Decisión del Consejo de los ADPIC de 19 de febrero de 2003. Aplicación del párrafo 2 del artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC

El Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el «Consejo de los ADPIC»),

Habida cuenta del párrafo 2 del artículo 66 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el «Acuerdo sobre los ADPIC«);

Habida cuenta de lo encomendado por la Conferencia Ministerial al Consejo de los ADPIC en el párrafo 11.2 de la Decisión sobre las cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación (WT/MIN(01)/17), adoptada el 14 de noviembre de 2001;

Con miras a establecer un mecanismo para garantizar la supervisión y la plena aplicación de las obligaciones dimanantes del párrafo 2 del artículo 66, tal como lo requiere esa Decisión;
Con miras también a establecer disposiciones para la presentación de informes anuales por los países desarrollados Miembros y el examen anual de esos informes por el Consejo de los ADPIC, tal como lo requiere también esa Decisión;

Decide lo siguiente:

1. Los países desarrollados Miembros presentarán informes anuales sobre las medidas adoptadas o previstas en cumplimiento de los compromisos contraídos por ellos en virtud del párrafo 2 del artículo 66. A tal fin, cada tres años facilitarán nuevos informes detallados y, en los años intermedios, actualizaciones de sus informes más recientes. Esos informes se presentarán antes de la última reunión del Consejo prevista para el año en cuestión.

2. El Consejo examinará las comunicaciones en la reunión que celebra al final de cada año. Las reuniones de examen proporcionarán a los Miembros la oportunidad de formular preguntas en relación con la información presentada y de solicitar información adicional, debatir la eficacia de los incentivos ofrecidos para fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los países menos adelantados Miembros, con el fin de que éstos puedan establecer una base tecnológica sólida y viable, y estudiar todos los aspectos relativos al funcionamiento del procedimiento de presentación de informes establecido por la Decisión.

3. Siempre que se proteja la información comercial confidencial, los informes sobre la aplicación del párrafo 2 del artículo 66 aportarán, entre otros datos, los siguientes:
a) panorama general del régimen de incentivos establecido para cumplir las obligaciones enunciadas en el párrafo 2 del artículo 66, incluido todo marco legislativo, de política y normativo;
b) identificación del tipo de incentivo y del organismo gubernamental u otra entidad que lo conceda;
c) empresas u otras instituciones con derecho a los incentivos que se encuentren en el territorio del Miembro que los ofrezca; y
d) toda información disponible sobre el funcionamiento en la práctica de estos incentivos, como por ejemplo:
– información estadística y/o de otro tipo sobre la utilización de los incentivos en cuestión por las empresas e instituciones con derecho a ellos;
– el tipo de tecnología transferida por esas empresas e instituciones y las condiciones en las que se ha transferido;
– la modalidad de transferencia de tecnología;
– los países menos adelantados a los que esas empresas e instituciones han transferido tecnología y la medida en que los incentivos están referidos específicamente a países menos adelantados; y
– cualquier otra información disponible que ayude a evaluar los efectos de las medidas en cuanto a fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los países menos adelantados Miembros, con el fin de que éstos puedan establecer una base tecnológica sólida y viable.

4. El Consejo examinará estas disposiciones, con miras a mejorarlas, al cabo de tres años a la luz de la experiencia adquirida.

Cybex y la Comisión Europea lanzan la primera Certificación Europea sobre Cibercriminalidad y Pruebas Electrónicas (ECCE)

* Es el primer Certificado Europeo que proporciona formación técnica a jueces, abogados y fiscales sobre el cibercrimen y el uso de la Prueba Electrónica

* Cybex, empresa española especializada en investigación de este tipo de delitos, organiza la formación con el apoyo financiero de la Comisión Europea

* La Certificación se impartirá en catorce países de Europa y América que acogerán los seminarios formativos a través de instituciones asociadas al proyecto

Madrid, 22 de enero de 2009.- Cybex, firma de referencia en investigación del fraude empresarial y económico en entornos virtuales, con el apoyo financiero de la Comisión Europea, ha organizado la primera Certificación Europea sobre Cibercriminalidad y Pruebas Electrónicas (ECCE). El proyecto europeo ECCE tiene como objetivo principal procurar la formación técnica necesaria para jueces, abogados y fiscales europeos y de América del Sur sobre el cibercrimen y la prueba electrónica, sin olvidar el marco legal en el que se engloba.

Los seminarios de formación previstos y co-financiados por la Comisión Europea, a través de la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad, comenzarán en febrero de 2009 y durarán hasta noviembre de 2010. Estos seminarios se impartirán en 14 países de Europa y América a través de diversas instituciones asociadas al proyecto.

Actualmente, existe una laguna de conocimiento en materia tecnológica de prueba electrónica y cibercrimen entre jueces, abogados y fiscales. Por ello la Certificación dotará a estos profesionales de los conocimientos necesarios sobre ciberdelincuencia y prueba electrónica para que el día de mañana este tipo de pruebas sean presentadas y admitidas de forma habitual ante los Tribunales de todo el mundo.

Gracias a esta formación única en todos los países europeos, se conseguirá incrementar la compatibilidad de los sistemas judiciales existentes en materia de prueba electrónica y lucha contra el cibercrimen. Al finalizar el curso los asistentes podrán avalar sus conocimientos técnicos con el Certificado Europeo de Nivel Básico, el primero de una trilogía que se desarrollará en posteriores proyectos.

Este programa europeo conlleva también la creación del primer Fondo Documental Europeo sobre Cibercrimen y Prueba Electrónica al que los asociados tendrán acceso ilimitado, permitiendo de esta manera encontrar artículos y referencias de interés y actualidad relacionados con estos aspectos en toda Europa, además de jurisprudencia y legislación sobre la materia.

Acerca de ECCE

La Certificación Europea sobre Cibercriminalidad y Pruebas Electrónicas (ECCE) es un proyecto europeo co-financiado por la Comisión Europea, cuyo objetivo es procurar la formación técnica necesaria para jueces, abogados y fiscales europeos y de América del Sur sobre el cibercrimen y la prueba electrónica. Ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar de investigadores y colaboradores del sector público y privado. Los seminarios formativos se desarrollan gracias a la colaboración de 24 instituciones socias y se impartirán en 11 países europeos y 3 americanos hasta noviembre de 2010. ECCE conlleva la implementación del primer Fondo Documental Europeo del Cibercrimen y la Prueba Electrónica que recoge la literatura, jurisprudencia y legislación sobre la materia.
Más información en http://www.cybex.es/ecce

Acerca de Cybex

Es la consultora pionera en servicios forenses digitales. Es líder en la gestión de pruebas electrónicas y en la gestión forense de riesgos corporativos digitales. Desde su fundación en el año 2000 se ha convertido en la principal empresa de consultoría para procesos relacionados con la gestión y obtención de pruebas electrónicas y su admisibilidad en procedimientos judiciales, dando servicios para la prevención, detección e investigación del fraude empresarial enfocados a minimizar el riesgo de los clientes en situaciones de cambio, incertidumbre, fraude, litigio o ataques a la marca.

Para más información:
Cybex
Amaya Belacortu
[email protected]

INFORPRESS
Juan Manuel Pajuelo/Esther Benito
Tel. 91 564 07 25
[email protected]
[email protected]

In the name of God, the Merciful, the Compassionate
 
Preamble
We the people of Afghanistan:
1. With firm faith in God Almighty and relying on His lawful mercy, and Believing in the Sacred religion of Islam,
2. Realizing the injustice and shortcoming of the past, and the numerous troubles imposed on our country,
3. While acknowledging the sacrifices and the historic struggles, rightful Jehad and just resistance of all people of Afghanistan, and respecting the high position of the martyrs for the freedom of Afghanistan,
4. Understanding the fact that Afghanistan is a single and united country and belongs to all ethnicities residing in this country,
5. Observing the United Nations Charter and respecting the Universal Declaration of Human Rights,
6. For consolidating national unity, safeguarding independence, national sovereignty, and territorial integrity of the country,
7. For establishing a government based on people's will and democracy,
8. For creation of a civil society free of oppression, atrocity, discrimination, and violence and based on the rule of law, social justice, protection of human rights, and dignity, and ensuring the fundamental rights and freedoms of the people,
9. For strengthening of political, social, economic, and defensive institutions of the country,
10. For ensuring a prosperous life, and sound environment for all those residing in this land,
11. And finally for regaining Afghanistan's deserving place in the international community,
Have adopted this constitution in compliance with historical, cultural, and social requirements of the era, through our elected representatives in the Grand Council [Loya Jirga] dated 14 Jaddi 1382 in the city of Kabul.
 

Chapter I  The State

 
Article 1  [Islamic Republic]
Afghanistan is an Islamic Republic, independent, unitary and indivisible state.
 
Article 2  [Religions]
(1) The religion of the state of the Islamic Republic of Afghanistan is the sacred religion of Islam.
(2) Followers of other religions are free to exercise their faith and perform their religious rites within the limits of the provisions of law.
 
Article 3  [Law and Religion]
In Afghanistan, no law can be contrary to the beliefs and provisions of the sacred religion of Islam.
 
Article 4  [Sovereignty, Ethnic Groups, Citizenship]
(1) National sovereignty in Afghanistan belongs to the nation that exercises it directly or through its representatives.
(2) The nation of Afghanistan consists of all individuals who are the citizen of Afghanistan.
(3) The nation of Afghanistan is comprised of the following ethnic groups: Pashtun, Tajik, Hazara, Uzbak, Turkman, Baluch, Pashai, Nuristani, Aymaq, Arab, Qirghiz, Qizilbash, Gujur, Brahwui and others.
(4) The word Afghan applies to every citizen of Afghanistan.
(5) No member of the nation can be deprived of his citizenship of Afghanistan.
(6) Affairs related to the citizenship and asylum are regulated by law.
 
Article 5  [Territorial Integrity]
Implementation of the provisions of this constitution and other laws, defending independence, national sovereignty, territorial integrity, and ensuring the security and defense capability of the country, are the basic duties of the state.
 
Article 6  [Purposes]
The state is obliged to create a prosperous and progressive society based on social justice, protection of human dignity, protection of human rights, realization of democracy, and to ensure national unity and equality among all ethnic groups and tribes and to provide for balanced development in all areas of the country.
 
Article 7  [International Law]
(1) The state shall abide by the UN charter, international treaties, international conventions that Afghanistan has signed, and the Universal Declaration of Human Rights.
(2) The state prevents all types of terrorist activities, production and consumption of intoxicants (muskirat), production and smuggling of narcotics.
 
Article 8  [State Policy]
The state regulates the policy of the country on the basis of preserving the independence, national interests, territorial integrity, non-aggression, good neighborliness, mutual respect, and equal rights.
 
Article 9  [Natural Resources]
(1) Mines, underground resources are properties of the state.
(2) Protection, use, management, and mode of utilization of the public properties shall be regulated by law.
 
Article 10  [Private Investments]
The State encourages and protects private capital investments and enterprises based on the market economy and guarantees their protection in accordance with the provisions of law.
 
Article 11  [Trade]
Affairs related to the domestic and external trade shall be regulated by law in accordance with the needs of the national economy and public interests.
 
Article 12  [Bank]
(1) Da Afghanistan Bank is the central and independent bank of the state.
(2) Issuance of currency, and formulation and implementation of monetary policy of the country are the mandates of the central bank in accordance with law.
(3) The central bank shall consult with the economic committee of the House of Representatives [Wolesi Jirga] in matters related to the printing of money.
(4) Structure and operation of this bank shall be regulated by law.
 
Article 13  [Economy]
The state shall formulate and implement effective programs for development of industries, growth of production, increasing of public living standards, and support to craftsmanship.
 
Article 14  [Farming, Housing]
(1) The state shall design and implement within its financial resources effective programs for development of agriculture and animal husbandry, improving the economic, social and living conditions of farmers, herders, settlement and living conditions of nomads.
(2) The state adopts necessary measures for housing and distribution of public estates to deserving citizens in accordance within its financial resources and the law.
 
Article 15  [Environment]
The state is obliged to adopt necessary measures for safeguarding forests and the environment.
 
Article 16  [Languages]
(1) From among the languages of Pashtu, Dari, Uzbeki, Turkmani, Baluchi, Pashai, Nuristani, Pamiri (alsana), Arab and other languages spoken in the country, Pashtu and Dari are the official languages of the state.
(2) The Turkic languages (Uzbaki and Turkmen), Baluchi, Pashai, Nuristani and Pamiri (alsana) are — in addition to Pashto and Dari — the third official language in areas where the majority speaks them. The practical modalities for implementation of this provision shall be specified by law.
(3) The state adopts and implements effective plans for strengthening, and developing all languages of Afghanistan.
(4) Publications and radio and television broadcasting are allowed in all languages spoken in the country.
 
Article 17  [Education]
The state shall adopt necessary measures for promotion of education in all levels, development of religious education, organizing and improving the conditions of mosques, madrasas and religious centers.
 
Article 18  [Calendar]
(1) The calendar of the country shall be based on the flight of the Prophet (PBUH).
(2) The basis of work for state offices is the solar calendar.
(3) Fridays and the 28 Asad and the 8 Sawr are public holidays. Other holidays shall be regulated by law.
 
Article 19  [Flag, Insignia, Emblem]
(1) The Afghan flag is made up of three equal parts, with black, red and green colors juxtaposed from left to right perpendicularly.
(2) The width of every colored piece is equal to half of its length. The national insignia is located in the center of the flag.
(3) The national insignia of the state of Afghanistan is composed of Mehrab and pulpit in white color.
(4) Two flags are located on its two sides. In the upper-middle part of the insignia the sacred phrase of «There is no God but Allah and Mohammad is his prophet, and Allah is Great» is placed, along with a rising sun. The word «Afghanistan» and year 1298 (solar calendar) is located in the lower part of the insignia. The insignia is encircled with two branches of wheat.
(5) The law shall regulate the use of national flag and emblem.
 
Article 20  [Anthem]
The National Anthem of Afghanistan shall be in Pashtu and mention «Allahu Akbar» and the names of the ethnic groups of Afghanistan.
 
Article 21  [Capital]
The capital of Afghanistan is the city of Kabul.
 

Chapter II  Fundamental Rights and Duties of Citizens

 
Article 22  [Equality]
(1) Any kind of discrimination and privilege between the citizens of Afghanistan are prohibited.
(2) The citizens of Afghanistan — whether man or woman — have equal rights and duties before the law.
 
Article 23  [Life]
Life is a gift of God and a natural right of human beings. No one shall be deprived of this right except by the provision of law.
 
Article 24  [Liberty, Human Dignity]
(1) Liberty is the natural right of human beings. This right has no limits unless affecting the rights of others or public interests, which are regulated by law.
(2) Liberty and dignity of human beings are inviolable.
(3) The state has the duty to respect and protect the liberty and dignity of human beings.
 
Article 25  [Presumption of Innocence]
(1) Innocence is the original state.
(2) An accused is considered innocent until convicted by a final decision of an authorized court.
 
Article 26  [Criminal Responsibility]
(1) Crime is a personal action.
(2) The prosecution, arrest, and detention of an accused and the execution of penalty can not affect another person.
 
Article 27  [Punishment]
(1) No act is considered a crime, unless determined by a law adopted prior to the date the offense is committed.
(2) No person can be pursued, arrested or detained but in accordance with provisions of law.
(3) No person can be punished but in accordance with the decision of an authorized court and in conformity with the law adopted before the date of offense.
 
Article 28  [Extradition]
(1) No citizen of Afghanistan accused of a crime can be extradited to a foreign state unless according mutual agreement and international conventions that Afghanistan has joined.
(2) No Afghan would be sentenced to deprivation of citizenship or to exile inside the country or abroad.
 
Article 29  [Torture]
(1) Torture of human beings is prohibited.
(2) No person, even with the intention of discovering the truth, can resort to torture or order the torture of another person who may be under prosecution, arrest, or imprisoned, or convicted to punishment.
(3) Punishment contrary to human integrity is prohibited.
 
Article 30  [Compulsion, Confession]
(1) Any statement, testimony, or confession obtained from an accused or of another person by means of compulsion, are invalid.
(2) Confession to a crime is: a voluntary confession before an authorized court by an accused in a sound state of mind.
 
Article 31  [Defence]
(1) Every person upon arrest can seek an advocate to defend his rights or to defend his case for which he is accused under the law.
(2) The accused upon arrest has the right to be informed of the attributed accusation and to be summoned to the court within the limits determined by law.
(3) In criminal cases, the state shall appoint an advocate for a destitute.
(4) The confidentiality of oral, written or telephonic communications between an advocate and his accused client are immune from invasion.
(5) The duties and authorities of advocates shall be regulated by law.
 
Article 32  [Debt Relief]
(1) Being in debt does not limit a person's freedom or deprive him of his liberties.
(2) The mode and means of recovering a debt shall be regulated by law.
 
Article 33  [Electoral Rights]
(1) The citizens of Afghanistan have the right to elect and be elected.
(2) Law regulates the conditions and means to exercise this right.
 
Article 34  [Expression, Press, Media]
(1) Freedom of expression is inviolable.
(2) Every Afghan has the right to express his thought through speech, writing, or illustration or other means, by observing the provisions stated in this Constitution.
(3) Every Afghan has the right to print or publish topics without prior submission to the state authorities in accordance with the law.
(4) Directives related to printing house, radio, television, press, and other mass media, will be regulated by the law.
 
Article 35  [Organizations, Parties]
(1) The citizens of Afghanistan have the right to form social organizations for the purpose of securing material or spiritual aims in accordance with the provisions of the law.
(2) The citizens of Afghanistan have the right to form political parties in accordance with the provisions of the law, provided that:
— The program and charter of the party are not contrary to the principles of sacred religion of Islam, and the provisions and values of this Constitution.
— The organizational structure, and financial sources of the party are made public.
— The party does not have military or paramilitary aims and structures.
— The party should have no affiliation to a foreign political party or sources.
(3 Formation and functioning of a party based on ethnicity, language, Islamic school of thought (mazhab-i fiqhi) and region is not permissible.
(4 A party set up in accordance with provisions of the law shall not be dissolved without lawful reasons and the decision of an authorized court.
 
Article 36  [Demonstration]
The citizens of Afghanistan have the right to un-armed demonstrations, for legitimate peaceful purposes.
 
Article 37  [Confidentiality of Communication]
(1) Confidentiality and freedom of correspondence and communication whether in the form of letters or through telephone, telegraph and other means, are immune from invasion.
(2) The state does not have the right to inspect personal correspondence and communication unless authorized by the provisions of law.
 
Article 38  [Residence, Home, Search]
(1) A person's residence is immune from invasion.
(2) Other than the situations and methods indicated in the law, no one, including the state, are allowed to enter or inspect a private residence without prior permission of the resident or holding a court order.
(3) In case of an evident crime, an official in-charge of the situation can enter or conduct a house search prior to the permission of the court.
(4) The official involved in the situation is required to obtain a subsequent court order for the house search within the period indicated by law.
 
Article 39  [Movement, Settlement, Travel]
(1) Every Afghan has the right to travel or settle in any part of the country except in the regions forbidden by law.
(2) Every Afghan has the right to travel abroad and return home in accordance with the provisions of law.
(3) The state shall protect the rights of the citizens of Afghanistan abroad.
 
Article 40  [Private Property]
(1) Property is immune from invasion.
(2) No person shall be forbidden from acquiring and making use of a property except within the limits of law.
(3) Nobody's property shall be confiscated without the provisions of law and the order of an authorized court.
(4) Acquisition of a person's property, in return for a prior and just compensation within the bounds of law, is permitted only for securing public interests in accordance with the provisions of law.
(5) Inspection and disclosure of a private property are carried out only in accordance with the provisions of law.
 
Article 41  [Property of Foreigners]
(1) Foreign individuals do not have the right to own immovable property in Afghanistan.
(2) Lease of immovable property for the purpose of investment is permissible in accord with law.
(3) The sale of estates to diplomatic missions of foreign countries and to those international agencies, of which Afghanistan is a member, is permissible in accordance with the provisions of law.
 
Article 42  [Taxes, Duties]
(1) Every Afghan is obligated to pay taxes and duties to the government in accordance with the provisions of law.
(2) No taxes and duties are enforced without provisions of law.
(3) The rate of taxes and duties and the method of payment are determined by law on the basis of observing social justice.
(4) This provision is also applied to foreign individuals and agencies.
(5) Every kind of tax, duties, and incomes collected, shall be delivered to the State account.
 
Article 43  [Education]
(1) Education is the right of all citizens of Afghanistan, which shall be provided up to the level of the B.A. (lisâns), free of charge by the state.
(2) The state is obliged to devise and implement effective programs for a balanced expansion of education all over Afghanistan, and to provide compulsory intermediate level education.
(3) The state is also required to provide the opportunity to teach native languages in the areas where they are spoken.
 
Article 44  [Education for Women and Nomads, Illiteracy]
The state shall devise and implement effective programs for balancing and promoting of education for women, improving of education of nomads and elimination of illiteracy in the country.
 
Article 45  [Unified Educational Curriculum]
The state shall devise and implement a unified educational curriculum based on the provisions of the sacred religion of Islam, national culture, and in accordance with academic principles, and develops the curriculum of religious subjects on the basis of the Islamic sects existing in Afghanistan.
 
Article 46  [Higher Education, Schools]
(1) Establishing and operating of higher, general and vocational education are the duties of the state.
(2) The citizens of Afghanistan also can establish higher, general, and vocational private educational institutions and literacy courses with the permission of the state.
(3) The state can also permit foreign persons to set up higher, general and vocational educational private institutes in accordance with the law.
(4) The conditions for admission to state higher education institutions and other related matters to be regulated by the law.
 
Article 47  [Science, Culture, Literature, Arts]
(1) The state shall devise effective programs for the promotion of science, culture, literature and the arts.
(2) The state guarantees the rights of authors, inventors, and discoverers, and encourages and supports scientific researches in all areas, and publicizes the effective use of their results in accordance with the law.
 
Article 48  [Work]
(1) Work is the right of every Afghan.
(2) Working hours, paid holidays, right of employment and employee, and other related affairs are regulated by law.
(3) Choice of occupation and craft is free within the limits of law.
 
Article 49  [Forced Labor]
(1) Forced labor is forbidden.
(2) Active participation, in times of war, calamity, and other situations threatening lives and public welfare is one of the primary duties of every Afghan.
(3) Children shall not be subjected to forced labor.
 
Article 50  [Public Administration, Offices, Information]
(1) The state is obliged to adopt necessary measures for creation of a strong and sound administration and realization of reforms in the administration system of the country after authorisation by the National Assembly.
(2) Government offices are bound to carry their work with full neutrality and incompliance with the provisions of law.
(3) The citizens of Afghanistan have the right of access to the information from the government offices in accordance with the provisions of law.
(4) This right has no limits, unless violation of the rights of the others.
(5) The citizens of Afghanistan are employed for state services on the basis of qualification without any kind of discrimination and in accordance with law.
 
Article 51  [Compensation]
(1) Any person suffering undue harm by government action is entitled to compensation, which he can claim by appealing to court.
(2) With the exception of situation stated in the law, the state cannot claim its right without the order of an authorized court.
 
Article 52  [Health Care, Hospitals, Physical Education, Sports]
(1) The state is obliged to provide free means of preventive health care and medical treatment, and proper health facilities to all citizens of Afghanistan in accordance with the law.
(2) The state encourages and protects the establishment and expansion of private medical services and health centers in accordance with law.
(3) The state in order to promote physical education and improve national and local sports adopts necessary measures.
 
Article 53  [Handicapped]
(1) The state takes necessary measures for regulating medical services and financial support to descendants of those who were martyred or are missing, to disabled or handicapped, and their active participation and re-integration into society in accordance with the law.
(2) The state guarantees the rights and privileges of pensioners and disabled and handicapped individuals and as well renders necessary assistance to needy elders, women without caretakers, and needy orphans in accordance with the law.
 
Article 54  [Family]
(1) Family is a fundamental unit of society and is supported by the state.
(2) The state adopts necessary measures to ensure physical and psychological well being of family, especially of child and mother, upbringing of children and the elimination of traditions contrary to the principles of sacred religion of Islam.
 
Article 55  [Defense, Military Service]
(1) The defense of the country is the responsibility of all citizens of Afghanistan.
(2) The conditions for military services are regulated by law.
 
Article 56  [Obeying the Law]
(1) Observing the provisions of the Constitution, obeying the laws, adhering to public law and order are the duties of all people of Afghanistan.
(2) Ignorance about the provisions of law is not considered an excuse.
 
Article 57  [Rights of Foreigners]
(1) The state guarantees the rights and liberties of the foreign citizens residing in Afghanistan in accordance with the law.
(2) These people are obliged to observe the laws of the state of Afghanistan in accordance with the International Law.
 
Article 58  [Human Rights Commission]
(1) The State, for the purpose of monitoring the observation of human rights in Afghanistan, to promote their advancement (behbud) and protection, shall establish the Independent Human Rights Commission of Afghanistan.
(2) Any person, whose fundamental rights have been violated can file complaint to the Commission.
(3) The Commission can refer cases of violation of human rights to the legal authorities, and assist in defending the rights of the complainant.
(4) The structure, and functions of this Commission shall be regulated by law.
 
Article 59  [Misuse of Rights]
No one can misuse the rights and freedoms under this Constitution against the independence, territorial integrity, sovereignty and national unity.
 

Chapter III  The President

 
Article 60  [Head of State, Vice Presidents]
(1) The President is the head of state of the Islamic Republic of Afghanistan, and conducts his authorities in executive, legislative, and judiciary branches in accordance with the provisions of this Constitution.
(2) The President shall have two Vice Presidents, one first and one second.
(3) The candidate to the Presidency on his or her candidacy shall declare the name of the Vice Presidents to the nation.
(4) The Vice President in the absence, resignation, and or death of the President, acts in accordance with the provisions of this constitution.
 
Article 61  [Direct Election]
(1) The President is elected by receiving more than 50% of the votes cast through free, general, secret, and direct voting.
(2) The presidential term is expired at the first of Jawza of the fifth years after the elections.
(3) Elections for the new president are held within thirty, to sixty days before the end of the presidential term.
(4) If none of the candidates succeeds to receive more than 50% of the votes in the first round, a run-off election shall be held within two weeks.
(5) In this round, only two candidates with the highest number of votes will participate.
(6) In the run-off, the candidate who gets the majority of the votes shall be elected as the President.
(7) In case of death of one of the candidates during the first or second round, after the elections or prior to the announcement of the results of elections, new elections shall be held in accordance with the provisions of law.
(8) The elections for the post of president shall be held under the supervision of the Independent Commission supervising of the Elections.
(9) This Commission shall be established to supervise all elections and referendums in the country, in accordance with the provisions of law.
 
Article 62  [Qualifications]
(1) Presidential candidates should posses the following qualification:
— Should be citizen of Afghanistan, Muslim and born of Afghan parents, and should not have citizenship of another country.
— On the day of becoming a candidate, his age should not be less than forty years.
— Should not have been convicted of crimes against humanity, criminal act, or deprivation of the civil rights by a court.
(2) No one can be elected as president for more than two terms.
(3) The provision of this article is applied to the Vice Presidents as well.
 
Article 63  [Oath of Allegiance]
The President-elect, prior to resumption of his/her duties, performs the following oath of allegiance in the presence of members of the National Assembly and the chief justice:
«In the name Allah, the Merciful, the Compassionate
In the name God Almighty, in the presence of you representatives of the nation of Afghanistan, I swear to obey and safeguard the provisions of the sacred religion of Islam, to observe the Constitution and other laws of Afghanistan and supervise their implementation; to safeguard the independence, national sovereignty, and the territorial integrity of Afghanistan and the fundamental rights and interests of the people of Afghanistan, and with the assistance of God and the support of the nation, to make great and sincere efforts for the happiness and progress of the people of Afghanistan.»
 
Article 64  [Powers and Duties]
The powers and duties of the President are as follows:
— Supervising the implementation of the Constitution.
— Determining the fundamental policies of the state with the approval of the National Assembly.
— Being the Command-in-Chief of the armed forces of Afghanistan.
— Declaration of war and ceasefire with the approval of the National Assembly.
— Taking the required decision during defending of territorial integrity and protecting of the independence.
— Sending contingents of the armed forces to foreign countries with the approval of the National Assembly.
— Convening Grand Council [Loya Jirga] except in a situation stated in Article 68 of this Constitution.
— Declaring the state of emergency and ending it with the approval of the National Assembly.
— Inaugurating the National Assembly and the Grand Council [Loya Jirga].
— Accepting resignation of the Vice President.
— Appointing of Ministers, the Attorney General, the Director of the Central Bank, Head of the National Security Directorate and the President of the Afghan Red Crescent Society with the approval of the House of Representatives [Wolesi Jirga], and acceptance of their dismissal and resignation.
— Appointing the head and members of the Supreme Court with the approval of the House of Representatives [Wolesi Jirga].
— Appointment, retirement and acceptance of resignation and dismissal of judges, officers of the armed forces, police, national security, and high-ranking officials in accordance with the law.
— Appointment of heads of diplomatic missions of Afghanistan in foreign countries and international organizations.
— Accepting the credentials of diplomatic missions in Afghanistan.
— Signing of laws and legislative decrees.
— Issuing credential letter for the conclusion of bi-lateral and international treaties in accordance with the provisions of law.
— Reducing and pardoning penalties in accordance with law.
— Issuing medals, and honorary titles in accordance with the provision of law.
— The establishment of commissions for the improvement of the administrative condition of the country, in accordance with law.
— Exercising other authorities in accordance with the provisions of this Constitution.
 
Article 65  [Call for Referendum]
(1) The President can call for a referendum on important national, political, social or economic issues.
(2) Call for referendum shall not be contrary to the provisions of this constitution or for the amendment of it.
 
Article 66  [Restrictions]
(1) The President takes into consideration the supreme interests of the people of Afghanistan while enforcing the powers stated in this Constitution.
(2) The President cannot sell or bestow state properties without the provisions of the law.
(3) The President cannot act based on linguistic, ethnic, religious, political, and regional considerations during his term in office.
 
Article 67  [Resignation]
(1) In case of resignation, impeachment, or death of the President, or of a serious illness that could hinder the performance of duties, the First Vice President undertakes his duties and authorities.
(2) The President declares his resignation personally to the National Assembly.
(3) The serious illness shall be proved by an authorized medical committee appointed by the Supreme Court.
(4) In this case, election for the new President shall be held within the period of three months in accordance with the Article 61 of this constitution.
(5) During the time when the First Vice President fills in as the interim President, he cannot perform the following:
— Amendment of the constitution
— Dismissal of ministers.
— Call for a referendum.
(6) During this period the Vice Presidents can nominate themselves as candidates for the post of President in accordance with the provisions of this constitution.
(7) In the absence of the President, the duties of the First Vice President shall be determined by the President.
 
Article 68  [Replacement]
(1) In case of resignation and or death of one of the Vice President, another person shall replace him by the proposal of the President and approval of the House of Representatives [Wolesi Jirga].
(2) In case of simultaneously death of the President and First Vice President, his duties shall be implemented in turn by the Second Vice President, by the Chair of the Senate [Meshrano Jirga] and in the absence of the chair of the Senate [Meshrano Jirga], Chair of the House of Representatives [Wolesi Jirga], and in the absence of the Chair of the House of Representatives [Wolesi Jirga], the Foreign Minister shall take the duties of the President in accordance with the Article 67 of this constitution.
 
Article 69  [Impeachment]
(1) The President is responsible to the nation and the House of Representatives [Wolesi Jirga] in accordance with this article.
(2) Accusations of crime against humanity, national treason or crime can be leveled against the President by one third of the members of the House of Representatives [Wolesi Jirga].
(3) If two third of the House of Representatives [Wolesi Jirga] votes for charges to be brought forth, the House of Representatives [Wolesi Jirga] shall convene a Grand Council [Loya Jirga] within one month.
(4) If the Grand Council [Loya Jirga] approve the accusation by a two-thirds majority of votes the President is then dismissed, and the case is referred to a special court.
(5) The special court is composed of three members of the House of Representatives [Wolesi Jirga], and three members of the Supreme Court appointed by the Grand Council [Loya Jirga] and the Chair of the Senate [Meshrano Jirga].
(6) The lawsuit is conducted by a person appointed by the Grand Council [Loya Jirga].
(7) In this situation, the provisions of Article 67 of this Constitution are applied.
 
Article 70  [Salary]
(1) The salary and expenditures of the President are regulated by law.
(2) After expiration of his term, the President is entitled to financial benefits of the presidency for the rest of his life in accordance with the law except in the case of dismissal.
 

Chapter IV  The Government

 
Article 71  [Ministers]
(1) The government consists of the ministers who work under the Chairmanship of the President.
(2) Ministers are appointed by the President and shall be introduced for approval to the National Assembly.
 
Article 72  [Qualifications]
The person who is appointed as the Minister, should have the following qualifications:
— Must have only the citizenship of Afghanistan. Should a nominee for a ministerial post also hold the citizenship of another country, the House of Representatives [Wolesi Jirga] shall have the right to confirm or reject his or her nomination.
— Should have higher education, work experience and, good reputation.
— His age should not be less than thirty-five.
— Should not have been convicted of crimes against humanity, criminal act, or deprivation of civil rights by a court.
 
Article 73  [Incompatibility]
(1) The Ministers can be appointed from within and without the National Assembly.
(2) If a member of the National Assembly is appointed as a minister, he loses his membership in the National Assembly, and is replaced by another person in accordance with the provisions of law.
 
Article 74  [Oath of Office]
Prior to taking office, the minister perform the following oath in the presence of the President:
«In the name of Allah, the merciful and compassionate:
I swear in the name of God Almighty to support the provisions of the sacred religion of Islam, follow the Constitution and other laws of Afghanistan, protect the rights of citizens, and safeguard the independence, territorial integrity and national unity of Afghanistan, and consider God Almighty present in performing all my responsibilities, and honestly perform the duties assigned to me.»
 
Article 75  [Duties of the Government]
The government has the following duties.
— Execute the provision of this Constitution, other laws, and final orders of the courts.
— Protect the independence, defend the territorial integrity, and safeguard the interests and dignity of Afghanistan in the international community.
— Maintenance of public law and order and elimination of administrative corruption.
— Prepare the budget, regulate financial affairs, and protect public wealth.
— Devise and implement programs for social, cultural, economic, and technological progress.
— Report to the National Assembly at the end of the fiscal year about the tasks accomplished and about the main plans for the new fiscal year.
— Perform other duties as recognized by this Constitution and other laws to be duties of the government.
 
Article 76  [Regulations]
(1) In order to implement the main policies of the country, and regulation of its duties, the government shall devise and approve regulations.
(2) These regulations should not be contradictory to the text and spirit of any law.
 
Article 77  [Heads of Administrative Units]
(1) As heads of administrative units and members of the government, the ministers perform their duties within the limits determined by this Constitution and other laws.
(2) The Ministers are responsible to the President and the House of Representatives [Wolesi Jirga] for their particular duties.
 
Article 78  [Impeachment]
If a Minister is accused of crime against humanity, national treason or criminal act of a crime, the case shall be referred to a special court in accordance with the Article 134 of this constitution.
 
Article 79  [Emergency Legislation by Decree]
(1) In cases of recess of the House of Representatives [Wolesi Jirga], the government can adopt legislation in an emergency situation on matters other than those related to budget and financial affairs.
(2) The legislative decrees become laws after they are signed by the President.
(3) The legislative decrees should be submitted to the National Assembly in the course of thirty days beginning from the first session of the National Assembly.
(4) In case of rejection by the National Assembly, the legislations become void.
 
Article 80  [Restrictions]
The Minister during the course of their work cannot use their posts for linguistic, regional, ethnic, religion and partisan purposes.
 

Chapter V  The National Assembly

 
Article 81  [National Assembly]
(1) The National Assembly of the Islamic Republic of Afghanistan as the highest legislative organ is the manifestation of the will of its people and represents the whole nation.
(2) Every member of the National Assembly takes into judgment the general welfare and supreme interests of all people of Afghanistan at the time of casting their vote.
 
Article 82  [Two Houses]
(1) The National Assembly consists of two houses: House of Representatives [Wolesi Jirga] (the House of People) and Senate [Meshrano Jirga]. (House of Elders).
(2) No one can become member of both houses simultaneously.
 
Article 83  [House of Representatives]
(1) Members of the House of Representatives [Wolesi Jirga] are elected by the people through free, general, secret, and direct elections.
(2) Their mandate ends on the 1st of Saratan of the fifth year after the elections, and the new assembly starts its work.
(3) The election of the members of the House of Representatives [Wolesi Jirga] shall be held within 30 to 60 days before the expiry of the term of the House of Representatives [Wolesi Jirga].
(4) The number of members of the House of Representatives [Wolesi Jirga], proportionate to the population of each region, shall be not more than two hundred and fifty.
(5) Electoral constituency and other related issues shall be determined by election laws.
(6) In the election law measures should be adopted for so the election system shall provide general and just representation for all the people of the country, and at least two female delegate should be elected from each province.
 
Article 84  [Senate]
(1) Members of the Senate [Meshrano Jirga] are elected and appointed as follows:
(2) From among the members of each provincial council, the respective council elects one person for a period of four years.
(3) From among the district councils of each province, the respective councils elect one person for a period of three years.
(4) The President from among experts and experienced personalities — including two representatives from the disabled and impaired and two representatives from the Kochis — appoints the remaining one-third of the members for a period of five years.
(5) The president appoints 50% of these people from among women.
(6) A person, who is appointed as a member of the Senate [Meshrano Jirga], shall relinquish his membership in the respective council, and another person replaces him in accordance with the law.
 
Article 85  [Qualifications]
(1) A person who is nominated or appointed as a member of the National Assembly should have the following qualifications in addition to those considered by voters.
(2) Should be the citizen of Afghanistan, or has obtained the citizenship of the state of Afghanistan at least ten years before becoming a candidate.
(3) Should not have been convicted by a court for committing a crime against humanity, a crime, or sentenced of deprivation of his civil rights .
(4) Members of House of Representatives [Wolesi Jirga] should be Twenty Five years old at the date of candidacy, and members of the Senate [Meshrano Jirga] should be Thirty Five years old at the date of candidacy or appointment.
 
Article 86  [Independent Electoral Commission]
Credentials of members of the National Assembly are reviewed by the Independent Electoral Commission in accordance with law.
 
Article 87  [Chairperson]
(1) In the beginning of the legislative period, each one of the two houses elects one of its members as the Chairperson, and two people as the first and second Vice Chairperson, and two people as the secretary and assistant secretary for a period of one year.
(2) These individuals constitute the administrative board in their respective houses.
(3) The duties of the administrative boards are determined in the regulations pertaining to the internal duties of each house.
 
Article 88  [Commissions]
Each house of the National Assembly sets up commissions to study the topics under discussion in accordance with its internal regulations.
 
Article 89  [Special Commission for Inquiry]
(1) The House of Representatives [Wolesi Jirga] has the authority to set up a special commission if one-third of its members put forward a proposal to inquire about and study government actions.
(2) The composition and procedure of this commission shall be specified by the internal regulations of the House of Representatives [Wolesi Jirga].
 
Article 90  [Powers of then National Assembly]
The National Assembly has the following powers:
— Ratification, modification, or abrogation of laws and or legislative decrees.
— Approval of plans for economic, social, cultural, and technological development.
— Approval of state budget, permission for obtaining, and granting loans.
— Creation, modification of administrative units.
— Ratification of international treaties and agreements, or abrogation of the membership of Afghanistan to them.
— Other authorities specified in this Constitution.
 
Article 91  [Powers of the House of Representatives]
House of Representatives [Wolesi Jirga] has the following special powers:
— Deciding on interpellation of each of the ministers in accordance with the provisions of Article 92 of this constitution.
— Taking the final decision about the state's development programs and state budget, in case of a disagreement between the House of Representatives [Wolesi Jirga] and the Senate [Meshrano Jirga].
— Approval of the appointments according to the provisions of this constitution.
 
Article 92  [Interpellation, Vote of No Confidence]
(1) House of Representatives [Wolesi Jirga], based on a proposal by one-tenth of all members, can interpellate each of the Ministers.
(2) If the responses given are not satisfactory, House of Representatives [Wolesi Jirga] shall consider the issue of vote of no confidence.
(3) Vote of no confidence on a Minister should be explicit, direct, and on the basis of well founded reasons.
(4) This vote should be approved by a majority of all members of the House of Representatives [Wolesi Jirga].
 
Article 93  [Questioning]
(1) Any commission of both Houses of the National Assembly can question each of the Ministers about specific topics.
(2) The person questioned can provide verbal or written response.
 
Article 94  [Legislation, Veto, Qualified Vote]
(1) Law is what both Houses of the National Assembly approve and the President endorses unless this Constitution states otherwise.
(2) In case the President does not agree to what the National Assembly approves, he or she can send the document back with justifiable reasons to the House of Representatives [Wolesi Jirga] within fifteen days of its submission.
(3) With the passage of this period or in case the House of Representatives [Wolesi Jirga] approves a particular case again with a majority of two-thirds votes, the bill is considered endorsed and enforced.
 
Article 95  [Initiatives]
Proposal for the promulgation of a law can be initiated by the government, or members of the National Assembly, and in the domain of regulating the judicial affairs through the Supreme Court by the government.
 
Article 96  [Financial Affairs]
Proposal for budget and financial affairs are initiated only by the government.
 
Article 97  [Form and Procedure]
(1) Proposals for promulgation of law initiated by the government are submitted first to the House of Representatives [Wolesi Jirga].
(2) If a proposal for the promulgation of law includes imposition of new taxes or reduction in state incomes, it is included in the working agenda on condition that an alternative source is also envisioned.
(3) The House of Representatives [Wolesi Jirga] approves or rejects the proposal of the promulgation of law including budget and financial affairs and the proposal of taking or giving loan after discussion as a whole.
(4) The House of Representatives [Wolesi Jirga] cannot delay the proposal more than one month.
(5) The proposed draft of law is submitted to the Senate [Meshrano Jirga], after its approval by the House of Representatives [Wolesi Jirga].
(6) The Senate [Meshrano Jirga] decides on the draft within a period of fifteen days
(7) The National Assembly shall give priority to the promulgation of laws, treaties, and development plans of the government that require argent consideration and decision as per the request of the government.
(8) If a proposal for promulgation of law is initiated by ten members of one of the two Houses and then approved by one fifth members of the respective houses, it can be admitted to the agenda of the respective houses.
 
Article 98  [Budget]
(1) The state budget and development plan of the government is submitted through the Senate [Meshrano Jirga] along with an advisory comments to the House of Representatives [Wolesi Jirga].
(2) The decision of the House of Representatives [Wolesi Jirga], irrespective of the consent of the Senate [Meshrano Jirga], is enforceable after it is signed by the President.
(3) If for some reasons the budget is not approved before the beginning of the new fiscal year, the budget of the year before is applied until the approval of the new budget.
(4) The government is obligated to give to the House of Representatives [Wolesi Jirga] the budget of the new fiscal year and a brief account of the current year's budget within the forth quarter of the fiscal year.
(5) The definite account of the previous fiscal year shall be submitted by the government to the House of Representatives [Wolesi Jirga] within six months of the new year, in accordance with the provisions of law
(6) House of Representatives [Wolesi Jirga] cannot delay the approval of the budget for more than one month or permission to give or take loan for more than a 15 days.
(7) If during this period House of Representatives [Wolesi Jirga] does not take any decision with regards to taking or giving loan, the proposal will be considered as approved.
 
Article 99  [Budget Debate]
If, during a session of the National Assembly, the annual budget or a developmental plan or an issue related to public security, territorial integrity, and the country's independence is under discussion, the session of the assembly cannot end before the approval of the matter.
 
Article 100  [Combined Committee]
(1) In case the decision of one house is rejected by another house, a combined committee composed of equal members of each house is formed to resolve the disagreement.
(2) The decision of the committee is enforced after its approval by the President.
(3) In case the combined committee cannot solve the disagreement, the defeated resolution is considered void. And, if the resolution is approved by the House of Representatives [Wolesi Jirga], it can be approved in the next session of the House of Representatives [Wolesi Jirga] by the majority of its members.
(4) This approval is assumed as enforceable, after it is signed by the President, without submission to the Senate [Meshrano Jirga].
(5) In case the disagreement between the two houses is over legislations involving financial affairs, and the combined committee is not able to resolve it, the House of Representatives [Wolesi Jirga] can approve the draft by the majority vote of its members.
(6) This draft is assumed as enforceable without submission to the Senate [Meshrano Jirga] after it is signed by the President.
 
Article 101  [Indemnity]
No member of the National Assembly is legally prosecuted due to expressing his views while performing his duty.
 
Article 102  [Immunity]
(1) When a member of the National Assembly is accused of a crime, the law enforcement authority informs the house, of which the accused is member, about the case, and the accused member can be prosecuted.
(2) In case of an evident crime, the law enforcement authority can legally pursue and arrest the accused without the permission of the house, which the accused is a member of.
(3) In both cases, when legal prosecution requires detention of the accused, law enforcement authorities are obligated to inform the respective house, about the case immediately.
(4) If the accusation takes place when the assembly is in recess, the permission of arrest is obtained from the administrative board of the respective house and the decision of this board is presented to the first session of the aforementioned house for a decision.
 
Article 103  [Ministerial Participation]
(1) The ministers can participate in the sessions of each one of the two houses of the National Assembly.
(2) Each house of the National Assembly can demand the participation of Ministers to take part in its session.
 
Article 104  [Sessions]
(1) Both houses of the National Assembly hold their sessions separately at the same time.
(2) Under the following circumstances, both houses can hold joint sessions:
— When the legislative session, or the annual session is inaugurated by the President.
— When it is deemed necessary by the President.
(3) In this case the head of the House of Representatives [Wolesi Jirga], chairs the joint session of the National Assembly.
 
Article 105  [Publicity]
(1) The sessions of the National Assembly are open unless the Chairman of the assembly, or at least ten members of the National Assembly request their secrecy and the assembly accepts this request.
(2) No one shall enter the building of the National Assembly by force.
 
Article 106  [Quorum]
The quorum for sessions of each house of the National Assembly is a majority of its members, and its decisions are taken by majority of the members present, unless this Constitution states otherwise.
 
Article 107  [Ordinary and Extraordinary Sessions]
(1) The National Assembly convenes two ordinary sessions each year.
(2) The term of the National Assembly in each year is nine months.
(3) When necessary, the assembly can extend this period.
(4) Extraordinary sessions of the assembly during recess can take place by the order of the President.
 
Article 108  [Death, Resignation, Dismissal]
(1) In cases of death, resignation or dismissal of a member of the House of Representatives [Wolesi Jirga], and/or disability or handicap, which prevents performance of duties permanently, election in the related constituency is held for a new representative for the rest of the legislative period, in accordance with the law.
(2) In the above-mentioned situations, a new member of the Senate [Meshrano Jirga] shall be appointed in accordance with Article 87 of this Constitution.
(3) Matters involving the presence or absence of members of the National Assembly are regulated according to internal rules.
 
Article 109  [Amendments of the Electoral Law]
Proposals for amendments of the electoral law cannot be included in the working agenda of the assembly during the last year of the legislative period.
 

Chapter VI  Grand Council [Loya Jirga]

 
Article 110  [Composition, Participation]
(1) Grand Council [Loya Jirga] is the highest manifestation of the people of Afghanistan.
(2) Grand Council [Loya Jirga] consists of the following:
— Members of the National Assembly.
— Chairpersons of the provincial, and district councils.
(3) The ministers, Chief Justice and members of the Supreme Court, can participate in the sessions of the Grand Council [Loya Jirga] without the right to vote.
 
Article 111  [Powers]
Grand Council [Loya Jirga] is convened in the following situations:
— To take decision on the issues related to independence, national sovereignty, territorial integrity, and supreme interests of the country.
— To amend the provisions of this Constitution.
— To prosecute the President in accordance with the provisions of Article 69 of this Constitution.
 
Article 112  [Chairperson]
The Grand Council [Loya Jirga] in its first session elects from among its members a chairperson, a deputy-chair, and a secretary and an assistant secretary.
 
Article 113  [Quorum]
(1) The quorum of the Grand Council [Loya Jirga] for voting is completed by the majority of members.
(2) The decisions of the Grand Council [Loya Jirga] are taken by a majority of the present members except in cases as explicitly stated in this Constitution.
 
Article 114  [Publicity]
Discussions of the Grand Council [Loya Jirga] are open except when one–fourth of its members demand their secrecy, and the Grand Council [Loya Jirga] accepts this demand.
 
Article 115  [Indemnity and Immunity]
During the session of a Grand Council [Loya Jirga], the provision of Articles 101 and 102 of this Constitution are applied on its members.
 

Chapter VII  The Judiciary

 
Article 116  [Indpendence]
(1) The judicial branch is an independent organ of the state of the Islamic Republic of Afghanistan.
(2) The judicial branch consists of the Supreme Court (Stera Mahkama), High Courts, Appeal Courts. Structure of authorities of which are determined by law.
(3) The Supreme Court as the highest judicial organ, heads the judiciary organ of the Islamic Republic of Afghanistan.
 
Article 117  [Supreme Court]
(1) The Supreme Court is composed of nine members who are appointed by the President for a period of ten years with the approval of the House of Representatives [Wolesi Jirga] with observance of the provisions of last paragraph of the Article 50 and Article 118 of this Constitution. In the beginning the appointment will be as such:
(2) Three members are appointed for a period of four years, three members for seven years and three members for ten years. Later appointments will be for a period of ten years.
(3) The appointment of the members for the second term is not permissible.
(4) The President appoints one of its members as the Head of the Supreme Court.
(5) Members in no way can be dismissed from their service until the end of their term, except circumstances stated in Article 127 of this Constitution.
 
Article 118  [Qualifications for the Supreme Court]
A member of the Supreme Court shall have the following qualifications:
— The age of the Head of the Supreme Court and its members should not be lower than forty at the time of appointment
— Shall be a citizen of Afghanistan.
— Shall have a higher education in law or in Islamic jurisprudence, and shall have sufficient expertise and experience in the judicial system of Afghanistan.
— Shall have high ethical standards and a reputation of good deeds.
— Shall not have been convicted of crimes against humanity, crimes, and sentenced of deprivation of his civil rights by a court.
— Shall not be a member of any political party during the term of official duty.
 
Article 119  [Oath of Office for the Supreme Court]
Members of the Supreme Court take the following oath in the presence of the President before occupying the post:
«In the name Allah, the Merciful and the Compassionate
I swear in the name of God Almighty to support justice and righteousness in accord with the provisions of the sacred religion of Islam and the provisions of this Constitution and other laws of Afghanistan, and to execute the duty of being a judge with utmost honesty, righteousness and nonpartisanship.»
 
Article 120  [Duty to Decide]
The authority of the judicial organ is to attend to all lawsuits in which real individuals or incorporeal including the state stand before it as plaintiff or defendant and in its presence is expressed in accord with provisions of the law.
 
Article 121  [Judicial Review]
The Supreme Court upon request of the Government or the Courts can review compliance with the Constitution of laws, legislative decrees, international treaties, and international conventions, and interpret them, in accordance with the law.
 
Article 122  [Guaranteed Jurisdiction]
(1) No law, under any circumstance, can transfer a case from the jurisdiction of the judicial branch to another organ as has been determined in this Constitution.
(2) This provision does not apply to establishing special Courts stated in Articles 69, 78 and 127 of this Constitution and military courts in matters relating to them.
(3) The structure and authority of these courts are regulated by law.
 
Article 123  [Judiciary]
With observance of the provisions of this Constitution, the rules related to the structure, authority, and performances of the courts, and the duties of judges are regulated by law.
 
Article 124  [Judicial Administration]
Other officials and administrative personnel of the judicial branch are subject to the provisions of the laws related to the officials and other administrative personnel of the state, but their appointment, dismissal, promotion, pension, rewards and punishments are regulated by the Supreme Court in accordance with the law.
 
Article 125  [Judicial Budget]
(1) The budget of the judicial branch is arranged in consultation with the government by the Supreme Court and presented to the National Assembly by the government as part of the state budget.
(2) Implementation of the budget of the judicial branch is the authority of the Supreme Court.
 
Article 126  [Remuneration of the Supreme Court]
Members of the Supreme Court enjoy official financial benefits for the rest of their lives provided they do not occupy state and political positions.
 
Article 127  [Judicial Impeachment]
(1) When more than one-third of the members of the House of Representatives [Wolesi Jirga] demand the trial of the Chief Justice, or a member of the Supreme Court due to a crime committed during the performance of duty, and the House of Representatives [Wolesi Jirga] approves of this demand by a majority of two-thirds votes, the accused is dismissed from his post and the case is referred to a special court.
(2) The setting up of the court and the procedures of trial are regulated by law.
 
Article 128  [Publicity of Courts]
(1) In the courts of Afghanistan, trials are open and everyone is entitled to attend trials within the bounds of law.
(2) The court, in situations which are stated in the law or in situations in which the secrecy of the trial is deemed necessary, can conduct the trial behind closed doors, but the announcement of the court decision should be open in all instances.
 
Article 129  [Legal Reasoning, Capital Punishment]
(1) The court is obliged to state the reasons for the decision it issues.
(2) All specific decisions of the courts are enforceable, except for capital punishment, which is conditional upon approval of the President.
 
Article 130  [Judicial Discretion]
(1) While processing the cases, the courts apply the provisions of this Constitution and other laws.
(2) When there is no provision in the Constitution or other laws regarding ruling on an issue, the courts' decisions shall be within the limits of this Constitution in accord with the Hanafi jurisprudence and in a way to serve justice in the best possible manner.
 
Article 131  [Shia Law for Shia Followers]
(1) Courts shall apply Shia school of law in cases dealing with personal matters involving the followers of Shia Sect in accordance with the provisions of law.
(2) In other cases if no clarification by this constitution and other laws exist and both sides of the case are followers of the Shia Sect, courts will resolve the matter according to laws of this Sect.
 
Article 132  [Appointment of Judges]
(1) Judges are appointed with the recommendation of the Supreme Court and approval of the President.
(2) The appointment, transfer, promotion, punishment, and proposals to retire judges are within the authority of the Supreme Court in accordance with the law.
(3) The Supreme Court shall establish the General Administration Office of the Judicial Power for the purpose of better arrangement of the administration and judicial affairs and insuring the required improvements.
 
Article 133  [Prosecution of Judges]
(1) When a judge is accused of having committed a crime, the Supreme Court shall inquire about the case involving the judge in accordance with the law.
(2) After listening to his defense, when the Supreme Court regards the accusation to be valid, it shall present a proposal about the judge's dismissal to the President.
(3) After the Presidential approval, the accused judge is dismissed from duty, and punished in accordance with the provisions of the law.
 
Article 134  [Attorney's Office]
(1) Discovery of crimes is the duty of the police and investigation and prosecution are conducted by the Attorney's Office in accordance with the provisions of the law.
(2) The Attorney's Office is part the Executive branch, and is independent in its performances.
(3) The structure, authority, and activities of the Attorney's Office are regulated by law.
(4) Discovery and investigation of crimes related to the armed forces are regulated by a special law.
 
Article 135  [Trial Language]
If parties involved in a case do not know the language in which the trial is conducted, they have the right to understand the material and documents related to the case through an interpreter and the right to speak in their mother language in the court.
 

Chapter VIII  The Administration

 
Article 136  [Principles]
(1) The Administration of Islamic Republic of Afghanistan shall be based on central and local administrative units in accordance with the law.
(2) The central administration is divided into a number of administrative units, each of which shall be headed by a minister.
(3) The local administrative unit is a province.
(4) The number, area, parts, and structures of the provinces and the related administrations are regulated by law on the basis of population, social and economic conditions, and geographic location.
 
Article 137  [Decentralization]
The government, while preserving the principle of centralism, shall — in accordance with the law — delegate certain authorities to local administration units for the purpose of expediting and promoting economic, social, and cultural affairs, and increasing the participation of people in the development of the nation.
 
Article 138  [Provincial Council]
(1) In every province a provincial council is to be formed.
(2) Members of the provincial council are elected in proportion to the population by free, direct, secret ballot, and general elections by the residents of the province for a period of four years in accordance with the law.
(3) The provincial council elects one of its members as Chairman.
 
Article 139  [Development Targets]
(1) The provincial council takes part in securing the developmental targets of the state and improving its affairs in a way stated in the law, and gives advice on important issues falling within the domain of the province.
(2) Provincial councils perform their duties in cooperation with the provincial administration.
 
Article 140  [District and Village Councils]
(1) In order to organize activities involving people and provide them with the opportunity to actively participate in the local administration, councils are set up in districts and villages in accordance with the provisions of the law.
(2) Members of these councils are elected by the local people through, free, general, secret and direct elections for a period of three years.
(3) The participation of nomads in these councils is regulated by law.
 
Article 141  [Municipalities]
(1) Municipalities shall be set up in order to administer city affairs.
(2) The mayor and members of the municipal councils are elected by free, general, secret, and direct elections.
(3) The affairs related to municipalities are regulated by law.
 
Article 142  [Administrative Departments]
For the purpose of the implementation of the provisions, and ensuring the values of this constitution, the state shall establish the required departments.
 

Chapter IX  The State of Emergency

 
Article 143  [Declaration]
(1) If due to war, threat of war, serious rebellion, natural disasters, or situations similar to these protecting the independence or nation's survival becomes impossible by following the provision of this Constitution, the President in confirmation of National Assembly shall declare a state of emergency in some or all parts of the country.
(2) If the state of emergency continues for more than two months, the agreement of National Assembly is required for its extension.
 
Article 144  [Government Authority]
During the state of emergency, the President, with the consultations of heads of the National Assembly, and Chief Justice can transfer some authorities of the National Assembly to the government.
 
Article 145  [Suspended Provisions]
During the state of emergency, the President with the consent of the heads of the National Assembly and the Supreme Court, can suspend the validity of the following Articles or can place restrictions on them:
1. Paragraph two of Article 27.
2. Article 36.
3. Paragraph two of Article 37.
4. Paragraph two of Article 38.
 
Article 146  [Prohibition of Constitutional Amendments]
During the state of emergency, the Constitution cannot be amended.
 
Article 147  [Extended Terms of Office]
(1) If the Presidential term of office, and or the legislative period expire during a state of emergency, the new elections shall be postponed, and the presidency, and the legislative period shall be extended for up to four months.
(2) If the state of emergency continues for more than four months, a Grand Council [Loya Jirga] shall be called by the President for further decisions.
(3) Following the termination of state of emergency, election would be held within two months
 
Article 148  [Invalidation of Emergency Measures]
After the end of the state of emergency, the measures adopted on the basis of Articles 144 and 145 of this Constitution shall be considered invalid immediately.
 

Chapter X  Amendments

 
Article 149  [Islam, Fundamental Rights]
(1) The provisions of adherence to the fundamentals of the sacred religion of Islam and the regime of the Islamic Republic cannot be amended.
(2) The amendment of the fundamental rights of the people are permitted only in order to make them more effective.
(3) Considering new experiences and requirements of the time, other contents of this Constitution can be amended by the proposal of the President or by the majority of the National Assembly in accordance with the provisions of Article 67 and 146 of this constitution.
 
Article 150  [Drafting Commission, Grand Council]
(1) In order to implement proposals regarding the amendment of the Constitution, a Commission composed of members of the Government, National Assembly, and the Supreme Court, shall be established by a Presidential decree, and the commission shall prepare a draft of the amendments.
(2) For approval of the amendments, a Grand Council [Loya Jirga] shall be convened by the decree of the President in accordance with the provisions of the Chapter on the Loy Jirga.
(3) When the Grand Council [Loya Jirga] approves an amendment by a majority of two-thirds of its members, it shall be enforced after endorsement by the President.
 

Chapter XI  Miscellaneous Provisions

 
Article 151  [Economic Incompatibility]
(1) The President, Vice Presidents, Ministers, Head and members of the Supreme Court, Head of the Central Bank, National Security Directorate, Governors and Mayors cannot engage in any profitable business contracts with the government or individuals during their term of office.
(2) Contracts for the purpose of fulfilling personal needs are exception to this provision.
 
Article 152  [Official Incompatibility]
The President, Vice President, ministers, heads and members of the National Assembly, the Supreme Court, and judges, cannot undertake other jobs during their terms of office.
 
Article 153  [Party Incompatibility]
Judges, Attorneys, and Officers of the Armed Forces and Police, and members of the National Security, cannot be members of political parties during their terms of office.
 
Article 154  [Economic Transparency]
Property of the President, Vice Presidents, ministers, members of the Supreme Court and the Attorney General before and after their term of office would be registered and monitored by an organ to be set by law.
 
Article 155  [Salaries and Remuneration]
For the ministers, members of the National Assembly, the Supreme Court, Attorney General and judges, appropriate salaries shall be paid in accordance with the provisions of law.
 
Article 156  [Election and Referendum]
The Independent Electoral Commission will be established to organise and supervise any election and to hold a referendum within the country based on the provisions of the law.
 
Article 157  [Implementation of the Constitution]
The Independent Commission for the Supervision of the Implementation of the Constitution will be established by law. Members of this Commission will be appointed by the President.
 

Chapter XII  Transitional Provisions

 
Article 158  [Father of the Nation]
The Title of the Father of the Nation and the privileges granted by the Emergency Grand Council [Loya Jirga] of 1381 (2002) to His Majesty Mohammad Zahir Former King of Afghanistan are preserved for him during his lifetime, in accordance with the provisions of this constitution.
 
Article 159  [Transitional Period]
(1) The period, following the adoption of this Constitution, until the date of inauguration of the National Assembly, is deemed as a transitional period.
(2) During the transitional period, the Islamic Transitional State of Afghanistan shall carry out the following tasks:
— Issue decrees related to the election of the President, National Assembly and local councils within six months.
— Issue decrees regarding the structure and authorities of the courts and basic administration structures within one year.
— Establish an Independent Electoral Commission.
— Implement the reform of the executive and judiciary.
— Adopt necessary measures for preparing the ground for enforcement of the provisions of this Constitution.
 
Article 160  [Presidential Election]
(1) The first elected President takes up his or her duties within thirty days after the result of the election has been proclaimed, in accordance with this constitution.
(2) Every effort shall be made to hold the first presidential election and the parliamentary election at the same time.
(3) Until the establishment of the National Assembly, the powers of the National Assemby outlined in this constitution shall be held by the Government. The interim Supreme Court shall be established by Presidential Decree.
 
Article 161  [Establishing Institutions]
(1) The National Assembly shall exercise its powers immediately after its establishment in accordance with this constitution.
(2) The Government, and the Supreme Court shall be established within thirty days after the first session of the House of Representatives [Wolesi Jirga] is taken place.
(3) The President of the Transitional Islamic State of Afghanistan shall continue his duties until the elected President has taken up office.
(4) The executive and judicial organs of the State in accordance with provisions of paragraph 3 of Article 157 of this constitution shall continue their duties, until the formation of the Government and the Supreme Court.
(5) The decrees enforced from the beginning of the interim period, shall be submitted to the first session of the National Assembly. These decrees are enforceable until annulment by the National Assembly.
 
Article 162  [Entry Into Force]
(1) This constitution enters into force upon its approval by the Grand Council [Loya Jirga], and will be signed and proclaimed by the President of the Transitional Islamic State of Afghanistan.
(2) Upon its enforcement, laws and decrees contrary to the provisions of this constitution are void.

PREÁMBULO

Nos, los representantes de la provincia de Buenos Aires, reunidos por su voluntad y elección, con el objeto de constituir el mejor gobierno de todos y para todos, afianzar la justicia, consolidar la paz interna, proveer la seguridad común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para el pueblo y para los demás hombres que quieran habitar su suelo, invocando a Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución.

SECCIÓN I.- DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS

Artículo 1º.- La provincia de Buenos Aires, como parte integrante de la República Argentina, constituida bajo la forma representativa republicana federal, tiene el libre ejercicio de todos los poderes y derechos que por la Constitución Nacional no hayan sido delegados al Gobierno de la Nación.

Artículo 2º.- Todo poder público emana del pueblo; y así éste puede alterar o reformar la presente Constitución, siempre que el bien común lo exija y en la forma que por ella se establece.

Artículo 3º.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia las autoridades provinciales pueden impedir la vigencia de esta Constitución.

Toda alteración, modificación, supresión o reforma de la presente Constitución dispuesta por un poder no constituido o realizada sin respetar los procedimientos en ella previstos, como así también la arrogación ilegítima de funciones de un poder en desmedro de otro, será nula de nulidad absoluta y los actos que de ellos se deriven quedarán sujetos a revisión ulterior.

Quienes ordenaren, ejecutaren o consintieren actos o hechos para desplazar inconstitucionalmente a las autoridades constituidas regularmente, y aquéllos que ejercieren funciones de responsabilidad o asesoramiento político en cualquiera de los poderes públicos, ya sean nacionales, provinciales o municipales, quedarán inhabilitados a perpetuidad para ejercer cargos o empleos públicos, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que fueren aplicables.

También agravian y lesionan la sustancia del orden constitucional los actos de corrupción. La ley creará el Tribunal Social de Responsabilidad Política que tendrá a su cargo examinar los actos de corrupción que pudieren cometer los funcionarios de los poderes públicos, provinciales y municipales.

A los habitantes de la Provincia les asiste el derecho de no acatar las órdenes o disposiciones provenientes de los usurpadores de los poderes públicos.

Artículo 4º.- Los límites territoriales de la Provincia son los que por derecho le corresponden, con arreglo a lo que la Constitución Nacional establece y sin perjuicio de las cesiones o tratados interprovinciales que puedan hacerse autorizados por la Legislatura, por ley sancionada por dos tercios de votos del número total de los miembros de cada Cámara.

Artículo 5º.- La Capital de la provincia de Buenos Aires es la ciudad de La Plata, las Cámaras Legislativas, el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia, funcionarán permanentemente en esta ciudad, salvo los casos en que, por causas extraordinarias, la ley dispusiese transitoriamente otra cosa.

Artículo 6º.- Se llevará un registro del estado civil de las personas, con carácter uniforme y sin distinción de nacionalidades o creencias religiosas y en la forma que lo establezca la ley.

Artículo 7º.- Es inviolable en el territorio de la Provincia el derecho que todo hombre tiene para rendir culto a Dios Todopoderoso, libre y públicamente, según los dictados de su conciencia.

Artículo 8º.- El uso de la libertad religiosa, reconocido en el artículo anterior, queda sujeto a lo que prescriben la moral y el orden público.

Artículo 9º.- El Gobierno de la Provincia coopera a sostener el culto Católico Apostólico Romano, con arreglo a las prescripciones de la Constitución Nacional.

Artículo 10.- Todos los habitantes de la Provincia son, por su naturaleza, libres e independientes y tienen derecho perfecto de defender y de ser protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado de estos goces sino por vía de penalidad, con arreglo a la ley anterior al hecho del proceso y previa sentencia legal del juez competente.

Artículo 11.- Los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley, y gozan de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional, los que emanan en su consecuencia a través de los tratados celebrados por la Nación y los que se expresan en esta Constitución.

La Provincia no admite distinciones, discriminaciones ni privilegios por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, lengua, ideología, opinión, enfermedades de riesgo, características físicas o cualquier otra condición amparada por las normas constitucionales.

Es deber de la Provincia promover el desarrollo integral de las personas garantizando la igualdad de oportunidades y la efectiva participación de todos en la organización política, económica y social.

Artículo 12.- Todas las personas en la Provincia gozan, entre otros, de los siguientes derechos:

1-  A la vida, desde la concepción hasta la muerte natural.

2-  A conocer la identidad de origen.

3-  Al respeto de la dignidad, al honor, la integridad física, psíquica y moral.

4-  A la información y a la comunicación.

5- A la inviolabilidad de los documentos privados y cualquier otra forma de comunicación personal. La ley establecerá los casos de excepción en que por resolución judicial fundada podrá procederse al examen, interferencia o interceptación de los mismos o de la correspondencia epistolar.

Artículo 13.- La libertad de expresar pensamientos y opiniones por cualquier medio, es un derecho asegurado a los habitantes de la Provincia.

La Legislatura no dictará medidas preventivas, ni leyes o reglamentos que coarten, restrinjan o limiten el uso de la libertad de prensa.

Solamente podrán calificarse de abusos de la libertad de prensa los hechos constitutivos de delitos comunes. La determinación de sus penas incumbirá a la Legislatura y su juzgamiento, a los jueces y tribunales ordinarios. Mientras no se dicte la ley correspondiente, se aplicarán las sanciones determinadas por el Código Penal de la Nación.

Los delitos cometidos por medio de la prensa nunca se reputarán flagrantes. No se podrá secuestrar las imprentas y sus accesorios como instrumentos del delito durante los procesos. Se admitirá siempre la prueba como descargo, cuando se trate de la conducta oficial de los funcionarios o empleados públicos.

Artículo 14.- Queda asegurado a todos los habitantes de la Provincia el derecho de reunión pacífica para tratar asuntos públicos o privados, con tal que no turben el orden público, así como el de petición individual o colectiva, ante todas y cada una de sus autoridades, sea para solicitar gracia o justicia, instruir a sus representantes o para pedir la reparación de agravios. En ningún caso una reunión de personas podrá atribuirse la representación ni los derechos del pueblo, ni peticionar en su nombre, y los que lo hicieren cometen delito de sedición.

Artículo 15.- La Provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites y la asistencia letrada a quienes carezcan de recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento administrativo o judicial.

Las causas deberán decidirse en tiempo razonable. El retardo en dictar sentencia y las dilaciones indebidas cuando sean reiteradas, constituyen falta grave.

Artículo 16.– Nadie podrá ser detenido sin que preceda indagación sumaria que produzca semiplena prueba o indicio vehemente de un hecho que merezca pena corporal, salvo en caso flagrante, en que todo delincuente puede ser detenido por cualquiera persona y conducido inmediatamente a presencia de su juez; ni podrá ser constituido en prisión sin orden escrita de juez competente.

Artículo 17.- Toda orden de pesquisa, detención de una o más personas o embargo de propiedades, deberá especificar las personas u objetos de pesquisa o embargo, describiendo particularmente el lugar que debe ser registrado, y no se expedirá mandato de esta clase sino por hecho punible apoyado en juramento o afirmación, sin cuyos requisitos la orden o mandato no será exequible.

Artículo 18.- No podrá juzgarse por comisiones ni tribunales especiales, cualquiera que sea la denominación que se les dé.

Artículo 19.- Todo aprehendido será notificado de la causa de su detención dentro de las veinticuatro horas.

Artículo 20.- Se establecen las siguientes garantías de los derechos constitucionales:

1- Toda persona que de modo actual o inminente, sufra en forma ilegal o arbitraria, cualquier tipo de restricción o amenaza en su libertad personal, podrá ejercer la garantía de Habeas Corpus recurriendo ante cualquier juez.

Igualmente se procederá en caso de agravamiento arbitrario de las condiciones de su detención legal o en el de desaparición forzada de personas.

La presentación no requerirá formalidad alguna y podrá realizarse por sí mismo o a través de terceros, aún sin mandato.

El juez con conocimiento de los hechos y de resultar procedente, hará cesar inmediatamente y dentro de las veinticuatro horas, la restricción, amenaza o agravamiento, aún durante la vigencia del estado de sitio. Incurrirá en falta grave el juez o funcionario que no cumpliere con las disposiciones precedentes.

2- La garantía de Amparo podrá ser ejercida por el Estado en sentido lato o por particulares, cuando por cualquier acto, hecho, decisión u omisión proveniente de autoridad pública o de persona privada, se lesione o amenace, en forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, el ejercicio de los derechos constitucionales individuales y colectivos.

El Amparo procederá ante cualquier juez siempre que no pudieren utilizarse, por la naturaleza del caso, los remedios ordinarios sin daño grave o irreparable y no procediese la garantía de Habeas Corpus.

No procederá contra leyes o contra actos jurisdiccionales emanados del Poder Judicial.

La ley regulará el Amparo estableciendo un procedimiento breve y de pronta resolución para el ejercicio de esta garantía, sin perjuicio de la facultad del juez para acelerar su trámite, mediante formas más sencillas que se adapten a la naturaleza de la cuestión planteada.

En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesivos.

3- A través de la garantía de Habeas Data que se regirá por el procedimiento que la ley determine, toda persona podrá conocer lo que conste de la misma en forma de registro, archivo o banco de datos de organismos públicos, o privados destinados a proveer informes, así como la finalidad a que se destine esa información, y a requerir su rectificación, actualización o cancelación. No podrá afectarse el secreto de las fuentes y el contenido de la información periodística.

Ningún dato podrá registrarse con fines discriminatorios ni será proporcionado a terceros, salvo que tengan un interés legítimo. El uso de la informática no podrá vulnerar el honor, la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos.

Todas las garantías precedentes son operativas. En ausencia de reglamentación, los jueces resolverán sobre la procedencia de las acciones que se promuevan, en consideración a la naturaleza de los derechos que se pretendan tutelar.

Artículo 21.- Podrá ser excarcelada o eximida de prisión, la persona que diere caución o fianza suficiente.

          La ley determinará las condiciones y efectos de la fianza, atendiendo a la naturaleza del delito, su gravedad, peligrosidad del agente y demás circunstancias, y la forma y oportunidad de acordar la libertad provisional.

Artículo 22.- Todo habitante de la Provincia, tiene el derecho de entrar y salir del país, de ir y venir, llevando consigo sus bienes, salvo el derecho de tercero.

Artículo 23.- La correspondencia epistolar es inviolable.

Artículo 24.- El domicilio de una persona no podrá ser allanado sino por orden escrita de juez o de las autoridades municipales encargadas de vigilar la ejecución de los reglamentos de salubridad pública y a este solo objeto.

Artículo 25.- Ningún habitante de la Provincia estará obligado a hacer lo que la ley no manda, ni será privado de hacer lo que ella no prohíbe.

Artículo 26.- Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden público ni perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.

Artículo 27.- La libertad de trabajo, industria y comercio, es un derecho asegurado a todo habitante de la Provincia, siempre que no ofenda o perjudique a la moral o a la salubridad pública, ni sea contrario a las leyes del país o a los derechos de tercero.

Artículo 28.- Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras.

          La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada.

En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables del territorio de la Provincia; planificar el aprovechamiento racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo; prohibir el ingreso en el territorio de residuos tóxicos o radiactivos; y garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales.

Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la fauna.

Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo.

Artículo 29.- A ningún acusado se le obligará a prestar juramento, ni a declarar contra sí mismo en materia criminal, ni será encausado dos veces por un mismo delito.

Artículo 30.- Las prisiones son hechas para seguridad y no para mortificación de los detenidos. Las penitenciarías serán reglamentadas de manera que constituyan centro de trabajo y moralización. Todo rigor innecesario hace responsable a las autoridades que lo ejerzan.

Artículo 31.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Provincia puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.

Artículo 32.- Se ratifican para siempre las leyes de libertad de vientres y las que prohíben el tráfico de esclavos, la confiscación de bienes, el tormento, las penas crueles, infamia trascendental, mayorazgos y vinculaciones de toda especie, debiendo ser enajenable toda propiedad.

Artículo 33.- Ninguna persona será encarcelada por deudas en causa civil, salvo los casos de fraude o culpa especificados por ley.

Artículo 34.- Los extranjeros gozarán en el territorio de la Provincia de todos los derechos civiles del ciudadano y de los demás que esta Constitución les acuerda.

Artículo 35.- La libertad de enseñar y aprender no podrá ser coartada por medidas preventivas.

Artículo 36.- La Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.

      A tal fin reconoce los siguientes derechos sociales:

1- De la Familia. La familia es el núcleo primario y fundamental de la sociedad. La Provincia establecerá políticas que procuren su fortalecimiento y protección moral y material.

2- De la Niñez. Todo niño tiene derecho a la protección y formación integral, al cuidado preventivo y supletorio del Estado en situaciones de desamparo y a la asistencia tutelar y jurídica en todos los casos.

3- De la Juventud. Los jóvenes tienen derecho al desarrollo de sus aptitudes y a la plena participación e inserción laboral, cultural y comunitaria.

4- De la Mujer. Toda mujer tiene derecho a no ser discriminada por su sexo, a la igualdad de oportunidades, a una protección especial durante los estados de embarazo y lactancia, y las condiciones laborales deben permitir el cumplimiento de su esencial función familiar. La Provincia promoverá políticas de asistencia a la madre sola sostén de hogar.

5- De la Discapacidad. Toda persona discapacitada tiene derecho a la protección integral del Estado. La Provincia garantizará la rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos especiales; tendiendo a la equiparación promoverá su inserción social, laboral y la toma de conciencia respecto de los deberes de solidaridad sobre discapacitados.

6- De la Tercera Edad. Todas las personas de la Tercera Edad tienen derecho a la protección integral por parte de su familia. La Provincia promoverá políticas asistenciales y de revalorización de su rol activo.

7- A la Vivienda. La Provincia promoverá el acceso a la vivienda única y la constitución del asiento del hogar como bien de familia; garantizará el acceso a la propiedad de un lote de terreno apto para erigir su vivienda familiar única y de ocupación permanente, a familias radicadas o que se radiquen en el interior de la Provincia, en municipios de hasta 50.000 habitantes, sus localidades o pueblos.

Una ley especial reglamentará las condiciones de ejercicio de la garantía consagrada en esta norma.

8- A la Salud. La Provincia garantiza a todos sus habitantes el acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos; sostiene el hospital público y gratuito en general, con funciones de asistencia sanitaria, investigación y formación; promueve la educación para la salud; la rehabilitación y la reinserción de las personas tóxicodependientes. El medicamento por su condición de bien social integra el derecho a la salud; la Provincia a los fines de su seguridad, eficacia y disponibilidad asegura, en el ámbito de sus atribuciones, la participación de profesionales competentes en su proceso de producción y comercialización.

9- De los Indígenas. La Provincia reivindica la existencia de los pueblos indígenas en su territorio, garantizando el respeto a sus identidades étnicas, el desarrollo de sus culturas y la posesión familiar y comunitaria de las tierras que legítimamente ocupan.

10- De los Veteranos de Guerra. La Provincia adoptará políticas orientadas a la asistencia y protección de los veteranos de guerra facilitando el acceso a la salud, al trabajo y a una vivienda digna.

Artículo 37.- Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho a recibir, a través de políticas efectivas de acción social y salud, las utilidades producidas por los juegos de azar, debidamente creados y reglamentados por ley.

La Provincia se reserva, como derecho no delegado al Estado Federal, la administración y explotación de todos los casinos y salas de juegos relativas a los mismos, existentes o a crearse; en tal sentido esta Constitución no admite la privatización o concesión de la banca estatal a través de ninguna forma jurídica.

La ley que reglamente lo anteriormente consagrado podrá permitir la participación del capital privado en emprendimientos de desarrollo turístico, en tanto no implique la modificación del apartado anterior.

Artículo 38.- Los consumidores y usuarios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección frente a los riesgos para la salud y su seguridad, a la promoción y defensa de sus intereses económicos y a una información adecuada y veraz.

La Provincia proveerá a la educación para el consumo, al establecimiento de procedimientos eficaces para la prevención y resolución de conflictos y promoverá la constitución de asociaciones de usuarios y consumidores.

Artículo 39.- El trabajo es un derecho y un deber social.

1- En especial se establece: derecho al trabajo, a una retribución justa, a condiciones dignas de trabajo, al bienestar, a la jornada limitada, al descanso semanal, a igual remuneración por igual tarea y al salario mínimo, vital y móvil.

A tal fin, la Provincia deberá: fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del empleador y ejercer en forma indelegable el poder de policía en materia laboral; propiciar el pleno empleo, estimulando la creación de nuevas fuentes de trabajo; promover la capacitación y formación de los trabajadores, impulsar la colaboración entre empresarios y trabajadores, y la solución de los conflictos mediante la conciliación, y establecer tribunales especializados para solucionar los conflictos de trabajo.

2- La Provincia reconoce los derechos de asociación y libertad sindical, los convenios colectivos, el derecho de huelga y las garantías al fuero sindical de los representantes gremiales.

3- En materia laboral y de seguridad social regirán los principios de irrenunciabilidad, justicia social, gratuidad de las actuaciones en beneficio del trabajador, primacía de la realidad, indemnidad, progresividad y, en caso de duda, interpretación a favor del trabajador.

4- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 inciso 12 de esta Constitución, la Provincia garantiza a los trabajadores estatales el derecho de negociación de sus condiciones de trabajo y la substanciación de los conflictos colectivos entre el Estado provincial y aquellos a través de un organismo imparcial que determine la ley. Todo acto o contrato que contravenga las garantías reconocidas en el presente inciso será nulo.

Artículo 40.- La Provincia ampara los regímenes de seguridad social emergentes de la relación de empleo público provincial.

El sistema de seguridad social para los agentes públicos estará a cargo de entidades con autonomía económica y financiera administradas por la Provincia con participación en las mismas de representantes de los afiliados conforme lo establezca la ley.

La Provincia reconoce la existencia de cajas y sistemas de seguridad social de profesionales.

Artículo 41.- La Provincia reconoce a las entidades intermedias expresivas de las actividades culturales, gremiales, sociales y económicas, y garantiza el derecho a la constitución y desenvolvimiento de colegios o consejos profesionales.

Asimismo fomenta la organización y desarrollo de cooperativas y mutuales, otorgándoles un tratamiento tributario y financiamiento acorde con su naturaleza.

Artículo 42.- Las Universidades y Facultades científicas erigidas legalmente, expedirán los títulos y grados de su competencia, sin más condición que la de exigir exámenes suficientes en el tiempo en que el candidato lo solicite, de acuerdo con los reglamentos de las Facultades respectivas, quedando a la Legislatura la facultad de determinar lo concerniente al ejercicio de las profesiones liberales.

Artículo 43.- La Provincia fomenta la investigación científica y tecnológica, la transferencia de sus resultados a los habitantes cuando se efectúe con recursos del Estado y la difusión de los conocimientos y datos culturales mediante la implementación de sistemas adecuados de información, a fin de lograr un sostenido desarrollo económico y social que atienda a una mejor calidad de vida de la población.

Artículo 44.- La Provincia preserva, enriquece y difunde su patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico y urbanístico, y protege sus instituciones.

La Provincia desarrollará políticas orientadas a rescatar, investigar y difundir las manifestaciones culturales, individuales o colectivas, y las realizaciones del pueblo que afirmen su identidad regional, provincial y nacional, generando ámbitos de participación comunitaria.

Artículo 45.- Los poderes públicos no podrán delegar las facultades que les han sido conferidas por esta Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que expresamente le están acordadas por ella.

Artículo 46.- No podrá acordarse remuneración extraordinaria a ninguno de los miembros de los poderes públicos y ministros secretarios, por servicios hechos o que se les encargaren en el ejercicio de sus funciones, o por comisiones especiales o extraordinarias.

Artículo 47.- No podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la Provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por ley sancionada por dos tercios de votos de los miembros presentes de cada Cámara.

Artículo 48.- Toda ley que sancione empréstito deberá especificar los recursos especiales con que deba hacerse el servicio de la deuda y su amortización.

Artículo 49.- No podrán aplicarse los recursos que se obtengan por empréstito sino a los objetos determinados, que debe especificar la ley que lo autorice, bajo responsabilidad de la autoridad que los invierta o destine a otros objetos.

Artículo 50.- La Legislatura no podrá disponer de suma alguna del capital del Banco de la Provincia.

Artículo 51.- Ningún impuesto establecido o aumentado para sufragar la construcción de obras especiales, podrá ser aplicado interina o definitivamente a objetos distintos de los determinados en la ley de su creación, ni durará por más tiempo que el que se emplee en redimir la deuda que se contraiga.

Artículo 52.- Los empleados públicos a cuya elección o nombramiento no provea esta Constitución, serán nombrados por el Poder Ejecutivo.

Artículo 53.- No podrá acumularse dos o más empleos a sueldo en una misma persona, aunque sea el uno provincial y el otro nacional, con excepción de los del magisterio en ejercicio. En cuanto a los empleos gratuitos y comisiones eventuales, la ley determinará los que sean incompatibles.

Artículo 54.- Todo funcionario y empleado de la Provincia, cuya residencia no esté regida por esta Constitución, deberá tener su domicilio real en el partido donde ejerza sus funciones.

La ley determinará las penas que deban aplicarse a los infractores y los casos en que pueda acordarse, licencias temporales.

Artículo 55.- El defensor del pueblo tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes. Ejerce su misión frente a los hechos u omisiones de la Administración pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones. Supervisa la eficacia de los servicios públicos que tenga a su cargo la Provincia o sus empresas concesionarias.

Tendrá plena autonomía funcional y política. Durará cinco años en el cargo pudiendo ser designado por un segundo período. Será nombrado y removido por la Legislatura con el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara. Una ley especial regulará su organización y funcionamiento.

Artículo 56.- Las declaraciones, derechos y garantías enumerados en esta Constitución, no serán interpretados como negación o mengua de otros derechos y garantías no enumerados o virtualmente retenidos por el pueblo, que nacen del principio de la soberanía popular y que corresponden al hombre en su calidad de tal.

Artículo 57.- Toda ley, decreto u orden contrarios a los artículos precedentes o que impongan al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ellos, otras restricciones que las que los mismos artículos permiten, o priven a los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces. Los individuos que sufran los efectos de toda orden que viole o menoscabe estos derechos, libertades y garantías, tienen acción civil para pedir las indemnizaciones por los perjuicios que tal violación o menoscabo les cause, contra el empleado o funcionario que la haya autorizado o ejecutado.

SECCIÓN II .- RÉGIMEN ELECTORAL

CAPÍTULO ÚNICO.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 58.- La representación política tiene por base la población y con arreglo a ella se ejercerá el derecho electoral.

Artículo 59.-

1- Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y las leyes que se dicten en consecuencia.

La atribución del sufragio popular es un derecho inherente a la condición de ciudadano argentino y del extranjero en las condiciones que determine la ley, y un deber que se desempeña con arreglo a las prescripciones de esta Constitución y a la ley de la materia.

El sufragio será universal, igual, secreto y obligatorio.

2- Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.

Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a la Constitución Nacional, a esta Constitución y a la ley que en su consecuencia se dicte, garantizándose su organización y funcionamiento democrático, la representación de las minorías, la competencia exclusiva para la postulación de los candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y a la difusión de sus ideas.

La Provincia contribuye al sostenimiento económico de los partidos políticos, los que deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonios.

Artículo 60.- La proporcionalidad de la representación será la regla en todas las elecciones populares para integrar cuerpos colegiados, a fin de dar a cada opinión un número de representantes proporcional al número de sus adherentes, según el sistema que para la aplicación de este principio determine la ley.

A los efectos de mantener la regla establecida en este artículo, la Legislatura determinará la forma y oportunidad del reemplazo por suplentes, de legisladores, municipales y consejeros escolares, en los casos de vacante. Con el mismo objeto, no se convocará a elecciones por menos de tres vacantes.

Artículo 61.- La Legislatura dictará la ley electoral; ésta será uniforme para toda la Provincia y se sujetará a las disposiciones precedentes y a las que se expresan a continuación:

1- Cada uno de los partidos en que se divida la Provincia, constituirá un distrito electoral; los distritos electorales serán agrupados en secciones electorales. No se formará ninguna sección electoral a la que le corresponda elegir menos de tres senadores y seis diputados. La capital de la Provincia formará una sección electoral.

2- Se votará personalmente y por boletas en que consten los nombres de los candidatos.

3- Los electores votarán en el distrito electoral de su residencia.

4- Los electores estarán obligados a desempeñar las funciones electorales que les encomienden las autoridades creadas por esta Constitución y la ley electoral; se determinarán sanciones para los infractores.

Artículo 62.- Habrá una Junta Electoral permanente, integrada por los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Cuentas y de tres Cámaras de Apelación del Departamento de la Capital, que funcionará en el local de la Legislatura, bajo la presidencia del primero. En caso de impedimento serán reemplazados por sus sustitutos legales.

Artículo 63.- Corresponderá a la Junta Electoral:

1- Formar y depurar el registro de electores;

2- Designar y remover los electores encargados de recibir los sufragios;

3- Realizar los escrutinios, sin perjuicio de lo que disponga la Legislatura en el caso de resolver la simultaneidad de las elecciones nacionales y provinciales;

4- Juzgar de la validez de las elecciones;

5- Diplomar a los legisladores, municipales y consejeros escolares, quienes con esa credencial, quedarán habilitados para ejercer sus respectivos mandatos.

Estas atribuciones y las demás que le acuerde la Legislatura, serán ejercidas con sujeción al procedimiento que determine la ley.

Artículo 64.- A los efectos del escrutinio, los miembros del Ministerio Público y los secretarios de la Suprema Corte de Justicia y de las Cámaras de Apelación, serán auxiliares de la Junta Electoral.

Artículo 65.- Toda elección deberá terminarse en un solo día, sin que las autoridades puedan suspenderla por ningún motivo.

Artículo 66.- Los electores encargados de recibir los sufragios, tendrán a su cargo el orden inmediato en el comicio durante el ejercicio de sus funciones y para conservarlo o restablecerlo, podrán requerir el auxilio de la fuerza pública.

SECCIÓN III.- CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 67.-

1- Los electores tienen el derecho de iniciativa para la presentación de proyectos de ley, con excepción de los referidos a reforma constitucional, aprobación de tratados y convenios, presupuesto, recursos, creación de municipios y de órganos jurisdiccionales, debiendo la Legislatura darle expreso tratamiento dentro del término de doce meses. La ley determinará las condiciones, requisitos y porcentaje de electores que deberán suscribir la iniciativa.

2- Todo asunto de especial trascendencia para la Provincia, podrá ser sometido a consulta popular por la Legislatura o por el Poder Ejecutivo, dentro de las respectivas competencias. La consulta podrá ser obligatoria y vinculante por el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara.

3- Todo proyecto de ley podrá ser sometido a consulta popular, para su ratificación o rechazo, por el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara. Ratificado el proyecto se promulgará como ley en forma automática.

4- La ley reglamentaria establecerá las condiciones, requisitos, materias y procedimientos que regirán para las diferentes formas de consulta popular.

5- La Legislatura por dos tercios de votos del total de los miembros de cada Cámara, podrá establecer otras formas de participación popular.

SECCIÓN IV.- PODER LEGISLATIVO

CAPÍTULO I.- DE LA LEGISLATURA

Artículo 68.- El Poder Legislativo de la Provincia será ejercido por dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores, elegidos directamente por los electores, con arreglo a las prescripciones de esta Constitución y a la ley de la materia.

CAPÍTULO II.- DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 69.- Esta Cámara se compondrá de ochenta y cuatro diputados. La Legislatura, por dos tercios de votos del total de los miembros de cada Cámara, podrá elevar esta cantidad hasta cien como máximo. Se determinará con arreglo a cada censo nacional o provincial, debidamente aprobado, el número de habitantes que ha de representar cada diputado.

Artículo 70.- El cargo de diputado durará cuatro años, pero la Cámara se renovará por mitad cada dos años.

Artículo 71.- Para ser diputado se requieren las cualidades siguientes:

1- Ciudadanía natural en ejercicio, o legal después de cinco años de obtenida, y residencia inmediata de un año para los que no sean hijos de la Provincia.

2- Veintidós años de edad.

Artículo 72.- Es incompatible el cargo de diputado con el de empleado a sueldo de la Provincia o de la Nación, y de miembro de los directorios de los establecimientos públicos de la Provincia. Exceptúanse los del magisterio en ejercicio y las comisiones eventuales.

Todo ciudadano que siendo diputado aceptase cualquier empleo de los expresados en el primer párrafo de este artículo, cesará por ese hecho de ser miembro de la Cámara.

Artículo 73.- Es de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados:

1- Prestar su acuerdo al Poder Ejecutivo para el nombramiento de los miembros del Consejo General de Cultura y Educación;

2- Acusar ante el Senado al gobernador de la Provincia y sus ministros, al vicegobernador, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, al procurador y subprocurador general de la misma, y al fiscal de Estado por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento a los deberes de su cargo.

Para usar de esta atribución, deberá proceder una sanción de la Cámara por dos tercios de votos de sus miembros presentes, que declare que hay lugar a formación de causa.

Cualquier habitante de la Provincia tiene acción para denunciar ante la Cámara de Diputados el delito o falta, a efectos de que se promueva la acusación. La ley determinará el procedimiento de estos juicios.

Artículo 74.- Cuando se deduzca acusación por delitos comunes contra los funcionarios acusables por la Cámara de Diputados, no podrá procederse contra sus personas, sin que previamente el tribunal competente solicite el juicio político y la Legislatura haga lugar a la acusación y al allanamiento de la inmunidad del acusado.

CAPÍTULO III.- DEL SENADO

Artículo 75.- Esta Cámara se compondrá de cuarenta y dos senadores. La Legislatura, por dos tercios de votos del total de los miembros de cada Cámara, podrá elevar esta cantidad hasta cincuenta, como máximo, estableciendo el número de habitantes que ha de representar cada senador, de acuerdo con lo prescripto en el artículo 69.

Artículo 76.- Son requisitos para ser senador:

1- Ciudadanía natural en ejercicio, o legal después de cinco años de obtenida y residencia inmediata de un año para los que no sean hijos de la Provincia.

2- Tener treinta años de edad.

Artículo 77.- Son también aplicables al cargo de senador las incompatibilidades establecidas en el artículo 72 para los diputados, en los términos allí prescriptos.

Artículo 78.- El cargo de senador durará cuatro años, pero la Cámara se renovará por mitad cada dos años.

Artículo 79.- Es atribución exclusiva del Senado juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, constituyéndose al efecto en tribunal y prestando sus miembros juramento o afirmación para estos casos.

Cuando el acusado fuese el gobernador o el vicegobernador de la Provincia, deberá presidir el Senado el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero no tendrá voto.

Artículo 80.- El fallo del Senado en estos casos no tendrá más efecto que destituir al acusado y aún declararlo incapaz de ocupar  ningún puesto de honor o a sueldo de la Provincia.

Ningún acusado podrá ser declarado culpable, sin una mayoría de dos tercios de votos de los miembros presentes. Deberá votarse en estos casos nominalmente y registrarse en el «Diario de Sesiones» el voto de cada senador.

Artículo 81.- El que fuese condenado en esta forma queda, sin embargo, sujeto a acusación y juicio ante los tribunales ordinarios.

Artículo 82.- Presta su acuerdo a los nombramientos que debe hacer el Poder Ejecutivo con este requisito y le presenta una terna alternativa para el nombramiento de tesorero y subtesorero, contador y subcontador de la Provincia.

CAPÍTULO IV.- DISPOSICIONS COMUNES A AMBAS CÁMARAS

Artículo 83.- Las elecciones para diputados y senadores tendrán lugar cada dos años, en la fecha que la ley establezca.

Artículo 84.- Las Cámaras abrirán automáticamente sus sesiones ordinarias, el primer día hábil del mes de marzo de cada año y las cerrarán el treinta de noviembre. Funcionarán en la Capital de la Provincia pero podrán hacerlo por causas extraordinarias en otro punto, precediendo una disposición de ambas Cámaras que así lo autorice.

Artículo 85.- Los senadores y diputados residirán en la Provincia mientras dure el ejercicio de sus funciones.

Artículo 86.- Las Cámaras podrán ser convocadas por el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias, siempre que un asunto de interés público y urgente lo exija o convocarse por sí mismas cuando, por la misma razón, lo soliciten doce senadores y veinticuatro diputados. En estos casos, sólo se ocuparán del asunto o asuntos de la convocatoria, empezando por declarar si ha llegado el caso de urgencia e interés público para hacer lugar al requerimiento.

Artículo 87.- Para funcionar necesitan mayoría absoluta del total de sus miembros, pero en número menor podrán reunirse al solo efecto de acordar las medidas que estimen convenientes para compeler a los inasistentes.

Artículo 88.- Ninguna de las Cámaras podrá suspender sus sesiones más de tres días sin acuerdo de la otra.

Artículo 89.- Ningún miembro del Poder Legislativo, durante su mandato, ni aún renunciando su cargo, podrá ser nombrado para desempeñar empleo alguno rentado que haya sido creado o cuyos emolumentos se hayan aumentado durante el período legal de la Legislatura en que haya actuado, ni ser parte en contrato alguno que resulte de una ley sancionada durante su período.

Artículo 90.- Cada Cámara podrá nombrar comisiones de su seno para examinar el estado del Tesoro y para el mejor desempeño de las atribuciones que le conciernan, y podrá pedir a los jefes de departamento de la Administración y por su conducto a sus subalternos, los informes que crea convenientes.

Artículo 91.- Podrán también expresar la opinión de su mayoría por medio de resoluciones o declaraciones sin fuerza de ley, sobre cualquier asunto político o administrativo que afecte los intereses generales de la Provincia o de la Nación.

Artículo 92.- Cada Cámara podrá hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo, para pedirles los informes que estime convenientes.

Artículo 93.- Cada Cámara se regirá por un reglamento especial y nombrará su presidente y vicepresidentes, a excepción del presidente del Senado, que lo será el vicegobernador, quien no tendrá voto sino en caso de empate.

Los funcionarios y empleados de ambas Cámaras, serán designados en la forma que determinen sus respectivos reglamentos.

Artículo 94.- La Legislatura sancionará su presupuesto, acordando el número de empleados que necesite, su dotación y la forma en que deben proveerse. Esta ley no podrá ser vetada por el Poder Ejecutivo.

Artículo 95.- Las sesiones de ambas Cámaras serán públicas, y sólo podrán ser secretas por acuerdo de la mayoría.

Artículo 96.- Los miembros de ambas Cámaras son inviolables por las opiniones que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de su cargo.

No hay autoridad alguna que pueda procesarlos y reconvenirlos en ningún tiempo por tales causas.

Artículo 97.- Los senadores y diputados gozarán de completa inmunidad en su persona desde el día de su elección hasta el día en que cese su mandato, y no podrán ser detenidos por ninguna autoridad sino en caso de ser sorprendidos en la ejecución flagrante de algún crimen, dándose inmediatamente cuenta a la Cámara respectiva, con la información sumaria del hecho, para que resuelva lo que corresponda, según el caso, sobre la inmunidad personal.

Artículo 98.- Cuando se deduzca acusación ante la justicia contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario, de la acusación o información traída, podrá la Cámara respectiva, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, dejándolo a disposición del juez competente para su juzgamiento.

Artículo 99.- Cada Cámara podrá corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, por dos tercios de votos; y en caso de reincidencia, podrá expulsarlo por el mismo número de votos.

Por inasistencia notable podrá también declararlo cesante en la misma forma.

Artículo 100.- Cada Cámara tendrá jurisdicción para corregir los actos que atenten contra su autoridad, dignidad e independencia y contra las inmunidades de sus miembros. La ley definirá los casos y las penas para la aplicación de este artículo.

Artículo 101.- Al aceptar el cargo los diputados y senadores, jurarán por Dios y por la Patria, o por la Patria, desempeñarlo fielmente.

Artículo 102.- Los senadores y diputados gozarán de una remuneración determinada por la Legislatura.

CAPÍTULO V.- ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO 

Artículo 103.- Corresponde al Poder Legislativo:

1- Establecer los impuestos y contribuciones necesarios para los gastos de servicio público, debiendo estas cargas ser uniformes en toda la Provincia.

2- Fijar anualmente el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos. Con relación a nuevos gastos, dentro de la ley de presupuesto, la iniciativa corresponderá exclusivamente al Poder Ejecutivo; pero la Legislatura podrá disminuir o suprimir los que le fuesen propuestos.

La ley de presupuesto será la base a que debe sujetarse todo gasto en la Administración general de la Provincia.

Si el Poder Ejecutivo no remitiera los proyectos de presupuesto y leyes de recursos para el ejercicio siguiente antes del 31 de agosto, la Legislatura podrá iniciar su estudio y sancionarlos, tomando por base las leyes vigentes.

Vencido el ejercicio administrativo sin que la Legislatura hubiese sancionado una nueva ley de gastos y recursos, se tendrán por prorrogadas las que hasta ese momento se encontraban en vigor.

3- Crear y suprimir empleos para la mejor administración de la Provincia, determinando sus atribuciones, responsabilidades y dotación, con la limitación a que se refiere el primer párrafo del inciso anterior.

4- Fijar las divisiones territoriales para la mejor administración.

5- Conceder indultos y acordar amnistías por delitos de sedición en la Provincia.

6- Conceder privilegios por un tiempo limitado a los autores o inventores, perfeccionadores y primeros introductores de nuevas industrias para explotarse sólo en la Provincia, sin perjuicio de las atribuciones del Gobierno General.

7- Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las responsabilidades de todos los recaudadores de rentas y tesoreros de la Provincia y sus municipios.

8- Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las responsabilidades civiles de los funcionarios públicos.

9- Aprobar o desechar los tratados que el Poder Ejecutivo celebrase con otras provincias.

10- Discernir honores y recompensas pecuniarias por una sola vez, y con dos tercios de votos del número total de miembros de cada Cámara, por servicios distinguidos prestados a la Provincia.

11- Dictar la Ley Orgánica del Montepío Civil.

12- Organizar la carrera administrativa con las siguientes bases: acceso por idoneidad; escalafón; estabilidad; uniformidad de sueldos en cada categoría e incompatibilidades.

13- Dictar todas aquellas leyes necesarias para el mejor desempeño de las anteriores atribuciones y para todo asunto de interés público y general de la Provincia, cuya naturaleza y objeto no corresponda privativamente a los poderes nacionales.

CAPÍTULO VI.- PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN DE LAS LEYES

Artículo 104.- Toda ley puede tener principio en cualquiera de las Cámaras y se propondrá en forma de proyecto por cualquiera de los miembros de cada Cámara y también por el Poder Ejecutivo. Toda ley especial que autorice gastos, necesitará para su aprobación, el voto de los dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara.

Artículo 105.- Aprobado un proyecto por la Cámara de su origen, pasará para su revisión a la otra y si ésta también lo aprobase, se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Artículo 106.- Si la Cámara revisora modifica el proyecto que se le ha remitido, volverá a la iniciadora y si ésta aprueba las modificaciones pasará al Poder Ejecutivo.

Si las modificaciones fuesen rechazadas, volverá por segunda vez el proyecto a la Cámara revisora y si ella no tuviese dos tercios para insistir, prevalecerá la sanción de la iniciadora.

Pero si concurriesen dos tercios de votos para sostener las modificaciones, el proyecto pasará de nuevo a la Cámara de su origen, la que necesitará igualmente el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, para que su sanción se comunique al Poder Ejecutivo.

Artículo 107.- Ningún proyecto de ley rechazado totalmente por una de las Cámaras, podrá repetirse en las sesiones de aquel año.

Un proyecto sancionado por una de las Cámaras y no votado por la otra en ese año o en el siguiente, se considerará rechazado.

Artículo 108.- El Poder Ejecutivo deberá promulgar los proyectos de ley sancionados dentro de diez días de haberle sido remitidos por la Legislatura; pero podrá devolverlos con observaciones durante dicho plazo, y si una vez transcurrido no ha hecho la promulgación, ni los ha devuelto con sus objeciones, serán ley de la Provincia y deberán promulgarse y publicarse en el día inmediato por el Poder Ejecutivo, o en su defecto, se publicarán por el presidente de la Cámara que hubiese prestado la sanción definitiva.

En cuanto a la ley general de presupuesto, que fuese observada por el Poder Ejecutivo, sólo será reconsiderada en la parte objetada, quedando en vigencia lo demás de ella.

Artículo 109.- Si antes del vencimiento de los diez días, hubiese tenido lugar la clausura de las Cámaras, el Poder Ejecutivo deberá, dentro de dicho término, remitir el proyecto vetado a la Secretaría de la Cámara de su origen, sin cuyo requisito no tendrá efecto el veto.

Artículo 110.- Devuelto un proyecto por el Poder Ejecutivo, será reconsiderado primero en la Cámara de su origen, pasando luego a la revisora; y si ambas insisten en su sanción por el voto de los dos tercios de sus miembros presentes, el proyecto será ley y el Poder Ejecutivo se hallará obligado a promulgarlo. En caso contrario no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.

Artículo 111.- Si un proyecto de ley observado volviere a ser sancionado en uno de los dos períodos legislativos subsiguientes, el Poder Ejecutivo no podrá observarlo de nuevo, estando obligado a promulgarlo como ley.

Artículo 112.- En la sanción de las leyes se usará la siguiente fórmula:

«El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sancionan con fuerza de ley, etcétera.»

CAPÍTULO VII.– DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Artículo 113.- Ambas Cámaras sólo se reunirán para el desempeño de las funciones siguientes:

1- Apertura y clausura de las sesiones;

2- Para recibir el juramento de ley al gobernador y vicegobernador de la Provincia;

3- Para tomar en consideración y admitir o desechar las renuncias que hicieren de su cargo los mismos funcionarios;

4- Para verificar la elección de senadores al Congreso Nacional;

5- Para tomar conocimiento del resultado del escrutinio de la elección de gobernador y vicegobernador y proclamar a los electos;

6- Para considerar la renuncia de los senadores electos al Congreso de la Nación, antes de que el Senado tome conocimiento de su elección.

Artículo 114.- Todos los nombramientos que se defieren a la Asamblea General deberán hacerse a mayoría absoluta de los miembros presentes.

Artículo 115.- Si hecho el escrutinio no resultare candidato con mayoría absoluta, deberá repetirse la votación, contrayéndose a los dos candidatos que hubiesen obtenido más votos en la anterior; y en caso de empate, decidirá el presidente.

Artículo 116.- De las excusaciones que se presenten de nombramientos hechos por la Asamblea, conocerá ella misma, procediendo según fuese su resultado.

Artículo 117.- Las reuniones de la Asamblea General serán presididas por el vicegobernador, en su defecto, por el vicepresidente del Senado, y a falta de éste, por el presidente de la Cámara de Diputados.

Artículo 118.– No podrá funcionar la Asamblea sin la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara.

SECCIÓN V.- PODER EJECUTIVO

CAPÍTULO I.– DE SU NATURALEZA Y DURACIÓN

Artículo 119.- El Poder Ejecutivo de la Provincia será desempeñado por un ciudadano con el título de gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Artículo 120.– Al mismo tiempo y por el mismo período que se elija gobernador, será elegido un vicegobernador.

Artículo 121.– Para ser elegido gobernador o vicegobernador, se requiere:

1- Haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, si hubiese nacido en país extranjero.

2- Tener treinta años de edad.

3- Cinco años de domicilio en la Provincia con ejercicio de ciudadanía no interrumpida, si no hubiese nacido en ella.

Artículo 122.– El gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones, y cesarán en ellas en el mismo día en que expire el período legal, sin que evento alguno pueda motivar su prorrogación por un día más, ni tampoco que se les complete más tarde.

Artículo 123.– El gobernador y el vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente, por un nuevo período. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con intervalo de un período.

Artículo 124.– En caso de muerte, destitución, renuncia, enfermedad, suspensión o ausencia del gobernador, las funciones de Poder Ejecutivo serán desempeñadas por el vicegobernador, por todo el resto del período legal, en los tres primeros casos, o hasta que haya cesado la inhabilidad temporaria, en los tres últimos.

Artículo 125.– Si la inhabilidad temporaria afectase simultáneamente al gobernador y al vicegobernador, el vicepresidente primero del Senado se hará cargo del Poder Ejecutivo, hasta que aquélla cese en uno de ellos. Dicho funcionario también se hará cargo del Poder Ejecutivo, cuando en el momento de producirse la enfermedad, suspensión o ausencia del gobernador, no exista vicegobernador, o cuando al producirse la muerte, destitución o renuncia del gobernador, el vicegobernador estuviera afectado de inhabilidad temporaria, o cuando la inhabilidad temporaria, afectase al vicegobernador en ejercicio definitivo de las funciones de gobernador.

Artículo 126.– En el caso de muerte, destitución o renuncia del gobernador, cuando no exista vicegobernador o del vicegobernador que hubiese asumido definitivamente las funciones de gobernador, el Poder Ejecutivo, será desempeñado por el vicepresidente primero del Senado, pero dentro de los treinta días de producida la vacante se reunirá la Asamblea Legislativa y designará de su seno un gobernador interino, que se hará cargo inmediatamente del Poder Ejecutivo.

El gobernador interino deberá reunir las condiciones establecidas en el artículo 121 y durará en sus funciones hasta que asuma el nuevo gobernador.

Si la vacante tuviere lugar en la primera mitad del período en ejercicio se procederá a elegir gobernador y vicegobernador en la primera elección de renovación de la Legislatura que se realice, quienes completarán el período Constitucional correspondiente a los mandatarios reemplazados.

El gobernador y el vicegobernador electos tomarán posesión  de sus cargos el primer día hábil posterior a la integración de las Cámaras con la incorporación de los legisladores electos en la misma elección.

Articulo 127.- Si la acefalía se produjese por muerte, destitución o renuncia del gobernador interino, se procederá como ha sido previsto en el artículo anterior.

Articulo 128.- En los mismos casos en que el vicegobernador reemplaza al gobernador, el vicepresidente del Senado reemplaza al vicegobernador.

Articulo 129.- La Legislatura dictará una ley que determine el funcionario que deberá desempeñar el cargo provisoriamente para los casos en que el gobernador, vicegobernador y vicepresidente del Senado no pudiesen desempeñar las funciones del Poder Ejecutivo.

Articulo 130.- El gobernador y el vicegobernador en ejercicio de sus funciones, residirán en la Capital de la Provincia y no podrán ausentarse del territorio provincial por más de treinta días sin autorización legislativa.

Articulo 131.- En el receso de las Cámaras sólo podrán ausentarse por un motivo urgente de interés público y por el tiempo indispensable, dando cuenta  a aquéllas oportunamente.

Articulo 132 – Al tomar posesión del cargo, el gobernador y el vicegobernador prestarán juramento ante el presidente de la Asamblea Legislativa en los términos siguientes:

«Juro por Dios y por la Patria y sobre estos Santos Evangelios, observar y hacer observar la Constitución de la Provincia, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de gobernador (o vicegobernador). Si así no lo hiciere, Dios y la Patria me lo demanden.»

Articulo 133.- El gobernador y el vicegobernador gozan del sueldo que la ley determine, no pudiendo ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante éste no podrán ejercer otro empleo ni recibir otro emolumento de la Nación o de la Provincia.

CAPÍTULO II.- ELECCIÓN DE GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR

Articulo 134.- La elección de gobernador y vicegobernador será hecha directamente por el pueblo, por simple mayoría de votos; cada elector votará el nombre de un ciudadano para gobernador y el de otro ciudadano para vicegobernador.

Articulo 135.- La elección tendrá lugar conjuntamente con la de senadores y diputados del año que corresponda.

Articulo 136.- La Junta Electoral practicará el escrutinio y remitirá constancia del mismo al gobernador de la Provincia y al presidente de la Asamblea Legislativa.

Articulo 137.- Una vez que el presidente de la Asamblea Legislativa haya  recibido comunicación del escrutinio, convocará a la Asamblea con tres días de anticipación, a fin de que este Cuerpo tome conocimiento del resultado y proclame y diplome a los ciudadanos que hayan sido elegidos gobernador y vicegobernador.

En caso de empate, la Asamblea resolverá por mayoría absoluta de votos cual de los ciudadanos que hayan empatado debe desempeñar el cargo. Esta sesión de Asamblea no podrá levantarse hasta no haber terminado su cometido.

Artículo 138.– El presidente de la Asamblea Legislativa comunicará el resultado de la sesión a que se refiere el artículo anterior, a los ciudadanos electos y al gobernador de la Provincia.

Artículo 139.– Los ciudadanos que resulten electos gobernador y vicegobernador, deberán comunicar al presidente de la Asamblea Legislativa y al gobernador de la Provincia, la aceptación del cargo dentro de los cinco días siguientes a aquél en que les fue comunicado su nombramiento.

Artículo 140.– Aceptado que sea el cargo de gobernador y vicegobernador por los ciudadanos que hayan resultado electos, el presidente de la Asamblea Legislativa fijará y les comunicará la hora en que habrán de presentarse a prestar juramento el primer día hábil posterior a la integración de las Cámaras. Igual comunicación se hará al gobernador de la Provincia.

Artículo 141.– Corresponde a la Asamblea Legislativa conocer en las renuncias del gobernador y vicegobernador electos.

Artículo 142.– Aceptadas que sean las renuncias del gobernador y vicegobernador electos, se reunirá la Asamblea Legislativa y designará gobernador interino en las condiciones y por el tiempo establecido en el artículo 126. Pero si sólo hubiese sido aceptada la renuncia del gobernador electo o del vicegobernador electo, aquél de los dos que no hubiese renunciado, o cuya renuncia no hubiese sido aceptada, prestará juramento y se hará cargo del Poder Ejecutivo, sin que se proceda a realizar una nueva elección.

Artículo 143.– Una vez aceptado el cargo, el gobernador y vicegobernador electos gozarán de las mismas inmunidades personales de los senadores y diputados.

CAPÍTULO III.– ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 144.– El gobernador es el jefe de la Administración de la Provincia, y tiene las siguientes atribuciones:

1- Nombrar y remover los ministros secretarios del despacho.

2- Promulgar y hacer ejecutar las leyes de la Provincia, facilitando su ejecución por reglamentos y disposiciones especiales que no alteren su espíritu.

3- Concurrir a la formación de las leyes, con arreglo a la Constitución, teniendo el derecho de iniciarlas por proyectos presentados a las Cámaras, y de tomar parte en su discusión por medio de los ministros.

4- El gobernador podrá conmutar las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo informe motivado de la Suprema Corte de Justicia, sobre la oportunidad y conveniencia de la conmutación y con arreglo a la ley reglamentaria que determinará los casos y la forma en que pueda solicitarse, debiendo ponerse en conocimiento de la Asamblea Legislativa, las razones que hayan motivado en cada caso la conmutación de la pena.

El gobernador no podrá ejercer esta atribución cuando se trate de delitos en que el Senado conoce como juez, y de aquéllos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

5- Ejercerá los derechos de patronato como vicepatrono, hasta que el Congreso Nacional, en uso de la atribución que le confiere el artículo 67, inciso 19 de la Constitución de la República, dicte la ley de la materia.

6- A la apertura de la Legislatura la informará del estado general de la Administración.

7- Convocar al pueblo de la Provincia a todas la elecciones en la oportunidad debida, sin que por ningún motivo pueda diferirlas.

8- Convocar a sesiones extraordinarias a la Legislatura o a cualquiera de las Cámaras, cuando lo exija un grande interés público, salvo el derecho del Cuerpo convocado para apreciar y decidir después de reunido, sobre los fundamentos de la convocatoria.

9- Hacer recaudar las rentas de la Provincia y decretar su inversión con arreglo a las leyes, debiendo hacer publicar mensualmente el estado de la Tesorería.

10- Celebrar y firmar tratados parciales con otras provincias para fines de la Administración de Justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con aprobación de la Legislatura y dando conocimiento al Congreso Nacional.

11- Es el comandante en jefe de las fuerzas militares de la Provincia, con excepción de aquellas que hayan sido movilizadas para objetos nacionales.

12- Movilizar la milicia provincial en caso de conmoción interior que ponga en peligro la seguridad de la Provincia, con autorización de la Legislatura, y por sí solo durante el receso, dando cuenta en las próximas sesiones, sin perjuicio de hacerlo inmediatamente a la autoridad nacional.

13- Decretar también la movilización de las milicias, en los casos previstos por el inciso vigésimo cuarto, artículo sesenta y siete de la Constitución Nacional.

14- Expedir despachos a los oficiales que nombre para organizar la milicia de la Provincia y para poner en ejercicio las facultades acordadas en los dos incisos que preceden. En cuanto a los jefes, expide también despachos hasta teniente coronel. Para dar el de coronel se requiere el acuerdo del Senado.

15- Es agente inmediato y directo del Gobierno Nacional para hacer cumplir en la Provincia la Constitución y las leyes de la Nación.

16- Da cuenta a las Cámaras Legislativas del estado de la hacienda y de la inversión de los fondos votados para el ejercicio precedente y remite antes del 31 de agosto los proyectos de presupuesto de la Administración y las leyes de recursos.

17- No podrá acordar goce de sueldo o pensión sino por alguno de los títulos que las leyes expresamente determinan.

18- Nombra, con acuerdo del Senado:

1.- El fiscal de Estado.

2.- El director general de Cultura y Educación.

3.- El presidente y los vocales del Tribunal de Cuentas.

4.- El presidente y los directores del Banco de la Provincia que le corresponda designar.

Y con acuerdo de la Cámara de Diputados, los miembros del Consejo General de Cultura y Educación.

La ley determinará en los casos no previstos por esta Constitución, la duración de estos funcionarios, debiendo empezar el 1° de junio sus respectivos períodos.

Artículo 145.- No puede expedir órdenes y decretos sin la firma del ministro respectivo.

Podrá, no obstante, expedirlos en caso de acefalía de ministros y mientras se provea a su nombramiento, autorizando  a los oficiales mayores de los ministerios por un decreto especial. Los oficiales mayores en estos casos, quedan sujetos a las responsabilidades de los ministros.

Artículo 146.- Estando las Cámaras reunidas, la propuesta de funcionarios que requieren para su nombramiento el acuerdo del Senado o de la Cámara de Diputados, se hará dentro de los quince días de ocurrida la vacante, no pudiendo el Poder Ejecutivo insistir sobre un candidato rechazado por el Senado o la Cámara de Diputados en su caso, durante ese año. En el receso, la propuesta se hará dentro del mismo término, convocándose extraordinariamente, al efecto, a la Cámara respectiva.

Ninguno de los funcionarios para cuyo nombramiento se requiere el acuerdo o propuesta por terna de alguna de las Cámaras, podrá ser removido sin el mismo requisito. Exceptúanse los funcionarios para cuya remoción esta Constitución establece un procedimiento especial.

CAPÍTULO IV.– DE LOS MINISTROS SECRETARIOS DEL DESPACHO GENERAL

Artículo 147.- El despacho de los negocios administrativos de la Provincia estará a cargo de dos o más ministros secretarios, y una ley especial deslindará los ramos y las funciones adscriptas al despacho de cada uno de los ministerios.

Artículo 148.- Para ser nombrado ministro se requieren las mismas condiciones que esta Constitución determina para ser elegido diputado.

Artículo 149.- Los ministros secretarios despacharán de acuerdo con el gobernador y refrendarán con su firma las resoluciones de éste, sin cuyo requisito no tendrán efecto ni se les dará cumplimiento.

Podrán, no obstante, expedirse por sí solos en todo lo referente al régimen económico de sus respectivos departamentos y dictar resoluciones de trámite.

Artículo 150.- Serán responsables de todas las órdenes y resoluciones que autoricen, sin que puedan pretender eximirse de responsabilidad por haber procedido en virtud de orden del gobernador.

Artículo 151.- En los treinta días posteriores a la apertura del período legislativo, los ministros presentarán a la Asamblea la memoria detallada del estado de la Administración correspondiente a cada uno de los ministerios, indicando en ellas las reformas que más aconsejen la experiencia y el estudio.

Artículo 152.- Los ministros pueden concurrir a las sesiones de las Cámaras y tomar parte en las discusiones, pero no tendrán voto.

Artículo 153.- Gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que no podrá ser aumentado ni disminuido en favor o en perjuicio de los que se hallen en ejercicio.

CAPÍTULO V.- RESPONSABILIDAD DEL GOBERNADOR Y DE LOS MINISTROS

Artículo 154.- El gobernador y los ministros son responsables y pueden ser acusados ante el Senado, en la forma establecida en la sección del «Poder Legislativo», por las causas que determina el inciso 2 del artículo 73 de esta Constitución y por abuso de su posición oficial para realizar especulaciones de comercio.

CAPÍTULO VI.- DEL FISCAL DE ESTADO, CONTADOR Y TESORERO DE LA PROVINCIA

Artículo 155.- Habrá un fiscal de Estado inamovible, encargado de defender el patrimonio del Fisco, que será parte legítima en los juicios contencioso administrativos y en todos aquéllos en que se controviertan intereses del Estado.

La ley determinará los casos y la forma en que ha de ejercer sus funciones.

Para desempeñar este puesto se requieren las mismas condiciones exigidas para los miembros de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 156.- El contador y subcontador, el tesorero y subtesorero serán nombrados en la forma prescripta en el artículo 82 y durarán cuatro años, pudiendo ser reelectos.

Artículo 157.- El contador y subcontador no podrán autorizar pago alguno que no sea arreglado a la ley general de presupuesto o a leyes especiales, o en los casos del artículo 163.

Artículo 158.- El tesorero no podrá ejecutar pagos que no hayan sido previamente autorizados por el contador.

CAPÍTULO VII.- DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Artículo 159.- La Legislatura dictará la ley orgánica del Tribunal de Cuentas. éste se compondrá de un presidente abogado y cuatro vocales contadores públicos, todos inamovibles, nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Podrán ser enjuiciados y removidos en la misma forma y en los mismos casos que los jueces de las Cámaras de Apelación.

Dicho tribunal tendrá las siguientes atribuciones:

1- Examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos.

2- Inspeccionar las oficinas provinciales o municipales que administren fondos públicos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad en la forma y con arreglo al procedimiento que determine la ley.

Las acciones para la ejecución de las resoluciones del tribunal corresponderán al fiscal de Estado.

SECCIÓN VI.- PODER JUDICIAL

CAPÍTULO I

Artículo 160.- El Poder Judicial será desempeñado por una Suprema Corte de Justicia, Cámaras de Apelación, jueces y demás tribunales que la ley establezca.

CAPÍTULO II.- ATRIBUCIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Artículo 161.- La Suprema Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones:

1- Ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controvierta por parte interesada.

2- Conoce y resuelve originaria y exclusivamente en las causas de competencia entre los poderes públicos de la Provincia y en las que se susciten entre los tribunales de justicia con motivo de su jurisdicción respectiva.

3- Conoce y resuelve en grado de apelación:

a- De la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia en última instancia, funden su sentencia sobre la cuestión que por ella deciden, con las restricciones que las leyes  de procedimientos establezcan a esta clase de recursos;

b- De la nulidad argüida contra las sentencias definitivas pronunciadas en última instancia por los tribunales de justicia, cuando se alegue violación de las normas contenidas en los artículos 168 y 171 de esta Constitución.

4- Nombra y remueve directamente los secretarios y empleados del tribunal, y a propuesta de los jueces de primera instancia, funcionarios del Ministerio Público y jueces de Paz, el personal de sus respectivas dependencias.

Artículo 162.- La presidencia de la Suprema Corte de Justicia, se turnará anualmente entre sus miembros, principiando por el mayor de edad.

Artículo 163.- La Suprema Corte de Justicia, al igual que los restantes tribunales, dispone de la fuerza pública necesaria para el cumplimiento de sus decisiones. En las causas contencioso administrativas, aquélla, y los demás tribunales competentes estarán facultados para mandar a cumplir directamente sus sentencias por las autoridades o empleados correspondientes si el obligado no lo hiciere en el plazo de sesenta días de notificadas.

          Los empleados o funcionarios a que alude este artículo serán responsables por el incumplimiento de las decisiones judiciales.

Artículo 164.- La Suprema Corte de Justicia hará su reglamento y podrá establecer las medidas disciplinarias que considere conveniente a la mejor Administración de Justicia.

Artículo 165.- Debe pasar anualmente a la Legislatura una memoria o informe sobre el estado en que se halla dicha administración, a cuyo efecto puede pedir a los demás tribunales de la Provincia los datos que crea convenientes y proponer en forma de proyecto las reformas de procedimiento y organización que sean compatibles con lo estatuido en esta Constitución y tiendan a mejorarla.

CAPÍTULO III.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Artículo 166.- La Legislatura establecerá tribunales de justicia determinando los límites de su competencia territorial, los fueros, las materias y, en su caso, la cuantía. Organizará la Policía Judicial.

          Asimismo podrá establecer una instancia de revisión judicial especializada en materia de faltas municipales.

          Podrá disponer la supresión o transformación de tribunales, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 176 y la creación de un cuerpo de magistrados suplentes, designados conforme al artículo 175 de esta Constitución, del que dispondrá la Suprema Corte de Justicia para cubrir vacantes transitorias.

          La ley establecerá un procedimiento expeditivo de queja por retardo de justicia.

          Los casos originados por la actuación u omisión de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas, en el ejercicio de funciones administrativas, serán juzgados por tribunales competentes en lo contencioso administrativo, de acuerdo a los procedimientos que determine la ley, la que establecerá los supuestos en que resulte obligatorio agotar la vía administrativa.

Artículo 167.- Corresponde a las Cámaras de Apelación el nombramiento y remoción de los secretarios y empleados de su dependencia.

Artículo 168.- Los tribunales de justicia deberán resolver todas las cuestiones que le fueren sometidas por las partes, en la forma y plazos establecidos al efecto por las leyes procesales.

          Los jueces que integran los tribunales colegiados, deberán dar su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir. Para que exista sentencia debe concurrir mayoría de opiniones acerca de cada una de ellas.

Artículo 169.- Los procedimientos ante los tribunales son públicos; sus acuerdos y sentencias se redactarán en los libros que deben llevar y custodiar; y en los autos de las causas en que conocen, y publicarse en sus salas respectivas de audiencia, a menos que a juicio del tribunal ante quien penden, la publicidad sea peligrosa para las buenas costumbres, en cuyo caso debe declararlo así por medio de un auto.

Artículo 170.- Queda establecida ante todos los tribunales de la Provincia la libre defensa en causa civil propia y la libre representación con las restricciones que establezca la ley de la materia.

Artículo 171.- Las sentencias que pronuncien los jueces y tribunales letrados, serán fundadas en el texto expreso de la ley; y a falta de éste, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso.

CAPÍTULO IV.- JUSTICIA DE PAZ

Artículo 172.- La Legislatura establecerá juzgados de Paz en todos los partidos de la Provincia que no sean cabecera de departamento judicial, pudiendo incrementar su número conforme al grado de litigiosidad, la extensión territorial y la población respectiva. Serán competentes, además de las materias que les fije la ley, en faltas provinciales, en causas de menor cuantía y vecinales.

          Asimismo podrá crear, donde no existan juzgados de Paz, otros órganos jurisdiccionales letrados para entender en cuestiones de menor cuantía, vecinales y faltas provinciales.

Artículo 173.- Los jueces a que alude el artículo anterior serán nombrados en la forma y bajo los requisitos establecidos para los de primera instancia. Se les exigirá una residencia inmediata previa de dos años en el lugar en que deban cumplir sus funciones.

          Conservarán sus cargos mientras dure su buena conducta y su responsabilidad se hará efectiva de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo V de la presente sección.

Artículo 174.- La ley establecerá, para las causas de menor cuantía y vecinales, un procedimiento predominantemente oral que garantice la inmediatez, informalidad, celeridad, accesibilidad y economía procesal. Se procurará, con preferencia, la conciliación.

CAPÍTULO V.- ELECCIÓN, DURACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL

Artículo 175.- Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el procurador y el subprocurador general, serán designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, otorgado en sesión pública por mayoría absoluta de sus miembros.

          Los demás jueces e integrantes del Ministerio Público serán designados por el Poder Ejecutivo, de una terna vinculante propuesta por el Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado otorgado en sesión pública.

          Será función indelegable del Consejo de la Magistratura seleccionar los postulantes mediante procedimientos que garanticen adecuada publicidad y criterios objetivos predeterminados de evaluación. Se privilegiará la solvencia moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos.

          El Consejo de la Magistratura se compondrá, equilibradamente, con representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de los jueces de las distintas instancias y de la institución que regula la matrícula de los abogados en la Provincia. El Consejo de la Magistratura se conformará con un mínimo de quince miembros. Con carácter consultivo, y por departamento judicial, lo integrarán jueces y abogados; así como personalidades académicas especializadas.

          La ley determinará sus demás atribuciones, regulará su funcionamiento y la periodicidad de los mandatos.

Artículo 176.- Los jueces letrados, el procurador y subprocurador General de la Suprema Corte de Justicia conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta.

Artículo 177.- Para ser juez de la Suprema Corte de Justicia, procurador y subprocurador general de ella, se requiere:

          Haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo si hubiese nacido en país extranjero, título o diploma que acredite suficiencia en la ciencia del derecho reconocido por autoridad competente en la forma que determine la ley; treinta años de edad y menos de setenta y diez a lo menos de ejercicio en la profesión de abogado o en el desempeño de alguna magistratura. Para serlo de las Cámaras de Apelación, bastarán seis años.

Artículo 178.- Para ser juez de primera instancia se requiere: tres años de práctica en la profesión de abogado, seis años de ciudadanía en ejercicio y veinticinco años de edad.

Artículo 179.- Los jueces de la Suprema Corte de Justicia prestarán juramento ante su presidente de desempeñar fielmente el cargo. El presidente lo prestará ante la Suprema Corte de Justicia, y los demás jueces ante quien determine el mismo tribunal.

Artículo 180.- Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Cámara de Apelación y de primera instancia, no pueden ser suspendidos en el ejercicio de sus cargos, sino en el caso de acusación y con sujeción a lo que se dispone en esta Constitución.

Artículo 181.- Para ingresar al Poder Judicial debe justificarse dos años de residencia inmediata en la Provincia.

Artículo 182.- Los jueces de las Cámaras de Apelación y de primera instancia y los miembros del Ministerio Público pueden ser denunciados o acusados por cualquiera del pueblo, por delitos o faltas cometidas en el desempeño de sus funciones, ante un jurado de once miembros que podrá funcionar con número no inferior a seis, integrado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia que lo presidirá, cinco abogados inscriptos en la matrícula que reúnan las condiciones para ser miembro de dicho tribunal, y hasta cinco legisladores abogados.

          Los legisladores y abogados que deban integrar el jurado se designarán por sorteo, en acto público, en cada caso; los legisladores por el presidente del Senado y los abogados por la Suprema Corte de Justicia, a cuyo cargo estará la confección de la lista de todos los abogados que reúnan las condiciones para ser conjueces.

          La ley determinará la forma de reemplazar a los abogados no legisladores en caso de vacante.

Artículo 183.- El juez acusado quedará suspendido en el ejercicio de su cargo desde el día en que el jurado admita la acusación.

Artículo 184.- El jurado dará su veredicto con arreglo a derecho, declarando al juez acusado culpable o no culpable del hecho o hechos que se le imputen.

Artículo 185.- Pronunciado el veredicto de culpabilidad, la causa se remitirá al juez competente para que aplique la ley penal cuando corresponda.

Articulo 186.- La ley determinará los delitos y faltas de los jueces acusables ante el jurado y reglamentará el procedimiento que ante él debe observarse.

Artículo 187.- Los jueces acusados de delitos ajenos a sus funciones serán juzgados en la misma forma que los demás habitantes de la Provincia, quedando suspendidos desde el día en que se haga lugar a la acusación.

Artículo 188.- La ley determinará el modo y forma como deben ser nombrados y removidos y la duración del período de los demás funcionarios que intervengan en los juicios.

Artículo 189.- El Ministerio Público será desempeñado por el procurador y subprocurador general de la Suprema Corte de Justicia; por los fiscales de Cámaras, quienes deberán reunir las condiciones requeridas para ser jueces de las Cámaras de Apelación; por agentes fiscales, asesores de menores y defensores de pobres y ausentes, quienes deberán reunir las condiciones requeridas para ser jueces de primera instancia. El procurador general ejercerá superintendencia sobre los demás miembros del Ministerio Público.

SECCIÓN VII.- DEL RÉGIMEN MUNICIPAL

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 190.- La administración de los intereses y servicios locales en la Capital y cada uno de los partidos que formen la Provincia, estará a cargo de una Municipalidad, compuesta de un departamento ejecutivo unipersonal y un departamento deliberativo, cuyos miembros, que no podrán ser menos de seis ni más de veinticuatro, durarán cuatro años en sus funciones, renovándose cada dos años por mitad y serán elegidos en el mismo acto que se elijan los senadores y diputados, en la forma que determine la ley.

Artículo 191.- La Legislatura deslindará las atribuciones y responsabilidades de cada departamento, confiriéndoles las facultades necesarias para que ellos puedan atender eficazmente a todos los intereses y servicios locales, con sujeción a las siguientes bases:

1. El número de miembros del departamento deliberativo se fijará con relación a la población de cada distrito.

2. Serán electores los ciudadanos inscriptos en el registro electoral del distrito y además los extranjeros mayores de edad que sepan leer y escribir en idioma nacional, con dos años de residencia inmediata en el municipio, que estén inscriptos en un registro especial y paguen anualmente impuestos fiscales o municipales que en conjunto no bajen de doscientos pesos.

3. Serán elegibles todos los ciudadanos mayores de veinticinco años, que sepan leer y escribir, vecinos del distrito, con un año de domicilio anterior a la elección y si son extranjeros, tengan además cinco años de residencia y estén inscriptos en el registro especial.

4. Las funciones municipales serán carga pública, de la que nadie podrá excusarse sino por excepción fundada en la ley de la materia.

5. El ciudadano a cargo del departamento ejecutivo durará cuatro años en sus funciones. Para desempeñar este cargo se requiere ciudadanía en ejercicio y las condiciones necesarias para ser concejal.

6. Los concejales extranjeros no podrán exceder de la tercera parte del número total de los miembros del Concejo Deliberante.

Artículo 192.- Son atribuciones inherentes al régimen municipal, las siguientes:

1. Convocar a los electores del distrito para elegir municipales y consejeros escolares, con quince días de anticipación por lo menos, cuando el Poder Ejecutivo dejare transcurrir los términos legales sin hacerlo.

2. Proponer al Poder Ejecutivo, en la época que corresponda, las ternas para nombramientos de jueces de Paz y suplentes.

3. Nombrar los funcionarios municipales.

4. Tener a su cargo el ornato y salubridad, los establecimientos de beneficencia que no estén a cargo de sociedades particulares, asilos de inmigrantes que sostenga la Provincia, las cárceles locales de detenidos y la vialidad pública.

5. Votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo; administrar los bienes raíces municipales, con facultad de enajenar tanto éstos como los diversos ramos de las rentas del año corriente; examinar y resolver sobre cuentas del año vencido, remitiéndolas enseguida al Tribunal de Cuentas.

Vencido el ejercicio administrativo sin que el Concejo Deliberante sancione el presupuesto de gastos, el intendente deberá regirse por el sancionado para el año anterior. Las ordenanzas impositivas mantendrán su vigencia hasta que sean modificadas o derogadas por otras. El presupuesto será proyectado por el departamento ejecutivo y el deliberativo no está facultado para aumentar su monto total. Si aquél no lo remitiera antes del 31 de octubre, el Concejo Deliberante podrá proyectarlo y sancionarlo, pero su monto no podrá exceder del total de la recaudación habida en el año inmediato anterior. En caso de veto total o parcial, si el Concejo Deliberante insistiera por dos tercios de votos, el intendente estará obligado a promulgarlo.

Toda ordenanza especial que autorice gastos no previstos en el presupuesto, deberá establecer los recursos con que han de ser cubiertos.

6. Dictar ordenanzas y reglamentos dentro de estas atribuciones.

7. Recaudar, distribuir y oblar en la Tesorería del Estado las contribuciones que la Legislatura imponga al distrito para las necesidades generales, sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo nombre funcionarios especiales para este objeto, si lo cree más conveniente.

8. Constituir consorcios de municipalidades y cooperativas de vecinos a los fines de la creación de superusinas generadoras de energía eléctrica.

Artículo 193.- Las atribuciones expresadas tienen las siguientes limitaciones:

1. Dar publicidad por la prensa a todos sus actos, reseñándolos en una memoria anual, en la que se hará constar detalladamente la percepción e inversión de sus rentas.

2. Todo aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras, necesita ser sancionado por mayoría absoluta de votos de una asamblea compuesta por los miembros del Concejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes de impuestos municipales.

3. No podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la Municipalidad, sino por ordenanza sancionada en la forma que determina el inciso anterior; pero en ningún caso podrá sancionarse ordenanza de esta clase cuando el total de los servicios de amortización e intereses, afecte en más del 25 por ciento los recursos ordinarios de la Municipalidad. Cuando se trate de contratar empréstitos en el extranjero o enajenar o grabar los edificios municipales, se requerirá, además, autorización legislativa.

4. Siempre que se haga uso del crédito será para obras señaladas de mejoramiento o para casos eventuales, y se votará una suma anual para el servicio de la deuda, no pudiendo aplicarse los fondos a otro objeto que el indicado.

5. Las enajenaciones sólo podrán hacerse en remate público.

6. Siempre que hubiere de construirse una obra municipal, de cualquier género que fuere, en la que hubieren de invertirse fondos del común, la Municipalidad nombrará una comisión de propietarios electores del distrito, para que la fiscalice.

7. Las obras públicas cuyo importe exceda de mil pesos nacionales, deberán sacarse siempre a licitación.

Artículo 194.- Los municipales, funcionarios y empleados, son personalmente responsables, no sólo de cualquier acto definido y penado por la ley, sino también por los daños y perjuicios provenientes de la falta de cumplimiento a sus deberes.

          La ley determinará las causas, forma y oportunidad de destitución de los municipales, funcionarios y empleados, que, por deficiencias de conducta o incapacidad, sean inconvenientes o perjudiciales en el desempeño de sus cargos.

Artículo 195.- Todos los actos y contratos emanados de autoridades municipales que no estén constituidas en la forma que prescribe esta Constitución, serán de ningún valor.

Artículo 196.- Los conflictos internos de las municipalidades, sea que se produzcan entre los departamentos ejecutivo y deliberativo, sea que ocurran en el seno de este último, los de las distintas municipalidades entre sí o con otras autoridades de la Provincia, serán dirimidos por la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 197.- En caso de acefalía de una municipalidad, el Poder Ejecutivo convocará inmediatamente a elecciones para constituirla.

SECCIÓN VIII

CAPÍTULO I.- CULTURA Y EDUCACIÓN

Artículo 198.- La cultura y la educación constituyen derechos humanos fundamentales. Toda persona tiene derecho a la educación y a tomar parte, libremente, en la vida cultural de la comunidad.

          La Provincia reconoce a la familia como agente educador y socializador primario.

          La educación es responsabilidad indelegable de la Provincia, la cual coordinará institucionalmente el sistema educativo y proveerá los servicios correspondientes, asegurando el libre acceso, permanencia y egreso a la educación en igualdad de oportunidades y posibilidades.

CAPÍTULO II.- EDUCACIÓN

Artículo 199.- La educación tendrá por objeto la formación integral de la persona con dimensión trascendente y el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, formando el carácter de los niños en el culto de las instituciones patrias, en el respeto a los símbolos nacionales y en los principios de la moral cristiana, respetando la libertad de conciencia.

Artículo 200.- La prestación del servicio educativo, se realizará a través del sistema educativo provincial, constituido por las unidades funcionales creadas al efecto y que abarcarán los distintos niveles y modalidades de la educación.

          La legislación de base del sistema educativo provincial se ajustará a los principios siguientes:

1- La educación pública de gestión oficial es gratuita en todos los niveles.

2- La educación es obligatoria en el nivel general básico.

3- El sistema educativo garantizará una calidad educativa equitativa que enfatice el acervo cultural y la protección y preservación del medio ambiente, reafirmando la identidad bonaerense.

4- El servicio educativo podrá ser prestado por otros sujetos, privados o públicos no estatales, dentro del sistema educativo provincial y bajo control estatal.

CAPÍTULO III.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 201.- El gobierno y la administración del sistema cultural y educativo provincial, estarán a cargo de una Dirección General de Cultura y Educación, autárquica y con idéntico rango al establecido en el artículo 147.

          La titularidad del mencionado organismo será ejercida por un director general de Cultura y Educación, designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Durará cuatro años en su mandato pudiendo ser reelecto, deberá ser idóneo para la gestión educativa y cumplir con los mismos requisitos que para ser senador.

          El director general de Cultura y Educación priorizará el control de la calidad en la prestación del servicio educativo.

          Corresponde al director general de Cultura y Educación el nombramiento y remoción de todo el personal técnico, administrativo y docente.

Artículo 202.- El titular de la Dirección General de Cultura y Educación contará con el asesoramiento de un Consejo General de Cultura y Educación en los términos que establezca la legislación respectiva. El Consejo General de Cultura y Educación estará integrado -además del director general, quien lo presidirá- por diez miembros, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados: seis de ellos, por propia iniciativa, y los otros cuatro, a propuesta de los docentes en ejercicio. Los consejeros generales durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelectos.

Artículo 203.- La administración de los servicios educativos, en el ámbito de competencia territorial distrital, con exclusión de los aspectos técnicos pedagógicos estará a cargo de órganos desconcentrados de la Dirección General de Cultura y Educación denominados Consejos Escolares.

          Estos órganos serán colegiados, integrados por ciudadanos elegidos por el voto popular, en número que se fijará con relación a la cantidad de servicios educativos existentes en cada distrito, y que no será menor a cuatro ni mayor a diez miembros. Los consejeros escolares durarán en sus funciones cuatro años, renovándose cada dos años por mitades, pudiendo ser reelectos.

          Serán electores los ciudadanos argentinos y los extranjeros en las condiciones que determine la ley inscriptos en el registro electoral del distrito, y serán condiciones para ser elegidos: ser mayor de edad, y vecino del distrito con no menos de dos años de domicilio inmediato anterior a la elección.

Artículo 204.- El presupuesto de gastos dispondrá los recursos necesarios para la prestación adecuada de los servicios educativos, constituyendo además en forma simultánea y específica, un fondo provincial de educación.

          Los recursos que conformen dicho fondo, ingresarán directamente al mismo y serán administrados por la Dirección General de Cultura y Educación.

CAPÍTULO IV.- EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Artículo 205.- Las leyes orgánicas y reglamentarias de la educación universitaria, se ajustarán a las reglas siguientes:

1- La educación universitaria estará a cargo de las Universidades que se fundaren en adelante.

2- La enseñanza será accesible para todos los habitantes de la Provincia, y gratuita, con las limitaciones que la ley establezca.

3- Las Universidades se compondrán de un Consejo Superior, presidido por el rector y de las diversas Facultades establecidas en aquéllas por las leyes de su creación.

4- El Consejo Universitario será formado por los decanos y delegados de las diversas Facultades; y éstas serán integradas por miembros ad honorem, cuyas condiciones y nombramiento determinará la ley.

5- Corresponderá al Consejo Universitario: dictar los reglamentos que exijan el orden y disciplina de los establecimientos de su dependencia; la aprobación de los presupuestos anuales que deben ser sometidos a la sanción legislativa; la jurisdicción superior policial y disciplinaria que las leyes y reglamentos le acuerden, y la decisión en última instancia de todas las cuestiones contenciosas decididas en primera instancia por una de las Facultades; promover el perfeccionamiento de la enseñanza; proponer la creación de nuevas Facultades y cátedras; reglamentar la expedición de matrículas y diplomas y fijar los derechos que puedan cobrarse por ellos.

6- Corresponderá a las Facultades: la elección de su decano y secretario; el nombramiento de profesores titulares o interinos; la dirección de la enseñanza, formación de los programas y la recepción de exámenes y pruebas en sus respectivos ramos científicos; fijar las condiciones de admisibilidad de los alumnos; administrar los fondos que les corresponden, rindiendo cuenta al Consejo; proponer a éste los presupuestos anuales, y toda medida conducente a la mejora de los estudios o régimen interno de las Facultades.

SECCIÓN IX.- DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 206.- Esta Constitución sólo podrá ser reformada por el siguiente procedimiento:

a) El proyecto de reforma será tramitado en la forma establecida para la sanción de las leyes, debiendo contar con el voto afirmativo de dos tercios del total de los miembros de ambas Cámaras para ser aprobado. La ley indicará si la reforma será total o parcial y, en este último caso, las partes o los artículos que serán reformados;

b) La misma ley establecerá si ha de convocarse o no, a una convención reformadora. En este último caso la ley contendrá la enmienda proyectada y ésta será sometida a plebiscito en la primera elección que se realice. El voto será expresado en pro o en contra de la enmienda y su resultado será comunicado por la Junta Electoral al Poder Ejecutivo y a la Legislatura, para su cumplimiento.

Artículo 207.- En caso de convocarse a una convención reformadora, la ley expresará la forma de su funcionamiento y el plazo dentro del cual deberá dar término a su cometido.

Artículo 208.- La convención será formada por ciudadanos que reúnan las condiciones necesarias para ser diputados y se compondrá del mismo número de miembros que la Asamblea Legislativa. La elección se llevará a cabo en la misma forma y por los mismos medios que la de diputados y senadores. La ley determinará las incompatibilidades para ser diputado convencional.

Artículo 209.- Las enmiendas aprobadas en plebiscito y las sanciones de la convención reformadora, serán promulgadas y publicadas como parte integrante de la Constitución.

SECCIÓN X.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 210.- Los institutos de forma de democracia semidirecta establecidos en esta Constitución serán reglamentados en un plazo que no exceda el próximo período legislativo. (Corresponde al artículo 67).

Artículo 211.- La Ley Orgánica de las Municipalidades deberá contemplar la posibilidad que los municipios accedan a los institutos de democracia semidirecta.

Artículo 212.- En el próximo período legislativo se determinará que las construcciones con acceso al público preverán el desplazamiento normal de las personas discapacitadas.

          Buscará rectificar las normas de construcción vigentes y establecerá los plazos para adecuar las existentes (Corresponde al artículo 36 inciso 5).

Artículo 213.- La ley que regule el voto de los extranjeros deberá determinar el plazo a partir del cual se hará efectivo su ejercicio, el que no podrá ser superior a dos años contados desde la sanción de la presente reforma constitucional (Corresponde al artículo 59).

Artículo 214.- El artículo 123 de la presente Constitución regirá a partir del período de gobierno iniciado por las autoridades ejecutivas electas en el año 1995; pero su aplicación inmediata podrá ponerse a consideración popular a través de un plebiscito a realizarse hasta sesenta días después de sancionada la presente, de voto obligatorio y vinculante, en el cual la reelección deberá obtener, como mínimo, la mitad más uno de los votos válidamente emitidos. A este efecto se computarán únicamente los votos positivos y negativos. Dicho plebiscito podrá ser convocado al efecto por el Poder Ejecutivo en los términos de la Ley Electoral vigente, a cuyo efecto podrá adecuar y modificar todos los plazos previstos en la misma. La Provincia será considerada como un distrito único y se utilizará el mismo padrón electoral del comicio del 10 de abril de 1994, dejando sin efecto lo que contempla el artículo 3 inciso 2 del apartado b) de la ley 5.109.

          En caso de ser aprobada por plebiscito la aplicación inmediata del artículo 123 de la presente Constitución, el período actual de gobierno del Ejecutivo provincial será considerado primer período de gobierno (Corresponde al artículo 123).

Artículo 215.- La Legislatura establecerá el fuero contencioso administrativo antes del 1 de octubre de 1997 y sancionará el Código Procesal respectivo, para su entrada en vigencia conjunta.

          Hasta tanto comiencen las funciones de los tribunales en lo contencioso administrativo, la Suprema Corte de Justicia decidirá, en única instancia y juicio pleno, todas las causas correspondientes al referido fuero que se hubieren iniciado, hasta su finalización. (Corresponde al artículo 166).

Artículo 216.- En los partidos donde no existieren juzgados de Paz, y hasta tanto entren en funciones los órganos previstos en el artículo 172 entenderán en materia de faltas provinciales o contravencionales los juzgados Criminales y Correccionales en la forma que determine la ley. (Corresponde al artículo 172).

Artículo 217.- Se mantiene la vigencia del anterior sistema de designación de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, por el plazo máximo de dos años.

          La presente cláusula no regirá para la designación de los jueces que integren el nuevo fuero contencioso administrativo. (Corresponde al artículo 175).

Artículo 218.- Esta reforma entra en vigencia el día 15 de septiembre de 1994.

Artículo 219.- Los miembros de la Convención Reformadora de esta Constitución, el gobernador de la Provincia, los presidentes de ambas Cámaras Legislativas y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, prestarán juramento en un mismo acto el día 19 de septiembre de 1994.

          Cada poder del Estado dispondrá lo necesario, para que los funcionarios que lo integren juren esta Constitución.

Artículo 220.- El texto constitucional ordenado, sancionado por la Convención reformadora de la Constitución, reemplaza al hasta ahora vigente.

Artículo 221.- Sancionado el texto ordenado de la Constitución se remitirá un ejemplar auténtico al Archivo Histórico de la Provincia, al Registro de Leyes de la Provincia y al Archivo General de la Nación.

Artículo 222.- Téngase por sancionado y promulgado el texto constitucional ordenado, comuníquese, publíquese y cúmplase en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

          En la Sala de la Honorable Convención Constituyente, en la ciudad de La Plata, a los trece días del mes de septiembre de 1994

On the basis of Articles 78 and 83, point 1 of the Constitution, upon proposal of the Council of Ministers,

THE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA

DECIDED:

CHAPTER I.- GENERAL PROVISIONS

Article 1.-Scope of the law

The scope of this Law is to promote competition and efficient infrastructure through principle of technological neutrality in electronic communications and to ensure the right and adequate services in the territory of the Republic of Albania.

Article 2.- Exceptions from the Application of the Law

1. This Law is not applicable for the content of the services provided through the electronic communications networks.

2. This Law is not applicable for the communications equipments (particularly such as the radio systems and telecommunications terminal equipments) built up and used exclusively for country defense and security purposes. However, even in this case the frequencies use shall be defined according to the provisions of this Law.

3. This Law is not applicable for the radio and television broadcasts as long as it not provided otherwise in the legislation in force.

Article 3.- Definitions

In this Law the following terms shall have the following meanings:

1. «Access» means the availability of facilities and/or services of any operator under defined conditions, either on exclusive or non-exclusive basis, for the purpose of providing electronic communications services. It covers inter alia: access to the networks elements and associated facilities, which may involve the connection of equipment by fixed or non-fixed means (in particular this includes access to the local loop and to facilities and services necessary to provide and enable services over the local loop); access to the physical infrastructure, including buildings, ducts and masts; access to relevant software systems including the operational support systems; access to number translation or systems offering equivalent functionality; access to fixed and mobile networks, in particular for roaming; access to virtual network services.

2. «Authority of Electronic and Postal Communications» (hereinafter AKEP) is the regulatory body that supervises the legal framework defined by this law, and by the Law on Postal Services, as well as by the development policies for the field of the electronic communications and postal services defined by the Council of Ministers.

3. «General Authorization» – is an act of general nature, which consists of the legal framework defined by this Law and the regulations issued by the AKEP serving to its implementation, to ensure the right for providing the electronic communications networks or services, and laying down specific obligations that may be applied to all or to specific types of the electronic communications networks and/or services.

4. «Facility» as part of associated infrastructure of electronic communications, includes buildings, parts of a building, or independent premises within a building where the electronic communications equipments are installed, as well as the construction elements such as cable ducts, masts, antennas etc.

5. «Associated facilities» means those facilities associated with an electronic communications network and/or an electronic communications service, which enable or support the provision of services via that network or service.

6. «Network integrity» is the functioning and ability to enter/put in operation of the electronic communications networks that are interconnected with each other and the protection of those networks from the defects caused by the electromagnetic concerns and/or work load.

7. «Calling line identification» is a function that enables the called subscriber to identify the network termination point from which a call generates based on the number or code assigned to that network termination point.

8. «Connected line identification» is a function that allows the calling user to identify the networks termination point where the call ends based on the number or code assigned to that network termination point.

9. «Interference» is the influence of an unwanted energy caused by one ore more emission combinations, radiations or induction against the receiver in a radio communication system/station, which results in degradation of quality, misinterpretation or loss of information to be derived under conditions of loss of unwanted energy.

10. «Harmful interference» means interference which endangers the functioning of a radio navigation service or other radio-communications services offered for safety purposes or interference that seriously degrades, obstructs or repeatedly interrupts radio communications services, which are operating in accordance with this Law and other by-legal acts.

11. «Interconnection» means the physical and logical connection of public communication networks used by the same operator or different undertaking in order to allow the users of one operator to communicate with users of the same or another operator, or to access services provided by another operator. Interconnection is a specific type of access implemented between the operators of public communications networks.

12. «Numbering code» means a number or a combination of numbers without the national code «0», which characterizes the called numbering area. If the National Numbering Plan is «open» and when the calling subscriber and the called subscribers are located in different numbering areas, this code is dialed before the number of the called subscriber.

13. «Communication» means information exchanged or transmitted between a limited number of users, but not including information transmitted as part of the radio-television broadcasting services via electronic communications network, except the cases where the information may be related to a well-known subscriber or user who receives such information.

14. «Leased lines» means a service including provision of transmission capacities between different points of the same network or different networks, without including the commutative functions controlled by its user.

15. «Minister» is the minister responsible for the field of electronic communications and postal services through the respective directorate.

16. «Interface» is the entirety of characteristics describing the connection point between two units of electronic communications such as for example between two communication networks, or between the communication network and the user’s handset. The interface might be equipment (hardware) or a program (software).

17. «Number» is an alpha-numeric range defined in the Numbering Plan that serves for addressing to the electronic communications networks and services.

18. «Numbers of emergency services» are numbers defined in the Numbering Plan for electronic communication services and networks for the police, the fire-brigade, emergency hospital numbers, warning and notification service, included in the European harmonized emergency number «112».

19. «Geographic number» means a national number that belongs to a certain geographic region.

20. «Non-geographic numbers» means a national number that does not belong to a certain geographic region, and include:

a. numbers for access to public mobile communications networks;

b. numbers for access to value added services;

c. numbers for access to services for which the entire fee for the traffic to these services is paid by the services provider, i.e. toward numbers that are free of charge for the users (free phone, green numbers);

ç. numbers for access to services for which the fee for the traffic to these services is partially paid by the caller and partially by the provider of such service i.e. toward numbers assigned to the user according to e pre-determined relationship (numbers with cost division, blue numbers);

d. numbers for public nomadic telephone service

21. «Operator» means an undertaking/legal entity that offers or that is authorized to offer an electronic communications network or associated facilities;

22. «Operator of public communications network» means an undertaking, which has the right to construct, possess, lease and operate a public communications network and associated facilities and to provide public communication services.

23. «Provider of public communications service» means an undertaking that provides public communications services being provided with access to a public communications network operator.

24. «Provision of electronic communication network» means the construction, use, supervision or making accessible/available of such network.

25. «Provider of universal service» means an undertaking that provides the universal service.

26. «Terminal equipment» means the equipment connected to a network terminal point, which serves for transmission, reception and processing of communications.

27. «Electronic communications equipments» means technical equipments for emission, transmission, routing, commuting and/or receiving signals through electro-magnetic waves.

28. «Subscriber» means any natural person or legal entity who or which is a party to a contract with a provider of publicly available electronic communications services for the supply of such services.

29. «User» means a legal entity or natural person using or requesting a publicly available electronic communications services;

30. «End-user» means a user not providing public communication networks or publicly available electronic communications services;

31. «Network terminal point» means the physical point at which a subscriber is provided with access to a public communications network. In the case of networks involving switching or routing, the network termination point is identified by means of a specific network address, which may be linked to a subscriber number or name.

32. «Numbering Plan» means the structure of numbers and numbers’ ranges, as well as their allocation for ensuring access to the public electronic communications networks and services.

33. «National Frequencies Plan» is the document stipulating frequencies bands for different services and sets the basic conditions for the frequency allocation and assignment, aiming at effective use of the radio-frequencies spectrum and avoidance of interferences.

34. «Electronic mail» means any message in the form of text, sound or image sent over public communications network that can be stored in the network or in the recipient’s terminal equipment until recipient receives it.

35. «Local loop» means the physical communication circuit that connects the network termination point in the subscriber’s premises with the main distribution frame (MDF) or equivalent facility/equipment in the fixed public telephone network.

36. «Electronic communications network» means transmission systems and, where applicable, switching or routing equipment and other facilities, which permits the conveyance of signals by wire, by radio, by optical or by other electromagnetic means, including satellite networks, fixed (circuit-and packet-switched, including internet), mobile terrestrial networks, electricity cable systems, to the extent that they are used for the purpose of transmitting signals, networks used for the radio and television broadcasting, irrespective of the type of the information conveyed.

37. «Public communications network» means an electronic communications network used wholly or mainly for the provision of publicly available electronic communications services.

38. «Public telephone network» means an electronic communications network, which is used to provide publicly available telephone services. It supports the transfer between network termination points of the speech communication (voice), as well as other forms of communications, such as facsimile and data, etc.

39. «Public fixed telephony network» means a network, where the network end-points are placed on a fixed location.

40. «Public mobile communication network» means a network, where the network end-points are not placed on a fixed location.

41. «Undertaking» is any natural and/or legal entity, registered according to the legislation in force, which provides electronic communications networks or electronic communications services.

42. «Radio-frequencies spectrum» includes electromagnetic waves in the range of frequencies from 9 KHz up to 3000 GHz, which diffuse in space without the need for special lines.

43. «Electronic communications service» means a service normally provided for remuneration, which consists wholly or mainly in the conveyance of signals on electronic communications networks, including telecommunications services and transmission services in networks used for broadcasting or cable television networks, but exclude the services providing, or exercising editorial control over the content transmitted using electronic communication networks or services. It does not include the information society services, which do not consist wholly or mainly in the conveyance of signals on the electronic communications networks.

44. «Electronic communications service available to the public» means the electronic communications service, and none is preliminary excluded from its usage.

45. «Telephone service available to the public» means a service available to the public for generating and receiving national and international calls and access to emergency numbers through one or more numbers in a telephone numbering plan. This service may include provision of one or more of the following services:

a) operator’s service;

b) information searching services, telephone directory;

c) offering of public free phone;

ç) services at special conditions according to the provision in the Article 27, point 3 of this Law;

d) offering of special terminal equipment of telecommunications for the disabled consumers or those in need;

dh) access to the services with non-geographic numbers.

46. «Public land mobile telephony service» means the public telephony service, offered to the users through a public telecommunication network, whose terminal points are not in fixed locations, enabling users to communicate within the areas covered by such service, nevertheless their location.

47. «Public fixed telephony service» means the public telephony service provided to the users by means of terminal equipment connected to terminal points in fixed location of public communication networks.

48. «Nomadic public telephony service» – is the public telephony service provided to the users through an electronic communications network where users’ terminals are connected to terminal points of the fixed network that can be located in different geographical units.

49. «Radio-communications services» means the activity of communications that includes transmission, emission, and reception of signals through radio waves.

50. «Information Society Services» means services provided for remuneration, at a distance, through electronic means and upon individual request of the recipient of the service. «At a distance» means that the service is provided without the two parties being present simultaneously. «Through electronic means» means that the service is sent from the point of origin and received at the final destination by electronic equipment for processing (including digital compression) and data storage. Sending, transmission and receiving is made fully via cable, radio waves, optical means, or other electromagnetic means. «Upon individual request of the recipient of the service» means that the services are provided with the transmission of data upon individual request.

Information society services include, in particular, the sales of good and services, services of access to information or advertising over the Internet and access to public communications network services, transmission of data, or storing the recipient’s data in the public communications network.

51. «Value added service» means a service, which provides information, toward a payment, through the public communication network.

52. «Universal service» means a minimum set of public electronic communication services of specified quality which is available at an affordable price to all users in the territory of the Republic of Albania, regardless their geographic location.

53. «Cost-oriented tariff» means the tariff that reflects the cost of efficient and fruitful usage, enabling a reasonable profit for the undertaking/operator.

54. «Public pay telephone» means a telephone available to the general public, the use of which is paid for by such means as coins, and/or credit cards, and/or pre-payment cards, including cards for use with dialing codes.

55. «Traffic communication data» means any data processed for the purpose of the transmission of communications on an electronic communications network, or for the billing thereof.

56. «Location data» means any data processed in an electronic communications network that indicates the geographic position of the terminal equipment of a user of electronic communications network.

57. «Radio-television broadcasting» means transmission of radio or television program services via a terrestrial antenna, electronic communications network or satellite in coded or not coded form, aimed at reception by the public.

58. «Call» means a connection between two end points, materialized through the telephone service available to the public, which allows the bi-directional communication.

59. «Numerical geographic area» means a defined geographic region/area, which has a certain numbering code.

CHAPTER II.-COMPETENT BODIES IN THE FIELD OF ELECTRONIC COMMUNICATION AND THEIR COMPETENCIES

Article 4.- Competent bodies in electronic communications field

The competent bodies in the electronic communications field are the Minister, the Authority of Electronic and Postal Communications (AKEP) and the National Radio and Television Council (NRTC).

Article 5.- Minister’s Competencies

The Minister has the following competences:

1. Prepares and presents to the Council of Ministers the proposal for the policy on electronic communication field.

2. Follows the implementation of the Policy of the Government in the Republic of Albania relating the electronic communication field.

3. Prepares the legal and by-legal draft-acts for the development of the electronic communication field.

4. Can issue orders and instructions for completing the regulatory framework defined by this Law and Government’s policies in the sector of electronic communications.

5. Represents the Republic of Albania in international organizations in the field of electronic communications. Drafts and signs international bilateral and multilateral agreement in the field of electronic communications on behalf of the Republic of Albania.

6. Follows the implementation of the obligations related to the electronic communication field arising out of the international treaties, where the Republic of Albania adheres.

7. Collects and processes statistical data from the undertakings that perform their activity in the field of electronic communications.

8. Cooperates with the Ministry of Defense, the Interior Ministry and National Informative Service for issues of the electronic communication field, which are related to the defense and national security.

9. Prepares the National Radio-frequencies Plan and works for the harmonization of this plan with the international policies on the development of the radio-frequencies spectrum.

10. Approves the possible limitations in allocation of the frequencies and respective tendering procedures for their allocation, based on AKEP proposals.

11. Approves the providers of universal service, and the respective procedures on selection of the universal services provider/providers, based on AKEP proposals.

12. Coordinates national services of coastal radio interconnection.

13. Supports the radio-amateur activity in the Republic of Albania.

Article 6.- Authority of Electronic and Postal Communications

1. The Authority of Electronic Communications is the regulatory body in the field of electronic communications and postal service which supervises the regulatory framework defined by this law, and by the Law on postal service and the development policies defined by the Council of Ministers.

2. AKEP is a public, independent, non-budgetary, legal entity, which exercises its activity in compliance with legislation in force. AKEP in its work and decision-making within its competencies is independent. Location of AKEP is in Tirana.

Article 7.- Regulatory Objectives

1. AKEP shall perform its functions in compliance with this Law and other by-legal acts, as well as in accordance with the national sector policies for the development of the electronic communications, and in compliance with the international agreements in the field of electronic communications, where the Republic of Albania adheres.

2. Regulation in the electronic communications field shall respect the principle of technology-neutrality. New technologies and services, as well as the newly created markets shall be subject of regulation under this law up the measure necessary to prevent the deformation of the competition and to meet the objectives of this law.

3. AKEP shall promote effective competition in the provision of the electronic communications networks, electronic communications services, associated facilities and services by:

(a) creating opportunities for every category of users of the electronic communications services, including the users with special needs, that toward the tariffs, in every case not higher than EU average tariff, based on the selection to benefit maximally alternative service, qualitative and in compliance with the standards approved by AKEP;

(b) protecting the interests of the electronic communications users, protecting the users’ personal data and privacy;

(c) protecting the national security interests;

(ç) ensuring free and effective competition in the electronic communications sector;

(d) ensuring that the integrity and security of the public electronic communications networks are maintained;

(dh)encouraging efficient investment in the infrastructure of the electronic communications and prompting innovation aiming at achieving the highest quality for their products;

(e) encouraging efficient use of the radio-frequencies and the numeric space as limited natural resources;

(ë) ensuring non-discrimination and parity in the treatment of undertakings providing electronic communications networks and services.

Article 8.- AKEP Competencies

In order to meet the purpose and the regulatory objectives under this law, AKEP shall have the following competencies:

(a) to supervise, control and monitor the activities of electronic communications networks operators and providers in compliance with this Law, and other by-acts serving to the implementation of this law;

(b) to regulate access and interconnection between electronic communications networks in compliance with stipulations of this law, by-legal acts for its implementation, and to ensure that the undertakings are not discriminated and they have equal opportunities and transparent, objective and fair conditions;

(c) to approve the reference offer for the access and/or for interconnection, as well as the reference offer for the unbundled (not restricted) access to the local loop of the Operators with significant market power, which shall be in compliance with requirements of this Law, the by-legal acts, as well as with tariffs not higher than EU average tariff;

(ç) to designate the undertakings (operators) with significant market power.

(d) to conduct the registration of operators of the electronic communications networks and providers of electronic communications services in the end of the notification process;

(dh) to undertake measures and defines protective measures on the operators of the electronic communications networks and providers of the electronic communications services for not allowing non-competitive practices.

(e) to cooperate with the Minister on preparation of the National Radio-frequencies Plan;

(ë) to prepare the Radio-frequency Usage Plan and to administer the radio-frequencies bands assigned for civil purposes, public or private usage, except the frequency band assigned for the radio and television broadcasting, which are administered by NRTC;

(f) to monitor the use of the radio-frequency spectrum in compliance with the National Radio-frequency Plan (NRFP) and Frequencies Usage Plan;

(g) to issue individual authorization for radio frequencies usage;

(gj) to follow the procedures stipulated by the law on the radio-frequency allocation and use, following the respective approval;

(h) to conduct the coordination of radio-frequency allocation and use with the administrations of neighboring and other countries, related to the part of the spectrum it administers;

(i) to prepare, approve and administer the National Numbering Plan for the electronic communications networks and services in the Republic of Albania;

(j) to assign numbers and numbers’ ranges to the operators of the public electronic communications networks and providers of electronic communications services;

(k) to administer cc.TLD.al domain, its sub-domains, as well as ENUM.

(l) to undertake administrative measures in compliance with this law in cases of violation of this law and acts issued for the implementation of this Law.

(ll) to supervise implementation of requirements of this law on tariffs of the electronic communications services available to the public and to take the appropriate regulatory measures for the implementation of this Law.

(m) to manage and administer the Universal Service Fund.

(n) to resolve disputes between the operators of electronic communication networks and providers of electronic communication services according to the provisions of this Law.

(nj) to create, maintain and update an electronic database from the electronic communications sector and ensure that those data/information are made available to the public in compliance with the rules on public informing and keeping of confidentiality.

(o) to collect data and information from the networks’ operators and providers of electronic communications services.

(p) to issue regulations for the implementation of this law, of other legal and by-legal acts in force, which are mandatory.

(q) to carry out acknowledgement of conformity for «radio» and telecommunications terminal equipments;

(r) to administer and implement of national and international standards and also technical rules in the field of electronic communications.

(rr) to ensure that the operators of the electronic communications networks and providers of electronic communication services fulfill the liabilities related to the interests of country defense, public security and in case of war or extraordinary situation/state.

(s) to cooperate with national and international organizations in the field of electronic communications.

(sh) to carry out the procedures on designation of universal service undertaking/provider according to the provisions of this Law in Chapter V.

Article 9.- AKEP Reporting

1. AKEP is accountable for its work before the Assembly of the Republic of Albania.

2. At the end of each year, AKEP submits before the Assembly an annual report on its activity within the first quarter of the following year.

3. The Annual Report referred to in the paragraph 2 of this Article, in particular, shall contain:

a) Reporting on AKEP work during the previous year;

b) Annual Program for the work for the coming year;

c) Reporting on the status of the Universal Service;

ç) Reporting on the implementation of AKEP annual financial indicators.

4. AKEP Annual Report shall be available to the public.

Article 10.- Provision of Information to the Ministry

1. AKEP shall provide the Minister, any information that might be deemed as necessary for satisfaction of the development policy objectives and the competences stipulated in this Law, and those of the Law on Postal Service.

Article 11.- NRTC Competencies

NRTC organization, duties and competencies are defined in a special/separate Law.

Article 12.- Cooperation

1. AKEP shall cooperate with the state bodies and structures, organization of protecting the users/consumers interest for issues related to the implementation of this Law.

2. AKEP and the Competition Authority shall cooperate for issues regarding common interest related to the implementation of the legislation in force on competition in the field of electronic communications and postal service.

CHAPTER III.- GENERAL AUTHORIZATION REGIME

Article 13.- Authorization

1. Any undertaking is free to offer electronic communications networks and services in the Republic of Albania in compliance with the provisions of this Law.

2. Provision of electronic communications networks and services in the Republic of Albania is made toward AKEP authorization, expect the cases when the electronic communications networks and/or services:

a) are not used for profiting (commercial) purpose and when they are not available to the public;

b) are used only for private uses needs or for internal needs of the institutions;

3. Authorization to offer electronic communications networks and services in the Republic of Albania shall be made:

a) via notification – where the offering of electronic communications networks and services does not require the use of restricted natural resources;

b) after the notification and issuing the right of use – where the offering of electronic communications networks and services requires the use of restricted natural resources;

4. The undertaking authorized to offer electronic communications networks or services in the Republic of Albania is entitled:

a) to negotiate for interconnection, and, when applicable, to have access from other undertakings of the communications networks and services available to the public in compliance with the provisions of this Law.

b) to have the opportunity to participate in being designated as provider of universal service for special services under the scheme of universal service or in certain parts of the territory in the Republic of Albania.

Article 14.- Notification

1. Any undertaking, that for profit purpose foresees to offer an electronic communication network or service, shall notify AKEP prior to the commencement of operation, change/alteration or cessation.

2. The notification shall be made in writing and should contain the following information:

a) provider’s name and address;

b) data/info on legal registration of the undertaking;

c) contact person of the undertaking;

ç) short description on network or service;

d) date foreseen for the activity commencement, change or cessation.

3. Notification shall be accompanied with:

a) a declaration that the information is accurate;

b) a declaration that the undertaking shall implement the legal obligations.

4. Undertakings (operators and providers of the service) shall be obliged to report to AKEP all changes in the information submitted in the notification within 30 days following their occurrence.

5. AKEP shall register the operators or service providers in the electronic database within 15 days of the receipt of notification, as well as it shall confirm them in writing for their registration.

6. Within 15 days of receipt of an incomplete notification request according to the requirements in points 2 and 3 of this Article, AKEP shall inform the undertaking for the need to complete the missing documents. The completion of such document should be done within a time-term not shorter than 10 days and not longer than 30 days.

7. In case AKEP does not confirm in writing within the time-term pursuant to point 5 of this Article, or it does not confirm to the undertaking for the completion of the missing document pursuant to point 6 of this Article, the notification is considered as full, and the respective registration is considered as done/completed.

8. AKEP, by means of a regulatory document pursuant to this Law, shall define in details the form and content of the request for notification of the supporting documents and the registration confirmation, this document shall be made public and easily accessible for the public.

9. AKEP shall administer in an updated database register for the natural persons and legal entities, which are notified according to the provision of this Article. Maximally the database shall contain the information specified in the point 2 of this Article. Database shall be available to the public, in order to allow the remote access.

Article 15.- General Conditions

1. In the general authorization AKEP may include conditions related to:

a) financial contribution for financing universal service;

b) interoperability of services and interconnection of networks;

c) provision of availability and use of numbers from the Numbering Plan for the end-users, including conditions for this use;

ç) environment protection, territory planning, access to immobile estates, including their use, collocation or joint use of the equipment, including, if applicable, any financial or technical warranty that might be necessary for performing the activity;

d) protection of personal data and privacy;

dh) consumers’ protection;

e) restrictions in content transmission, in case it violates the legal framework;

ë) information, which should be provided in the notification procedure according to the Article 14 in the procedure for issuing the right for using the restricted resources (frequencies and numbering), as well as the information that should be submitted to AKEP and other bodies pursuant to the Article 16 of this Law;

f) permission for interception by competent authorities defined in the legislation in force on interception of telecommunications and implementation of other liabilities arising out of this legislation.

g) conditions for provision of electronic communications network in state of risk, emergency, war;

gj) protection of the citizens from harmful affects of electromagnetic radiation dispersed by the electronic communications networks;

h) obligation to offer access;

i) maintenance of public communication networks integrity and prevention of electromagnetic interference through electronic communications networks and services;

j) protection of public communications networks from unauthorized access;

k) radiofrequencies use, ensuring effective use of the radiofrequencies spectrum and prevention of harmful interferences;

l) obligation to satisfy the technical standards and specification of the networks and equipments for constructing the networks and offering the electronic communications services, as well as other services and associated facilities according to the provisions of this Law.

Article 16. Obligation for providing information

1. Undertakings of electronic networks and services shall be obliged to provide data and other information requested by the Minister and AKEP, at their request, with the aim to meet their functional duties serving to the implementation of this Law.

2. The sort of data, time-terms and way of their submission are defined by the competent bodies accordingly.

Article 17.- Special Obligations

1. AKEP is entitled pursuant to the provisions of the law, to impose special obligations to the undertakings that perform activities in the filed of electronic communications. These obligations shall be applied outside the conditions specified in the general authorization, and in compliance with the consultations and procedures specified in the Articles 35 and 110 hereof.

2. Special obligations stipulated in the paragraph 1 above are:

a) obligations on provision of universal service in compliance with Chapter V hereto;

b) special obligations specified in this Law on SMP operators in the relevant markets;

c) obligations on access to network in compliance with Article 42 hereto.

3. AKEP shall publish information on imposing special obligations according to the provisions in Article 118 hereto.

Article 18.- Amendment and Revocation of General Authorization

1. AKEP shall amend or revoke the rights, terms and procedures regarding the general authorization and usage rights in objectively justified cases and proportionally after the public consultation as specified in the Article 110 hereto. The objectively justified cases include:

a) change of the key facts, on the basis of which the rights, conditions and procedures in the general authorization and in usage rights;

b) satisfaction of commitments arising out of the membership of the Republic of Albania into international organizations;

c) needs for country defense and security;

ç) needs for protecting the public interest.

2. Amendment and revocation of rights, conditions and procedures regarding the general authorization and usage rights is made with AKEP decision.

Article 19.- Issuing the right for use

1. Undertakings in need for allocation of scarce natural resources (frequencies and numbering), in the notification to be submitted to AKEP according to the provisions in Article 14, shall request issuing of the right for using them.

2. Issuing the right for the frequencies use shall be made in compliance with the provisions of Chapter VII hereto.

3. Issuing the right for Numbering use shall be made in compliance with the provisions of Chapter IX hereto.

CHAPTER IV.- ELECTRONIC COMMUNICATIONS NEWORKS AND SERVICES

Article 20.- Provision of Electronic Communications Networks and Services

1. Undertakings that construct and/or use electronic communications networks and provide services are obliged to meet the conditions pursuant to this Law and other legal acts and by-laws, as well as the regulation issued based on this Law, in order not to endanger the public order, human life and health, public security and defense of the country.

2. Where the electronic communications networks require the use of radiofrequencies, the undertakings shall be obliged to obtain a preliminary approval for the use of radiofrequencies according to the provisions in the Chapter VII of this Law.

Article 21.- Construction and maintenance of Electronic Communications Networks

1. Electronic communications networks and associated infrastructure shall be constructed and operated in compliance with this law, and other acts serving to this law, and legal framework on territory planning and construction, the legal framework on protection of environment, as well as with other technical standards.

2. Maintenance of public communications networks and associated infrastructure shall be conducted in compliance with the construction regulation on:

a) completion and upgrading of the existing facilities of public communications networks;

b) reconstruction of existing antenna systems;

c) renewal and reconstruction of existing facilities of public electronic communications networks;

ç) enlarging the existing capacities or installation of new communication systems and public access networks;

d) enlarging the existing power supply systems.

Article 22.- Joint Use of Facilities and Assets

1. In cases where the economic use of space, city planning and protection of environment requires so, operators of the public electronic communications networks that have the right to construct and install communication equipments in the private or public property shall construct or install them in such way as to enable their joint use.

2. Undertakings of public communications networks shall be obliged to reach to conclude agreements for the joint use of facilities and assets in the terms provided in the Article 1 hereto.

3. AKEP shall encourage the undertakings of the public communications networks to reach agreements for the joint use of the facilities and assets.

4. An undertaking of public communications network may refuse a request for joint use of the facilities and assets in the following cases:

a) if the joint use of facilities and assets is technically unfeasible or damages the network’s integrity and security;

b) if the party asking for joint use does not agree to pay the fee for the joint use of the facilities and assets.

5. In case the undertakings of public communications networks do not reach to an agreement among them, AKEP, at request of any party, shall initiate a procedure on dispute resolution according to the provision of this Law.

6. In cases where the joint use requires reconstruction of the communication facilities and assets, the reconstruction costs shall be borne by the party requesting the joint use.

7. In cases where the undertakings can not reach an agreement related to the payment/fee for the joint use of the infrastructure and equipments, AKEP, within 30 days from the date of request submission by any either concerned party, shall decide the amount of payment/fee in compliance with the respective regulation approved for this purpose.

Article 23.- Use of Networks for Own (Private) Use for Public Communications Services

1. Legal entities, whose main activity is in an area other than the provision of electronic communications networks or services, but that have under ownership such networks or services for their own use, if they decide to offer electronic communications services and networks for the public, shall be obliged to notify AKEP according to the obligations arising out of Article 14 hereto.

2. Where the legal entities referred to in point 1 of this Article, decide to offer public electronic communications networks or services, shall establish another legal entity or to keep separate financial accounts for the revenues arising from the provision of the public services and/or network.

Article 24.- Payment for supervision of electronic communications market

1. Undertakings providing public communications networks and/or services shall be obliged to pay an annual payment for supervision of the market of electronic communications by AKEP. This payment is made to cover AKEP administrative costs.

2. Annual payment defined in point 1 of this Article shall not be more than 0.5% of the annual gross revenue of the previous calendar year.

3. Undertaking shall make the annual payment for the supervision of the market of electronic communications to AKEP, within 30 April of each year, and following the submission of the annual balance sheet and a report of the accounting expert which is filed by the undertaking to AKEP.

4. The level of annual payment for supervision of the electronic communications, market within the limit of 0.5% of the annual revenues, shall be defined by AKEP in a regulation issued pursuant to this Law.

5. Definition of the annual payment level for the market supervision shall not distort the competition or to create barriers for the entering into market of new undertakings.

6. Prior to the approval of the regulation according to the provisions in point 4 of this Article, AKEP shall notify in writing the undertakings to submit their opinions and proposals in writing regarding the annual payment, method of calculation and its implementation. The deadline for submission of proposals by the undertakings is 30 days from the date of receipt of notification. The failure to submit the opinions and proposals within this deadline shall not comprise any hurdle to AKEP to act in compliance with point 4 of this Article.

7. The annual payment for supervision of electronic communication market shall be made on AKEP accounts.

CHAPTER V.- ENSURING UNIVERSAL SERVICE

Article 25. Universal Service

1. Universal Service shall include:

a) connection of the end-user to the public telephone network at his/her request by ensuring access to the telephone service available to the public from a defined geographic location, enabling the user to make and receive local, national and international calls, facsimile communications and data communication at a minimum speed of 32 kbit/s;

b) publication of the printed telephone directory (including the electronic form as well), that meets the general requirements provided in the point 2 of this Article;

c) ensuring public pay telephone, satisfying the reasonable needs of the end-users in the entire territory in the Republic of Albania. Public pay telephone shall enable the connection to free emergency calls, without having to use any means of payment foreseen for them;

ç) ensuring conditions for equivalent access to and use of telephone service made available to the disabled end-users, including access to emergency calls services and information in telephone directory for all users in the Republic of Albania.

2. Universal service provider appointed by the AKEP for the publication of general telephone directory shall reflect at least once a year the changes occurred. General Telephone Directory shall contain at least: the full name of the subscribers, address, relevant telephone number, except for the subscribers that have requested in particular that the said information not be made public.

3. Providers of public telephone services shall provide information on their subscribers to the providers of universal services, so that they shall include those data without exception to the general Telephone Directory, as well as in the Information Service provided by the Universal Service Provider.

4. Where a service provider does not provide the provider of universal service with the data on its subscribers, AKEP shall oblige the provider of telephone service to submit those data within a certain period of time. Universal Service Provider shall include those data in the general Telephone Directory and in Information Services with no discrimination on telephone service providers.

Article 26.- Ensuring Universal Service

1. AKEP shall designate one or more providers of universal service.

2. AKEP shall initiate a public tendering process for the purpose of selecting one or more providers of universal service.

3. AKEP in the process of selecting one or more providers of universal service shall be based on the principles of effectiveness, objectiveness and transparency.

4. When certain services under the universal service scheme are not sufficiently preset or they are not present at all, AKEP may conduct a tender process for selecting a provider of such services. In event the tender fails, AKEP may, after a consultations process with the parties concerned, and after the Minister approval, select a universal service provider.

5. AKEP shall define the tender procedure, in compliance with the legislation in force and on basis of objective and transparent criteria for selection of a universal service provider that shall include:

a) the ability of the provider to provide universal service in a certain area within the period of time defined in the tender documentation;

b) the necessary fund amount for providing the service and the relevant net costs of such provision, and the corresponding amount of compensation from the universal service fund required by the operator to implement its universal service.

6. After the complement of the tendering procedure and following the preliminary approval of the Minister, AKEP signs the agreement with the universal service provider.

7. AKEP consistently shall supervise the activity of the universal service provider. Universal service provider shall be obliged to submit data about its activity/operation to AKEP at least once a year.

Article 27.- Tariffs and General Terms on universal service

1. AKEP shall monitor changes and level of tariffs of the services offered under the universal service.

2. Tariffs of individual services provided under universal service shall be the same throughout the territory of the Republic of Albania.

3. Universal service providers may offer optional tariffs, special tariff packages and special payment methods for subscribers with low income and/or special needs, in compliance with the legislation in force.

4. Universal service providers shall be obliged to define the tariffs and the general terms of payment in such a way that subscribers of specific service provided under the universal service are not obliged to pay for services, which are not necessary or not required for the provisions of services included under the universal service scheme.

5. Tariffs for universal service are subject to regulation according to the provisions of this law.

6. Universal services providers shall be obliged to provide their subscribers with the opportunity to use of services such as: selective call barring for outgoing calls, itemized billing for the services, pre-payment system to pay for access and use of services.

Article 28.- Quality of Universal Service

1. AKEP shall define the technical requirements for the universal service quality, the technical parameters and their measuring and the minimum quality requirements.

2. Universal service providers shall be obliged to publish at least once a year the information on the universal service quality.

3. AKEP shall monitor the quality of universal service and may take action as appropriate for ensuring quality of the universal service in compliance with point 1 of this law.

4. In case AKEP has a reasonable doubt regarding the truthfulness of the information provided according to point 2 of this Article, AKEP, in accordance to the duties charged under this law, may conduct a control/audit through an independent audit expertise. The cost of independent audit expertise shall be covered by the universal service provider subject to such audit.

5. In case the measured values of the technical quality parameters for a certain universal service provider fail to achieve the performance targets at least three times in succession, AKEP may initiate a procedure to revoke the designation of this undertaking as provider of universal service and designate a new universal service provider.

Article 29.- Compensation scheme for ensuring Universal Service

1. Universal services providers shall be entitled to compensation if the provision of the services according to the Article 25, point 1, letter «a» and Article 27, point 3 of this law causes additional costs. If AKEP concludes that those costs exists, and they comprise an unfair additional burden to the universal service provider, AKEP shall calculate them as net costs for providing specific service under the universal service scheme.

2. Compensation according to point 1 of this Article may under no circumstances exceed the real cost for providing the universal service.

3. Real costs according to point 2 of this Article shall be calculated as a difference between the real costs for providing the universal service and the costs that the universal service provider would have had if he had not been a universal service provider, wherein any benefit to the universal service provider arising from the provision of the universal service, including any intangible benefit, is taken into account.

4. AKEP shall define the methodology for calculating the real costs and intangible benefits that should be taken into consideration in the calculation of real costs of universal service provision and in doing that it shall take into account the EU recommendation on universal service.

5. Universal service providers shall be obliged to keep separate accounts for the costs of providing universal service.

6. Universal service providers shall be obliged to submit to AKEP within 30 April of each year the information on real costs, annual balance sheet and the data used for calculating the real costs for providing the universal service. Otherwise, they shall lose the right to declare the real costs.

7. AKEP shall appoint an independent audit expertise for conducting the audit as well as for verifying the information presented according to the point 6 of this Article.

8. AKEP confirms the calculation of real costs for provision of universal service. If the universal service provider was selected in a public tender procedure, AKEP shall consider in its assessment the costs of providing the universal service offered by the provider in the tender process. AKEP shall consider the differences in cost only in cases when the conditions at the time of the public tender have changed and when the universal service provider proves to AKEP in convincing, objective and transparent way the differences in the cost. AKEP shall public the results of the costs calculation and those of the expertise/audit conducted on the information submitted from the universal service provider.

9. AKEP shall define the compensation level. On the basis of the calculations, AKEP may decide that the universal service provider is not entitled to compensation or it is entitled to less compensation than that requested by the provider.

10. Universal service provider may appeal against the decision made according to point 9 of this Article according to the legislation in force.

Article 30.- Financing of Universal Service

1. For compensation of real costs of universal service provision the universal service fund shall be created. The universal service fund is managed and administered by AKEP. This fund is untouchable for other purposes and it is accumulated and forwarded to the next year.

2. Universal service fund is financed by the undertakings that own public electronic communication networks and provide electronic communication services, and the public electronic communications services providers in the territory of the Republic of Albania, according to the stipulations in the respective AKEP regulation.

3 AKEP shall determine the financing level pursuant to point 2 of this Article, which, for all undertakings subject to the financing of universal service shall not be higher than 1% of the total revenues coming from the public electronic communication networks and provision of public electronic communications services.

4 Undertakings shall be obliged to pay the contributions according to the point 2 of this Article on a separate AKEP account within a certain period of time, but not later than 30 May of the current year for the previous year.

5 Operators, within 30 April of each year, inform AKEP for their revenues in the previous year proceeded from the offering of public communications networks or  services in the Republic of Albania, filing to AKEP the annual balance sheet accompanied by the accounting expert report.

6. AKEP shall make disbursement from the account for the universal service contribution on annual basis to compensate any designated universal service provider, designated for provision of the universal service, in the amount equal to the approved real costs of providing universal service.

7. Amount for the universal service compensation shall be audited on annual basis by a group of accounting experts, authorized by AKEP.

8. AKEP shall submit to the Assembly of the Republic of Albania an annual report, which shall include:

a) Financial report and annual audit report for the universal service compensation account;

b) Information, related to the rules on confidentiality of business proprietary information, on the calculation of real costs of universal service provision, the intangible benefits taken into consideration in calculating the real costs, and the compensation of those costs.

CHAPTER VI .- REGULATION OF COMPETITION

Article 31.- General Provisions

1. Markets that justify the regulation and are subject to regulation in compliance with the provisions of this Law are markets with high and sustainable legal or structural barriers to access the market, markets that are not oriented toward the effective competition within a suitable period of time, market where the implementation only of the law on competition can not solve appropriately the failures of the market.

2. Markets determination, their analysis and designation of undertakings with significant market power («SMP Undertakings») in the relevant markets is done in compliance with this law and by-legal acts serving to its implementation.

3. Undertakings with significant market power («SMP Undertakings») are subject to the measures set by AKEP pursuant to this Law and acts serving to its implementation.

4. Markets designation, their analysis and designation of undertakings with significant market power, in the relevant markets («SMP Undertakings») is done by AKEP on the basis of a regulation drafted for the implementation of this law and in compliance with EU relevant recommendations, periodically, but not less than every two years.

Article 32.- Market Definition

5. AKEP shall determine the national relevant markets of electronic communications and relevant products, which justify the regulation and are subject to a special regulation in the sector in compliance with the provisions of this Law, and with the principles of the Law on Competition and current conditions of the Albanian market, taking into consideration the requirements of special regulation in the sector and EU recommendations on relevant markets of products and services.

Article 33.- Undertakings with Significant Market Power

1. An undertaking shall be considered to possess significant market power, if, alone or together with others, possesses such economic position that enable a considerable enlargement, independently of its competitors, customers or end-users.

2. In assessing the market significant power, AKEP shall take the following criteria into account:

a) undertaking’s market share, undertaking’s market share in the relevant market, as well as the changes over the time in its relative position versus the market players;

b) high barriers to enter into market, and the expected enlargement as a consequence of potential competition.

c) countervailing purchasing power;

ç) development of elasticity of demand and offer

d) stage of development of the relevant market

dh) technological advantages

e) any development of sales and distribution networks;

ë) economies of scale or economies of sector and density

f) degree of vertical integration

g) degree of product differentiation

gj) access to financial resources

h) control in infrastructure that can not be easily replaced

i) general behavior in the market, such as prices, marketing policy, limited services and products or placing barriers.

3. Two or more undertakings might be found to have a dominant position if even in the absence of structural or other links between them they operate in market in such structure and way that is considered to be conducive to coordinated actions, independently from the competitors, customers and users.

4. In order to define the joint dominance of two or more undertakings, AKEP shall take into account, inter alia, the following criteria:

a) the level of market concentrations, distribution of market shares and their variation over time;

b) barriers to enter in the market, and their effect on the potential competition;

c) effect of countervailing purchasing power;

ç) current transparency of the market;

d) stage of development of the relevant market;

dh) homogeneity of products;

e) structure of the cost;

ë) development of elasticity of demand and offer;

f) development of technological innovations and level of technology maturity;

g) absence of excessive capacities;

gj) informal and other links between the market players;

h) retaliatory mechanisms;

i) development of drivers (incentives) for price competition.

j) undertaking’s economic and financial power .

5. When an undertaking has significant market power (SMP) in a relevant market, it may also be deemed to have SMP in another relevant market related horizontally, vertically or geographically with the analyzed market, if the links between the two markets are such as to enable that the significant power from the first market to be asserted to the other one, strengthening the power of the undertaking in the market.

Article 34. Market Analysis

1. AKEP shall conduct on regular basis, but not less than once every two year, the analysis of relevant market, identified according to the provisions of this law. Following the designation if one or some undertakings have significant market power in the relevant market or if there is an effective competition, then the obligation shall be cancelled, kept, added or placed in the end of the market analysis.

2. If AKEP designates that one or some SMP Undertakings in the relevant market and there is no effective competition, then AKEP shall impose to those undertakings one, some or all special necessary obligations specified in the Article 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 and 56 hereto. Special obligations that have been applied to undertakings for the relevant market shall be changed or kept by AKEP, based on the market analysis, taking into account also the regulation objectives defined under this Law.

3. If AKEP based on the procedures of market analysis reaches to the conclusion that the relevant market has effective competition and that no undertakings in this market possess significant market power, then AKEP shall not apply the obligations specified in the point 2 of this Article, excluding those specified in the Article 51 hereto. If special obligations are applied to those undertakings in this market, then they shall be revoked. In the decision for the removal of those obligations, should be specified also a period of time not shorted than 6 months, at the end of which the removal of obligations becomes effective.

4. AKEP shall make public the decisions made pursuant to point 2 and point 3 of this Article, according to the stipulations in Article 118 of this Law.

Article 35.- Specific consultation procedures

1. AKEP shall conduct the public consultation with the interested parties regarding the conclusions reached on market designation and market analysis, respectively according to the Article 32 and 34. The consultation shall be conducted for a defined period of time of 60 days. AKEP shall make public the consultation materials, including in it also the comments submitted by the interested parties. With the aim to protect the commercial and functional secrets of all parties, AKEP shall be the single point of information through which the entire consultation process shall be carried out.

Article 36. Regulatory measures

1. Application, amendment, keeping or removal of obligations specified in the Article, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 and 56 hereto to undertakings with significant market power is done on the basis of AKEP decisions following the completion of procedure on market designation and market analysis.

2. AKEP decisions, according to point 1 of this article, are made following the public consultation process.

Article 3.- Review of market designation and market analysis

1. When AKEP deems that the facts that justified the conclusions reached for the markets designation and analysis have changed and do not reflect the current situation in the market, then AKEP shall review the conclusions and respective decisions.

2. Regardless the case referred to in point 1 of this article, AKEP shall be obliged that once every two years to review its conclusions on markets designation and analysis by presenting the respective conclusions.

Article 38. Cooperation with Competition Authority

1 In the process of market designation and their analysis, AKEP shall cooperate with the Competition Authority according to the provisions of the Article 12 of this Law.

2 AKEP and the Competition Authority shall exchange the necessary information, which the receiving party shall administer it at the same confidentiality level as the sending party.

Article 39.- Obligation of non-discrimination

1. AKEP shall impose to the undertakings with significant market power obligations for non-discrimination with regard to access and interconnection.

2. Obligations for non-discrimination shall ensure in particular that an undertaking with significant market power to apply same conditions in the same circumstances toward other undertakings that provide equivalent services and to provide other undertakings services and information at the same conditions and same quality as its provides for its own services, to those of its subsidiaries or partners.

3. AKEP shall require the undertakings with significant market power to publish a reference offer for access and interconnection. Undertakings shall offer in this reference sufficiently itemized services, details of respective offers with comprising elements in compliance with the needs of the market and declaration of the associated terms and conditions, including tariffs as well.

4. AKEP shall request and oblige to make changes in the reference offer for access with the purpose of satisfying the obligations specified under this law and its by-legal acts for its implementation.

Article 40.- Obligation of transparency

1. AKEP shall impose to SMP Undertakings obligations for transparency with regard to access and interconnection.

2. AKEP, regardless to the provisions of the Article 16, shall impose to SMP Undertakings with the obligation to publish the following information:

a) information on accounts;

b) technical specifications;

c) network characteristics/features;

ç) terms and conditions for offering and use;

d) tariffs, including the possible discount.

3. AKEP shall define also the level of detailing and way of publishing of the above-stated information by the SMP Undertakings.

Article 41.- Obligation for account separation

1. AKEP shall request the Undertakings with significant market power to detail the cost of particular activities related to access and interconnection aiming at prevention of mutual unfair subsidy.

2. For this purpose, in particular the vertically integrated SMP Undertakings shall be requested to make transparent their wholesale tariffs and the tariffs of internal transfers. AKEP shall define the format and methodology of calculation to be used, including the detailing level and the way in which they will be presented and made available.

3. If AKEP has imposed specific obligation according to the Article 39 and 40, then it shall request, nevertheless the provisions of article 16 hereto, that the data on accounts, including all information and supporting documents, to be submitted to the request in the defined way and form. AKEP shall publish this information if necessary for boosting the competition in the market. In doing such, AKEP shall take into account the rules pertaining to the commercial and functional/business secrets.

Article 42.- Obligation for access and interconnection and joint usage of network facilities

1. AKEP shall impose to the Undertakings with significant market power the obligation to meet the requests for access and interconnection, as well as for the use of network and associated facilities elements, especially in those cases when AKEP estimates that from refusal of the access, or unreasonable conditions and terms, stable development in the retail market is hindered, or end-users interests are damaged.

2. SMP Undertaking shall be requested to meet one, several or all the following measures, in particular to:

a) give to the third parties access and interconnection to network and its elements;

b) provide specified services at wholesale level for resale in the retail market by the third parties;

c) not withdraw access to facilities already granted;

ç) negotiate in good will and faith with operators requesting access;

d) grant open access to technical interfaces, protocols or other important technologies that are indispensable for the interoperability of services or for services of virtual network;

dh) provide joint use (collocation) or other forms of facility sharing, including buildings, cable ducts and mast sharing;

e) provide specified services needed to ensure interoperability of end-to-end services to users, including facilities for intelligent networks services or roaming on mobile networks;

ë) grant access in the functional supporting systems or similar software systems necessary for assuring fair competition in offering the services;

f) interconnect networks or network facilities

g) to provide access to the local loop

3. In imposing the obligations according to the point 2 of this Article, and to assess whether the obligation for access is justified and proportional to the regulation purposes prescribed in this law, AKEP shall take into account, in particular, the following factors:

a) technical and economic viability of use or installation of competing equipment with regard to the rate of market development, considering the nature and type of interconnection and access under discussion/proposed.

b) feasibility to provide the access proposed, in relation to the capacity available;

c) initial investment by the owner of facilities, taking into account the risks involved in such investments;

ç) need to safeguard competition in long term in public electronic communications networks and services, and in particular by creating incentives for efficient investments in facilities, which in long-term period ensure more competition;

d) all intellectual property rights.

4. Where an operator evidences that the facilities’ use might risk the maintenance of the entire network or the networks function, AKEP shall not impose obligation with regard to this facility or shall impose the obligation in another way. Maintenance of the network entirety and safety of network functions shall be justified by the undertaking based on objective standards.

Article 43.- Obligation for carrier selection and pre-selection

1. AKEP shall impose on the SMP Undertakings in the relevant market for access to and use of public telephone network, the obligation to enable their subscribers to access the services of any operator of publicly available telephone services to which they are interconnected through carrier selection or pre-selection.

2. Tariffs set for the access and the activation payment with regard to the carrier selection or pre-selection shall be cost-oriented.

3. Carrier selection or pre-selection in other networks may be ordered by AKEP according to the provision in the Article 42 hereto.

Article 44.- Obligation for providing leased lines

1. AKEP may impose regarding the provision of a minimum group (number) of leased lines, to the undertakings with significant market power the obligation, in compliance with the principles of non-discrimination, cost-orientation and transparency and taking into consideration respective international regulatory documents and practice.

2. Tariffs and general terms for offering the leased lines according to the point 1 above shall be approved preliminary by AKEP.

3. AKEP shall impose obligations to the SMP Undertakings to apply the system of cost calculation even for the leased lines service. AKEP or an independent specialized body, selected by AKEP on the basis of the law in force, shall verify on annual basis the compliance with the cost calculation system and shall publish conclusions on such verification.

Article 45.- Obligation for tariffs control and cost accounting system

1. When AKEP for the implementation of Article 34, identifies that a SMP undertaking might keep tariffs at a high unreasonable level or at low unreasonable level, thus harming the end-users, the AKEP shall impose obligations regarding cost coverage and tariff control, including obligation for cost oriented tariffs, for access and/or interconnection, and also obligation regarding account keeping systems.

2. Imposing obligations according to point 1 of this Article, the AKEP takes into consideration the investment made by the undertaking, allowing of a reasonable profit margin on the capital employed, thus taking into consideration the risk included.

Article 46.- Access Agreements

1. An undertaking of electronic communications network with significant market power, having the obligation for access according to Article 42, shall provide an offer to other undertakings that request access to its network, in order the latter to provide electronic communications services. The access offer shall be presented without delay, but in no case later than 15 days from the request receipt date.

2. Access agreements made/signed by a public operator of electronic communications networks with SMP and other undertakings are prepared in writing.

3. An undertaking of electronic communications network with SMP shall submit to AKEP the access agreement, in which it is a party as a provider, within 15 days following their signing. AKEP shall publish the place and time where the agreements submitted as above will be available for inspection by the subjects that request access service and facilities.

Article 47.- Obligation for interconnection and Interconnection Agreements

1. Any undertaking of electronic communications networks shall, against a payment, within 30 days from receipt of the request, provide an interconnection offer to other undertakings of public electronic communications networks, with the purpose to ensure users’ communication, provision of electronic communications services and interoperability of the services in the entire community. All undertakings shall try to achieve the objective to ensure and improve communication among the users of the public electronic communications networks.

2. Undertakings shall use the information obtained from the other operators during the negations process on interconnection only for the purpose they are provided. Undertakings shall respect throughout the time the confidentiality of the information provided and shall not transfer it to any other party for which such information enable them a competition advantage, with exception to the cases when specified otherwise in an agreement between the operators.

3. Reference offers of interconnection according to Article 39 and the interconnection agreements according to point 1 of this Article shall be submitted to AKEP.

Article 48.- Freedom of parties for negotiations

1. Undertakings that offer public electronic communications networks and services are entitled to negotiate and agree between them regarding the technical and economic agreements on access and interconnection, in compliance with provisions of this Law and by-legal acts in force.

Article 49.- AKEP role on ensuring access and interconnection

1. AKEP, in compliance with the regulatory objectives specified in Article 7, shall encourage and if necessary, shall ensure the materialization of access and interconnection, as well as the services interoperability, in order to boost sustainable and effective competition aiming at maximal benefit to the end-users.

2. AKEP shall:

a) impose obligations with regard to access and interconnection to undertakings that provide public electronic communications services;

b) intervene on its initiatives when it is justified or in the absence of an agreement between the parties, upon the request of either party, according to the provisions of this law.

Article 50.- Complaint to AKEP

1. If the undertakings fail to reach an agreement on access and interconnection within 45 days from receipt of the request, either of them may submit complaint to AKEP. Upon the receipt of complaint, AKEP shall start the procedures in accordance with the Code of Administrative Procedures and provisions of the Article 60.

2. In justified cases, AKEP may start the procedures also at its initiatives with the purpose to satisfy the regulatory objectives.

3. At the end of the procedures, AKEP issues the order according to the provisions of Article 60.

Article 51. Obligation for undertakings without significant market power

1. AKEP may impose the following obligations according to the Articles 39, 40, 41, 42 and 45 to the undertakings that do not have significant market power in case:

a) the undertaking is granted the right to use the radiofrequencies according to CHAPTER VII hereto;

b) this is necessary to ensure the normal functioning of the networks;

c) this is required to satisfy the international commitments.

Article 52.- Reference offer

1. Undertakings of the electronic communications networks with SMP, which is subject to the obligation for access and interconnection according to the Article 42, shall publish, normally within 45 days period after the imposition of this obligation, a reference offer for the access services and/or facilities.

2. Respective reference offer shall include terms and conditions for use, including tariffs. Reference offer shall be easily comprehensible for the undertakings.

3. AKEP shall control/audit, and in case it ascertains that the reference offer does not meet the requirements related to special conditions, mostly related to fairness, non-discrimination, transparency, reasonableness, and timeliness, shall impose the change the reference offer proposed. In general AKEP defines a minimal duration for the validity of reference offer proposed. SMP undertaking shall notify AKEP 3 months prior the expiry of such minimal duration of any reference offer change or suspension.

4. Where access service or facilities is already subject to an access agreement according to the Article 46 hereto, AKEP may oblige the undertakings of electronic communications networks with SMP to offer on non-discriminatory basis this service or facility also to the other undertakings. This is also applicable for the access services and facilities that an undertaking of electronic communications networks with significant market power is obliged to provide or make available pursuant to AKEP Governing Council order according to Article 60 hereto.

5. AKEP shall oblige the undertakings of electronic communications networks with SMP to change its reference offer if the conditions in the market have changed considerably. This includes the services and facilities, as well as the main conditions of their provision. In case of reference offer change, the points 2, 3, 4 and 5 of this article are applicable.

6. SMP undertakings shall update the reference offer published.

7. When an undertaking is obliged to provide unbundled access to local loop, the reference offer, it shall publish according to the provisions of this article, shall include at least the following elements:

I) Conditions for unbundled access to the local loop

(a) network elements to which access is offered covering in particular the following elements:

i. access to local loops

ii. access to non-voice band frequency spectrum of a local loop, in the case of shared access to the local loop

(b) information concerning the locations of the physical access sites and the availability of local loops in specific parts of the access network;

(c) technical conditions related to access and use of local loops, including the technical characteristics of the twisted metallic pair in the local loop;

ç) ordering and provisioning procedures, usage restrictions.