EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TÍTULO PRELIMINAR. OBJETO Y ÁMBITO DE LA LEY

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

TÍTULO PRIMERO. DE LAS ESTADÍSTICAS Y SU RÉGIMEN

Capítulo primero. Principios generales de la función estadística pública

Artículo 4

1. La recogida de datos con fines estadísticos se ajustará a los principios de secreto, transparencia, especialidad y proporcionalidad.

2. A fin de garantizar el secreto estadístico, además de observarse las prescripciones contenidas en el capítulo III del presente título, los servicios estadísticos estarán obligados a adoptar las medidas organizativas y técnicas necesarias para proteger la información

3. En aplicación del principio de transparencia, los sujetos que suministren datos tienen derecho a obtener plena información, y los servicios estadísticos obligación de proporcionarla, sobre la protección que se dispensa a los datos obtenidos y la finalidad con la que se recaban

4.En virtud del principio de especialidad, es exigible a los servicios estadísticos que los datos recogidos para la elaboración de estadísticas se destinen a los fines que justificaron la obtención de los mismos.

5. En virtud del principio de proporcionalidad, se observará el criterio de crrespondencia entre la cuantía de la información que se solciita y los resultados que de su tratamiento se pretende obtener.

Artículo 7

1. Se establecerán por Ley las estadísticas para cuya elaboración se exijan con carácter obligatorio.

2. La Ley que regule estas estadísticas tratará, al menos, los siguientes aspectos esenciales:

a) Los organismos que deben intervenir en su elaboración

b) El enunciado de sus fines y la descripción general de su contenido

c) El colectivo de personas y el ámbito territorial de referencia.

d) La estimación de los créditos presupuestarios necesarios para su financiación.

Capítulo II. De la recogida de datos

Artículo 10

1. Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de todas las personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, residentes en España

2. Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tanto si su colaboración es obligatorio como voluntaria, deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro del plazo a las preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios estadísticos.

3. La misma obligación incumbe a todas las instituciones y entidades públicas de la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. Cuando para la realización de estadísticas sea precisa la utilización de datos obrantes en fuentes administrativas, los órganos, autoridades y funcionarios encargados de su custodia prestarán la más rápida y ágil colaboración a los servicios estadísticos.

4. Podrán exceptuarse de lo establecido en el apartado anterior, los organismos públicos que custodien o manejen datos relativos a las necesidades de la seguridad del Estado y la defensa nacional.

En cuanto a los datos de naturaleza tributaria, se estará a lo dispuesto en la legislación específica reguladora de la materia.

Artículo 11

1. Cuando los servicios estadísticos soliciten datos, deberán proporcionar a los interesados información suficiente sobre la naturaleza, características y finalidad de la estadística, advirtiéndoseles, además, de si es o no obligatoria la colaboración, de la protección que les dispensa el secreto estadístico, y de las sanciones en que, en su caso, puedan incurrir por no colaborar o por facilitar datos falsos, inexactos, incompletos o fuera de plazo.

2. En todo caso, serán de aportación estrictamente voluntaria y, en consecuencia, sólo podrán recogerse previo consentimiento expreso de los interesados los datos susceptibles de revelar el origen étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o ideológicas y, en general, cuantas circunstancias puedan afectar a la intimidad personal o familiar.

Artículo 12

1. La información se solicitará siempre directamente a las personas o entidades que proceda, ya sea mediante correo, visita personal de agentes debidamente acreditados o cualquier otro modo que asegure la comunicación directa de aquellos con los servicios estadísticos o sus agentes.

2. La información requerida podrá facilitarse por escrito, mediante soportes magnéticos o usando otros procedimientos que permitan su tratamiento informático, siempre de acuerdo con lo previsto en las normas que regulen cada estadística en particular.

3. Los gastos ocasionados a los informantes por los envíos y comunicaciones a que dé lugar la realización de estadísticas para fines estatales, se sufragarán con cargo a los presupuestos de los servicios estadísticos.    

Capítulo III. Del secreto estadístico

Artículo 13

1. Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico los datos personales que obtengan los servicios estadísticos tanto directamente de los informantes como a través de fuentes administrativas.

2. Se entiende que son datos personales los referentes a personas físicas o jurídicas que o bien permitan la identificación inmediata de los interesados, o bien conduzcan por su estructura, contenido o grado de desagregación a la identificación indirecta de los mismos.

3. El secreto estadístico obliga a los servicios estadísticos a no difundir en ningún caso los datos personales cualquiera que sea su origen.

Artículo 14

1. El secreto estadístico será aplicado en las mismas condiciones establecidas en el presente capítulo frente a todas las administraciones y organismos públicos, cualquiera que sea la naturaleza de estos, salvo lo establecido en el artículo siguiente,

2. Queda prohibida la utilización para finalidades distintas de las estadísticas de los datos personales obtenidos directamente de los informantes por los servicios estadísticos.

Artículo 15

1. La comunicación a efectos estadísticos entre las administraciones y organismos públicos de los datos personales protegidos por el secreto estadístico sólo será posible si se dan los siguientes requisitos, que habrán de ser comprobados por el servicio u órgano que los tenga por custodia:

a) Que los servicios que reciban los datos desarrollen funciones fundamentalmente estadísticas y hayan sido regulados como tales antes de que los datos sean cedidos.

b) Que el destino de los datos sea precisamente la elaboración de las estadísticas que dichos servicios tengan encomendadas

c) Que los servicios destinatarios de la información dispongan de los medios necesarios para preservar el secreto estadístico.

2. La comunicación a efectos no estadísticos entre las administraciones y organismos públicos de la información que obra en los registros públicos, no estará sujeta al secreto estadístico, sino a la legislación específica que en cada caso sea de aplicación.

Artículo 16

1. No quedarán amparados por el secreto estadístico los directorios que no contengan más datos que las simples relaciones de establecimientos, empresas, explotaciones u organismos de cualquier clase, en cuanto aludan a su denominación, emplazamiento, actividad y el intervalo de tamaño al que pertenece.

2. El dato sobre el intervalo de tamaño sólo podrá difundirse si la unidad informante no manifiesta expresamente su disconformidad

3. Los servicios estadísticos harán constar esta excepción a la preservación del secreto estadístico en los instrumentos de recogida de la información

4. Los interesados tendrán derecho de acceso a los datos personales que figuren en los directorios estadísticos no amparados por el secreto y a obtener la rectificación de los errores que contengan.

5. Las normas de desarrollo de la presente Ley establecerán los requisitos necesarios para el ejercicio del derecho de acceso y rectificación a que se refiere el apartado anterior de este artículo, así como las condiciones que habrán de tenerse en cuenta en la difusión de los directorios no amparados por el secreto estadístico.

Artículo 17

1. Todo el personal estadístico tendrá la obligación de preservar el secreto estadístico

2.  A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entiende por personal estadístico el dependiente de los servicios estadísticos a que aluden los título II y III de la presente Ley.

3. Quedarán también obligados por el deber de preservar el secreto estadístico cuantas personas, físicas o jurídicas, tengan conocimiento de datos amparados por aquél con ocasión de su participación con carácter eventual en cualquiera de las fases del proceso estadístico en virtud de contrato, acuerdo o Convenio de cualquier género.

4. El deber de guardar el secreto estadístico se mantendrá aun después de que las personas obligadas a preservarlo concluyan sus actividades profesionales o su vinculación a los servicios estadísticos.

Artículo 18

1. Los datos que sirvan para la identificación inmediata de los informantes se destruirán cuando su conservación ya no sea necesaria para el desarrollo de las operaciones estadísticas.

2. En todo caso, los datos aludidos en el apartado anterior se guardarán bajo claves, precintos o depósitos especiales.

Artículo 19

1. La obligación de guardar el secreto estadístico se iniciará desde el momento en que se obtenga la información por él amparada.

2. La información a que se refiere el apartado anterior no podrá ser públicamente consultada sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años a partir de la fecha de su obtención.

3. Excepcionalmente, y siempre que hubieran transcurrido, al menos, veinticinco años desde que se recibió la información por los servicios estadísticos, podrán ser facilitados datos protegidos por el secreto estadístico a quienes, en el marco del procedimiento que se determine reglamentariamente acrediten un legítimo interés.

4. En el caso de los datos relativos a personas jurídicas, las normas reglamentarias, atendidas las peculiaridades de cada encuesta, podrán disponer períodos menores de duración del secreto, nunca inferiores a quince años.

Capítulo IV. La difusión y conservación de la información estadística

Artículo 20

1. Los resultados de las estadísticas para fines estatales se harán públicos por los servicios responsables de la elaboración de las mismas y habrán de ser ampliamente difundidos   

2. Los resultados de las estadísticas para fines estatales tendrán carácter oficial desde el momento en que se hagan públicos.

3. El personal de los servicios responsables de la elaboración de estadísticas para fines estatales tiene obligación de guardar reserva respecto de los resultados de las mismas, parciales o totales, provisionales o definitivos, de los que conozca por razón de su trabajo profesional, hasta tanto se hayan hecho públicos oficialmente.

Artículo 21

1. Los servicios estadísticos podrán facilitar a quien lo solicite:

a) Otras tabulaciones o elaboraciones estadísticas distintas de los resultados hechos públicos a los que se refiere el primer apartado del artículo 20, siempre que quede preservado el secreto estadístico.

b) Los datos individuales que no estén amparados por el secreto estadístico porque hayan llegado a ser anónimos hasta tal punto que sea imposible identificar a las unidades informantes

2. La descripción de las características metodológicas de las estadísticas para fines estatales se harán públicas y estarán, en todo caso, a disposición de quien las solicite.

3. Las publicaciones y cualquier otra información estadística que se facilite a los interesados podrán llevar aparejadas la percepción de los precios que legalmente se determinen.

Artículo 22

1. Los servicios estadísticos deberán conservar y custodiar la información obtenida como consecuencia de su propia actividad que seguirá sometida al secreto estadístico en los términos establecidos por la presente Ley aunque se hayan difundido, debidamente elaborados, los resultados estadísticos correspondientes.

2. La conservación de la información no implicará necesariamente la de los soportes originales de la misma, siempre que su contenido se haya trasladado a soportes informáticos o de otra naturaleza

3. Cuando los servicios estadísticos aprecien que la conservación de algún tipo de documentación resulte evidentemente innecesaria, podrán acordar su destrucción una vez cumplidos los trámites que reglamentariamente se determinen.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1　

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Il est intitulé : » Le service universel postal et les obligations du service postal » et comprend les articles L. 1 à L. 3-4 ;

2° Au début de l'article L. 1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

» Pour l'application du présent code, les services postaux sont la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux dans le cadre de tournées régulières.

» Constitue un envoi postal tout objet destiné à être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement et présenté dans la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé. Sont notamment considérés comme des envois postaux les livres, les catalogues, les journaux, les périodiques et les colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.

» L'envoi de correspondance est un envoi postal ne dépassant pas deux kilogrammes et comportant une communication écrite sur un support matériel, à l'exclusion des livres, catalogues, journaux ou périodiques. Le publipostage fait partie des envois de correspondance. » ;

3° Après le troisième alinéa de l'article L. 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

» Le service de distribution est effectué, dans des installations appropriées, au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions déterminées par décret. » ;

4° Les trois derniers alinéas de l'article L. 2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

» Les services postaux relatifs aux envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, sont réservés à La Poste lorsque leur poids ne dépasse pas 100 grammes et que leur prix est inférieur à trois fois le tarif de base. Constituent le secteur réservé, à compter du 1er janvier 2006, les services portant sur les envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, d'un poids ne dépassant pas 50 grammes et d'un prix inférieur à deux fois et demie le tarif de base. Les envois de livres, catalogues, journaux et périodiques sont exclus du secteur réservé à La Poste.

» Le tarif de base mentionné ci-dessus est le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide. Tant qu'il sert de référence pour la délimitation des services réservés, sa valeur ne peut excéder 1 EUR.

» Par dérogation au deuxième alinéa, la personne qui est à l'origine des envois de correspondance ou une personne agissant exclusivement en son nom peut assurer le service de ses propres envois.

» Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de La Poste, et après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les caractéristiques de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer.

» Ce décret fixe également les droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux, comprenant le régime spécifique offert à la presse en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées la neutralité et la confidentialité des services qu'elle fournit. » ;

5° Après l'article L. 2, il est inséré un article L. 2-1 ainsi rédigé :

» Art. L. 2-1. – Le prestataire du service universel peut conclure avec les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux entreprises. Les tarifs tiennent compte des coûts évités par rapport aux conditions des services comprenant la totalité des prestations proposées.

» Le prestataire détermine les tarifs et les conditions de ces prestations selon des règles objectives et non discriminatoires.

» Ces contrats sont communiqués à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande. » ;

6° L'article L. 3 est ainsi rédigé :

» Art. L. 3. – Les prestataires de services postaux non réservés relatifs aux envois de correspondance, y compris transfrontalière, doivent être titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 5-1, sauf si leur activité se limite à la correspondance intérieure et n'inclut pas la distribution. » ;

7° Après l'article L. 3, sont insérés quatre articles L. 3-1 à L. 3-4 ainsi rédigés :

» Art. L. 3-1. – Les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ont accès, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, selon des modalités techniques et tarifaires prévues dans le cadre de conventions signées à cette fin avec le prestataire du service universel, aux moyens, détenus ou contrôlés par celui-ci, qui sont indispensables à l'exercice de leurs activités postales.

» Ces moyens comprennent le répertoire des codes postaux assorti de la correspondance entre ces codes et l'information géographique sur les voies et adresses, les informations collectées par La Poste sur les changements d'adresse, un service de réexpédition en cas de changement d'adresse du destinataire, une faculté ou un service de distribution dans les boîtes postales installées dans les bureaux de poste.

» Art. L. 3-2. – Toute prestation de services postaux est soumise aux règles suivantes :

» a) Garantir la sécurité des usagers, des personnels et des installations du prestataire de service ;

» b) Garantir la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ;

» c) Assurer la protection des données à caractère personnel dont peuvent être dépositaires le prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, ainsi que la protection de la vie privée des usagers de ces services ;

» d) Etre fournie dans les conditions techniques respectant l'objectif de préservation de l'environnement.

» Art. L. 3-3. – Les timbres émis par La Poste doivent obligatoirement porter la mention : «France.

» Art. L. 3-4. – Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques du service d'envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles.

» Il détermine également les conditions dans lesquelles le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 peuvent assurer ce service. «

Article 2　

I. – L'intitulé du chapitre Ier de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom est ainsi rédigé : » Missions de La Poste et de France Télécom «.

II. – L'article 6 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, sont insérés un I et un II ainsi rédigés :

» I. – Dans l'exercice de ses activités visées à l'article 2 de la présente loi, La Poste contribue, au moyen de son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire national, en complément de ses obligations de service universel au titre des articles L. 1 et L. 2 du code des postes et des communications électroniques et dans le respect des principes fixés à l'article 1er de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

» Pour remplir cette mission, La Poste adapte son réseau de points de contact, notamment par la conclusion de partenariats locaux publics ou privés, en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale.

» Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont déterminées, au niveau départemental et après consultation de la commission départementale de présence postale territoriale visée à l'article 38 de la présente loi, les règles complémentaires d'accessibilité au réseau de La Poste au titre de cette mission. Ces règles prennent en compte :

» – la distance et la durée d'accès au service de proximité offert dans le réseau de points de contact ;

» – les caractéristiques démographiques, sociales et économiques des zones concernées et, notamment, leur éventuel classement en zones de revitalisation rurale ou en zones urbaines sensibles mentionnées à l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 précitée ;

» – les spécificités géographiques du territoire départemental et des départements environnants, en particulier dans les zones de montagne.

» Sauf circonstances exceptionnelles, ces règles ne peuvent autoriser que plus de 10 % de la population d'un département se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, des plus proches points de contact de La Poste.

» II. – Pour financer le maillage territorial complémentaire ainsi défini, il est constitué, dans un compte spécifique de La Poste, qui en assure la gestion comptable et financière, un fonds postal national de péréquation territoriale dans les conditions fixées par un contrat pluriannuel de la présence postale territoriale passé entre l'Etat, La Poste et l'association nationale la plus représentative des maires, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

» Les ressources du fonds proviennent notamment de l'allégement de fiscalité locale dont La Poste bénéficie en application du premier alinéa du 3° du I de l'article 21.

» Les points de contact situés en zones de revitalisation rurale, en zones urbaines sensibles ou sur le territoire d'une commune ayant conclu, avec une ou plusieurs autres, dans le cadre ou non d'un établissement public de coopération intercommunale, une convention de présence territoriale avec La Poste bénéficient d'une majoration significative du montant qu'ils reçoivent au titre de la péréquation postale.

» Un décret pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques précise les modalités d'application du présent II. » ;

2° Les dispositions actuelles constituent un III.

Article 3　

L'article 38 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi rédigé :

» Art. 38. – Afin de mettre en oeuvre une concertation locale sur les projets d'évolution du réseau de La Poste, il est créé, dans chaque département, une commission départementale de présence postale territoriale composée d'élus. Elle se réunit en présence d'un représentant de l'Etat, chargé d'assurer la cohérence de ses travaux avec ceux de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, et d'un représentant de La Poste, qui en assure le secrétariat.

» Les règles d'accessibilité au réseau de La Poste mentionnées à l'article 6 sont fixées en prenant en compte l'avis de la commission départementale de présence postale territoriale. Dans le département, et en prenant en compte les zones de montagne, les zones de revitalisation rurale et les zones urbaines sensibles, la commission départementale de présence postale territoriale propose une répartition de la dotation du fonds postal national de péréquation territoriale défini à ce même article.

» Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la commission. «

Article 4　

Le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi rédigé :

» Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences, notamment des représentants des associations nationales d'usagers et un représentant des communes, nommées par décret. «

Article 5　

I. – Dans le titre Ier du livre Ier du code des postes et des communications électroniques, l'article L. 4 est abrogé, le chapitre II devient le chapitre III et les articles L. 5 et L. 6 deviennent les articles L. 6 et L. 6-1.

II. – Dans le même titre, il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé :

» Chapitre II.- » La régulation des activités postales

» Art. L. 4. – Le ministre chargé des postes prépare et met en oeuvre la réglementation applicable aux services postaux.

» Les ministres chargés des postes et de l'économie homologuent, après avis public de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service public du transport et de la distribution de la presse, et soumises au régime spécifique prévu par le présent code. La structure tarifaire de ces prestations doit favoriser le pluralisme, notamment celui de l'information politique et générale.

» Le ministre chargé des postes peut demander à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes d'engager la procédure de sanction prévue à l'article L. 5-3.

» Art. L. 5. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est consultée sur les projets de loi ou de règlement relatifs aux services postaux.

» A la demande du ministre chargé des postes, elle est associée à la préparation de la position française dans ce domaine et participe, dans les mêmes conditions, pour les questions qui relèvent de sa compétence, aux travaux menés dans le cadre des organisations internationales et communautaires compétentes.

» Art. L. 5-1. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de délivrer l'autorisation demandée par les prestataires mentionnés à l'article L. 3. L'autorisation est délivrée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable. Elle n'est pas cessible.

» L'autorité ne peut refuser l'autorisation que par une décision motivée, fondée sur des motifs tirés de l'incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité postale, et notamment aux règles mentionnées à l'article L. 3-2, ou de ce que le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 5-3, L. 17, L. 18 et L. 19. Elle ne peut invoquer des motifs tirés de la sauvegarde de l'ordre public, des nécessités de la défense ou de la sécurité publique que sur un avis motivé du ministre chargé des postes.

» La décision d'octroi indique les caractéristiques de l'offre de services postaux autorisée, le territoire sur lequel elle peut être fournie, les procédures de traitement des réclamations des utilisateurs de ces services, en cas de perte, de vol ou de non-respect des normes de qualité du service, y compris dans les cas où plusieurs prestataires sont impliqués, ainsi que les obligations imposées au titulaire pour permettre l'exercice du contrôle de son activité postale par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

» Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article et notamment les normes de qualité du service et les conditions de leur contrôle.

» Art. L. 5-2. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

» 1° Veille au respect, par le prestataire du service universel et par les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires afférentes à l'exercice du service universel et des activités mentionnées à l'article L. 3 et des décisions prises pour l'application de ces dispositions. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 5-3 ;

» 2° Est informée par le prestataire du service universel des conditions techniques et tarifaires dans lesquelles les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 peuvent accéder aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à l'article L. 3-1 et reçoit communication, à cette fin, des conventions signées au titre de l'article L. 3-1 ;

» 3° Décide, après examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de proposition, d'office après l'en avoir informée, des caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel, pouvant le cas échéant distinguer les envois en nombre des envois égrenés, et veille à leur respect. Elle approuve les tarifs des prestations relevant du secteur réservé. Le silence gardé par l'autorité pendant plus d'un mois à compter de la réception de la demande complète vaut approbation ; l'autorité formule son opposition par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui la sous-tendent. L'autorité est informée par le prestataire du service universel, préalablement à leur entrée en vigueur et dans un délai précisé par le décret prévu à l'article L. 2, des tarifs des prestations du service universel non réservées. Elle peut rendre public son avis. L'autorité tient compte, dans ses décisions ou avis, de la situation concurrentielle des marchés, en particulier pour l'examen des tarifs des envois en nombre ;

» 4° Veille au respect des objectifs de qualité du service universel, fixés par arrêté du ministre chargé des postes selon des modalités établies par le décret prévu à l'article L. 2 ; elle fait réaliser annuellement par un organisme indépendant une étude de qualité de service, dont elle publie les résultats ;

» 5° Emet un avis public sur les aspects économiques des tarifs visés au deuxième alinéa de l'article L. 4, préalablement à leur homologation par les ministres chargés des postes et de l'économie ;

» 6° Afin de mettre en oeuvre les principes de séparation et de transparence des comptes, en particulier pour garantir les conditions de financement du service universel, précise les règles de comptabilisation des coûts, établit les spécifications des systèmes de comptabilisation et veille au respect, par le prestataire du service universel, des obligations relatives à la comptabilité analytique fixées dans le décret prévu à l'article L. 2. A ce titre, dans le champ du service universel, l'autorité reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais du prestataire du service universel, par un organisme qu'elle agrée, compétent et indépendant du prestataire du service universel, la conformité des comptes du prestataire du service universel aux règles qu'elle a établies. Elle veille à la publication, par les soins de l'organisme indépendant agréé, d'une déclaration de conformité ;

» 7° Prend en considération, dans tous ses avis et décisions motivés, l'équilibre financier des obligations de service universel, en explicitant ses analyses, notamment économiques ;

» 8° Recommande au ministre chargé des postes, s'il apparaît que le service universel ne peut être financé par le prestataire de ce service dans des conditions équitables, toutes mesures utiles pour garantir la fourniture de ce service.

» Art. L. 5-3. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, d'office ou à la demande du ministre chargé des postes, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs, d'une personne physique ou morale concernée, du prestataire du service universel postal ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3, prononcer, dans les conditions prévues au présent article, des sanctions à l'encontre du prestataire du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3.

» Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

» 1° En cas d'infraction du prestataire du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, le directeur des services de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé ; ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infraction grave et répétée ; l'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;

» 2° Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans le délai fixé à une décision prise en application de l'article L. 5-4 ou L. 5-5 ou à la mise en demeure prévue au 1°, ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

» a) Pour un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 :

» – l'avertissement ;

» – la réduction d'une année de la durée de l'autorisation ;

» – la suspension de l'autorisation pour un mois au plus ;

» – le retrait de l'autorisation ;

» b) Pour le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 10 % en cas de nouvelle infraction. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 EUR, porté à 375 000 EUR en cas de nouvelle violation de la même obligation.

» Lorsque le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l'enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après mise en demeure restée infructueuse du directeur des services de l'autorité, prononcer une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 15 000 EUR.

» Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et orales.

» Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

» L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

» Les décisions de sanction sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.

» Art. L. 5-4. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par l'une ou l'autre partie d'un différend portant sur la conclusion ou l'exécution des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel d'envoi de correspondances, lorsque ce différend est relatif aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2-1. Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.

» Art. L. 5-5. – En cas de différend entre le prestataire du service universel et un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 sur la conclusion ou l'exécution de stipulations techniques et tarifaires d'une convention relative à l'accès aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à l'article L. 3-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.
» L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'assure que les conditions techniques et tarifaires offertes sont transparentes et non discriminatoires et n'affectent pas la bonne réalisation des missions du service public des envois postaux. Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.

» Art. L. 5-6. – Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application des articles L. 5-4 et L. 5-5 sont motivées et précisent, le cas échéant, les conditions d'ordre technique et financier dans lesquelles les prestations doivent être assurées. L'Autorité notifie ses décisions aux parties et les rend publiques sous réserve des secrets protégés par la loi.

» Elle peut, avant de prendre sa décision, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

» Elle peut refuser la communication des pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.

» Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent faire l'objet, devant la cour d'appel de Paris, d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification. La cour d'appel de Paris peut également être saisie si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 5-4 ou à l'article L. 5-5, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne s'est pas prononcée.

» Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le juge peut ordonner le sursis à exécution de la décision, si cette dernière est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

» Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.

» Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

» Art. L. 5-7. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie d'une demande de conciliation par le prestataire du service universel, les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, en vue de régler les litiges les opposant qui ne relèvent pas des articles L. 5-4 et L. 5-5.

» Art. L. 5-8. – Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il peut avoir connaissance dans le domaine des activités postales, notamment lorsqu'un différend lui est soumis en application des articles L. 5-4 et L. 5-5. Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi dans le cadre d'une procédure d'urgence, il se prononce dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine.

» Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également saisir pour avis le Conseil de la concurrence de toute autre question relevant de sa compétence.

» Le Conseil de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le domaine des activités postales.

» Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

» Art. L. 5-9. – Dans les conditions définies au présent article, le ministre chargé des postes et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée, recueillir, auprès du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, toutes les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des dispositions législatives ou réglementaires afférentes à leur activité, des décisions prises pour garantir la mise en oeuvre de ces dispositions et des prescriptions du titre en vertu duquel ces personnes exercent leur activité.

» Les enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des postes et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes habilités à cet effet par le ministre chargé des postes et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

» Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.

» Le ministre chargé des postes ou l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes désigne, et veille à ce que soit assermentée dans les mêmes conditions qu'indiquées précédemment, toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.

» Les fonctionnaires et agents chargés de l'enquête accèdent à toutes les informations utiles détenues par les prestataires de services postaux ou les personnes exerçant une activité postale. Ils reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

» Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains et véhicules à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, relevant de ces personnes, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 6 heures et 21 heures ou pendant leurs heures d'ouverture s'ils sont ouverts au public.

» Le ministre chargé des postes et le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

» Art. L. 5-10. – Afin d'être en mesure d'assurer la distribution d'envois postaux, le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ont accès, selon des modalités identiques et définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, aux boîtes aux lettres particulières. «

III. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

» Sous-section 3.- » Accès des opérateurs de services postaux et des porteurs de presse aux boîtes aux lettres particulières

» Art. L. 111-6-3. – Pour l'application de l'article L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent au prestataire du service universel postal et aux opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du même code d'accéder, selon des modalités identiques, aux boîtes aux lettres particulières.

» Les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse inscrits auprès du Conseil supérieur des messageries de presse, agissant pour le compte d'une entreprise de presse ou d'une société de portage de presse, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques, ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs visés à l'alinéa précédent. «

Article 6　

Le 3° de l'article L. 311-4 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

» 3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; «.

Article 7　

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : » des tarifs, « sont supprimés.

Article 8　

I. – L'article 31 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : » Lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, « sont supprimés ;

2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : » , ni celles relatives aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux « ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

» Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents de La Poste sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle. Il précise en outre, en tenant compte de l'objectif d'harmoniser au sein de La Poste les institutions représentatives du personnel, les conditions dans lesquelles la représentation individuelle des agents de droit privé est assurée, et établit les règles de protection, au moins équivalentes à celles prévues par le code du travail pour les délégués du personnel, dont bénéficient leurs représentants. «

II. – Après l'article 31-1 de la même loi, sont insérés deux articles 31-2 et 31-3 ainsi rédigés :

» Art. 31-2. – Il est institué, au sein de La Poste, une commission d'échanges sur la stratégie, visant à informer les organisations syndicales des perspectives d'évolution de La Poste, et à recueillir leurs analyses sur les orientations stratégiques du groupe.

» Il est également institué une commission de dialogue social permettant d'assurer une concertation avec les organisations syndicales sur les projets d'organisation de portée nationale ou sur des questions d'actualité, ainsi que de les informer.

» La Poste recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale. Des instances de concertation et de négociation sont établies à cette fin au niveau national et au niveau territorial, après avis des organisations syndicales représentatives.

» Ces instances suivent l'application des accords signés. Une commission nationale de conciliation est chargée de favoriser le règlement amiable des différends.

» Art. 31-3. – Les titres III et IV du livre II du code du travail s'appliquent à l'ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d'Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels. «

Article 9　

Après le troisième alinéa de l'article 32 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

» Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de l'exploitant public, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi. Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions seront déterminées conformément au contrat de plan de l'exploitant public. «

Article 10　

L'article L. 6 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

» Art. L. 6. – Le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 communiquent aux autorités judiciaires qui en font la demande en matière pénale et à l'administration fiscale les changements de domicile dont ils ont connaissance. «

Article 11　

Le titre VIII du livre Ier du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L'article L. 17 est ainsi rédigé :

» Art. L. 17. – Est puni d'une amende de 50.000 EUR le fait :

» 1° De fournir des services postaux qui sont, en application de l'article L. 2, réservés à La Poste ;

» 2° De fournir des services d'envoi de correspondance en violation des dispositions de l'article L. 3, ou d'une décision de suspension de l'autorisation accordée en vertu de l'article L. 3. » ;

2° L'article L. 18 est ainsi rédigé :

» Art. L. 18. – Les personnes physiques coupables de l'une des infractions définies à l'article L. 17 encourent les peines complémentaires suivantes :

» a) L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

» b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;

» c) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

» d) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code. » ;

3° L'article L. 19 est ainsi rédigé :

» Art. L. 19. – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'une des infractions définies à l'article L. 17 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal et sont passibles de l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code.

» Les personnes coupables de l'une des infractions définies à l'article L. 17 encourent les peines complémentaires mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ; l'interdiction mentionnée au 2° du même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

4° L'article L. 20 est ainsi rédigé :

» Art. L. 20. –

I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 5-9 peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre.

» En vue de rechercher et de constater les infractions, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5-9 peuvent accéder aux locaux, terrains ou véhicules à usage professionnel, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications. Ces fonctionnaires et agents ne peuvent accéder aux locaux qu'entre 6 heures et 21 heures ou pendant leurs heures d'ouverture s'ils sont ouverts au public.

» II. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5-9 ne peuvent effectuer les visites prévues au présent article et la saisie des matériels et de documents que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.

» Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.
» Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée et comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.

» La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Le juge désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention, dont il peut à tout moment décider la suspension ou l'arrêt. Lorsque l'intervention a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président de tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.

» L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

» L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

» III. – La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des postes.

» Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

» Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Toutefois, les correspondances dont la conservation n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité sont remises, après inventaire, au prestataire du service universel qui en assure la distribution.

» Le déroulement des visites ou des saisies peut faire l'objet, dans un délai de deux mois qui court à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées, d'un recours auprès du juge qui a prononcé l'ordonnance.

» Le juge se prononce sur ce recours par une ordonnance qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. » ;

5° L'article L. 28 est ainsi rédigé :

» Art. L. 28. – Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé des postes ou son représentant peut, devant les juridictions pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. » ;

6° L'article L. 29 est ainsi rédigé :

» Art. L. 29. – Le fait d'insérer dans un envoi postal des matières ou des objets prohibés par la convention postale universelle est puni d'une amende de 15.000 .

» Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent les peines complémentaires mentionnées aux a et b de l'article L. 18.

» Les personnes morales coupables de l'infraction prévue au présent article encourent les peines complémentaires mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. «

Article 12　

I. – Les articles L. 15, L. 16, L. 21 à L. 25, L. 27 et L. 36 du même code sont abrogés.

II. – L'article L. 30 du même code est ainsi rédigé :

» Art. L. 30. – Lorsque les services des douanes ou des contributions indirectes le leur demandent, le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 requièrent l'ouverture, par le destinataire, des envois de correspondance de toute provenance, présumés contenir des produits soit soumis à des formalités intérieures de circulation, soit passibles de droits de douane, soit frappés de prohibition. «
III. – A l'article L. 31 du même code, la référence : » L. 627 du code de la santé publique » est remplacée par la référence : » 222-36 du code pénal «.

IV. – Les articles L. 36-1, L. 36-2, L. 36-3, L. 36-4, L. 36-12 et L. 36-14 du même code deviennent respectivement les articles L. 130, L. 131, L. 132, L. 133, L. 134 et L. 135 du même code.

V. – Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 125 du même code, les mots : » le service public des communications électroniques « sont remplacés par les mots : » le service public des postes et celui des communications électroniques «.

VI. – L'article L. 126 du même code est ainsi rédigé :

» Art. L. 126. – La prescription est acquise au profit du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 pour toute demande en restitution du prix de leurs prestations présentée après un délai d'un an à compter du jour de paiement.

» La prescription est acquise au profit de l'utilisateur pour les sommes dues en paiement des prestations du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 lorsque ceux-ci ne les ont pas réclamées dans un délai d'un an à compter de la date de leur exigibilité. «

VII. – Le premier alinéa de l'article L. 131 du même code est ainsi rédigé :

» La fonction de membre de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. «

VIII. – L'article L. 131 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

» Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de l'autorité est un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. «

IX. – Dans le deuxième alinéa de l'article L. 133 du même code, les mots : » L'autorité propose au ministre chargé des communications électroniques » sont remplacés par les mots : » L'autorité propose aux ministres compétents «.

X. – L'article L. 135 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : » des dispositions législatives et réglementaires relatives aux communications électroniques « sont remplacés par les mots : » des dispositions législatives et réglementaires relatives aux communications électroniques et aux activités postales » ;

2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : » les autorités de régulation des communications électroniques » sont remplacés par les mots : » les autorités de régulation des communications électroniques et des postes » ;

3° Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : » les évolutions du secteur des communications électroniques « sont remplacés par les mots : » les évolutions du secteur des communications électroniques et de celui des postes » ;

4° A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : » information sur le secteur des communications électroniques « sont remplacés par les mots : » information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes » ;

5° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

» A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés des résultats de ces travaux. «

Article 13　

I. – L'article L. 130 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

» L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat. » ;

2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : » trois « est remplacé par le mot : » cinq » ;

3° Le sixième alinéa est supprimé ;

4° Dans la deuxième phrase du septième alinéa, les mots : » l'un ou l'autre des deux alinéas » sont remplacés par les mots : » de l'alinéa «.

II. – Les membres de l'autorité visée à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques qui sont en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à son terme.

III. – Dès la publication de la présente loi, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat nomment chacun un membre supplémentaire de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, pour un mandat de six ans prolongé jusqu'au 31 décembre de la dernière année de ce mandat.

Article 14　

Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : » Autorité de régulation des télécommunications « sont remplacés par les mots : » Autorité de régulation des communications électroniques et des postes «.

Article 15　

Après l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 2-2 ainsi rédigé :

» Art. L. 2-2. – I. – Il est institué, sous réserve des conditions de mise en oeuvre prévues aux II et III, un fonds de compensation du service universel postal.

» La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière de ce fonds dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds.

» La contribution de chaque prestataire postal titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé dans le champ du service universel défini à l'article L. 1, à l'exclusion de celui réalisé dans le cadre des activités de transport et de distribution de la presse ou au titre des prestations réalisées ou facturées dans le champ du service universel pour le compte d'opérateurs tiers. Tout prestataire dont le chiffre d'affaires ainsi délimité est inférieur à un montant fixé par décret est exempté de contribution au fonds de compensation.

» Le montant des contributions nettes que le prestataire du service universel ou les prestataires titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 versent ou reçoivent est déterminé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ces contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement.

» En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prononce une des sanctions prévues à l'article L. 5-3. En cas de nouvelle défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.

» II. – Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations de service universel.

» III. – Un décret, pris après un avis public de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur une demande du prestataire du service universel établissant, sur la base des données comptables visées au 6° de l'article L. 5-2, qu'il supporte une charge financière inéquitable imputable à ses obligations de service universel, fixe la première année au titre de laquelle les contributions nettes au fonds de compensation du service universel postal sont recouvrées. «

Article 16　

I. –

1. L'article 2 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi rédigé :

» Art. 2. – La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit, dans les conditions définies par les textes qui régissent chacun de ses domaines d'activité, des missions d'intérêt général et exerce des activités concurrentielles.

» La Poste assure, dans les relations intérieures et internationales, le service public des envois postaux, qui comprend le service universel postal et notamment le service public du transport et de la distribution de la presse bénéficiant du régime spécifique prévu par le code des postes et des communications électroniques. Elle assure également, dans le respect des règles de concurrence, tout autre service de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises.

» Elle exerce ses activités financières dans les conditions prévues à l'article L. 518-25 du code monétaire et financier. «

2. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

a) L'article L. 518-25 est ainsi rédigé :

» Art. L. 518-25. – Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret A.

» A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations prévues aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 321-1 et L. 321-2 ou à tous produits d'assurance. » ;

b) Au premier alinéa de l'article L. 518-26, après les mots : » sous la garantie de l'Etat «, sont insérés les mots : » pour recevoir les dépôts du Livret A dans les conditions définies aux articles L. 221-1 et suivants, sans préjudice des dispositions propres aux caisses d'épargne ordinaires «, et les mots : » dans le cadre des missions définies à l'article L. 518-25 » sont supprimés ;

c) Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

» La Caisse nationale d'épargne est gérée, pour le compte de l'Etat, par un établissement de crédit dont La Poste détient la majorité du capital, dans des conditions déterminées par une convention conclue entre l'Etat, La Poste et cet établissement. «

II. –

1. La Poste transfère à une filiale agréée en qualité d'établissement de crédit dans les conditions définies à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier et soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du même code, l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature liés à ses services financiers, y compris les participations, à l'exception, le cas échéant, de ceux nécessaires aux activités qu'elle exerce directement. La Poste détient la majorité du capital de cet établissement de crédit.

Dans ce cadre, La Poste transfère notamment à cet établissement l'intégralité des comptes et livrets de toute nature ouverts dans ses livres ainsi que les biens, droits et obligations qui y sont liés. Les comptes courants postaux, dont la dénomination peut être maintenue, sont régis, à compter de ce transfert, par le code monétaire et financier, notamment par ses articles L. 312-1 et suivants.

2. Sous réserve des règles propres au Livret A, l'établissement de crédit mentionné au 1 exerce pour son propre compte l'ensemble des activités antérieurement exercées au titre de la Caisse nationale d'épargne, dans les conditions définies par les textes régissant chacune de ces activités. A cette fin, et sans préjudice des règles spécifiques de centralisation, les biens, droits et obligations liés aux comptes, livrets et contrats de toute nature ouverts ou conclus par La Poste au titre de la Caisse nationale d'épargne, notamment ceux nécessaires au respect des règles de couverture des risques et des obligations prudentielles des établissements de crédit, sont transférés à cet établissement à la date du transfert mentionné au 1. A compter de cette date, à l'exception des dépôts sur le Livret A, la Caisse nationale d'épargne ne reçoit plus aucun dépôt. A compter de la date du transfert prévu au 1, la Caisse des dépôts et consignations est déchargée de toute responsabilité à raison de la gestion, pour le compte de l'Etat, des biens, droits et obligations transférés.

Pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de la publication de la présente loi, les fonds des comptes, livrets et contrats transférés en application de l'alinéa précédent bénéficient de la garantie prévue à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier dans des conditions définies par une convention conclue entre l'Etat et l'établissement de crédit mentionné au 1.

3. A compter de la date du transfert prévu au 1 et jusqu'à la conclusion de la convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 518-26 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit mentionné au 1 assure, pour le compte de l'Etat, la gestion de la Caisse nationale d'épargne.

4. Les transferts visés aux 1 et 2 sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toutes disposition ou stipulation contraires. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par La Poste dans le cadre des activités de ses services financiers, y compris au titre de la gestion de la Caisse nationale d'épargne, ou conclus par la Caisse des dépôts et consignations, n'est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par La Poste ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. Ces transferts n'entraînent par eux-mêmes le transfert d'aucun contrat de travail.

5. Les opérations visées au présent II ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

6. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les biens, droits et obligations visés au 2 sont transférés à l'établissement de crédit mentionné au 1 par l'intermédiaire de La Poste, sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

7. Au plus tard dans les deux ans qui suivent le transfert prévu au 1, la Cour des comptes élabore un rapport sur la création de l'établissement de crédit visé au 1, sur son fonctionnement et sur les relations de toute nature existant entre cet établissement de crédit et les autres entreprises du groupe La Poste. Ce rapport est transmis au Parlement.

III. –

1. La Poste et l'établissement de crédit mentionné au 1 du II concluent une ou plusieurs conventions au sens du deuxième alinéa de l'article L. 518-25 du code monétaire et financier en vue de déterminer les conditions dans lesquelles cet établissement recourt, pour la réalisation de son objet, aux moyens de La Poste, notamment à son personnel. Ces conventions déterminent notamment les conditions dans lesquelles les titulaires de comptes ou livrets ouverts auprès de cet établissement peuvent procéder à toute opération de retrait ou de dépôt auprès de La Poste.

2. Les fonctionnaires en activité à La Poste peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'établissement de crédit mentionné au 1 du II et des sociétés dont il détient directement ou indirectement la majorité du capital pour une durée maximale de quinze ans. Ces sociétés remboursent à La Poste les charges correspondantes. Les fonctionnaires ainsi mis à disposition peuvent, à tout moment, solliciter leur réaffectation dans les services de La Poste.

IV. –

1. Dans l'article L. 221-10 du code monétaire et financier, les mots : » La Poste « sont remplacés par les mots : » L'établissement de crédit visé à l'article L. 518-26 « et les mots : » ou au nom de laquelle « et » , dans un de ses établissements « sont supprimés.

2. Dans le premier alinéa de l'article L. 518-1 du même code, les mots : » les services financiers de La Poste « sont remplacés par les mots : » La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25 «. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : » aux services financiers de La Poste « sont remplacés par les mots : » à La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25 «. Dans le 2° de l'article L. 564-3 du même code, les mots : » les services financiers de La Poste « sont remplacés par les mots : » La Poste «.

3. a) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

– dans le premier alinéa de l'article L. 133-1 et dans le troisième alinéa de l'article L. 141-8, les mots : » les services financiers de La Poste, « sont supprimés ;

– dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 312-1, les mots : » financiers de La Poste ou » sont supprimés ;

– dans le deuxième alinéa du même article, les mots : » financiers de La Poste, soit ceux « sont supprimés ;

– dans le premier alinéa de l'article L. 221-18, les mots : » des services financiers de La Poste, « sont supprimés ;

b) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation, les mots : » ainsi que les services financiers de La Poste » sont supprimés. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : » à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de La Poste « sont remplacés par les mots : » à la Banque de France et aux établissements de crédit «. Les mêmes modifications sont effectuées dans l'article L. 313-6 du code monétaire et financier ;

c) Dans l'article 56 de la loi de finances rectificative pour 2001 (nº 2001-1276 du 28 décembre 2001), les mots : » et les services financiers de La Poste » sont supprimés ;

d) Dans l'article 1er de la loi nº 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, les mots : » des services financiers de La Poste « sont supprimés.

4. Les références aux » services financiers de La Poste » sont supprimées dans l'ensemble des textes réglementaires en vigueur.

5. Dans l'article L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : » la Caisse nationale d'épargne et « sont supprimés.

6. Dans l'article 1er de la loi nº 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, les mots : » , de La Poste « sont supprimés.

7. Le dernier alinéa de l'article 15 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée ainsi que les deux derniers alinéas de l'article 16 de cette même loi sont supprimés.

8. a) Sont abrogés :

– le livre III du code des postes et des communications électroniques ;

– la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier ;

b) Dans l'article L. 163-11 du code monétaire et financier, la référence : » L. 131-88 « est remplacée par la référence : » L. 131-87 «.

9. a) Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier est intitulé : » Le chèque bancaire et postal « et les sous-sections 1 à 12 de la section 1 de ce chapitre en deviennent les sections 1 à 12 ;

b) Dans les articles L. 131-1 et L. 131-85 du même code, les mots : » la présente section « sont remplacés par les mots : » le présent chapitre « ;

c) Dans les articles L. 131-40, L. 131-86 et L. 131-87 du même code, les mots : » de la présente section « sont remplacés par les mots : » du présent chapitre «.

V. – 1. Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2. Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II.

Article 17　

Les personnes morales ou physiques qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 5, offrent à titre habituel des prestations de service mentionnées à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques peuvent continuer à exercer leur activité à condition de demander l'autorisation prévue audit article L. 3 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 5-1 du même code.

Article 18　

L'article 5 de la présente loi entrera en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de sa promulgation, à l'exception du nouvel article L. 5 du code des postes et des communications électroniques, qui entrera en vigueur à la publication de la présente loi.

Article 19　

I. – L'article L. 7 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

» Art. L. 7. – La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation.

» Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation. «

II. – L'article L. 8 du même code est ainsi rédigé :

» Art. L. 8. – Pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d'acheminement de cet envoi postal.

» Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation. «

III. – L'article L. 9 du même code est ainsi rédigé :

» Art. L. 9. – Par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé visible approprié, les prestataires de services postaux informent les utilisateurs d'envois postaux sur les tarifs, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, le délai d'un an durant lequel toutes réclamations sont recevables et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des postes, après consultation du Conseil national de la consommation. «

IV. – L'article L. 10 du même code est ainsi rédigé :

» Art. L. 10. – Les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi. «

V. – Les articles L. 11 à L. 13-1 du même code sont abrogés.

VI. – L'intitulé du titre III du livre Ier du même code est ainsi rédigé : » Régime de responsabilité applicable aux services postaux «.

Article 20　

L'article L. 14 du même code est abrogé.

Article 21　

L'article L. 26 du même code est ainsi rédigé :

» Art. L. 26. – Toute déclaration frauduleuse de valeurs différentes de la valeur réellement insérée dans un envoi postal est punie d'un an d'emprisonnement et de 3.750 EUR d'amende. «

Article 22　

Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 1er de la loi nº 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : » des fonds, des bijoux « sont remplacés par les mots : » des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 EUR, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 EUR, «.

Article 23　

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

» Toutefois, sont exclues de cette contribution la mise à disposition du public d'informations par un service public, lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement, ou par une publication de presse, au sens de l'article 1er de la loi nº 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, et la distribution d'envois de correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques. «

Article 24　

Après les mots : » des gains et rémunérations versés par «, la fin du premier alinéa du II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : » les particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2005, par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom. «.

Article 25　

I. – La loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans le dernier alinéa de l'article 6 et dans le second alinéa de l'article 7, les mots : » son cahier des charges « sont remplacés par les mots : » décret en Conseil d'Etat « ;

2° L'article 8 est ainsi rédigé :

» Art. 8. – Le cadre général de gestion des activités de l'exploitant public est fixé par décret en Conseil d'Etat.

» Un décret en Conseil d'Etat fixe également les garanties d'une juste rémunération des prestations de service public qu'assure l'exploitant public, notamment des prestations de transport et de distribution de la presse. » ;

3° L'article 23 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : » des obligations de son cahier des charges « sont remplacés par les mots : » de ses obligations législatives et réglementaires « ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

» Les conditions et modalités de l'opposition mentionnée au deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

4° A l'article 27, les mots : » prévues en la matière par le cahier des charges « sont remplacés par les mots : » réglementaires précisant ses droits et obligations » ;

5° Le dernier alinéa de l'article 33 est ainsi rédigé :

» Les modalités du contrôle de l'évolution de la contribution globale de l'exploitant public au financement des activités sociales sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

6° La première phrase du deuxième alinéa de l'article 34 est ainsi rédigée :

» Il prépare le contrat de plan de l'exploitant public et veille au respect de ses dispositions. «

II. – Dans l'article L. 1334-1 du code de la défense, les mots : » les articles 5 et 8 « sont remplacés par les mots : » l'article 5 «.

Article 26　

A compter du 1er juillet 2006, une commission paritaire formée de délégués des organisations syndicales représentatives au plan national des employés et des employeurs, convoquée la première fois par un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé du travail qui en fixe la composition initiale, les règles de fonctionnement provisoires et le premier ordre du jour, se réunit afin de négocier une convention collective applicable aux salariés non fonctionnaires de La Poste et à ceux des entreprises titulaires de l'autorisation visée à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques.

Cette convention collective prévoit les conditions dans lesquelles les employeurs veillent au respect par leurs employés des obligations de secret professionnel imposées aux b et c de l'article L. 3-2 du même code. Ces obligations et les modalités de leur respect sont inscrites dans le règlement intérieur des entreprises soumises à la convention collective.

Article 27　

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le titre III du livre Ier devient le chapitre IV du titre Ier du livre Ier ;

2° Dans le livre Ier, les divisions et les intitulés : » Titre VI. – Distribution postale «, » Chapitre Ier. – Distribution à domicile «, » Chapitre II. – Distribution au guichet «, » Titre VII. – Poste maritime » sont supprimés ;

3° Le titre VIII du livre Ier devient le titre II du même livre ;

4° L'article L. 126 devient l'article L. 11 ;

5° Dans le titre Ier du livre Ier, il est créé un chapitre V intitulé : » Prescription « qui comprend les articles L. 10 et L. 11 ;

6° Le livre IV devient le livre III à compter du transfert mentionné au 1 du II de l'article 16 et comprend un titre Ier intitulé » Dispositions communes « et un titre II reprenant l'intitulé » Dispositions finales « figurant déjà dans ce livre, et comprenant les articles L. 128 et L. 129, qui deviennent respectivement les articles L. 140 et L. 141. Le titre Ier comprend les articles L. 125 et L. 130 à L. 135.

Article 28　

Le transfert mentionné au 1 du II de l'article 16 intervient au plus tard le 1er janvier 2006.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 20 mai 2005.

Jacques Chirac　
Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

Le ministre délégué à l'industrie, Patrick Devedjian 

El presente Real Decreto se justifica por la necesidad de desarrollar el artículo 5 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, en su apartado 3 que dice textualmente: «en los casos de contratación telefónica o electrónica será necesario que conste en los términos que reglamentariamente se establezcan la aceptación de todas y cada una de las cláusulas del contrato, sin necesidad de firma convencional.  En este supuesto, se enviará inmediatamente al consumidor justificación escrita de la contratación efectuada, donde constarán todos los términos de la misma.»

Al llevar a cabo dicho desarrollo han de ponderarse diversos factores.  En primer lugar, las normas de derecho interno ya en vigor que regulan para diversos supuestos los efectos jurídicos de la contratación a distancia y la comunicación telemática (como es el Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica), así como la jurisprudencia relativa a esta problemática.  También y ya en el ámbito comunitario habrán de tenerse en cuenta las Directivas relacionadas con esta materia (Directiva 97/7/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo, sobre contratos a distancia) así como la existencia de otros proyectos normativos en este campo (proposición de Directiva en relación con la firma electrónica) y la iniciativa europea sobre comercio electrónico.  Por ello, una norma de desarrollo como la proyectada ha de procurar ser consecuente en relación con los distintos aspectos de la materia ya regulados o en proceso de serio.

El Real Decreto comienza fijando el ámbito objetivo de la norma, por referencia al doble aspecto de contratos con condiciones generales y realizados telefónica o electrónicamente.

Las excepciones recogidas son las previstas en la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación y también las recogidas en la Directiva 97/7/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia, al preverse para estos supuestos un tratamiento específico que deberá darse al poner en conexión el desarrollo de ambas normas. Y, además, se establecen aquellas otras exclusiones de contrato que, aun estando sujetas a la citada Ley, ya cuentan, en virtud de normas concretas que regulan la transparencia del mercado y la supervisión de determinados sectores, con disposiciones sobre la materia objeto del presente Real Decreto (información previa, resolución) que, en todo caso, establecen niveles de protección superiores.  Para ellas, lo único que se establece -por mayor claridad- es la reproducción del último inciso del apartado 3 del artículo 5 de la citada Ley, por razones de coordinación normativa.

La información del contenido de las condiciones generales del contrato se prevé en un doble momento, anterior y posterior a la celebración del contrato, en línea con lo dispuesto en la norma objeto de desarrollo y en concordancia con el contenido de la citada Directiva en materia de contratos a distancia.

La definición de los principios que deben regir la información suministrada se corresponde con el artículo 13.1 de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, en aplicación del principio de buena fe a que se refiere el artículo 4.2 de la Directiva indicada.

La regulación del ejercicio del derecho de resolución en este Real Decreto se conecta con la información de las condiciones generales y particulares del contrato imponiendo una exoneración de gastos para el adherente en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la obligación de información, todo ello sin perjuicio de la producción de los efectos generales previstos en el ordenamiento para tal caso.

En línea con lo regulado en el artículo 11.3, a) de la Directiva señalada se establece el principio de imputación de la prueba al predisponente, admitiendo la prueba electrónica o telemática de forma acorde con la situación actual desde el plano legislativo y jurisprudencial y los requisitos consagrados en ambos niveles para la producción de efectos interviniendo los medios indicados.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de diciembre de 1999,

DISPONGO:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. El presente Real Decreto se aplicará a los contratos a distancia, o sin presencia física simultánea de los contratantes, realizados por vía telefónica, electrónica o telemática, que contengan condiciones generales de la contratación, entendiendo por tales las definidas por la Ley 7/1998, de 13 de abril, y se entiende sin perjuicio de la aplicación de las normas vigentes en materia de firma electrónica contenidas en el Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de diciembre.

2. El presente Real Decreto no será aplicable a los contratos administrativos, los contratos de trabajo, los de constitución de sociedades, los que regulan relaciones familiares y los contratos sucesorios, como tampoco a los contratos relativos a condiciones generales, que reflejen las disposiciones o los principios de los Convenios internacionales en que el Reino de España sea parte, y los que se refieren a condiciones reguladas específicamente por una disposición legal o administrativa de carácter general, que sean de aplicación obligatoria para los contratantes.

3. Igualmente quedan excluidos los contratos referidos a servicios financieros consistentes en servicios de inversión, instituciones de inversión colectiva, seguro y reaseguro, bancarios o prestados por entidades sujetas a supervisión prudencial, relativos a fondos de pensiones y a operaciones a plazo y de opción, los celebrados mediante máquinas o locales automáticos, en subasta y los relativos a la construcción y venta de bienes inmuebles y demás relativos a derechos reales sobre los mismos, así como los de arrendamiento de bienes inmuebles regulados por leyes especiales, excepto los arrendamientos de temporada, a los cuales será de aplicación la presente norma.

No obstante, en estos supuestos, deberá quedar constancia documental de la contratación efectuada, ya sea en forma escrita o en registros magnéticos o informáticos, de acuerdo con la normativa específica aplicable en cada caso.  A falta de ésta, se enviará inmediatamente al consumidor justificación escrita de la contratación efectuada, donde constarán todos los términos de la misma.

4. Las normas contenidas en este Real Decreto son de aplicación siempre que la adhesión a las condiciones generales se haya efectuado en España, cualquiera que sea la ley aplicable al contrato.

Artículo 2.  Deber de información previa.

Previamente a la celebración del contrato y con la antelación necesaria, como mínimo en los tres días naturales anteriores a aquélla, el predisponente deberá facilitar al adherente, de modo veraz, eficaz y completo, información sobre todas y cada una de las cláusulas del contrato y remitirle, por cualquier medio adecuado a la técnica de comunicación a distancia utilizada, el texto completo de las condiciones generales.

Artículo 3.  Confirmación documental de la contratación efectuada.

1. Celebrado el contrato, el predisponente deberá enviar al adherente inmediatamente y, a más tardar, en el momento de la entrega de la cosa o comienzo de la ejecución del contrato, justificación por escrito o, a propuesta del mismo, en cualquier otro soporte duradero adecuado al medio de comunicación empleado y en su propio idioma o en el utilizado por el predisponente para hacer la oferta, relativa a la contratación efectuada donde deberán constar todos los términos de la misma.  A los efectos de lo indicado en este apartado, el predisponente deberá indicar en la información previa a que se refiere el artículo anterior los distintos tipos de soportes entre los que podrá elegir el adherente como medio de recepción de la justificación de la contratación efectuada.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no será aplicable a los contratos relativos a servicios de tracto único que se ejecutan mediante el empleo de técnicas de comunicación a distancia y cuya facturación sea efectuada por un operador de tales técnicas de comunicación, y sin perjuicio de informar en todo caso al adherente de la dirección del establecimiento del proveedor donde pueda presentar sus reclamaciones y del coste específico y separado de la comunicación y del servicio.

3. Se entiende por soporte duradero cualquier instrumento que permita al consumidor conservar sus informaciones sin que se vea obligado a realizar por sí mismo su almacenamiento, en particular los disquetes informáticos y el disco duro del ordenador del consumidor que almacena los mensajes del correo electrónico.

Artículo 4. Derecho de resolución.

1. Cumplidas las obligaciones a que se refieren los artículos 2 y 3, el adherente dispondrá de un plazo de siete días hábiles, según el calendario oficial de su lugar de residencia habitual, para resolver el contrato sin incurrir en penalización ni gasto alguno, incluidos los correspondientes a la devolución del bien.

El ejercicio del derecho a que se refiere este apartado no estará sujeto a formalidad alguna, bastando que se acredite, en cualquier forma admitida en derecho.

2. El plazo para el ejercicio del derecho a que se refiere el párrafo anterior se computará, en el caso de que el contrato tenga por objeto la entrega de bienes, a partir de su recepción por el adherente, y en los casos de prestaciones de servicios a partir del día de celebración del contrato.

3. Si la información sobre las condiciones generales o la confirmación documental tiene lugar con posterioridad a la entrega de los bienes o a la celebración del contrato, respectivamente, el plazo se computará desde que tales obligaciones queden totalmente cumplidas. En caso de cumplimiento defectuoso o incompleto de la obligación de remitir justificación documental de los términos del contrato a que se refiere el artículo anterior, la acción de resolución no caducará hasta transcurridos tres meses computados en la forma establecida en el apartado anterior.

4. Ejercitado el derecho de resolución el predisponente estará obligado a devolver las cantidades recibidas sin retención alguna inmediatamente y nunca después de treinta días.

5. Queda excluido el derecho de resolución en aquellos casos en que por la naturaleza del contenido de las prestaciones sea imposible llevarlo a cabo, sin perjuicio de la reclamación de los daños y perjuicios sufridos.

Artículo 5. Atribución de la carga de la prueba.

1. La carga de la prueba sobra la existencia y contenido de la información previa de las cláusulas del contrato; de la entrega de las condiciones generales; de la justificación documental de la contratación una vez efectuada; de la renuncia expresa al derecho de resolución; así como de la correspondencia entre la información, entrega y justificación documental y el momento de sus respectivos envíos, corresponde al predisponente.

2. A estos efectos, y sin perjuicio de cualquier otro medio de prueba admitido en derecho, cualquier documento que contenga la citada información aun cuando no se haya extendido en soporte papel, como las cintas de grabaciones sonoras, los disquetes y, en particular, los documentos electrónicos y telemáticos, siempre que quede garantizada su autenticidad, la identificación fiable de los manifestantes, su integridad, la no alteración del contenido de lo manifestado, así como el momento de su emisión y recepción, será aceptada en su caso, como medio de prueba en los términos resultantes de la legislación aplicable.

Para ello, en los casos de contratación electrónica, deberá utilizarse una firma electrónica avanzada que atribuya a los datos consignados en forma electrónica el mismo valor jurídico que la firma manuscrita, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 14/1999, de 1 7 de septiembre, sobre firma electrónica.  En estos casos, al documento electrónico se acompañará una consignación de fecha y hora de remisión y recepción, en su caso.

Disposición final primera.  Título competencial.

El presente Real Decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución y será de aplicación en toda España, sin perjuicio de las normas sobre interpretación de los contratos recogidas en la Compilación de Derecho Civil Foral o Fuero Nuevo de Navarra.

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo y ejecución.

Se autoriza al Ministro de Justicia para dictar, en el marco de sus competencias, cuantas disposiciones de desarrollo y ejecución del presente Real Decreto sean precisas.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 17 de diciembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia, MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

L'assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel nº 90-281 DC en date du 27 décembre 1990,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier.- DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Article 1er. –

Article 2. –

Article 3. –

Article 4. –

Article 6. –

Article 7. –

Article 8. –

Article 9. –

Article 11

Article 12. –

Article 13. –

Article 14. –

Article 15. –

Article 16. –

Article 17. –

Article 18. –

Article 19. –

Après l'article 78 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :

«Article 78-1. – Quiconque aura établi sans l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 34, ou maintenu, en violation d'une décision de retrait de cette autorisation, un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision sera puni d'une amende de 6 000 F à 500 000 F.

«Sera puni des mêmes peines quiconque aura exploité un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision sans l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article 34, en violation des conditions de l'autorisation ou d'une décision de retrait de cette autorisation.

«Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 100 000 F à un million de francs et d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.»

Article 20. –

Article 21. –

Article 22. –

Article 23. –

Article 24. –

Article 25. –

Article 26. –

Article 27. –

Article 28. –

Article 29. –

La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, ha establecido el marco jurídico aplicable a la utilización de los sistemas de grabación de imágenes y sonidos, como medio del que pueden servirse las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el cumplimiento de su misión, encomendada por el art. 104 de la Constitución, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Esta novedosa regulación no sólo tiene por finalidad poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el empleo de estos medios para la prevención de actos delictivos, la protección de las personas y la custodia de bienes en espacios públicos, sino que su finalidad primordial consiste en establecer las garantías necesarias para que dicha utilización sea estrictamente respetuosa con los derechos y libertades de los ciudadanos.

Así, las normas contenidas en la citada Ley someten, en primer lugar, la utilización de videocámaras a autorización administrativa previa, si bien el régimen de autorización es distinto según se trate de instalaciones fijas de videocámaras o de videocámaras móviles. En segundo lugar, describen los principios de su utilización, esto es, los principios de idoneidad e intervención mínima. Y en tercer lugar, establecen las garantías precisas en relación con las videograbaciones resultantes.

Dentro del régimen de garantías establecido en la Ley Orgánica 4/1997 tiene un papel clave la Comisión prevista en su art. 3, como órgano consultivo dotado de independencia de la autoridad administrativa competente para otorgar la autorización. La Ley atribuye a esta Comisión el informe previo necesario para la autorización de instalaciones fijas de videocámaras, así como el informe, a posteriori, de la autorización de videocámaras móviles. En ambos casos, si el informe es negativo o condicionante, tiene carácter vinculante.

El mencionado art. 3 establece que la composición y funcionamiento de esta Comisión, cuya presidencia corresponderá al Presidente del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Autónoma de que se trate, así como la participación de los municipios en ella, se determinará reglamentariamente.

Otra de las garantías establecidas en la Ley Orgánica 4/1997 es el régimen aplicable a la conservación de las grabaciones, para el cual impone importantes limitaciones, tales como su destrucción en el plazo de un mes, con carácter general, y los derechos de los interesados de acceso y cancelación de las mismas. En este régimen resulta fundamental la responsabilidad atribuida al órgano o autoridad gubernativa que tenga a su cargo la custodia de las imágenes obtenidas, sobre el ulterior destino de las mismas y en la resolución de las peticiones de acceso o cancelación. El apartado 4 del art. 8 de la Ley Orgánica citada establece que reglamentariamente la Administración competente determinará dicho órgano o autoridad gubernativa.

Así pues, resulta necesario para la aplicación de la Ley Orgánica 4/1997, el desarrollo reglamentario de estas garantías establecidas en la misma.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con la aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 16 de abril de 1999,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Reglamento

Se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, que a continuación se inserta.

Disposición adicional única. Régimen aplicable a las videocámaras para la vigilancia, control y disciplina del tráfico

1. La instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro medio de captación y reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico en las vías públicas, se realizará con sujeción a lo dispuesto en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 4/1997 y en la presente disposición.

2. Corresponderá a las Administraciones públicas con competencia para la regulación del tráfico, autorizar la instalación y el uso de los dispositivos aludidos en el apartado anterior.

3. La resolución que ordene la instalación y uso de los dispositivos fijos de captación y reproducción, identificará genéricamente las vías públicas o los tramos de aquéllas cuya imagen sea susceptible de ser captada, las medidas tendentes a garantizar la preservación de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de las grabaciones o registros obtenidos, así como el órgano encargado de su custodia y de la resolución de las solicitudes de acceso y cancelación.

La vigencia de la resolución será indefinida en tanto no varíen las circunstancias que la motivaron.

En el ámbito de la Administración General del Estado la facultad resolutoria recaerá en el Director general de Tráfico.

4. La utilización de medios móviles de captación y reproducción de imágenes, que no requerirá la resolución a la que se refiere el apartado anterior, se adecuará a los principios de utilización y conservación enunciados en el mismo.

5. La custodia y conservación de la grabaciones y la resolución de las solicitudes de acceso y cancelación a las mismas corresponderá a los órganos que determinen las Administraciones públicas competentes. En el caso de la Administración General del Estado, corresponderá al responsable de los servicios provinciales del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico.

6. Cuando los medios de captación de imágenes y sonidos a los que se refiere esta disposición resulten complementarios de otros instrumentos destinados a medir con precisión, a los efectos de la disciplina del tráfico, magnitudes tales como la velocidad de circulación de los vehículos a motor, dichos aparatos deberán cumplir los requisitos que, en su caso, prevean las normas metrológicas correspondientes.

7. La utilización de las videocámaras contempladas en esta disposición por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para fines distintos de los previstos en la misma se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1997 y en el presente Reglamento.

En el caso de que dicha utilización se realice por las Unidades de Policía Judicial en sentido estricto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en su normativa específica.

Disposición final primera. Desarrollo

El Ministro del Interior podrá dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Reglamento.

Disposición final segunda. Entrada en vigor

El presente Real Decreto y el Reglamento que por éste se aprueba entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

REGLAMENTO DE DESARROLLO Y EJECUCION DE LA LEY ORGANICA 4/1997, DE 4 DE AGOSTO, POR LA QUE SE REGULA LA UTILIZACION DE VIDEOCAMARAS POR LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EN LUGARES PUBLICOS

CAPITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

Constituye el objeto del presente Reglamento regular el procedimiento de autorización y utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de videocámaras, con las finalidades previstas en la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, establecer la composición y el funcionamiento de las Comisiones de Garantías de la Videovigilancia, determinar el régimen de conservación y destrucción de las grabaciones, y garantizar el ejercicio por los ciudadanos de los derechos de información, acceso y cancelación en relación con aquéllas.

Artículo 2. Delimitación del ámbito de aplicación

1. Lo establecido en este Reglamento no será de aplicación a las instalaciones fijas de videocámaras que realicen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus inmuebles, siempre que éstas se dediquen exclusivamente a garantizar la seguridad y protección interior o exterior de los mismos.

2. Cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad utilicen instalaciones fijas de videocámaras de las que no sean titulares, y exista, por parte policial, un control y dirección efectiva del proceso completo de captación, grabación, visionado y custodia de las imágenes y sonidos, será de aplicación lo previsto en la Ley Orgánica 4/1997, y en este Reglamento.

Cuando concurran las circunstancias de hecho descritas en el párrafo anterior, pero la utilización de las instalaciones fijas de videocámaras tenga como única finalidad garantizar la seguridad y protección interior o exterior de los inmuebles que se encuentren bajo la vigilancia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, será de aplicación el régimen previsto en el apartado primero de este artículo.

3. Las unidades de Policía Judicial reguladas en la legislación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando, en el desempeño de funciones de policía judicial en sentido estricto, realicen captaciones de imágenes y sonidos mediante videocámaras, se regirán por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por su normativa específica.

CAPITULO II. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACION Y UTILIZACION

SECCION PRIMERA. Instalaciones fijas de videocámaras

Artículo 3. Solicitud

1. Podrán formular la solicitud:

a) El Subdelegado del Gobierno en la provincia donde no radique la sede de la Delegación del Gobierno. En las provincias donde tenga su sede la Delegación del Gobierno y en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, el procedimiento podrá iniciarse de oficio.

b) El Jefe de la Comisaría Provincial de Policía y el Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en sus respectivas demarcaciones, por conducto del Subdelegado del Gobierno.

c) En las provincias donde los responsables policiales mencionados en la letra anterior no existan o sean miembros de las Comisiones de Garantías de la Videovigilancia, la solicitud será formulada por sus inmediatos inferiores a través de los mismos cauces procedimentales previstos.

d) El Alcalde o, en su caso, el concejal competente en materia de seguridad ciudadana, respecto a la policía local de su municipio.

2. La solicitud se dirigirá al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de que se trate, y deberá contener:

a) La identificación del solicitante. b) Los motivos que la justifican. c) La definición genérica del ámbito físico susceptible de ser grabado. d) La necesidad o no de grabar sonidos con sujeción a las limitaciones legalmente establecidas. e) La cualificación de las personas encargadas de la explotación del sistema de tratamiento de las imágenes y sonidos. f) El tipo de cámara y sus condiciones técnicas. g) El período de tiempo en el que se pretenda efectuar las grabaciones.

Artículo 4. Informes

1. El Delegado del Gobierno remitirá de inmediato la solicitud a la Comisión de Garantías de la Videovigilancia correspondiente, para que, en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la recepción de la misma, emita el informe previsto en el párrafo a) del art. 16 de este Reglamento.

2. Si el informe de la Comisión considera que la solicitud vulnera los criterios del art. 4 de la Ley Orgánica 4/1997, no podrá autorizarse la instalación.

Artículo 5. Resolución

1. En el plazo máximo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud, el Delegado del Gobierno notificará la resolución motivada, que tendrá en todo caso carácter revocable e incluirá, como mínimo, todos los extremos aludidos en el apartado 4 del art. 3 de la Ley Orgánica 4/1997.

2. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, la autorización se entenderá denegada.

3. La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabrá interponer potestativamente recurso de reposición o impugnarla directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

SECCION SEGUNDA. Videocámaras móviles

Artículo 6. Solicitud

1. Podrán formular la solicitud los mandos operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por el conducto reglamentario y el Alcalde o el concejal competente en materia de seguridad ciudadana, respecto a la policía local de su municipio.

2. La solicitud, que deberá acreditar la necesidad e idoneidad del uso de este tipo de videocámaras, se dirigirá a los órganos señalados en el artículo siguiente.

Artículo 7. Competencia para la autorización

1. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales y en las provincias donde tenga su sede la Delegación del Gobierno, la autorización del uso de videocámaras móviles corresponderá al Delegado del Gobierno.

2. La autorización del uso de videocámaras móviles corresponderá al Subdelegado del Gobierno en aquellas provincias donde no radique la sede de la Delegación del Gobierno.

Artículo 8. Resolución

1. En el plazo máximo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud, se notificará la resolución motivada de acuerdo con lo previsto en el artículo cuarto de la Ley Orgánica 4/1997.

Si la resolución es autorizatoria, se pondrá en conocimiento de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia correspondiente en el plazo máximo de setenta y dos horas a contar desde su adopción, por cualquier medio telemático, informático o documental que acredite su recepción.

2. Si transcurrido el citado plazo de un mes no se hubiese dictado resolución, la autorización se entenderá desestimada.

3. La resolución del Delegado del Gobierno pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabrá interponer potestativamente recurso de reposición o impugnarla directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Contra la resolución del Subdelegado del Gobierno podrá interponerse recurso de alzada ante el Delegado del Gobierno.

Artículo 9. Régimen excepcional

En el supuesto previsto en el párrafo tercero del apartado 2 del art. 5 de la Ley Orgánica 4/1997, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que realicen las grabaciones, lo comunicarán, en el plazo de veinticuatro horas, a la autoridad contemplada en el art. 7 de este Reglamento, y en las siguientes veinticuatro horas le remitirán ineludiblemente un informe motivado al respecto.

Dicha autoridad, en el plazo máximo de setenta y dos horas desde que se realizó la grabación, lo pondrá en conocimiento de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia correspondiente, remitiéndose, además, el aludido informe motivado.

SECCION TERCERA. Renovación de autorizaciones

Artículo 10. Solicitud y resolución

1. Las solicitudes de renovación de las autorizaciones para las instalaciones fijas de videocámaras o para la utilización de las móviles se tramitarán y resolverán por el mismo procedimiento que el establecido para las autorizaciones iniciales, si bien su motivación se limitará a las razones que recomienden la renovación.

Sólo procederá el otorgamiento cuando subsistan o se agraven las circunstancias que motivaron el otorgamiento inicial.

2. Las solicitudes de renovación de aquellas autorizaciones que se hayan otorgado por el plazo máximo de un año, deberán formularse con dos meses de antelación a su expiración.

El resto deberá solicitarse con una antelación mínima de un mes a la de la fecha de vencimiento de su vigencia, y en caso de ser la autorización inicial por plazo inferior a un mes, con una antelación mínima a la mitad del tiempo autorizado.

3. Si no se formula la solicitud de renovación en los plazos señalados en el apartado anterior, habrá de tramitarse como una nueva autorización.

SECCION CUARTA. Registro de autorizaciones

Artículo 11. Inscripción

1. Cada Delegado del Gobierno creará un Registro en el que consten todas las autorizaciones de las instalaciones fijas de videocámaras, así como, en su caso, las renovaciones de las mismas.

2. La inscripción se efectuará de oficio y en la misma deberán constar, como mínimo, los datos referentes al titular de la autorización, la fecha de la misma, el plazo de vigencia, el ámbito genérico de grabación y el órgano encargado de la custodia, inutilización o destrucción de las grabaciones.

3. El Subdelegado del Gobierno que haya autorizado el uso de videocámaras móviles, deberá comunicar cada resolución autorizatoria, junto con los datos básicos de la misma, al Delegado del Gobierno para su inscripción en el Registro previsto en el apartado 1 de este artículo.

CAPITULO III. COMISIONES DE GARANTIAS DE LA VIDEOVIGILANCIA

Artículo 12. Denominación y naturaleza

1. Las Comisiones a las que se refiere el art. 3 de la Ley Orgánica 4/1997, se denominarán Comisiones de Garantías de la Videovigilancia, debiendo constar a continuación de dicha expresión la denominación oficial de la Comunidad Autónoma donde se constituyen.

2. Las Comisiones de Garantías de la Videovigilancia son órganos colegiados, de ámbito territorial autonómico, encargados de emitir informes, con el carácter establecido en la Ley Orgánica 4/1997, en materia de autorización de instalación y uso de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y se reunirán en el lugar que en cada caso determine su Presidente.

Artículo 13. Composición

1. Las Comisiones de Garantías de la Videovigilancia estarán integradas por:

Presidente: El Presidente del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Autónoma correspondiente.

Vocales: El Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Autónoma correspondiente.

Un Abogado del Estado designado por el Director del Servicio Jurídico del Estado de entre los destinados en la localidad donde tenga su sede el Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Autónoma correspondiente.

Un representante de la Administración General del Estado, designado por el Secretario de Estado de Seguridad, en razón de sus responsabilidades o pericia profesional.

Un Alcalde representante de los municipios encuadrados en el ámbito de la correspondiente Comunidad Autónoma, designado por la Asociación de municipios de ámbito autonómico con mayor implantación.

Secretario: El Secretario general de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma correspondiente, que asistirá a las reuniones con voz y sin voto.

2. Podrán asistir, como asesores, expertos en materia de seguridad ciudadana, designados por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma correspondiente, que participarán en las reuniones con voz y sin voto.

Artículo 14. Régimen de suplencias

1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad el Presidente del Tribunal Superior de Justicia será sustituido por el Presidente de Sala de la misma sede más antiguo en el cargo.

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia será sustituido por el Teniente Fiscal.

3. Los suplentes de los restantes Vocales se designarán, en sus respectivos ámbitos, entre personas de idéntica o similar condición que la de los titulares, por el Director del Servicio Jurídico del Estado, por el Secretario de Estado de Seguridad y por la asociación de municipios de ámbito autonómico con mayor implantación.

4. Los suplentes del Secretario y, en su caso, de los asesores los designará el Delegado del Gobierno correspondiente.

Artículo 15. Régimen de funcionamiento

1. Para la válida constitución y funcionamiento de las Comisiones, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y del Secretario y la de la mitad, al menos, de los vocales. En ningún caso podrán ser mayoría los miembros dependientes de la Administración autorizante.

2. Los acuerdos se tomaran por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate, el voto de calidad del Presidente dirimirá la cuestión.

3. Las Comisiones se regirán, en todo lo no previsto en el presente Reglamento, por lo establecido en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Los miembros de las Comisiones devengarán las indemnizaciones por razón del servicio que en cada caso correspondan de acuerdo con la normativa aplicable en el ámbito respectivo.

Artículo 16. Competencias de las Comisiones de Garantías de la Videovigilancia

Corresponde a las Comisiones de Garantías de la Videovigilancia ejercer las siguientes competencias:

a) Emitir informe preceptivo sobre las solicitudes de instalaciones fijas de videocámaras.

El informe será vinculante cuando considere que la instalación supondría una vulneración de los criterios establecidos en el art. 4 de la Ley Orgánica 4/1997, en cuyo caso no podrá concederse la autorización solicitada.

También será vinculante el informe, cuando, siendo favorable a la instalación, se condicione a restricciones, limitaciones o prevenciones en orden al cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado art. 4, a las cuales deberá sujetarse la autorización solicitada.

b) Ser informada de las resoluciones de autorización de videocámaras móviles y del uso excepcional de las mismas, previstos en el apartado 2 del art. 5 de la Ley Orgánica 4/1997.

c) Ser informada, al menos con periodicidad quincenal, de la utilización que se haga de videocámaras móviles.

d) Recabar en cualquier momento, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el soporte físico de las grabaciones efectuadas por videocámaras móviles y emitir un informe al respecto.

e) Informar, a petición de las autoridades competentes, sobre la adecuación de cualquier registro de imagen y sonido obtenidos mediante videocámaras móviles a los principios enunciados en el art. 6 de la Ley Orgánica 4/1997.

f) Ordenar la destrucción de las grabaciones cuando, en el ejercicio de sus competencias, constaten el incumplimiento de los criterios y principios establecidos en la Ley Orgánica 4/1997.

g) Requerir de las autoridades responsables la información necesaria para el ejercicio de sus funciones.

h) Formular cuantas recomendaciones estime oportunas en el ámbito de sus competencias.

CAPITULO IV. RESPONSABILIDAD SOBRE LAS GRABACIONES

Artículo 17. Competencia

Los órganos facultados para formular las solicitudes de instalaciones fijas de videocámaras o de utilización de videocámaras móviles, de conformidad con lo establecido en los arts. 3 y 6 de este Reglamento, tendrán a su cargo la custodia de las grabaciones obtenidas y la responsabilidad sobre su ulterior destino, incluida su inutilización o destrucción.

Artículo 18. Destrucción de grabaciones

1. Las grabaciones deberán ser destruidas por la autoridad que tenga encomendada su custodia material conforme a lo previsto en el artículo anterior, en el plazo máximo de un mes a contar desde el mismo día de su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto.

También se conservarán cautelarmente las grabaciones cuando se interpongan los recursos en vía administrativa o contencioso-administrativa a que aluden los apartados 2 del art. 23 y 3 del art. 24, hasta la sustanciación de los mismos.

2. La destrucción podrá hacerse efectiva por cualquier modalidad que permita el borrado o inutilización de las grabaciones, o de las imágenes y sonidos concretos que deban ser cancelados.

Artículo 19. Conservación de grabaciones

1. Cuando las grabaciones capten hechos que pudieran ser constitutivos de ilícitos penales, se pondrán a disposición de la autoridad judicial en el plazo máximo de setenta y dos horas desde su captación. Si en ese tiempo no fuese posible redactar el correspondiente atestado, se relatarán verbalmente los hechos a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal y se les entregará la grabación, en todo caso en el plazo ineludible de setenta y dos horas desde su realización.

2. Cuando las grabaciones capten hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones administrativas relacionadas con la seguridad ciudadana, se remitirán de inmediato al órgano competente para el inicio del oportuno procedimiento sancionador.

Artículo 20. Destrucción de grabaciones ilegales

o del apartado segundo del artículo quinto y en el apartado quinto del artículo sexto de la Ley Orgánica 4/1997, el responsable de la custodia de las grabaciones deberá destruir de inmediato las imágenes y sonidos así obtenidos.

CAPITULO V. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

Artículo 21. Información al público

1. La información al público de la existencia de instalaciones fijas de videocámaras será responsabilidad de la autoridad que haya otorgado la autorización, y deberá ser efectiva desde el mismo momento en que se proceda a la utilización de las mismas, debiendo mantenerse actualizada de forma permanente.

2. Dicha información, que no especificará el emplazamiento concreto de las instalaciones fijas de videocámaras, deberá contener en todo caso una descripción genérica de la zona de vigilancia y de las autoridades responsables de la autorización y custodia de las grabaciones.

Artículo 22. Procedimiento de información al público

1. Para informar al público de la existencia de instalaciones fijas de videocámaras se utilizará una placa informativa, en la cual figurará el pictograma de una cámara de vídeo, y un panel complementario con el contenido especificado en el artículo anterior.

2. El diseño y formato de la placa informativa y el del panel complementario se ajustará a lo establecido en el anexo al presente Reglamento.

3. Cuando por razones debidamente justificadas no puedan emplearse los medios descritos en los apartados anteriores, se utilizarán cualesquiera otros instrumentos de información para garantizar la efectividad de lo previsto en el apartado primero del artículo noveno de la Ley Orgánica 4/1997.

Artículo 23. Derecho de acceso a las grabaciones

1. Toda persona que considere razonablemente que figura en grabaciones efectuadas con videocámaras, podrá ejercer el derecho de acceso a las mismas, mediante solicitud dirigida a la autoridad encargada de su custodia.

En la solicitud, además de los requisitos generales establecidos en la legislación general del procedimiento administrativo común, deberá constar la identificación del interesado mediante fotografías, preferentemente de cuerpo entero, y en todo caso de la cara, así como el día, hora y lugar en que presumiblemente fue grabada su imagen.

2. La autoridad competente para la custodia de las grabaciones notificará la resolución sobre la petición de acceso, atendiendo a lo dispuesto en el apartado 2 del art. 9 de la Ley Orgánica 4/1997, en el plazo de diez días a contar desde la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que de forma expresa se responda a la solicitud de acceso, ésta podrá entenderse estimada.

Si la resolución fuere desestimatoria, se podrá interponer contra la misma recurso de alzada, potestativo de reposición, contencioso-administrativo o, en su caso, el correspondiente conforme a la legislación en materia de régimen local.

3. En el caso de que en el plazo previsto para resolver la solicitud de acceso la grabación haya sido destruida o remitida a las autoridades competentes para sancionar presuntos ilícitos penales o administrativos, se pondrán estas circunstancias en conocimiento del solicitante.

4. Sin perjuicio de cualquier otro sistema de consulta, el sistema ordinario de acceso a las grabaciones será la visualización en pantalla.

Artículo 24. Régimen de cancelación de grabaciones

1. Cuando como resultado del ejercicio del derecho de acceso a la grabación considere el interesado que las imágenes y sonidos no son ajustadas a lo previsto en la Ley Orgánica 4/1997, podrá solicitar a la autoridad de custodia la cancelación de las mismas o ésta acordarla de oficio.

2. La autoridad competente notificará la resolución en el plazo de siete días a contar desde el día de la solicitud.

3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que de forma expresa se resuelva la solicitud, ésta podrá entenderse estimada a los efectos de la interposición de los recursos mencionados en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo anterior.

Artículo 25. Cancelación parcial de imágenes y sonidos

En los casos en que sea procedente la cancelación parcial de las grabaciones, y no sea posible o conveniente su destrucción total, tanto por razones técnicas como por causa del procedimiento o soporte utilizado, el responsable de su custodia procederá, en función de las disponibilidades técnicas, a la distorsión o bloqueo, general o puntual, de las imágenes y, en su caso, de los sonidos, con el fin de impedir su ulterior utilización, sin que ello implique, necesariamente, la supresión o borrado de las restantes imágenes o sonidos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera. Competencias de las Comunidades Autónomas

Con arreglo a lo prevenido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/1997, el presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de las disposiciones de las Comunidades Autónomas con competencias para la protección de las personas y los bienes y para el mantenimiento del orden público.

Disposición Adicional Segunda. Especialidades para las Ciudades de Ceuta y Melilla

1. En cada Ciudad se constituirá la correspondiente Comisión de Garantías de la Videovigilancia, que estará integrada por:

Presidente: El Presidente del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Vocales: El Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Abogado del Estado que designe el Director del Servicio Jurídico del Estado.

Un representante de la Administración General del Estado, designado por el Secretario de Estado de Seguridad, en razón de sus responsabilidades o pericia profesional.

Un representante de la Ciudad con competencias en materia de seguridad ciudadana.

Secretario: El Secretario general de la Delegación del Gobierno en la respectiva Ciudad, que asistirá a las reuniones con voz y sin voto.

2. Podrán asistir, como asesores, expertos en materia de seguridad ciudadana, designados por el Delegado del Gobierno en la Ciudad correspondiente, que participarán en las reuniones con voz y sin voto.

3. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en los Reglamentos del Consejo General del Poder Judicial, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá delegar la presidencia de las Comisiones de las Ciudades de Ceuta y Melilla en quien él mismo o la Sala de Gobierno del citado Tribunal determine.

4. El Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía podrá delegar en cualquier Fiscal destinado en esa Comunidad Autónoma.

5. Todas las referencias que se hacen en el presente Reglamento a la Delegación o al Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas, comprenden a la Delegación o al Delegado del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Disposición Adicional Tercera. Constitución de las Comisiones

Las Comisiones de Garantías de la Videovigilancia se constituirán en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente Reglamento.

Disposición Adicional Cuarta. Supletoriedad

En lo no previsto en materia de procedimiento en este Reglamento, se estará a lo dispuesto en las normas generales del procedimiento administrativo común.

Disposición Adicional Quinta. Cámaras de protección de instalaciones policiales

No obstante lo establecido en el apartado 1 y en el párrafo segundo del apartado 2 del art. 2 del presente Reglamento, las unidades policiales que pretendan realizar instalaciones fijas de videocámaras, en el exterior de sus inmuebles o de los que se encuentren bajo su vigilancia, exclusivamente para la protección de éstos, lo comunicarán, con carácter previo, a la correspondiente Delegación del Gobierno, junto con un informe descriptivo.

Si el Delegado del Gobierno, en el plazo de siete días, no hace manifestación en contrario, se entenderá concedida la correspondiente autorización.

Disposición Adicional Sexta. Comisiones de Garantías de la Videovigilancia en las Comunidades Autónomas aludidas en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/1997

1. En las Comunidades Autónomas a las que se refiere la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/1997, podrá existir una única Comisión de Garantías de la Videovigilancia para la instalación de videocámaras por cualquiera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que actúen en las mismas, previa suscripción del correspondiente convenio de colaboración al efecto entre la Administración General del Estado y la de la Comunidad Autónoma.

2. En el caso de hacerse uso de la facultad prevista en el apartado anterior, formarán parte de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, en todo caso, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, que la presidirá, y como vocales, el Fiscal Jefe de dicho Tribunal, dos representantes designados por la Administración General del Estado, dos representantes designados por la Administración autonómica y dos Alcaldes, designados por las dos asociaciones de entidades locales con mayor implantación en el ámbito autonómico.

Podrán asistir, como asesores, expertos en materia de seguridad ciudadana, designados por la Administración autorizante en función de la distribución competencial en esta materia, que participarán en las reuniones con voz y sin voto.

DISPOSICION TRANSITORIA

Disposición Transitoria Unica. Autorización de las instalaciones ya existentes

Con excepción de lo dispuesto en el apartado 1 y en el párrafo segundo del apartado 2 del art. 2 y en la disposición adicional quinta, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que tengan instalaciones fijas de videocámaras con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento y pretendan seguir utilizándolas, deberán, de acuerdo con lo previsto en el mismo, solicitar la correspondiente autorización, que tendrá prioridad en su tramitación.

ANEXO

A) Placa informativa

La placa informativa a la que se refiere el art. 22 de este Reglamento tendrá la misma forma, color, diseño y dimensiones que la señal de indicación general con nomenclatura «S-17», descrita en el art. 159 del Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 13/1992, de 17 de enero.

En la citada placa -en sustitución de la letra «P»- estará dibujado, de forma inalterable, el pictograma de una cámara de video, con la expresión «ZONA VIGILADA», similar al siguiente:

Tendrá fondo azul y caracteres o pictogramas en blanco.

Significado: indica que la zona, genéricamente descrita en el panel complementario, está vigilada mediante videocámaras.

La ubicación de una placa informativa, con el correspondiente panel complementario, significará que la zona está vigilada en un radio de 500 metros por videocámaras.

B) Panel complementario

El panel complementario al que se refiere el art. 22 de este Reglamento tendrá la misma forma, color, diseño, dimensiones y ubicación que el panel complementario genérico con nomenclatura S-860, descrito en el art. 163 del Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 13/1992, de 17 de enero.

Tendrá fondo blanco y caracteres o pictogramas en negro.

En el panel deberá constar, como mínimo, de forma semiinalterable, la zona genérica sujeta a vigilancia y la autoridad responsable de la custodia de las grabaciones.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1.　Aftale af 19. december 1996 om Danmarks tiltrædelse af konvention om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (Schengenkonventionen) kan ratificeres på Danmarks vegne.

Stk. 2.　Endvidere kan samarbejdsaftale af 19. december 1996 mellem Schengenmedlemslandene og Norge og Island om afskaffelse af personkontrollen ved de fælles grænser ratificeres på Danmarks vegne.

§ 2.　Bestemmelserne i konventionens afsnit IV (Schengeninformationssystemet) gælder her i landet.

Stk. 2.　Rigspolitichefen er den centrale myndighed efter konventionens artikel 108, stk. 1.

Stk. 3.　Registertilsynet er tilsynsmyndighed efter konventionens artikel 114 og 128.

§ 3.　Polititjenestemænd fra et andet Schengenmedlemsland m.v., der udfører opgaver i Danmark efter konventionens artikel 40 og 41, har ret til at bære tjenestevåben efter konventionens regler.

Stk. 2.　Bestemmelserne i straffelovens kapitel 14 om forbrydelser mod den offentlige myndighed og kapitel 16 om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv finder også anvendelse, når forholdet er begået mod eller af polititjenestemænd fra et andet Schengenmedlemsland m.v. under udførelse af opgaver i Danmark efter konventionens artikel 40 og 41.

Stk. 3.　Forvolder polititjenestemænd fra et andet Schengenmedlemsland m.v. under udførelse af opgaver i Danmark efter konventionens artikel 40 og 41 skader, som efter dansk ret medfører erstatningspligt, udbetales erstatning af justitsministeren.

§ 4.　Lovens § 1 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2.　Justitsministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for lovens øvrige bestemmelser.

§ 5.　Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne, men kan, for så vidt angår § 2, ved kongelig anordning sættes i kraft også for disse landsdele.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

Frank Jensen

Bilag 1.- KONVENTION OM GENNEMFØRELSE AF SCHENGEN-AFTALEN AF 14. JUNI 1985 MELLEM REGERINGERNE FOR STATERNE I DEN ØKONOMISKE UNION BENELUX, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND OG DEN FRANSKE REPUBLIK OM GRADVIS OPHÆVELSE AF KONTROLLEN VED DE FÆLLES GRÆNSER

Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Franske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene, i det følgende benævnt de kontraherende parter,

som henviser til Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser,

som har vedtaget at virkeliggøre målet i denne aftale om at afskaffe kontrollen med persontrafik ved de fælles grænser og at lette transport og varebevægelser,

som tager i betragtning, at traktaten om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber, som suppleret ved den europæiske fælles akt, fastsætter, at det indre marked indebærer et område uden indre grænser,

som tager i betragtning, at det mål, som de kontraherende parter forfølger, er sammenfaldende med ovennævnte målsætning, for så vidt andet ikke fastsættes i foranstaltninger, der træffes i medfør af traktatens bestemmelser,

som tager i betragtning, at det for at virkeliggøre dette mål er nødvendigt at træffe en række egnede foranstaltninger og etablere et snævert samarbejde mellem de kontraherende parter,

er blevet enige om følgende:

AFSNIT I.- Definitioner

Artikel 1

I denne konvention forstås ved:

Indre grænser: de kontraherende parters fælles landgrænser samt deres lufthavne for så vidt angår interne flyvninger og søhavne for så vidt angår færgeruter, der udelukkende går til eller fra havne på de kontraherende parters område uden at anløbe havne uden for dette område

Ydre grænser: de kontraherende parters land- og søgrænser samt luft- og søhavne, for så vidt de ikke er indre grænser

Intern flyvning: en flyvning, der udelukkende er påbegyndt i eller går til de kontraherende parters område uden mellemlanding på et tredjelands område

Tredjeland: en stat, som ikke er kontraherende part

Udlænding: en person, der ikke er statsborger i en af De Europæiske Fællesskabers medlemsstater

Udlænding, der er indberettet som uønsket: en udlænding, der efter artikel 96 er indberettet til Schengen-informationssystemet som uønsket

Grænseovergangssted: et af de kompetente myndigheder godkendt overgangssted for passage af de ydre grænser

Grænsekontrol: en kontrol ved grænserne, der uagtet andre kontrolgrunde udelukkende foretages på grund af den planlagte grænsepassage

Transportvirksomhed: en fysisk eller juridisk person, der i erhvervsmæssigt øjemed udfører personbefordring ad luft-, sø- eller landvejen

Opholdstilladelse: en tilladelse af enhver art, der er udstedt af en kontraherende part, og som giver ret til ophold på denne parts område. Midlertidig tilladelse til ophold på en kontraherende parts område med henblik på behandling af en asylansøgning eller en ansøgning om opholdstilladelse er ikke omfattet

Asylansøgning: en anmodning afgivet skriftligt, mundtligt eller på anden vis af en udlænding ved en kontraherende parts ydre grænse eller på denne parts område med henblik på at blive anerkendt som flygtning efter Geneve-konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling, som ændret ved New York-protokollen af 31. januar 1967, samt at få opholdstilladelse som flygtning

Asylansøger: en udlænding, der i medfør af denne konvention har indgivet en asylansøgning, hvorom der endnu ikke er truffet endelig afgørelse

Behandling af en asylansøgning: alle undersøgelses- og beslutningsprocedurer i forbindelse med en asylansøgning samt alle foranstaltninger truffet i tilknytning til de endelige afgørelser, med undtagelse af fastsættelsen af, hvilken kontraherende part der er ansvarlig for behandlingen af asylansøgningen i medfør af denne konvention

AFSNIT II.- Ophævelse af kontrollen ved de indre grænser og persontrafik

Kapitel 1.- Passage af de indre grænser

Artikel 2

1.　De indre grænser kan alle steder passeres uden personkontrol.

2.　Når den offentlige orden eller den nationale sikkerhed kræver det, kan en kontraherende part dog efter samråd med de øvrige kontraherende parter træffe beslutning om, at der i et begrænset tidsrum iværksættes en national grænsekontrol, der er tilpasset forholdene, ved de indre grænser. Hvis det af hensyn til den offentlige orden eller den nationale sikkerhed er påkrævet at handle omgående, træffer den pågældende kontraherende part de nødvendige foranstaltninger og underretter snarest muligt de øvrige kontraherende parter herom.

3.　Ophævelsen af personkontrollen ved de indre grænser berører hverken anvendelsen af artikel 22 eller de kompetente myndigheders udøvelse af deres politimæssige beføjelser efter national lovgivning på hele den kontraherende parts område, eller den lovbestemte pligt til at være i besiddelse af, medføre og forevise tilladelser og dokumenter.

4.　Varekontrol gennemføres i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i denne konvention.

Kapitel 2.- Passage af de ydre grænser

Artikel 3

1.　Passage af de ydre grænser kan principielt kun ske ved grænseovergangsstederne og inden for åbningstiden. Nærmere bestemmelser herom såvel som undtagelser og regler for mindre grænsetrafik samt regler for særlige former for skibstrafik som f.eks. lystsejlads og kystfiskeri vedtages af Eksekutivkomiteen.

2.　De kontraherende parter forpligter sig til at indføre sanktioner mod uautoriseret passage af de ydre grænser uden for grænseovergangsstederne og uden for åbningstiden.

Artikel 4

1.　Fra 1993 sikrer de kontraherende parter, at passagerer, der ankommer med fly fra et tredjeland, underkastes personkontrol og kontrol af håndbagage ved indrejsen i den lufthavn, hvortil flyet ankommer fra det pågældende tredjeland, inden de påbegynder en intern flyvning. Passagerer fra interne flyvninger underkastes personkontrol og kontrol af håndbagagen ved udrejsen i den lufthavn, hvorfra flyet afgår til et tredjeland, inden de flyver videre til det pågældende tredjeland.

2.　De kontraherende parter træffer de nødvendige foranstaltninger til, at kontrollen gennemføres i overensstemmelse med stk. 1.

3.　Bestemmelserne i stk. 1 og 2 berører ikke kontrollen med indskrevet bagage; denne kontrol foretages enten i den endelige ankomstlufthavn eller i den oprindelige afgangslufthavn.

4.　Uanset definitionen på indre grænser betragtes lufthavne indtil det tidspunkt, der er fastsat i stk. 1, som ydre grænser for så vidt angår interne flyvninger.

Artikel 5

1.　En udlænding kan få tilladelse til at indrejse i og opholde sig på de kontraherende parters område i indtil tre måneder, hvis den pågældende opfylder følgende betingelser:

2.　En udlænding, der ikke opfylder alle betingelserne, skal nægtes indrejse i de kontraherende parters område, medmindre en kontraherende part finder det nødvendigt at fravige dette princip af humanitære hensyn, af hensyn til nationale interesser eller på grund af internationale forpligtelser. I så fald begrænses indrejsetilladelsen til den pågældende kontraherende parts område, og denne skal underrette de øvrige kontraherende parter herom.

Disse regler berører ikke anvendelsen af de særlige bestemmelser i asylretten eller bestemmelserne i artikel 18.

3.　En udlænding, der er i besiddelse af en opholdstilladelse eller et returvisum udstedt af en af de kontraherende parter eller om nødvendigt begge dokumenter, skal have tilladelse til gennemrejse, medmindre den pågældende er opført på den nationale liste over uønskede udlændinge af den kontraherende part, ved hvis ydre grænser den pågældende ønsker at indrejse.

Artikel 6

1.　Grænsetrafikken ved de ydre grænser kontrolleres af de kompetente myndigheder. Kontrollen gennemføres for de kontraherende parters område efter ensartede principper inden for rammerne af den nationale kompetence og den nationale lovgivning og under hensyn til samtlige kontraherende parters interesser.

2.　De ensartede principper, jf. stk. 1, er følgende:

3.　De kompetente myndigheder overvåger de ydre grænser med mobile enheder på strækningerne mellem grænseovergangsstederne, ligesom de overvåger grænseovergangsstederne uden for den normale åbningstid. Denne overvågning gennemføres for ikke at tilskynde nogen til at unddrage sig kontrol ved grænseovergangsstederne. Nærmere bestemmelser for denne overvågning kan om nødvendigt fastsættes af Eksekutivkomiteen.

4.　De kontraherende parter forpligter sig til at indsætte tilstrækkeligt og kvalificeret personale til at gennemføre denne kontrol og overvågning af de ydre grænser.

5.　Kontrollen ved de ydre grænser skal have et ensartet omfang.

Artikel 7

De kontraherende parter yder hinanden gensidig bistand og sikrer et snævert og permanent samarbejde med henblik på en effektiv gennemførelse af kontrol og overvågning. De udveksler navnlig alle relevante og væsentlige oplysninger, dog ikke oplysninger om navngivne enkeltpersoner, medmindre andet er fastsat i denne konvention, ligesom de i videst muligt omfang giver ensartede instrukser til de myndigheder, der udøver kontrol, og fremmer en ensartet uddannelse samt efter- og videreuddannelse af de personer, der udøver kontrol. Dette samarbejde kan tage form af udveksling af forbindelsesofficerer.

Artikel 8

Eksekutivkomiteen træffer de nødvendige beslutninger om de praktiske gennemførelsesbestemmelser for kontrollen og overvågningen ved grænserne.

Kapitel 3.- Visum

Afdeling 1.- Visum til kortvarige ophold

Artikel 9

1.　De kontraherende parter forpligter sig til at føre en fælles politik med hensyn til persontrafik og navnlig visumregler. Med henblik herpå yder de hinanden gensidig bistand. De kontraherende parter forpligter sig til efter fælles aftale at fortsætte harmoniseringen af deres visumpolitik.

2.　Fælles visumregler, der på tidspunktet for undertegnelsen af denne konvention eller på et senere tidspunkt efter fælles aftale gælder i alle kontraherende stater for tredjelandsstatsborgere, kan kun ændres efter fælles aftale mellem samtlige kontraherende parter. En kontraherende part kan undtagelsesvis fravige de fælles visumregler over for et tredjeland, når tungtvejende hensyn til national politik kræver en hurtig afgørelse. Den pågældende part skal da forinden konsultere de øvrige kontraherende parter og i sin afgørelse tage hensyn til deres interesser og konsekvenserne af afgørelsen.

Artikel 10

1.　Der indføres et ensartet visum gældende for alle kontraherende parters område. Dette visum kan udstedes til et ophold af højst tre måneders varighed, jf. dog artikel 11 for så vidt angår gyldighedsperioden.

2.　Indtil et sådant visum indføres, anerkender de kontraherende parter de respektive nationale visa, for så vidt de er udstedt på grundlag af de fælles betingelser og kriterier, der gælder ifølge de relevante bestemmelser i dette kapitel.

3.　Uanset stk. 1 og 2 forbeholder hver kontraherende part sig ret til at begrænse et visums territoriale gyldighed efter fælles retningslinjer fastlagt i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i dette kapitel.

Artikel 11

1.　Visummet efter artikel 10 kan udstedes som:

2.　Bestemmelserne i stk. 1 er ikke til hinder for, at en kontraherende part i løbet af det pågældende halvår om nødvendigt udsteder et nyt visum, der kun har gyldighed på vedkommende lands område.

Artikel 12

1.　Det ensartede visum efter artikel 10, stk. 1, udstedes af de kontraherende parters diplomatiske eller konsulære repræsentationer og eventuelt af de myndigheder, der er udpeget hertil, jf. artikel 17.

2.　I princippet er det den kontraherende stat, der er rejsens egentlige bestemmelsessted, der er kompetent til at udstede dette visum. Hvis det ikke er muligt at fastlægge dette bestemmelsessted, er det i princippet de diplomatiske eller konsulære repræsentationer for den kontraherende part, på hvis område første indrejse finder sted, der udsteder visum.

3.　Eksekutivkomiteen fastsætter gennemførelsesbestemmelserne herfor, herunder især kriterierne for fastlæggelse af rejsens egentlige bestemmelsessted.

Artikel 13

1.　Rejsedokumenter, hvis gyldighedsperiode er udløbet, må ikke påtegnes visum.

2.　Rejsedokumentet skal have længere gyldighedsperiode end visummet, således at der tages hensyn til, hvor længe visummet kan anvendes. Udlændingen skal have tid til at rejse tilbage til sit hjemland eller indrejse i et tredjeland.

Artikel 14

1.　Rejsedokumenter, der ikke anerkendes som gyldige af nogen af de kontraherende parter, må ikke påtegnes visum. Hvis rejsedokumentet kun anerkendes som gyldigt af en eller flere af de kontraherende parter, begrænses visummet til denne eller disse kontraherende stater.

2.　Hvis rejsedokumentet ikke anerkendes som gyldigt af en eller flere af de kontraherende parter, kan visummet udstedes i form af en indrejsetilladelse.

Artikel 15

Visa efter artikel 10 må i princippet kun udstedes, hvis den pågældende udlænding opfylder indrejsebetingelserne i artikel 5, stk. 1, litra a), c), d) og e).

Artikel 16

Finder en kontraherende part det af en af de grunde, der er nævnt i artikel 5, stk. 2, nødvendigt at fravige princippet efter artikel 15 og udstede visum til en udlænding, der ikke opfylder alle indrejsebetingelserne i artikel 5, stk. 1, begrænses gyldigheden af dette visum til vedkommende kontraherende parts område, og denne skal underrette de øvrige kontraherende parter herom.

Artikel 17

1.　Eksekutivkomiteen vedtager fælles regler for behandling af visumansøgninger, påser, at de anvendes korrekt og tilpasser dem til nye situationer og forhold.

2.　Eksekutivkomiteen fastlægger desuden, i hvilke tilfælde visum kun må udstedes efter høring af de centrale myndigheder i den kontraherende stat, der har behandlet visumansøgningen, samt eventuelt de øvrige kontraherende parters centrale myndigheder.

3.　Eksekutivkomiteen træffer endvidere de nødvendige afgørelser om:

BORRADOR DEL PLAN NACIONAL DE NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET BAJO EL «.ES»

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
El objeto de esta norma es la aprobación del Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España («.es»), a que se refiere la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril,
General de Telecomunicaciones.

Artículo 2. La Autoridad de asignación.

1. La entidad pública empresarial Red.es desempeñará la función de autoridad de asignación de nombres de dominio bajo el «.es» de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley General de Telecomunicaciones.

2. La función de asignación consiste en la gestión del Registro de nombres de dominio, incluyendo la implantación, mantenimiento y operación de los equipos, aplicaciones y de las bases de datos necesarias para el funcionamiento del sistema de nombres de dominio de Internet, bajo el código de país correspondiente a España («.es»).
Esta función conlleva la realización de las tareas y la toma de decisiones que sean precisas para asegurar el buen funcionamiento del sistema, incluyendo la aceptación y denegación motivada de peticiones de asignación de nombres de dominio, y la adaptación de los equipos y procedimientos de gestión de acuerdo con la evolución tecnológica.

3. La autoridad de asignación garantizará la continuidad ante cualquier contingencia previsible y la calidad del servicio prestado.

Artículo 3. Los agentes mediadores de registro.
1. Los agentes mediadores de registro, que desarrollarán su actividad en régimen de libre competencia, podrán asesorar a los usuarios, tramitar sus solicitudes y, en general, actuar ante la autoridad de asignación para la consecución, con arreglo a las normas aplicables, de la asignación de nombres de dominio.

2. En todo caso, las solicitudes de asignación de nombres de dominio podrán dirigirse directamente por los interesados a la autoridad de asignación.

3. La entidad pública empresarial Red.es determinará las condiciones de acceso a las bases de datos del Registro por los agentes mediadores de registro, así como los requisitos técnicos o de solvencia que éstos deberán cumplir para el
desempeño de las funciones previstas en el punto 3.1.

Artículo 4. Dominios de segundo y de tercer nivel.
Bajo el dominio «.es», podrán asignarse nombres de segundo y tercer nivel, de conformidad con lo establecido en este Plan.

Artículo 5. Tipos de nombres de dominio.
A los efectos de este Plan, se distinguen los siguientes tipos de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España («.es»):

a) Nombres de dominio regulares. Son aquéllos que se asignan conforme a las reglas establecidas en este Plan.
b) Nombres de dominio especiales. Son aquellos nombres de segundo nivel que la entidad pública empresarial Red.es puede asignar sin sujeción a las reglas establecidas en este Plan, siempre que concurra un notable interés público. En estos casos, la autoridad de asignación podrá someter la utilización del nombre de dominio especial a las condiciones que estime precisas para garantizar el mantenimiento de los requisitos que dieron lugar a su asignación.
No obstante lo anterior, los nombres de dominio especiales deberán cumplir, en todo caso, las normas de sintaxis establecidas en el artículo 18.1.

CAPÍTULO II. Asignación de nombres de dominio de segundo nivel

Artículo 6. Criterio general para la asignación de nombres de dominio de segundo nivel.
Los nombres de dominio de segundo nivel bajo el «.es» se asignarán al primer solicitante que tenga derecho a ello y que reúna los requisitos establecidos en este Plan.
El cumplimiento de dichos requisitos se verificará con carácter previo a su asignación, empleando para ello, siempre que sea posible, medios telemáticos.

Artículo 7. Legitimación para la obtención de un nombre de dominio de segundo nivel.
Podrán solicitar la asignación de un nombre de dominio de segundo nivel:
a) Las personas físicas españolas o extranjeras que residan legalmente en España, las entidades con o sin personalidad jurídica constituidas conforme a la legislación española y las primeras sucursales, debidamente inscritas en el Registro Mercantil, de sociedades extranjeras legalmente constituidas.

b) Los Órganos Constitucionales, las Administraciones Públicas españolas y las entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, así como los Departamentos Ministeriales y Consejerías de las Comunidades Autónomas.
c) Las embajadas y consulados extranjeros debidamente acreditados en España, así como las organizaciones internacionales a las que España pertenezca o las entidades resultantes de acuerdos o convenios internacionales suscritos por España.

Artículo 8. Requisitos para la asignación de nombres de dominio de segundo nivel.
Sólo podrán asignarse los nombres de dominio de segundo nivel que cumplan los siguientes requisitos:
a) No estar previamente asignado.
b) Cumplir las normas de sintaxis y demás normas comunes para la asignación de nombres de dominio bajo el «.es» recogidas en el Capítulo IV de este Plan.
c) Cumplir las normas de derivación de nombres de dominio establecidas en el artículo 9.
d) No estar comprendido dentro de las prohibiciones recogidas en el artículo 11.

Artículo 9. Normas de derivación de nombres de dominio de segundo nivel.
1. Con carácter general, las entidades a las que se refiere el artículo 7 podrán solicitar la asignación de los siguientes nombres de dominio:

a) El nombre completo de la organización, tal como aparece en su norma de creación, escritura o documento de constitución o, en su caso, de modificación, sin que sea obligatoria la inclusión de la indicación o abreviatura de su forma social.
b) Un nombre abreviado del nombre completo de la organización que la identifique de forma inequívoca.
En ningún caso, podrán asignarse nombres abreviados que no se correspondan razonable e intuitivamente con el nombre completo de dicha organización.
c) Uno o varios nombres comerciales o marcas de los que sean titulares o licenciatarios y que se encuentren legalmente registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

El nombre de dominio coincidirá literalmente con la inscripción del nombre comercial o marca. Sin embargo, podrá admitirse la asignación como nombre de dominio de la parte denominativa de una marca o nombre comercial mixtos o la agregación al tenor literal de una marca o nombre comercial de su cualificación por clase de acuerdo con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza, siempre que no se vulneren las demás normas previstas en el artículo 8.
Sólo se asignará un nombre de dominio por cada marca o nombre comercial del que sea titular o, en su caso, licenciatario el solicitante.
d) A los solos efectos de la concesión de los nombres de dominio se podrán equiparar a las marcas o nombres comerciales las denominaciones de origen cuando quien solicite su asignación sea su correspondiente Consejo Regulador.
No obstante lo anterior, cuando el solicitante sea una sociedad civil no inscrita en el Registro Mercantil, una asociación, una comunidad de bienes o de propietarios o cualquier otra entidad carente de personalidad jurídica distinta de las enumeradas en los apartados b) y c) del artículo 7, el nombre completo o abreviado de la organización deberá ir precedido de la expresión
completa correspondiente a su forma jurídica o de una expresión abreviada de la misma seguida de un guión que determine la autoridad de asignación.

2. Las personas físicas podrán solicitar la asignación de los siguientes nombres
de dominio:
a) Nombre y apellidos, tal como figuren en su DNI o tarjeta de residencia hasta un máximo de 60 caracteres.
b) Los nombres comerciales o marcas registradas de las sean titulares o licenciatarios en los términos establecidos en la letra c) del apartado primero.
c) Cuando ejerzan una profesión u oficio, podrán solicitar también la asignación como nombre de dominio de su nombre y al menos un apellido, de su apellido o apellidos, el nombre de su establecimiento o de cualquier otro nombre o denominación similar con la que resulten conocidos en el tráfico mercantil.
Estos nombres de dominio irán precedidos de la expresión completa correspondiente a su profesión, oficio o establecimiento, o de una expresión abreviada de los mismos seguida de un guión que determine la autoridad de asignación.

3. No se asignarán nombres de dominio que incorporen adiciones tales como sufijos o prefijos (por ejemplo, «net» o «inter») que no guarden relación alguna con el nombre o denominación del solicitante.

Artículo 10. Coordinación con Registros Públicos.
En la asignación de los nombres de dominio de segundo nivel bajo el código de país correspondiente a España («.es») se procurará la necesaria coordinación con el Registro Mercantil Central, la Oficina Española de Patentes y Marcas, los demás registros públicos nacionales y la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

Artículo 11. Prohibiciones.
En el segundo nivel no podrá asignarse un nombre de dominio que incurra en alguna de las prohibiciones siguientes:
a) Coincidir con algún nombre de dominio de primer nivel (tales como «.edu», «.com», «.gov», «.mil», «.uk», «.fr», «.ar», «.jp») o con uno de los propuestos o que esté en trámite de estudio por la organización competente para su creación, si bien, en este último caso, la prohibición sólo se aplicará cuando, a juicio de la autoridad de asignación, el uso del nombre de dominio pueda generar confusión.
b) Componerse exclusivamente de un topónimo o del gentilicio correspondiente a un continente, a un país o territorio que figure en la lista ISO 3166-1, a una Comunidad Autónoma, provincia, isla o municipio español o cualquier otro que se corresponda con la denominación oficial de una Administración pública territorial española.
No obstante, podrá asignarse un topónimo a la Administración Pública territorial que lo solicite siempre que este topónimo la identifique de forma inequívoca y la citada Administración Pública se comprometa a utilizarlo para facilitar o permitir la presencia en Internet de aquellas instituciones, entidades y colectivos en general que estén vinculados a su territorio. Las
Administraciones Públicas titulares de estos nombres de dominio podrán solicitar la asignación de nombres de dominio de tercer nivel derivados de los anteriores, siempre que se respeten los requisitos establecidos en los artículos 16 y 18.
Los topónimos correspondientes a los espacios naturales protegidos únicamente podrán asignarse a los respectivos organismos gestores que así lo soliciten.
Las denominaciones de origen que se compongan en exclusiva de un topónimo sólo podrán registrarse si se cualifican con el producto al que identifican.
Con carácter general, la prohibición de topónimos y gentilicios se entenderá referida únicamente al topónimo o gentilicio en castellano y, en su caso, en la lengua española que sea cooficial en la respectiva Comunidad Autónoma. Sin embargo, la autoridad de asignación podrá denegar la asignación del topónimo o gentilicio en otras lenguas cuando, por su difusión u otras circunstancias concurrentes, su utilización pudiera generar confusión en el sistema de nombres de dominio bajo el «.es»
c) Componerse exclusivamente de un término genérico o de su abreviatura o de una combinación de términos genéricos que designen productos, servicios, establecimientos, sectores, profesiones, actividades, religiones, áreas del saber humano, tecnologías, clases o grupos sociales, enfermedades y cualesquiera otros similares que, atendiendo a su especial relevancia económica, social, científica o cultural, la autoridad de asignación considere asimilables a los anteriores.
No obstante, se admitirá el registro de nombres de dominio coincidentes con una combinación de los anteriores cuando el resultado de esta combinación haya perdido, a juicio de la autoridad de asignación, su carácter de término genérico.
d) Coincidir con nombres de protocolos, aplicaciones y terminología de Internet, tales como «telnet», «ftp», «email», «www», «web», «smtp», «http», «tcp», «dns», «wais», «news», «rfc», «ietf», «mbone», o «bbs», o con una combinación de los mismos.
e) Asociarse de forma pública y notoria a otra organización, servicio, acrónimo o marca distintos de los del solicitante del dominio o que pueda inducir a confusión con ellos.
f) Componerse exclusivamente de nombres propios o apellidos, salvo cuando se corresponda literalmente con una marca o nombre comercial registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en la Oficina de Armonización del Mercado Interior a nombre de la organización o persona física solicitante del dominio o coincida con el nombre y apellidos de la persona física que solicite el nombre de dominio tal como figuren en su DNI o tarjeta de residencia.

Artículo 12. Modificación del nombre de dominio solicitado.
Cuando el nombre de dominio solicitado no se ajuste a lo dispuesto en los apartados b) y d) del artículo 8 no se procederá a su asignación, pero podrá ser modificado o cualificado por la autoridad de asignación, con el consentimiento del solicitante, sustituyendo los caracteres no permitidos por otros afines o cualificando el nombre de dominio en la forma que resulte más idónea para satisfacer el interés del solicitante del dominio y garantizar el respeto a las normas recogidas en el presente Plan.

CAPÍTULO III. Asignación de nombres de dominio de tercer nivel

Artículo 13. Tipos de nombres de dominio asignables en el tercer nivel.
En el tercer nivel podrán asignarse nombres de dominio bajo los siguientes indicativos:
a) .com.es
b) .nom.es
c) .org.es
d) .gob.es
e) .edu.es

Artículo 14. Criterio general para la asignación de nombres de dominio de tercer nivel.
1. Con carácter general, los nombres de dominio de tercer nivel se asignarán atendiendo a un criterio de prioridad temporal en la solicitud.
2. El cumplimiento de los requisitos establecidos para la asignación de nombres de dominio de tercer nivel bajo los indicativos «gob.es» y «edu.es» se verificará con carácter previo a su asignación.
Los nombres de dominio de tercer nivel bajo los indicativos «.com.es», «.nom.es» y «.org.es» se asignarán sin comprobación previa de los requisitos aplicables, si bien éstos podrán ser verificados a instancia de parte de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 17. En este caso, la eficacia de la asignación queda condicionada al resultado de dicho procedimiento.

Artículo 15. Legitimación para la obtención de nombres de dominio de tercer nivel.
Podrán solicitar la asignación de un nombre de dominio de tercer nivel:
a) Bajo el indicativo «.com.es», las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad que tengan intereses o mantengan vínculos con España.
b) Bajo el indicativo «.nom.es», las personas físicas que tengan intereses o mantengan vínculos con España.
c) Bajo el indicativo «.org.es», las entidades, instituciones o colectivos con o sin personalidad jurídica y sin ánimo de lucro que tengan intereses o mantengan vínculos con España.
d) Bajo el indicativo «.gob.es», las Administraciones Públicas españolas y las entidades de Derecho Público de ella dependientes, así como cualquiera de sus dependencias, órganos o unidades.
e) Bajo el indicativo «.edu.es», las entidades, instituciones o colectivos con o sin personalidad jurídica que realicen funciones o actividades relacionadas con la enseñanza o la investigación en España.

Artículo 16. Requisitos para la asignación de nombres de dominio de tercer nivel.

1. Los nombres de dominio de tercer nivel podrán construirse en cualquier forma, siempre que no vulneren lo dispuesto en el artículo 18.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, la asignación de nombres de dominio de tercer nivel compuestos exclusivamente por apellidos o por una combinación de nombres propios y apellidos, exigirá que éstos tengan relación directa con el solicitante.

3. Asimismo, la asignación como nombre de dominio de los topónimos y gentilicios a que se refiere el artículo 11 c) bajo el indicativo «.gob.es» exigirá que éstos identifiquen al solicitante de forma inequívoca.

Artículo 17. Verificación del cumplimiento de los requisitos aplicables a los nombres de dominio de tercer nivel asignados bajo los indicativos «.com.es», «.nom.es» y «.org.es».

1. Asignado un nombre de dominio de tercer nivel bajo los indicativos «.com.es», «.nom.es» u «.org.es», las personas o entidades que se sientan perjudicadas por dicha asignación podrán instar de la autoridad de asignación que proceda a la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 15, 16.2 y 18, a través del procedimiento y dentro de los plazos que establezca la autoridad de asignación en los términos previstos en el artículo 70 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

2. La única pretensión que podrá ejercitarse en dicho procedimiento es la de la cancelación del nombre de dominio por incumplimiento de alguna de las condiciones generales a que las está sometida su utilización de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16.2 y 18, sin perjuicio del derecho de las partes a acudir a la jurisdicción ordinaria cuando se discutan cuestiones que sean competencia de dicha jurisdicción.

3. En dicho procedimiento deberá ser oído siempre el beneficiario del nombre de dominio.

CAPÍTULO IV. Disposiciones comunes

Artículo 18. Normas comunes para la asignación de nombres de dominio de segundo y tercer nivel.

1. Los nombres de dominio que se asignen bajo el «.es» respetarán las siguientes normas de sintaxis:

a) Los únicos caracteres válidos para su construcción serán las letras de los alfabetos de las lenguas españolas, los dígitos ('0' -'9') y el guión ('-').
b) El primero y el último carácter del nombre de dominio no pueden ser el guión.
c) La longitud mínima para un dominio de segundo nivel será de tres caracteres y para un dominio de tercer nivel, de dos caracteres.
d) La longitud máxima admitida para los dominios de segundo y tercer nivel es de 63 caracteres.
El cumplimiento de estas normas de sintaxis se comprobará con carácter previo a la asignación de cualquier nombre de dominio.

2. La autoridad de asignación podrá denegar la asignación de un nombre de dominio cuando, aun cumpliéndose todos los requisitos recogidos en los apartados anteriores, dicha asignación pueda generar un riesgo evidente de confusión para los usuarios en el sistema de nombres de dominio bajo el «.es».
3. No se asignarán nombres de dominio que incluyan términos o expresiones que resulten contrarios a la Ley, a la moral o al orden público ni aquéllos cuyo tenor literal pueda, a juicio de la autoridad de asignación, vulnerar el derecho al nombre de las personas físicas, atentar contra el derecho al honor, a la intimidad o al buen nombre, o cuando pudiera dar lugar a la comisión de un delito o falta tipificado en el Código Penal.

Artículo 19. Intransmisibilidad de los nombres de dominio.

1. El derecho a la utilización de un nombre de dominio no es transmisible.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los casos de sucesión universal «inter vivos» o «mortis causa» el sucesor podrá seguir utilizando dicho nombre, siempre que tuviera derecho a ello de acuerdo con las normas de asignación de nombres de dominio recogidas en este Plan y solicite de la autoridad de asignación la modificación de los datos de registro del nombre de dominio.

Artículo 20. Derechos y obligaciones derivados de la asignación y mantenimiento de los nombres de dominio.

1. La asignación de un nombre de dominio confiere el derecho a su utilización a efectos de direccionamiento en el sistema de nombres de dominio de Internet en los términos señalados en este Plan.La asignación del nombre de dominio confiere asimismo el derecho a la continuidad y calidad del servicio que presta la autoridad de asignación.

2. Los beneficiarios de un nombre de dominio bajo el «.es» deberán respetar las reglas y condiciones técnicas que pueda establecer la autoridad de asignación para el adecuado funcionamiento del sistema de nombres de dominio bajo el «.es».

3. Los usuarios de un nombre de dominio deberán informar inmediatamente a la autoridad de asignación de todas las modificaciones que se produzcan en los datos asociados al registro del nombre de dominio.

4. El derecho a la utilización del nombre de dominio estará condicionado al respeto a las normas recogidas en el artículo 18 y al mantenimiento de las condiciones que permitieron su asignación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, la autoridad de asignación podrá comprobar en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte, si se mantienen las condiciones que permitieron la asignación de un nombre de dominio de segundo nivel instando, en su caso, al beneficiario del nombre de dominio para que subsane los defectos detectados.

5. El incumplimiento de las condiciones que permitieron la asignación de un nombre de dominio o de las recogidas con carácter general en el artículo 18 determinará su cancelación por la autoridad de asignación.

6. Los cambios de proveedor o la conexión simultánea a varios proveedores no alteran la asignación y mantenimiento de un nombre de dominio.

Artículo 21. Responsabilidad por la asignación de nombres de dominio.

1. La responsabilidad del uso de un nombre de dominio corresponde a la persona u organización para la que se haya registrado dicho nombre de dominio. En este sentido, los beneficiarios de un nombre de dominio responderán de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual o industrial o de cualesquiera otros derechos o intereses legítimos que pudiera derivarse de la utilización de nombres de dominio.

2. Los proveedores de servicios de Internet no son responsables de la utilización de los dominios asignados a las organizaciones o personas a las que presten sus servicios, con independencia de que hayan actuado como intermediarios para la asignación de dichos dominios o de que estén gestionando, por delegación de la organización, el servidor primario para la zona de segundo nivel asociada a los mencionados dominios.

Artículo 22. Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

1. El Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información asesorará al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a la autoridad de asignación sobre la gestión del dominio «.es» y sobre cualquier otro tema relacionado con la coordinación del sistema de nombres de dominio y direcciones de Internet que pueda afectar al sistema de asignación de
nombres de dominio y direcciones de Internet bajo el «.es».

2. El Consejo podrá, a solicitud del Ministerio de Ciencia y Tecnología o por iniciativa propia, elaborar informes sobre las materias señaladas en el punto anterior, y proponer la adopción de modificaciones en la normativa reguladora del dominio «.es».
Así mismo, conocerá de los proyectos normativos sobre la organización, regulación y gestión del sistema de asignación de nombres de dominio bajo el «.es» que elabore el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

3. Para el ejercicio de las funciones previstas en este artículo, el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información podrá, de conformidad con sus normas reguladoras, crear una ponencia u órgano de trabajo específico.

Disposición transitoria primera. Puesta en funcionamiento gradual de los dominios «.com.es», «.nom.es» y «.org.es».

Uno. Con carácter previo al inicio de las operaciones de registro de nombres de dominio de tercer nivel bajo los indicativos «.com.es», «.nom.es» y «.org.es», se permitirá a los sujetos relacionados en el artículo 7 solicitar con carácter preferente la asignación de nombres de dominio bajo dichos indicativos de segundo nivel, de acuerdo con el siguiente esquema:
Fases Indicativos de segundo nivel afectados         Quién          Qué                     Plazo

Fases Indicativos de segundo nivel afectados         Quién          Qué                     Plazo

1ª fase «.com.es», «.nom.es» y «.org.es»
Beneficiarios de un nombre de dominio de segundo nivel bajo el «.es».
* Sólo podrán solicitar la asignación de nombres bajo el dominio de segundo nivel que, de conformidad con el artículo 15, les corresponda.
Nombre o nombres idénticos a los que tuvieran asignados en el segundo nivel. 3 meses

2ª fase «.com.es» y «.org.es»
Sujetos mencionados en las letras b) y c) del artículo 7.
Nombre o nombres que, de conformidad con el artículo 9.1, pudieran solicitar en el segundo nivel. 2 meses, una vez concluida la 1ª fase.

3ª fase «.com.es», «.nom.es» y «.org.es»
Sujetos mencionados en la letra a) del artículo 7.
* Sólo podrán solicitar la asignación de nombres bajo el dominio de segundo nivel que, de conformidad con el artículo 15, les corresponda.
Nombre o nombres que, de conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo 9, pudieran registrar en el segundo nivel
* Los sujetos que, en virtud de los artículos 9.1 y 9.2c), debieran cualificar su nombre de dominio bajo el «.es» con el indicativo de su forma jurídica o actividad profesional, no estarán obligados a hacerlo en los dominios de tercer nivel. 4 meses, una vez concluida la 2ª fase

Fases Indicativos de segundo nivel afectados           Quién                   Qué                     Plazo
Apertura al público en general «.com.es», «.nom.es» y «.org.es»
Todos los legitimados, conforme al artículo 15.
Aplicación de normas generales 
Comienza finalizado el período inicial de registro

Dos. La entidad pública empresarial Red.es verificará, con carácter previo a su asignación, el cumplimiento de los requisitos exigibles para la asignación de nombres de dominio que se soliciten durante el procedimiento inicial de registro que se regula en esta disposición transitoria. 
Las solicitudes de asignación se resolverán conforme al procedimiento que se establezca para la asignación de nombres de dominio de segundo nivel. 

Tres. Los solicitantes de nombres de dominio en el procedimiento de registro en las cuatro fases descritas deberán abonar la cuantía por asignación anual inicial correspondiente a la tasa por asignación del recurso limitado de nombres de dominio y direcciones de Internet que fuera aplicable respecto a los nombres de dominio de segundo nivel.

Cuatro. La entidad pública empresarial Red.es podrá extender la duración de cada fase en función del número de solicitudes presentadas y fijar los intervalos necesarios entre fases para terminar de resolver las solicitudes recibidas.
La entidad pública empresarial anunciará el comienzo de cada fase del procedimiento inicial de registro, con una antelación mínima de un mes a la fecha de comienzo, utilizando mecanismos apropiados para garantizar su máxima difusión.

Disposición transitoria segunda. Nombres asignados antes de la entrada en vigor del Plan.
Los nombres de dominio asignados antes de la entrada en vigor de este Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet conservarán su validez.

Disposición transitoria tercera. Reconocimiento de caracteres multilingües en el sistema de nombres de dominio bajo el «.es».
Hasta que los mecanismos de reconocimiento de los caracteres multilingües en el sistema de nombres de dominio de Internet no estén operativos, no podrán asignarse nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España que contengan letras propias de las lenguas españolas distintas de las incluidas en el alfabeto inglés. Mientras persista esta situación, dichas letras habrán de ser sustituidas por otras afines (por ejemplo: 'ñ' por 'n' o 'ny').
La autoridad de asignación dará publicidad con antelación suficiente, a la posibilidad de solicitar nombres de dominio que contengan las citadas letras de las lenguas españolas, en cuanto los mecanismos técnicos de reconocimiento de caracteres permitan su utilización en el sistema de nombres de dominio de Internet.
Las personas u organizaciones que, para posibilitar su asignación, hubieran tenido que modificar sus nombres de dominio por contener letras propias de las lenguas españolas distintas de las del alfabeto inglés, podrán solicitar su cambio por otros que contengan dichas letras. Dicha opción podrá ejercitarse en el plazo de tres meses desde la fecha anunciada por la autoridad de asignación para su utilización en el sistema de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España. Si los interesados no hicieran uso de este derecho en el plazo indicado, los dominios afectados quedarán disponibles para su asignación a los solicitantes que tuvieran derecho a ello.

Disposición transitoria cuarta. Procedimiento previo a la asignación de nombres de dominio especiales.
En tanto no se proceda a la aprobación del nuevo procedimiento para la asignación de nombres de dominio bajo el «.es», los solicitantes de nombres de dominio especiales deberán acompañar a su solicitud una memoria explicativa de los fines a que vayan a destinar cada nombre de dominio, los contenidos o servicios que pretendan facilitar mediante su uso y los plazos estimados para la utilización efectiva de dichos nombres.
Los beneficiarios de la designación de nombres de dominio especiales deberán solicitar su posterior asignación por la autoridad de asignación, de acuerdo con los procedimientos establecidos con carácter general para los nombres de dominio regulares.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

De acuerdo con el criterio 14.h) del Decreto 85/2002, de 23 de mayo, por el que se regulan los sistemas de evaluación de la calidad de los servicios públicos y se aprueban los criterios de calidad de la actuación administrativa en la Comunidad de Madrid, que establece la obligación de publicar en el Boletín Oficial de la Comunicad de Madrid , por resolución del órgano correspondiente, el impreso normalizado del procedimiento administrativo, «Representación para la presentación por medios telemáticos de autoliquidaciones de tributos sobre el juego».

Resuelvo:

Primero. Publicación Impreso.

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Comunicad de Madrid  del modelo de impreso que se adjuntan como Anexos, a los efectos regulados en el artículo 35.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, correspondientes al procedimiento de referencia. 

La presente Orden establece normas para el cálculo del valor de tasación de bienes inmuebles y de determinados derechos reales para las finalidades contempladas en su ámbito de aplicación, así como para la elaboración de informes y certificados en los que se formalizará. Dichas normas pretenden, continuando en la línea del Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre el Régimen Jurídico de Homologación de los Servicios y Sociedades de Tasación, potenciar la calidad técnica y formal de las valoraciones con el objetivo último de proteger más y mejor los intereses de terceros en su condición de inversores o asegurados. Conviene recordar que la presente Orden no contiene ninguna disposición de tipo subjetivo relacionada con la capacidad para tasar ni para designar al tasador, la cual se rige por las normas reglamentarias correspondientes según la finalidad de la tasación.

El cálculo y formalización del valor de tasación estaba regulado por Orden de 30 de noviembre de 1994 sobre Normas de Valoración de Bienes Inmuebles para Determinadas Entidades Financieras. Esta disposición, que ahora se deroga, era el último exponente de una regulación cuyo origen es la Ley de la Regulación del Mercado Hipotecario. La Orden de 1994 ha contribuido de forma decisiva a perfeccionar el funcionamiento del mercado de tasación para finalidades financieras.

No obstante, se ha considerado aconsejable su sustitución por un nuevo texto. Los motivos para este cambio normativo son básicamente tres:

a) La aclaración terminológica de algunos aspectos relacionados con la valoración de bienes inmuebles para la finalidad hipotecaria y de fondos de pensiones. Algunos desarrollos recientes en el ámbito europeo tienden a diferenciar valor de mercado (el valor en un momento del tiempo) y valor hipotecario (el valor sostenible en el tiempo). Aunque formalmente la Orden de 1994 basaba el cálculo del valor de tasación en el valor de mercado, la obligación de utilizar una metodología estricta y rigurosa basada en el principio de prudencia conducía al cálculo de un valor de tasación equiparable al valor hipotecario. Para subsanar este problema más formal que material se ha introducido en la Orden el valor hipotecario como base para la obtención del valor de tasación de bienes inmuebles para las finalidades hipotecaria y de fondos de pensiones, haciendo explícitas algunas prácticas destinadas a respetar el principio de prudencia. En todo caso, debe subrayarse que estas modificaciones no suponen en modo alguno una ruptura en las normas de cálculo del valor de tasación, sino tan sólo un ajuste aclaratorio inscrito en la voluntad general de continuidad que inspira la Orden.

b) La adaptación del cálculo del valor de tasación y su formalización a la legislación aprobada recientemente. En efecto desde la entrada en vigor de la Orden de 1994 se han aprobado nuevas normas que afectan directa o indirectamente a la misma. Entre ellas destacan la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones; la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro; el Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre Firma Electrónica; el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y el Real Decreto 845/1999, de 21 de mayo, de modificación parcial del Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, Reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva en relación con las sociedades y fondos de inversión inmobiliarias y se disponen otras medidas financieras.

c) La introducción de las mejoras de tipo técnico y formal fruto de la experiencia en la aplicación práctica de la Orden de 1994, tanto por parte de los organismos supervisores como de las entidades y de las sociedades y servicios de tasación.

La Orden consta de 88 artículos, cinco disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. Los artículos se estructuran en cuatro títulos y éstos en capítulos y secciones.

El Título I contiene las disposiciones generales: el ámbito, principios y definiciones, las comprobaciones mínimas y documentación disponible; los condicionantes y advertencias, tanto generales como específicas, y en general todas aquellas cuestiones que el tasador ha de tener en cuenta tanto en el ámbito técnico como en el formal.

El Título II contiene las disposiciones técnicas encaminadas a la determinación del valor de tasación de los distintos objetos de valoración y para las distintas finalidades. Para ello se regulan los distintos métodos técnicos de valoración y la valoración de los distintos bienes y derechos. Todo su contenido está basado en el principio de prudencia y el principio de sostenibilidad para aquellos valores con efectos a lo largo del tiempo.

El Título III contiene las disposiciones formales encaminadas a la elaboración del informe y certificado en los que se formalizará el correspondiente valor de tasación. Para ello se establece una única estructura con una serie de apartados mínimos que el tasador tendrá que cumplimentar según cuál sea el objeto de la valoración. Todo su contenido está basado en el principio de transparencia en el sentido de que los documentos y datos manejados por el tasador para el cálculo de los valores han de estar a disposición del supervisor correspondiente.

El Titulo IV contiene una serie de disposiciones cuyo ámbito de aplicación se limita a la valoración para la cobertura de las provisiones técnicas de las entidades aseguradoras y para la determinación del patrimonio de las Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliarias.

La presente Orden se dicta en uso de las habilitaciones normativas señaladas en el artículo 37.4 del Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario; el artículo 74.5 del Reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre (según la redacción dada en el Real Decreto 686/1993, de 7 de mayo; el artículo 50.10 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre) y el artículo 37.1 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones (aprobado por el Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre9.

En su virtud, dispongo:

TÍTULO III. Elaboración de informes y certificados de tasación

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 61.Principios y reglas generales.

1. Las entidades de crédito que dispongan de servicios de tasación y las sociedades de tasación homologadas deberán elaborar los informes y certificados de tasación de acuerdo con las siguientes reglas generales:

a) Redactarlos con veracidad y transparencia.

b) Indicar explícitamente y de forma notoria si la tasación se ha realizado o no de acuerdo con las disposiciones contenidas en la presente Orden.

En todo caso, se citará dicha Orden con su denominación completa y se indicará la fecha del «Boletín Oficial del Estado» en que haya sido publicada.

2. Cuando el informe se elabore para las finalidades previstas en el artículo 2 (Ámbito de aplicación) de esta Orden, sus aspectos formales y estructurales se ajustarán a lo establecido en los artículos siguientes.

En todos los casos en los que la presente Orden prevea la adopción de una decisión u opción determinada junto a su justificación razonada, esta justificación se hará constar de forma expresa en el informe de tasación, y en el correspondiente certificado cuando así proceda por estar incluidas en el mismo las informaciones a que se haya aplicado la decisión u opciones citadas. Cuando la norma prevea una justificación destacada se hará uso de un tipo de letra diferente u otros procedimientos que llamen la atención del lector.

3. El informe y certificado de la actualización de una tasación se realizará con las mismas exigencias que las de cualquier otra tasación y deberá contener además la identificación de la tasación anterior a la que actualiza.

Artículo 62.Emisión y caducidad de las tasaciones.

1. La fecha de emisión de un informe o certificado de tasación no podrá ser posterior en más de dos meses a la fecha en que se haya efectuado la última inspección ocular del bien valorado.

2. No obstante, en el caso de los terrenos, o en otros excepcionales y expresamente justificados en el informe, tales como la valoración de patrimonios, dicho período podrá alargarse hasta los seis meses.

3. A efectos de esta Orden la fecha de emisión será considerada como la fecha de la tasación.

4. Los informes y certificados caducarán, necesariamente, a los seis meses contados desde la fecha en que haya sido emitido el informe.

CAPÍTULO II. Aspectos formales

SECCIÓN 1ª. Aspectos Formales Específicos del Certificado

Artículo 63.Requisitos del certificado.

1. El certificado de tasación se elaborará de acuerdo con la forma y contenido mínimo siguiente:

a) Se indicará la denominación social de la sociedad de tasación o de la entidad financiera que lo emita, y su número de inscripción en el Registro del Banco de España.

Se confeccionará en papel con el membrete de la sociedad de tasación o de la entidad financiera que lo emite, con mención del apartado de páginas que lo componen. Alternativamente también podrá confeccionarse y archivarse por medios electrónicos en soporte duradero siempre que esté asegurada la identificación de la entidad que la emite y la conservación de su integridad para ulterior consulta.

b) Indicará la finalidad legal de la tasación.

c) Incluirá una referencia precisa al informe de tasación que sintetiza.

d) Contendrá la localización y tipo de inmueble, su identificación registral, la referencia catastral siempre que se conozca, la superficie útil cuando se trate de edificios y sea comprobable, la superficie adoptada en el cálculo de los valores técnicos y su estado de ocupación y salvo a efectos de la finalidad del artículo 2.a) (Ámbito de aplicación), el titular registral en el momento de la tasación.

e) Incluirá una declaración expresa de que la tasación se ha realizado de acuerdo con los requisitos de esta Orden u otra normativa aplicable según la finalidad de la tasación.

f) Indicará el método o métodos de valoración utilizados, así como los valores estimados para cada método.

g) Indicará el valor de tasación del inmueble así como las limitaciones al dominio que se mencionaran específicamente y el valor a efectos de seguro de incendios y otros daños.

Cuando se refiera a varios inmuebles que constituyan fincas registrales o funcionales independientes deberá especificar el valor de tasación que se asigna a cada una de ellas.

h) Indicará, en su caso, los condicionantes y advertencias a que se refieren los artículos 10 (Condicionantes), 11 (Advertencias generales) y 12 (Advertencias específicas) de esta Orden.

i) Se indicará su fecha de emisión, la fecha de la última visita al inmueble y la fecha límite de validez.

j) Se firmará por un representante de la entidad que emita el certificado o de la entidad financiera a cuyos servicios pertenezca el tasador. La firma será autógrafa, mecanizada o electrónica en cuyo caso cumplirá la normativa vigente sobre firma electrónica, correspondiendo a la entidad tasadora establecer los procedimientos que aseguren la inalterabilidad de los documentos en que se estampa.

k) Contendrá cualquier otra información que sea requerida, por la normativa específica según la finalidad de la tasación.

SECCIÓN 2ª. Aspectos Formales Específicos del Informe

Artículo 64.Requisitos formales del informe.

El informe se elaborará con los siguientes requisitos formales:

a) Se indicará la denominación social de la sociedad de tasación o de la entidad financiera que lo emita, y su número de inscripción en el Registro del Banco de España.

Se confeccionará en papel con el membrete de la sociedad de tasación o de la entidad financiera que lo emite, con mención del apartado de páginas que lo componen. Alternativamente también podrá confeccionarse y archivarse por medios electrónicos en soporte duradero siempre que esté asegurada la identificación de la entidad que la emite y la conservación de su integridad para ulterior consulta.

b) Se elaborará conforme a la estructura y contenido previstos en los artículos 65 (Estructura general de los informes de tasación) y siguientes.

c) Se firmará por un representante de la entidad tasadora y por el profesional competente que haya realizado el informe, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo.

Necesariamente una de las dos firmas será autógrafa o electrónica, en cuyo caso cumplirán la normativa vigente sobre firma electrónica correspondiendo a la entidad tasadora establecer los procedimientos que aseguren la inalterabilidad de los documentos en que se estampa.

Cuando el profesional competente que haya realizado el informe no sea el mismo que haya realizado la visita e inspección ocular del inmueble objeto de valoración, el informe indicará además los datos profesionales y personales del profesional competente que la haya realizado, especificando tal circunstancia.

CAPÍTULO III. Aspectos estructurales

Artículo 65.Estructura general de los informes de tasación.

1. Los informes de tasación se elaborarán y presentarán de acuerdo con la estructura que se especifica en este artículo. Dicha estructura contendrá como mínimo los siguientes apartados:

a) Solicitante de la tasación y finalidad.

b) Identificación y localización.

c) Comprobaciones y documentación.

d) Localidad y entorno.

e) Descripción y superficie del terreno.

f) Descripción y superficie de la edificación.

g) Descripción urbanística.

h) Régimen de protección, tenencia y ocupación.

i) Análisis de mercado.

j) Datos y cálculo de los valores técnicos.

k) Valores de tasación.

l) Condicionantes y advertencias

m) Observaciones.

n) Fecha de emisión, caducidad y firmas.

o) Documentación anexa al informe.

2. Los apartados señalados en el apartado anterior se rellenarán teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, según el tipo de inmueble que sea objeto de valoración y en ellos se expresará como mínimo el contenido que se indica en los artículos siguientes.

Artículo 66.Solicitante y finalidad.

1. En este apartado del informe se indicará:

a) El cliente de la entidad tasadora.

b) La finalidad para la cual se haya hecho la tasación.

c) Si la tasación se ha realizado siguiendo las disposiciones contenidas en la presente Orden, citando la Orden con su denominación completa y la fecha del «Boletín Oficial del Estado» en que haya sido publicada.

2. Cuando la finalidad de la tasación sea la prevista en el artículo 2.a) (Ámbito de aplicación) de esta Orden, se indicará además la entidad que haya sido mandatario del cliente para su encargo.

Artículo 67.Identificación y localización.

En este apartado del informe se indicará:

a) Si se valora un solo edificio o elemento de edificio o a varios agrupados en un único complejo, o en el mismo edificio.

b) Si se trata de un inmueble terminado, en proyecto, construcción o en rehabilitación.

c) Los datos correspondientes a la localización del inmueble objeto de valoración, así como los de su identificación registral o en su caso y siempre que se conozcan, catastral.

d) Cuando el objeto de la valoración sea una finca rústica o un terreno no urbanizable se expresará, además de lo señalado en la letra anterior, el pago o paraje, término municipal, comarca y provincia en que se encuentre dicha finca, así como el nombre con que figura en el Registro de la Propiedad y, cuando sea diferente, aquel por el que se le conoce habitualmente.

Artículo 68.Comprobaciones y documentación.

En este apartado del informe se indicará la relación de las comprobaciones realizadas por la entidad tasadora para la confección del informe y la relación de los documentos utilizados.

Artículo 77.Fecha de emisión, caducidad y firmas.

En este apartado se incluirán:

a) Fecha de la última visita al inmueble.

b) La fecha de emisión del informe.

c) La fecha de caducidad del informe.

d) Nombre, firmas y titulación o cargo de quienes suscriben el informe y nombre y titulación de los restantes técnicos especializados que hayan intervenido directamente en la tasación.

Artículo 78.Documentación anexa al informe.

1. En este apartado se incluirá al menos la siguiente documentación gráfica:

a) Planos a escala o croquis de situación y emplazamiento del inmueble en el municipio.

b) Planos a escala o croquis acotados del inmueble.

c) Aquella otra que a juicio del tasador permita definir e identificar suficientemente las características del inmueble (secciones, fotografías, etcétera.).

2. También se incluirá al menos la siguiente documentación no gráfica:

a) Documento utilizado para la identificación registral, o catastral en su caso.

b) Copia de la licencia de obras en los edificios en construcción o rehabilitación.

c) En los edificios en proyecto, en construcción o rehabilitación, un resumen del presupuesto de ejecución material.

d) Copia de la cédula de calificación o documento que determine o permita determinar el valor máximo legal en los edificios en construcción sujetos a protección pública.

e) Copia del certificado de titularidad y cargas, cuando dicho documento sea de uso obligatorio para la tasación.

f) En inmuebles arrendados, copia del contrato de arrendamiento o en su defecto título de la ocupación y, excepto para la finalidad prevista en el artículo 2.a) (Ámbito de aplicación) de esta Orden, certificado del propietario de la situación de ocupación, rentas vigentes y su estado de pago, y de los gastos imputables al inmueble durante el último año.

g) Copia del Balance y Cuenta de Resultados de los últimos tres años en el caso de inmuebles ligados a una explotación económica.

3. El contenido de los puntos anteriores se podrá integrar total o parcialmente en los diferentes epígrafes del informe de tasación, si ello mejora su lectura.

4. En los casos de escrituras o documentos técnicos extensos, se podrá adjuntar la carátula identificativa de los mismos, o su información más representativa.

Disposición adicional segunda. Mecanismos de control interno

Para el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3.1.e) (Mecanismos de control interno) del Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre Régimen Jurídico de Homologación de los Servicios y Sociedades de Tasación, dichas sociedades y servicios deberán disponer de unos procedimientos que permitan asegurar:

1. El adecuado conocimiento del mercado inmobiliario sobre el que han de operar, para lo cual dispondrán, como mínimo, de:

a) Una base de datos de información de costes y precios (en venta y en alquiler) y de características de los inmuebles, suficiente en número, tipología y localización adecuadamente distribuida dentro del área geográfica en la que la entidad pretenda operar.

b) Datos actualizados de información estadística o de otra índole (subastas, precios de materiales, etc.) que sean utilizables para la tasación.

c) Procedimientos de actualización de los datos recogidos en las dos letras anteriores.

d) Las fuentes concretas de los datos anteriores.

e) La metodología utilizada en el tratamiento de los datos anteriores.

f) Los canales de transmisión de dichos datos a sus profesionales y el sistema de utilización de los mismos en las tasaciones.

2. El cumplimiento uniforme de las normas de valoración aplicables, para lo cual deberá disponer de un manual de procedimiento, debidamente actualizado, en el que, al menos, se recojan:

a) Los criterios concretos para la aplicación de dichas normas, detallando entre otros: los criterios de medición y atribuciones de uso de las superficies, los parámetros y sistemas utilizados en la homogeneización de comparables; la forma de validación de testigos; la interpretación de la documentación registral; los criterios para aplicar los condicionantes y advertencias en su caso; la forma de determinar la vida útil, y los tipos que la entidad utiliza para aplicar los métodos de actualización y residual; la forma de obtener el valor de los inmuebles neto de gastos e impuestos; la previsión de la tendencia futura del mercado; la justificación de las plusvalías y minusvalías a aplicar al valor de reversión del suelo y los criterios para identificar los elementos especulativos en las transacciones.

b) El sistema de control de calidad de las tasaciones y el modo de intervención en el mismo de los profesionales vinculados, así como los criterios establecidos por la entidad para la intervención de profesionales especializados en la tasación de inmuebles dedicados a usos particulares.

c) El sistema de formación y actualización de conocimientos de sus profesionales, especificando si los vinculados realizan o no valoraciones.

3. El cumplimiento uniforme del régimen de las obligaciones e incompatibilidades previsto en el Real Decreto 775/1997 a cuyos efectos la información mínima disponible comprenderá la relación de personas físicas y jurídicas, para las que la sociedad o servicio de tasación no pueda realizar valoraciones por no poder mantener razonablemente una posición de independencia en menos cabo de la objetividad de la tasación, así como los criterios utilizados para la confección de dicha relación.

También comprenderá la información solicitada por la entidad a sus profesionales para velar por el cumplimiento de las incompatibilidades de éstos y la frecuencia con la que se recabe.

Disposición final tercera. Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor a los seis meses de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, desde su publicación y hasta su entrada en vigor, las tasaciones podrán también realizarse conforme a la presente Orden.

Madrid, 27 de marzo de 2003

DE RATO Y FIGAREDO

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de España.

Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros y Fondos de Pensiones.

Ilma. Sra. Directora general del Tesoro y Política Financiera.

TÍTULO VIII.- MEDIOS PROBATORIOS

CAPÍTULO V.- DOCUMENTOS 

Artículo 234.- Clases de documentos.-

Son documentos los escritos públicos o privados, los impresos, fotocopias, facsímil o fax, planos, cuadros, dibujos, fotografías, radiografías, cintas cinematográficas, microformas tanto en la modalidad de microfilm como en la modalidad de soportes informáticos, y otras reproducciones de audio o video, la telemática en general y demás objetos que recojan, contengan o representen algún hecho, o una actividad humana o su resultado.(*)

(*) Artículo vigente conforme a la sustitución establecida por el Artículo 5 de la Ley nº 26612, publicada el 21-05-96.

Artículo 252.- Reconocimiento de documentos no escritos.-

Los documentos no escritos a que se refiere el Artículo 234, serán reconocidos por sus autores o responsables.

La parte que ofrece el medio probatorio tiene la obligación de poner a disposición del órgano jurisdiccional los medios necesarios para su actuación.

El Juez dejará constancia de los hechos que observe y de los que indiquen los intervinientes.

DG XV D/5047/98 final. Grupo de Trabajo sobre la Protección de Datos de carácter personal en lo que respecta al tratamiento de datos personales. Segundo Informe anual. Aprobado por el Grupo de trabajo el 30 de noviembre de 1998

COMISIÓN EUROPEA

DIRECCIÓN GENERAL XV

MERCADO INTERIOR Y SERVICIOS FINANCIEROS

Libre circulación de la información, derecho de sociedades e información financiera

Libre circulación de la información, protección de datos y sus aspectos internacionales

DG XVD/5047/98 final

WP 14 Grupo de Trabajo de protección de las personas con respecto al tratamiento de datos de carácter personal

SEGUNDO INFORME ANUAL

Aprobado por el Grupo de Trabajo el 30 de noviembre de 1998

EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN LO QUE RESPECTA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

instituido por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995(1),

visto el artículo 29 y el artículo 30(6) de dicha Directiva,

visto su Reglamento de Régimen Interior y, en particular, sus artículos 12, 13 y 15,

ha aprobado este informe anual.

1. INTRODUCCIÓN

El 24 de octubre de 1995, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (designada en lo sucesivo «la Directiva»)(2)

El artículo 29 de la Directiva ha creado el grupo de trabajo sobre protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. Este grupo tiene la obligación de facilitar a la Comisión, al Parlamento Europeo y al Consejo un informe anual sobre el estado de la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos de carácter personal en la Comunidad y en terceros países. Este informe ha de ser publicado(3).

El primer informe fue aprobado el 25 de junio de 1997 y cubría las principales novedades de 1996 en el campo de la protección de datos. Este segundo informe abarca el año 1997, y retoma en lo esencial la estructura del primer informe, para facilitar la lectura de las novedades que han tenido lugar: la segunda parte trata de las ocurridas en la Unión Europea, tanto en los Estados miembros como a nivel de la Comunidad. La tercera parte estudia la actuación del Consejo de Europa. La cuarta parte trata de las principales novedades en terceros países y la quinta parte presenta otras novedades a nivel internacional.

A nivel de la Comunidad, el año 1997 estuvo marcado por varias novedades importantes:

la firma del Tratado de Amsterdam, con inclusión de una disposición específica sobre la protección de datos personales (véase punto 2.1.3);

la adopción de la Directiva 97/66 sobre la protección de datos personales en el sector de las telecomunicaciones (véase punto 2.3.1);

la adopción de los primeros documentos del Grupo creado por la Directiva 95/46/CE, que ha alcanzado rápidamente su velocidad de crucero y cuyas actividades despiertan cada vez más interés en los medios afines (véase punto 2.1.1).

(1) DO L 281 del 23.11.1995, p. 31.

(2) DO L 281 del 23.11.1995, p. 31.

(3) Artículo 30, párrafo 6, de la directiva.

Además, el proceso de transposición de la Directiva 95/46/CE ha entrado en su fase crucial, y dos nuevos países (Suiza y Hungría) se han adherido al Convenio 108 del Consejo de Europa.

2. NOVEDADES EN LA UNIÓN EUROPEA

2.1. La Directiva

El proceso de aplicación de la Directiva fue iniciado en 1996 en todos los Estados miembros y a nivel europeo. El punto 2.1.1 recuerda las competencias del grupo y sus actividades en 1997, el punto 2.1.2 describe los procedimientos de transposición de la Directiva a nivel nacional y el punto 2.1.3 subraya las medidas tomadas por las instituciones europeas para conformarse a las reglas de la Directiva.

2.1.1. Grupo de Trabajo sobre protección de datos

El Grupo de Trabajo se compone de representantes de las autoridades nacionales independientes encargadas de la protección de datos(4) y un representante de la Comisión e incluirá un representante de la autoridad responsable de las cuestiones relacionadas con la protección de datos dentro de las instituciones europeas, a partir de la fecha de la institución de esta autoridad (véase punto 2.1.3).

Al compartir la experiencia de las autoridades nacionales, el Grupo de Trabajo impulsa la aprobación de una estrategia coherente para la aplicación de los principios generales enunciados en la Directiva y aconseja a la Comisión sobre las cuestiones relacionadas con la protección de datos. Su función consiste especialmente en formular dictámenes sobre el nivel de protección en la Unión y en los terceros países, y en emitir recomendaciones sobre toda cuestión referente a la protección de las personas con respecto al tratamiento de datos de carácter personal.

El Grupo de Trabajo se reunió por primera vez el 17 de enero de 1996. Este temprano comienzo del trabajo fue a instancia de las autoridades nacionales responsables de la protección de datos. El Grupo de Trabajo está presidido por el Sr. Peter J. HUSTINX, presidente de la autoridad holandesa responsable de la protección de datos (Registratiekamer). Desde la entrada en vigor de las legislaciones griega e italiana sobre la protección de datos personales, el Grupo de Trabajo reúne desde ahora a las autoridades de control de todos los Estados miembros.

En 1997, el Grupo de Trabajo se reunió cuatro veces y estudió un número creciente de cuestiones. En particular, las discusiones entabladas en 1997 permitieron la aprobación de los siguientes documentos:

(1) la Recomendación 1/97 sobre la protección de datos y los medios de comunicación, que trata del equilibrio entre la protección de la vida privada y otros principios de naturaleza constitucional, tales como la libertad de prensa, subrayando que estos principios (lejos de ser antinómicos) se refuerzan mutuamente (documento WP1 – 5012/97);

(2) el dictamen 1/97 sobre la iniciativa canadiense referente a la normalización en materia de protección de la vida privada (WP 2 – 50023/97);

(3) el primer informe anual (WP 3 – 5025/97);

(4) las primeras líneas directrices del Grupo de Trabajo sobre el traspaso de datos hacia los terceros países (WP 4 – 5020/97);

(5) la Recomendación 2/97 referente al informe y a las directrices del grupo de trabajo internacional sobre la protección de datos en las telecomunicaciones (WP 5 – 5060/97);

(6) la Recomendación 3/97 sobre el anonimato en Internet (WP 6 – 5022/97);

(7) el documento de trabajo sobre la evaluación de los códigos de autorregulación relativos al traspaso de datos hacia los terceros países (WP 7- 5057/97);

(8) el documento de trabajo sobre las notificaciones (WP 8 – 5027/97).

Conviene subrayar que todos los documentos aprobados por el grupo están disponibles en el sitio «Europa» de la Comisión Europea, y pueden ser consultados en la dirección siguiente:

http://europa.eu.int/comm/dg15/index.htm

(4) Los miembros del grupo se enumeran en el anexo 1.

2.1.2. Transposición al derecho nacional de los Estados miembros

Esta parte resume los progresos realizados en la transposición de la Directiva al derecho nacional durante el año 1997 y tiene en cuenta las novedades hasta el 30 de junio de 1998.

En Bélgica, el proyecto de ley para transponer la Directiva, revisado tras el dictamen del Consejo de Estado, fue presentado al Parlamento en abril de 1998.

En Dinamarca, el proyecto de ley fue presentado el 30 de abril de 1998, y el Parlamento terminó su primera lectura en junio.

En España, el anteproyecto de ley de enmienda de la legislación sobre la protección de datos (Ley Orgánica 5/1992) fue presentado al Consejo de Estado para dictamen y debería ser discutido por el Parlamento en el transcurso del verano de 1998. Sin embargo, la mayor parte de las disposiciones ya han sido transpuestas por la «Ley Orgánica» 5/1992 del 29 de octubre de 1992 sobre el tratamiento automático de datos personales.

En Alemania, el legislador federal es el primer responsable de la transposición de la Directiva. Esta responsabilidad – que se fundamenta en los poderes legislativos que le otorga el artículo 74 de la Constitución – abarca no sólo el ámbito público de la Federación sino también el ámbito no público donde deberían producirse la mayoría de los cambios. Sin embargo – principalmente en el sector público – las leyes de los Länder sobre la protección de datos deben también conformarse a las disposiciones de la Directiva. Además de las leyes generales sobre la protección de datos, un gran número de reglamentos tanto federales como regionales que afectan aspectos específicos de la legislación sobre la protección de datos deben ser estudiados. El comisario federal y los comisarios de los Länder encargados de la protección de datos y las autoridades de supervisión responsables del sector no público trataron la cuestión de la próxima enmienda a la ley alemana sobre la protección de datos en el marco de las responsabilidades que les incumben respectivamente. El ministro de Interior, que es responsable del procedimiento legislativo, presentó un proyecto de ley el 1 de diciembre de 1997, sobre el cual el comisario federal de la protección de datos hizo observaciones el 30 de enero de 1998. Un nuevo proyecto de Ley del 8 de abril de 1998 no fue estudiado más detenidamente a causa de las elecciones nacionales del 27 de septiembre de 1998. Debido al principio constitucional de la no continuidad de la legislación, un nuevo anteproyecto de ley deberá presentarse en el Parlamento en el transcurso de la nueva legislatura.

La ley griega sobre la protección de datos (Ley 2472/97 sobre la protección de las personas con respecto al tratamiento de datos de carácter personal) fue ratificada por el Parlamento griego el 26.03.1997 y se publicó el 10.04.1997. De acuerdo con las disposiciones de la ley, el presidente de la autoridad (quien debe ser juez del Tribunal Supremo) fue nombrado por el gobierno, y los seis miembros por el Parlamento. Estos nombramientos tuvieron lugar en 1997, y la autoridad es ahora operativa.

En Francia, se remitió un informe al primer ministro en marzo de 1998 y le seguirá un nuevo informe sobre las redes telemáticas. La autoridad francesa responsable de la protección de datos, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) será consultada respecto al anteproyecto de ley que, sin embargo, no estaba disponible en el momento de redactar este informe.

En Irlanda, el ministro de Justicia es el responsable de la legislación sobre la protección de datos. Las medidas legislativas necesarias para aplicar la Directiva, que incluirán enmiendas a la Ley de 1988 sobre la protección de datos, se encuentran en proceso de elaboración.

En Italia, la ley sobre la protección de datos personales fue aprobada el 1 de diciembre de 1996(5); entró en vigor el 8 de mayo de 1997(6). El Parlamento autorizó al gobierno(7) para que legisle por vía reglamentaria para enmendar y completar la ley de transposición de la Directiva.

En Luxemburgo, la transposición de la Directiva al derecho nacional incumbe al ministerio de Justicia. Se redactó un proyecto de ley en 1997, pero se retiró posteriormente. El Parlamento estudiará un nuevo proyecto en septiembre de 1998.

El gobierno de los Países Bajos había anunciado su intención de sustituir la ley actual sobre la protección de datos, en vigor desde el 1 de julio de 1989, por una ley totalmente nueva sobre el mismo asunto, de acuerdo con las disposiciones de la Directiva. El 16 de febrero de 1998 se presentó un proyecto de ley al Parlamento con este fin. La subcomisión parlamentaria correspondiente emitió su dictamen en junio de 1998 y el debate en el pleno debería tener lugar antes de finalizar este año.

(5) Legge 675/96, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nº 5, suplemento 3, 8.01.1997.

(6) Excepto con respecto a ciertos aspectos relativos al Acuerdo de Schengen que entró en vigor el 8 de enero de 1997.

(7) Legge 676/96, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n§ 5, suplemento 3, 8.01.1997.

La cancillería federal de Austria (Österreichisches Bundeskanzleramt) preparó un proyecto de transposición de la Directiva al derecho nacional, que fue estudiado por el Consejo encargado de la protección de datos; una versión revisada debería presentarse en el Parlamento en otoño de 1998.

En Portugal, la Constitución fue revisada por Ley constitucional Nº 1/97 del 20 de septiembre de 1997 con el fin de poder transponer la Directiva. En efecto, la Constitución portuguesa incluye disposiciones sobre la protección de datos que, en algunos casos, son más restrictivas que las de la Directiva(8). La autoridad portuguesa para la protección de datos desempeñó un papel importante en el grupo de trabajo creado por el ministro de Justicia para redactar el anteproyecto de ley transponiendo la Directiva. Este anteproyecto fue difundido para su consulta y se publicó en el sitio Internet del ministerio de Justicia. El anteproyecto de ley fue presentado al Parlamento el 2 de abril de 1998; debería aprobarse el 24 de octubre de 1998.

En Finlandia, una comisión ad hoc encargada de la transposición de la Directiva (Henkilötietotoimikunta) concluyó sus trabajos en 1997. El proyecto de ley fue presentado en el Parlamento en julio de 1998.

En Suecia, la nueva legislación sobre la protección de datos fue aprobada por el Parlamento el 16 de abril de 1998. Algunas medidas complementarias se aprobarán por vía reglamentaria en septiembre de 1998. En el Reino Unido, el proyecto de ley sobre la protección de datos fue presentado en el Parlamento el 14 de enero de 1998, y fue aprobado en julio de 1998 («Royal Assent»: 16 de julio de 1998). Los actos de derecho derivado son objeto de consulta pública hasta el 30 de septiembre. No se espera que la ley entre en vigor antes del principio del año 1999.

2.1.3. Respeto de la Directiva por las instituciones europeas

Las instituciones europeas y la Comisión en particular tratan con frecuencia datos personales en el marco de sus actividades. La Comisión intercambia datos personales con los Estados miembros en el marco de la Política agrícola común, para la gestión de los trámites aduaneros, los fondos estructurales, etc. Para que la protección en Europa no sufriera fisuras, la Comisión, cuando propuso la Directiva en 1990, declaró que respetaría también sus principios.

En el momento de su aprobación, la Comisión y el Consejo se comprometieron, en una declaración pública, a respetar la Directiva e invitaron a las demás instituciones y órganos comunitarios a seguir el ejemplo(9).

(8) Véase el primer Informe anual, página 7, nota 8.

(9) Esta declaración fue publicada en un comunicado de prensa del Consejo el 24 de julio de 1995 (9012/95 (Prensa 226)).

Durante la conferencia intergubernamental para la revisión de los Tratados, la cuestión de la aplicación de las reglas sobre la protección de datos a las instituciones europeas fue planteada por los gobiernos holandés y griego. Al terminar las negociaciones, el Tratado firmado en Amsterdam introdujo una disposición específica con este propósito. En la numeración definitiva del tratado, se trata del artículo 286, cuya formulación es como sigue:

(1) A partir del 1 de enero de 1999, los actos comunitarios relativos a la protección de las personas respecto del tratamiento de datos personales y a la libre circulación de dichos datos serán de aplicación a las instituciones y organismos establecidos por el presente Tratado o sobre la base del mismo.

(2) Con anterioridad a la fecha indicada en el párrafo 1, el Consejo establecerá, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251, un organismo de vigilancia independiente, responsable de controlar la aplicación de dichos actos comunitarios a las instituciones y organismos de la Comunidad y adoptará, en su caso, cualesquiera otras disposiciones pertinentes.

El artículo 286 estipula por lo tanto que a partir del 1 de enero de 1999, las instituciones y los órganos de la Comunidad deberán aplicar las reglas comunitarias de protección de datos personales fijadas por la Directiva 95/46/CE. Estipula también que antes de esta fecha, a propuesta de la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo deben crear una autoridad de control independiente encargada de asegurar la correcta aplicación de las reglas arriba mencionadas por las instituciones comunitarias y que tomen todas las medidas necesarias para este fin.

Antes de la ratificación del Tratado, los servicios de la Comisión han preparado un anteproyecto de reglamento y se solicitó al Grupo de Trabajo su dictamen el 16 de marzo de 1998.

2.2. Novedades en el campo de la protección de datos. Actividades de las autoridades encargadas de la protección de datos

Esta parte subraya las principales novedades en el campo de la protección de datos, y trata en particular de los trabajos de las autoridades nacionales encargadas de la protección de datos. Puede obtenerse información adicional de estas autoridades, que publican informes anuales detallados.

Austria

La cancillería federal austríaca (Österreichisches Bundeskanzleramt) ha preparado un proyecto sobre la protección de datos para transponer la Directiva al derecho austríaco y para estudiar varias cuestiones, tales como la responsabilidad de las bases de datos creadas por varios controladores del tratamiento de datos.

En 1997, la comisión austríaca encargada de la protección de datos resolvió más de 30 quejas presentadas por ciudadanos, 90 peticiones de autorización para el traspaso de datos a terceros países y trató unas 80 peticiones de registro de tratamiento.

Como en estos últimos años, el personal de los servicios de la comisión encargada de la protección de datos ha dedicado gran parte de su actividad a ofrecer a los ciudadanos, por escrito o por teléfono, asesoramiento legal sobre cuestiones jurídicas. Con la liberalización de las telecomunicaciones en Austria, los servicios de la comisión austríaca han podido observar un fuerte incremento de las peticiones de información sobre cuestiones relacionadas con el respeto a la intimidad en lo que se refiere a los sistemas de facturación telefónica, y muchas otras peticiones sobre cuestiones tales como la protección de datos y el marketing directo, la seguridad social y el empleo.

Las quejas presentadas ante la comisión se refieren, por ejemplo, al derecho de un empleado extranjero a oponerse a que su empleador obtenga más informaciones sobre su situación jurídica en Austria que las que figuran sobre su autorización oficial de residencia. Por otra parte, la comisión decidió que un operador (público) de telecomunicaciones no tenía el derecho a imprimir un número de teléfono secreto en las facturas mensuales enviadas a una entidad bancaria, aun cuando la persona haya indicado ella misma con anterioridad este número a la entidad bancaria.

Conviene mencionar que la comisión ha observado una tendencia hacia un incremento de los traspasos transfronterizos de datos para consultas médicas así como la gestión del personal y el mantenimiento de los sistemas informáticos por empresas multinacionales. El telemantenimiento transfronterizo, en particular, pasará a ser, a muy corto plazo, un importante tema de reflexión.

Bélgica

En 1997, la Comisión belga presentó unos cuarenta dictámenes, principalmente a instancia de las autoridades públicas, pero también por iniciativa propia. Estos dictámenes se refieren a la aplicación de los principios fundamentales de la protección de la vida privada con respecto al tratamiento de datos de carácter personal. En 1997, casi el 45% de estos dictámenes se referían al Registro nacional de las personas físicas.

La Comisión belga tiene competencia para estudiar las quejas que le presentan. La mayoría de las cartas de quejas de las personas son en realidad peticiones de información. En 1997, la Comisión hizo frente, de hecho, a unas cincuenta quejas.

Por lo que se refiere al crédito al consumo, el número de quejas sigue siendo el mismo con cerca de 500.

Por lo que se refiere a la petición de acceso indirecto a los ficheros de los servicios de información y policía, la Comisión tuvo que hacer frente a 34 peticiones.

La Comisión belga desempeña un papel de información al público. En 1997, la Comisión recibió cerca de 700 peticiones de informaciones escritas y contestó a numerosas preguntas por teléfono.

En 1997, se declararon más de 7 000 tratamientos de datos ante la Comisión, de los cuales el 30% se referían al sector de asistencia sanitaria. El número de peticiones de información sobre el registro público llevado por la Comisión, y que incluye estas declaraciones, aumentó significativamente.

La Comisión belga ha participado también en varias reuniones científicas y de información a nivel nacional e internacional y ha organizado la 19¦ conferencia internacional de los comisarios de la protección de datos, que se celebró en Bruselas del 17 al 19 de septiembre.

Dinamarca

En 1997, el comisario danés encargado de la protección de datos trató más de 2 000 nuevos casos tanto en el sector público como el sector privado. Durante el mismo período, el comisario realizó más de 70 inspecciones en los locales de las autoridades públicas y empresas privadas.

El Comisario dictaminó sobre un proyecto del Ministerio de Investigación sobre firmas digitales. Este dictamen es globalmente favorable, en la medida en que una legislación en este campo podría contribuir al desarrollo de las comunicaciones digitales y aumentar la seguridad de las comunicaciones.

El Comisario opina que es necesario codificar los datos sensibles sobre un enfermo que las autoridades públicas del sector sanitario deben transmitirse unas a otras a través de Internet, y que con ello se aseguraría un alto nivel de protección. El Comisario declaró además que, en su opinión, los datos sensibles de carácter personal no deben almacenarse en las memorias de los ordenadores que pueden conectarse a Internet, sin existir las salvaguardias necesarias contra cualquier acceso no autorizado.

En otro caso, el Comisario expresó su preocupación en relación con la creación por parte de un hospital de una base de datos a la cual los médicos podían tener acceso a través de Internet para facilitar o buscar información de carácter personal. Según el dictamen del Comisario, este acceso debería realizarse a través de redes cerradas. Sobre la cuestión de la codificación de la información en Internet, el Comisario dictaminó sobre el proyecto de comunicación de la Comisión Europea relativo a las firmas digitales y la codificación. En particular, el Comisario subrayó la importancia capital de garantizar el derecho al respeto de la vida privada y la confidencialidad de las comunicaciones, y consideró que las restricciones en cuanto a la criptografía violan estos principios.

El Comisario ha estudiado también la cuestión de los famosos «cookies» en Internet.

De acuerdo con su dictamen, el uso de los «cookies» puede constituir una amenaza para el respeto de la vida privada, pero no es necesariamente el caso. Lo que importa es que los internautas sean conscientes de la existencia de esta técnica para así poder tomar las contramedidas apropiadas.

Además, una enmienda menor de la legislación en los ficheros gestionados por las autoridades públicas entró en vigor el 1 de enero de 1997, ampliando el derecho de las autoridades públicas a comunicar datos sobre sus deudores a los organismos privados de evaluación financiera.

Finlandia

Marco legislativo y reglamentario

En Finlandia, la comisión sobre la protección de datos personales, que el Ministerio de Justicia nombró para llevar a cabo la reforma de la ley sobre los ficheros de datos personales, presentó su informe el 16 de mayo de 1997. Este informe dio lugar a la presentación de observaciones; después de ello, el Ministerio de Justicia se encargó de preparar la nueva ley sobre los datos personales. El objetivo es transponer, antes del 24 de octubre de 1998, las disposiciones de la Directiva 95/46/CE. Otra reforma importante está en preparación en el Ministerio de Justicia: el nuevo proyecto de ley sobre la transparencia de la administración contiene, entre otras cosas, disposiciones sobre los tratamientos de datos personales procesados por las autoridades públicas y sobre la definición de los buenos usos en gestión de la información.

A finales de 1997, el Parlamento aprobó el Convenio Europol y las correspondientes enmiendas a la legislación. El Defensor del Pueblo encargado de la protección de datos fue designado como la autoridad de control nacional. Las disposiciones de la Directiva 97/66/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones deben ser transpuestas por la nueva ley sobre la protección de la vida privada y la seguridad de datos en las telecomunicaciones, en preparación en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Otros sectores han visto el lanzamiento de proyectos legislativos relativos, entre otras cosas, a las exigencias de la Directiva 95/46/CE.

El Ministerio de Justicia creó en 1997 un grupo de trabajo que se ha dedicado a determinar las necesidades normativas en lo que se refiere a las firmas digitales y los organismos de certificación. El Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales constituyó en 1997 un grupo de trabajo que está actualmente investigando la utilización de las tecnologías en el sector de la asistencia sanitaria y sobre la necesidad de tener en cuenta los problemas que se plantean desde el punto de vista de la protección de datos. En el marco de estos trabajos, se realizará un estudio sobre la necesidad de una tarjeta de sanidad personal así como sobre las posibilidades que podría ofrecer. Finalmente, un grupo de trabajo creado por el Ministerio de Trabajo en 1997 ha analizado las cuestiones del respeto de la vida privada de las personas en las pruebas de selección y las entrevistas para la contratación.

Jurisprudencia

En Finlandia, los fiscales deben escuchar al Defensor del Pueblo encargado de la protección de datos antes de presentar sus conclusiones en un asunto de infracción de un fichero de datos o violación de un fichero. Igualmente, el tribunal debe dar al Defensor del Pueblo la oportunidad de ser escuchado. El número de solicitudes no ha dejado de aumentar, así como el número de recursos ante los tribunales (en 1997 hubo 12 solicitudes). En la mayoría de los casos, la cuestión era el uso ilícito de datos personales almacenados en un sistema informático: un empleado en el servicio del responsable de los ficheros utilizaba, de una u otra manera, estos datos en beneficio propio.

Actividades de las autoridades encargadas de la protección de datos

Teniendo en cuenta los recursos disponibles, los servicios del Defensor del Pueblo finlandés encargado de la protección de datos han realizado un esfuerzo especial para mejorar la información. El canal principal utilizado es un boletín de información sobre la protección de datos. En 1997, los servicios del Defensor del Pueblo han abierto su propia página web. Una serie de informaciones han sido publicadas sobre los derechos de los ciudadanos y la manera de ejercer estos derechos. En la práctica, las actividades de los servicios del Defensor del Pueblo se concentran sobre todo en la asistencia sanitaria y el empleo. Se han asignado cada vez más recursos a los problemas de la protección de datos que se originan por el uso creciente de la informática y la creación de redes (incluido Internet).

Traspasos de datos a terceros países

En Finlandia, la autorización de la comisión encargada de la protección de datos es necesaria para transferir, a un tercer país, datos personales, cuando la operación prevista se refiere a una transferencia masiva o la transferencia de una muestra de datos sensibles hacia un país cuya legislación en materia de protección de datos no asegura un nivel de protección adecuado desde el punto de vista del derecho finlandés. Las demás transferencias masivas de datos personales deben notificarse al Defensor del Pueblo encargado de la protección de datos.

Las notificaciones de transferencias de datos a terceros países se refieren esencialmente a dos tipos de transferencias:

Por una parte, se han transferido nombres y direcciones a los Estados Unidos al efecto de imprimir soportes publicitarios para correo directo. La empresa americana ha asegurado que garantizaría la seguridad de datos y procuraría que no se utilizarían para otros fines. Al final de la operación, se volvieron a transferir los datos a Finlandia.

Por otra parte, las filiales finlandesas de empresas extranjeras han notificado transferencias de datos personales al sistema de gestión centralizada del personal del grupo o empresa. Los datos deben utilizarse exclusivamente para la gestión del personal y la gestión de las carreras profesionales. Quedan a la disposición de las empresas del grupo implantadas en varios países. El Defensor del Pueblo encargado de la protección de datos ha dado instrucciones para que se informe al personal de este traspaso y se tomen las medidas apropiadas para asegurar la seguridad de datos.

Francia

En 1997, se remitieron 4 452 casos a la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), con inclusión de 821 peticiones de información y 2 348 quejas.

Esta comisión recibió también 2 724 peticiones de dictamen sobre el tratamiento de datos personales en el sector público, de un total de 67 136 casos sobre el tratamiento en los sectores público y privado. Los principales campos en 1997 se mencionan a continuación.

La reforma de la seguridad social y el objetivo de un mejor control de los gastos sanitarios han llevado a Francia a proveerse de la mayor red intranet sobre la cual circulan datos particularmente sensibles sobre la salud. Cada asegurado social y cada profesional sanitario estarán provistos, en el año 2000, de una tarjeta electrónica que permitirá la transferencia de datos necesarios para el reembolso de la asistencia sanitaria por los organismos de la seguridad social y ningún otro documento en papel deberá ser utilizado después de esa fecha. La informatización de los profesionales sanitarios, la aplicación de la red, la distribución de tarjetas electrónicas a los asegurados sociales y profesionales sanitarios, la constitución de ficheros nacionales de los profesionales y asegurados (no sólo los padres sino también sus hijos, desde el nacimiento) y la nueva utilización de una codificación de todas las patologías posibles ha movilizado a la autoridad nacional de protección de datos que ha trabajado en estrecha colaboración con las organizaciones representantes de los profesionales sanitarios y los enfermos. La CNIL ha manifestado sus reservas sobre los asuntos para los cuales el gobierno francés se dirigió a ella, reservas que fueron, en gran parte, tomadas en cuenta. Sin embargo, la CNIL deseó aprobar en febrero de 1997 una recomendación de alcance general sobre las redes de sanidad, la cual tuvo una buena acogida (DO de 12 de abril de 1997).

La aparición de las megabases de datos sobre comportamientos alimentadas mediante cuestionarios que comprenden cerca de doscientas preguntas y distribuidos por varias empresas privadas, provocan numerosas quejas ante la CNIL.

En este contexto, la comisión aprobó una recomendación que tiene la finalidad de precisar las condiciones en las cuales las personas deberían estar informadas de manera clara y sincera del propósito comercial de datos recogidos y de sus derechos.

En efecto, los operadores utilizaban expresiones ambiguas que podían dar motivo para pensar que se trataba de encuestas exclusivamente estadísticas y realizadas por cuenta del Estado. La CNIL formuló además una advertencia a uno de estos operadores que había suprimido de los cuestionarios distribuidos la casilla en donde las personas marcan que no desean que sus datos sean cedidos a terceros. En un fallo del 30 de julio de 1997, el Conseil d'Etat, la más alta jurisdicción administrativa en Francia, confirmó la lógica de esta advertencia. Se trata de la primera decisión jurisdiccional con relación a una advertencia por parte de la CNIL a un responsable de ficheros de datos.

En el sector bancario, el importante número de quejas para las cuales acuden a ella, ha llevado a la comisión a realizar misiones de control en las más grandes entidades bancarias con la intención de gestionar mejor la información bancaria utilizada para establecer perfiles. Estos controles deben complementarse con visitas in situ a organismos de crédito para verificar las condiciones de utilización de la evaluación del riesgo crediticio. Resulta que a igual situación financiera, el criterio de la nacionalidad podía permitir a estos organismos distinguir por una parte entre franceses y súbditos de otro país de la Unión Europea y por otra, entre franceses y súbditos de un tercer país.

Para facilitar la aplicación de la ley a las actividades en Internet, la comisión ha diseñado un modelo tipo que reglamenta los tratamientos utilizados en varios sitios Internet de los diferentes ministerios. Este modelo, junto con la guía que ha distribuido para todos aquellos responsables de sitios web, retoma sus recomendaciones elaboradas en colaboración con las personas interesadas, relativas a las utilizaciones principales de Internet, mensajería electrónica, foros de discusión, bajada de datos en línea así como la difusión de información personal. En este último caso, la comisión subrayó en particular, por una parte, el derecho de las personas involucradas de oponerse con antelación o posteriormente a la difusión de datos que les conciernen, por otra parte ha recordado a los usuarios de los sitios la prohibición de utilizar los datos personales así distribuidos para otros fines, especialmente comerciales. Así, se reconoce hoy en día en Francia:

– el derecho de las personas de oponerse a que los sitios públicos de las administraciones divulguen sus organigramas o guías telefónicas (decisión de 16 de mayo de 1997, JO de 18 de mayo de 1997),

– el derecho de los abonados inscritos en las guías telefónicas de oponerse a aparecer en servicios de guías telefónicas inversas y en las guías con acceso por Internet (recomendación de la CNIL de 8 de julio de 1998, JO de 2 de agosto de 1997 y decisión de France Telecom de 23 de enero de 1998 publicada en el JO de febrero de 1998).

Por último, la CNIL celebró en los primeros días del año 1998 el vigésimo aniversario de la Ley «Tecnología de la información y libertad» del 6 de enero de 1978. En esta ocasión, concedió premios «Tecnología de la información y libertad» a seis personas u organismos que destacaron particularmente por su preocupación por la protección de datos, y abrió su sitio Internet (http:/www/cnil/fr) que incluye una función particular que permite a todos los internautas ser conscientes de la «posibilidad de rastreo» de su navegación por Internet.

Alemania

Habida cuenta del fallo pronunciado en 1983 por el Tribunal Constitucional federal respecto a la ley sobre el censo y su repercusión en la legislación en materia de protección de datos, fue necesario, entre otras cosas, determinar una base jurídica para las numerosas comunicaciones oficiales procedentes de los tribunales y los fiscales, en particular en el marco de procedimientos penales, y destinadas a otros organismos públicos como los empleadores del sector público. Dada la importancia del legajo, la ley sobre las comunicaciones judiciales (Justizmitteilungsgesetz) no fue promulgada, después de un procedimiento de preparación interminable, hasta el 26 de junio de 1997. Esta ley define un marco general que rige las situaciones en las que las transferencias de datos de este tipo quedan autorizadas siempre que el organismo que transmite estos datos considere dicha transferencia necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del destinatario y no estime que la persona interesada justifique un interés superior, que conviene proteger, para oponerse a una transferencia de este tipo. La provisión de información detallada sobre estas comunicaciones a las personas interesadas, que eran el objetivo buscado por las autoridades encargadas de la protección de datos, queda desgraciadamente muy limitada, y ello con el propósito de aliviar las obligaciones administrativas. Una vez complementada por los reglamentos administrativos que determinan aquellas comunicaciones judiciales que serán lícitas de forma general, la ley sobre las comunicaciones judiciales entró en vigor el 1 de julio de 1998.

En 1997, el análisis del genoma humano en los procedimientos penales cobró cada vez más importancia. El comisario federal encargado de la protección de datos presionó para exigir una autorización por ley para el almacenamiento y el tratamiento centralizados de los resultados de los análisis de ADN en la Oficina federal de la policía judicial.

Desde el punto de vista de Alemania, la ley que ratifica el Convenio Europol no es sólo una etapa importante para la participación de este país en Europol. Contiene también reglas importantes, entre otras, sobre las competencias y la independencia del representante alemán en la Comisión de quejas de la autoridad de control común de Europol.

Con la liberalización del mercado de las telecomunicaciones, un gran número de nuevos proveedores operan actualmente en Alemania. Durante el período de observación, otros reglamentos sectoriales con disposiciones importantes en materia de protección de datos tuvieron por tanto que ser aprobados. En junio de 1997, se aprobó la ley sobre los servicios de información y comunicación (Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz). Esta ley establece reglas para la protección de datos en el marco de la utilización de los servicios de telecomunicaciones. Fue completada por una ley sobre las firmas (Signaturgesetz), que establece un marco jurídico sobre la seguridad de las firmas digitales. El decreto relativo a la protección de los consumidores en el sector de las telecomunicaciones (Telekommunikations-Kundenschutzverordnung) fue promulgado en diciembre de 1997 y entró en vigor en enero de 1998. En 1997, el comisario federal encargado de la protección de datos asumió la responsabilidad de observar el cumplimiento de las reglas sobre la protección de datos por parte de las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones.

La Ley sobre los servicios postales (Postgesetz), que entró en vigor en enero de 1998, constituye una etapa clave hacia la total liberalización del mercado de los servicios postales. En virtud de esta ley, todas las empresas proveedoras de servicios postales están sujetas al secreto profesional con respecto a sus actividades y deben respetar normas, en materia de protección de datos, que son habitualmente más estrictas que las impuestas por la legislación general. Se han concedido nuevos poderes de control al comisario federal encargado de la protección de datos por lo que se refiere también a este sector.

El procedimiento legislativo para la introducción de la vigilancia de edificios residenciales mediante micrófonos ha progresado de forma significativa durante el período de observación. Las nuevas reglas, que se aprobaron en marzo de 1998, permiten ciertas restricciones al derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio. Constituyen un compromiso aceptable entre la protección de la vida privada de un individuo en el sentido más estricto de la palabra y un medio importante de lucha contra el crimen organizado. En virtud de una decisión judicial, es posible recurrir a la instalación de micrófonos para la vigilancia de domicilios de los cuales es razonable pensar que están ocupados por un sospechoso, pero sólo con el fin de investigar sobre infracciones penales particularmente graves. Los tribunales están encargados de hacer respetar las disposiciones legales bajo las cuales una medida de vigilancia se aplica sólo en última instancia en un procedimiento penal.

Además, el Parlamento debe estar informado cada año de todas las operaciones de vigilancia. Ya que las personas interesadas han de estar también informadas tan pronto como sea posible, sin que ello comprometa el objeto de la investigación, pueden recurrir a los tribunales para que verifiquen la legalidad de la medida de vigilancia tomada.

Grecia

Con la Ley 2427 del 10 de abril de 1997 sobre la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales, Grecia fue el último Estado miembro en aprobar una ley sobre la protección de datos, pero el primero en transponer la Directiva marco, mucho antes de la fecha prevista.

El presidente y los seis miembros de la autoridad griega encargada de la protección de datos, así como sus suplentes, fueron nombrados en octubre de 1997, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 16 de la nueva ley (nombramiento por el gobierno y confirmación por el parlamento). La autoridad es operativa desde el 10 de noviembre de 1997 y dedicó sus reuniones de 1997 a cuestiones prácticas tales como la aprobación de su reglamento interno, la contratación de personal especializado y secretarias, así como la compra de los equipos necesarios. Además, el presidente y los miembros de la autoridad han participado en numerosas conferencias y seminarios sobre cuestiones relacionadas con la protección de datos.

La autoridad debería estar en condiciones de asumir plenamente sus funciones en el otoño de 1998.

Irlanda

Marco legislativo y reglamentario

El ministerio de Sanidad consultó al comisario irlandés encargado de la protección de datos acerca de una propuesta de establecer un registro de la población para el apoyo de un programa nacional de diagnóstico precoz del cáncer del cuello del útero. Se propuso que los datos del registro se obtuvieran del entonces ministerio de

Asuntos Sociales, del General Medical Services (Payments) Board y del Voluntary Health Insurance Board. El Comisario estimó que tal divulgación de datos por uno de estos organismos excedía su capacidad jurídica como responsable del tratamiento de datos. Esta consulta desembocó en una ley sobre la comunicación de informaciones en materia de sanidad, la Health (Provision of Information) Act, 1997, que autoriza a los responsables del tratamiento para proceder a las divulgaciones necesarias en determinados casos y bajo ciertos controles. El Comisario expresó públicamente su aprobación del nivel de protección de la vida privada que garantizan las disposiciones de esta ley.

El Comisario expresó, en cambio, su preocupación con respecto a una disposición de la ley sobre la vivienda, a saber el artículo 15 del Housing (Miscellaneous Provisions) Act, 1997. Esta disposición preveía una medida diseñada para reducir las probabilidades de que una persona con antecedentes penales o conocida por su comportamiento antisocial no residiera en viviendas de protección oficial, autorizando a la policía, así como a otros servicios, la comunicación de este tipo de información a los servicios públicos de vivienda. El Comisario fue consultado en la elaboración de esta ley y puso en duda el carácter necesario de esta disposición, ya que el artículo 8 de la Ley de 1988 sobre la protección de datos autoriza la divulgación de datos personales en los casos de que su no divulgación comprometa la prevención, la detección o la investigación de una infracción. Además, comentó que, en su dictamen, el artículo 15 propuesto era discutible porque su campo de aplicación era demasiado amplio y no se respetaba el principio de proporcionalidad. A pesar de las observaciones del Comisario, la disposición fue aprobada.

Jurisprudencia

Mientras siguen pendientes en los tribunales los recursos contra una decisión del Comisario sobre una queja y contra un requerimiento del Comisario a una compañía de seguros de enfermedad, no se entablaron nuevos procesos durante 1997. El Comisario aprobó la introducción por el Irish Direct Marketing Association de un servicio (Mailing Preference Service) que permite a las personas excluirse de todos los ficheros de direcciones gestionados por los miembros de la asociación. Se trata de un servicio voluntario que aumenta el derecho que el artículo 2, párrafo 7, de la Ley de 1988 sobre la protección de datos concede ya a las personas físicas de exigir del responsable de datos que deje de utilizar sus datos personales para fines de marketing directo.

Actividades del comisario encargado de la protección de datos

En 1997, prosiguieron las negociaciones entre el Comisario y Telecom Eireann, la compañía nacional de teléfonos de Irlanda, acerca del proyecto de este operador de introducir la identificación del número de llamada entrante. El Comisario opinó que cuando se introduzca este sistema, los abonados deberían poder elegir entre una serie de opciones y escogerlas con la misma facilidad. Se llegó con Telecom Eireann al acuerdo siguiente:

a) A partir de la aplicación del servicio y hasta que todos los abonados que no figuren en la guía telefónica hayan indicado su elección, su número de teléfono quedará oculto por defecto cuando realicen una llamada, mientras que la indicación del número de la llamada entrante funcionará para los demás abonados, y ello, a pesar de la preferencia del Comisario por la no identificación de la llamada entrante, desde el principio, para todos los abonados. El Comisario se reservó el derecho de plantear nuevamente la cuestión después de un período inicial de prueba.

b) Este acuerdo quedó supeditado a la obligación de Telecom Eireann de demostrar un alto nivel de transparencia en todo el material informativo suministrado a los abonados antes de la aplicación de la identificación de la llamada entrante. Este material informativo debe someterse al Comisario para sus comentarios.

Las quejas y las peticiones de información presentadas en los servicios del comisario encargado de la protección de datos durante 1997 aumentaron un 10% con respecto al año anterior, indicación de un creciente conocimiento de las cuestiones relativas a la protección de datos, tanto por parte de los responsables de los tratamientos como por parte de los ciudadanos.

Traspaso de datos a terceros países

Ningún caso de traspaso necesitó la evaluación del Comisario sobre el nivel de protección de un tercer país. El Comisario recibió varias peticiones de responsables de tratamientos de datos que deseaban traspasar datos a terceros países. Se trataba sobre todo de filiales irlandesas de multinacionales con sede en Estados Unidos a las que se pidió traspasar datos a la casa matriz. En este tipo de situaciones, el Comisario advierte que, en caso de queja por la utilización o divulgación de datos personales a un tercer país, su investigación comenzará por un estudio de las medidas tomadas por el responsable del tratamiento irlandés para asegurar que los datos traspasados al extranjero no se utilicen o se divulguen para fines y en condiciones otros que aquéllos para las que la persona interesada dio su consentimiento en el momento de la obtención de datos.

Italia

Marco legislativo y reglamentario

Las leyes 675 y 676 del 31 de diciembre de 1996 sobre la protección de las personas con respecto al tratamiento de datos personales pretenden transponer la Directiva 95/46/CE, o directamente (Ley 675) o delegando poderes al gobierno, que se encargará de aprobar las medidas necesarias (Ley 676). La Ley 675 introduce también las disposiciones necesarias para hacer efectivo el Convenio 108 del Consejo de Europa: los instrumentos de ratificación de este Convenio fueron introducidos el 29 de marzo de 1997 y el Convenio entró en vigor en Italia el 1 de julio del mismo año. En comparación con la Directiva y el Convenio, el campo de aplicación de la legislación italiana es más amplio por abarcar el tratamiento manual o automatizado de datos de personas físicas o jurídicas. Los cuatro miembros de la autoridad de control («Garante per la protezione dei dati personali») fueron nombrados por el Parlamento en marzo de 1997, siendo operativa la autoridad desde el día de la entrada en vigor de la Ley 675 (el 8 de mayo de 1997).