INTRODUCCIÓN

El 9 de Enero de 1987, la Asamblea Nacional de Nicaragua, culminó su labor constituyente, con la aprobación de la nueva «CONSTITUCIÓN POLÍTICA», que fue promulgada por el Presidente de la República ese mismo día, frente al pueblo reunido multitudinariamente para celebrar el magno acontecimiento.
Hemos decidido la publicación de su texto, por cuanto consideramos que su conocimiento reviste singular importancia para los pueblos de América, para todos los que entienden que «esta es un hora decisiva, es la hora de América Latina, y es nuestro deber caminar juntos cada minuto de este tiempo (*) y especialmente para los estudiantes y estudiosos del derecho constitucional y político.

La publicación se integra con el informe brindado en ese acto, por el Presidente de la Asamblea Nacional, Comandante de la Revolución Carlos Nuñez Tellez, que refleja, -sucintamente-el proceso de formación constitucional. Los miembros del Consejo de la ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS, que tuvieron el privilegio de asistir a algunos Cabildos Abiertos y al debate de la Asamblea Nacional, comprobaron la vasta y efectiva participación popular, y la profundidad y carácter polémico de la discusión de los Constituyentes. Es preciso destacar la ejemplar conducta política del FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, ya que disponiendo de una holgada mayoría en la Asamblea Nacional, por haberse obtenido el 67% de los votos en las elecciones más cristalinas de la historia de Nicaragua según los certificaron unánimemente los más de 300 observadores internacionales, lejos de imponer su posición, buscó en todo momento que cada uno de los artículos de la Carta Magna, fueran el producto del mayor consenso posible de las demás fuerzas políticas representadas.
La vocación de legitimidad de la Revolución Sandinista se ha puesto reiteradamente de manifiesto, en dramático contraste con la agresión promovida, estimulada, financiada y organizada por el gobierno de los EEUU. El apoyo en el derecho es una constante de la acción del gobierno de Nicaragua, tanto en lo interno como en lo externo. En cambio EEUU se burla de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia y las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del derecho internacional y de su propio derecho interno.

Con la convicción de que en Nicaragua se juega el destino de todos nuestros pueblos, el derecho a su autodeterminación, y que «nada de lo que ocurre en América Latina debe ser extraño para un latinoamericano, cada bala disparada en nuestro continente es una agresión contra todos, y nuestro mayor deber entonces es la solidaridad(*). en cumplimiento de ese deber solidario y de la lucha por el progreso del derecho, la justicia y la libertad, realizamos esta edición.

(*) Del discurso pronunciado en el acto de promulgación de la Constitución Política de Nicaragua, por el Presidente del Perú, Dr. Alan García, realizado en la Plaza de la Revolución, de Managua, el 9 de enero de 1987.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Hace saber al pueblo de Nicaragua que la Asamblea Nacional Constituyente ha consultado con el pueblo, discutido y aprobado la siguiente Constitución Política:

PREÁMBULO

NOSOTROS, Representantes del Pueblo de Nicaragua, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente,

EVOCANDO la lucha de nuestros antepasados indígenas.
El espíritu de unidad centroamericana y la tradición combativa de nuestro Pueblo que, inspirado en el ejemplo del General JOSÉ DOLORES ESTRADA, ANDRÉS CASTRO y ENMANUEL MONGALO, derrotó al dominio filibustero y la intervención norteamericana en la Guerra Nacional.
La gesta antiintervencionista de BENJAMÍN ZELEDON.
Al General de Hombres Libres, AUGUSTO C. SANDINO, Padre de la Revolución Popular y Antimperialista.
La acción heroica de RIGOBERTO LÓPEZ PÉREZ indicador del principio del fin de la dictadura.
El ejemplo de CARLOS FONSECA, el más alto continuador de la herencia de Sandino, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y Jefe de la Revolución.

A todas las generaciones de Héroes y Mártires que forjaron y desarrollaron la lucha de liberación por la independencia nacional.

EN NOMBRE del pueblo nicaragüense; de todos los partidos y organizaciones democráticas, patrióticas y revolucionarias de Nicaragua; de sus hombres y mujeres; de sus obreros y campesinos; de su gloriosa juventud; de sus heroicas madres; de los cristianos que desde su fe en Dios se han comprometido e insertado en la lucha por la liberación de los oprimidos; de sus intelectuales patrióticos; y de todos los que con su trabajo productivo contribuyen a la defensa de la Patria.
De los que luchan y ofrendan sus vidas frente a la agresión imperialista para garantizar la felicidad de las nuevas generaciones.
POR la institucionalización de las conquistas de la Revolución y la construcción de una nueva sociedad que elimine toda clase de explotación y logre la igualdad económica, políticas y social de los nicaragüenses y el respeto absoluto de los derechos humanos.

POR LA PATRIA, POR LA REVOLUCIÓN, POR LA UNIDAD DE LA NACIÓN Y POR LA PAZ. PROMULGAMOS LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

TÍTULO IV. DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS DEL PUEBLO NICARAGUENSE

CAPÍTULO I. DERECHOS INDIVIDUALES
Al reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica.

ARTÍCULO 26.- Toda persona tiene derecho:
A su vida privada y la de su familia.
A la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y sus comunicaciones.
Al respeto de su honra y reputación.
El domicilio sólo puede ser allanado por orden escrita de juez competente o de autoridad expresamente facultada para ello; para impedir la comisión de un delito y para evitar daños a las personas o bienes, de acuerdo al procedimiento que prescriba la ley.
La ley fija los casos y procedimientos para el examen de documentos privados, libros contables y sus anexos cuando sea indispensable para esclarecer asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia o por motivos fiscales.
Las cartas, documentos y demás papeles privados substraídos ilegalmente no producen efecto alguno en juicio o fuera de él.

ARTÍCULO 45.- Las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido violados o estén en peligro de serlo, pueden interponer el recurso de exhibición personal o de amparo, según el caso y de acuerdo con la Ley de Amparo.

WHEREAS a Constituency Boundaries Commission was appointed on 4 June 2009 under section 53 of the Constitution of Bermuda;

AND WHEREAS the Commission, under section 54(1) of the Constitution, submitted its report («the Report») to the House of Assembly on 21 May 2010, making recommendations for the alteration of constituency boundaries;

AND WHEREAS, although the modifications set out in paragraph 3 of this Order (correcting minor inaccuracies in the definition of certain constituency boundaries) were approved by the Commission, the modifications were inadvertently not included in the Report;

AND WHEREAS the House of Assembly on 26 November 2010 approved a draft of this Order, being a draft designed to give effect to the recommendations of the Report with the modifications set out in paragraph 3;

AND WHEREAS it is expedient to confirm and give legal effect to that draft;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by section 54(6) of the Constitution of Bermuda, the Governor makes the following Order:

Citation

1.- This Order may be cited as the Constitution of Bermuda (Constituency Boundaries) Order 2010.

Commencement

2.- This Order comes into operation upon the next dissolution of the Legislature.

New constituency boundaries

3.- The boundaries of the constituencies into which Bermuda is divided are those defined in the Schedule to the Report of the Constituency Boundaries Commission, submitted to the House of Assembly on 21 May 2010, with the following modifications :

(a) in the definition of Constituency 4 ..- St. George’s South, delete «Castle Island, Charles’ Fort, Rushy Island,» (in the fourth from last and third from last lines);

(b) in the definition of Constituency 8 ..- Smith’s South, delete «of McGall’s Bay Road and» (in the fourth from last line) and substitute «with»;

(c) in the definition of Constituency 9 ..- Smith’s West :

(i) delete «McGall’s Bay Road; thence South-East following» (in the seventh line); and

(ii) immediately after «Spittal Pond Nature Reserve» (in the eighth line), insert «; thence South along the Western boundary of Spittal Pond Nature Reserve»;

(d) in the definition of Constituency 10 ..- Smith’s North, delete «to a point on Flatts Bridge» (in the ninth line) and substitute «across Flatts Bridge to a point on the coastline at the junction of Flatts Bridge and North Shore Road»;

(e) in the definition of Constituency 13. .- Devonshire North Central, delete «Prospect Pre-school to the junction of Parsons Lane» (in the penultimate line) and substitute «the Dame Marjorie Bean Hope Academy to a point on the centreline of Parsons Lane; thence North West along the centreline of Parsons Lane to the junction»;

(f) in the definition of Constituency 14 ..- Devonshire North West, delete «Eastern boundary of Prospect Pre-school» (in the sixth line) and substitute «centreline of Parsons Lane to the junction with the Eastern boundary of Dame Marjorie Bean Hope Academy; thence along the Eastern boundary of Dame Marjorie Bean Hope Academy»;

(g) in the definition of Constituency 23 ..- Paget West, delete «, Spectacle Island and World’s End Island» (in the penultimate and last lines) and substitute «and Spectacle Island»;

(h) in the definition of Constituency 29 ..- Southampton East, delete «, and shall include Riddell’s Island» (in the penultimate and last lines);

(i) in the definition of Constituency 30 ..- Southampton East Central, delete «, Haggis Island, Little Crumb Island, Perot’s Island and Fish Hook Island» (in the last line) and substitute «and Perot’s Island»;

(j) in the definition of Constituency 32 ..- Southampton West, delete «with Patience Avenue; thence South along the centreline of Patience Avenue to the junction» (in the fourth from last and third from last lines);

(k) in the definition of Constituency 33 ..- Sandys South :

(i) immediately after «of Heathcote Hill» (in the sixth line), inset «and Kiskadee Lane»;

(ii) delete «the junction of Sound View Drive and The Railway Trail» (in the seventh line) and substitute «a point on the Railway Trail; thence North on the Railway Trail to the bridge over Sound View Drive»;

(iiil) delete «Patience Avenue; thence North-West along the centreline of Patience Avenue to the junction with» (in the eighth from last and seventh from last lines); and

(iv) delete «Cathedral Island,» (in the last line);

(l) in the definition of Constituency 34 ..- Sandys South Central :

(i) delete «junction with The Railway Trail» (in the ninth and tenth lines) and substitute «point at which the Railway Trail bridge passes over Sound View Drive»;

(ii) immediately after «South-West along» (in the tenth line), insert «the centreline of the Railway Trail to a point at the junction with»; and

(iii) immediately after «the properties of Heathcote Hill and» (in the twelfth line), insert «Kiskadee Lane from»; and

(m) in the definition of Constituency 36 .- Sandys North, delete «, Current Island, Malabar Island, Hospital Island, The Regatta Island, Crawl Island» (in the penultimate and last lines).

Maps delineating constituencies

4.- The constituencies are delineated on a series of maps included in the Report, and those maps may be referred to for the purpose of clarifying anything in the Second Schedule to the Constitution of Bermuda or resolving any doubt or question as to its meaning or intent.

Revokes and replaces Second Schedule

5.- The Second Schedule to the Constitution of Bermuda is revoked and replaced by the following :

«SECOND SCHEDULE TO THE CONSTITUTION OF BERMUDA

(section 52)

CONSTITUENCIES

The names and boundaries of the constituencies into which Bermuda is divided are as follows.

Constituency 1 .- St. George’s North

CONSTITUENCY 1 .- ST. GEORGE’S NORTH shall be all that land contained within a line drawn from the junction of Somner Lane with Secretary Road; thence North-East along the centreline of Secretary Road to the junction with Park Road; thence North-East along the centreline of Park Road to the junction with Naval Tanks Hill; thence North-West along the centreline of Naval Tanks Hill to the junction with Coot Pond Road; thence North-West to a point on the coastline; thence North-East following the coastline around St. Catherine’s Point and Town Cut to the bridge to Ordnance Island; and shall include Ordnance Island, thence North along the centreline of Kings Square to the junction with Water Street; thence South-West along the centreline of Water Street to the junction with York Street; thence West along the centreline of York Street to the junction with Rose Hill Street; thence North-West along the centreline of Rose Hill Street to the junction with the St. George’s Club; thence North-East along the centreline around the Eastern side of the St. George’s Club to the junction with Somner Lane; thence North-West along the centreline of Somner Lane to the junction with Secretary Road.

Constituency 2 .- St. George’s West

CONSTITUENCY 2 .- ST. GEORGE’S WEST shall be all that land contained within a line drawn from the junction of Coot Pond Road with Naval Tanks Hill; thence South-East along the centreline of Naval Tanks Hill to the junction with Park Road; thence South-West along the centreline of Park Road to the junction with Secretary Road; thence South-West along the centreline of Secretary Road to the junction with Somner Lane; thence South along the centreline of Somner Lane to the junction with the St. George’s Club; thence South around the Eastern side of the St. George’s Club to the junction with Rose Hill Street; thence South-East along the centreline of Rose Hill Street to the junction with York Street; thence East along the centreline of York Street to the junction of Water Street; thence East along the centreline of Water Street to the junction with Kings Square; thence South along the centreline of Kings Square to a point on the coastline; thence continuing South-West along the coastline and following the coastline around Ferry Point to a point on the coastline North-West of the junction of Coot Pond Road with Naval Tanks Hill; thence South-East to the junction of Coot Pond Road with Naval Tanks Hill and shall include Bartram Island, Rogue Island and Little Rogue Island.

Constituency 3 .- St. David’s

CONSTITUENCY 3 .- ST. DAVID’S shall be all that land contained within a line drawn from the junction of St. David’s Road and Pepper Hall Road; thence West along the centreline of St. David’s Road to the junction with Dolly’s Bay Road; thence West to a point on the coastline; thence North along the coastline around Great Bay, St. David’s Head and Ruth’s Point to a point on the coastline South-East of the junction of Cooper’s Island Road with Southside Road; thence North-West to the junction of Cooper’s Island Road with Southside Road; thence North-West along the centreline of Southside Road to the junction with Tommy Fox Road; thence North along the centreline of Tommy Fox Road to the junction with The Sink Road; thence North along the centreline of The Sink Road to the junction with Bee Hive Drive; thence North-East along the centreline of Bee Hive Drive to a point on Pepper Hall Road; thence North along the centreline of Pepper Hall Road to the junction with St. David’s Road and shall include Little Oswego Island and Great Oswego Island.

Constituency 4 .- St. George’s South

CONSTITUENCY 4 .- ST. GEORGE’S SOUTH shall be all that land contained within a line drawn from the junction of North Shore Road with Trinity Church Road; thence North-East to the junction of North Shore Road and Fractious Street; thence West to a point on the coastline; thence continuing North-East along the coastline including Coney Island; thence East along the coastline to a point on the coastline at Blue Hole Hill; thence North-East along the west face of the Causeway to the Longbird Bridge; thence continuing around the coastline around Stonecrusher Corner and Stocks Harbour and the coastline of St. George’s Harbour and Smith’s Harbour to a point on the coastline West of the junction of Dolly’s Bay Road and St. David’s Road; thence East to the junction of Dolly’s Bay Road and St. David’s Road; thence North-West along the centreline of St. David’s Road to the junction with Pepper Hall Road; thence South along the centreline of Pepper Hall Road to a point that aligns with the centreline of Bee Hive Drive; thence West along the centreline of Bee Hive Drive to the junction of The Sink Road; thence South along the centreline of The Sink Road to the junction with Tommy Fox Road; thence West along the centreline of Tommy Fox Road to the junction with Southside Road; thence East along the centreline of Southside Road to the junction with Cooper’s Island Road; thence South-East to a point on the coastline; thence South along the coastline and including Cooper’s Island and continuing around the coastline of the Airport to the North end of the Causeway at the Longbird Bridge; thence South along the east face of the Causeway to Blue Hole Hill; thence South-West along the centreline of Blue Hole Hill to the junction with Wilkinson Avenue; thence South along the centreline of Wilkinson Avenue to the junction of Harrington Sound Road; thence South to a point on the coastline; thence West along the coastline to a point on the coastline South of the junction of Trinity Church Road and Bayside Lane; thence North to the junction of Trinity Church Road and Bayside Lane; thence North-West along the centreline of Trinity Church Lane to the junction with North Shore Road, and shall include Brook’s Island, Burt’s Island, Grazbury’s Island, Nonsuch Island, Idol Island, Brangman’s Fort, Coney Island, Hen Island, Horseshoe Island, Peggy’s Island, Higgs Island, Paget Island, Smith’s Island, Governor’s Island, and Bremen Island.

Constituency 5 .- Hamilton East

CONSTITUENCY 5 .- HAMILTON EAST shall be all that land contained within a line drawn from the junction of North Shore Road with Twin Lanes South; thence North-West along the centreline of Twin Lanes South to the junction with the Railway Trail; thence South-West to the junction with Redkiln Road; thence North West to a point on the coastline; thence continuing North-East along the coastline to a point on the coastline North-West of the junction of North Shore Road with Fractious Street; thence South-East to the junction of North Shore Road with Fractious Street; thence South-West along the centreline of North Shore Road to the junction with Trinity Church Road; thence South-East along the centreline of Trinity Church Road to the junction with Bayside Lane; thence South to a point on the coastline of Harrington Sound; thence South-West along the coastline of Harrington Sound to a point on the coastline South-East of the end point of My Lord’s Bay Road; thence North-West to the end of My Lord’s Bay Road; thence North-West along the centreline of My Lord’s Bay Road to the junction with North Shore Road; thence North-East along the centreline of North Shore Road to the junction with Twin Lanes South and shall include Bay Island.

Constituency 6 .- Hamilton West

CONSTITUENCY 6 .- HAMILTON WEST shall be all that land contained within a line drawn from the junction of the Railway Trail with Redkiln Road; thence North-East along the centreline of the Railway Trail to the junction with Twin Lanes South; thence South-East along the centreline of Twin Lanes South to the junction with North Shore Road; thence South-West along the centreline of North Shore Road to the junction with My Lord’s Bay Road; thence South-East along the centreline of My Lord’s Bay Road to the end of My Lord’s Bay Road continuing to a point on the coastline; thence continuing South-West along the coastline and following the coastline of Harrington Sound to a point on the coastline North-East of the end of Commonland Point Road; thence South-West to the end of Commonland Point Road; thence North-West along the centreline of Commonland Point Road to the junction with North Shore Road; thence West to a point on the coastline; thence North along the coastline to a point on the coastline North-West of the junction of the Railway Trail with Redkiln Road; thence South-East to the junction of the Railway Trail with Redkiln Road and shall include The Stags, Collins Island, Rabbit Island, Crow Island and Trunk Island.

Constituency 7 .- Hamilton South

CONSTITUENCY 7 .- HAMILTON SOUTH shall be all that land contained within a line drawn from the junction of Harrington Hundreds Road with Harrington Sound Road; thence North to a point on the coastline; thence continuing East along the coastline of Harrington Sound to a point on the coastline South of the junction of Wilkinson Avenue and Harrington Sound Road; thence North along the centreline of Wilkinson Avenue to the junction with Blue Hole Hill; thence along the centreline of Blue Hole Hill to the junction with the Southern end of The Causeway; thence East to a point on the coastline; thence South along the coastline of Castle Harbour and following the coastline around Tucker’s Town and Castle Cut to a point on the coastline South of the junction of South Road with Watch Hill Road; thence North-West to the junction of South Road with Watch Hill Road; thence North-East along South Road to the junction with the Western Boundary of the Winterhaven Nature Reserve; thence North-West along the Western Boundary to a point on Knapton Hill; thence South-West along the centreline of Knapton Hill to the junction with Harrington Hundreds Road; thence North along the centreline of Harrington Hundreds Road to the junction with Harrington Sound Road, and shall include Castle Island, Charles’ Fort, Rushy Island, Turtle Island and Hall’s Island.

Constituency 8 .- Smith’s South

CONSTITUENCY 8 .- SMITH’S SOUTH shall be all that land contained within a line drawn from the junction of Verdmont Road with Middle Road; thence North-East along the centreline of Middle Road to the junction with North Shore Road; thence North-West along the centreline of North Shore Road to the junction of the coastline with Flatts Bridge; thence continuing East along the coastline of Harrington Sound and following the coastline to a point on the coastline North of the junction of Harrington Sound Road with Harrington Hundreds Road; thence South to the junction of Harrington Sound Road with Harrington Hundreds Road; thence South along the centreline of Harrington Hundreds Road to the junction with Knapton Hill; thence North-East along the centreline of Knapton Hill to a point on Knapton Hill at the Western boundary of the Winterhaven Nature Reserve; thence South-East along the Western Boundary to a point on South Road; thence West along the centreline of South Road to the junction with Watch Hill Road; thence South-East to a point on the coastline; thence continuing South-West along the coastline and following the coastline to a point on the coastline at the Western boundary of Spittal Pond Nature Reserve; thence North along the Western Boundary of Spittal Pond Nature Reserve to the junction with South Road; thence South-West along the centreline of South Road to the junction with St. Mark’s Road; thence North along the centreline of St. Mark’s Road to the junction with Verdmont Road; thence North along the centreline of Verdmont Road to the junction with Middle Road.

Constituency 9 .- Smith’s West

CONSTITUENCY 9 .- SMITH’S WEST shall be all that land contained within a line drawn from the junction of Hermitage Road with Middle Road; thence North-East along the centreline of Middle Road to the junction with Verdmont Road; thence South along the centreline of Verdmont Road to the junction with St. Mark’s Road; thence South-East along the centreline of St. Mark’s Road to the junction with South Road; thence North-East along the centreline of South Road to the junction with the Western boundary of Spittal Pond Nature Reserve; thence South along the Western boundary of Spittal Pond Nature Reserve to a point on the coastline; thence continuing South-West along the coastline and following the coastline to a point on the coastline South-East of the junction of South Road with Green View Lane; thence North-West along a straight line to the junction of Green View Lane with South Road; thence South-West along the centreline of South Road to the junction with Collectors Hill; thence North along the centreline of Collectors Hill to the junction with Verdmont Road; thence North along the centreline of Verdmont Road to the junction with Hermitage Road; thence North-West along the centreline of Hermitage Road to the junction with Middle Road.

Constituency 10 .- Smith’s North

CONSTITUENCY 10 .- SMITH’S NORTH shall be all that land contained within a line drawn from the junction of Loyal Hill Road and North Shore Road; thence North-West to a point on the coastline; thence North-East along the coastline and following the coastline to the junction of North Shore Road with Flatts Bridge; thence across Flatts Bridge; thence following the coastline of Flatts Inlet and the north shore to a point on the coastline West of the junction of Commonland Point Road and North Shore Road; thence Eastwards along the centreline of Commonland Point Road to a point on the coastline of Harrington Sound; thence South along the coastline of Harrington Sound across Flatts Bridge to a point on the coastline at the junction of Flatts Bridge and North Shore Road; thence South-East along the centreline of North Shore Road to the junction with Middle Road; thence South-East along the centreline of Middle Road to the junction with Vesey Street; thence North-West along the centreline of Vesey Street to the junction with Valley Heights Road; thence North-West following the property lines dividing properties accessed from Loyal Hill Road and Loyal Hill Crescent from the properties accessed from Foothills Road and Valley Heights Road, continuing to a point on the Railway Trail equidistant between the junctions of Loyal Hill Road and Foothills Road; thence West along the centreline of the Railway Trail to the junction with Loyal Hill Road; thence North-West along the centreline of Loyal Hill Road to the junction with North Shore Road and shall include Gibbet Island.

Constituency 11 .- Devonshire East

CONSTITUENCY 11 .- DEVONSHIRE EAST shall be all that land contained within a line drawn from the junction of Poinciana Road with Watlington Road East; thence North-East along the centreline of Watlington Road East to the junction with Chaingate Hill; thence North-West along the centreline of Chaingate Hill to the junction with Middle Road; thence North-East along the centreline of Middle Road to the junction with Hermitage Road; thence South-East along the centreline of Hermitage Road to the junction with Verdmont Road; thence South along the centreline of Verdmont Road to the junction with Collectors Hill; thence South along the centreline of Collectors Hill to the junction with South Road; thence North-East along the centreline of South Road to the junction with Green View Lane; thence South-East along Green View Lane following a straight line to a point on the coastline; thence continuing South-West along the coastline and following the coastline to a point on the coastline South-East of the junction of Devon Point Lane with Devonshire Bay Road; thence North-West to the junction of Devon Point Lane with Devonshire Bay Road; thence South along the centreline of Devonshire Bay Road to the junction with an unnamed road connecting to Rocky Bay Lane; thence West to the junction of the unnamed road with Rocky Bay Lane; thence North along the centreline of Rocky Bay Lane to the junction with South Road; thence North-East along the centreline of South Road to the junction with Poinciana Road; thence North along the centreline of Poinciana Road to the junction with Watlington Road East.

Constituency 12 .- Devonshire South Central

CONSTITUENCY 12 .- DEVONSHIRE SOUTH CENTRAL shall be all that land contained within a line drawn from the centre of Crow Lane Roundabout Eastwards along the centreline of Berry Hill Road to the junction with Tee Street; thence North along the centreline of Tee Street to the junction with Middle Road; thence North-East along the centreline of Middle Road to the junction with Brighton Hill Road; thence South-East along the centreline of Brighton Hill Road to the junction with Watlington Road East; thence North-East along the centreline of Watlington Road East to the junction with Poinciana Road; thence South-East along the centreline of Poinciana Road to the junction with South Road; thence South-West along the centreline of South Road to the junction with Rocky Bay Lane; thence South along the centreline of Rocky Bay Lane to the junction with an unnamed road connecting to Devonshire Bay Road; thence East along the unnamed road to the junction with Devonshire Bay Road; thence North along the centreline of Devonshire Bay Road to the junction with Devon Point Lane; thence South-East to a point on the coastline; thence continuing South-West along the coastline and following the coastline to a point on the coastline South of Bellevue Lane; thence North-West to Bellevue Lane and thence North-West along the centreline of Bellevue Lane to the junction with Bellevue Drive; thence North-West along the centreline of Bellevue Drive to the junction with South Road; thence West along the centreline of South Road to the junction with Tribe Road No.2; thence North-West along the centreline of Tribe Road No.2 to the junction with Stowe Hill; thence North along the centreline of Stowe Hill to the junction with The Lane; thence North along the centreline of The Lane to the centre of Crow Lane Roundabout.

Constituency 13 .- Devonshire North Central

CONSTITUENCY 13 .- DEVONSHIRE NORTH CENTRAL shall be all that land contained within a line drawn from the junction of Frog Lane with Old Military Road; thence North along the centreline of Frog Lane to the junction with Palmetto Road; thence North along the centreline of Palmetto Road to the junction with Dock Hill; thence North-West along the centreline of Dock Hill to the junction with North Shore Road; thence North to a point on the coastline; thence East along the coastline to a point on the coastline North of the junction of Loyal Hill Road and North Shore Road; thence South to the junction of North Shore Road and Loyal Hill Road; thence South-East along the centreline of Loyal Hill Road to the junction with the Railway Trail; thence East along the Railway Trail to a point on the Railway Trail equidistant between the junctions of Loyal Hill Crescent and Foothills Road; thence South-East following the property lines dividing properties accessed from Loyal Hill Road and Loyal Hill Crescent from the properties accessed from Foothills Road and Valley Heights Road, continuing to the junction with Vesey Street; thence North-East along the centreline of Vesey Street to the junction with Middle Road; thence South-West along the centreline of Middle Road to the junction with Chaingate Hill; thence South-East along the centreline of Chaingate Hill to the junction with Watlington Road East; thence South-West along the centreline of Watlington Road East to the junction with Brighton Hill Road; thence North-West along the centreline of Brighton Hill Road to the junction with Middle Road; thence West along the centreline of Middle Road to the junction with Fort Hill Road; thence North-West along the centreline of Fort Hill Road to the junction with Cedarbridge Lane; thence North-West along the centreline of Cedarbridge Lane to the junction with the Eastern boundary of the Cedar Park Properties; thence North-West along the Eastern boundary of the Cedar Park properties and the Dame Marjorie Bean Hope Academy to a point on the centreline of Parsons Lane; thence North-West along the centreline of Parsons Lane to the junction with Old Military Road; thence South-West along Old Military Road to the junction with Frog Lane.

Constituency 14 .- Devonshire North West

CONSTITUENCY 14 .- DEVONSHIRE NORTH WEST shall be all that land contained within a line drawn from the junction of Palmetto Road with Border Lane North; thence East along the centreline of Palmetto Road to the junction with Frog Lane; thence South along the centreline of Frog Lane to the junction with Old Military Road; thence East along the centreline of Old Military Road to the junction with Parsons Lane; thence South-East along the centreline of Parsons Lane to the junction with the Eastern boundary of Dame Marjorie Bean Hope Academy; thence along the Eastern boundary of Dame Marjorie Bean Hope Academy and the Cedar Park Properties to the junction with Cedarbridge Lane; thence West along the centreline of Cedarbridge Lane to the junction with Fort Hill Road; thence South along the centreline of Fort Hill Road to the junction with Middle Road; thence East along the centreline of Middle Road to the junction with Tee Street; thence South along the centreline of Tee Street to the junction with Berry Hill Road; thence South-West along the centreline of Berry Hill Road to the Centre of Crow Lane Roundabout; thence North-West along the Northern carriageway of Crow Lane to the junction with Corkscrew Hill; thence North-East along the centreline of Corkscrew Hill to the junction with Tribe Road No.3; thence North along Tribe Road nº 3 to the junction with Happy Valley Road; thence West along the centreline of Happy Valley Road to the junction with Deepdale Road West; thence North along the centreline of Deepdale Road West to the junction with Parsons Road; thence East along the centreline of Parsons Road to the junction with Border Lane South; thence North along the centreline of Border Lane South to the junction with Friswells Road; thence North along the centreline of Friswells Road to the junction with Border Lane North; thence North along the centreline of Border Lane North to the junction with Palmetto Road.

Constituency 15 .- Pembroke East

CONSTITUENCY 15 .- PEMBROKE EAST shall be all that land contained within a line drawn from the junction of North Shore Road with Band Room Lane; thence North to a point on the coastline; thence continuing East along the coastline and following the coastline to a point on the coastline North of the junction of Dock Hill with North Shore Road; thence South to the junction of Dock Hill with North Shore Road; thence South along the centreline of Dock Hill to the junction with Palmetto Road; thence South-West along the centreline of Palmetto Road to the junction with Marsh Folly Road; thence North along the centreline of Marsh Folly Road to the junction with St. Monica’s Road; thence East along the centreline of St. Monica’s Road to the junction with an unnamed road at St. Monica’s Church; thence North along the centreline of the unnamed road to the junction with Mission Lane; thence North-West along the centreline of Mission Lane to the junction with North Shore Road; thence East to the junction of Band Room Lane and North Shore Road.

Constituency 16 .- Pembroke East Central

CONSTITUENCY 16 .- PEMBROKE EAST CENTRAL shall be all that land contained within a line drawn from the junction of Perimeter Lane with Marsh Folly Road; thence East along the centreline of Marsh Folly Road to the junction of Marsh Folly Road and the Eastern boundary of the Government House property; thence North along the Eastern boundary of the Government House property to its junction with North Shore Road; thence North to a point on the coastline; thence East along the coastline to a point on the coastline North of the junction of North Shore Road and Band Room Lane; thence South to the junction of North Shore Road and Band Room Lane; thence West along the centreline of North Shore Road to the junction with Mission Lane; thence South along the centreline of Mission Lane to the junction with the unnamed road at St. Monica’s Church; thence South along the unnamed road to St. Monica’s Road; thence West along St. Monica’s Road to the junction with Marsh Folly Road; thence South along the centreline of Marsh Folly Road to the junction with Palmetto Road; thence East along Palmetto Road to the junction with Border Lane North; thence South along the centreline of Border Lane North to the junction with Friswells Road; thence South along the centreline of Friswells Road to the junction with Border Lane South; thence South along the centreline of Border Lane South to the junction with Parsons Road; thence West along the centreline of Parsons Road to the junction with Deepdale Road West; thence South along the centreline of Deepdale Road West to the junction with Happy Valley Road; thence West along the centreline of Happy Valley Road to the junction with Happy Valley Lane; thence West along Happy Valley Lane to the junction with Tribe Road No.1; thence North along Tribe Road No.1 to the junction with Curving Avenue; thence North along the centreline of Curving Avenue to the junction with St. Augustine Road; thence North along the centreline of St. Augustine Road to the junction with Parsons Road; thence East along the centreline of Parsons Road to the junction with The Glebe Road; thence North along the centreline of The Glebe Road to the junction of Perimeter Lane; thence West along the centreline of Perimeter Lane to the junction with Marsh Folly Road.

Constituency 17 .- Pembroke Central

CONSTITUENCY 17 .- PEMBROKE CENTRAL shall be all that land contained within a line drawn from the junction of St. John’s Road with Pitts Bay Road; thence East along the centreline of St. John’s Road to the junction with Berkeley Road; thence North along the centreline of Berkeley Road to the junction with Mount Hill; thence North-East along the centreline of Mount Hill to the junction with Fruitland Lane; thence North along the centreline of Fruitland Lane to the end of Stepney Lane; thence North along the centreline of Stepney Lane to the junction with North Shore Road; thence North to a point on the coastline; thence continuing East along the coastline and following the coastline to a point on the coastline North of the junction of North Shore Road and the Eastern boundary of the Government House property; thence South along the eastern Boundary of the Government House property to Marsh Folly Road; thence West along the centreline of Marsh Folly Road to the junction with Dutton Avenue; thence South along the centreline of Dutton Avenue to the junction with North Street; thence East along the centreline of North Street to the junction with Union Street; thence South along the centreline of Union Street to the junction with King Street; thence East and then South along the centreline of King Street to the junction with Dundonald Street; thence West along the centreline of Dundonald Street to the junction with Court Street; thence North along the centre of Court Street to the junction of Elliot Street; thence West along the centreline of Elliot Street to the junction with Brunswick Street; thence North along the centreline of Brunswick Street to the junction with North Street; thence West along the centreline of North Street to the junction with Cedar Avenue; thence North along the centreline of Cedar Avenue to the junction with Laffan Street; thence West along the centreline of Laffan Street to the junction with Canal Road; thence West along the centreline of Canal Road to the junction with Woodlands Road; thence South along the centreline of Woodlands Road to the junction with Serpentine Road; thence West along the centreline of Serpentine Road to the junction with Pitts Bay Road; thence North-West along the centreline of Pitts Bay Road to the junction with St. John’s Road.

Constituency 18 .- Pembroke West Central

CONSTITUENCY 18 .- PEMBROKE WEST CENTRAL shall include all that land contained within a line drawn from the junction of St. John’s Road with Sunset View Road; thence North-West along the centreline of Sunset View Road to the junction with Sunset Pass; thence North-West along the centreline of Sunset Pass to the junction with North Shore Road; thence North to a point on the coastline; thence continuing East along the coastline and following the coastline to a point on the coastline North of the junction of North Shore Road with Stepney Lane; thence South to the junction of North Shore Road with Stepney Lane; thence South along the Centreline of Stepney Lane to the end of Fruitland Lane; thence South along the centreline of Fruitland Lane to the junction with Mount Hill; thence West along the centreline of Mount Hill to the junction with Berkeley Road; thence South along the centreline of Berkeley Road to the junction with St. John’s Road; thence West along the centreline of St. John’s Road to the junction with Sunset View Road.

Constituency 19 .- Pembroke West

CONSTITUENCY 19 .- PEMBROKE WEST shall be all that land contained within a line drawn from the junction of St. John’s Road with Sunset View Road; thence East along the centreline of St. John’s Road to the junction with Traveller’s Lane; thence South along the centreline of Traveller’s Lane to a point on the coastline South of the end of Traveller’s Lane; thence continuing West along the coastline and following the coastline around Spanish Point peninsula to a point on the coastline North of the junction of North Shore Road with Sunset Pass; thence South to the junction of North Shore Road with Sunset Pass; thence South-East along the centreline of Sunset Pass to the junction with Sunset View Road; thence South-East along the centreline of Sunset View Road to the junction with St. John’s Road and shall include Mount Island, Tilley Island, Rushy Island and Cobbler’s Island.

Constituency 20 .- Pembroke South West

CONSTITUENCY 20 .- PEMBROKE SOUTH WEST shall be all that land contained within a line drawn from the junction of King Street and Front Street; thence East along the centreline of Front Street to the entrance of Hamilton Dock; thence South along the Eastern boundary of Hamilton Dock to a point on the coastline; thence West along the coastline of Hamilton Harbour and continuing around Point Shares peninsula to a point on the coastline in Mills Creek at the end of Traveller’s Lane; thence along the centreline of Traveller’s Lane to the junction with St. John’s Road; thence East along the centreline of St. John’s Road to the junction with Pitts Bay Road; thence South along the centreline of Pitts Bay Road to the junction with Serpentine Road; thence East along the centreline of Serpentine Road to the junction with Woodlands Road; thence North along the centreline of Woodlands Road to the junction with Canal Road; thence East along the centreline of Canal Road to the junction with Laffan Street; thence East along the centreline of Laffan Street to the junction with Cedar Avenue; thence South along the centreline of Cedar Avenue to the junction with North Street; thence East along the centreline of North Street to the junction with Brunswick Street; thence South along the centreline of Brunswick Street to the junction with Elliot Street; thence East along the centreline of Elliot Street to the junction with Court Street; thence South along the centreline of Court Street to the junction with Dundonald Street; thence East along the centreline of Dundonald Street to the junction with King Street; thence South along the centreline of King Street to the junction with Front Street and shall include Cat Island, Partridge Island, Goose Island, Bird Island, Goat Island, Stipple Island, Agar’s Island and Saltus Island.

Constituency 21 .- Pembroke South East

CONSTITUENCY 21 .- PEMBROKE SOUTH EAST shall be all that land contained within a line drawn from the junction of Dutton Avenue with Marsh Folly Road; thence East along the centreline of Marsh Folly Road to the junction with Perimeter Lane; thence South-East along the centreline of Perimeter Lane to the junction with The Glebe Road; thence South along the centreline of The Glebe Road to the junction with Parsons Road; thence West along the centreline of Parsons Road to the junction with St. Augustine Road; thence South along the centreline of St. Augustine Road to the junction with Curving Avenue; thence South along the centreline of Curving Avenue to the junction with Tribe Road No. 1; thence South on Tribe Road No. 1 to the junction with Happy Valley Lane; thence East along the centreline of Happy Valley Lane to the junction with Happy Valley Road; thence East along the centreline of Happy Valley Road to the junction with Tribe Road nº 3; thence South along the centreline of Tribe Road nº 3 to the junction with Corkscrew Hill; thence South along the centreline of Corkscrew Hill to the junction with the North carriageway of Crow Lane; thence South-East along the North carriageway of Crow Lane to the centre of Crow Lane Roundabout; thence South-West along the centreline of The Lane to the junction with Trimingham Drive; thence North to a point on the coastline; thence North along the coastline to the Foot of the Lane; thence West along the coastline to a point on the coastline South of the entrance to Hamilton Dock; thence North along the Eastern boundary of Hamilton Dock to the entrance of Hamilton Dock on Front Street; thence West along Front Street to the junction with King Street; thence North along the centreline of King Street to the junction with Union Street; thence North-West along the centreline of Union Street to the junction with North Street; thence West along the centreline of North Street to the junction with Dutton Avenue; thence North along the centreline of Dutton Avenue to the junction with Marsh Folly Road.

Constituency 22 .- Paget East

CONSTITUENCY 22 .- PAGET EAST shall be all that land contained within a line drawn from the junction of Cobbs Hill Road with Ord Road; thence North-East along the centreline of Ord Road to the junction with the Railway Trail; thence North-West along the centreline of the Railway Trail to the junction with Tribe Road  nº 4A; thence North along the centreline of Tribe Road nº 4A to the junction with Middle Road; thence North-East along the centreline of Middle Road to the junction with South Road; thence East along the centreline of South Road to the junction with Lovers Lane; thence North-West along the centreline of Lovers Lane to the junction with the unnamed road; thence North-East along the centreline of the unnamed road to the junction with Harbour Road; thence North to a point on the coastline at Red Hole; thence continuing North-East along the coastline and following the coastline to a point on the coastline North-West of the junction of The Lane with Trimingham Drive; thence South-East to the junction of The Lane with Trimingham Drive; thence South-West along the centreline of The Lane to the junction with Stowe Hill; thence South along the centreline of Stowe Hill to the junction with Tribe Road No.2; thence South-East along the centreline of Tribe Road nº 2 to the junction with South Road; thence East along the centreline of South Road to the junction with Bellevue Drive; thence South-East along Bellevue Drive and continuing straight onto Bellevue Lane; thence South-East from a bend in Bellevue Lane to a point on the coastline; thence South-West along the coastline to a point on the coastline South-East of the junction of South Road with Honey Hill; thence North-West to the junction of South Road with Honey Hill; thence West along the centreline of South Road to the junction with Cobbs Hill Road; thence North along the centreline of Cobbs Hill Road to the junction with Ord Road.

Constituency 23 .- Paget West

CONSTITUENCY 23 .- PAGET WEST shall be all that land contained within a line drawn from the junction of Middle Road with Morgan Road; thence North-West along the centreline of Morgan Road to the junction with Harbour Road; thence North-West to a point on the coastline; thence continuing North-East along the coastline and following the coastline to a point on the coastline North of the junction of Harbour Road with the unnamed road at Red Hole; thence South-West to the junction of the Harbour Road with the unnamed road; thence South-West along the unnamed road to the junction with Lovers Lane; thence South-East along the centreline of Lovers Lane to the junction with South Road; thence South-West along the centreline of South Road to the junction with Middle Road; thence West along the centreline of Middle Road to the junction with Chapel Road; thence South-East along the centreline of Tribe Road No.4A to the junction with the Railway Trail; thence East along the centreline of the Railway Trail to the junction with Ord Road; thence South-West along the centreline of Ord Road to the junction with Cobbs Hill Road; thence North-West along the centreline of Cobbs Hill Road to the junction with Middle Road; thence South-West along the centreline of Middle Road to the junction with Morgan Road and shall include Burnt Island, White’s Island, Doctor’s Island and Spectacle Island.

Constituency 24 .- Warwick South East

CONSTITUENCY 24 .- WARWICK SOUTH EAST shall be all that land contained within a line drawn from the junction of Rocklands Road with the Railway Trail; thence North-East along the centreline of the Railway Trail to the junction with Cobbs Hill Road; thence South-East along the centreline of Cobbs Hill Road to the junction with South Road; thence North-East along the centreline of South Road to the junction with Honey Hill; thence South-East to a point on the coastline; thence continuing South-West along the coastline to a point on the coastline South-East of the junction of South Road with Marley Beach Lane; thence North-West to the junction of South Road with Marley Beach Lane; thence West along the centreline of South Road to the junction with Rocklands Road; thence North-West along the centreline of Rocklands Road to the junction with Rocklands Crescent; thence North-East along the centreline of Rocklands Crescent to the junction with Rocklands Road; thence North along the centreline of Rocklands Road to the junction with the Railway Trail.

Constituency 25 .- Warwick North East

CONSTITUENCY 25 .- WARWICK NORTH EAST shall be all that land contained within a line drawn from the junction of Middle Road and Longford Road; thence North-West along the centreline of Longford Road to the junction with St. Mary’s Road; thence South-West along the centreline of St. Mary’s Road to the junction with Tribe Road No.6; thence North-West along the centreline of Tribe Road  nº 6 to the junction with Harbour Road; thence North to a point on the coastline; thence continuing North-East along the coastline and following the coastline to a point on the coastline North-East of the junction of Harbour Road with Morgan Road; thence South-East to the junction of Harbour Road with Morgan Road; thence South-East along the centreline of Morgan Road to the junction with Middle Road; thence North-East along the centreline of Middle Road to the junction with Cobbs Hill Road; thence South-East along the centreline of Cobbs Hill Road to the junction with the Railway Trail; thence West along the centreline of the Railway Trail to the junction of Tribe Road No.3; thence North-West along Tribe Road  nº 3 to the junction with Olive Bank Drive thence North-West along the centreline of Olive Bank Drive to the junction with Middle Road and shall include Lefroy Island, Agassiz Island, Verrill Island, Beebe Island, Hinson Island, Darrell Island, Burt Island, Grace Island, Alpha Island, Beta Island, Gamma Island, Delta Island, Epsilon Island, Zeta Island, Eta Island, Theta Island, Iota Island, Kappa Island, Lambda Island, Hawkins Island, Pearl Island, Nelly Island, Ports Island, Long Island, Fern Island, Marshall Island, Godet’s Island, Watling Island and Bluck’s Island.

Constituency 26 .- Warwick South Central

CONSTITUENCY 26 .- WARWICK SOUTH CENTRAL shall be all that land contained within a line drawn from the junction of Middle Road with Stadium Lane; thence East along the centreline of Middle Road to the junction with Olive Bank Drive; thence South East along the centreline of Olive Bank Drive to the junction with Tribe Road nº 3; thence South-East along the centreline of Tribe Road nº 3 to the junction with the Railway Trail; thence North-East along the centreline of the Railway Trail to the junction with Rocklands Road; thence South-East along the centreline of Rocklands Road to the junction with Rocklands Crescent; thence East along the centreline of Rocklands Crescent to the junction with Rocklands Road; thence South along the centreline of Rocklands Road to the junction with South Road; thence East along the centreline of South Road to the junction with Marley Beach Lane; thence South-East to a point on the coastline; thence continuing South-West along the coastline to a point on the coastline at the Western Boundary of Astwood Park; thence North-West along the Western Boundary of Astwood Park to South Road; thence South-West along the centreline of South Road to the junction with Warwick Lane; thence West along the centreline of Warwick Lane to the junction with Spice Hill Road; thence North-East along the centreline of Spice Hill Road to the junction with Pearman’s Hill; thence North-West along the centreline of Pearman’s Hill to the junction with Pearman’s Hill West; thence South-West along the centreline of Pearman’s Hill West to the junction with Stadium Lane; thence North-West along the centreline of Stadium Lane to the junction with Middle Road.

Constituency 27 .- Warwick North Central

CONSTITUENCY 27 .- WARWICK NORTH CENTRAL shall be all that land contained within a line drawn from the junction of Middle Road and Burnt House Hill; thence North along the centreline of Burnt House Hill to the junction with Harbour Road; thence North-East along the centreline of Burnt House Drive to a point on the coastline; thence East along the coastline to a point on the coastline at the junction of Harbour Road with Tribe Road No.6; thence South-East along the centreline of Tribe Road nº 6 to the junction with St. Mary’s Road; thence North-East along the centreline of St. Mary’s Road to the junction with Longford Road; thence South-East along the centreline of Longford Road to the junction with Middle Road; thence South-West along the centreline of Middle Road to the junction with Burnt House Hill.

Constituency 28 .- Warwick West

CONSTITUENCY 28 .- WARWICK WEST shall be all that land contained within a line drawn from the junction of Camp Hill with Middle Road; thence East along the centreline of Middle Road to the junction with Leith Hill Lane; thence North to a point on the coastline; thence East along the coastline and following the coastline around the peninsula to a point on the coastline North-East of the junction of Harbour Road with Burnt House Hill; thence South-West to the junction of Harbour Road with Burnt House Hill; thence South along the centreline of Burnt House Hill to the junction with Middle Road, thence East along the centreline of Middle Road to the junction with Stadium Lane; thence South-East along the centreline of Stadium Lane to the junction with Pearman’s Hill West; thence South-West along the centreline of Pearman’s Hill West to the junction of Pearman’s Hill; thence South-East along the centreline of Pearman’s Hill to the junction with Spice Hill Road; thence South-West along the centreline of Spice Hill Road to the junction with Warwick Lane; thence East along the centreline of Warwick Lane to the junction with South Road; thence East along the centreline of South Road to the Western boundary of Astwood Park; thence South-East along the Western boundary of Astwood Park to a point on the coastline; thence West along the coastline to a point on the coastline South of the junction with Long Bay Place and South Road; thence North-West to the junction of Long Bay Place and South Road; thence West along the centreline of South Road to the junction with Camp Road; thence North along the centreline of Camp Road to the junction with Spice Hill Road; thence West along the centreline of Spice Hill Road to the junction with Camp Hill; thence North along the centreline of Camp Hill to the junction of Middle Road, and shall include Riddell’s Island.

Constituency 29 .- Southampton East

CONSTITUENCY 29 .- SOUTHAMPTON EAST shall be all that land contained within a line drawn from the junction of Riviera Road and the Railway Trail; thence North-East along the centreline of the Railway Trail to the junction with Scenic Heights Pass; thence North-West to the junction with Middle Road; thence North-East along the centreline of Middle Road to the junction with Raynor Heights; thence North-West along the property boundaries that divide Williamsville Place from Plumber Lane to a point on the coastline; thence East along the coastline to a point on the coastline North-West of the junction of Leith Hill Lane and Middle Road; thence South-East to the junction of Leith Hill Lane and Middle Road; thence South-West along the centreline of Middle Road to the junction with Camp Hill; thence South-East along the centreline of Camp Hill to the junction with Spice Hill Lane; thence East along the centreline of Spice Hill Lane to the junction with Camp Road; thence South along the centreline of Camp Road to the junction with South Road; thence North-East along the centreline of South Road to the junction of South Road and Long Bay Place; thence South-East to a point on the coastline; thence West along the coastline to a point on the coastline on the Western Boundary of South Shore Park; thence North along the Western Boundary of South Shore Park to the junction with South Road; thence North-East along the centreline of South Road to the Eastern boundary of the Fairmont Southampton Hotel property; thence North along the Eastern boundary of the Fairmont Southampton Hotel property to the end of Riviera Road; thence North along Riviera Road to the junction with the Railway Trail.

Constituency 30 .- Southampton East Central

CONSTITUENCY 30 .- SOUTHAMPTON EAST CENTRAL shall be all that land contained within a line drawn from the junction of Tribe Road nº 3 with the Railway Trail; thence North to a point on the coastline; thence continuing East along the coastline and following the coastline to a point on the coastline North of the property boundaries that divide Williamsville Place from Plumber Lane; thence South along the property boundaries that divide Williamsville Place from Plumber Lane to the junction of Middle Road with Raynor Heights; thence South-West along the centreline of Middle Road to the junction with Scenic Heights Pass; thence South-East along the centreline of Scenic Heights Pass to the junction with the Railway Trail; thence South-West along the centreline of the Railway Trail to the junction with Riviera Road; thence South-East along the centreline of Riviera Road; thence continuing along the Eastern boundary of the Fairmont Southampton Hotel property to a point on South Road; thence South-West along the centreline of South Road to the junction of South Road and the Western Boundary of South Shore Park; thence South along the Western boundary of South Shore park to a point on the coastline; thence continuing West along the coastline and following the coastline to a point on the coastline South of the junction of South Road with Church Road; thence North to the junction of South Road with Church Road; thence North along the centreline of Church Road to the junction with St. Anne’s Road; thence East along the centreline of St. Anne’s Road to the junction with Tribe Road nº 3; thence North along the centreline of Tribe Road nº 3 to the junction with the Railway Trail and shall include Spectacle Island, Bartlett Islands, and Perot’s Island.

Constituency 31 .- Southampton West Central

CONSTITUENCY 31 .- SOUTHAMPTON WEST CENTRAL shall be all that land contained within a line drawn from the junction of Luke’s Pond Drive with Middle Road; thence North-West along the centreline of Middle Road to the junction with Tribe Road No. 5; thence North-East along the centreline of Tribe Road nº 5 to the junction with Rockaway Road; thence North-East along the centreline of Rockaway Road to the junction with Rockaway Drive; thence South-East along the centreline of Rockaway Drive continuing to a point on the coastline; thence continuing South along the coastline and following the coastline to a point on the coastline North of the junction of Tribe Road No.3 with the Railway Trail; thence South to the junction of the Railway Trail and Tribe Road No.3; thence South along the centreline of Tribe Road nº 3 to the junction with St. Anne’s Road; thence West along the centreline of St. Anne’s Road to the junction with Church Road; thence South along the centreline of Church Road to the junction with South Road; thence South to a point on the coastline; thence continuing West along the coastline and following the coastline to a point on the coastline South-West of the end of Luke’s Pond Drive; thence North-East to the end of Luke’s Pond Drive and thence along the centreline of Luke’s Pond Drive to the junction with Middle Road and shall include Five Star Island and Buck Island.

Constituency 32 .- Southampton West

CONSTITUENCY 32 .- SOUTHAMPTON WEST shall be all that land contained within a line drawn from the junction of Woodlawn Road with Middle Road; thence South-East along the centreline of Middle Road to the junction of George’s Bay Road; thence North-East along the centreline of George’s Bay Road to Constitution Road; thence North-East along the centreline of Constitution Road to the junction with Lexington Road; thence North-West to a point on the coastline; thence continuing East along the coastline and following the coastline around the peninsula to a point on the coastline East of Rockaway Drive; thence West to the end of Rockaway Drive; thence West along the centreline of Rockaway Drive to the junction with Rockaway Road; thence South-West along the centreline of Rockaway Road and thence continuing into Tribe Road No.5 to the junction with Middle Road; thence South along the centreline of Middle Road to the junction of Middle Road and Luke’s Pond Drive; thence South-West along the centreline of Luke’s Pond Drive continuing to a point on the coastline; thence continuing North-West along the coastline and following the coastline to a point on the coastline South-West of the end of Beach Road; thence North-East to the end of Beach Road and thence along the centreline of Beach Road to the junction with Woodlawn Road; thence North-East along the centreline of Woodlawn Road to the junction with Middle Road.

Constituency 33 .- Sandys South

CONSTITUENCY 33 .- SANDYS SOUTH shall be all that land contained within a line drawn from the junction of Somerset Road with Bay Lane; thence South along the centre line of Somerset Road to the junction with Sound View Road; thence East along the centreline of Sound View Road to the junction with Heathcote Hill; thence South and East along the property boundaries that divide the properties of Heathcote Hill and Kiskadee Lane from the Heydon Trust Property; thence North-East along the boundary of the Heydon Trust Property to a point on the Railway Trail; thence North on the Railway Trail to the bridge over Sound View Drive; thence South-East along Sound View Drive and continuing to a point on the coastline; thence continuing South along the coastline and following the coastline to Somerset Bridge; thence South-East to a point on the coastline North-West of the junction of Constitution Road and Lexington Road; thence South-East to the junction of Constitution Road with Lexington Road; thence South-West along the centreline of Constitution Road to the junction with George’s Bay Road; thence South-West along the centreline of George’s Bay Road to the junction with Middle Road; thence North-West along the centreline of Middle Road to the junction with Woodlawn Road; thence South-West along the centreline of Woodlawn Road to the junction with Beach Road; thence South-West along the centreline of Beach Road continuing to a point on the coastline; thence continuing North-West along the coastline and following the coastline to Somerset Bridge; thence North-East along the East face of Somerset Bridge; thence following the coastline around Somerset Island to a point on the coastline West of the junction of Bay Lane with Somerset Road; thence East to the junction of Bay Lane with Somerset Road; and shall include Whale Island, Bethell’s Island and Morgan’s Island.

Constituency 34 .- Sandys South Central

CONSTITUENCY 34 .- SANDYS SOUTH CENTRAL shall be all that land contained within a line drawn from the junction of Sound View Road and Somerset Road; thence North along the centre line of Somerset Road to the junction of Somerset Road and Scott’s Hill Road; thence East along the centreline of Scott’s Hill Road to the junction with Sound View Road; thence South to the junction of Sound View Road and Gwelly Lane; thence South-East to a point on the coastline; thence continuing South along the coastline and following the coastline to a point on the coastline South-East of the end of Sound View Drive; thence North-West to the end of South View Drive along the centreline of Sound View Drive to the point at which the Railway Trail bridge passes over Sound View Drive; thence South-West along the centreline of the Railway Trail to a point at the junction with the Northern boundary of the Heydon Trust Property; thence West and then North along the property boundaries that divide the properties of Heathcote Hill and Kiskadee Lane from the Heydon Trust property; thence to the junction of Heathcote Hill and Sound View Road; thence South-West to the junction of Sound View Road and Somerset Road.

Constituency 35 .- Sandys North Central

CONSTITUENCY 35 .- SANDYS NORTH CENTRAL shall be all that land contained within a line drawn from the junction of West Side Road with Cedars Lane; thence East along the centreline of Cedars Lane to the junction with Long Bay Lane; thence North along the centreline of Long Bay Lane to the junction with Gilbert Lane; thence East along the centreline of Gilbert Lane to the junction with School Lane; thence South-East along the centreline of School Lane to the junction with Somerset Road; thence North-east along the centreline of Somerset Road to the junction with Mangrove Bay Road; thence East along the centreline of Mangrove Bay Road to the junction with East Shore Road; thence South-East along the centreline of East Shore Road to the junction with Scott’s Hill Road; thence East to a point on the coastline; thence following the coastline around and including Cavello Bay to a point on the coastline South-East of the junction of Sound View Road and Gwelly Lane; thence North-West to the junction of Gwelly Lane and Sound View Road; thence along the centreline of Sound View Road to the junction of Sound View Road and Scott’s Hill Road; thence South-West along the centreline of Scott’s Hill Road to the junction with Somerset Road; thence South-West along the centreline of Somerset Road to the junction with Bay Lane; thence West to a point on the coastline; thence continuing North along the coastline and following the coastline to a point on the coastline West of the junction of West Side Road and Cedars Lane; thence East to the junction of West Side Road and Cedars Lane.

Constituency 36 .- Sandys North

CONSTITUENCY 36 .- SANDYS NORTH shall be all that land contained within a line drawn from the junction of West Side Road with Cedars Lane; thence West to a point on the coastline; thence continuing North along the coastline and following the coastline to Watford Bridge; thence to a point on the coastline East of the junction of Scott’s Hill Road with East Shore Road; thence West to the junction of Scott’s Hill Road with East Shore Road; thence North-West along the centreline of East Shore Road to the junction with Mangrove Bay Road; thence West along the centreline of Mangrove Bay Road to the junction with Somerset Road; thence West along the centreline of Somerset Road to the junction with School Lane; thence North-West along the centreline of School Lane to the junction with Gilbert Lane; thence West along the centreline of Gilbert Lane to the junction with Long Bay Lane; thence South along the centreline of Long Bay Lane to the junction with Cedars Lane; thence West along the centreline of Cedars Lane to the junction with West Side Road, and shall include Watford Island, Boaz Island, Ireland Island South, Ireland Island North, Daniel’s Island, One Tree Island and Cross Island.».

Made this 20th day of December 2010

Governor

Chapter I.- General Provisions

Article 1.- This law is enacted, in accordance with the Constitution, for the purpose of protecting the copyright of authors in their literary, artistic and scientific works and the rights and interests related to copyright, encouraging the creation and dissemination of works conducive to the building of a socialist society that is advanced ethically and materially, and promoting the progress and flourishing of socialist culture and sciences.

Article 2.- Chinese citizens, legal entities or other organizations shall, in accordance with this Law, enjoy the copyright in their works, whether published or not.

The copyright enjoyed by foreigners or stateless persons in any of their works under an agreement concluded between China and the country to which they belong or in which they have their habitual residences, or under an international treaty to which both countries are parties, shall be protected by this Law.

Foreigners and stateless persons whose works are first published in the territory of China shall enjoy the copyright in accordance with this Law.

Any work of an author of a country that has not concluded any agreement with China or that is not a party to any international treaty to which China is a party and any work of a stateless person, which is first published in a member country of an international treaty to which China is a party, or simultaneously published in a member country of the treaty and in a non-member country, shall be protected by this Law.

Article 3.- For purposes of this law, the term «works» includes, among other things, works of literature, art, natural sciences, social sciences, engineering and technology, which are created in any of the following forms:

(1) written works;

(2) oral works;

(3) musical, dramatic, quyi, choreographic and acrobatic works;

(4) works of the fine arts and architecture;

(5) photographic works;

(6) cinematographic works and works created by a process analogous to cinematography;

(7) graphic works such as drawings of engineering designs and product designs, maps and sketches, and model works;

(8) computer software; and

(9) other works as provided for in laws and administrative regulations.

Article 4.- Works the publication and dissemination of which are prohibited by law shall not be protected by this Law.

In exercising their copyright, no copyright owners may violate the Constitution or laws, nor may they impair public interests.

Article 5.- This Law shall not be applicable to:

(1) laws and regulations, resolutions, decisions and orders of State organs, other documents of a legislative, administrative or judicial nature and their official translations;

(2) news on current affairs; and

(3) calendars, numerical tables and forms of general use, and formulas.

Article 6.- Measures for the protection of copyright in works of folk literature and art shall be formulated separately by the State Council.

Article 7.- The administrative department for copyright under the State Council shall be responsible for the administration of copyright nationwide. The administrative departments for copyright under the people's governments of provinces, autonomous regions and municipalities directly under the Central Government shall be responsible for the administration of copyright in their respective administrative regions.

Article 8 Copyright owners or owners of the rights related to the copyright may authorize collective copyright administration organizations to exercise their copyright or rights related to the copyright. Upon authorization, a collective copyright administration organization may exercise the copyright or the rights related to the copyright in its own name for the copyright owner or the owner of the rights related to the copyright and participate as a party in legal or arbitration proceedings concerning the copyright or the rights related to the copyright.

Collective copyright administration organizations are non-profit organizations, and regulations concerning the way of their establishment, their rights and obligations, their collection and distribution of copyright licensing fees, and their supervision and administration shall be formulated separately by the State Council.

Chapter II.- Copyright

Section 1.- Copyright Owners and Their Rights

Article 9.- Copyright owners include:

(1) authors; and

(2) other citizens, legal entities and other organizations enjoying the copyright in accordance with this Law.

Article 10.- Copyright includes the following personal rights and property rights:

(1) the right of publication, that is, the right to decide whether to make a work available to the public;

(2) the right of authorship, that is, the right to claim authorship in respect of, and to have the author's name mentioned in connection with, a work;

(3) the right of revision, that is, the right to revise or authorize others to revise a work;

(4) the right of integrity, that is, the right to protect a work against distortion and mutilation;

(5) the right of reproduction, that is, the right to produce one or more copies of a work by printing, photocopying, lithographing, making a sound recording or video recording, duplicating a recording, or duplicating a photographic work, or by other means;

(6) the right of distribution, that is, the right to provide the original copy or reproductions of a work to the public by selling or donating;

(7) the right of rental, that is, the right to authorize others to use temporarily a cinematographic work or a work created by a process analogous to cinematography, or computer software, except where the software itself is not the essential object of the rental;

(8) the right of exhibition, that is, the right to publicly display the original copy or reproductions of a work of the fine arts or of a photographic work;

(9) the right of performance, that is, the right to publicly perform a work, and to publicly communicate the performance of a work by any means or process;

(10) the right of presentation, that is, the right to publicly present a work of the fine arts, a photographic work, a cinematographic work, a work created by a process analogous to cinematography, or other works, by projector, slide projector or any other technology or instrument;

(11) the right of broadcasting, that is, the right to broadcast a work or disseminate it to the public by any wireless means, to communicate the broadcast of a work to the public by wire or by rebroadcasting, and to publicly communicate the broadcast of a work by loudspeaker or any other analogous instrument transmitting signs, sounds or images;

(12) the right of communication through information network, that is, the right to make a work available to the public by wire or by wireless means, so that people may have access to the work from a place and at a time individually chosen by them;

(13) the right of cinematography, that is, the right to fix an adaptation of a work in a medium by cinematography or a process analogous to cinematography;

(14) the right of adaptation, that is, the right to change a work into a new one with originality;

(15) the right of translation, that is, the right to change the language in which the work is written into another language;

(16) the right of compilation, that is, the right to compile by selection or arrangement preexisting works or passages therefrom into a new work; and

(17) other rights to be enjoyed by copyright owners.

Copyright owners may authorize others' exercising of the rights provided for in Subparagraph (5) through Subparagraph (17) of the preceding paragraph and receive remuneration in accordance with the terms of contracts or the relevant provisions in this Law.

Copyright owners may transfer, wholly or in part, the rights provided for in Subparagraph (5) through Subparagraph (17) of the first paragraph in this Article and receive fees in accordance with the terms of contracts or the relevant provisions in this Law.

Section 2.- Ownership of Copyright

Article 11.- Except where otherwise provided for in this Law, the copyright in a work shall belong to its author.

The author of a work is the citizen who creates the work.

Where a work is created under the auspices and according to the intention of a legal entity or other organization, which bears responsibility for the work, the said legal entity or organization shall be deemed to be the author of the work.

The citizen, legal entity or other organization whose name is mentioned in connection with a work shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to be the author of the work.

Article 12.- Where a work is created by adaptation, translation, annotation or arrangement of a preexisting work, the copyright in the work thus created shall be enjoyed by the adapter, translator, annotator or arranger, provided that the exercise of such copyright does not prejudice the copyright in the preexisting work..

Article 13.- Where a work is created jointly by two or more authors, the copyright in the work shall be enjoyed jointly by the co-authors. No co-authorship may be claimed by anyone who has not participated in the creation of the work.

Where a work of joint authorship can be separated into parts and exploited separately, each co-author may be entitled to independent copyright in the part that he creates, provided that the exercise of such copyright does not prejudice the copyright in the joint work as a whole.

Article 14.- A collection of preexisting works or passages therefrom, or of data or other material which does not constitute a work, if manifesting the originality of a work by reason of the selection or arrangement of its contents, is a compilation. The copyright in such compilation shall be enjoyed by the compiler, provided that the exercise of such copyright does not prejudice the copyright in the preexisting works.

Article 15.- The copyright in a cinematographic work or in a work created by a process analogous to cinematography shall be enjoyed by the producer of the work, while its scriptwriter, director, cameraman, lyricist, composer and other authors shall enjoy the right of authorship therein and shall be entitled to receive remuneration in accordance with the terms of the contracts concluded between them and the producer.

The authors of the script, the musical works and the other works which are included in a cinematographic work or in a work created by a process analogous to cinematography and which can be exploited separately shall be entitled to exercise their copyright independently.

Article 16.- A work created by a citizen in the fulfillment of tasks assigned to him by a legal entity or other organization is a work created in the course of employment. Subject to the provisions of the second paragraph of this Article, the copyright in such work shall be enjoyed by the author; however, the legal entity or other organization shall have priority to exploit the work within the scope of its professional activities. Within two years after the completion of the work, the author may not, without the consent of the legal entity or other organization, authorize the exploitation of the work by a third party in the same manner as the legal entity or other organization exploits the work.

In any of the following cases, the author of a work created in the course of employment shall enjoy the right of authorship, while the legal entity or other organization shall enjoy the other rights included in the copyright and may reward the author:

(1) drawings of engineering designs and product designs, maps, computer software and other works which are created in the course of employment mainly with the material and technical resources of the legal entity or other organization and for which the legal entity or other organization bears responsibility;

(2) works created in the course of employment the copyright in which is, in accordance with laws, administrative regulations or contracts, enjoyed by the legal entity or other organization.

Article 17.- The ownership of the copyright in a commissioned work shall be agreed upon in a contract between the commissioning and the commissioned parties. In the absence of such a contract or of an explicit agreement in such a contract, the copyright in the work shall belong to the commissioned party.

Article 18.- The transfer of ownership of the original copy of a work of the fine arts or other works shall not be deemed to include the transfer of the copyright in such work or works; however, the right to exhibit the original copy of the work of the fine arts shall be enjoyed by the owner of the original copy.

Article 19.- Where the copyright in a work belongs to a citizen, the rights as provided for in Subparagraph (5) through Subparagraph (17) of the first paragraph in Article 10 of this Law in respect of the work shall, after his death and during the term of protection provided for in this Law, be transferred in accordance with the provisions of the Law of Succession.

Where the copyright in a work belongs to a legal entity or other organization, the rights provided for in Subparagraph (5) through Subparagraph (17) of the first paragraph in Article 10 of this Law shall, after the change or the termination of the status of the legal entity or other organization and during the term of protection provided for in this Law, be enjoyed by the succeeding legal entity or other organization which takes over the former's rights and obligations, or, in the absence of such succeeding entity or organization, by the State.

Section 3.- Term of Protection for the Rights

Article 20.- No time limit shall be set on the term of protection for an author's rights of authorship and revision and his right to protect the integrity of his work.

Article 21.- In respect of a work of a citizen, the term of protection for the right of publication and the rights as provided for in Subparagraph (5) through Subparagraph (17) of the first paragraph in Article 10 of this Law shall be the lifetime of the author and fifty years after his death, expiring on December 31 of the fiftieth year after his death. In the case of a work of joint authorship, the term shall expire on December 31 of the fiftieth year after the death of the last surviving author.

In respect of a work of a legal entity or other organization or a work which is created in the course of employment and the copyright (except the right of authorship) in which is enjoyed by a legal entity or other organization, the term of protection for the right of publication and the rights as provided for in Subparagraph (5) through Subparagraph (17) of the first paragraph in Article 10 of this Law shall be fifty years, expiring on December 31 of the fiftieth year after the first publication of such work; however, such work shall no longer be protected under this Law if it is not published within fifty years after the completion of its creation.

In respect of a cinematographic work, a work created by a process analogous to cinematography or a photographic work, the term of protection for the right of publication and the rights as provided for in Subparagraph (5) through Subparagraph (17) of the first paragraph in Article 10 of this Law shall be fifty years, expiring on December 31 of the fiftieth year after the first publication of such work; however, such work shall no longer be protected under this Law if it is not published within fifty years after the completion of its creation.

Section 4.- Limitations on Rights

Article 22.- In the following cases, a work may be used without permission from, and without payment of remuneration to, the copyright owner, provided that the name of the author and the title of the work are mentioned and the other rights enjoyed by the copyright owner in accordance with this Law are not prejudiced:

(1) use of another person's published work for purposes of the user's own personal study, research or appreciation;

(2) appropriate quotation from another person's published work in one's own work for the purpose of introducing or commenting a certain work, or explaining a certain point;

(3) unavoidable inclusion or quotation of a published work in the media, such as in a newspaper, periodical and radio and television program, for the purpose of reporting current events;

(4) publishing or rebroadcasting by the media, such as a newspaper, periodical, radio station and television station, of an article published by another newspaper or periodical, or broadcast by another radio station or television station, etc. on current political, economic or religious topics, except where the author declares that such publishing or rebroadcasting is not permitted;

(5) publishing or broadcasting by the media, such as a newspaper, periodical, radio station and television station of a speech delivered at a public gathering, except where the author declares that such publishing or broadcasting is not permitted;

(6) translation, or reproduction in a small quantity of copies of a published work by teachers or scientific researchers for use in classroom teaching or scientific research, provided that the translation or the reproductions are not published for distribution;

(7) use of a published work by a State organ to a justifiable extent for the purpose of fulfilling its official duties;

(8) reproduction of a work in its collections by a library, archive, memorial hall, museum, art gallery, etc. for the purpose of display, or preservation of a copy, of the work;

(9) gratuitous live performance of a published work, for which no fees are charged to the public, nor payments are made to the performers;

(10) copying, drawing, photographing or video-recording of a work of art put up or displayed in an outdoor public place;

(11) translation of a published work of a Chinese citizen, legal entity or other organization from Han language into minority nationality languages for publication and distribution in the country; and

(12) transliteration of a published work into braille for publication.

The provisions of the preceding paragraph shall be applicable also to the rights of publishers, performers, producers of sound recordings and video recordings, radio stations and television stations.

Article 23.- Except where the author declares in advance that use of his work is not permitted, passages from a work, a short written work, musical work, a single work of the fine arts or photographic work which has been published may, without permission from the copyright owner, be compiled in textbooks for the purpose of compiling and publishing textbooks for the nine-year compulsory education and for national education planning, provided that remuneration is paid, the name of the author and the title of the work are mentioned, and the other rights enjoyed by the copyright owner in accordance with this Law are not prejudiced.

The provisions of the preceding paragraph shall be applicable also to the rights of publishers, performers, producers of sound recordings and video recordings, radio stations and television stations.

Chapter III.- Copyright Licensing and Transfer Contracts

Article 24.- Anyone who exploits another person's work shall conclude a copyright licensing contract with the copyright owner, except where no permission need be obtained under this Law.

A licensing contract shall include the following main points:

(1) the category of the right to exploit the work covered by the license;

(2) the exclusive or non-exclusive nature of the right to exploit the work covered by the license;

(3) the territory and the term covered by the license;

(4) the rates of remuneration and the means of payment;

(5) the liabilities in the case of breach of the contract; and

(6) other matters which the parties consider it necessary to agree upon.

Article 25.- Anyone who transfers any of the rights provided for in Subparagraph (5) through Subparagraph (17) of the first paragraph in Article 10 of this Law shall conclude a written contract.

A copyright transfer contract shall include the following main points:

(1) the title of the work;

(2) the category of the right to be transferred and the territory covered by the transfer;

(3) the rates of the transfer fee;

(4) the date and the means of payment of the transfer fee;

(5) the liabilities in the case of breach of the contract; and

(6) other matters that the parties consider it necessary to agree upon.

Article 26.- The other party may not, without permission from the copyright owner, exercise any right that is not explicitly licensed or transferred by the copyright owner in the contract.

Article 27.- The rates of remuneration for the exploitation of a work may be agreed upon by the parties and may also be paid in accordance with the rates fixed by the administrative department for copyright under the State Council in conjunction with the other departments concerned. In the absence of an explicit agreement in the contract, the remuneration shall be paid in accordance with the rates fixed by the said department under the State Council in conjunction with the other departments concerned.

Article 28.- No publishers, performers, producers of sound recordings and video recordings, radio stations, television stations, etc. that exploit another person's work in accordance with the relevant provisions of this Law may infringe upon the authors' rights of authorship, revision or protection of the integrity of the works, or their right to remuneration.

Chapter IV.- Publication, Performance, Sound Recording, Video Recording and Broadcasting

Section 1.- Publication of Books, Newspapers and Periodicals

Article 29.- A book publisher who intends to publish a book shall conclude a publishing contract with, and pay remuneration to, the copyright owner.

Article 30.- The exclusive right enjoyed by the book publisher in accordance with the agreement in the contract to publish a work that the copyright owner delivered to him for publishing shall be protected by law, and the work may not be published by others.

Article 3.-1 The copyright owner shall deliver the work within the term specified in the contract. The book publisher shall publish the work in compliance with the quality requirements and within the term as specified in the contract.

The book publisher who fails to publish the work within the term specified in the contract shall bear civil liabilities provided for in Article 53 of this Law.

When the book publisher reprints or republishes the work, it shall notify the copyright owner of the matter and pay remuneration to him. If the publisher refuses to reprint or republish the work when the stock of the book is exhausted, the copyright owner shall have the right to terminate the contract.

Article 32.- Where a copyright owner has submitted the manuscript of his work to a newspaper or periodical publisher for publication and has not received, within 15 days from the newspaper or within 30 days from the periodical publisher, counted from the date of submission of the manuscript, any notification of the said newspaper's or publisher's decision to publish the work, the copyright owner may submit the manuscript of the same work to another newspaper or periodical publisher for publishing, unless the parties have agreed otherwise.

Except where the copyright owner declares that no reprinting or excerpting of his work is permitted, a newspaper or periodical publisher may, after the work is published by another newspaper or periodical publisher, reprint the work or print an abstract of it or print it as reference material, provided that remuneration is paid to the copyright owner in accordance with relevant regulations.

Article 33.- A book publisher may, with the permission of the author, revise or abridge the work.

A newspaper or periodical publisher may make editorial modifications and abridgments in the language of a work. Any revision in the contents of the work shall be subject to permission by the author.

Article 34.- When publishing a work created by adaptation, translation, annotation, arrangement or compilation of a preexisting work, the publisher shall obtain permission from, and pay remuneration to, both the owner of the copyright in the work created by adaptation, translation, annotation, arrangement or compilation and the owner of the copyright in the preexisting work.

Article 35.- A publisher shall have the right to permit another person to exploit, or prohibit such person from exploiting, the typographical design of the book or the periodical which he publishes.

The term of protection for the right specified in the preceding paragraph shall be ten years, expiring on December 31 of the tenth year after the first publication of the book or the periodical in which the typographical design is used.

Section 2.- Performance

Article 36.- A performer (an individual performer or a performing group) who exploits, for a performance, a work created by another person shall obtain permission from, and pay remuneration to, the copyright owner. Where a performance is organized by a person, the organizer shall obtain permission from, and pay remuneration to, the copyright owner.

Anyone who exploits, for a performance, a work created by adaptation, translation, annotation or arrangement of a preexisting work shall obtain permission from, and pay remuneration to, both the owner of the copyright in the work created by adaptation, translation, annotation or arrangement and the owner of the copyright in the preexisting work.

Article 37.- A performer shall, in respect of his performance, enjoy the following rights:

(1) to claim performership;

(2) to protect the image inherent in his performance from distortion;

(3) to authorize others' live broadcasting or communicating to the public of his performance, and receive remuneration therefrom;

(4) to authorize others' making of sound recordings and video recordings of his performance, and receive remuneration therefrom;

(5) to authorize others' reproduction and distribution of the sound recordings and video recordings of his performance, and receive remuneration therefrom; and

(6) to authorize others' making of his performance available to the public through information network, and receive remuneration therefrom.

A person who is authorized exploitation of a work in the manner provided for in Subparagraph (3) through Subparagraph (6) of the preceding paragraph shall, in addition, obtain permission from, and pay remuneration to, the copyright owner.

Article 38.- No time limit shall be set on the term of protection for the rights provided for in Subparagraphs (1) and (2) of the first paragraph in Article 37 of this Law.

The term of protection for the rights provided for in Subparagraph (3) through Subparagraph (6) of the first paragraph in Article 37 of this Law shall be fifty years, expiring on December 31 of the fiftieth year after the performance takes place.

Section 3.- Sound Recording and Video Recording

Article 39.- A producer of sound recordings or video recordings who exploits, for making a sound recording or video recording, a work created by another person shall obtain permission from, and pay remuneration to, the copyright owner.

A producer of sound recordings or video recordings who exploits a work created by adaptation, translation, annotation or arrangement of a preexisting work shall obtain permission from, and pay remuneration to, both the owner of the copyright in the work created by adaptation, translation, annotation or arrangement and the owner of the copyright in the preexisting work.

A producer of sound recordings who exploits, for making a sound recording, a musical work of which a lawful sound recording has been made, may do without permission from the copyright owner, but shall, in accordance with regulations, pay remuneration to the copyright owner; no such work may be exploited where the copyright owner declares that exploitation is not permitted.

Article 40.- When making a sound recording or video recording of a performance, the producer shall conclude a contract with, and pay remuneration to, the performer.

Article 41.- The producer of a sound recording or video recording shall enjoy the right to authorize others' reproducing, distributing or renting the sound recording or video recording or making it available to the public through information network and to receive remuneration therefrom. The term of protection for such right shall be fifty years, expiring on December 31 of the fiftieth year after the first completion of the recording.

Anyone who is authorized reproducing or distributing a sound recording or video recording or making it available to the public through information network shall, in addition, obtain permission from, and pay remuneration to, both the copyright owner and the performer.

Section 4.- Broadcasting by a Radio Station or Television Station

Article 42.- A radio station or television station that broadcasts an unpublished work created by another person shall obtain permission from, and pay remuneration to, the copyright owner.

A radio station or television station that broadcasts a published work created by another person may do without permission from, but shall pay remuneration to, the copyright owner.

Article 43.- A radio station or television station that broadcasts a published sound recording may do without permission from, but shall pay remuneration to, the copyright owner, unless the parties have agreed otherwise. Specific measures in this regard shall be formulated by the State Council.

Article 44.- A radio station or television station shall have the right to prohibit the following acts performed without its permission:

(1) broadcasting its programs; and

(2) making a sound recording or video recording of its programs and reproducing such recording.

The term of protection for the right specified in the preceding paragraph shall be fifty years, expiring on December 31 of the fiftieth year after the first broadcasting of a program.

Article 45.- A television station that intends to broadcast a cinematographic work or a work created by a process analogous to cinematography, or a video recording produced by another person, shall obtain permission from, and pay remuneration to, the producer; in the case of a video recording, the television station shall, in addition, obtain permission from, and pay remuneration to, the copyright owner.

Chapter V.- Legal Liabilities and Enforcement Measures

Article 46.- Anyone who commits any of the following acts of infringement shall, depending on the circumstances, bear civil liabilities such as ceasing the infringement, eliminating the bad effects of the act, making an apology or paying compensation for damages:

(1) publishing a work without permission of the copyright owner;

(2) publishing a work of joint authorship as a work created solely by oneself, without permission of the other co-authors;

(3) having one's name mentioned in another person's work in the creation of which one has taken no part, in order to seek personal fame and gain;

(4) distorting or mutilating a work created by another person;

(5) plagiarizing a work created by another person;

(6) exploiting a work for exhibition or film-making or in a manner analogous to film-making, or for adaptation, translation, annotation, or for other purposes, without permission of the copyright owner, except where otherwise provided for in this Law;

(7) exploiting a work created by another person without paying remuneration as one should;

(8) renting a cinematographic work or a work created by a process analogous to cinematography, computer software, or products of sound recording or video recording, without permission of the copyright owner or the owner of the rights related to the copyright, except where otherwise provided for in this Law;

(9) exploiting the typographical design of a published book or periodical, without permission of the publisher;

(10) live broadcasting, communicating to the public, or recording a performance, without permission of the performer; or

(11) committing other acts infringing upon the copyright and the rights related to the copyright.

Article 47.- Anyone who commits any of the following acts of infringement shall, depending on the circumstances, bear civil liabilities such as ceasing the infringement, eliminating the bad effects of the act, making an apology or paying compensation for damages; where public rights and interests are impaired, the administrative department for copyright may order the person to discontinue the infringement, confiscate his unlawful gains, confiscate or destroy the copies produced through infringement, and may also impose a fine; where the circumstances are serious, the said department may, in addition, confiscate the material, tools and instruments mainly used to produce copies through infringement; and where a crime is constituted, criminal liabilities shall be investigated in accordance with law:

(1) reproducing, distributing, performing, presenting, broadcasting, compiling a work or making it available to the public through information network, without permission of the copyright owner, except where otherwise provided for in this Law;

(2) publishing a book the exclusive right of publication in which is enjoyed by another person;

(3) reproducing or distributing a sound recording or video recording of a performance, or making a performance available to the public through information network, without permission of the performer, except where otherwise provided for in this Law;

(4) reproducing or distributing a product of sound recording or video recording or making it available to the public through information network, without permission of the producer, except where otherwise provided for in this Law;

(5) rebroadcasting a radio or television program or reproducing such a program without permission, except where otherwise provided for in this Law;

(6) intentionally circumventing or sabotaging the technological measures adopted by a copyright owner or an owner of the rights related to the copyright to protect the copyright or the rights related to the copyright in the work or the products sound recording or video recording, without permission of the owner, except where otherwise provided for in laws or administrative regulations;

(7) intentionally removing or altering any electronic rights management information attached to a copy of a work, a product of sound recording or video recording, etc. without permission of the copyright owner or the owner of the rights related to the copyright, except where otherwise provided for in this Law; or

(8) producing or selling a work the authorship of which is counterfeited.

Article 48.- Anyone who infringes upon the copyright or a right related to the copyright shall pay compensation for the actual losses suffered by the right owner, or where the actual losses are difficult to calculate, pay compensation to the amount of the unlawful gains of the infringer. The compensation shall include the reasonable expenses that the right owner has paid for putting a stop to the infringement.

Where the actual losses of the right owner or the unlawful gains of the infringer cannot be determined, the People's Court shall, in light of the circumstances of the infringement, decide on a compensation amounting to not more than 500,000 RMB yuan.

Article 49.- Where a copyright owner or an owner of a right related to the copyright who can present evidence to prove that another person is committing, or is about to commit, an infringement upon his right, which, unless prevented promptly, is likely to cause irreparable harm to his legitimate rights and interests, he may, before taking legal proceedings, apply to a People's Court for measures to order discontinuation of the infringement and to preserve property.

When dealing with the application specified in the preceding paragraph, the People's Court shall apply the provisions in Article 93 through Article 96 and Article 99 of the Civil Procedure Law of the People's Republic of China.

Article 50.- In order to prevent infringement, a copyright owner or an owner of a right related to the copyright may, before taking legal proceedings, apply to a People's Court for preserving evidence, where the evidence is likely to be missing or is difficult to obtain later.

After accepting the application, the People's Court shall make a ruling within 48 hours. Where it rules to adopt preservation measures, it shall have the measures enforced immediately.

The People's Court may order the applicant to provide a guarantee, and shall reject the application where the applicant fails to do so.

Where the applicant fails to take legal proceedings within 15 days from the date the People's Court adopts the preservation measure, the People's Court shall terminate the measure.

Article 51.- When trying a case where the copyright or a right related to it is infringed upon, the People's Court may rule to confiscate the unlawful gains, the products of infringement and money and things of value used for illegal activities.

Article 52.- A publisher or a producer of reproductions who fails to prove that he is legally authorized publishing or producing of the reproductions, or a distributor of reproductions or a renter of reproductions of a cinematographic work or a work created by a process analogous to cinematography, computer software, sound recording or video recording who fails to prove the legal source of the reproductions that he distributes or rents, shall bear legal liabilities.

Article 53.- Any party who fails to perform his contractual obligations, or performs them at variance with the agreed conditions in the contract, shall bear civil liabilities in accordance with the relevant provisions of the General Principles of the Civil Law of the People's Republic of China, the Contract Law of the People's Republic of China and other related laws.

Article 54.- Any dispute over copyright may be settled through mediation, it may also be submitted to an arbitration body for arbitration under a written arbitration agreement between the parties or under the arbitration clause in the copyright contract.

Any party may take legal proceedings directly in a People's Court where there is neither a written arbitration agreement between the parties nor an arbitration clause in the contract.

Article 55.- Any party that is not satisfied with an administrative penalty, may taking legal proceedings in a People's Court within three months from the date he receives the written decision on the penalty. Where the party neither takes legal proceedings nor implements the decision at the expiration of the time limit, the administrative department for copyright may apply to the People's Court for enforcement.

Chapter VI.- Supplementary Provisions

Article 56.- For the purposes of this Law, the terms «zhuzuoquan» is «banquan».

Article 57.- «publication» referred to in Article 2 of this Law means the reproduction and distribution of a work.

Article 58.- Regulations for the protection of computer software and the right of communication of information on network shall be established separately by the State Council.

Article 59.- The rights of copyright owners, publishers, performers, producers of sound recordings and video recordings, radio stations and television' stations as provided for in this Law, of which the term of protection specified in this Law has not yet expired on the date of this Law's entry into force, shall be protected in accordance with this Law.

Any infringements of copyright and the copyright-related rights or breaches of contract committed prior to the entry into force of this Law shall be dealt with under the relevant regulations or policies in force at the time when the act was committed.

Article 60.- State personnel responsible for trademark registration, administration, and review shall be impartial in implementing the law, incorruptible and self-disciplined, and devoted to their duty, and shall provide civilized services.

State personnel in the Trademark Office and the Trademark Review and Adjudication Board and other personnel responsible for trademark registration, administration and review shall not be involved in trademark agency services or in the production or trading of goods.

Article 61.- This Law shall enter into force on June 1, l99l. 

DECISION 313. RÉGIMEN COMÚN SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

VISTOS: El Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 311 de la Comisión y el Acta de Barahona, suscrita por los Presidentes Andinos en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el día 5 de diciembre de 1991, con ocasión de la Reunión del VI Consejo Presidencial Andino;

DECIDE:

Sustituir la Decisión 311 por la siguiente Decisión:

REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAPÍTULO I.- DE LAS PATENTES DE INVENCION

SECCIÓN I.- REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes de invención a las creaciones susceptibles de aplicación industrial, que sean novedosas y tengan nivel inventivo.

Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

También se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

Artículo 3.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o durante el lapso de prioridad si ésta ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

a) El inventor o su causahabiente;

b) Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente;

c) Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente;

d) Un abuso evidente frente al solicitante o su causahabiente; o,

e) Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con su desarrollo. En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado.

Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

Artículo 6.- No se considerarán invenciones:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;

b) Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas;

c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas;

d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico;

e) Las formas de presentar información; y,

f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.

Artículo 7.- No serán patentables:

a) Las invenciones contrarias al orden público, a la moral, a las buenas costumbres o que sean evidentemente contrarias al desarrollo sostenible del medio ambiente;

b) Las especies y razas animales y procedimientos para su obtención;

c) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo;

d) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud; y,

e) Las invenciones relativas a los materiales nucleares y fisionables.

SECCIÓN II.- DE LOS TITULARES DE LA PATENTE

Artículo 8.- Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas.

El derecho a la patente pertenece al inventor o a su causahabiente.

Si varias personas han hecho conjuntamente una invención, el derecho corresponde en común a todas ellas.

Artículo 9.- Si en la solicitud de una patente se comprende una invención que ha sido sustraída al inventor o a sus causahabientes o que es el resultado del incumplimiento de una obligación contractual o legal, quien tenga legítimo interés, podrá reclamar la calidad de verdadero titular ante la autoridad judicial competente, en cualquier momento después de publicada la solicitud y hasta tres años después de concedida la patente.

Artículo 10.- Sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional en cada País Miembro, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador estatal, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las innovaciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación, de acuerdo con las normas del respectivo país.

Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben para la comercialización de tales invenciones, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones, de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.

Artículo 11.- El inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente y podrá igualmente oponerse a esta mención.

SECCIÓN III.- DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES

Artículo 12.- La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro o, en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener:

a) Identificación del solicitante y del inventor;

b) El título o nombre de la invención;

c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla;

d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente;

e) Un resumen con el objeto y finalidad de la invención; y,

f) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud se considere, por la oficina nacional competente, como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Artículo 14.- A la solicitud deberá acompañarse, en el momento de su presentación:

a) Los poderes que fueren necesarios;

b) Copia debidamente legalizada de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; y,

c) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.

Artículo 15.- La patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo.

Artículo 16.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 2 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

Artículo 17.- El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud cuya prioridad se reivindica.

La modificación de la solicitud por parte del peticionario, deberá efectuarse antes de su publicación.

El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud, a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto.

Artículo 18.- La oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite, como consecuencia del examen de la solicitud, podrá proponer al peticionario el cambio de modalidad. El peticionario podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si ésta es rechazada, se continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada originalmente.

Artículo 19.- En caso que se pida la transformación o acepte la propuesta de cambio de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el procedimiento que corresponda a la nueva modalidad.

Artículo 20.- El peticionario podrá fraccionar su solicitud en dos o más, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud cuya prioridad se reivindica.

Cada solicitud fraccionada se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial en cualquier País Miembro.

La división de la solicitud por parte del peticionario, deberá efectuarse antes de su publicación y, a pedido de la oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite.

En caso que se pida la división o acepte la propuesta de fraccionamiento de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el trámite que corresponda a la nueva modalidad.

SECCIÓN IV.- DEL TRAMITE DE LA SOLICITUD

Artículo 21.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión.

Artículo 22.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud.

Artículo 23.- Dentro de los dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado y una vez terminado el examen de forma a que se refiere el artículo 21, la oficina nacional competente publicará el aviso, de conformidad con la reglamentación que al efecto establezca cada País Miembro.

Artículo 24.- El expediente no podrá ser consultado por terceros mientras no se efectúe la referida publicación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del peticionario. Una vez efectuada la publicación, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado.

Cualquiera que pruebe que el peticionario de una patente ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de la solicitud, podrá consultar el expediente antes de su publicación y sin consentimiento de aquél.

Artículo 25.- Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención, de conformidad con el procedimiento que al efecto disponga la legislación nacional del País Miembro. Las observaciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las legislaciones nacionales.

Artículo 26.- Si dentro del plazo previsto en el artículo anterior, se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación y por una sola vez, haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención. A tal efecto, serán aplicables las disposiciones de los artículos 17, 18, 19 o 20, según el caso, de la presente Decisión.

Artículo 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable.

Artículo 28.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros.

Artículo 29.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.

Artículo 30.- La patente tendrá un plazo de duración de quince años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

La duración de la patente podrá ser extendida por una sola vez y a petición del titular de la misma, por un plazo de cinco años, cuando su titular produzca industrialmente el producto o utilice integralmente el proceso patentado en el País Miembro donde ésta se haya solicitado; o, conceda licencia para la producción industrial del producto o para la utilización integral del proceso patentado; o, se asocie con empresas mixtas o nacionales del País Miembro, para los mismos fines; siempre que:

a) La producción industrial del producto, la utilización del proceso, la licencia o la asociación, tengan lugar dentro de los cinco años siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de la patente;

b) La explotación industrial del producto, el uso integral del proceso, la licencia o la asociación, sea hasta el término de los derechos que confiere la patente, incluida su prórroga; y,

c) La licencia o convenio de asociación sean por escrito, registrados, irrevocables y puedan transferirse con autorización previa del titular.

Artículo 31.- Para el orden y clasificación de las patentes, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Patentes de Invención.

Artículo 32.- Los Países Miembros se comprometen a mantenerse recíprocamente informados e informar a la Junta acerca de las patentes concedidas o denegadas por las respectivas oficinas nacionales competentes. Para tal efecto, la Junta enviará a los Países Miembros las normas o formatos necesarios para el intercambio de dicha información.

Artículo 33.- Todo objeto patentado deberá llevar la indicación del número de la patente, anteponiendo en forma visible «Patente de Invención» o las iniciales «P.I.», ya sea en el propio producto o en su envase.

Quedarán exceptuados de esta obligación, los procedimientos o productos cuya naturaleza la hace inaplicable.

SECCIÓN V.- DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE

Artículo 34.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos o planos que se adjunten a la solicitud, servirán para interpretarla.

Artículo 35.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la invención patentada.

El titular no podrá ejercer tal derecho, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando se trate de la importación del producto patentado que hubiere sido puesto en el comercio en cualquier país, con el consentimiento del titular o de cualquier otra manera lícita;

b) Cuando el uso tenga lugar en el ámbito privado y a escala no comercial; o,

c) Cuando el uso tenga lugar con fines no lucrativos, a nivel experimental, académico o científico.

Artículo 36.- Los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que de buena fe, y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando la invención en un ámbito privado, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para su desarrollo.

En tal caso, dicha tercera persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar, dentro de cualquier País Miembro, la fabricación del producto o el empleo del procedimiento, según fuese el caso, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal fabricación o empleo.

SECCIÓN VI.- DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE

Artículo 37.- El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada en cualquier País Miembro, directamente, o a través de alguna persona autorizada por él.

Se entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos. También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado.

Artículo 38.- El titular de la patente estará obligado a registrar ante la oficina nacional competente todo contrato que implique cesión, licencia u otra forma de utilización de la patente por terceros a cualquier título.

Esta obligación será cumplida por el titular o por sus causahabientes, cesionarios, licenciatarios o cualquiera otra persona que fuere titular de un derecho derivado de la patente.

SECCIÓN VII.- DEL REGIMEN DE LICENCIAS

Artículo 39.- El titular de una patente podrá conceder a otra persona licencia para su explotación, sólo mediante contrato escrito.

Los contratos de licencia deberán ser registrados ante el organismo nacional competente.

Artículo 40.- El organismo nacional competente no registrará los contratos de licencia para la explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías.

Artículo 41.- Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente, o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la autoridad nacional competente otorgará una licencia obligatoria, a solicitud de cualquier interesado que no haya obtenido una licencia contractual en condiciones razonables, si en el momento de su petición hubiere ocurrido alguno de los siguientes hechos:

a) Que exista falta o insuficiencia de producción industrial de la invención en el País Miembro donde se solicite la licencia;

b) Que el producto patentado no se distribuyere, comercializare o importare en el País Miembro donde se solicite la licencia, de modo que satisfaga el mercado respectivo en condiciones competitivas de calidad y precio; o,

c) Que la explotación de la invención haya estado suspendida por más de un año.

La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas, de acuerdo con las normas internas de cada País Miembro.

El titular de la licencia obligatoria deberá pagar al titular de la patente una compensación adecuada.

Artículo 42.- Por razones de interés público, en casos de emergencia o por razones de seguridad nacional, el gobierno del respectivo País Miembro podrá someter la patente a licencia obligatoria en cualquier momento y, en tal caso, la autoridad nacional competente otorgará las licencias que se le soliciten.

También la autoridad nacional competente podrá otorgar licencias obligatorias para asegurar la libre competencia y evitar abusos del titular de la patente o abusos de posición dominante en el mercado, en concordancia con las normas subregionales pertinentes y con la respectiva legislación nacional.

En los casos previstos en este artículo, las licencias podrán otorgarse para la producción industrial de la invención o para importar el producto patentado.

Artículo 43.- La licencia obligatoria no será exclusiva y no podrá transferirse sino con la parte de la empresa que permite su explotación industrial.

Artículo 44.- La oficina nacional competente podrá conceder la licencia en cualquier momento si ésta es solicitada por el titular de una patente cuya explotación requiere necesariamente el empleo de la otra, siempre y cuando no haya podido obtener una licencia contractual en condiciones razonables. La necesidad de uso de la primera patente deberá ser comprobada ante la respectiva oficina.

Artículo 45.- La decisión de concesión de la licencia obligatoria establecerá el alcance o extensión de la misma, especificando, en particular, el período por el que se concede, la cuantía, el objeto de la licencia y las condiciones de pago de las regalías.

La autoridad nacional competente determinará el monto de las compensaciones, previa audiencia a las partes, sobre la base de la amplitud de la explotación industrial de la invención objeto de la licencia y de la cooperación que pudiera haber obtenido el titular de la patente para facilitar la explotación industrial de la invención, especialmente con relación a la provisión de los conocimientos técnicos necesarios; y, a otras condiciones que la oficina nacional competente estime convenientes para la explotación de la invención.

El reclamo no impedirá la explotación ni ejercerá ninguna influencia en los plazos que se encuentren corriendo. Su interposición no impedirá al titular de la patente percibir, entre tanto, las regalías determinadas por la autoridad, en la parte no reclamada.

Artículo 46.- El licenciatario estará obligado a explotar la invención objeto de la licencia, lo cual deberá realizarse dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la misma.

Artículo 47.- A petición del titular de la patente, o del licenciatario, las condiciones de las licencias podrán ser modificadas por la entidad que las aprobó, previa audiencia de las partes, cuando así lo justifiquen nuevos hechos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda otra licencia en condiciones más favorables que las establecidas.

Artículo 48.- El titular de una licencia obligatoria no podrá cederla ni conceder sublicencias, sin consentimiento del titular de la patente. Ello deberá constar por escrito y registrarse en la oficina nacional competente.

Artículo 49.- No surtirán efecto legal alguno, las licencias que no cumplan con las disposiciones de la presente Sección.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Sección, el procedimiento para la concesión de licencias obligatorias será el que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.

SECCIÓN VIII.- DE LA PROTECCION LEGAL DE LA PATENTE

Artículo 50.- El titular o quien se considere con derecho a una patente de conformidad con la presente Decisión, podrá iniciar las acciones reivindicatorias e indemnizatorias que le confiera la legislación nacional del respectivo País Miembro.

SECCIÓN IX.- DE LA NULIDAD DE LA PATENTE

Artículo 51.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la patente, previa audiencia de las partes interesadas, si la patente fue concedida en contravención a la presente Decisión.

Si las disposiciones a que hace referencia el párrafo anterior fueren parcialmente aplicables a una patente, la nulidad será declarada sólo respecto de la reivindicación o reivindicaciones objetadas. El procedimiento para llevar a cabo esta acción se sujetará a las disposiciones internas de cada País Miembro.

SECCIÓN X.- DE LA CADUCIDAD DE LA PATENTE

Artículo 52.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas periódicas, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente.

Antes de declarar la caducidad de la patente, los Países Miembros concederán un plazo de seis meses a fin que el interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace referencia el párrafo anterior. Durante los plazos referidos, la patente o la solicitud en trámite mantendrán su plena vigencia.

CAPÍTULO II.- DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

Artículo 53.- Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto; o, de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o, que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Artículo 54.- No pueden ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y materias excluidas de la protección por la patente de invención.

Asimismo, no se considerarán modelos de utilidad: las esculturas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter puramente estético.

Artículo 55.- Son aplicables a los modelos de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente.

Artículo 56.- El plazo de duración del modelo de utilidad será de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo País Miembro.

CAPÍTULO III.- DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

Artículo 57.- Serán registrables los nuevos diseños industriales.

Se considerará como diseño industrial, cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación.

No serán registrables los diseños industriales referentes a indumentaria, ni aquellos que sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

No podrán ser registrables los diseños industriales comprendidos en las prohibiciones previstas en los artículos 72 y 73 de la presente Decisión.

Artículo 58.- Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público, en cualquier lugar o en cualquier momento, mediante una descripción, una utilización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

Artículo 59.- La solicitud de registro deberá contener:

a) Identificación del peticionario;

b) Indicación del género de productos para los cuales debe utilizarse el diseño industrial, así como la clase a la cual pertenecen dichos productos; y,

c) Un ejemplar del objeto que lleve el diseño o una representación gráfica o fotográfica del mismo.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud se considere, por la oficina nacional competente, como no admitida a trámite y no se asignará fecha de presentación.

Artículo 60.- A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación, los poderes que fueren necesarios y los demás requisitos que se establezcan en las legislaciones nacionales de los Países Miembros.

Artículo 61.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en el presente Capítulo. Si tal fuera el caso, ordenará la publicación de la solicitud, por una sola vez.

Artículo 62.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá oponerse al registro. El trámite para las observaciones se sujetará a los procedimientos establecidos para las observaciones a las solicitudes de patentes de invención, en lo que fuere pertinente, y a las que al efecto establezcan las legislaciones nacionales de los Países Miembros.

Artículo 63.- Si no se presentaren observaciones o si éstas fueran rechazadas, la oficina nacional competente procederá a practicar el examen de novedad del diseño.

Artículo 64.- El registro de un diseño industrial tendrá una duración de ocho años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 65.- El expediente no podrá ser consultado por terceros antes que se efectúe la publicación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del solicitante. Una vez efectuada la publicación aludida el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado.

Artículo 66.- Para el orden y clasificación de los diseños industriales, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional establecida por el Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968.

Artículo 67.- La primera solicitud válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad, por el término de seis meses, para obtener el registro en cualquiera de los demás Países Miembros.

Artículo 68.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que reproduzcan el diseño industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a éste.

El titular podrá transferir el diseño o conceder licencias. Toda licencia o cambio de titular deberá registrarse ante la oficina nacional competente.

Artículo 69.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, su nulidad, previa audiencia de las partes interesadas si el registro fue concedido en contravención de la presente Decisión.

Si las disposiciones a que hace referencia el párrafo anterior, fueren parcialmente aplicables a un registro de diseño, la nulidad se decretará sólo respecto a la parte impugnada. El procedimiento para llevar a cabo esta acción se sujetará a las disposiciones internas de cada País Miembro.

Artículo 70.- Son aplicables, en lo pertinente, las disposiciones de la presente Decisión sobre patentes de invención relativas a los titulares del registro.

CAPÍTULO IV.- DE LAS MARCAS

SECCIÓN I.- REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica o un valor intrínseco mayor o diferente, al producto o al servicio al cual se aplican;

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

g) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a error respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;

j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal;

k) Los signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; y,

l) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos-valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general.

Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente; y,

g) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento.

Artículo 74.- A fin de facilitar la protección de las marcas notorias, las oficinas nacionales competentes establecerán un sistema adecuado de notificación e información.

Artículo 75.- Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto, sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto.

SECCIÓN II.- DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

Artículo 76.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) La identificación del peticionario;

b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar;

c) La indicación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro de marca; y,

d) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud se considere, por la oficina nacional competente, como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Artículo 77.- Con la solicitud se deberán presentar los siguientes documentos:

a) Los que acrediten la existencia y representación de la persona jurídica peticionaria;

b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar para objeto de su publicación;

c) Copia de la primera solicitud de marca presentada en cualquier País Miembro, si se reivindica prioridad;

d) La reproducción de la marca cuando contenga elementos gráficos; y,

e) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los demás Países Miembros.

Artículo 78.- El peticionario de un registro de marca podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. En este sentido, no podrá modificar su solicitud en lo referente al signo, la clase y los productos o servicios principalmente especificados.

En todo caso, la modificación deberá efectuarse antes de la publicación.

Artículo 79.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en el presente Capítulo.

            Artículo 80.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades. Este plazo será prorrogable por una sola vez, por treinta días hábiles adicionales, sin que la solicitud pierda su prioridad.

Si dentro del término señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud será rechazada.

Artículo 81.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación, por una sola vez.

Artículo 82.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada.

Artículo 83.- La oficina nacional competente rechazará de oficio aquellas observaciones que, cumpliendo con los requisitos establecidos por la presente Decisión, estén comprendidas en algunos de los siguientes casos:

a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente;

b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa;

c) Que la observación se base en marcas evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles, a menos que la solicitud pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injustificado de ésta; o,

d) Que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca.

Artículo 84.- Una vez presentadas las observaciones y no incurriendo éstas en las causales del artículo anterior, previa notificación, se otorgará al peticionario un plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables para que presente sus alegatos, de estimarlo conveniente, vencido el cual la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución motivada.

Artículo 85.- Vencido el plazo establecido en el artículo 82, sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

Artículo 86.- Se podrá conceder el registro de una marca que haya amparado productos o servicios en una exposición realizada en el país y reconocida oficialmente, que sea solicitada en el término de seis meses contados a partir del día en que tales productos o servicios se exhibieran por primera vez con dicha marca. En ese caso, se podrá tener por presentada la solicitud desde la fecha de exhibición.

Los hechos a que se refiere el presente artículo se acreditarán con una certificación expedida por la autoridad competente de la exposición, en la cual se mencionará la fecha en que la marca se utilizó por primera vez en relación con los productos o servicios de que se trate.

Artículo 87.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

Artículo 88.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro.

Artículo 89.- Si la solicitud de renovación comprende tan sólo una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada, el registro de la marca sólo será renovado en relación con los productos o servicios de que se trate.

Artículo 90.- Contra la solicitud presentada dentro de los seis (6) meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia al que se refiere el artículo 88, para la misma marca, por quien fue su último titular, no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada.

Artículo 91.- Los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Niza del 15 de junio de 1957 e, igualmente, sus actualizaciones y modificaciones.

SECCIÓN III.- DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA

Artículo 92.- El derecho al uso de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Artículo 93.- La primera solicitud de un registro de marca válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para solicitar el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Artículo 94.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca;

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma;

c) Importar o exportar productos con la marca;

d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o,

e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo.

Artículo 95.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de utilizarla en el tráfico económico; designar con la marca los productos o servicios; introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos para los que hubiere sido concedido el registro; y, utilizar la marca a efectos publicitarios, sin perjuicio de las normas que sobre publicidad resulten aplicables.

Artículo 96.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo; el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos.

El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso, frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error.

Artículo 97.- El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir a un tercero la utilización de la misma, con relación a los productos marcados de dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país por éstos, siempre y cuando las características de los productos no hubiesen sido modificadas o alteradas durante su comercialización.

SECCIÓN IV.- DE LA CANCELACION DEL REGISTRO

Artículo 98.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular de la misma, cuando después de efectuado éste, y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en la Subregión, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

El uso de la marca se acreditará mediante la prueba que cada País Miembro establezca y ésta corresponderá al titular del registro.

Serán considerados como motivos justificados de la falta de uso de una marca, los que se sustenten en el caso fortuito o la fuerza mayor.

Artículo 99.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 100.- La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.

Artículo 101.- Se cancelará el registro, cuando el titular presente por escrito su renuncia al derecho marcario. La renuncia sólo tendrá efecto una vez inscrita en los libros de registro correspondientes.

SECCIÓN V.- DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

Artículo 102.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del registro de marca, previa audiencia de las partes interesadas, si el registro fue concedido en contravención a la presente Decisión.

Si las disposiciones a que hace referencia el párrafo anterior, fueren parcialmente aplicables a un registro de marca, la nulidad se decretará sólo respecto a la parte impugnada. El procedimiento para llevar a cabo esta acción se sujetará a las disposiciones internas de cada País Miembro.

SECCIÓN VI.- DE LA CADUCIDAD DEL REGISTRO

Artículo 103.- El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión.

Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago, de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro.

SECCIÓN VII.- DE LAS LICENCIAS Y TRANSFERENCIAS DE LAS MARCAS

Artículo 104.- El titular de una marca de productos o de servicios, registrada y vigente, podrá cederla en uso o transferirla por contrato escrito.

Artículo 105.- Las cesiones y transferencias de las marcas que se efectúen de acuerdo con la legislación de cada País Miembro, deberán registrarse ante la oficina nacional competente.

Artículo 106.- Los contratos de licencia deberán ser registrados en el organismo competente del respectivo País Miembro, no podrán contener las cláusulas restrictivas del comercio y deberán ser concordantes con el ordenamiento subregional andino y en particular con el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías.

SECCIÓN VIII.- LEMAS COMERCIALES

Artículo 107.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

Artículo 108.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.

Artículo 109.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

Artículo 110.- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo.

Artículo 111.- Serán aplicables a la presente Decisión, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión.

SECCIÓN IX.- MARCAS COLECTIVAS

Artículo 112.- Se entenderá por marca colectiva toda marca que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular.

Artículo 113.- Las asociaciones de productores; fabricantes; prestadores de servicios; organizaciones; o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el mercado, los productos o servicios de sus integrantes respecto de quienes no forman parte de dichas asociaciones, organizaciones o grupos de personas.

Artículo 114.- La solicitud de registro deberá indicar que se trata de una marca colectiva e ir acompañada de:

a) Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la marca colectiva;

b) Copia de las reglas que el peticionario de la marca colectiva utiliza para el control de los productos o servicios;

c) La indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en los mismos;

d) La lista de integrantes; y,

e) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.

Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociación, organización o grupo de personas, deberá informar al organismo nacional competente de cualquier cambio que se produzca en cualquiera de los documentos a que hace referencia el presente artículo.

Artículo 115.- La marca colectiva podrá ser transmitida a terceras personas, siempre y cuando cuente con la autorización de la asociación, organización o grupo de personas, así como con el consentimiento de la oficina nacional competente. En cualquier caso, su uso quedará reservado a los integrantes de la asociación, organización o grupo de personas.

La marca colectiva no podrá ser objeto de licencia en favor de personas distintas a aquellas autorizadas a usar la marca, de acuerdo con el reglamento de empleo de la misma.

Artículo 116.- Las marcas colectivas y sus respectivos reglamentos nacionales, se regirán por lo establecido en el Capítulo de Marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente. Sin perjuicio de ello, el trámite de la solicitud de la marca colectiva se regirá por las disposiciones nacionales de cada País Miembro.

CAPÍTULO V.- NOMBRE COMERCIAL

Artículo 117.- Se entenderá por nombre comercial, el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales que le acuerden otras leyes a las personas jurídicas para su identificación, pudiendo ambas coexistir.

Los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de Marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente, así como en la reglamentación que para tal efecto establezca la legislación de cada País Miembro.

CAPÍTULO VI.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 118.- Los Países Miembros, en sus respectivas legislaciones nacionales o mediante compromisos adquiridos en el marco de Convenios bilaterales o aquéllos celebrados en el ámbito de organismos internacionales, podrán fortalecer y ampliar los derechos sobre Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión, cuando así lo consideren pertinente.

Artículo 119.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros.

Artículo 120.- Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión.

Artículo 121.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

Artículo 122.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los Países Miembros, antes del 31 de julio de 1992, establecerán la modalidad de protección subregional referente a las variedades vegetales y los procedimientos para su obtención. En tanto esta modalidad no entre en vigencia, los Países Miembros no otorgarán patente de invención para dichos productos y procesos.

SEGUNDA.- Los Países Miembros, antes del 31 de diciembre de 1992, establecerán la modalidad de protección de los demás aspectos de la biotecnología, incluidos los microorganismos y los procedimientos para su obtención, con excepción de la materia y procedimientos que en el artículo 7 de la presente Decisión se excluyen de la patentabilidad. En consecuencia, mientras estas modalidades de protección no sean adoptadas, se excluyen de la patentabilidad.

TERCERA.- A los productos farmacéuticos que no estén excluidos de patentabilidad según lo dispuesto en el literal d) del artículo 7 de la presente Decisión, el País Miembro que lo considere pertinente podrá no otorgar patente de invención por el período que determine en su respectiva legislación nacional, el cual no podrá exceder de diez años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión.

CUARTA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.

QUINTA.- Los derechos de propiedad industrial concedidos válidamente en cualquiera de los Países Miembros, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Decisión, que versen sobre marcas registradas con una antigüedad superior a diez años, gozarán del derecho preferente de registro en el resto de los Países Miembros y por el término de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, siempre que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País Miembro donde se solicite dicho registro, que ampare los mismos productos o servicios, o productos o servicios similares de modo tal que puedan inducir al público a error.

SEXTA.- Antes del 31 de julio de 1992, la Comisión del Acuerdo de Cartagena establecerá las disposiciones que garanticen la libre circulación de productos amparados en derechos marcarios.

SEPTIMA.– En los campos en los que se extiende la patentabilidad en la presente Decisión, con respecto a la Decisión 85, no se otorgarán patentes a aquellas solicitudes cuya primera fecha de presentación en cualquier país sea anterior, en más de un año, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión.

Dada en la ciudad de Quito, Ecuador, a los seis días del mes de febrero de mil novecientos noventa y dos.

El 23 de marzo de 2004, fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente del Juzgado Décimo en Función de Juicio del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el oficio signado con el nº 160-03 del 16 de marzo de 2004, por el cual se remitió el expediente distinguido con el alfanumérico JU-10-282-04, con motivo de la declinatoria de competencia formulada por dicho Juzgado en esta Sala, para conocer de la acción de amparo constitucional en la modalidad de habeas data, interpuesta por el ciudadano P. J. C. B., titular de la cédula de identidad nº xx.xxx.xxx, asistido por el abogado José Joel Gómez Cordero, inscrito en el Inpreabogado bajo el nº 57.049, contra el Centro de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).

En esa misma oportunidad, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Antonio J. García García, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I.- ANTECEDENTES

El 11 de febrero de 2004, el ciudadano P. J. C. B., interpuso la presente acción de amparo constitucional bajo la modalidad de habeas data, contra el Centro de Información Policial del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, ante el Juzgado de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

El 12 de febrero de 2004, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Trigésimo Segundo en Función de Control de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se declaró incompetente y declinó la competencia para conocer de la acción interpuesta a un Tribunal de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal.

Recibido el expediente ante el Juzgado Décimo en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, éste admitió la acción y, en consecuencia, notificó al Departamento de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), a fin de que informase, si el accionante presentaba registro policial en los archivos de esa Institución.

El 25 de febrero de 2004, la División de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), informó que el ciudadano P. J. C. B. aparecía registrado en el Sistema Integrado de Información Policial.

El 16 de Marzo de 2004, el Juzgado Décimo en Función de Juicio del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas se declaró incompetente para conocer de la acción interpuesta y, en consecuencia, declinó la competencia en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

II.- FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN

Señaló el solicitante que, el 20 de enero de 2004, tuvo conocimiento de que cursaba un prontuario policial en su contra, ante el Centro de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), por un delito no especificado, en el que se refería que había sido detenido en flagrancia el 4 de marzo de 2002.

Expresó que, a los fines de clarificar dicha situación, acudió ante la dependencia judicial, donde le informaron 　«… por medio de la Jefa de la sala de Sumario que esto solo era Prontuario policial, por lo cual me informaron que contra [su] persona no pesaba ninguna medida judicial…».

Precisó que fue detenido en varias oportunidades y puesto al escarnio público, toda vez que los funcionarios que tenían acceso a dichos registros podían detenerlo en cualquier momento, porque continuaba apareciendo con el referido prontuario policial, lo que a su parecer, constituía un estado de indefensión, ya que a pesar de ser inocente se le estaba sometiendo a una condena sin haber sido sentenciado, violentándosele así sus derechos constitucionales a una tutela judicial efectiva, a la igualdad y a la libertad, preceptuados en los artículos 26, 21 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Indicado lo anterior, argumentó que igualmente estaba amenazado su derecho de transitar libremente por todo el territorio nacional, en virtud de la información que constaba en la División de Información Criminal«… unos registros policiales por causa de unas investigaciones (sic) criminales que nunca fueron presentadas por un acto conclusivo del Ministerio Público…».

Con base en lo expuesto, solicitó que se declarase con lugar la acción de amparo constitucional en la modalidad de habeas data y, en consecuencia, se restituyese la situación jurídica infringida mediante el decreto de la exclusión de pantalla «COMO PERSONA CON PRONTUARIO POLICIAL».

III.- DE LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA

Mediante decisión dictada el 16 de marzo de 2004, el Juzgado Décimo en Función de Juicio del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declinó en esta Sala Constitucional la competencia para conocer de la acción de amparo bajo la modalidad de habeas data interpuesta por el ciudadano P. J. C. B., contra el Centro de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

La referida declinatoria de competencia se fundamentó en el criterio sostenido por esta Sala, en sentencia nº 332 del 14 de marzo de 2001 (caso: INSACA), conforme al cual la acción de habeas data, que no ha sido aún desarrollada por la Ley, sólo podrá ser conocida por la Sala Constitucional «hasta que las leyes que regulan la jurisdicción constitucional, decidan lo contrario».

IV.- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala decidir sobre la declinatoria de competencia que hiciera a esta Sala Constitucional, el Juzgado Décimo en Funciones de Juicio del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas para conocer de la acción de amparo constitucional bajo la modalidad de　habeas data　y que fuere interpuesta por el ciudadano P. J. C. B., contra el Centro de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

A tal efecto, se observa que, en virtud de la atribución específica de la Sala Constitucional para conocer lo relativo a las infracciones del Texto Fundamental, corresponde a ella el conocimiento de las acciones autónomas cuyo objeto sea la protección de los derechos que nacen del artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mientras la norma constitucional que le sirve de fundamento carezca de desarrollo legislativo, tal como se estableció en decisión nº 1.050 del 23 de agosto de 2000 (caso: Ruth Capriles y otros), en los siguientes términos:

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Reglamento (CE) nº 789/2001 del Consejo, de 24 de abril de 2001, por el que el Consejo se reserva competencias de ejecución en relación con determinadas disposiciones detalladas y procedimientos prácticos de examen de solicitudes de visado (1), y, en particular, su artículo 1, apartado 2,

Vista la iniciativa del Reino de Bélgica,

Considerando lo siguiente:

(1) La Red de Consulta de Schengen (Especificaciones técnicas) fue creada para permitir la consulta entre las autoridades centrales de los Estados miembros en lo referente a las solicitudes de visado presentadas por los nacionales de determinados terceros países.

(2) Procede modificar los formatos de las rúbricas de los impresos transmitidos con fines de consulta entre los Estados miembros y utilizar, en el marco de dicha consulta y con determinadas excepciones, la lista actualizada de los códigos de tres letras de la Organización de Aviación Civil Internacional («códigos de tres letras de la OACI») de los Estados, entidades, territorios, nacionalidades y organizaciones, en consonancia con la lista establecida en el Reglamento (CE) nº 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (2). El uso, con determinadas excepciones, de los códigos de tres letras de la OACI no afecta ni va en perjuicio de la competencia de los Estados miembros para el reconocimiento o no de Estados o entidades. Los códigos establecidos para la Antigua República Yugoslava de Macedonia y para Kosovo (3) figuran únicamente a efectos de consulta de VISION.

(3) Las especificaciones técnicas de la Red de Consulta de Schengen (Especificaciones técnicas) deben modificarse en consecuencia.

(4) La presente Decisión constituye un desarrollo de disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (4); por lo tanto, el Reino Unido no participa en su adopción y no queda vinculado por la misma ni sujeto a su aplicación.

(5) La presente Decisión constituye un desarrollo de disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (5); por lo tanto, Irlanda no participa en su adopción y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.

(6) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (nº 22) sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación. Dado que la presente Decisión desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, decidirá, dentro de un período de seis meses a partir de que el Consejo haya tomado una medida sobre la presente Decisión, si la incorpora a su legislación nacional.

(7) Por lo que respecta a Islandia y a Noruega, la presente Decisión constituye un desarrollo de disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea, la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (6), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, letra A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo de dicho Acuerdo (7).

(8) Por lo que respecta a Suiza, la presente Decisión constituye un desarrollo de disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (8), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, letra A, de la Decisión 1999/437/CE, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo (9).

(9) Por lo que respecta a Liechtenstein, la presente Decisión constituye un desarrollo de disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (10), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, letra A, de la Decisión 1999/437/CE, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/349/UE (11) del Consejo.

(10) Por lo que respecta a Chipre, la presente Decisión constituye un acto que desarrolla el acervo de Schengenº está relacionado con él de otro modo en el sentido del artículo 3, apartado 2, del Acta de adhesión de 2003.

(11) La presente Decisión constituye un acto que desarrolla el acervo de Schengen o está relacionado con él de otro modo en el sentido del artículo 4, apartado 2, del Acta de adhesión de 2005.

(12) De conformidad con el artículo 58, apartado 4 del Reglamento (CE) nº 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados) (12), hasta la fecha a que se refiere el artículo 46 del Reglamento (CE) nº 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre el Sistema de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Estados miembros (Reglamento VIS) (13), el procedimiento establecido en el artículo 1, apartado 2 del Reglamento (CE) nº 789/2001 debe seguir aplicándose, en caso necesario, para la modificación de determinadas partes de la Red de Consulta de Schengen (Especificaciones técnicas).

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Las partes 1, 2, y 3 de la Red de Consulta de Schengen (Especificaciones técnicas) quedan modificadas según se establece en los anexos I, II y III.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el 9 de junio de 2011.

La presente Decisión será aplicable a partir del 10 de julio de 2011.

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros, de conformidad con los Tratados.

Hecho en Luxemburgo, el 9 de junio de 2011.

Por el Consejo

El Presidente

ANEXO I

El punto 1.3 de la parte 1 de la Red de Consulta de Schengen (Especificaciones técnicas) se sustituye por el texto siguiente:

«1.3. DEFINING MESSAGE CHARACTERISTICS

For every message to be sent via the network, the following structural characteristics should be met:

The ‘From’ item of the message contains the senders applications address.

For example:

From: [email protected]

The ‘To’ item of the message contains the recipients application address.

For example:

To: [email protected]

Implementation tip: be aware that it is possible to make use of multiple recipients delimited by commas. But if the application does so, on received FORMs R it has to determine the FORM R sender, because it will receive references to identical message-identifiers (heading ‘000’). Sending separate messages to each partner State with different ‘000’ headings is less confusing.

The ‘Subject’ item of the message contains a ‘file number’ and a full stop (‘.’) followed by the form-type identifier (Letter: ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘E’, ‘F’, ‘G’, ‘H’ or ‘R’). For the respective forms, the ‘file number’ equals the content of its heading: ‘001’ in FORM ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘F’, ‘G’, ‘H’ and the content of heading ‘048’ in a FORM E. For heading definitions see 2.1.2.

Examples:

Subject:AUT0000010106AJKT00.B

Subject:FRA2007022457471104.E

If a Member State receives a message with an incorrectly formulated subject, it has to discard that message without processing it. If the problem persists it has to be solved bilaterally by the technical staff.

The mail body has to be structured as follows:

* ‘text/plain’ is used as the ‘Media Type’ or ‘Mime Type’ see RFC2046 (http://tools.ietf.org/html/rfc2046),

* ‘ISO-8859-15’ is used as the ‘charset’.

Hence in the ‘Header’ of every mail, the following line will appear:

Content-Type: text/plain; charset = ISO-8859-15.».

ANEXO II

El punto 2.2.1 de la parte 2 de la Red de Consulta de Schengen (Especificaciones técnicas) se sustituye por el texto siguiente:

«2.2.1. Three-letter codes (ICAO)

Codes for States, entities, territories, nationalities and organisations as well as further designations for the VISION consultation procedure.

Three-letter codes, as set out in ICAO Document 9303 on Machine-Readable Travel Documents, shall be used except in the following cases:

1. for the Former Yugoslav Republic of Macedonia, XXG shall be used;

2. for Kosovo (14), XXD shall be used;

3. for the Federal Republic of Germany, DEU shall be used.

Two lists will be made available on CIRCA:

1. An ICAO-based code list (15): the latest version of the ICAO-based codes with the three exceptions mentioned above to be used for VISION consultation. This list shall be used in line with the list established by Regulation (EC) nº 539/2001.

2. A special VISION code list: the limited list of special VISION three-letter codes for specific cases.

Both lists will contain, next to the appropriate three-letter codes to be used for VISION consultation ‘valid from’ and ‘valid until’-values for these codes:

* Valid-Until: Date from which the code becomes obsolete for VISION consultation,

* Valid-From: Date from which the code becomes applicable to be used for VISION consultation.

If ICAO-updates are detected by a Member State or the Commission, it will immediately notify the General Secretariat of the Council. The ICAO-based code list will be updated by the Presidency as follows:

* new ICAO-codes shall be added with a ‘valid from’ date 30 days after publicationºf the updated list on CIRCA,

* for removed ICAO-codes the ‘valid until’ date shall be set 30 days after publicationºf the updated list on CIRCA and shall be kept for archival purposes.

If, for technical reasons (e.g. old passports that are still valid), an expired ICAO-code has to be used further in the VISION Consultation Network, or in general if, for technical reasons, a new three-letter code is deemed necessary, this code shall be added to the special VISION code list after agreement in the Visa/VISION Working Party.

The General Secretariat of the Council shall notify Member States every time an updated list has been published on CIRCA.

ANEXO III

Se suprime el último párrafo del punto 3.2.5 de la parte 3 de la Red de Consulta de Schengen (Especificaciones técnicas).

——————————————————————————————————

(1) DO L 116 de 26.4.2001, p. 2.

(2) DO L 81 de 21.3.2001, p. 1.

(3) Con arreglo a la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1244/99.

(4) DO L 131 de 1.6.2000, p. 43.

(5) DO L 64 de 7.3.2002, p. 20.

(6) DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.

(7) DO L 176 de 10.7.1999, p. 31.

(8) DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.

(9) DO L 53 de 27.2.2008, p. 1.

(10) DO L 160 de 18.6.2011, p. 3.

(11) DO L 160 de 18.6.2011, p. 1.

(12) DO L 243 de 15.9.2009, p. 1.

(13) DO L 218 de 13.8.2008, p. 60.

(14) Under United Nations Security Council Resolution 1244 (1999).

(15) A table containing the current ICAO-codes can be found at the ICAO web site.  

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002,

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, portant organisation du ministère des communications,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, du développement et de la coopération internationale et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier.-

-Le présent décret fixe les conditions et les procédures spécifiques d'attribution, à une entreprise privée, d'une concession pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications par satellite de type V-SAT.

Article 2. –

L'installateur et l'exploitant du réseau public de télécommunications par satellite de type V -SAT est choisi après appel à la concurrence par voie d'appel d'offres international, et ce, conformément au règlement applicable à l'attribution de la concession prévu à l'article 3 du présent décret.

Ce règlement peut être consulté auprès du ministère des technologies de la communication et du transport (direction des affaires juridiques et du contentieux).

Article 3. –

Il est créé une commission spéciale pour l'élaboration des étapes préparatoires pour l'attribution d'une concession pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications par satellite de type V -SAT chargée de :

-l'adoption du règlement applicable à l'attribution de la concession,

-l'approbation du dossier d'appel d'offres,

-l'ouverture et le dépouillement des offres,

-le classement des offres.

Article 4. –

La commission spéciale pour l'élaboration des étapes préparatoires pour l'attribution d'une concession pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications par satellite de type V -SAT est composée comme suit :

-le ministre des technologies de la communication et du transport ou son représentant: président,

-un représentant du Premier ministère: membre,

-un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local: membre,

-deux représentants du ministère des technologies de la communication et du transport : membres,

-un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale: membre,

-un représentant du ministère des finances: membre,

-un représentant du centre d'études et de recherches des télécommunications : membre.

Cette commission se réunit sur convocation de son président.

Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'avis est jugé utile pour les travaux de la commission.

La commission ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 5. –

L'ouverture, le dépouillement, l'analyse et le classement des offres sont effectués suivant les procédures prévues au règlement applicable à l'attribution de la concession et prévu à l'article 2 du présent décret. Le ministère des technologies de la communication et du transport est chargé de l'achèvement des procédures d'attribution de la concession et du suivi de sa réalisation.

Article 6. –

Les ministres de l'intérieur et du développement local, des technologies de la communication et du transport, du développement et de la coopération internationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 2003

Zine El Abidine Ben Ali

Décret nº 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 423-13 et L. 433-9 ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 54 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1. Il est inséré au chapitre III du titre II du livre IV du code du travail, après l'article R. 423-1-1, un article R. 423-1-2 ainsi rédigé :

» Art. R. 423-1-2. – I. – L'élection prévue à l'article L. 423-13 peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.

» La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe comportant un cahier des charges respectant les prescriptions minimales énoncées au présent article.

» La mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l'accord n'exclut pas cette modalité.

» II. – La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par le chef d'entreprise sur la base d'un cahier des charges contenant les prescriptions énoncées au présent article.

» Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges prévus à l'article L. 423-2, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

» Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

» Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

» Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés «fichier des électeurs et «contenu de l'urne électronique.

» Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

» Les prescriptions énoncées ci-dessus s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.

» III. – L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.

» IV. – Les organisations syndicales de salariés incluses dans le périmètre de l'accord mentionné au I et qui sont représentatives au sens de l'article L. 132-2 sont tenues informées par l'employeur de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

» Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

» Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

» V. – Le protocole d'accord préélectoral prévu à l'article L. 423-3 mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, le cas échéant, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

» Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

» VI. – Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

» En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique prévue au III :

» 1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

» 2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé ;

» 3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

» La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.

» Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'accord prévu au I le prévoit, être révélé au cours du scrutin.

» Lorsque l'accord prévu au I n'exclut pas le vote au scrutin secret sous enveloppe, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.

» VII. – L'employeur ou, le cas échéant, le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

» A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichierssupports.

» VIII. – Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les dispositions pratiques de mise en oeuvre du vote électronique. «

Article 2. Il est inséré au chapitre III du titre II du livre IV du même code, après l'article R. 433-2-1, un article R. 433-2-2 ainsi rédigé :

» Art. R. 433-2-2. – I. – L'élection prévue à l'article L. 433-9 peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.

» La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe comportant un cahier des charges respectant les prescriptions minimales énoncées au présent article.

» La mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l'accord n'exclut pas cette modalité.

» II. – La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par le chef d'entreprise sur la base d'un cahier des charges contenant les prescriptions énoncées au présent article.

» Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges prévus à l'article L. 433-2, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

» Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

» Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

» Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés «fichier des électeurs et «contenu de l'urne électronique.

» Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

» Les prescriptions énoncées ci-dessus s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.

» III. – L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.

» IV. – Les organisations syndicales de salariés incluses dans le périmètre de l'accord mentionné au I et qui sont représentatives au sens de l'article L. 132-2 sont tenues informées par l'employeur de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

» Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

» Les représentants du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

» V. – Le protocole d'accord préélectoral prévu à l'article L. 433-2 mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, le cas échéant, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

» Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

» VI. – Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

» En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique prévue au III :

» 1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

» 2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;

» 3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

» La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.

» Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'accord prévu au I le prévoit, être révélé au cours du scrutin.

» Lorsque l'accord prévu au I n'exclut pas le vote au scrutin secret sous enveloppe, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.

» VII. – L'employeur ou, le cas échéant, le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

» A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

» VIII. – Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les dispositions pratiques de mise en oeuvre du vote électronique. «

Article 3. Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2007.

Par le Premier ministre : Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo

EL SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 16,

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 7 y 8,

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (1),

Visto el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y  del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (2), y en particular su artículo 41,

HA ADOPTADO EL SIGUIENTE DICTAMEN:

A.- PARTE GENERAL

1.- Introducción

1.1.- Una primera valoración general

1. El 4 de noviembre de 2010, la Comisión adoptó la Comunicación «Un enfoque global de la protección de los datos personales en la Unión Europea» (en lo sucesivo, la «Comunicación») (3) que se trasladó a efectos de consulta al SEPD. Al SEPD le complace recibir la consulta de la Comisión conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento (CE) nº 45/2001. Incluso antes de adoptarse la comunicación, el SEPD tuvo ocasión de pronunciarse sobre la Comunicación a título informal. Varias de dichas observaciones han sido recogidas en la versión final del documento.

2. La Comunicación tiene por objeto definir un marco que permita a la Comisión revisar el régimen jurídico de la UE en materia de protección de los datos personales en todos los ámbitos de actuación de la Unión, teniendo en cuenta, en particular, los retos que plantean la globalización y las nuevas tecnologías (4).

3. El SEPD acoge con agrado el texto de la Comunicación en general, puesto que no duda de la necesidad de revisar el presente marco jurídico en materia de protección de datos, con el fin de garantizar la tutela efectiva de los derechos en una sociedad de la información cada vez más compleja. En su dictamen de 25 de julio de 2007 relativo a la aplicación de la Directiva sobre protección de datos (5) el SEPD llegaba ya a la conclusión de que, a largo plazo, sería inevitable introducir modificaciones en la Directiva 95/46/CE.

4. La Comunicación supone un paso importante hacia una modificación normativa que, a su vez, constituirá la evolución más importante en el ámbito de la protección de datos en la UE desde la adopción de la Directiva 95/46/CE, considerada habitualmente la piedra angular de la protección de datos en la Unión Europea (y a mayor escala, en el Espacio Económico Europeo).

5. La Comunicación brinda el marco adecuado para una revisión específica a la vez que arroja luz, en términos generales, sobre los principales problemas y dificultades. El SEPD comparte la opinión de la Comisión en el sentido de que en el futuro seguirá imponiéndose la necesidad de mantener un régimen de protección de datos basado en los principios generales en vigor que regulan la protección de datos, los cuales no han perdido su validez dentro de una sociedad sometida a transformaciones radicales debido a los rápidos avances tecnológicos y a la globalización, lo que obliga a una revisión de las disposiciones legislativas en vigor.

6. La Comunicación señala acertadamente que los retos son enormes. El SEPD se manifiesta absolutamente de acuerdo y subraya que las soluciones propuestas deben ser, en correspondencia, ambiciosas y contribuir a una protección más eficaz.

1.2.- Objetivo del dictamen

7. El presente dictamen evalúa las soluciones aportadas en la Comunicación a la luz de dos criterios: su ambición y su eficacia. La impresión del SEPD es, en general, positiva y favorable a la Comunicación, si bien considera que en, determinados aspectos, una visión más ambiciosa hubiera redundado en una mayor eficacia del sistema.

8. El SEPD desea contribuir mediante este dictamen a concretar mejor el marco jurídico en materia de protección de datos. A su vez, aguarda con interés la propuesta de la Comisión prevista para mediados de 2011 y confía en que el texto de la propuesta recoja sus sugerencias. Destaca igualmente que la Comunicación parece omitir determinados ámbitos del instrumento general, caso por ejemplo del tratamiento de datos por parte de las instituciones y los organismos europeos. En caso de que la Comisión realmente decida excluir determinados ámbitos en la presente fase – lo que el SEPD lamentaría – se emplaza a la Comisión a implantar una arquitectura global en un plazo breve y concreto.

1.3.- Elementos esenciales del presente dictamen

9. El presente dictamen no constituye una manifestación aislada, sino que se inscribe en el contexto de posturas adoptadas anteriormente por el SEPD y por las autoridades europeas responsables de la protección de datos. En especial, debe subrayarse que en el ya mencionado dictamen del SEPD de 25 de julio de 2007, se establecieron y desarrollaron varios elementos a considerar en el marco de futuras modificaciones del marco legal actual (6). Asimismo, también se basa en las conversaciones mantenidas con otras partes involucradas en el ámbito de la intimidad y la protección de datos. Sus aportaciones supusieron una referencia muy válida tanto para la Comunicación como para el presente dictamen. A este respecto, puede concluirse que existe un elevado grado de sinergia respecto a cómo mejorar la eficacia de la protección de datos.

10. Otro elemento importante del presente dictamen es el documento denominado «El futuro de la protección de la intimidad», contribución conjunta del Grupo de Trabajo sobre protección de datos del artículo 29, así como del Grupo de Trabajo sobre Policía y Justicia, a la consulta planteada por la Comisión en 2009 (en lo sucesivo, el «documento del Grupo de Trabajo sobre el futuro de la protección de la intimidad») (7).

11. Más recientemente, en la Conferencia de prensa de 15 de noviembre de 2010, el SEPD dio a conocer su primera valoración respecto a la presente Comunicación. El presente dictamen se basa en las opiniones de índole más general presentadas durante dicha conferencia de prensa (8).

12. Por último, el presente dictamen aprovecha una serie de dictámenes anteriores del SEPD, así como de los documentos del Grupo de Trabajo sobre protección de datos del artículo 29. En diversos lugares del presente dictamen podrán encontrarse, cuando proceda, referencias a dichos dictámenes y documentos.

2.- Contexto

13. La revisión de las normas que regulan la protección de datos se produce en un momento histórico crucial. La Comunicación describe el contexto exhaustiva y convincentemente. Sobre la base de dicha descripción, el SEPD identifica los cuatro ejes principales que definen el entorno en que se entabla el proceso de revisión.

14. El primer eje es el progreso tecnológico. La tecnología actual ya no es la que existía cuando se concibió y se adoptó la Directiva 95/46/CE. Evoluciones tecnológicas como la computación en nube, la publicidad basada en el comportamiento, las redes sociales, el cobro de peajes en carreteras o los instrumentos de localización geográfica han modificado sustancialmente los métodos utilizados para el tratamiento de datos, y suscitan grandes interrogantes que deberán tenerse en cuenta a la hora de revisar la normativa europea en materia de protección de datos.

15. El segundo eje es la globalización. La progresiva supresión de los obstáculos al comercio ha conferido a las empresas una dimensión crecientemente global. El tratamiento transfronterizo y el trasvase internacional de datos se han incrementado considerablemente en los últimos años.

Asimismo, las tecnologías de la información y de la comunicación contribuyen a que el tratamiento de datos sea una realidad en todos los órdenes. Internet y la computación en nube han facilitado el tratamiento deslocalizado de ingentes masas de información a escala mundial. Durante la última década también se han incrementado las actividades policiales y judiciales a escala internacional en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y otras formas de delincuencia organizada internacional, basadas en un gran intercambio de información con fines represivos.

Todo ello obliga a plantearse seriamente cómo garantizar la protección de los datos personales en un mundo globalizado, sin incidir sustancialmente en las operaciones de tratamiento a escala internacional.

16. El tercer eje lo constituye el Tratado de Lisboa. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa marca el inicio de una nueva época en materia de protección de datos. El artículo 16 del TFUE no solo recoge el derecho individual del interesado sino que también incorpora un fundamento jurídico directo para una legislación más coherente en materia de protección de datos a nivel europeo. Además, la supresión de la estructura de pilares obliga al Parlamento Europeo y al Consejo a velar por la protección de datos en todos los ámbitos de la legislación europea.

En otras palabras, otorga carta de naturaleza a un marco jurídico global en materia de protección de datos aplicable al sector privado y al sector público tanto en el seno de los Estados miembros, así como en el de las instituciones y los organismos europeos. A este respecto, el Programa de Estocolmo (9) declara explícitamente que la Unión debe asegurar una estrategia global de protección de datos dentro de la Unión y en sus relaciones con otros países.

17. El cuarto eje es el representado por las evoluciones que están experimentando, en paralelo, las organizaciones internacionales. La modernización de los instrumentos jurídicos vigentes en materia de protección de datos acapara actualmente los debates. En este sentido, es importante recordar las reflexiones que acompañan a la futura revisión del Convenio nº 108 del Consejo de Europa (10), así como las Directrices de la OCDE en materia de protección de la intimidad (11). Otra evolución importante tiene que ver con la adopción de normas internacionales en materia de protección de datos personales y de la intimidad, que podría materializarse en la adopción de un instrumento jurídico vinculante en materia de protección de datos a escala global. Todas estas iniciativas merecen un apoyo incondicional. Su objetivo común consistirá en garantizar una protección eficaz y uniforme dentro de un entorno globalizado que evoluciona al compás de la tecnología.

3.- Principales perspectivas

3.1.- La protección de datos fomenta la confianza y debe servir de apoyo a otros intereses (públicos)

18. Un marco sólido en materia de protección de datos es la consecuencia inevitable de la importancia atribuida a la protección de datos en virtud del Tratado de Lisboa, del artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del artículo 16 del TFUE, y guarda asimismo un estrecho vínculo con las disposiciones del artículo 7 de la Carta (12).

19. Sin embargo, un marco sólido en materia de protección de datos también sirve a intereses públicos y privados más amplios en una sociedad de la información donde el tratamiento de datos se ha vuelto omnipresente. La protección de datos promueve la confianza y la confianza constituye a su vez un aspecto esencial del buen funcionamiento de una sociedad. Es esencial imprimir a las disposiciones en materia de protección de datos un sentido que, en la medida de lo posible, suponga un apoyo activo y no un obstáculo para otros derechos e intereses legítimos.

20. Entre dichos intereses legítimos básicos cabe reseñar, entre otros, la solidez de la economía europea, la seguridad de las personas y la transparencia de las políticas gubernamentales.

21. En la Unión Europea, el desarrollo económico discurre en paralelo a la introducción y la comercialización de nuevas tecnologías y nuevos servicios. En la sociedad de la información, el desarrollo y el despliegue adecuados de los servicios y las tecnologías de la información y la comunicación dependen de la confianza. Si los seres humanos no confían en las TIC, el futuro de dichas tecnologías estará fuertemente amenazado (13) y los ciudadanos no delegarán en ellas su confianza mientras no perciban que sus datos se encuentran adecuadamente protegidos.

Por lo tanto, la protección de datos debe estar implícitamente garantizada para todas las tecnologías y todos los servicios. Un marco sólido en materia de protección de datos proporcionará impulso a la economía europea, a condición de que no solo sea un marco sólido sino que esté también adecuadamente adaptado. Desde este punto de vista, es esencial una mayor armonización dentro de la Unión Europea, así como una minimización de las cargas administrativas (véase el capítulo 5 del dictamen).

22. La necesidad de encontrar un equilibrio entre la seguridad y la protección de la intimidad ha generado acalorados debates durante los últimos años, en particular en relación con los instrumentos para el tratamiento y el intercambio de datos en el ámbito de la cooperación policial y judicial (14). Con frecuencia, se ha percibido erróneamente la protección de datos como un obstáculo para la protección total de la seguridad física de las personas (15), o, al menos, como una condición que los cuerpos de seguridad deben respetar sine qua non. No debe perderse de vista que un marco sólido en materia de protección de datos puede contribuir a reforzar y fortalecer la seguridad. Los principios que regulan la protección de datos, (de aplicarse correctamente) obligan a los controladores a garantizar que la información es exacta y actualizada y a suprimir de los sistemas los datos personales superfluos e innecesarios para fines policiales. La aplicación de medidas tecnológicas y organizativas que garanticen la seguridad de los sistemas constituye otra posibilidad importante, por ejemplo, mediante la introducción de sistemas de protección contra la difusión o el acceso no autorizados, como es el caso en el ámbito de la protección de datos.

23. El respeto de los principios que regulan la protección de datos contribuye a garantizar que las autoridades policiales operen conforme al principio del Estado de Derecho, atrayendo así la confianza de la ciudadanía y fomentando, por extensión, la confianza como principio que articula nuestras sociedades. La jurisprudencia establecida en virtud del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos habilita a las autoridades judiciales y policiales para tratar todos los datos que cooperen de manera eficiente al ejercicio de sus funciones, pero no sin limitaciones. La protección de datos obliga a instaurar salvaguardias (véase el capítulo 9 del dictamen relativo a la policía y la justicia).

24. En las sociedades democráticas, los gobiernos deben rendir cuenta de todos sus actos, en particular la utilización de datos personales en aras a los diversos intereses públicos. Tales actuaciones varían, y pueden ir desde la publicación de datos en Internet por motivos de transparencia, hasta la utilización de datos en apoyo de las políticas en ámbitos como la sanidad pública, el transporte o la fiscalidad, pasando por la vigilancia de las personas con fines represivos. Un marco sólido de protección de datos permite a los gobiernos respetar y asumir sus responsabilidades y responder de sus actos, con arreglo al principio de buena gobernanza.

3.2. Consecuencias para el marco jurídico en materia de protección de datos

3.2.1.- Necesidad de una mayor armonización

25. La Comunicación subraya justificadamente que una de las deficiencias esenciales del marco actual reside en el hecho de que deja un margen considerable de apreciación a los Estados miembros en lo que se refiere a la transposición de las disposiciones europeas a la legislación nacional. La falta de armonización repercute negativamente a diferentes niveles sobre una sociedad de la información en la que la razón de ser de las fronteras físicas entre los Estados miembros se desdibuja cada vez más (véase el capítulo 5 del dictamen).

3.2.2.- Los principios generales que regulan la protección de datos siguen siendo válidos.

26. Una primera razón, de índole más formal, por la que los principios generales que regulan la protección de datos no deben ni pueden modificarse es de índole jurídica. Estos principios se recogen en el Convenio nº 108 del Consejo de Europa, vinculante para todos los Estados miembros.

Dicho Convenio constituye la base en materia de protección de datos en la Unión Europea. Asimismo, varios de los principios fundamentales se mencionan explícitamente en el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. En consecuencia, la modificación de estos principios implicaría la modificación de los Tratados.

27. Pero no es sino una razón y no la única. Otras razones no menos importantes aconsejan no modificar los principios generales. El SEPD está firmemente convencido de que la sociedad de la información ni puede ni debe articularse sin una adecuada protección de la intimidad y de los datos personales de las personas. A mayor cantidad de información procesada, mayor necesidad de protección. Y dentro de una sociedad de la información en la que se procesan ingentes volúmenes de información personal, es necesario que la noción de control por parte de las personas interesadas constituya uno de los fundamentos, facilitando a los ciudadanos actuar como tales y servirse de sus libertades, en particular la libertad de expresión.

28. Además, no es fácil desligar el control ejercido por las personas interesadas de la obligación para los responsables de limitar el tratamiento conforme a los principios de necesidad, proporcionalidad y limitación de los fines.

Tampoco es fácil entrever cómo podrían ejercer las personas interesadas su derecho si no se les reconocen derechos tales como el derecho de acceso, de rectificación, de supresión o de bloqueo de los datos.

3.2.3.- Perspectiva desde el punto de vista de los derechos fundamentales.

29. El SEPD subraya que el derecho a la protección de datos está reconocido como un derecho fundamental, lo cual no significa, no obstante, que la protección de datos deba prevalecer siempre por encima de otros derechos e intereses importantes dentro de una sociedad democrática, si bien sus consecuencias se extienden a la naturaleza y el ámbito de aplicación de la protección que un marco jurídico europeo debe proporcionar, a fin de garantizar, de este modo, que se tengan pertinentemente en cuenta las obligaciones en materia de protección de datos.

30. Estas consecuencias principales pueden definirse en los siguientes términos:

– la protección debe ser efectiva. El marco jurídico debe proporcionar instrumentos que permitan a los particulares ejercer sus derechos en la práctica;

– el marco debe permanecer estable a largo plazo;

– la protección debe garantizarse en todas las circunstancias y no depender de las preferencias políticas en un período determinado;

– es necesario fijar limitaciones al ejercicio del derecho, si bien dichas limitaciones deben ser excepcionales, estar debidamente justificadas y en ningún caso afectar a los elementos esenciales del propio derecho (16).

El SEPD recomienda que la Comisión tome en consideración estas consecuencias en el momento de proponer soluciones legislativas.

3.2.4. – Necesidad de nuevas disposiciones legislativas

31. La Comunicación se centra acertadamente en la necesidad de reforzar las disposiciones legislativas en materia de protección de datos. En este contexto, cabe recordar que en el documento del Grupo de Trabajo sobre el futuro de la protección de la intimidad (17) las autoridades responsables de protección de datos pusieron especial acento en la necesidad de reforzar el papel de los diferentes actores en el ámbito de la protección de datos, en especial los interesados, los responsables del tratamiento de los datos y las propias autoridades encargadas de la vigilancia.

32. Todas las partes involucradas coinciden en que unas disposiciones legislativas más sólidas, en las que se tengan en cuenta los progresos tecnológicos y la globalización, son la clave para una protección de datos ambiciosa y eficaz en el futuro. Como se indica en el apartado 7, tales son los criterios que el SEPD debe evaluar para cada una de las soluciones propuestas.

3.2.5.- La exhaustividad como condición sine qua non

33. Como se recuerda en la Comunicación, la Directiva 95/46/CE es aplicable a todas las actividades de tratamiento de datos personales en los Estados miembros, tanto en el sector público como en el privado, con excepción de las actividades no incluidas en el ámbito de aplicación del anterior Derecho comunitario (18). Aunque esta excepción era necesaria en virtud del Tratado anterior, la situación ha variado tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. A la vez, la excepción es contraria tanto a la redacción como al espíritu del artículo 16 del TFUE.

34. En opinión del SEPD, la introducción de un instrumento jurídico global en materia de protección de datos, que incluyese la cooperación policial y judicial en materia penal, debe considerarse una de las posibles mejoras derivadas de un nuevo marco jurídico. Resulta, pues, una condición sine qua non para que la protección de datos sea eficaz en el futuro.

35. El SEPD avanza los siguientes argumentos en apoyo de esta afirmación:

– la distinción entre operaciones del sector privado y operaciones de las fuerzas de seguridad se desdibuja cada vez más. Las entidades del sector privado tratan datos que se utilizarán en último término a efectos de de ejecución de la ley (por ejemplo, los datos PNR (19), mientras que en otros casos se les obliga a conservar los datos para los mismos fines s (por ejemplo, la Directiva sobre conservación de datos (20));

– no existe diferencia fundamental entre las autoridades policiales y judiciales y el resto de autoridades encargadas del cumplimiento de la ley (fiscalidad, aduanas, lucha contra el fraude, inmigración), con arreglo a la Directiva 95/46/CE;

– como bien se afirma en la Comunicación, el instrumento jurídico de protección de datos actualmente aplicable a las autoridades policiales y judiciales [Decisión marco 2008/977/JAI (21)] es inadecuado;

– la mayoría de los Estados miembros han transpuesto la Directiva 95/46/CE y el Convenio nº 108 en sus respectivas legislaciones nacionales, haciéndolas así aplicables igualmente para las autoridades policiales y judiciales.

36. La inclusión del ámbito policial y judicial en el instrumento jurídico general no solo brindaría más garantías a los ciudadanos sino que también facilitaría el trabajo de las autoridades policiales. Aplicar conjuntos de normas diferenciados es gravoso, supone una innecesaria pérdida de tiempo a la vez que un freno para la cooperación internacional (véase el capítulo 9 del presente dictamen), lo que también es motivo para incluir las actividades de tratamiento por parte de los servicios de seguridad nacionales, en la medida de lo posible, en el marco de la legislación europea en vigor.

3.2.6.- La neutralidad tecnológica

37. El período que siguió a la adopción de la Directiva 95/46/CE en 1995 puede calificarse, desde el punto de vista tecnológico, como un periodo agitado, marcado por la aparición sucesiva y frecuente de nuevas tecnologías y aplicaciones tecnológicas que, en muchos casos, provocaron cambios esenciales de los procedimientos utilizados para el tratamiento de los datos personales. La sociedad de la información ya no es un entorno paralelo al que los ciudadanos tienen la oportunidad de acceder si así lo desean, sino que se ha convertido, por el contrario, en un elemento más de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la noción de Internet de los objetos (22) establece vínculos entre los objetos físicos y la información en línea con ellos relacionada.

38. La tecnología seguirá evolucionando, lo que repercutirá en el nuevo marco jurídico. La tecnología deberá mantenerse eficiente durante períodos más prolongados, sin lastrar a su vez eventuales avances tecnológicos, lo que obligará a adoptar disposiciones neutras desde el punto de vista jurídico. No obstante, el marco también debe aportar mayor seguridad jurídica a las empresas y los particulares, que deberán entender qué se espera de ellos y habrán de estar capacitados para hacer valer sus derechos, por lo que las disposiciones jurídicas deberán ser precisas.

39. En opinión del SEPD, el instrumento jurídico general en materia de protección de datos deberá formularse, dentro de lo posible, en términos tecnológicamente neutros, lo que implica que los derechos y obligaciones de los diferentes actores deberán señalarse en términos neutros y generales de manera que sigan siendo, en principio, válidos y aplicables independientemente de la tecnología elegida para el tratamiento de los datos personales. No hay otra opción, habida cuenta de la rápida evolución de los avances tecnológicos en la actualidad. El SEPD sugiere introducir nuevos derechos «neutros desde el punto de vista tecnológico» además de los principios existentes en materia de protección de datos, lo cual podría ser especialmente relevante en un entorno electrónico que evoluciona rápidamente (véanse en particular los capítulos 6 y 7).

3.2.7. – Largo plazo: seguridad jurídica a más largo plazo

40. La Directiva 95/46/CE ha sido el elemento clave en materia de protección de datos en la Unión Europea durante los últimos quince años. Esta Directiva fue incluida en la legislación de los Estados miembros y aplicada por los distintos agentes. A lo largo de los años, dicha aplicación se ha enriquecido con las diversas experiencias prácticas y las nuevas orientaciones proporcionadas por la Comisión, las autoridades encargadas de protección de datos (tanto a nivel nacional como en el marco del Grupo de Trabajo del «artículo 29») así como por los tribunales nacionales y europeos.

41. Conviene indicar que estas evoluciones precisan tiempo y que, por tratarse especialmente de un marco general que da efecto a un derecho fundamental, ese tiempo es fundamental para crear seguridad y estabilidad jurídicas. Debe elaborarse un nuevo instrumento jurídico general con el fin de garantizar la seguridad y estabilidad jurídicas durante un período más prolongado, y teniendo en cuenta que es muy difícil aventurar el curso que seguirán la tecnología y la globalización. En cualquier caso, el SEPD apoya sin reservas el objetivo de crear seguridad jurídica durante un período más prolongado, comparable a la perspectiva de la Directiva 95/46/CE. En resumen, cuando la tecnología evoluciona a un ritmo rápido, la legislación debe mantenerse estable.

3.2.8.- Corto plazo: hacer mejor uso de los instrumentos existentes

42. A corto plazo, es fundamental garantizar la eficacia de las disposiciones legislativas existentes, concentrándose en primer lugar en su aplicación, tanto a nivel nacional como a nivel de la UE (véase el capítulo 11 del presente dictamen).

B.- ELEMENTOS DE UN NUEVO MARCO

4.- Enfoque global

43. El SEPD apoya plenamente el enfoque global en materia de protección de datos, que no sólo es el enunciado sino también el punto de partida de la Comunicación e incluye necesariamente la ampliación de las normas generales en materia de protección de datos a la cooperación policial y judicial en materia penal (23).

44. No obstante, observa también que la Comisión no pretende incluir todas las actividades de tratamiento de datos en este instrumento jurídico general. En particular, no se incluirá el tratamiento de datos por parte de las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la Unión Europea.

La Comisión se limita a declarar que «evaluará la necesidad de adaptar otros instrumentos jurídicos al nuevo marco general de la protección de datos».

45. El SEPD se inclina decididamente por la inclusión del tratamiento a nivel europeo en el marco jurídico general.

Recuerda que ésta fue la intención original del antiguo artículo 286 del TCE, en el que por primera vez se hizo referencia a la protección de datos a nivel de Tratado. El artículo 286 del TCE afirmaba simplemente que los instrumentos jurídicos en materia del tratamiento de datos personales también se aplicarán a las instituciones. Lo más relevante es que un texto jurídico único permite evitar todo riesgo de discrepancia entre disposiciones y sería particularmente adecuado para el intercambio de datos entre la Unión y las entidades públicas y privadas de los Estados miembros. Permitiría evitar a su vez el riesgo de que, una vez modificada la Directiva 95/46/CE, no existiese interés político alguno en modificar el Reglamento (CE) nº 45/2001 o en conceder a dicha modificación la suficiente prioridad como para evitar discrepancias sobre las fechas de entrada en vigor.

46. El SEPD insta a la Comisión, en caso de que, a su juicio, no fuera factible incluir el tratamiento a nivel de la Unión en el instrumento jurídico general, a que se comprometa a proponer una versión adaptada del Reglamento (CE) nº 45/2001 (no a que «evalúe la necesidad») en el plazo más breve posible y preferentemente antes de finales de 2011.

47. No es menos importante que la Comisión garantice una atención similar en otros ámbitos, en particular:

– la protección de datos en la Política de Exterior y de Seguridad Común, sobre la base del artículo 39 del TUE (24);

– los regímenes de protección de datos por sectores específicos para los órganos de la Unión como Eurpol, Eurojust y para los sistemas de información a gran escala, en la medida en que deban adaptarse al nuevo instrumento jurídico;

– la Directiva 2002/58/CE sobre protección de la intimidad, en la medida en que deba ser adaptada al nuevo instrumento jurídico.

48. Por último, un instrumento jurídico general en materia de protección de datos puede, y probablemente debe, ser completado mediante normativas específicas y sectoriales adicionales, por ejemplo en materia de cooperación policial y judicial, aunque también en otros ámbitos (25). En la medida en que sea necesario y con arreglo al principio de subsidiariedad, deberán adoptarse dichas disposiciones adicionales a nivel de la Unión Europea. Los Estados miembros podrán elaborar normas adicionales en ámbitos específicos en los que estas normas estén justificadas (véase el punto 5.2).

5.- Mayor armonización y simplificación

5.1.- La necesidad de armonización

49. La armonización es un elemento crucial para la legislación europea en materia de protección de datos. La Comunicación señala acertadamente que la protección de datos reviste una considerable importancia para el mercado interior, ya que debe garantizar la libre circulación de los datos personales entre los Estados miembros en el mercado interior. Sin embargo, el grado de armonización en virtud de la actual Directiva no se ha considerado suficientemente satisfactorio. La Comunicación reconoce que éste es uno de los motivos de preocupación para las partes involucradas. En particular, las partes involucradas destacan la necesidad de incrementar la seguridad jurídica, reducir las cargas administrativas y garantizar la igualdad de condiciones a los agentes económicos y otros responsables del tratamiento de datos. Como la Comisión observa acertadamente, tal es el caso, en particular, de los responsables del tratamiento de datos establecidos en varios Estados miembros y obligados a cumplir requisitos y prácticas (probablemente distintos) de las legislaciones nacionales sobre protección de datos (26).

50. La armonización no solo es importante para el mercado interior sino también para garantizar una adecuada protección de datos. El artículo 16 del TFUE establece que «toda persona» tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan. Para que dicho derecho sea efectivamente respetado, debe garantizarse un nivel equivalente de protección en todo el territorio de la Unión Europea. El documento del Grupo de Trabajo sobre la protección de la intimidad en el futuro destaca que varias de las disposiciones relativas a la situación de los titulares de los datos no ha sido aplicada o no ha sido interpretada de manera uniforme en todos los Estados miembros (27). En un mundo globalizado e interconectado, estas divergencias pueden amenazar o limitar la protección de los particulares.

51. El SEPD considera que uno de los principales objetivos de la revisión consiste en mantener y mejorar la armonización. El SEPD acoge con agrado el compromiso de la Comisión de examinar los medios para lograr una protección de datos más armonizada a nivel europeo. Sin embargo, le sorprende constatar que la Comunicación no formule en esta fase ninguna opción concreta. Asimismo, indica diversos ámbitos en los que mejorar la convergencia resulta más apremiante (véase la sección 5.3). La mayor armonización en estos ámbitos no solo debe lograrse mediante la reducción del margen de maniobra de la legislación nacional sino también evitando una aplicación incorrecta por parte de los Estados miembros (véase asimismo el capítulo 11) y garantizando una aplicación más coherente y coordinada (véase también el capítulo 10).

5.2.- Reducción del margen de maniobra en materia de aplicación de la Directiva

52. La Directiva incluye una serie de disposiciones formuladas de manera general y que, por lo tanto, dejan un margen de maniobra significativo para que se produzcan diferencias en la aplicación. El considerando 9 de la Directiva confirma de manera explícita que los Estados miembros disponen de un margen de maniobra y que, dentro de los límites de dicho margen, pueden surgir disparidades en la aplicación de la Directiva. Los Estados miembros han aplicado en términos diferentes diversas disposiciones, particularmente varias disposiciones fundamentales (28).

Esta situación no resulta satisfactoria y es preciso explorar una mayor convergencia.

53. Esto no significa que deba excluirse inmediatamente la diversidad. En determinados ámbitos, puede revelarse necesaria la flexibilidad con el fin de preservar las especificidades que resulten justificadas, proteger los intereses públicos importantes o la autonomía institucional de los Estados miembros. A juicio del SEPD, el margen de divergencia entre los Estados miembros debe limitarse en concreto a las siguientes situaciones específicas:

– Libertad de expresión: en virtud del presente marco (artículo 9), los Estados miembros pueden establecer exenciones y excepciones en lo referente al tratamiento de datos personales con fines exclusivamente periodísticos o de expresión artística o literaria. Dicha flexibilidad parece adecuada, siempre que esté sujeta a los límites de la Carta y del CEDH, teniendo en cuenta las distintas tradiciones y diferencias culturales que puedan existir en este ámbito en los Estados miembros. Sin embargo, ello no constituirá un obstáculo para la posible actualización del artículo 9, en vista de los avances de Internet.

– Intereses públicos específicos: en virtud del presente marco (artículo 13), los Estados miembros podrán adoptar medidas legales para limitar el alcance de las obligaciones y los derechos cuando tal limitación constituya una medida necesaria para la salvaguardia de un interés público importante, como la seguridad del Estado, la defensa, la seguridad pública, etc. Esta competencia de los Estados miembros sigue estando justificada. Sin embargo, la interpretación de las excepciones deberá armonizarse más llegado el caso (véase la sección 9.1). Además, el actual ámbito de aplicación de la excepción contemplada en el artículo 6, apartado 1, parece indebidamente amplio.

– Vías de recurso, sanciones y procedimientos administrativos: un marco europeo debe determinar las condiciones principales aunque, en virtud de la situación actual de la legislación de la Unión, la determinación de las sanciones, vías de recurso, normas procesales y las modalidades de controles aplicables a escala nacional debe quedar en manos de los Estados miembros.

5.3.- Ámbitos que requieren una mayor armonización

54. Definiciones (artículo 2 de la Directiva 95/46/CE). Las definiciones son la piedra angular del régimen jurídico y deberán interpretarse de manera uniforme en todos los Estados miembros, sin margen de aplicación. En virtud del presente marco han surgido divergencias, por ejemplo en relación con el concepto de responsable del tratamiento (29). El SEPD sugiere añadir más elementos a la lista actual del artículo 2, como los datos anónimos, los seudónimos, los datos judiciales, la transferencia de datos y el responsable de la protección de datos, con el fin de proporcionar una mayor seguridad jurídica.

55. Licitud del tratamiento (artículo 5). El nuevo instrumento jurídico deberá ser lo más preciso posible en relación con los elementos esenciales que determinan la licitud del tratamiento de los datos. El artículo 5 de la Directiva (así como el considerando 9), que establece que los Estados miembros precisarán las condiciones en que son lícitos los tratamientos de datos personales, podría dejar de ser necesario en un marco futuro.

56. Motivos para el tratamiento de datos (artículos 7 y 8). La definición de las condiciones para el tratamiento de datos constituye un elemento esencial de toda legislación en materia de protección de datos. No se debe permitir a los Estados miembros que introduzcan modificaciones a los motivos o motivos adicionales para el tratamiento o que excluyan alguno de ellos. Debe excluirse o limitarse la posibilidad de establecer excepciones (en especial respecto a los datos sensibles (30)). En el nuevo instrumento jurídico, deben formularse con toda claridad los motivos para el tratamiento de datos, reduciendo así el margen de apreciación en la aplicación o en el control de la aplicación.

En particular, es necesario especificar más claramente el concepto de consentimiento (véase la sección 6.5). Además, el motivo basado en el interés legítimo del responsable del tratamiento de datos [artículo 7, letra f)] permite interpretaciones extremadamente divergentes, debido a su carácter flexible. Es necesaria una mayor armonización.

Otra disposición que posiblemente haya de especificarse es el artículo 8, apartado 2, letra b), que permite el tratamiento de datos sensibles cuando sea necesario para respetar las obligaciones y los derechos específicos del responsable del tratamiento en materia de Derecho laboral (31).

57. Derechos de los interesados (artículos 10-15). Este es uno de los ámbitos en el que no todos los elementos de la Directiva han sido aplicados o interpretados coherentemente por parte de los Estados miembros. Los derechos de los interesados son un elemento central en la protección efectiva de los datos, por lo que el margen de maniobra deberá reducirse sustancialmente. El SEPD recomienda que la información proporcionada a los interesados por el responsable del tratamiento sea uniforme en toda la Unión Europea.

58. Transferencias internacionales (artículos 25-26). Este ámbito ha suscitado profundas críticas debido a la falta de una práctica uniforme en toda la Unión. Las partes involucradas han criticado que los Estados miembros interpreten y apliquen de manera muy diferente las decisiones de la Comisión respecto al carácter adecuado. Las normas vinculantes para las empresas son otro elemento en el que el SEPD aboga por una mayor armonización (véase el capítulo 9).

59. Autoridades nacionales de protección de datos (artículo 28).

Las autoridades nacionales de protección de datos están sujetas a normas sumamente divergentes en los 27 Estados miembros, en especial en lo que se refiere a su estatuto, recursos y competencias. El artículo 28 ha alimentado en parte dichas divergencias debido a su imprecisión (32) y debe especificarse más, con arreglo a lo establecido en la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el asunto C-518/07 (33) (para más información, véase el capítulo 10).

5.4.- Simplificación del sistema de notificación de ficheros

60. Los requisitos de notificación (artículos 18-21 de la Directiva 95/46/CE) son otro ámbito en el que los Estados miembros disponían hasta la fecha de un significativo margen de libertad. La comunicación reconoce atinadamente que un sistema armonizado permitiría reducir los costes y las cargas administrativas para los responsables del tratamiento de datos (34).

61. En este ámbito, la simplificación debería ser el objetivo principal. La revisión del marco de protección de datos brinda una ocasión única para simplificar o reducir más el ámbito de los actuales requisitos de notificación. La Comunicación reconoce que la mayoría de los responsables del tratamiento coinciden en que la obligación general de notificar todas las operaciones de tratamiento a las autoridades encargadas de la protección de datos es relativamente gravosa y no aporta, en sí, un verdadero valor añadido desde el punto de vista de la protección de los datos personales (35). Por ello, el SEPD acoge con agrado el compromiso de la Comisión de estudiar los diferentes medios para simplificar el actual sistema de notificación de ficheros.

62. En su opinión, el punto de partida de dicha simplificación contribuiría a un cambio de sistema en el que la notificación es la norma general, salvo que se prevea lo contrario (es decir, el «sistema de exención»), a un sistema más específico. El sistema de exención se ha revelado ineficaz, ya que su aplicación ha sido incoherente en los Estados miembros (36). El SEPD sugiere que se consideren las siguientes alternativas:

– limitar la obligación de notificar a los tipos específicos de operaciones de tratamiento que presentan riesgos específicos (estas notificaciones podrían requerir otros pasos, como el control previo del tratamiento);

– establecer una obligación simplificada de registro que obligue a que sean los responsables del tratamiento de datos los que realicen dicho registro (por oposición al registro exhaustivo de todas las operaciones de tratamiento de datos);

Además, podría introducirse un formulario de notificación estándar paneuropeo con el fin de garantizar enfoques armonizados relativos a la información solicitada.

63. La revisión del actual sistema de notificación debe entenderse sin perjuicio de la mejora de las obligaciones de control previo para determinadas obligaciones de tratamiento que puedan presentar riesgos específicos (como los sistemas de información a gran escala). El SEPD sería partidario de la inclusión en el nuevo instrumento jurídico de una lista no exhaustiva de casos para los que se requiere un control previo. El Reglamento (CE) nº 45/2001 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios proporciona un modelo útil en este sentido (37).

5.5.- Un Reglamento, no una Directiva

64. Por último, el SEPD entiende que el proceso de revisión brinda asimismo una oportunidad para reconsiderar el tipo de instrumento jurídico aplicable en materia de protección de datos. Un reglamento, único instrumento diectamente aplicable en los Estados miembros, es el medio más eficaz para proteger el derecho fundamental a la protección de datos y para crear un mercado interior real en el que los datos personales puedan circular libremente y el nivel de protección sea similar, independientemente del país o del sector en el que se efectúe el tratamiento de los datos.

65. Un reglamento reduciría el margen de interpretaciones contradictorias y de divergencias injustificadas en la incorporación y en la aplicación de la ley. También reduciría la importancia de determinar la ley aplicable a las operaciones de tratamiento en la Unión Europea, que es uno de los aspectos más controvertidos del sistema actual (véase el capítulo 9).

66. En el ámbito de la protección de datos, un reglamento se justifica, con mayor razón, por el hecho de que

– el artículo 16 del TFUE eleva al nivel de Tratado el derecho a la protección de los datos personales y prevé – o incluso establece – un nivel uniforme de protección de las personas físicas en toda la Unión,

– el tratamiento de datos tiene lugar en un entorno electrónico en el que las fronteras internas entre los Estados miembros han perdido relevancia.

67. Optar por un reglamento como instrumento general permite, llegado el caso, la existencia de disposiciones directamente dirigidas a los Estados miembros en las que es necesaria una cierta flexibilidad. Asimismo, tampoco influye en la competencia de los Estados miembros para adoptar normas complementarias en materia de protección de datos, en su caso, con arreglo al Derecho de la Unión.

6.- Reforzar los derechos de las personas

6.1.- La necesidad de reforzar los derechos

68. El SEPD apoya sin reservas la propuesta de la Comunicación que pasa por reforzar los derechos individuales, ya que los instrumentos jurídicos existentes no garantizan plenamente una protección eficaz necesaria en un mundo digitalizado y cada vez más complejo.

69. Por otro lado, el advenimiento de un universo digitalizado lleva aparejado un claro incremento de la obtención, el uso y posterior transferencia de los datos personales de un modo muy complejo y en absoluto transparente. Por lo general, las personas no saben o no comprenden cómo se desarrolla este proceso, quiénes obtienen sus datos ni de qué medios disponen para controlar la situación. Un hecho que sirve para ilustrar el fenómeno es el control de las actividades de navegación por parte de los proveedores de redes publicitarias, que utilizan «chivatos» (cookies) u otros dispositivos similares para proponer unos objetivos publicitarios. Cuando los internautas visitan sitios web, no cuentan con que terceras personas vayan a registrar dichas visitas ni creen registros de los usuarios sobre la base de informaciones que revelen su estilo de vida, o sus gustos.

70. Por otra parte, esta evolución incita a la ciudadanía a compartir voluntariamente sus informaciones personales, por ejemplo en las redes sociales, que atraen a un número cada vez mayor de jóvenes ansiosos de comunicarse con jóvenes de su misma edad. No es muy factible que los jóvenes (internautas) sean conscientes del alcance de la divulgación de dichas informaciones ni de las repercusiones sobre sus actos a largo plazo.

6.2.- Aumentar la transparencia

71. La transparencia es vital en todo régimen de protección de datos, no solo por su valor intrínseco sino también porque permite ejercer otros principios relacionados con la protección de datos. Los individuos solo podrán ejercer sus derechos si saben de la existencia del tratamiento de datos.

72. Varias disposiciones de la Directiva 95/46/CE guardan relación con la transparencia. Los artículos 10 y 11 contemplan la obligación de informar a los ciudadanos sobre la obtención de los datos personales que les afectan. Además, el artículo 12 reconoce el derecho a recibir una comunicación, en forma inteligible, de los propios datos personales objeto de tratamiento (derecho de acceso). El artículo 15 reconoce el derecho de acceder al mecanismo subyacente a la toma de decisiones automatizadas que tienen efectos jurídicos. Por último, e igualmente importante, el artículo 6, apartado 1, letra a), obliga a que los datos sean tratados de manera leal, y genera igualmente una obligación de transparencia. Los datos personales no pueden tratarse con fines ocultos o secretos.

73. La Comunicación sugiere añadir un principio general de transparencia. Como reacción frente a dicha sugerencia, el SEPD subraya que el concepto de transparencia ya es inherente al marco jurídico vigente en materia de protección de datos, si bien de manera implícita. Así se deduce de las diversas disposiciones relativas a la transparencia, como se ha mencionado en el apartado anterior. Según el SEPD, la inclusión de un principio explícito de transparencia podría ser de interés, independientemente de que esté vinculado o no a la disposición ya existente relativa a un tratamiento leal, ya que aumentaría la seguridad jurídica y también confirmaría que un responsable del tratamiento debe, bajo toda circunstancia, tratar los datos personales de modo transparente, no solo cuando se le emplaza a que así lo haga o cuando se lo imponga una disposición jurídica específica.

74. Sin embargo, quizá es más importante reforzar las disposiciones existentes relativas a la transparencia, como los artículos 10 y 11 de la Directiva 95/46/CE. Dichas disposiciones especifican los elementos informativos que habrán de proporcionarse aunque sin precisar las modalidades. En términos más concretos, el SEPD sugiere reforzar las disposiciones existentes mediante la incorporación de:

– un requisito que obligue al encargado del tratamiento a proporcionar información sobre el tratamiento de los datos de manera clara y comprensible, a la vez que en un lenguaje claro y sencillo (38). La información debe ser clara, evidente y destacada. Dicho servicio podría englobar igualmente la obligación de garantizar que la información sea fácilmente comprensible. Esta obligación contribuiría a proscribir las políticas de confidencialidad confusas o no fácilmente comprensibles;

– un requisito que obligue a facilitar la información a los interesados de manera sencilla y directa. La información también deberá ser permanente, accesible y no deberá suprimirse de un medio electrónico al cabo de un breve período, lo que ayudaría a los usuarios a conservar y reproducir la información en el futuro, permitiendo el acceso ulteriormente.

6.3.- Apoyo a la obligación de informar sobre las violaciones de la seguridad

75. El SEPD apoya la introducción en el instrumento general de una disposición relativa a la notificación de las violaciones de los datos personales, que amplía la obligación contemplada en la Directiva sobre la protección de la intimidad en las comunicaciones electrónicas a todos los responsables del tratamiento, tal como se desprende de la Comunicación. En el marco de esta Directiva, modificada en Noviembre 2009, la obligación es aplicable solamente a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas (proveedores de servicios de telefonía, incluidos los servicios de VoIP, y de acceso a Internet). La obligación no abarca a otros responsables del tratamiento. Sin embargo, los motivos que justifican la obligación son enteramente aplicables a aquellos responsables del tratamiento diferentes de los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas.

76. La notificación de violaciones de la seguridad persigue fines y objetivos diferenciados. El más evidente, resaltado en la Comunicación, es el de servir como herramienta de información para que la ciudadanía cobre conciencia de los riesgos a los que se enfrenta cuando sus datos personales se ven afectados, lo que podría ayudarles a adoptar las medidas necesarias para atenuar los riesgos. Por ejemplo, cuando se les alerta sobre violaciones que afectan a su información económica, las personas podrán, entre otras cosas, modificar sus contraseñas o cancelar sus cuentas.

Además, la notificación de una violación de la seguridad contribuye a la aplicación eficaz de otros principios y obligaciones de la Directiva. Por ejemplo, los requisitos de notificación de violaciones de la seguridad animan a los responsables del tratamiento a aplicar medidas de seguridad más estrictas con objeto de evitarlas. La violación de la seguridad también es un instrumento para reforzar la responsabilidad de los responsables del tratamiento y, más en particular, para aumentar la responsabilidad de los mismos (véase el capítulo 7). Por último, sirve como herramienta para la ejecución, por parte de las autoridades encargadas de la protección de datos. La notificación de una violación a dichas autoridades podría iniciar una investigación sobre las prácticas generales de los responsables del tratamiento de datos.

77. Las normas específicas relativas a la violación de la seguridad en la Directiva sobre la protección de la intimidad modificada fueron objeto de amplios debates durante la tramitación parlamentaria del marco jurídico que precedió a la adopción de dicha Directiva. En dicho debate, se tuvieron en cuenta los dictámenes del Grupo de Trabajo del «artículo 29» y del SEPD, junto con las opiniones de las partes involucradas. Las normas reflejan las opiniones de las diferentes partes involucradas y representan un equilibrio de intereses: los criterios que desencadenan la obligación de notificación son, en principio, adecuados para garantizar la protección de las personas, pero no imponen obligaciones inútiles ni excesivamente gravosas.

6.4.- Reforzar el consentimiento

78. El artículo 7 de la Directiva sobre la protección de datos menciona seis fundamentos jurídicos para el tratamiento de los datos personales. El consentimiento de la persona física es uno de ellos. A los responsables del tratamiento se les permite tratar datos personales en la medida en que las personas hayan prestado su consentimiento informado para la obtención y posterior tratamiento de sus datos.

79. En la práctica, los usuarios no pueden ejercer por lo general sino un control limitado de sus datos, en especial en un entorno tecnológico. Uno de los métodos ocasionalmente utilizados es el consentimiento implícito, a saber, aquel consentimiento que se deduce del acto de una persona (p. ej, la acción consistente en utilizar un sitio web se entiende que implica consentimiento para el registro de los datos del usuario con fines comerciales). También puede deducirse del silencio o de la inacción (no deseleccionar una casilla se considera consentimiento).

80. Según la Directiva, para que el consentimiento sea válido debe ser informado, libre y específico. Debe tratarse de una manifestación informada de los deseos de la persona mediante la cual consienta al tratamiento de los datos personales que le conciernan. El consentimiento debe otorgarse de manera inequívoca.

81. El consentimiento que se haya deducido de una acción y, más en particular, del silencio o la inacción no constituye por lo general un consentimiento inequívoco. No obstante, no siempre es fácil determinar qué constituye un consentimiento verdadero e inequívoco. Determinados responsables del tratamiento de datos explotan esta incertidumbre recurriendo a métodos que excluyen toda posibilidad de dar un consentimiento verdadero e inequívoco.

82. A la luz de todo lo anterior, el SEPD comparte el punto de vista de la Comisión en relación con la necesidad de precisar los límites del consentimiento y asegurarse de que únicamente el consentimiento resultante de un comportamiento no equívoco sea considerado como tal. En este contexto, el SEPD sugiere lo siguiente (39):

– Considerar eventualmente la posibilidad de ampliar las situaciones en las que es necesario un consentimiento expreso, limitado actualmente a los datos sensibles;

– adoptar normas adicionales para el consentimiento en un entorno virtual;

– adoptar normas adicionales relativas al consentimiento para tratar datos con fines secundarios (es decir, el tratamiento es secundario al tratamiento principal y no aparece como una evidencia);

– en un nuevo instrumento legislativo, adoptado o no por la Comisión en virtud del artículo 290 del TFUE, determinar el tipo de consentimiento requerido, por ejemplo, precisar el nivel de consentimiento en relación con el tratamiento de datos de las etiquetas RFID de los productos destinados al consumo o a otras técnicas específicas.

6.5.- La portabilidad de los datos y el derecho al olvido

83. La portabilidad de los datos y el derecho a ser olvidado son dos nociones interrelacionadas y presentadas en la Comunicación con el fin de reforzar los derechos de los interesados. Vienen a complementar los principios ya indicados en la Directiva, que establecen el derecho del interesado a expresar una objeción al tratamiento ulterior de sus datos personales así como una obligación para el responsable del tratamiento de suprimir la información cuando ya no sea necesaria a los fines del tratamiento.

84. Estos dos nuevos conceptos tienen, ante todo, un valor añadido en el contexto de la sociedad de la información, en la que cada vez es mayor el número de datos que se almacena de manera automática y se conservan durante períodos indeterminados. En la práctica se demuestra que, incluso cuando es el propio interesado quien aporta los datos, su grado de control efectivo sobre los mismos es muy limitado, lo cual resulta aún más incuestionable a la vista de la enorme memoria que representa hoy en día Internet. Además, desde un punto de vista económico, resulta más costoso para el responsable del tratamiento suprimir los datos que conservarlos almacenados. El ejercicio de los derechos de las personas es contrario, por tanto, a la tendencia económica natural.

85. Tanto la portabilidad de los datos como el derecho al olvido podrían contribuir a inclinar la balanza a favor del interesado. La portabilidad de los datos tendría por objeto proporcionar un mayor grado de control a las personas sobre su información, mientras que el derecho al olvido garantizaría que la información desaparece automáticamente al cabo de un determinado período, incluso si el interesado no realiza ninguna acción en este sentido o desconoce que los datos fueron almacenados.

86. De manera más específica, por portabilidad de los datos se entiende la capacidad de los usuarios para modificar sus preferencias en relación con el tratamiento de sus datos, vinculados especialmente a los nuevos servicios tecnológicos. Esta posibilidad es cada vez más aplicable a los servicios que implican un almacenamiento de la información, incluidos los datos personales, como la telefonía móvil y los servicios que almacenan fotografías, correos electrónicos y otra información, utilizando en ocasiones para ello servicios de computación en nube.

87. Las personas deben tener libertad para cambiar con sencillez de proveedor y transferir sus datos personales a otro proveedor de servicios. El SEPD considera que los derechos vigentes reflejados en la Directiva 95/46/CE podrían reforzarse mediante la inclusión de un derecho de portabilidad en el contexto de los servicios de la sociedad de la información. Dicho derecho contribuiría a ayudar a las personas a obtener el acceso a su información personal mientras que, al mismo tiempo, se reforzaría la obligación de los antiguos proveedores u otros responsables de suprimir dicha información.

88. La codificación de un nuevo «derecho al olvido» garantizaría la supresión de los datos personales o la prohibición de un uso posterior de los mismos, sin necesidad de acción alguna por parte del interesado, a condición de que estos datos ya hubieran sido almacenados durante un período determinado. Dicho de otro modo, se podría atribuir a los datos una especie de fecha de caducidad.

Este principio ya ha sido invocado en litigios ante los tribunales nacionales o aplicados en sectores específicos como, por ejemplo, los expedientes policiales o los antecedentes penales o disciplinarios. En virtud de algunas legislaciones nacionales, la información sobre las personas se suprime automáticamente o no se utiliza o difunde posteriormente, especialmente al cabo de un período determinado, sin necesidad de un análisis previo, caso por caso.

89. En este sentido, un nuevo «derecho al olvido» debería guardar relación con la portabilidad de los datos. Su valor añadido consiste en que eximir al interesado de todo esfuerzo o insistencia en hacer efectiva la supresión de sus datos, ya que se llevaría a cabo de un modo objetivo y automatizado. El responsable del tratamiento de los datos estaría autorizado a conservarlos únicamente en circunstancias muy concretas, en las que pueda determinarse una necesidad específica de conservarlos durante un período de tiempo más prolongado. Por tanto, el «derecho al olvido» invertiría la carga de la prueba de la persona hacia el responsable del tratamiento y constituiría un «derecho a la intimidad por defecto» establecido para el tratamiento de datos personales.

90. El SEPD considera que el derecho a ser olvidado podría ser especialmente útil en el contexto de los servicios de la sociedad de la información. La obligación de suprimir y de volver a difundir la información al cabo de un determinado período tiene sentido especialmente en los medios de comunicación o en Internet y, en particular, en las redes sociales. También resultaría útil en relación con los equipos terminales, ya que los datos almacenados en dispositivos móviles o en ordenadores se suprimirían o bloquearían de manera automática tras un período determinado, cuando ya no estén en poder de la persona. En este sentido, el derecho a ser olvidado puede interpretarse como una obligación de «intimidad mediante el diseño».

91. En resumen, el SEPD opina que la portabilidad de los datos y el derecho a ser olvidado son conceptos útiles, que merecen ser incluidos en el instrumento jurídico, aunque probablemente deberán limitarse al entorno electrónico.

6.6.- Tratamiento de los datos personales relativos a menores

92. En la Directiva 95/46/CE no están contempladas normas particulares en relación con el tratamiento de los datos personales de menores, ello implica que no se reconoce la necesidad de protección específica, debida a la vulnerabilidad de este colectivo, y al mismo tiempo se crea inseguridad jurídica, en especial en los siguientes ámbitos:

– la obtención de datos de menores y cómo informárseles respecto a dicha obtención;

– el modo en que se obtiene el consentimiento de los menores. Al no existir normas específicas sobre el modo de obtención del consentimiento de los menores y la edad mínima para que se les considere como tales, estas materias son abordadas en el marco de la legislación nacional, que difiere entre los diferentes Estados miembros (40);

– el modo y las condiciones en que los menores o sus representantes legales pueden ejercer sus derechos en virtud de la Directiva.

93. El SEPD considera que los intereses particulares de los menores gozarían de mejor protección si el nuevo instrumento jurídico incluyese disposiciones adicionales, destinadas especialmente a la obtención y posterior tratamiento de los datos de menores. Dichas disposiciones específicas deberían proporcionar seguridad jurídica en este ámbito concreto y beneficiar a los responsables del tratamiento actualmente sujetos a diferentes requisitos jurídicos.

94. El SEPD sugiere incluir las siguientes disposiciones en el instrumento jurídico:

– una obligación de adaptar la información a los menores de manera que estos entiendan mejor qué significa la obtención de sus datos;

– otros requisitos de información adaptados a los menores, sobre cómo debe proporcionarse la información y posiblemente también sobre su contenido;

– una disposición específica que proteja a los menores contra la publicidad basada en el comportamiento;

– el principio de limitación a una finalidad específica debe potenciarse en relación con los datos de menores;

– no deberían obtenerse nunca determinadas categorías de datos;

– un límite de edad, por debajo del cual, la información relativa a los menores debería obtenerse, en general, únicamente con un consentimiento parental explícito y verificable;

– si es necesario el consentimiento parental, será necesario establecer normas sobre el modo de verificar la edad del menor, es decir, conocer que el niño es un menor y verificar el consentimiento parental. En este ámbito, la Unión Europea puede inspirarse en la experiencia de otros países, como los Estados Unidos (41).

6.7.- Mecanismos de recurso colectivo

95. Reforzar en esencia los derechos de las personas no tendría sentido si no existieran mecanismos procesales eficaces para aplicar dichos derechos. En este contexto, el SEPD recomienda la introducción en la legislación europea de mecanismos de recurso colectivo para las violaciones de las normas de protección de datos. En particular, los mecanismos de recurso colectivo que facultan a grupos de ciudadanos a presentar sus demandas mediante una actuación única constituyen una herramienta muy poderosa que facilita la aplicación de las normas de protección de datos (42). Esta innovación también cuenta con el apoyo de las autoridades encargadas de la protección de datos en el documento del Grupo de Trabajo sobre la protección de la intimidad en el futuro.

96. En casos menos notorios, es poco probable que las víctimas de una violación de las normas de protección de datos interpongan demandas individuales contra los responsables del tratamiento, en razón de los costes, demoras, incertidumbres, riesgos y cargas a los que se verían expuestas. Estas dificultades podrían superarse o atenuarse sustancialmente si se introdujera un sistema de recurso colectivo, que facultase a las víctimas de violaciones para unir sus reclamaciones individuales en una actuación única. El SEPD también aboga por habilitar a las entidades cualificadas, como las asociaciones de consumidores u organismos públicos, a presentar demandas en representación de las víctimas de violaciones de la protección de datos. Estas demandas existirían sin perjuicio del derecho del interesado a interponer un recurso individual.

97. Las demandas colectivas no solo son importantes para garantizar una indemnización total u otras vías de reparación, sino que también poseen una función disuasoria.

El riesgo de incurrir en costosos daños colectivos resultantes de dichas actuaciones multiplicaría los incentivos de los responsables del tratamiento para garantizar el cumplimiento de una manera eficaz. A este respecto, la mejora de las actividades de control de aplicación de las reglas por parte de particulares sirviéndose de mecanismos de recurso colectivo vendría a completar las medidas de control de los organismos públicos.

98. La Comunicación no adopta una postura a este respecto.

El SEPD es consciente del debate en curso a nivel europeo sobre la introducción de recursos colectivos para los consumidores. También es consciente de los posibles excesos que estos mecanismos pueden llevar aparejados, atendiendo a la experiencia de otros ordenamientos jurídicos.

Sin embargo, estos factores no constituyen, en su opinión, un argumento suficiente para rechazar o posponer la introducción de dichos mecanismos en la legislación sobre protección de datos, a la vista de los beneficios que podría implicar (43).

7. Reforzar el papel de las organizaciones y responsables del tratamiento

7.1.- General

99. El SEPD considera que un instrumento jurídico moderno, además de reforzar los derechos de las personas, debe incluir las herramientas necesarias para potenciar la responsabilidad de los responsables del tratamiento. Más concretamente, el marco debe incluir incentivos para que los responsables del tratamiento del sector privado o público incluyan de manera proactiva medidas de protección de los datos en sus procesos empresariales. Estas herramientas serían, en primer lugar, útiles ya que, tal como se ha señalado anteriormente, los progresos tecnológicos derivados del marcado incremento en la obtención, la utilización y posterior transferencia de los datos personales, causante de un aumento de las amenazas para la intimidad y la protección de los datos personales de las personas, deben compensarse de manera eficaz. En segundo lugar, el marco actual carece – salvo en un limitado número de disposiciones bien definidas (véase a continuación) – de herramientas, por lo que los responsables del tratamiento pueden adoptar un enfoque reactivo en relación con la protección de datos y la intimidad, y actuar únicamente después de que se haya manifestado un problema. Este enfoque se pone de manifiesto en las estadísticas, que demuestran que las prácticas de cumplimiento inadecuado y las pérdidas de datos son problemas recurrentes.

100. En opinión del SEPD, el marco existente no basta para proteger los datos personales de manera eficaz en virtud de las condiciones presentes y futuras. Cuanto mayor es el riesgo, mayor es la necesidad de aplicar medidas concretas que protejan la información a nivel práctico y proporcionen una protección eficaz. A menos que estas medidas proactivas encuentren aplicación en la práctica, continuarán produciéndose errores, contratiempos y negligencias, comprometiendo así la protección de la intimidad individual en una sociedad cada vez más digitalizada. Para llevar todo ello a la práctica, el SEPD propone las siguientes medidas.

7.2.- Reforzar la responsabilidad de los responsables del tratamiento de datos

101. El SEPD recomienda introducir una nueva disposición en el instrumento jurídico que obligue a los responsables del tratamiento de datos a aplicar medidas adecuadas y eficaces para poner en práctica los principios y las obligaciones de dicho instrumento y demostrar dicha aplicación siempre que se les inste a hacerlo.

102. Este tipo de disposición no es absolutamente novedosa. El artículo 6, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE hace referencia a los principios relativos a la calidad de los datos y establece que «corresponderá a los responsables del tratamiento garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1». Asimismo, el artículo 17, apartado 1, obliga a los responsables del tratamiento a aplicar medidas, tanto de carácter técnico como organizativo. Sin embargo, estas disposiciones poseen un ámbito de aplicación limitado. La introducción de una disposición general relativa a la responsabilidad estimularía a los responsables a adoptar medidas proactivas con el fin de cumplir con todos los elementos de la legislación sobre protección de datos.

103. Como consecuencia de una disposición sobre la responsabilidad, se obligaría a los responsables del tratamiento de datos a aplicar mecanismos internos y sistemas de control que garanticen el cumplimiento de los principios y las obligaciones del marco. Ello exigiría, por ejemplo, la participación del personal gerente en las políticas de protección de datos, planificar procedimientos para garantizar una identificación adecuada de todas las operaciones de tratamientos de datos, disponer de políticas de protección de datos vinculantes que deberían revisarse y actualizarse de manera continua con el fin de cubrir las nuevas operaciones, cumplir los principios de calidad de los datos, notificación, seguridad, acceso, etc. También obligaría a que los responsables del tratamiento conserven las pruebas con el fin de demostrar el debido cumplimiento cuando las autoridades así lo soliciten. En determinados casos, demostrar a la ciudadanía el cumplimiento de las normas debería tener en general un carácter obligatorio y podría llevarse a cabo, por ejemplo, exigiendo a los responsables del tratamiento la inclusión de la protección de datos en los informes públicos (anuales), cuando dichos informes sean obligatorios por otros motivos.

104. Obviamente, los tipos de medidas internas y externas que deben aplicarse habrán de ser adecuadas y depender de los hechos y circunstancias de cada caso particular. Es diferente que el responsable trate algunos centenares de registros de clientes que consisten simplemente en nombres y direcciones o que dicho responsable trate registros de millones de pacientes, en particular sus historiales clínicos.

También es aplicable a los modos específicos en que debe evaluarse la eficacia de las medidas. Es necesaria la proporcionalidad.

105. El instrumento jurídico completo y global de protección de los datos no debería establecer los requisitos específicos de responsabilidad sino únicamente sus elementos esenciales. La Comunicación prevé determinados elementos, acogidos con gran satisfacción, con el fin de reforzar la responsabilidad de los responsables del tratamiento. En concreto, el SEPD aboga porque sean obligatorias las evaluaciones de impacto sobre la intimidad, con arreglo a determinadas condiciones límite.

106. Asimismo, el SEPD recomienda que se deleguen poderes a la Comisión con arreglo al artículo 290 del TFUE con el fin de cumplir los requisitos básicos necesarios para cumplir con el estándar de responsabilidad. El uso de estos poderes aumentaría la seguridad jurídica de los responsables del tratamiento y armonizaría el cumplimiento en toda la Unión Europea. Para la elaboración de dichos instrumentos específicos, deberá consultarse al Grupo de Trabajo del «artículo 29» y al SEPD.

107. Por último, las medidas concretas de responsabilidad requeridas de los responsables del tratamiento podrían imponerse igualmente por parte de las autoridades encargadas de la protección de datos en el marco del control de aplicación de las normas. Para ello, se debería otorgar a las autoridades encargadas de la protección de datos nuevos poderes que les permitan imponer medidas de reparación o sanciones. Los ejemplos deberían incluir el establecimiento de programas de cumplimiento interno, implantar la intimidad mediante el diseño en productos y servicios específicos, etc. Las medidas correctoras impuestas deberían ser apropiadas, proporcionadas y eficaces para garantizar el cumplimiento de las normas jurídicas aplicables y ejecutables.

7.3.- Intimidad mediante el diseño

108. El concepto de intimidad mediante el diseño hace referencia a la integración de la protección de datos y la protección de la intimidad desde la fase de concepción de nuevos productos, servicios y procedimientos que implican el tratamiento de datos personales. En opinión del SEPD, la intimidad mediante el diseño constituye un elemento del principio de responsabilidad. Por lo tanto, se exigiría asimismo a los responsables del tratamiento demostrar que han aplicado la intimidad mediante el diseño, cuando sea necesario. Recientemente, la 32 a Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Protección de la Intimidad emitió una resolución en la que se reconocía la intimidad mediante el diseño como componente esencial de la protección de la intimidad (44).

109. La Directiva 95/46/CE incluye algunas disposiciones que promueven la intimidad mediante el diseño (45), pero no reconoce explícitamente dicha obligación. Al SEPD le complace que la Comunicación defienda la intimidad mediante el diseño como un instrumento para garantizar el cumplimiento de las normas de protección de datos. Sugiere que se incluya una disposición vinculante que establezca la obligación de «intimidad mediante el diseño», que podría estar basada en el tenor del considerando 46 de la Directiva 95/46/CE. Más concretamente, la disposición exigiría explícitamente que los responsables del tratamiento de datos aplicasen medidas técnicas y de organización, tanto en el momento de la concepción del sistema de tratamiento como en el de la aplicación de los propios tratamientos, sobre todo con objeto de garantizar la seguridad e impedir, por tanto, todo tratamiento no autorizado (46).

110. En virtud de dicha disposición, podría exigirse a los responsables del tratamiento de datos, entre otras cosas, que se aseguren de que los sistemas de tratamiento de datos afecten a tan pocos datos personales como sea posible, que apliquen parámetros de privacidad por defecto, por ejemplo en las redes sociales, a fin de impedir a otros usuarios el acceso por defecto a los perfiles de otras personas y que apliquen herramientas que permitan a los usuarios proteger mejor sus datos personales (por ejemplo, controles de acceso, encriptación).

111. Las ventajas de incluir una referencia más explícita a la intimidad mediante el diseño pueden resumirse en los siguientes términos:

– destacaría la importancia del propio principio, como instrumento para garantizar que los procesos, productos y servicios se diseñan desde el principio teniendo en cuenta la intimidad;

– reduciría los atentados contra la protección de la intimidad y minimizaría las obtenciones innecesarias de datos, habilitando a las personas a tomar decisiones decisivas en relación con sus datos personales;

– evitaría tener que colocar «parches» a posteriori en un afán de solucionar problemas que pueden resultar difíciles, sino imposibles, de solucionar;

– facilitaría asimismo la aplicación y ejecución efectivas de dicho principio por parte de las autoridades encargadas de la protección de datos.

112. El efecto combinado de esta obligación se traduciría en una mayor demanda de productos y servicios concebidos de acuerdo con este principio, lo que incentivaría a la industria a responder a esta demanda. Convendría, además, crear una obligación diferenciada dirigida a los diseñadores y fabricantes de nuevos productos y servicios con un posible impacto sobre la protección de datos y la protección de la intimidad. El SEPD sugiere que se incluya dicha obligación diferenciada, susceptible de permitir a los responsables del tratamiento de datos cumplir con sus propias obligaciones.

113. La codificación del principio de intimidad mediante el diseño podría complementarse con una disposición que estableciese requisitos específicos: por ejemplo, requisitos de intimidante mediante el diseño relativos a los mecanismos para establecer la capacidad del usuario, que deberán adoptarse en virtud de dicho principio.

114. Asimismo, el SEPD recomienda que se deleguen poderes a la Comisión con arreglo al artículo 290 del TFUE para añadir, en su caso, los requisitos básicos de intimidad mediante el diseño a los productos y servicios seleccionados. El uso de estos poderes aumentaría la seguridad jurídica de los responsables del tratamiento y armonizaría el cumplimiento en toda la Unión. Para la elaboración de dichos instrumentos específicos, deberá consultarse al Grupo de Trabajo del artículo 29 y al SEPD (véase en este sentido el punto 106 sobre responsabilidad).

115. Por último, debería concederse a las autoridades encargadas de la protección de los datos la potestad de imponer medidas de reparación o sanciones, con arreglo a condiciones restrictivas similares, como ya se ha mencionado en el punto 107, cuando los responsables del tratamiento no hayan logrado claramente adoptar medidas concretas en los casos en que fueran precisas.

7.4.- Servicios de certificación

116. La comunicación reconoce la necesidad de examinar la creación de regímenes europeos de certificación para los productos y servicios que sean conformes a las normas de protección de la intimidad. El SEPD apoya totalmente este objetivo y sugiere incluir una disposición que establezca dicha creación y los eventuales efectos en toda la Unión, que podrá desarrollarse posteriormente en la legislación complementaria. La disposición debería complementar las disposiciones relativas a la responsabilidad y a la intimidad mediante el diseño.

117. Los regímenes voluntarios de certificación permitirían verificar que un responsable del tratamiento de datos ha adoptado medidas para cumplir lo dispuesto en el instrumento jurídico. Asimismo, es probable que los responsables del tratamiento de datos, o incluso los productos o servicios, que dispongan de una marca de certificación, obtengan una ventaja competitiva frente al resto. Dichos regímenes también ayudarían a las autoridades encargadas de la protección de datos en su papel de supervisión y ejecución.

8.- Globalización y Derecho aplicable

8.1.- Necesidad clara de una mayor coherencia en materia de protección

118. Como se ha mencionado en el capítulo 2, la transferencia de datos personales más allá de las fronteras de la Unión ha crecido de manera exponencial como consecuencia del desarrollo de las nuevas tecnologías, el papel de las empresas multinacionales y la creciente influencia de los gobiernos en el tratamiento y el intercambio de datos personales a escala internacional. Este es uno de los principales motivos que justifican la revisión del marco jurídico actual. Por consiguiente, este es uno de los ámbitos en los que el SEPD pide que se sea ambicioso y eficaz, ya que existe una necesidad clara de una protección más coherente cuando los datos son tratados fuera de la Unión.

8.2.- Invertir en normas internacionales

119. En opinión del SEPD es necesaria una mayor inversión en la elaboración de normas internacionales. En relación con el nivel de protección de los datos personales en todo el mundo, una mayor armonización aclararía de manera considerable la esencia de los principios que deben cumplirse y las condiciones aplicables a las transferencias de datos. Estas normas mundiales deberían conciliar el requisito de un elevado nivel de protección de datos, incluidos los elementos esenciales de la protección de datos en la Unión, con las especificidades de cada espacio regional.

120. El SEPD apoya la ambiciosa labor desarrollada hasta el momento en el marco de la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad para elaborar y difundir las denominadas «normas de Madrid», con el fin de integrarlas en un instrumento vinculante y probablemente iniciar una conferencia intergubernamental (47). Pide a la Comisión que adopte las iniciativas necesarias para facilitar la realización de este objetivo.

121. En opinión del SEPD, también es importante garantizar la coherencia entre esta iniciativa de normas internacionales, la revisión actual del marco de protección de datos de la Unión y otras disposiciones, como la actual revisión de las Directrices de la OCDE relativas a la privacidad y las del Convenio nº 108 del Consejo de Europa, que está abierto a la firma por parte de terceros países (véase asimismo el punto 17). El SEPD considera que la Comisión juega un papel específico en esta cuestión, a la hora de especificar el modo en que promoverá esta coherencia en las negociaciones en la OCDE y el Consejo de Europa.

8.3.- Clarificar los criterios en materia de derecho aplicable

122. Dado que no es fácil alcanzar una coherencia total, subsistirá, al menos en el futuro inmediato, cierta diversidad entre las legislaciones dentro de la Unión y, a fortiori, más allá de las fronteras de la Unión. El SEPD considera que un nuevo instrumento jurídico deberá aclarar los criterios que determinan la legislación aplicable y asegurar mecanismos racionales para los flujos de datos, así como la responsabilidad de los actores implicados en dichos flujos.

123. En primer lugar, el instrumento jurídico deberá garantizar que la legislación de la Unión resulte aplicable cuando se tratan datos personales fuera de las fronteras de la Unión, y en aquellos casos en los que está justificada la aplicación de dicha legislación. Un ejemplo de esta necesidad son los servicios de computación en nube no europeos destinados a residentes de la Unión. En entornos en los que los datos no se encuentran físicamente almacenados ni tratados en un lugar fijo, donde los proveedores de servicios y los usuarios ubicados en diferentes países interfieren sobre los datos, es muy difícil identificar al responsable del cumplimiento de los principios de protección de datos. Se proporcionan orientaciones, en especial por parte de las autoridades encargadas de la protección de datos, sobre el modo de interpretar y aplicar la Directiva 95/46/CE en dichos casos, aunque dichas orientaciones no bastan para garantizar la seguridad jurídica en este nuevo entorno.

124. En el territorio de la Unión Europea, el Grupo de Trabajo del artículo 29 ha insistido, en un dictamen reciente, en la necesidad de una mayor precisión del marco jurídico y de un criterio simplificado para determinar la legislación aplicable (48).

125. En opinión del SEPD, la opción preferida sería elaborar el instrumento jurídico en un reglamento, lo que se traduciría en la aplicación de normas idénticas aplicables en todos los Estados miembros. Servirse de un reglamento permitiría rebajar la necesidad de determinar el derecho aplicable. Este es uno de los motivos por los que el SEPD es firmemente favorable a la adopción de un reglamento.

Sin embargo, un reglamento también permitiría un cierto margen de maniobra para los Estados miembros. Si se conserva un cierto margen de maniobra significativo en el nuevo instrumento, el SEPD apoyaría la sugerencia del Grupo de Trabajo de cambiar la situación actual que implica una aplicación distributiva de las distintas legislaciones nacionales a un sistema basado en una aplicación centralizada de una legislación única en todos los Estados miembros donde el responsable del tratamiento se encuentre ubicado. Pide asimismo mayor cooperación y coordinación entre las autoridades encargadas de la protección de datos en los asuntos y reclamaciones transnacionales (véase el capítulo 10).

8.4. Simplificar los mecanismos para los flujos de datos

126. Debe tenerse en cuenta la necesidad de coherencia y de un elevado nivel de referencia no solo respecto de los principios globales de protección de datos sino también respecto de las transferencias internacionales. El SEPD apoya totalmente el objetivo de la Comisión de racionalizar los procedimientos actuales de transferencia internacional de datos y garantizar un enfoque más uniforme y coherente respecto a los terceros países y las organizaciones internacionales.

127. El mecanismo de los flujos de datos incluye tanto las transferencias del sector privado, en especial a través de cláusulas contractuales o normas vinculantes para las empresas, como las transferencias entre las autoridades públicas. Las normas vinculantes para las empresas son uno de los elementos para los que sería deseable la existencia de un enfoque más coherente y racionalizado. El SEPD recomienda abordar las condiciones de las normas vinculantes para las empresas de un modo explícito en un nuevo instrumento jurídico (49):

– reconociendo explícitamente que las normas vinculantes para las empresas son herramientas que proporcionan las adecuadas garantías;

– estableciendo los elementos y condiciones principales para la adopción de dichas normas;

– estableciendo procedimientos de cooperación para la adopción de normas vinculantes para las empresas, incluidos los criterios de selección de una autoridad de supervisión principal (ventanilla única).

9.- Ámbito policial y judicial

9.1.- Instrumento general

128. La Comisión ha subrayado repetidamente la importancia de reforzar la protección de datos en el contexto policial y de prevención de la delincuencia, en el que el intercambio y la utilización de información personal se ha intensificado significativamente. Asimismo, el Programa de Estocolmo, aprobado por el Consejo de Europa, menciona la necesidad de un régimen sólido de gestión de los datos como principal requisito previo para la Estrategia de Gestión de la Información de la UE en este ámbito (50).

129. La revisión del marco general de protección de datos es la ocasión perfecta para avanzar en este sentido, en particular desde el momento en que la Comunicación describe acertadamente la Decisión Marco 2008/977 como inadecuada (51).

130. El SEPD razonó en la sección 3.2.5 del presente dictamen el motivo por el que el ámbito de cooperación policial y judicial debe incluirse en el instrumento general. La inclusión del ámbito policial y judicial comporta una serie de beneficios adicionales, lo que significa que las normas ya no se aplicarán únicamente a los intercambios transfronterizos de datos (52), sino también al tratamiento nacional.

También se garantizará mejor una protección adecuada en el intercambio de datos personales con terceros países, también en relación con los acuerdos internacionales.

Además, las autoridades encargadas de la protección de datos dispondrán frente a las autoridades policiales y judiciales de las mismas facultades, armonizadas, de que disponen respecto de otros responsables del tratamiento.

Finalmente, el actual artículo 13, que establece que los Estados miembros podrán adoptar legislación específica para limitar el alcance de las obligaciones y los derechos previstos en virtud de un instrumento general en caso de determinados intereses públicos, deberá ser aplicado de manera tan restrictiva como se aplica en otros ámbitos.

En particular, las salvaguardias específicas establecidas en virtud de un instrumento general en este ámbito deberán respetar asimismo la legislación nacional adoptada en el ámbito de la cooperación policial y judicial.

9.2.- Normas específicas adicionales en materia policial y judicial

131. Sin embargo, dicha inclusión no excluye la existencia de normas especiales y de excepciones, que tienen debidamente en cuenta las especificidades de este sector, con arreglo a la Declaración 21 anexa al Tratado de Lisboa.

Pueden preverse limitaciones a los derechos de los interesados aunque deberán ser necesarias, proporcionadas y no alterar los elementos esenciales del propio derecho. En este contexto debe destacarse que la Directiva 95/46/CE, incluido su artículo 13, se aplica actualmente con fines represivos en diferentes ámbitos (p. ej., fiscalidad, aduanas, lucha contra el fraude) que no difieren esencialmente de muchas de las actividades en el ámbito policial y judicial.

132. Además, deben aplicarse salvaguardias específicas, para compensar al interesado concediéndole una protección complementaria en un ámbito en que el tratamiento de datos personales puede ser más invasivo.

133. A la luz de lo anterior, el SEPD considera que el nuevo marco debe incluir, al menos, los siguientes elementos, con arreglo al Convenio nº 108 y a la Recomendación nº R (87) 15:

– una distinción entre las diferentes categorías de datos y ficheros, en función de su precisión y fiabilidad, respetando el principio de que los datos basados en hechos deben distinguirse de los datos basados en opiniones o valoraciones personales;

– una distinción entre las diversas categorías de interesados (sospechosos, víctimas, testigos, etc.) y de ficheros (temporales, permanentes y ficheros de explotación de datos); deben preverse condiciones y salvaguardias específicas para el tratamiento de los datos de personas no sospechosas;

– mecanismos para garantizar la comprobación y rectificación periódicas con el fin de salvaguardar la calidad de los datos tratados;

– pueden elaborarse disposiciones o salvaguardias específicas en relación con el tratamiento (cada vez más relevante) de datos biométricos y genéticos en el ámbito policial. Su utilización debe limitarse únicamente a los casos en los que no se disponga de otros medios menos invasivos que puedan garantizar el mismo efecto (53);

– condiciones para las transferencias de datos personales a autoridades no competentes y partes privadas, así como el acceso y posterior utilización de los datos obtenidos por partes privadas, por parte de las autoridades policiales.

9.3.- Regímenes sectoriales específicos en materia de protección de datos

134. De acuerdo con la comunicación, «la Decisión Marco no sustituye a los diversos instrumentos legislativos específicamente sectoriales adoptados a escala de la UE en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal, en particular, los que regulan el funcionamiento de Europol, Eurojust, el Sistema de Información de Schengen (SIS) y el Sistema de Información Aduanero (SIA), que prevén regímenes especiales de protección de datos o que suelen remitirse a los instrumentos de protección de datos del Consejo de Europa».

135. En opinión del SEPD, un nuevo marco jurídico debería ser, en la medida de lo posible, claro, simple y coherente.

Cuando existe una proliferación de distintos regímenes aplicables, por ejemplo, Europol, Eurojust, el sistema SIS y de la Decisión Prüm, el cumplimiento de las normas sigue siendo complicado, o más complicado aún. Este es uno de los motivos por los que el SEPD es favorable a un instrumento jurídico global para todos los sectores.

136. Sin embargo, el SEPD entiende que alinear las normas de los distintos sistemas exigirá una labor considerable, que debe llevarse a cabo atentamente. El SEPD considera que un enfoque gradual, como se menciona en la Comunicación, tiene sentido siempre que el compromiso de garantizar un alto nivel de protección de datos de manera coherente y eficaz siga siendo claro y diáfano. Más concretamente:

– En una primera fase, el instrumento jurídico general de protección de datos deberá aplicarse a todo tipo de tratamiento en el ámbito de la cooperación policial y judicial, incluidos los ajustes en el ámbito de la policía y la justicia (tal como se menciona en el punto 9.2).

– En una segunda fase, los regímenes específicos sectoriales de protección de datos deben alinearse con el instrumento general. La Comisión debe comprometerse a adoptar propuestas para esta segunda fase, en un breve plazo y específico.

10.- Autoridades encargadas de la protección de datos y la cooperación entre las mismas

10.1. Reforzar el papel de las autoridades encargadas de la protección de datos

137. El SEPD apoya plenamente el objetivo de la Comisión en el sentido de abordar el estatuto de las autoridades encargadas de la protección de datos y, más concretamente, potenciar su independencia, recursos y facultades represivas.

138. El SEPD insiste asimismo en la necesidad de clarificar en el nuevo instrumento jurídico la noción básica de independencia de las autoridades encargadas de la protección de datos. El Tribunal de Justicia Europeo ha adoptado recientemente una resolución sobre esta cuestión en el asunto C-518/07 (54), en el que hace hincapié en que la independencia significa inexistencia de toda influencia externa. Las autoridades de protección de datos no deben solicitar instrucciones a nadie. El SEPD sugiere explícitamente que se codifiquen legalmente dichos elementos de independencia.

139. Para desarrollar sus funciones, las autoridades encargadas de la protección de datos, deben contar con los suficientes recursos humanos y económicos. El SEPD propone incluir este requisito en el instrumento jurídico (55). Finalmente, destaca la necesidad de asegurarse de que las autoridades dispongan de plenas potestades de investigación y de imposición de las medidas y sanciones disuasorias y de reparación que resulten pertinentes, lo que aumentaría la seguridad jurídica de los interesados y de los responsables del tratamiento de datos.

140. El refuerzo de la independencia, los recursos y los poderes de las autoridades encargadas de la protección de datos debe ser paralelo al refuerzo de la cooperación a nivel multilateral, especialmente a la luz del creciente número de cuestiones de protección de datos a nivel de la Unión.

Obviamente, la principal infraestructura que debe utilizarse para esta cooperación es el Grupo de Trabajo del artículo 29.

10.2.- Reforzar el papel del Grupo de Trabajo

141. La historia demuestra que, desde sus inicios en 1997 hasta hoy, el funcionamiento del grupo ha evolucionado. El Grupo ha evolucionado hacia una mayor independencia y, en la práctica, ya no puede calificarse simplemente como un simple grupo de trabajo consultivo de la Comisión. El SEPD sugiere otras mejoras en el funcionamiento del Grupo de Trabajo, particularmente las relacionadas con su infraestructura y su independencia.

142. El SEPD considera que la fuerza del grupo está intrínsecamente vinculada a la independencia y las facultades de sus miembros. En el nuevo marco jurídico, debería garantizarse la autonomía del Grupo de Trabajo, de conformidad con los criterios desarrollados por el Tribunal de Justicia Europeo en el asunto C-518/07 para la total independencia de las autoridades encargadas de la protección de datos. El SEPD considera asimismo que debe dotarse al Grupo de Trabajo de los recursos y el presupuesto necesarios, así como reforzar la secretaría, con el fin de brindar apoyo a sus aportaciones.

143. En relación con la secretaría del Grupo de Trabajo, el SEPD valora positivamente el hecho de que se encuentre adscrita a la Unidad de Protección de Datos de la Dirección General de Justicia, con la ventaja de que, de este modo, el Grupo de Trabajo puede beneficiarse de unos contactos eficaces y flexibles y de información actualizada sobre los avances en materia de protección de datos. Por otro lado, el SEPD cuestiona el hecho de que la Comisión (y Unidad específica) sea a la vez miembro, secretaría y destinatario de los dictámenes del Grupo de Trabajo, lo que justificaría una mayor independencia de la secretaría.

El SEPD anima a la Comisión a que valore, en estrecha consulta con las partes involucradas, el mejor modo de garantizar esta independencia.

144. Por último, potenciar las facultades de las autoridades encargadas de la protección de datos obliga asimismo a dotar al Grupo de Trabajo de mayores facultades, con una estructura que incluya mejores normas y salvaguardias, así como mayor transparencia. Esto se llevará a cabo tanto para el papel consultivo como para el papel de aplicación de la ley.

10.3.- El papel consultivo del Grupo de Trabajo

145. Las opiniones del Grupo de Trabajo deben aplicarse de manera eficaz en relación con su papel consultivo respecto de la Comisión, especialmente en relación con la interpretación y la aplicación de los principios de la Directiva y otros instrumentos de protección de datos, es decir, garantizar el carácter autorizado de las opiniones del Grupo de Trabajo. Entre las autoridades encargadas de la protección de datos es necesario que exista un mayor debate para identificar el modo de incluir lo anterior en el instrumento jurídico.

146. El SEPD recomienda soluciones que proporcionen a los dictámenes del Grupo de Trabajo un carácter más autorizado, sin modificar sustancialmente su modo de funcionamiento. El SEPD sugiere incluir una obligación para las autoridades encargadas de la protección de datos y para la Comisión de tener plenamente en cuenta los dictámenes y posiciones comunes adoptadas por el Grupo de Trabajo, sobre la base del modelo adoptado para las posiciones del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) (56). Además, el nuevo instrumento jurídico podría conceder al Grupo de Trabajo la función explícita de adoptar «recomendaciones interpretativas». Estas soluciones alternativas proporcionarían una mayor fuerza a las posiciones del Grupo de Trabajo, incluso ante los tribunales.

10.4.- Aplicación coordinada del marco legal por el Grupo de Trabajo

147. En virtud del presente marco, la aplicación de la legislación relativa a la protección de datos en los Estados miembros queda en manos de las 27 autoridades encargadas de la protección de datos, con escasa coordinación en lo relativo a la resolución de determinados casos. En aquellos casos en los que se ven implicados más de un Estado miembro o cuya dimensión es claramente global, este hecho multiplica los costes para las empresas, que se ven obligadas a tratar con distintas autoridades públicas para la misma actividad y aumenta el riesgo de que exista una aplicación incoherente: podría darse el caso excepcional de que idénticas actividades de tratamiento pudieran ser consideradas lícitas por una de las autoridades encargadas de la protección de datos y estar prohibidas por otra.

148. Algunos casos revisten una dimensión estratégica que obliga a un planteamiento centralizado. El Grupo de Trabajo del artículo 29 facilita la coordinación y las acciones de aplicación de la ley entre las autoridades encargadas de la protección de datos (57) en las principales cuestiones de protección de datos que tienen repercusiones internacionales. Este fue el caso de las redes sociales y los motores de búsqueda (58), así como de los controles coordinados desarrollados por los distintos Estados miembros sobre cuestiones relativas a las telecomunicaciones y los seguros de salud.

149. Existen, no obstante, límites para las medidas de ejecución que el Grupo de Trabajo puede adoptar en virtud del presente marco. El Grupo de Trabajo puede adoptar posiciones comunes, pero no existe ningún instrumento que garantice en la práctica la aplicación efectiva de estas posiciones.

150. El SEPD propone incluir disposiciones complementarias en el instrumento jurídico que puedan avalar una aplicación coordinada del marco legal, en concreto:

– la obligación de garantizar que las autoridades encargadas de la protección de datos y la Comisión tengan plenamente en cuenta los dictámenes y posiciones comunes adoptadas por el Grupo de Trabajo del artículo 29 (59);

– la obligación de que las autoridades encargadas de la protección de datos cooperen lealmente entre ellas y con la Comisión y el Grupo de Trabajo del artículo 29 (60). Como ilustración práctica de dicha cooperación leal, podría instaurarse un procedimiento en virtud del cual las autoridades encargadas de la protección de datos informen a la Comisión o al Grupo de Trabajo en caso de medidas de ejecución forzosa con un componente transfronterizo, por analogía con el procedimiento aplicable en el presente marco en lo que se refiere a las decisiones relativas a la adecuación a escala nacional;

– especificar las normas de votación con el fin de potenciar el compromiso, por parte de las autoridades encargadas de la protección de datos, de ejecutar las decisiones del Grupo de Trabajo. Cabría prever disposiciones en virtud de las cuales el Grupo de Trabajo habría de decidir sobre la base del consenso y, en caso de que no fuera posible dicho consenso, se adoptasen medidas de ejecución únicamente por mayoría cualificada. Además, cabría prever un considerando en virtud del cual las autoridades encargadas de protección de datos que emitan un voto positivo en relación con un documento tengan la obligación o el compromiso político de aplicarlo a escala nacional.

151. El SEPD desearía formular una reserva en relación con la introducción de medidas más vigorosas, como la de dotar de carácter vinculante a las posiciones del Grupo de Trabajo del artículo 29. Esto socavaría la independencia de las autoridades encargadas de la protección de datos individuales, independencia que debe ser garantizada por los Estados miembros en virtud del Derecho nacional. En caso de que las decisiones del Grupo de Trabajo repercutiesen directamente sobre terceros, como los responsables del tratamiento de datos, deberán preverse nuevos procedimientos que contemplen salvaguardias como la transparencia y la compensación, incluida la posibilidad de presentar recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo.

10.5.- Cooperación entre el SEPD y el Grupo de Trabajo

152. También el procedimiento de cooperación entre el SEPD y el Grupo de Trabajo es susceptible de admitir mejoras. El SEPD es miembro del Grupo de Trabajo, y contribuye dentro del grupo a las posiciones adoptadas en relación con las principales evoluciones estratégicas de la Unión Europea, al tiempo que garantiza la coherencia de sus propias posiciones. El SEPD destaca el creciente número de cuestiones relacionadas con la protección de la intimidad, tanto en el sector público como en el privado, y con implicaciones a escala nacional en muchos Estados miembros, en las que el Grupo de Trabajo juega un papel específico.

153. Al SEPD le corresponde la misión complementaria de asesorar sobre evoluciones en el contexto de la Unión Europea, misión que debería mantenerse. Como organismo europeo, ejerce su competencia consultiva en relación con las instituciones de la Unión Europea de la misma forma que las autoridades encargadas de la protección de datos aconsejan a sus gobiernos.

154. El SEPD y el Grupo de Trabajo actúan desde una perspectiva diferente aunque complementaria. Por todas estas razones, es necesario conservar y quizá incluso mejorar la coordinación entre el Grupo de Trabajo y el SEPD, para asegurarse de que colaboran juntos en relación con las principales cuestiones que afectan a la protección de datos, por ejemplo, coordinando las agendas de manera regular (61), y garantizando la transparencia en aquellas cuestiones que revisten un carácter más nacional o más específico de la Unión.

155. En la actual Directiva no se hace mención a la coordinación, por la sencilla razón de que el SEPD no existía en el momento en que fue adoptada dicha Directiva, pero al cabo de seis años de existencia, el carácter complementario del SEPD y del Grupo de Trabajo es notorio y podría ser reconocido formalmente. El SEPD recuerda que en virtud del Reglamento (CE) nº 45/2001, tiene el deber de cooperar con las autoridades encargadas de la protección de datos y de participar en las actividades del Grupo de Trabajo. El SEPD recomienda mencionar explícitamente la cooperación en el nuevo instrumento jurídico y estructurarla cuando sea necesaria, por ejemplo, mediante el establecimiento de un procedimiento de cooperación.

10.6.- Cooperación entre el SEPD y las autoridades encargadas de la protección de datos en la supervisión de los sistemas de la Unión Europea

156. Estas consideraciones se aplican también a los ámbitos en los que debe coordinarse la supervisión a nivel europeo y nacional. Tal es el caso de los organismos europeos que tratan cantidades significativas de datos enviados por las autoridades nacionales o los sistemas de información a gran escala con un componente europeo y un componente nacional.

157. El sistema existente para determinados organismos europeos y sistemas de información a gran escala – por ejemplo, Europol, Eurojust y el Sistema de Información de Schengen (SIS) de primera generación cuentan con autoridades comunes de control con representantes de las autoridades encargadas de la protección de datos – es un resto de la cooperación intergubernamental de la etapa anterior a Lisboa y no respeta la estructura institucional de la Unión Europea de la que ahora Europol y Eurojust son parte integrante y en la que se ha integrado el «acervo de Schengen» (62).

158. La Comunicación anuncia que la Comisión presentará en 2011 una consulta a las partes involucradas sobre la revisión de dichos sistemas de supervisión. El SEPD insta a la Comisión a que adopte una posición, tan pronto como sea posible, (dentro de un marco temporal breve y específico, véase más arriba) en el debate en curso sobre la supervisión. En este debate, se adoptará el punto de vista que se indica a continuación.

159. Como punto de partida, deberá garantizarse que todos los organismos de control cumplan los criterios indispensables de independencia, recursos y competencias coercitivas. Además, deberá garantizarse que se tengan en cuenta las perspectivas y la experiencia existentes a nivel europeo, lo que significa que la cooperación debería efectuarse no solo entre las autoridades nacionales sino también con la autoridad de protección de datos europea (actualmente el SEPD). El SEPD considera necesario seguir un modelo ajustado a estos requisitos (63).

160. En los últimos años, se ha desarrollado el modelo de «control coordinado». Dicho modelo de control, actualmente operativo en Eurodac y partes del Sistema de Información Aduanero, pronto se ampliará al Sistema de Información de Visados (VIS) y al Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II). El modelo presenta tres aspectos: 1) la autoridad encargada de la protección de datos garantiza el control a escala nacional; 2) el SEPD garantiza el control a nivel europeo; 3) la coordinación se garantiza por medio de reuniones regulares acordadas por el SEPD, que actúa como secretario de este mecanismo de coordinación. El modelo se ha revelado eficaz y efectivo y debería contemplarse en el futuro para otros sistemas de información.

C.- ¿CÓMO MEJORAR LA APLICACIÓN DEL PRESENTE MARCO?

11.- A corto plazo

161. Mientras esté en curso el proceso de revisión, deberán invertirse esfuerzos en garantizar la aplicación total y efectiva de las normas actuales. Dichas normas seguirán siendo aplicables hasta que se adopte el futuro marco y se incorpore a continuación a las legislaciones nacionales de los Estados miembros. En este sentido, se pueden apreciar varias líneas de actuación.

162. En primer lugar, la Comisión debe seguir velando por que los Estados miembros cumplan la Directiva 95/46/CE y, llegado el caso, utilicen sus facultades en virtud de lo dispuesto en el artículo 258 del TFEU. Recientemente, se han incoado procedimientos de infracción por aplicación incorrecta del artículo 28 de la Directiva en relación con el requisito de independencia de las autoridades encargadas de la protección de datos (64). Asimismo, en otros ámbitos deberá supervisarse y aplicarse el cumplimiento total (65). En consecuencia, el SEPD recibe con agrado y apoya plenamente el compromiso de la Comisión de proseguir una política activa de sanción de las infracciones. La Comisión debe continuar asimismo el diálogo estructural con los Estados miembros in relación con su aplicación (66).

163. En segundo lugar, debe alentar la aplicación a nivel nacional con el fin de garantizar una aplicación práctica de las normas de protección de datos, incluso en relación con los nuevos fenómenos tecnológicos y los operadores mundiales. Las autoridades encargadas de la protección de datos deberían hacer pleno uso de sus facultades de investigación y de sanción. También es importante que los derechos existentes de los interesados, en particular los derechos de acceso, se apliquen plenamente en la práctica.

164. En tercer lugar, parece necesaria a corto plazo una mayor coordinación en cuanto a la aplicación. A este respecto, resulta crucial la función del Grupo de Trabajo del artículo 29 y sus documentos interpretativos, aunque también las autoridades encargadas de la protección de datos deberán hacer todo lo posible para llevarlos a la práctica.

Deben evitarse resultados divergentes en los casos europeos o mundiales y en el seno del Grupo de Trabajo pueden y deben alcanzarse enfoques comunes. Las investigaciones coordinadas a nivel europeo bajo los auspicios del Grupo de Trabajo también pueden aportar un significativo valor añadido.

165. En cuarto lugar, los principios relativos a la protección de datos deberán «integrarse» proactivamente en las nuevas disposiciones que puedan repercutir, directa o indirectamente, sobre la protección de datos. A nivel de la Unión Europea, el SEPD se esfuerza considerablemente en mejorar la legislación europea, esfuerzos que también deberán acometerse a escala nacional. Las autoridades encargadas de velar por la protección de datos deberán, por lo tanto, hacer pleno uso de sus facultades consultivas con el fin de garantizar un enfoque proactivo. Las autoridades encargadas de la protección de datos, incluido el SEPD, podrían jugar asimismo un papel proactivo en el control de la evolución tecnológica. La supervisión es importante para identificar en una fase inicial las nuevas tendencias, destacar posibles implicaciones para la protección de datos, apoyar soluciones respetuosas con la protección de datos y sensibilizar a las partes involucradas.

166. Por último, es necesario ahondar activamente en la cooperación entre los diversos actores a escala internacional.

Es importante, pues, reforzar los instrumentos internacionales de cooperación. Iniciativas como las normas de Madrid y el trabajo en curso dentro del Consejo de Europa y la OCDE merecen pleno apoyo. En este contexto, resulta muy positivo que también se haya unido a la familia de las Autoridades de Protección de Datos y Protección de la Intimidad en el marco de la Conferencia Internacional, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos.

D.- CONCLUSIONES OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL

167. El SEPD acoge con agrado la Comunicación de la Comisión en general, ya que está convencido de que es necesario revisar el presente marco jurídico en materia de protección de datos, con el fin de garantizar una tutela efectiva en una sociedad de la información cada vez más desarrollada y globalizada.

168. La Comunicación identifica las cuestiones y retos principales. El SEPD comparte la opinión de la Comisión y piensa que en el futuro seguirá siendo necesario un sistema de protección de datos, basándose en la validez de los principios generales en vigor sobre protección de datos en una sociedad que experimenta cambios radicales. El SEPD comparte la declaración de la Comunicación en la que se afirma que los retos son enormes y subraya que las soluciones propuestas deben ser, por consiguiente, ambiciosas y contribuir a mejorar la eficacia de la protección.

Por consiguiente, el SEPD pide un enfoque más ambicioso en relación con una serie de puntos.

169. El SEPD apoya plenamente el enfoque global en materia de protección de datos, si bien lamenta que la Comunicación excluya del instrumento jurídico general determinados ámbitos, como el tratamiento de datos por parte de las instituciones y los organismos de la UE. Si la Comisión decidiera dejar fuera estos ámbitos, el SEPD insta a la Comisión a que adopte una propuesta a nivel europeo en el menor plazo posible, aunque preferentemente antes de la conclusión de 2011.

PRINCIPALES PERSPECTIVAS

170. En opinión del SEPD, los puntos de partida del proceso de revisión son los siguientes:

– las disposiciones relativas a la protección de datos deben ofrecer, en la medida de lo posible, un apoyo activo en lugar de obstaculizar otros intereses legítimos (como la economía europea, la seguridad de las personas y la responsabilidad de los gobiernos);

– los principios generales de la protección de datos no pueden ni deben ser modificados;

– uno de los objetivos clave de la revisión debe ser una mayor armonización;

– el proceso de revisión debe afrontarse desde la perspectiva de los derechos fundamentales; los derechos fundamentales tienen como fin proteger a los ciudadanos en todas las circunstancias;

– el nuevo instrumento jurídico deberá incluir al sector policial y judicial;

– el nuevo instrumento jurídico debe formularse, en la medida de lo posible, de un modo neutro desde el punto de vista tecnológico y su objetivo debe consistir en generar seguridad jurídica a largo plazo.

ELEMENTOS DEL NUEVO MARCO

Armonización y simplificación

171. El SEPD recibe con agrado el compromiso de la Comisión de examinar los medios para lograr una mayor armonización de la protección de datos a nivel de la Unión. El SEPD determina ámbitos en los que es urgente una mayor y mejor armonización: las definiciones, los motivos (esto es, la base legal) para el tratamiento de datos, los derechos de los interesados, las transferencias internacionales y las autoridades de protección de datos.

172. El SEPD sugiere que se tengan en cuenta las siguientes alternativas para simplificar o reducir el ámbito de aplicación de los requisitos de notificación:

– limitar la obligación de notificación a determinados tipos de operaciones de tratamiento que impliquen riesgos específicos;

– establecer una simple obligación de registro que obligue a que sean los responsables del tratamiento de datos quienes realicen dicho registro (en oposición con el registro exhaustivo de todas las operaciones de tratamiento de datos);

– introducir un formulario de notificación estándar paneuropeo.

173. Según el SEPD un reglamento, único instrumento directamente aplicable en los Estados miembros, es el medio más eficaz para proteger el derecho fundamental a la protección de datos y para lograr una mayor convergencia en el mercado interior.

Reforzar los derechos de las personas

174. El SEPD apoya la propuesta de la Comunicación de reforzar los derechos de las personas y formula las siguientes sugerencias:

– debería incluirse un principio de transparencia en la legislación. Sin embargo, resulta más importante reforzar las disposiciones existentes que abordan la transparencia (como los existentes artículos 10 y 11 de la Directiva 95/46/CE).

– debería introducirse en el instrumento general, una disposición sobre la notificación de las violaciones de datos personales, que amplía la obligación incluida en la Directiva 2002/58, que fue objecto de revisión en 2011 a todos los responsables del tratamiento de datos;

– debería aclararse los límites del consentimiento; debería considerarse la ampliación de los casos en los que se exige un consentimiento expreso, así como la adopción de normas complementarias para el entorno en línea;

– deberían introducirse otros derechos como la portabilidad de los datos y el derecho al olvido, especialmente para los servicios de la sociedad de la información en Internet;

– deberían protegerse mejor los intereses de los niños mediante una serie de disposiciones adicionales, específicamente destinadas a la obtención y posterior tratamiento de los datos de los niños;

– deberían introducirse en la legislación europea, mecanismos de recurso colectivo para las violaciones de protección de datos, con el fin de habilitar a las entidades cualificadas a presentar demandas en representación de grupo de personas.

Reforzar el papel de las organizaciones/responsables del tratamiento

175. El nuevo marco debe incluir incentivos para que los responsables del tratamiento incluyan de manera proactiva medidas de protección de los datos en sus procesos empresariales. El SEPD propone la introducción de una obligación general sobre la responsabilidad y la intimidad mediante el diseño. Debería asimismo introducirse una disposición sobre los regímenes de certificación de la privacidad.

Globalización y Derecho aplicable

176. El SEPD apoya la ambiciosa labor de desarrollo de las llamadas «normas de Madrid» en el marco de la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos, con el fin de integrarlas en un instrumento vinculante y posiblemente iniciar una conferencia intergubernamental.

El SEPD pide a la Comisión que adopte pasos concretos en este sentido, en estrecha colaboración con la OCDE y el Consejo de Europa.

El nuevo instrumento jurídico debe aclarar los criterios de determinación de la legislación aplicable. Debería garantizarse que los datos que se tratan fuera de las fronteras de la Unión Europa no escapan de la jurisdicción de la Unión cuando exista un motivo justificado para aplicar la legislación europea. Si el marco jurídico tuviera la forma de un reglamento existirían normas idénticas en todos los Estados miembros y sería menos relevante determinar la legislación aplicable (dentro de la Unión).

178. El SEPD apoya totalmente el objetivo de garantizar un enfoque uniforme y coherente en relación con los terceros países y las organizaciones internacionales. En el instrumento jurídico, deben incluirse normas vinculantes para las empresas.

Ámbito policial y judicial

179. Un instrumento global que incluya el ámbito policial y judicial permite normas especiales que tienen debidamente en cuenta las especificidades de este sector, con arreglo a la Declaración 21 anexa al Tratado de Lisboa. Deben aplicarse salvaguardias específicas para compensar al interesado, concediéndole una protección complementaria en un ámbito en que el tratamiento de datos personales puede ser más invasivo de la intimidad.

180. El nuevo marco jurídico debe ser, en la medida de lo posible, claro, simple y coherente. Debe evitarse la proliferación de diferentes regímenes que se aplican, por ejemplo, a Europol, Eurojust, a los sistemas SIS y de la Declaración Prüm. El SEPD entiende que la tarea de alinear las normas de los distintos sistemas debe llevarse a cabo de manera cuidadosa y gradual.

Autoridades encargadas de la protección de datos y la cooperación entre ellas

181. El SEPD apoya totalmente el objetivo de la Comisión de tratar la cuestión del estatuto de las autoridades encargadas de la protección de datos y de reforzar su independencia, recursos y competencias coercitivas. El SEPD recomienda:

– codificar en el nuevo instrumento jurídico el concepto esencial de independencia de las autoridades encargadas de la protección de datos, tal como especifica el Tribunal de Justicia Europeo;

– establecer legalmente que debe dotarse de recursos suficientes a las autoridades encargadas de la protección de datos;

– proporcionar a las autoridades facultades sancionadoras y de investigación armonizadas.

182. El SEPD sugiere otras mejoras del funcionamiento del Grupo de Trabajo del artículo 29, incluidas aquellas relacionadas con su infraestructura e independencia. Debería proporcionarse asimismo al Grupo de Trabajo los recursos suficientes y una secretaría reforzada.

183. El SEPD sugiere reforzar el papel consultivo del Grupo de Trabajo mediante la introducción de la obligación, para las autoridades encargadas de la protección de datos y la Comisión, de tener plenamente en cuenta los dictámenes y posiciones comunes adoptadas por el Grupo de Trabajo. El SEPD no está a favor de dotar de fuerza vinculante a las posiciones del Grupo de Trabajo, en especial dado el carácter independiente de las autoridades encargadas de la protección de datos. El SEPD recomienda que la Comisión introduzca en el nuevo instrumento jurídico disposiciones específicas para aumentar la cooperación con el SEPD.

184. El SEPD insta a la Comisión a que adopte una posición, tan pronto como sea posible, sobre la cuestión del control de los organismos de la Unión y los sistemas de información a gran escala, teniendo en cuenta que todos los organismos de control deberían cumplir los criterios indispensables de independencia, recursos suficientes y competencias coercitivas, y que debería garantizarse que la perspectiva de la Unión está bien representada. El SEPD apoya el modelo de «control coordinado».

Mejoras con arreglo al sistema actual:

185. El SEPD anima a la Comisión a que:

– siga controlando que los Estados miembros cumplen la Directiva 95/46/CE y, cuando sea necesario, utilice sus competencias coercitivas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 258 del TFEU;

– promueva la aplicación a nivel nacional y la coordinación de la aplicación;

– integre los principios de protección de datos de manera proactiva en las nuevas normativa que pueden tener un impacto, directo o indirecto, sobre la protección de datos;

– persiga activamente una mayor cooperación entre los diversos operadores a nivel internacional.

Hecho en Bruselas, el 14 de enero de 2011.

Peter HUSTINX

Supervisor Europeo de Protección de Datos

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(1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

(2) DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

(3) COM(2010) 609 final.

(4) Véase la p. 5 de la Comunicación, párrafo primero.

(5) Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos de 25 de julio de 2007 sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el seguimiento del programa de trabajo para una mejor aplicación de la Directiva sobre protección de datos, DO C 255 de 27.10.2007, p. 1.

(6) En particular (véase el punto 77 del dictamen): no es necesario modificar los principios existentes, aunque existe una necesidad clara de otros acuerdos administrativos; el amplio alcance de la legislación sobre protección de datos aplicable a cualquier uso de datos personales no debería modificarse; la legislación sobre protección de datos debe permitir un planteamiento equilibrado en casos concretos y permitir también que las autoridades encargadas de la protección de datos fijen prioridades; el sistema debería aplicarse plenamente a la utilización de datos personales a efectos de tratamiento policial, aunque pueden ser precisas medidas adicionales para tratar problemas específicos en este ámbito.

(7) Documento WP 168 ( http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2009/wp168_en.pdf).  El concepto principal es que las modificaciones legislativas son una buena ocasión para aclarar algunas reglas y principios (como, por ejemplo, el consentimiento y la transparencia), introducir algunos principios nuevos (p. ej., intimidad mediante el diseño, responsabilidad), reforzar la eficacia a través de la modernización de las disposiciones (p. ej., limitando los requisitos de notificación existentes) e incluirlas en un marco jurídico global (incluidas la cooperación policial y judicial).

(8) Los puntos de la intervención (Speaking Points) de la conferencia de prensa están disponibles en el sitio web del SEPD, en la siguiente dirección: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Speeches/2010/10-11-15_Press_conf_speaking_points_PHBG_EN.pdf

(9) Programa de Estocolmo – Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano, DO C 115 de 4.5.2010, p. 1, en el p. 10.

(10) Convenio nº 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal y relativo a transferencias de datos, DO 108 de 28 de enero de 1981.

(11) Directrices de la OCDE relativas a la protección de la privacidad y flujos transfronterizos de datos personales, publicadas en http://www.oecd.org

(12) La importancia de la protección de datos y de su vínculo con la intimidad en la Carta ha sido subrayada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 9 de noviembre de 2010, asuntos acumulados C-92/09 y C-93/09, Schecke, todavía no publicada en la Recopilación.

(13) Véase el Dictamen del SEPD de 18 de marzo de 2010 acerca de la promoción de la confianza en la sociedad de la información mediante el impulso de la protección de datos y la privacidad, DO C 280 de 16.10.2010, p. 1, punto 113.

(14) Véase por ejemplo el Dictamen de 10 de julio de 2009 sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativa a un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicios de los ciudadanos, DO C 276 de 17.9.2009, p. 8.

(15) La seguridad es un concepto más amplio que el de seguridad física pero aquí, al utilizarse como ejemplo de los argumentos debatidos, este concepto cobra una acepción más limitada.

(16) Véase asimismo el Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos de 25 de julio de 2007 sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el seguimiento del programa de trabajo para una mejor aplicación de la Directiva sobre protección de datos, p. 17, que se basa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia.

(17) Véase la nota a pie de página 7.

(18) El presente dictamen se centrará principalmente en el anterior tercer pilar (cooperación policial y judicial en materia penal), ya que el anterior segundo pilar no solo es un ámbito más complicado de la legislación comunitaria (como también se reconoce en el artículo 16 del TFUE y en el artículo 39 del TUE), sino que posee una relevancia menor en relación con el tratamiento de datos.

(19) Véase, por ejemplo, la Comunicación de la Comisión sobre el enfoque global de las transferencias de datos de los registros de nombres de los pasajeros (PNR) a los terceros países, COM(2010) 492 final.

(20) Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios en comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE (DO L 105 de 13.4.2006, p. 54).

(21) Decisión marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (DO L 350 de 30.12.2008, p. 60).

(22) Tal como se define en el documento «Internet de los objetos – Un plan de acción para Europa», COM(2009) 278 final.

(23) Véase el punto 14 de la Comunicación y el punto 3.2.5 del presente dictamen.

(24) Véase asimismo el Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos de 24 de noviembre de 2010 sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo «La política antiterrorista de la UE: logros principales y retos futuros», punto 31.

(25) Véase asimismo el documento del Grupo de Trabajo sobre el futuro de la protección de la vida privada (nota a pie de página nº 7), puntos 18-21.

(26) Comunicación, p. 10.

(27) Véase el Documento del Grupo de Trabajo sobre el futuro de la protección de la vida privada (nota a pie de página nº 7), punto 70. El documento se refiere en particular a las disposiciones de responsabilidad y a la posibilidad de reclamar daños inmateriales.

(28) También existen enfoques diferentes respecto de los datos manuales.

(29) Véase el Dictamen 1/2010 del Grupo de Trabajo del artículo 29 sobre los conceptos de «responsable del tratamiento» y «encargado del tratamiento» (WP 169).

(30) El artículo 8, apartados 4 y 5, actualmente autoriza que en determinadas condiciones los Estados miembros establezcan otras excepciones en relación con los datos sensibles.

(31) Véase a este respecto, el primer informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva sobre protección de datos mencionado anteriormente, p. 14.

(32) Documento del Grupo de Trabajo sobre el futuro de la protección de la intimidad, punto 87.

(33) Asunto C-518/07, Comisión/Alemania, todavía no publicado en la Recopilación.

(34) Véase la nota a pie de página 26.

(35) Véase la nota a pie de página 26.

(36) Informe del Grupo de Trabajo del artículo 29 relativo a la obligación de notificación a las autoridades nacionales de control, la mejor utilización de las excepciones y las simplificaciones y el papel de los responsables de protección de datos en la Unión Europea, WP 106, 2005, p. 7.

(37) Véase el artículo 27 del Reglamento, DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

(38) Véase la comunicación, p. 6.

(39) El Grupo de Trabajo del artículo 29 trabaja en la actualidad en un dictamen sobre el «consentimiento». Dicho dictamen podría aportar otras sugerencias.

(40) El consentimiento se vincula normalmente a la edad en la cual el menor puede contraer obligaciones contractuales. Se trata de la edad en la que se supone que los menores han alcanzado un determinado nivel de madurez. Por ejemplo, la legislación española requiere el consentimiento parental para obtener datos de los niños menores de 14 años. A los que superen dicha edad se les considerará capacitados para consentir. En el Reino Unido, la Ley de protección de datos (Data protection Act) no hace referencia a ninguna edad o umbral en particular. Sin embargo, la Autoridad Británica de protección de datos ha interpretado que los niños mayores de 12 años pueden dar su consentimiento. Por el contrario, los menores de 12 años no podrán dar su consentimiento y para obtener sus datos personales será necesario obtener primero el permiso de un padre o tutor.

(41) En los Estados Unidos, la Ley de protección de la intimidad en línea de los menores (COPPA, por sus siglas en inglés) exige a los operadores de sitios web comerciales o de los servicios en línea dirigidos a menores de 13 que obtengan el consentimiento parental antes de obtener datos personales, y a los operadores de sitios web para el público en general que tengan un conocimiento real de que determinados visitantes son menores.

(42) Véase asimismo el Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el seguimiento del programa de trabajo para una mejor aplicación de la Directiva sobre protección de datos, DO C 255 de 27.10.2007, p. 10.

(43) Algunas legislaciones nacionales ya prevén mecanismos similares.

(44) Resolución relativa a la intimidad mediante el diseño, adoptada en la 32 a Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, Jerusalén 27-29 de octubre de 2010.

(45) La Directiva incluye disposiciones que, de forma indirecta y en distintas situaciones, piden que se aplique la intimidad mediante el diseño. En particular, el artículo 17 exige que los responsables del tratamiento de datos apliquen las medidas técnicas y de organización adecuadas para evitar el tratamiento ilícito de datos. La Directiva sobre privacidad es más explícita. Su artículo 14, apartado 3, establece que «cuando proceda, se podrán adoptar medidas para garantizar que los equipos terminales estén fabricados de manera compatible con el derecho de los usuarios de proteger y controlar el uso de sus datos personales, de conformidad con la Directiva 1999/5/CE  y la Decisión 87/95/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la normalización en el campo de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones».

(46) En virtud del marco actual, el considerando 46 anima a los responsables del tratamiento a aplicar dichas medidas aunque lo establecido en un considerando no tiene fuerza vinculante

(47) Tal como sugiere la Resolución sobre Normas Internacionales, adoptada en la 32 a Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, Jerusalén 27-29 de octubre de 2010.

(48) Dictamen 8/2010 del Grupo de Trabajo del artículo 29 relativo a la legislación aplicable, WP 179.

(49  En relación con las transferencias internacionales, véase asimismo el capítulo 8 del dictamen

(50) Véase el Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos de 30 de septiembre de 2010 sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo – «Panorama general de la gestión de la información en el espacio de libertad, seguridad y justicia», apartados 9-19.

(51) Véase la sección 3.2.5.

(52) Este es actualmente el limitado ámbito de aplicación de la Decisión Marco 2008/977.

(53) Véase, en este sentido, el Documento del Grupo de Trabajo sobre el futuro de la protección de la vida privada, punto 112.

(54) Asunto C-518/07, Comisión/Alemania, todavía no publicado en la Recopilación.

(55) Véase, por ejemplo, el artículo 43, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 45/2001, que incluye dicho requisito para el SEPD.

(56) Reglamento (CE) nº 1211/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por el que se establece el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y la Oficina, DO L 337 de 18.12.2009, p. 1.

(57) Además del Grupo de Trabajo del artículo 29, la Conferencia Europea de Autoridades de Protección de Datos creó hace unos diez años un taller permanente destinado a resolver de manera coordinada las reclamaciones transfronterizas. Aunque este taller supone un innegable valor añadido en lo referente al intercambio de personal de las autoridades de protección de datos y ofrece una red fiable de puntos de contacto, no puede considerarse un mecanismo de coordinación de la toma de decisiones.

(58) Véanse las cartas del Grupo de Trabajo del artículo 29 con fecha de 12 de mayo de 2010 y de 26 de mayo de 2010, publicadas en el sitio web del Grupo de Trabajo del artículo 29                             (http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/wpdocs/2010-others_en.htm).

(59) Como se ha indicado anteriormente, se establece una obligación similar en el Reglamento (CE) nº 1211/2009  que especifica las funciones del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE).

(60) Véase, a este respecto, el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1211/2009 , citado anteriormente.

(61) Por ejemplo sobre la base del inventario de actividades legislativas publicado anualmente y que se actualiza de manera regular, disponible en el sitio web del SEPD.

(62) En virtud del Reglamento (CE) nº 45/2001, el SEPD tiene el deber de cooperar con estos organismos.

(63) En el caso de Eurojust, debería tenerse en cuenta un control de la protección de datos que respete la independencia judicial, en relación con el tratamiento de datos de Eurojust en el ámbito de los procedimientos penales.

(64) Véase el asunto C-518/07, arriba mencionado y el Comunicado de Prensa de la Comisión de 28 de octubre de 2010 (IP/10/1430).

(65) La Comisión ha incoado un procedimiento de infracción contra el Reino Unido por la supuesta violación de diversas disposiciones en materia de protección de datos, incluido el requisito de confidencialidad de las comunicaciones electrónicas en relación con la publicidad basada en el comportamiento. Véase el Comunicado de Prensa de la Comisión de 9 de abril de 2009 (IP/09/570).

(66) Véase el primer informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva sobre protección de datos mencionado anteriormente, p. 22 y ss.

DIRECTIVA 2013/40/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de agosto de 2013 relativa a los ataques contra los sistemas de información y por la que se sustituye la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, su artículo 83, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),

Considerando lo siguiente:

(1) Los objetivos de la presente Directiva son aproximar las normas de Derecho penal de los Estados miembros en materia de ataques contra los sistemas de información, mediante el establecimiento de normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y las sanciones aplicables, y mejorar la cooperación entre las autoridades competentes, incluida la policía y los demás servicios especializados encargados de la aplicación de la ley en los Estados miembros, así como los organismos especializados de la Unión, como Eurojust, Europol y su Centro Europeo contra la Ciberdelincuencia y la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA).

(2) Los sistemas de información son un elemento esencial para la interacción política, social y económica en la Unión. La dependencia de este tipo de sistemas por parte de la sociedad es muy grande y sigue aumentando. El buen funcionamiento y la seguridad de estos sistemas en la Unión es clave para el desarrollo del mercado interior y de una economía competitiva e innovadora. Garantizar un adecuado nivel de protección de los sistemas de información debe formar parte de un marco general efectivo de medidas de prevención que acompañen a las respuestas del Derecho penal a la ciberdelincuencia.

(3) Los ataques contra los sistemas de información y, en particular, los ataques vinculados a la delincuencia organizada, son una amenaza creciente en la Unión y en el resto del mundo, y cada vez preocupa más la posibilidad de ataques terroristas o de naturaleza política contra los sistemas de información que forman parte de las infraestructuras críticas de los Estados miembros y de la Unión. Esta situación pone en peligro la realización de una sociedad de la información segura y de un espacio de libertad, seguridad y justicia y exige, por tanto, una respuesta por parte de la Unión, así como una cooperación y coordinación reforzadas a escala internacional.

(4) Existe en la Unión una serie de infraestructuras críticas cuya perturbación o destrucción tendría repercusiones transfronterizas importantes. De la necesidad de incrementar en la Unión la capacidad de protección de estas infraestructuras se desprende que las medidas contra los ataques informáticos deben complementarse con penas estrictas que reflejen la gravedad de tales ataques. Por «infraestructura crítica» se entiende un elemento, sistema o parte de este situado en los Estados miembros que es esencial para el mantenimiento de funciones vitales de la sociedad, la salud, la seguridad, la protección y el bienestar económico y social de la población, como las centrales eléctricas, las redes de transporte y las redes de los órganos de gobierno, y cuya perturbación o destrucción tendría un impacto significativo en un Estado miembro al no poder mantener esas funciones.

(5) Se comprueba una tendencia hacia ataques de gran escala cada vez más graves y recurrentes contra sistemas de información, que a menudo pueden ser críticos para los Estados miembros o para determinadas funciones del sector público o privado. Esta tendencia coincide con el desarrollo de métodos cada vez más sofisticados, como la creación y utilización de redes infectadas (botnets), que conllevan fases múltiples del acto delictivo, cada una de las cuales puede por sí sola constituir un grave peligro para el interés público. La presente Directiva tiene por objeto, entre otros, establecer sanciones para la fase en que se crea la red infectada, es decir, cuando se establece un control remoto sobre un número significativo de ordenadores infectándolos mediante programas nocivos a través de ataques informáticos dirigidos. Una vez establecida la red, los ordenadores infectados, que constituyen la red infectada, pueden activarse sin el conocimiento de los usuarios para realizar un ataque informático a gran escala, que en circunstancias normales puede causar daños graves, como menciona la presente Directiva. Los Estados miembros deben poder establecer qué constituyen daños graves de conformidad con su ordenamiento jurídico y práctica nacionales, tales como interrumpir los servicios del sistema de una importancia pública relevante, o causar importantes costes económicos o pérdidas de datos de carácter personal o de información sensible.

(6) Los ciberataques a gran escala pueden causar graves perjuicios económicos, tanto por la paralización de los sistemas de información y de las comunicaciones como por la pérdida o alteración de información confidencial de importancia comercial o de otros datos. Debe prestarse especial atención a sensibilizar más a las pequeñas y medianas empresas innovadoras sobre las amenazas vinculadas con tales ataques y su vulnerabilidad ante los mismos, que les afectan debido a su mayor dependencia del correcto funcionamiento y de la disponibilidad de los sistemas de información y al hecho de que sus recursos para la seguridad de la información son, con frecuencia, limitados.

(7) Es importante en esta materia disponer de definiciones comunes a fin de garantizar la aplicación coherente de la presente Directiva en los Estados miembros.

(8) Es necesario llegar a un enfoque común respecto de los elementos constitutivos de las infracciones penales introduciendo las infracciones comunes de acceso ilegal a un sistema de información, de intromisión ilegal en el sistema, de intromisión ilegal en los datos y de interceptación ilegal.

(9) La interceptación abarca, sin limitarse necesariamente a ello, la escucha, el seguimiento y el análisis del contenido de comunicaciones, así como la obtención del contenido de los datos bien directamente, mediante el acceso y recurso a ese sistema de información, o indirectamente, mediante el recurso a sistemas de escucha y grabación electrónicos por medios técnicos.

(10) Los Estados miembros deben establecer sanciones para los ataques contra los sistemas de información. Estas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias y deben contemplar penas privativas de libertad o multas.

(11) La presente Directiva establece penas al menos para los casos que no son de menor gravedad. Los Estados miembros deben poder determinar cuáles son los casos de menor gravedad de conformidad con su ordenamiento jurídico y práctica nacionales. Un caso puede considerarse de menor gravedad, por ejemplo, cuando el daño causado por la infracción o el riesgo que acarree para intereses públicos o privados, como la integridad de un sistema o datos informáticos, la integridad, derechos u otros intereses de una persona, resulte insignificante o sea de una índole tal que no resulte necesario imponer una pena dentro del umbral jurídico ni exigir responsabilidad penal.

(12) La identificación y comunicación de las amenazas y los riesgos que plantean los ciberataques, así como las vulnerabilidades de los sistemas de información que les afectan, constituye un elemento pertinente para una prevención y respuesta eficaces frente a dichos ataques y para la mejora de la seguridad de los sistemas de información. Ofrecer incentivos a la comunicación de las insuficiencias en materia de seguridad podría contribuir a producir ese efecto. Los Estados miembros deben comprometerse a brindar oportunidades que permitan la detección y comunicación legales de las deficiencias en materia de seguridad.

(13) Es conveniente establecer sanciones más severas cuando un ataque contra un sistema de información se comete en el contexto de una organización delictiva, tal como se define en la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (3), o cuando el ciberataque se realiza a gran escala y afecta a un número importante de sistemas de información, en particular cuando el ataque tiene por objeto crear una red infectada o si el ciberataque causa un daño grave, incluido cuando se lleva a cabo a través de una red infectada. Conviene también establecer sanciones más severas cuando el ataque se lleva a cabo contra una infraestructura crítica de los Estados miembros o de la Unión.

(14) Otro elemento importante de un enfoque integrado contra la ciberdelincuencia es el establecimiento de medidas eficaces contra la usurpación de identidad y otras infracciones relacionadas con la identidad. Las necesidades inherentes a la actuación de la Unión relativa a este tipo de conducta delictiva podrían también ser tomadas en consideración en el contexto de la evaluación de la necesidad de un instrumento horizontal global de la Unión.

(15) Las Conclusiones del Consejo de 27 y 28 de noviembre de 2008 indicaron que debía desarrollarse una nueva estrategia con los Estados miembros y la Comisión, teniendo en cuenta el contenido del Convenio del Consejo de Europa de 2001 sobre la ciberdelincuencia. Este Convenio es el marco jurídico de referencia para la lucha contra la ciberdelincuencia, incluidos los ataques contra los sistemas de información. La presente Directiva se basa en dicho Convenio. Debe considerarse como prioritario terminar cuanto antes el proceso de ratificación de dicho Convenio por todos los Estados miembros.

(16) Dadas las diferentes formas en que pueden realizarse los ataques y la rápida evolución de los programas y equipos informáticos, la presente Directiva se refiere a los «instrumentos» que pueden utilizarse para cometer las infracciones enumeradas en la presente Directiva. Dichos instrumentos pueden ser programas informáticos maliciosos, incluidos los que permiten crear redes infectadas, que se utilizan para cometer ciberataques. Aun cuando uno de estos instrumentos sea adecuado o incluso especialmente adecuado para llevar a cabo las infracciones enumeradas en la presente Directiva, es posible que dicho instrumento fuera creado con fines legítimos. Teniendo en cuenta la necesidad de evitar la tipificación penal cuando estos instrumentos sean creados y comercializados con fines legítimos, como probar la fiabilidad de los productos de la tecnología de la información o la seguridad de los sistemas de información, además del requisito de intención general también debe cumplirse el requisito de que dichos instrumentos sean utilizados para cometer una o varias de las infracciones enumeradas en la presente Directiva.

(17) La presente Directiva no establece responsabilidades penales cuando se cumplen los criterios objetivos de las infracciones enumeradas en la misma pero los actos se cometen sin propósito delictivo, por ejemplo cuando la persona de que se trate no sabía que el acceso no estaba autorizado o en caso de intervención autorizada o de protección de los sistemas de información, o cuando una empresa o un vendedor designen a una persona para probar la solidez de su sistema de seguridad. En el contexto de la presente Directiva, las obligaciones o los acuerdos contractuales tendentes a restringir el acceso a los sistemas de información en virtud de una política de usuarios o de las condiciones de prestación del servicio, así como los conflictos colectivos de trabajo en relación con el acceso a los sistemas de información de un empresario o con la utilización de los mismos con fines privados, no deben acarrear responsabilidad penal cuando se estime que el acceso en dichas circunstancias no está autorizado y, por tanto, constituye la única base para incoar una acción penal. La presente Directiva se entiende sin perjuicio del derecho de acceder a la información, establecido en el Derecho nacional y de la Unión, pero al mismo tiempo no sirve de justificación para un acceso ilícito o arbitrario a la información.

(18) Los ciberataques podrían verse facilitados por varias circunstancias, por ejemplo cuando el autor de los mismos tengan acceso, en el marco de su empleo, a los sistemas de seguridad inherentes a los sistemas de información afectados. En el contexto del Derecho nacional, estas circunstancias deben tenerse en cuenta, en su caso, en el transcurso del proceso penal.

(19) Los Estados miembros deben prever en su derecho nacional las circunstancias agravantes, de conformidad con las normas aplicables establecidas por sus ordenamientos jurídicos en relación con dichas circunstancias. Deben velar por que esas circunstancias agravantes puedan ser conocidas por los jueces para que estos las tomen en consideración a la hora de dictar sentencia con respecto a los infractores. Se deja a la apreciación del juez evaluar dichas circunstancias junto con otros hechos del caso de que se trate.

(20) La presente Directiva no se aplica a las condiciones para ejercer la competencia jurisdiccional sobre alguna de las infracciones contempladas en la misma, como una declaración de la víctima en el lugar donde se cometió la infracción, o la denuncia del Estado en el que se cometió, o el no procesamiento del delincuente en el lugar donde se cometió la infracción.

(21) En el contexto de la presente Directiva, los Estados y sus organismos públicos están plenamente obligados a garantizar el respeto de los derechos y las libertades fundamentales, de conformidad con las obligaciones de la Unión e internacionales existentes.

(22) La presente Directiva subraya la importancia de redes, tales como la red de puntos de contacto del G8 o la del Consejo de Europa, disponibles veinticuatro horas al día, siete días a la semana. Dichos puntos de contacto han de poder prestar asistencia efectiva, facilitando así, por ejemplo, el intercambio de la información relevante disponible o prestando asesoramiento técnico o información jurídica en el marco de investigaciones o procedimientos relativos a infracciones penales relacionadas con sistemas de información y de datos asociados que impliquen al Estado miembro solicitante. Para garantizar el buen funcionamiento de las redes, cada punto de contacto debe ser capaz de comunicarse de forma rápida con el punto de contacto de otro Estado miembro con el apoyo, entre otras cosas, de personal formado y equipado. Dada la velocidad a la que pueden realizarse los ciberataques a gran escala, todos los Estados miembros deben responder con prontitud a las solicitudes urgentes procedentes de dicha red de puntos de contacto. En tales casos, puede resultar conveniente que la solicitud de información vaya acompañada de contacto telefónico, a fin de garantizar que el Estado miembro que recibe la solicitud pueda tramitarla rápidamente y que se facilite una respuesta al respecto en el plazo de ocho horas.

(23) La cooperación entre las autoridades públicas por un lado y el sector privado y la sociedad civil por otro es de gran importancia para evitar y combatir los ataques contra los sistemas de información. Es necesario fomentar y mejorar la cooperación entre los proveedores de servicios, los productores, los servicios encargados de la aplicación de la ley y las autoridades judiciales, dentro del pleno respeto del Estado de Derecho. Dicha cooperación podría incluir el apoyo prestado por los proveedores de servicios al contribuir a mantener posibles pruebas, a proporcionar elementos que ayuden a identificar a los infractores y, en última instancia, a cerrar, total o parcialmente, de conformidad con el Derecho y las prácticas nacionales, los sistemas de información o la supresión de las funciones que hayan creado una situación de peligro o se hayan utilizado con fines ilegales. Asimismo, los Estados miembros deben tomar en consideración el establecimiento de redes de cooperación y asociación con los proveedores de servicios y los productores para intercambiar información relativa a las infracciones en el marco de aplicación de la presente Directiva.

(24) Es necesario recopilar datos comparables sobre las infracciones a las que se refiere la presente Directiva. Los datos relevantes deben ponerse a disposición de los organismos especializados competentes de la Unión, como Europol y la ENISA, teniendo en cuenta sus cometidos y necesidades en materia de información, a fin de obtener una visión más completa del problema de la ciberdelincuencia y de la seguridad de la red y de la información a escala de la Unión, y contribuir así a la formulación de unas respuestas más eficaces. Los Estados miembros deben facilitar a Europol y a su Centro Europeo de Ciberdelincuencia información relativa al modo de actuación de los infractores a fin de llevar a cabo evaluaciones de las amenazas y análisis estratégicos de la ciberdelincuencia, de conformidad con la Decisión 2009/371/JAI del Consejo de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol) (4). Facilitar información puede ayudar a comprender mejor las amenazas presentes y futuras, y contribuir así a tomar decisiones de forma más adecuada y específica para combatir y prevenir los ataques contra los sistemas de información.

(25) La Comisión debe presentar un informe sobre la aplicación de la presente Directiva y formular las propuestas legislativas necesarias que puedan llevar a ampliar su ámbito de aplicación, teniendo en cuenta la evolución que se produzca en el campo de la ciberdelincuencia. En dicha evolución podrían figurar las innovaciones tecnológicas que permitan, por ejemplo, una represión más eficaz en el ámbito de los ataques contra los sistemas de información, o que faciliten la prevención o reduzcan al máximo la incidencia de dichos ataques. A tal fin, la Comisión debe tener en cuenta los análisis y los informes disponibles realizados por las instancias pertinentes y, en particular, por Europol y ENISA.

(26) Para combatir eficazmente la ciberdelincuencia, debe aumentarse la capacidad de adaptación de los sistemas de información mediante la adopción de las medidas adecuadas para protegerlos de manera más eficaz contra los ataques que les afecten. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para proteger los sistemas de información que constituyen las infraestructuras críticas de los ciberataques, entre las cuales deben tomar en consideración las medidas tendentes a proteger sus sistemas de información y los datos asociados. Garantizar un nivel adecuado de protección y seguridad de los sistemas de información por personas jurídicas, por ejemplo en conexión con la facilitación de servicios de comunicación disponibles de forma electrónica de conformidad con la legislación de la Unión sobre la privacidad, la comunicación electrónica y la protección de datos, constituye una parte esencial de un planteamiento global para contrarrestar eficazmente la ciberdelincuencia. Deben preverse unos niveles adecuados de protección contra las amenazas y vulnerabilidades que puedan identificarse de forma razonable, teniendo en cuenta los conocimientos más recientes sobre sectores específicos y las situaciones concretas de tratamiento de datos. El coste y la carga que representa dicha protección deben ser proporcionados a los daños probables que podría causar un ciberataque a las personas afectadas. Se alienta a los Estados miembros a que establezcan las medidas pertinentes que acarreen responsabilidades en el contexto de su Derecho nacional en aquellos casos en que una persona jurídica no haya previsto claramente un nivel apropiado de protección frente a ciberataques.

(27) Las diferencias y divergencias significativas que existen entre las legislaciones y los procesos penales de los Estados miembros en este ámbito pueden dificultar la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo y complicar la cooperación policial y judicial efectiva en este ámbito. La naturaleza transnacional y transfronteriza de los modernos sistemas de información significa que los ataques suelen revestir un carácter transfronterizo, lo que plantea la necesidad urgente de proseguir la aproximación del Derecho penal en este ámbito. Por otra parte, la coordinación del enjuiciamiento de los casos de ataques contra los sistemas de información debe facilitarse mediante la adecuada puesta en marcha y aplicación de la Decisión marco 2009/948/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales (5). Los Estados miembros, en cooperación con la Unión, deben intentar también mejorar la cooperación internacional en lo relativo a la seguridad de los sistemas de información, de las redes de ordenadores y de los datos que estos albergan. En los acuerdos internacionales relativos al intercambio de datos debe tomarse debidamente en consideración la seguridad de la transferencia de datos y del almacenamiento de los mismos.

(28) Una mayor cooperación entre los servicios encargados de la aplicación de la ley y las autoridades judiciales competentes en la Unión es fundamental para combatir eficazmente la ciberdelincuencia. En este sentido, deben intensificarse los esfuerzos por ofrecer una adecuada formación a las autoridades competentes con vistas a mejorar la comprensión de la ciberdelincuencia y de sus repercusiones, y por promover la cooperación y el intercambio de las mejores prácticas a través, por ejemplo, de los organismos especializados competentes de la Unión. La formación debe estar dirigida, entre otras cosas, a sensibilizar más sobre los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales, los posibles retos de tipo jurídico y técnico de las investigaciones penales y el reparto de competencias entre las autoridades nacionales competentes.

(29) La presente Directiva respeta los derechos humanos y las libertades fundamentales y cumple los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, incluida la protección de datos de carácter personal, el derecho a la privacidad, la libertad de expresión e información, el derecho a un juicio equitativo, la presunción de inocencia y los derechos de la defensa, así como los principios de legalidad y proporcionalidad de las infracciones penales y las sanciones. En especial, la presente Directiva tiene por objeto garantizar el pleno respeto de dichos derechos y principios y debe aplicarse en consecuencia.

(30) La protección de los datos de carácter personal es un derecho fundamental conforme al artículo 16, apartado 1, del TFUE y al artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por ello, todo tratamiento de datos de carácter personal efectuado en el contexto de la aplicación de la presente Directiva debe cumplir plenamente el Derecho de la Unión aplicable en materia de protección de datos.

(31) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dichos Estados miembros han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva.

(32) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por ello ni sujeta a su aplicación.

(33) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, garantizar que los ataques contra los sistemas de información sean castigados en todos los Estados miembros con penas efectivas, proporcionadas y disuasorias, y mejorar y fomentar la cooperación judicial entre las autoridades judiciales y otras autoridades competentes, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y que, por consiguiente, debido a sus dimensiones o efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(34) La presente Directiva tiene la finalidad de modificar y ampliar las disposiciones de la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a los ataques contra los sistemas de información (6). Dado que las modificaciones necesarias son importantes, tanto por número como por su naturaleza, la  Decisión marco 2005/222/JAI debe, en aras de la claridad, ser sustituida en su totalidad en relación con los Estados miembros que participan en la adopción de la presente Directiva.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1º.- Objeto

La presente Directiva establece normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y a las sanciones aplicables en el ámbito de los ataques contra los sistemas de información. También tiene por objeto facilitar la prevención de dichas infracciones y la mejora de la cooperación entre las autoridades judiciales y otras autoridades competentes.

Artículo 2º.- Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se aplicarán las definiciones siguientes:

a) «sistema de información»: todo aparato o grupo de aparatos interconectados o relacionados entre sí, uno o varios de los cuales realizan, mediante un programa, el tratamiento automático de datos informáticos, así como los datos informáticos almacenados, tratados, recuperados o transmitidos por dicho aparato o grupo de aparatos para su funcionamiento, utilización, protección y mantenimiento;

b) «datos informáticos»: toda representación de hechos, informaciones o conceptos de una forma que permite su tratamiento por un sistema de información, incluidos los programas que sirven para hacer que dicho sistema de información realice una función;

c) «persona jurídica»: toda entidad a la cual el derecho vigente reconoce este estatuto, salvo los Estados y otros organismos públicos que ejercen prerrogativas públicas y las organizaciones internacionales de carácter público;

d) «sin autorización»: un comportamiento al que se refiere la presente Directiva, incluido el acceso, la interferencia o la interceptación, que no haya sido autorizado por el propietario u otro titular del derecho sobre el sistema o parte del mismo o no permitido por el Derecho nacional.

Artículo 3º.- Acceso ilegal a los sistemas de información

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, cuando haya sido realizado intencionalmente, el acceso sin autorización al conjunto o a una parte de un sistema de información sea sancionable como infracción penal cuando se haya cometido con violación de una medida de seguridad, al menos en los casos que no sean de menor gravedad.

Artículo 4º.- Interferencia ilegal en los sistemas de información

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que la obstaculización o la interrupción significativas del funcionamiento de un sistema de información, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, intencionalmente y sin autorización, sea sancionable como infracción penal, al menos en los casos que no sean de menor gravedad.

Artículo 5º.- Interferencia ilegal en los datos

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que borrar, dañar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos informáticos contenidos en un sistema de información, intencionalmente y sin autorización, sea sancionable como infracción penal, al menos en los casos que no sean de menor gravedad.

Artículo 6º.- Interceptación ilegal

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la interceptación, por medios técnicos, de transmisiones no públicas de datos informáticos hacia, desde o dentro de un sistema de información, incluidas las emisiones electromagnéticas de un sistema de información que contenga dichos datos informáticos, intencionalmente y sin autorización, sea sancionable como infracción penal, al menos en los casos que no sean de menor gravedad.

Artículo 7º.- Instrumentos utilizados para cometer las infracciones

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la producción intencional, venta, adquisición para el uso, importación, distribución u otra forma de puesta a disposición de los siguientes instrumentos, sin autorización y con la intención de que sean utilizados con el fin de cometer cualquiera de las infracciones mencionadas en los artículos 3º a 6º, sea sancionable como infracción penal, al menos en los casos que no sean de menor gravedad:

a) un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer una infracción de las mencionadas en los artículos 3º a 6º;

b) una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información.

Artículo 8º.- Inducción, complicidad y tentativa

1. Los Estados miembros garantizarán que la inducción y la complicidad en la comisión de las infracciones mencionadas en los artículos 3º a 7º sean sancionables como infracciones penales.

2. Los Estados miembros garantizarán que la tentativa de cometer las infracciones mencionadas en los artículos 4º y 5º sea sancionable como infracción penal.

Artículo 9º.- Sanciones

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las infracciones mencionadas en los artículos 3º a 8º se castiguen con penas efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2. Los Estados miembros adoptará las medidas necesarias para garantizar que las infracciones mencionadas en los artículos 3º a 7º se castiguen con una sanción máxima de privación de libertad igual o superior a dos años, al menos en los casos que no sean de menor gravedad.

3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, cuando se hayan cometido intencionalmente, siempre que hayan afectado a un número significativo de sistemas de información o cuando para cometerlas se haya utilizado uno de los instrumentos a que se refiere el artículo 7, las infracciones mencionadas en los artículos 4º y 5º, se castiguen con una sanción máxima de privación de libertad de al menos tres años.

4. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las infracciones mencionadas en los artículos 4º y 5º se castiguen con una sanción máxima de privación de libertad de al menos cinco años cuando:

a) se cometan en el contexto de una organización delictiva con arreglo a la Decisión marco 2008/841/JAI, con independencia del nivel de la sanción que se establezca en la misma;

b) causen daños graves, o

c) se cometan contra el sistema de información de una infraestructura crítica.

5. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que, cuando las infracciones a que se refieren los artículos 4º y 5º sean cometidas utilizando ilícitamente datos de carácter personal de otra persona con la finalidad de ganar la confianza de un tercero, causando así daños al propietario legítimo de la identidad, ello pueda ser considerado, de conformidad con el Derecho nacional, como circunstancia agravante, a menos que tal circunstancia ya esté contemplada en otra infracción que sea sancionable con arreglo al Derecho nacional.

Artículo 10.- Responsabilidad de las personas jurídicas

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de las infracciones mencionadas en los artículos 3º a 8º cuando estas infracciones sean cometidas en su beneficio por cualquier persona que, actuando a título particular o como parte de un órgano de la persona jurídica, ostente un cargo directivo en el seno de dicha persona jurídica, basado en:

a) el poder de representación de dicha persona jurídica, o

b) la capacidad para tomar decisiones en nombre de dicha persona jurídica, o

c) la capacidad para ejercer un control en el seno de dicha persona jurídica.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables cuando la falta de supervisión o control por parte de alguna de las personas a que se refiere el apartado 1 haya permitido que una persona sometida a su autoridad cometa una de las infracciones mencionadas en los artículos 3º a 8º en beneficio de esa persona jurídica.

3. La responsabilidad de las personas jurídicas en virtud de los apartados 1 y 2 no excluirá la incoación de acciones penales contra las personas físicas que sean autoras, inductoras o cómplices de las infracciones mencionadas en los artículos 3º a 8º.

Artículo 11.- Sanciones contra las personas jurídicas

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que a la persona jurídica considerada responsable en virtud de lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, le sean impuestas sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, que incluirán multas de carácter penal o de otro tipo, y entre las que podrán incluir otras sanciones como:

a) exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas;

b) inhabilitación temporal o permanente para el ejercicio de actividades comerciales;

c) vigilancia judicial;

d) medida judicial de liquidación;

e) cierre temporal o definitivo de los establecimientos utilizados para cometer la infracción.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que a la persona jurídica considerada responsable en virtud de lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, le sean impuestas sanciones o medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Artículo 12.- Competencia

1. Los Estados miembros establecerán su competencia respecto de las infracciones mencionadas en los artículos 3º a 8º, cuando la infracción se haya cometido:

a) total o parcialmente en su territorio, o

b) por uno de sus nacionales, al menos cuando el acto constituya una infracción penal en el lugar en el que fue cometido.

2. Al establecer su competencia de acuerdo con el apartado 1, letra a), cada Estado miembro garantizará que se incluyan en la misma los casos en que:

a) el autor cometa la infracción estando físicamente presente en su territorio, independientemente de que la infracción se cometa o no contra un sistema de información situado en su territorio, o

b) la infracción se cometa contra un sistema de información situado en su territorio, independientemente de que el autor cometa o no la infracción estando físicamente presente en su territorio.

3. Los Estados miembros informarán a la Comisión cuando decidan establecer competencias en relación con infracciones contempladas en los artículos 3º a 8º y cometidas fuera de su territorio, incluyendo cuando:

a) el autor tenga su residencia habitual en su territorio, o

b) la infracción se cometa en beneficio de una persona jurídica establecida en su territorio.

Artículo 13.- Intercambio de información

1. A efectos del intercambio de información sobre las infracciones mencionadas en los artículos 3º a 8º, los Estados miembros garantizarán que tienen un punto de contacto nacional operativo y harán uso de la red existente de puntos de contacto operativos disponibles veinticuatro horas al día, siete días a la semana. Los Estados miembros también se asegurarán de que cuentan con procedimientos para que, en caso de solicitud de ayuda urgente, la autoridad competente pueda indicar en un plazo máximo de ocho horas a partir de la recepción de la solicitud de ayuda si la misma será atendida, y la forma y el plazo aproximado en que lo será.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión su punto de contacto a que hace referencia el apartado 1. La Comisión transmitirá esta información a los demás Estados miembros y a los órganos y organismos especializados competentes de la Unión.

3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de canales de información adecuados a fin de facilitar sin demora indebida a las autoridades nacionales competentes información relativa a las infracciones a que se refieren los artículos 3º a 6º.

Artículo 14 .- Seguimiento y estadísticas

1. Los Estados miembros garantizarán el establecimiento de un sistema para la recogida, elaboración y suministro de datos estadísticos sobre las infracciones mencionadas en los artículos 3º a 7º.

2. Los datos estadísticos mencionados en el apartado 1 se referirán, como mínimo, a los datos existentes sobre el número de infracciones mencionadas en los artículos 3º a 7º que han sido registrados por los Estados miembros y al número de personas procesadas y condenadas por las infracciones mencionadas en los artículos 3º a 7º.

3. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión los datos recogidos con arreglo al presente artículo. La Comisión garantizará la publicación de una revisión consolidada de sus informes estadísticos y su presentación a los órganos y organismos especializados competentes de la Unión.

Artículo 15.- Sustitución de la  Decisión marco 2005/222/JAI

Queda sustituida, en relación con los Estados miembros que participan en la adopción de la presente Directiva, la  Decisión marco 2005/222/JAI, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en lo que se refiere a los plazos de transposición de dicha Decisión marco al Derecho nacional.

En relación con los Estados miembros que participan en la adopción de la presente Directiva, las referencias a la  Decisión marco 2005/222/JAI se entenderán hechas a la presente Directiva.

Artículo 16.- Transposición

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 4 de septiembre de 2015.

2. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión el texto de las medidas por las que incorporen a su ordenamiento jurídico nacional las obligaciones que les impone la presente Directiva.

3. Cuando los Estados miembros adopten dichas medidas, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. La forma en la que se haga dicha referencia la determinarán los Estados miembros.

Artículo 17.- Informes

A más tardar el 4 de septiembre de 2017, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que evaluará en qué medida los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva, junto con las propuestas legislativas que resulten procedentes. La Comisión deberá también tener en cuenta el progreso técnico y jurídico en el ámbito de la ciberdelincuencia, especialmente en lo que se refiere al ámbito de aplicación de la presente Directiva.

Artículo 18.- Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 19.- Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el 12 de agosto de 2013.

Por el Parlamento Europeo El Presidente M. SCHULZ

Por el Consejo El Presidente L. LINKEVIČIUS

———————————————————————————————————–

(1) DO C 218 de 23.7.2011, p. 130.

(2) Posición del Parlamento Europeo de 4 de julio de 2013 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 22 de julio de 2013.

(3) DO L 300 de 11.11.2008, p. 42.

(4) DO L 121 de 15.5.2009, p. 37.

(5) DO L 328 de 15.12.2009, p. 42.

(6) DO L 69 de 16.3.2005, p. 67.

I.- INTRODUCTORY PROVISIONS　

Article 1.- (Contents of the Act)

(1) This Act governs the procedure which ensures everyone free access to and re-use of public information held by state bodies, local government bodies, public agencies, public funds and other entities of public law, public powers holders and public service contractors (hereinafter referred to as «the bodies»).

(2) With the adoption of this Act, the following European Union directives are implemented into the Slovenian legal system: Directive 2003/4/ES of the European parliament and of the Council, of 28 January 2003 on public access to environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC and Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information

(3)The informative catalogue of the bodies referred to in the first paragraph of this Article shall be, based on the data of the Business register of the Republic of Slovenia published and regularly updated on the internet by the Ministry for public administration of Slovenia (hereinafter referred to as «Ministry»).

Article 2.- (Aim of the Act)

(1)The aim of this Act is to ensure that the work of the bodies is public and open, and to enable natural and legal entities to exercise their rights to acquire information held by public authorities.

(2)With a view to achieve the aim of this Act, the bodies shall endeavor to inform the public on their work to the greatest extent possible.

Article 3.- (Gender Form)

The terminology in this Act referring to persons and written in masculine form shall be used as neutral for both, feminine and masculine forms.

II.- PUBLIC INFORMATION

Article 4.- (Public information)

(1) Public information shall be deemed to be information originating from the field of work of the bodies and occurring in the form of a document, a case, a dossier, a register, a record or other documentary material (hereinafter referred to as «the document») drawn up by the body, by the body in cooperation with other body, or acquired from other persons.

(2) Archive material held by the competent Archive, within the frame of public archive service in accordance with the Act governing archives, is not public information according to this act.

(3) Re-use means the use by natural or legal entities of documents held by public sector bodies, for commercial or noncommercial purposes other than the initial purpose within the public task for which the documents were produced. Exchange of documents between public sector bodies purely in pursuit of their public tasks does not constitute re-use.

III.- BASIC PROVISIONS

Article 5.- (Free access principle)

(1) Legal entities or natural persons (hereinafter referred to as «the applicants») have free access to public information.

(2)Each applicant shall have, at his request, the right to acquire information from the body by acquiring such information for consulting it on the spot, or by acquiring a transcript, a copy or an electronic record of such information.

(3) Every applicant has the right, under the same conditions as all other persons, to acquire the right to re-use information for commercial or noncommercial purposes.

(4) The body shall make its documents available through electronic means where possible and appropriate whereas this shall not imply an obligation, for the purposes of re-use of information, to provide conversion of the documents from one form to the other or to provide extracts from documents where this would involve disproportionate effort, going beyond a simple operation, nor shall it imply the obligation to continue with the creation of certain information only for the purposes of re-use of information by other bodies or other persons.

Article 6.- (Exceptions)

(1) The body shall deny the applicant access to requested information if the request relates to:

1. Information which, pursuant to the Act governing classified data, is defined as classified;

2. Information which is defined as a business secret in accordance with the Act governing companies;

3. Personal data the disclosure of which would constitute an infringement of the protection of personal data in accordance with the Act governing the protection of personal data;

4.Information the disclosure of which would constitute an infringement of the confidentiality of individual information on reporting units, in accordance with the Act governing Government statistics activities;

5. Information the disclosure of which would constitute an infringement of the tax procedure confidentiality or of tax secret in accordance with the Act governing tax procedure;

6. Information acquired or drawn up for the purposes of criminal prosecution or in relation to criminal prosecution, or misdemeanors procedure, and the disclosure of which would prejudice the implementation of such procedure;

7. Information acquired or drawn up for the purposes of administrative procedure, and the disclosure of which would prejudice the implementation of such procedure;

8. Information acquired or drawn up for the purposes of civil, non-litigious civil procedure or other court proceedings, and the disclosure of which would prejudice the implementation of such procedures;

9. Information from the document that is in the process of being drawn up and is still subject of consultation by the body, and the disclosure of which would lead to misunderstanding of its contents;

10. Information on natural or cultural value which, in accordance with the Act governing the conservation of nature or cultural heritage, is not accessible to public for the purpose of protection of (that) natural or cultural value;

11. Information from the document drawn up in connection with internal operations or activities of bodies, and the disclosure of which would cause disturbances in operations or activities of the body.

(2) Without prejudice to the provisions in the preceding paragraph, the access to the requested information is sustained, if public interest for disclosure prevails over public interest or interest of other persons not to disclose the requested information, except in the next cases:

– For information which, pursuant to the Act governing classified data, is denoted with one of the two highest levels of secrecy;

– For information which contain or are prepared based on classified information of other country or international organization, with which the Republic of Slovenia concluded an international agreement on the exchange or transmitting of classified information.　

– For information which contain or are prepared based on tax procedures, transmitted to the bodies of the Republic of Slovenia by a body of a foreign country;

– For information from point 4 of paragraph 1 of this Article;

– For information from point 5 of paragraph 1 of this Article, unless the tax procedure is final or the person liable for tax discovered the liability in the tax return and did not pay the tax in the prescribed time.

(3) Without prejudice to the provisions in the first paragraph, the access to the requested information is sustained:

– if the considered is information related to the use of public funds or information related to the execution of public functions or employment relationship of the civil servant, except in cases from point 1. and points 5. to 8. of the first paragraph and in cases when the Act governing public finance and the Act governing public procurement stipulate otherwise;

– if the considered is information related to environmental emissions, waste, dangerous substances in factory or information contained in safety report and also other information if the Environment Protection Act so stipulates.

(4) If the applicant holds, that information is denoted classified in violation of the Act governing classified data, he can request the withdrawal of the classification according to the procedure from the Article 21 of this Act.

(5) The body can choose not to provide the applicant with the requested information, if the latter is available in freely accessible public registers or is in another way publicly accessible (publication in an official gazette, publications of the body, media, professional publications, internet and similar), and can only issue instructions as to the location of the information.

(6) The body shall deny the applicant's request to re-use information if the request relates to:

1. Information from the paragraph 1 of this Article, or

2. Information protected by the intellectual property rights of third parties, or

3. information held by bodies performing public services of public radio-television or bodies performing public service in fields of education, research and cultural activities, or

4. Information, for which another Act stipulates accessibility only to authorized persons.

Article 7.- (Partial access)

If a document or a part of a document contains only a part of the information referred to in the preceding Article, which may be excluded from the document without jeopardizing its confidentiality, an authorized person of the body shall exclude such information from the document and refer the contents or enable the re-use of the rest of the document to the applicant.

Article 8.- (Catalogue of public information)

(1) Each body shall be obliged to continuously maintain and make public in an appropriate manner (official bulletin of the body, World Wide Web, etc.), as well as submit to the applicant for consultation on the spot, the catalogue of public information partitioned into content blocks held by the body.

(2) The Ministry is obliged to regularly maintain and on the internet publish the state catalogue of public information, containing the information of individual bodies from the previous paragraph.

Article 9.- (Appointment of an official)

(1)Each body shall appoint one or more officials competent for the transmission of public information.

(2)Without prejudice to the provision in the preceding paragraph, several bodies may jointly appoint one or more officials competent for the transmission of public information.

Article 10.- (Transmission of information to the World Wide Web)

(1)Each body is obliged to transmit to the World Wide Web the following public information:

1. Consolidated texts of regulations relating to the field of work of the body, linked to the state register of regulations on the Web;

2. Programmes, strategies, views, opinions and instructions of general nature important for the interaction of the body with natural and legal persons and for deciding on their rights or obligations respectively, studies, and other similar documents relating to the field of work of the body;

3. Proposals for regulations, programmes, strategies, and other similar documents relating to the field of work of the body;

4. All publications and tendering documentation in accordance with regulations governing public procurements;

5. Information on their activities and administrative, judicial and other services;

6. All public information requested by the applicants at least three times;

7. Other public information.

(2)Each body should facilitate, free of charge, access to information referred to in the preceding paragraph.

(3) The Ministry also enables access to information from the first paragraph via the joint government portal e-uprava.

Article 11.- (Government regulation)

The Government shall provide in detail what shall be considered as information from the document that is in the process of being drawn up (point 9 of the first paragraph of Article 6 of this Act), methods of preparation and publication of the catalogue of public information (Article 8 of this Act), types of information referred to in point 7 of the first paragraph of the preceding Article and methods of transmission of information to the World Wide Web.

IV. – REQUEST FOR ACCESS OR RE-USE PROCEDURE

Article 12.- (Request)

The applicant requests access to public information by way of written request for access to or the re-use of public information, he can also issue an informal request.

Article 13.- (Legal protection)

The applicant who files a written request for access to or the re-use of public information shall enjoy legal protection.

1.- Oral request for access to public information

Article 14.- (Informal request)

(1)If the applicant requests access to or re-use of public information by way of informal request, the body is obliged to ensure the applicant access to or re-use of public information, except in the case of information referred to in paragraph 1 or 6 of the Article 6 of this Act.

(2)If the body sustains a request, it shall forthwith enable the applicant to get acquainted with the contents of the requested information by way of submitting to him the information for consulting it on the spot or by ensuring him a transcript, a copy or an electronic record of such information or the re-use thereof.

(3)If the applicant requests that the information be submitted to him for the consultation on the spot, the body is obliged to ensure the applicant the consultation on the spot in such a manner that the applicant shall have enough time to get acquainted with its contents.

(4) Informal request from the first paragraph is not considered as an administrative procedure request within the meaning of the Act governing general administrative procedure.

2.- Written request for public information

Article 15.- (Rules of procedure)

(1)The bodies shall decide about a written request (hereinafter referred to as «the request») for access to public information in the procedure provided by this Act.

(2)For (the) questions concerning the procedure with written request, which are not governed by this Act, the provisions laid down in the Act governing general administrative procedure shall apply.

Article 16.- (Filing the request)

(1)The applicant shall file a request for access to public information with the body which is considered by the applicant to hold such information.

(2)In filing a request for information referred to in the preceding paragraph in electronic form, the provisions of the Act governing electronic commerce and signature shall apply.

Article 17.- (Required contents of request)

(1) The request must contain the indication of the body with which it is being filed, the personal name, company or the name of the legal entity, the indication of the potential representative or the plenipotentiary, as well as the address of the applicant, or the address of his representative or plenipotentiary.

(2) In his request for access to public information, the applicant must specify:

1. The information he wishes to get acquainted with,

2. The way he wishes to get acquainted with the contents of the requested information (consultation on the spot, a transcript, a copy, an electronic record).

(3) The applicant is not required to give the legal grounds for the request or expressly characterize it as a request for the access to public information. If it is evident from the nature of the request that the latter concerns access to public information under this Act, the body shall consider the request pursuant to this Act.

(4) In his request for the re-use of public information the applicant must specify:

1. The information he wishes to re-use,

2. The way he wishes to acquire the contents of the requested information (classical or electronically record and usually also the form and carrier of the record);

3. The purpose he wishes to re-use the information for (commercial or noncommercial purposes)

Article 18.- (Supplementing the request)

(1)If the request is incomplete and, hence, the body cannot deal with it, the body must invite the applicant to supplement it within the time limit laid down by the body. The time limit may not be less than 3 working days.

(2)Official referred to in Article 9 of this Act is obliged to provide the applicant with the appropriate assistance in supplementing the request.

(3)If the applicant does not supplement the request within the time limit laid down in the first paragraph, or if the request does not fulfill the conditions set out in Article 17 of this Act even following its supplementation and, hence, the body cannot deal with it, the body shall act in accordance with the Article 19 of this Act.

Article 19.- (Dismissal of the Request)

The body shall dismiss the request by order, if the procedural conditions laid down in Articles 17 and 18 of this Act are not fulfilled.

Article 20.- (Conduct of the body in cases when it does not hold the requested information)

If the body, which has received the request, does not hold the requested information, it must immediately, and at the latest within the time limit of 3 working days beginning from the day of receiving the request, assign the request to the body which is, in relation to the contents of the request, competent for resolving the request, and notify (about that) the applicant.

Article 21.- (Deciding on the request)

(1) A representative or an official referred to in Article 9 of this Act shall conduct and decide on the procedure regarding a request for or re-use of access to public information within the body, according to the provisions of the Act governing general administrative procedure.

(2) When the applicant in his request appeals to the prevailing public interest for the disclosure according to second paragraph of the Article 6 of this Act or if the representative or the official judges, this provision has to be used, the matter is, based on the　 suggestion of the representative, decided on by the:　

– Government, when the body liable is a government administration body, public prosecutor's office, attorney general's office, entity of public law, the founder of which is the state, public powers holder or public service contractor on a state level;

– Supreme Court, when the body liable is a court;

– Council of local self-governing community, when the body liable is a body of local self-governing community, entity of public law, the founder of which is a self-governing community, public powers holder or public service contractor on a local self-government level.

– The body itself, when not one of the bodies stated in the previous indents

(3) Provisions on procedure and jurisdiction from the previous paragraph also apply for a request for withdrawal of the classification according to the fourth paragraph of Article 6 of this Act.

(4) In the case referred to in the second and third paragraph of this Article an appeal is allowed in accordance with Article 27 of this Act.

Article 22.- (Decision)

(1) If the body sustains a request for access, it shall not issue a special decision but it shall make an official note.

(2) If the body refuses the request for access, in whole or in part, it shall issue a written decision.

(3) If the body, in case of a request for re-uses of information, charges for the re-use or in accordance with this Act states other conditions, it shall issue a written decision.

(4) The decision to refuse shall also contain, among other components, the explanation of grounds for the refusal of the request, as well as a caution on legal remedy.

(5) If the body refuses the request, in whole or in part, in accordance with provision of point 2 of paragraph 5 of Article 6 of this Act, it must in the decision state the person which disposes with the rights of intellectual property, or at least state the person from which the body acquired its scope of the rights of intellectual property.

(6) If the body does not ensure the applicant access to information within the time limit laid down in Article 23 of this Act, and if it does not render and serve the decision on the refusal of the request or the decision on sustaining of re-use of public information on the applicant, the request shall be deemed as refused by the body.

Article 23.- (Time limit for the decision)

The body shall decide about the applicant’s request immediately, and at the latest within the time limit of 20 working days beginning from the day of receiving the complete request.

Article 24.- (Exceptional circumstances)

(1) In cases when the body requires more time for the transmission of requested information due to the implementation of partial access to public information in accordance with the provisions laid down in Article 7 of this Act, or due to comprehensive documentation, it may extend the time limit laid down in the preceding Article for not more than 30 working days.

(2) The body is obliged to decide about the extension of the time limit, including the explanation of the grounds for the extension, by an order, which it shall serve on the applicant. The body is obliged to reach the decision at the latest within the time limit of 15 working days after the receipt of request.

(3) Appeal against the order referred to in the preceding paragraph is not possible.

(4) In the case when the provisions of second paragraph of Article 21 of this Act apply, the liable body shall submit a suggestion of the decision to the competent body within the time limit of 15 working days after the receipt of request, with the competent body deciding on the request within the time limit of further 15 working days, after the receipt of the suggestion of decision.

Article 25.- (Access to information)

(1)If the body sustains a request, it shall forthwith enable the applicant to get acquainted with the contents of the requested information by way of submitting to him the information for consultation on the spot or by ensuring him a transcript, a copy or electronic record of such information.

(2)If the requested information is protected in accordance with the Act governing copyright, the body, in the case referred to in the preceding paragraph, shall enable the applicant to get acquainted with the information by way of submitting to him the information for consultation on the spot.

(3)If the applicant requests the information to be submitted to him for consultation on the spot, the body is obliged to ensure the applicant (the) consultation on the spot in such a manner that the applicant has enough time to get acquainted with the contents of the information.

(4)If the applicant deems that the information obtained (, which he has become acquainted with,) is not the public information he had stated in his request, he may request from the body to ensure him acquaintance with the public information he had stated in his request. The body must decide about a request referred to in the preceding paragraph immediately, and at the latest within the time limit of 3 working days.

(5)The Government shall specify the methods of transmission of public information.

Article 26.- (Refusing a request)

The body may refuse the applicant’s request, in whole or in part, if it finds the requested information or document to be an exception under Article 6 of this Act.

3.- Appellate proceeding

Article 27.- (The right of appeal)

(1) The applicant has the right of appeal against the decision by which the body has refused the request, as well as against the order by which the body has dismissed the request.

(2) The applicant also has the right of appeal in the case referred to in the fourth paragraph of Article 25 or when the information received is not in the form, requested in accordance with the second and fourth paragraph of Article 17 of this Act.

(3) The Commissioner for Access to Public Information shall decide on the appeal.

(4) Appellate proceeding shall be implemented in accordance with the provisions laid down in the Act governing general administrative procedure.

Article 28.- (The Commissioner for Access to Public Information) – Deleted; See the Information Commissioner Act –

Article 29.- (Status of the Commissioner and dismissal of the Commissioner from office) – Deleted; See the Information Commissioner Act –　　

Article 30.- (Professional service of the Commissioner) – Deleted; See the Information Commissioner Act –

V.- JUDICIAL PROTECTION

Article 31.- (Administrative dispute)

An administrative dispute may begin against the decision by the Commissioner in accordance with the statute.

VI.- PROMOTION AND COUNSELING IN RELATION TO ACCESS TO AND RE-USE OF PUBLIC INFORMATION　

Article 32.- (Tasks of the Ministry)

(1) The Ministry shall perform promotional and developmental tasks in relation to access to public information.

(2) Tasks of the Ministry referred to in the preceding paragraph are in particular (as follows):

1. Informing the public about the means and conditions for the access to public information;

2. Providing counseling to other bodies in relation to the application of the provisions of this Act;

3. Other promotional and developmental tasks.

(3) The Ministry performs inspection and supervision over the implementation of this Act.

(4) The Commissioner is within the frame of the appellate proceeding competent also for the supervision over the implementation of this Act and executive acts based on the Act.　

Article 33.- (Citizens’ Rights Ombudsman)

Deleted (Official gazette, nº 61/05)

(Footnote (1))

Citizens’ Rights Ombudsman is also competent, in accordance with the statute, for the protection of the right of access to public information as a special domain.

VII.- COST AND OTHER CONDITIONS FOR TRANSMITTING AND RE-USE OF PUBLIC INFORMATION

Article 34.- (Cost of the transmission of information)

(1) Consultation on the spot of the requested information shall be free of charge.

(2) The body may charge the applicant the material costs for the transmission of a transcript, copy or electronic record of the requested information.

Article 34a.- (Price and other requirements for re-use of information)

(1) The body can charge for the re-use of information for commercial purposes, except in case of re-use for the purpose of providing information, ensuring the freedom of expression, culture and art and media's re-use of information.

(2) The price may not exceed the costs of collecting, producing, reproducing, and disseminating, together with a reasonable return on investment. The price must be adjusted for cost-effectiveness, set within a common accounting period and consistent with applicable accounting principles of the body concerned. The cost calculation method for the price is itself public information, and the body must in accordance with this Act, transmit it to every applicant which so requests.

(3) The body does not charge for the re-use of information if it transmits the same information to the internet free of charge.

Article 35.- (Government regulations)

(1) The Government shall prescribe an indicative cost schedule, on the basis of which the body shall define its own cost schedule in accordance with which it shall charge material costs referred to in the Article 34.

(2) The Government shall prescribe detailed measures and conditions for establishing the price from the Article 34a.

Article 36.- (The publication of cost schedule and price)

(1)Any body must publish the cost schedule referred to in the preceding Article as well as submit it for consultation on the spot to any applicant.

(2) The body usually transmits all conditions on re-use of information, the price from the first paragraph of Article 34a, as well as the cost calculation method which he will consider with special requests into the internet in advance.

(3) The body is obliged to notify the applicant on the payment of costs and, if the applicant so demands gives the applicant an advanced notification on the amount (of costs) charged for the transmission of information.

(4) If the applicant’s request relates to information of greater scope, the body may require from the applicant an advanced deposit of the assessed amount for the full coverage of the costs of information transmission.

Article 36. a.- (Non-discrimination)

(1) The price from the Article 34a or other applicable conditions for the re-use of documents shall be non-discriminatory for comparable categories of re-use.

(2) If documents are re-used by a public sector body as input for its commercial activities which fall outside the scope of its public tasks, the same charges and other conditions shall apply to the supply of the documents for those activities as apply to other users.

(3) The re-use of information shall be allowed and open to all applicants at the same price and under the same conditions. The number of applicants to which a body grants the right to re-use shall not be limited. The body will not with a contract or any other agreement or decision grant an applicant such re-use of information, which would exclude the re-use of information by other users.

(4) Without prejudice to the provision in the preceding paragraph a public sector body can grant an exclusive right for the re-use of information, if this is unavoidably necessary for the provision of a public service or other services in the public interest. The validity of the reason for granting such an exclusive right shall be subject to regular review, and shall, in any event, be reviewed every three years. The applicant can appeal the decision of the public sector body.

(5) All prescribed data on granting and reviewing of the exclusive arrangements on the re-use of information shall be transmitted to the Commissioner and made public by the body. The Commissioner manages a record of all exclusive rights granted.

(6) The Government shall provide in detail the conditions on re-use of information and granting of exclusive rights from the fourth paragraph of this Article as well as the content and the manner of publication and the related record keeping.

VIII.- REPORTING

Article 37.- (Annual reports)

(1) State and local government bodies are obliged to draw up an annual report on the implementation of this Act and submit it to the Ministry by 31 January for the previous year.

(2) The government shall provide the prescribed report content referred to in the preceding paragraph.

(3) The Government shall draw up a joint annual report on the implementation of this Act, based on the received reports referred to in the first paragraph of this Article, by 31 March for the previous year, and submit it to the National Assembly of the Republic of Slovenia into reading.

Article 38.- (Adopting and publishing the joint annual report)

The joint annual report referred to in the third paragraph of the preceding Article, shall be read and adopted by the National Assembly of the Republic of Slovenia, which shall publish it in the Official Gazette of the Republic of Slovenia, as well as on the World Wide Web.　

IX.-PENAL PROVISIONS

Article 39.- (Liability for misdemeanor)

(1) A fine of at least SIT 250.000 shall be imposed upon a person for the misdemeanor of destruction of a document, a case, a dossier, a register, a record or a documentary material containing public information, with the intention of making such information inaccessible to the public.

(2) A fine of at least SIT 350.000 shall be imposed upon a responsible person of the body for the misdemeanor of destruction of a document, a case, a dossier, a register, a record or a documentary material containing public information, with the intention of making such information inaccessible to the public.

(3) A fine of at least SIT 150.000 and at most SIT 300.000 shall be imposed upon an official of the body for the misdemeanor, if this person does not, without justification, transmit the requested public information within the prescribed time limit or does not publish the catalogue of public information or in a larger extent other prescribed information or does not submit the annual report from first paragraph of Article 37 of this Act in the prescribed deadline.

(4) A fine of SIT 150.000 to SIT 300.000 shall be imposed upon an individual, and a fine of SIT 300.000 to SIT 3.000.000 upon a legal person or an entrepreneur, who re-uses the public information for commercial purposes, for which the body charges a price or states other conditions and the body did not allow such re-use.

X.- TRANSITORY AND FINAL PROVISIONS

Article 40.- (Commencement of the work of the Commissioner)

The Commissioner shall commence with his work by September 2003 at the latest.

Article 41.- (Regulations and other Government acts)

(1)The Government shall publish a catalogue referred to in the second paragraph of the Article 1 of this Act at the latest within six months following the entry into force of this Act.

(2) The Government shall issue the regulations laid down in Article 11 and the fifth paragraph of Article 25 of this Act at the latest within four months following the entry into force of this Act.

(3) The Government shall issue the cost schedule referred to in Article 35 of this Act at the latest within six months following the entry into force of this Act.

Article 42.- (Acts by the bodies)

(1) The bodies shall draw up the catalogues referred to in Article 8 of this Act within one year following the entry into force of the regulation laid down in Article 11 of this Act.

(2) The bodies shall publish the cost schedule referred to in Article 35 of this Act at the latest within one month following its entry into force.

Article 43.- (Nomination of the person responsible)

The bodies shall nominate the officials referred to in Article 9 of this Act at the latest within three months following its entry into force.

Article 44.- (Transmission of the documents to the World Wide Web)

The bodies are obliged, at the latest within six months following the entry into force of the regulation laid down in Article 11 of this Act, to transmit to the World Wide Web the public information referred to in Article 10 of this Act.

Article 45.- (Expiration)

On the date of entry into force of this Act, the first paragraph of Article 38 and the first paragraph of Article 40 of the Act governing archives material and archives (Official Gazette of the Republic of Slovenia, nº 20/97 and 32/97 – corrigendum) shall cease to be in force.

Article 46.- (Effective date of the Act)

This Act shall enter into force on the fifteenth day after its publication in the Official Gazette of the Republic of Slovenia.

Ljubljana, 25 February 2003.

——————————————————　

(1) Act on revisions and additions to the Act on access to public information (ZDIJZ-A) (Official gazette of RS, nº 61-2663/2005), published 30.6.2005, valid from 15.7.2005, stipulates also:

«Article 31

(1) Contracts and other arrangements in existence on the day of entry into force of this Act which grant exclusive re-use of public information to one or more persons and do not qualify under the conditions of the fourth paragraph of Article 36a shall be terminated at the end of the contract or in any case not later than 31st, December 2008.

(2) Until the passing of the Act which will regulate the Commissioner's organization, the number of Commissioner's expert and technical staff is regulated as the requirements of the working process dictate.

(3) Without prejudice to the provisions of the Act governing classified data, the Commissioner (government official) has, without a prior permission, access to classified data.

Article 32.- (Issue of regulations)

The government will within three months after the entry into force of this Act issue regulations referred to in the Articles 26, 28 and 29.»

Note: Articles 26, 28 and 29 of the Act on revisions and additions to the Act on access to public information (ZDIJZ-A) concern Articles 35, 36a and 37 of the Act on access to public information (ZDIJZ).

Act on the Protection of Privacy in Working Life 759/2004, 1 October 2004.

Chapter 1.- General provisions

Section 1.- Purpose of the act

The purpose of this Act is to promote the protection of privacy and other basic rights safeguarding the protection of privacy in working life.

Section 2.- Scope of application

(1) This Act lays down provisions on the processing of personal data about employees, the performance of tests and examinations on employees and the related requirements, technical surveillance in the workplace, and retrieving and opening employees’ electronic mail messages.

(2) The provisions of this Act concerning employees also apply to civil servants and any persons in a civil service relationship or comparable service relationship subject to public law, and, as appropriate, to job applicants.

(3) Processing of personal data is also subject to the Personal Data Act (523/1999) and the Act on the Protection of Privacy in Electronic Communications (516/2004), unless otherwise provided in this Act.

(4) Separate provisions shall be issued on the obligation of employees to undergo a health examination.

Chapter 2.- General requirements for processing personal data

Section 3.- Necessity requirement

(1) The employer is only allowed to process personal data directly necessary for the employee’s employment relationship which is connected with managing the rights and obligations of the parties to the relationship or with the benefits provided by the employer for the employee or which arises from the special nature of the work concerned.

(2) No exceptions can be made to the necessity requirement, even with the employee’s consent.

Section 4.- General requirements for collecting personal data about employees and the employer's duty to provide information

(1) The employer shall collect personal data about the employee primarily from the employee him/herself. In order to collect personal data from elsewhere, the employer must obtain the consent of the employee. However, this consent is not required when an authority discloses information to the employer to enable the latter to fulfil a statutory duty or when the employer acquires personal credit data or information from the criminal record in order to establish the employee's reliability.

(2) The employer shall notify the employee in advance that data on the latter is to be collected in order to establish his/her reliability. If information concerning the employee has been collected from a source other than the employee him/herself, the employer must notify the employee of this information before it is used in making decisions concerning the employee. The employer's duty to provide information and the employee's right to check the personal data concerning him/herself are also subject to other relevant provisions of the law.

(3) The collection of personal data during recruitment and during an employment relationship is governed by the cooperative procedure referred to in the Act on Cooperation within Undertakings (725/1978) and the Act on Cooperation in Government Departments and Agencies (651/1988).

Section 5.- Processing health information

(1) The employer has the right to process information concerning the employee's state of health only if the information has been collected from the employee him/herself, or elsewhere with the employee’s written consent, and the information needs to be processed in order to pay sick pay or other comparable health-related benefits or to establish whether there is a justifiable reason for absence or if the employee expressly wishes his/her working capacity to be assessed on the basis of information concerning his/her state of health. In addition, the employer has the right to process such information in the specific circumstances, and to the stipulated extent, separately provided elsewhere in the law.

(2) Information concerning the employee's state of health may only be processed by persons who prepare, make or implement decisions concerning employment relationships on the basis of such information. The employer shall nominate such persons or specify the tasks that involve processing of health-related information. Persons who process such information may not disclose any of it to a third party either during or after an employment relationship.

(3) A doctor’s certificate or statement concerning the employee’s working capacity given to the employer by the employee may, however, be supplied to the occupational health service provider for the purpose of carrying out the occupational health care duties laid down in the Occupational Health Care Act (1383/2001), unless the employee has forbidden this.

(4) The employer must store any information in his possession concerning the employee's state of health separately from any other personal data that he has collected.

Chapter 3.- Processing information on drug use

Section 6.- Drug test certificate

(1) The employer may only process information on the drug use testing of the employee which is contained in the drug test certificate supplied to the employer by the person concerned. The processing of the information is otherwise subject to the provisions of section 5(2-4).

(2) A drug test certificate means a certificate issued by a health care professional and laboratory designated by the employer stating that the employee has been tested for the use of a drug referred to in section 2 of the Narcotics Act (1289/1993) and containing a report based on the test stating whether the employee has used drugs for non-medicinal purposes in a manner that has impaired his/her working capacity or functional capacity.

(3) Drug tests and the certificates of such tests are subject to the provisions of section 19 of the Occupational Health Care Act.

Section 7.- Submission of a drug test certificate during recruitment

(1) The employer may receive or otherwise process information entered in a drug test certificate, subject to the consent of the applicant selected for the job, only if the applicant is to do the type of work that requires precision, reliability, independent judgement or quick reactions and if performing the work while under the influence of drugs or while addicted to drugs could:

1) endanger the life, health or occupational safety of the employee or other persons;

2) endanger national defence or state security;

3) endanger traffic safety;

4) increase the risk of significant environmental damage;

5) endanger the protection, usability, integrity and quality of information received while working and thus cause harm or damage to public interests protected by confidentiality provisions or endanger the protection of privacy or the rights of data subjects; or

6) endanger business and professional secrecy or cause more than a minor level of financial loss to the employer or a customer of the employer, provided that this could not be prevented by other means.

(2) The employer also has the right to process information with the job applicant’s consent, as referred to in subsection 1, in the event that:

1) the applicant is to carry out tasks in which special trust is required, in which work will be performed elsewhere than in premises supervised by the employer and in which the performance of duties while under the influence of drugs or while addicted to drugs may cause significant financial loss to a customer of the employer or endanger the customer’s personal safety;

2) the applicant is to carry out tasks which, on a permanent basis and to a material degree, include raising, teaching, caring for or otherwise looking after a minor, or other work involving personal interaction with a minor, and no other person is involved; or

3) the applicant is to carry out the type of tasks in which there is independent and uncontrolled access to drugs or a more than minor quantity of medicines that could be used for the purposes of intoxication.

(3) The provisions of subsections 1 and 2 also apply if the employee’s duties change during the employment relationship in such a way that they meet the preconditions referred to above concerning the employer’s right to process information entered in a drug test certificate.

(4) Provisions on the submission of a drug test certificate to the employer as a precondition for appointment to a civil service post are laid down in section 8b of the State Civil Servants Act (750/1994) and, in the case of recruitment to a public sector service relationship, in section 7 of the Act on Civil Servants in Local Government (304/2003). Provisions on comprehensive action programmes on alcohol and drugs are laid down in section 11 of the Occupational Health Care Act.

Section 8.- Submission of a drug test certificate during the employment relationship

(1) The employer may require the employee to present a drug test certificate during his/her employment relationship if the employer has justifiable cause to suspect that the employee is under the influence of drugs at work or that the employee has a drug addiction and if testing is essential to establish the employee’s working or functional capacity and the employee does the type of work that requires special precision, reliability, independent judgement or quick reactions and in which the performance of duties while under the influence of drugs or while addicted to drugs:

1) seriously endangers the life, health or occupational safety of the employee or other persons;

2) seriously endangers national defence or state security;

3) seriously endangers traffic safety;

4) could considerably increase the risk of significant environmental damage;

5) seriously endangers the protection, usability, integrity and quality of information received while working and could thus cause harm or damage to public interests protected by confidentiality provisions or endanger the protection of privacy or the rights of data subjects;

6) endangers business and professional secrecy of financial significance or could cause a significant financial loss to the employer or a customer of the employer, provided that this could not be prevented by other means; or

7) could significantly increase the risk of illegal trading in or spread of substances in the possession of the employer that are referred to in section 2 of the Narcotics Act.

(2) The employer may impose on the employee a reasonable deadline within which the certificate must be presented. Provisions on comprehensive action programmes on alcohol and drugs are laid down in section 11 of the Occupational Health Care Act.

(3) The employer also has the right to process information entered in a drug test certificate if, on the basis of a positive drug test result, the employee has pledged to undergo treatment for drug abuse and the processing of information in the certificate is related to monitoring progress with the treatment.

Section 9– The employer’s duty to provide information about a drug test certificate

The employer shall notify the job applicant in connection with the application procedure prior to the signing of an employment contract, or the employee prior to a change in the terms of his/her contract, that the nature of the job is such that the employer intends to process the information entered in a drug test certificate in accordance with section 7, or is such that the employer intends to require the employee to present a drug test certificate in accordance with section 8(2).

Section 10.- Cost of acquiring a certificate

The employer shall meet the cost of acquiring certificates referred to in this Chapter which are submitted to him.

Section 11.- Relation to the provisions on health examinations

The provisions of sections 7 and 8 will not prevent the taking of a drug test as part of the job applicant’s or employee’s health examination performed by the occupational health care unit under the Occupational Health Care Act, the State Civil Servants Act or the Act on Civil Servants in Local Government. Provisions on information to be entered in the certificate issued following a health examination under the Occupational Health Care Act shall be laid down separately.

Section 12.- Application of the provisions to professional athletes

The provisions of this Chapter do not apply to athletes in an employment relationship referred to in Chapter 1, section 1, of the Employment Contracts Act (55/2001).

Chapter 4.- Requirements concerning the undertaking of tests and examinations

Section 13.- Personality and aptitude assessments

(1) With the employee’s consent, he/she can be tested by means of personality and aptitude assessments to establish his/her capacity to perform the work in question or his/her need for training and other occupational development. The employer shall ensure that the assessment methods used are reliable, the persons conducting the assessment are experts, and the findings of the assessment are free from error. When checking that the findings are error-free, the assessment method used and the nature of the assessment method must be taken into account.

(2) Upon request, the employer or an assessor designated by the employer shall provide the employee concerned with a written statement on the assessment of the employee’s personality or aptitude free of charge. If the employer has received the statement orally, the employee must be informed of its content.

Section 14.- Use of health care services

(1) When carrying out employee health examinations and tests and taking samples, health care professionals, properly trained laboratory personnel and health care services must be used as laid down in the health care legislation.

(2) The provisions of subsection 1 also apply to alcohol and drug tests.

Section 15.- Genetic testing

The employer is not permitted to require the employee to take part in genetic testing during recruitment or during the employment relationship, and has no right to know whether or not the employee has ever taken part in such testing.

Chapter 5.- Camera surveillance in the workplace

Section 16.- Preconditions for camera surveillance

(1) The employer may operate a system of continuous surveillance within his premises based on the use of technical equipment which transmits or records images (camera surveillance) for the purpose of ensuring the personal security of employees and other persons on the premises, protecting property or supervising the proper operation of production processes, and for preventing or investigating situations that endanger safety, property or the production process. Camera surveillance may not, however, be used for the surveillance of a particular employee or particular employees in the workplace. Neither may camera surveillance be used in lavatories, changing rooms or other similar places, in other staff facilities or in work rooms designated for the personal use of employees.

(2) Notwithstanding subsection 1, the employer may, however, direct the camera surveillance at a particular work location in which employees are at work if the surveillance is essential for:

1) preventing an apparent threat of violence related to the work of the employee or an apparent harm or danger to the employee’s safety or health;

2) preventing or investigating property crimes if an essential part of the employee’s work is to handle property of high value or quality, such as money, securities or valuables; or

3) safeguarding the employee’s interests and rights, where the camera surveillance is based on the request of the employee who is to be the subject of the surveillance and the matter has been agreed between the employer and the employee.

Section 17.- Transparency when implementing camera surveillance

(1) When planning and implementing camera surveillance, the employer shall ensure that:

1) the potential for using other means that interfere less with the privacy of employees is investigated before the introduction of camera surveillance;

2) the privacy of employees is not interfered with more than is necessary for achieving the aim of the measures;

3) the use and other processing of recordings of people obtained through surveillance is planned and performed with due consideration to the provisions of sections 5-7, 10 and 32-34 of the Personal Data Act, irrespective of whether the recordings constitute a personal data file under that Act;

4) recordings are used only for the purpose for which the surveillance was carried out;

5) after the cooperative and consultative procedures referred to in section 21, employees are informed of when the camera surveillance will begin, how it will be implemented, how and in what situations any recordings would be used and, in situations referred to in section 16(2), the locations of the cameras; and

6) prominent notification of the camera surveillance and its method of implementation is displayed in the areas in which the cameras are located.

(2) Notwithstanding subsection 1(4) and section 21, the employer has the right to use recordings for:

1) substantiating the grounds for termination of an employment relationship;

2) investigating and substantiating harassment or molestation as referred to in the Act on Equality Between Women and Men (609/1986) or harassment and inappropriate behaviour as referred to in the Occupational Safety and Health Act (738/2002), provided that the employer has a justifiable reason to suspect that the employee is guilty of harassment, molestation or inappropriate behaviour; or

3) investigating an occupational accident or some other situation causing a danger or threat referred to in the Occupational Safety and Health Act.

(3) Recordings shall be destroyed as soon as they are no longer necessary for achieving the purpose of the camera surveillance, and no later than one year after the end of the recording. A recording may, however, be stored after this deadline if it is needed for completing the processing of a matter referred to in subsection 2 that emerged for investigation before the end of the maximum storage period or if the employer needs the recording to substantiate the appropriateness of terminating an employment relationship, or if there is some other special reason for keeping the recording.

Chapter 6.- Retrieving and opening electronic mail messages belonging to the employer

Section 18.- The employer’s obligations regarding necessary arrangements

(1) The employer has the right to retrieve and open electronic mail messages sent to an electronic mail address allocated by him for the use of the employee or electronic mail messages sent by the employee from such an address only if the employer has planned and arranged for the employee the necessary measures to protect electronic mail messages sent in the employee’s name or by the employee and, to this end, has specifically ensured that:

1) the employee can, with the aid of the electronic mail system’s automatic reply function, send notification to a message sender about his/her absence and the length of absence, and information about the person who is to take care of the tasks of the absent employee; or

2) the employee can direct messages to another person approved by the employer for this task or to another employer-approved address of the employee; or

3) the employee can give his/her consent to an arrangement whereby in his/her absence another person of his/her choosing and approved by the employer for the task can receive messages sent to the employee, with the aim of establishing whether the employee has been sent a message that is clearly intended for the employer for the purpose of managing the work and on which it is essential for the employer to have information on account of his operations or the appropriate organization of the work.

(2) The provisions of sections 19 and 20 constitute further preconditions for the retrieval or opening of the electronic mail messages referred to in subsection 1 above.

Section 19.- Retrieval of electronic messages belonging to the employer

(1) The employer has the right, assisted by the person vested with the authority of information system administrator, to find out on the basis of information concerning the message sender, recipient or title, whether the employee has, in his/her absence, been sent, or has sent or received immediately before the absence, messages belonging to the employer about which it is otherwise essential that the employer has information in order to complete negotiations concerning his operations or to serve customers or safeguard his operations, if:

1) the employee manages tasks independently on behalf of the employer and the employer does not operate a system with which the matters attended to by the employee and the processing stages involved are recorded or are otherwise ascertained;

2) it is evident, on account of the employee’s tasks and matters pending, that messages belonging to the employer have been sent or received;

3) the employee is temporarily prevented from performing his/her duties, and messages belonging to the employer cannot be obtained for his use despite the fact that the employer has seen to his obligations referred to in section 18; and

4) the employee’s consent cannot be obtained within a reasonable time and the investigation of the matter cannot be delayed.

(2) If the employee has died or if he/she is prevented in a permanent way from performing his/her duties and his/her consent cannot be obtained, the employer has the right, under the conditions laid down in subsection 1(1-2) and on the basis of information on the message sender, recipient or title, to find out if there are messages belonging to him, unless finding out about the matters attended to by the employee and safeguarding of the employer’s operations is possible by other means.

(3) If message retrieval does not lead to opening of the message, a report must be drawn up accordingly, signed by the persons involved and stating why the message was retrieved, the time it was retrieved and who performed the retrieval. The report shall be submitted to the employee without undue delay, unless otherwise provided by subsection 2. The information on the message sender, recipient or title may not be processed more extensively than necessary for the purpose of retrieving the message, and the persons processing the information may not disclose it to a third party during the employment relationship or after its termination.

Section 20.- Opening of electronic messages belonging to the employer

(1) If, on the basis of the information on the sender or recipient of an electronic message or the message title, it is apparent that a message sent to the employee or by the employee is clearly one that belongs to the employer and about whose content it is essential that the employer obtains information in order to complete negotiations concerning his operations or to serve customers or safeguard his operations, and the message sender and recipient cannot be contacted for the purpose of establishing the content of the message or for the purpose of sending it to an address indicated by the employer, the employer may, in cases referred to in section 19, open the message with the assistance of the person vested with the authority of information system administrator and in the presence of another person.

(2) A report about the opening shall be drawn up, signed by the persons involved, stating which message was opened, why it was opened, the time of opening, the persons performing the opening and to whom the information on the content of the opened message was given. The report shall be submitted to the employee without undue delay, unless otherwise provided by section 19(2). The opened message shall be stored, and its content and the information on the sender may not be processed more extensively than is necessary for the purpose of opening the message, nor may the persons processing the information disclose the content of the message to a third party during the employment relationship or after its termination.

(3) The person employed by the employer or a person acting on the instruction of the former, to whom the employee has directed his/her electronic mail in the manner referred to in section 18(1)(2) or who can, in the manner referred to in section 18(1)(3), and with the employee’s consent, receive messages sent in the employee’s name, has the right to open a message, complying with the provisions of subsection 2, unless the employee has given his/her consent to another procedure.

Chapter 7.- Miscellaneous provisions

Section 21.- Cooperation in organizing technical monitoring and data network use

(1) The purpose and introduction of and methods used in camera surveillance, access control and other technical monitoring of employees, and the use of electronic mail and other data networks, are governed by the cooperative procedure referred to in the Act on Cooperation within Undertakings and the Act on Cooperation in Government Departments and Agencies. In undertakings and in organizations subject to public law that are not governed by the legislation on cooperation, the employer must, before making decisions on these matters, reserve the employees or their representatives an opportunity to be consulted.

(2) After the cooperative or consultative procedures, the employer shall determine the purpose of the technical monitoring of employees and the methods used, and inform employees about the purpose and introduction of and methods used in the monitoring system, and about the use of electronic mail and the data network.

Section 22.- Supervision

Compliance with this Act shall be supervised by the occupational health and safety authorities together with the Data Protection Ombudsman.

Section 23.- Display

The employer shall display this Act for employees to view at the workplace.

Section 24.- Penal provisions

(1) An employer or his representative who deliberately or out of gross negligence

1) violates the provisions of sections 4(2) or 9 on the duty to provide information;

2) receives or otherwise processes information entered in an job applicant’s drug test certificate, contrary to the provisions of section 7;

3) requires the employee to present a drug test certificate or otherwise processes information entered in such a certificate, contrary to the provisions of section 8;

4) subjects the employee to personality or aptitude assessments without his/her consent or fails to confirm the reliability of the assessment methods, the expertise of the assessors or the freedom from error of the data from the assessments, contrary to the provisions of section 13(1);

5) violates the provisions of section 13(2) on provision of a written statement or provision of information on the content of an oral statement;

6) uses other than health care professionals, properly trained laboratory personnel or health care services, contrary to the provisions of section 14;

7) requires the employee to take part in genetic testing or acquires information about such testing taken by the employee, contrary to the provisions of section 15;

8) introduces camera surveillance, contrary to the provisions of section 16;

9) violates the provisions of section 17 on the transparency of camera surveillance;

10) retrieves, contrary to the provisions of section 19, or opens, contrary to the provisions of section 20, a message sent to or by the employee;

11) violates the provisions of section 21(2) on the duty to determine and inform; or

12) violates the provisions of section 23 on the displaying of this Act,
shall be sentenced to a fine for violating the Act on the Protection of Privacy in Working Life, unless a more severe penalty is provided elsewhere in the law.

(2) The penalties for a personal data file offence, computer break-in, illicit viewing, eavesdropping, message interception, violation of a confidentiality obligation, and an offence in public office are laid down in the Penal Code (39/1889).

Chapter 8.- Entry into force

Section 25.- Transitional provisions and entry into force

(1) This Act enters into force on 1 October 2004.

(2) If the employer’s obligations laid down in sections 4(3) and 21 of this Act are met in the manner laid down in sections 4(3) and 9 of the Act on the Protection of Privacy in Working Life in force at the time of the entry into force of this Act, the obligations will be considered to have been met in accordance with this Act. The employer’s obligations laid down in section 17 of this Act shall be met no later than six months after the Act’s entry into force.

Section 26.- Repealed provisions

(1) This Act repeals the Act of 8 June 2001 on the Protection of Privacy in Working Life (477/2001).

(2) If another act or decree contains a reference to the Act on the Protection of Privacy in Working Life that was in force at the time of the entry into force of this Act, the present Act shall instead apply.

Act Amending the Occupational Health Care Act 760/2004

Section 3.- Definitions

For the purposes of this Act:

6a) drug test means a test performed to ascertain the use of a drug referred to in section 2 of the Narcotics Act (1289/1993) and a report based on the test stating whether the job applicant or employee has used drugs for non-medicinal purposes;

Section 9.- Compensation for the costs of occupational health care

(2) The provisions of subsection 1 do not apply to the costs incurred in performing drug tests.

Section 11.- Occupational health care action plan and comprehensive action programme on alcohol and drugs

(4) If a job applicant or employee is to undergo a drug test referred to in section 3(1)(6a), the employer must have a written comprehensive action programme on alcohol and drugs, which must include the general goals of the workplace and the practices to be complied with in order to prevent the use of alcohol and drugs and to direct alcohol and drug abusers for treatment. The action programme may form part of the occupational health care action plan. Before the action programme can be approved, the jobs concerned must be discussed within the cooperation procedure as provided in the Act on Cooperation within Undertakings (725/1978) and the Act on Cooperation in Government Departments and Agencies (651/1988). In undertakings and in organizations subject to public law that are not governed by the legislation on cooperation, the employer must, before making decisions on these matters, reserve the employees or their representatives an opportunity to be consulted about the criteria for drug tests in each of the jobs concerned.

Section 13.- Duty of employee to attend a medical examination

(3) A general assessment of the employee’s state of health in relation to his duties or the duties planned for him must be entered in the certificate that is provided on the basis of the medical examination referred to in subsection 1(2) above.

Section 19.- Drug tests and drug test certificates

(1) A positive test result obtained from a drug test on a job applicant or employee shall be confirmed at a quality-controlled laboratory. Notwithstanding provisions laid down elsewhere in the law, the person tested is always entitled to a written copy of the test result.

(2) Provisions on the content of drug-test certificates are laid down in the Act on the Protection of Privacy in Working Life (759/2004). The certificate must be given to the person who was tested, who will then convey it to the employer.

(3) Further provisions on quality control of drug tests and on taking, analysing and interpreting samples necessary for the tests in a manner that accords with good occupational health care practice and with laboratory quality standards may be given by Government decree.
…
This Act enters into force on 1 October 2004. The employer obligations laid down in section 11(4) of the Act must be met within six months of the Act’s entry into force.

Act Amending Section 6 of the Act on Cooperation within Undertakings 761/2004

Section 6.- Matters covered by the cooperation procedure
The matters covered by the cooperation procedure are as follows:
…

8a) the purpose, implementation and methods used in employee monitoring performed using camera surveillance, access control and other technical methods, and the use of electronic mail and data networks;

8b) prior to the approval of a comprehensive action programme on alcohol and drugs referred to in section 11(4) of the Occupational Health Care Act (1383/2001), the tasks referred to in sections 7 and 8(1) of the Act on the Protection of Privacy in Working Life (759/2004), about which the job applicant or employee is obliged to provide, or may consent to provide, a drug test certificate to the employer;
…
This Act enters into force on 1 October 2004.

Act Amending Section 7 of the Act on Cooperation in Government Departments and Agencies
(762/2004)

Section 7.- Matters covered by the cooperation procedure
The matters covered by the cooperation procedure are as follows:
…
11a) the purpose, implementation and methods used in employee monitoring performed using camera surveillance, access control and other technical methods, and the use of electronic mail and data networks;

11b) prior to the approval of a comprehensive action programme on alcohol and drugs referred to in section 11(4) of the Occupational Health Care Act (1383/2001), the tasks referred to in sections 7 and 8(1) of the Act on the Protection of Privacy in Working Life (759/2004), about which the job applicant or the applicant for a civil service post or the employee or the civil servant is obliged to provide, or may consent to provide, a drug test certificate to the employer;
…
This Act enters into force on 1 October 2004.

Act Amending Sections 8b and 19 of the State Civil Servants Act 763/2004

Section 8b.- A precondition for appointment to a civil service post is that the person who has applied for the post or senior position must, at the request of the authority, provide information about his state of health in relation to performance of the duties in question and also, where necessary, undergo examinations and tests in order to clarify the matter. The person who has applied for the post or senior position can be required to supply a drug test certificate in situations referred to in section 7 of the Act on the Protection of Privacy in Working Life (759/2004) as a precondition for appointment to a civil service post. The provisions of section 19(2) apply to the payment of costs incurred in the examinations and tests.
…
Section 19.- At the request of the authority concerned, a civil servant is required to provide the authority with any information about his state of health in relation to performance of the duties in question. A civil servant may also be ordered to undergo examinations and tests to establish his state of health if this is necessary to ascertain whether he is fit to perform his duties. The provisions of section 8 of the Act on the Protection of Privacy in Working Life apply to the right to require a civil servant to supply a drug test certificate.
…
This Act enters into force on 1 October 2004.

Act Amending Sections 7 and 19 of the Act on Civil Servants in Local Government 764/2004

Section 7.- Establishing state of health
A precondition for employment as a municipal officeholder is that, at the request of the authority, the person to be employed provides information concerning his state of health in relation to performance of the duties in question to the authority making the employment decision, and, where necessary, also undergoes examinations and tests in order to clarify the matter. A person to be employed as a municipal officeholder can be required to present a drug test certificate in situations referred to in section 7 of the Act on the Protection of Privacy in Working Life (759/2004) as a precondition for appointment as a municipal officeholder. The necessary costs incurred in the examinations and tests ordered by the employer will be met by the employer.
…
Section 19.- Provision of health information
In addition to the provisions of the Occupational Health Care Act (1383/2001), a municipal officeholder is required, at the request of the employer, to provide the latter with the necessary information concerning his state of health in relation to performance of the duties in question in order to establish his working and functional capacity. A municipal officeholder is also required, on the order of the employer, to undergo examinations and tests to establish his state of health if this is necessary to ascertain whether he is fit to perform his duties. Before issuance of the order, the municipal officeholder shall be reserved an opportunity to be consulted. Provisions of the Act on the Protection of Privacy in Working Life apply to the right to require a civil servant to present a drug test certificate. Provisions on a patient’s right of self-determination are laid down in section 6 of the Act on the Status and Rights of Patients (785/1992).
…
This Act enters into force on 1 October 2004.

Directiva nº 001-2004/CONSUCODE/PRE, de 15 de enero de 2004. Reporte de información sobre procesos de selección y sus contratos al sistema de información de Contrataciones y adquisiciones del Estado (SIACE).

I) FINALIDAD.

Precisar y uniformizar criterios para la remisión de la información sobre los diferentes procesos de selección y sus respectivos contratos que deberán reportar las Entidades Públicas sujetas al ámbito de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, al Sistema de Información sobre Contrataciones y Adquisiciones del Estado administrado por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE, así como definir los medios en que éstas deben remitir dicha información en cumplimiento de la normativa vigente.

II) OBJETIVO.

Puntualizar las obligaciones de las Entidades del Sector Público sujetas a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, a efecto de implementar una base de datos sobre todos los procesos de selección y sus respectivos contratos para su difusión en el ámbito nacional; uniformizar su contenido y establecer el procedimiento de remisión y registro en el Sistema de Información sobre Adquisiciones y Contrataciones del Estado que administra CONSUCODE.

III) ALCANCE.

La Presente Directiva es de cumplimiento obligatorio por las Entidades comprendidas en el Artículo 2° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, bajo responsabilidad administrativa del Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda.

IV) BASE LEGAL.

a) Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo nº 012-2001-PCM.

b) Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo nº 013-2001-PCM.

c) Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo nº 021-2001-PCM.

d) Decreto Supremo nº 031-2002-PCM mediante el cual se aprueban los Lineamientos de Políticas Generales del Desarrollo del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

e) Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo nº 043-2003-PCM;

f) Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo nº 072-2003-PCM;

V) DISPOSICIONES GENERALES.

1. En cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado administra, a partir del año 2002, el Sistema de Información sobre Adquisiciones y Contrataciones del Estado, el mismo que tiene como objeto registrar toda la información concerniente a los diferentes procesos de selección que realicen las Entidades del Estado bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, así como de sus respectivos contratos.

2. Dicho Sistema tiene como finalidad recopilar toda la información recogida por CONSUCODE a través de los distintos medios de comunicación, principalmente de las publicaciones realizadas en el Diario Oficial «El Peruano» y las informaciones proporcionadas por las propias Entidades a través de medios de comunicación convencionales, así como por medios magnéticos y electrónicos.

3. Dicha información es procesada y registrada en el Sistema administrado por CONSUCODE y difundida a través de su página Web, encontrándose a disposición de todos los interesados.

4. El registro de los datos concernientes a los diferentes procesos de selección que realicen las Entidades del Estado constituye un paso previo a la implementación y ejecución del Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y desde ya permitirá la uniformación documental y de compatibilización de procedimientos que faciliten la progresiva sustitución de los medios manuales por los medios electrónicos de contratación.

VI) DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.

1. De la obligatoriedad del remitir la información

Todas las Entidades sujetas a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado están en la obligación de reportar la información relacionada con sus adquisiciones y contrataciones en el Sistema de Información sobre Adquisiciones y Contrataciones del Estado, bajo responsabilidad del Titular del Pliego o de la máxima autoridad administrativa, según corresponda.

Las Entidades sólo podrán convocar y realizar procesos de selección a través de licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones directas públicas y selectivas, y adjudicaciones de menor cuantía, que hayan sido previamente incluidos y aprobados en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado y registrados en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Es más. No se podrá suscribir contrato alguno si no se ha realizado previamente el proceso de selección correspondiente y éste haya sido registrado en el Sistema de Información sobre Contrataciones y Adquisiciones del Estado, administrado por CONSUCODE

Para el efecto, el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda, establecerá la dependencia y funcionarios responsables de realizar dicha actividad.

Los órganos desconcentrados u otros órganos funcionales que, de acuerdo a la normativa, puedan adquirir o contratar en forma directa, reportarán directamente al CONSUCODE a través de su respectiva dependencia de logística.

2. De la información a reportar

La información a ser reportada de forma obligatoria al Sistema, para su difusión a nivel nacional, será la siguiente:

a) Instrumento que aprueba o autoriza la realización del proceso de selección;

b) Instrumento que designa la conformación del Comité Especial;

c) Instrumento que aprueba las Bases del proceso de selección;

d) Aviso de convocatoria;

e) Bases del proceso de selección;

f) Pliego de Absolución de Consultas;

g) Pliego de Absolución de Observaciones;

h) Bases integradas;

i) Otorgamiento de buena pro y cuadro comparativo;

j) Contrato u orden de compra o de servicio, según corresponda;

k) Otros actos:

i) Aviso de prórroga;

ii) Instrumento que cancela el proceso de selección;

iii) Instrumento que declara desierto el proceso de selección;

iv) Instrumento que aprueba la exoneración del proceso de selección;

v) Instrumento que declara la nulidad de oficio del proceso de selección;

vi) Fe de Erratas.

3. Del registro de las convocatorias a procesos de selección.

El Registro contendrá todas las adquisiciones y contrataciones sin excepción, incluyendo las que se ejecuten dentro del marco de convenios internacionales, las que se convocarán mediante el Sistema de Evaluación Internacional de Procesos, a que se refiere el Decreto Ley nº 25.565, y aquellas que tengan financiamiento externo y se encuentren comprendidas en el artículo 49° de la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.

El CONSUCODE facilitará los mecanismos para que cada Entidad remita o ingrese directamente la información al Sistema de Información de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

4. Del procedimiento de reporte de información

La información a que se refiere la presente Directiva deberá remitirse al Sistema de Información sobre Contrataciones y Adquisiciones del Estado, al cual se puede acceder a través de la página electrónica del CONSUCODE: http:\www.consucode.gob.pe, para lo cual la Entidad debe tramitar ante el CONSUCODE la creación de un usuario para el acceso al Sistema de Información sobre Contrataciones y Adquisiciones del Estado. En tal sentido, el Titular del Pliego, la máxima autoridad administrativa o el órgano o funcionario que cuenta con facultades suficientes, deberá remitir al CONSUCODE el nombre, cargo, teléfono, fax y correo electrónico de la persona responsable de la remisión de la información señalada. En respuesta, CONSUCODE notificará al correo electrónico indicado, el usuario y la contraseña inicial para la persona designada.

En caso que la Entidad ya cuente con usuario y contraseña para publicar su Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, no será necesario seguir este procedimiento, puesto que podrá ingresar directamente al Sistema de Información sobre contrataciones y Adquisiciones del Estado, haciendo uso de dichos usuario y contraseña.

Una vez efectuada la remisión de la información sobre al Sistema de Información sobre Contrataciones y Adquisiciones del Estado, no será necesaria la remisión de dicha información por medio escrito.

Excepcionalmente, en caso de imposibilidad para realizar el envío de la información por vía electrónica al Sistema de Información sobre Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la Entidad podrá remitirla por medio magnético (disquete de 3½»), siempre en el formato Word o, en su defecto, ZIP; sin perjuicio de acompañar el documento físico respectivo que acredite la veracidad de lo indicado en los archivos digitales, debidamente visado por el órgano o funcionario responsable.

La excepción prevista en el párrafo precedente únicamente es aplicable para las Municipalidades Distritales ubicadas fuera de las provincias de Lima y Callao, previa aprobación por escrito del CONSUCODE. A tal efecto, la Entidad deberá remitir una solicitud suscrita por el Alcalde Distrital en la que señale, bajo responsabilidad, la imposibilidad de su representada de acceder directa o indirectamente a Internet, su domicilio y un número de fax a los que se remitirá cualquier documentación. CONSUCODE evaluará en cada caso la procedencia de la solicitud y remitirá una comunicación en la que autorice la remisión de la información por medio magnético. La sola remisión de la solicitud por parte de la Municipalidad no supone su aceptación por el CONSUCODE.

La remisión de la información, es de responsabilidad del Titular del Pliego Presupuestario o de la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda, así como del funcionario que hubiese solicitado la creación de un usuario y de aquel que hubiera remitido la correspondiente información.

La información remitida por las Entidades al CONSUCODE, tiene el carácter de declaración jurada y está sujeta a las responsabilidades legales correspondientes. La simple presentación de la mencionada información no implica la convalidación o conformidad de la información reportada que no se ciña a lo dispuesto en la presente Directiva.

En el caso de la información que sea remitida por medio magnético acompañada del documento físico, la Oficina de Trámite Documentario del CONSUCODE verificará el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, observando, de ser el caso, los que no se ajusten a ella, a través de un sello en el cargo de recepción del documento en el que se indicará sus deficiencias, otorgando a la Entidad remitente un plazo de dos (2) días hábiles para su subsanación, bajo apercibimiento de tener por no presentada dicha información, conforme a lo dispuesto por el artículo 125º de la Ley nº 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Una vez verificado el cumplimento de lo dispuesto en la presente Directiva, el CONSUCODE difundirá la información remitida a través de su página electrónica.

En caso de detectarse defectos, omisión y/o fraude en la información remitida, los funcionarios encargados asumirán la responsabilidad que les asiste, conforme a la normativa vigente, sin perjuicio de poner el caso en conocimiento de la Contraloría General de la República.

VII) DISPOSICION FINAL

La presente Directiva es aplicable a los procesos a ser convocados a partir del primer día hábil de su publicación en el Diario Oficial «El Peruano».

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz

Artikel 1.- Hamburgisches Informationsfreiheitsgesetz (HmbIFG

§ 1.- Gesetzeszweck

Zweck dieses Gesetzes ist es, den freien Zugang zu den bei den in § 3 bezeichneten Stellen vorhandenen Informationen sowie die Verbreitung dieser Informationen zu gewährleisten und die grundlegenden Voraussetzungen festzulegen, unter denen derartige Informationen zugänglich gemacht werden sollen.

§ 2.- Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Informationen alle in Schrift-, Bild-, Ton- oder Datenverarbeitungsform oder auf sonstigen Informationsträgern bei  auskunftspflichtigen Stellen vorhandenen Aufzeichnungen;

2. Informationsträger alle Medien, die Informationen in Schrift-, Bild-, Ton- oder Datenverarbeitungsform oder in sonstiger Form speichern können;

3. Behörden alle Stellen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes; einer Behörde im Sinne dieser Vorschrift steht eine natürliche Person oder juristische Person des Privatrechts gleich, soweit sich die in § 3 Absatz 1 genannten Stellen dieser Person zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedienen oder dieser Person die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben übertragen wird;

4. auskunftspflichtige Stellen die in § 3 bezeichneten Stellen.

§ 3.- Anwendungsbereich

(1) Die Vorschriften über den Zugang zu Informationen gelten für die Behörden der Freien und Hansestadt Hamburg sowie ihre Anstalten, Körperschaften und Stiftungen öffentlichen Rechts, auch, soweit diese Bundesrecht oder Recht der Europäischen Gemeinschaften  ausführen.

(2) Ein Anspruch auf Informationszugang besteht nicht

1. gegenüber der Bürgerschaft, soweit sie im Rahmen der Gesetzgebung tätig geworden ist, sowie gegenüber dem Eingabenausschuss, Untersuchungsausschüssen, dem Kontrollausschuss zur parlamentarischen Kontrolle des Senats auf dem Gebiet des Verfassungsschutzes gemäß § 24 des Hamburgischen Verfassungsschutzgesetzes vom 7. März 1995 (HmbGVBl. S. 45), zuletzt geändert am 17. Februar 2009 (HmbGVBl. S. 29, 32), und der Kommission (G 10-Kommission) zur Durchführung des Gesetzes zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses der Hamburgischen Bürgerschaft;

2. gegenüber Gerichten, Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsbehörden sowie Disziplinarbehörden, soweit sie als Organe der Rechtspflege oder auf Grund besonderer Rechtsvorschriften in richterlicher Unabhängigkeit tätig geworden sind;

3. gegenüber dem Rechnungshof, soweit er in richterlicher Unabhängigkeit tätig geworden ist;

4. gegenüber dem Landesamt für Verfassungsschutz sowie gegenüber den Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen der Freien und Hansestadt Hamburg, soweit sie Aufgaben im Sinne des § 10 Nummer 3 des Hamburgischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes vom 25. Mai 1999 (HmbGVBl. S. 82), zuletzt geändert am 17. Februar 2009 (HmbGVBl. S. 29, 32), in der jeweils geltenden Fassung wahrnehmen;

5. für Vorgänge der Steuererhebung und Steuerfestsetzung sowie der Innenrevisionen der in Absatz 1 genannten Stellen einschließlich ihrer Berichte;

6. für Unterlagen, die Prognosen, Bewertungen, Empfehlungen oder Anweisungen in Zusammenhang mit der gerichtlichen oder außergerichtlichen Geltendmachung oder Abwehr von Ansprüchen enthalten;

7. für Informationen, die im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung der Arbeitsgruppe Scientology bei der Behörde für Inneres und Sport stehen;

8. soweit die in Absatz 1 genannten Stellen als Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen oder Grundlagen- oder anwendungsbezogene Forschung betreiben;

9. wenn Aufgaben wahrgenommen werden, die der Anerkennung und Beaufsichtigung von Stiftungen des bürgerlichen Rechts oder der Verwaltung von Beteiligungen der Freien und Hansestadt Hamburg an Unternehmen des privaten Rechts, soweit diese am Wettbewerb teilnehmen, dienen.

§ 4.- Informationsfreiheit

Jede natürliche Person und juristische Person des Privatrechts hat Anspruch auf Zugang zu den bei den in § 3 bezeichneten Stellen vorhandenen Informationen.

§ 5.- Ausgestaltung des Informationszugangsanspruchs

(1) Die auskunftspflichtigen Stellen haben grundsätzlich nach Wahl der antragstellenden Person Auskunft zu erteilen oder die Informationsträger zugänglich zu machen, die die begehrten Informationen enthalten.

(2) Handelt es sich um vorübergehend beigezogene Akten anderer öffentlicher Stellen, die nicht Bestandteil der eigenen Aufzeichnungen werden sollen, so weist die auskunftspflichtige Stelle auf diese Tatsache hin und nennt die für die Entscheidung über die Akteneinsicht zuständige Stelle.

(3) Die auskunftspflichtigen Stellen stellen ausreichende zeitliche, sachliche und räumliche Möglichkeiten für den Informationszugang zur Verfügung. Die Anfertigung von Notizen ist gestattet. Kann die auskunftspflichtige Stelle die Anforderungen von Satz 1 nicht erfüllen, stellt sie Kopien zur Verfügung. Die §§ 17 und 19 des Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes gelten entsprechend.

(4) Die auskunftspflichtige Stelle stellt auf Antrag Kopien der Informationsträger, die die begehrten Informationen enthalten, auch durch Versendung, zur Verfügung. Hat die antragstellende Person keine Auswahl zum Übermittlungsweg getroffen, ist regelmäßig die kostengünstigste Form der Übermittlung zu wählen.

(5) Soweit Informationsträger nur mit Hilfe von Maschinen lesbar sind, stellt die auskunftspflichtige Stelle auf Verlangen der antragstellenden Person maschinenlesbare Informationsträger einschließlich der erforderlichen Leseanweisungen oder lesbare Ausdrucke zur Verfügung.

(6) Die auskunftspflichtige Stelle kann auf eine Veröffentlichung insbesondere im Internet verweisen, wenn sie der antragstellenden Person die Fundstelle angibt.

§ 6.- Antragstellung

(1) Der Zugang zu Informationen wird auf Antrag gewährt. Der Antrag soll schriftlich gestellt werden; eine elektronische oder mündliche Antragstellung ist zulässig.

(2) Im Antrag sind die begehrten Informationen zu umschreiben. Sofern der antragstellenden Person Angaben zur Umschreibung der begehrten Informationen fehlen, hat die angerufene auskunftspflichtige Stelle sie oder ihn zu beraten.

(3) Der Antrag soll bei der auskunftspflichtigen Stelle gestellt werden, bei der die begehrten Informationen vorhanden sind. § 5 Absatz 2 bleibt unberührt. Ist die angerufene Stelle nicht die auskunftspflichtige Stelle, so hat die angerufene Stelle die nach Satz 2 zuständige Stelle zu ermitteln und der antragstellenden Person zu benennen.

(4) Im Fall des § 2 Nummer 3 zweiter Halbsatz besteht der Anspruch gegenüber derjenigen Behörde, die sich einer natürlichen Person oder juristischen Person des Privatrechts zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient. Im Falle der Beleihung besteht der Anspruch gegenüber dem Beliehenen.

§ 7.- Bescheidung des Antrages

(1) Die auskunftspflichtigen Stellen machen die begehrten Informationen unverzüglich, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Eingang des hinreichend bestimmten Antrags bei der Stelle zugänglich.

(2) Die Ablehnung eines Antrags oder die Beschränkung des begehrten Zugangs zu Informationen ist innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist schriftlich bekannt zu geben und zu begründen. Wurde der Antrag mündlich gestellt, gilt Satz 1 nur auf ausdrückliches Verlangen der antragstellenden Person.

(3) Können die gewünschten Informationen nicht oder nicht vollständig innerhalb eines Monats zugänglich gemacht werden oder erfordern Umfang oder Komplexität eine intensive Prüfung, so kann die auskunftspflichtige Stelle die Frist auf zwei Monate verlängern. Die antragstellende Person ist über die Fristverlängerung unter Angabe der maßgeblichen Gründe schriftlich zu informieren. Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) Wird der Antrag nicht innerhalb der in Absatz 1 oder Absatz 3 genannten Frist beschieden, gilt dies als Ablehnung.

(5) Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden Gebühren, Zinsen und Auslagen nach dem Gebührengesetz vom 5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert am 11. Juli 2007 (HmbGVBl. S. 236), in der jeweils geltenden Fassung erhoben.

§ 8.-Schutz öffentlicher Belange und der Rechtsdurchsetzung

Der Antrag auf Zugang zu Informationen ist abzulehnen, soweit und solange

1. das Bekanntwerden der Informationen die internationalen Beziehungen, die Beziehungen zum Bund oder zu einem Land, die Landesverteidigung oder die innere Sicherheit nicht unerheblich gefährden würde;

2. durch die Bekanntgabe der Informationen der Verfahrensablauf eines anhängigen Gerichtsverfahrens, eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens oder eines Disziplinarverfahrens erheblich beeinträchtigt würde;

3. die Bekanntgabe der Informationen den Erfolg eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens gefährden würde;

4. wenn das Bekanntwerden der Information geeignet wäre, fiskalische Interessen der Freien und Hansestadt Hamburg im Wirtschaftsverkehr zu beeinträchtigen.

§ 9.- Schutz des Entscheidungsbildungsprozesses

(1) Der Antrag auf Zugang zu Informationen soll bis zur ersten Sachentscheidung abgelehnt werden für Entwürfe zu Entscheidungen sowie Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung.

(2) Nicht der unmittelbaren Vorbereitung dienen Unterlagen (insbesondere Gutachten, Stellungnahmen, Auskünfte, Ergebnisse von Beweiserhebungen), die lediglich in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht Grundlagen der zu treffenden Entscheidung bilden beziehungsweise noch einer Bewertung bedürfen, ohne ihrerseits Entscheidungsvorschläge zu enthalten.

(3) Der Antrag soll abgelehnt werden für Vorentwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs und alsbald vernichtet werden sollen, weil sie nicht erforderlich und geeignet sind, die getroffene Entscheidung sowie den maßgeblichen Entscheidungsprozess einschließlich der beteiligten Stellen nachvollziehbar und überprüfbar zu dokumentieren.

(4) Geheim zu halten sind Protokolle von Beratungen, deren Vertraulichkeit durch Rechtsvorschrift vorgesehen ist, einschließlich der sich im Besitz dieses Gremiums befindlichen Beratungsunterlagen, sowie Unterlagen, die durch die Verschlusssachenanweisung für die Behörden der Freien und Hansestadt Hamburg vom 9. November 1982 in der jeweils geltenden Fassung geschützt sind.

(5) Der Antrag auf Zugang zu Informationen kann abgelehnt werden, wenn das Bekanntwerden des Inhaltes der Informationen die Funktionsfähigkeit oder die Eigenverantwortung des Senats beeinträchtigt.

(6) Informationen, die nach Absatz 1 vorenthalten worden sind, sind spätestens nach Abschluss des jeweiligen Verfahrens zugänglich zu machen.

§ 10.- Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen

(1) Der Antrag auf Zugang zu Informationen ist abzulehnen, soweit durch die Übermittlung der Informationen ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart wird und die schutzwürdigen Belange der oder des Betroffenen das Offenbarungsinteresse der Allgemeinheit überwiegen.

(2) Soll Zugang zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen gewährt werden, so hat die auskunftspflichtige Stelle der oder dem Betroffenen vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

§ 11.- Schutz personenbezogener Daten

(1) Der Antrag auf den Zugang zu Informationen ist abzulehnen, soweit durch das Bekanntwerden der Informationen personenbezogene Informationen offenbart werden, es sei denn,

1. die Offenbarung ist durch Rechtsvorschrift erlaubt;

2. die Offenbarung ist zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Allgemeinwohl oder von Gefahren für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder sonstiger schwerwiegender Beeinträchtigungen der Rechte Einzelner geboten;

3. die oder der Betroffene hat in die Übermittlung eingewilligt oder die Einholung der Einwilligung der oder des Betroffenen ist nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich, und es ist offensichtlich, dass die Offenbarung im Interesse der oder des Betroffenen liegt;

4. die antragstellende Person trägt ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der begehrten Informationen substantiiert vor und überwiegende schutzwürdige Belange der oder des Betroffenen stehen der Offenbarung nicht entgegen.

(2) Soll Zugang zu personenbezogenen Informationen gewährt werden, so ist die oder der Betroffene über die Freigabe von Informationen zu unterrichten, falls dies nicht mit einem unvertretbaren Aufwand verbunden ist. Können durch den Zugang zu Informationen schutzwürdige Belange der oder des Betroffenen beeinträchtigt werden, so hat die auskunftspflichtige Stelle dieser oder diesem vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

§ 12.- Einwilligung der Betroffenen

In den Fällen der §§ 10 und 11 ersucht die auskunftspflichtige Stelle auf Verlangen der antragstellenden Person die Betroffene oder den Betroffenen um Einwilligung in die Freigabe der begehrten Informationen.

§ 13.- Beschränkter Informationszugang

Soweit und solange Informationen auf Grund der §§ 8 bis 11 nicht zugänglich gemacht werden dürfen, besteht Anspruch auf Zugang zu den übrigen begehrten Informationen. Soweit und solange eine Abtrennung nicht möglich ist, besteht Anspruch auf Auskunftserteilung.

§ 14.- Trennungsprinzip

Die Behörden sollen geeignete organisatorische Vorkehrungen treffen, damit Informationen, die dem Anwendungsbereich der §§ 8 bis 11 unterfallen, ohne unverhältnismäßigen Aufwand abgetrennt werden können.

§ 15.- Anrufung der oder des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit

(1) Eine Person, die der Ansicht ist, dass ihr Informationsersuchen zu Unrecht abgelehnt oder nicht beachtet worden ist oder dass sie von einer auskunftspflichtigen Stelle eine unzulängliche Antwort erhalten hat, kann die Hamburgische Beauftragte oder den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit anrufen. Diese oder dieser überwacht die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes bei den Stellen im Sinne des § 3.

(2) Berufung und Rechtsstellung der oder des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit richten sich nach §§ 21 und 22 des Hamburgischen Datenschutzgesetzes vom 5. Juli 1990 (HmbGVBl. S. 133, 165, 226), zuletzt geändert am 17. Februar 2009 (HmbGVBl. S. 29, 33), in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Die in § 3 Absatz 1 genannten Stellen sind verpflichtet, die Hamburgische Beauftragte oder den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit und ihre oder seine Beauftragten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Der oder dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ist dabei insbesondere

1. Auskunft zu ihren Fragen sowie die Einsicht in alle Unterlagen und Akten zu gewähren, die im Zusammenhang mit dem Informationsanliegen stehen;

2. Zutritt zu Diensträumen zu gewähren.

Besondere Amts- und Berufsgeheimnisse stehen dem nicht entgegen. Stellt der Senat im Einzelfall fest, dass durch eine mit der Einsicht verbundene Bekanntgabe von Informationen die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet ist, dürfen die Rechte nach Satz 2 nur von der oder dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit persönlich oder von ihr oder ihm schriftlich besonders damit Beauftragten ausgeübt werden.

(4) Die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit informiert die Bürgerinnen und Bürger über Fragen des Informationsfreiheitsrechts. Sie oder er berät den Senat und die sonstigen in § 3 Absatz 1 genannten Stellen in Fragen des Informationszugangs und kann Empfehlungen zur Verbesserung des Informationszugangs geben. Auf Ersuchen der Bürgerschaft, des Eingabenausschusses der Bürgerschaft oder des Senats soll die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Hinweisen auf Angelegenheiten und Vorgängen nachgehen, die ihren beziehungsweise seinen Aufgabenbereich unmittelbar betreffen. Auf Anforderung der Bürgerschaft, des Senats oder eines Viertels der Mitglieder der Bürgerschaft hat die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Gutachten zu erstellen und Berichte zu erstatten. Außerdem legt sie oder er mindestens alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht vor. Sie oder er kann sich jederzeit an die Bürgerschaft wenden. Schriftliche Äußerungen gegenüber der Bürgerschaft sind gleichzeitig dem Senat vorzulegen.

(5) Stellt die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Verstöße gegen dieses Gesetz bei nach § 3 informationspflichtigen Stellen fest, so fordert sie oder er diese zur Mängelbeseitigung auf. Bei erheblichen Verletzungen des Informationsfreiheitsrechts beanstandet sie oder er dies

1. im Bereich der Verwaltung und der Gerichte der Freien und Hansestadt Hamburg gegenüber dem für die Behörde oder das Gericht verantwortlichen Senatsmitglied, im Bereich der Bezirksverwaltung gegenüber dem für die Bezirksaufsichtsbehörde verantwortlichen Senatsmitglied;

2. im Bereich der der Aufsicht der Freien und Hansestadt Hamburg unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts und deren öffentlich-rechtlich organisierten Einrichtungen gegenüber dem Vorstand oder dem sonst vertretungsberechtigten Organ;

3. im Bereich der Bürgerschaft und des Rechnungshofes gegenüber der jeweiligen Präsidentin oder dem jeweiligen Präsidenten.

Sie oder er soll zuvor die betroffene Stelle zur Stellungnahme innerhalb einer von ihr oder ihm zu bestimmenden Frist auffordern und die zuständige Aufsichtsbehörde über die Beanstandung unterrichten. Mit der Feststellung und der Beanstandung soll die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Vorschläge zur Beseitigung der Mängel und zur sonstigen Verbesserung des Informationszugangs verbinden.(6) Werden die Mängel nicht fristgerecht behoben, richtet die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit eine weitere Beanstandung in den Fällen des Absatzes 5 Satz 2 Nummer 1 an den Senat, in den Fällen des Absatzes 5 Satz 2 Nummer 2 an die zuständige Aufsichtsbehörde.

(7) Vorschriften über den Rechtsschutz nach der Verwaltungsgerichtsordnung bleiben unberührt.

§ 16.- Ansprüche auf Informationszugang nach anderen Rechtsvorschriften

Rechtsvorschriften, die einen weitergehenden Zugang zu Informationen ermöglichen oder ihre Grundlage in besonderen Rechtsverhältnissen haben, bleiben unberührt.

Artikel 2.- Änderung des Hamburgischen Verfassungsschutzgesetzes

In § 8 Absatz 2 Satz 4 des Hamburgischen Verfassungsschutzgesetzes vom 7. März 1995 (HmbGVBl. S. 45), zuletzt geändert am 14. Dezember 2007 (HmbGVBl. 2008 S. 13, 16), wird die Textstelle «Dem Hamburgischen Datenschutzbeauftragten» durch die Textstelle «Der oder dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit» ersetzt.

Artikel 3.- Änderung des Hamburgischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes

Das Hamburgische Sicherheitsüberprüfungsgesetz vom 25. Mai 1999 (HmbGVBl. S. 82), zuletzt geändert am 14. Dezember 2007 (HmbGVBl. 2008 S. 13, 15), wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Absatz 4 Satz 1 Nummer 7 wird die Textstelle «die Hamburgische Datenschutzbeauftragte oder den Hamburgischen Datenschutzbeauftragten« durch die Textstelle «die Hamburgische Beauftragte bzw. den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit» ersetzt.

2. § 23 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

2.1 In Satz 1 wird die Textstelle «die Hamburgische Datenschutzbeauftragte oder den Hamburgischen Datenschutzbeauftragten» durch die Textstelle «die Hamburgische Beauftragte bzw. den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit« ersetzt und die Textstelle «der Hamburgischen Datenschutzbeauftragten oder dem Hamburgischen Datenschutzbeauftragten« wird durch die Textstelle «der bzw. dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit« ersetzt.

2.2 In Satz 2 wird die Textstelle «der Hamburgischen Datenschutzbeauftragten oder des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten« durch die Textstelle «der bzw. des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit« ersetzt.

Artikel 4.- Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Artikel 10-Gesetzes

§ 1 Absatz 5 des Gesetzes zur Ausführung des Artikel 10-Gesetzes vom 17. Januar 1969 (HmbGVBl. S. 5), zuletzt geändert am 14. Dezember 2007 (HmbGVBl. 2008 S. 13, 16), wird wie folgt geändert:

1. In Satz 2 wird die Textstelle «dem Hamburgischen Datenschutzbeauftragten« durch die Textstelle «dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit« ersetzt.

2. In Satz 3 wird die Textstelle «der Hamburgische Datenschutzbeauftragte« durch die Textstelle «der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit» ersetzt.

Artikel 5.- Änderung des Hamburgischen Beamtengesetzes

In § 135 Absatz 1 Nummer 2 des Hamburgischen Beamtengesetzes in der Fassung vom 29. November 1977 (HmbGVBl. S. 367), zuletzt geändert am 6. Februar 2008 (HmbGVBl. S. 63), wird die Textstelle «Hamburgischer Datenschutzbeauftragter» durch die Textstelle «Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit« ersetzt.

Artikel 6.- Änderung des Hamburgischen Besoldungsgesetzes

In der Anlage 1 des Hamburgischen Besoldungsgesetzes in der Fassung vom 22. Mai 1978 (HmbGVBl. S. 169, 203), zuletzt geändert am 9. September 2008 (HmbGVBl. S. 327), wird im Abschnitt Landesbesoldungsordnung B im Unterabschnitt Besoldungsgruppe 4 die Textstelle «Hamburgischer Datenschutzbeauftragter« durch die Textstelle «Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit» ersetzt.

Artikel 7.- Änderung des Hamburgischen Datenschutzgesetzes

Das Hamburgische Datenschutzgesetz vom 5. Juli 1990 (HmbGVBl. S. 133, 165, 226), zuletzt geändert am 18. November 2003 (HmbGVBl. S. 537, 539), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht erhält der Eintrag zum Vierten Abschnitt folgende Fassung: «Die bzw. der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit«.

2. In § 5 Absatz 1 Satz 4, § 10a Absatz 3 Satz 2, § 11 Absatz 2 Satz 2, § 12 Absatz 3 Satz 3, § 21 Absatz 1 Satz 2, § 21 Absatz 3 Satz 2, § 22 Absatz 1 Satz 1, § 22 Absatz 3 Satz 3, § 23 Absatz 1 Satz 3, § 23 Absatz 3 Satz 1, § 23 Absatz 3 Satz 5, § 25 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 wird jeweils die Textstelle «die bzw. der Hamburgische Datenschutzbeauftragte» durch die Textstelle «die bzw. der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit« ersetzt.

3. In § 12a Absatz 3 Satz 3 wird die Textstelle «der bzw. die Hamburgische Datenschutzbeauftragte« durch die Textstelle «der bzw. die Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit« ersetzt.

4. In § 5 Absatz 3 Satz 4, § 9 Absatz 3 Satz 1, § 10a Absatz 5 Satz 2, § 10a Absatz 5 Satz 3 Nummer 3, § 18 Absatz 6, § 21 Absatz 2, § 23 Absatz 1 Satz 2, § 23 Absatz 5 Satz 1, § 26 Absatz 1 wird jeweils die Textstelle «die Hamburgische Datenschutzbeauftragte bzw. den Hamburgischen Datenschutzbeauftragten« durch die Textstelle «die Hamburgische Beauftragte bzw. den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit» ersetzt.

5. In § 8 Absatz 4 Satz 3, § 10a Absatz 8, § 23 Absatz 6 Satz 1 und Absatz 7 Satz 1, § 26 Absatz 2 Satz 2, § 27 Absatz 2 Satz 2 wird jeweils die Textstelle «der bzw. dem Hamburgischen Datenschutzbeauftragten» durch die Textstelle «der bzw. dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit» ersetzt.

6. In § 3 Absatz 3 Satz 1, § 6 Absatz 1 Nummer 11, § 22 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 wird jeweils die Textstelle «der bzw. des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten» durch die Textstelle «der oder des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit» ersetzt.

7. Die Überschrift des Vierten Abschnitts erhält folgende Fassung: «Die bzw. der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit».

8. In § 21 Absatz 1 Satz 1 wird die Textstelle «eine Hamburgische Datenschutzbeauftragte oder einen Hamburgischen Datenschutzbeauftragten» durch die Textstelle «eine Hamburgische Beauftragte bzw. einen Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit» ersetzt.

9. In § 17 Absatz 3 Satz 4, § 21 Absatz 3 Satz 1, § 22 Absatz 2 Satz 4 und Absatz 3 Satz 1, § 23 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2, Absatz 4 Satz 1, § 25 Absatz 2 wird jeweils die Textstelle «Die bzw. der Hamburgische Datenschutzbeauftragte» durch die Textstelle «Die Hamburgische Beauftragte bzw. der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit» ersetzt.

10. In § 22 Absatz 2 Satz 1 wird die Textstelle «Der bzw. dem Hamburgischen Datenschutzbeauftragten» durch die Textstelle «Der bzw. dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit» ersetzt.

Artikel 8.- Änderung des Hamburgischen Meldegesetzes

Das Hamburgische Meldegesetz in der Fassung vom 3. September 1996 (HmbGVBl. S. 231), zuletzt geändert am 19. Februar 2008 (HmbGVBl. S. 74, 92), wird wie folgt geändert:

1. § 8 wird wie folgt geändert:

1.1 In Absatz 6 Satz 2 wird die Textstelle «den Hamburgischen Datenschutzbeauftragten» durch die Textstelle «den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit» ersetzt.

1.2 Absatz 7 wird wie folgt geändert:

1.2.1 In Satz 1 wird die Textstelle «dem Hamburgischen Datenschutzbeauftragten» durch die Textstelle «dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit» ersetzt.

1.2.2 In Satz 2 wird die Textstelle «des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten» durch die Textstelle «des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit» ersetzt.

2. In § 31 Absatz 4 Satz 2 wird die Textstelle «Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte» durch die Textstelle «Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit» ersetzt.

Artikel 9.- Änderung des Hamburgischen Krebsregistergesetzes

In § 9 Absatz 2 Satz 1 des Hamburgischen Krebsregistergesetzes vom 27. Juni 1984 (HmbGVBl. S. 129, 170), zuletzt geändert am 24. April 2007 (HmbGVBl. S. 156), wird die Textstelle «des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten» durch die Textstelle «des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit» ersetzt.

Artikel 10.- Änderung des Hamburgischen Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten

In § 20 Absatz 1 Satz 4 des Hamburgischen Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten vom 27. September 1995 (HmbGVBl. S. 235) wird die Textstelle «dem Hamburgischen Datenschutzbeauftragten» durch die Textstelle «dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit» ersetzt.

Artikel 11.- Änderung des Gesetzes über die Datenverarbeitung der Polizei

Das Gesetz über die Datenverarbeitung der Polizei vom 2. Mai 1991 (HmbGVBl. S. 187, 191), zuletzt geändert am 6. Oktober 2005 (HmbGVBl. S. 424, 428), wird wie folgt geändert:

1. In § 23 Absatz 4 Satz 2 wird die Textstelle «der Hamburgische Datenschutzbeauftragte» durch die Textstelle «der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit» ersetzt.

2. In § 26 Absatz 2 Satz 2 wird die Textstelle «Dem Hamburgischen Datenschutzbeauftragten» durch die Textstelle «Dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit» ersetzt.

Artikel 12.- Änderung des Hamburgischen Schulgesetzes

In § 100 Absatz 4 Satz 4 des Hamburgischen Schulgesetzes vom 16. April 1997 (HmbGVBl. S. 97), zuletzt geändert am 22. Juli 2008 (HmbGVBl. S. 279), wird die Textstelle «dem Hamburgischen Datenschutzbeauftragten» durch die Textstelle «der bzw. dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit» ersetzt.

Artikel 13.- Änderung des Gesetzes zum Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten Deutschland

Artikel 4 des Gesetzes zum Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten Deutschland vom 16. Dezember 1991 (HmbGVBl. S. 425), zuletzt geändert am 2. Juli 2003 (HmbGVBl. S. 209, 221), wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 Satz 2 wird die Textstelle «Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte» durch die Textstelle «Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit» ersetzt.