusasutus vajaduse korral sõltumatuid eksperte ning teeb koostööd teiste Eesti ja välisriikide järelevalveasutustega, samuti Euroopa Komisjoni ja Euroopa Sideametiga.»;

92) paragrahvid 149 ja 150 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«§ 149. Vaidluse lahendamine järelevalve- ja korraldusasutuses

(1) Kui käesolevas seaduses on sätestatud võimalus vaidluse lahendamiseks järelevalve- ja korraldusasutuses, peab vaidluse osapool esitama selleks kirjaliku avalduse. Kui vaidlus kuulub rohkem kui ühe Euroopa Liidu liikmesriigi järelevalveasutuse pädevusse, siis on tegemist piiriülese vaidlusega.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse läbivaatamisel peab osalema järelevalve- ja korraldusasutuse peadirektor või tema volitatud ametnik.

(3) Järelevalve- ja korraldusasutus lahendab piiriülese vaidluse koostöös vastavate Euroopa Liidu liikmesriikide järelevalveasutustega ning konsulteerides vajaduse korral Euroopa Sideametiga.

(4) Järelevalve- ja korraldusasutus teavitab vaidluse teist osapoolt kümne tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse esitamisest arvates ja nõuab selgitust. Järelevalve- ja korraldusasutus annab selgituse esitamiseks mõistliku tähtaja, mis ei või olla lühem kui kümme tööpäeva nõude kättesaamisest arvates.

(5) Järelevalve- ja korraldusasutus peab lahendama käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vaidluse võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt nelja kuu jooksul arvates lõikes 1 nimetatud avalduse saamisest. Eriti keeruka vaidluse lahendamisel ei pea järelevalve- ja korraldusasutus järgima neljakuulist tähtaega. Sellisel juhul peab järelevalve- ja korraldusasutus põhjendama, milles seisneb vaidluse eriline keerukus, ja teatama vaidluse lahendamise tähtaja.

(6) Kui piiriülese vaidluse lahendamisel küsitakse Euroopa Sideameti arvamust, siis peavad käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud vaidluse lahendamises osalevad järelevalve- ja korraldusasutused enne lõikes 5 nimetatud lahendi tegemist ära ootama Euroopa Sideameti arvamuse.

(7) Kui järelevalve- ja korraldusasutus ei ole piiriülest vaidlust lahendanud käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud tähtaja jooksul ja kui kaebuse esitanud pool ei ole vaidlust kohtusse andnud ning kui üks vaidluse pool seda taotleb, juhindub järelevalve- ja korraldusasutus käesoleva seaduse § 134 sätetest, võttes seejuures võimalikult suures ulatuses arvesse Euroopa Sideameti arvamust.

(8) Järelevalve- ja korraldusasutus lahendab vaidluse, tehes lahendi käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. Lahend tehakse järelevalve- ja korraldusasutuse peadirektori otsuse või ettekirjutusena. Lahend tehakse ettekirjutusena, kui avalduse lahendamisega kaasneb käitumisjuhise andmine ühele vaidluse osapoolele. Järelevalve- ja korraldusasutus edastab nimetatud lahendi viivitamata vaidluse osapooltele.

(9) Kui järelevalve- ja korraldusasutus teeb piiriülese vaidluse lahendamise käigus sideettevõtjale ettekirjutuse, arvestab ta võimalikult suures ulatuses Euroopa Sideameti arvamust.

(10) Avaldaja soovil võib järelevalve- ja korraldusasutus võtta vaidlusest osa lepitajana, tegemata käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud siduva iseloomuga lahendit. Sellisel juhul peab avaldaja märkima lõikes 1 nimetatud avalduses, et ta soovib järelevalve- ja korraldusasutuse osavõttu vaidlusest lepitajana.

(11) Järelevalve- ja korraldusasutus kogub teavet kaebuste sisu, arvu ja nende lahendamise kestuse ning ajutiste meetmete kohaldamise otsuste arvu kohta.

(12) Järelevalve- ja korraldusasutus ei lahenda lõppkasutajate ja sideettevõtjate vahelisi eraõiguslikke vaidlusi ning tarbijate kaebusi sideettevõtjate peale.

§ 150. Teabevahetus Euroopa Komisjoni, Euroopa Sideameti ja Euroopa Liidu liikmesriikide järelevalveasutustega

(1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning järelevalve- ja korraldusasutus on kohustatud andma Euroopa Komisjonile ja Euroopa Sideametile vastava nõude esitamise korral teavet.

(2) Järelevalve- ja korraldusasutus võib anda teavet ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide järelevalveasutustele.

(3) Kui järelevalve- ja korraldusasutuse poolt Euroopa Komisjonile ja Euroopa Sideametile antav teave puudutab sellist informatsiooni, mille järelevalve- ja korraldusasutus on saanud sideettevõtjalt, peab järelevalve- ja korraldusasutus teavitama sideettevõtjat teabe edastamisest Euroopa Komisjonile ja Euroopa Sideametile ning tegema kõik endast oleneva, et sideettevõtja poolt neile usaldatud teabe konfidentsiaalsus oleks kaitstud ka pärast selle edastamist.

(4) Kui järelevalve- ja korraldusasutus leiab, et Euroopa Komisjonile ja Euroopa Sideametile esitatud teabe avaldamine Euroopa Liidu liikmesriikide järelevalveasutustele ei ole põhjendatud, peab järelevalve- ja korraldusasutus Euroopa Komisjonile ja Euroopa Sideametile vastava teabe esitamisel teavitama Euroopa Komisjoni ja Euroopa Sideametit, et ta ei soovi selle teabe avaldamist liikmesriikide järelevalveasutustele, ning esitama teabe avaldamata jätmise põhjendused.

(5) Kui järelevalve- ja korraldusasutus on andnud teavet ühe Euroopa Liidu liikmesriigi järelevalveasutusele, siis peab ta põhjendatud nõudmise korral andma teavet ka teiste liikmesriikide järelevalveasutustele.»;

93) paragrahvi 151 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Järelevalve- ja korraldusasutus võib anda huvitatud isikutele nende taotluse alusel statistilist informatsiooni sideettevõtjate poolt jaetasandil osutatavate üldkasutatavate elektroonilise side teenuste klientide arvu ja teenust osutava sideettevõtja klientide arvu alusel leitud turuosade kohta. Nimetatud informatsioon ei ole käsitatav ärisaladusena. Kui sellise informatsiooni avaldamine on vastuolus väärtpaberibörsi reeglitega, võib nimetatud informatsiooni avaldada ainult kooskõlas väärtpaberibörsi reeglitega.»;

94) paragrahvi 152 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Otsust või õigusakti kavandav valitsusasutus avalikustab kokkuvõtte laekunud arvamustest oma veebilehel.»;

95) paragrahvi 152 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Järelevalve- ja korraldusasutus teavitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi menetluses olevast konsultatsioonist ja selle tulemusest. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium annab sellekohase taotluse alusel nimetatud informatsiooni asjast huvitatud isikule.»;

96) seadust täiendatakse §-ga 170¹ järgmises sõnastuses:

«§ 170¹. Sidevõrkude ja -teenuste turvalisusele ning terviklikkusele kehtestatud nõuete rikkumine

(1) Sidevõrkude ja -teenuste turvalisusele ning terviklikkusele kehtestatud nõuete rikkumise eest –karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.»;

97) paragrahvi 174 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Sideettevõtja poolt käesoleva seaduse §-s 96 sätestatud sideteenuse lepingu kohustuslike tingimuste järgimata jätmise eest –karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.»;

98) paragrahvi 179 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«§ 179. Sidevõrgu, liinirajatise ja liini kahjustamine

(1) Tegevuse või tegevuse korraldamise eest, millega kaasnes sidevõrgu, liinirajatise või liini kahjustamine, –karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.»;

99) paragrahvi 180 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Liinirajatise kaitsevööndis liinirajatise omaniku loata tegevuse või tegevuse korraldamise eest, mis põhjustas avariiohtliku olukorra või ohustas liinirajatist, –karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.»;

100) paragrahvi 187 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Sideteenuse osutamise käigus kasutaja kohta teatavaks saanud andmete saladuses hoidmise kohustuse rikkumise või sellest teavitamata jätmise eest –karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.»;

101) paragrahvi 188 lõige 3¹ muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3¹) Käesoleva seaduse §-des 154, 166–166², 167, 168 ja 171¹ sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Konkurentsiamet.»;

102) paragrahvi 190¹ lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Tehnilise Järelevalve Amet väljastab neljanda üleriigilise kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu sagedusloa raadiosagedusalas 1900–2170 MHz tähtajaga kümme aastat.»;

103) paragrahvi 190² lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu sagedusloa, millega on antud õigus kasutada raadiosagedusala 1900–2170 MHz, omanik on kohustatud igal aastal, välja arvatud need aastad, kui antakse sagedusluba või pikendatakse selle kehtivust, tasuma loa andmise kuupäevaks tasu vastava sagedusala kasutamise eest riigilõivuseaduse lisa 3 punktis 3.1 sätestatud määras, arvestades riigilõivuseaduse § 194 lõike 5 punktis 4 sätestatut.»;

104) seadust täiendatakse §-ga 191¹ järgmises sõnastuses:

«§ 191¹. Sagedus- ja numbrilubade ülevaatamine

Enne 2011. aasta 25. maid antud sagedus- ja numbriload viiakse käesoleva seadusega vastavusse hiljemalt 2011. aasta 19. septembriks.»;

105) normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/5/EÜ raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta (EÜT L 91, 07.04.1999, lk 10–28);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta (juurdepääsu käsitlev direktiiv) (EÜT L 108, 24.04.2002, lk 7–20), muudetud direktiiviga 2009/140/EÜ (ELT L 337, 18.12.2009, lk 37–69);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta (loadirektiiv) (EÜT L 108, 24.04.2002, lk 21–32), muudetud direktiiviga 2009/140/EÜ (ELT L 337, 18.12.2009, lk 37–69);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv) (EÜT L 108, 24.04.2002, lk 33–50), muudetud direktiiviga 2009/140/EÜ (ELT L 337, 18.12.2009, lk 37–69);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul (universaalteenuse direktiiv) (EÜT L 108, 24.04.2002, lk 51–77), muudetud direktiiviga 2009/136/EÜ (ELT L 337, 18.12.2009, lk 11–36);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.07.2002, lk 37–47), muudetud direktiividega 2006/24/EÜ (ELT L 105, 13.04.2006, lk 54–63) ja 2009/136/EÜ (ELT L 337, 18.12.2009, lk 11–36);
Euroopa Komisjoni direktiiv 2002/77/EÜ konkurentsi kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste turgudel (EÜT L 249, 17.09.2002, lk 21–26);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/24/EÜ, mis käsitleb üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste või üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate tegevusega kaasnevate või nende töödeldud andmete säilitamist ja millega muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ (ELT L 105, 13.04.2006, lk 54–63).»

§ 2. Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses (RT I, 06.01.2011, 29) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 194 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Sagedusloa andmise või kehtivusaja pikendamise eest ühe dupleks- või semiduplekssideks kasutatava raadiosageduskanali kohta tasutakse riigilõivu:
1) ühes maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisa 3 punktides 1 ja 7 sätestatud määra pooleteisekordses suuruses;
2) kahes kuni viies maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisa 3 punktides 1 ja 7 sätestatud määra kolmekordses suuruses;
3) kuues kuni kümnes maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisa 3 punktides 1 ja 7 sätestatud määra neljakordses suuruses;
4) üheteistkümnes ja enamas maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisa 3 punktides 1 ja 7 sätestatud määra seitsmekordses suuruses;
5) ühe raadiosideliini raadiosaatja eest lisa 3 punktis 5 sätestatud määra pooleteisekordses suuruses.

(5) Sagedusloa andmise või kehtivusaja pikendamise eest ühe mobiiltelefonivõrgu, juurdepääsu raadiovõrgu või liikuva maaside lairiba raadiovõrgu kohta tasutakse riigilõivu:
1) ühes maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisa 3 punktis 3 sätestatud määra pooleteisekordses suuruses;
2) kahes kuni viies maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisa 3 punktis 3 sätestatud määra kolmekordses suuruses;
3) kuues kuni kümnes maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisa 3 punktis 3 sätestatud määra neljakordses suuruses;
4) üheteistkümnes ja enamas maakonnas paikneva raadiovõrgu eest lisa 3 punktis 3 sätestatud määra seitsmekordses suuruses.»;

2) lisas 1 asendatakse tekst «Tsiviilasja hinna puhul üle 639 116,48 euro on riigilõivu täismäär 3 protsenti tsiviilasja hinnast, kuid mitte rohkem kui 131 955,82 eurot.» tekstiga «Tsiviilasja hinna puhul üle 639 116,48 euro on riigilõivu täismäär 3 protsenti tsiviilasja hinnast, kuid mitte rohkem kui 95 867,47 eurot.»;

3) lisa 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) lisa 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3. Sagedusloa andmise või kehtivusaja pikendamise eest mobiiltelefonivõrgule, juurdepääsu raadiovõrgule või liikuva maaside lairiba raadiovõrgule üheks aastaks iga 100 kHz ribalaiuse eest tasutakse riigilõivu:
3.1. sagedusalas kuni 2300 MHz – 17,25 eurot;
3.2. sagedusalas 2300 MHz kuni 4,2 GHz – 8,81 eurot;
3.3. sagedusalas 4,2 GHz ja enam – 1,15 eurot.»;

5) lisa 3 punkti 13 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«13. Sagedusloa andmise või kehtivusaja pikendamise eest ringhäälinguvõrgu raadiosaatjale üheks aastaks tasutakse riigilõivu:».

§ 3. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2011. aasta 25. mail.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 65 jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

(3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 60 ja 87 jõustuvad 2016. aasta 1. jaanuaril.

(4) Käesoleva seaduse § 1 punktid 20, 53 ja 103 ning § 2 jõustuvad järgmisel päeval pärast seaduse Riigi Teatajas avaldamist.

Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio. ADPIC

Los Miembros,

Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo;

Reconociendo, para este fin, la necesidad de nuevas normas y disciplinas relativas a:

a) la aplicabilidad de los principios básicos del GATT de 1994 y de los acuerdos o convenios internacionales pertinentes en materia de propiedad intelectual;

b) la provisión de normas y principios adecuados relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio;

c) la provisión de medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, tomando en consideración las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales;

d) la provisión de procedimientos eficaces y ágiles para la prevención y solución multilaterales de las diferencias entre los gobiernos; y

e) disposiciones transitorias encaminadas a conseguir la más plena participación en los resultados de las negociaciones;

Reconociendo la necesidad de un marco multilateral de principios, normas y disciplinas relacionados con el comercio internacional de mercanc ías falsificadas;

Reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados;

Reconociendo los objetivos fundamentales de política general pública de los sistemas nacionales de protección de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de los objetivos en materia de desarrollo y tecnología;

Reconociendo asimismo las necesidades especiales de los países menos adelantados Miembros por lo que se refiere a la aplicación, a nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la máxima flexibilidad requerida para que esos países estén en condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable;

Insistiendo en la importancia de reducir las tensiones mediante el logro de compromisos más firmes de resolver por medio de procedimientos multilaterales las diferencias sobre cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con el comercio;

Deseosos de establecer unas relaciones de mutuo apoyo entre la OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominada en el presente Acuerdo «OMPI») y otras organizaciones internacionales competentes;

Convienen en lo siguiente:

PARTE I. DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS

Artículo 1

Naturaleza y alcance de las obligaciones

1. Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

2. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión «propiedad intelectual» abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II.

3. Los Miembros concederán a los nacionales de los demás Miembros el trato previsto en el presente Acuerdo. Respecto del derecho de propiedad intelectual pertinente, se entenderá por nacionales de los demás Miembros las personas físicas o jurídicas que cumplirían los criterios establecidos para poder beneficiarse de la protección en el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, si todos los Miembros de la OMC fueran miembros de esos convenios. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el párrafo 3 del artículo 5 o en el párrafo 2 del artículo 6 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el «Consejo de los ADPIC»).

Artículo 2

Convenios sobre propiedad intelectual

1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967).

2. Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.

Artículo 3

Trato nacional

1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. En lo que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, esta obligación sólo se aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el artículo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el párrafo 1 b) del artículo 16 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC.

2. Los Miembros podrán recurrir a las excepciones permitidas en el párrafo 1 en relación con los procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designación de un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción de un Miembro, solamente cuando tales excepciones sean necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituya una restricción encubierta del comercio.

Artículo 4

Trato de la nación más favorecida

Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros. Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un Miembro que:

a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la ley de carácter general y no limitados específicamente a la protección de la propiedad intelectual;

b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna (1971) o de la Convención de Roma que autorizan que el trato concedido no esté en función del trato nacional sino del trato dado en otro país;

c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, que no estén previstos en el presente Acuerdo;

d) se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a condición de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros.

Artículo 5

Acuerdos multilaterales sobre adquisición y mantenimiento de la protección

Las obligaciones derivadas de los artículos 3 y 4 no se aplican a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI.

Artículo 6

Agotamiento de los derechos

Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.

Artículo 7

Objetivos

La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Artículo 8

Principios

1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.

2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.

PARTE II. NORMAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA, ALCANCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCIÓN 1: DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Artículo 9

Relación con el Convenio de Berna

1. Los Miembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo. No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el artículo 6bis de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se derivan del mismo.

2. La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemá ticos en sí.

Artículo 10

Programas de ordenador y compilaciones de datos

1. Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).

2. Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, serán protegidas como tales. Esa protección, que no abarcará los datos o materiales en sí mismos, se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales en sí mismos.

Artículo 11

Derechos de arrendamiento

Al menos respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas, los Miembros conferirán a los autores y a sus derechohabientes el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus obras amparadas por el derecho de autor. Se exceptuará a un Miembro de esa obligación con respecto a las obras cinematográficas a menos que el arrendamiento haya dado lugar a una realización muy extendida de copias de esas obras que menoscabe en medida importante el derecho exclusivo de reproducción conferido en dicho Miembro a los autores y sus derechohabientes. En lo referente a los programas de ordenador, esa obligación no se aplica a los arrendamientos cuyo objeto esencial no sea el programa en sí.

Artículo 12

Duración de la protección

Cuando la duración de la protección de una obra que no sea fotográfica o de arte aplicado se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, esa duración será de no menos de 50 años contados desde el final del año civil de la publicación autorizada o, a falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de la realización de la obra, de 50 años contados a partir del final del año civil de su realización.

Artículo 13

Limitaciones y excepciones

Los Miembros circunscribirán las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.

Artículo 14

Protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusión

1. En lo que respecta a la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones en un fonograma, los artistas intérpretes o ejecutantes tendrá n la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la reproducción de tal fijación. Los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán asimismo la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la difusión por medios inalámbricos y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones en directo.

2. Los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.

3. Los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de prohibir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación, la reproducción de las fijaciones y la retransmisión por medios inalámbricos de las emisiones, así como la comunicación al público de sus emisiones de televisión. Cuando los Miembros no concedan tales derechos a los organismos de radiodifusión, darán a los titulares de los derechos de autor sobre la materia objeto de las emisiones la posibilidad de impedir los actos antes mencionados, a reserva de lo dispuesto en el Convenio de Berna (1971).

4. Las disposiciones del artículo 11 relativas a los programas de ordenador se aplicarán mutatis mutandis a los productores de fonogramas y a todos los demás titulares de los derechos sobre los fonogramas según los determine la legislación de cada Miembro. Si, en la fecha de 15 de abril de 1994, un Miembro aplica un sistema de remuneración equitativa de los titulares de derechos en lo que se refiere al arrendamiento de fonogramas, podrá mantener ese sistema siempre que el arrendamiento comercial de los fonogramas no esté produciendo menoscabo importante de los derechos exclusivos de reproducción de los titulares de los derechos.

5. La duración de la protección concedida en virtud del presente Acuerdo a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas no podrá ser inferior a 50 años, contados a partir del final del año civil en que se haya realizado la fijación o haya tenido lugar la interpretación o ejecuci ón. La duración de la protección concedida con arreglo al párrafo 3 no podrá ser inferior a 20 años contados a partir del final del a ño civil en que se haya realizado la emisión.

6. En relación con los derechos conferidos por los párrafos 1, 2 y 3, todo Miembro podrá establecer condiciones, limitaciones, excepciones y reservas en la medida permitida por la Convención de Roma. No obstante, las disposiciones del artículo 18 del Convenio de Berna (1971) también se aplicarán mutatis mutandis a los derechos que sobre los fonogramas corresponden a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas.

SECCIÓN 2: MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

Artículo 15

Materia objeto de protección

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967).

3. Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud.

4. La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.

5. Los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio antes de su registro o sin demora después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. Además los Miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio.

Artículo 16

Derechos conferidos

1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Artículo 17

Excepciones

Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

Artículo 18

Duración de la protección

El registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendrán una duración de no menos de siete años. El registro de una marca de fábrica o de comercio será renovable indefinidamente.

Artículo 19

Requisito de uso

1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.

Artículo 20

Otros requisitos

No se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esa disposición no impedirá la exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada juntamente, pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa.

Artículo 21

Licencias y cesión

Los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.

SECCIÓN 3: INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Artículo 22

Protección de las indicaciones geográficas

1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográ fico.

2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:

a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París (1967).

3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

4. La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.

Artículo 23

Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas

1. Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geogr áfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como «clase», «tipo», «estilo», «imitación» u otras análogas.

2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.

3. En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones hom ónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.

4. Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema.

Artículo 24

Negociaciones internacionales; excepciones

1. Los Miembros convienen en entablar negociaciones encaminadas a mejorar la protección de las indicaciones geográficas determinadas segú n lo dispuesto en el artículo 23. Ningún Miembro se valdrá de las disposiciones de los párrafos 4 a 8 para negarse a celebrar negociaciones o a concertar acuerdos bilaterales o multilaterales. En el contexto de tales negociaciones, los Miembros se mostrarán dispuestos a examinar la aplicabilidad continuada de esas disposiciones a las indicaciones geográficas determinadas cuya utilización sea objeto de tales negociaciones.

2. El Consejo de los ADPIC mantendrá en examen la aplicación de las disposiciones de la presente Sección; el primero de esos exámenes se llevar á a cabo dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Toda cuestión que afecte al cumplimiento de las obligaciones establecidas en estas disposiciones podrá plantearse ante el Consejo que, a petición de cualquiera de los Miembros, celebrará consultas con cualquiera otro Miembro o Miembros sobre las cuestiones para las cuales no haya sido posible encontrar una solución satisfactoria mediante consultas bilaterales o plurilaterales entre los Miembros interesados. El Consejo adoptará las medidas que se acuerden para facilitar el funcionamiento y favorecer los objetivos de la presente Sección.

3. Al aplicar esta Sección, ningún Miembro reducirá la protección de las indicaciones geográficas que existía en é l inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

4. Ninguna de las disposiciones de esta Sección impondrá a un Miembro la obligación de impedir el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica de otro Miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continua para esos mismos bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de ese Miembro a) durante 10 años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o b) de buena fe, antes de esa fecha.

5. Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe:

a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese Miembro, según lo establecido en la Parte VI; o

b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen;

las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica.

6. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a bienes o servicios para los cuales la indicación pertinente es idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de ese Miembro. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a productos vitícolas para los cuales la indicación pertinente es idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

7. Todo Miembro podrá establecer que cualquier solicitud formulada en el ámbito de la presente Sección en relación con el uso o el registro de una marca de fábrica o de comercio ha de presentarse dentro de un plazo de cinco años contados a partir del momento en que el uso lesivo de la indicación protegida haya adquirido notoriedad general en ese Miembro, o a partir de la fecha de registro de la marca de fábrica o de comercio en ese Miembro, siempre que la marca haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquella en que el uso lesivo adquirió notoriedad general en dicho Miembro, con la salvedad de que la indicación geográfica no se haya usado o registrado de mala fe.

8. Las disposiciones de esta Sección no prejuzgarán en modo alguno el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al público.

9. El presente Acuerdo no impondrá obligación ninguna de proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país.

SECCIÓN 4: DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Artículo 25

Condiciones para la protección

1. Los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales. Los Miembros podrán establecer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos. Los Miembros podrán establecer que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.

2. Cada Miembro se asegurará de que las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la protección de los dibujos o modelos textiles -particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación- no dificulten injustificablemente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección. Los Miembros tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislación sobre el derecho de autor.

Artículo 26

Protección

1. El titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen art ículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.

2. Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de la protección de los dibujos y modelos industriales, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de los dibujos y modelos industriales protegidos ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del dibujo o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

3. La duración de la protección otorgada equivaldrá a 10 años como mínimo.

SECCIÓN 5: PATENTES

Artículo 27

Materia patentable

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artí culo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el pa ís.

2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden p úblico o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.

3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:

a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;

b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

Artículo 28

Derechos conferidos

1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente;

b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

2. Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia.

Artículo 29

Condiciones impuestas a los solicitantes de patentes

1. Los Miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud.

2. Los Miembros podrán exigir al solicitante de una patente que facilite información relativa a sus solicitudes y las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero.

Artículo 30

Excepciones de los derechos conferidos

Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

Artículo 31

Otros usos sin autorización del titular de los derechos

Cuando la legislación de un Miembro permita otros usos de la materia de una patente sin autorización del titular de los derechos, incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, se observarán las siguientes disposiciones:

a) la autorización de dichos usos será considerada en función de sus circunstancias propias;

b) sólo podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial. Los Miembros podrán eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial. Sin embargo, en las situaciones de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia el titular de los derechos será notificado en cuanto sea razonablemente posible. En el caso de uso público no comercial, cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una búsqueda de patentes, sepa o tenga motivos demostrables para saber que una patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará sin demora al titular de los derechos;

c) el alcance y duración de esos usos se limitarán a los fines para los que hayan sido autorizados y, si se trata de tecnología de semiconductores, sólo podrá hacerse de ella un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o administrativo;

d) esos usos serán de carácter no exclusivo;

e) no podrán cederse esos usos, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos;

f) se autorizarán esos usos principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro que autorice tales usos;

g) la autorización de dichos usos podrá retirarse a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para esos usos, si las circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. Las autoridades competentes estarán facultadas para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo;

h) el titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización;

i) la validez jurídica de toda decisión relativa a la autorización de esos usos estará sujeta a revisión judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior diferente del mismo Miembro;

j) toda decisión relativa a la remuneración prevista por esos usos estará sujeta a revisión judicial u otra revisió n independiente por una autoridad superior diferente del mismo Miembro;

k) los Miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas en los apartados b) y f) cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podr á tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración en esos casos. Las autoridades competentes tendrán facultades para denegar la revocación de la autorización si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa autorización se repitan;

l) cuando se hayan autorizado esos usos para permitir la explotación de una patente («segunda patente») que no pueda ser explotada sin infringir otra patente («primera patente»), habrán de observarse las siguientes condiciones adicionales:

i) la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;

ii) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y

iii) no podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

Artículo 32

Revocación/caducidad

Se dispondrá de la posibilidad de una revisión judicial de toda decisión de revocación o de declaración de caducidad de una patente.

Artículo 33

Duración de la protección

La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 34

Patentes de procedimientos: la carga de la prueba

1. A efectos de los procedimientos civiles en materia de infracción de los derechos del titular a los que se refiere el párrafo 1 b) del artículo 28, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado. Por consiguiente, los Miembros establecerán que, salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido por cualquier parte sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, por lo menos en una de las circunstancias siguientes:

a) si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo;

b) si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

2. Los Miembros tendrán libertad para establecer que la carga de la prueba indicada en el párrafo 1 incumbirá al supuesto infractor sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado a) o sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado b).

3. En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos de los demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales.

SECCIÓN 6: ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

Artículo 35

Relación con el Tratado IPIC

Los Miembros convienen en otorgar protección a los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados (denominados en el presente Acuerdo «esquemas de trazado») de conformidad con los artículos 2 a 7 (salvo el párrafo 3 del artículo 6), el artículo 12 y el párrafo 3 del artículo 16 del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados y en atenerse además a las disposiciones siguientes.

Artículo 36

Alcance de la protección

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 37, los Miembros considerarán ilícitos los siguientes actos si se realizan sin la autorización del titular del derecho : la importación, venta o distribució n de otro modo con fines comerciales de un esquema de trazado protegido, un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido o un artículo que incorpore un circuito integrado de esa índole sólo en la medida en que éste siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido.

Artículo 37

Actos que no requieren la autorización del titular del derecho

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36, ningún Miembro estará obligado a considerar ilícita la realización de ninguno de los actos a que se refiere dicho artículo, en relación con un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando la persona que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado reproducido ilícitamente. Los Miembros establecerán que, después del momento en que esa persona reciba aviso suficiente de que el esquema de trazado estaba reproducido ilícitamente, dicha persona podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento, pero podrá exigírsele que pague al titular del derecho una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería pagar por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado.

2. Las condiciones establecidas en los apartados a) a k) del artículo 31 se aplicarán mutatis mutandis en caso de concesión de cualquier licencia no voluntaria de esquemas de trazado o en caso de uso de los mismos por o para los gobiernos sin autorización del titular del derecho.

Artículo 38

Duración de la protección

1. En los Miembros en que se exija el registro como condición para la protección, la protección de los esquemas de trazado no finalizará antes de la expiración de un período de 10 años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

2. En los Miembros en que no se exija el registro como condición para la protección, los esquemas de trazado quedarán protegidos durante un período no inferior a 10 años contados desde la fecha de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo Miembro podrá establecer que la protección caducará a los 15 años de la creaci ón del esquema de trazado.

SECCIÓN 7: PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

Artículo 39

1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.

2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos , en la medida en que dicha información:

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni f ácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

3. Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

SECCIÓN 8: CONTROL DE LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS EN LAS LICENCIAS CONTRACTUALES

Artículo 40

1. Los Miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología.

2. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que los Miembros especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Como se establece supra, un Miembro podrá adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones del presente Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas, que pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las leyes y reglamentos pertinentes de ese Miembro.

3. Cada uno de los Miembros celebrará consultas, previa solicitud, con cualquiera otro Miembro que tenga motivos para considerar que un titular de derechos de propiedad intelectual que es nacional del Miembro al que se ha dirigido la solicitud de consultas o tiene su domicilio en él realiza prácticas que infringen las leyes o reglamentos del Miembro solicitante relativos a la materia de la presente sección, y desee conseguir que esa legislación se cumpla, sin perjuicio de las acciones que uno y otro Miembro pueda entablar al amparo de la legislación ni de su plena libertad para adoptar una decisión definitiva. El Miembro a quien se haya dirigido la solicitud examinará con toda comprensión la posibilidad de celebrar las consultas, brindará oportunidades adecuadas para la celebración de las mismas con el Miembro solicitante y cooperará facilitando la información públicamente disponible y no confidencial que sea pertinente para la cuestión de que se trate, así como otras informaciones de que disponga el Miembro, con arreglo a la ley nacional y a reserva de que se concluyan acuerdos mutuamente satisfactorios sobre la protección de su carácter confidencial por el Miembro solicitante.

4. A todo Miembro cuyos nacionales o personas que tienen en él su domicilio sean en otro Miembro objeto de un procedimiento relacionado con una supuesta infracción de las leyes o reglamentos de este otro Miembro relativos a la materia de la presente Sección este otro Miembro dará, previa petición, la posibilidad de celebrar consultas en condiciones idénticas a las previstas en el párrafo 3 .

PARTE III. OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCIÓN 1: OBLIGACIONES GENERALES

Artículo 41

1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.

2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.

4. Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujeció n a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.

5. Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente Parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general.

SECCIÓN 2: PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS

Artículo 42

Procedimientos justos y equitativos

Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. Los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusión del fundamento de la reclamación. Se autorizará a las partes a estar representadas por un abogado independiente y los procedimientos no impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales obligatorias. Todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes. El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes.

Artículo 43

Pruebas

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que, cuando una parte haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga y que basten para sustentar sus alegaciones, y haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegaciones que se encuentre bajo el control de la parte contraria, ésta aporte dicha prueba, con sujeción, en los casos procedentes, a condiciones que garanticen la protección de la información confidencial.

2. En caso de que una de las partes en el procedimiento deniegue voluntariamente y sin motivos sólidos el acceso a información necesaria o de otro modo no facilite tal información en un plazo razonable u obstaculice de manera sustancial un procedimiento relativo a una medida adoptada para asegurar la observancia de un derecho, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para formular determinaciones preliminares y definitivas, afirmativas o negativas, sobre la base de la información que les haya sido presentada, con inclusión de la reclamación o de la alegación presentada por la parte afectada desfavorablemente por la denegación del acceso a la información, a condición de que se d é a las partes la oportunidad de ser oídas respecto de las alegaciones o las pruebas.

Artículo 44

Mandamientos judiciales

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción, entre otras cosas para impedir que los productos importados que infrinjan un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción, inmediatamente después del despacho de aduana de los mismos. Los Miembros no tienen la obligación de conceder esa facultad en relación con una materia protegida que haya sido adquirida o pedida por una persona antes de saber o tener motivos razonables para saber que operar con esa materia comportaría infracción de un derecho de propiedad intelectual.

2. A pesar de las demás disposiciones de esta Parte, y siempre que se respeten las disposiciones de la Parte II específicamente referidas a la utilización por el gobierno, o por terceros autorizados por el gobierno, sin el consentimiento del titular de los derechos, los Miembros podrán limitar los recursos disponibles contra tal utilización al pago de una compensación de conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 31. En los demás casos se aplicarán los recursos previstos en la presente Parte o, cuando éstos sean incompatibles con la legislación de un Miembro, podrán obtenerse sentencias declarativas y una compensación adecuada.

Artículo 45

Perjuicios

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el da ño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

2. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando así proceda, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

Artículo 46

Otros recursos

Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estarán además facultadas para ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores, sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrán en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales.

Artículo 47

Derecho de información

Los Miembros podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.

Artículo 48

Indemnización al demandado

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte a cuya instancia se hayan adoptado medidas y que haya abusado del procedimiento de observancia que indemnice adecuadamente a la parte a que se haya impuesto indebidamente una obligación o una restricción, por el daño sufrido a causa de tal abuso. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al demandante que pague los gastos del demandado, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes.

2. En relación con la administración de cualquier legislación relativa a la protección o a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe para la administración de dicha legislación.

Artículo 49

Procedimientos administrativos

En la medida en que puedan ordenarse remedios civiles a resultas de procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso, esos procedimientos se atendrán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.

SECCIÓN 3: MEDIDAS PROVISIONALES

Artículo 50

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:

a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;

b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.

3. Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, éstas se notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación. A petición del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa notificación se procederá a una revisión, en la que se le reconocerá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas.

5. La autoridad encargada de la ejecución de las medidas provisionales podrá exigir al demandante que presente cualquiera otra información necesaria para la identificación de las mercancías de que se trate.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, las medidas provisionales adoptadas al amparo de los párrafos 1 y 2 se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que habrá de ser establecido, cuando la legislación de un Miembro lo permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si este plazo fuera mayor.

7. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante, previa petición del demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas.

8. En la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales a resultas de procedimientos administrativos, esos procedimientos se atendrán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.

SECCIÓN 4: PRESCRIPCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS EN FRONTERA

Artículo 51

Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras

Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptarán procedimientos para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor , pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación. Los Miembros podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la presente sección. Los Miembros podrán establecer también procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio.

Artículo 52

Demanda

Se exigirá a todo titular de un derecho que inicie un procedimiento de conformidad con el artículo 51 que presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación del país de importación, existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca una descripción suficientemente detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes comunicarán al demandante, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la demanda y, cuando sean ellas mismas quienes lo establezcan, el plazo de actuación de las autoridades de aduanas.

Artículo 53

Fianza o garantía equivalente

1. Las autoridades competentes estarán facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos.

2. Cuando a consecuencia de una demanda presentada en el ámbito de la presente sección, las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para libre circulación de mercancías que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, sobre la base de una decisión no tomada por una autoridad judicial u otra autoridad independiente, y el plazo estipulado en el artículo 55 haya vencido sin que la autoridad debidamente facultada al efecto dicte una medida precautoria provisional, y si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de esas mercancías tendrá derecho a obtener que se proceda al despacho de aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de tal fianza se entenderá sin perjuicio de ningún otro recurso a disposición del titular del derecho, y se entenderá asimismo que la fianza se devolverá si éste no ejerce el derecho de acci ón en un plazo razonable.

Artículo 54

Notificación de la suspensión

Se notificará prontamente al importador y al demandante la suspensión del despacho de aduana de las mercancías de conformidad con el artículo 51.

Artículo 55

Duración de la suspensión

En caso de que en un plazo no superior a 10 días hábiles contado a partir de la comunicación de la suspensión al demandante mediante aviso, las autoridades de aduanas no hayan sido informadas de que una parte que no sea el demandado ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión o de que la autoridad debidamente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que prolonguen la suspensión del despacho de aduana de las mercancías, se procederá al despacho de las mismas si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para su importación o exportación; en los casos en que proceda, el plazo mencionado podrá ser prorrogado por otros 10 dí as hábiles. Si se ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto, a petición del demandado se procederá en un plazo razonable a una revisión, que incluirá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si esas medidas deben modificarse, revocarse o confirmarse. No obstante, cuando la suspensión del despacho de aduana se efectúe o se continúe en virtud de una medida judicial provisional, se aplicarán las disposiciones del párrafo 6 del artículo 50.

Artículo 56

Indemnización al importador y al propietario de las mercancías

Las autoridades pertinentes estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancí as una indemnización adecuada por todo daño a ellos causado por la retención infundada de las mercancías o por la retención de las que se hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.

Artículo 57

Derecho de inspección e información

Sin perjuicio de la protección de la información confidencial, los Miembros facultarán a las autoridades competentes para dar al titular del derecho oportunidades suficientes para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus reclamaciones, cualesquiera mercancías retenidas por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes estarán asimismo facultadas para dar al importador oportunidades equivalentes para que haga inspeccionar esas mercancías. Los Miembros podrán facultar a las autoridades competentes para que, cuando se haya adoptado una decisión positiva sobre el fondo del asunto, comuniquen al titular del derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate.

Artículo 58

Actuación de oficio

Cuando los Miembros pidan a las autoridades competentes que actúen por propia iniciativa y suspendan el despacho de aquellas mercancías respecto de las cuales tengan la presunción de que infringen un derecho de propiedad intelectual:

a) las autoridades competentes podrán pedir en cualquier momento al titular del derecho toda información que pueda serles útil para ejercer esa potestad;

b) la suspensión deberá notificarse sin demora al importador y al titular del derecho. Si el importador recurre contra ella ante las autoridades competentes, la suspensión quedará sujeta, mutatis mutandis, a las condiciones estipuladas en el artículo 55;

c) los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.

Artículo 59

Recursos

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, las autoridades competentes estarán facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el artículo 46. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto.

Artículo 60

Importaciones insignificantes

Los Miembros podrán excluir de la aplicación de las disposiciones precedentes las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo 61

Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

PARTE IV. ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROCEDIMIENTOS CONTRADICTORIOS RELACIONADOS

Artículo 62

1. Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual previstos en las secciones 2 a 6 de la Parte II, los Miembros podrán exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables. Tales procedimientos y trámites serán compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo.

2. Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al otorgamiento o registro de tal derecho, los Miembros se asegurarán de que los procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para la adquisición del derecho, permitan su otorgamiento o registro dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente.

3. A las marcas de servicio se aplicará mutatis mutandis el artículo 4 del Convenio de París (1967).

4. Los procedimientos relativos a la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual y los de revocación administrativa y procedimientos contradictorios como los de oposición, revocación y cancelación, cuando la legislación de un Miembro establezca tales procedimientos, se regirán por los principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 del artículo 41.

5. Las decisiones administrativas definitivas en cualquiera de los procedimientos mencionados en el párrafo 4 estarán sujetas a revisión por una autoridad judicial o cuasijudicial. Sin embargo, no habrá obligación de establecer la posibilidad de que se revisen dichas decisiones en caso de que no haya prosperado la oposición o en caso de revocación administrativa, siempre que los fundamentos de esos procedimientos puedan ser objeto de un procedimiento de invalidación.

PARTE V. PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

Artículo 63

Transparencia

1. Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de aplicación general hechos efectivos por un Miembro y referentes a la materia del presente Acuerdo (existencia, alcance, adquisición, observancia y prevención del abuso de los derechos de propiedad intelectual) serán publicados o, cuando tal publicación no sea factible, puestos a disposición del público, en un idioma del país, de forma que permita a los gobiernos y a los titulares de los derechos tomar conocimiento de ellos. También se publicarán los acuerdos referentes a la materia del presente Acuerdo que estén en vigor entre el gobierno o una entidad oficial de un Miembro y el gobierno o una entidad oficial de otro Miembro.

2. Los Miembros notificarán las leyes y reglamentos a que se hace referencia en el párrafo 1 al Consejo de los ADPIC, para ayudar a éste en su examen de la aplicación del presente Acuerdo. El Consejo intentará reducir al mínimo la carga que supone para los Miembros el cumplimiento de esta obligación, y podrá decidir que exime a éstos de la obligación de comunicarle directamente las leyes y reglamentos, si las consultas con la OMPI sobre el establecimiento de un registro común de las citadas leyes y reglamentos tuvieran éxito. A este respecto, el Consejo examinará también cualquier medida que se precise en relación con las notificaciones con arreglo a las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo que se derivan de las disposiciones del artículo 6ter del Convenio de París (1967).

3. Cada Miembro estará dispuesto a facilitar, en respuesta a una petición por escrito recibida de otro Miembro, información del tipo de la mencionada en el párrafo 1. Cuando un Miembro tenga razones para creer que una decisión judicial, resolución administrativa o acuerdo bilateral concretos en la esfera de los derechos de propiedad intelectual afecta a los derechos que le corresponden a tenor del presente Acuerdo, podrá solicitar por escrito que se le dé acceso a la decisión judicial, resolución administrativa o acuerdo bilateral en cuestión o que se le informe con suficiente detalle acerca de ellos.

4. Ninguna de las disposiciones de los párrafos 1 a 3 obligará a los Miembros a divulgar información confidencial que impida la aplicación de la ley o sea de otro modo contraria al interés público o perjudique los intereses comerciales legítimos de determinadas empresas públicas o privadas.

Artículo 64

Solución de diferencias

1. Salvo disposición expresa en contrario en el presente Acuerdo, para las consultas y la solución de las diferencias en el ámbito del mismo serán de aplicación las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento sobre Solución de Diferencias.

2. Durante un período de cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, para la solución de las diferencias en el ámbito del presente Acuerdo no serán de aplicación los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994.

3. Durante el período a que se hace referencia en el párrafo 2, el Consejo de los ADPIC examinará el alcance y las modalidades de las reclamaciones del tipo previsto en los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994 que se planteen de conformidad con el presente Acuerdo y presentará recomendaciones a la Conferencia Ministerial para su aprobación. Las decisiones de la Conferencia Ministerial de aprobar esas recomendaciones o ampliar el período previsto en el párrafo 2 sólo podrán ser adoptadas por consenso, y las recomendaciones aprobadas surtirán efecto para todos los Miembros sin otro proceso de aceptación formal.

PARTE VI. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 65

Disposiciones transitorias

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4, ningún Miembro estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

2. Todo país en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación, que se establece en el p árrafo 1, de las disposiciones del presente Acuerdo, con excepción de los artículos 3, 4 y 5.

3. Cualquier otro Miembro que se halle en proceso de transformación de una economía de planificación central en una economía de mercado y libre empresa y que realice una reforma estructural de su sistema de propiedad intelectual y se enfrente a problemas especiales en la preparación o aplicación de sus leyes y reglamentos de propiedad intelectual podrá también beneficiarse del período de aplazamiento previsto en el párrafo 2.

4. En la medida en que un país en desarrollo Miembro esté obligado por el presente Acuerdo a ampliar la protección mediante patentes de productos a sectores de tecnología que no gozaban de tal protección en su territorio en la fecha general de aplicación del presente Acuerdo para ese Miembro, según se establece en el párrafo 2, podrá aplazar la aplicación a esos sectores de tecnología de las disposiciones en materia de patentes de productos de la sección 5 de la Parte II por un período adicional de cinco años.

5. Todo Miembro que se valga de un período transitorio al amparo de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 3 ó 4 se asegurará de que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente Acuerdo.

Artículo 66

Países menos adelantados Miembros

1. Habida cuenta de las necesidades y requisitos especiales de los países menos adelantados Miembros, de sus limitaciones económicas, financieras y administrativas y de la flexibilidad que necesitan para establecer una base tecnológica viable, ninguno de estos Miembros estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo, a excepción de los artículos 3, 4 y 5, durante un período de 10 años contado desde la fecha de aplicación que se establece en el párrafo 1 del artículo 65. El Consejo de los ADPIC, cuando reciba de un país menos adelantado Miembro una petición debidamente motivada, concederá prórrogas de ese período.

2. Los países desarrollados Miembros ofrecerán a las empresas e instituciones de su territorio incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los países menos adelantados Miembros, con el fin de que éstos puedan establecer una base tecnológica sólida y viable.

Artículo 67

Cooperación técnica

Con el fin de facilitar la aplicación del presente Acuerdo, los países desarrollados Miembros prestarán, previa petición, y en términos y condiciones mutuamente acordados, cooperación técnica y financiera a los países en desarrollo o países menos adelantados Miembros. Esa cooperación comprenderá la asistencia en la preparación de leyes y reglamentos sobre protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual y sobre la prevención del abuso de los mismos, e incluirá apoyo para el establecimiento o ampliación de las oficinas y entidades nacionales competentes en estas materias, incluida la formación de personal.

PARTE VII. DISPOSICIONES INSTITUCIONALES; DISPOSICIONES FINALES

Artículo 68

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

El Consejo de los ADPIC supervisará la aplicación de este Acuerdo y, en particular, el cumplimiento por los Miembros de las obligaciones que les incumben en virtud del mismo, y ofrecerá a los Miembros la oportunidad de celebrar consultas sobre cuestiones referentes a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Asumirá las demás funciones que le sean asignadas por los Miembros y, en particular, les prestará la asistencia que le soliciten en el marco de los procedimientos de solución de diferencias. En el desempeño de sus funciones, el Consejo de los ADPIC podrá consultar a las fuentes que considere adecuadas y recabar información de ellas. En consulta con la OMPI, el Consejo tratará de establecer, en el plazo de un año después de su primera reunión, las disposiciones adecuadas para la cooperación con los órganos de esa Organización.

Artículo 69

Cooperación internacional

Los Miembros convienen en cooperar entre sí con objeto de eliminar el comercio internacional de mercancías que infrinjan los derechos de propiedad intelectual. A este fin, establecerán servicios de información en su administración, darán notificación de esos servicios y estarán dispuestos a intercambiar informaci ón sobre el comercio de las mercancías infractoras. En particular, promoverán el intercambio de información y la cooperación entre las autoridades de aduanas en lo que respecta al comercio de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y mercancías pirata que lesionan el derecho de autor.

Artículo 70

Protección de la materia existente

1. El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate.

2. Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo. En lo concerniente al presente párrafo y a los párrafos 3 y 4, las obligaciones de protección mediante el derecho de autor relacionadas con las obras existentes se determinarán ú nicamente con arreglo al artículo 18 del Convenio de Berna (1971), y las obligaciones relacionadas con los derechos de los productores de fonogramas y artistas intérpretes o ejecutantes de los fonogramas existentes se determinarán únicamente con arreglo al artículo 18 del Convenio de Berna (1971) aplicable conforme a lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 14 del presente Acuerdo.

3. No habrá obligación de restablecer la protección a la materia que, en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate, haya pasado al dominio público.

4. En cuanto a cualesquiera actos relativos a objetos concretos que incorporen materia protegida y que resulten infractores con arreglo a lo estipulado en la legislación conforme al presente Acuerdo, y que se hayan iniciado, o para los que se haya hecho una inversión significativa, antes de la fecha de aceptación del Acuerdo sobre la OMC por ese Miembro, cualquier Miembro podrá establecer una limitación de los recursos disponibles al titular del derecho en relación con la continuación de tales actos después de la fecha de aplicación del presente Acuerdo para este Miembro. Sin embargo, en tales casos, el Miembro establecerá como mínimo el pago de una remuneración equitativa.

5. Ningún Miembro está obligado a aplicar las disposiciones del artículo 11 ni del párrafo 4 del artículo 14 respecto de originales o copias comprados antes de la fecha de aplicación del presente Acuerdo para ese Miembro.

6. No se exigirá a los Miembros que apliquen el artículo 31 -ni el requisito establecido en el párrafo 1 del artículo 27 de que los derechos de patente deberán poder ejercerse sin discriminación por el campo de la tecnología- al uso sin la autorización del titular del derecho, cuando la autorización de tal uso haya sido concedida por los poderes públicos antes de la fecha en que se conociera el presente Acuerdo.

7. En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro, se permitirá que se modifiquen solicitudes de protecci ón que estén pendientes en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente Acuerdo. Tales modificaciones no incluirán materia nueva.

8. Cuando en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC un Miembro no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el artículo 27, ese Miembro:

a) no obstante las disposiciones de la Parte VI, establecerá desde la fecha en vigor del Acuerdo sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones;

b) aplicará a esas solicitudes, desde la fecha de aplicación del presente Acuerdo, los criterios de patentabilidad establecidos en este Acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicándose en la fecha de presentación de las solicitudes en ese Miembro, o si puede obtenerse la prioridad y ésta se reivindica, en la fecha de prioridad de la solicitud; y

c) establecerá la protección mediante patente de conformidad con el presente Acuerdo desde la concesión de la patente y durante el resto de la duración de la misma, a contar de la fecha de presentación de la solicitud de conformidad con el artículo 33 del presente Acuerdo, para las solicitudes que cumplan los criterios de protección a que se hace referencia en el apartado b).

9. Cuando un producto sea objeto de una solicitud de patente en un Miembro de conformidad con el párrafo 8 a), se concederán derechos exclusivos de comercialización, no obstante las disposiciones de la Parte VI, durante un período de cinco años contados a partir de la obtención de la aprobación de comercializaci ón en ese Miembro o hasta que se conceda o rechace una patente de producto en ese Miembro si este período fuera más breve, siempre que, con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, se haya presentado una solicitud de patente, se haya concedido una patente para ese producto y se haya obtenido la aprobación de comercialización en otro Miembro.

Artículo 71

Examen y modificación

1. El Consejo de los ADPIC examinará la aplicación de este Acuerdo una vez transcurrido el período de transición mencionado en el párrafo 2 del artículo 65. A la vista de la experiencia adquirida en esa aplicación, lo examinará dos años después de la fecha mencionada, y en adelante a intervalos idénticos. El Consejo podrá realizar también exámenes en función de cualesquiera nuevos acontecimientos que puedan justificar la introducción de una modificación o enmienda del presente Acuerdo.

2. Las modificaciones que sirvan meramente para ajustarse a niveles más elevados de protección de los derechos de propiedad intelectual alcanzados y vigentes en otros acuerdos multilaterales, y que hayan sido aceptadas en el marco de esos acuerdos por todos los Miembros de la OMC podrán remitirse a la Conferencia Ministerial para que adopte las medidas que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo X del Acuerdo sobre la OMC sobre la base de una propuesta consensuada del Consejo de los ADPIC.

Artículo 72

Reservas

No se podrán hacer reservas relativas a ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo sin el consentimiento de los demás Miembros.

Artículo 73

Excepciones relativas a la seguridad

Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que:

a) imponga a un Miembro la obligación de suministrar informaciones cuya divulgación considera contraria a los intereses esenciales de su seguridad; o

b) impida a un Miembro la adopción de las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad:

i) relativas a las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricación;

ii) relativas al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y a todo comercio de otros artículos y material destinados directa o indirectamente a asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas;

iii) aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tensión internacional; o

c) impida a un Miembro la adopción de medidas en cumplimiento de las obligaciones por él contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1.- Anwendung des Informationsfreiheitsgesetzes

Jeder hat nach diesem Gesetz in entsprechender Anwendung der §§ 1 bis 9 und 11 des Informationsfreiheitsgesetzes vom 5. September 2005 (BGBl. I S. 2722) in der jeweils geltenden Fassung gegenüber den Behör den des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Satz 1 gilt auch für juristische Personen des öffentlichen Rechts, soweit sie Grundrechtsträger sind und der Anspruch auf Informationszugang zur Ausübung des jeweiligen Grundrechts geltend gemacht wird. Für sonstige Organe und Einrichtungen des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände und den Saarländischen Rundfunk gilt dieses Gesetz, soweit sie öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Für Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Schulen und sonstige Bildungseinrichtungen sowie Prüfungseinrichtungen gilt dieses Gesetz nur, soweit sie nicht im Bereich von Forschung, Lehre, Leistungsbeurteilungen und Prüfungen tätig werden.

§ 2.- Schutz von besonderen öffentlichen Belangen

Der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht gegenüber dem Landesamt für Verfassungsschutz sowie den Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen im Lande und Teilen von diesen, soweit sie Aufgaben im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 3 des Saarländischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes vom 4. April 2001 (Amtsbl. S. 1182), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Februar 2006 (Amtsbl. S. 474, 530), wahrnehmen.

§ 3.- Rechtsbehelfsbelehrungspflicht

Einer Entscheidung, die den Antrag ganz oder teilweise ablehnt, ist eine Erklärung beizufügen, durch die der Antragsteller über den Rechtsbehelf, der gegen die Entscheidung gegeben ist, über die Stelle, bei der der Rechtsbehelf einzulegen ist, und über die Frist belehrt wird.

§ 4.- Landesbeauftragter für Informationsfreiheit

(1) Jeder kann den Landesbeauftragten für Informationsfreiheit anrufen, wenn er sein Recht auf Informationszugang nach diesem Gesetz als verletzt ansieht.

(2) Die Aufgabe des Landesbeauftragten für Informationsfreiheit wird von dem Landesbeauftragten für Datenschutz wahrgenommen.

(3) Die §§ 25 bis 29 des Saarländischen Datenschutzgesetzes vom 24. März 1993 (Amtsbl. S. 286), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 27. Februar 2002 (Amtsbl. S. 498), in der jeweils geltenden Fassung gelten entsprechend.

§ 5.- Gebühren und Auslagen

Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden Gebühren und Auslagen nach dem Gesetz über die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Saarland (SaarlGebG) vom 24. Juni 1964 (Amtsbl. S. 629), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Februar 2006 (Amtsbl. S. 474, 530), in der jeweils geltenden Fassung erhoben.

§ 6.- In-Kraft-Treten; Außer-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Es tritt am 31. Dezember 2020 außer Kraft.

Saarbrücken, den 22. August 2006

Der Ministerpräsident, Müller

Die Ministerin für Inneres, Familie, Frauen und Sport, Kramp-Karrenbauer

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* Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 17. November 2003 über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (Abl. EG L 345 S. 90).

Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueban los lineamientos para el Comercio Electrónico, de 26 de diciembre de 2005

CONSEJO DE MINISTROS
______
El Secretario del Consejo de Ministros y de su Comité Ejecutivo

CERTIFICA
Que el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros haciendo uso de las facultades que le otorga la ley, adoptó con fecha 26 de diciembre del 2005, el siguiente

ACUERDO

PRIMERO: Aprobar los lineamientos siguientes para el desarrollo en Cuba del Comercio Electrónico, y el anexo a este Acuerdo que contiene definiciones de términos necesarias para su mejor comprensión.

SEGUNDO: Los Organismos de la Administración Central del Estado y sus sistemas empresariales, siguiendo las indicaciones y cronograma de la Comisión Nacional de Comercio Electrónico, incorporarán como objetivo de trabajo priorizado, crear las condiciones para el desarrollo del Comercio Electrónico, orientado inicialmente a la modalidad Empresa-Empresa (Eye) y a otras modalidades autorizadas por la comisión que resulten convenientes y posibles.

TERCERO: Cada organismo de la Administración Central del Estado informará a la Comisión Nacional de Comercio Electrónico, según se le solicite por ésta, su situación y programa para la implantación y desarrollo del Comercio Electrónico, a cuyos efectos designará un cuadro del Primer Nivel de Dirección, encargado de atender y velar por el desarrollo progresivo del Comercio Electrónico en sus sistemas, realizando las propuestas correspondientes.

CUARTO: Las empresas que participen en actividades de Comercio Electrónico se mantienen obligadas a cumplir con las normativas y la legislación vigente en materia de comercio.

QUINTO: Corresponde a los organismos de la Administración Central del Estado y demás entidades nacionales, que en cada caso se señalan, la implementación de las acciones y medidas que se les asigna, para de forma integral garantizar el desarrollo del Comercio Electrónico en Cuba.

1. El Ministerio de Economía y Planificación incluirá en el proceso de planificación del presupuesto el acápite «Inversiones en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones», priorizando los recursos a destinar por las entidades para la seguridad y supervisión para el desarrollo del Comercio Electrónico.

2. El Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, (A) garantizará en función de la disponibilidad, la conectividad de los proyectos de Comercio Electrónico que se prioricen por la Comisión Nacional de Comercio Electrónico; (B) adoptará en el término de un año, las medidas necesarias para garantizar los servicios de paquetería en el país y hacia el extranjero que se hayan vendido por Comercio Electrónico.

3. El Banco Central de Cuba, (A) evaluará las Alternativas de pagos nacionales interbancarios asociados al Comercio Electrónico (E-E); (B) implementará en el término de un año la utilización de tarjetas mayoristas para el pago por operaciones de Comercio Electrónico (E-E), los mecanismos de cobro y pago electrónicos, las normativas y procedimientos para las transferencias electrónicas, así como los procedimientos de control de dichas operaciones.

4. Los Ministerios del Interior y de Justicia, en el término de un año, establecerán la estructura de Llave Pública Nacional y propondrán al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros la normativa jurídica que la reglamente.

5. Los Ministerios de Justicia y de Economía y Planificación, en el término de un año, propondrán al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, o adoptarán en su caso, las disposiciones jurídicas que resulten necesarias para la validez legal, a todos los efectos, de los documentos en formato digital intercambiados entre partes en razón de realizar Comercio Electrónico; así como para establecer y regular otras instituciones necesarias al mismo.

6. El Ministerio del Interior propondrá al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, en el término de un año, las regulaciones y procedimientos sobre los protocolos de seguridad y algoritmos de integridad, confidencialidad y no repudio, que se autorizarán para el funciona-miento del Comercio Electrónico, así como, creará el Centro Productor de Llave Pública y la entidad emisora de Certificado Digital de Llave Pública.

7. El Ministerio del Transporte y el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, presentarán a la Comisión Nacional de Comercio Electrónico en el término de un año, los estudios para garantizar los servicios de transportación asociados al Comercio Electrónico.

8. El Ministerio del Comercio Interior presentará al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, en el término de un año, las disposiciones normativas que estime necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del Comercio Electrónico en el sistema del Comercio Interior del país, debiendo ajustar y adoptar las medidas y los procedimientos de control necesarios que le competen.

9. Los Ministerios del Comercio Exterior, Comercio Interior, y Economía y Planificación, en coordinación con la Oficina Nacional de Estadísticas establecerán, en el término de un año, los Procedimientos de Control Esta-dísticos, los indicadores y sus definiciones metodológicas, sobre los bienes y servicios que se comercialicen electrónicamente.

10. La Oficina Nacional de Estadísticas, en el término de un año, incluirá en el Sistema de Información Estadística Nacional, los indicadores, definiciones metodológicas y procedimientos de control, de los indicadores de informatización de las empresas, así como de los bienes y servicios comercializados electrónicamente.

11. Los Ministerios de Auditoría y Control, del Interior, de la Informática y las Comunicaciones, y de Finanzas y Precios, establecerán en el término de un año, la Guía Metodológica para el desarrollo de la auditoría a las tecnologías de la información; así como el Sistema de Control Interno asociado a las tecnologías de la información y la actividad de Comercio Electrónico en general.

12. El Ministerio de Cultura, en un plazo no mayor a un año, propondrá al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, las normativas que le correspondan, referidas a la Protección de los Derechos de Autor sobre obras intelectuales que se comercializan a través del Comercio Electrónico.

13. El Ministerio de Educación, a partir del próximo curso escolar, trabajará en la inclusión de la temática del Comercio Electrónico en los planes de estudio de la Educación Técnico Profesional en las disciplinas Comercial, Contable e Informática.

14. El Ministerio de Educación Superior, a partir del próximo curso escolar, trabajará por incluir en sus Planes de Estudio de post y pre grado la temática del Comercio Electrónico.

15. Todos los Organismos de la Administración Central del Estado, mediante sus escuelas ramales, implementarán cursos, seminarios y otras modalidades docentes, dirigidas a calificar y recalificar a los cuadros, técnicos y especialistas en la utilización del Comercio Electrónico.

SEXTO: Los organismos de la Administración Central del Estado con responsabilidades asignadas en el apartado quinto de este Acuerdo, compatibilizarán con el Ministerio de Justicia las acciones necesarias para establecer el marco legal requerido para el cumplimiento de las mismas.

SÉPTIMO: Los organismos de la Administración Central del Estado y demás entidades nacionales responsabiliza-dos con la ejecución de las acciones y medidas descritas en el apartado quinto de este Acuerdo, informarán trimestralmente a la Comisión Cubana de Comercio Electrónico, del Estado de cumplimiento de las mismas.

OCTAVO: Los ministros, de la Informática y las Comunicaciones y del Comercio Exterior, quedan encargados de la ejecución de lo dispuesto en este Acuerdo; así como, de mantener informada a la Secretaría del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros a los efectos del control correspondiente.

NOVENO: Los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del interior, adecuarán y regularán para sus sistemas lo dispuesto en este Acuerdo, de conformidad con sus estructuras y particularidades.

Y para publicar en la Gaceta Oficial de la República, remitir copias a los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y a cuantos otros sea pertinente, se expide la presente certificación en el Palacio de la Revolución, a los 26 días del mes de diciembre del 2005.

Carlos Lage Dávila

ANEXO
A los efectos de la comprensión de los Lineamientos para el desarrollo en Cuba del Comercio Electrónico, se definen los términos siguientes:

a) Comisión Nacional de Comercio Electrónico: comisión creada al amparo de la Resolución Conjunta MINCEX-SIME nº 1/1999, copresidida por los ministros del Comercio Exterior y de la Industria Sidero-Mecánica y de la Electrónica, e integrada por representantes del Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Economía y Planificación, Ministerio del Comercio Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Cultura, Ministerio de Finanzas y Precios y Ministerio del Interior. Asimismo, integrará la Comisión representantes del Banco Central de Cuba y de la Aduana General de la República;

b) Comercio Electrónico: actividad comercial que se desarrolla mediante la utilización de las tecnologías de la in-formación y las comunicaciones, que comprende promoción, negociación de precios y condiciones de contratación, facturación y pago, entrega de bienes o servicios, así como servicios de posventa, entre otros;

c) modalidades de Comercio Electrónico:
EYE: comercio entre empresa y empresa.
EYC: comercio entre empresa y consumidor.
GYE comercio entre gobierno y empresa.
GYC comercio entre gobierno y consumidor.
CYC comercio entre consumidor y consumidor;

d) infraestructura de llave pública: conjunto de políticas, regulaciones, tecnologías y procedimientos, que permiten brindar valor jurídico, integridad, autenticidad, confidencialidad y no repudio, según se requiera, al intercambio de información electrónica mediante las tecnologías de la información y las comunicaciones;

e) pasarela de pago: es el mecanismo que permite ejecutar en tiempo real el pago de transacciones de comercio electrónico entre los bancos comerciales, los clientes y las tiendas virtuales;

f) sistema de gestión de inventario automatizado en línea: posibilita el control del inventario perpetuo de múltiples almacenes y la generación automática de comprobantes de operaciones, permite el reaprovisionamiento automático de los productos, emite automáticamente órdenes de compra, ofrece un control estricto de las existencias, reservas y disponibilidad de productos, así como de las obligaciones de cobro y de pago debidas a la facturación y recepción de productos;

g) tienda virtual en el comercio electrónico entre empresa-empresa (eye): existen dos
modelos de tienda virtual, (1) el modelo directo, aquel por el cual una empresa opera su
propio sitio de comercio atendiendo de este modo a las demandas de otras empresas
compradoras y (2) el modelo de plaza de mercado, que se define como aquel sitio donde
convergen empresas registradas como comprado-ras y/o vendedoras para transar sus
bienes y servicios;

h) estructura operacional de la tienda virtual: integrada por tres espacios virtuales:

(1) la tienda propiamente, sitio universalmente accesible en donde se «exponen» los bienes a
transar así como toda la información complementaria para que el cliente pueda realizar
sus operaciones de manera totalmente autónoma (registrarse en el sitio, buscar productos,
consultar catálogos, realizar cotizaciones, facturar).

(2) el sitio de proveedores, reservado a aquellas empresas que se registren como vendedoras, el cual les permite administrar su oferta (actualizar sus catálogos de productos, definir políticas comerciales preferenciales).

(3) el sitio de administración reservado exclusivamente al propietario de la tienda.

26 de diciembre del 2005.

Publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria Nº 14 de 15 de marzo de 2006.

1.　Lähtudes Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560) paragrahvi 77 lõike 1 punktist 9, Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a. määruse Nr. 270 «Riigi infosüsteemide juhtimise korraldamine» (RT I 1996, 78, 1387) punkti 1 alapunktide 1 ja 4 täitmiseks ning kooskõlas riigihangete seadusega (RT I 1995, 54, 883; 1997, 9, 79):
1) Riigihangete Ametil esitada Riigikantseleile infotehnoloogiaalaste riigihangete deklaratsioonide ja infotehnoloogiavahendite riigihangete piiratud pakkumise, hinnakoteeringu näitamisega pakkumise või riigihanke ühelt pakkujalt teostamise kirjalike teadete koopiad 5 päeva jooksul nende esitamisest arvates;
2) valitsusasutustel esitada arvamuse andmiseks Riigikantseleile üle 2 000 000 kroonise maksumusega infotehnoloogiaalaste riigihangete pakkumise kutse dokumendid.

2.　Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 44 lõike 2 alusel volitada riigisekretär Uno Veeringut (edasivolitamise õigusega) Vabariigi Valitsuse nimel alla kirjutama riigieelarvest finantseeritavate infotehnoloogiavahendite riigihangete raamlepingutele.

Justiitsminister peaministri ülesannetes Paul VARUL
Riigisekretär Uno VEERING 

Ley núm. 100 de 26 de agosto de 2005. Ley de Desarrollo de Centros Gratuitos de Acceso al Internet a través de todo Puerto Rico

Para crear la «Ley para el Desarrollo de Centros Gratuitos de Acceso a la Internet a través de todo Puerto Rico», autorizando a la Junta Reglamentaria de Telecomunicaciones, a promover en coordinación con las agencias del gobierno, los Municipios de Puerto Rico, las empresas privadas y entidades educativas, la implantación de un programa abarcador que incluya el establecimiento de un Centro Gratuito de Acceso al Internet en cada uno de los Municipios de Puerto Rico y crear un reglamento para regir dichos centros.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Siglo XXI resulta un mandato impostergable para el Gobierno de Puerto Rico lograr el objetivo principal de fomentar la educación y el interés ciudadano en el uso de la tecnología y su acceso al Internet. Somos conscientes que vivimos en un mundo tecnológicamente avanzado y donde el desarrollo de tecnologías, sistemas de comunicación y los equipos asociados a estos es continúo y cambia de día a día. Un mundo en el cual la accesibilidad y habilidad, o la ausencia de éstas, que tengan nuestros hijos para manejar la tecnología y herramientas de información puede afectar su futuro.

Lamentablemente, somos conscientes muchas familias y padres, en especial aquellos de escasos recursos económicos, no cuentan con el capital necesario para costear la provisión de dicha tecnología o equipos en sus hogares. Aunque el por ciento de familias con acceso a computadoras y al Internet a aumentado en los pasados años, todavía ocurre el fenómeno de lo que llaman el «digital divide», es decir la división entre aquellos que tienen los recursos económicos para tener la tecnología y tener acceso a ella y aquellos que no lo tienen.

Cumpliendo nuestro compromiso con el pueblo y en aras de solucionar en parte la problemática antes descrita, mediante esta Ley se pone en vigor un ambicioso proyecto para el establecimiento de Centros Gratuitos de Acceso al Internet a través de todo Puerto Rico.

Dichos centros serán establecidos bajo la supervisión de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones la cual promoverá su implantación en coordinación con las otras agencias de gobierno con los Municipios de Puerto Rico y con la ayuda tanto monetaria, como en equipo, de la empresa privada y entidades educativas. Dichos centros serán localizados en aquella área del Municipio en cuestión donde se brinde mayor acceso a las personas de escasos recursos económicos y contarán con la infraestructura de telecomunicaciones necesaria y con equipo de computadoras y programas necesarios para brindar acceso gratuito al Internet a los ciudadanos de dichos municipios. Es por tanto, que la Asamblea Legislativa cumpliendo con la política pública establecida, ordena la creación de estos Centros Gratuitos de Acceso al Internet, brindándole a nuestro pueblo las herramientas y la educación tecnológica necesaria para lograr su máximo progreso y autosuficiencia. Este Proyecto de Ley fue uno de los muchos a los que se comprometió esta Mayoría Parlamentaria y a su vez, fue uno de los compromisos refrendados por el Pueblo con su voto, el pasado 2 de noviembre.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1º.-Título

Esta Ley se conocerá «Ley para el Desarrollo de Centros Gratuitos de Acceso a la Internet».

Artículo 2º.-Política pública

Será política pública del Gobierno de Puerto Rico a través de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones («Junta»), en coordinación con otras agencias gubernamentales, los Municipios, la empresa privada y entidades educativas, el promover la creación de Centros Gratuitos de Acceso a la Internet a través de todo Puerto Rico, como una herramienta para el fomento de la educación e interés ciudadano en el uso de la tecnología e Internet.

Artículo 3º.-Implantación

Se ordena y autoriza a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico a promover la creación de centros Gratuitos de Acceso a la Internet a través de los setenta y ocho (78) Municipios, en coordinación con las agencias gubernamentales pertinentes, los Municipios, la empresa privada y entidades educativas. La Junta vendrá obligada a promover al establecimiento, mantenimiento y supervisión de los setenta y ocho (78) centros alrededor de todo Puerto Rico así como en los municipios donde no exista un centro gratuito de Internet.

Será obligación de la Junta el reglamentar el establecimiento de estos centros y el procurar que los mismos cuenten con las facilidades físicas, infraestructura y equipos necesarios para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley.

Artículo 4º.-Reglamento

La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones deberá preparar un reglamento, con sujeción a la Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, que establezca las normas y los parámetros operacionales de este programa el tipo de información o página electrónica que pueden ser accesadas y que sea consistente con todas las leyes y reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Gobierno de los Estados Unidos de América.

Artículo 5º.-Recibo y administración de fondos estatales, federales y/o privados

Se autoriza a la Junta y a las agencias involucradas en la implantación de esta Ley, a recibir y administrar fondos provenientes de asignaciones legislativas, transferencias, delegaciones, aportaciones y donativos de cualquier índole que reciba de agencias, gobiernos municipales y del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como los provenientes de personas, organizaciones no gubernamentales y de otras entidades privadas para el diseño e implantación de proyectos, programas o servicios a ser ejecutados u ofrecidos por los Centros Gratuitos de Acceso al Internet. Estos fondos incluyen pero no se limitan a aquellas partidas bajo programas federales como E-Rate para las cuales puedan cualificar los municipios en cuestión. A tales efectos se ordena a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones a identificar aquellos programas federales existentes que puedan ser de aplicación a los municipios para la implementación y mantenimiento de los centros gratuitos de acceso al Internet.

Además, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones deberá promover un programa de apadrinaje en que la empresa privada sufrague parcial o totalmente los costos del establecimiento y operación de los Centros Gratuitos de Acceso al Internet, ordenados por esta Ley.

Artículo 6º.-Cláusula de separabilidad

Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula por un tribunal de jurisdicción competente, este fallo no afectará ni invalidará el resto de la Ley y su efecto quedará limitado al aspecto objeto de dicho dictamen judicial.

Artículo 7º.-Vigencia de la Ley

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. No obstante, se le brinda un término de doce (12) meses a partir de la aprobación de esta Ley a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones para establecer cualquier reglamentación o formularios que sean necesarios para la implantación de la misma. De igual forma, dentro de un término de seis meses la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones vendrá obligada a someter un informe de estado y un programa e itinerario de implantación ante la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

A Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo 1.

1. All'articolo 392 del Codice penale, dopo il secondo comma é aggiunto il seguente: «Si ha, altresí, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico».

Articolo 2.

1. L'articolo 420 del Codice penale é sostituito dal seguente:

«Articolo 420. (Attentato a impianti di pulbblica utilita'). Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilita', é punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilita', ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena é della reclusione da tre a otto anni».

Articolo 3.

1. dopo l'articolo 491 del Codice penale é inserito il seguente:

 «Arl. 491bis. (Documenti informatici). Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli«.

Articolo 4.

1. Dopo l'articolo 615bis del Codice penale sono inseriti i seguenti:

«Articolo 615ter. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico). Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, é punito con la reclusione fino a tre anni. La pena é della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto é commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se é palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena é, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto é punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Articolo 615quater. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici). Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, é punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni. La pena é della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri l) e 2) del quarto comma dell'articolo 617quater.

Articolo 615quinquies. (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico). Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, é punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni».

Articolo 5

1 Nell'articolo 616 del Codice penale, il quarto comma é sostituito dal seguente: «Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per «corrispondenza» si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza»

Articolo 6.

1. Dopo l'articolo 617ter del Codice penale sono inseriti i seguenti:

«Articolo 617quater. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche). Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, é punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena é della reclusione da uno a cinque anni se il fatto é commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita';

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Articolo 617quinquies. (Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche). Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra piu' sistemi, é punito con la reclusione da uno a quattro anni La pena é della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'aricolo 617quater.

Articolo 617sexies. (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche). Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, é punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena é della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater«.

Articolo 7.

1. Nell'articolo 621 del Codice penale, dopo il primo comma é inserito il seguente: «Agli effetti della disposizione di cui al primo comma é considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi».

Articolo 8.

1. L'articolo 623bis del Codice penale é sostituito dal seguente:

«Articolo 623bis. (Altre comunicazioni e conversazioni). Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati».

Articolo 9.

1. Dopo l'articolo 635 del Codice penale é inserito il seguente:

«Articolo 635bis. (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici). Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, é punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o piu' delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto é commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena é della reclusione da uno a quattro anni«.

Articolo 10.

l. Dopo l'articolo 640bis del Codice penale é inserito il seguente:

«Articolo 640ter. (Frode informatica). Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena é della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 ) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto é commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema. Il delitto é punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante».

Articolo 11.

Dopo l'articolo 266 del codice di procedura penale é inserito il seguente:

«Articolo 266bis. (Intercettazioni di comunicazioni informatiche oe telematiche). 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, é consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra piu' sistemi».

Articolo 12.

1. L'articolo 268 del codice di procedura penale é cosí modificato:

a) dopo il comma 3 é inserito il seguente: «3bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero puo' disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati»;

b) i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Ai difensori delle parti é immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facolta' di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui é vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

7 Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento

8 I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7″.

Articolo 13

Al comma 1 dell'articolo 25ter del decretolegge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «e di altre forme di telecomunicazione» sono inserite le seguenti: «ovvero del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSO, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: CONSO

TRIBUNALE PALERMO 21 FEBBRAIO 2007.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sez. I civile

In persona del Giudice Unico dr. Rocco Camerata-Scovazzo

In Camera di Consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile iscritto al nº 14302 del R.G. Affari Contenziosi dell’anno 2001 promosso

da

Tizia, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Palmigiano, giusta procura in calce all’atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Riccardo Wagner, 9- attrice

Contro

La società «Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica» S.P.A., con sede in Palermo Via Lincoln, 21, in persona del legale rappresentante dottor Antonio Ardizzone, rappresentato e difeso – giusta procura generale alle liti delle 22/4/1991 notaio E. Rocca- dall’Avvocato Alessandro Algozzini, presso il cui studio in Palermo, Via Duca della Verdura, è elettivamente domiciliata – convenuta

Conclusioni delle parti:

per l’attrice:

Piaccia al Tribunale

Ritenere e dichiarare che il Giornale di Sicilia-Editoriale Poligrafica S.P.A, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in relazione ai fatti specificati in premessa, ha leso il diritto della riservatezza, nonché la privacy e la reputazione della signora Tizia ed il suo diritto al rispetto della propria vita privata.

Ritenere e dichiarare che il Giornale di Sicilia-Editoriale Poligrafica S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sempre in relazione ai fatti specificati in premessa, ha pubblicato la fotografia, il cognome, dati personali e familiari della signora Tizia senza che questa l’abbia mai autorizzato ed arrecandole pregiudizio.

Ritenere e dichiarare che il Giornale di Sicilia ha pubblicato interviste non autorizzate della signora Tizia con dichiarazioni non vere.

Ritenere e dichiarare che il contenuto di tutti e/o alcuni degli articoli menzionati in premessa e pubblicati da «Il Giornale di Sicilia» diffamano la signora Tizia.

In conseguenza di tutte o di alcune delle superiori statuizioni, condannare il Giornale di Sicilia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rilasciare a Tizia il danno subito, da valutarsi anche in via equitativa, determinato in € 325.367,83( £. 630 milioni).

Inoltre inibire al Giornale di Sicilia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per il futuro, la pubblicazione delle fotografie, cognome ed altri dati personali e familiari relativi alla signora Tizia.

Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfettario ed onorari.

Per la convenuta:

Piaccia al Tribunale

Dichiarare infondate, e dunque rigettare le domande – istruttorie e di merito – spiegate dalla attrice, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del giudizio

Fatto e Svolgimento del Processo

Con atto di citazione notificato il 14/2/2001, la signora Tizia convenne innanzi a questo tribunale il Giornale di Sicilia (d’ora in poi il quotidiano) per conseguire il risarcimento dei danni subiti in seguito alla pubblicazione di alcuni articoli sotto le date 25,26 e 27 ottobre del 2000 nonché successivamente nel gennaio e nell’ottobre 2001. L’attrice lamentava che con i detti articoli si era lesa la sua reputazione, il suo diritto all’immagine, il suo diritto al nome, la sua privacy. Più in particolare era avvenuto che ella era stata nominata giudice popolare presso la Corte d’Assise di Palermo ma che, successivamente alla sua nomina, era stato accertato casualmente che ella aveva intrattenuto una relazione sentimentale con il latitante Mevio, condannato all’ergastolo. In seguito a tale notizia si era mobilitato il P.M. ed il Presidente della Corte d’Assise e solo dietro le inesistenti pressioni di costoro la Tizia aveva rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico anzidetto. Della notizia si era impadronita la stampa nazionale e locale, ed in particolare il quotidiano della società convenuta che aveva pubblicato un articolo il 25 ottobre 2000, con il quale aveva divulgato la notizia senza però dare il nome o altri particolari che valessero ad identificare la Tizia. Con successivi articoli, pubblicati il 26 ed il 27 ottobre il quotidiano fornì invece numerosi particolari sulla vita privata della attrice divulgandone nome, cognome, professione e fotografia, nonché indizi atti ad identificare il suo domicilio estivo e giungendo a pubblicare il testo di un’intervista da lei mai concessa.

In seguito al clamore sollevato dalla serie di articoli che la riguardavano la Tizia fu costretta a dimettersi, perse alcune occasioni lavorative, fu guardata con sospetto da conoscenti e vicini che evitarono di frequentare lei o i suoi figli.

Conseguentemente, l’attrice chiese la condanna della società convenuta proprietaria del quotidiano, al risarcimento dei danni subiti in seguito alla campagna diffamatoria di cui era stata oggetto.

Si costituì la società proprietaria del quotidiano e dedusse l’infondatezza delle domande proposte nei suoi confronti. Da un canto sostenne di non avere in alcun modo leso i diritti dell’attrice, in ogni caso eccepì di avere agito in esercizio del diritto di cronaca.

Nel corso del giudizio venne esperito l’interrogatorio formale delle parti reciprocamente chiesto e vennero escussi i rispettivi testi, venne altresì acquisita la documentazione prodotta dalle parti.

In esito all’istruzione della causa, all’udienza del 28 luglio 2006 i procuratori delle parti precisarono le rispettive conclusioni, come sopra trascritte, ed il sottoscritto G.U. trattenne la causa in deliberazione assegnando alle parti i termini di cui all’Articolo 190 c.p.c.

MOTIVI

L’azione della sig.ra Tizia, per la verità a largo raggio, è diretta a far valere la responsabilità della società proprietaria del quotidiano per le lesioni ai suoi diritti della personalità assertamente perpetrate con la serie di articoli che si andrà ad esaminare di seguito e che riguardano specificatamente:
1) il diritto al nome, utilizzato dal quotidiano senza alcun consenso da parte sua;
2) il diritto all’immagine, per la pubblicazione di una foto senza il suo consenso;
3) il diritto alla riservatezza, per la diffusione di vicende strettamente personali e familiari;
4) il diritto alla reputazione, per essere stata accostata alle donne «di mafia»;
5) la violazione della legge sulla privacy, in quanto nell’articolo erano stati forniti particolari del tutto indifferenti all’economia della notizia giacché era del tutto superflua la divulgazione dei suoi dati personali ed in particolare: del nome, cognome, foto e dati familiari, il che violerebbe il principio della pertinenza stabilito dall’Articolo 9 della legge. Sotto altro aspetto la medesima legge sarebbe stata violata in relazione al principio dell’essenzialità;
6) violazione dell’Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, laddove stabilisce che ogni persona «ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare».
7) Sostenne poi l’attrice che nel caso in specie non ricorrerebbero gli estremi del diritto di cronaca, in quanto risulterebbero violati i principi della verità della notizia, (giacché molte delle notizie diffuse non erano vere), della continenza (in quanto vennero forniti particolari del tutto superflui per la notizia,), e l’interesse pubblico della notizia (inteso come pubblica utilità della divulgazione, da non confondersi con la semplice curiosità). A tal proposito la attrice denunciò l’illegittimità della riproposizione dei medesimi fatti con gli articoli del gennaio e dell’ottobre 2001.

A sua volta la convenuta ha dedotto di avere agito nell’esercizio del proprio dritto di cronaca giudiziaria. Quanto alla continenza formale ha fatto richiamo al principio che il testo di un articolo di cronaca non può essere asettico e privo di qualsiasi incisività ed efficacia. Quanto alla pubblicazione della foto dell’attrice ha fatto appello agli artt. 96 e 97 l. 22.4.1941 n. 633.

Fece rilevare altresì che la Tizia non chiese mai alcuna rettifica.

============================================

Innanzitutto va ricostruito il percorso normativo della tutela della personalità che si è ampliato progressivamente con l’introduzione della legge n. 675/96 (sulla privacy) che vieta la divulgazione di dati personali, salve le deroghe previste dall’Articolo 25 comma 1 di seguito trascritto:

Articolo 25 (TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI NELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA).

1. salvo che per i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell’interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati di cui all’articolo 22 è effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all’articolo 24, nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza l’autorizzazione del garante.

L’attività del giornalista tuttavia non è svincolata da regole giacché il giornalista, deve attenersi alle regole dettate dal codice deontologico cui fanno riferimento i successivi commi del citato articolo:
2. il garante promuove, nei modi di cui all’articolo 31, comma 1, lettera h), l’adozione, da parte del consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell’esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il consiglio è tenuto a recepire.
3. ove entro sei mesi dalla proposta del garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il garante può vietare il trattamento ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera 1).

Si riportano di seguito le disposizioni del codice deontologico dei Giornalisti che appaiono rilevanti per la decisione:

Articolo 1. Principi generali

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa.

2. In forza dell’Articolo 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l’esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relative a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell’ambito dell’attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento dei dati personali ad opera di banche –dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall’Articolo 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/1996.

Articolo 2: Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all’Articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell’informativa di cui all’Articolo 10, comma 1, della legge n. 675/199.

Articolo 3.Tutela del domicilio

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell’uso corretto di tecniche invasive.
Articolo 4 Rettifica
1.Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Articolo 6. Essenzialità dell’informazione

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.
Omissis…

Articolo 8. Tutela della dignità delle persone

1. Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine.
Quanto infine all’immagine la tutela è affidata alla legge 22 aprile 1941 n. 633 ed in particolare dall’ Articolo

Articolo 96. – il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente . . . omissis.

Articolo 97 – non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
– il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onere, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

In definitiva dunque, la pubblicazione di notizie ed immagini senza il consenso della persona cui la notizia si riferisce o cui appartenga l’immagine pubblicata, è legittima nell’esercizio dell’attività giornalistica, laddove si confermi alle regole dettate dal codice di deontologia professionale sopra trascritte, che specificano e puntualizzano il contenuto ed i limiti del diritto di cronaca.

Più in particolare si osserva che la diffusione di notizie e dati personali da parte del giornalista sono soggetti all’interesse pubblico della notizia, alla sua veridicità ed alla essenzialità della notizia. La raccolta dei dati da diffondere (nel caso in specie intervista) è soggetta alle regole di cui al sopra trascritto Articolo 2.1 allo scopo di evitare che vengano rilasciate dichiarazioni da parte dell’intervistato senza conoscere l’identità dell’intervistatore. Infine, ai sensi dell’Articolo 18 1. 675/96, vale la presunzione di colpa prevista dall’Articolo 2050 c.c. per gli esercenti attività pericolose, sicché, il giornalista, in presenza di un’azione per danni da illegittimo trattamento di dati personali, deve fornire la prova di avere fatto di tutto per evitare il danno.

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Passando al merito, il nucleo essenziale della vicenda è costituito dal fatto che:

– la Tizia, giudice popolare presso la Corte d’Assise, era (o era stata sino a data recente) legata sentimentalmente al latitante condannato all’ergastolo Mevio;

– tale notizia era nota alle autorità di Polizia ma non alle autorità giudiziarie malgrado la Tizia avesse subito una perquisizione;

– infine la Tizia si dimise solo dietro le pressioni del Presidente della Corte di Assise.
Tali fatti sono pacifici tra le parti.

Sull’episodio vi furono numerosi e svariati commenti sia da parte della televisione che da parte della stampa, oltre che locale anche nazionale – anche questo è dato per pacifico.
Va adesso esaminato il contenuto e la forma degli articoli pubblicati dal Giornale di Sicilia nei giorni 24, 25 e 26 ottobre per accertare se tali articoli siano in tutto o in parte lesivi dei diritti della personalità della Tizia sopra elencati, se gli stessi siano o meno conformi alle normative dettate in materia di tutela dei dati personali, e se il quotidiano si attenne alle regole dettate per corretto servizio del diritto d’informazione a tutela dei diritti della personalità.

A tal riguardo va ricordato che la difesa del quotidiano, che ha esaminato in comparsa conclusionale compiutamente tutti gli articoli pubblicati dal quotidiano, ha chiesto anche l’acquisizione dell’intera pagina non prodotta dall’attrice, richiesta che è del tutto superflua giacché la pagina del 26 ottobre è stata per intero prodotta e consente di trarre una esaustiva valutazione dei fatti. Parimenti superflua appare l’acquisizione di atti processuali riguardanti il Mevio ed in particolare della/e sentenza/e con cui lo stesso venne condannato, come del tutto ininfluente, peraltro, si rivela la sentenza di definitiva assoluzione del Mevio prodotta dall’attrice ed intervenuta solo diversi anni dopo la vicenda per cui è processo, giacché, come si è detto alla data dei fatti il Mevio era un latitante condannato alla pena dell’ergastolo e la Tizia era a lui sentimentalmente legata (la stessa ha asserito ma non dimostrato che la sua relazione si era interrotta da tempo) e ricopriva l’incarico di Giudice Popolare.

Esaminando gli articoli prodotti, si rileva che il primo e cioè quello del 25 ottobre 2000 fornì la notizia senza aggiungere il nome della Tizia, specificando che ella aveva subito una perquisizione domiciliare mesi prima ed aveva dichiarato ai poliziotti in quell’occasione di essere innamorata del Mevio.

Il 26 ottobre i quotidiano riempie ben due pagine per intero sulla vicenda, nella pagina 26, in un articolo intitolato «L’amore con il latitante – Il Presidente .» Sormontato da un occhiello nel quale si legge: Interrogata in procura Tizia, 34 anni, la giudice popolare legata a un boss . Ma Guarnotta (il Presidente) insiste . In tale articolo la vicenda viene nuovamente puntualizzata e riassunta, con l’aggiunta che la Tizia aveva seguito il procedimento penale contro il Mevio ed aveva anche progettato iniziative difensive in suo favore.

Più intrigante l’articoletto di spalla su una colonna intitolato «Un’avventura? No è l’uomo della mia vita» e sormontato da un occhiello ove si legge «Parla la donna di S. Flavia» In tale articolo vengono forniti particolari sulla casa della Tizia una casa di «S. Flavia al secondo piano di una bassa costruzione color ocra, in un vasto complesso di ville e casette affacciate su una stradina privata che parte dalla statale e giunge sino al mare»…»poi ha percorso a passo svelto i centocinquanta metri che dividono la sua abitazione dalla statale 113». «Alta, bruna, occhi neri, separata, madre di due bimbi»

L’articolo poi prosegue con l’interpolazione di alcune frasi della Tizia che si possono rinvenire nell’Agenzia Ansa del 25 ottobre, prodotta dalla convenuta e cioè << , …racconta i dettagli della sua storia d’amore con Francesco Mevio: "l’ho conosciuto nel 1997, era mio vicino di casa.

Mi è stato accanto nei momenti più brutti della mia vita. Ci siamo conosciuti a poco a poco, così come è cresciuta la nostra passione. Questa non è una storiella passeggera è l’uomo della mia vita. Adesso mi accorgo che, più se ne parla, più mi sento legato a lui». E ricorda:»mi ha colpito il suo sguardo profondo, la sicurezza che mi dava. Solo dopo averlo conosciuto, sono venuta a sapere che aveva problemi con la giustizia. Ma l’amore ormai aveva attraversato il mio cuore». Assicura che non lo incontra da quando si è dato alla macchia, quindi giura sull’innocenza del suo uomo: «è vittima di una macchinazione giudiziaria». E aggiunge: «sono certa che i suoi problemi giudiziari saranno risolti al più presto, la giustizia trionferà sulle accuse perché è innocente. Lui è vittima di una vendetta personale, ed è strano che la sua condanna sia arrivata solo di elusivamente in base alle dichiarazioni di un solo pentito, le cui accuse non sono state riscontrate».

Poi torna a battere sull’argomento che l’assilla, la sua affidabilità come giudice popolare e assistente sociale; «in passato non ho mai avuto problemi con la giustizia, mai una denuncia, mai un procedimento. Sono sempre stata corretta nel rispetto delle regole sociali». No questo frastuono non se lo aspettava proprio. E non lo capisce»>>.

La forma virgolettata in cui vengono riportate le frasi ed il riferimento sopra fatto alla presenza della Tizia nella sua abitazione in S. Flavia inducono il lettore nella convinzione che le frasi ivi riportate siano state pronunciate dalla Tizia nel corso di un’intervista, e tuttavia è stato provato a mezzo della teste Cuppari che la Tizia dal 24 al 26 ottobre non era a S. Flavia bensì ospite della Cuppari in Palermo, Corso Pisani. Di rilievo appare dunque che alla Tizia siano state messe in bocca frasi che non vennero raccolte nel corso di un’intervista autorizzata, facendole invece apparire come pronunciate nel corso di un’intervista. A tal proposito peraltro la Tizia ha negato di avere pronunciato quelle frasi.

Altro riferimento alla vicenda viene fatto nell’articolo in fondo alla pagina intitolato «Mevio da vent’anni in carriera», ove si legge: Adesso il suo nome è tornato in prima pagina per via di quella storia d’amore con l’assistente sociale nominata giudice popolare in un processo, per via di un caso in cui le ragioni della giustizia si scontrano con quelle del cuore»

Nella successiva pagina 27 della vicenda si parla nell’intervista rilasciata dal P.M. d.ssa Picozzi, e nell’articolo centrale intitolato: I Boss, le donne: così cambia la . Nel quale si legge:

«…Già la donna nella doveva essere una di loro, non avere alcuna parentela con gente legata in qualche modo alle forze dell’ordine. I picciotti di Cosa Nostra lo sapevano. Ora, invece, c’è persino chi ha una love story con una donna giudice popolare, com’è accaduto al mafioso latitante Francesco Mevio». In tale articolo vengono tracciate le biografie di tutte le moglie dei capimafia più famosi e cioè Ninetta Bagarella, Vincenzina Marchese e Grazia Minniti, di cui vengono pubblicate le fotografie unitamente ad una fotografia più grande di Masino Buscetta insieme alla sua famiglia.

Infine nell’articolo in fondo alla pagina intitolato «In camera di consiglio con l’uncinetto» e sormontato da uno occhiello con la dicitura si può leggere: . Ivi si legge ancora

Altra sentenza «suicida» fu una di quelle (sette in tutto) sull’omicidio del capitano dei carabinieri Emanuele Basile. Imputati, nomi «pesanti» di Cosa Nostra, … Anche in quel caso si parlò di pressioni e «avvicinamenti» dei giudici popolari>.

Nei due articoli che si sono sopra in parte trascritti emerge, quanto al primo, evidente l’accostamento tra la Tizia e «Le donne di mafia» ivi raffigurate, sottolineandone il dato comune di essere tutte legate a criminali mafiosi. Nell’articolo invece riguardante i giudici popolari si pone in risalto l’interrogativo su quali requisiti morali può avere un giurato legato sentimentalmente ad un latitante, in accostamento con episodi in cui vennero sospettate infiltrazioni mafiose nelle giurie popolari.

L’articolo del successivo giorno 27 ottobre fornì la notizia che la Tizia si era dimessa dall’incarico di Giudice Popolare. E tuttavia l’articolo è sormontato da una foto che ritrae la Tizia, foto che pur essendo alquanto sfocata è del tutto riconoscibile.

Tale foto era stata pubblicata anche nel primo degli articoli del 26 con la dicitura .

Quanto poi all’articolo del 6 ottobre 2001 intitolato «associazione mafiosa, Mevio assolto in appello». Sormontato da un occhiello ove si legge: «otto anni in primo grado. È condannato all’ergastolo per omicidio e in un altro processo», si osserva che in tale articolo viene riassunta nuovamente la vicenda con la Tizia a proposito dell’assoluzione del Mevio. E tuttavia lungi dall’essere un mero accenno, la vicenda stessa costituisce il corpo dell’articolo – che è composto da quattro colonne di cui circa due sono occupate dall’episodio Tizia.

Ebbene, come si è visto, le doglianze della Tizia si appuntano su diversi elementi degli articoli sopra riassunti ed in particolare sulla violazione del suo diritto al nome, all’immagine, alla riservatezza, alla reputazione, alla privacy ed all’Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. La disamina degli articoli non consente di dubitare che effettivamente la Tizia abbia subito lesione al diritto alla riservatezza (con la pubblicazione delle frasi riferentisi ad un’intervista non rilasciata), alla reputazione (con accostamenti anche in riferimento a tale intervista a donne organiche alla mafia), alla privacy (con la divulgazione di notizie concernenti il suo aspetto fisico, la composizione del suo nucleo familiare, la sua condizione di separata, il suo indirizzo, la sua professione). Anche il diritto al nome ed all’immagine della Tizia – sia pur con la scriminante di cui in seguito – subì lesione.

Tuttavia tali diritti puntualmente elencati dall’attrice possono venire sacrificati nel bilanciamento con il diritto all’informazione garantito costituzionalmente ed anche a livello europeo dalla direttiva n. 95/46, a condizione che si rispettino le note regole dell’interesse pubblico alla notizia, della veridicità e della continenza.

Quanto al primo dei tre suddetti elementi, il fatto appare indubbiamente di particolare rilevanza giacché, pur riconoscendo all’attrice di non aver commesso alcun reato, indubbiamente si configurava un sospetto di contiguità di elementi mafiosi con appartenenti ad organi dello Stato, sicché non poteva non essere trattato e seguito sino alla sua conclusione, coincidente con le dimissioni della Tizia, con la rilevanza e l’approfondimento che meritava la vicenda.

Viceversa, nel caso in specie, risultano assenti sia la veridicità (per quanto si chiarirà di seguito) che la continenza.

Quanto alla veridicità, il Giornale di Sicilia pubblicò un articolo con frasi apparentemente provenienti da un’intervista rilasciata dalla Tizia – ciò è dimostrato senza alcun dubbio dal fatto che tali frasi sono virgolettate.

L’attrice invece non solo ha smentito tale intervista, ma anche di avere pronunciato tali frasi dal contenuto riservato e personalissimo riguardanti i suoi sentimenti per il Mevio, ed il quotidiano non è stato in grado di provare che ella le avesse pronunciate e men che meno che le avesse pronunciate nel corso di un’intervista regolarmente autorizzata. A nulla rileva al riguardo che l’Agenzia Ansa aveva divulgato in data 25 ottobre le medesime frasi riportate nell’articolo del 26 sopra trascritto, giacché non è specificato in alcun modo nei dispacci – prodotti dalla convenuta – dove e come vennero pronunciate le frasi suddette attribuite alla Tizia. Sicché, data la vaghezza della notizia incombeva all’articolista accertarsi della sua autenticità, e non colmare tale lacuna con riferimenti puramente fantastici alla presenza della Tizia nella propria abitazione di S. Flavia. Appare dunque violata la regola della veridicità della notizia, in relazione al diritto alla riservatezza, con l’attribuzione alla Tizia di frasi di contenuto strettamente personale che la stessa nega di avere pronunciato e men che meno autorizzato.

Quanto poi alla continenza, che nel codice deontologico viene definita come Essenzialità, anche tale limite, appare decisamente violato. Infatti, dall’esame panoramico della attività giornalistica messa in campo dal quotidiano in relazione alla vicenda della Tizia emerge una indiscutibile complessiva violazione della regola dell’essenzialità della notizia, che, per quanto diluita in diversi articoli, tuttavia contribuisce nel suo insieme: a) alla identificazione del nucleo familiare della Tizia, b) della sua abitazione, c) del suo aspetto fisico, e, d) da ultimo alla sua immagine. Elementi tutti, composti a guisa di negli articoli che vennero pubblicati sul quotidiano il 26 ottobre e reiterati il 27 successivo e, a quasi un anno di distanza, il 6 ottobre 2001, in cui ogni volta si ricordò, del tutto gratuitamente, che la Tizia era alta, bruna, separata, madre di due figli, aggiungendo particolari irrilevanti ai fini della incisività dell’articolo sulla relazione della Tizia con il Mevio. Tale reiterazione di articoli, tutti sulla medesima vicenda, appaiono convergenti a fornire particolari del tutto superflui sulla persona della Tizia, come appunto il suo aspetto fisico, il suo stato civile, la composizione del suo nucleo familiare, e la sua abitazione e costituiscono una vera e propria assolutamente in contrasto con le regole di deontologia professionale che si sono sopra trascritte giacché non essenziali alla notizia, anzi, fornendo elementi superflui e reiterando la notizia, accostando il nome della Tizia a quelli di altre donne legate ad esponenti della mafia, ne guastarono la reputazione (diritto della personalità), propalandone l’immagine di fiancheggiatrice della mafia.

In conclusione dunque poiché nella lesione del diritto alla reputazione e alla riservatezza il quotidiano di proprietà della società convenuta ha travalicato dai limiti imposti al diritto di cronaca, questa ultima va condannata al risarcimento del danno subito dall’attrice.
Quanto alle concorrenti domande del diritto all’immagine tutelato dall’Articolo 96 l. 633/41 e del diritto al nome, il cui esame va effettuato per le statuizioni richieste di divieto di ulteriore utilizzo. Si osserva che le disposizioni invocate non appaiono violate, giacché l’Articolo 96 consente la pubblicazione di foto di persone che rivestono incarichi pubblici e l’Articolo 7 del c.c. non appare violato perché la pubblicazione del nome della Tizia avvenne nell’esercizio del diritto di cronaca.

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Quanto alla liquidazione del danno, la attrice ha prodotto diversi decreti di revoca di incarico di tutore o curatore di interdetti, assumendo che le revoche fossero il frutto della campagna mediatica cui la convenuta società l’aveva sottoposta. Tale prospettazione è erronea e va quindi respinta. Le revoche, come emerge dalla motivazione dei provvedimenti traggono origine dal venir meno del rapporto di fiducia con il Giudice Tutelare in seguito all’apprendimento della notizia della relazione dell’attrice con il Mevio, a nulla rilevando i termini – più o meno coloriti – in cui venne fornita la notizia, vera nel proprio nucleo ontologico, che la Tizia intratteneva una relazione sentimentale con il Mevio.

Del pari i danni dalla stessa vantati per non aver potuto fare parte di una compagine sociale e causa della notorietà della vicenda, appaiono in primo luogo vaghi e, in secondo luogo, non decisamente legati alle modalità in cui venne divulgata la notizia da parte del Giornale di Sicilia, dato che la notizia in sé era di pubblico dominio.

I danni patiti dall’attrice si limitano dunque ai danni morali che si liquidano equitativamente, in relazione alla diffusione del quotidiano (vale ricordare che il direttore amministrativo al riguardo affermò che le copie vendute del quotidiano in quei giorni si aggirarono intorno alle 70.000) ed alla reiterazione del fatto, nonché alla condotta della attrice stessa che omise di chiedere una rettifica quantomeno della parte riguardante la sua intervista.

Appare dunque equo determinare il danno in complessivi € 25.000,00, in moneta odierna. Su tale importo vanno calcolati gli interessi legali, per il cui calcolo occorre procedere alla devalutazione dell’importo medesimo alla data del fatto – identificata tale data con il 27 ottobre 2000 e sulla somma così ottenuta di € 21.609,95, andranno calcolati gli interessi legali pari ad € 4.683,21. La convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore dell’attrice della complessiva somma di € 29.683,209 arrotondata ad € 29.683,00.

Ad ulteriore risarcimento del danno la società convenuta va condannata alla pubblicazione per estratto della presente sentenza secondo quanto stabilito in dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano – calcolata l’attività effettuata ante il 2 giugno 2004 – come segue
Dir. Ant.
2.6.5004 On. Ante 2.6.2004 Spese gen. 10% Dir. Post. 2.6.2004 On. Post 2.6.2004 12,5%
919,22 1.622,97 254,23 369,00 1.630,00 504,03

E quindi in complesso € 5.081,55 oltre ad € 312,44 per spese, e pertanto in totale € 5.393,88.

P. Q. M.

Il Tribunale di Palermo

In Persona del Giudice Unico dr. Rocco Camerata – Scovazzo

Disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Tizia nei confronti della Società «Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica» S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2001, condanna la Società «Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica» S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Tizia dell’importo di € 29.683,00.

Condanna la Società «Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica» S.P.A. a pubblicare entro il termine di mesi tre estratto della presente sentenza contenente l’epigrafe (comprese le rispettive conclusioni delle parti) ed il dispositivo, sui quotidiani «Il Giornale di Sicilia » e «La Repubblica».

Condanna la Società «Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica» S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione in favore di Tizia delle spese del presente procedimento come sopra liquidate in € 5.393,88 oltre I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Palermo il 9 febbraio 2007

Il Cancelliere Il Giudice Unico

F.to ill.le F.to Rocco Camerata Scovazzo
Tribunale di Palermo
I^ Sezione Civile

21 FEBBRAIO 2007
DEPOSITATO
Il Cancelliere
F.to ill.le

Lei nº 33/2007 de 13 de Agosto

Regula a instalação e utilização de sistemas de videovigilância em táxis

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1º.- Objecto

A presente lei regula o serviço de videovigilância em táxis, fixando as finalidades autorizadas, os requisitos mínimos, as características dos equipamentos e o regime aplicável à sua homologação, instalação e fiscalização.

Artigo 2º.- Finalidade e estrutura do sistema

1 – O serviço tem como objectivo registar imagens que, em caso de ocorrência de situações de emergência, designadamente de ameaça ou ofensa à integridade física de motoristas de táxi ou de utentes, e para a finalidade de protecção de pessoas e bens, permitam às forças de segurança uma acção eficaz na identificação e responsabilização criminal dos infractores.

2 – O serviço assenta na instalação e gestão de um sistema de recolha, registo e arquivo digital de imagens, composto por:

a) Unidades móveis instaladas a bordo de táxis, adiante designadas por UM;

b) Centrais de recepção e arquivo de imagens, adiante designadas por CRTI, que assegurem a comunicação às forças de segurança de informações tendentes à identificação de pessoas.

Artigo 3º.- Centrais de recepção e arquivo de imagens

1 – As CRTI recebem as imagens dos táxis que a elas estejam ligados, processam e arquivam essas comunicações e transmitem às forças de segurança a informação tendente à identificação de intervenientes em situações de emergência.

2 – A exploração e gestão das CRTI só pode ser exercida por entidades legalmente constituídas e autorizadas nos termos do Decreto-Lei nº 35/2004, de 21 de Fevereiro, desde que disponham de meios técnicos e humanos necessários para permitir a cooperação adequada com as forças de segurança.

3 – As entidades que gerem as CRTI são responsáveis pelo tratamento de dados, por verificar a conformidade da instalação das UM, bem como a sua compatibilidade técnica com o equipamento da respectiva central.

Artigo 4º.- Comunicação entre as unidades móveis e as centrais de recepção e arquivo de imagens

Os táxis que adiram ao sistema de segurança previsto na presente lei devem estar equipados com a UM, devidamente homologada, que permita as seguintes funções:

a) Recolha de imagens do interior do veículo em condições e com resolução que permitam a sua utilização para os efeitos autorizados;

b) Ligações de dados que garantam a transmissão segura das imagens para as CRTI, a fim de serem arquivadas e, caso se revele necessário, usadas pelas forças de segurança.

Artigo 5º.- Comunicação entre as centrais de recepção e arquivo de imagens e as forças de segurança

A transmissão de dados da CRTI aos centros de comando e controlo das forças de segurança é feita electronicamente de forma segura ou através da entrega física das imagens, desde que em suporte digital.

Artigo 6º.- Homologação, características e instalação dos equipamentos

1 – A homologação das UM e dos equipamentos das CRTI compete às forças de segurança.

2 – A instalação das UM não pode prejudicar a segurança dos passageiros e a condução do táxi.

Artigo 7º.- Protecção de dados

1 – A utilização do serviço de videovigilância em táxis rege-se pelo disposto na Lei nº 67/98, de 26 de Outubro, quanto à recolha de dados pessoais, em tudo o que não se encontrar especialmente regulado na presente lei.

2 – A instalação e utilização do serviço de videovigilância em táxis é fiscalizada pela Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD), com vista a assegurar que os sistemas sejam comprovadamente idóneos, adequados e necessários para atingir o objectivo proposto e sejam salvaguardados os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.

3 – A CNPD emite parecer prévio e vinculativo sobre as especificações técnicas dos sistemas cuja instalação seja solicitada, por forma a assegurar que, numa óptica de regulação geral, se coadunam com o disposto na presente lei.

4 – A CNPD é notificada de todos os tratamentos de dados que venham a utilizar a videovigilância em táxis, devendo definir para o efeito procedimentos simplificados, assentes em critérios de celeridade, economia e eficiência, bem como no uso exclusivo de suportes electrónicos.

Artigo 8º.- Direito de acesso

1 – São asseguradas a todas as pessoas que figurem em gravações obtidas, de acordo com a presente lei, os direitos de acesso e eliminação, salvo o disposto no número seguinte.

2 – O exercício dos direitos previstos no número anterior pode ser fundadamente negado quando seja susceptível de pôr em causa a segurança pública, quando seja susceptível de constituir uma ameaça ao exercício dos direitos e liberdades de terceiros ou, ainda, quando esse exercício prejudique uma investigação criminal em curso.

3 – Os direitos previstos no nº 1 são exercidos perante o responsável pelo tratamento dos dados recolhidos, directamente ou através da CNPD.

Artigo 9º.- Limites à utilização

1 – A UM só pode ser accionada para proceder à gravação de imagens em caso de risco ou perigo potencial ou iminente.

2 – As imagens gravadas nos termos do número anterior são eliminadas de imediato, caso não se verifique a situação que motivou aquela gravação.

3 – Quando possuam UM, os táxis devem ter um aviso, em local bem visível, sinalizando que neles se procede à captação e gravação de imagens por razões de segurança, e identificando o responsável pelo tratamento de dados e o seu contacto.

4 – O aviso referido no número anterior deverá obedecer a modelo único a regulamentar e aprovar pelo Governo.

Artigo 10º.- Prazo de conservação

1 – Os dados pessoais obtidos pelo serviço de videovigilância em táxis podem ser conservados pela entidade que os recolha apenas pelo período necessário à sua comunicação às forças de segurança, que não pode exceder cinco dias.

2 – Os dados pessoais transmitidos podem ser conservados pelas forças de segurança durante o período necessário para a prossecução das finalidades da recolha ou do tratamento posterior, não podendo exceder um ano.

3 – Mediante decisão judicial, o prazo máximo indicado no número anterior pode, em circunstâncias devidamente fundamentadas, ser alargado, a requerimento da entidade policial ou judiciária que invoque tal necessidade para o cumprimento de disposições legais.

4 – Caso não exista fundamento para a comunicação de dados às forças de segurança, as imagens recolhidas devem ser imediatamente eliminadas.

Artigo 11º.- Manutenção dos equipamentos

1 – Os proprietários ou utilizadores das UM e as entidades que explorem as CRTI são obrigados a manter em bom estado todos os instrumentos, aparelhos e circuitos dos seus sistemas, devendo, para o efeito, dispor dos meios técnicos necessários.

2 – É proibido alterar as especificações técnicas dos equipamentos, eliminar quaisquer palavras, letras, números, gravuras ou impressões apostos nos aparelhos, bem como qualquer indicação ou notas que respeitem aos mesmos.

Artigo 12º.- Acesso às instalações e equipamentos

A criação e gestão de uma CRTI obriga o proprietário ou gestor dessa central a garantir o acesso de agentes das forças de segurança e da CNPD, devidamente identificados, ao local da instalação dos equipamentos.

Artigo 13º.- Regime sancionatório

1 – Constituem contra-ordenações as seguintes infracções à presente lei:

a) A instalação de equipamentos não homologados, punida com coima de (euro) 1000 a (euro) 5000;

b) A recusa de acesso às instalações e equipamentos, punida com coima de (euro) 500 a (euro) 750;

c) A exploração e gestão de uma CRTI por entidade não autorizada, punida com coima de (euro) 1500 a (euro) 10 000;

d) A recolha de imagens fora das condições legalmente autorizadas, punida com coima de (euro) 1000 a (euro) 5000;

e) O tratamento de imagens fora das condições legalmente autorizadas, punido com coima de (euro) 2000 a (euro) 10 000;

f) A transmissão de dados a pessoas não autorizadas ou fora das condições legalmente autorizadas, punida com coima de (euro) 2000 a (euro) 10 000;

g) A não colocação em local bem visível do aviso previsto nos n.os 3 e 4 do artigo 9º, punida com coima de (euro) 50 a (euro) 500.

2 – A tentativa e a negligência são puníveis, sendo os limites referidos no número anterior reduzidos a metade.

Artigo 14º.- Competência para o processo contra-ordenacional

1 – São competentes para a fiscalização das normas constantes da presente lei a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública.

2 – O processo de contra-ordenação inicia-se oficiosamente, mediante participação das autoridades policiais ou fiscalizadoras ou de particular.

3 – São aplicáveis às contra-ordenações previstas no presente decreto-lei as disposições do Código da Estrada para o processamento das infracções rodoviárias.

Artigo 15º.- Produto das coimas

A repartição do produto das coimas aplicadas nos termos dos artigos anteriores segue o disposto no Decreto-Lei nº 369/99, de 18 de Setembro.

Artigo 16º.- Disposição transitória

Com vista à entrada em funcionamento pleno das funcionalidades dos sistemas de videovigilância em táxis, deve o Governo proceder à regulamentação e aprovação referidas no nº 4 do artigo 9º da presente lei no prazo de 30 dias após a data da sua publicação.

Artigo 17º.- Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no prazo de 60 dias após a sua publicação.

Aprovada em 5 de Julho de 2007.

O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.

Promulgada em 25 de Julho de 2007.

Publique-se.

O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.

Referendada em 2 de Agosto de 2007.

Pelo Primeiro-Ministro, Luís Filipe Marques Amado, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.

Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2005. Dipartimento della Funzione Pubblica.

Misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane. (Direttiva n. 1/2005).

1. Premessa.

Il primo gennaio del 2004 é entrato in vigore il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», d'ora in poi denominato «Codice», nel quale sono raccolte, in forma di testo unico, tutte le disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed alle attività connesse.

Il Testo rappresenta il primo modello di codificazione organica della privacy in Europa e tiene conto sia del quadro normativo comunitario (direttive n. 95/46/CE e n. 2002/58/CE) che di quello
internazionale.

La disciplina del Codice, analogamente a quella dettata dalla normativa previgente, si innesta in un contesto prevalentemente orientato alla pubblicità dell'azione amministrativa, ad opera della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle altre disposizioni di settore, e conferma la graduazione dei differenti livelli di tutela previsti all'interno della generale categoria dei dati personali predisponendo
garanzie piú rigorose in relazione ai dati sensibili.

Il Codice offre al cittadino un sistema di garanzie articolato e al contempo semplificato che, nell'individuare tutti gli strumenti idonei ad una piena realizzazione del diritto alla protezione dei
dati personali, costituisce il presupposto per la fruizione di tutti gli altri diritti fondamentali dell'individuo che a quel diritto sono naturalmente collegati.

In tale quadro i principi ricordati nel testo unico informano tutti gli aspetti della vita sociale e dell'azione delle pubbliche amministrazioni ed in particolare, per quanto interessa in questa sede, anche gli aspetti relativi alla gestione delle risorse umane in tutti gli aspetti organizzativi, di sicurezza e di benessere.

2. I Principi e gli obblighi.

Appare opportuno ricordare in questa sede i principi che derivano dal Codice in materia di protezione dei dati personali ai quali l'azione amministrativa dovrà ispirarsi e che sono destinati ad
esercitare una grande influenza sull'esercizio della potestà organizzativa delle pubbliche amministrazioni.

Il «diritto alla protezione dei dati personali» quale prerogativa fondamentale della persona, é stato introdotto nell'ordinamento in attuazione dell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 e deve considerarsi quale diritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla riservatezza sostanziandosi nel diritto del suo titolare di conoscere e controllare la circolazione delle informazioni che lo riguardano.

Il Codice, che ha dunque affermato, all'art. 1, il diritto alla protezione dei dati personali, mira a garantire che il trattamento di queste informazioni «si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali» (art. 2).

Un principio generale del sistema di garanzie approntato dal Codice che deve guidare l'azione amministrativa é costituito dal principio di «necessità del trattamento dei dati personali», da intendersi quale principio che integra quello di «pertinenza e non eccedenza» dei dati trattati (già individuato dalla legge n. 675 del 1996) con riferimento alla configurazione di sistemi informativi e programmi informatici. Tale regola prescrive di predisporre i sistemi informativi e i programmi informatici in modo da utilizzare al minimo dati personali ed identificativi escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possono essere raggiunte mediante l'uso di dati anonimi o di modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (art. 3). Deve essere, inoltre, ricordato che il principio di necessità costituisce un presupposto di liceità del trattamento dei dati personali ed il mancato rispetto di questo e degli altri presupposti comporta conseguenze rilevanti per l'amministrazione. Infatti il Codice, nel dettare le regole per tutti i trattamenti ha sancito
l'inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (art. 11, comma 2).

Il diritto alla protezione dei dati personali potrà, pertanto, essere garantito solo se le amministrazioni titolari dei trattamenti ispireranno la loro attività ai principi sanciti dal Codice e conseguentemente, oltre ad ottemperare agli obblighi espressamente previsti, adotteranno una serie di comportamenti concreti, azioni e provvedimenti organizzativi coerenti con i principi che regolano la materia.

In particolare, il trattamento dei dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni é consentito solo qualora sia necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali rispettando gli eventuali altri presupposti e limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti. Al riguardo é il caso di sottolineare che, salvo quanto previsto per i trattamenti posti in essere dagli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici (parte II del Codice), le pubbliche amministrazioni non devono chiedere il consenso dell'interessato.

I dati sensibili possono, invece, essere trattati soltanto se il trattamento risulta autorizzato da un'espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere
trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite (articoli 18, 19, 20 e 22 del Codice.

Per i dati sensibili v. piú diffusamente infra la parte relativa ai «Regolamenti»).

É inoltre, imposto alle amministrazioni l'obbligo di garantire la sicurezza nella gestione dei dati e dei sistemi in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Pertanto le amministrazioni, o i soggetti affidatari di servizi e sistemi per conto delle stesse, dovranno adottare tutte le cautele consentite dalle moderne tecnologie prevenendo i rischi derivanti
dall'organizzazione e gestione delle banche dati e dei sistemi informativi (articoli 3135 e disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B al Codice). Analoghe cautele dovranno essere adottate nella gestione di tutti gli atti ed i provvedimenti che comportano l'utilizzo di dati personali e sensibili.

Nell'ambito del predetto obbligo generale di contenere nella misura piú ampia possibile determinati rischi, i titolari del trattamento sono tenuti in ogni caso ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati mediante l'adozione delle «misure minime» di sicurezza individuate nel Titolo V, Capi I e II, della Parte II del Codice o che saranno individuate ai sensi dell'art. 58, comma 3, in relazione ai trattamenti effettuati per finalità di difesa o coperti da segreto di Stato.

La disciplina del Codice, infine, é informata dal principio di semplificazione in base al quale l'elevato grado di tutela dei diritti é assicurato nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità di esercizio del diritto alla protezione dei dati personali e degli altri diritti e libertà fondamentali dell'interessato e degli adempimenti in capo ai titolari del trattamento (art. 2, comma 2).

Disposizioni in deroga o ad integrazione della disciplina generale sono poste dal Codice in relazione a specifici settori di interesse per l'attività amministrativa, quali l'ambito giudiziario, negli articoli da 46 a 52, i trattamenti eseguiti dalle forze di polizia, negli articoli da 53 a 57, e quelli attinenti alla difesa e sicurezza dello Stato, di cui all'art. 58.

3. Finalità della direttiva.

La presente direttiva é finalizzata a richiamare l'attenzione delle amministrazioni sulle prescrizioni del Codice che incidono maggiormente nel settore pubblico, richiedendo l'adozione di efficaci scelte organizzative per tradurre sul piano sostanziale le garanzie previste dal legislatore, nonché sulle conseguenze connesse alla loro mancata attuazione.

L'entrata in vigore del nuovo Codice comporta, per le pubbliche amministrazioni, la necessità di ripensare le proprie attività e la propria organizzazione al fine di consentire una piena ed effettiva
garanzia dei diritti in esso affermati.

Infatti, le tematiche relative alla privacy investono le amministrazioni nella quasi totalità delle proprie attività, assumendo significativo rilievo nello svolgimento di molti dei compiti istituzionali loro affidati dall'ordinamento, come ad esempio, la gestione delle risorse umane.

In considerazione di ció, il Codice (art. 176) ha aggiunto il comma 1-bis al comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto le amministrazioni dovranno attuare le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, in aggiunta ai criteri indicati nella medesima disposizione.

Da quanto premesso emerge la necessità di provvedere all'adozione degli strumenti necessari per l'attuazione pratica delle previsioni del Codice, quali:

regolamenti indicanti i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati e le operazioni che possono essere eseguite su di essi in relazione al perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico qualora manchi una specifica indicazione legislativa (articoli 20, 21 e 22);

le informative all'interessato (art. 13);

la notificazione al Garante nei casi previsti dall'art. 37;

le eventuali comunicazioni al Garante (art. 39);

le misure minime di sicurezza e, in particolare, il documento programmatico sulla sicurezza (art. 34, comma 1, lettera g) e regola n. 19 dell'allegato B al Codice).

Occorrerà, inoltre, procedere a puntuali ricognizioni dei dati trattati alla luce delle disposizioni vigenti e alla revisione delle modalità di gestione degli stessi, ponendo particolare attenzione alla necessità di garantire agli interessati l'esercizio del diritto di accesso ai dati che li riguardano e degli altri diritti sanciti dall'art. 7 del Codice, nonché alle problematiche relative all'accesso ai documenti amministrativi ed alla necessità di contemperare le esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa
con quelle di tutela del diritto alla protezione dei dati personali.

Pertanto ci si rivolge ai dirigenti ed ai funzionari preposti alle unità di loro competenza perché nell'ambito delle attività di direzione, coordinamento e controllo degli uffici dei quali sono responsabili adottino tutte le misure utili a garantire il rispetto e la piena attuazione dei principi sanciti dal Codice, prevengano i rischi presenti nelle singole attività e adottino, conseguentemente, tutti gli atti, le soluzioni organizzative ed i comportamenti necessari.

4. classificazione dei dati e tipologia dei relativi adempimenti.

4.1. Dati personali.

L'art. 4, comma 1, lettera b) del Codice definisce dati personali «qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale».

Alle pubbliche amministrazioni é consentito il trattamento dei dati personali quando risponda alla necessità di esercitare le proprie funzioni istituzionali. Pertanto, salvo quanto previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici (si vedano le disposizioni della parte II del Codice), le medesime non debbono chiedere il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 18.

In particolare, il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari é consentito anche in assenza di una specifica previsione normativa purché sia finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione, mentre la comunicazione di questi dati da una pubblica amministrazione ad un'altra o a privati oppure la loro diffusione é possibile solo quando vi sia una
espressa previsione normativa, come indicato all'art. 19.

Nel caso in cui le amministrazioni abbiano necessità di fornire tali informazioni ad un'altra pubblica amministrazione, sempre ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali, ma in assenza di idonea previsione normativa, possono peró informarne preventivamente il Garante, ai sensi dell'art. 39 del Codice. In base a tale nuovo meccanismo, decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante, l'operazione di comunicazione dei dati puó essere avviata, ferma restando la possibilità di una diversa determinazione dell'Autorità adottata anche successivamente al decorso del termine.

Deve essere effettuata una preventiva comunicazione al Garante, a norma dell'art. 39, anche nel caso di trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto da un programma di ricerca
biomedica o sanitaria, conformemente a quanto dispone l'art. 110 del Codice.

Sulle amministrazioni titolari del trattamento grava inoltre l'obbligo di notificare al Garante i trattamenti di dati personali che sono elencati nel comma 1 dell'art. 37 del Codice. Tale adempimento deve essere effettuato prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere delle operazioni che debbono essere effettuate (salvo, ovviamente, l'obbligo di notificare le eventuali modifiche del trattamento o la sua cessazione). In base agli articoli 37 e 38, la notificazione si intende validamente effettuata solo se inviata telematicamente utilizzando le modalità indicate dal Garante tramite il modello all'uopo predisposto e disponibile sul sito dell'Autorità (www.garanteprivacy.it). Al riguardo si segnala che, con provvedimento n. 1 del 31 marzo 2004, disponibile anch'esso sul sito dell'Autorità, sono stati individuati alcuni trattamenti di dati non suscettibili, in concreto, di recare pregiudizio agli interessati e quindi sottratti all'obbligo di notificazione di cui al citato art. 37.

Si rammenta infine che sulla base della disciplina del Codice configura una «comunicazione» di dati personali il dare conoscenza di tali informazioni ad uno o piú soggetti diversi dall'interessato, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Non puó considerarsi tale, invece, la comunicazione effettuata nei confronti dell'interessato, del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, del responsabile o dell'incaricato (art. 4, comma 1, lettera l).

4.2. Regole generali per il trattamento dei dati.

Le regole generali, comuni a tutti i trattamenti di dati, sono rinvenibili negli articoli da 11 a 17 del Codice.

4.2.1. Modalità del trattamento e requisiti dei dati.

In particolare, l'art. 11, nell'indicare le modalità del trattamento e i requisiti dei dati, individua anche i presupposti di liceità del trattamento. Secondo la disciplina introdotta dal Codice, il mancato rispetto dei presupposti sanciti da tale disposizione e delle altre norme rilevanti in materia trattamento di dati personali comporta l'inutilizzabilità dei dati (art. 11, comma 2).

4.2.2. Titolare, responsabile, incaricati.

Per quanto riguarda i soggetti che effettuano il trattamento, l'art. 28 chiarisce che il «titolare del trattamento», nel caso delle pubbliche amministrazioni, coincide con l'entità nel suo complesso
ovvero con l'unità o l'organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, anziché con la
persona fisica incardinata nell'organo o preposta all'ufficio.

Per le strutture amministrative complesse si suggerisce di avvalersi della facoltà accordata al titolare dall'art. 29 del Codice di designare uno o piú «responsabili del trattamento», fra i soggetti che, per qualità professionali e personali, forniscano idonea garanzia del rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Tale designazione deve essere accompagnata dalla specificazione analitica per iscritto dei compiti affidati e dalla vigilanza periodica sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite e sul generale rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, come previsto dal comma 5 dell'art. 29.

A chiusura del sistema é posta la previsione relativa agli «incaricati del trattamento», i soli che possono materialmente effettuare le operazioni di trattamento di dati personali. Gli incaricati operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, previa designazione espressa per iscritto, contenente la puntuale individuazione dell'ambito del trattamento loro consentito e l'indicazione delle istruzioni cui devono attenersi nello svolgimento del trattamento. Per semplificare tale adempimento, in considerazione della frequenza con cui il personale viene soggetto a rotazione e avvicendamento all'interno delle strutture amministrative, il Codice considera equivalente alla designazione nominativa degli incaricati, la preposizione del personale ad un'unità organizzativa (ad esempio, tramite un ordine di servizio) per la quale venga altresí individuato per iscritto l'ambito del
trattamento consentito agli addetti che operano all'interno della medesima unità.

4.2.3. Informativa agli interessati.

A tutela dell'esercizio del diritto alla protezione dei dati personali il Codice pone in capo ai titolari del trattamento l'obbligo, previsto dall'art. 13, di fornire agli interessati un'adeguata informativa.

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali deve pertanto essere informato oralmente o per iscritto, fra l'altro, delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati, della eventuale obbligatorietà del loro conferimento, delle conseguenze relative al rifiuto di fornire i dati, dei diritti esercitabili dal medesimo interessato, nonché dei dati identificativi del titolare del trattamento e del responsabile. Nel caso di designazione di piú responsabili, il Codice introduce un'ulteriore semplificazione dando possibilità di riportare nell'informativa all'interessato gli estremi identificativi di un solo responsabile indicando contestualmente le modalità attraverso le quali é conoscibile l'elenco completo e aggiornato dei responsabili (ad esempio, attraverso l'indicazione del sito istituzionale dell'amministrazione in cui l'elenco é eventualmente pubblicato).

4.3. Dati sensibili.

L'art. 4, comma 1, lettera d) del Codice definisce dati sensibili «i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».

Il trattamento dei dati sensibili é consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le
rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. Qualora una disposizione di legge non specifichi i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati e le operazioni che possono essere svolte su di essi, le amministrazioni sono tenute ad identificare e rendere pubblici i tipi di dati utilizzabili e le
operazioni eseguibili, in relazione al perseguimento di finalità ritenute dalla legge di rilevante interesse pubblico, aggiornando ed integrando tale identificazione periodicamente (art. 20, commi 1, 2 e
4, del Codice). Al riguardo, la parte II del Codice individua alcune attività di rilevante interesse pubblico, tra le quali assumono rilievo per le pubbliche amministrazioni, a titolo esemplificativo,
le attività finalizzate all'applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi (art. 59), o della normativa in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti o abilitazioni (art. 68), le attività socio-assistenziali (art. 73) e quelle volte all'instaurazione e alla gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro (art. 112).

Nel caso in cui invece le amministrazioni intendano porre in essere un trattamento di dati sensibili che non risulti previsto espressamente da una disposizione normativa di rango primario, esse possono richiedere al Garante se siano ravvisabili i presupposti di rilevante interesse pubblico che ne autorizzano il trattamento, secondo il meccanismo previsto dall'art. 26, comma 2, del Codice. In
tal caso, il trattamento é consentito soltanto se l'amministrazione interessata provveda altresí ad identificare e rendere pubblici i tipi di dati utilizzabili e le operazioni eseguibili con un atto di natura regolamentare (art. 20, comma 3, del Codice, al riguardo, v. piú diffusamente infra la parte relativa ai «Regolamenti»).

4.4. Dati giudiziari.

L'art. 4, comma 1, lettera e) del Codice definisce «dati giudiziari» i dati personali idonei a rivelare provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale indicati dall'art. 3, comma 1, lettere da a) ad o) e da r) ad u) del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

É possibile per le pubbliche amministrazioni trattare tali informazioni quando ció sia previsto da una norma di legge oppure da un provvedimento del Garante che specifichi espressamente le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, i dati personali che possono essere utilizzati e le operazioni di trattamento eseguibili. Nel caso in cui la legge specifichi soltanto le finalità di rilevante interesse pubblico, valgono le prescrizioni relative al trattamento dei dati sensibili, di cui all'art. 20, commi
2 e 4, del Codice per quanto riguarda la necessità di individuare e rendere pubblici attraverso un atto di natura regolamentare i tipi di dati utilizzabili e le operazioni eseguibili (art. 21).

4.5. Regolamenti.

Gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice prevedono che, quando una disposizione di legge abbia specificato le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e
giudiziari che possono essere trattati e le operazioni che possono essere svolte su di essi, le amministrazioni dovranno adottare un apposito regolamento con il quale identificare e rendere pubblici, a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, i tipi di dati utilizzabili e le operazioni eseguibili, in relazione ai fini istituzionali perseguiti e nel rispetto dei principi affermati dall'art. 22 del Codice. L'adozione di tali provvedimenti postula la previa ricognizione di tutte le attività poste in essere dal soggetto pubblico che comportano un trattamento di dati sensibili o giudiziari, nonché la valutazione della indispensabilità dei dati utilizzati e delle operazioni svolte nell'ambito di tali attività
rispetto alle finalità di volta in volta perseguite. I dati trattati vanno indicati per categorie (ad esempio, dati sulla salute, vita sessuale, sull'origine razziale, sull'origine etnica, ecc.), tenendo
conto che le tipologie di dati non individuate nel regolamento non potranno essere trattate.

In altri termini, tramite tali regolamenti dovrà risultare chiaro ai cittadini il collegamento tra le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dalle amministrazioni in relazione ai compiti ad esse attribuiti dall'ordinamento e le modalità con cui vengono effettivamente utilizzate le informazioni che li riguardano. Al fine di dare efficacia al sistema di garanzie delineato dal Codice per i dati sensibili e giudiziari é pertanto necessario che le amministrazioni provvedano a tale identificazione, ove mancante, tramite atti di natura regolamentare, entro il 31 dicembre 2005, previa acquisizione del parere di conformità del Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), del Codice (art. 3, decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito con legge 27 luglio 2004, n. 188, che modifica l'art. 181, comma 1, lettera a) del Codice).

L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni é poi aggiornata e integrata periodicamente, come indicato dall'art. 20 del Codice.

Per rendere piú agevole e rapida l'adozione di tali atti, il Codice prevede che il parere del Garante possa essere formulato anche su schemi tipo. Nel caso in cui gli schemi regolamentari predisposti
dalle amministrazioni corrispondano ai modelli su cui il Garante ha reso un parere conforme, non sarà quindi necessario sottoporli caso per caso allo specifico esame da parte dell'Autorità.

A tal fine, si esortano le amministrazioni ad avviare ogni iniziativa utile ad identificare settori di attività, comuni a piú amministrazioni, per i quali si possa procedere ad un'elaborazione
congiunta di schemi tipo da sottoporre all'attenzione del Garante, anche attraverso i progetti che questo Dipartimento avvierà in collaborazione con il Formez.

4.6. Criteri applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

L'art. 22 indica i criteri applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari. In primo luogo, le pubbliche amministrazioni devono prestare particolare attenzione alla prevenzione di possibili
danni per l'interessato, conformando il trattamento di queste informazioni in modo da prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

In tale contesto assume uno specifico rilievo il principio di indispensabilità, in base al quale possono essere trattati soltanto i dati sensibili e giudiziari indispensabili allo svolgimento di funzioni istituzionali che non potrebbero essere adempiute altrimenti (mediante il ricorso a dati anonimi o dati personali di diversa natura).

Analogamente, sui dati sensibili e giudiziari indispensabili, le amministrazioni possono effettuare unicamente le operazioni di trattamento strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità
consentite nei singoli casi.

Rispetto alla normativa previgente, é confermato infine il divieto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

4.7. Sicurezza dei dati.

Una particolare attenzione é posta dal Codice, negli articoli 31 e seguenti, alle tematiche della sicurezza dei dati e dei sistemi. Il Codice distingue in proposito le misure di sicurezza da adottare
in:

misure idonee e preventive volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta (art. 31);

misure minime, indicate negli articoli 34 e 35 secondo le modalità applicative analiticamente specificate nell'allegato B) al Codice e diversificate a seconda che il trattamento sia effettuato o
meno con strumenti elettronici, ovvero da individuare, ai sensi dell'art. 58, comma 3, in relazione ai trattamenti effettuati per finalità di difesa o coperti da segreto di Stato (art. 33).

La distinzione rileva ai fini sanzionatori perché, mentre l'inosservanza delle misure «minime» configura una condotta penalmente rilevante, ai sensi dell'art. 169 del Codice, l'inosservanza delle misure «idonee» rende il trattamento illecito e, nel caso in cui si cagioni un danno all'interessato, espone l'autore del danno ad eventuali azioni risarcitorie da parte del soggetto leso (art. 15 del Codice).

In particolare, l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza é punita con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro. In questo caso é peró previsto il meccanismo
del «ravvedimento operoso» applicabile a coloro i quali adempiano puntualmente alle prescrizioni impartite dal Garante una volta accertato il reato ed effettuino un pagamento in sede amministrativa
di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda, ottenendo cosí l'estinzione del reato.

4.8. Documento programmatico sulla sicurezza.

Fra le misure minime di sicurezza previste dal Codice rientra anche il Documento programmatico sulla sicurezza (Dps), obbligatorio per chi effettua un trattamento di dati sensibili e giudiziari con
l'ausilio di strumenti elettronici. Tale documento deve contenere, in particolare, l'analisi dei rischi che incombono sui dati personali, l'individuazione degli accorgimenti da adottare per prevenire la loro
eventuale distruzione, perdita accidentale o gli accessi abusivi e la pianificazione degli interventi formativi nei riguardi del personale.

Il Dps deve essere adottato, dall'organo, ufficio o persona fisica a ció legittimata in base all'ordinamento dell'amministrazione e predisposto (o aggiornato per le amministrazioni che erano già tenute a redigere o ad aggiornare il Dps in base alla previgente disciplina) al piú tardi entro il 30 giugno 2005 (art. 6, decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 che modifica l'art. 180 del Codice). Decorso il periodo transitorio connesso all'entrata in vigore del Codice, secondo quanto precisato dal Garante nel parere del 22 marzo 2004, e, quindi a partire dal 2006, il termine per aggiornare annualmente il Dps rimarrà fissato alla scadenza del 31 marzo di ogni anno, come dispone la regola tecnica n. 19 dell'allegato B) al Codice.

Le amministrazioni che per obiettive ragioni di natura tecnica non possono, in tutto o in parte, applicare entro il 30 giugno 2005 le misure minime introdotte dalla nuova disciplina con riferimento agli elaboratori elettronici e ai programmi utilizzati possono avvalersi di un termine piú ampio per l'adeguamento (30 settembre 2005, secondo quanto dispone l'art. 6 del decreto-legge citato), purché predispongano un documento, avente data certa, nel quale sono descritti tali impedimenti tecnici e lo conservino presso la propria struttura. Nell'attesa di adeguare la propria dotazione tecnologica, l'amministrazione é peró tenuta ad adottare ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti, in modo da evitare i rischi, indicati dall'art. 31 del Codice, di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

5. Accesso ai dati e accesso ai documenti.

5.1. Accesso ai dati personali.

É opportuno rammentare alcuni elementi di rilievo introdotti dal Codice in materia di accesso ai dati personali.

Com'é noto, il Codice riconosce all'interessato vari diritti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che trattano i suoi dati personali, tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai dati
che lo riguardano, di ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco se trattati in violazione di legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi (art. 7).

Per esercitare tali diritti l'interessato deve presentare una richiesta all'amministrazione titolare del trattamento (o al responsabile, qualora l'amministrazione si sia avvalsa di tale facolta) senza particolari formalità (art. 9). La richiesta, se non fa riferimento ad un particolare trattamento o a specifici dati o categorie di dati personali, deve ritenersi riferita a tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dall'amministrazione (art. 10) e puó riguardare anche informazioni
di tipo valutativo, salvo per quanto attiene alla loro rettifica o integrazione (art. 8, comma 4).

L'amministrazione destinataria della richiesta é tenuta a fornire un riscontro compiuto ed analitico all'interessato nel termine di 15 giorni dal suo ricevimento, ovvero di 30 giorni, dandone
comunicazione all'interessato, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo (art. 146). Il riscontro puó essere
fornito anche oralmente, tuttavia, in presenza di una specifica istanza, l'amministrazione é tenuta a trasporre i dati su supporto cartaceo o informatico o a trasmetterli all'interessato per via telematica (art. 10).

Si esortano pertanto le amministrazioni a predisporre idonei meccanismi e procedure volti a dare piena attuazione alle disposizioni del Codice in materia di accesso ai dati, in modo da agevolare l'accesso da parte degli interessati alle informazioni che li riguardano, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad una accurata selezione dei dati relativi a singoli soggetti, e da semplificare le modalità e ridurre i tempi per il riscontro agli interessati anche nell'ambito degli uffici per le relazioni con il pubblico.

5.2. Accesso ai dati e accesso ai documenti amministrativi.

Occorre sottolineare, infine, alcuni elementi che differenziano il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti introdotti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali dal diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione. Si tratta, infatti, come ricordato piú volte dal Garante, di due diversi ed autonomi diritti di accesso che differiscono in termini di oggetto e di presupposti del loro esercizio.

Il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti sanciti dal Codice riguardano i dati personali (anziché ad atti e documenti) e possono essere esercitati dalle persone cui i dati si riferiscono
senza particolari formalità e limitazioni, ad eccezione di taluni diritti che richiedono una specifica situazione (ad esempio, la rettifica puó essere richiesta solo in relazione a dati inesatti e la cancellazione solo nei confronti di dati utilizzati in violazione di legge) e dei casi di esclusione tassativamente indicati dal Codice (art. 8). In particolare, ai fini dell'esercizio del diritto di
accesso ai dati, l'interessato non é tenuto ad esplicitare le ragioni della sua richiesta di accesso, che puó concernere soltanto le informazioni riferite alla propria persona e non puó essere estesa ai dati relativi a terzi.

Il diritto di accesso ai documenti é, invece, garantito solo in riferimento a documenti della pubblica amministrazione e di determinati altri soggetti da parte di chiunque sia portatore di un interesse personale e qualificato per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché da parte di amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

Per ció che concerne le modalità di riscontro al richiedente, nel caso di esercizio del diritto di accesso ai dati, l'amministrazione é tenuta ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutte le
informazioni di carattere personale che riguardano l'interessato, riportate anche su supporto informatico, e a comunicarle a quest'ultimo in forma idonea a renderle facilmente comprensibili. A
differenza dell'accesso ai documenti, l'amministrazione non pertanto é obbligata ad esibire o a consegnare copia all'interessato di atti o documenti contenenti le informazioni che lo riguardano o
(eventualmente) anche dati relativi a terze persone, a meno che l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa e le informazioni relative ai richiedenti e ai terzi siano intrecciate al
tal punto da risultare incomprensibili se scomposte o private di alcuni elementi (art. 10, commi 4 e 5).

5.3. Tutela giurisdizionale.

Per quanto riguarda la tutela in sede giudiziaria del diritto di accesso ai dati personali e degli altri diritti sanciti dal Codice, la nuova disciplina prevede che «tutte le controversie riguardanti,
comunque, l'applicazione delle disposizioni del Codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione» competono all'autorità giudiziaria ordinaria (art. 152).

In relazione alla tutela in sede giudiziaria del diritto di accesso agli atti amministrativi, la legge n. 241/1990 ha disposto, invece, all'art. 25, comma 5, che contro le determinazioni amministrative
concernenti il diritto di accesso e nei casi di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento dell'accesso é dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al Tribunale amministrativo regionale.

Al riguardo é emerso un indirizzo nella giurisprudenza amministrativa, in via generale condiviso anche dalla Corte di Cassazione (si veda Cassazione civile, sez. un., 28 maggio 1998, n. 5292), in base al quale si deve riconoscere l'esistenza di una giurisdizione esclusiva amministrativa per quanto riguarda le valutazioni di legittimità degli atti amministrativi che decidono sulla richiesta di accesso, a prescindere dalla consistenza della posizione giuridica fatta valere e ció anche nei casi in cui
l'amministrazione, nel perseguire i propri interessi abbia agito quale soggetto di diritto privato (si veda Consiglio di Stato, sez. IV, 3 agosto 1995, n. 589).

6. Tematiche di interesse in materia di gestione del personale.

Com'é noto poiché la pubblica amministrazione si caratterizza per essere una organizzazione produttiva basata sul lavoro, la gestione delle risorse umane, fra le attività da essa compiute, riveste un ruolo essenziale che si interseca con la potestà organizzativa attribuita alle amministrazioni. In tale ambito, occorre porre una particolare attenzione ai principi posti dal Codice.

I profili relativi alla tutela della riservatezza sono ben noti alle pubbliche amministrazioni ed in particolare agli uffici cui compete la gestione del personale. Questi ultimi detengono ed acquisiscono un numero elevato di informazioni relative ai dipendenti dell'amministrazione. Da ció deriva la necessità di una preliminare ricognizione delle proprie attività alla luce delle norme vigenti che deve essere costantemente aggiornata. Al riguardo, vale la pena di ricordare alcuni dei problemi emersi in questi ultimi anni ed evidenziati in diverse occasioni dal Garante.

Dal momento che le pubbliche amministrazioni raccolgono, sempre piú spesso attraverso tecnologie informatiche, un numero rilevante di dati, sia in relazione ai compiti di istituto, sia in relazione alla gestione del personale dipendente (per tutte le fasi relative al rapporto di lavoro, dall'accesso all'estinzione), occorre rammentare in primo luogo che la configurazione e la gestione di queste banche dati deve essere realizzata nel rispetto del principio di necessità sancito dall'art. 3 del Codice (v. piú diffusamente supra la parte relativa ai «Principi e gli obblighi»).

In via generale, nel titolo VIII della Parte II del Codice, intitolato «Lavoro e previdenza sociale», l'art. 112, considera di rilevante interesse pubblico una serie di trattamenti di dati sensibili e giudiziari attinenti ai lavoratori e finalizzati all'instaurazione e alla gestione da parte di soggetti pubblici di
rapporti di lavoro di qualunque tipo dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. Tra tali trattamenti sono compresi, in particolare, quelli effettuati al fine di accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, o la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio (art. 112, comma 2, lettera c), di adempiere agli obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico del personale, nonché ai relativi obblighi retributivi, fiscali e contabili (lettera d), di adempiere a specifici obblighi o compiti previsti in materia di igiene e sicurezza del lavoro (lettera e), di svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile dei dipendenti (lettera g).

In particolare, in tema di pubblicazione di graduatorie delle procedure di selezione del personale, si sottolinea la necessità di verificare che le indicazioni contenute nelle graduatorie non comportino la divulgazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di utilizzare, piuttosto, diciture generiche o codici numerici, in modo da non incorrere nel divieto di diffondere i dati attinenti alla salute sancito dall'art. 22, comma 8, del Codice.

Analoghe cautele devono essere adottate nella redazione di graduatorie relative alla concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti o abilitazioni. L'inserimento in tali atti, destinati alla pubblicazione, di informazioni riguardanti lo stato di salute degli iscritti (ad esempio relative allo stato di disabilità di un componente il nucleo familiare di uno dei beneficiari) contrasta, infatti, con la disciplina sulla protezione dei dati personali che vieta ai soggetti pubblici, autorizzati a concedere specifici benefici connessi all'invalidità civile, di diffondere i dati relativi allo stato di salute dei soggetti beneficiari (art. 68 del Codice). L'adozione di tali accorgimenti, peraltro, non deve pregiudicare la possibilità per le persone a ció legittimate di
accedere ad eventuali altre informazioni relative agli iscritti in graduatoria, anche sensibili, in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di accesso alla documentazione amministrativa.

Un altro aspetto che, oltre ad impegnare particolarmente le amministrazioni, ha suscitato alcuni interventi giurisprudenziali, riguarda le richieste di accesso agli elaborati concorsuali. Sul punto si rimanda, piú in generale, alla parte successiva nella quale si richiamano gli attuali orientamenti giurisprudenziali in tema di diritto di accesso agli atti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Sul versante della gestione dei dati personali dei dipendenti molti sono gli aspetti di rilievo. Per quanto concerne i dati contenuti nei fascicoli personali, il Garante ha avuto modo in alcune occasioni di sottolineare che le certificazioni mediche rese a giustificazione di assenze per malattia devono contenere soltanto la prognosi e non la diagnosi relativa alla patologia sofferta dal lavoratore.

L'amministrazione, che non é legittimata a trattare questi dati, deve quindi adoperarsi per oscurare le diagnosi eventualmente riportate su certificati medici già detenuti ed adottare opportuni accorgimenti anche verso lavoratori e medici affinché vengano prodotti soltanto certificati dai quali risulti la sussistenza e la durata dello stato di incapacità del lavoratore, senza alcuna indicazione diagnostica.

Inoltre l'art. 113 del Codice richiama il disposto dell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il quale stabilisce che «é fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso
dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore».

Altro tema di grande attualità é quello della vigilanza sulle comunicazioni elettroniche e sull'utilizzo di Internet sul posto di lavoro rispetto al quale si richiama il documento di lavoro delle autorità europee di protezione dei dati riunite nel Gruppo dei Garanti europei, istituito ai sensi dell'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, adottato il 29 maggio 2002 (1), nonché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Riguardo al tema del controllo dei lavoratori, occorre rammentare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa e le altre garanzie previste in materia di lavoro dall'art. 4 della legge n. 300/1970 richiamato dal Codice. Tali garanzie devono essere rispettate, in particolare, nel caso di installazione nei locali dell'amministrazione di impianti di videosorveglianza per motivi di sicurezza o per esigenze organizzative e dei processi produttivi, tenendo presente l'obbligo di informare, anche con formule sintetiche, i dipendenti ed i visitatori che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione (art. 13 del Codice).

Sulla specifica questione si ricordano gli indirizzi formulati dal Gruppo dei Garanti europei, nel parere dell'11 febbraio 2004, n. 4, sul trattamento dei dati personali tramite videosorveglianza (2) e il provvedimento del 29 aprile 2004 del Garante con cui sono state indicate le condizioni di liceità della installazione di sistemi di videosorveglianza. In particolare, l'Autorità ha ribadito che i soggetti pubblici possono attivare sistemi di videosorveglianza solo in quanto siano strumentali allo svolgimento delle loro funzioni istituzionali e ha affermato che tale installazione é lecita solo se
é proporzionata agli scopi che si intendono perseguire (art. 11, comma 1, lettera d) del Codice), essendo altre misure realmente insufficienti e inattuabili (ad esempio, sistemi d'allarme o misure
di protezione agli ingressi).

Al riguardo, occorre altresí valutare se sia realmente necessario raccogliere immagini dettagliate, definendo di conseguenza la dislocazione e la tipologia delle apparecchiature da installare (fisse o mobili), e limitare rigorosamente la creazione di banche dati quando, per le finalità perseguite, é sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza registrazione (ad esempio, per il controllo del flusso ad uno sportello). In armonia con il principio di necessità sancito dal Codice (art. 3), attraverso tali sistemi é poi possibile riprendere persone identificabili soltanto se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi. I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono inoltre essere informati della rilevazione dei dati (art. 13 del Codice). In proposito, si rammenta che con il provvedimento citato il Garante ha messo a disposizione un modello semplificato di informativa, la quale deve essere chiaramente visibile ed indicare chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi.

Infine, sulla base dell'art. 111 del Codice, é prevista l'adozione, attraverso un procedimento che coinvolgerà le categorie interessate, di un codice di deontologia e buona condotta relativo al
trattamento dei dati personali in materia di gestione del rapporto di lavoro. Le disposizioni del codice deontologico una volta pubblicate nella Gazzetta Ufficiale a cura del Garante, previa verifica della loro conformità alle leggi e ai regolamenti, acquisiranno efficacia giuridica vincolante, poiché il loro rispetto costituirà «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali» effettuato anche da parte dei soggetti pubblici nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro (art. 12 del Codice).

7. L'accesso agli atti amministrativi e la tutela della riservatezza:

Il contemperamento degli interessi e gli orientamenti giurisprudenziali.

Come noto il problema di fondo relativo all'applicabilità della normativa sulla tutela della riservatezza alle pubbliche amministrazioni é basato sulla possibile contrapposizione fra il principio della trasparenza dell'azione amministrativa, e quindi della pubblicità e conoscibilità degli atti delle pubbliche amministrazioni, sancito dalla legge n. 241/1990, ed il principio della tutela della riservatezza. Entrambi i principi derivano dalla Carta costituzionale essendo rispettivamente espressione dell'imparzialità e del buon andamento e della tutela dei diritti inviolabili della persona.

Tali principi assumono una rilevanza assoluta per le pubbliche amministrazioni, poiché le norme che ne hanno dato attuazione concreta hanno permeato profondamente e diretto incisivamente l'attività amministrativa.

Nell'impianto della legge n. 241/1990 la tutela della riservatezza costituisce un limite al diritto di accesso (si veda l'art. 24, comma 2, lettera d), quale eccezione alla regola della accessibilità agli
atti amministrativi. Tale intendimento é stato successivamente riconfermato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento sulla disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel quale si prevede che l'interessato possa avere visione degli atti relativi al procedimento amministrativo quando ció sia necessario per curare e difendere i propri interessi giuridici.

Negli anni successivi il dibattito si é dipanato intorno al tema della comparazione dei valori contrapposti, articolandosi essenzialmente sulla contrapposizione fra tutela del diritto alla
riservatezza da un lato e tutela del diritto di accesso ai documenti per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante.

La possibilità che i regolamenti di delegificazione, ai quali la legge n. 241/1990 aveva demandato la disciplina dei limiti oggettivi all'esercizio del diritto di accesso, fornissero elementi efficacemente dirimenti, non si é verificata, poiché questi si sono limitati, essenzialmente, ad indicare i documenti sottratti all'accesso.

Le amministrazioni, pertanto, per lungo tempo si sono trovate nella situazione di dover valutare caso per caso quale fosse l'esigenza prevalente, di fatto svolgendo una funzione di composizione degli
interessi.

Alcuni punti di riferimento sono stati elaborati, soprattutto, dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale ha sempre ritenuto che dovesse sempre soccorrere la disciplina legislativa (si
veda ad esempio Consiglio di Stato, sez. V, 5 maggio 1999, n. 518).

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 5 del 4 febbraio 1997, in linea con lo spirito della disciplina sulla trasparenza amministrativa, ha affermato che tale disciplina accorda
prevalenza al principio di pubblicità rispetto a quello di tutela della riservatezza, consentendo l'accesso anche nei confronti di documenti contenenti dati riservati, sempre che l'istanza ostensiva
sia sorretta dalla necessità di difendere i propri interessi giuridici e con il limite modale della sola visione, non essendo percorribile la modalità piú penetrante e potenzialmente lesiva dell'estrazione di copia.

Con riferimento, invece, all'accesso a documenti amministrativi contenenti dati sensibili, il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, integrando la normativa sul trattamento di questi dati da parte
dei soggetti pubblici (art. 16), aveva già colmato il vuoto normativo determinato dall'assenza di una espressa previsione legislativa relativa all'accesso a documenti contenenti informazioni sensibili.

Rispetto alla normativa previgente, il Codice conferma la compatibilità delle disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi con quelle in materia protezione dei dati personali, stabilendo che i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge n. 241/1990 e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ció che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso (art. 59). La nuova disciplina, inoltre, riproduce la
previsione già contenuta nell'art. 16 del decreto legislativo n. 135/1999, in materia di trattamenti di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, considerando le attività finalizzate all'applicazione della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di rilevante interesse pubblico.

Per ció che concerne i limiti al diritto di accesso, nel caso in cui i documenti amministrativi oggetto della richiesta di accesso contengono dati attinenti la salute e la vita sessuale, il Codice, risolvendo alcuni dubbi interpretativi sorti sulla base del citato art. 16 del decreto legislativo n. 135/1999 ed in linea con l'orientamento interpretativo espresso al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa (C.d.S., sez. VI, n. 1882/2001), dispone che il trattamento dei dati sensibili finalizzato a
permettere l'accesso é consentito soltanto se la situazione giuridica che si intende tutelare con la richiesta di accesso é «di rango almeno pari ai diritti dell'interessato», ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile (art. 60).

In proposito il Consiglio di Stato ha sostenuto che tale valutazione deve essere fatta in concreto «in modo da evitare il rischio di soluzioni precostituite poggianti su una astratta scala gerarchica dei diritti in contesa» (C.d.S. Sez. VI, 30 marzo 2001, n. 1882 e 9 maggio 2002, n. 2542; cfr. anche C.d.S. Sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9276). (3)

Con il provvedimento del 9 luglio 2003, il Garante ha affrontato la questione, riferendosi in particolare alle richieste di accesso a cartelle cliniche, ma fornendo indicazioni utili anche per altri tipi
di documenti detenuti in ambito pubblico, la cui ostensibilità a persone diverse dall'interessato impone comunque una valutazione sul rango dei diversi diritti coinvolti da parte dell'amministrazione
destinataria della richiesta di accesso.

In tale provvedimento, l'Autorità ha precisato, in particolare, che occorre avere presente, quale elemento di raffronto per il bilanciamento degli interessi, non già il diritto alla tutela giurisdizionale, che pure é costituzionalmente garantito, bensí il diritto soggettivo sottostante, che si intende far valere sulla base del materiale documentale di cui si vorrebbe avere conoscenza. La comunicazione di dati che rientrano nella sfera di riservatezza dell'interessato puó ritenersi giustificata e legittima solo se il diritto del richiedente rientra nella categoria dei diritti della personalità o é compreso tra altri diritti fondamentali ed inviolabili.

Per ció che riguarda invece l'accesso agli elaborati concorsuali, si rammenta che la giurisprudenza amministrativa propende per la tesi favorevole all'accesso. Ció in considerazione del fatto che, essendo gli elaborati concorsuali, per loro natura destinati ad una valutazione e ad una comparazione, la riservatezza delle prove non puó essere ritenuta prevalente rispetto all'esigenza di difesa di interessi giuridici. Pertanto il diritto all'accesso puó essere fatto valere anche prima che si verifichi una lesione concreta e si esplica fino al diritto ad avere copia degli elaborati e dei titoli
degli altri candidati (si vedano Consiglio di Stato, sez. IV, 13 gennaio 1995, n. 5; Consiglio di Stato, sez. VI, 13 settembre 1996, n. 1221). Piú recentemente la giurisprudenza amministrativa ha
affermato un principio di maggiore cautela, cioé quello della pertinenza, in base al quale l'accesso agli atti di una procedura concorsuale deve essere consentito, previa garanzia dell'anonimato
degli altri concorrenti, in relazione alle stesse prove sostenute dal richiedente (si veda TAR Toscana, sez. I, 9 marzo 1999, n. 146).

Le amministrazioni avvieranno tutte le iniziative di informazione e formazione dirette ad accrescere la conoscenza del Codice e della presente direttiva al fine di favorire, in particolare, l'attuazione delle regole per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari.

I Ministeri provvederanno a sollecitare le amministrazioni da esse vigilate perché predispongano, nei termini previsti, gli atti regolamentari di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice.

La presente direttiva é inviata all'Ispettorato per la funzione pubblica al quale é demandata dall'ordinamento l'attività di vigilanza e verifica dell'attuazione e corretta applicazione delle riforme amministrative, con particolare riferimento alle innovazioni piú significative in tema di rapporti tra cittadini e amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dal decreto sull'organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica in corso di pubblicazione.

Roma, 11 febbraio 2005

Il Ministro per la funzione pubblica: Baccini

Registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 2005

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro n. 4, foglio n. 224

(1) Reperibile all'indirizzo:
http://www.europa.eu.int/comm/internal market/privacy/workingroup/wp2002/wpdocs02 en.htm
(2) Reperibile all'indirizzo:
http://www.europa.eu.int/comm/internal market/privacy/workingroup/wp2004/wpdocs04 en.htm
(3) Su questa linea interpretativa si é mossa la giurisprudenza successiva (cfr. ad es. TAR Lazio, sez. Latina, 15 novembre 2002, n. 1179; TAR Abruzzo, sez. Pescara, 14 giugno 2002, n. 533; TAR Lazio, 8 marzo 2004, n. 4874; TAR Liguria, 26 febbraio 2004, n. 414).

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE OTORGA FACULTAD AL FISCAL PARA LA INTERVENCIÓN Y CONTROL DE COMUNICACIONES Y DOCUMENTOS PRIVADOS EN CASO EXCEPCIONAL

Artículo 1º.- Marco y finalidad

La presente Ley tiene por finalidad desarrollar legislativamente la facultad constitucional otorgada a los jueces para conocer y controlar las comunicaciones de las personas que son materia de investigación preliminar o jurisdiccional.

Solo podrá hacerse uso de la facultad prevista en la presente Ley en los siguientes delitos:

1. Secuestro.

2. Trata de personas.

3. Pornografía infantil.

4. Robo agravado.

5. Extorsión.

6. tráfico ilícito de drogas.

7. tráfico ilícito de migrantes.

8. Delitos contra la humanidad.

9. Atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria.

10. Peculado.

11. Corrupción de funcionarios.

12. Terrorismo.

13. Delitos tributarios y aduaneros.

14. Lavado de activos.

(Nueva redacción dada por la Disposición Complementaria Modificatoria quinta de la Ley nº 30.077, de 20 de agosto de 2013, contra el crimen organizado)

Artículo 2º Normas sobre recolección, control de comunicaciones y sanción

1.- Se entiende por «Comunicación» a cualquier forma de transmisión del contenido del pensamiento, o de una forma objetivada de éste, por cualquier medio. Para efectos de esta Ley, no interesa que el proceso de transmisión de la comunicación se haya iniciado o no.

2.- Se entiende por «medio» al soporte material o energético en el cual se porta o se transmite la comunicación. Para efectos de esta Ley tiene el mismo régimen que la comunicación misma.

3.- La intervención de comunicaciones en el marco del inciso décimo del artículo 2º de la Constitución y de la presente Ley, se desenvuelve en dos fases:

a) La recolección: Mediante la cual se recoge o se registra la comunicación y/o su medio.

La recolección puede hacerse sobre una comunicación en específico, o sobre un conjunto de comunicaciones indeterminadas, dentro de las que es probable -según razones que deberán fundamentarse debidamente en la solicitud a que se refiere esta Ley- que se halle alguna que tenga utilidad para la investigación.

b) El control.- Por medio del cual se toma un conocimiento oficial de su contenido y se desechan las comunicaciones o las partes de la comunicación que no tienen interés para efectos de la investigación.

4.- El encargado de ambas fases es el Fiscal a cargo de la investigación, que para efectos de esta Ley se denominará «Fiscal Recolector».

5.- El Fiscal Recolector podrá contar con el auxilio del personal del Ministerio Público, de la Policía Nacional del Perú y de personas naturales o jurídicas expertas en la actividad de recolección o de control, si las características de la comunicación así lo requiriese. Todas estas personas están obligadas a guardar reserva sobre la información a que lleguen a tomar conocimiento a propósito de la intervención, bajo responsabilidad penal, civil y administrativa.

6.- Están facultados para solicitar al Juez, que autorice la intervención el Fiscal de la Nación, en los casos materia de su investigación, los Fiscales Penales y los Procuradores Públicos. Esta facultad se entiende concedida a tales funcionarios, en tanto que encargados de los procesos por los delitos a que se refiere el Artículo 1º de esta Ley. De la denegatoria de la autorización procede recurso de apelación ante el superior jerárquico, dentro del día siguiente de enterado o notificado.

7. La solicitud que se presente estará debidamente sustentada y contendrá todos los datos necesarios. (Nueva redacción dada por la Disposición Complementaria Modificatoria quinta de la Ley nº 30.077, de 20 de agosto de 2013, contra el crimen organizado)

Tendrá como anexo los elementos indiciarios que permitan al Juez emitir bajo su criterio la respectiva autorización. (Nueva redacción dada por la Disposición Complementaria Modificatoria quinta de la Ley nº 30.077, de 20 de agosto de 2013, contra el crimen organizado)

El Juez, después de verifi car los requisitos establecidos en el primer párrafo de este numeral, emitirá resolución autorizando la realización de la medida hasta por el plazo estrictamente necesario, que no será mayor que el período de la investigación en el caso de la interceptación postal, y de sesenta días excepcionalmente prorrogables por plazos sucesivos a solicitud del Fiscal y mandato judicial debidamente motivado, en el caso de la intervención de las comunicaciones. (Nueva redacción dada por la Disposición Complementaria Modificatoria quinta de la Ley nº 30.077, de 20 de agosto de 2013, contra el crimen organizado)

8.- La solicitud y su concesión harán las especificaciones que sean necesarias para distinguir las distintas clases de recolección y de control que la naturaleza de las comunicaciones intervenidas o interveníbles exijan. Dentro de estas especificaciones se tomarán en cuenta, entre otros factores:

a) Si la comunicación es una determinada; si se va a dar probablemente dentro de un conjunto indeterminado de comunicaciones; o si es una comunicación cierta que sucederá dentro de circunstancias determinadas.

b) Si la comunicación se dará en el futuro o ya se dio en el pasado.

c) Si la comunicación es accesible a toda personas que la perciba, a ella o su medio, o si se encuentra cerrada o encriptada.

d) Si se han hecho uso de medios destinados a encubrir la identidad del emisor o del receptor de la comunicación, o de cualquier otra persona, hecho o circunstancia que se mencionen en la comunicación; así como la puesta de cualquier dificultad  destinada a impedir el acceso o la identificación de la comunicación, de sus partes, o de la información en ella mencionada.

9.- Hecha la recolección, se procederá a efectuar el control por parte del Fiscal Recolector. Sobre el control y sobre su resultado, la personas interesada que se sienta afectada podrá ejercer derecho de contradicción y defensa, según estime conveniente.

10.- Con el solo hecho de mencionarlo en su solicitud, el Fiscal Recolector estará facultado para ir haciendo controles de modo periódico, sobre lo que se vaya recolectando parcialmente, si es que el modo de recolección fuese compatible con esa metodología.

11.- De descubrirse indicios de otros hechos delictivos, se comunicará el descubrimiento al Juez competente, para que éste disponga la pertinencia o no de su utilización en la investigación en curso (en vía de ampliación) o para que el Ministerio Público evalúe si hay mérito para iniciar investigación penal sobre el tema descubierto.

12.- El Juez dará atención preferente e inmediata a las solicitudes que se fundamenten en una urgencia sustentada por el Fiscal Recolector.

13.- El Juez que autoriza    su personal auxiliar, el Fiscal Recolector así como el personal auxiliar del Ministerio Público, de la Policía Nacional del Perú, peritos, los Procuradores Públicos y demás personas naturales o jurídicas autorizadas en el proceso de investigación deberán guardar reserva sobre la información que obtengan.

El incumplimiento de este deber se sancionara con inhabilitación conforme a ley para el ejercicio de la función pública, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que el Ordenamiento Jurídico prevé.

Artículo 3º.- Participación del Ministerio Público

Según  las atribuciones dadas en el inciso 4º del Artículo 159º de la Constitución Política, y en los artículos 9º y 14 del Decreto Legislativo nº 052, corresponde al Ministerio Público realizar la intervención a que se refiere la presente Ley, contando siempre para el efecto con la autorización del Juez competente. Los resultados de la intervención se incorporarán a la investigación y son considerados por el Poder Judicial, en el momento de la forma establecida en el ordenamiento jurídico.

Si no hubiese abierta una instrucción al momento de solicitarse la intervención a que se refiere la presente Ley, el Fiscal Recolector acudirá al Juez competente, el cual está obligado a dar una respuesta a la solicitud con resolución debidamente motivada.

Artículo 4º.- Extensión de la cobertura a otros documentos privados   

Lo dispuesto en la presente Ley se aplica también para los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos, así como a todo otro documento privado que pueda ser útil para la investigación.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- Derógase el inciso 3º del Artículo 2º de la Ley nº 27.379 y déjese sin efecto el artículo 5º de la misma Ley, en lo que corresponda a la materia de la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los diez días del mes de abril de dos mil dos

CARLOS FERRERO, Presidente del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA, Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de abril del año dos mil dos

RAÚL DIEZ CANSECO TERRY, Primer Vicepresidente de la República. Encargado del Despacho Presidencial

ROBERTO DAÑINO ZAPATA, Presidente del Consejo de Ministros

FERNANDO OLIVERA VEGA, Ministro de Justicia 

Décret nº 2005-309 du 1er avril 2005 modifiant les articles D. 5121-64 et D. 5121-65 du code de la santé publique.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5121-8, L. 5121-16 et L. 5136-1,

Décrète :

Article 1.

I. – Le 2° de l'article D. 5121-64 du code de la santé publique est modifié comme suit :

1° Au a, les mots : » 4° de l'article R. 5121-29 » sont remplacés par les mots : » 3° de l'article R. 5121-29 » ;

2° Au b, les mots : » la dernière phrase du 3° de l'article R. 5121-29 » sont remplacés par les mots : » la dernière phrase du 2° de l'article R. 5121-29 « ;

3° Au c, les mots : » b du 3° de l'article R. 5121-29 « sont remplacés par les mots : » b du 2° de l'article R. 5121-29 «.

II. – Au premier alinéa du 3° de l'article D. 5121-64 du code de la santé publique, les mots : » la dernière phrase du 3° de l'article R. 5121-29 » sont remplacés par les mots : » la dernière phrase du 2° de l'article R. 5121-29 «.

III. – Le 4° de l'article D. 5121-64 du code de la santé publique est modifié comme suit :

1° Au a, les mots : » la dernière phrase du 3° de l'article R. 5121-29 » sont remplacés par les mots : » la dernière phrase du 2° de l'article R. 5121-29 » ;

2° Au b, les mots : » 3° de l'article R. 5121-29 » sont remplacés par les mots : » 2° de l'article R. 5121-29 «.

IV. – Au 5° de l'article D. 5121-64 du code de la santé publique, les mots : » 2° de l'article R. 5121-29 « sont remplacés par les mots : » 1° de l'article R. 5121-29 «.

V. – Au 6° de l'article D. 5121-64 du code de la santé publique, les mots : » au 1° de l'article R. 5121-29 ou aux articles R. 5121-37 et R. 5121-41 « sont remplacés par les mots : » aux articles R. 5121-37, R. 5121-41 et R. 5121-41-3 à R. 5121-41-5 ou en application du règlement (CE) no 1084/2003 du 3 juin 2003, à l'exception du cas où la modification est relative à un ou des usages thérapeutiques différents «.

Article 2. Au 2° de l'article D. 5121-65 du code de la santé publique, les mots : » au a du 3° de l'article R. 5121-29 ou aux articles R. 5121-37 et R. 5121-41 « sont remplacés par les mots : «aux articles R. 5121-37, R. 5121-41 et R. 5121-41-3 à R. 5121-41-5 ou en application du règlement (CE) no 1084/2003 du 3 juin 2003 «.

Article 3. Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes déposées à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 4. Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 2005.

Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

CAPITULO I.- DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL (SEN)

Artículo 1º.-

Créase el Sistema Estadístico Nacional que se integrará con el Instituto Nacional de Estadística, las Oficinas de Estadística de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral, del Tribunal de Cuentas, de los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y de los Gobiernos Departamentales.

Artículo 2º.-

Tendrá como cometido disciplinar la planificación, elaboración y difusión de las estadísticas que realicen los organismos públicos que lo integran, con la finalidad de que las mismas se ajusten a criterios de integración, coordinación, racionalidad y veracidad.

Para alcanzar los fines establecidos y cumplir las obligaciones que se le imponen, son materia de su competencia, además de las que resulten explícita o implícitamente del derecho vigente:

A) Realizar la producción y difusión de estadísticas confiables y oportunas para un mejor conocimiento de la realidad nacional.

B) Orientar la elaboración de estadísticas ajustadas a los principios establecidos en la presente ley.

C) Capacitar al personal de las oficinas de estadística, formando técnicos en materia estadística e ilustrar a los usuarios a efectos de una mejor comprensión de la información que suministre.

D) Fomentar el desarrollo de la estadística y su aplicación como instrumento de investigación.

Artículo 3º.–

Los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional deben servir con objetividad los fines de su creación con sometimiento pleno al derecho y deben actuar de acuerdo con los siguientes principios generales: secreto estadístico, pertinencia, transparencia, rigurosidad, autonomía, técnica, comparabilidad, eficiencia, centralización normativa, descentralización operativa, legalidad objetiva y motivación de la decisión.

El secreto estadístico obliga a tratar los datos individuales proporcionados por la fuente de información con la más absoluta confidencialidad, de forma tal de no revelar la identificación de dichas fuentes.

La pertinencia es el vínculo que debe existir entre los datos solicitados a la fuente de información y los objetivos de la actividad estadística para la cual dichos datos, son recabados.

La transparencia es el derecho de las fuentes de información de conocer los objetivos de la actividad estadística para la cual se solicitan los datos, y si los mismos estarán amparados por el secreto estadístico.

La rigurosidad consiste en la aplicación sistemática de los principios, métodos y procedimientos generalmente aceptados por la técnica y la ciencia estadística.

La autonomía técnica consiste en el desarrollo de las actividades estadísticas con independencia y objetividad, basándose exclusivamente en los principios estadísticos.

La comparabilidad a nivel internacional, es el adaptar en lo pertinente las definiciones, clasificaciones y procedimientos recomendados por los organismos internacionales especializados en estadística y las prácticas más extendidas en la materia.

La eficiencia es la relación entre el valor de los resultados de la actividad estadística y el costo generado para obtenerlos, teniendo en cuenta el uso adecuado de los recursos disponibles.

La centralización normativa consiste en la adopción, por parte de todas las oficinas de estadística, de las normas sobre conceptos, definiciones, clasificadores y metodologías propuestas por el organismo rector.

La descentralización operativa consiste en asignar la producción estadística a las respectivas oficinas de estadística, según su competencia por áreas temáticas.

La legalidad objetiva implica ajustar la actividad estadística al orden normativo vigente.

La motivación de la decisión consiste en la obligación de fundamentar las decisiones que se adopten en el área estadística.

CAPITULO II.- DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, LAS UNIDADES COORDINADORAS SECTORIALES Y LAS OFICINAS PRODUCTORAS

Artículo 4º.-

El Instituto Nacional de Estadística es el órgano rector del Sistema Estadístico Nacional y conforme al principio de centralización normativa y en ejercicio de su autonomía técnica en las materias de su competencia, establecerá las normas sobre conceptos, definiciones, clasificaciones y metodologías estadísticas, a las que deben ajustarse las oficinas de estadística, que constituyen el Sistema Estadístico Nacional, todo lo cual con sometimiento pleno al orden constitucional y legal.

La producción estadística será asignada- conforme al principio de descentralización operativa- a las distintas oficinas de estadística según las áreas temáticas correspondientes.

Artículo 5º.-

El Instituto Nacional de Estadística dependerá jerárquicamente de la Comisión de Planeamiento y Presupuesto (literal 0) de las Disposiciones Transitorias y Especiales de la Constitución de la República sin perjuicio de la autonomía técnica que se le otorga por la presente ley.

Artículo 6º.–

Las Oficinas que integran el Sistema Estadístico Nacional revestirán el carácter de Unidades Coordinadoras Sectoriales o de Oficinas Productoras, según lo determine el Instituto Nacional de Estadística.

Artículo 7º.-

Son cometidos principales del Instituto Nacional de Estadística:

A) Coordinar y supervisar el Sistema Estadístico Nacional con atribuciones de asesoramiento, contralor y evaluación de su desarrollo.

B) Establecer las normas técnicas que deberán aplicarse en cuanto a conceptos, definiciones, clasificaciones y metodologías por parte de las oficinas de estadística del Sistema Estadístico Nacional.

C) Formular el Plan Estadístico Nacional.

D) Elaborar, publicar y difundir las estadísticas de su competencia.

E) Otorgar el carácter de estadística oficial a las estadísticas producidas por los integrantes del Sistema Estadístico Nacional.

F) Brindar cursos de capacitación al personal de las Oficinas de Estadísticas.

G) Fomentar la investigación estadística.

H) Instalar en el interior del país las Oficinas Regionales de Estadística que considere necesarias.

I) Celebrar convenios para efectuar investigaciones, realizar trabajos y prestar servicios de carácter estadístico.

Artículo 8º.-

Son cometidos principales de las Unidades Coordinadoras Sectoriales:

A) Elaborar el Plan Estadístico Sectorial con la colaboración de las respectivas Oficinas Productoras y proponerlo al Instituto Nacional de Estadística para su consideración en el marco del Plan Estadístico Nacional.

B) Coordinar y supervisar la ejecución del Plan Estadístico Sectorial, con atribuciones de asesoramiento, contralor y evaluación de su desarrollo de acuerdo con las normas técnicas dictadas por el Instituto Nacional de Estadística.

C) Ejecutar las actividades estadísticas que correspondan a su sector o encomendar su ejecución a otra Oficina Productora del mismo.

Artículo 9º.-

Son cometidos principales de las Oficinas Productoras de Estadística:

A) Colaborar con las Unidades Coordinadoras Sectoriales en la elaboración del Plan Estadístico Sectorial.

B) Ejecutar las actividades estadísticas que le sean asignadas por la respectiva Unidad Coordinadora Sectorial para el cumplimiento del Plan Estadístico Nacional.

CAPITULO III.- PLAN ESTADISTICO NACIONAL

Artículo 10º.-

El Plan Estadístico Nacional es el resultado sistematizado de las actividades de las Oficinas de Estadística que integran el Sistema Estadístico Nacional, en períodos no inferiores a tres años y organizadas en programas anuales.

Será formulado por el Instituto Nacional de Estadística en base a los Planes Estadísticos Sectoriales con la colaboración de las Oficinas Productoras y será elevado al Poder Ejecutivo para su aprobación.

Artículo 11º.-

Las Oficinas de Estadística integrantes del Sistema Estadístico Nacional quedan facultadas para efectuar actividades estadísticas complementarias a las del Plan, aunque no estuvieran previstas en el mismo, con la condición de comunicarlas previamente al Instituto Nacional de Estadística.

Artículo 12º.–

Las Unidades Coordinadoras Sectoriales presentarán ante el Instituto Nacional de Estadística, antes del 30 de junio de cada año, una memoria anual conteniendo una evaluación de las actividades estadísticas realizadas en el año anterior y una propuesta de actividades estadísticas complementarias para el siguiente año, si correspondiere.

CAPITULO IV.- DE LA RECOLECCION DE DATOS, SECRETO ESTADISTICO Y DIFUSION DE LA INFORMACION

Artículo 13º.-

Se considera fuente de información a toda persona física o jurídica que se encuentre, en forma permanente o transitoria, en el territorio nacional.

Los datos brindados por la fuente de información se relevan directamente con fines estadísticos, e indirectamente cuando han sido relevados para otros fines, principalmente administrativos.

Artículo 14º.-

Todas las personas físicas o jurídicas, las personas públicas no estatales y los organismos públicos están obligados a aportar los datos que les sean requeridos, con fines estadísticos, por los integrantes del Sistema Estadístico Nacional y dentro del plazo que se les fije.

Artículo 15º.-

Los datos aportados por la fuentes de información serán conformes a la verdad material (artículo 30).

Para verificar este extremo, cuando la oficina de estadística integrante del Sistema Estadístico Nacional lo solicite, la fuente de información deberá exhibir la documentación o los medios técnicos de reproducción que respaldan la información.

Artículo 16º.-

Los datos individuales aportados con fines estadísticos no pueden ser utilizados con otros fines, ni aún mediando solicitud expresa del informante.

Artículo 17º.–

Están amparados por el secreto estadístico los datos individuales proporcionados a los Organismos del Sistema Estadístico Nacional por las fuentes de información. La obligación de guardar el secreto estadístico alcanza tanto a los organismos como a sus funcionarios, así como a terceras personas que tomen conocimiento de los datos relevados al amparo del secreto estadístico.

No están amparados por el secreto estadístico los datos relativos a nombre o denominación, domicilio, rama de actividad e indicadores de tamaño por tramos que proporcionan los contribuyentes, empresas o establecimientos que desarrollan actividad económica con o sin fines de lucro.

No obstante, los datos no amparados por el secreto estadístico no podrán determinarse o requerirse de modo tal que de ello pueda inducirse la información cuyo secreto debe preservarse por mandato legal.

Artículo 18º.-

Las Oficinas integrantes del Sistema Estadístico Nacional solo pueden divulgar:

A) La información agregada o resumida correspondiente a un conjunto de fuentes de información (macrodatos).

B) La información individual relativa a una fuente de información (microdatos) con la condición de no revelar la identidad de la fuente.

C) La información a que alude el inciso segundo del artículo anterior.

Artículo 19º.-

Toda Oficina de Estadística del Sistema Estadístico Nacional está obligada a entregar a otra Oficina de Estadística integrante del Sistema, a su solicitud, los microdatos recabados con fines estadísticos, incluso identificados, en el caso de que se cumplan los siguientes extremos:

A) Los fines de la solicitud deben ser exclusivamente estadísticos.

B) La Oficina solicitante debe disponer de medios suficientes para la protección de los datos.

En caso de negativa a la entrega de los datos solicitados, la decisión de la procedencia de esa negativa competerá al Instituto Nacional de Estadística.

Artículo 20º.–

La Oficina de Estadística del Sistema Estadístico Nacional que reciba la información a que refiere el artículo precedente, debe obligarse a :

A) Guardar el secreto estadístico cuando los datos fueron recabados al amparo del mismo.

B) No transferir los microdatos sin el consentimiento expreso de la Oficina de Estadística que recabó la información.

Artículo 21º.-

Se considera estadística oficial, la que se elabora por un integrante del Sistema Estadístico Nacional, de acuerdo con las normas dictadas por el Instituto Nacional de Estadística, y aprobadas por éste.

Por causa fundada, el Instituto Nacional de Estadística puede declarar que la o las estadísticas producidas no cumplen los requisitos para ser consideradas estadísticas oficiales (Principio de motivación de la decisión, artículo 3º).

Artículo 22º.-

Todas las personas públicas o privadas tienen derecho a recibir del Sistema Estadístico Nacional la información por este producida, así como la relativa a clasificaciones, criterios, definiciones y metodología adoptados para su elaboración. (Principio de transparencia, artículo 3º).

CAPITULO V.- INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 23º.–

Se consideran infracciones estadísticas:

A) La negativa u omisión por parte de personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, a brindar los datos que, con fines estadísticos, les requieran los integrantes del Sistema Estadístico Nacional.

B) Proporcionar datos no ajustados a la verdad material.

C) Suministrar los datos fuera de los plazos establecidos.

D) Omitir subsanar inconsistencias cometidas en los datos brindados, dentro de los plazos acordados a tales efectos.

Artículo 24º.-

Las infracciones estadísticas serán sancionadas con multa.

El monto de la multa se determinará por el Instituto Nacional de Estadística, entre un mínimo de 20 UR (veinte unidades reajustables) y un máximo de 50 UR (cincuenta unidades reajustables), por resolución fundada.

Para fijar el importe de la multa se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el perjuicio ocasionado y los antecedentes del infractor.

Cuando el infractor fuese una persona pública, será responsable el jerarca del organismo y la multa se deducirá de su remuneración.

El pago de la multa deja intacta la responsabilidad administrativa del jerarca, reputándose falta grave la infracción.

Artículo 25º.-

Las resoluciones adoptadas por el Instituto Nacional de Estadística, el Poder Ejecutivo, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República o Gobiernos Departamentales, que impongan multas por infracciones estadísticas, constituyen título ejecutivo a todos sus efectos.

Artículo 26º.-

El pago de la multa no exonera de la obligación de presentar la información estadística solicitada. Esta deberá suministrarse dentro del plazo expresamente otorgado en la resolución que constituye título ejecutivo.

Artículo 27º.–

El organismo que recaude la multa, deberá verter su producido a Rentas Generales.

Artículo 28º.–

Créase un Registro de Infractores en el Instituto Nacional de Estadística con la finalidad de constatar los casos de reincidencia dentro del Sistema, facultándose a dicho Instituto a publicar la nómina de infractores. A tales efectos, los integrantes del Sistema Estadístico Nacional deberán comunicar al Instituto Nacional de Estadística la nómina de personas físicas o jurídicas sancionadas con multa, en un plazo máximo de treinta días, contados a partir de la fecha de la resolución que impone la multa.

Artículo 29º.-

Cuando las infracciones a lo mandado por la presente ley sean aptas para generar la presunción que constituyen hechos que la ley penal prevé como delitos, los jerarcas de los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional estarán obligados a proceder conforme al artículo 177 del Código Penal.

El no cumplimiento de esta obligación, además de la responsabilidad penal establecida hará al omiso pasible de las responsabilidades administrativas y patrimoniales determinadas por el derecho vigente.

Declárase que la denuncia a la Justicia Penal no viola o lesiona ningún derecho o interés directo, personal y legítimo, y por ende, no puede ser objeto de los recursos establecidos en la Constitución de la República (Sección XVII)

Artículo 30º.-

Las personas que violen el Secreto Estadístico o utilicen los datos individuales en provecho propio o ajeno serán penalmente responsables por el delito tipificado por el artículo 301 del Código Penal «Revelación de documentos secretos», sin perjuicio de las reparaciones de orden civil que correspondieren.

CAPITULO VI.- DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 31º.-

Las publicaciones oficiales que incluyan datos estadísticos que no hayan sido elaborados por la respectiva oficina deben consignar en todos los casos la fuente correspondiente.

Artículo 32º.-

Los integrantes del Sistema Estadístico Nacional deben proceder a la venta del papel en desuso que contiene información individual, observando como garantía de la fuente de información, el requisito de su destrucción previa, de conformidad con las disposiciones vigentes en la materia.

Artículo 33º.–

Declárase el Día 30 de setiembre de cada año como «Día de la Estadística Nacional»

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 11 de octubre de 1994. –

GONZALO AGUIRRE RAMIREZ – Presidente –

JUAN HARAN URIOSTE – Secretario.

Montevideo, 20 de octubre de 1994.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos. –

LACALLE HERRERA

ANGEL MARIA GIANOLA

SERGIO ABREU

IGNACIO de POSADAS MONTERO

DANIEL HUGO MARTINS

ANTONIO MERCADER

JOSE LUIS OVALLE

MIGUEL ANGEL GALAN

RICARDO REILLY

GUILLERMO GARCIA COSTA

GONZALO CIBILS

MARIO AMESTOY

MANUEL ANTONIO ROMAY.

Arrêté du 13 mars 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux contrats d'accompagnement dans l'emploi.

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu le code de la défense, notamment l'article L. 3414-8 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 322-4-7 et R. 322-16 ;

Vu la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret nº 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 janvier 2007 portant le numéro 1187601,

Arrête :

Article 1. Il est créé au ministère de la défense, à la direction des ressources humaines du ministère de la défense, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » CAE «, mis en oeuvre par la sous-direction de la gestion collective du personnel civil et dont la finalité principale est d'assurer la gestion, le contrôle et le suivi statistique des contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus par le ministère de la défense.

Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

– à l'identité (nom de famille du salarié, prénom, date de naissance) ;

– à la vie professionnelle (numéro de contrat d'accompagnement dans l'emploi, période de présence du salarié, nombre de jours d'absence, numéro employeur, numéro SIRET, motif de rupture de contrat, date de rupture de contrat, organisme de recouvrement des cotisations sociales, organisme d'affectation, durée du contrat) ;

– à la vie situation économique et financière (salaire brut versé soumis à cotisation).

La durée de conservation des données à caractère personnel est limitée à deux ans à compter de la date de la rupture du contrat.

Article 3. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

– l'Etablissement public d'insertion de la défense (EPIDe) ;

– le Centre national d'aménagement des structures pour l'exploitation agricole (CNASEA) ;

– les services du secrétariat général pour l'administration ;

– la direction centrale du service de santé des armées.

Article 4. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès de la direction des ressources humaines du ministère de la défense (sous-direction de la gestion collective du personnel civil), 26, boulevard Victor, 00463 Armées.

Article 6. Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 2007.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines, J. Roudière

REGIMEN DE ACCIÓN DE HABEAS DATA

Artículo 1º.- La acción de hábeas data procederá cuando se requiera conocer los datos de una persona que consten en forma de registro, archivo o banco de datos de organismos públicos o privados destinados a proveer informes, como así también para conocer la finalidad a que se destina esa información, si ha sido comunicada a terceros, a quiénes y a qué efectos y para requerir su ratificación, actualización o cancelación.
Asimismo, procederá contra la inclusión de aquellos datos que tiendan a discriminar a las personas afectadas y para requerir su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización.
En ningún caso podrá afectarse el secreto de las fuentes y el contenido de la información periodística.

DE LA LEGITIMACIÓN

Artículo 2º.- Estarán legitimados para interponer la acción de hábeas data toda persona física o jurídica; los causa-habientes de la persona de la cual consten datos, cuando la indagación tenga el propósito de defender el honor familiar y los derechos del difunto, y los terceros que acrediten un interés legitimo al solo efecto de tomar conocimiento de datos de registro, archivo o banco de datos.

DEL ÓRGANO JUDICIAL COMPETENTE

Artículo 3º.- Será competente para entender esta acción todo juez con Competencia Civil en el lugar donde se encuentre ubicado el respectivo registro, archivo o banco de datos o el del lugar donde se use o pudiera utilizarse la información o el domicilio del actor a elección de éste.

DE LA INTIMACIÓN PREVIA

Artículo 4º.- En los supuestos enumerados en el articulo 1° de la presente Ley, el peticionante deberá notificar fehacientemente su pretensión al titular del banco de datos o registro. Sólo ante negativa o silencio de éste quedará expedita la acción judicial.

DE LA ASISTENCIA

Artículo 5º.- El requirente podrá ser asistido por asesores técnicos o jurídicos en el momento de tomar vistas de los registros, archivos o banco de datos que se le deban exhibir. Podrá requerir que a su costo se le expida copia certificada de la misma.

DE LA CONTESTACIÓN

Artículo 6º.- Se entenderá que existe silencio del titular requerido si la requisitoria no es contestada en el plazo de cinco (5) días hábiles, si se tratare de personas privadas, y de quince (15) días hábiles, si se tratare de personas jurídicas de carácter público.

DE LOS PLAZOS PARA LA INTERPOSICIÓN

Artículo 7º.- La acción de hábeas data deberá ser interpuesta dentro de los sesenta (60) días de haber sido notificada la negativa o vencidos los términos acordados en caso de silencio. En caso contrario se deberá proceder nuevamente como estipula el articulo 4°.

DE LA TRAMITACIÓN

Artículo 8º.- La acción de hábeas data tramitará por las disposiciones de la presente Ley, y serán supletoriamente aplicables las normas procesales referidas al proceso sumarísimo regulado por el Código de Procedimientos Civil y Comercial (CPCC) de la Provincia del Neuquén.

DE LA DEMANDA

Artículo 9º.-La demanda deberá presentarse por escrito y contendrá: 
a) nombre y apellido/s; documento de identidad; domicilio real y constituido del demandante.
b) la individualización concreta del archivo, registro o banco de datos o, en su caso, la institución o persona a cuyo cargo se encuentra. En caso de no conocer dicha circunstancia, podrá solicitar su identificación por orden judicial.
c) la relación circunstanciada de los datos que presuntivamente contendría dicho registro.
d) el requerimiento en términos claros y precisos de la medida a tomar sobre tales datos si se conocieron o denunciaron previamente.
e) con el escrito de demanda se deberá acompañar prueba documental que intente valerse y en el caso de no obrar en su poder, la individualizará debiéndose ofrecer la restante.

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 10.- Luego de presentada la demanda y en cualquier estado del proceso, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá decretar medidas de no innovar a efectos que el demandado se abstenga de realizar publicidad o cesión de los datos a terceros, medida que regirá hasta la culminación del proceso. Asimismo, el juez podrá disponer el secuestro de los elementos que contengan la información hasta la total substanciación del mismo.

DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA

Artículo 11.- La acción de hábeas data podrá ser ampliada o modificada por el accionante en cualquier estado del proceso, si tomare conocimiento de la existencia de otros registros, archivos o banco de datos, o sobre modificaciones relacionadas con la información solicitada o sobre cualquier otro dato que conste de la misma, su rectificación, actualización, cancelación o confidencialidad.

DEL TRASLADO DE LA ACCIÓN

Artículo 12.- Se dará traslado al demandado por el término de cinco (5) días y diez (10) días, ya se trate de persona de carácter privado o público, para que la conteste, acompañando la prueba documental y ofreciendo las demás restantes de que la parte intente valerse.

DE LA APERTURA A PRUEBA

Artículo 13.- Si la cuestión no resultara de puro derecho, el juez abrirá inmediatamente la causa a prueba, estableciendo el plazo necesario para su producción.

DE LA SENTENCIA

Artículo 14.- Producida la prueba, sin necesidad de alegatos, el juez pronunciará sentencia dentro del plazo de cinco (5) días de quedar el expediente a despacho. Si la sentencia admitiere el hábeas data, junto con la notificación a las partes, se librará el respectivo mandamiento que dispondrá:
a) la expresión concreta del particular, sea persona física o jurídica, o de la autoridad estatal a quien se dirija y con respecto a cuyos registros, archivo banco de datos se ha concedido la acción.
b) la determinación precisa de lo que debe o no hacerse. 
c) el plazo para su cumplimiento, que no podrá excederse de cuarenta y ocho (48) horas.

DE LA APELACIÓN

Artículo 15.- Contra la resolución que dictamine sobre medidas cautelares y contra la sentencia, procederá el recurso de apelación, que deberá ser interpuesto dentro de los dos (2) días hábiles de notificada la resolución, debiéndose fundar en el momento de la interposición. Cuando la resolución recurrida acogiera las medidas cautelares o hiciere lugar el hábeas data, el recurso se concederá con efecto no suspensivo. En los casos previstos en el párrafo anterior, se procederá conforme lo establecido en el CPCC.

DE LA SUBSISTENCIA DE ACCIONES

Artículo 16.- La sentencia deja subsistente el ejercicio de las demás acciones que puedan corresponder con independencia de hábeas data.

DE LAS COSTAS

Artículo 17.- Las costas del proceso se impondrán a quien resulte vencido. Si éste fuera el Estado, será responsable solidariamente el agente que realizó los actos que motivaron la condena.

DEL SELLADO

Artículo 18.- Las actuaciones del proceso de hábeas data están exentas del pago previo de sellado y de cualquier impuesto.

Artículo 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Arrêté du 6 octobre 2006 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé «CAP SITERE», destiné à la gestion des dossiers d'établissement par les agents des services du secteur travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, notamment les dispositions du livre sixième relatif au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail ;

Vu la loi nº 50-927 du 10 août 1950 portant ratification de la convention nº 81 concernant l'inspection du travail, adoptée par la Conférence internationale du travail tenue à Genève du 19 juin au 11 juillet 1947 ;

Vu la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'accord tacite de la Commission nationale de l'informatique et des libertés intervenu le 28 juin 2006 sur la demande d'avis initiale qui lui a été transmise le 29 juin 2005,

Arrête :

Article 1. Il est créé au sein de la direction générale du travail du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, pour les services du secteur travail, notamment les services de l'inspection du travail, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «CAP SITERE» (contrôle, action, pilotage, système d'information travail en réseau), dont l'objet est la constitution des dossiers d'établissement électroniques.

CAP SITERE est destiné à :

– gérer le dossier d'établissement ;

– partager l'information sur les établissements et structures complexes ;

– éditer les courriers ;

– gérer un agenda partagé ;

– gérer les procédures de signalement ;

– suivre les procédures judiciaires ;

– suivre et piloter l'activité du champ travail.

Article 2. Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

– dénomination des entreprises (SIREN/SIRET, raison sociale, adresse, service ou atelier) ;

– identité des contacts dans l'entreprise (nom, prénom, fonction, téléphone, portable, fax, adresse mél) ;

– identité du garant légal d'une agence de mannequins (nom, prénom) ;

– identité de salariés concernés par certaines procédures :

– victime d'accidents du travail (nom, prénom, sexe, catégorie socioprofessionnelle, adresse, nationalité, date de naissance, type d'accident, arrêt de travail, conséquence de l'accident, nature des lésions, siège des lésions et nature du contrat) ;

– d'un représentant du personnel élu ou désigné (nom, prénom, sexe, catégorie socioprofessionnelle, syndicat et mandat) ;

– d'un salarié protégé de par l'exercice d'un mandat représentatif faisant l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement (nom, prénom, sexe, adresse, motif de la demande, existence ou non d'une mise à pied, catégorie socioprofessionnelle, syndicat et mandat) ;

– identité des personnes habilitées accompagnant l'agent de contrôle lors d'une intervention (nom, prénom, service) ;

– identité de la personne mise en cause dans un procès-verbal (nom, prénom) ;

– identité des agents (nom, prénom, service, adresse du service, numéro de section, fonction, téléphone, télécopie, adresse mél) ;

– compte rendu d'activité de l'agent de contrôle (nom, prénom, section) :

– activité de contrôle (nombre d'interventions et type d'intervention par thème, par programme et par campagne, nombre de suites à intervention et type de suite à intervention, réunions et information du public) ;

– activité hors section (absences, congés, formation) ;

– relation avec l'usager (permanence et nombre de visiteurs reçus).

La durée de conservation sera différente selon la catégorie de données :

Article 3. Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, dans la limite de leurs attributions et dans la mesure où ils sont concernés, les services de l'inspection du travail, les sections centrale travail, les directeurs départementaux et leurs adjoints, les directeurs régionaux et leurs adjoints ainsi que les personnes habilitées en administration centrale.

Article 4. Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 susvisée s'exerce auprès de chaque directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle géographiquement compétent.

Article 5. Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 octobre 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail, J.-D. Combrexelle

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE INCORPORA LOS DELITOS INFORMÁTICOS AL CÓDIGO PENAL

Artículo Único. Objeto de la ley

Modificase el Título V del Libro Segundo del Código Penal, promulgado por Decreto Legislativo Número 635, con el texto siguiente:

TÍTULO V

CAPITULO X.  DELITOS INFORMÁTICOS

Artículo 207 a)

El que utiliza o ingresa indebidamente a una base de datos, sistema o red de computadoras o cualquier parte de la misma, para diseñar ejecutar o alterar un esquema, u otro similar, o para interferir, interceptar, acceder ó copiar información en tránsito contenida en una base de datos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuentaidós a ciento cuatro jornadas.

Si el agente actuó con el fin de obtener un beneficio económico, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con prestación de servicios comunitarios no menor de ciento cuatro jornadas.

Artículo 207 b)

El que utiliza, ingresa o interfiere indebidamente una base de datos, sistema, red o programa de computadoras o cualquier parte de la misma con el fin de alterarlos, dañarlos o destruirlos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años y con setenta a noventa días multe.

Artículo 207 c)

En los casos de los Artículos 207 a) y 207 b), la pena será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de siete años,
cuando:

1. El agente accede a una base de datos, sistema o red de computadora, haciendo uso de información privilegiada, obtenida en función a su cargo.

2. El agente pone en peligro la seguridad nacional.

CAPITULO XI.  DISPOSICIÓN COMÚN

Artículo 208.

No son reprimibles, sin perjuicio de la reparación civil, los hurtos, apropiaciones, defraudaciones o daños que se causen:

1.2. Los cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes y afines en línea recta.

2. El consorte viudo, respecto de los bienes de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de tercero.

3. Los hermanos y cuñados, si viviesen juntos.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los veintiséis días del mes de junio del dos mil.

MARTHA HILDEBRANDT PÉREZ TREVIÑO:  Presidenta del Congreso de la República

LUIS DELGADO APARICIO:  Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de julio del año dos mil.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI:  Presidente Constitucional de la República

ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE:  Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Justicia

Decreto nº 4.036, de 28 de novembro de 2001
O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI, designado como AC Raiz da ICP-Brasil, passa a ser vinculado diretamente à Presidência da República. (Publicado no DOU de 29/11/2001).

Gerado Certificado da AC Raiz da ICP-Brasil

Em 30 de novembro de 2001 foi gerado o par de chaves criptográficas e o respectivo certificado digital da AC Raiz da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP-Brasil, na presença de representantes da Casa Civil e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e da sociedade civil.

Este evento ocorreu nas instalações do SERPRO Rio de Janeiro, em ambiente de segurança especialmente criado para essa finalidade.

A partir de agora é possível emitir certificados para as Autoridades Certificadoras, AC, que desejarem fazer parte da ICP-Brasil.

De acordo com o Decreto 4036 de 28/11/2001, publicado no DOU de 29/11/2001, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI, designado como AC Raiz da ICP-Brasil, passa a ser vinculado diretamente à Presidência da República.

Decreto nº 4.036, de 28 de novembro de 2001

Dá nova redação ao art 1o e acresce inciso ao Anexo do Decreto nº 3.280, de 8 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a vinculação de entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 84, inciso VI, alínea «a», da Constituição,

DECRETA:

Artigo 1º.- O art 1o do Decreto nº 3.280, de 8 de dezembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Artigo 1º.- Vinculam-se aos Ministérios e órgãos que menciona, na forma do Anexo a este Decreto, as entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta.»

Artigo 2º.- O Anexo ao Decreto nº 3.280, de 8 de dezembro de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

«XXIII – CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA:
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI»

Artigo 3º.- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de novembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Parente

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