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01Ene/14

Legislacion Informatica de Decisión de la Comisión 2004/535/CE, de 14 de mayo de 2004

Decisión de la Comisión 2004/535/CE, de 14 de mayo de 2004

Decisión de la Comisión de 14 de mayo de 2004 relativa al carácter adecuado de la protección de los datos personales incluidos en los registros de nombres de los pasajeros que se transfieren al Servicio de aduanas y protección de fronteras de los Estados Unidos ( Bureau of Customs and Border Protection )

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 , relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(1), y, en particular, el apartado 6 de su artículo 25,

Considerando lo siguiente:

(1) De conformidad con la Directiva 95/46/CE, los Estados miembros sólo permitirán la transferencia de datos personales a un tercer país si éste proporciona un nivel de protección adecuado y se cumplen en él, con anterioridad a la transferencia, las disposiciones legales que los Estados miembros aprueben en aplicación de otros preceptos de dicha Directiva.

(2) La Comisión puede dictaminar que un tercer país garantiza un nivel de protección adecuado. En tal caso, pueden transferirse datos personales desde los Estados miembros sin que sea necesaria ninguna garantía adicional.

(3) De conformidad con la Directiva 95/46/CE, el nivel de protección de los datos debe evaluarse atendiendo a todas las circunstancias que concurran en la transferencia o conjunto de transferencias de datos y estudiando con especial atención una serie de elementos relevantes para la transferencia, enumerados en el apartado 2 de su artículo 25.

(4) En el ámbito del transporte aéreo, el registro de nombres de los pasajeros ( Passenger Name Records , PNR) es un registro de los requisitos de viaje de cada pasajero y miembro de la tripulación. El PNR contiene toda la información necesaria para que sea posible la tramitación y control de reservas por parte de las compañías aéreas de la reserva y de las compañías aéreas participantes respectivamente. El término «compañía aérea de la reserva» significa la compañía aérea con la que el pasajero efectuó su reserva original o con la que se hicieron reservas adicionales después del comienzo del viaje. El término «compañías aéreas participantes» significa cualquier compañía aérea a la que la compañía aérea de la reserva ha solicitado que se reserve un sitio para un pasajero en uno o varios vuelos de esa compañía.

(5) El Servicio de aduanas y protección de fronteras de los Estados Unidos ( Bureau of Customs and Border Protection , CBP) del Departamento de Seguridad Interior ( Department of Homeland Security , DHS) exige a cada compañía dedicada al transporte aéreo internacional de pasajeros con origen o destino en los Estados Unidos que proporcione a dicho Servicio acceso electrónico al PNR, en la medida en que este se elabora e incluye en el sistema electrónico de reservas de la compañía.

(6) Los requisitos relativos a los datos personales incluidos en los PNR de pasajeros de vuelos que se han de transferir al CBP se basan en una ley promulgada por los los Estados Unidos en noviembre de 2001(2) y en los reglamentos de aplicación aprobados por el CBP con arreglo a la mencionada ley(3).

(7) La legislación estadounidense en cuestión se refiere a la intensificación de la seguridad y de las condiciones en las que se permite la entrada y salida del país de las personas, cuestiones sobre las que los Estados Unidos tienen la facultad soberana de decidir dentro de su competencia. Por otra parte, los requisitos establecidos son coherentes con todos los compromisos internacionales que ha asumido dicho país. Los Estados Unidos son un país democrático, un Estado de Derecho y con una sólida tradición de libertades civiles. La legitimidad de su proceso legislativo y la solidez e independencia de su poder judicial no se cuestionan. La libertad de prensa constituye otra potente garantía frente a cualquier violación de las libertades civiles.

(8) La Comunidad está plenamente comprometida con el respaldo a los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, dentro de los límites fijados por el Derecho comunitario. El Derecho comunitario permite determinar el equilibrio necesario entre las exigencias de la seguridad y el respeto de la vida privada. Por ejemplo, el artículo 13 de la Directiva 95/46/CE establece que los Estados miembros pueden adoptar medidas legales para limitar el alcance de determinados requisitos de dicha Directiva, en caso necesario por motivos de seguridad del Estado, defensa, seguridad pública y prevención, investigación, detección y represión de infracciones penales.

(9) Las transferencias de datos en cuestión corresponden a responsables específicos del tratamiento de datos, en concreto compañías aéreas que tienen vuelos entre la Comunidad y los Estados Unidos, y a un único destinatario en los Estados Unidos, el CBP.

(10) Todo acuerdo para establecer el marco jurídico de las transferencias a los Estados Unidos destinadas al PNR, en particular a través de esta Decisión, debe ser limitado en el tiempo. Se ha acordado un período de tres años y medio. A lo largo de este período, el entorno puede modificarse de manera significativa, por lo que las dos partes están de acuerdo en que será necesario revisar los acuerdos.

(11) El tratamiento por parte del CBP de los datos personales que contienen los PNR de pasajeros de vuelos que se transfieren a dicho Servicio está regido por las condiciones establecidas en los Compromisos del Servicio de aduanas y protección de fronteras (CBP) del Departamento de Seguridad Interior , de 11 de mayo de 2004 (denominados en lo sucesivo, «los Compromisos» ) así como en la legislación nacional estadounidense en las condiciones que se establecen en dichos Compromisos.

(12) Por lo que respecta a la legislación nacional de los Estados Unidos, la Ley de libertad de información ( Freedom of Information Act , FOIA) es pertinente en el presente contexto, ya que regula las condiciones en las que el mencionado Servicio puede denegar solicitudes de divulgación y mantener de este modo la confidencialidad de los PNr. La Ley regula la divulgación de un PNR a la persona a la que se refiera tal registro; dicha divulgación está íntimamente relacionada con los derechos de acceso del interesado. Se aplica a los ciudadanos estadounidenses y extranjeros indistintamente.

(13) Por lo que respecta a los Compromisos mencionados, tal como se establece en el punto 44 de éstos, lo dispuesto en los Compromisos se incorporará, o ya se ha incorporado, a leyes, reglamentos, directivas u otros instrumentos políticos en los Estados Unidos, por lo que tendrá efectos jurídicos de distinto grado. Los Compromisos se publicarán íntegramente en el Registro Federal bajo la autoridad del DHS. Se trata de Compromisos políticos serios y muy meditados del DHS cuyo cumplimiento será objeto de control conjunto por parte de los Estados Unidos y la Comunidad. Su incumplimiento podrá ser objeto de recurso, según proceda, por las vías jurídica, administrativa y política y, si se mantiene, dará lugar a la suspensión de los efectos de la presente Decisión.

(14) Las normas que aplica el CBP al tratamiento de los datos de los PNR con arreglo a la legislación de su país, así como los Compromisos citados, respetan los principios básicos necesarios para un nivel adecuado de protección de las personas físicas.

(15) Por lo que se refiere al principio de limitación a una finalidad específica, los datos personales de los pasajeros de vuelos incluidos en los PNR que se transfieren al CBP serán objeto de tratamiento para una finalidad específica y posteriormente se utilizarán o volverán a transmitirse únicamente en caso de que ello sea compatible con la finalidad de la transferencia. En concreto, los datos de los PNR se utilizarán estrictamente para los fines de prevención y lucha contra el terrorismo y delitos conexos, otros delitos graves, incluida la delincuencia organizada, que tengan un carácter transnacional y la fuga en caso de orden de arresto o detención por estos delitos señalados.

(16) En cuanto a la calidad de los datos y el principio de proporcionalidad, que han de considerarse en relación con los motivos importantes de interés público por los que se transfieren datos del PNR, los datos que se faciliten al CBP no podrán ser alterados por dicho Servicio. Se transferirá un máximo de 34 categorías de datos del PNR; las autoridades estadounidenses consultarán a la Comisión antes de añadir nuevos requisitos. La información adicional de carácter personal que se desee obtener como consecuencia directa de datos del PNR se obtendrá de fuentes ajenas a la administración únicamente por vías legales. Por regla general, cada PNR se destruirá al término de un plazo de tres años y seis meses, a excepción de los datos a los que se haya accedido para investigaciones específicas, o en caso de acceso manual.

(17) Por lo que respecta al principio de transparencia, el CBP facilitará información a los viajeros respecto a la finalidad de la transferencia y el tratamiento y a la identidad del responsable del tratamiento en el tercer país, así como información de otro tipo.

(18) En cuanto al principio de seguridad, el CBP toma las medidas de seguridad técnica y organizativa adecuadas a los riesgos que representa el tratamiento.

(19) Se reconocen los derechos de acceso y rectificación, en la medida en que el interesado pueda obtener una copia de los datos del PNR y la rectificación de los datos inexactos. Las excepciones previstas, a grandes rasgos, son comparables con las restricciones que pueden imponer los Estados miembros con arreglo al artículo 13 de la Directiva 95/46/CE.

(20) Las transferencias ulteriores se realizarán, en cada caso específico, a otras autoridades gubernamentales, incluidas las de otros países, con competencias antiterroristas o encargadas de velar por el cumplimiento de la ley, para fines que correspondan a los expuestos en la declaración de limitación a una finalidad específica. También será posible realizar transferencias para la protección de intereses vitales del interesado o de otras personas, en particular en relación con riesgos importantes para la salud, o en el caso de un procedimiento judicial penal, o en otros casos en que la legislación lo exija. Los organismos que reciban los datos están obligados por las condiciones explícitas relativas a la divulgación a utilizar los datos únicamente para los fines mencionados y no pueden transferir posteriormente los datos sin la autorización del CBP. Ningún otro organismo extranjero, federal, estatal o local tiene acceso electrónico directo a datos del PNR a través de las bases de datos del CBP. El CBP denegará la divulgación pública de los PNR con arreglo a las excepciones establecidas por las disposiciones pertinentes de la FOIA.

(21) El CBP no utiliza datos sensibles del tipo de los mencionados en el artículo 8 de la Directiva 95/46/CE y se compromete a instaurar los medios para destruirlos y a no utilizarlos hasta que se instaure un sistema de filtros destinado a excluir tales datos de los PNR transferidos a los Estados Unidos.

(22) Por lo que se refiere a los mecanismos para garantizar el cumplimiento de estos principios por el CBP, se prevé que el personal de dicho Servicio recibirá formación e información, así como el establecimiento de posibles sanciones a los integrantes del mismo. El respeto de la intimidad en general por parte del CBP será objeto del análisis escrupuloso del Director responsable de la protección de la intimidad ( Chief Privacy Officer ) del DHS, que es funcionario del mismo, pero tiene un amplio margen de autonomía organizativa y debe rendir cuentas cada año al Congreso. Las personas cuyos datos del PNR hayan sido transferidos podrán formular reclamaciones al CBP o, si estas no se resuelven, a dicho Director responsable de la protección de la intimidad del DHS, directamente o a través de las autoridades de protección de datos de los Estados miembros. La Oficina de protección de la intimidad del DHS atenderá mediante tramitación acelerada las reclamaciones que le remitan las autoridades de protección de datos de los Estados miembros en nombre de residentes de la Comunidad, en caso de que el residente considere que su reclamación no ha sido resuelta de manera satisfactoria por el CBP o la Oficina de protección de la intimidad del DHS. El CBP, en colaboración con el DHS, y un equipo dirigido por la Comisión realizarán un examen anual conjunto del cumplimiento de los Compromisos.

(23) Aunque se compruebe el nivel adecuado de la protección, por motivos de transparencia y para proteger la facultad de las autoridades competentes de los Estados miembros de garantizar la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales, resulta necesario especificar las circunstancias excepcionales que pudieran justificar la suspensión de flujos específicos de información.

(24) El Grupo de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, creado en virtud del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, ha emitido dictámenes relativos al nivel de protección de los datos de pasajeros que ofrecen las autoridades estadounidenses, los cuales han servido de guía a la Comisión a lo largo de las negociaciones con el DHS. La Comisión ha tomado nota de estos dictámenes al elaborar la presente Decisión(4).

(25) Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del apartado 1 del artículo 31 de la Directiva 95/46/CE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

A efectos del apartado 2 del artículo 25 de la Directiva 95/46/CE, se considera que el Servicio de aduanas y protección de fronteras de los Estados Unidos ( Bureau of Customs and Border Protection ; en lo sucesivo, «el CBP» ) ofrece un nivel adecuado de protección de los datos de PNR que se transfieren desde la Comunidad relativos a vuelos con destino u origen en los Estados Unidos, con arreglo a los Compromisos que figuran en el anexo.

Artículo 2

La presente Decisión se refiere a la adecuación de la protección ofrecida por el CBP con arreglo a los requisitos del apartado 1 del artículo 25 de la Directiva 95/46/CE y no afectará a otras condiciones o restricciones que se impongan en aplicación de otras normas de la Directiva relativas al tratamiento de los datos personales en los Estados miembros.

Artículo 3

1. Sin perjuicio de sus facultades para emprender acciones que garanticen el cumplimiento de las normas nacionales adoptadas de conformidad con preceptos diferentes a los contemplados en el artículo 25 de la Directiva 95/46/CE, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán ejercer su facultad de suspender los flujos de datos hacia el CBP, a fin de proteger a los particulares contra el tratamiento de sus datos personales, en los casos en que:

a) la autoridad competente de los Estados Unidos compruebe que el CBP ha vulnerado las normas de protección aplicables, o

b) existan grandes probabilidades de que se estén vulnerando las normas de protección expuestas en el anexo, existan razones para creer que el CBP no ha tomado o no tomará las medidas oportunas para resolver el caso en cuestión, se considere que la continuación de la transferencia podría crear un riesgo inminente de grave perjuicio a los afectados, y las autoridades competentes del Estado miembro hayan hecho esfuerzos razonables en estas circunstancias para notificárselo al CBP y proporcionarle la oportunidad de alegar.

2. La suspensión cesará en cuanto esté garantizado el cumplimiento de las normas de protección y ello se haya notificado a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados.

Artículo 4

1. Los Estados miembros informarán inmediatamente a la Comisión de la adopción de medidas basadas en el artículo 3.

2. Los Estados miembros y la Comisión se informarán recíprocamente de cualquier cambio en las normas de protección y de aquellos casos en que la actuación de los organismos responsables del cumplimiento por parte del CBP de las normas de protección que figuran en el anexo no garantice dicho cumplimiento.

3. Si la información recogida con arreglo al artículo 3 y a los apartados 1 y 2 del presente artículo demuestra que los principios básicos necesarios para un nivel adecuado de protección de las personas físicas no están siendo respetados, o que los organismos responsables del cumplimiento por parte del CBP de las normas de protección que figuran en el anexo no están ejerciendo su función, se lo notificará al CBP y, si procede, será de aplicación el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 31 de la Directiva 95/46/CE, a fin de anular o suspender la presente Decisión.

Artículo 5

El funcionamiento de la presente Decisión será supervisado y el Comité creado por el artículo 31 de la Directiva 95/46/CE será informado de cualquier hecho pertinente y, en particular, de cualquier prueba que pueda afectar a la resolución del artículo 1 de la presente Decisión, relativa a que la protección de los datos personales incluidos en PNR de pasajeros de vuelos que se transfieren al CBP es adecuada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 de la Directiva 95/46/CE.

Artículo 6

Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para cumplir la presente Decisión, a más tardar en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de su notificación.

Artículo 7

La presente Decisión expirará tres años y seis meses después de la fecha de su notificación, salvo que la Decisión sea prorrogada con arreglo al procedimiento expuesto en el apartado 2 del artículo 31 de la Directiva 95/46/CE.

Artículo 8

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 14 de mayo de 2004 .

Por la Comisión

Frederik Bolkestein

Miembro de la Comisión

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(1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31; Directiva modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003 (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).

(2) Título 49 del United States Code , sección 44909(c)(3).

(3) Título 19 del Code of Federal Regulations , sección 122.49b.

(4) Dictamen 6/2002 relativo a la transmisión de listas de pasajeros y otros datos de compañías aéreas a los los Estados Unidos, aprobado por el Grupo el 24 de octubre de 2002 , disponible en: http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2002/wp66_es.pdf

Dictamen 4/2003 » on the level of protection ensured in the US for the transfer of passengers' data » , aprobado por el Grupo el 13 de junio de 2003 , disponible en: http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2003/wp78_en.pdf

Dictamen 2/2004 » on the adequate protection of personal data contained in the PNR of air passengers to be transferred to the United States' Bureau of Customs and Border Protection (US CBP) » , aprobado por el Grupo el 29 de enero de 2004 , disponible en: http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2004/wp87_en.pdf

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ANEXO


COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERIOR – SERVICIO DE ADUANAS Y PROTECCIÓN DE FRONTERAS (CBP)

Con objeto de apoyar el proyecto de la Comisión Europea ( «la Comisión» ) para ejercer las facultades que le son asignadas en virtud del apartado 6 del artículo 25 de la Directiva 95/46/CE ( «la Directiva» ) y adoptar una decisión por la que se reconozca que el Servicio de aduanas y protección de fronteras ( Bureau of Customs and Border Protection – CBP) proporciona una protección adecuada a efectos de la transmisión por parte de las compañías aéreas de los datos del registro de nombres de los pasajeros(1) ( Passenger Name Records – PNR), que pueden estar sometidos a la jurisdicción de la Directiva, el CBP se compromete a lo siguiente:

Fundamento jurídico del derecho de obtención del PNR

1. Con arreglo a la ley [título 49, United States Code (Código de los los Estados Unidos), sección 44909(c)(3)] y sus reglamentos (provisionales) de ejecución [título 19, Code of Federal Regulations (Código de disposiciones federales), sección 122.49b], cada compañía aérea que se ocupe de vuelos internacionales de pasajeros con destino o en procedencia de los los Estados Unidos deberá facilitar al CBP (anteriormente denominado servicio americano de aduanas) un acceso electrónico a los datos del PNR en la medida en que se recopilan y se almacenan en los sistemas automatizados de reserva/control de salidas ( «sistemas de reserva» ).

Uso de los datos del PNR por parte del CBP

2. La mayor parte de los elementos informativos que aparecen en los datos del PNR los puede obtener el CBP mediante el examen del billete de avión y demás documentos de viaje de una persona determinada de conformidad con sus atribuciones ordinarias de control de fronteras, pero la posibilidad de recibir estos datos en forma electrónica va a aumentar significativamente la capacidad del CBP para facilitar viajes de pasajeros de buena fe y llevar a cabo eficazmente una evaluación precoz del riesgo de los pasajeros.

3. El CBP utiliza los datos del PNR estrictamente para impedir y luchar: 1) contra el terrorismo y delitos conexos; 2) contra otros delitos graves, incluida la delincuencia organizada, que sean, por naturaleza, transnacionales; y 3) contra la fuga en caso de orden de arresto o detención por los delitos antes señalados. La utilización de la información del PNR a estos efectos permitirá al CBP centrar sus recursos en preocupaciones de alto riesgo, con lo que se facilitan y se protegen los viajes de pasajeros de buena fe.

Requisitos relativos a los datos

4. Los datos que solicita el CBP aparecen en el anexo A. (Dichos datos así identificados se denominan «PNR» a efectos del presente documento.) Si bien el CBP requiere acceso a cada uno de los treinta y cuatro (34) elementos enumerados en el anexo A, este organismo considera que un PNR individual incluirá en contadas ocasiones un conjunto completo de todos los datos identificados. En los casos en que el PNR no incluya un conjunto completo de todos los datos identificados, el CBP no intentará acceder directamente, desde el sistema de reservas de la compañía aérea, a otros datos del PNR que no estén enumerados en el anexo A.

5. Con respecto a los datos identificados como «OSI» y «SSI/SSR» (normalmente mencionados como observaciones generales y campos abiertos), el sistema automatizado del CBP buscará en estos campos cualquier otro dato identificado en el anexo A. El personal del CBP no estará autorizado a examinar manualmente todos los campos OSI y SSI/SSR, a menos que el CBP considere que la persona objeto de un PNR presenta un elevado riesgo en relación con alguno de los objetivos mencionados en el anterior punto 3.

6. Cualquier información personal adicional buscada como resultado directo de los datos del PNR se obtendrá de fuentes exteriores al gobierno, siempre a través de canales legales, incluso, si procede, utilizando las vías de asistencia judicial recíproca, y únicamente por los motivos mencionados en el anterior punto 3. Por ejemplo, si el número de una tarjeta de crédito figura en un PNR, la información relativa a las transacciones relacionadas con esa cuenta podrá obtenerse en el marco de un procedimiento legal, como una citación emitida por un gran jurado, un mandato judicial o cualquier otra forma autorizada legalmente. Además, el acceso a los registros relacionados con las cuentas de correo electrónico recogidas en un PNR estará sujeto a los requisitos legales de los los Estados Unidos en materia de citaciones, mandatos judiciales, mandatos de detención y otros procedimientos legales, en función del tipo de información que se busque.

7. El CBP consultará a la Comisión Europea en relación con los datos del PNR (anexo A), antes de realizar la revisión, si este organismo tiene conocimiento de campos adicionales de PNR que las compañías aéreas puedan añadir a sus sistemas y el CBP considera que van a mejorar significativamente su capacidad para evaluar el riesgo de los pasajeros o si las circunstancias muestran que va a ser necesario un campo de PNR que anteriormente no lo era para cumplir los objetivos limitados a que se hace referencia en el punto 3 de este documento.

8. El CBP podrá transferir series de PNR a la administración para la seguridad de los transportes (TSA) con objeto de que esta entidad pueda probar su Sistema informatizado de preselección de pasajeros II (CAPPS II). Tales transferencias no se llevarán a cabo hasta que no se haya autorizado previamente la utilización de datos de los PNR de vuelos nacionales de los los Estados Unidos para las pruebas. La TSA o cualquier otra parte directamente implicada en las pruebas no conservará los datos para las pruebas de los PNR transmitidos con arreglo a esta disposición más allá del período necesario para efectuar tales pruebas, ni los transmitirá a terceros(2). La finalidad del tratamiento estará estrictamente limitada a las pruebas del sistema CAPS II y sus interfaces y, salvo en situaciones de emergencia que exijan la identificación positiva de un terrorista conocido o una persona con relaciones probadas con el terrorismo, carecerá de toda consecuencia operativa. Según la disposición que requiere un método automatizado de filtrado de los datos, recogida en el punto 10, el CBP habrá filtrado y borrado los datos «sensibles» antes de trasmitir cualquier serie de PNR a la TSA en virtud del presente punto.

Tratamiento de datos «sensibles»

9. El CBP se compromete a no utilizar los datos sensibles (por ejemplo: datos personales que especifican el origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, pertenencia a sindicatos, situación médica o de salud u orientación sexual de la persona) a partir del PNR, como se indica más adelante.

10. El CBP aplicará, con la mayor brevedad, un sistema automatizado para filtrar y borrar ciertos códigos y términos «sensibles» de los PNR, identificados en colaboración con la Comisión Europea.

11. Hasta la implantación de estos filtros automatizados, el CBP declara que no utiliza ni utilizará datos «sensibles» de los PNR y se compromete a suprimir tales datos en cualquier divulgación discrecional del PNR, con arreglo a los puntos 28 a 34(3).

Métodos de acceso a la información del PNR

12. Con respecto a la información del PNR a la que accede (o recibe) el CBP directamente a partir de los sistemas de reserva de las compañías aéreas con objeto de identificar a individuos que pudiera someter a examen en las fronteras, el personal del CBP sólo accederá (o recibirá) y utilizará información del PNR relativa a personas cuyo viaje incluya un vuelo hacia o a partir(4) de los los Estados Unidos.

13. El CBP «extraerá» la información relativa a pasajeros procedente de sistemas de reserva de las compañías aéreas hasta que éstas puedan poner en marcha un sistema de «transmisión» de datos hacia el CBP.

14. El CBP extraerá la información del PNR relacionada con un vuelo concreto no antes de las 72 horas que preceden a la salida de dicho vuelo, y volverá a comprobar los sistemas un máximo de tres (3) veces entre la extracción inicial, la salida del vuelo desde un punto exterior y su llegada a los los Estados Unidos, o entre la extracción inicial y la salida del vuelo desde los los Estados Unidos, según el caso, para identificar todo cambio en la información. En caso de que las compañías aéreas consigan tener la capacidad de «transmitir» información del PNR, el CBP necesitará recibir la información 72 horas antes de la salida del vuelo, siempre que se le comuniquen también todos los cambios de la información del PNR que se produzcan entre ese momento y la hora de llegada a los Estados Unidos o de salida desde este país(5). En el caso infrecuente de que el CBP obtenga previamente datos que indiquen que cierta(s) persona(s) que presenta(n) un peligro concreto puede(n) estar viajando a bordo de un vuelo destinado a los Estados Unidos o procedente de este país, o que haga escala en su territorio, el CBP podrá extraer (o solicitar que se le transmitan) datos de los PNR con una antelación superior a 72 horas antes de la salida del vuelo, para garantizar la adopción de medidas adecuadas para impedir o luchar contra alguno de los delitos mencionados en el anterior punto 3. En la medida de lo posible, en los casos en que el CBP deba obtener la información del PNR antes de las 72 horas que preceden a la salida del vuelo, el CBP utilizará los medios habituales de aplicación de la ley.

Almacenamiento de información del PNR

15. Siempre que lo apruebe la administración de archivos y registros nacionales ( National Archives and Records Administration ) (título 44, United States Code , 2101 y ss.), el CBP limitará el acceso en línea a la información del PNR a los usuarios autorizados(6) del CBP durante un período de siete (7) días, tras el cual el número de funcionarios autorizados a acceder a la información del PNR se limitará aún más durante un período de tres años y seis meses (3,5) a partir de la fecha en que se accedió a dicha información (o se recibió ésta) desde el sistema de reservas de la compañía aérea. Tras dicho período de tres años y medio, se destruirán los datos de los PNR que no se hayan consultado manualmente durante dicho período. Una vez transcurridos los tres años y medio, el CBP enviará los datos consultados manualmente a un archivo de registros suprimidos(7), donde permanecerán por un período de ocho (8) años y, a continuación, se destruirán. Este calendario, no obstante, no se aplicará a la información del PNR vinculada a un registro de aplicación específico (dicha información permanecería accesible hasta el archivo del registro de aplicación). En cuanto a los PNR a los que tenga acceso (o reciba) directamente el CBP a partir del sistema de reservas de la compañía aérea durante el período de vigencia de los presentes Compromisos, este organismo respetará los principios de conservación de los datos definidos en el presente punto, sin perjuicio de la posible expiración de los presentes Compromisos con arreglo al punto 46.

Seguridad del sistema informático del CBP

16. El personal autorizado del CBP dispone de un acceso al PNR a través de un sistema Intranet cerrado en el CBP, que está completamente codificado y cuya conexión está controlada por el centro de datos de aduanas ( Customs Data Center ). A la información del PNR almacenada en la base de datos del CBP únicamente tiene acceso en modo «sólo lectura» el personal autorizado, lo que significa que el contenido de la información puede ser reformateado sistemáticamente, pero no se puede alterar sustancialmente de ninguna manera una vez obtenida a partir del sistema de reserva de una compañía aérea.

17. Ningún otro organismo extranjero, federal, estatal o local dispone de acceso electrónico directo a la información del PNR mediante las bases de datos del CBP [incluyendo a través del sistema integrado de información aduanera, Interagency Border Inspection System (IBIS)].

18. Los detalles sobre el acceso a la información en las bases de datos del CBP [como por ejemplo: quién, dónde, cuándo (fecha y hora) y cualquier revisión de los datos] los registra automáticamente y los supervisa sistemáticamente el servicio de asuntos internos para evitar la utilización no autorizada del sistema.

19. Sólo determinados funcionarios, empleados o contratistas en materia de tecnología de la información del CBP(8) (bajo supervisión de este organismo) que hayan superado con éxito una investigación sobre antecedentes, dispongan de una cuenta activa, protegida mediante una contraseña ( password ) en los sistemas informáticos del CBP y tengan oficialmente un derecho reconocido para examinar la información del PNR, podrán acceder a esta información.

20. Los funcionarios, empleados y contratistas del CBP están obligados a recibir cada dos años una formación sobre seguridad y confidencialidad de datos, y deben superar un examen. La supervisión del CBP y del sistema CAPPS II se utiliza para controlar y garantizar la conformidad con todos los requisitos en materia de confidencialidad y seguridad de datos.

21. El acceso no autorizado por parte del personal del CBP a los sistemas de reserva de las compañías aéreas o a los sistemas informáticos del CBP que almacenan información del PNR es objeto de graves medidas disciplinarias (que pueden llegar al despido) y pueden dar lugar a condenas penales (multas y/o penas de cárcel por un máximo de un año) (título 18, United States Code , sección 1030).

22. Las disposiciones políticas y reglamentarias del CBP contemplan asimismo graves medidas disciplinarias (que pueden llegar al despido) contra cualquier empleado del CBP que revele información procedente de los sistemas informáticos del CBP sin autorización oficial (título 19, Code of Federal Regulations , sección 103.34).

23. Podrán imponerse condenas penales (entre las que se incluyen multas y/o penas de cárcel por un máximo de un año) contra cualquier funcionario o empleado de los los Estados Unidos que revele la información del PNR obtenida con motivo de su cometido, cuando dicha revelación no esté autorizada por la ley (título 18, United States Code , secciones 641, 1030, 1905).

Tratamiento y Protección de la información del PNR por parte del CBP

24. El CBP trata la información del PNR relativa a personas de cualquier nacionalidad o país de residencia como información sensible en materia de aplicación de la ley y confidencial de carácter personal en el caso de los pasajeros, y como información comercial confidencial en el caso de la compañía aérea. Por consiguiente, no divulgaría dichas informaciones al público, excepto si así lo dispone el presente documento o la ley.

25. La divulgación al público de la información del PNR se rige de manera general por la ley sobre libertad de información ( Freedom of Information Act – FOIA) (título 5, United States Code , sección 552) que autoriza el acceso de cualquier persona (con independencia de su nacionalidad o país de residencia) a los registros de un organismo federal de los los Estados Unidos, excepto si dichos registros (o una parte de ellos) están protegidos frente a la divulgación al público por una exención contemplada en la ley sobre libertad de información. Entre dichas exenciones, esta ley autoriza a un organismo a no revelar un registro (o una parte del mismo) si la información tiene el carácter de información comercial confidencial, si la divulgación de la información pudiera constituir una clara intromisión injustificada en la vida privada, o si la información se elabora a efectos de aplicación de las leyes, en la medida en que se pueda pensar razonablemente que dicha divulgación constituye una intromisión injustificada en la vida privada [título 5, United States Code , secciones 552(b)(4), (6), (7)(C)].

26. La normativa relativa al CBP (título 19, Code of Federal Regulations , sección 103.12), que rige la tramitación de las solicitudes de información (como por ejemplo la información del PNR) en virtud de la ley sobre libertad de información, contempla específicamente que (con determinadas excepciones en caso de solicitudes procedentes de las personas afectadas por la información) los requisitos de la ley sobre libertad de información en materia de divulgación no son aplicables a los registros del CBP relativos a: 1) información comercial confidencial, 2) material que afecte a la vida privada cuya divulgación pudiera constituir una clara intromisión injustificada en la vida privada, y 3) información recogida con fines judiciales, en los casos en que se pueda pensar razonablemente que su divulgación supondría una intromisión injustificada en la vida privada(9).

27. El CBP decidirá, en relación con cualquier tramitación administrativa o judicial derivada de una solicitud de información del PNR obtenida por compañías aéreas, en el marco de la ley sobre libertad de información, que dichos registros no se pueden divulgar de conformidad con dicha ley.

Transmisión de información del PNR a otras administraciones públicas

28. Con excepción de las transmisiones entre el CBP y la TSA efectuadas con arreglo al punto 8 del presente documento, los servicios del Departamento de seguridad interior (DHS) serán considerados «organismos terceros» , sometidos a idénticas normas y condiciones que las restantes administraciones públicas ajenas a dicho departamento para compartir la información del PNr.

29. El CBP, dentro de sus competencias, sólo facilitará la información del PNR a otras administraciones públicas, incluidas las administraciones públicas extranjeras, encargadas de luchar contra el terrorismo o de hacer aplicar la ley, caso por caso, con objeto de impedir o luchar contra el terrorismo u otros graves delitos contemplados en el punto 3 del presente documento. (Las administraciones con las que el CBP puede compartir dicha información se denominarán a partir de ahora «autoridades designadas» ).

30. El CBP ejercerá juiciosamente su capacidad de transferir información del PNR para los fines indicados. Este organismo determinará en primer lugar si el motivo de divulgación de la información del PNR a otra autoridad designada se ajusta a la finalidad indicada (véase el anterior punto 29). En tal caso, el CBP determinará si la autoridad designada es responsable de investigar o perseguir las violaciones de un estatuto o reglamento relacionado con este fin, o de exigir su cumplimiento o aplicarlo, cuando a alguno de estos organismos le conste que se ha producido una violación o que ésta puede ocurrir. La justificación de la divulgación deberá examinarse a la luz de todas las circunstancias presentes.

31. Para regular la divulgación de datos de los PNR que puedan transmitirse a otras autoridades designadas, el CBP se considera el «propietario» de los datos y dichas autoridades designadas están sujetas, en virtud de las condiciones expresas de divulgación, a las siguientes obligaciones: 1) utilizar los datos PNR únicamente para los fines previstos en los puntos 29 o 34 del presente documento, según proceda; 2) velar por la eliminación sistemática de los datos de los PNR recibidos, respetando los procedimientos de conservación de registros de la autoridad designada; y 3) obtener la autorización expresa del CBP para cualquier divulgación posterior. El Director responsable de la protección de la intimidad ( Chief Privacy Officer ) del DHS podrá investigar e informar sobre el incumplimiento de las condiciones de transmisión y podrá decidir que la autoridad designada deje de tener derecho a recibir transmisiones posteriores de PNR por parte del CBP.

32. Cada divulgación de información del PNR por parte del CBP dependerá de que el organismo receptor trate estos datos como información comercial confidencial y protegida por ley, o como información personal confidencial sobre la persona afectada, como se indica en los puntos 25 y 26, y que debería considerarse exenta de divulgación en virtud de la ley sobre libertad de información (título 5, United States Code , sección 552). Además, se advertirá al organismo receptor de que no se permitirá una posterior divulgación de esta información sin la expresa autorización previa del CBP. Este organismo no autorizará ninguna transmisión adicional de información del PNR para fines distintos de los indicados en los puntos 29, 34 o 35.

33. Las personas empleadas por tales autoridades designadas que divulguen, sin la debida autorización, información del PNR, podrán ser sancionadas penalmente (título 18, United States Code , secciones 641, 1030, 1905).

34. Ninguna declaración del presente documento impedirá el uso o divulgación de información del PNR a las autoridades administrativas pertinentes, cuando tal divulgación sea necesaria para la protección de los intereses vitales de la persona afectada o de otras personas, en especial en lo tocante a importantes riesgos para la salud. Se aplicarán a las divulgaciones por estos motivos las mismas condiciones de transmisión recogidas en los puntos 31 y 32 del presente documento.

35. Ninguna declaración del presente documento impedirá el uso o divulgación de información del PNR en cualquier causa judicial penal o si existe una obligación jurídica. El CBP avisará a la Comisión Europea en caso de adopción de cualquier legislación estadounidense que afecte sustancialmente a las declaraciones efectuadas en el presente documento.

Comunicación, acceso y posibilidades de reparación para las personas afectadas por el PNR

36. El CBP proporcionará información a los viajeros sobre los requisitos PNR y las cuestiones relacionadas con su utilización (a saber, información general sobre la autoridad responsable de la recogida de datos, finalidad de la recogida, protección de datos, datos compartidos, identidad del funcionario responsable, procedimientos disponibles de reparación e información de contacto para personas que formulan preguntas, preocupaciones, etc., publicaciones en el sitio web del CBP, en los folletos de viajes, etc.).

37. Las solicitudes por parte de la persona afectada (también denominada «solicitante en primera instancia» ) para recibir una copia de la información del PNR que figura en la base de datos del CBP acerca de su persona se tramitan en el marco de la ley sobre libertad de información. Estas solicitudes podrán enviarse a: Freedom of Information Act (FOIA) Request, U.S. Customs and Border Protection, 1300 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20229; por correo; o entregarse personalmente a: Disclosure Law Officer, U.S. Customs and Border Protection, Headquarters, Washington, D.C. Se puede obtener más información sobre los procedimientos de solicitud en el marco de la ley sobre libertad de información en la sección 103.5 del título 19 del United States Code of Federal Regulations . En el caso de una solicitud en primera instancia, el hecho de que el CBP considere, por otro lado, que la información del PNR sea información personal y confidencial sobre la persona afectada o información comercial y confidencial de la compañía aérea no será utilizado por este organismo, en el marco de la ley sobre libertad de información, para ocultar información del PNR a la persona afectada.

38. En determinadas circunstancias excepcionales, el CBP podrá ejercer su autoridad en el marco de la ley sobre libertad de información para denegar o aplazar la divulgación total (o, más probablemente, parcial) del registro PNR a un solicitante en primera instancia, de conformidad con el título 5, United States Code , sección 552(b) (por ejemplo, si la divulgación en el marco de la ley sobre libertad de información pudiera previsiblemente alterar las modalidades de aplicación o revelara técnicas y procedimientos de las investigaciones judiciales que, previsiblemente, pudiera provocar un incumplimiento de la misma). En virtud de la ley sobre libertad de información, cualquier solicitante tiene la capacidad de impugnar administrativa o jurídicamente la decisión de un organismo de retener información (título 5, United States Code , secciones 552(a)(4)(B); título 19, Code of Federal Regulations , secciones 103.7-103.9).

39. El CBP rectificará(10) datos a petición de los pasajeros y de los miembros de la tripulación, de las compañías aéreas o de las autoridades de protección de datos de los Estados miembros de la Unión Europea (en la medida específicamente autorizada por la persona afectada) cuando aquel organismo determine que estos datos figuran en su base de datos y que se justifica una corrección por estar adecuadamente sustentada. El CBP informará a cualquier autoridad designada que haya recibido esa información del PNR sobre cualquier rectificación importante de tales datos.

40. Las solicitudes de rectificación de datos de los PNR que figuran en la base de datos del CBP y las denuncias individuales presentadas por los titulares de estos datos en cuanto al tratamiento de los mismos por parte de este organismo deberán enviarse, bien directamente, o bien por medio de las autoridades de protección de datos (en la medida específicamente autorizada por la persona afectada) a la siguiente dirección: Assistant Commissioner, Office of Field Operations, U.S. Bureau of Customs and Border Protection, 1300 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20229.

41. En caso de que el CBP no pueda resolver la reclamación, ésta podrá remitirse, por escrito, al Director responsable de la protección de la intimidad (Department of Homeland Security, Washington, D.C. 20528), quien examinará la situación y procurará solucionarla(11).

42. Además, la Oficina de protección de la intimidad del DHS examinará con urgencia las denuncias que le remitan las autoridades de protección de datos de los Estados miembros de la Unión Europea en nombre de un residente de la Unión Europea, en la medida en que este residente haya facultado a las autoridades a actuar en su nombre y considere que el CBP o el propio Director responsable de la protección de la intimidad del DHS no han tratado adecuadamente su denuncia en materia de protección de datos de los PNR (de conformidad con los puntos 37 a 41 del presente documento). Dicho Director comunicará sus conclusiones y advertirá a las autoridades de protección de datos en cuanto a la adopción de medidas, si se hubiera producido. El Director incluirá en su informe al Congreso una serie de cuestiones sobre el número, el contenido y la resolución de denuncias relativas al manejo de datos personales, tales como el PNR(12).

Sobre el cumplimiento

43. El CBP, junto con el DHS, se compromete a celebrar una vez al año o con más frecuencia, si las partes así lo decidieran, un examen conjunto con la Comisión Europea, asistida, si fuera conveniente, por representantes de las autoridades europeas encargadas de garantizar el cumplimiento de la legislación y/o de las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea(13), sobre la aplicación de los presentes Compromisos, para contribuir conjuntamente al buen funcionamiento de los procesos descritos en el presente documento.

44. El CBP adoptará reglamentos, directrices u otros documentos políticos que incorporen las declaraciones aquí formuladas, para que los funcionarios, empleados y contratistas de este organismo puedan cumplir los presentes Compromisos. Como se indica en el presente documento, a los funcionarios, empleados o contratistas del CBP que incurran en un incumplimiento de las decisiones de sus organismos, aquí expuestas, se les podrán aplicar medidas disciplinarias graves o sanciones penales, según proceda.

Reciprocidad

45. En caso de que la Unión Europea aplique un sistema de identificación de viajeros de líneas aéreas que exija a las compañías aéreas proporcionar a las autoridades el acceso a la información del PNR de personas cuyo itinerario de viaje en curso incluya un viaje con destino a la Unión Europea o procedente de ésta, el CBP, sobre una base de estricta reciprocidad, instará a las compañías aéreas radicadas en los Estados Unidos a que cooperen.

Examen y expiración de los Compromisos

46. Los presentes Compromisos se aplicarán durante un período de tres años y seis meses (3,5 años) a partir de la entrada en vigor del acuerdo entre los los Estados Unidos y la Comunidad Europea por el que se autorice el tratamiento de datos de los PNR por las compañías aéreas y su transmisión al CBP, de conformidad con la Directiva. Una vez transcurridos dos años y seis meses (2,5 años) de vigencia de los presentes Compromisos, el CBP, junto con el DHS, iniciará conversaciones con la Comisión con el objeto de prorrogar los presentes Compromisos y toda disposición conexa, en condiciones aceptables para ambas partes. Si no fuera posible celebrar un acuerdo aceptable para ambas partes antes de que expiren los presentes Compromisos, éstos perderán su vigencia.

No creación de Derecho privado o de precedentes

47. Los presentes Compromisos no crean ni confieren ningún derecho o beneficio a ninguna persona o parte, privada o pública.

48. Las disposiciones de los presentes Compromisos no constituyen un precedente para cualquier negociación posterior con la Comisión Europea, la Unión Europea, cualquier entidad conexa o cualquier Estado tercero en materia de transmisión de cualquier tipo de datos.

11 de mayo de 2004

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(1) A efectos del presente documento, los términos «pasajero» y «pasajeros» incluirán a los miembros de las tripulaciones.

(2) A efectos de esta disposición, el CBP no se considera ni una parte directamente implicada en el proceso de prueba CAPPS II, ni una «tercera parte» .

(3) Antes de la aplicación de los filtros automáticos por parte del CBP (mencionada en el anterior punto 10), si existen datos «sensibles» en un PNR divulgado de forma no discrecional por el CBP, como recoge el punto 35, este organismo hará todo lo posible para limitar la divulgación de estos datos «sensibles» , con arreglo a la legislación estadounidense.

(4) Esto incluirá a las personas que hagan escala en los los Estados Unidos.

(5) En caso de que las compañías aéreas acordaran transmitir la información del PNR a la CBP, el organismo iniciaría negociaciones con las compañías aéreas sobre la posibilidad de transmitir dicha información con intervalos periódicos entre un plazo de 72 horas antes de la salida del vuelo desde un punto exterior y su llegada a los los Estados Unidos, o en el plazo de 72 horas antes de la salida del vuelo desde los los Estados Unidos, según el caso. El CBP desea utilizar un método de transmisión de la información necesaria del PNR que satisfaga las necesidades de los organismos en materia de evaluación eficaz de riesgos, a la vez que minimice las consecuencias económicas para las compañías aéreas.

(6) Entre los usuarios autorizados del CBP podemos encontrar empleados destinados en unidades analíticas de las oficinas locales, así como empleados destinados en el centro de orientación nacional ( National targeting Center ). Como se ha indicado anteriormente, las personas encargadas del mantenimiento, desarrollo o supervisión de la base de datos de la CBP tendrán también acceso a dicha información para tales finalidades limitadas.

(7) Aunque el registro PNR no se suprime técnicamente cuando se transfiere al archivo de registros suprimidos, se almacena como información bruta (no localizable inmediatamente y, por lo tanto, no utilizable en las investigaciones «tradicionales» de aplicación de la ley) y sólo puede consultarlo el personal autorizado de la Oficina de asuntos internos del CBP (y en determinados casos la Oficina del Inspector general en relación con las supervisiones) y el personal responsable del mantenimiento de la base de datos de la Oficina de tecnología de la información del CBP, de acuerdo con sus «necesidades de conocimiento» .

(8) El acceso por parte de «contratistas» a cualquier información del PNR contenida en los sistemas informáticos del CBP estará limitada a personas que tengan un contrato con este organismo para ayudar al mantenimiento o desarrollo de su sistema informático.

(9) El CBP aplicaría estas exenciones de manera uniforme, con independencia de la nacionalidad o del país de residencia del titular de los datos.

(10) Al «rectificar» , el CBP desea dejar claro que no estará autorizado a revisar los datos del registro PNR de las compañías aéreas a los que tenga acceso. Se tratará, más bien, de crear un registro separado y vinculado al PNR para anotar que se ha determinado la inexactitud de los datos y que se han corregido adecuadamente. Concretamente, el organismo anotará el registro de examen secundario del pasajero para reflejar que determinados datos del PNR pueden ser o son inexactos.

(11) El Director responsable de la protección de la intimidad del DHS no depende de ninguna dirección dentro del Department of Homeland Security . Está obligado por norma a garantizar que el uso de la información personal cumpla la normativa pertinente (véase la nota a pie de página 13). Las decisiones del Director responsable de la protección de la intimidad serán vinculantes para el Departamento y no podrán revocarse por motivos políticos.

(12) De conformidad con la artículo 222 de la Homeland Security Act (Ley de seguridad territorial) de 2002 (Ley pública 107-296 de 25 de noviembre de 2002 ), el Director responsable de la protección de la intimidad del DHS es responsable de realizar una evaluación del impacto en la vida privada de las normas propuestas del Departamento sobre la vida privada de la información personal, incluido el tipo de información personal recogida y el número de personas afectadas, y debe informar anualmente al Congreso sobre las actividades del Departamento que afectan a la vida privada. El apartado 5 del artículo 222 de la Ley exige a dicho Director que reciba e informe al Congreso sobre todas las denuncias de violaciones de la privacidad.

(13) Las partes se comunicarán entre sí la composición de los respectivos equipos y podrán incluir autoridades competentes en materia de privacidad/protección de datos, control aduanero y otras formas de aplicación de la ley, seguridad de las fronteras y/o seguridad de la aviación. Las autoridades competentes estarán obligadas a obtener todas las autorizaciones necesarias y asumirán la confidencialidad de las conversaciones y de los documentos a los que pudieran tener acceso. No obstante, la confidencialidad no impedirá que ambas partes presenten un informe adecuado sobre los resultados del examen conjunto a las respectivas autoridades competentes, incluidos el Congreso americano y el Parlamento Europeo. Sin embargo, las autoridades participantes no podrán, bajo ninguna circunstancia, revelar ningún dato personal sobre un determinado individuo, ni ninguna información que no sea pública procedente de los documentos a los que tengan acceso, o cualquier información operativa o propia de la agencia que pudieran obtener durante el examen conjunto. Las partes determinarán conjuntamente las modalidades pormenorizadas del examen conjunto.

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ANEXO «A»


Datos de los PNR solicitados por el CBP a las compañías aéreas

1. Código de identificación del registro PNR

2. Fecha de reserva

3. Fecha(s) prevista(s) del viaje

4. Nombre

5. Otros nombres en el PNR

6. Dirección

7. Información sobre modalidades de pago

8. Dirección de facturación

9. Teléfonos de contacto

10. Itinerario completo del viaje para el PNR específico

11. Información sobre viajeros frecuentes (referida únicamente a millas recorridas y dirección o direcciones)

12. Agencia de viajes

13. Agente de viajes

14. Información del PNR sobre códigos compartidos

15. Situación de viaje ( travel status ) del pasajero

16. Información sobre PNR escindido/dividido

17. Dirección electrónica

18. Información sobre la emisión de billetes

19. Observaciones generales

20 Número del billete

21. Número de asiento

22. Fecha de emisión del billete

23. Pasajero del que no se dispone de información

24. Números de etiquetado de maletas

25. Pasajero de último momento sin reserva ( Go show information )

26. Información OSI

27. Información SSI

28. Información sobre la fuente

29. Historial de los cambios aportados al PNR

30. Número de viajeros en el PNR

31. Información sobre el asiento

32. Billetes de ida sólo

33. Toda la información del sistema de información avanzada sobre pasajeros ( Advanced Passenger Information System , APIS) recogida

34. Información sobre ATFQ ( Automatic Ticket Fare Quote ).

01Ene/14

Legislacion Informatica de

Anteproyecto de Ley de Delitos Informáticos. Resolución nº 476/2001 de 21 de noviembre de 2001.

Buenos Aires 21 de noviembre de 2001

VISTO el expediente EXPMINFRAVI EX número 225 000345/2001 del registro del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, los Decretos número 252/00 y número 243/01, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto número 252/00 crea el Programa Nacional para la Sociedad de la Información.

Que el Decreto número 243/01 dispone en su artículo 1, que la SECRETARIA DE COMUNICACIONES dependiente del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, tendrá a su cargo la definición, coordinación y supervisión del mismo.

Que el artículo 6 del Decreto 252/00, establece que: Quedan incluidas en el Programa Nacional para la Sociedad de la Información, las actividades vinculadas al diseño e implementación de políticas públicas destinadas a proveer a la universalización de Internet y otras redes digitales de datos, al desarrollo del comercio electrónico, a la formación de recursos humanos especializados en su gestión, al fomento de las inversiones y al desarrollo, en general, de las telecomunicaciones, la informática, la electrónica, el software y demás tecnologías afines.

Que en este contexto, la vigencia de un marco normativo adecuado, resulta fundamental para el logro de estos objetivos. Por esa razón, la SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA ha realizado una serie de actividades tendientes a estudiar los antecedentes e iniciativas en materia de Delitos Informáticos tanto en el derecho comparado como en nuestro país, habiendo concluido con la redacción del Anteproyecto de Ley que se acompaña en el ANEXO I.

Que la SECRETARIA DE COMUNICACIONES ya ha procedido a someter a consulta pública diferentes anteproyectos de ley relacionados con el programa creado por Decreto número 252/2000, a través de las Resoluciones número 333 del 10 de septiembre de 2001 y número 338 del 14 de septiembre de 2001 ambas de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES.

Que habiendo evaluado el resultado de la participación lograda en las Consultas Públicas convocadas las Resoluciones citadas, se estima conveniente continuar con dicho mecanismo, toda vez que alienta y facilita la participación de los ciudadanos en estos procesos.

Que cabe resaltar que la utilización de este mecanismo de consulta es particularmente útil, siendo relevante el aporte que puedan realizar los sectores relacionados, tanto académicos como técnicos.

Que este procedimiento tiende a que los requeridos, y todos los interesados en general, manifiesten su opinión respecto de la temática abordada por el anteproyecto que se somete a consulta.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto número 772 y el Decreto número 243/01.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMUNICACIONES

RESUELVE:

Artículo 1º. Adóptase el procedimiento de Documento de Consulta previsto en el ANEXO I, artículo 44 y siguientes del Reglamento General de Audiencias Públicas y Documentos de Consulta para las Comunicaciones, aprobado por Resolución número 57 del 23 de agosto de 1996 de la ex SECRETARIA DE COMUNICACIONES de la PRESIDENCIA DE LA NACION, por el término de TREINTA (30) días corridos, a los fines de tratar el documento que contendrá el Anteproyecto de Ley de Delitos Informáticos, que como ANEXO I integra la presente.

Artículo 2º. Las opiniones y sugerencias deberán ser enviadas a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected].

Artículo 3º. Todo interesado podrá acceder a cada uno o todos los trabajos recibidos, ingresando a la página Web de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES (www.secom.gov.ar).

Artículo 4º. Sin perjuicio del derecho de formular sugerencias de todos aquellos interesados, remítase el Documento de Consulta a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Carrera de Derecho de Alta Tecnología de la Universidad Católica Argentina, Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI), Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA), Cámara del Software Digital Interactivo, Cámara Argentina de Base de Datos y Servicios en Línea (CABASE), Asociación Argentina de Derecho de Alta Tecnología (AADAT), Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones (Usuaria), Asociación de Abogados de Buenos Aires, Internet Society, Capítulo Argentino (ISOC.AR) e INECIP Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.

Artículo 5º. Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. – Henoch D. Aguiar.

 

 

 

ANEXO I. ANTEPROYECTO DE LEY DE DELITOS INFORMATICOS

Artículo 1°. Acceso Ilegítimo Informático

Será reprimido con pena de multa de mil quinientos a treinta mil pesos, si no resultare un delito más severamente penado, el que ilegítimamente y a sabiendas accediere, por cualquier medio, a un sistema o dato informático de carácter privado o público de acceso restringido.

La pena será de un mes a dos años de prisión si el autor revelare, divulgare o comercializare la información accedida ilegítimamente.

En el caso de los dos párrafos anteriores, si las conductas se dirigen a sistemas o datos informáticos concernientes a la seguridad, defensa nacional, salud pública o la prestación de servicios públicos, la pena de prisión será de seis meses a seis años.

Artículo 2°: Daño Informático

Será reprimido con prisión de un mes a tres años, siempre que el hecho no constituya un delito más severamente penado, el que ilegítimamente y a sabiendas, alterare de cualquier forma, destruyere, inutilizare, suprimiere o hiciere inaccesible, o de cualquier modo y por cualquier medio, dañare un sistema o dato informático.

Artículo 3°:

En el caso del artículo 2º, la pena será de dos a ocho años de prisión, si mediara cualquiera de las circunstancias siguientes:
1) Ejecutarse el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones;
2) Si fuera cometido contra un sistema o dato informático de valor científico, artístico, cultural o financiero de cualquier administración pública, establecimiento público o de uso público de todo género;
3) Si fuera cometido contra un sistema o dato informático concerniente a la seguridad, defensa nacional, salud pública o la prestación de servicios públicos. Sí del hecho resultaren, además, lesiones de las descritas en los artículos 90 o 91 del Código Penal, la pena será de tres a quince años de prisión, y si resultare la muerte se elevará hasta veinte años de prisión.

Artículo 4°: Fraude Informático

Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que con ánimo de lucro, para sí o para un tercero, mediante cualquier manipulación o artificio tecnológico semejante de un sistema o dato informático, procure la transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.

En el caso del párrafo anterior, si el perjuicio recae en alguna administración publica, o entidad financiera, la pena será de dos a ocho años de prisión.

Artículo 5°: Disposiciones Comunes

1) A los fines de la presente ley se entenderá por sistema informático todo dispositivo o grupo de elementos relacionados que, conforme o no a un programa, realiza el tratamiento automatizado de datos, que implica generar, enviar, recibir, procesar o almacenar información de cualquier forma y por cualquier medio.
2) A los fines de la presente ley se entenderá por dato informático o información, toda representación de hechos, manifestaciones o conceptos en un formato que puede ser tratado por un sistema informático.
3) En todos los casos de los artículos anteriores, si el autor de la conducta se tratare del responsable de la custodia, operación, mantenimiento o seguridad de un sistema o dato informático, la pena se elevará un tercio del máximo y la mitad del mínimo, no pudiendo superar, en ninguno de los casos, los veinticinco años de prisión.

FUNDAMENTOS

La Tecno-era o Era Digital y su producto, la Sociedad de la Información, han provocado un cambio de paradigma social y cultural, impactando drásticamente en la estructura socio-económica y provocando un rediseño de la arquitectura de los negocios y la industria.

La Informática nos rodea y es un fenómeno irreversible. Se encuentra involucrada en todos los ámbitos de la interacción humana, desde los más importantes a los más triviales, generándose lo que, en la doctrina norteamericana, se denomina «computer dependency». Sin la informática las sociedades actuales colapsarían. Es instrumento de expansión ilimitada e inimaginable del hombre y es, a la vez, una nueva de forma de energía, e inclusive, de poder intelectual.

Naturalmente que el Derecho, como orden regulador de conductas, no queda exento del impacto de las nuevas tecnologías, destacándose la imposibilidad de adaptar dócilmente los institutos jurídicos vigentes y los viejos dogmas a estos nuevos fenómenos.

De igual manera, las tecnologías de la información han abierto nuevos horizontes al delincuente, incitando su imaginación, favoreciendo su impunidad y potenciando los efectos del delito convencional. A ello contribuye la facilidad para la comisión y encubrimiento de estas conductas disvaliosas y la dificultad para su descubrimiento, prueba y persecución.

La información, en consecuencia, ha adquirido un valor altísimo desde el punto de vista económico, constituyéndose en un bien sustrato del tráfico jurídico, con relevancia jurídico-penal por ser posible objeto de conductas delictivas (acceso ilegítimo, sabotaje o daño informático, espionaje informático, etc.) y por ser instrumento de comisión, facilitación, aseguramiento y calificación de los ilícitos tradicionales.

Atendiendo a las características de esta nueva «Era» y sus implicancias ya descriptas, consideramos que el bien jurídico tutelado en los delitos informáticos es la información en todos sus aspectos (vgr.: propiedad común, intimidad, propiedad intelectual, seguridad pública, confianza en el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos), entendiendo que su ataque supone una agresión a todo el complejo entramado de relaciones socio-económico-culturales, esto es, a las actividades que se producen en el curso de la interacción humana en todo sus ámbitos y que dependen de los sistemas informáticos (transporte, comercio, sistema financiero, gestión gubernamental, arte, ciencia, relaciones laborales, tecnologías, etc.).

En definitiva, en esta propuesta se entiende por delitos informáticos a aquellas acciones típicas, antijurídicas y culpables que recaen sobre la información, atentando contra su integridad, confidencialidad o disponibilidad, en cualquiera de las fases que tienen vinculación con su flujo o tratamiento, contenida en sistemas informáticos de cualquier índole sobre los que operan las maniobras dolosas.

Cabe adelantar que, dentro de estas modalidades de afectación del bien jurídico tutelado, se propone la creación de tres tipos de delitos básicos, con sus correspondientes agravantes, a saber:
a) El acceso ilegítimo informático o intrusismo informático no autorizado (hacking) que supone vulnerar la confidencialidad de la información en sus dos aspectos: exclusividad e intimidad;
b) El daño o sabotaje informático (cracking), conducta ésta que va dirigida esencialmente a menoscabar la integridad y disponibilidad de la información; y
c) El fraude informático, hipótesis en la cual se utiliza el medio informático como instrumento para atentar contra el patrimonio de un tercero, que se incluye en esta ley por su propia especificidad que impone no romper la sistemática de este proyecto de ley especial y por la imposibilidad de incorporarla a los delitos contra la propiedad contemplados en el Código Penal.

Ahora bien, la información, como valor a proteger, ha sido tenida en consideración por el Derecho Penal en otras ocasiones. Sin embargo, se lo ha hecho desde la óptica de la confidencialidad, pero no como un nuevo bien jurídico tutelado abarcativo de varios intereses dignos de protección penal. Piénsese sino en las normativas sobre violación de secretos profesionales o comerciales o la más reciente legislación de Habeas Data, de confidencialidad de la información y en el Derecho Publico Provincial, por las Constituciones de las Provincias del Chaco y de la Rioja, entre otras tantas normas que dentro de regímenes específicos, resguardan a la información con una especial protección.

Asimismo se busca, de alguna manera, cubrir las lagunas legales que fueron quedando luego de la incorporación de cierta protección a determinados intangibles en nuestro derecho positivo nacional.

Se impone aquí aclarar que, como política de legislación criminal, se ha optado por incluir estos delitos en una ley especial y no mediante la introducción de enmiendas al Código Penal, fundamentalmente para no romper el equilibrio de su sistemática y por tratarse de un bien jurídico novedoso que amerita una especial protección juridico-penal.

Adicionalmente este esquema tiene la bondad de permitir la incorporación de nuevas figuras que hagan a la temática dentro de su mismo seno sin volver a tener que discernir nuevamente con el problema de romper el equilibrio de nuestro Código Penal, que viene siendo objeto de sucesivas modificaciones. Este es el esquema que también han seguido países como los EE.UU. en donde se tiene una alta consciencia de que la carrera tecnológica posibilita nuevas formas de cometer conductas verdaderamente disvaliosas y merecedores de un reproche penal.

Va de suyo, que este no es un anteproyecto general y omnicomprensivo de todas aquellas acciones antijurídicas, sino uno que busca dar una respuesta en un campo especifico del Derecho positivo, como lo es el Derecho Penal.

Desde el primer momento, se decidió privilegiar la claridad expositiva, el equilibrio legislativo y apego al principio de legalidad evitando caer en una legislación errática que terminara meramente en un recogimiento de la casuística local o internacional.

Para ello se debió evitar la tentación de tomar figuras del derecho comparado sin antes desmenuzarlas y analizar estrictamente el contexto en donde se desarrollaron y finalmente ponderar cómo jugarían dentro del esquema criminal general vigente en la República Argentina.

Se buscó, asimismo, llevar nitidez estructural y conceptual a un campo en donde es muy difícil encontrarla, en donde las cuestiones técnicas ofrecen a cada paso claro-oscuros que muchas veces resultan territorios inexplorados no solo para el derecho penal, sino para el derecho en general y sus operadores.

Este anteproyecto abraza el principio de la mínima intervención en materia penal, buscando incriminar únicamente las conductas que representen un disvalor de tal entidad que ameriten movilizar el aparato represivo del Estado. Somos plenamente conscientes de que en más de una oportunidad una ilegitima conducta determinada será merecedora de un castigo extra penal, sea a través del régimen de la responsabilidad civil, del derecho administrativo o la materia contravencional.

Imbuido en este espíritu es que se ha decidido privilegiar el tratamiento de tres tipos delictivos fundamentales. El lector atento podrá notar que no una gran cantidad, sino la mayoría de las conductas que habitualmente se cometen o se buscan cometer dentro del ámbito informático son alcanzadas por alguno de los tipos tratados.

A) ACCESO ILEGITIMO INFORMÁTICO

Se ha optado por incorporar esta figura básica en la que por acceso se entiende todo ingreso no consentido, ilegítimo y a sabiendas, a un sistema o dato informático.

Decimos que es una figura base porque su aplicación se restringe a aquellos supuestos en que no media intención fraudulenta ni voluntad de dañar, limitándose la acción a acceder a un sistema o dato informático que se sabe privado o público de acceso restringido, y del cual no se posee autorización así se concluye que están excluidos de la figura aquellos accesos permitidos por el propietario u otro tenedor legítimo del sistema.

Consideramos apropiada aquí, la fijación de una pena de multa, atento que se trata de una figura básica que generalmente opera como antesala de conductas más graves, por lo que no amerita pena privativa de la libertad, la que por la naturaleza del injusto habría de ser de muy corta duración.

Este criterio resulta acorde con el de las legislaciones penales más modernas (Alemana, Austríaca, Italiana, Francesa y Española), que ven en la pena de multa el gran sustituto de las penas corporales de corta duración, puesto que no menoscaban bienes personalísimos como la libertad, ni arrancan al individuo de su entorno familiar y social o lo excluyen de su trabajo.

En cuanto a los elementos subjetivos de la figura, se añade un ánimo especial del autor para la configuración del tipo, que es la intencionalidad de acceder a un sistema de carácter restringido, es decir, sin consentimiento expreso o presunto de su titular.

Se contempla en el segundo párrafo, la pena de un mes a dos años de prisión si el autor revelare, divulgare o comercializare la información, como modalidad más gravosa de afectación del bien jurídico tutelado por la circunstancia que supone la efectiva pérdida de la exclusividad de la información, penalidad concordante con la descripción típica introducida por la ley 25.326, la que incorpora al código penal el artículo 157 bis.

Por último, se contempla en el último párrafo, como agravante de ambas modalidades de esta figura delictiva, la circunstancia que los sistemas o datos informáticos sean concernientes a la seguridad, defensa nacional, salud pública o la prestación de servicios públicos, en cuyo caso la pena prevista va desde los seis meses hasta los seis años de prisión. En esta hipótesis resulta palmario el fundamento de la agravante por la importancia que los sistemas e información comprometida involucran para el correcto funcionamiento de servicios vitales para la Nación, sin los cuales se pondría en jaque la convivencia común, en especial en los núcleos urbanos.

B) DAÑO O SABOTAJE INFORMATICO

En cuanto a la protección propiamente dicha de la integridad y disponibilidad de un sistema o dato informático, el artículo propuesto tiene por objeto llenar el vacío que presenta el tipo penal de daño (artículo 183 del Código Penal) que sólo contempla las cosas muebles.

En nuestro país la jurisprudencia sostuvo que el borrado o destrucción de un programa de computación no es una conducta aprehendida por el delito de daño (art. 183 del CP), pues el concepto de cosa es sólo aplicable al soporte y no a su contenido (CNCrimCorrec., Sala 6ta, 30/4/93, «Pinamonti, Orlando M.», JA 1995-III-236). Dicha solución es aplicable también a los datos o información almacenada en un soporte magnético.

Al incluir los sistemas y datos informáticos como objeto de delito de daño se busca penalizar todo ataque, borrado, destrucción o alteración intencional de dichos bienes intangibles. Asimismo, la incriminación tiende también a proteger a los usuarios contra los virus informáticos, caballos de troya, gusanos, cancer routines, bombas lógicas y otras amenazas similares.

La figura proyectada constituye un delito subsidiario, ya que la acción de dañar es uno de los medios generales para la comisión de ilícitos, pero esta subsidiariedad está restringida exclusivamente a los casos en que el delito perpetrado por medio de la acción dañosa esté «más severamente penado».

Asimismo, la ley prevé figuras gravadas, previendo especialmente las consecuencias del daño como, por ejemplo, el producido en un sistema o dato informático concerniente a la seguridad, defensa nacional, salud publica o la prestación de servicios públicos.

En este sentido, conviene precisar el alcance de cada supuesto. Respecto del inciso que agrava el daño a sistemas o datos informáticos con el propósito de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones, hemos seguido la técnica legislativa y los supuestos utilizados por el legislador al redactar el artículo 184 inciso 1° del Código Penal.

En segundo término, se protege la información de valor científico, artístico, cultural o financiero de las Universidades, colegios, museos y de toda administración publica, establecimiento público o de uso público de todo género. La especialidad de la información protegida y la condición pública o de uso público de los establecimientos ameritan agravar la pena en estas hipótesis.

En tercer lugar, la conducta se agrava cuando el daño recae sobre un sistema o dato informático concerniente a la seguridad, defensa nacional, salud pública o la prestación de servicios públicos. Aquí, la trascendencia pública, inmanentes a las obligaciones del Estado en materia de seguridad interior y exterior, salud y prestación de servicios públicos, justifican que la sanción penal se eleve por sobre el límite impuesto por la figura básica.

Por último, en función del inciso 3° se contempla como resultado, la producción de una la lesión, grave o gravísima, o la muerte de alguna persona, que pudiere ocurrir con motivo de un daño a un sistema o dato informático, elevándose la pena en función de la elevada jerarquía jurídica que reviste la integridad física de los seres humanos.

Hacemos notar que el Derecho comparado ha seguido los mismos lineamientos, pues frente a la evolución de los sistemas informáticos, las legislaciones penales debieron adaptarse a los nuevos bienes inmateriales.

Así, en la mayoría de los Códigos Penales de los Estados Unidos se ha tipificado una figura de destrucción de datos y sistemas informáticos. También la ley federal de delitos informáticos, denominada Computer Fraud and Abuse Act de 1986, contempla en la Sección (a) (5) la alteración, daño o destrucción de información como un delito autónomo.

El art. 303 a del StGB (Código Penal Alemán) establece que «1. Quien ilícitamente cancelare, ocultare, inutilizare o alterare datos de los previstos en el 202 a, par.2° será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con pena de multa».

El art. 126 a del Código Penal de Austria (östStGB) dispone que «1. Quien perjudicare a otro a través de la alteración, cancelación, inutilización u ocultación de datos protegidos automáticamente, confiados o transmitidos, sobre los que carezca en todo o en parte, de disponibilidad, será castigado con pena privativa de libertad de hasta seis meses o con pena de multa de hasta 360 días-multa».

Con la ley número 88-19 del 5 de enero de 1988 Francia incluyó en su Código Penal varios delitos informáticos. Entre ellos, destacamos la figura del art. 462-4 referida a la destrucción de datos que, establecía que «Quien, intencionalmente y con menosprecio de los derechos de los demás, introduzca datos en un sistema de tratamiento automático de datos o suprima o modifique los datos que éste contiene o los modos de tratamiento o transmisión, será castigado con prisión de tres meses a tres años y con multa de 2.000 a 500.000 francos o con una de los dos penas». Con la reforma penal de 1992, este artículo quedó ubicado en el art. 323-1 del Nouveau Code pénal, con la siguiente modificación: Se penaliza a quien al acceder a un ordenador de manera fraudulenta, suprima o modifique los datos allí almacenados.

El artículo 392 del Código Penal italiano incluye la alteración, modificación o destrucción total o parcial de programas de computación y el daño a la operación de un sistema telemático o informático. El artículo 420 del Código Penal, referido a atentados contra sistemas de instalaciones públicas, ha sido también modificado. Actualmente cualquiera que realice un acto con la intención de dañar o destruir sistemas informáticos o telemáticos de instalaciones públicas o sus datos, información o programas puede ser castigado con prisión de uno a cuatro años. En casos de consumación del delito (destrucción o daño a los datos) la pena se eleva de tres a ocho años.

En España, a partir de la reforma del Código penal, el nuevo artículo 264.2 reprime a quien por cualquier medio destruya, altere, inutilice o de cualquier otro modo dañe los datos, programas o documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos.

En 1993 Chile sancionó la ley 19.223 (Diario Oficial de la República de Chile, Lunes 7 de junio de 1993) por la que se tipifican figuras penales relativas a la informática. En su art.3° dispone: «El que maliciosamente altere, dañe o destruya los datos contenidos en un sistema de tratamiento de información, será castigado con presidio menor en su grado medio».

C) FRAUDE INFORMATICO

Se ha pensado el delito de fraude informático como un tipo autónomo y no como una figura especial de las previstas en los arts. 172 y 173 del Código Penal. En este sentido, se entendió que en el fraude informático, la conducta disvaliosa del autor está signada por la conjunción de dos elementos típicos ausentes en los tipos tradicionales de fraude previstos en Código: el ánimo de lucro y el perjuicio patrimonial fruto de una transferencia patrimonial no consentida sin que medie engaño ni voluntad humana viciada. El ánimo de lucro es el elemento subjetivo del tipo que distingue el fraude informático de las figuras de acceso ilegítimo informático y daño informático en los casos en que la comisión de las conductas descriptas en estos tipos trae aparejado un perjuicio patrimonial.

El medio comisivo del delito de fraude informático consiste en la manipulación o despliegue de cualquier artificio semejante sobre un sistema o dato informático. Se ha optado por definir la conducta que caracteriza este delito como una «manipulación» o «artificio tecnológico semejante» en el entendimiento de que dichos términos comprenden tanto la acción de supresión, modificación, adulteración o ingreso de información falsa en un sistema o dato informático.

El hecho se agrava cuando el fraude informático recae en alguna Administración Pública Nacional o Provincial, o entidad financiera.

D) DISPOSICIONES COMUNES

Como artículo 6°, bajo el título de Disposiciones Comunes, se ha creído necesario, por el tipo de ley especial de que se trata, redactar un glosario que facilite la comprensión de la terminología utilizada por el Anteproyecto.

Se definen en las disposiciones comunes, los dos términos centrales, en torno a los cuales giran los tipos definidos, con el mayor rigorismo a los fines de acotar los tipos en salvaguarda del principio de legalidad, pero, a la vez, con la suficiente flexibilidad y vocabulario técnico, con el objeto de no generar anacronismos en razón de la velocidad con la que se producen los cambios tecnológicos, tratando de aprehender todos los fenómenos de las nuevas tecnologías de la información.

Se ha podido comprobar, fruto de debates que se producen en otras latitudes, que la inmensa cantidad de las conductas ilegitimas que se buscan reprimir atentan ya sea contra uno u otro de estos dos conceptos definidos. Consiguientemente se decidió -siguiendo la Convención del Consejo de Europa sobre Cyber Crime- que, demarcando con nitidez ambos conceptos y haciéndolos jugar dentro de la tipología elegida, se lograba abarcar en mayor medida las conductas reprochables, sin perder claridad ni caer en soluciones vedadas por principios centrales del derecho penal: a saber, Principio de legalidad y Principio de Prohibición de la Analogía.

Independientemente de lo manifestado, se debe tener presente que sí bien el dato informático o información, tal cual está definido en esta ley especial, es sin duda de un intangible, y que -solo o en conjunto con otros intangibles- puede revestir cierto valor económico o de otra índole, no debe, por ello, caerse en el error de -sin mas- asociarlo a lo que en los términos del Derecho de la Propiedad Intelectual se entiende por obra protegida. (vgr. :software). Si bien una obra protegida por el régimen de la Propiedad Intelectual, puede almacenarse o transmitirle a través de red o de un sistema informático y -eventualmente- ser objeto de una conducta de las descripta por esta ley, no toda información – según se define aquí- es una obra de propiedad intelectual y por ende goza del resguardo legal que otorga de dicho régimen de protección especial.

Común a las disposiciones de acceso ilegítimo, daño y fraude informáticos, se ha entendido que el delito se ve agravado cuando quien realiza las conductas delictivas es aquél que tiene a su cargo la custodia u operación del sistema en razón de las responsabilidades y deberes que le incumben, puesto que usa sus conocimientos, status laboral o situación personal para cometer cualesquiera de los delitos tipificados por la presente ley.

En cuanto a la escala penal, se le otorga al juez una amplia discrecionalidad para graduar el aumento de la pena en estos casos, pero le pone un límite, y es que la sanción no podrá superar los veinticinco años de prisión.

Por los motivos expuestos se somete a su consideración el presente anteproyecto de ley.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Electronic Transactions Act nº 162 of 1999

Electronic Transactions Act nº 162 of 1999

An Act to facilitate electronic transactions, and for other purposes

Part 1. Introduction

1 Short title

This Act may be cited as the Electronic Transactions Act 1999.

2 Commencement

1) Subject to subsection 2), this Act commences on a day to be fixed by Proclamation.

2) If this Act does not commence under subsection 1) within the period of 6 months beginning on the day on which this Act receives the Royal Assent, it commences on the first day after the end of that period.

3 Object

The object of this Act is to provide a regulatory framework that:

a) recognises the importance of the information economy to the future economic and social prosperity of Australia; and

b) facilitates the use of electronic transactions; and

c) promotes business and community confidence in the use of electronic transactions; and

d) enables business and the community to use electronic communications in their dealings with government.

4 Simplified outline

The following is a simplified outline of this Act:

• For the purposes of a law of the Commonwealth, a transaction is not invalid because it took place by means of one or more electronic communications.

• The following requirements imposed under a law of the Commonwealth can be met in electronic form:

a) a requirement to give information in writing;

b) a requirement to provide a signature;

c) a requirement to produce a document;

d) a requirement to record information;

e) a requirement to retain a document.

• For the purposes of a law of the Commonwealth, provision is made for determining the time and place of the dispatch and receipt of an electronic communication.

• The purported originator of an electronic communication is bound by it for the purposes of a law of the Commonwealth only if the communication was sent by the purported originator or with the authority of the purported originator.

5 Definitions

1) In this Act, unless the contrary intention appears:

Commonwealth entity means:

a) a Minister; or

b) an officer or employee of the Commonwealth; or

c) a person who holds or performs the duties of an office under a law of the Commonwealth; or

d) an authority of the Commonwealth; or

e) an employee of an authority of the Commonwealth.

consent includes consent that can reasonably be inferred from the conduct of the person concerned.

data includes the whole or part of a computer program within the meaning of the Copyright Act 1968.

data storage device means any article or material (for example, a disk) from which information is capable of being reproduced, with or without the aid of any other article or device.

electronic communication means:

a) a communication of information in the form of data, text or images by means of guided and/or unguided electromagnetic energy; or

b) a communication of information in the form of speech by means of guided and/or unguided electromagnetic energy, where the speech is processed at its destination by an automated voice recognition system.

information means information in the form of data, text, images or speech.

information system means a system for generating, sending, receiving, storing or otherwise processing electronic communications.

information technology requirements includes software requirements.

non-profit body means a body that is not carried on for the purposes of profit or gain to its individual members and is, by the terms of the body’s constitution, prohibited from making any distribution, whether in money, property or otherwise, to its members.

place of business, in relation to a government, an authority of a government or a non-profit body, means a place where any operations or activities are carried out by that government, authority or body.

transaction includes a transaction of a non-commercial nature.

2) Before 1 July 2001, in this Act (other than this section):

law of the Commonwealth means a law of the Commonwealth specified in the regulations.

6. Crown to be bound

This Act binds the Crown in all its capacities.

7. External Territories

This Act extends to all the external Territories.

Part 2. Application of legal requirements to electronic communications

Division 1. General rule about validity of transactions for the purposes of laws of the Commonwealth

8. Validity of electronic transactions

1) For the purposes of a law of the Commonwealth, a transaction is not invalid because it took place wholly or partly by means of one or more electronic communications.

2) The general rule in subsection 1) does not apply in relation to the validity of a transaction to the extent to which another, more specific provision of this Part deals with the validity of the transaction.

Exemptions

3) The regulations may provide that subsection 1) does not apply to a specified transaction.

4) The regulations may provide that subsection 1) does not apply to a specified law of the Commonwealth.

Division 2. Requirements under laws of the Commonwealth

9. Writing

Requirement to give information in writing

1) If, under a law of the Commonwealth, a person is required to give information in writing, that requirement is taken to have been met if the person gives the information by means of an electronic communication, where:

a) in all cases at the time the information was given, it was reasonable to expect that the information would be readily accessible so as to be useable for subsequent reference; and

b) if the information is required to be given to a Commonwealth entity, or to a person acting on behalf of a Commonwealth entity, and the entity requires that the information be given, in accordance with particular information technology requirements, by means of a particular kind of electronic communication the entity’s requirement has been met; and

c) if the information is required to be given to a Commonwealth entity, or to a person acting on behalf of a Commonwealth entity, and the entity requires that particular action be taken by way of verifying the receipt of the information the entity’s requirement has been met; and

d) if the information is required to be given to a person who is neither a Commonwealth entity nor a person acting on behalf of a Commonwealth entity the person to whom the information is required to be given consents to the information being given by way of electronic communication.

Permission to give information in writing

2) If, under a law of the Commonwealth, a person is permitted to give information in writing, the person may give the information by means of an electronic communication, where:

a) in all cases at the time the information was given, it was reasonable to expect that the information would be readily accessible so as to be useable for subsequent reference; and

b) if the information is permitted to be given to a Commonwealth entity, or to a person acting on behalf of a Commonwealth entity, and the entity requires that the information be given, in accordance with particular information technology requirements, by means of a particular kind of electronic communication the entity’s requirement has been met; and

c) if the information is permitted to be given to a Commonwealth entity, or to a person acting on behalf of a Commonwealth entity, and the entity requires that particular action be taken by way of verifying the receipt of the information the entity’s requirement has been met; and

d) if the information is permitted to be given to a person who is neither a Commonwealth entity nor a person acting on behalf of a Commonwealth entity the person to whom the information is permitted to be given consents to the information being given by way of electronic communication.

Certain other laws not affected

3) This section does not affect the operation of any other law of the Commonwealth that makes provision for or in relation to requiring or permitting information to be given, in accordance with particular information technology requirements:

a) on a particular kind of data storage device; or

b) by means of a particular kind of electronic communication.

Giving information

4) This section applies to a requirement or permission to give information, whether the expression give, send or serve, or any other expression, is used.

5) For the purposes of this section, giving information includes, but is not limited to, the following:

a) making an application;

b) making or lodging a claim;

c) giving, sending or serving a notification;

d) lodging a return;

e) making a request;

f) making a declaration;

g) lodging or issuing a certificate;

h) making, varying or cancelling an election;

i) lodging an objection;

j) giving a statement of reasons.

 

10. Signature

Requirement for signature

1) If, under a law of the Commonwealth, the signature of a person is required, that requirement is taken to have been met in relation to an electronic communication if:

a) in all cases a method is used to identify the person and to indicate the person’s approval of the information communicated; and

b) in all cases having regard to all the relevant circumstances at the time the method was used, the method was as reliable as was appropriate for the purposes for which the information was communicated; and

c) if the signature is required to be given to a Commonwealth entity, or to a person acting on behalf of a Commonwealth entity, and the entity requires that the method used as mentioned in paragraph a) be in accordance with particular information technology requirements the entity’s requirement has been met; and

d) if the signature is required to be given to a person who is neither a Commonwealth entity nor a person acting on behalf of a Commonwealth entity the person to whom the signature is required to be given consents to that requirement being met by way of the use of the method mentioned in paragraph a).

Certain other laws not affected

2) This section does not affect the operation of any other law of the Commonwealth that makes provision for or in relation to requiring:

a) an electronic communication to contain an electronic signature (however described); or

b) an electronic communication to contain a unique identification in an electronic form; or

c) a particular method to be used in relation to an electronic communication to identify the originator of the communication and to indicate the originator’s approval of the information communicated.

 

11. Production of document

Requirement to produce a document

1) If, under a law of the Commonwealth, a person is required to produce a document that is in the form of paper, an article or other material, that requirement is taken to have been met if the person produces, by means of an electronic communication, an electronic form of the document, where:

a) in all cases having regard to all the relevant circumstances at the time of the communication, the method of generating the electronic form of the document provided a reliable means of assuring the maintenance of the integrity of the information contained in the document; and

b) in all cases at the time the communication was sent, it was reasonable to expect that the information contained in the electronic form of the document would be readily accessible so as to be useable for subsequent reference; and

c) if the document is required to be produced to a Commonwealth entity, or to a person acting on behalf of a Commonwealth entity, and the entity requires that an electronic form of the document be produced, in accordance with particular information technology requirements, by means of a particular kind of electronic communication the entity’s requirement has been met; and

d) if the document is required to be produced to a Commonwealth entity, or to a person acting on behalf of a Commonwealth entity, and the entity requires that particular action be taken by way of verifying the receipt of the document the entity’s requirement has been met; and

e) if the document is required to be produced to a person who is neither a Commonwealth entity nor a person acting on behalf of a Commonwealth entity the person to whom the document is required to be produced consents to the production, by means of an electronic communication, of an electronic form of the document.

Permission to produce a document

2) If, under a law of the Commonwealth, a person is permitted to produce a document that is in the form of paper, an article or other material, then, instead of producing the document in that form, the person may produce, by means of an electronic communication, an electronic form of the document, where:

a) in all cases having regard to all the relevant circumstances at the time of the communication, the method of generating the electronic form of the document provided a reliable means of assuring the maintenance of the integrity of the information contained in the document; and

b) in all cases at the time the communication was sent, it was reasonable to expect that the information contained in the electronic form of the document would be readily accessible so as to be useable for subsequent reference; and

c) if the document is permitted to be produced to a Commonwealth entity, or to a person acting on behalf of a Commonwealth entity, and the entity requires that an electronic form of the document be produced, in accordance with particular information technology requirements, by means of a particular kind of electronic communication the entity’s requirement has been met; and

d) if the document is permitted to be produced to a Commonwealth entity, or to a person acting on behalf of a Commonwealth entity, and the entity requires that particular action be taken by way of verifying the receipt of the document the entity’s requirement has been met; and

e) if the document is permitted to be produced to a person who is neither a Commonwealth entity nor a person acting on behalf of a Commonwealth entity the person to whom the document is permitted to be produced consents to the production, by means of an electronic communication, of an electronic form of the document.

Integrity of information

3) For the purposes of this section, the integrity of information contained in a document is maintained if, and only if, the information has remained complete and unaltered, apart from:

a) the addition of any endorsement; or

b) any immaterial change;

which arises in the normal course of communication, storage or display.

Certain other laws not affected

4) This section does not affect the operation of any other law of the Commonwealth that makes provision for or in relation to requiring or permitting electronic forms of documents to be produced, in accordance with particular information technology requirements:

a) on a particular kind of data storage device; or

b) by means of a particular kind of electronic communication.

Exemption. migration and citizenship documents

5) Schedule 1 has effect.

Copyright

6) The following provisions have effect:

a) the generation of an electronic form of a document for the purposes of:

I) this section; or

II) law of a State or Territory that corresponds to this section;

does not constitute an infringement of the copyright in a work or other subject matter embodied in the document.

b) he production, by means of an electronic communication, of an electronic form of a document for the purposes of:

I) this section; or

II) a law of a State or Territory that corresponds to this section;

does not constitute an infringement of the copyright in a work or other subject matter embodied in the document.

Note:Section 13 sets out exemptions from this section.

12. Retention

Recording of information

1) If, under a law of the Commonwealth, a person is required to record information in writing, that requirement is taken to have been met if the person records the information in electronic form, where:

a) in all cases at the time of the recording of the information, it was reasonable to expect that the information would be readily accessible so as to be useable for subsequent reference; and

b) if the regulations require that the information be recorded, in electronic form, on a particular kind of data storage device that requirement has been met.

Retention of written document

2) If, under a law of the Commonwealth, a person is required to retain, for a particular period, a document that is in the form of paper, an article or other material, that requirement is taken to have been met if the person retains an electronic form of the document throughout that period, where:

a) in all cases having regard to all the relevant circumstances at the time of the generation of the electronic form of the document, the method of generating the electronic form of the document provided a reliable means of assuring the maintenance of the integrity of the information contained in the document; and

b) in all cases at the time of the generation of the electronic form of the document, it was reasonable to expect that the information contained in the electronic form of the document would be readily accessible so as to be useable for subsequent reference; and

c) if the regulations require that the electronic form of the document be retained on a particular kind of data storage device that requirement has been met.

3) For the purposes of subsection 2), the integrity of information contained in a document is maintained if, and only if, the information has remained complete and unaltered, apart from:

a) the addition of any endorsement; or

b) any immaterial change;

which arises in the normal course of communication, storage or display.

Retention of electronic communications

4) If, under a law of the Commonwealth, a person (the first person) is required to retain, for a particular period, information that was the subject of an electronic communication, that requirement is taken to be met if the first person retains, or causes another person to retain, in electronic form, the information throughout that period, where:

a) in all cases at the time of commencement of the retention of the information, it was reasonable to expect that the information would be readily accessible so as to be useable for subsequent reference; and

b) in all cases having regard to all the relevant circumstances at the time of commencement of the retention of the information, the method of retaining the information in electronic form provided a reliable means of assuring the maintenance of the integrity of the information contained in the electronic communication; and

c) in all cases throughout that period, the first person also retains, or causes the other person to retain, in electronic form, such additional information obtained by the first person as is sufficient to enable the identification of the following:

I) the origin of the electronic communication;

II) the destination of the electronic communication;

III) the time when the electronic communication was sent;

IV) the time when the electronic communication was received; and

d) in all cases at the time of commencement of the retention of the additional information covered by paragraph c), it was reasonable to expect that the additional information would be readily accessible so as to be useable for subsequent reference; and

e) if the regulations require that the information be retained, in electronic form, on a particular kind of data storage device that requirement is met throughout that period.

5) For the purposes of subsection 4), the integrity of information that was the subject of an electronic communication is maintained if, and only if, the information has remained complete and unaltered, apart from:

a) the addition of any endorsement; or

b) any immaterial change;

which arises in the normal course of communication, storage or display.

Copyright

6) The generation of an electronic form of a document for the purposes of:

a) this section; or

b) a law of a State or Territory that corresponds to this section;

does not constitute an infringement of the copyright in a work or other subject matter embodied in the document.

Note:Section 13 sets out exemptions from this section.

13. Exemptions from this Division

Exemptions under the regulations

1) The regulations may provide that this Division, or a specified provision of this Division, does not apply to a specified requirement.

2) The regulations may provide that this Division, or a specified provision of this Division, does not apply to a specified permission.

3) The regulations may provide that this Division, or a specified provision of this Division, does not apply to a specified law of the Commonwealth.

Exemptions for courts and tribunals

4) This Division does not apply to the practice and procedure of a court or tribunal. For this purpose, practice and procedure includes all matters in relation to which rules of court may be made.

Evidence Act 1995 etc. not affected

5) This Division does not affect the operation of:

a) the Evidence Act 1995; or

b) a law of a State or Territory that corresponds to the Evidence Act 1995; or

c) a law of a State or Territory, or a rule of common law, that makes provision for the way in which evidence is given in proceedings in a court.

Division 3. Other provisions relating to laws of the Commonwealth

14. Time and place of dispatch and receipt of electronic communications

Time of dispatch

1) For the purposes of a law of the Commonwealth, if an electronic communication enters a single information system outside the control of the originator, then, unless otherwise agreed between the originator and the addressee of the electronic communication, the dispatch of the electronic communication occurs when it enters that information system.

2) For the purposes of a law of the Commonwealth, if an electronic communication enters successively 2 or more information systems outside the control of the originator, then, unless otherwise agreed between the originator and the addressee of the electronic communication, the dispatch of the electronic communication occurs when it enters the first of those information systems.

Time of receipt

3) For the purposes of a law of the Commonwealth, if the addressee of an electronic communication has designated an information system for the purpose of receiving electronic communications, then, unless otherwise agreed between the originator and the addressee of the electronic communication, the time of receipt of the electronic communication is the time when the electronic communication enters that information system.

4) For the purposes of a law of the Commonwealth, if the addressee of an electronic communication has not designated an information system for the purpose of receiving electronic communications, then, unless otherwise agreed between the originator and the addressee of the electronic communication, the time of receipt of the electronic communication is the time when the electronic communication comes to the attention of the addressee.

Place of dispatch and receipt

5) For the purposes of a law of the Commonwealth, unless otherwise agreed between the originator and the addressee of an electronic communication:

a) the electronic communication is taken to have been dispatched at the place where the originator has its place of business; and

b) the electronic communication is taken to have been received at the place where the addressee has its place of business.

6) For the purposes of the application of subsection 5) to an electronic communication:

a) if the originator or addressee has more than one place of business, and one of those places has a closer relationship to the underlying transaction it is to be assumed that that place of business is the originator’s or addressee’s only place of business; and

b) if the originator or addressee has more than one place of business, but paragraph a) does not apply it is to be assumed that the originator’s or addressee’s principal place of business is the originator’s or addressee’s only place of business; and

c) if the originator or addressee does not have a place of business it is to be assumed that the originator’s or addressee’s place of business is the place where the originator or addressee ordinarily resides.

Exemptions

7) The regulations may provide that this section does not apply to a specified electronic communication.

8) The regulations may provide that this section does not apply to a specified law of the Commonwealth.

15. Attribution of electronic communications

1) For the purposes of a law of the Commonwealth, unless otherwise agreed between the purported originator and the addressee of an electronic communication, the purported originator of the electronic communication is bound by that communication only if the communication was sent by the purported originator or with the authority of the purported originator.

2) Subsection 1) is not intended to affect the operation of a law (whether written or unwritten) that makes provision for:

a) conduct engaged in by a person within the scope of the person’s actual or apparent authority to be attributed to another person; or

b) a person to be bound by conduct engaged in by another person within the scope of the other person’s actual or apparent authority.

Exemptions

3) The regulations may provide that this section does not apply to a specified electronic communication.

4) The regulations may provide that this section does not apply to a specified law of the Commonwealth.

Certain provisions of the Evidence Act 1995 etc. not affected

5) This section does not affect the operation of:

a) section 87 or 88 of the Evidence Act 1995; or

b) a law of a State or Territory that corresponds to section 87 or 88 of the Evidence Act 1995; or

c) a law of a State or Territory, or a rule of common law, that provides for a statement made by a person to be treated as an admission made by a party to a proceeding in a court.

Part 3. Miscellaneous

16. Regulations

The Governor-General may make regulations prescribing matters:

a) required or permitted by this Act to be prescribed; or

b) necessary or convenient to be prescribed for carrying out or giving effect to this Act.

Schedule 1. Exemption of migration and citizenship documents from section 11

Note:See subsection 11.5).

1. Exempt migration documents

1) Section 11 does not apply to a document required or permitted to be produced in connection with:

a) the operation of a provision of a migration law that relates to:

I) an application for, or the grant of, a visa; or

II) the cancellation of a visa; or

III) the deportation of a person; or

b) the application of a migration law to a non-citizen who:

I) does not hold, or is reasonably suspected of not holding, a visa; or

II) seeks to enter Australia unlawfully, or is reasonably suspected of seeking to enter Australia unlawfully; or

III) seeks to enter the migration zone unlawfully, or is reasonably suspected of seeking to enter the migration zone unlawfully; or

c) the operation of Division 2, 5, 8 or 11 of Part 2 of the Migration Act 1958; or

d) the operation of Division 1.4, 1.4A or 1.4B of Part 1 of the Migration Regulations 1994.

2) An expression used in paragraph 1.a) or b) and in the Migration Act 1958 has the same meaning in that paragraph as it has in that Act.

3) In this clause:

migration law means:

a) the Migration Act 1958; or

b) regulations under that Act.

2. Exempt citizenship documents

1) Section 11 does not apply to a document required or permitted to be produced in connection with:

a) ascertaining whether a person is, or remains, an Australian citizen; or

b) the operation of a provision of a citizenship law that relates to:

I) registration; or

II) an application for, or the grant of, a certificate of Australian citizenship; or

III) the inclusion of the name of a child in a certificate of Australian citizenship; or

IV) the amendment, replacement, cancellation or surrender of a certificate of Australian citizenship; or

V) an application for, or the issue of, an evidentiary certificate; or

VI) the cancellation or surrender of an evidentiary certificate; or

VII) the renunciation of Australian citizenship; or

VIII) the deprivation of Australian citizenship; or

c) the revocation of a certificate of Australian citizenship; or

d) the operation of a provision of a citizenship law that relates to:

I) an application for, or the issue of, a declaratory certificate of citizenship; or

II) the return of a declaratory certificate of citizenship; or

III) the keeping of a register; or

IV) the correction of an entry in a register; or

V) the cancellation of an entry in a register; or

VI) the giving of an extract of an entry in a register; or

VII) the return of an extract of an entry in a register; or

e) the operation of regulation 4 of the Australian Citizenship Regulations.

2) An expression used in paragraph 1.b) or c) and in the Australian Citizenship Act 1948 has the same meaning in that paragraph as it has in that Act.

3) An expression used in paragraph 1.d) and in the Australian Citizenship Regulations has the same meaning in that paragraph as it has in those regulations.

4) In this clause:

citizenship law means:

a) the Australian Citizenship Act 1948; or

b) regulations under that Act.

3. Schedule does not limit section 13

This Schedule does not, by implication, limit section 13 (which deals with exemptions from Division 2 of Part 2).

01Ene/14

Legislacion Informatica de Disposición 1/2004, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, de 26 de febrero de 2004, que implementa , con carácter obligatorio, el princer Censo Nacional de Archivos, Registros, Bases o Bancos de Datos Privados. (Boletín Oficial de 26 de febrero de 2004).

Disposición 1/2004, de 26 de febrero de 2004, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que implementa , con carácter obligatorio, el princer Censo Nacional de Archivos, Registros, Bases o Bancos de Datos Privados. (Boletín Oficial de 26 de febrero de 2004).

VISTO las competencias atribuidas a esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES por la Ley número 25.326 y su Decreto Reglamentario número 1558 del 29 de noviembre de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que entre las funciones asignadas a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES se encuentra la de realizar un censo de archivos, registros o bancos de datos alcanzados por la ley y mantener el registro permanente de los mismos.

Que como etapa previa a la implementación del REGISTRO NACIONAL DE ARCHIVOS, REGISTROS, BASES O BANCOS DE DATOS PRIVADOS resulta indispensable poner en práctica el PRIMER CENSO NACIONAL DE ARCHIVOS, REGISTROS, BASES O BANCOS DE DATOS PRIVADOS.

Que el Censo Nacional, además de cuantificar el universo de aquellos regulados por la Ley de Protección de Datos Personales, tiene por finalidad conocer la composición cualitativa y sectorial de los actores que desarrollan el tratamiento de datos personales, información que servirá para la mejor implementación del Registro Nacional de Bases de Datos, cuyas bases técnico jurídicas fueron establecidas en la Disposición DNPDP número 2 del 20 de noviembre de 2003, y por ende, posibilitar una mayor protección a las personas.

Que por la condición de soporte fáctico del PRIMER CENSO NACIONAL DE ARCHIVOS, REGISTROS, BASES O BANCOS DE DATOS PRIVADOS, se dispuso la obligatoriedad de su realización para todos aquellos que actúen en el sector privado, definidas en el artículo 1° de la Reglamentación aprobada por el Decreto número 1558 del 29 de noviembre de 2001.

Que mediante la Disposición número 2 del 20 de noviembre de 2003, Anexo II, se aprobaron las bases técnico jurídicas para el formulario del PRIMER CENSO NACIONAL DE ARCHIVOS, REGISTROS, BASES O BANCOS DE DATOS PRIVADOS, estableciéndose un plazo de NOVENTA (90) días para su implementación.

Que habiendo concluido el desarrollo del sistema informático para su cumplimiento en forma telemática, corresponde establecer las fechas en las que las obligadas deberán cumplir con la inscripción del formulario del PRIMER CENSO NACIONAL DE ARCHIVOS, REGISTROS, BASES O BANCOS DE DATOS PRIVADOS.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 29, inciso 1, ap.c) de la Ley número 25.326.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

DISPONE:

Artículo 1º.- Impleméntase el PRIMER CENSO NACIONAL DE ARCHIVOS, REGISTROS, BASES O BANCOS DE DATOS PRIVADOS, con carácter obligatorio, a partir del 1° de marzo de 2004 y hasta el 30 de abril de 2004, el que debe completarse en forma telemática a través del enlace dispuesto a esos efectos en la página de Internet http://www.jus.gov.ar.

Artículo 2º.- Apruébase el formulario para el PRIMER CENSO NACIONAL DE ARCHIVOS, REGISTROS, BASES O BANCOS DE DATOS PRIVADOS que como Anexo I se acompaña a la presente.

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan A.Travieso.

ANEXO I

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Arrêté du 21 février 2006 modifiant l'arrêté du 28 octobre 2005 relatif à la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion automatisée des certificats électroniques des person

Arrêté du 21 février 2006 modifiant l'arrêté du 28 octobre 2005 relatif à la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion automatisée des certificats électroniques des personnels.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi nº 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret nº 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2005 relatif à la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion automatisée des certificats électroniques des personnels ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 septembre 2005 portant le numéro 1031837,

Arrête :

Article 1. L'article 1er de l'arrêté du 28 octobre 2005 susvisé est modifié comme suit :

«La direction du personnel, de la modernisation et de l'administration (DPMA) met en oeuvre un traitement informatisé dénommé «infrastructure de gestion de clés publiques de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration (IGC DPMA), qui a pour objet de gérer les certificats électroniques attribués et les porteurs correspondants.

Cette infrastructure intègre les certificats électroniques attribués aux agents de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.»


Article 2. Le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration :

Le chef de service, A. Casanova

01Ene/14

Arrêté du ministre des technologies de l'information et de la communication du 24 juillet 2012, modifiant l'arrêté du 9 janvier 2010, fixant les redevances d'attribution des ressources de numérotation et d'adressage.

Le ministre des technologies de l'information et de la communication,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et notamment son article 41,

Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès et notamment son article 10,

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 2 décembre 2009, portant approbation du plan national de numérotation et d'adressage, tel que modifié par l'arrêté du 24 juillet 2012,

Vu l'arrêté du ministre des technologies de communication du 9 janvier 2010, fixant les redevances d'attribution des ressources de numérotation et d'adressage,

Vu l'avis de l'instance nationale des télécommunications.

 

Arrête :

 

Article premier .-

Sont abrogées les dispositions du tiret 4 de l'article 2 de l'arrêté du ministre des technologies de la communication susvisé du 9 janvier 2010 et remplacées comme suit :

 

Article 2 (tiret quatre nouveau). – Les numéros des sous- plages » 80 » et » 82 » : 1000 dinars pour chaque groupe de 1000 nombre.

 

Article 2 .-

La sous- plage » 87 » prévue au tiret 5 de l'article 2 de l'arrêté du ministre des technologies de la communication susvisé du 9 janvier 2010 est remplacée par la sous- plage » 85 «.

 

Article 3 .-

Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 24 juillet 2012.

Le ministre de la technologie de l’information et de la communication

Mongi Marzouk

Vu

Le Chef du Gouvernement

Hamadi Jebali

01Ene/14

Bermuda Constitution (Amendment) Order 2001, 18th July 2001

Her Majesty, by virtue and in exercise of the powers vested in Her in that behalf by section 1 of the Bermuda Constitution Act 1967(a) and of all other powers enabling Her in that behalf, is pleased, by and with the advice of Her Privy Council, to order, and it is hereby ordered, as follows:

Citation, construction and commencement

1.-

(1) This Order may be cited as the Bermuda Constitution (Amendment) Order 2001 and shall be construed as one with the Bermuda Constitution Orders 1968 (b) (hereinafter referred to as «the principal Order»).

(2) The principal Order and this Order may be cited together as the Bermuda Constitution Orders 1968 to 2001.

(3) In this Order, «the Constitution» means the Constitution set out in Schedule 2 to the principal Order.

(4) This Order shall come into force on 21st August 2001.

 

Recommendations for single-member constituencies

2.-

(1) Notwithstanding section 54 of the Constitution, the following provisions shall have effect in relation to a Constituency Boundaries Commission first appointed in accordance with section 53 of the Constitution after the date on which this Order comes into force.

(2) A Constituency Boundaries Commission so appointed shall, as soon as practicable after its appointment, prepare and submit to the Governor a report recommending the number, being no fewer than twenty nor greater than forty, and boundaries of constituencies into which Bermuda should be divided with a view to each such constituency returning one member to the House of Assembly.

(3) In preparing its report under subsection (2) of this section the Commission shall ensure that the constituencies shall contain, so far as is reasonably practicable, equal numbers of persons qualified to be registered as electors under section 55 of the Constitution as amended by this Order; and in doing so the Commission :

(a) shall take no account of the racial distribution of electors within Bermuda;

(b) shall take account of geographical features and natural boundaries within Bermuda;

(c) may ignore the boundaries of parishes; and

(d) shall ensure, so far as is reasonably practicable, that each constituency is a contiguous unit.

(4) For the purpose of the discharge of its functions, the Commission shall invite views from members of the public and may seek such advice as it considers appropriate.

(5) The Governor shall forthwith transmit to the Secretary of State a report submitted to him by the Commission under subsection (2) of this section, together with the record of any debate in the House of Assembly on that report including any motion approved by the House in relation to the report.

(6) Section 53 of the Constitution shall apply for the purposes of this section, save that in subsections (4)(a) and (5)(a) the references to section 54 of the Constitution shall have effect as if they were references to subsection (2) of this section.

Amendment of section 2 of Constitution

3. Section 2(1) of the Constitution is amended by deleting the words «save in execution of the sentence of a court in respect of a criminal offence of which he has been convicted».

Amendment of section 3 of Constitution

4. Section 3 of the Constitution is amended by deleting subsection (2).

Amendment of section 22 of Constitution

5.- Section 22 of the Constitution is amended by deleting subsection (3).

 

Amendment of section 29 of Constitution

6.- Section 29(a) of the Constitution is amended by substituting the words «Commonwealth citizen (within the meaning of the British Nationality Act 1981)» for the words «British subject».

Amendment of section 55 of Constitution

7.- Section 55 of the Constitution is amended in subsection (1) by replacing paragraph (a) by the following:

«(a) is a Commonwealth citizen (within the meaning of the British Nationality Act 1981) who has attained the age of eighteen years;».

Amendment of references to Parliamentary Secretary in Constitution

8.- Sections 42, 63, 64, 67, 68 and 103 of, and the Schedule to, the Constitution are amended by substituting the words «Junior Minister» for the words «Parliamentary Secretary» wherever they occur.

Amendment of references to Auditor in Constitution

9.- Sections 82, 88, 93, 100, 101, 104 and 105 of the Constitution are amended by substituting the words «Auditor General» for the word «Auditor» wherever it occurs.

Addition of new Chapter VIA to Constitution

10.- The following new Chapter and sections are inserted in the Constitution after section 93:

«CHAPTER VIA.- OMBUDSMAN

The Ombudsman

93A.-

(1) There shall be an Ombudsman for Bermuda.

(2) The Governor, acting after consultation with the Premier who shall first have consulted the Opposition Leader, shall, by instrument under the Public Seal, appoint the Ombudsman.

(3) No person shall be qualified to be appointed as Ombudsman if he is or has been within the preceding three years:

(a) a Senator or a member of, or a confirmed candidate for election to, the House of Assembly; or

(b) the holder of any office in any political party.

(4) The office of Ombudsman shall become vacant:

(a) at the expiration of the period specified in the instrument by which he was appointed;

(b) if he resigns his office by writing under his hand addressed to the Governor;

(c) if he becomes a Senator or a member of, or a confirmed candidate for election to, the House of Assembly or the holder of any office in any political party; or

(d) if the Governor, acting in his discretion, directs that he shall be removed from office for inability to discharge the functions of his office (whether arising from infirmity of body or mind or any other cause) or for misbehaviour, or for contravention of subsection (5) of this section.

(5) Subject to such exceptions as the Govenor, acting in his discretion, may authorise by directions in writing, the Ombudsman shall not hold any other office of emolument either in the public service or otherwise, nor engage in any occupation for reward other than the duties of his office.

(6) Section 103(1)(b) of this Constitution shall have effect as if a reference to the Ombudsman were inserted after the reference to a judge of the Supreme Court or the Court of Appeal; and section 93(2)(a) of this Constitution shall have effect as if a reference to the Ombudsman were inserted after the reference to a judge of the Court of Appeal.

Functions of Ombudsman

93B.

(1) The Ombudsman shall have such functions and jurisdiction as may be prescribed by law.

(2) In the exercise of his functions and jurisdiction, the Ombudsman shall not be subject to the direction or control of any other person or authority.

(3) The Ombudsman shall have no jurisdiction to inquire into any question relating to the exercise of any function by the Governor or the Deputy Governor which under this Constitution shall not be inquired into by any court.».

Transitional provision

11. Any person who, immediately before the day on which this Order comes into force, holds or is acting in the office of Parliamentary Secretary or Auditor shall, on and after that day, continue to hold or act in the office of Junior Minister or Auditor General, as the case may be, as if he had been appointed to hold or act in it in accordance with the Constitution as amended by this Order.

A. K. Galloway

Clerk of the Privy Council

—————————————————————————————————-

(a) ( 1967 c. 63. a)

(b) ( S.I. 1968/182, amended by S.I. 1968/463, 726, 1973/233, 1979/452, 1310, 1989/151. b) 

01Ene/14

Decreto nº 178/013, de 11 de Junio de 2013. Regula todo intercambio de información entre Entidades Públicas, sean éstas Estatales o no Estatales.

MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Montevideo, 11 de Junio de 2013

 

VISTO: los Artículos 157 a 160 de la Ley nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010;

 

RESULTANDO:

I) que en virtud de dichas disposiciones, las Entidades Públicas Estatales o No Estatales, deben adoptar las medidas necesarias e incorporar en sus respectivos ámbitos de actividad las tecnologías requeridas para promover el intercambio de información pública o privada autorizada por su titular, disponible en medios electrónicos;

II) que razones de legalidad imponen la necesidad de dar cumplimiento a la reglamentación en ellos estatuida, a los efectos de facilitar su efectividad y operatividad;

III) que tales disposiciones reconocen los principios generales que deben regir el intercambio de información entre las Entidades Públicas, Estatales o No Estatales, y establecen el marco legal en que dicha información debe encuadrarse;

 

CONSIDERANDO:

I) que el Artículo 159 de la Ley que se reglamenta determina que por vía reglamentaria se establecerán las condiciones para proceder al intercambio de información;

II) que el intercambio de información por medios electrónicos es un elemento central en la concreción del Gobierno Electrónico que coadyuva en la obtención de mayor eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión administrativa del Estado, y brinda beneficios sustanciales a la calidad de vida de las personas;

III) que el presente Decreto busca promover el uso intensivo de información que obra en poder del Estado, en el entendido que ésta puede constituir una verdadera fuerza transformadora y dinamizadora de su actuar;

IV) que mediante procesos seguros y confiables de intercambio de información, se puede facilitar y agilizar la realización de trámites y la prestación de servicios a la ciudadanía por medios electrónicos;

 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo preceptuado por las disposiciones citadas y a lo establecido por el Artículo 168 ordinal 4º de la Constitución Vigente de la República;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

 

actuando en Consejo de Ministros

 

DECRETA:

 

CAPÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 1º.- Ámbito de aplicación.

El presente Decreto regula todo intercambio de información entre Entidades Públicas, sean éstas Estatales o No Estatales.

Artículo 2º.- Intercambio de información pública.-

Toda Entidad Pública tiene el deber de intercambiar la información pública que produzca, obtenga, obre en su poder o se encuentre bajo su control, con cualquier otra Entidad Pública que así se lo solicite.

 

Artículo 3º.- Intercambio de información privada.-

Toda Entidad Pública deberá intercambiar con las Entidades Públicas que así lo soliciten, la información privada que obre en su poder o se encuentre bajo su control, siempre que su titular hubiere prestado su consentimiento libre, previo, expreso e informado, en los términos preceptuados por la Ley nº 18.331, de 11 de agosto de 2008.

 

Artículo 4º.- Principios.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 159 de la Ley nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en el intercambio de información las Entidades Públicas, deberán ajustar su actuación a los siguientes principios generales:

A) Principio de cooperación.- Las Entidades Públicas se interrelacionarán a través de medios electrónicos, simplificando los procesos administrativos y fomentando la prestación conjunta de los servicios a las personas. Se potenciará la visión integral del Estado, evitando la superposición de actuaciones y promoviendo el desarrollo de prácticas coordinadas e integradas.

B) Principio de finalidad.- La información que obre en poder de las Entidades Públicas, se intercambiará en el marco de los poderes y competencias que les hubieren sido asignados por Ley, procurando evitar que las personas deban proporcionar aquella información que ya se encuentre en poder de otra Entidad Pública.

C) Principio de confianza y seguridad.- Las Entidades Públicas garantizarán la confianza y seguridad en la gestión de la información, trámites y servicios que se realicen a través de medios electrónicos proporcionando un nivel adecuado de confidencialidad, integridad y disponibilidad.

D) Principio de previo consentimiento informado de los titulares de datos personales.- Tratándose de datos personales cuya recolección y tratamiento requieran el consentimiento libre, previo, expreso e informado de su titular, se observará lo dispuesto en la Ley nº 18.331, de 11 de agosto de 2008, y su Decreto reglamentario nº 414/009, de 31 de agosto de 2009.

E) Principio de eficiencia y eficacia.- El uso de medios electrónicos se llevará a cabo de forma tal que contribuya a mejorar la calidad de los servicios e información a los ciudadanos, reduciendo de manera sustancial los tiempos y plazos de los procedimientos administrativos, y optimizando los recursos de las Entidades Públicas.

 

CAPÍTULO II .- PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO

 

Artículo 5º.-Acuerdos de Intercambio de Información.-

Las Entidades Públicas que pretendan realizar intercambios de información podrán seleccionar alguna de las siguientes modalidades:

A) Formalizar un acuerdo de intercambio en el que se establezcan los mecanismos o condiciones de éste.

B) Adoptar los mecanismos o condiciones de intercambio definidos por la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) y formalizar un acuerdo.

 

Artículo 6º.-Formalización de acuerdos.-

Las Entidades Públicas que pretendan realizar intercambios de información, contarán con un plazo de noventa días para la formalización de un Acuerdo de Intercambio, contados desde la fecha de recepción de la solicitud por parte del jerarca de la Entidad Pública cuya información se requiere.

Cuando, por resolución fundada, las Entidades Públicas decidan intercambiar información sin formalizar un Acuerdo, deberán igualmente garantizar niveles de seguridad suficientes conforme lo establecido en el presente decreto.

 

Artículo 7º.- Trámite.-

A los efectos del otorgamiento del Acuerdo de Intercambio, a requerimiento fundado de la Entidad interesada, la Entidad requerida se pronunciará al respecto por acto también fundado, y fijarán lugar y fecha para su suscripción.

 

Artículo 8º.-Contenido del Acuerdo.-

Los Acuerdos de Intercambio de Información entre Entidades Públicas contendrán, como mínimo, su finalidad, motivación y objeto, plazo de ejecución, especificaciones técnicas, obligaciones y derechos de las partes.

 

Artículo 9º.-Divisibilidad de la información.

Conforme lo establecido en el Artículo 7º del Decreto nº 232/010, de 2 de agosto de 2010, la información que hubiere sido entregada a una Entidad Pública con carácter confidencial y ésta requiera intercambiarla con otra, podrá ser dividida a esos efectos.

 

Artículo 10.-Seguridad de la información.-

Tanto durante el intercambio de la información como en el procesamiento de la misma deberán adoptarse las medidas necesarias para garantizar los niveles de seguridad conforme las políticas, estándares, buenas prácticas y normas técnicas dictadas por AGESIC.

 

Artículo 11.-Veracidad y responsabilidad de la información.-

La Entidad Pública requerida será responsable por la veracidad de la información al momento de producirse el intercambio. Verificado el mismo, todo tratamiento posterior que se realice de ésta, será responsabilidad de la Entidad Pública solicitante de la información.

 

Artículo 12.-Requisitos técnicos.

En la implementación y ejecución del acuerdo se dará preferencia a aquellos requisitos de orden técnico dictados por AGESIC.

 

CAPÍTULO III .- REGISTRO DE ACUERDOS DE INTEROPERABILIDAD

 

Artículo 13.- Registro de Acuerdos de Interoperabilidad.-

Créase el Registro de Acuerdos de Interoperabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 160 de la Ley nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en la redacción dada por el Artículo 81 de la Ley nº 18.834 de 4 de noviembre de 2011.

Las Entidades Públicas que efectúen Acuerdos de Intercambio de Información deberán inscribirlos en el Registro que se crea a tales efectos dentro de los noventa días de firmado el acuerdo, asentando una copia en el Registro.

 

CAPÍTULO IV .- INTERVENCIÓN DE AGESIC

 

Artículo 14.-Cometidos y potestades.

Conforme el Artículo 160 de la Ley nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en la redacción dada por el Artículo 81 de la Ley nº 18.834 de 4 de noviembre de 2011, AGESIC deberá ejercer todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los fines y principios establecidos en el presente Decreto.

 

Artículo 15.-Fiscalización.-

AGESIC en el ejercicio de sus potestades fiscalizará:

A) El cumplimiento de las condiciones establecidas en los Acuerdos de Intercambio de Información.

B) Las Entidades Públicas que intercambien información aunque no realicen acuerdos.

C) Las condiciones de seguridad de la información.

D) El cumplimiento de los estándares, buenas prácticas y normas técnicas señaladas por AGESIC, cuando las Entidades Públicas suscriptoras del acuerdo hubieran acordado esta modalidad.

E) La verificación de los requisitos establecidos en el presente Decreto y los Artículos 157 a 160 de la Ley nº. 18.719, de 27 de diciembre de 2010.

 

Artículo 16.- Resolución de controversias.

Toda diferencia o controversia que se suscite en materia de intercambio de información entre Entidades Públicas podrá ser sometida a resolución de AGESIC, la cual oirá a las partes y se pronunciará mediante resolución fundada y vinculante dentro de los cuarenta y cinco días corridos siguientes.

A tales efectos, AGESIC designará un instructor que podrá adoptar todas las medidas que considere necesarias y convenientes para el mejor y más completo esclarecimiento de la situación. Concluida la instrucción, el instructor realizará un informe circunstanciado con las conclusiones a las que arribe y elevará el mismo al jerarca de AGESIC para su resolución.

AGESIC podrá establecer un procedimiento especial de solución de controversias. En todo caso, deberá guiarse por los principios reconocidos en el presente Decreto y por aquéllos enunciados en el Decreto nº 500/991, de 27 de setiembre de 1991.

 

Artículo 17.-Plataforma de Interoperabilidad.-

AGESIC pondrá a disposición de las Entidades Públicas una Plataforma de Interoperabilidad, por medio de la cual éstas podrán realizar intercambios de información en soporte electrónico, de forma segura y confiable.
Toda Entidad Pública que desee hacer uso de dicha Plataforma de Interoperabilidad, deberá aceptar y cumplir con los términos y condiciones de uso que AGESIC fije a tales efectos.

 

Artículo 18.-Intervención de la Unidad de Acceso a la Información Pública.-

Toda Entidad Pública a la que se le deniegue el acceso a información en poder de otra Entidad Pública invocándose su calidad de reservada, podrá someter la cuestión a la resolución de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Esta Unidad determinará si la información clasificada como reservada se ajusta a lo establecido en la Ley nº 18.381, de 17 de octubre de 2008, y en caso de considerar inadecuada tal clasificación, dispondrá su desclasificación, en los términos establecidos en el artículo 26 literal C) del Decreto nº 232/010, de 2 de agosto de 2010.

 

Artículo 19.-Comuníquese, publíquese, etc.

JOSÉ MUJICA, Presidente de la República;

EDUARDO BONOMI;

LUIS ALMAGRO;

FERNANDO LORENZO;

ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO;

RICARDO EHRLICH;

ENRIQUE PINTADO;

ROBERTO KREIMERMAN;

NELSON LOUSTAUNAU;

SUSANA MUÑIZ;

ENZO BENECH;

LILIAM KECHICHIAN;

FRANCISCO BELTRAME;

DANIEL OLESKER.

01Ene/14

Decreto 29/2009, de 5 de febrero, por el que se regula el uso y acceso a la historia clínica electrónica. (Diario Oficial de Galicia nº 34, miércoles, 18 de febrero de 2009).

A la Comunidad Autónoma de Galicia, en función de la competencia recogida en el artículo 33.1º del Estatuto de autonomía de Galicia, le corresponde el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior. Esta última está representada, en lo que aquí concierne, por la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, que estableció los principios de una nueva relación clínica basada en la autonomía de la persona; la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y deberes en materia de información y documentación clínica, que completa las previsiones que la Ley general de sanidad enunció como principios generales así como la Ley 16/2003, de cohesión y calidad que trata lo relativo al sistema de información sanitaria. Asimismo, en lo relativo a la confidencialidad de los datos, y a la promoción de nuevos canales electrónicos de interacción con la ciudadanía, es preciso tener en cuenta a Ley 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la protección de datos de carácter personal y su reglamento, Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, así como la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

En el ámbito de la Comunidad gallega, el régimen jurídico de la historia clínica de los pacientes está recogido en la Ley 3/2001, de 28 de marzo, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes, modificada por la Ley 3/2005, de 7 de marzo.

Mediante el presente decreto se da un paso decisivo para la regulación de la historia clínica electrónica, ya que la implantación y uso de las tecnologías de la información, en el acceso y elaboración de la historia clínica, constituye la base para el logro de una mayor calidad y seguridad en la información sanitaria, superando con mucho las formas tradicionales de documentación manual.

La historia clínica electrónica se constituye como el soporte más adecuado para la asistencia sanitaria, facilitando el manejo y accesibilidad de la documentación clínica del/de la paciente o usuario/a, y a cuyo objeto los profesionales que intervienen en ella tienen el derecho de acceso y deber de acceder y cumplimentar la historia clínica electrónica.

La historia clínica electrónica constituye la alternativa de futuro a la historia clínica manual pero no destruye ni altera su concepto básico ni su valor documental. Expone cuestiones específicas derivadas de la funcionalidad del soporte y, al mismo tiempo, constituye una oportunidad única para solucionar una serie de problemas pendientes en la historia clínica tradicional.

Este nuevo soporte de trabajo hace necesario regular algunos aspectos referidos al manejo electrónico de información personal por parte de las instituciones asistenciales públicas y personales, ya que con el uso de la historia clínica electrónica no solo se pueden tratar más datos personales, sino que también puede hacer posible que dichos datos sean más fácilmente accesibles para un número mayor de destinatarios, lo que hace imprescindible establecer totales garantías de confidencialidad e integridad de los datos.

En este contexto, la Consellería de Sanidad desarrolló un sistema de historia clínica electrónica denominado IANUS. Este sistema integra en un único sistema de información, toda la documentación clínica generada en los diferentes niveles de prestación a lo largo de todo el proceso asistencial. IANUS configura un modelo de historia clínica única, que garantiza, de manera segura, la accesibilidad de toda la información clínica a los profesionales que desarrollan su actividad para el sistema sanitario público de Galicia, promoviendo la compartición de información y la transferencia de conocimiento.

A estos efectos, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Decreto 70/2004, de 25 de marzo, que establece el código numérico personal de los profesionales que intervienen en los procedimientos de prestación y gestión de servicios del sistema sanitario público gallego.

Los principios generales a tener en cuenta para la regulación en esta materia son, fundamentalmente, el principio de la vinculación asistencial con el paciente, el principio de proporcionalidad y el principio de autonomía.
El principio de vinculación asistencial es la llave que legitima el acceso a la historia clínica electrónica por los profesionales sanitarios, así como por el personal con funciones administrativas, de gestión o de atención al paciente.

El principio de proporcionalidad es aquel que marca en cada momento, y en relación con cada situación concreta, el alcance y medida que puede tener el acceso a la historia clínica electrónica.
Por último, el principio de la autonomía de la voluntad del paciente permite a este el acceso a su historia clínica.

En su virtud, a propuesta de la conselleira de Sanidad, de conformidad con el dictamen del Consejo Consultivo de Galicia, previa deliberación del Consello de la Xunta de Galicia, en su reunión del día cinco de febrero de dos mil nueve, dispongo:

 

CAPÍTULO I.- Disposiciones generales

 

Artículo 1.- Objeto.-

El presente decreto tiene por objeto regular el acceso y uso de la información contenida en la historia clínica electrónica, en el ámbito del sistema público de salud de Galicia y establecer este sistema como el soporte más adecuado para el manejo de la historia clínica en los centros sanitarios de Galicia.

 

Artículo 2.- Normas aplicables.

Sin perjuicio de las normas legales de aplicación en la materia, el uso y acceso a la historia clínica electrónica, en el ámbito del sistema público de salud de Galicia, se llevará a cabo en la forma establecida en el presente decreto y en las demás normas que, en su caso, lo desarrollen.

 

Artículo 3.- Elaboración y contenido de la historia clínica electrónica.-

1.- La elaboración de la historia clínica electrónica, en los aspectos relacionados con la asistencia directa al/a la paciente o usuario/a, es responsabilidad de los/as profesionales que intervienen en ella.

2.- La historia clínica electrónica se constituye cómo el adecuado soporte a esta asistencia y a cuyo objeto los/as profesionales que intervienen en la asistencia de los/as pacientes o usuarios/as tienen el derecho de acceso y deber de acceder y cumplimentar la historia clínica electrónica.

3.- La historia clínica electrónica incorporará la información correspondiente al contenido previsto en el artículo 15 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y deberes en materia de información y documentación clínica, y en el artículo 16 de la Ley gallega 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes.

Asimismo, incorporará la información clínica generada en aquellas actuaciones sanitarias derivadas de programas de salud pública, bajo el principio de integrar toda aquella información que pueda ser relevante para una mejor asistencia futura.

 

Artículo 4.- Gestión de la historia clínica electrónica.-

1.- La historia clínica electrónica se gestionará mediante el sistema de información corporativo denominado IANUS, con la finalidad de garantizar la calidad, accesibilidad y seguridad técnica de la información clínica, así como la coordinación y la continuidad asistencial.

2.- Los/as profesionales que necesiten cumplimentar o consultar la historia clínica electrónica de un/una paciente o usuario/a utilizarán IANUS cómo principal herramienta de trabajo, sin perjuicio de que determinados departamentos, por sus especiales necesidades, utilicen herramientas informáticas específicas, siempre que figuren incluidas en el catálogo corporativo de aplicaciones y sistemas informáticos de la Consellería de Sanidad y deberán estar integradas con el sistema de información IANUS, desde donde será posible consultar la información clínica generada por las mismas.

 

Artículo 5.- Comunicación de datos personales.-

1.- Los datos de salud, en cuanto datos especialmente protegidos, podrán tratarse y cederse en los términos previstos en los artículos 7, 8 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el reglamento que la desarrolla.

2.- En particular, no será necesario el consentimiento de la persona interesada para la comunicación de datos personales sobre la salud a través de medios electrónicos, entre organismos, centros, servicios y establecimientos de la Consellería de Sanidad, el Servicio Gallego de Salud y el sistema nacional de salud, cuando se realice para llevar a cabo la atención sanitaria de las personas, tanto se realice con medios propios o concertados.

 

Artículo 6.- Intimidad y secreto.

En todos los casos quedará plenamente garantizado el derecho del/de la paciente o usuario/a a su intimidad personal y familiar, por lo que el personal que acceda a cualquier dato sobre su salud guardará el correspondiente secreto profesional.

 

Artículo 7.- Control del acceso.-

1.- Los/as profesionales podrán consultar la información contenida en la historia clínica electrónica en el ejercicio de las funciones y competencias que tengan reconocidas.

2.- El sistema IANUS identificará de forma inequívoca y personalizada a todo profesional que intente acceder a la información contenida en la historia clínica electrónica de un/a paciente o usuario/a, y verificará su autorización.

3.- Se establecerán las medidas técnicas y operativas de control de los accesos de los/as profesionales a la información contenida en la historia clínica electrónica, en la forma que resulte más adecuada a sus circunstancias organizativas. Por defecto, este acceso se realizará mediante el uso de la tarjeta identificativa del profesional y su firma electrónica reconocida.

4.- De cada intento de acceso al sistema IANUS se guardarán, como mínimo, la identificación del/de la profesional de que se trate, la fecha y hora en que se realizó, la parte de la historia clínica electrónica accedida y el tipo de acceso. Si el acceso al sistema IANUS es denegado por no cumplirse los criterios de acceso, esta denegación quedará también registrada.

 

CAPÍTULO II.- De los diferentes accesos por los/as profesionales relacionados/as con el sistema sanitario público de Galicia y de los Módulos de especial custodia.

 

Artículo 8.- Acceso a la historia clínica electrónica por los profesionales sanitarios.

Los/as profesionales sanitarios tienen acceso a la información contenida en la historia clínica electrónica, como instrumento fundamental para la idónea asistencia sanitaria al/a la paciente o usuario/a. El sistema IANUS habilitará el acceso a la información contenida en la historia clínica electrónica de un/a paciente o usuario/a por los/as profesionales sanitarios que intervengan en su asistencia directa en los distintos niveles de prestación.

 

Artículo 9.- Acceso por el personal de gestión y servicios.

El sistema IANUS permitirá el acceso a la información contenida en la historia clínica electrónica al personal de gestión y servicios de los centros, servicios y establecimientos sanitarios. Los trabajadores sociales que desarrollen sus funciones en los centros, servicios o establecimientos sanitarios únicamente podrán registrar su actividad en los apartados correspondientes a aspectos sociales y sociosanitarios de la historia clínica. 

El acceso mencionado estará restringido a los datos imprescindibles para el ejercicio de sus funciones en relación con su puesto de trabajo, y respetará el derecho a la intimidad personal y familiar de los/as pacientes o usuario/as.

(Redacción dada por el Decreto 164/2013, de 24 de octubre)

 

Artículo 10 bis. Acceso por profesionales sanitarios de centros sociosanitarios de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades instrumentales del sector público autonómico, así como de aquellos centros sociosanitarios concertados para la prestación de servicios.-

Se permitirá el acceso a la información contenida en la historia clínica electrónica a los/as profesionales sanitarios que desarrollan su actividad en los centros sociosanitarios dependientes de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades instrumentales del sector público autonómico, así como a aquellos/as profesionales sanitarios/as que trabajen para las personas físicas o jurídicas que presten servicios sociosanitarios concertados con la Xunta de Galicia o con el Servicio Gallego de Salud, con la acreditación previa del cumplimiento de las exigencias contenidas en la normativa de protección de datos personales. Este acceso estará limitado a las historias clínicas de los/las pacientes o usuarios/as ingresados en estos centros sociosanitarios y en el marco temporal que dure ese ingreso. 

Estos centros concertados incorporarán a la historia clínica electrónica la documentación clínica generada por la asistencia sanitaria prestada».

(Añadido por el Decreto 164/2013, de 24 de octubre)

 

Artículo 10.- Acceso por profesionales sanitarios de centros, servicios y establecimientos concertados para la prestación de servicios.-

Se permitirá el acceso a la información contenida en la historia clínica electrónica a los/as profesionales sanitarios que trabajen para las personas físicas o jurídicas que presten servicios concertados en hospitales u otros centros sanitarios del Servicio Gallego de Salud, previa acreditación del cumplimiento de las exigencias contenidas en la normativa de protección de datos personales. Este acceso estará limitado a las historias clínicas de los/as pacientes o usuario/as que los centros sanitarios del Servicio Gallego de Salud remitan a los centros concertados y en el marco temporal que dure esa atención.

Estos centros concertados incorporarán a la historia clínica electrónica la documentación clínica generada por la asistencia sanitaria prestada.

 

Artículo 11.- Acceso para fines estadísticos o epidemiológicos, de investigación y docencia, publicaciones científicas y estudios.-

1.- El acceso a la información contenida en la historia clínica electrónica con fines epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia se rige por lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, en la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, y demás normas de aplicación en cada caso, entre otras, la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la función estadística pública, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, de la tecnología y la innovación, y la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica.

(Redacción dada por el Decreto 164/2013, de 24 de octubre)

El acceso a la información contenida en la historia clínica electrónica con estos fines obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente o usuario/a, separados de los de carácter clínico-asistencial, de manera que, como regla general, quede asegurado el anonimato, excepto que el/la propio/a paciente o usuario/a diese su consentimiento para no separarlos, o bien existan criterios técnicos y/o científicos que requieran la identificación de la persona a efectos epidemiológicos y de salud pública. El acceso a los datos y documentos de la historia clínica electrónica queda limitado estrictamente a los fines específicos en cada caso.

(Redacción dada por el Decreto 164/2013, de 24 de octubre)

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación, cuando eso sea necesario para la prevención de un riesgo o peligro grave para la salud de la población, las administraciones sanitarias a las que se refiere la Ley 33/2011, general de salud pública, podrán acceder a los datos identificativos de los pacientes por razones epidemiológicas o de protección de la salud pública. El acceso habrá de realizarlo, en todo caso, un profesional sanitario sujeto al secreto profesional u otra persona sujeta, asimismo, a una obligación equivalente de secreto, previa motivación por parte de la Administración que haya solicitado el acceso a los datos.

(Redacción dada por el Decreto 164/2013, de 24 de octubre)

2.- El acceso a la información contenida en la historia clínica electrónica con fines de investigación se llevará a cabo únicamente para proyectos de investigación que sean científicamente aprobados. Esta aprobación será efectuada por la Comisión de Ética de Investigación correspondiente, previa autorización del órgano de la Consellería de Sanidad competente en materia de investigación y la propuesta de la dirección del centro al que pertenece el/la investigador/a principal del proyecto.

3.- Al objeto de garantizar la confidencialidad de la información clínica, a efectos de su difusión o publicación se tendrán en cuenta necesariamente las siguientes normas:

a) No se difundirán aquellos datos que permitan la identificación del/de la paciente o usuario/a.

b) Cuando sea absolutamente necesario identificar al/a la paciente o usuario/a, será preceptiva la autorización por escrito del mismo.

c) La difusión o publicación de resultados seguirá en todo caso las normas y sugerencias relativas a la buena práctica en investigación.

d) Cuando sea necesaria la publicación de imágenes médicas o cualquier otro soporte audiovisual que muestren partes del cuerpo del/de la paciente o usuario/ a, y de ellas se pudiera llegar a conocer su identidad, será obligatorio el permiso escrito del mismo.

4.- El acceso a la historia clínica electrónica de los/as médicos internos residentes o alumnos/as de grado de titulaciones sanitarias, adscritos en período de formación reglada a un centro del sistema sanitario público gallego, con finalidad docente, requerirá la autorización de la dirección del centro sanitario a propuesta motivada de la persona tutor responsable de su formación.

 

Artículo 12.- Acceso a efectos de las actividades de inspección, evaluación, acreditación y planificación sanitaria.-

El sistema IANUS permitirá el acceso a la información contenida en la historia clínica electrónica al personal debidamente acreditado que ejerza funciones de inspección, evaluación, acreditación y planificación sanitaria, en la medida en que lo precise para el cumplimiento de sus funciones de comprobación de la calidad de la asistencia, del respeto de los derechos del/de la paciente o de cualquier otro deber del centro en relación con los/as pacientes y usuarios/as o la propia Administración sanitaria. El acceso mencionado tendrá el alcance de la labor encomendada por la autoridad competente, y respetará el derecho a la intimidad personal y familiar de los/as pacientes o usuarios/as.

El acceso a la información contenida en la historia clínica electrónica con fines de evaluación, acreditación y planificación sanitaria obliga a preservar los datos de identificación personal del/de la paciente o usuario/a, separados de los de carácter clínico-asistencial, de manera que como regla general quede asegurado el anonimato, excepto que el/la propio/a paciente o usuario/a diese su consentimiento para no separarlos.


Artículo 13.- Acceso a la historia clínica electrónica a requerimiento judicial.-

Se establece la plena colaboración con la Administración de justicia, de manera que el sistema IANUS facilitará siempre el acceso a la información contenida en la historia clínica electrónica del/de la paciente o usuario/a para la investigación judicial. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, cuando la autoridad judicial lo considere imprescindible y así lo solicite, se facilitará la información completa de la historia clínica electrónica con la unificación de los datos identificativos y los clínico-asistenciales. En el resto de los supuestos, la información quedará limitada estrictamente para los fines específicos de cada caso. 

(Redacción dada por el Decreto 164/2013, de 24 de octubre)

 

Artículo 14.- Acceso a la historia clínica electrónica a efectos de responsabilidad patrimonial.-

En los supuestos de procedimientos administrativos de exigencia de responsabilidad patrimonial sobre la asistencia sanitaria se permitirá que los órganos competentes para su tramitación y resolución tengan acceso a la información contenida en la historia clínica electrónica, limitado estrictamente a los fines específicos de cada caso.

 

Artículo 15.- Acceso a la historia clínica electrónica a efectos de facturación de servicios sanitarios.

A las compañías de aseguramiento privado sólo se les facilitarán aquellos datos de la historia clínica electrónica imprescindibles a efectos de facturación, con la finalidad de la justificación del gasto. Cualquier otra información clínica solicitada por la compañía aseguradora requerirá el consentimiento expreso del/de la paciente.

 

Artículo 16.- Módulos de especial custodia.-

A través del sistema IANUS se establecerán progresivamente mecanismos que permitan al/a la paciente o usuario/a determinar un módulo o módulos de información clínica que puedan contener aquellos datos considerados de especial custodia o intimidad en las áreas de genética, sexualidad y reproducción, psiquiatría, trasplante de órganos, enfermedades infecciosas que puedan perjudicar su vida social o laboral, así como datos relativos a la violencia doméstica.

 

Artículo 17.- Control del acceso a los módulos de especial custodia.-

Los/as profesionales que, de acuerdo con sus funciones, precisen acceder a los datos de módulos de especial custodia, serán advertidos por el sistema IANUS de esta circunstancia, con el fin de que indiquen el motivo del acceso, extremen la cautela en su manejo y que incorporen dentro de los módulos correspondientes los nuevos datos que se puedan generar.

En el registro de accesos quedarán singularizados los correspondientes a los datos de especial custodia, lo que permitirá realizar auditorías específicas.

 

Artículo 18.- Acceso de carácter excepcional.-

El acceso fuera de los supuestos recogidos en este capítulo tendrá carácter excepcional y habrá de responder a un interés legítimo susceptible de protección y estar convenientemente motivado.


CAPÍTULO III.- Del acceso por los/as pacientes o usuarios/as

 

Artículo 19.- Derecho de acceso a los datos de la historia clínica electrónica.

1.El derecho de acceso a la información contenida en la historia clínica electrónica podrá ejercitarse:

a) Por el/la paciente o usuario/a, mediante la acreditación de su identidad.

b) Mediante representación voluntaria, debidamente acreditada, o legal, en los casos que corresponda.

c) A través de las personas vinculadas al/a la paciente o usuario/a por razones familiares o de hecho, mediante la acreditación de este vínculo, en la medida en que el/la paciente o usuario/a lo autorice.

d) Por un tercero, motivado por un riesgo objetivo para su salud, previa acreditación de aquel riesgo conforme a criterios médico-científicos.

2.- En el caso de pacientes o usuarios/as fallecidos, el sistema público de salud de Galicia facilitará el acceso a la información contenida en su historia clínica electrónica a las personas vinculadas a los mismos, por razones familiares o de hecho, excepto que el/la fallecido/ a lo prohibiera expresamente y así se acredite.

 

Artículo 20.- Extensión del derecho de acceso a los datos.-

El/la paciente o usuario/a tiene derecho de acceso a la información contenida en la historia clínica electrónica y a obtener copia de los informes o datos que figuran en la misma, pudiéndolo llevar a cabo mediante cualquier medio que esté conforme con la normativa aplicable.

 

Artículo 21.- Límites.-

1.- No se facilitará información que afecte a la intimidad de los/as pacientes fallecidos/as, ni a las anotaciones subjetivas de los/as profesionales, ni que perjudique a terceros.

El derecho al acceso del/de la paciente o usuario/a a la información contenida en la historia clínica electrónica no puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos que constan en ella, recogidos en interés terapéutico del/de la paciente, ni en perjuicio del derecho de los/as profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de acceso a reserva de sus anotaciones subjetivas.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende por anotaciones subjetivas las valoraciones personales, sustentadas o no en los datos clínicos de que se disponga en ese momento, que no formando parte de la historia clínica actual del/de la paciente o usuario/a, puedan influir en el diagnóstico y futuro tratamiento médico una vez constatadas.

El personal sanitario deberá abstenerse de incluir expresiones, comentarios o datos que no tengan relación con la asistencia sanitaria del/de la paciente o que carezcan de valor sanitario.

2.- También puede limitarse el acceso del/de la paciente o usuario/a a la información sanitaria cuando se acredite la existencia de un estado de necesidad terapéutica.

3.- En todo caso, el acceso de una tercera persona a la historia clínica electrónica motivado por un riesgo para su salud se limitará a los datos pertinentes.

 

Artículo 22.- Acceso directo a la historia clínica electrónica por medios electrónicos (internet).-

A través del sistema IANUS se habilitarán los mecanismos que permitan el acceso directo del/de la paciente o usuario/a, por medios electrónicos, a la información contenida en su historia clínica electrónica que autorice la ley, garantizando que la transmisión de sus datos no sea inteligible ni manipulada por terceras personas, y con aplicación de las medidas de seguridad previstas en la normativa de protección de datos personales para los datos de salud. El ejercicio de este acceso deberá realizarse previa comprobación por el sistema IANUS de la identidad del/de la interesado/ a a través de su firma electrónica, o mediante otro mecanismo semejante que permita comprobarla con plena seguridad.

 

Artículo 23.- Formas de ejercicio del derecho de acceso a la información contenida en la historia clínica electrónica.

1.- El ejercicio de este derecho se puede llevar a cabo de dos formas:

a) Mediante acceso directo por el/la paciente o usuario/a a través de medios electrónicos de acuerdo con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los/las ciudadanos a los servicios públicos.

b) Mediante solicitud previa dirigida a las unidades de atención al/a la paciente del sistema sanitario público de Galicia.

2.- En todo caso, el/la responsable del fichero, conforme a la Ley orgánica 15/1999, informará al/a la afectado/a de su derecho a solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, de las autoridades de control de las comunidades autónomas, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

 

Artículo 24.- Acceso a la información contenida en la historia clínica electrónica mediante solicitud.-

1.- El ejercicio de este derecho de acceso se ajustará a la normativa aplicable en materia de fomento de la utilización de los medios electrónicos, y se llevará a cabo mediante solicitud de conformidad con lo previsto en el anexo de este decreto.

2.- La persona responsable del tratamiento del fichero de historia clínica electrónica, conforme a la Ley orgánica 15/1999, deberá contestar la solicitud que se le dirija, en todo caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros y resolverá sobre la misma en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el plazo sin que de manera expresa se responda a la petición de acceso, el/la interesado/a podrá interponer la reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

Podrá denegarse el acceso total o parcial a los datos de carácter personal cuando el derecho ya se ejercitó en los doce meses anteriores a la solicitud, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto.

3.- Corresponderá al responsable del tratamiento del fichero la prueba del cumplimiento del deber de respuesta, debiendo conservar la acreditación del cumplimiento del mencionado deber.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

Disposición transitoria primera.- Acceso a la historia clínica en soporte papel.-

La historia clínica en soporte papel coexistirá con la historia clínica electrónica en tanto no se produzca la digitalización del sistema de documentación clínica actualmente existente.

 

Disposición transitoria segunda.- Módulos de especial custodia y acceso vía internet.-

En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de este decreto se habilitarán los mecanismos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 y en el artículo 22 relativos a los módulos de especial custodia y al acceso a la historia clínica electrónica vía internet, respectivamente.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA

 

Disposición derogatoria única.- 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al presente decreto.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

Disposición final primera.-

Se faculta a la persona titular de la Consellería de Sanidad para dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente decreto.

 

Disposición final segunda.-

Este decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

01Ene/14

Decreto nº 5.644, de 28 de dezembro de 2005. Dispõe sobre a atuação integrada e o intercâmbio de informações entre a Secretaria da Receita Federal e a Secretaria da Receita Previdenciária e dá outras providências. (DOU de 29/12/2005)

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 84, inciso VI, alínea «a», da Constituição,

 

D E C R E T A :

 

 

Artigo 1º.- A Secretaria da Receita Federal, órgão do Ministério da Fazenda, e a Secretaria da Receita Previdenciária, órgão do Ministério da Previdência Social, deverão atuar de forma integrada, com o compartilhamento de informações de interesse para a execução das respectivas competências, com vistas ao aumento da eficiência das atividades de fiscalização, arrecadação e cobrança dos tributos que administram.

 

§ 1º O disposto no caput inclui a execução conjunta de atividades nas áreas de fiscalização, arrecadação e cobrança, bem assim de atendimento aos contribuintes em unidades integradas das respectivas Secretarias e mediante interligação dos sítios na Internet.

 

§ 2º As Secretarias da Receita Federal e da Receita Previdenciária prestarão, mutuamente, assistência técnica nas áreas administrativa e tributária, com vistas ao aprimoramento da gestão administrativa, inclusive no que se refere à qualificação das normas, dos procedimentos e dos sistemas informatizados.

 

§ 3º Em relação às informações compartilhadas de que trata este artigo, as Secretarias da Receita Federal e da Receita Previdenciária são responsáveis pela preservação do sigilo fiscal previsto no Artigo 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

 

 

Artigo 2º.- Ato conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e da Previdência Social definirá os procedimentos e a forma de implementação do disposto neste Decreto.

 

 

Artigo 3º.- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Brasília, 28 de dezembro de 2005; 184º da Independência e 117º da República.

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Antonio Palocci Filho 
Nelson Machado

 

01Ene/14

Decreto nº 779/2000 de 24 de agosto de 2000. Reglamentación de la Ley nº 19.628 que regula el Registro de Bancos de Datos Personales a Cargo de los Organismos Público.

APRUEBA REGLAMENTO DEL REGISTRO DE BANCOS DE DATOS PERSONALES A CARGO DE ORGANISMOS PUBLICOS

Santiago, 24 de agosto de 2000.- Hoy se decretó lo que sigue:

Núm. 779.-

Vistos: El artículo 32 nº8 de la Constitución Política de la República y el artículo 22° de la ley nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Decreto:

Apruébase el siguiente Reglamento del Registro de Bancos de Datos Personales a cargo de Organismos Públicos.

Artículo 1º.-

El Servicio de Registro Civil e Identificación llevará el Registro de los Bancos de Datos Personales a cargo de Organismos Públicos, en el cual se inscribirán todos los bancos de datos personales que de acuerdo con la ley respectiva lleven las autoridades, órganos del Estado y organismos, descritos y regulados por la Constitución Política de la República y los comprendidos en el inciso segundo del artículo 1° de la ley nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

TITULO I.- De las Inscripciones en el Registro de Bancos de Datos Personales

Artículo 2º.-

Los organismos señalados en el artículo primero de este Reglamento deberán requerir su inscripción en el Registro de Bancos de Datos Personales ante las Oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación habilitadas para estos efectos o en el respectivo sitio en Internet del Servicio, o de cualquier otra forma que el Servicio determine.

Las inscripciones que sean requeridas a través del sitio en Internet del Servicio, estarán sujetas a las confirmaciones y medidas de seguridad que la institución determine conforme a las normas legales pertinentes.

Artículo 3º.-

La inscripción en el Registro de Bancos de Datos Personales deberá contener, a lo menos, las siguientes menciones:

1.- El nombre del banco de datos personales;

2.- El organismo público responsable del banco de datos personales respectivo;

3.- El RUT correspondiente al organismo público;

4.- El fundamento jurídico de la existencia del banco de datos personales;

5.- La finalidad del banco de datos;

6.- El o los tipos de datos almacenados en dicho banco, y

7.- Una descripción del universo de personas que comprende.

 

Artículo 4º.-

El Servicio de Registro Civil e Identificación otorgará al organismo público responsable de bancos de datos personales una certificación que indique a lo menos, el nombre y el RUT de dicho organismo, la individualización de cada uno de los bancos que se encuentren inscritos bajo su nombre en el respectivo Registro a la fecha de emisión del certificado y la fecha en que fueron registrados.

Artículo 5º.-

Mediante resolución del Director Nacional se fijará el procedimiento de inscripción de los bancos de datos personales a cargo de los organismos citados en el artículo primero del presente reglamento.

TITULO II.- De las Obligaciones de los Organismos Públicos Responsables de Bancos de Datos Personales

Artículo 6º.-

Los organismos públicos que a la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento mantengan bancos de datos personales, deberán proceder a su inscripción en el Registro de que trata este reglamento, dentro del plazo de tres meses, contados desde igual fecha.

Los organismos públicos que se hagan responsables de nuevos bancos de datos personales, deberán proceder a su inscripción, dentro del plazo de 15 días contados desde que se inicien las actividades del respectivo banco de datos.

Toda modificación que se refiera a los bancos de datos personales ya registrados, deberá sujetarse a lo establecido en el artículo 9º del presente reglamento.

TITULO III.- De los Informes

Artículo 7º.-

El Servicio de Registro Civil e Identificación otorgará, por medios electrónicos, a todo el que lo solicite, un informe en el cual conste el nombre de un determinado banco de datos personales, las menciones acerca de la información que contiene y el nombre del organismo público responsable de su registro.

TITULO IV.- De las Correcciones y las Modificaciones

Artículo 8º.-

Cualquier corrección relativa a errores u omisiones de una inscripción, será requerida por el propio organismo responsable de dicha inscripción en el Registro de Bancos de Datos Personales, debiendo efectuarse de las formas establecidas en el artículo 2° del presente reglamento.

Artículo 9º.-

Cualquier modificación de una inscripción, será requerida por el propio organismo responsable de dicha inscripción en el Registro de Bancos de Datos Personales, en el plazo de quince días contados desde que se produzca, debiendo efectuarse en alguna de las formas establecidas en el artículo 2° del presente reglamento.

Tómese razón, comuníquese y publíquese.-

RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.

José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.-

Le saluda atentamente, Jaime Arellano Quintana, Subsecretario de Justicia.

01Ene/14

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequarizione tributaria (art. 29. Trattamento dei dati personali). (Gazzetta Uffic

Titolo I.- FINALITÁ E AMBITO DI INTERVENTO

Articolo 1.- Finalità e ambito di intervento

1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2009:

a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonché a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011;

b) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento dell'attività della pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle città nonché attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitività per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attività di impresa nonché per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale.

 

Titolo II.- SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITÁ

Capitolo I.- Innovazione

Articolo 2.- Banda larga

1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività.

2. L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, é determinato dal giudice.

3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorità Garante per le Comunicazioni dall'articolo 89, primo comma, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. All'Autorità Garante per le Comunicazioni compete altresì l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di installazione delle reti dorsali.

4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.

5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

6. La denuncia di inizio attività é sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato é comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia é priva di effetti.

8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia é priva di effetti.

9. La sussistenza del titolo é provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 3 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. é comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.

11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono dà comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune.

12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Può applicarsi, ove ritenuta più favorevole dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.

14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessita di autonomo titolo abilitativo.

15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.

 

Articolo 3.- Start up

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

    «6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.

    6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma precedente non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.»

 

Articolo 4.- Strumenti innovativi di investimento

1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e la valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.

2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.

 

Capitolo II.- Impresa

Articolo 5.- Sorveglianza dei prezzi

1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti:

    «198. é istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli «uffici prezzi» delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso analizza le segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.»

    «199. Per l'esercizio della propria attività il Garante di cui al comma precedente si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante può convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attività del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico.»

2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «di cui al comma 199», sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 198»

 

Articolo 6.- Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese

1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).

2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:

    a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;

    b) studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;

    c) altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

3. Con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino all'operatività delle delibere restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.

4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via straordinaria da apposite leggi di finanziamento.

5. é abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2, ad eccezione altresì degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. é, per altro abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresì, i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo.

 

Capitolo III.- Energia

Articolo 7.- «Strategia energetica nazionale» e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO2

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:

    a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;

    b) miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;

    c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;

    d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;

    e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;

    f) sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

    g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.

3. Anche al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 il Governo é autorizzato ad avviare la stipula, entro il 31 dicembre 2009, di uno o più accordi con Stati membri dell'Unione Europea o Paesi Terzi, per intraprendere il processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare, al fine di contenere le emissioni di CO2 e garantire la sicurezza e l'efficienza economica dell'approvvigionamento e produzione di energia, in conformità al Regolamento (CE) n. 1504/2004 del 19 luglio 2004, alla Decisione 2004/491/Euratom del 29 aprile 2004, alla Decisione 2004/294/CE dell'8 marzo 2004 e alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003.

2. Gli accordi potranno prevedere modelli contrattuali volti all'ottenimento di forniture di energia nucleare a lungo termine da rendere, con eventuali interessi, a conclusione del processo di costruzione e ristrutturazione delle centrali presenti sul territorio nazionale.

3. Gli accordi potranno definire, conseguentemente, tutti gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi l'assetto e le competenze dei soggetti pubblici operanti nei sistemi dell'energia nucleare, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Articolo 8.- Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi

1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione.

2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine.

4. é abrogata ogni incentivazione sancita dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti marginali.

 

Articolo 9.- Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) le parole «può essere» sono modificate con le parole: «é adottato»;

    b) al primo periodo, dopo le parole «a due punti percentuali rispetto» é aggiunta la seguente parola: «esclusivamente»

2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2008, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa provvede con proprie risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure di sostegno volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, previa apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali é approvata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al comma 2, che definisce altresì le modalità e le risorse per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo é subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

 

Articolo 10.- Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni

1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 é aggiunta la seguente lettera:

    «c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico.»

 

Capitolo IV.- Casa e infrastrutture

 

Articolo 11.- Piano Casa

1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il CIPE approva un piano nazionale di edilizia abitativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Ministero trasmette la proposta di piano alla Conferenza unificata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il piano é rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati prioritariamente a prima casa per le seguenti categorie sociali svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in locazione:

   a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;

   b) giovani coppie a basso reddito;

   c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;

   d) studenti fuori sede;

   e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;

     f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007;

    g) immigrati regolari.

3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed é articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:

    a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;

    b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;

    c) promozione da parte di privati di interventi ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

    d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in esame, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;

    e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani ai sensi del comma 5.

4. L'attuazione del Piano nazionale é realizzata con le modalità di cui alla parte II, titolo III, del Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, per gli interventi integrati di valorizzazione del contesto urbano e dei servizi metropolitani, ai sensi dei commi da 5 a 8.

5. Al fine di superare i fenomeni di disagio abitativo e di degrado urbano, concentrando gli interventi sulla effettiva consistenza dei fenomeni di disagio e di degrado nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani e di riqualificazione urbana, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, con principale intervento finanziario privato, possono essere stipulati appositi accordi di programma, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione di interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una quota di alloggi, da destinare alla locazione a canone convenzionato, stabilito secondo criteri di sostenibilità economica, e all'edilizia sovvenzionata, complessivamente non inferiore al 60% degli alloggi previsti da ciascun programma, congiuntamente alla realizzazione di interventi di rinnovo e rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica. Gli interventi sono attuati, attraverso interventi di cui alla parte II, titolo III, Capitolo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante le seguenti modalità:

    a) trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo destinato alla locazione a canone agevolato, con la possibilità di prevedere come corrispettivo della cessione dei diritti edificatori in tutto o in parte la realizzazione di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui al comma 2;

    b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;

    c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;

    d) costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a), con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili.

6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, é identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.

7. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 5, sono appositamente disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica e ricorrente delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Gli alloggi realizzati o alienati nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo non possono essere oggetto di successiva alienazione prima di dieci anni dall'acquisto originario.

8. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati di cui al comma 5 sono dichiarati di interesse strategico nazionale al momento della sottoscrizione dell'accordo di cui all'accordo di cui al comma 5. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo é istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1154 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.

 

Articolo 12.- Abrogazione della revoca delle concessioni TAV

All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8-sexiesdecies é sostituito dal seguente: «per effetto delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità, con RFI S.p.A. Ed i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie»;

b) i commi 8-septiesdecies, 8-duodevicies ed 8-undevicies sono abrogati.

Articolo 13.- Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico

1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti.

2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:

    a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione;

    b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;

    c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.

3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.

 

Articolo 14.- Expo Milano 2015

1. Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) é autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano pro tempore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, é nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente della regione Lombardia e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti.

 

Capitolo V.- Istruzione e ricerca

Articolo 15.- Costo dei libri scolastici

1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:

    a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;

    b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;

    c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.

4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

 

Articolo 16.- Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione é adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed é approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.

2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie é trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.

3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.

4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non é ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.

5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.

6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.

7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.

10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie é esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie é assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento. 12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.

13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente norma.

14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

 

Articolo 17.- Progetti di ricerca di eccellenza

1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI é soppressa.

2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze é disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del precedente comma sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.

5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

 

Capitolo VI.- Liberalizzazioni e deregolazione

 

Articolo 18.- Reclutamento del personale delle società pubbliche

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

 

Articolo 19.- Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

    a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;

    b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

 

Articolo 20.- Disposizioni in materia contributiva

1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:

    a) la contribuzione per maternità;

    b) la contribuzione per malattia per gli operai.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il comma 2, lettera  a) dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 é così sostituito: «Al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo»

4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le parole: «dell'articolo 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e»

6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande che frazionino un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione é disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilità della domanda può essere richiesta dal convenuto in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase esecutiva.

9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non é stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio o revoca la provvisoria esecutività dei decreti e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, é corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel territorio nazionale.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: «regionali» sono soppresse le seguenti parole: «e provinciali»

12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.

13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.

14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 é soppresso.

 

Articolo 21.- Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» aggiungere le parole: «,anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro»

2. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti» aggiungere le parole: «e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»

3. All'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto di precedenza» aggiungere le parole: «fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»

4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.

 

Articolo 22.- Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, é sostituito dal seguente:

«1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: 

a) di lavori domestici;

b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

c) dell'insegnamento privato supplementare; 

d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; 

e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; 

f) di attività agricole di carattere stagionale; 

g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; 

h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.»

2. All'articolo 72 comma 4-bis le parole «lettera e-bis» sono sostituite dalle seguenti: «lettera

3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, é sostituito dal seguente:

«5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto»

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto é abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

Articolo 23.- Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei» sono sostituite con «superiore a sei anni» .

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 é aggiunto il seguente comma:

 «5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo»

3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «alta formazione» aggiungere le parole: «,compresi i dottorati di ricerca»

4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «e le altre istituzioni formative» aggiungere le seguenti parole: «In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione é rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 53»

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

    a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999;

    b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;

    c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

 

Capitolo VII.- Semplificazioni

 

Articolo 24.- Taglia-leggi

1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A.

 

Articolo 25.- Taglia-oneri amministrativi

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, é approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.

2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attività di misurazione in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e le amministrazioni interessate per materia.

3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, che assicura la coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.

5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo é delegato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese é data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.

7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.

 

Articolo 26.- Taglia-enti

1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonché quelli di cui al comma 636 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché degli enti parco e degli enti di ricerca sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e di quelli le cui funzioni sono attribuite, con lo stesso decreto, ad organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Le funzioni da questi esercitate sono attribuite all'amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite a quest'ultima, che vi succede a titolo universale in ogni rapporto, anche controverso. Nel caso in cui gli enti da sopprimere sono sottoposti alla vigilanza di più Ministeri, le funzioni vengono attribuite al Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente articolo.

2. Sono, altresì, soppressi tutti gli altri enti pubblici non economici di dotazione organica superiore a quella di cui al comma 1 che, alla scadenza del 31 dicembre 2008 non sono stati individuati dalle rispettive amministrazioni al fine della loro conferma, riordino o trasformazione ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dalla stessa data, le relative funzioni sono trasferite al Ministero vigilante. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa e sentiti i Ministri interessati, corredato da una situazione contabile, é disposta la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. In caso di incapienza della dotazione organica del Ministero di cui al secondo periodo, si applica l'articolo 3, comma 128, della presente legge. Al personale che rifiuta il trasferimento si applicano le disposizioni in materia di eccedenza e mobilità collettiva di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. All'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunti, in fine, i seguenti enti:
    «Ente italiano montagna
    Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
    Istituto agronomico per l'oltremare»

4. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa»

5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole «e il Ministro per dell'Economia e delle Finanze» sono sostituite dalle seguenti «, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la semplificazione normativa»

 

Articolo 27.- Taglia-carta

1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.

2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali é sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti é conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge.

 

Articolo 28.- Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali

1. é istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA).

2. L'IRPA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'IRPA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

4. La denominazione «Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)»

5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'IRPA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.

6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, é composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.

8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al periodo precedente. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali é garantita dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, é composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge.

12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

13. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Articolo 29.- Trattamento dei dati personali

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 é aggiunto il seguente:

    «1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato sensibile é costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B é sostituito dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili, che l'unico dato sensibile é costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo dato é stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonché dall'Allegato B).»   

2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con un aggiornamento del disciplinare tecnico adottato nelle forme del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono previste modalità semplificate di redazione del documento programmatico per la sicurezza di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 34 e di cui al punto 19 dell'Allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per le correnti finalità amministrative e contabili.

3. Qualora il decreto di cui al comma 2 non venga adottato entro il termine ivi indicato, la disciplina di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti di cui al comma 2.

4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 é sostituito dal seguente:

    «La notificazione é validamente effettuata solo se é trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

        1) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché di un responsabile del trattamento se designato;

        2) la o le finalità del trattamento;

        3) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;

        4) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;

        5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;

        6) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.»

5. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.

 

Articolo 30.- Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione

1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 é espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera  m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.

4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.

 

Articolo 31.- Durata e rinnovo della carta d'identità

1. L'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni»

2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.

 

Articolo 32.- Strumenti di pagamento

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 12.500»;

    b) l'ultimo periodo del comma 10 é abrogato.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.

3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.

 

Articolo 33.- Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori

1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, é sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente é fissato al 31 dicembre»

2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute nella presente legge regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.

3. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 4-bis é abrogato;

    b) il comma 6 é abrogato.

 

Articolo 34.- Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, é abrogato. Sono attribuite ai comuni le funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di verificazione prima e verificazione periodica degli strumenti metrici.

2. Presso ciascun comune é individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al precedente periodo.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività delle Amministrazioni pubbliche interessate sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 35.- Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici

1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

    a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;

    b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

    c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).

2. L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 é soppresso.

 

Articolo 36.- Class action

1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447 della legge 4 dicembre 2007, n. 244, le parole «decorsi centottanta giorni» sono sostituiti dalle seguenti: «decorso un anno»

 

Articolo 37.- Certificazioni e prestazioni sanitarie

1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuate le disposizioni da abrogare.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente: «2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario»

 

Articolo 38.- Impresa in un giorno

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, é tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, seconda comma, lettera m) della Costituzione.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

    a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c), lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

    b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

    c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

    d) i comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale;

    e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

    f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di d.i.a., costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

    g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, é previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

    h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera b), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali é sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2006 predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Articolo 39.- Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro

1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.

2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori é annotata solo la giornata di presenza al lavoro.

3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.

4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.

5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 é punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro é punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000.

7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali é punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 é punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 é punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 é la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

8. Il primo periodo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 é sostituito dal seguente: «Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto»

9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 2, é abrogato il comma 3; 

b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 é sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda é obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro»; 

c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 é sostituito dal seguente: «Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso»; 

d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma»

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:

    a) l'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

   b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;

   c) gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;   

   d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;

   e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

   f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

   g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;

   h) il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;

   i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;   

   j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002;

   l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;

   m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

   n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.

12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse.

 

Articolo 40.- Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali

1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 é sostituito dal seguente:

«1. Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale é stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione é data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari»

2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 é sostituito dal seguente:

«2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 2 sono abrogate le parole «I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo»; 

b) il comma 3 é sostituito dal seguente: «Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro»

4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, é sostituito dal seguente:

«6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non é tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico»

5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole «nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge»

6. Gli armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonché a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001.

 

Articolo 41.- Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «é considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga», inserire le parole: «per almeno tre ore»

2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci», inserire le parole: «sia per conto proprio che per conto di terzi»

3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «attività operative specificamente istituzionali», inserire le parole: «e agli addetti ai servizi di vigilanza privata»

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «frazionati durante la giornata», inserire le parole: «o da regimi di reperibilita»

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole «di cui all'articolo 7.», sono aggiunte le parole «Il suddetto periodo di riposo consecutivo é calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni»

6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 é sostituita dalla seguente: «a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale»

7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 é sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»

8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 é sostituito dal seguente: «3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 10, comma 1, é punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione»

9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 é sostituito dal seguente: «4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, é punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore»

10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 é sostituito dal seguente: «6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, é soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si é verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non é ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta»

11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,»

12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o»

13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.

14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

 

Articolo 42.- Accesso agli elenchi dei contribuenti

1. Nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari:

    a) all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) il comma 6 é sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo é ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;

        2) dopo il comma 6 é aggiunto il seguente: «6-bis. Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, é punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore»;

    b) all'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) nel primo periodo del secondo comma le parole «e pubblicano» sono soppresse;

        2) il secondo periodo del secondo comma é sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, é ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;

        3) al quarto comma la parola «pubblicano» é sostituita dalle seguenti: «formano, per le finalità di cui al secondo comma»;

        4) dopo il quarto comma é aggiunto il seguente: «Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, é punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.»

 

Articolo 43.- Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa

1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a:

    a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

    b) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;

    c) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;

    d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilità per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonché, senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformità alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;

    e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.

2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.

3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi individuate. Con apposito decreto del Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo.

4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al precedente comma, il Ministero per lo sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti.

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere più presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, fatta salva la possibilità per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo.

6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, é abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, si può provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

 

Articolo 44.- Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria

1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

    a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonché l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;

    b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento.

 

Articolo 45.- Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione spesa pubblica

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario é soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo é restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare:

     a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni;

     b) l'articolo 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;

     c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettere d) ed e), limitatamente al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

     d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;

     e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, é soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rinvenienti dall'abrogazione del comma 477 sono iscritti in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attività di cui al comma 480 del medesimo articolo 1.

 

Capitolo VIII.- Piano industriale della pubblica amministrazione

 

Articolo 46.- Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione

1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, é così sostituito:

«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

    a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

    b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

    c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

    d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati é causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 é abrogato.»

2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 é così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»

3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 é così sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione é fissato nel bilancio preventivo»

 

Articolo 47.- Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 é aggiunto il seguente: «16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.»

 

Articolo 48.- Risparmio energetico

1. Le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.

2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.

 

Articolo 49.- Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni

1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 é sostituito dal seguente:

    «36. Utilizzo di contratti di lavoro flessibile.

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non é possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.»

 

Capitolo IX.- Giustizia

 

Articolo 50.- Cancellazione della causa dal ruolo

1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

    «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.»

 

Articolo 51.- Comunicazioni e notificazioni per via telematica

1. A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.

4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.

5. All'articolo 16 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il primo comma é aggiunto il seguente:

        «Nell'albo é indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»;

    b) il quarto comma é sostituito dal seguente:

«A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile»

 

Articolo 52.- Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia

1. Dopo l'articolo 227 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Capitolo I.- Riscossione mediante ruolo

    articolo 227-bis (L) (Quantificazione dell'importo dovuto). –

1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'articolo 211.

    articolo 227-ter (L) (Riscossione a mezzo ruolo). 

1. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo.

2. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

3. Se il ruolo é ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.»

 

Articolo 53.- Razionalizzazione del processo del lavoro

1. Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di Procedura Civile le parole «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 420»

2. Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di Procedura Civile é sostituito dal seguente: «Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza»

 

Articolo 54.- Accelerazione del processo amministrativo

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole «dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni»

2. La domanda di equa riparazione non é proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, non é stata presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all'articolo 4, comma 1-ter, lettera b).

3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 1, primo comma, le parole: «le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali» sono sostituite dalle parole: «con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

    b) all'articolo 1, dopo il quarto comma é aggiunto il seguente: «Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonché la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma.»;

    c) all'articolo 5, primo comma, le parole da «dal consiglio» sino alla parola: «giurisdizionali.» sono sostituite dalle seguenti parole: «dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza.»;

    d) all'articolo 5, comma secondo, le parole «in modo da assicurare in ogni caso la presenza di quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale» sono soppresse.

Articolo 55.- Accelerazione del contenzioso tributario

1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non é stata ancora fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti uffici depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo non si fa luogo alla nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale e le sezioni della stessa, ove occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti delle commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede.

 

Articolo 56.- Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

 

Capitolo X.- Privatizzazioni

 

Articolo 57.- Servizi di Cabotaggio

1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio é regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997 in quanto applicabili al settore.

2. Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono altresì destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, é disposta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro tempore, la ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruità e l'efficienza della spesa statale, le Regioni, per accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

3. Su richiesta delle Regioni interessate, da effettuarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione S.p.a. nelle società Caremar – Campania Regionale Marittima S.p.a., Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.a., Toremar – Toscana Regionale Marittima S.p.a., Siremar – Sicilia Regionale Marittima S.p.a. é trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine, la Regione Puglia e la Regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito, a società da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione S.p.a. e dalla Caremar S.p.a. per l'esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino.

4. In deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della continuità territoriale e la domanda di mobilità dei cittadini, le Regioni possono affidare, l'esercizio di servizi di cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario.

5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo é soppresso.

 

Articolo 58.- Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle Alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni.

3. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, é ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al presente articolo. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 del suddetto articolo si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa é rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui all'articolo 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al presente articolo possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui all'articolo 1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

 

Articolo 59.- Finmeccanica S.p.a.

1. In caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente esercizio, da parte della società Finmeccanica S.p.a., finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo, il Ministero dell'economia e delle finanze é autorizzato a sottoscrivere azioni di nuova emissione della stessa società per un importo massimo di 250 milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota dei diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di società controllate dallo Stato e che vengono versate su apposita contabilità speciale per le finalità del presente articolo.

 

Titolo III.- STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

 

Capitolo I.- Bilancio dello stato

 

Articolo 60.- Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica

1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge.

2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria, del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.

3. Fermo quanto previsto ai sensi del comma 6, per il triennio 2009-2011, in sede di predisposizione del progetto di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, i Ministri competenti possono rimodulare le riduzioni delle missioni di spesa di cui al comma 1, tra i relativi programmi, nel rispetto delle finalità stabilite dalle disposizioni legislative relative ai medesimi programmi e dei saldi di finanza pubblica. é consentita la rimodulazione tra spese di funzionamento e spese per interventi previsti dalla legge nel limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Ai fini della predisposizione del progetto di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, i Ministri interessati, entro la prima decade del mese di settembre 2008, inviano, per il tramite degli uffici centrali del bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le proposte di rimodulazione delle risorse tra i vari programmi, per i quali potranno essere effettuate proposte di revisione, in considerazione di quelli ritenuti prioritari nel rispetto di quanto stabilito al comma 3.

5. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascun programma.

6. Fermo restando quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, ovvero, quando si evidenzi l'esigenza di interventi più tempestivi, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e nel rispetto dell'obiettivo di pervenire al consolidamento dell'articolazione per missioni e per programmi di ciascun stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per il miglioramento della economicità ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 é differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.

7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede internazionale e di patto di crescita e stabilità, ogni disposizione normativa che comporti nuove o maggiori spese é coperta con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

8. Il fondo di cui all'articolo 5 comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, é integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507, é portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio.

11. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 relative all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo é ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, é ridotta di 183 milioni di euro per l'anno 2009.

13. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole «a singoli capitoli,» sono sostituite dalle seguenti: «ai singoli programmi»

14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio della spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. Ai fini della responsabilità contabile, il funzionario responsabile risponde del danno derivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente previsti, anche a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente tale esito, nonché dalle misure occorrenti per ricondurre la spesa entro i predetti limiti.

15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile.

 

Articolo 61.- Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei conti

1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di concerto con il Presidente della Corte, anche a richiesta delle competenti commissioni dei Consigli regionali, possono effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento presso le amministrazioni regionali.

2. Ove accerti gravi irregolarità o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive dell'organo esecutivo regionale, la sezione regionale di controllo, con decreto motivato, può intimare agli organi amministrativi competenti per la gestione controllata l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziate sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate.

3. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante comunicazione all'amministrazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, ed é contestualmente trasmesso in copia al Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Qualora nel corso di un controllo concomitante emergano rilevanti ritardi rispetto a quanto previsto da norme, nazionali o comunitarie, o da direttive degli organi esecutivi competenti nella realizzazione di piani o programmi o nell'assunzione di impegni o erogazione di spese, contributi o trasferimenti di fondi, la Corte ne accerta, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause d'ordine finanziario, procedurale o organizzativo e ne dà notifica all'amministrazione competente ed al Ministro dell'economia e delle finanze.

6. L'amministrazione competente ha obbligo di conformarsi all'accertamento della Corte, adottando i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti.

 

Articolo 62.- Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali é fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. E comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale delle società e della borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia degli strumenti finanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni.

3. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con quelle le disposizioni del presente articolo.

 

Articolo 63.- Esigenze prioritarie

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, é incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine é integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2008.

3. In relazione alle necessità connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione é incrementato dell'importo di euro 200 milioni per l'anno 2008.

4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. é autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, é definita la destinazione del contributo.

5. Per far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti, la Società ANAS S.p.a. é autorizzata ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per l'anno 2009.

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione é incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, é integrata di 300 milioni di euro per l'anno 2009.

8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze é costituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2009, per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente.

9. All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «quadriennio 2005-2008» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2005-2011»

10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, é integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

11. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) é autorizzato a procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro per l'anno 2008.»

12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali é istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi é subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al presente comma.

13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le finalità ivi previste é definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 13 é effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) é abrogata.

 

Capitolo II.- Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Articolo 64.- Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei.

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

    a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

    b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

    c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

    d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria;

    e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

    f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa.

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri é costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 é destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

 

Articolo 65.- Forze armate

1. In coerenza al processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata allalegge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010.

2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalità ivi previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa.

3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo.

 

Articolo 66.- Turn over

1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.

2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno»

3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008»

5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 é sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine é istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.»

7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, é sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente».

8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverata dai relativi organi di controllo.

11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.

12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013»

13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma é compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, é ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643 di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente.

 

Articolo 67.- Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro é destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.

2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.

3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato 1, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette leggi.

4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1, della legge 266 del 2005. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n, 266 é così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.»

6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.

7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 6 é sostituito dal seguente:

«6. In caso di certificazione non positiva della Corte dei Conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'Aran, sentito il Comitato di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.»;

    b) il comma 7 é sostituito dal seguente:

«7. L'ipotesi di accordo é trasmessa dall'Aran, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'Aran. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo;«

    c) dopo il comma 7 é inserito il seguente comma:

«7-bis. Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative.»

8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.

9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei Conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.

10. La Corte dei Conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed é fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

11. Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.

12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, é fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

 

Articolo 68.- Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture

1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali: istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività é finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalità; istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.

2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga é concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza a quelli forfetari od onnicomprensivi stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.

3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.

4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge.

5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonché di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.

6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:

    a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni.

    b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;

    c) Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.

7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – i provvedimenti di attuazione del presente articolo.

8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Le amministrazioni interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato i provvedimenti di attuazione del presente articolo.

 

Articolo 69.- Progressione triennale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la progressione economica degli stipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si sviluppa in classi ed aumenti periodici triennali con effetto sugli automatismi biennali in corso di maturazione al 1° gennaio 2009 ferme restando le misure percentuali in vigore.

2. In relazione ai risparmi relativi al sistema universitario, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2009, in 80 milioni di euro per l'anno 2010, in 80 milioni di euro per l'anno 2011, in 120 milioni di euro per l'anno 2012 e in 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità di versamento, da parte delle singole università delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.

 

Articolo 70.- Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando il diritto all'equo indennizzo é esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Articolo 71.- Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza é corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, é dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

 

Articolo 72.- Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non é revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.

2. é data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali é prevista una riduzione di organico.

3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo é elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.

4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio é cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non é consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.

7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso é data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.»

8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008.

9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.

11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della difesa sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza e difesa, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.

 

Articolo 73.- Part time

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo periodo le parole: «avviene automaticamente» sono sostituite dalle seguenti: «può essere concessa dall'amministrazione»;

    b) al secondo periodo le parole «grave pregiudizio» sono sostituite da «pregiudizio»;

    c) al secondo periodo le parole da: «può con provvedimento motivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse;

    d) all'ultimo periodo, dopo le parole: «il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze»

2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»;   

    b) dopo le parole predetti risparmi, le parole da «può essere utilizzata» fino a «dei commi da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «é destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.»;

    c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a «produttività individuale e collettiva» sono soppresse.

 

Articolo 74.- Riduzione degli assetti organizzativi

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 31 ottobre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

    a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

    alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

    all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

    Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

    b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

    c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito degli uffici territoriali di Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), della presente disposizione da parte dei Ministeri si tiene conto delle riduzioni apportate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85. In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al prente articolo.

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 giugno 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 é fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

 

Articolo 75.- Autorità indipendenti

1. Le Autorità indipendenti, in attesa della emanazione della specifica disciplina di riforma di cui all'articolo 3, comma 45 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, riconsiderano le proprie politiche in materia di personale in base ai principi di contenimento della relativa spesa desumibili dalle corrispondenti norme di cui al presente decreto, predisponendo allo scopo, appositi piani di adeguamento da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more delle attività di verifica dei predetti piani, da completarsi entro i quarantacinque giorni successivi alla ricezione, fatte salve eventuali motivate esigenze istruttorie, é fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

2. Presso le stesse Autorità il trattamento economico del personale già interessato dalle procedure di cui all'articolo 1, comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 é determinato al livello iniziale e senza riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei contratti a termine o di specializzazione, senza maggiori spese e con l'attribuzione di un assegno «ad personam», riassorbibile e non rivalutabile pari all'eventuale differenza tra il trattamento economico conseguito e quello spettante all'atto del passaggio in ruolo.

 

Articolo 76.- Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio

1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni é aggiunto alla fine il seguente periodo: «ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente»

2. L'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 é abrogato.

3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni é sostituito dal seguente: «La corresponsione dei gettoni di presenza é comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita»

4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente é fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. é fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresì definiti:

    a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;

    b) criteri e parametri – con riferimento agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio – volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti;

    c) criteri e parametri – considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti – volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 é fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale é pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo.

 

Capitolo III.- Patto di stabilità interno

 

Articolo 77.- Patto di stabilità interno

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

    a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;

    b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso alla presente legge sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative.

 

Articolo 78.- Disposizioni urgenti per Roma capitale

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato é nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

    a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;

    b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico.

3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008.

4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, é presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. é autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Il Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente, di competenza degli organi istituzionali dell'Ente.

7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.

8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.

 

Capitolo IV.- Spesa sanitaria e per invalidità

 

Articolo 79.- Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011:

    a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato é confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed é determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale Bambino Gesù. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    b) per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dalla lettera a), rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, é subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscriversi entro il 31 luglio 2008, che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, contempli norme di efficientamento del sistema e conseguente contenimento della dinamica dei costi, al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale.

2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006-2007, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, lettera a), é incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50, della legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo periodo é soppresso.

 

Articolo 80.- Piano straordinario di verifica delle invalidità civili

1. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali é stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.

4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al comma 2.

5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo.

7. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito della amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.

 

Titolo IV.- PEREQUAZIONE TRIBUTARIA 

Capitolo I.- MISURI FISCALI. PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

 

Articolo 81.- Settori petrolifero e del gas

1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2008 dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizioni previste nel comma 2, il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione é tenuto a corrispondere esclusivamente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione ulteriore rispetto a quella già prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto previsto dal comma 4.

2. Il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto é dovuto al verificarsi delle seguenti condizioni:

    a) per l'olio, nel caso in cui la quotazione media annua del Brent dell'anno di riferimento espressa in euro sia superiore almeno del 10 per cento a 55 euro per barile. La quotazione media annua del Brent sarà determinata per ciascun anno come media delle quotazioni di fine mese pubblicate dal Platts in dollari al barile per il greggio Brent Dated e convertita in euro al barile sulla base del cambio medio annuo euro/dollaro rilevato dalla Banca d'Italia.

    b) per il gas, nel caso in cui la media annua dell'indice QE, di cui all'articolo 19, comma 5-bis, lettera b), del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dell'anno di riferimento sia superiore almeno del 10 per cento a 0,5643 centesimi di euro/MJ.

3. Per gli anni successivi al 2008, le suddette quotazioni di riferimento per l'olio e il gas sono rideterminate tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell'industria con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Verificandosi le condizioni di cui al comma 3, il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto per l'olio e per il gas da corrispondere allo Stato si determina:

    a) per le quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e per le quantità di idrocarburi gassosi estratti in mare:

        1) con l'aliquota del 2,1 per cento nel caso di incremento degli indici di cui alle lettere a) e b) del comma 2 in misura pari al 10 per cento;

        2) con l'aliquota dello 0,3 per cento per ogni punto percentuale di incremento degli stessi indici ulteriore rispetto al 10 per cento;

    b) per le quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare:

        1) con l'aliquota dell'1,2 per cento nel caso di incremento dell'indice di cui alla lettera a) del comma 2 in misura pari al 10 per cento;

        2) con l'aliquota dello 0,15 per cento per ogni punto percentuale di incremento dello stesso indice ulteriore rispetto al 10 per cento.

5. Le quantità esenti dal pagamento dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono esenti anche dal pagamento dell'ulteriore aliquota di cui al comma 1.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione del prelievo dell'ulteriore aliquota di cui al comma 1, inclusa la disciplina sanzionatoria, si applica quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, purché compatibile con la natura esclusivamente erariale di tale prelievo.

7. All'ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione dovuta ai sensi dei commi da 1 a 6 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 15.

8. A decorrere dall'anno 2008, per le concessioni di coltivazioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il titolare unico o contitolare versa nel mese di novembre di ciascun anno a titolo d'acconto del valore delle aliquote di prodotto dovuto per l'anno in corso un importo pari al 100 per cento di quanto versato per l'anno precedente.

9. Il versamento é effettuato allo Stato, alle Regioni a statuto ordinario ed ai Comuni interessati secondo le rispettive quote di competenza e con le stesse modalità previste per i versamenti di cui al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del 1996. Limitatamente all'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme dovute allo Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con il comma 29. Se per l'anno precedente é stata omessa la presentazione del prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 11, del decreto legislativo n. 625 del 1996, l'acconto é commisurato al 100 per cento del valore delle aliquote di prodotto che avrebbe dovuto essere dichiarato con tale prospetto.

10. I versamenti in acconto relativi al valore delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono determinati valorizzando la produzione secondo il criterio di cui al predetto articolo 19, comma 5-bis, lettera b).

11. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto, si applica la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 12. Le disposizioni del comma 11 non si applicano nel caso in cui:

    a) il versamento dovuto nei confronti di ciascun ente impositore separatamente considerato é inferiore a 100.000 euro;

    b) quando l'acconto versato nei confronti di ciascun ente impositore separatamente considerato é inferiore a quello dovuto, ma non inferiore al 75 per cento del valore dell'aliquota di prodotto dovuto per l'anno in corso. Ai fini del periodo precedente é effettuata secondo il criterio di cui al comma 3 la valorizzazione delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

13. Il credito risultante dall'eccedenza dell'acconto versato rispetto a quanto dovuto nei confronti di ciascun ente impositore é rimborsata entro 90 giorni dalla presentazione del prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del 1996. Nel caso in cui il rimborso avvenga oltre tale termine maturano gli stessi interessi di cui al comma 11.

14. La stessa eccedenza di cui al comma 13 può essere utilizzata in compensazione di quanto dovuto in acconto o a saldo nei confronti di altri enti impositori compensando prioritariamente:

    a) le eccedenze nei confronti dei comuni con quanto dovuto alle rispettive regioni di appartenenza;

    b) le eccedenze nei confronti delle regioni con quanto dovuto allo Stato anche a titolo di imposta sul reddito delle società.

15. Il credito di cui al comma 13 può essere ceduto ad altro titolare o contitolare di concessione di coltivazione per essere compensato secondo quanto previsto dal comma 14.

16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, é applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati:

    a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

    b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;

    c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.

17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. é fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo.

19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 92 é aggiunto il seguente:

    «Articolo 92-bis.- Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese

1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) é effettuata secondo il metodo della media ponderata o del «primo entrato primo uscito», anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di:

    a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

    b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1602/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92.»

20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed é soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 16 per cento.

22. L'imposta sostitutiva dovuta é versata in un'unica soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente, su opzione del contribuente può essere versata in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.

23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo:

   a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni é computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza é compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito;

   b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del conferimento le attività di cui al predetto articolo 92-bis e adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende definitiva l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011.

24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento.

25. L'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile.

26. Il titolare unico ovvero il contitolare di concessione di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, conferisce allo Stato una quota, espressa in barili, pari all'uno per cento delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1° luglio 2008 dalle concessioni di coltivazione. Il conferimento é effettuato annualmente nelle forme del versamento all'Erario, a decorrere dal 2009, entro il 31 luglio, di una somma pari al valore del prodotto da conferire calcolato utilizzando la quotazione media annua del Brent per barile rilevata nel periodo dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso.

27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 26.

28. Per la disciplina sanzionatoria si applica quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

29. é istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti.

30. Il Fondo é alimentato:

   a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 27 del presente decreto;

    b) dalle somme dovute allo Stato a titolo di acconto delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi ai sensi del comma 9 secondo periodo, del presente decreto;

    c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2, commi 25 e 26;

    d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;

    e) con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da parte di società ed enti operanti in specie nel comparto energetico.

31. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per la erogazione di aiuti eccezionali in presenza di effettive situazioni di bisogno.

32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, é concessa ai cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del successivo comma, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.

33. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

     a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare;

     b) l'ammontare del beneficio unitario;

     c) le modalità e i limiti per la fruizione del beneficio.

34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di altre amministrazioni, enti pubblici o di Sogei S.p.a.

35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:

  a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformità alla disciplina di cui al comma 33;

  b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.

36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.

37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti.

38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui ai commi da 29 a 31.

 

Articolo 82.- Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 é inserito il seguente:

    «5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.»

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo é aggiunto il seguente:

«Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.»;

    b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo é aggiunto il seguente:

«Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.»;

    c) all'articolo 7, comma 2, é aggiunto in fine il seguente periodo:

«Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.»

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al comma precedente sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.

5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi precedenti.

6. All'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) le parole «pari al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti «pari al 30 per cento»;

    b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti «nei diciotto esercizi successivi»;

    c) le parole «il 50 per cento della medesima riserva sinistri» sono sostituite dalle seguenti «il 75 per cento della medesima riserva sinistri»

7. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri di cui all'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione.

8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e 7.

9. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, é elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi.

10. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9 comma 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, é elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi.

11. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) le parole: «0,40 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,30 per cento»;

    b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti «nei diciotto esercizi successivi»

12. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.

13. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e 12.

14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «ad eccezione delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), dello stesso decreto» sono aggiunte le seguenti:

    «nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972»;

    b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole «27-quinquies) dello stesso decreto» sono inserite le seguenti: «nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972»

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i contratti di locazione in corso alla medesima data e per quelli stipulati successivamente.

16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Conseguentemente nel comma 264, dell'articolo 1, lettera a), della legge n. 244 del 2007, sono soppresse le parole «, e al comma 262»

17. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i requisiti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2, si applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei fondi. La società di gestione preleva un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta patrimoniale dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo. L'imposta é corrisposta entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione e le sanzioni dell'imposta non dichiarata o non versata si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi.

18. L'imposta di cui al comma 17 é dovuta qualora il fondo sia costituito con apporto di immobili, diritti reali immobiliari o partecipazioni in società immobiliari per la maggior parte del suo patrimonio e qualora:

    a) le quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti salvo che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute da uno o più dei soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dai soggetti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, da imprenditori individuali, società ed enti se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale nonché da enti pubblici ed enti di previdenza obbligatoria;

    b) e, in ogni caso, se il fondo é istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d'imposta, al di fuori dell'esercizio d'impresa, da persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o beneficiari.

19. La Società di gestione del risparmio verifica la condizione di cui alla lettera a) del comma 18 al momento dell'istituzione del fondo comune. La condizione di cui alla lettera b) del comma 18 é verificata costantemente dalla società di gestione del risparmio, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti. A tal fine in caso di cessione delle quote gli acquirenti sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta alla società di gestione del risparmio, entro 30 giorni dalla data dell'acquisto, contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 18, lettera b).

20. La sussistenza delle condizioni indicate nel comma 18 determina l'applicazione dell'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a partire dal periodo d'imposta nel quale esse si verificano.

21. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «una ritenuta del 12,50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta del 20 per cento»

22. All'articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-ter, é inserito il seguente: «5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti che detengano più del 50 per cento delle quote dei fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo é individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.»

23. Nel comma 2 dell'articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) é abrogata.

24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

25. Le cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, così come risultanti alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui all'articolo 1, commi da 29 a 31 secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della giustizia.

26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo.

27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, é sostituito dal seguente:

    «3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.»

28. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) é inserita la seguente lettera:

    «b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi»

29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28.

 

Articolo 83.- Efficienza dell'Amministrazione finanziaria

1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso.

2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione.

3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno il 10 per cento.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, é aggiunto il seguente:

    «2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.»

5. Ai fini di una più efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza incrementano la capacità operativa destinata a tali attività anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare:

    a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine;

    b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;

    c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi;

    d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.

6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 5 é assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari.

7. Gli esiti delle attività svolte formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 é pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonché acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera f), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 é data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di capacità contributiva.

10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacità operativa alle attività di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalità della loro cooperazione al piano.

11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.

12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali attraverso la mobilità dei loro dirigenti generali di prima fascia, nonché di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità di tali Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresì l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna a tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la quale é in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico già ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale é in esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

    a) nel comma 1, lettera b), la parola «sei» é sostituita dalla seguente: «quattro»;

    b) nel comma 3, il secondo periodo é sostituito dal seguente:

    «Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia.»

14. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.

15. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, é conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.

16. Al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale é sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

17. In fase di prima attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attività dei comuni é anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5 é inserito il seguente:

    «Articolo 5-bis (Adesione ai verbali di constatazione). –

             1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    2. L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della notifica del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio delle entrate ed al Reparto della Guardia di finanza che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione, l'Ufficio delle entrate notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo. 7.

    3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, é ridotta alla metà e le somme dovute possono essere versate ratealmente ai sensi dell'articolo 8 comma 2, senza prestazione delle garanzie ivi previste.»

19. In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a far corso dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal primo comma, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis.

20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

    «1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non é identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento é effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.

    1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.

    1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»

22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con l'articolo 1, comma 29.

23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) nel comma 1, sono soppresse le parole da «Se» a «cancellazione dell'ipoteca»;

    b) nel comma 4, le parole da «l'ultimo» a «mese» sono sostituite dalle seguenti: «nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione»;

    c) il comma 4-bis é abrogato. In ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola «131», sono inserite le seguenti: «, moltiplicato per tre»

25. é istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di indirizzo, consulenza, nonché di coordinamento informativo, anche mediante scambi di dati, con le principali imprese nazionali, soprattutto a partecipazione pubblica, che operano nei settori dell'energia, dei trasporti, della difesa, delle telecomunicazioni, nonché nei settori di altri pubblici servizi.

26. Al Comitato competono, altresì, anche al fine di farne oggetto di pareri al Governo, l'analisi di fenomeni economici complessi propri della globalizzazione, quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo, nonché compiti di supporto alle funzioni di coordinamento degli sforzi per lo sviluppo delle attività all'estero di imprese italiane e delle iniziative di interesse nazionale all'estero.

27. Il Comitato é composto, in numero non superiore a dieci, da alte professionalità tecniche dotate di elevata specializzazione nei suoi settori di intervento, nonché da qualificati rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti.

28. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato e la sua segreteria sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresì le disposizioni generali sul loro funzionamento. Il Comitato riferisce ogni sei mesi sulla attività svolta e sui propri risultati. La partecipazione al Comitato é gratuita.

 

Titolo V.- DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 84.- Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 7, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 81, 82 del presente decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Articolo 85.- Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01Ene/14

Decreto Legislativo 9m maggio 1997, n. 123. Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Sentito il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1997;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Artícolo 1.Informazioni all'interessato

1. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, tra la parola: «informati» e le parole: «per iscritto» sono inserite le seguenti: «oralmente o» .

Artícolo  2. Trattamento di dati in ambito giornalistico

1. Nell'articolo 25, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il codice può prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 10.».

2. Nell'articolo 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Le disposizioni della presente legge che attengono all'esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.».

Artícolo 3.Garante

1.      Nella denominazione del Capo VII e nell'articolo 30, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: «Garante per la tutela delle persone di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «Garante per la protezione dei dati personali».

2.       Nell'articolo 33, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.».
3. Il personale richiesto dal Garante per la protezione dei dati personali nella fase di costituzione del relativo ufficio, nelle more del perfezionamento del comando, del fuori ruolo o dell'aspettativa, può essere utilizzato dal Garante a decorrere dalla data indicata nella richiesta, sempreché tale data sia di almeno dieci giorni successiva a quella della richiesta, vi sia l'assenso dell'interessato e l'amministrazione o l'ente di appartenenza non si opponga.

Artícolo 4. Autorizzazioni e informative

1. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è sostituito dal seguente:
«7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti.».

2.      Nell'articolo 41 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito il seguente comma:
«7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.».

Artícolo 5. Norme di coordinamentoe transitorie

1.      Nell'articolo 42, commi 1 e 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: «Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «Garante per la protezione dei dati personali».

2.      Negli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, le parole: «Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «Garante per la protezione dei dati personali».

3.      Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per la gestione delle spese dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento per la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1995.

Artícolo 6. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1997

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Flick, Ministro di grazia e giustizia       


Visto, il Guardiasigilli: FLICK

01Ene/14

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 13 marzo 2003. Dipartimento per l´innovazione e le tecnologie. Proroga del termine di scadenza per la presentazione della documentazione nedcessaria ai fini della sottoscrizione delle convenzioni per il finanziamento

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 13 marzo 2003. Dipartimento per l´innovazione e le tecnologie. Proroga del termine di scadenza per la presentazione della documentazione nedcessaria ai fini della sottoscrizione delle convenzioni per il finanziamento dei progetti approvati nell´ambito del «Piano d´azione e-government». (G.U. n. 83 del 9 aprile 2003).

Il Ministro per L'Innovazione e le Tecnologie

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 relativo alla delega in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglia dei Ministri del 27 settembre 2001, recante l'stituzione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 che disciplina procedure e modalità per l'utilizzo dei fondi assegnati al finanziamento del Piano d'azione di e-government;

Visto l'avviso relativo alla selezione dei progetti proposti dalle regioni e dagli enti locali per l'attuazione dell'e-government, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2002;
Considerato che in risposta al citato avviso di selezione sono stati presentati complessivamente 377 progetti;

Visto il decreto dell'11 novembre 2002, con il quale il capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ha approvato i progetti ammessi al cofinaziamento;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 novembre 2002 con il quale sono determinati i fondi per il cofinanziamento per ciascuno dei 138 progetti ammessi al cofinanziarnento e nel quale é stato previsto che la sottoscrizione delle convenzioni dovesse avvenire entro centoventi giorni dalla data del suddetto decreto;

Ravvisate le difficoltà da parte delle amministrazioni di far pervenire entro il termine previsto il completamento della documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione delle convenzioni;
Considerata l'esigenza di concludere l'attività in corso, indicando un ulteriore definitivo termine per le amministrazioni destinatarie dei cofinanziamenti, per completare le procedure;

Decreta:

Articolo 1.Proroga termine per la presentazione della documentazione

1. La data entro la quale dovrà pervenire la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione delle convenzioni di cui all'art. 4 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 novembre 2002, é prorogata tassativamente al 15 aprile 2003.

2. Nel caso in cui gli enti destinatari dei fondi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 novembre 2002 non dovessero far pervenire la documentazione richiesta per la sottoscrizione delle convenzioni entro la data stabilita al comma 1 del presente articolo, decadranno dal diritto al finanziamento previsto dal suddetto decreto. In tali casi, le somme non utilizzate saranno destinate alle attività previste dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 novembre 2002.

01Ene/14

Decreto Supremo nº 048-2008-PCM de 16 julio 2008, aprueba la reestructuración de la Comisión Multisectorial para el seguimiento y evaluación del «Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú- La Agenda Digital Peruana»

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial nº 318-2005-PCM, modificada por Resolución Ministerial nº 381-2005-PCM, se constituyó la Comisión Multisectorial para el Seguimiento y Evaluación del «Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú – La Agenda Digital Peruana», con el fin de lograr el cumplimiento eficaz de sus objetivos, resultados y metas, en los plazos señalados en dicho Plan;

Que, el referido Plan de Desarrollo, identificó como factor crítico de éxito, el factor institucional, en virtud del cual se requiere garantizar su ejecución, monitoreo, evaluación y actualización, a través de una asignación clara de responsabilidades y permanente coordinación entre las entidades que constituyen el sector público y aquellas del sector privado, académico y la sociedad en general;

Que, en la «Segunda Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información – eLAC 2007», llevada a cabo del 6 al 8 de febrero de 2008 en El Salvador, se suscribió el Compromiso de San Salvador, por el cual los países de América Latina y el Caribe, se comprometen, entre otros, a adoptar metas que conduzcan a la construcción de una sociedad de la información integradora y orientada al desarrollo, inspirada en las iniciativas existentes impulsada por los gobiernos, los organismos internacionales y regionales, la sociedad en general y el sector privado sobre esta materia;

Que, asimismo, en el citado evento, el Perú ha sido elegido como sede de la siguiente Conferencia Ministerial de Sociedades de la Información – eLAC 2010, donde se evaluará, entre otros aspectos, el cumplimiento de los compromisos adoptados en El Salvador;

Que, en este contexto, la Comisión Multisectorial para el Seguimiento y Evaluación del «Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú – La Agenda Digital Peruana», adquiere un rol protagónico en la consecución de las metas que el Perú se ha fijado para el desarrollo de la sociedad de la información, por lo cual resulta necesaria su reestructuración a fin de cumplir cabalmente con el nuevo reto que se nos presenta como país;

Que, el numeral 3 del artículo 36º de la Ley nº 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que las Comisiones Multisectoriales de naturaleza permanente son creadas formalmente por Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y por los titulares de los Sectores involucrados;

Que, en ese sentido resulta necesario reestructurar la Comisión Multisectorial para el Seguimiento y Evaluación del «Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información – La Agenda Digital Peruana» creando una Comisión Multisectorial de naturaleza permanente;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante Decreto Supremo nº 063-2007-PCM;

SE DECRETA:

Artículo 1º.- Reestructuración

Reestructurar mediante la creación de una Comisión Multisectorial Permanente a la Comisión Multisectorial para el Seguimiento y Evaluación del «Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información – La Agenda Digital Peruana» creada mediante la Resolución Ministerial nº 318-2005-PCM.

La Comisión Multisectorial dependerá de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Artículo 2º.- Conformación de la Comisión Multisectorial

La Comisión Multisectorial referida en el artículo precedente estará conformada por los siguientes miembros:

El Presidente del Consejo de Ministros, quien la presidirá;
El Ministro de Producción;
El Ministro de Educación;
El Ministro de Transportes y Comunicaciones;

La Comisión Multisectorial deberá ser instalada dentro de los diez (10) días hábiles de haber sido publicado el presente Decreto Supremo.

Artículo 3º.- Secretario Técnico

El Jefe de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico actuará como Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial.

Artículo 4º.- Reglamento

El Reglamento Interno de la Comisión Multisectorial deberá ser aprobado mediante Resolución Ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros en el plazo de 30 días calendario contados a partir del día siguiente a su instalación.

Artículo 5º.- Funciones de la Comisión Multisectorial

La Comisión Multisectorial que se constituye por el presente Decreto Supremo tiene las siguientes funciones:

a) Efectuar las acciones para implementar el «Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información – La Agenda Digital Peruana» y alcanzar los objetivos estratégicos establecidos en dicho Plan.

b) Realizar las coordinaciones necesarias para que las acciones propuestas en el «Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información – La Agenda Digital Peruana», se incorporen en los planes operativos y planes estratégicos de los Ministerios y organismos públicos, los que contendrán indicadores y metas que permitan evaluar el logro de los resultados esperados del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información – La Agenda Digital Peruana.

c) Ejercer la labor de seguimiento y monitoreo del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información – La Agenda Digital Peruana.

d) Proponer la reorientación de las acciones en los casos en los cuales durante la implementación del Plan ocurran situaciones no previstas con anterioridad.

e) Elaborar un informe anual de los avances del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información – La Agenda Digital Peruana, a nivel regional, sectorial y nacional, dicho informe debe ser presentado la última semana del mes de junio de cada año.

f) Cumplir con las obligaciones derivadas de los compromisos adquiridos por el país en torno al desarrollo de la Sociedad de la Información (eLAC, Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información entre otros.)

Para la realización del monitoreo, seguimiento e implementación del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información – La Agenda Digital Peruana, la citada Comisión Multisectorial coordina con los Gobiernos Regionales, locales y demás instituciones del Sector Público nacional, la incorporación de las metas y objetivos del referido Plan, en sus respectivos presupuestos y planes operativos institucionales, y la implementación de los medios y acciones pertinentes destinados a desarrollar la construcción de la Sociedad de la Información en el ámbito de sus competencias, en forma coordinada con otras instituciones, evitando duplicidad de gastos de recursos estatales.

Asimismo, dicha comisión podrá buscar y coordinar cooperación internacional que permita apoyar la ejecución del Plan en sus diversos campos, y el apoyo financiero por parte de las organizaciones especializadas que participan en el Plan.

Artículo 6º.- Asesoría

La Comisión Multisectorial para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información – La Agenda Digital Peruana, podrá contar con el asesoramiento de Grupos de Trabajo, alineados en los Capítulos definidos por eLAC 2010 sobre los siguientes temas:

1. Infraestructura y Acceso.
2. Educación y mejoramiento de capacidades humanas.
3. Salud y Desarrollo Social.
4. Producción y servicios.
5. Gobierno Electrónico.
6. Instrumentos de Política y Estrategias.

Los Grupos de Trabajo serán constituidos mediante Resolución Ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros

Artículo 7º.- Derogación

Deróguese la Resolución Ministerial nº 318-2005-PCM modificada por la Resolución Ministerial nº 381-2005-PCM.

Artículo 8º.- Refrendos

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de la Producción, la Ministra de Transportes y comunicaciones y el Ministro de Educación.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis días del mes de julio del año dos mil ocho.

ALAN GARCIA PEREZ, Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GALVEZ, Presidente del Consejo de Ministros

RAFAEL REY REY, Ministro de la Producción

VERONICA ZAVALA LOMBARDI, Ministra de Transportes y Comunicaciones

JOSE ANTONIO CHANG ESCOBEDO, Ministro de Educación

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Délibération n° 2006-162 du 8 juin 2006 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par les biologistes à des fins de gestion du laboratoir

Délibération nº 2006-162 du 8 juin 2006 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par les biologistes à des fins de gestion du laboratoire d'analyses de biologie médicale (norme simplifiée nº 53).

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la convention nº 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment son article 8 ;

Vu la loi nº 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 11, 22, 23, 24-I et 30 ;

Vu les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal relatifs au secret professionnel ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 et suivants, L. 6211-1 et suivants et R. 6211-1 et suivants ;

Vu les articles L. 161-29, R. 115-1 et suivants et R. 161-47 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret nº 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ;

Vu le décret nº 95-284 du 14 mars 1995 portant code de déontologie pharmaceutique, codifié aux articles L. 4235-1 à L. 4235-77 du code de la santé publique ;

Vu le décret nº 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, codifié aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le Guide de bonne utilisation de l'informatique (GBUI) et le Guide de bonne exécution des analyses (GBEA), publié par l'arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ;

Vu la délibération nº 97-008 du 4 février 1997 portant adoption d'une recommandation sur le traitement des données de santé à caractère personnel ;

Après avoir recueilli les observations du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM), du Conseil national de l'ordre des pharmaciens (CNOP), du Syndicat des biologistes (SDB), de la Société française d'informatique de laboratoire (SFIL) et de la Fédération des centres de regroupement informatique et statistique en anatomie pathologique (CRISAP) ;

En vertu de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés est habilitée à établir des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration des traitements les plus courants et dont la mise en oeuvre, dans des conditions régulières, n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés.

Les traitements informatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre au sein des laboratoires d'analyses de biologie médicale à des fins de gestion du laboratoire sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de cette définition,

Décide :

Article 1. Champ d'application.

Peuvent bénéficier de la procédure de déclaration simplifiée de conformité à la présente norme les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre au sein des laboratoires d'analyses de biologie médicale qui répondent aux conditions définies aux articles 2 à 7 ci-après.

La présente norme ne s'applique pas aux traitements mis en oeuvre au sein des laboratoires spécialisés dans la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales définis à l'article R. 1131-2 du code de la santé publique ou de l'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires. Elle ne s'applique pas à ceux mis en oeuvre au sein des laboratoires qui pratiquent des activités d'assistance médicale à la procréation.

Elle ne s'applique pas non plus aux traitements mis en oeuvre au sein des laboratoires d'anatomo-cyto-pathologie.

Article 2. Finalités du traitement.

Les traitements sont mis en oeuvre pour faciliter la gestion administrative des laboratoires, la réalisation des analyses et l'interprétation et la transmission des résultats.

Ils n'assurent pas d'autres fonctions que :

– l'enregistrement des prescriptions d'analyses ;

– l'enregistrement de la » fiche de suivi médical » ;

– la gestion des rendez-vous ;

– la transmission de prélèvements aux fins d'analyses vers d'autres laboratoires ;

– la gestion des analyses et des résultats ;

– l'établissement et la télétransmission des feuilles de soins ;

– l'envoi des résultats et de courriers aux confrères et aux professionnels de santé prescripteurs ;

– la réalisation d'études statistiques à usage interne ;

– la participation à des études épidémiologiques.

Les données personnelles de santé ne peuvent être utilisées que dans l'intérêt direct du patient et, dans les conditions déterminées par la loi, pour les besoins de la santé publique. Toute autre exploitation de ces données, notamment à des fins commerciales, est proscrite.

La constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales sont interdites, dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement un professionnel de santé.

Article 3. Informations collectées et traitées.

Les informations suivantes relatives au patient peuvent être collectées et traitées :

– identité : nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, numéro de téléphone ;

– numéro de sécurité sociale et taux de prise en charge (régime d'exonération, durée de validité des droits) : pour l'édition des feuilles de soins et la télétransmission aux organismes assurant la gestion du régime obligatoire d'assurance maladie dont il dépend, dans les conditions définies par les articles R. 115-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

– adhésion à un régime complémentaire : numéro d'adhérent et taux de prise en charge ;

– santé : prescriptions, résultats et comptes rendus d'analyses, coordonnées des médecins traitants, renseignements biologiques, cliniques et thérapeutiques, antécédents, traitements en cours.

Des informations relatives aux habitudes de vie du patient peuvent être collectées avec l'accord du patient et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la réalisation ou à l'interprétation des examens demandés.

Article 4. Destinataires des informations.

Le directeur, le directeur adjoint du laboratoire et, dans la limite des habilitations délivrées par eux et sous leur responsabilité, les membres du personnel du laboratoire ont accès aux informations relatives au patient.

Les laboratoires auxquels sont adressés des prélèvements aux fins d'analyses sont destinataires de l'identité du patient et des informations nécessaires à la réalisation de l'analyse.

Le praticien prescripteur et le ou les médecins traitants désignés par le patient sont destinataires de l'identité du patient et des résultats d'analyses pour les patients qu'ils suivent.

Afin d'assurer la continuité des soins et avec l'accord de la personne concernée, les professionnels de santé et, dans les établissements de santé, les membres de l'équipe de soins assurant sa prise en charge sont destinataires de l'identité du patient et des résultats et comptes rendus d'analyses le concernant.

Afin de permettre le remboursement des actes, des prestations et leur contrôle, les agents habilités des organismes d'assurance maladie ont connaissance, dans la limite de leurs fonctions et pour la durée nécessaire à l'accomplissement de celles-ci, de l'identité de l'assuré, de son numéro de sécurité sociale et du code des actes effectués.

Les personnels habilités des organismes d'assurance maladie complémentaire sont destinataires dans la limite de leurs attributions, de l'identité de leurs assurés, de leur numéro de sécurité sociale et, sous la forme d'une codification tarifaire globale, des actes effectués.

Les organismes de recherche dans le domaine de la santé et les organismes spécialisés dans l'évaluation des pratiques de soins peuvent être destinataires de données personnelles de santé dans les conditions définies par la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Article 5. Durée de conservation.

Les informations enregistrées ne peuvent être conservées dans l'application au-delà d'une durée de cinq ans à compter de la dernière intervention sur le dossier du patient. A l'issue de cette période, elles sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées pendant quinze ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans l'application.

Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale soumis aux dispositions de la loi du 11 juillet 1975, le relevé chronologique des analyses effectuées par le laboratoire ou transmises par ce laboratoire à un autre laboratoire doit être conservé pendant dix ans. Les résultats nominatifs des analyses effectuées par le laboratoire doivent être conservés pendant cinq ans.

Pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale dans les établissements de santé, les dossiers et livres de registre doivent être conservés pendant vingt ans.

En cas de télétransmission, le double électronique des feuilles de soins transmises ainsi que leurs accusés de réception doivent être conservés pendant 90 jours, conformément à l'article R. 161-47 du code de la sécurité sociale.

Article 6. Information et droit d'accès.

Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, les personnes dont les données sont enregistrées et conservées dans le fichier du laboratoire sont informées, par un document affiché dans ses locaux ou remis en main propre, de l'identité du responsable du traitement, de la finalité de ce dernier, des destinataires des informations et des modalités pratiques d'exercice de leurs droits, en particulier du droit d'accès aux informations qui les concernent.

Les résultats d'analyses sont remis au patient en main propre ou envoyés sous pli cacheté à ses nom et adresse. Ils peuvent être remis à toute personne dûment mandatée par lui. Lorsqu'un patient est mineur ou majeur protégé par la loi, les résultats ne peuvent être remis qu'à son représentant légal, sauf lorsque la loi prévoit une transmission directe des résultats.

Article 7. Politique de confidentialité et sécurités.

Des mesures de sécurité physique et logique sont mises en place afin de préserver la confidentialité des informations couvertes par le secret médical et d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions réglementaires prévues par l'arrêté du 26 novembre 1999 portant guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale.

En particulier, le directeur et le directeur adjoint du laboratoire accèdent à l'application en utilisant leur carte de professionnel de santé. Les personnels placés sous leur autorité doivent également disposer d'une carte d'accès ou d'un mot de passe personnel.

En cas d'utilisation du réseau Internet pour transmettre des données personnelles de santé, et en particulier les résultats d'analyses, un système de chiffrement » fort » des transmissions et, le cas échéant, une messagerie sécurisée doivent être mis en place ; un dispositif technique approprié doit être installé et mis à jour régulièrement afin de se prémunir des risques de captation des données ; le système de réception des informations doit respecter leur confidentialité. En outre, le système de transmission utilisé doit garantir l'intégrité des données.

Un système permettant une traçabilité des accès et traitements doit également être mis en oeuvre.

Le directeur du laboratoire définit une politique de confidentialité et les mesures effectivement mises en oeuvre pour garantir la sécurité des données.

Article 8. La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juin 2006.

Le vice-président délégué, G. Rosier

01Ene/14

National Security Information (Criminal and Civil Proceedings) Act 2004. Act nº 150 of 2004 as amended. Amendments up to Act nº 127 of 2010

An Act relating to the protection of certain information from disclosure in federal criminal proceedings and civil proceedings, and for related purposes

Part 1.-Preliminary

 

1.- Short title

This Act may be cited as the National Security Information (Criminal and Civil Proceedings) Act 2004.

2.- Commencement

(1) Each provision of this Act specified in column 1 of the table commences, or is taken to have commenced, in accordance with column 2 of the table. Any other statement in column 2 has effect according to its terms.

Commencement information

Column 1

Column 2

Column 3

Provision(s)

Commencement

Date/Details

1. Sections 1 and 2 and anything in this Act not elsewhere covered by this table

The day on which this Act receives the Royal Assent.

14 December 2004

2. Sections 3 to 49

The 28th day after the day on which this Act receives the Royal Assent.

11 January 2005

(2) Column 3 of the table contains additional information that is not part of this Act. Information in this column may be added to or edited in any published version of this Act.

3.- Object of this Act

(1) The object of this Act is to prevent the disclosure of information in federal criminal proceedings and civil proceedings where the disclosure is likely to prejudice national security, except to the extent that preventing the disclosure would seriously interfere with the administration of justice.

(2) In exercising powers or performing functions under this Act, a court must have regard to the object of this Act.

4.- Extension of Act to external Territories

This Act extends to every external Territory.

 

5.- Act binds Crown

(1) This Act binds the Crown in each of its capacities.

(2) This Act does not make the Crown liable to be prosecuted for an offence.

6.- Application of Act to federal criminal proceedings

(1) Subject to subsection (2), this Act applies to a federal criminal proceeding, whether begun before, on or after the day on which this section commences, if the prosecutor gives notice in writing to the defendant, the defendant´s legal representative and the court that this Act applies to the proceeding.

(2) If the prosecutor gives the notice after the proceeding begins, this Act only applies to the parts of the proceeding that occur after the notice is given (whether or not those parts began before that time).

(3) A notice given under this section is not a legislative instrument.

6A.- Application of Act to civil proceedings

Application to civil proceedings-Attorney-General not a party to proceedings

(1) If:

(a) the Attorney-General is not a party to a civil proceeding, whether begun before, on or after the day on which this section commences; and

(b) the Attorney-General gives notice in writing to the parties to the proceeding, the legal representatives of the parties to the proceeding and the court that this Act applies to the proceeding;

then, subject to subsection (5), this Act applies to the proceeding.

Application to civil proceedings-Attorney-General a party to proceedings

(2) If:

(a) the Attorney-General is, or becomes, a party to a civil proceeding, whether begun before, on or after the day on which this section commences; and

(b) the Minister appointed under subsection (3) or (4) gives notice in writing to the parties to the proceeding, the legal representatives of the parties to the proceeding and the court that this Act applies to the proceeding; then:

(c) subject to subsection (5), this Act applies to the proceeding; and

(d) the Minister must perform the functions and exercise the powers, in relation to the proceeding, that are conferred on the Attorney-General under Divisions 1A, 1, 2, 3 and 4 of Part 3A; and

(e) references in:

(i) Division 4 of Part 2; and

(ii) Divisions 1A, 1, 2, 3 and 4 of Part 3A; and

(iii) Division 2 of Part 5;

to the Attorney-General (other than references to the Attorney-General as a party to the proceeding) are to be read as references to the Minister.

Attorney-General to appoint alternative Minister

(3) The Attorney-General must, as soon as possible after the commencement of this section, appoint in writing another Minister for the purposes of the operation of subsection (2) in relation to all civil proceedings.

(4) If the Minister appointed under subsection (3) is, or becomes, a party to a civil proceeding to which the Attorney-General also is or becomes a party, the Attorney-General must appoint a different Minister for the purposes of the operation of subsection (2) in relation to that civil proceeding.

Application to civil proceedings-notice given after a proceeding has begun

(5) If the Attorney-General or the Minister gives the notice after the proceeding has begun, this Act only applies to the parts of the proceeding that occur after the notice is given (whether or not those parts began before that time).

Notice and appointment are not legislative instruments

(6) A notice given under subsection (1) or (2) and an appointment made by the Attorney-General under subsection (3) or (4) are not legislative instruments for the purposes of the Legislative Instruments Act 2003.

 

Part 2.-Interpretation

 

Division 1.-Definitions

 

7.- Definitions

In this Act, unless the contrary intention appears:

apply to the court means apply to the court either orally or in writing.

ceases to be subject to appeal has the meaning given by section 20.

civil proceeding has the meaning given by section 15A.

court official means an individual who:

(a) is employed or engaged by a court to perform services in the court in relation to a proceeding in the court; or

(b) in relation to a federal criminal proceeding in a court-supervises the defendant in the court.

criminal proceeding has the meaning given by section 13.

defendant, in relation to a federal criminal proceeding, has the meaning given by subsection 15(1).

disclose information in a criminal proceeding or a civil proceeding means:

(a) give the information in evidence in the proceeding; or

(b) otherwise disclose the information to the court conducting the proceeding or to any person for the purposes of the proceeding;

whether orally or by giving, or disclosing the contents of, a document.

document has the same meaning as in the Evidence Act 1995.

federal criminal proceeding has the meaning given by section 14.

information means information as defined in subsection 90.1(1) of the Criminal Code, whether or not in the public domain.

in permitted circumstances has the meaning given by section 16.

international relations has the meaning given by section 10.

law enforcement interests has the meaning given by section 11.

likely to prejudice national security has the meaning given by section 17.

national security has the meaning given by section 8.

national security information means information:

(a) that relates to national security; or

(b) the disclosure of which may affect national security.

prosecutor, in relation to a federal criminal proceeding, means the Director of Public Prosecutions or a person representing the Director in relation to the proceeding.

security has the meaning given by section 9.

substantial adverse effect means an effect that is adverse and not insubstantial, insignificant or trivial.

trial includes a proceeding for the summary conviction of a person.

 

Division 2.-National security and related definitions

 

8.- Meaning of national security

In this Act, national security means Australia´s defence, security, international relations or law enforcement interests.

9.- Meaning of security

In this Act, security has the same meaning as in the Australian Security Intelligence Organisation Act 1979.

10.- Meaning of international relations

In this Act, international relations means political, military and economic relations with foreign governments and international organisations.

11.- Meaning of law enforcement interests

In this Act, law enforcement interests includes interests in the following:

(a) avoiding disruption to national and international efforts relating to law enforcement, criminal intelligence, criminal investigation, foreign intelligence and security intelligence;

(b) protecting the technologies and methods used to collect, analyse, secure or otherwise deal with, criminal intelligence, foreign intelligence or security intelligence;

(c) the protection and safety of informants and of persons associated with informants;

(d) ensuring that intelligence and law enforcement agencies are not discouraged from giving information to a nation´s government and government agencies.

 

Division 3.-Federal criminal proceeding and related definitions

 

13.- Meaning of criminal proceeding

(1) In this Act, criminal proceeding means a proceeding for the prosecution, whether summarily or on indictment, of an offence or offences.

(2) To avoid doubt, each of the following is part of a criminal proceeding:

(a) a bail proceeding;

(b) a committal proceeding;

(c) the discovery, exchange, production, inspection or disclosure of intended evidence, documents or reports;

(d) a sentencing proceeding;

(e) an appeal proceeding;

(f) a proceeding with respect to any matter in which a person seeks a writ of mandamus or prohibition or an injunction against an officer or officers of the Commonwealth (within the meaning of subsection 39B(1B) of the Judiciary Act 1903) in relation to:

(i) a decision to prosecute a person for one or more offences against a law of the Commonwealth; or

(ii) a related criminal justice process decision (within the meaning of subsection 39B(3) of that Act);

(g) any other pre-trial, interlocutory or post-trial proceeding prescribed by regulations for the purposes of this paragraph.

(3) To avoid doubt, a re-trial, and proceedings relating to the re-trial (including those mentioned in subsection (2)), are part of the same criminal proceeding as the trial.

14.- Meaning of federal criminal proceeding

In this Act, federal criminal proceeding means a criminal proceeding in any court exercising federal jurisdiction, where the offence or any of the offences concerned are against a law of the Commonwealth.

15.- Meaning of defendant in relation to a federal criminal proceeding

(1) In this Act, defendant, in relation to a federal criminal proceeding, means a person charged with the offence or offences concerned (even if the proceeding occurs after any conviction of the person).

(2) If there is more than one defendant in a federal criminal proceeding, this Act applies separately in relation to each defendant.

 

Division 3A.-Civil proceeding definition

 

15A.- Meaning of civil proceeding

(1) In this Act, civil proceeding means any proceeding in a court of the Commonwealth, a State or Territory, other than a criminal proceeding.

(2) To avoid doubt, each of the following is part of a civil proceeding:

(a) any proceeding on an ex parte application (including an application made before pleadings are filed in a court);

(b) the discovery, exchange, production, inspection or disclosure of intended evidence, documents or reports;

(c) an appeal proceeding;

(d) any interlocutory or other proceeding prescribed by regulations for the purposes of this paragraph.

(3) To avoid doubt, a re-hearing, and proceedings relating to the re-hearing (including those mentioned in subsection (2)), are part of the same civil proceeding as the hearing.

 

Division 4.-Other interpretation provisions

 

16.- Disclosure of information in permitted circumstances

A person discloses information in permitted circumstances if:

(a) the person is the prosecutor in a federal criminal proceeding and the person discloses the information in the course of his or her duties in relation to the proceeding; or

(b) the person discloses the information in circumstances specified by the Attorney-General in a certificate or advice given under section 26, 28, 38F or 38H.

17.- Meaning of likely to prejudice national security

(1) A disclosure of information is likely to prejudice national security if there is a real, and not merely a remote, possibility that the disclosure will prejudice national security.

(2) The contravention of a requirement is likely to prejudice national security if there is a real, and not merely a remote, possibility that the contravention will prejudice national security.

18.- Operation of other Acts etc.

This Act does not affect the operation of the provisions of any other Act, other than:

(a) sections 26, 27, 29, 43 to 45 and 48 of the Evidence Act 1995; and

(b) sections 70, 80 and 80A of the Judiciary Act 1903.

 

19.- General powers of a court

Power of a court in a federal criminal proceeding

(1) The power of a court to control the conduct of a federal criminal proceeding, in particular with respect to abuse of process, is not affected by this Act, except so far as this Act expressly or impliedly provides otherwise.

(1A) In addition to the powers of a court under this Act in a federal criminal proceeding, the court may make such orders as the court considers appropriate in relation to the disclosure, protection, storage, handling or destruction, in the proceeding, of national security information if:

(a) the court is satisfied that it is in the interest of national security to make such orders; and

(b) the orders are not inconsistent with this Act or regulations made under this Act.

Consideration of a matter in relation to closed hearings in a federal criminal proceeding not to prevent later stay order (2) An order under section 31 does not prevent the court from later ordering that the federal criminal proceeding be stayed on a ground involving the same matter, including that an order made under section 31 would have a substantial adverse effect on a defendant´s right to receive a fair hearing.

Power of a court in a civil proceeding

(3) The power of a court to control the conduct of a civil proceeding, in particular with respect to abuse of process, is not affected by this Act, except so far as this Act expressly or impliedly provides otherwise.

(3A) In addition to the powers of a court under this Act in a civil proceeding, the court may make such orders as the court considers appropriate in relation to the disclosure, protection, storage, handling or destruction, in the proceeding, of national security information if:

(a) the court is satisfied that it is in the interest of national security to make such orders; and

(b) the orders are not inconsistent with this Act or regulations made under this Act.

Consideration of a matter in relation to closed hearings in a civil proceeding not to prevent later stay order

(4) An order under section 38L does not prevent the court from later ordering that the civil proceeding be stayed on a ground involving the same matter, including that an order made under section 38L would have a substantial adverse effect on the substantive hearing in the proceeding.

Factors to be considered when deciding whether to order a stay of a civil proceeding

(5) In deciding whether to order a stay of the civil proceeding, the court must consider:

(a) the extent of any financial loss that a party would suffer as a result of the proceeding being stayed; and

(b) whether a party has reasonable prospects of obtaining a remedy in the proceeding; and

(c) any other matter the court considers relevant.

 

20.- When an order of a court ceases to be subject to appeal

An order of a court ceases to be subject to appeal when:

(a) the period for appealing against the order ends without an appeal being made; or

(b) if an appeal is made against the order-the appeal is finally determined or otherwise disposed of.

 

Part 3.-Protection of information whose disclosure in federal criminal proceedings is likely to prejudice etc. national security

Division 1A.-Attorney-General etc. may attend and be heard at federal criminal proceedings

20A.- Attorney-General etc. may attend and be heard at federal criminal proceedings

If, in a federal criminal proceeding, an issue arises relating to the disclosure, protection, storage, handling or destruction, in the proceeding, of national security information, then any or all of the following may attend and be heard at the proceeding:

(a) the Attorney-General;

(b) the Attorney-General´s legal representative;

(c) any other representative of the Attorney-General.

 

Division 1B.-Court to consider hearing in camera etc.

 

20B.- Court to consider hearing in camera etc.

(1) If, during a hearing in a federal criminal proceeding, an issue arises relating to the disclosure, protection, storage, handling or destruction, in the proceeding, of national security information, then before hearing the issue, the court must consider making an order under either or both of the following:

(a) subsection 19(1A);

(b) section 93.2 of the Criminal Code.

(2) Subsection (1) does not apply if the issue is the subject of an order that is in force under section 22.

 

Division 1.-Management of information in federal criminal proceedings

 

21 National security information hearings

(1) At any time during a federal criminal proceeding, the Attorney-General, the Attorney-General´s legal representative, the prosecutor, the defendant or the defendant´s legal representative may apply to the court for the court to hold a hearing to consider issues relating to the disclosure, protection, storage, handling or destruction, in the proceeding, of national security information, including:

(a) the making of an arrangement of the kind mentioned in section 22; and

(b) the giving of a notice under section 24.

(1A) As soon as possible after making the application, the applicant must notify each of the following that the application has been made:

(a) if the applicant is the Attorney-General or the Attorney-General´s legal representative-the prosecutor, the defendant and the defendant´s legal representative;

(b) if the applicant is the prosecutor-the Attorney-General, the defendant and the defendant´s legal representative;

(c) if the applicant is the defendant or the defendant´s legal representative-the Attorney-General and the prosecutor.

(2) The court must hold the hearing as soon as possible after the application is made.

22.- Arrangements for federal criminal proceedings about disclosures etc. of national security information

(1) At any time during a federal criminal proceeding:

(a) the Attorney-General, on the Commonwealth´s behalf; and

(b) the prosecutor; and

(c) the defendant, or the defendant´s legal representative on the defendant´s behalf;

may agree to an arrangement about the disclosure, protection, storage, handling or destruction, in the proceeding, of national security information.

(2) The court may make such order (if any) as it considers appropriate to give effect to the arrangement.

23.- Protection of national security information disclosed in a federal criminal proceeding

(1) The regulations may prescribe:

(a) ways in which national security information that is disclosed, or to be disclosed, in a federal criminal proceeding must be stored, handled or destroyed; and

(b) ways in which, and places at which, such information may be accessed and documents or records relating to such information may be prepared.

(2) This section does not apply to information that is the subject of an order that is in force under section 22.

 

Division 2.-Attorney-General´s certificates for protection of information in federal criminal proceedings

Subdivision A.-Notifying Attorney-General etc. of expected disclosure in federal criminal proceedings

24.- Notification of expected disclosure of national security information

(1) If the prosecutor, the defendant or the defendant´s legal representative knows or believes that:

(a) he or she will disclose national security information in a federal criminal proceeding; or

(b) a person whom he or she intends to call as a witness in a federal criminal proceeding will disclose national security information in giving evidence or by the person´s mere presence; or

(c) on his or her application, the court has issued a subpoena to, or made another order in relation to, another person who, because of that subpoena or order, is required (other than as a witness) to disclose national security information in a federal criminal proceeding;

then he or she must, as soon as practicable, give the Attorney-General notice in writing of that knowledge or belief.

When not required to give notice

(1A) However, a person need not give notice about the disclosure of information under subsection (1) if:

(a) another person has already given notice about the disclosure of the information under that subsection; or

(b) the disclosure of the information:

(i) is the subject of a certificate given to the person under section 26 and the certificate still has effect; or

(ii) is the subject of an order that is in force under section 22 or 31; or

(c) the disclosure of the information by the witness to be called:

(i) is the subject of a certificate given to the person under section 28 and the certificate still has effect; or

(ii) is the subject of an order that is in force under section 22 or 31; or

(d) the Attorney-General has given the person advice about the disclosure of the information under subsection 26(7) or 28(10).

Requirements for notice

(2) The notice must:

(a) be in the prescribed form; and

(b) if paragraph (c) does not apply-include a description of the information; and

(c) if the information is contained in a document-be accompanied by a copy of the document or by an extract from the document, that contains the information.

Informing the court etc. of an expected disclosure

(3) A person who gives notice under subsection (1) must also advise the following, in writing, that notice has been given to the Attorney-General:

(a) if the person is the prosecutor:

(i) the court; and

(ii) the defendant; and

(iii) the defendant´s legal representative; and

(iv) any other person mentioned in paragraph (1)(b) or (c); and

(b) if the person is the defendant or the defendant´s legal representative:

(i) the court; and

(ii) the prosecutor; and

(iii) any other person mentioned in paragraph (1)(b) or (c).

(4) The advice must include a description of the information, unless the advice is being given by the defendant or the defendant´s legal representative to the prosecutor.

Adjournment to allow sufficient time for Attorney-General to act on the notice

(5) On receiving the advice, the court must adjourn so much of the proceeding as is necessary to ensure that the information is not disclosed. The court must continue the adjournment until the Attorney-General:

(a) gives a copy of a certificate to the court under subsection 26(4) or 28(3); or

(b) gives advice to the court under subsection 26(7) or 28(10) (which applies if a decision is made not to give a certificate).

Subdivision B.-Notifying Attorney-General etc. where disclosure expected by witness answering question in federal criminal proceedings

25.- Preventing witnesses from disclosing information in federal criminal proceedings by not allowing them to answer questions

Witness expected to disclose information in giving evidence

(1) This section applies if:

(a) a witness is asked a question in giving evidence in a federal criminal proceeding; and

(b) the prosecutor, the defendant or the defendant´s legal representative knows or believes that information that will be disclosed in the witness´s answer is national security information.

(2) The prosecutor, the defendant or the defendant´s legal representative must advise the court of that knowledge or belief.

(2A) However, a person need not advise the court under subsection (2) about the disclosure of information if:

(a) another person has already advised the court about the disclosure of the information under that subsection; or

(b) a notice has been given to the Attorney-General under subsection 24(1) about the disclosure of the information; or

(c) the disclosure of the information:

(i) is the subject of a certificate given to the person under section 26 and the certificate still has effect; or

(ii) is the subject of an order that is in force under section 22 or 31; or

(d) the Attorney-General has given the person advice about the disclosure of the information under subsection 26(7).

Witness to give written answer

(3) If the court is advised under subsection (2) and the witness would, apart from this section, be required to answer the question, the court must order that the witness give the court a written answer to the question.

(4) The court must show the written answer to the prosecutor and, if present, the Attorney-General, the Attorney-General´s legal representative and any other representative of the Attorney-General.

(5) If:

(a) under subsection (4), the Attorney-General´s representative (other than the Attorney-General´s legal representative) is shown the written answer; and

(b) he or she knows or believes that, if the written answer were to be given in evidence in the proceeding, the information that would be disclosed in the witness´s answer is national security information;

then he or she must advise the prosecutor of that knowledge or belief.

Prosecutor must give notice to Attorney-General etc.

(6) If the prosecutor knows, believes, or is advised under subsection (5), that, if the written answer were to be given in evidence in the proceeding, the information that would be disclosed in the witness´s answer is national security information, then the prosecutor must:

(a) advise the court of that knowledge, belief or advice; and

(b) as soon as practicable, give the Attorney-General notice in writing of that knowledge, belief or advice.

(7) However, the prosecutor need not advise the court or give the Attorney-General notice about the written answer under subsection (6) if the information disclosed by the written answer:

(a) is the subject of a certificate or advice given to the prosecutor under section 26 and the certificate still has effect; or

(b) is the subject of an order that is in force under section 22 or 31.

Adjournment to allow sufficient time for Attorney-General to act on the notice

(8) If the court is advised under subsection (6), it must adjourn so much of the proceeding as is necessary to ensure that the information is not disclosed. The court must continue the adjournment until the Attorney-General:

(a) gives a copy of a certificate to the court under subsection 26(4); or

(b) gives advice to the court under subsection 26(7) (which applies if a decision is made not to give a certificate).

Subdivision C-Attorney-General´s federal criminal proceedings certificates

 

26 Attorney-General´s criminal non-disclosure certificate

(1) This section applies if:

(a) any of the following happens:

(i) the Attorney-General is notified under section 24 that the prosecutor, the defendant or the defendant´s legal representative knows or believes that he or she, or another person, will disclose information in a federal criminal proceeding;

(ii) the Attorney-General for any reason expects that any of the circumstances mentioned in paragraphs 24(1)(a) to (c) will arise under which the prosecutor, the defendant, the defendant´s legal representative or another person will disclose information in a federal criminal proceeding;

(iii) the Attorney-General is notified under subsection 25(6) that the prosecutor knows, believes or is advised that an answer by a witness in a hearing in relation to a federal criminal proceeding will disclose information; and

(b) paragraph 28(1)(a) (about the mere presence of a witness constituting disclosure) does not apply; and

(c) the Attorney-General considers that the disclosure is likely to prejudice national security.

Attorney-General may give a certificate-case where information is in the form of a document

(2) If the information would be disclosed in a document (the source document), the Attorney-General may give each potential discloser (see subsection (8)) of the information in the proceeding:

(a) any of the following:

(i) a copy of the document with the information deleted;

(ii) a copy of the document with the information deleted and a summary of the information attached to the document;

(iii) a copy of the document with the information deleted and a statement of facts that the information would, or would be likely to, prove attached to the document;

together with a certificate that describes the information and states that the potential discloser must not, except in permitted circumstances, disclose the information (whether in the proceeding or otherwise), but may disclose the copy, or the copy and the statement or summary; or

(b) a certificate that describes the information and states that the potential discloser must not, except in permitted circumstances, disclose the information (whether in the proceeding or otherwise).

Attorney-General may give a certificate-case where information is not in the form of a document

(3) If the information would be disclosed other than in a document, the Attorney-General may give each potential discloser of the information in the proceeding:

(a) either:

(i) a written summary of the information; or

(ii) a written statement of facts that the information would, or would be likely to, prove;

together with a certificate that describes the information and states that the potential discloser must not, except in permitted circumstances, disclose the information (whether in the proceeding or otherwise), but may disclose the summary or statement; or

(b) a certificate that describes the information and states that the potential discloser must not, except in permitted circumstances, disclose the information (whether in the proceeding or otherwise).

(4) The Attorney-General must give the court a copy of:

(a) in any case-the certificate; and

(b) if paragraph (2)(a) applies-the source document, the document mentioned in subparagraph (2)(a)(i), (ii) or (iii) and the summary or statement mentioned in subparagraph (2)(a)(ii) or

(iii); and

(c) if paragraph (3)(a) applies-the summary or statement mentioned in that paragraph.

Duration of a certificate

(5) The certificate ceases to have effect when any order by the court under section 31 on the hearing in relation to the certificate ceases to be subject to appeal, unless the certificate is revoked by the Attorney-General before then.

Certificate is not a legislative instrument

(6) A certificate given to a potential discloser under this section is not a legislative instrument for the purposes of the Legislative Instruments Act 2003.

Attorney-General may decide not to give a certificate

(7) If the Attorney-General decides not to do as mentioned in subsection (2) or (3), the Attorney-General must, in writing, advise each potential discloser and the court of his or her decision.

Definition of potential discloser

(8) Each of the following persons is a potential discloser of the information in the proceeding:

(a) in all cases-the prosecutor, the defendant and the defendant´s legal representative;

(b) if subparagraph (1)(a)(i) or (ii) applies and the disclosure is by a person other than the prosecutor, the defendant or the defendant´s legal representative-the other person;

(c) if subparagraph (1)(a)(iii) applies-the witness mentioned in that subparagraph.

27.- Consequences of Attorney-General giving criminal non-disclosure certificate

Consequences of certificate for pre-trial proceedings

(1) If, in a federal criminal proceeding, the Attorney-General gives a potential discloser a certificate under section 26 at any time during a part of the proceeding that occurs before the trial begins, then the certificate is conclusive evidence, during that part of the proceeding and any later part that occurs before the hearing mentioned in paragraph (3)(a) begins, that disclosure of the information in the proceeding is likely to prejudice national security.

Court hearing

(3) If, in a federal criminal proceeding, the Attorney-General gives a potential discloser a certificate under section 26 at any time during the proceeding, the court must:

(a) in any case where the certificate is given to the court before the trial begins-before the trial begins, hold a hearing to decide whether to make an order under section 31 in relation to the disclosure of the information; or

(b) if subparagraph 26(1)(a)(i) or (iii) applies and the certificate is given to the court after the trial begins-continue the adjournment of the proceeding mentioned in subsection 24(5) or 25(8) for the purpose of holding a hearing to decide whether to make an order under section 31 in relation to the disclosure of the information; or

(c) if subparagraph 26(1)(a)(ii) applies and the certificate is given to the court after the trial begins-adjourn the proceeding for the purpose of holding a hearing to decide whether to make an order under section 31 in relation to the disclosure of the information.

(4) If the Attorney-General revokes the certificate at any time while the proceeding is adjourned or the hearing is being held, the court must end the adjournment or the hearing.

(5) The closed hearing requirements apply to the hearing.

 

28.- Attorney-General´s criminal witness exclusion certificate

(1) This section applies if:

(a) either:

(i) the Attorney-General is notified under section 24 that the prosecutor, the defendant or the defendant´s legal representative knows or believes that a person whom he or she intends to call as a witness in a federal criminal proceeding will disclose information by the person´s mere presence; or

(ii) the Attorney-General for any reason expects that a person whom the prosecutor, the defendant or the defendant´s legal representative intends to call as a witness in a federal criminal proceeding will disclose information by his or her mere presence; and

(b) the Attorney-General considers that the disclosure is likely to prejudice national security.

Attorney-General may give a certificate

(2) The Attorney-General may give a certificate to the prosecutor, the defendant or the defendant´s legal representative, as the case may be, that states that the prosecutor, the defendant or the defendant´s legal representative must not call the person as a witness in the federal criminal proceeding.

(3) The Attorney-General must give a copy of the certificate to the court.

Duration of a certificate

(4) The certificate ceases to have effect when any order by the court under section 31 on the hearing in relation to the certificate ceases to be subject to appeal, unless the certificate is revoked by the Attorney-General before then.

Court hearing

(5) The court must:

(a) if the certificate is given to the court before the trial begins-before the trial begins, hold a hearing to decide whether to make an order under section 31 in relation to the calling of the witness; or

(b) if the certificate is given to the court after the trial begins-adjourn the proceeding for the purpose of holding a hearing to decide whether to make an order under section 31 in relation to the calling of the witness.

(7) The closed hearing requirements apply to the hearing.

(8) If the Attorney-General revokes the certificate at any time while the proceeding is adjourned or the hearing is being held, the court must end the adjournment or the hearing.

Certificate is not a legislative instrument

(9) A certificate given to the prosecutor, the defendant or the defendant´s legal representative under this section is not a legislative instrument for the purposes of the Legislative Instruments Act 2003.

Attorney-General may decide not to give a certificate

(10) If the Attorney-General decides not to do as mentioned in subsection (2), the Attorney-General must, in writing, advise the prosecutor, the defendant or the defendant´s legal representative, as the case requires, and the court of his or her decision.

 

Division 3.-Closed hearings and non-disclosure or witness exclusion orders in federal criminal proceedings

29.- Closed hearing requirements in federal criminal proceedings

(1) This section sets out the closed hearing requirements for a hearing under subsection 27(3) or 28(5).

Who may be present

(2) Subject to this section, no-one, including the jury (if any), must be present at the hearing except:

(a) the magistrate, judge or judges comprising the court; and

(b) court officials; and

(c) the prosecutor; and

(d) the defendant; and

(e) any legal representative of the defendant; and

(f) the Attorney-General, the Attorney-General´s legal representative and any other representative of the Attorney-General; and

(g) any witnesses allowed by the court.

(3) If the court considers that the information concerned would be disclosed to:

(a) the defendant; or

(b) any legal representative of the defendant who has not been given a security clearance at the level considered appropriate by the Secretary in relation to the information concerned; or

(c) any court official who has not been given a security clearance at the level considered appropriate by the Secretary in relation to the information concerned;

and that the disclosure would be likely to prejudice national security, the court may order that the defendant, the legal representative or the court official is not entitled to be present during any part of the hearing in which the prosecutor or any person mentioned in paragraph (2)(f):

(d) gives details of the information; or

(e) gives information in arguing why the information should not be disclosed, or why the witness should not be called to give evidence, in the proceeding.

Defendant´s submissions about prosecutor´s non-disclosure arguments

(4) If, at the hearing, the prosecutor or any person mentioned in paragraph (2)(f) argues that any information should not be disclosed, or that the witness should not be called to give evidence, in the proceeding, the defendant and any legal representative of the defendant must be given the opportunity to make submissions to the court about the argument that the information should not be disclosed or the witness should not be called.

Court to make etc. record of hearing

(5) The court must:

(a) whether before or after it makes an order under section 31, make a record of the hearing; and

(b) keep the record; and

(c) make the record available to:

(i) a court that hears an appeal against, or reviews, its decision on the hearing; and

(ii) the prosecutor; and

(iii) the Attorney-General and any legal representative of the Attorney-General; and

(d) allow any legal representative of the defendant, who has been given a security clearance at the level considered appropriate by the Secretary, to have access to the record, and to prepare documents or records in relation to the record, in a way and at a place prescribed by the regulations for the purposes of this paragraph; and

(e) not make the record available to, nor allow the record to be accessed by, anyone except as mentioned in this subsection.

Copy of proposed record to be given to prosecutor etc.

(6) Before the court makes the record under subsection (5), the court must give a copy of the proposed record to the prosecutor and the Attorney-General (each of whom is a record recipient).

Statement recipient may request variation of proposed record

(7) If a record recipient considers that making the proposed record available as mentioned in subparagraph (5)(c)(i) and allowing access to it as mentioned in paragraph (5)(d) will disclose information and the disclosure is likely to prejudice national security, the record recipient may request that the court vary the proposed record so that the information will not be disclosed.

Court´s decision

(8) The court must make a decision on the request.

 

29A.- Request to delay making record available pending appeal decision

(1) If the court makes a decision under subsection 29(8), a record recipient (within the meaning of subsection 29(6)) may request that the court delay making the record to allow time for the record recipient to:

(a) decide whether to appeal against the court´s decision; and

(b) if the recipient decides to do so-make the appeal.

(2) The court must grant the request.

 

31.- Court orders in federal criminal proceedings

Non-disclosure certificate hearings

(1) After holding a hearing required under subsection 27(3) in relation to the disclosure of information in a federal criminal proceeding, the court must make an order under one of subsections (2), (4) and (5) of this section.

(2) If the information is in the form of a document, the court may order under this subsection that:

(a) any person to whom the certificate mentioned in subsection 26(2) or (3) was given in accordance with that subsection; and

(b) any person to whom the contents of the certificate have been disclosed for the purposes of the hearing; and

(c) any other specified person;

must not, except in permitted circumstances, disclose the information (whether in the proceeding or otherwise), but may, subject to subsection (3), disclose (which disclosure may or may not be the same as was permitted in the Attorney-General´s certificate) in the proceeding:

(d) a copy of the document with the information deleted; or

(e) a copy of the document with the information deleted and a summary of the information, as set out in the order, attached to the document; or

(f) a copy of the document with the information deleted and a statement of facts, as set out in the order, that the information would, or would be likely to, prove attached to the document.

(3) If the court makes an order under subsection (2), the copy of the document is admissible in evidence if, apart from the order, it is admissible. However if:

(a) a person who is the subject of the order seeks to adduce evidence of the contents of the document; and

(b) the contents of the document are admissible in evidence in the proceeding;

the person may adduce evidence of the contents of the document by tendering the copy, or the copy and the summary or statement, mentioned in that subsection.

(4) The court may, regardless of the form of the information, order under this subsection that:

(a) any person to whom the certificate mentioned in subsection 26(2) or (3) was given in accordance with that subsection; and

(b) any person to whom the contents of the certificate have been disclosed for the purposes of the hearing; and

(c) any other specified person;

must not, except in permitted circumstances, disclose the information (whether in the proceeding or otherwise).

(5) The court may, regardless of the form of the information, order under this subsection that any person may disclose the information in the proceeding. However, the information is only admissible in evidence in the proceeding if, apart from the order, it is admissible.

Witness exclusion certificate hearings

(6) After holding a hearing required under subsection 28(5), the court must order that:

(a) the prosecutor, the defendant or the defendant´s legal representative must not call the person as a witness in the federal criminal proceeding; or

(b) the prosecutor, the defendant or the defendant´s legal representative may call the person as a witness in the federal criminal proceeding.

Factors to be considered by court

(7) The Court must, in deciding what order to make under this section, consider the following matters:

(a) whether, having regard to the Attorney-General´s certificate, there would be a risk of prejudice to national security if:

(i) where the certificate was given under subsection 26(2) or (3)-the information were disclosed in contravention of the certificate; or

(ii) where the certificate was given under subsection 28(2)-the witness were called;

(b) whether any such order would have a substantial adverse effect on the defendant´s right to receive a fair hearing, including in particular on the conduct of his or her defence;

(c) any other matter the court considers relevant.

(8) In making its decision, the Court must give greatest weight to the matter mentioned in paragraph (7)(a).

32.- Reasons for court orders

Requirement to give reasons

(1) The court must give a written statement of its reasons for making an order under section 31 to the following people:

(a) the person who is the subject of the order;

(b) the prosecutor;

(c) the defendant;

(d) any legal representative of the defendant;

(e) the Attorney-General and any legal representative of the Attorney-General.

Copy of proposed statement to be given to prosecutor etc.

(2) Before the court gives its statement under subsection (1), the court must give a copy of the proposed statement to the prosecutor and the Attorney-General (each of whom is a statement recipient).

Statement recipient may request variation of proposed statement

(3) If a statement recipient considers that giving the proposed statement will disclose information and the disclosure is likely to prejudice national security, the statement recipient may request that the court vary the proposed statement so that the information will not be disclosed.

Court´s decision

(4) The court must make a decision on the request.

 

33.- Request to delay giving section 32 statement pending appeal decision

(1) If the court makes a decision under section 32, a statement recipient (within the meaning of that section) may request that the court delay giving its statement of reasons to allow time for the statement recipient to:

(a) decide whether to appeal against the court´s decision; and

(b) if the statement recipient decides to do so-make the appeal.

(2) The court must grant the request.

 

34.- Period of operation of court orders

An order made by the court under this Division:

(a) does not come into force until the order ceases to be subject to appeal; and

(b) remains in force until it is revoked by the court.

 

35.- Consequence of certain court orders

(1) If:

(a) in accordance with paragraph 27(3)(a), the court holds a hearing to decide whether to make an order under section 31 in relation to information described in a certificate given to the court before the trial in a federal criminal proceeding began; and

(b) after holding the hearing, the court makes an order under subsection 31(5) that any person may disclose the information;

the order does not have the effect that there are grounds for re-conducting any part of the proceeding that took place before the trial began.

(2) If:

(a) in accordance with paragraph 28(5)(a), the court holds a hearing to decide whether to make an order under section 31 in relation to the calling of a witness that is the subject of a certificate given to the court before the trial in a federal criminal proceeding began; and

(b) after holding the hearing, the court makes an order under paragraph 31(6)(b) that the person may be called as a witness;

the order does not have the effect that there are grounds for re-conducting any part of the proceeding that took place before the trial began.

36.- Adjournment after certain court orders

(1) If the court makes an order under section 31, the prosecutor may apply to the court for an adjournment of the federal criminal proceeding to allow time for the prosecutor to:

(a) decide whether to appeal against the court order or to withdraw the proceeding; and

(b) if the prosecutor decides to do so-make the appeal or withdrawal.

(2) If the court makes an order under section 31, the defendant may apply to the court for an adjournment of the federal criminal proceeding to allow time for the defendant to:

(a) decide whether to appeal against the court order; and

(b) if the defendant decides to do so-make the appeal.

(3) The court must grant the adjournment.

 

Division 4.-Appeals in federal criminal proceedings

 

36A.- Appeal against court decision under section 29

(1) A record recipient (within the meaning of subsection 29(6)) may appeal against a decision of the court made under subsection 29(8).

(2) The court that has jurisdiction to hear and determine appeals from the judgment on the trial in the proceeding has jurisdiction to hear and determine any appeal under this section.

37.- Appeals against court orders under section 31

(1) The prosecutor, the defendant or the Attorney-General may appeal against any order of the court made under section 31.

(2) The court that has jurisdiction to hear and determine appeals from the judgment on the trial in the proceeding has jurisdiction to hear and determine any appeal under this section.

38.- Appeal against court decisions under section 32

(1) A statement recipient (within the meaning of section 32) may appeal against any decision of the court made under section 32.

(2) The court that has jurisdiction to hear and determine appeals from the judgment on the trial in the proceeding has jurisdiction to hear and determine any appeal under this section.

 

Part 3A.-Protection of information whose disclosure in civil proceedings is likely to prejudice etc. national security

Division 1A.-Attorney-General etc. may attend and be heard at civil proceedings

38AA.- Attorney-General etc. may attend and be heard at civil proceedings

If, in a civil proceeding, an issue arises relating to the disclosure, protection, storage, handling or destruction, in the proceeding, of national security information, then any or all of the following may attend and be heard at the proceeding:

(a) the Attorney-General;

(b) the Attorney-General´s legal representative;

(c) any other representative of the Attorney-General.

 

Division 1B.-Court to consider hearing in camera etc.

 

38AB.- Court to consider hearing in camera etc.

(1) If, during a hearing in a civil proceeding, an issue arises relating to the disclosure, protection, storage, handling or destruction, in the proceeding, of national security information, then before hearing the issue, the court must consider making an order under either or both of the following:

(a) subsection 19(3A);

(b) section 93.2 of the Criminal Code.

(2) Subsection (1) does not apply if the issue is the subject of an order that is in force under section 38B.

 

Division 1.-Management of information in civil proceedings

 

38A.- National security information hearings

(1) At any time during a civil proceeding, the Attorney General, the Attorney-General´s legal representative, a party to the proceeding or a party´s legal representative may apply to the court for the court to hold a hearing to consider issues relating to the disclosure, protection, storage, handling or destruction, in the proceeding, of national security information, including:

(a) the making of an arrangement of the kind mentioned in section 38B; and

(b) the giving of a notice under section 38D.

(2) As soon as possible after making the application, the applicant must notify each of the following that the application has been made:

(a) if the applicant is the Attorney-General or the Attorney-General´s legal representative-the parties and the parties´legal representatives;

(b) if the applicant is a party or a party´s legal representative-the Attorney-General, the other parties and the other parties´legal representatives.

(4) The court must hold the hearing as soon as possible after the application is made.

38B.- Arrangements for civil proceedings about disclosures etc. of national security information

(1) At any time during a civil proceeding:

(a) the Attorney-General, on the Commonwealth´s behalf; and

(b) the parties to the proceeding, or their legal representatives on their behalf;

may agree to an arrangement about the disclosure, protection, storage, handling or destruction, in the proceeding, of national security information.

(2) The court may make such order (if any) as it considers appropriate to give effect to the arrangement.

38C.- Protection of national security information disclosed in a civil proceeding

(1) The regulations may prescribe:

(a) ways in which national security information that is disclosed, or to be disclosed, in a civil proceeding must be stored, handled or destroyed; and

(b) ways in which, and places at which, such information may be accessed and documents or records relating to such information may be prepared.

(2) This section does not apply to information that is the subject of an order that is in force under section 38B.

 

Division 2.-Attorney-General´s certificates for protection of information in civil proceedings

Subdivision A.-Notifying Attorney-General etc. of expected disclosure in civil proceedings

38D.- Notification of expected disclosure of national security information

(1) If a party, or the legal representative of a party, to a civil proceeding knows or believes that:

(a) he or she will disclose national security information in the proceeding; or

(b) a person whom he or she intends to call as a witness in the proceeding will disclose national security information in giving evidence or by the person´s mere presence; or

(c) on his or her application, the court has issued a subpoena to, or made another order in relation to, another person who, because of that subpoena or order, is required (other than as a witness) to disclose national security information in the proceeding;

then he or she must, as soon as practicable, give the Attorney-General notice in writing of that knowledge or belief.

(2) However, a party or a party´s legal representative need not give the Attorney-General notice about the disclosure of the information under subsection (1) if:

(aa) another person has already given notice about the disclosure of the information under that subsection; or

(a) the information to be disclosed:

(i) is the subject of a certificate given to the party or the legal representative under section 38F and the certificate still has effect; or

(ii) is the subject of an order in force under section 38B or 38L; or

(b) the disclosure of information by the witness to be called:

(i) is the subject of a certificate given to the party or the legal representative under section 38H and the certificate still has effect; or

(ii) is the subject of an order in force under section 38B or 38L; or

(c) the Attorney-General has given the party or the legal representative advice about the disclosure of the information under subsection 38F(7) or 38H(9).

Requirements for notice

(3) The notice must:

(a) be in the prescribed form; and

(b) if paragraph (c) does not apply-include a description of the information; and

(c) if the information is contained in a document-be accompanied by a copy of the document or by an extract from the document, that contains the information.

Informing the court etc. of an expected disclosure

(4) A person who gives notice under subsection (1) must also advise, in writing:

(a) the court; and

(b) the other parties; and

(c) the other parties´ legal representatives; and

(d) any other person mentioned in paragraph (1)(b) or (c);

that notice has been given to the Attorney-General. The advice must include a description of the information.

Adjournment to allow sufficient time for Attorney-General to act on the notice

(5) On receiving the advice, the court must adjourn so much of the proceeding as is necessary to ensure that the information is not disclosed. The court must continue the adjournment until the Attorney-General:

(a) gives a copy of a certificate to the court under subsection 38F(5) or 38H(4); or

(b) gives advice to the court under subsection 38F(7) or 38H(9) (which applies if a decision is made not to give a certificate).

Subdivision B.-Notifying Attorney-General etc. where disclosure expected by witness answering question in civil proceedings

38E.- Preventing witnesses from disclosing information in civil proceedings by not allowing them to answer questions

Witness expected to disclose information in giving evidence

(1) This section applies if:

(a) a witness is asked a question in giving evidence in a civil proceeding; and

(b) a party, or the legal representative of a party, to the proceeding knows or believes that information that will be disclosed in the witness´s answer is national security information.

(2) The party or legal representative must advise the court of that knowledge or belief.

(2A) However, a person need not advise the court under subsection (2) about the disclosure of information if:

(a) another person has already advised the court about the disclosure of the information under that subsection; or

(b) a notice has been given to the Attorney-General under subsection 38D(1) about the disclosure of the information; or

(c) the disclosure of the information:

(i) is the subject of a certificate given to the person under section 38F and the certificate still has effect; or

(ii) is the subject of an order that is in force under section 38B or 38L; or

(d) the Attorney-General has given the person advice about the disclosure of the information under subsection 38F(7).

Witness must give written answer to question

(3) If the court is advised under subsection (2), the court must order that the witness give the court a written answer to the question.

Court must adjourn proceeding

(4) On receiving the written answer, the court must adjourn so much of the proceeding as is necessary to ensure that the information is not disclosed. However, the court need not do so if the information disclosed by the written answer:

(a) is the subject of a certificate given to the court under section 38F and the certificate still has effect; or

(b) is the subject of an order in force under section 38B or 38L.

(5) If the court adjourns a part of the proceeding under subsection (4), the court must give the written answer to the Attorney-General.

(6) The court must continue the adjournment until the Attorney-General gives a copy of a certificate to the court under subsection 38F(5) or gives advice to the court under subsection 38F(7) (which applies if a decision is made not to give a certificate).

Subdivision C.-Attorney-General´s civil proceedings certificates

 

38F.- Attorney-General´s civil non-disclosure certificate

(1) This section applies if:

(a) any of the following happens:

(i) the Attorney-General is notified under section 38D that a party, or the legal representative of a party, to a civil proceeding knows or believes that he or she or another person will disclose information in the proceeding;

(ii) the Attorney-General for any reason expects that any of the circumstances mentioned in paragraphs 38D(1)(a) to (c) will arise under which a party, the legal representative of a party or another person will disclose information in a civil proceeding;

(iii) the Attorney-General considers that a written answer given by a witness under section 38E in a civil proceeding will disclose information; and

(b) paragraph 38H(1)(a) (about the mere presence of a witness constituting disclosure) does not apply; and

(c) the Attorney-General considers that the disclosure is likely to prejudice national security.

Attorney-General may give a certificate-case where information is in the form of a document

(2) If the information would be disclosed in a document (the source document), the Attorney-General may give each potential discloser (see subsection (9)) of the information in the proceeding:

(a) any of the following:

(i) a copy of the document with the information deleted;

(ii) a copy of the document with the information deleted and a summary of the information attached to the document;

(iii) a copy of the document with the information deleted and a statement of facts that the information would, or would be likely to, prove attached to the document;

together with a certificate that describes the information and states that the potential discloser must not, except in permitted circumstances, disclose the information (whether in the proceeding or otherwise), but may disclose the copy, or the copy and the statement or summary; or

(b) a certificate that describes the information and states that the potential discloser must not, except in permitted circumstances, disclose the information (whether in the proceeding or otherwise).

Attorney-General may give a certificate-case where information is not in the form of a document

(3) If the information would be disclosed other than in a document, the Attorney-General may give each potential discloser of the information in the proceeding:

(a) either:

(i) a written summary of the information; or

(ii) a written statement of facts that the information would, or would be likely to, prove;

together with a certificate that describes the information and states that the potential discloser must not, except in permitted circumstances, disclose the information (whether in the proceeding or otherwise), but may disclose the summary or statement; or

(b) a certificate that describes the information and states that the potential discloser must not, except in permitted circumstances, disclose the information (whether in the proceeding or otherwise).

Certificate may be given at same time as notice is given under section 6A

(4) If subparagraph (1)(a)(ii) applies in respect of the proceeding, the certificate may be given at the same time as notice is given under section 6A that this Act applies to the proceeding.

Copy of certificate must be given to the court

(5) The Attorney-General must give the court a copy of:

(a) in any case-the certificate; and

(b) if paragraph (2)(a) applies-the source document, the document mentioned in subparagraph (2)(a)(i), (ii) or (iii) and the summary or statement mentioned in subparagraph (2)(a)(ii) or (iii); and

(c) if paragraph (3)(a) applies-the summary or statement mentioned in that paragraph.

Duration of a certificate

(6) The certificate ceases to have effect when:

(a) the court makes an order under section 38B about the disclosure, in the proceeding, of information that is the subject of the certificate, unless the certificate is revoked by the Attorney-General before then; or

(b) any order by the court under section 38L on the hearing in relation to the certificate ceases to be subject to appeal, unless the certificate is revoked by the Attorney-General before then.

Attorney-General may decide not to give a certificate

(7) If the Attorney-General decides not to do as mentioned in subsection (2) or (3), the Attorney-General must, in writing, advise each potential discloser and the court of his or her decision.

Certificate and written advice are not legislative instruments

(8) A certificate given under subsection (2) or (3) and a written advice given under subsection (7) are not legislative instruments for the purposes of the Legislative Instruments Act 2003.

Definition of potential discloser

(9) Each of the following persons is a potential discloser of the information in the proceeding:

(a) in all cases-the parties and the parties´ legal representatives;

(b) if subparagraph (1)(a)(i) or (ii) applies and the disclosure is by a person other than a party or a party´s legal representative-the other person;

(c) if subparagraph (1)(a)(iii) applies-the witness mentioned in that subparagraph.

38G.- Consequences of Attorney-General giving civil non-disclosure certificate

(1) If, under section 38F, the Attorney-General gives a potential discloser a certificate at any time during a civil proceeding, the court must:

(a) in any case where the certificate is given to the court before the substantive hearing in the proceeding begins-before the substantive hearing in the proceeding begins, hold a hearing to decide whether to make an order under section 38L in relation to the disclosure of the information; or

(b) if subparagraph 38F(1)(a)(i) or (iii) applies and the certificate is given to the court after the substantive hearing in the proceeding begins-continue the adjournment of the proceeding mentioned in subsection 38D(5) or 38E(6) for the purpose of holding a hearing to decide whether to make an order under section 38L in relation to the disclosure of the information; or

(c) if subparagraph 38F(1)(a)(ii) applies and the certificate is given to the court after the substantive hearing in the proceeding begins-adjourn the proceeding for the purpose of holding a hearing to decide whether to make an order under section 38L in relation to the disclosure of the information.

(2) If, while the proceeding is adjourned or the hearing is being held:

(a) the court makes an order under section 38B about the disclosure, in the proceeding, of information that is the subject of the certificate; or

(b) the Attorney-General revokes the certificate;

the court must end the adjournment or the hearing.

(3) The closed hearing requirements apply to the hearing to decide whether to make an order under section 38L.

38H.- Attorney-General´s civil witness exclusion certificate

(1) This section applies if:

(a) either:

(i) the Attorney-General is notified under section 38D that a party, or the legal representative of a party, to a civil proceeding knows or believes that a person whom the party or legal representative intends to call as a witness in the proceeding will disclose information by his or her mere presence; or

(ii) the Attorney-General for any reason expects that a person whom a party, or the legal representative of a party, to a civil proceeding intends to call as a witness in the proceeding will disclose information by his or her mere presence; and

(b) the Attorney-General considers that the disclosure is likely to prejudice national security.

Attorney-General may give a certificate

(2) The Attorney-General may give a certificate to the relevant party or legal representative that states that he or she must not call the person as a witness in the proceeding.

Certificate may be given at same time as notice is given under section 6A

(3) If subparagraph (1)(a)(ii) applies in respect of the proceeding, the certificate may be given at the same time as notice is given under section 6A that this Act applies to the proceeding.

Copy of certificate must be given to the court

(4) The Attorney-General must give a copy of the certificate to the court.

Duration of a certificate

(5) The certificate ceases to have effect when:

(a) the court makes an order under section 38B about the disclosure, in the proceeding, of information by the mere presence of the person who is the subject of the certificate, unless the certificate is revoked by the Attorney-General before then; or

(b) any order by the court under section 38L on the hearing in relation to the certificate ceases to be subject to appeal, unless the certificate is revoked by the Attorney-General before then.

Court hearing

(6) The court must:

(a) if the certificate is given to the court before the substantive hearing in the proceeding begins-before the substantive hearing in the proceeding begins, hold a hearing to decide whether to make an order under section 38L in relation to the calling of the witness; or

(b) if the certificate is given to the court after the substantive hearing in the proceeding begins-adjourn the proceeding for the purpose of holding a hearing to decide whether to make an order under section 38L in relation to the calling of the witness.

(7) The closed hearing requirements apply to the hearing to decide whether to make an order under section 38L.

(8) If, while the proceeding is adjourned or the hearing is being held:

(a) the court makes an order under section 38B about the disclosure, in the proceeding, of information by the mere presence of the person who is the subject of the certificate; or

(b) the Attorney-General revokes the certificate;

the court must end the adjournment or the hearing.

Attorney-General may decide not to give a certificate

(9) If the Attorney-General decides not to do as mentioned in subsection (2), the Attorney-General must, in writing, advise:

(a) the relevant party or legal representative; and

(b) the court;

of his or her decision.

Certificate and written advice are not legislative instruments

(10) A certificate given under subsection (2) and a written advice given under subsection (9) are not legislative instruments for the purposes of the Legislative Instruments Act 2003.

 

Division 3.-Closed hearings and non-disclosure or witness exclusion orders in civil proceedings

38I.- Closed hearing requirements in civil proceedings

(1) This section sets out the closed hearing requirements for a hearing under subsection 38G(1) or 38H(6).

Who may be present

(2) Subject to this section, no-one, including the jury (if any), must be present at the hearing except:

(a) the magistrate, judge or judges comprising the court; and

(b) court officials; and

(c) the parties to the proceeding; and

(d) the parties´ legal representatives; and

(e) the Attorney-General, the Attorney-General´s legal representative and any other representative of the Attorney-General; and

(f) any witnesses allowed by the court.

(3) If the court considers that:

(a) the information concerned would be disclosed to any of the following persons:

(i) a party to the proceeding;

(ii) a party´s legal representative;

(iii) any court official;

who have not been given a security clearance at the level considered appropriate by the Secretary in relation to the information concerned; and

(b) the disclosure would be likely to prejudice national security;

the court may order that the party, the legal representative or the court official is not entitled to be present during any part of the hearing in which any person referred to in paragraph (2)(e):

(c) gives details of the information; or

(d) gives information in arguing why the information should not be disclosed, or why the witness should not be called to give evidence, in the proceeding.

Submissions about non-disclosure arguments

(4) If, at the hearing, any person referred to in paragraph (2)(e) argues that:

(a) any information should not be disclosed; or

(b) the witness should not be called to give evidence in the proceeding;

the other parties to the proceeding and any legal representatives of the other parties must be given the opportunity to make submissions to the court about the argument that the information should not be disclosed or the witness should not be called.

Court to make etc. record of hearing

(5) The court must:

(a) whether before or after it makes an order under section 38L, make a record of the hearing; and

(b) keep the record; and

(c) make the record available to a court that hears an appeal against, or reviews, its decision on the hearing; and

(d) not make the record available to, nor allow the record to be accessed by, anyone except as mentioned in this section.

Copy of record to be given to the Attorney-General etc.

(6) If section 38K applies, the court must give a copy of the record to the Attorney-General and his or her legal representative.

Request to vary record

(7) If the Attorney-General considers that:

(a) allowing access to the record by:

(i) a party who has been given a security clearance at the level considered appropriate by the Secretary but who has not engaged a legal representative; or

(ii) any party´s legal representative who has been given a security clearance at the level considered appropriate by the Secretary;

will disclose information; and

(b) the disclosure is likely to prejudice national security;

the Attorney-General or his or her legal representative may request that the court vary the record so that the information will not be disclosed.

Decision by the court

(8) The court must make a decision on the request.

Access to the record by a party or party´s legal representative

(9) The court must:

(a) allow:

(i) a party who has been given a security clearance at the level considered appropriate by the Secretary but who has not engaged a legal representative; or

(ii) any party´s legal representative who has been given a security clearance at the level considered appropriate by the Secretary;

to have access to:

(iii) the record as varied in accordance with this section, and if applicable, section 38J; or

(iv) if subparagraph (iii) does not apply-the record;

and to prepare documents or records in relation to the varied record or the record, in a way and at a place prescribed by the regulations for the purposes of this paragraph; and

(b) not make the varied record available to, nor allow the varied record to be accessed by, anyone except as mentioned in this subsection.

38J.- Request to delay making record available pending appeal decision

(1) If the court makes a decision under subsection 38I(8), the Attorney-General or his or her legal representative may request that the court delay allowing access to the varied record or the record as mentioned in paragraph 38I(9)(a) to allow time for the Attorney-General to:

(a) decide whether to appeal against the court´s decision; and

(b) if the Attorney-General decides to do so-make the appeal.

(2) The court must grant the request.

 

38L.- Court orders in civil proceedings

Civil non-disclosure certificate hearings

(1) After holding a hearing required under subsection 38G(1) in relation to the disclosure of information in a civil proceeding, the court must make an order under one of subsections (2), (4) and (5) of this section.

(2) If the information is in the form of a document, the court may order under this subsection that:

(a) any person to whom the certificate mentioned in subsection 38F(2) or (3) was given in accordance with that subsection; and

(b) any person to whom the contents of the certificate have been disclosed for the purposes of the hearing; and

(c) any other specified person;

must not, except in permitted circumstances, disclose the information (whether in the proceeding or otherwise), but may, subject to subsection (3), disclose (which disclosure may or may not be the same as was permitted in the Attorney-General´s certificate) in the proceeding:

(d) a copy of the document with the information deleted; or

(e) a copy of the document with the information deleted and a summary of the information, as set out in the order, attached to the document; or

(f) a copy of the document with the information deleted and a statement of facts, as set out in the order, that the information would, or would be likely to, prove attached to the document.

(3) If the court makes an order under subsection (2), the copy of the document is admissible in evidence if, apart from the order, it is admissible. However, if:

(a) a person who is the subject of the order seeks to adduce evidence of the contents of the document; and

(b) the contents of the document are admissible in evidence in the proceeding;

the person may adduce evidence of the contents of the document by tendering the copy, or the copy and the summary or statement, mentioned in that subsection.

(4) The court may, regardless of the form of the information, order under this subsection that:

(a) any person to whom the certificate mentioned in subsection 38F(2) or (3) was given in accordance with that subsection; and

(b) any person to whom the contents of the certificate have been disclosed for the purposes of the hearing; and

(c) any other specified person;

must not, except in permitted circumstances, disclose the information (whether in the proceeding or otherwise).

(5) The court may, regardless of the form of the information, order under this subsection that any person may disclose the information in the proceeding. However, the information is only admissible in evidence in the proceeding if, apart from the order, it is admissible.

Civil witness exclusion certificate hearings

(6) After holding a hearing required under subsection 38H(6), the court must order that:

(a) the relevant party or legal representative must not call the person as a witness in the civil proceeding; or

(b) the relevant party or legal representative may call the person as a witness in the civil proceeding.

Factors to be considered by court

(7) The court must, in deciding what order to make under this section, consider the following matters:

(a) whether, having regard to the Attorney-General´s certificate, there would be a risk of prejudice to national security if:

(i) where the certificate was given under subsection 38F(2) or (3)-the information were disclosed in contravention of the certificate; or

(ii) where the certificate was given under subsection 38H(2)-the witness were called;

(b) whether any such order would have a substantial adverse effect on the substantive hearing in the proceeding;

(c) any other matter the court considers relevant.

(8) In making its decision, the court must give greatest weight to the matter mentioned in paragraph (7)(a).

38M.- Reasons for court orders

Requirement to give reasons

(1) The court must give a written statement of its reasons for making an order under section 38L to the following people:

(a) the person who is the subject of the order;

(b) the parties to the proceeding;

(c) the parties´ legal representatives;

(d) the Attorney-General and his or her legal representative.

Copy of proposed statement to be given to the Attorney-General etc.

(2) Before the court gives its statement under subsection (1), the court must give a copy of the proposed statement to the Attorney-General and his or her legal representative.

Request to vary proposed statement

(3) If the Attorney-General considers that giving the proposed statement will disclose information and the disclosure is likely to prejudice national security, the Attorney-General or his or her legal representative may request that the court vary the proposed statement so that the information will not be disclosed.

Court´s decision

(4) The court must make a decision on the request.

 

38N.- Request to delay giving section 38M statement pending appeal decision

(1) If the court makes a decision under section 38M, the Attorney-General or his or her legal representative may request that the court delay giving its statement of reasons to allow time for the Attorney-General to:

(a) decide whether to appeal against the court´s decision; and

(b) if the Attorney-General decides to do so-make the appeal.

(2) The court must grant the request.

 

38O.- Period of operation of court orders

An order made by the court under this Division:

(a) does not come into force until the order ceases to be subject to appeal; and

(b) remains in force until it is revoked by the court.

 

38P.- Adjournment after certain court orders

(1) If the court makes an order under section 38L, a party who brought the civil proceeding may apply to the court for an adjournment of the proceeding to allow time for the party to:

(a) decide whether to appeal against the court order or to withdraw the proceeding; and

(b) if the party decides to do so-make the appeal or withdrawal.

(2) If the court makes an order under section 38L, a party against whom the civil proceeding was brought may apply to the court for an adjournment of the proceeding to allow time for the party to:

(a) decide whether to appeal against the court order; and

(b) if the party decides to do so-make the appeal.

(3) The court must grant the adjournment.

 

Division 4.-Appeals in civil proceedings

 

38Q.- Appeal against court decision under section 38I

(1) The Attorney-General may appeal against a decision of the court made under subsection 38I(8).

(2) The court that has jurisdiction to hear and determine appeals from the judgment in the proceeding has jurisdiction to hear and determine any appeal under this section.

38R.- Appeals against court orders under section 38L

(1) A party to a civil proceeding or the Attorney-General may appeal against any order of the court made under section 38L.

(2) The court that has jurisdiction to hear and determine appeals from the judgment in the proceeding has jurisdiction to hear and determine any appeal under this section.

38S.- Appeal against court decisions under section 38M

(1) The Attorney-General may appeal against any decision of the court made under section 38M.

(2) The court that has jurisdiction to hear and determine appeals from the judgment in the proceeding has jurisdiction to hear and determine any appeal under this section.

 

Part 4.-Security clearances

 

Division 1.-Security clearances required in federal criminal proceedings

 

39.- Security clearance for defendant´s legal representative etc.

(1) This section applies if, before or during a federal criminal proceeding, the Secretary of the Attorney-General´s Department gives written notice to any of the following persons:

(a) a legal representative of the defendant;

(b) a person assisting a legal representative of the defendant;

that in the proceeding an issue is likely to arise relating to a disclosure, of information in the proceeding, that is likely to prejudice national security.

(1A) When considering, for the purposes of subsection (1), whether a disclosure of the information would be likely to prejudice national security, the Secretary is to consider the nature of the information itself, and not the character of the person to whom it is to be disclosed.

Person may apply for security clearance

(2) A person who receives a notice under subsection (1) may apply to the Secretary for a security clearance at the level considered appropriate by the Secretary in relation to the information.

Adjournment to allow sufficient time for defendant´s legal representative to be given security clearance

(3) The defendant, or the defendant´s legal representative (on the defendant´s behalf), may apply to the court for a deferral or adjournment of the proceeding until:

(a) the legal representative has been given a security clearance at the level considered appropriate by the Secretary in relation to the information; or

(b) if the legal representative is not given such a security clearance-another legal representative is given such a security clearance.

(4) The court must defer or adjourn the proceeding accordingly.

Prosecutor may advise the court that the defendant´s legal representative has not been given a security clearance etc.

(5) If the defendant´s legal representative does not apply for the security clearance within 14 days after the day on which the notice is received, or within such further period as the Secretary allows:

(a) the prosecutor may advise the court of the fact; and

(b) the court may:

(i) advise the defendant of the consequences of engaging a legal representative who has not been given a security clearance at the level considered appropriate by the Secretary in relation to the information; and

(ii) recommend that the defendant engage a legal representative who has been given, or is prepared to apply for, such a security clearance.

 

Division 2.-Security clearances required in civil proceedings

 

39A.- Security clearance for parties etc. to a civil proceeding

(1) This section applies if, in a civil proceeding, the Secretary of the Attorney-General´s Department gives written notice to any of the following persons:

(a) a party to the proceeding;

(b) a party´s legal representative;

(c) a person assisting a party´s legal representative;

that in the proceeding an issue is likely to arise relating to a disclosure, of information in the proceeding, that is likely to prejudice national security.

(1A) When considering, for the purposes of subsection (1), whether a disclosure of the information would be likely to prejudice national security, the Secretary is to consider the nature of the information itself, and not the character of the person to whom it is to be disclosed.

Person may apply for security clearance

(2) A person who receives a notice under subsection (1) may apply to the Secretary for a security clearance at the level considered appropriate by the Secretary in relation to the information.

Adjournment to allow sufficient time for a person to be given security clearance

(3) A party to the proceeding, or the party´s legal representative (on the party´s behalf), may apply to the court for a deferral or adjournment of the proceeding to allow time for:

(a) a person who receives a notice under subsection (1) to apply for and be given a security clearance at the level considered appropriate by the Secretary in relation to the information; or

(b) if the party´s legal representative is not given such a security clearance-another legal representative to apply for and be given such a security clearance.

(4) The court must defer or adjourn the proceeding accordingly.

Secretary may advise the court that a party has not been given a security clearance

(5) If:

(a) a party is not given a security clearance; or

(b) a party does not apply for the security clearance within 14 days after the day on which the notice is received, or within such further period as the Secretary allows; then:

(c) the Secretary may advise the court of the fact; and

(d) the court may advise the party of the consequences of not being given a security clearance at the level considered appropriate by the Secretary in relation to the information and:

(i) if the party is not given a security clearance and has not engaged a legal representative-recommend that the party engage a legal representative who has been given, or is prepared to apply for, such a security clearance; or

(ii) if the party has not applied for the security clearance and has not engaged a legal representative-recommend that the party apply for the security clearance or engage a legal representative who has been given, or is prepared to apply for, such a security clearance.

Secretary may advise the court that a party´s legal representative etc. has not been given a security clearance etc.

(6) If:

(a) a party´s legal representative or a person assisting the legal representative is not given a security clearance; or

(b) a party´s legal representative or a person assisting the legal representative does not apply for the security clearance within 14 days after the day on which the notice is received, or within such further period as the Secretary allows; then:

(c) the Secretary may advise the court of the fact; and

(d) the court may:

(i) advise the relevant party of the consequences of engaging a legal representative who has not been given a security clearance at the level considered appropriate by the Secretary in relation to the information; and

(ii) recommend that the relevant party engage a legal representative who has been given, or is prepared to apply for, such a security clearance.

Notice given by Secretary not a legislative instrument

(7) A notice given under subsection (1) is not a legislative instrument for the purposes of the Legislative Instruments Act 2003.

 

Part 5.-Offences

 

Division 1.-Offences relating to federal criminal proceedings

 

40.- Offence to disclose information before Attorney-General gives criminal non-disclosure certificate etc. under section 26

Disclosure where notice given to Attorney-General under subsection 24(1)

(1) A person commits an offence if:

(a) the person is the prosecutor, the defendant or the defendant´s legal representative in a federal criminal proceeding; and

(b) the person gives notice to the Attorney-General under subsection 24(1) about the disclosure of information in the proceeding; and

(c) section 41 does not apply; and

(d) after giving the notice, the person discloses the information (whether in the proceeding or otherwise) at any time before the Attorney-General gives the person a certificate under subsection 26(2) or (3) or advice under subsection 26(7) in relation to the disclosure of the information; and

(e) the disclosure does not take place in permitted circumstances; and

(f) the disclosure is likely to prejudice national security.

Penalty: Imprisonment for 2 years.

Disclosure where advice given under subsection 24(3)

(1A) A person commits an offence if:

(a) the person is advised under subsection 24(3) that a notice about the disclosure of information in a federal criminal proceeding has been given to the Attorney-General; and

(b) the advice includes a description of the information; and

(c) section 41 does not apply; and

(d) after being advised, the person discloses the information (whether in the proceeding or otherwise) at any time before the Attorney-General gives the person a certificate under subsection 26(2) or (3) or advice under subsection 26(7) in relation to the disclosure of the information; and

(e) the disclosure does not take place in permitted circumstances; and

(f) the disclosure is likely to prejudice national security.

Penalty: Imprisonment for 2 years.

Disclosure where notice given to Attorney-General under section 25

(2) If:

(a) the prosecutor gives notice to the Attorney-General under subsection 25(6) that the prosecutor knows, believes or is advised that an answer by a witness in a hearing in relation to a federal criminal proceeding will disclose information; and

(b) section 41 does not apply; and

(c) the prosecutor or the witness discloses the information (whether in the proceeding or otherwise) at any time before the Attorney-General gives the prosecutor or the witness a certificate under subsection 26(2) or (3) or advice under subsection 26(7) in relation to the disclosure of the information; and

(d) the disclosure does not take place in permitted circumstances; and

(e) the disclosure is likely to prejudice national security;

the prosecutor or the witness commits an offence.

Penalty: Imprisonment for 2 years.

 

41.- Offence to disclose information before Attorney-General gives criminal witness exclusion certificate etc. under section 28

A person commits an offence if:

(a) the person is the prosecutor, the defendant or the defendant´s legal representative in a federal criminal proceeding; and

(b) the person notifies the Attorney-General under subsection 24(1) that he or she knows or believes that a person (the second person) whom he or she intends to call as a witness in a federal criminal proceeding will disclose information by the second person´s mere presence; and

(c) after giving the notice, the person calls the second person as a witness in the proceeding at any time before the Attorney-General gives the person a certificate under subsection 28(2) or advice under subsection 28(10) in relation to the calling of the second person as a witness; and

(d) the disclosure of the information by the mere presence of the second person is likely to prejudice national security.

Penalty: Imprisonment for 2 years.

 

42.- Offence to contravene requirement to notify Attorney-General etc. under sections 24 and 25

A person commits an offence if:

(a) the person contravenes subsection 24(1), (2), (3) or (4) or 25(2) or (6); and

(b) the disclosure of information mentioned in that subsection is likely to prejudice national security.

Penalty: Imprisonment for 2 years.

 

43.- Offence to disclose information contrary to Attorney-General´s criminal non-disclosure certificate given under section 26

A person commits an offence if:

(a) the person is given a certificate under subsection 26(2) or (3) in relation to the disclosure of information; and

(b) the person discloses the information in contravention of the certificate.

Penalty: Imprisonment for 2 years.

 

44.- Offence to call witness contrary to Attorney-General´s criminal witness exclusion certificate given under section 28

A person commits an offence if:

(a) the person is given a certificate under subsection 28(2) in relation to the calling of a witness; and

(b) the person calls the witness in contravention of the certificate.

Penalty: Imprisonment for 2 years.

 

45.- Offence to contravene court order

If:

(a) the court makes an order under this Act in relation to a federal criminal proceeding; and

(b) a person intentionally contravenes the order;

the person commits an offence.

Penalty: Imprisonment for 2 years.

 

45A.- Offence to contravene regulations

(1) A person commits an offence if:

(a) regulations made under section 23 require the person to comply with a requirement relating to the storage, handling or destruction of national security information; and

(b) the person engages in conduct; and

(c) the conduct results in the requirement being contravened; and

(d) the contravention of the requirement is likely to prejudice national security.

Penalty: 6 months imprisonment.

(2) In this section:

engage in conduct means:

(a) do an act; or

(b) omit to perform an act.

 

46.- Offence to disclose information in federal criminal proceedings to certain persons without security clearance etc.

A person commits an offence if:

(a) for the purposes of a federal criminal proceeding, the person discloses, other than in giving evidence in that proceeding or in permitted circumstances, information to:

(i) a legal representative of the defendant; or

(ii) a person assisting a legal representative of the defendant; and

(b) the disclosure is likely to prejudice national security; and

(c) none of the following subparagraphs apply:

(i) the legal representative or person mentioned in subparagraph (a)(ii) has a security clearance at the level considered appropriate by the Secretary in relation to the information;

(ii) the disclosure has been approved by the Secretary;

(iii) the disclosure takes place in compliance with conditions approved by the Secretary.

Penalty: Imprisonment for 2 years.

 

Division 2.-Offences relating to civil proceedings

 

46A.- Offence to disclose information before Attorney-General gives civil non-disclosure certificate etc. under section 38F

Disclosure where notice given to Attorney-General under subsection 38D(1)

(1) A person commits an offence if:

(a) the person is a party, or a legal representative of a party, to a civil proceeding; and

(b) the person gives notice to the Attorney-General under subsection 38D(1) about the disclosure of information in the proceeding; and

(c) section 46B does not apply; and

(d) after giving the notice, the person discloses the information (whether in the proceeding or otherwise) at any time before the Attorney-General gives the person a certificate under subsection 38F(2) or (3) or advice under subsection 38F(7) in relation to the disclosure of the information; and

(e) the disclosure does not take place in permitted circumstances; and

(f) the disclosure is likely to prejudice national security.

Penalty: Imprisonment for 2 years.

Disclosure where advice given under subsection 38D(4)

(1A) A person commits an offence if:

(a) the person is advised under subsection 38D(4) that a notice about the disclosure of information in a civil proceeding has been given to the Attorney-General; and

(b) the advice includes a description of the information; and

(c) section 46B does not apply; and

(d) after being advised, the person discloses the information (whether in the proceeding or otherwise) at any time before the Attorney-General gives the person a certificate under subsection 38F(2) or (3) or advice under subsection 38F(7) in relation to the disclosure of the information; and

(e) the disclosure does not take place in permitted circumstances; and

(f) the disclosure is likely to prejudice national security.

Penalty: Imprisonment for 2 years.

Disclosure where notice given to Attorney-General under section 38E

(2) If:

(a) a witness gives a written answer to the court under section 38E in a civil proceeding; and

(b) section 46B does not apply; and

(c) the witness discloses information given in the written answer (whether in the proceeding or otherwise) at any time after the written answer is given to the court and before the Attorney-General gives the witness a certificate under subsection 38F(2) or (3) or advice under subsection 38F(7) in relation to the disclosure of the information; and

(d) the disclosure does not take place in permitted circumstances; and

(e) the disclosure is likely to prejudice national security;

the witness commits an offence.

Penalty: Imprisonment for 2 years.

 

46B.- Offence to disclose information before Attorney-General gives civil witness exclusion certificate etc. under section 38H

A person commits an offence if:

(a) the person is a party, or the legal representative of a party, to a civil proceeding; and

(b) the person notifies the Attorney-General under subsection 38D(1) that he or she knows or believes that a person (the second person) whom he or she intends to call as a witness in the proceeding will disclose information by the second person´s mere presence; and

(c) after giving the notice, the person calls the second person as a witness in the proceeding at any time before the Attorney-General gives the person a certificate under subsection 38H(2) or advice under subsection 38H(9) in relation to the calling of the second person as a witness; and

(d) the disclosure of the information by the mere presence of the second person is likely to prejudice national security.

Penalty: Imprisonment for 2 years.

 

46C.- Offence to contravene requirement to notify Attorney-General etc. under sections 38D and 38E

A person commits an offence if:

(a) the person is a party, or the legal representative of a party, to a civil proceeding; and

(b) the person contravenes subsection 38D(1), (3) or (4) or 38E(2); and

(c) the disclosure of information mentioned in that subsection is likely to prejudice national security.

Penalty: Imprisonment for 2 years.

 

46D.- Offence to disclose information contrary to Attorney-General´s civil non-disclosure certificate given under section 38F

A person commits an offence if:

(a) the person is given a certificate under subsection 38F(2) or (3) in relation to the disclosure of information; and

(b) the person discloses the information in contravention of the certificate.

Penalty: Imprisonment for 2 years.

 

46E.- Offence to call witness contrary to Attorney-General´s civil witness exclusion certificate given under section 38H

A person commits an offence if:

(a) the person is given a certificate under subsection 38H(2) in relation to the calling of a witness; and

(b) the person calls the witness in contravention of the certificate.

Penalty: Imprisonment for 2 years.

 

46F.- Offence to contravene court order

If:

(a) the court makes an order under this Act in relation to a civil proceeding; and

(b) a person intentionally contravenes the order;

the person commits an offence.

Penalty: Imprisonment for 2 years.

 

46FA.- Offence to contravene regulations

(1) A person commits an offence if:

(a) regulations made under section 38C require the person to comply with a requirement relating to the storage, handling or destruction of national security information; and

(b) the person engages in conduct; and

(c) the conduct results in the requirement being contravened; and

(d) the contravention of the requirement is likely to prejudice national security.

Penalty: 6 months imprisonment.

(2) In this section:

engage in conduct means:

(a) do an act; or

(b) omit to perform an act.

 

46G.- Offence to disclose information in civil proceedings to certain persons without security clearance etc.

A person commits an offence if:

(a) for the purposes of a civil proceeding, the person discloses, other than in giving evidence in that proceeding or in permitted circumstances, information to:

(i) a party to the proceeding; or

(ii) a party´s legal representative; or

(iii) a person assisting a party´s legal representative; and

(b) the disclosure is likely to prejudice national security; and

(c) none of the following subparagraphs apply:

(i) the party to the proceeding, the legal representative or the person mentioned in subparagraph (a)(iii) has a security clearance at the level considered appropriate by the Secretary in relation to the information;

(ii) the disclosure has been approved by the Secretary;

(iii) the disclosure takes place in compliance with conditions approved by the Secretary.

Penalty: Imprisonment for 2 years.

 

Part 6.-Miscellaneous

 

47.- Report to Parliament on certificates given by Attorney-General etc.

As soon as practicable after 30 June in each year, the Attorney-General must cause to be laid before each House of the Parliament a report that:

(a) states the number of certificates given during the year:

(i) under sections 26, 28, 38F and 38H by the Attorney-General; and

(ii) under sections 38F and 38H by the Minister appointed by the Attorney-General under section 6A; and

(b) identifies the criminal proceedings and civil proceedings to which the certificates relate.

48.- Rules of court

The power to make rules of court extends to making rules, not inconsistent with this Act or the regulations, prescribing matters:

(a) required or permitted by this Act to be prescribed; or

(b) necessary or convenient to be prescribed for carrying out or giving effect to this Act.

49.- Regulations

The Governor-General may make regulations prescribing matters:

(a) required or permitted by this Act to be prescribed; or

(b) necessary or convenient to be prescribed for carrying out or giving effect to this Act.

01Ene/14

Orden Foral 498/2012, de 14 de junio, por la que se regula la interposición y consulta de reclamaciones económico-administrativas por vía telemática

El artículo 56 apartado 5 del Reglamento de desarrollo de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Decreto Foral 41/2006, de 26 de setiembre, concreta que «se podrán utilizar técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos para la presentación de reclamaciones y demás aspectos de la tramitación, mediante los sistemas que se aprueben al efecto y que deberán garantizar la autenticidad, integridad, conservación, confidencialidad y recepción de los documentos por ambas partes interesadas».

Posteriormente, el Decreto Foral 23/2010, de 28 de setiembre, ha venido a regular la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la Administración Foral, dentro del marco establecido por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, dando cobertura a todos los servicios que se publiquen en sede electrónica.

La normativa de administración electrónica consagra la relación con las administraciones públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para las administraciones públicas. Es, por tanto, responsabilidad de la Administración, facilitar a los ciudadanos los medios necesarios para el ejercicio de sus derechos y hacerlo con sujeción a los principios recogidos en el artículo 3 del Decreto Foral:

Igualdad de todas las vías de acceso a la prestación de los servicios públicos, gratuidad, voluntariedad y respeto al honor e intimidad personal y familiar.

En los últimos años el Departamento de Hacienda y Finanzas viene impulsando la utilización de medios electrónicos y telemáticos para la presentación de declaraciones tributarias o la tramitación de determinadas solicitudes. En este contexto, la presente Orden Foral viene a establecer el procedimiento telemático para la interposición de reclamaciones económico-administrativas y la consulta del estado de tramitación de las citadas reclamaciones.

En su virtud,

 

DISPONGO

 

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

La presente Orden Foral tiene por objeto regular la interposición telemática de reclamaciones económicoadministrativas en única instancia y la consulta telemática del estado de tramitación de las reclamaciones

económico-administrativas.

 

Artículo 2.- Interposición telemática de reclamaciones económico-administrativas.

1. Podrán presentarse telemáticamente en formato electrónico normalizado, conforme a lo regulado en esta Orden Foral, los escritos de interposición de las reclamaciones económico-administrativas del procedimiento general en única instancia.

2. La presentación telemática de cualesquiera otros recursos, incluido el de anulación regulado por el apartado 6 del artículo 244 de la Norma Foral 2/2005, así como la de los incidentes de ejecución enunciados en el apartado 1 del artículo 61 del Reglamento aprobado por el Decreto Foral 41/2006 y cualesquiera otros escritos y demás actuaciones del procedimiento, distintos de los previstos en el apartado anterior, podrá realizarse a través del formulario genérico disponible en el punto de acceso alregistro electrónico, de acuerdo con su normativa reguladora.

Artículo 3.- Condiciones generales para la presentación de reclamaciones económico-administrativas por vía telemática.

1. La presentación por vía telemática de reclamaciones económico-administrativas, se realizará de acuerdo con lo establecido en su normativa reguladora. Junto con la presentación podrá realizarse la solicitud de suspensión del acto impugnado, de acuerdo con establecido en el Capítulo II del Título I del Reglamento de desarrollo de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa en materia de revisión en vía administrativa.

2. Para la presentación por vía telemática de reclamaciones económico-administrativas, se utilizarán los sistemas de identificación, representación y firma publicados en la sede electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Artículo 4.- Procedimiento para la presentación por vía telemática de reclamaciones económico-administrativas.

1. Para la presentación por vía telemática de reclamaciones económico-administrativas, la persona interesada deberá acceder al portal de servicios telemáticos «Gipuzkoataria» ubicado en la sede electrónica

https://www.gfaegoitza.net.

En caso de acreditarse con firma electrónica reconocida, introducir la tarjeta criptográfica en el lector de tarjetas e introducir el PIN a efectos de autenticación del usuario, así como cuando en la aplicación se muestre la opción «firmar». En caso de acreditarse con clave operativa, introducir número de identificación y clave de autenticación.

2. Sede electrónica. En el portal de servicios telemáticos «Gipuzkoataria» figurará la relación de trámites y servicios actualizada, debiéndose acceder, dentro de los asociados al Tribunal Económico-Administrativo, al apartado de «Reclamaciones: Interposición y consulta» y, una vez en él, al de «Interponer reclamaciones económico-administrativas ante el TEAF» La presentación efectuada con arreglo a este procedimiento tendrá los mismos efectos y plazos que los que la normativa reguladora haya establecido para la presentación presencial.

3. La interposición de la reclamación por vía telemática se realiza mediante la cumplimentación del formulario existente, siguiendo los pasos que aparecen descritos en ese trámite.

4. La documentación que se adjunte a la solicitud, la documentación justificativa y cualquier otra documentación complementaria podrá presentarse por vía presencial o por esta misma vía. En caso de optarse por la presentación telemática, la documentación deberá ajustarse a los formatos y limitaciones de tamaño que se indican a continuación, o a los que en cada momento se indique en la sede electrónica:

* Formato de ficheros permitidos: Doc, docx, dwg, gif, jpeg, jpg, odb, odc, odf, odg, odi, odm, odp, ods, odt, otp, ots, ott, pdf, png, pps, ppt, rtf, stc, sti, stw, sxc, sxi, sxw, tif, tiff, txt, xls, xlsx.

* Tamaño máximo de cada fichero adjunto: 10 MB.

* Tamaño máximo total del conjunto de ficheros adjuntos: 25 MB.

5. En aquellos casos en que se detecten deficiencias de tipo formal en la transmisión electrónica de los trámites a realizar, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento de la persona reclamante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda, en su caso, a su corrección.

Artículo 5.- Consulta del estado de tramitación de las reclamaciones económico-administrativas.

1. La persona reclamante o, en su caso, sus representantes podrán conocer el estado de tramitación de su reclamación a través del portal de servicios telemáticos «Gipuzkoataria» ubicado en la sede electrónica

https://www.gfaegoitza.net

2. La facultad descrita en el apartado anterior no se extiende al contenido de los trámites, aunque sí le avisará si tuviera trámites pendientes a realizar por la parte reclamante.

3. La consulta del estado de tramitación se realiza en el portal de servicios telemáticos «Gipuzkoataria», una vez que se haya accedido en la forma establecida en el artículo 4, apartado 1. Dentro de los trámites y servicios asociados al Tribunal Económico-Administrativo, deberá accederse al apartado de «Reclamaciones: Interposición y consulta» y, una vez en él, al de «Consultar las reclamaciones interpuestas».

En el panel correspondiente se indica el estado de tramitación de cada reclamación. En caso de que la reclamación haya sido resuelta y notificada, podrán consultar y obtener copia de la resolución.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletin Oficial de Gipuzkoa.

 

Donostia-San Sebastián, a 14 de junio de 2012.

La Diputada Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, Helena Franco Ibarzabal.

 

01Ene/14

Legislación de Argentina. Ordenanza 12.301 de 26 de junio de 2007 del Municipio de San Nicolás de los Arroyos, que modifica el artículo 1º de la Ordenanza 6887/06 Ref. Derecho a la información

VISTO:

Las facultades establecidas en el artículo 77 inc. a) de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley 6769/58) y en el art. 60 del Reglamento de Funcionamiento Interno del Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás de los Arroyos.


CONSIDERANDO:

Que el derecho del ciudadano a la información en el Municipio de San Nicolás fue reglamentado a través de la Ordenanza 6887/06.

Que la misma en su artículo 1º plantea que se debe acreditar interés legítimo para solicitar información de cualquier repartición municipal, y en su art. 4º establece que «la solicitud de información debe ser fundada».

Que tal restricción deja al arbitrio del gobierno la decisión de permitir o no el acceso del ciudadano a la información.

Que el derecho a la información pública es un derecho humano básico, reconocido también por los tratados internacionales que firmó nuestro país, y que tienen jerarquía constitucional.

Que nuestra constitución nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de gobierno.

Que a nivel nacional el Decreto 1172/2003 (que regula el acceso a la información para el Poder Ejecutivo Nacional) indica que toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado.

Que otros municipios de la provincia de Buenos Aires instituyeron el libre acceso a la información pública, sin requerir que el solicitante acredite interés legítimo o fundamente el pedido, entre ellos el Municipio de Morón (Ordenanza 7.187), y la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón (Ordenanza 13.712).

Que la ley 104 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también plantea en cuanto a la solicitud de información, que no puede exigirse la manifestación del propósito de la requisitoria.

Que lo mismo se encuentra indicado en la ley 8.803 de la Provincia de Córdoba, ley 3.764 de la provincia de Chubut, y en el Decreto 1.169/05 de la provincia de Entre Ríos, por nombrar solo algunos casos.

Que el artículo 6 de la Ordenanza de acceso a la información en el Municipio de San Nicolás, plantea un mecanismo para aquellos casos en que puedan verse afectados los derechos e intereses de terceros, por el cual los mismos quedan debidamente protegidos,
Que, por lo tanto, no se deben imponer restricciones ni límites al ejercicio del derecho a la información pública.

Por lo expuesto, el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria propone al Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, el siguiente proyecto de:

ORDENANZA

Artículo 1º: Modifícanse el artículo 1° de la Ordenanza 6887/06, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 1º: Derecho a la información.-  Toda persona física o jurídica tiene derecho a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier repartición del Departamento Ejecutivo, del Honorable Concejo Deliberante, del Juzgado de Faltas, de empresas del Estado Municipal que puedan llegar a poseer y de Entes Descentralizados de éste Municipio.

Artículo 2º: Modifícanse el artículo 3° de la Ordenanza 6887/06, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 3º: Legitimación.- El Derecho podrá ser ejercido libremente con las únicas excepciones establecidas en la presente ordenanza o leyes vigentes.

Está vedado a los entes descriptos en el artículo primero exigir a los solicitantes la acreditación de interés en la cuestión solicitada.

Artículo 3º: Modifícanse el artículo 4° de la Ordenanza 6887/06, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 4º: Formalidades.- La solicitud de información debe ser realizada por escrito, con la identificación del requirente, sin estar sujeta a ninguna otra formalidad. No puede exigirse la manifestación del propósito de la requisitoria. Debe entregarse al solicitante de la información una constancia del requerimiento.

Artículo 4º: De forma.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Ordonnance nº 2005-674 , du 16 juin 2005, relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique.

Ordonnance nº 2005-674 , du 16 juin 2005, relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, notamment son article 9 ;

Vu le code civil ;

Vu la Loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, modifiée par la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004, notamment son article 26 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er

Le chapitre VII du titre III du livre III du code civil est ainsi modifié :

Les articles 1369-1, 1369-2 et 1369-3 deviennent respectivement les articles 1369-4, 1369-5 et 1369-6.

Il est créé une section 1 intitulée : » De l'échange d'informations en cas de contrat sous forme électronique «, qui comprend les articles 1369-1, 1369-2 et 1369-3 suivants :

» Art. 1369-1. La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services.

» Art. 1369-2. Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen.

» Art. 1369-3. Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique.

» Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir. «

Après la section 1, il est créé une section 2 intitulée : » De la conclusion d'un contrat sous forme électronique » qui comprend les articles 1369-4, 1369-5 et 1369-6.

A l'article 1369-6, les références aux articles 1369-1 et 1369-2 sont remplacées respectivement par des références aux articles 1369-4 et 1369-5.

Après l'article 1369-6, sont ajoutées les dispositions suivantes :

» Section 3

» De l'envoi ou de la remise d'un écrit par voie électronique

» Art. 1369-7. Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique.

» L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.

» Art. 1369-8. Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.

» Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.

» Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.

» Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.

» Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

» Art. 1369-9. Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-2, la remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.

» Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.

» Section 4.

» De certaines exigences de forme

» Art. 1369-10. Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes.

» L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

» Art. 1369-11. L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire. «

Article 2

L'article 1325 du code civil est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :

» L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès. «

Article 3

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

Article 4

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 2005.

Par le Président de la République : JACQUES CHIRAC

Le Premier ministre, DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PASCAL CLÉMENT

Le ministre de l'outre-mer, FRANÇOIS BAROIN

01Ene/14

Promotion of Access to Information Act nº 2/2000 (Gazette nº 20852 of 3 february 2000).

ACT

To give effect to the constitutional right of access to any information held by the State and any information that is held by another person and that is required for the exercise or protection of any rights; and to provide for matters connected therewith.

 

Preamble.

RECOGNISING THAT

• the system of government in South Africa before 27 April 1994, amongst others, resulted in a secretive and unresponsive culture in public and private bodies which often led to an abuse of power and human rights violations;

• section 8 of the Constitution provides for the horizontal application of the rights in the Bill of Rights to juristic persons to the extent required by the nature of the rights and the nature of those juristic persons;

• section 32 ( I) (a) of the Constitution provides that everyone has the right of access to any information held by the State;

• section 32 (I) (b) of the Constitution provides for the horizontal application of the right of access to information held by another person to everyone when that information is required for the exercise or protection of any rights;

• and national legislation must be enacted to give effect to this right in section 32 of the Constitution;

 

AND BEARING IN MIND THAT:

• the State must respect, protect, promote and fulfil, at least, all the rights in the Bill of Rights which is the cornerstone of democracy in South Africa;

• the right of access to any information held by a public or private body may be limited to the extent that the limitations are reasonable and justifiable in an open and democratic society based on human dignity, equality and freedom as contemplated in section 36 of the Constitution;

• reasonable legislative measures may, in terms of section 32 (2) of the Constitution, be provided to alleviate the administrative and financial burden on the State in giving effect to its obligation to promote and fulfil the right of access to information;

 

AND IN ORDER To:

• foster a culture of transparency and accountability in public and private bodies by giving effect to the right of access to information;

• actively promote a society in which the people of South Africa have effective access to information to enable them to more fully exercise and protect all of their rights,

 

BE IT THEREFORE ENACTED by the Parliament of the Republic of South Africa, as, follows:

 

CONTENTS OF ACT

 

CHAPTER 1. : DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS

 

1. : Definitions

In this Act, unless the context otherwise indicates :

'access fee' means a fee prescribed for the purposes of section 22 (6) or 54 (6), as the case may be:

'application' means an application to a court in terms of section 78;

'Constitution' means the Constitution of the Republic of South Africa, 1996 (Act 1088 of 1996);

'court' means:

(a) the Constitutional Court acting in terms of section 167 (6) (a) of the Constitution; or

(b)

                   (i) a High Court or another court of similar status, or

(ii) a Magistrate's Court, either generally or in respect of a specified class of decisions in terms of this Act, designated by the Minister, by notice in the Gazette, and presided over by a magistrate designated in writing by the Minister, after consultation with the Magistrates Commission, within whose area of jurisdiction :

(aa) the decision of the information officer or relevant authority of a public body or the head of a private body has been taken;

(bb) the public body or private body concerned has its principal place of administration or business; or

(cc) the requester or third party concerned is domiciled or ordinarily resident;

'evaluative material' means an evaluation or opinion prepared for the purpose of determining  :

(a) the suitability, eligibility or qualifications of the person to whom or which the evaluation or opinion relates :

(i) for employment or for appointment to office;

(ii) for promotion in employment or office or for continuance in employment or office;

(iii) for removal from employment or office; or

(iv) for the awarding of a scholarship, award, bursary , honour or similar benefit: or

(b) whether any scholarship. award. Bursary, honour or similar benefit should be continued. modified, cancelled or renewed;

'head' of or in relation to a private body means :

(a) in the case of a natural person, that natural person or any person duly authorised by that natural person;

(b) in the case of a partnership, any partner of the partnership or any person duly authorised by the partnership;

(c) in the case of a juristic person :

(i) the chief executive officer or equivalent officer of the juristic person or any, person duly authorised by that officer; or

(ii) the person who is acting as such or any person duly authorised by such acting person;

'health practitioner' means an individual who carries on, and is registered in terms of legislation to carry on, an occupation which involves the provision of care or treatment for the physical or mental health or for the well :being of individuals; 'Human Rights Commission' means the South African Human Rights Commission referred to in section 181 (I) (b) of the Constitution;

'individual's next of kin' means :

                    (a) an individual to whom the individual was married immediately before the individual's death;

(b) an individual with whom the individual lived as if they were married immediately before the individual's death;

(c) a parent, child, brother or sister of the individual; or

(d) if

(i) there is no next of kin referred to in paragraphs (a), (b) and (c); or

(ii) the requester concerned took all reasonable steps to locate such next of kin, but was unsuccessful, an individual who is related to the individual in the second degree of affinity or consanguinity;

'information officer' of, or in relation to, a public body :

                    (a) in the case of a national department, provincial administration or organisational component :

(i) mentioned in Column 1 of Schedule l or 3 to the Public Service Act, 1994 (Proclamation l03 of 1994 ), means the officer who is the incumbent of the post bearing the designation mentioned in Column 2 of the said Schedule l or 3 opposite the name of the relevant national department, provincial administration or organisational component or the person who is acting as such; or

(ii) not so mentioned, means the Director :General, head, executive director or equivalent officer, respectively, of that national department, provincial administration or organisational component, respectively;

(b) in the case of a municipality, means the municipal manager appointed in terms of section 82 of the Local Government: Municipal Structures Act, 1998 (Act 117 of 1998), or the person who is acting as such; or

(c) in the case of any other public body, means the chief executive officer, or equivalent officer, of that public body or the person who is acting as such;

‘internal appeal’ means an internal appeal to the relevant authority in terms of section 74;

international organisation’ means an international organisation :

(a) of states; or

(b) established by the governments of states;

‘Minister means the Cabinet member responsible for the administration of justice;

‘notice’ means notice in writing and ‘notify’ and ‘notified’ have corresponding meanings;

‘objects of this Act’ means the objects of this Act referred to in section 9;

‘official’, in relation to a public or private body, means :

(a) any person in the employ (permanently or temporarily and full :time or part :time) of the public or private body. as the case may be, including the head of the body, in his or her capacity as such; or

(b) a member of the public or private body, in his or her capacity as such;

‘person’ means a natural person or a juristic person;

‘personal information’ means information about an identifiable individual, including,

but not limited to :

(a) information relating to the race, gender, sex, pregnancy, marital status, national, ethnic or social origin, colour, sexual orientation, age, physical or mental health,well :being, disability, religion, conscience, belief, culture, language and birth of the individual;

(b) information relating to the education or the medical, criminal or employment history of the individual or information relating to financial transactions in which the individual has been involved;

(c) any identifying number, symbol or other particular assigned to the individual;

(d) the address, fingerprints or blood type of the individual;

(e) the personal opinions, views or preferences of the individual, except where they are about another individual or about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to another individual;

(f) correspondence sent by the individual that is implicitly or explicitly of a private or confidential nature or further correspondence that would reveal the contents of the original correspondence;

                    (g) the views or opinions of another individual about the individual;

(h) the views or opinions of another individual about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to the individual, but excluding the name of the other individual where it appears with the views or opinions of the other individual; and

(i) the name of the individual where it appears with other personal information relating to the individual or where the disclosure of the name itself would reveal information about the individual, but excludes information about an individual who has been dead for more than 20 years;

‘personal requester’ means a reque5ter seeking access to a record containing personal information about the requester;

‘prescribed’ means prescribed by regulation in terms of section 92;

‘private body’ means :

(a) a natural person who carries or has carried on any trade, business or profession, but only in such capacity;

(b) a partnership which carries or has carried on any trade, business or profession; or

(c) any former or existing juristic person, but excludes a public body;

‘public safety or environmental risk’ means harm or risk to the environment or the public (including individuals in their workplace) associated with :

(a) a product or service which is available to the public;

(b) a substance released into the environment, including, but not limited to, the workplace;

(c) a substance intended for human or animal consumption;

(d) a means of public transport; or

(e) an installation or manufacturing process or substance which is used in that installation or process;

‘public body’ means :

( a) any department of state or administration in the national or provincial sphere of government or any municipality in the local sphere of government; or

(b) any other functionary or institution when :

(i) exercising a power or performing a duty in terms of the Constitution or a provincial constitution; or

(ii) exercising a public power or performing a public function in terms of any legislation;

‘record of, or in relation to, a public or private body, means any recorded information :

(a) regardless of form or medium;

(b in the possession or under the control of that public or private body, respectively; and

(c) whether or not it was created by that public or private body, respectively;

‘relevant authority’, in relation to :

(a) a public body referred to in paragraph (a) of the definition of ‘public body’ in the national sphere of government, means :

                    (i) in the case of the Office of the Presidency, the person designated in writing by the President; or

(ii) in any other case, the Minister responsible for that public body or the person designated in writing by that Minister;

(b) a public body referred to in paragraph (a) of the definition of ‘public body’ in the provincial sphere of government, means :

                     (i) in the case of the Office of a Premier, the person designated in writing by the Premier; or

(ii) in any other case, the member of the Executive Council responsible for that public body or the person designated in writing by that member; or

(c) a municipality , means :

                   (i) the mayor;

                  (ii) the speaker; or

                 (iii) any other person, designated in v.Titing by the Municipal Council of that municipality;

‘request for access’, in relation to :

(a) a public body, means a request for access to a record of a public body in terms of section II: or

(b) a private body, means a request for access to a record of a private body in terms of section 50;

‘requester’. in relation to :

(a) a public body, means :

(i) any person (other than a public body contemplated in paragraph (a) or (b) (i) of the definition of ‘public body’, or an official thereof) making a request for access to a record of that public body; or

                    (ii) a person acting on behalf of the person referred to in subparagraph (i);

(b) a private body, means :

(i) any person. including but not limited to, a public body or an official thereof, making a request for access to a record of that private body; or

(ii) a person acting on behalf of the person contemplated in subparagraph (i);

‘subversive or hostile activities’ means :

(a) aggression against the Republic;

(b) sabotage or terrorism aimed at the people of the Republic or a strategic asset of the Republic, whether inside or outside the Republic;

(c) an activity aimed at changing the constitutional order of the Republic by the use of force or violence; or

(d) a foreign or hostile intelligence operation;

‘third party’, in relation to a request for access to :

(a) a record of a public body, means any person (including, but not limited to, the government of a foreign state, an international organisation or an organ of that government or organisation) other than :

                      (i) the requester concerned; and

                      (ii) a public body; or

(b) a record of a private body, means any person (including, but not limited to, a public body) other than the requester, but, for the purposes of sections 34 and 63, the reference to 'person' in paragraphs (a) and (b) must be construed as a reference to ’natural person’;

‘this Act’ includes any regulation made and in force in terms of section 92;

‘transfer’, in relation to a record, means transfer in terms of section 20 (1) or (2), and 'transferred' has a corresponding meaning;

‘working days’ means any days other than Saturdays, Sundays or public holidays, as defined in section 1 of the Public Holidays Act, 1994 (Act 36 of 1994).

 

2.- Interpretation of Act

(1) When interpreting a provision of this Act, every court must prefer any reasonable interpretation of the provision that is consistent with the objects of this Act over any alternative interpretation that is inconsistent with those objects.

(2) Section 12 must not be construed as excluding :

(a) the Cabinet and its committees; or

(b) an individual member of Parliament or of a provincial legislature, from the operation of the definition of ‘requester’ in relation to a private body in section I, section 49 and all other provisions of this Act related thereto.

(3) For the purposes of this Act, the South African Revenue Service, established by section 2 of the South African Revenue Service Act, 1997 (Act 34 of 1997), and referred to in section 35 (1), is a public body.

 

CHAPTER 2.- GENERAL APPLICATION PROVISIONS 

3.- Act applies to record whenever it came into existence

This Act applies to :

(a) a record of a public body; and

(b) a record of a private body, regardless of when the record came into existence.

 

4.- Records held by official or independant contractor of public or private body

For the purposes of this Act, but subject to section 12, a record in the possession or under the control of :

(a) an official of a public body or private body in his or her capacity as such; or

(b) an in dependant contractor engaged by a public body or private body in the capacity as such contractor, is regarded as being a record of that public body or private body, respectively.

 

5.- Application of other legislation prohibiting or restricting disclosure

This Act applies to the exclusion of any provision of other legislation that :

(a prohibits or restricts the disclosure of a record of a public body or private body; and

(b) is materially inconsistent with an object, or a specific provision, of this Act.

 

6.- Application of other legislation providing for access

Nothing in this Act prevents the giving of access to :

(a) a record of a public body in terms of any legislation referred to in Part 1 of the Schedule; or

(b) a record of a private body in terms of any legislation referred to in Part 2 of the Schedule.

 

7.- Act not applying to records required for criminal or civil proceedings after commencement of proceedings

(1) This Act does not apply to a record of a public body or a private body if :

(a) that record is requested for the purpose of criminal or civil proceedings;

(b) so requested after the commencement of such criminal or civil proceedings, as the case may be; and

(c) the production of or access to that record for the purpose referred to in paragraph ( a) is provided for in any other law.

(2) Any record obtained in a manner that contravenes subsection (I) is not admissible as evidence in the criminal or civil proceedings referred to in that subsection unless the exclusion of such record by the court in question would, in its opinion, be detrimental to the interests of justice.

 

8 Part applicable when performing functions as public or private body

(1) For the purposes of this Act. a public body referred to in paragraph (b) (ii) of the definition of ‘public body’ in section I or a private body :

(a) may be either a public body or a private body in relation to a record of that body; and

(b) may in one instance be a public body and in another instance be a private body depending on whether that record relates to the exercise of a power or performance or a function as a public body or as a private body.

(2) A request for access to a record held for the purpose or with regard to the exercise of a power or the performance of a function :

(a) as a public body must be made in terms of section II; or

(b) as a private body, must be made in terms of section 50.

(3) The provisions of Parts 1,2,4,5,6 and 7 apply to a request for access to a record that relates to a power or function exercised or performed as a public body.

(4) The provisions of Parts 1,3,4,5,6 and 7 apply to a request for access to a record that relates to a power or function exercised or performed as a private body.

 

CHAPTER 3.- GENERAL INTRODUCTORY PROVISIONS

 

9.- Objects of Act

The objects of this Act are :

(a) to give effect to the constitutional right of access to :

                    (i) any information held by the State; and

(ii) any information that is held by another person and that is required for the exercise or protection of any rights;

(b) to give effect to that right :

(i) subject to justifiable limitations, including, but not limited to, limitations aimed at the reasonable protection of privacy, commercial confidentiality and effective, efficient and good governance; and

(ii) in a manner which balances that right with any other rights, including the rights in the Bill of Rights in Chapter 2 of the Constitution;

(c) to give effect to the constitutional obligations of the State of promoting a human rights culture and social justice, by including public bodies in the definition of ‘requester’, allowing them, amongst others, to access information from private bodies upon compliance with the four requirements in this Act, including an additional obligation for certain public bodies in certain instances to act in the public interest;

(d) to establish voluntary and mandatory mechanisms or procedures to give effect to that right in a manner which enables persons to obtain access to records of public and private bodies as swiftly, inexpensively and effortlessly as reasonably possible; and

(e) generally, to promote transparency, accountability and effective governance of all public and private bodies by, including, but not limited to, empowering and educating everyone :

                   (i) to understand their rights in terms of this Act in order to exercise their rights in relation to public and private bodies;

                  (ii) to understand the functions and operation of public bodies; and

                 (iii) to effectively scrutinise, and participate in, decision :making by public bodies that affects their rights.

10.- Guide on how to use Act

(1) The Human Rights Commission must, within 18 months after the commencement of this section, compile in each official language a guide containing such information, in an easily comprehensible form and manner, as may reasonably be required by a person who wishes to exercise any right contemplated in this Act.

(2) The guide must, without limiting the generality of subsection (1), include a description of :

(a) the objects of this Act;

(b) the postal and street address, phone and fax number and, if available, electronic mail address of :

                                        (i) the information officer of every public body, and

(ii) every deputy information officer of every public body appointed in terms of  section 17 ( I );

(c) such particulars of every private body as are practicable;

(d) the manner and form of a request for :

(i) access to a record of a public body contemplated in section 11; and

(ii) access to a record of a private body contemplated in section 50;

(e) the assistance available from the information officer of a public body in terms of this Act;

(f) the assistance available from the Human Rights Commission in terms of this Act;

(g) all remedies in law available regarding an act or failure to act in respect of a right or duty conferred or imposed by this Act, including the manner of lodging :

                                         (i) an internal appeal; and

(ii) an application with a court against a decision by the information officer of a public body, a decision on internal appeal or a decision of the head of a private body;

(h) the provisions of sections 14 and 51 requiring a public body and private body, respectively, to compile a manual, and how to obtain access to a manual;

(i) the provisions of sections 15 and 52 providing for the voluntary disclosure of categories of records by a public body and private body, respectively;

(j) the notices issued in terms of sections 22 and 54 regarding fees to be paid in , relation to requests for access; and

(k) the regulations made in terms of section 92.

(3) The Human Rights Commission must, if necessary, update and publish the guide at  : intervals of not more than two years.

(4) The guide must be made available as prescribed.

 

PART 2.- ACCESS TO RECORDS OF PUBLIC BODIES

 

CHAPTER I.- RIGHT OF ACCESS, AND SPECIFIC APPLICATION PROVISIONS

 

11.- Right of access to records of public bodies  

(1) A requester must be given access to a record of a public body if :

(a) that requester complies with all the procedural requirements in this Act relating to a request for access to that record; and

(b) access so that record is not refused in terms of any ground for refusal contemplated in Chapter 4 of this Part.

(2) A request contemplated in subsection ( 1) includes a request for access to a record containing personal information about the requester.

(3) A requester's right of access contemplated in subsection (I) is, subject to this Act, not affected by :

(a) any reasons the requester gives for requesting access; or

(b) the information officer's belief as to what the requester's reasons are for requesting access.

 

12 Act not applying to certain public bodies or officials thereof

This Act does not apply to a record of :

(a) the Cabinet and its committees;

(b) the judicial functions of :

(i) a court referred to in section 166 of the Constitution;

(ii) a Special Tribunal established in terms of section 2 of the Special Investigating Units and Special Tribunals Act, 1996 (Act 74 of 1996); or

(iii) a judicial officer of such court or Special Tribunal; or

                    (c) an individual member of Parliament or of a provincial legislature in that capacity.

13.- Body determined to be part of another public body

For the purpose of this Act, the Minister may, on his or her own accord or on the request of the relevant public body or bodies or a body referred to in paragraph (c), in the prescribed manner and by notice in the Gazette 

(a) determine that a public body is to be regarded as part of another public body;

(b) determine that a category of public bodies is to be regarded as one public body with such information officer as the Minister designates; and

(c) if there is doubt as to whether a body is a separate public body or forms part of a public body, determine that the body :

                                        (i) is a separate public body; or

(ii) forms part of a public body,

 

CHAPTER 2.- PUBLICATION AND AVAILABILITY OF CERTAIN RECORDS

 

14.- Manual on functions of, and index of records held by, public body

(1) Within six months after the commencement of this section or the coming into existence of a public body, the information officer of the public body concerned must compile in at least three official languages a manual containing :

(a) a description of its structure and functions;

(b) the postal and street address, phone and fax number and, if available, electronic mail address of the information officer of the body and of every deputy information officer of the body appointed in terms of section 17 (1);

(c) a description of the guide referred to in section 10, if available, and how to obtain access to it;

(d) sufficient detail to facilitate a request for access to a record of the body, a description of the subjects on which the body holds records and the categories of records held on each subject;

(e) the latest notice, in terms of section 15 (2), if any, regarding the categories of records of the body which are available without a person having to request access in terms of this Act;

(f) a description of the services available to members of the public from the body and how to gain access to those services;

(g) a description of any arrangement or provision for a person (other than a public body referred to in paragraph (a) or (b) (i) of the definition of 'public body' in section 1) by consultation, making representations or otherwise, to participate in or influence :

          (i) the formulation of policy; or

          (ii) the exercise of powers or performance of duties, by the body;

(h) a description of all remedies available in respect of an act or a failure to act by the body; and

          (i) such other information as may be prescribed.

(2) A public body must, if necessary , update and publish its manual referred to in subsection (1) at intervals of not more than one year.

(3) Each manual must be made available as prescribed.

(4)

(a) If the functions of two or more public bodies are closely connected, the Minister may on request or of his or her own accord determine that the two or more bodies compile one manual only.

(b) The public bodies in question must share the cost of the compilation and making available of such manual as the Minister determines.

(5) For security, administrative or financial reasons, the Minister may, on request or of his or her own accord by notice in the Gazette, exempt any public body or category of public bodies from any provision of this section for such period as the Minister thinks fit,

 

15.- Voluntary disclosure and automatic availability of certain records

(I) The information officer of a public body referred to in paragraph (a) or (b) (i) of the definition of 'public body' in section 1, must, on a periodic basis not less frequently once each year, submit to the Minister a description of :

(a) the categories of records of the public body that are automatically available without a person having to request access in terms of this Act, including such categories available :

                                        (i) for inspection in terms of legislation other than this Act;

(ii) for purchase or copying from the body; and

(iii) from the body, free of charge; and

(b) how to obtain access to such records,

(2) On a periodic basis, not less frequently than once each year and at the cost of the relevant public body, the Minister must, by notice in the Gazette :

(a) publish every, description submitted in terms of subsection (1);or

(3) The only fee, payable (if any) for access to a record included in a notice in terms of subsection (2) is a prescribed fee for reproduction.

(4) The information officer of a public body may delete any part of a record contemplated in subsection (1)

(a) which, on a request for access, may or must be refused in terms of Chapter 4 of this Part,

(5) Section 11 and any other provisions in this Act related to that section do not apply to any category of records included in a notice in terms of subsection (2).

 

16.- Information in telephone directory

The Director :General of the national department responsible for government communications and information services must at that department's cost ensure the publication of the postal and street address, phone and fax number and, if available, electronic mail address of the information officer of every public body in every telephone directory issued for general use by the public as are prescribed.

 

CHAPTER 3.- MANNER OF ACCESS 

 

17.- Designation of deputy information officers, and delegation

(1) For the purposes of this Act, each public body must, subject to legislation governing the employment of personnel of the public body concerned, designate such number of persons as deputy information officers as are necessary to render the public body as accessible as reasonably possible for requesters of its records.

(2) The information officer of a public body has direction and control over every deputy information officer of that body.

(3) The information officer of a public body may delegate a power or duty conferred or imposed on that information officer by this Act to a deputy information officer of that public body.

(4) In deciding whether to delegate a power or duty in terms of subsection (3), the information officer must give due consideration to the need to render the public body as accessible as reasonably possible for requesters of its records.

(5) Any power or duty delegated in terms of subsection (3) must be exercised or performed subject to such conditions as the person who made the delegation considers necessary.

(6) Any delegation in terms of subsection (3) :

(a) must be in writing;

(b) does not prohibit the person who made the delegation from exercising the power concerned or performing the duty concerned himself or herself; and

(c) may at any time be withdrawn or amended in writing by that person.

(7) Any right or privilege acquired, or any obligation or liability incurred, as a result of a decision in terms of a delegation in terms of subsection (3) is not affected by any subsequent withdrawal or amendment of that decision.

 

18.- Form of requests

(1) A request for access must be made in the prescribed form to the information officer of the public body concerned at his or her address or fax number or electronic mail address.

(2) The form for a request of access prescribed for the purposes of subsection (I) must at least require the requester concerned :

(a) to provide sufficient particulars to enable an official of the public body concerned to identify :

           (i) the record or records requested; and

          (ii) the requester;

(b) to indicate which applicable form of access referred to in section 29 (2) is required;

(c) to state whether the record concerned is preferred in a particular language;

(d) to specify a postal address or fax number of the requester in the Republic;

(e) if, in addition to a written reply, the requester wishes to be informed of the decision on the request in any other manner, to state that manner and the necessary particulars to be so informed; and

(3)

(a) An individual who because of illiteracy or a disability is unable to make a request for access to a record of a public body in accordance with subsection (1), may make that request orally.

(b) The information officer of that body must reduce that oral request to writing in the prescribed form and provide a copy thereof to the requester.

 

19.- Duty to assist requesters

(1) If a requester informs the information officer of  :

(a) a public body that he or she wishes to make a request for access to a record of that public body; or

(b) a public body (other than a public body referred to in paragraph (a) or (b) (I) of the definition of ‘public body’ in section 1) that he or she wishes to make a request for access to a record of another public body, the information officer must render such reasonable assistance, free of charge, as if necessary to enable that requester to comply with section 18 (1).

(2) If a requester has made a request for access that does not comply with section 18 (1), the information officer concerned may not refuse the request because of that non :compliance unless the information officer has :

(a) notified that requester of an intention to refuse the request and stated in the notice –

          (i) the reasons for the contemplated refusal; and

(ii) that the information officer or another official identified by the information officer would assist that requester in order to make the request in a form that would remove the grounds for refusal;

(b) given the requester a reasonable opportunity to seek such assistance;

(c) as far as reasonably possible, furnished the requester with any information (including information about the records, other than information on the basis of which a request for access may or must be refused in terms of any provision of Chapter 4 of this Part held by the body which are relevant to the request) that would assist the making of the request in that form; and

(d) given the requester a reasonable opportunity to confirm the request or alter it to comply with section 18 (1).

(3) When computing any period referred to in section 25 (1), the period commencing on the date on which notice is given in terms of subsection (2) and ending on the date on which the person confirms of alters the request for access concerned must be disregarded.

(4) If it is apparent on receipt of a request for access that it should have been made to another public body, the information officer of the public body concerned must :

(a) render such assistance as it necessary to enable the person to make the request, to the information officer of the appropriate public body; or

(b) transfer the request in accordance with section 20 to the last :mentioned information officer, whichever will result in the request being dealt with earlier.

 

20.- Transfer of requests

(I) If a request for access is made to the information officer of a public body in respect of which :

(a) the record is not in the possession or under the control of that body but is in the possession of another public body;

(b) the record's subject matter is more closely connected with the functions of another public body than those of the public body of the information officer to whom the request is made; or

(c) the record contains commercial information contemplated in section 42 in which any other public body has a greater commercial interest, the information officer to whom the request is made must as soon as reasonably possible, but in any event within 14 days after the request is received :

(i) transfer the request to the information officer of the other public body or, if there is in the case of paragraph (c) more than one other public body having a commercial interest, the other public body with the greatest commercial interest; and

(ii) if the public body of the information officer to whom the request is made is in possession of the record and considers it helpful to do so to enable the information officer of the other public body to deal with the request, send the record or a copy of the record to that information officer .

(2) If a request for access is made to the information officer of a public body in respect of which :

(a) the record is not in the possession or under the control of the public body of that information officer and the information officer does not know which public body has possession or control of the record;

(b) the record's subject matter is not closely connected to the functions of the public body of that information officer and the information officer does not know whether the record is more closely connected with the functions of another public body than those of the public body of the information officer to whom the request is made; and

                    (c) the record :

                                        (i) was created by or for another public body; or

                                        (ii) was not so created by or for any public body, but was received first by another public body, the information officer to whom the request is made, must as soon as reasonably possible, but in any event within 14 days after the request is received, transfer the request to the information officer of the public body by or for which the record was created or which received it first, as the case may be.

(3) Subject to subsection (4), the information officer to whom a request for access is transferred, must give priority to that request in relation to other requests as if it were :received by him or her on the date it was received by the information officer who transferred the request.

(4) If a request for access is transferred, any period referred to in section 25 ( 1) must be computed from the date the request is received by the information officer to whom the request is transferred.

(5) Upon the transfer of a request for access, the information officer making the transfer must immediately notify the requester of :

(a) the transfer;

(b) the reasons for the transfer; and

(c) the period within which the request must be dealt with.

 

21.- Preservation of records until final decision on request

If the information officer of a public body has received a request for access to a record of the body, that information officer must take the steps that are reasonably necessary to preserve the record, without deleting any information contained in it, until the information officer has notified the requester concerned of his or her decision in terms of section 25 and :

(a) the periods for lodging an internal appeal, an application with a court or an appeal against a decision of that court have expired; or

          (b) that internal appeal application or appeal against a decision of that court or other legal proceedings in connection with the request has been finally determined, whichever is the later.

22.- Fees

(1) The information officer of a public body to whom a request for access is made, must by notice require the requester, other than a personal requester, to pay the prescribed request fee (if any), before further processing the request.

(2) If :

(a) the search for a record of a public body in respect of which a request for access by a requester, other than a personal requester, has been made; and

(b} the preparation of the record for disclosure (including any arrangements contemplated in section 29 (2) (a) and (b) (i) and (ii) (a) would, in the opinion of the information officer of the body, require more than the hours prescribed for this purpose for requesters, the information officer must by notice require the requester, other than a personal requester, to pay as a deposit the prescribed portion (being not more than one third) of the access fee which would be payable if the request is granted.

(3) The notice referred to in subsection (1) or (2) must state :

(a) the amount of the deposit payable in terms of subsection (2), if applicable;

(b) that the requester may lodge an internal appeal or an application with a court, as the case may be against the tender or payment of the request fee in terms of subsection (1) or the tender or payment of a deposit in terms of subsection (2), as the case may be; and

(c) the procedure (including the period) for lodging the internal appeal or application, as the case may be

(4) If a deposit has been paid in respect of a request for access which is refused the information officer concerned must repay the deposit to the requester.

(5) The information officer of a public body must withhold a record until the requester concerned has paid the applicable fees (if any).

(6) A requester whose request for access to a record of a public body has been granted must pay an access fee for reproduction and for search and preparation contemplated in subsection (7) (a) and (b), respectively, for any time reasonably required in excess of the prescribed hours to search for and prepare (including making any arrangements contemplated in section 29 (2) (a) and (b) (i) and (ii) (a) the record for disclosure.

(7) Access fees prescribed for the purposes of subsection (6) must provide for a reasonable access fee for :

(a) the cost of making a copy of a record, or of a transcription of the content of a record, as contemplated in section 29 (2) (a) and (b) (i), (ii) (b), (iii) and (v) and, if applicable, the postal fee; and

(b) the time reasonably required to search for the record and prepare (including making any arrangements contemplated in section 29 (2) (a) and (b) (i) and (ii) (aa)) the record for disclosure to the requester.

(8) The Minister may, by notice in the Gazette :

(a) exempt any person or category of persons from paying any fee referred to in this section;

(b) determine that any fee referred to in this section is not to exceed a certain maximum amount;

(c) determine the manner in which any fee referred to in this section is to be calculated; .

                    (d) determine that any fee referred to in this section does not apply to a category of records;

(e) exempt any person or record or category of persons or records for a stipulated period from any fee referred to in subsection (6); and

(f) determine that where the cost of collecting any fee referred to in this section exceeds the amount charged, such fee does not apply.

 

23. Records that cannot be found or do not exist

(I) If :

(a) all reasonable steps have been taken to find a record requested; and

(b) there are reasonable grounds for believing that the record :

(i) is in the public body's possession but cannot be found; or

                                        (ii) does not exist, the information officer of a public body must, by way of affidavit or affirmation, notify the requester that it is not possible to give access to that record.

 

(2) The affidavit or affirmation referred to in subsection (1) must give a full account of all steps taken to find the record in question or to determine whether the record exists, as the case may be, including all communications with every person who conducted the search on behalf of the information officer.

(3) For the purposes of this Act, the notice in terms of subsection (1) is to be regarded as a decision to refuse a request for access to the record.

(4) If, after notice is given in terms of subsection (1), the record in question is found, the requester concerned must be given access to the record unless access is refused on a ground for refusal contemplated in Chapter 4 of this Part.

 

24.- Deferral of access

                    (1) If the information officer of a public body decides to grant a request for access to a record, but that record :

(a) is to be published within 90 days after the receipt or transfer of the request or such further period as is reasonably necessary for printing and translating the record for the purpose of publishing it;

                                        (b) is required by law to be published but is yet to be published; or

(c) has been prepared for submission to any legislature or a particular person but is yet to be submitted, the information officer may defer giving access to the record for a reasonable period.

 (2) If access to a record is deferred in terms of subsection (1), the information officer must notify the requester concerned :

                   (a) that the requester may, within 30 days after that notice is given, make representations to the information officer why the record is required before such publication or submission; and

                                       (b) if the likely period for which access is to be deferred.

                    (3) If a requester makes representations in terms of subsection (2) (a), the information officer must, after due consideration of those representations, grant the request for access only if there are reasonable grounds for believing that the requester will suffer substantial prejudice if access to the record is deferred for the likely period referred to in subsection (2) (b).

 

25.- Decision on request and notice thereof

(1) The information officer to whom a request for access is made or transferred, must, subject to section 26 and Chapter 5 of this Part, as soon as reasonably possible, but in any event within 30 days, after the request is received :

                                        (a) decide in accordance with this Act whether to grant the request; and

(b) notify the requester of the decision and, if the requester stated, as contemplated in section 18 (2) (e), that he or she wishes to be informed of the decision in any other manner, inform him or her in that manner if it is reasonably possible.

                    (2) If the request for access is granted, the notice in terms of subsection (I) (b) must state :

(a) the access fee (if any) to be paid upon access;

(b) the form in which access will be given: and

(c) that the requester may lodge an internal appeal or an application with a court,

as the case may be, against the access fee to be paid or the form of access granted, and the procedure (including the period) for lodging the internal appeal or application, as the case may be.

(3) If the request for access is refused, the notice in terms of subsection (I) (b) must :

(a) state adequate reasons for the refusal, including the provisions of this Act relied upon:

                                        (b) exclude from such reasons, any reference to the content of the record; and

(c) state that the requester may lodge an internal appeal or an application with a court as the case may be against the refusal of the request, and the procedure (including the period) for lodging the internal appeal or application, as the case may be.

 

26.- Extension of period to deal with request

(1) The information officer to whom a request for access has been made or transferred, may extend the period of 30 days referred to in section 25 (1) (in this section referred to as the 'original period') once for a period of not more than 30 days, if :

(a) the request is for a large number of records or requires a search through a large number of records and compliance with the original period would unreasonably interfere with the activities of the public body concerned;

                                        (b) the request requires a search for records in, or collection thereof from, an office of the public body not situated in the same town or city as the office of the information officer that cannot   reasonably be completed within the original period;

(c) consultation among divisions of the public body or with another public body is necessary or desirable to decide upon the request that cannot reasonably be completed within the original period;

(d) more than one of the circumstances contemplated in paragraphs (a), (b) and (c) exist in respect of the request making compliance with the original period not reasonably possible; or

(e) the requester consents in writing to such extension.

(2) If a period is extended in terms of subsection (1), the information officer must, as soon as reasonably possible, but in any event within 30 days, after the request is received or transferred, notify the requester of that extension.

(3) The notice in terms of subsection (2) must state :

                                        (a) the period of the extension;

                                        (b) adequate reasons for the extension, including the provisions of this Act relied upon; and

(c) that the requester may lodge an internal appeal or an application with a court, as the case may be against the extension, and the procedure (including the period) for lodging the internal appeal or application, as the case may be.

 

27.- Deemed refusal of request

If an information officer fails to give the decision on a request for access to the requester concerned within the period contemplated in section 25 (I), the information officer is, for the purposes of this Act, regarded as having refused the request.

 

28.- Severability

(I) If a request for access is made to a record of a public body containing information which may or must be refused in terms of any provision of Chapter 4 of this Part, every part of the record which :

(a) does not contain; and

(b) can reasonably be severed from any part that contains, any such information must, despite any other provision of this Act, be disclosed.

(2) If a request for access to :

                    (a) a part of a record is granted; and

                    (b) the other part of the record is refused, as contemplated in subsection (1), the provisions of section 25 (2), apply to paragraph (a) of this section and the provisions of section 25 (3) to paragraph (b ) of this section.

 

29.- Access and forms of access

(1) If a requester has been given notice in terms of section 25 (1) that his or her request for access has been granted, that requester must, subject to subsections (3) and (9) and section 31 :

                                        (a) if an access fee is payable, upon payment of that fee; or

(b) if no access fee is payable, immediately, be given access in the applicable forms referred to in subsection (2) as the requester indicated in the request, and in the language contemplated in section 31.

(2) The forms of access to a record in respect of which a request of access has been granted, are the following:

(a) If the record is in written on printed form, by supplying a copy of the record or by making arrangements for the inspection of the record;

                                        (b) if the record is not in written or printed form :

(i) in the case of a record from which visual images or printed transcriptions of those images are capable of being reproduced by means of equipment which is ordinarily available to the public body concerned, by making arrangements to view those images or be supplied with copies or transcriptions of them;

(ii) in the case of a record in which words or information are recorded in such manner that they are capable of being reproduced in the form of sound by equipment which is ordinarily available to the public body concerned :

                                        (aa) by making arrangements to hear those sounds; or

(bb) if the public body is capable of producing a written or printed transcription of those sounds by the use of equipment which is ordinarily available to it, by supplying such a transcription;

(iii) in the case of a record which is held on computer, or in electronic or machine :readable form, and from which the public body concerned is capable of producing a printed copy of :

(a) the record, or a part of it; or

(b) information derived from the record, by using computer equipment and expertise ordinarily available to the public body, by supplying such a copy;

(iv) in the case of a record available or capable of being made available in computer readable form, by supplying a copy in that form; or

(v) in any other case by supplying a copy of the record.

(4) If a requester has requested access in a particular form, access must, subject to section 28 be given in that form unless to do so would :

                                                                                 (a) interfere unreasonably with the effective administration of the public body concerned;

                                                                                 (b) be detrimental to the preservation of the record; or

                                         (c) amount to an infringement of copyright not owned by the State of the public body concerned

                   (5) If a requester has requested access in a particular form and for a reason referred to in subsection (3) access in that form is refused but access is given in another form, the fee charged may not exceed what would have been charged if that requester had been given access in the form requested.

(6) If a requester with a disability is prevented by that disability from reading, viewing listening to the record concerned in the form in which it is held by the public body concerned,  the information officer of the body must, if that requester so requests, take reasonable steps to make the record available in a form in which it is capable of being read, viewed or heard by the requester.

(7) If a record is made available in accordance with subsection (5), the requester may not be required to pay an access fee which is more than the fee which he or she would have been  : required to pay but for the disability.

                    (8) If a record is made available in terms of this section to a requester for inspection, viewing or hearing, the requester may make copies of or transcribe the record using the requester's equipment, unless to do so would :

                                        (a) interfere unreasonably with the effective administration of the public body concerned;

                                        (b) be detrimental to the preservation of the record; or

(c) amount to an infringement of copyright not owned by the State or the public body concerned.

(9) If the supply to a requester of a copy of a record is required by this section, the copy ( must, if so requested, be supplied by posting it to him or her .

(10) If an internal appeal or an application to a court, as the case may be, is lodged against the granting of a request for access to a record, access to the record may be given only when the decision to grant the request is finally confirmed.

 

30.- Access to health or other records

(1) If the information officer who grants, in terms of section II, a request for access to a record provided by a health practitioner in his or her capacity as such about the physical or mental health, or well :being

(a) of the requester; or

(b) if the request has been made on behalf of the person to whom the record relates, of that person, (in this section, the requester and person referred to paragraphs (a) and (b), respectively, are referred to as the 'relevant person'), is of the opinion that the disclosure of the record to the relevant person might cause serious harm to his or her physical or mental health, or well :being, the information officer may, before giving access in terms of section 29, consult with a health practitioner who, subject to subsection (2), has been nominated by the relevant person.

                  (2) If the relevant person is :

                                        (a) under the age of 16 years, a person having parental responsibilities for the relevant person must make the nomination contemplated in subsection (I); or

(b) incapable of managing his or her affairs, a person appointed by the court to manage those affairs must make that nomination.

                 (3)

                                                            (a) If, after being given access to the record concerned, the health practitioner consulted in terms of subsection (I) is of the opinion that the disclosure of the record to the relevant person would be likely to cause serious harm to his or her physical or mental health, or well :being, the information officer may only give access to the record if the requester proves to the satisfaction of the information officer that adequate provision is made for such counselling or arrangements as are reasonably practicable before, during or after the disclosure of the record to limit, alleviate or avoid such harm to the relevant person.

                                                            (b) Before access to the record is so given to the requester, the person responsible for such counselling or arrangements must be given access to the record.

31.- Language of access

A requester whose request for access to a record of a public body has been granted must, if the record :

(a) exists in the language that the requester prefers, be given access in that language; or

                    (b) does not exist in the language so preferred or the requester has no preference or has not indicated a preference, be given access in any language the record exists in.

32.- Reports to Human Rights Commission

The information officer of each public body must annually submit to the Human Rights commission a report stating in relations to the public body :

(a) the number of requests for access received;

(b) the number of requests for access granted in full;

                    (c) the number of requests for access granted in terms of section 46;

                    (d) the number of requests for access refused in full and refused partially and the number of times each provision of this Act was relied on to refuse access in full or partial;

(e) the number of cases in which the periods stipulated in section 25 (I) were extended in terms of section 26 (I);

                    (g) the number of internal appeals lodged with the relevant authority and the number of cases in which, as a result of an internal appeal, access was given to a record; (12) the number of internal appeals which   were lodged on the ground that a request for access was regarded as having been refused in terms of section 27;

(i) the number of applications to a court which were lodged on the ground that an internal appeal was regarded as having been dismissed in terms of section 77 (7); and

                     j) such other matters as may be prescribed.

CHAPTER 4 .- GROUNDS FOR REFUSAL OF ACCESS TO RECORDS 

 

33.- Interpretation

                   (1) The information officer of a public body :

                                       (a) must refuse, a request for access to a record contemplated in section 34 (1),35 (1).36 ( I ).37 ( I) (a). 38 (a) 39 (I) (a), 40 or 43 (1);or

(b) may refuse a request for access to a record contemplated in section 37 (1) (b), 38 (b). 39 (I) (b). 41 ( I) (a) or (b), 42 (I} or (3),43 (2),44 (I) or (2) or 45, unless the provisions of section 46 apply.

(2) A provision of this Chapter in terms of which a request for access to a record must or may or may not be refused, may not be construed as :

                                       (a) limited in its application in any way by any other provision of this Chapter in terms of which a request for access to a record must or may or may not be refused: and

                                       (b) not applying to a particular record by reason that another provision of this Chapter in terms of which a request for access to a record must or may or may not be refused also applies to that record.

 

34.- Mandatory protection of privacy of third party who is natural person

(1) Subject to subsection (2) the information officer of a public body must refuse a request for access to a record of the body if its disclosure would involve the unreasonable disclosure of personal information about a third party, including a deceased individual.

(2) A record may not be refused in terms of subsection (1) insofar as it consists of information :

(a) about an individual who has consented in terms of section 48 or otherwise in  : writing to its disclosure to the requester concerned;

(b) that was given to the public body by the individual to whom it relates and the individual was informed by or on behalf of the public body, before it is given, that the information belongs to a class of information that would or might be made available to the public;

                     (c) already publicly available;

(d) about an individual’s physical or mental health, or well :being, who is under the care of the requester and who is :

                                            (i) under the age of 18 years; or

                        (ii) incapable of understanding the nature of the request, and if giving access would be in the individual's best interests;

                  (e) about an individual who is deceased and the requester is :

                                            (i) the individual’s next of kin; or

                                           (ii) making the request with the written consent of the individual’s next of kin; or

(f) about an individual who is or was an official of a public body and which relates to the position or functions of the individual, including, but not limited to :

                                           (i) the fact that the individual is or was an official of that public body;

                                          (ii) the title, work address, work phone number and other similar particulars of the individual;

                      (iii) the classification, salary scale or remuneration and responsibilities of the position held or services performed by the individual; and

                                         (iv) the name of the individual on a record prepared by the individual in the course of employment.

35.- Mandatory protection of certain records of South African Revenue Service

(1) Subject to subsection (2), the information officer of the South African Revenue Service, referred to in section 2 (3), must refuse a request for access to a record of that Service if it contains information which was obtained or is held by that Service for the purposes of enforcing legislation concerning the collection of revenue as defined in section 1 of the South African Revenue Service Act, 1997 (Act 34 of 1997).

(2) A record may not be refused in terms of subsection (1) insofar as it consists of information about the requester or the person on whose behalf the request is made.

 

36.- Mandatory protection of commercial information of third party

(1) Subject to subsection (2), the information officer of a public body must refuse a request for access to a record of the body if the record contains :

                                   (a) Trade secrets of a third party;

               (b financial, commercial, scientific or technical information, other than trade secrets, of a third party, the disclosure of which would be likely to cause to the commercial or financial interests of that third party; or

              (c) information supplied in confidence by a third party the disclosure of which could reasonably be expected :

                                          (i) to put that third party at a disadvantage in contractual or other negotiations; or

                                         (ii) to prejudice that third party in commercial competition.

                  (2) A record may not be refused in terms of subsection (1) insofar as it consists of information :

                                 (a) already publicly available;

             (b) about a third party who has consented in terms of section 48 or otherwise in writing to its disclosure to the requester concerned; or

             (c) about the results of any product or environmental testing or other investigation supplied by, carried out by or on behalf of a third party and its disclosure would reveal a serious public safety or environmental risk.

(3) For the purposes of subsection (2) (c), the results of any product or environmental testing or other investigation do not include the results of preliminary testing or other investigation conducted for the purpose of developing methods of testing or other investigation.

 

37.- Mandatory protection of certain confidential information, and protection of certain other confidential information, of third party

(1) Subject to subsection (2), the information officer of a public body :

(a) must refuse a request for access to a record of the body if the disclosure of the record would constitute an action for breach of a duty of confidence owed to a third party in terms of an agreement; or

(b ) may refuse a request for access to a record of the body if the record consists of information that was supplied in confidence by a third party :

(i) the disclosure of which could reasonably be expected to prejudice the future supply of similar information, or information from the same source: and

(ii) if it is in the public interest that similar information or information from the same source, should continue to be supplied.

(2) A record may not be refused in terms of subsection ( 1) insofar as it consists of information :

                    (a) already publicly available; or

(b) about the third party concerned that has consented in terms of section 48 or otherwise in writing to its disclosure to the requester concerned.

 

38.- Mandatory protection of safety of individuals, and protection of property

The information officer of a public body :

(a) must refuse a request for access to a record of the body if its disclosure could reasonably be expected to endanger the life or physical safety of an individual; or

(b) May refuse a request for access to a record of the body if its disclosure would be likey to prejudice or impair :

                                   (i) the security of :

                                  (aa) a building, structure or system, including, but not limited to, a computer or communication system;

                                                      (bb) a means of transport; or

                                                      (cc) any other property; or

                                 (ii) methods, systems, plans or procedures for the protection of :

                                                     (aa) an individual in accordance with a witness protection scheme;

                                                    (bb) the safety of the public, or any part of the public; or

                                                    (cc) the security of property contemplated in subparagraph (i) (aa), (bb) or (cc).

 

39.- Mandatoy protection of police dockets in bail proceedings, and protection of law enforcement and legal proceedings

(1) The information officer of a public body :

(a) must refuse a request for access to a record of the body if access to that record is prohibited in terms of section 60 (14) of the Criminal Procedure Act, 1977 (Act 51 of 1977); or

                    (b) may refuse a request for access to a record of the body if :

                             (i) the record contain; methods, techniques, procedures or guidelines for :

                 (aa) the prevention, detection, curtailment or investigation of a contravention or possible contravention of the law; or

                                     (bb) the prosecution of alleged offenders, and the disclosure of those methods, techniques, procedures or guidelines could reasonably be expected to prejudice the effectiveness of those methods, techniques, procedures or guidelines or lead to the circumvention of the law or facilitate the commission of an offence;

       (ii) the prosecution of an alleged offender is being prepared or about to commence or pending and the disclosure of the record could reasonably be expected :

                                     (aa) to impede that prosecution; or

                                     (bb) to result in a miscarriage of justice in that prosecution; or

                         (iii) the disclosure of the record could reasonably be expected :

                 (aa) to prejudice the investigation of a contravention or possible contravention of the law which is about to commence or is in progress or, if it has been suspended or terminated, is likely to be resumed;

                 (bb) to reveal, or enable a person to ascertain, the identity of a confidential source of information in relation to the enforcement or administration of the law;

                (cc) to result in the intimidation or coercion of a witness, or a person who might be or has been called as a witness, in criminal, proceedings or other proceedings to enforce the law;

               (dd) to facilitate the commission of a contravention of the law, including, but not limited to, subject to subsection (2), escape from lawful detention; or

                                   (ee) to prejudice or impair the fairness of a trial or the impartiality of an adjudication.

(2) A record may not be refused in terms of subsection (1 ) (b) (iii) (dd) insofar as it consists of information about the general conditions of detention of persons in custody.

(3)  (a) If a request for access to a record of a public body must or may be refused in terms of subsection (I) (a) or (b), or could, if it existed, be so refused, and the disclosure of the existence or non :existence of the record would be likely to cause the harm contemplated in subsection (1) (a) or (b), the information officer concerned may refuse to confirm or deny the existence or non :existence of the record. (b) If the information officer so refuses to confirm or deny the existence or non :existence of the record, the notice referred to in section 25 (3) must :

                    (i) state that fact,

(ii) identify the provision of subsection (1) (a) or (b) in terms of which access would have been refused if the record had existed;

(iii) state adequate reasons for the refusal, as required by section 25 (3), in so far as they can be given without causing the harm contemplated in any provision of subsection (I) (a) or (b); and

(iv) state that the requester concerned may lodge an internal appeal or an application with a court, as the case may be, against the refusal as required by section 25 (3).

 

40.- Mandatory protection of records privileged from production in legal proceedings

The information officer of a public body must refuse a request to a record of the body if the record is privileged from production in legal proceedings unless the person entitled to the privilege has waived the privilege.

 

41.- Defence, security and international relations of Republic

(1) The information officer of a public body may refuse a request for access to a record of the body if its disclosure :

     (a) could reasonably be expected to cause prejudice to :

          (i) the defence of the Republic:

          (ii) the security of the Republic: or

          (iii) subject to subsection (3), the international relations of the Republic; or

     (b) would reveal information :

           (i) supplied in confidence by or on behalf of another State or an international organisation:

          (ii) supplied by or on behalf of the Republic to another state or an international organisation in terms of an arrangement or international agreement, contemplated in section 231 of the Constitution, with that state or organisation which requires the information to be held in confidence; or

          (iii) required to be held in confidence by an international agreement or customary international law contemplated in section 231 or 232, respectively of the Constitution.

2) A record contemplated in subsection (I), without limiting the generality of that subsection. includes a record containing information :

     (a) relating to military tactics or strategy or military exercises or operations undertaken in preparation of hostilities or in connection with the detection, prevention, suppression or curtailment of subversive or hostile activities;

     (b) relating to the quantity , characteristics, capabilities, vulnerabilities or deployment of

(i) weapons or any other equipment used for the detection, prevention, suppression or curtailment of subversive or hostile activities; or

(ii) anything being designed, developed, produced or considered for use as weapons or such other equipment;

     (c) relating to the characteristics, capabilities, vulnerabilities, performance, potential, deployment or functions of :

                     (i) any military force, unit or personnel; or

 (ii) any body or person responsible for the detection, prevention, suppression or curtailment of subversive or hostile activities;

     (d) held for the purpose of intelligence relating to :

                    (i) the defence of the Republic;

                    (ii) the detection, prevention, suppression or curtailment of subversive or hostile activities; or

(iii) another state or an international organisation used by or on behalf of the Republic in the process of deliberation and consultation in the conduct of international affairs;

     (e) on methods of, and scientific or technical equipment for, collecting, assessing or handling information referred to in paragraph (d);

     (f) on the identity of a confidential source and any other source of information referred to in paragraph (d);

     (g) on the positions adopted or to be adopted by the Republic, another state or an international organisation for the purpose of present or future international negotiations; or

     (h) that constitutes diplomatic correspondence exchanged with another state or an international organisation or official correspondence exchanged with diplomatic missions or consular posts of the Republic.

(3) A record may not be refused in terms of subsection (1) (a) (iii) if it came into existence more than 20 years before the request.

(4)

     (a) If a request for access to a record of a public body may be refused in terms of subsection (I), or could, if it existed, be so refused, and the disclosure of the existence or non :existence of the record would be likely to cause the harm contemplated in any provision of subsection (I), the information officer concerned may refuse to confirm or deny the existence or non :existence of the record.

     (b) If the information officer so refuses to confirm or deny the existence or non :existence of the record, the notice referred to in section 25 (3) must :

                    (i) state that fact;

(ii) identify the provision of subsection (I) in terms of which access would .have been refused if the record had existed;

(iii) state adequate reasons for the refusal, as required by section 25 (3), in so far as they can be given without causing the harm contemplated in subsection (I); and

(iv) state that the requester may lodge an internal appeal or an application with a Court, as the case may be, against the refusal as required by section 25 (3).

 

42.- Economic interests and financial welfare of Republic and commercial activities of public bodies

(1) The information officer of a public body may refuse a request for access to a record of the body if its disclosure would be likely to materially jeopardise the economic interests or financial welfare of the Republic or the ability of the government to manage the economy of the Republic effectivelv in the best interests of the Republic.

(2) The information referred to in subsection ( I) includes, without limiting the generality of that subsection, information about :

     (a) a contemplated change in, or maintenance of, a policy substantially affecting the currency, coinage, legal tender, exchange rates or foreign investment;

     (b) a contemplated change in or decision not to change :

                    (i) credit or interest rates;

(ii) customs or excise duties, taxes or any other source of revenue;

(iii) the regulation or supervision of financial institutions;

                    (iv) government borrowing; or

                    (v) the regulation of prices of goods or services, rents or wages, salaries or other incomes; or

     (c) a contemplated :

                    (i) sale or acquisition of immovable or movable property; or

                    (ii) international trade agreement.

(3) Subject to subsection (5), the information officer of a public body may refuse a request for access to a record of the body if the record :

     (a) contains trade secrets of the State or a public body;

     (b) contains financial, commercial, scientific or technical information, other than trade secrets, the disclosure of which would be likely to cause harm to the commercial or financial interests of the State or a public body;

     (c) contains information. the disclosure of which could reasonably be expected.

                   (i) to put a public body at a disadvantage in contractual or other negotiations: or

                   (ii) to prejudice a public body in commercial competition; or

     (d) is a computer program, as defined in section 1 (1) of the Copyright Act, 1978 ( Act 98 of 1978 ), owned by the State or a public body, except insofar as it is required to give access to a record to which access is granted in terms of this Act.

(4) The information referred to in subsection (2) (c) (i) includes, without limiting the generality of that subsection, information about an agreement, or contemplated agreement, to transfer any interest in or right to shares in the capital of a public body to any person which is not a public body referred to in paragraph (a) or (b) (i) of the definition of ‘public body’.

(5) A record may not be refused in terms of subsection (3) insofar as it consists of information :

     (a) already publicly available;

     (b) about or owned by a public body, other than the public body to which the request is made, which has consented in writing to its disclosure to the requester concerned; or

     (c) about the results of any product or environmental testing or other investigation supplied by, carried out by or on behalf of a public body, and its disclosure would reveal a serious public safety or environmental risk.

(6) For the purposes of subsection (5) (c), the results of any product or environmental testing or other investigation do not include the results of preliminary testing or other investigation conducted for the purpose of developing methods of testing or other investigation.

(7) If a request for access to a record contemplated in subsection (5) (c) is granted and the testing or other investigation was carried out by or on behalf of the public body from which the record is requested, the information officer must at the same time as access to the record is given, provide the requester with a written explanation of the methods used in conducting the testing or other investigation.

 

43.- Mandatory protection of research information of third party and protection of research information of public body

(1) The information officer of a public body must refuse a request for access to a record of the body if the record contains information about research being or to be carried out by or on behalf of a third party, the disclosure of which would be likely to expose :

(a) the third party;

(b) a person that is or will be carrying out the research on behalf of the third party; or

(c) the subject matter of the research, to serious disadvantage.

(2) The information officer of a public body may refuse a request for access to a record of the body if the record contains information about research being or to be carried out by or on behalf of a public body, the disclosure of which would be likely to expose :

(a) the public body;

(b) a person that is or will be carrying out the research on behalf of the public body; or

(c) the subject matter of the research, to serious disadvantage.

 

44.- Operations of public bodies

(1) Subject to subsections (3) and (4), the information officer of a public body may refuse a request for access to a record of the body :

(a) if the record contains :

(i) an opinion, advice, report or recommendation obtained or prepared; or

(ii) an account of a consultation, discussion or deliberation that has occurred, including, but not limited to, minutes of a meeting, for the purpose of assisting to formulate a policy or take a decision in the exercise of a power or performance of a duty conferred or imposed by law; or

(b) if :

(i) the disclosure of the record could reasonably be expected to frustrate the deliberative process in a public body or between public bodies by inhibiting the candid :

(aa) communication of an opinion, advice, report or recommendation; or

(bb) conduct of a consultation, discussion or deliberation; or

(ii) the disclosure of the record could, by premature disclosure of a policy or contemplated policy, reasonably be expected to frustrate the success of that policy.

(2) Subject to subsection (4), the information officer of a public body may refuse a request for access to a record of the body if :

(a) the disclosure of the record could reasonably be expected to jeopardise the effectiveness of a testing, examining or auditing procedure or method used by a public body;

(b) the record contains evaluative material, whether or not the person who supplied it is identified in the record, and the disclosure of the material would breach an express or implied promise which was :

                                        (i) made to the person who supplied the material; and

(ii) to the effect that the material or the identity of the person who supplied it, or both, would be held in confidence; or

(c) the record contains a preliminary, working or other draft of an official of a public body.

(3) A record may not be refused in terms of subsection (I) if the record came into existence more than 20 years before the request concerned.

(4) A record may not be refused in terms of subsection (1) or (2) insofar as it consists of an account of, or a statement of reasons required to be given in accordance with section 5 of the Promotion of Administrative Justice Act, 2000.

 

45.- Manifestly frivolous or vexatious requests, or substantial and unreasonable diversion of resources

The information officer of a public body may refuse a request for access to a record of the body if :

          (a) the request is manifestly frivolous or vexatious; or

(b) the work involved in processing the request would substantially and unreasonably divert the resources of the public body.

 

46.- Mandatory disclosure in public interest

Despite any other provision of this Chapter, the information officer of a public body must grant a request for access to a record of the body contemplated in section 34 (1), 36 (1), 37 (1) (a) or (b). 38 (a) or (b). 39 (1) (a) or (h). 40, 41 (I) (a) or (b). 42 (1) or (3). 43 (1).or (2), 44 (1) or (2) or 45, if  :

                    (a) the disclosure of the record would reveal evidence of :

(i) a substantial contravention of, or failure to comply with, the law; or

(ii) an imminent and serious public safety or environmental risk; and

(b) the public interest in the disclosure of the record clearly outweighs the harm contemplated in the provision in question.

 

CHAPTER 5 .- THIRD PARTY NOTIFICATION AND INTERVENTION

 

47.- Notice to third parties

(1) The information officer of a public body considering a request for access to a record that might be a record contemplated in section 34 (1),35 (1),36 (1),37 (1) or 43 (1) must take all reasonable steps to inform a third party to whom or which the record relates of the request.

(2) The information officer must inform a third party in terms of subsection (1) :

(a) as soon as reasonably possible, but in any event, within 21 days after that request is received or transferred; and

(b) by the fastest means reasonably possible.

        (3) When informing a third party in terms of subsection (1), the information officer must :

(a) state that he or she is considering a request for access to a record that might be a record contemplated in section 34 (1), 35 (1), 36 (1), 37 (I) or 43 (I), as the case may be, and describe the content of the record;

                    (b) furnish the name of the requester;

(c) describe the provisions of section 34 (1), 35 (1 ), 36 (1 ), 37 (1) or 43 (1), as the case may be;

(d) in any case where the information officer believes that the provisions of section 46 might apply, describe those provisions, specify which of the circumstances referred to in section 46 (a) in the opinion of the information officer might apply and state the reasons why he or she is of the opinion that section 46 might apply; and

(e) state that the third party may, within 21 days after the third party is informed :

(i) make written or oral representations to the information officer why the request for access should be refused; or

(ii) give written consent for the disclosure of the record to the requester.

(4) If a third party is not informed orally of a request for access in terms of subsection (1), the information officer must give a written notice stating the matters referred to in subsection (3) to the third party.

 

48.- Representations and consent by third parties

(1) A third party that is informed in terms of section 47 (1) of a request for access, may, within 21 days after the third party has been informed :

(a) make written or oral representations to the information officer concerned why the request should be refused; or

                    (b) give written consent for the disclosure of the record to the requester concerned.

(2) A third party that obtains knowledge about a request for access other than in terms of section 47 (1) may :

(a) make written or oral representations to the information officer concerned why the request should be refused; or

(b) give written consent for the disclosure of the record to the requester concerned.

 

49.- Decision on representations for refusal and notice thereof

(1) The information officer of a public body must, as soon as reasonably possible, but in any event within 30 days after every third party is informed as required by section 47 :

(a) decide, after giving due regard to any representations made by a third party in terms of section 48, whether to grant the request for access; and

(b) notify the third party so informed and a third party not informed in terms of section 47 (1), but that made representations in terms of section 48 or is located before the decision is taken, of the decision.

(2) If, after all reasonable steps have been taken as required by section 47 (1), a third party is not informed of the request in question and the third party did not make any representations in terms of section 48, any decision whether to grant the request for access must be made with due regard to the fact that the third party did not have the opportunity to make representations in terms of section 48 why the request should be refused.

         (3) If the request for access is granted, the notice in terms of subsection (I) (b) must state :

                    (a) adequate reasons for granting the request, including the provisions of this Act relied upon;

(b) that the third party may lodge an appeal or an application, as the case may be, against the decision within 30 days after notice is given, and the procedure for lodging the internal appeal or application, as the case may be; and

(c) that the requester will be given access to the record after expiry of the applicable period contemplated in paragraph (b), unless such internal appeal or application with a court is lodged within that period,

       (4) If the information officer of a public body decides in terms of subsection (1) to grant the request for access concerned, he or she must give the requester access to the record concerned after the expiry of 30 days after notice is given in terms of subsection (1) (b), unless an internal appeal or an application with a court, as the case may be, is lodged against the decision within that period,

PART 3.- ACCESS TO RECORDS OF PRIVATE BODIES

 

CHAPTER l.- RIGHT OF ACCESS

 

50.- Right of access to records of private bodies

(1) A requester must be given access to any record of a private body if :

                    (a) that record is required for the exercise or protection of any rights;

(b) that person complies with the procedural requirements in this, Act relating to a request for access to that record: and

(c) access to that record is not refused in terms of any ground for refusal contemplated in Chapter 4 of this Part.

(2) In addition to the requirements referred to in subsection (1), when a public body, referred to in paragraph (a) or (b) (i) of the definition of 'public body' in section 1, requests access to a record of a private body for the exercise or protection of any rights, other than its rights, it must be acting in the public interest.

(3) A request contemplated in subsection ( 1) includes a request for access to a record containing personal information about the requester or the person on whose behalf the request is made.

 

CHAPTER 2 .- PUBLICATION AND AVAILABILITY OF CERTAIN RECORDS

 

51.- Manual

(1) Within six months after the commencement of this section or the coming into existence of the private body concerned the head of a private body must compile a manual containing :

(a) the postal and street address, phone and fax number and, if available, electronic mail address of the head of the body;

                    (b) a description of the guide referred to in section 10, if available, and how to obtain access to it;

(c) the latest notice in terms of section 52 (2), if any, regarding the categories of record of the body which are available without a person having to request access in terms of this Act;

                   (d) a description of the records of the body which are available in accordance with any other legislation;

(e) sufficient detail to facilitate a request for access to a record of the body, a description of the subjects on which the body holds records and the categories of records held on each subject; and

                   (f) such other information as may be prescribed.

(2) The head of a private body must on a regular basis update the manual referred to in subsection (1).

(3) Each manual must be made available as prescribed.

(4) For security, administrative or financial reasons, the Minister may, on request or of his or her own accord. by notice in the Gazette, exempt any private body or category of private bodies from any provision of this section for such period as the Minister thinks fit.

 

52.- Voluntary disclosure and automatic availability of certain records

(1) The head of a private body may, on a voluntary and periodic basis, submit to the Minister a description of :

(a) the categories of records of the private body that are automatically available without a person having to request access in terms of this Act, including such categories available :

(i) for inspection in terms of legislation other than this Act;

(ii) for purchase or copying from the private body;

(iii) from the private body free of charge; and

                    (b) how to obtain access to such records.

(2) If appropriate the Minister must, on a periodic basis and by notice in the Gazette :

(a) publish any description so submitted; and

(b) update any description so published.

(3) The only fee payable (if any) for access to a record described in a list so published is a prescribed fee for reproduction.

(4) The head of a private body may delete any part of a record contemplated in subsection (1) ( a) which, on a request for access, may or must be refused in terms of Chapter 4 of this Part.

(5) Section 50 and any other provisions in this Act related to that section do not apply to any category of records included in a notice in terms of subsection (2).

 

CHAPTER 3.- MANNER OF ACCESS

 

53.- Form of request

(1) A request for access to a record of a private body must be made in the prescribed form to the private body concerned at its address, fax number or electronic mail address.

(2) The form for a request for access prescribed for the purposes of subsection (I) must at least require the requester concerned :

     (a) to provide sufficient particulars to enable the head of the private body concerned to identify :

(i) the record or records requested; and

(ii) the requester;

     (b) to indicate which form of access is required;

     (c) to specify a postal address or fax number of the requester in the Republic;

     (d) to identify the right the requester is seeking to exercise or protect and provide an explanation of why the requested record is required for the exercise or protection of that right;

     (e) if, in addition to a written reply, the requester wishes to be informed of the decision on the request in any other manner, to state that manner and the necessary particulars to be so informed; and

     (f) if the request is made on behalf of a person, to submit proof of the capacity in which the requester is making the request, to the reasonable satisfaction of the head.

 

54.- Fees

(1) The head of a private body to whom a request for access is made must by notice require the requester, other than a personal requester, to pay the prescribed request fee (if any), before further processing the request.

(2) If :

(a) the search for a record of a private body in respect of which a request for access by a requester other than a personal requester, has been made; and

(b) the preparation of the record for disclosure (including any arrangements contemplated in section 29 (2) (a) and (b) (i) and (ii) (aa)), would, in the opinion of the head of the private body concerned, require more than the hours prescribed for this purpose for requesters the head must by notice require the requester, other than a personal requester to pay as a deposit the prescribed portion (being not more than one third) of the access fee which would be payable if the request is granted.

(3) The notice referred to in subsection ( I) or (2) must state :

                    (a) the amount of the deposit payable in terms of subsection (2), if applicable;

(b) that the requester may lodge an application with a court against the tender or payment of the request fee in terms of subsection (1), or the tender or payment of a deposit in terms of subsection (2) as the case may be; and

(c) the procedure (including the period) for lodging the application.

(4) If a deposit has been paid in respect of a request for access which is refused, the head of the private body concerned must repay the deposit to the requester.

(5) The head of a private body may withhold a record until the requester concerned has paid the applicable fees (if any).

(6) A requester whose request for access to a record of a private body has been granted must pay an access fee for reproduction and for search and preparation contemplated in subsection (7) (a) and (b), respectively, for any time reasonably required in excess of the prescribed hours to search for and prepare (including making any arrangements contemplated in section 29 (2) (a) and (b) (i) and (ii) (aa)) the record for disclosure.

(7) Access fees prescribed for the purposes of subsection (6) must provide for a reasonable access fee for :

(a) the cost of making a copy of a record, or of a transcription of the content of a record, as contemplated in section 29 (2) (a) and (b) (i), (ii) (bb), (iii) and (v) and, if applicable, the postal fee; and

(b) the time reasonably required to search for the record and prepare (including making any arrangements contemplated in section 29 (2) (a) and (b) (i) and (ii) (aa)) the record for disclosure to the requester.

(8) The Minister may, by notice in the Gazette :

                    (a) exempt any person or category of persons from paying any fee referred to in this section;

                    (b) determine that any fee referred to in this section is not to exceed a certain maximum amount;

                    (c) determine the manner in which any fee referred to in this section is to be calculated;

                    (d) determine that any fee referred to in this section does not apply to a category of records;

(e) exempt any person or record or category of persons or records for a stipulated period from any fee referred to in subsection (6); and

(f) determine that where the cost of collecting any fee referred to in this section exceeds the amount charged, such fee does not apply.

 

55.- Records that cannot be found or do not exist

(I) If :

(a) all reasonable steps have been taken to find a record requested; and

(b) there are reasonable grounds for believing that the record :

                                        (i) is in the private body's possession but cannot be found; or

(ii) does not exist, the head of a private body must, by way of affidavit or affirmation, notify the requester that it is not possible to give access to that record.

(2) The affidavit or affirmation referred to in subsection (1) must give a full account of all steps taken to find the record in question or to determine whether the record exists, as the case may be, including all communications with every person who conducted the search on behalf of the head.

(3) For the purposes of this Act, the notice in terms of subsection (1) is to be regarded as a decision to refuse a request for access to the record concerned.

(4) If, after notice is given in terms of subsection (1), the record in question is found, the requester concerned must be given access to the record unless access is refused on a ground for refusal contemplated in Chapter 4 of this Part.

 

56.- Decision on request and notice thereof

(1) Subject to Chapter 5 of this Part, the head of the private body to whom the request is made must, as soon as reasonably possible, but in any event within 30 days, after the request has been received or after the particulars required in terms of section 53 (2) have been received :

                    (a) decide in accordance with this Act whether to grant the request; and

(b) notify the requester of the decision and, if the requester stated, as contemplated in section 53 (2) (e), that he or she wishes to be informed of the decision in any other manner, inform him or her in that manner if it is reasonably possible.

(2) If the request for access is granted, the notice in terms of subsection (I) (b) must state :

(a) the access fee (if any) to be paid upon access;

                    (b) the form in which access will be given; and

(c) that the requester may lodge an application with a court against the access fee to be paid or the form of access granted, and the procedure for lodging the application.

(2) If the request for access is refused, the notice in terms of subsection (1) (b) must :

                    (a) State adequate reasons for the refusal, including the provisions of this Act relied on;

(b) exclude, from any such reasons, any reference to the content of the record; and

(c) state that the requester may lodge an application with a court against the refusal of the request, and the procedure (including the period) for lodging the application.

 

57.- Extension of period to deal with request

( I) The head of a private body to whom a request for access has been made, may extend the period of 30 days referred to in section 56 (I) (in this section referred to as the 'original period') once for a further period of not more than 30 days, if :

(a) the request is for a large number of records or requires a search through a large number of records and compliance with the original period would unreasonably interfere with the activities of the private body concerned;

(b) the request requires a search for records in, or collection thereof from, an office of the private body not situated in the same town or city as the office of the head that cannot reasonably be completed within the original period;

(c) consultation among divisions of the private body or with another private body is necessary, or desirable to decide upon the request that cannot reasonably be completed within the original period;

(d) more than one of the circumstances contemplated in paragraphs (a), (b) and (c) exist in respect of the request making compliance with the original period not reasonably possible: or

          (e) the requester consents in writing to such extension.

(2) If a period is extended in terms of subsection ( I ), the head of the private body must, as soon as reasonably possible, but in any event within 30 days, after the request is received, notify the requester of that extension, the period of the extension and the reasons for the extension

(3) The notice in terms of subsection (2) must state :

                                        (a) the period of the extension;

                                        (b) adequate reasons for the extension, including the provisions of this Act relied upon; and

c) that the requester may lodge an application with a court against the extension, and the procedure (including the period) for lodging the application.

 

58.- Deemed refusal of request

If the head of a private body fails to give the decision on a request for access to the requester concerned within the period contemplated in section 56 (I), the head of the private bodies, for the purposes of this Act, regarded as having refused the request.

 

59.- Severability

(I) If a request for access is made to a record of a private body containing information which may or must be refused in terms of any provision of Chapter 4 of this Part, every part of the record which :

                                       (a) does not contain; and

(b) can reasonably be severed from any part that contains, any such information must, despite any other provision of this Act, be disclosed.

(2) If a request for access to :

                                       (a) a part of a record is granted; and

                                       (b) the other part of the record is refused, as contemplated in subsection (I), the provisions of section 56 (2) apply to paragraph (a) of this section and the provisions of section 56 (3) to paragraph (b) of this section.

 

60.- Form of access

If access is granted to a record of a private body, the head of that body must, as soon as reasonably possible after notification in terms of section 56, but subject to section 57, give access in

(a) such form as the requester reasonably requires; or

(b) if no specific form of access is required by the requester, such form as the head reasonably determines.

 

61.- Access to health or other records

(I) If the head of a private body who grants, in terms of section 50, a request for access to a record provided by a health practitioner in his or her capacity as such about the physical or mental health, or well :being :

                                        (a) of the requester; or

(b) if the request has been made on behalf of the person to whom the record relates, of that person, (in this section, the requester and person referred to paragraphs (a) and (b), respectively, are referred to as the 'relevant person'), is of the opinion that the disclosure of the record to the relevant person might cause serious harm to his or her physical or mental health, or well :being, the information officer may, before giving access in terms of section 60, consult with a health practitioner who, subject to subsection (2), has been nominated by the relevant person.

(2) If the relevant person is :

(a) under the age of 16 years, a person having parental responsibilities for the relevant person must make the nomination contemplated in subsection (1); or

(b) incapable of managing his or her affairs, a person appointed by the court to manage those affairs must make that nomination.

(3)

(a) If, after being given access to the record concerned, the health practitioner consulted in terms of subsection ( 1) is of the opinion that the disclosure of the record to the relevant person, would be likely to cause serious harm to his or her physical or mental health, or well :being, the head may only give access to the record if the requester proves to the satisfaction of the head that adequate provision is made for such counselling or arrangements as are reasonably practicable before, during or after the disclosure of the record to limit, alleviate or avoid such harm to the relevant person.

(b) Before access to the record is so given to the requester, the person responsible for such counselling or arrangements must be given access to the record.

 

CHAPTER 4 .- GROUNDS FOR REFUSAL OF ACCESS TO RECORDS

 

62.- Interpretation

A provision of this Chapter in terms of which a request for access to a record must or may or may not be refused, must not be construed as :

(a) limited in its application in any way by any other provision of this Chapter in terms of which a request for access to a record must or may or may not be refused; and

                                        (b) not applying to a particular record by reason that another provision of this

Chapter in terms of which a request for access to a record must or may or may not be refused, also applies to that record

 

63.- Mandatory protection of privacy of third party who is natural person

(1) Subject to subsection (2), the head of a private body must refuse a request for access to a record of the body if its disclosure would involve the unreasonable disclosure of personal information about a third party, including a deceased individual.

(2) A record may not be refused in terms of subsection (1) insofar as it consists of information :

                                       (a) about an individual who has consented in terms of section 72 or otherwise in writing to its disclosure to the requester concerned;

                                       (b) already publicly available:

(c) that was given to the private body by the individual to whom it relates and the individual was informed by or on behalf of the private body, before it is given, that the information belongs to a class of information that would or might be made available to the public;

(d) about an individual's physical or mental health, or well :being, who is under the care of the requester and who is :

                                        (i) under the age of 18 years; or

(ii) incapable of understanding the nature of the request, and if giving access would be in the individual's best interests;

                                      (e) about an individual who is deceased and the requester is :

                                        (i) the individual's next of kin; or

                                       (ii) making the request with the written consent of the individual's next of kin: or

                                      (f) about an individual who is or was an official of a private body and which relates to the position or functions of the individual, including, but not limited to :

                                        (i) the fact that the individual is or was an official of that private body;

(ii) the title, work address, work phone number and other similar particulars of the individual;

(iii) the classification, salary scale or remuneration and responsibilities of the position held or services performed by the individual; and

(iv) the name of the individual on a record prepared by the individual in the course of employment.

 

64.- Mandatory protection of commercial information of third party

(1) Subject to subsection (2), the head of a private body must refuse a request for access to a record of the body if the record contains :

                                       (a) trade secrets of a third party;

(b) financial, commercial, scientific or technical information, other than trade secrets, of a third party , the disclosure of which would be likely to cause harm to the commercial or financial interests of that third party; or

(c) information supplied in confidence by a third party, the disclosure of which could reasonably be expected :

(i) to put that third party at a disadvantage in contractual or other negotiations; or

                                        (ii) to prejudice that third party in commercial competition.

(2) A record may not be refused in terms of subsection (I) insofar as it consists of information about :

(a) a third party who has consented in terms of section 72 or otherwise in writing to its disclosure to the requester concerned;

(b) the results of any product or environmental testing or other investigation supplied by, carried out by or on behalf of a third party and its disclosure would reveal a serious public safety or environmental risk.

(3) For the purposes of subsection (2) (b), the results of any product or environmental testing or other investigation do not include the results of preliminary testing or other investigation conducted for the purpose of developing methods of testing or other investigation.

 

65.- Mandatory protection of certain confidential information of third party

The head of a private body must refuse a request for access to a record of the body if its disclosure would constitute an action for breach of a duty of confidence owed to a third party in terms of an agreement.

 

66.- Mandatory protection of safety of individuals, and protection of property

The head of a private body :

(a) must refuse a request for access to a record of the body if its disclosure could reasonably be expected to endanger the life or physical safety of an individual; or

(b) may refuse a request for access to a record of the body if its disclosure would be likely to prejudice or impair :

(i) the security of :

(aa) a building, structure or system, including, but not limited to, a computer or communication system;

                                        (bb) a means of transport; or

                                        (cc) any other property; or

(ii) methods, systems, plans or procedures for the protection of :

                                        (aa) an individua1 in accordance with a witness protection scheme;

                                        (bb) the safety of the public, or any part of the public; or

(cc) the security of property contemplated in subparagraph (i) (aa), (bb) or (cc).

 

 

67.- Mandatory protection of records privileged from production in legal proceedings

The head of a private body must refuse a request for access to a record of the body if the record is privileged from production in legal proceedings unless the person entitled to the privilege has waived the privilege.

 

68.- Commercial information of private body

(1) Subject to subsection (2), the head of a private body may refuse a request for access to a record of the body if the record :

                                      (a) contains trade secrets of the private body;

(b) contains financial, commercial, scientific or technical information, other than trade secrets, of the private body, the disclosure of which would be likely to cause harm to the commercial or financial interests of the body;

                                        (c) contains information, the disclosure of which could reasonably be expected :

(i) to put the private body at a disadvantage in contractual or other negotiations; or

                                        (ii) to prejudice the body in commercial competition; or

(d) is a computer program. as defined in section I (I) of the Copyright Act 1978 (Act 98 of 1978) owned by the private body, except insofar as it is required to give access to a record to which access is granted in terms of this Act.

(2) A record may not be refused in terms of subsection (1) insofar as it consists of information about the results of any product or environmental testing or other investigation supplied by, carried out by or on behalf of the private body and its disclosure would reveal a serious public safety or environmental risk.

(3) For the purposes of subsection (2) the results of any product or environmental testing or other investigation do not include the results of preliminary testing or other investigation conducted for the purpose of developing methods of testing or other investigation.

 

69.- Mandatory protection of research information of third party, and protection of research information of private body

(1) The head of a private body must refuse a request for access to a record of the body if the record contains information about research being or to be carried out by or on behalf of a third party, the disclosure of which would be likely to expose :

                                       (a) the third party;

(b) a person that is or will be carrying out the research on behalf of the third party; or

                                        (c) the subject matter of the research, to serious disadvantage.

                     (2) The head of a private body may refuse a request for access to a record of the body if the record contains information about research being or to be carried out by or on behalf of the private body the disclosure of which would be likely to expose :

                                        (a) the private body;

(b) a person that is or will be carrying out the research on behalf of the private body; or

                    (c) the subject matter of the research, to serious disadvantage.

 

70.- Mandatory disclosure in public interest

Despite any other provision of this Chapter, the head of a private body must grant a request for access to a record of the body contemplated in section 63 (1),64 (1),65,66 (a) or (b), 67,68 (1) or 69 (1) or (2) if :

(a) the disclosure of the record would reveal evidence of :

(i) a substantial contravention of, or failure to comply with, the law; or

(ii) imminent and serious public safety or environmental risk; and contemplated in the provision in question

(b) the public interest in the disclosure of the record clearly outweighs the harm

.

CHAPTER 5 .- THIRD PARTY NOTIFICATION AND INTERVENTION 

 

71.- Notice to third parties

(1) The head of a private body considering a request for access to a record that might be a record contemplated in section 63 (1), 64 (1), 65 or 69 (1), must take all reasonable steps to inform a third party to whom or which the record relates of the request.

(2) The head must inform a third party in terms of subsection (1) :

(a) as soon as reasonably possible, but in any event within 21 days after that request is received; and

                                        (b) by the fastest means reasonably possible.

(3) When informing a third party in terms of subsection (1), the head must :

(a) state that he or she is considering a request for access to a record that might be a record contemplated in section 63 (1),64 (1),65 or 69(1), as the case may be, and describe the content of the record; ,

(b) furnish the name of the requester;

(c) describe the provisions of section 63 (1), 64 (1), 65 or 69 (1), as the case may be

(d) in any case where the head believes that the provisions of section 70 might apply, describe those provisions, specify which of the circumstances referred to in section 70 (a) in the opinion of the head might apply and state the reasons why he or she is of the opinion that section 70 might apply; and

(e) state that the third party may, within 21 days after the third party is informed :

(i) make written or oral representations to the head why the request for access should be refused; or

                                       (ii) give written consent for the disclosure of the record to the requester.

(4) If a third party is informed orally of a request for access in terms of subsection (1), the head must give a written notice stating the matters referred to in subsection (3) to the third party.

 

72.- Representations and consent by third parties

                                      (I) A third party that is informed in terms of section 71 (1) of a request for access, may, within 21 days after being so informed :

(a) make written or oral representations to the head concerned why the request should be refused; or

                                        (b) give written consent for the disclosure of the record to the requester concerned.

(2) A third party that obtains knowledge about a request for access other than in terms of section 71(l) may :

(a) make written or oral representations to the head concerned why the request should be refused; or

(b) give written consent for the disclosure of the record to the requester concerned.

 

73.- Decision on representations for refusal and notice thereof

(1) The head of a private body must, as soon as reasonably possible, but in any event within 30 days after every third party is informed as required by section 71 :

(a) decide, after giving due regard to any representations made by a third party in terms of section 72, whether to grant the request for access; and

(b) notify the third party so informed and a third party not informed in terms of section 71, but that made representations in terms of section 72 or is located before the decision is taken, of the decision.

(2) If, after all reasonable steps have been taken as required by section 71, a third party is not informed of a request, any decision whether to grant the request for access must be made with due regard to the fact that the third party did not have the opportunity to make representations in terms of section 72 why the request should be refused.

(3) If the request is granted, the notice in terms of subsection (1) (b) must state :  :

                                       (a) adequate reasons for granting the request, including the provisions of this Act relied upon to justify the granting;

(b) that the third party may lodge an application with a court against the decision of the head within 30 days after notice is given, and the procedure for lodging the application; and

                                       (c) that the requester will be given access to the record after the expiry of the applicable period contemplated in paragraph (b), unless an application with a court is lodged within that period.

(4) If the head of the private body decides in terms of subsection (1) to grant the request for access concerned he or she must give the requester access to the record concerned after the expiry of 30 days after notice is written in terms of subsection (1) (b), unless an application with a court is lodged against the decision within that period.

 

PART 4 .- APPEALS AGAINST DECISIONS

 

CHAPTER l .- INTERNAL APPEALS AGAINST DECISIONS OF INFORMATION OFFICERS OF CERTAIN PUBLIC BODIES

 

74.- Right of internal appeal to relevant authority

(1) A requester may lodge an internal appeal against a decision of the information officer of a public body referred to in paragraph (a) of the definition of 'public body' in section 1 :

(a) to refuse a request for access; or

                    (b) taken in terms of section 22,26 (I) or 29 (3), in relation to that requester with the relevant authority.

(2) A third party may lodge an internal appeal against a decision of the information officer of a public body referred to in paragraph (a) of the definition of ‘public body’ in section I to grant a request for access.

 

75.- Manner of internal appeal, and appeal fees

(I) An internal appeal :

                   (a) must be lodged in the prescribed form :

                                  (i) within 60 days;

              (ii) if notice to a third party is required by section 49 (I) (b), within 30 days after notice is given to the appellant of the decision appealed against or, if notice to the appellant is not required, after the decision was taken;

(b) must be delivered or sent to the information officer of the public body concerned at his or her address, fax number or electronic mail address;

(c) must identify the subject of the internal appeal and state the reasons for the internal appeal and may include any other relevant information known to the appellant:

(d) if, in addition to a written reply, the appellant wishes to be informed of the decision on the internal appeal in any other manner, must state that manner and provide the necessary particulars to be so informed;

                    (e) if applicable, must be accompanied by the prescribed appeal fee referred to in subsection (3): and

                    (f) must specify a postal address or fax number.

(2)

(a) If an internal appeal is lodged after the expiry of the period referred to in subsection ( 1) (a, the relevant authority must, upon good cause shown, allow the late lodging of the internal appeal.

(b) If that relevant authority disallows the late lodging of the internal appeal, he or she must give notice of that decision to the person that lodged the internal appeal.  

(3)

                    (a) A requester lodging an internal appeal against the refusal of his or her request for access must pay the prescribed appeal fee (if any).

                    (b) If the prescribed appeal fee is payable in respect of an internal appeal, the decision on the internal appeal may be deferred until the fee is paid

(4) As soon as reasonably possible, but in any event within 10 working days after receipt of an internal appeal in accordance with subsection ( I ), the information officer of the public body concerned must submit to the relevant authority :

                   (a) the internal appeal together with his or her reasons for the decision concerned; and .

(b) if the internal appeal is against the refusal or granting of a request for access, the name, postal address, phone and fax number and electronic mail address, whichever is available, of any third party that must be notified in terms of section 47 (I) of the request.

 

76.- Notice to and representations by other interested persons

(1) If a relevant authority is considering an internal appeal against the refusal of a request for access to a record contemplated in section 34 (1),35 (1),36 (1),37 (I) or 43 (I), the authority must inform the third party to whom or which the record relates of the internal appeal, unless all necessary steps to locate the third party have been unsuccessful.

(2) The relevant authority must inform a third party in terms of subsection (I) :

(a) as soon as reasonably possible, but in any event within 30 days after the receipt of the internal appeal; and

                    (b) by the fastest means reasonably possible. (

3) When informing a third party in terms of subsection (I), the relevant authority must :

(a) state that he or she is considering an internal appeal against the refusal of a request for access to a record contemplated in section 34 (1),35 (1),36 (1),37 (I) or 43 (I), as the case may be, and describe the content of the record and the provisions of section 34 (1),35 (1),36 (1),37 (I) or 43 (I), as the case may be;

                    (b) furnish the name of the appellant;

(c) in any case where that authority believes that the provisions of section 46 might apply, describe those provisions, specify which of the circumstances referred to in section 46 (a) in the opinion of the head might apply and state the reasons why he or she is of the opinion that section 46 might apply; and

(d) state that the third party may, within 21 days after the third party is informed, make written representations to that authority why the request for access should not be granted.

(4) If a third party is informed orally of an internal appeal in terms of subsection ( I ), the relevant authority must, on request, give a written notice stating the matters referred to in subsection (3) to the third party.

(5) A third party that is informed of an internal appeal in terms of subsection (I), may within 21 days after the third party has been informed, make written representations to the relevant authority why the request for access should not be granted.

(6) A third party that obtains knowledge about an internal appeal other than in terms of subsection (1) may :

                   (a) make written or oral representations to the relevant authority why the request for access should be refused; or

                    (b) give written consent for the disclosure of the record to the requester concerned.

(7) If the relevant authority is considering an internal appeal against the granting of a request for access, the authority must give notice of the internal appeal to the requester concerned.

(8) The relevant authority must :

(a) notify the requester concerned in terms of subsection (7) as soon as reasonably possible, but in any event within 30 days after the receipt of the internal appeal: and

(b) state in that notice that the third party may within 21 days after notice is given, make written representations to that authority why that request should be granted.

(9) A requester to whom or which notice is given in terms of subsection (7) may within 21 days after that notice is given, make written representations to the relevant authority why the request for access should be granted.

 

 77.- Decision on internal appeal and notice thereof

(1) The decision on an internal appeal must be made with due regard to :

                    (a) the particulars stated in the internal appeal in terms of section 75 (I) (c);

(b) any reasons submitted by the information officer in terms of section 75 (4) (a);

(c) any representations made in terms of section 76 (5), (6) or (9); and

(d) if a third party cannot be located as contemplated in section 76 ( I ), the fact that the third party did not have the opportunity to make representations in terms of section 76 (5) why the internal appeal should be dismissed.

(2) When deciding on the internal appeal the relevant authority may confirm the decision appealed against or substitute a new decision for it.

(3) The relevant authority must decide on the internal appeal :

(a) as soon as reasonably possible, but in any event within 30 days after the internal appeal is received by the information officer of the body;

(b) if a third party is informed in terms of section 76 (1 ), as soon as reasonably possible, but in any event within 30 days; or

                    (c) if notice is given in terms of section 76 (7) :

     (i) within five working days after the requester concerned has made written representations in terms of section 76 (9); or

                        (ii) in any other case within 30 days after notice is so given.

(4) The relevant authority must, immediately after the decision on an internal appeal :

                    (a) give notice of the decision to :

                                                 (i) the appellant;

                                                 (ii) every third party informed as required by section 76 (I); and

                                                (iii) the requester notified as required by section 76 (7); and

(b) if reasonably possible, inform the appellant about the decision in any other manner stated in terms of section 75 ( I) ( d).

(5) The notice in terms of subsection (4) (a) must :

                    (a) state adequate reasons for the decision, including the provision of this Act relied upon;

                    (b) exclude, from such reasons, any reference to the content of the record;

(c) state that the appellant, third party or requester, as the case may be, may lodge an application with a court against the decision on internal appeal :

                                             (i) within 60 days; or

                         (ii) if notice to a third party is required by subsection (4) (a) (ii), within 30 days, after notice is given, and the procedure for lodging the application; and

(d) if the relevant authority decides on internal appeal to grant a request for access and notice to a third party :

                                             (i) is not required by subsection (4) (a) (ii), that access to the record will forthwith be given; or

                         (ii) is so required, that access to the record will be given after the expiry of the applicable period for lodging an application with a court against the decision on internal appeal referred to in paragraph (c), unless that application is lodged before the end of that applicable period.

(6) If the relevant authority decides on internal appeal to grant a request for access and notice to a third party :

                   (a) is not required by subsection (4) (a) (ii), the information officer of the body must forthwith give the requester concerned access to the record concerned; or

                   (b) is so required, the information officer must, after the expiry of 30 days after the notice is given to every third party concerned, give the requester access to the record concerned, unless an application with a court is lodged against the decision on internal appeal before the end of the period contemplated in subsection (5) (c) (ii) for lodging that application.

(7) If the relevant authority fails to give notice of the decision on an internal appeal to the appellant within the period contemplated in subsection (3), that authority is, for the purposes of this Act. regarded as having dismissed the internal appeal.

 

CHAPTER 2.- APPLICATIONS TO COURT

 

78.- Applications regarding decisions of information officers or relevant authorities of public bodies or heads of private bodies

(1) A requester or third party referred to in section 74 may only apply to a court for appropriate relief in terms of section 82 after that requester or third party has exhausted the internal appeal procedure against a decision of the information officer of a public body provided for in section 74.

(2) A requester :

                    (a) that has been unsuccessful in an internal appeal to the relevant authority of a public body;

(b) aggrieved by a decision of the relevant authority of a public body to disallow the late lodging of an internal appeal in terms of section 75 (2);

(c) aggrieved by a decision of the information officer of a public body referred to in paragraph (b) of the definition of ‘public body’ in section 1 :

                            (i) to refuse a request for access; or

                           (ii) taken in terms of section 22, 26 (1) or 29 (3); or

                   (d) aggrieved by a decision of the head of a private body :

                            (i) to refuse a request for access; or

        (ii) taken in terms of section 54, 57 (I) or 60, may, by way of an application, within 30 days apply to a court for appropriate relief in terms of section 82.

(3) A third party :

                    (a) that has been unsuccessful in an internal appeal to the relevant authority of a public body;

(b) aggrieved by a decision of the information officer of a public body referred to in paragraph (b) of the definition of ‘public body’ in section I to grant a request for access: or

(c) aggrieved by a decision of the head of a private body in relation to a request for access to a record of that body, may, by way of an application, within 30 days apply to a court for appropriate relief in terms of section 82.

 

79.- Procedure

(1) The Rules Board for Courts of Law, established by section 2 of the Rules Board for Courts of Law Act, 1985 (Act 107 of 1985), must within 12 months after the commencement of this section, make and implement rules of procedure for :

(a) a court in respect of applications in terms of section 78; and

(b) a court to receive representations ex parse referred to in section 80 (3) (a).

(2) Before the implementation of the rules of procedure in terms of subsection (1) (a), an application in terms of section 78 may only be lodged with a High Court or another court of similar status.

                    (3) Any rule made in terms of subsection (1) must, before publication in the Gazette, be approved by Parliament.

 

80.- Disclosure of records to, and non :disclosure by, court

(1) Despite this Act and any other law, any court hearing an application, or an appeal against a decision on that application, may examine any record of a public or private body to which this Act applies, and no such record may be withheld from the court on any grounds.

(2) Any court contemplated in subsection (1) may not disclose to any person, including the parties to the proceedings concerned, other than the public or private body referred to in subsection (1) :

(a) any record of a public or private body which, on a request for access, mayor must be refused in terms of this Act; or

(b) if the information officer of a public body, or the relevant authority of that body on internal appeal, in refusing to grant access to a record in terms of section 39 (3) or 4l (4), refuses to confirm or deny the existence or non :existence of the record, any information as to whether the record exists.

(3) Any court contemplated in subsection (1) may :

                    (a) receive representations ex parse;

                    (b) conduct hearings in camera; and

(c) prohibit the publication of such information in relation to the proceedings as the court determines, including information in relation to the parties to the proceedings and the contents of orders made by the court in the proceedings.

 

81.- Proceedings are civil

(I) For the purposes of this Chapter proceedings on application in terms of section 78 are civil proceedings.

(2) The rules of evidence applicable in civil proceedings apply to proceedings on application in terms of section 78.

                     (3) The burden of establishing that :

(a) the refusal of a request for access; or (

b) any decision taken in terms of section 22, 26 (I ), 29 (3), 54, 57 (I) or 60, complies with the provisions of this Act rests on the party claiming that it so complies.

 

82.- Decision on application

The court hearing an application may grant any order that is just and equitable, including orders :

                    (a) confirming, amending or setting aside the decision which is the subject of the application concerned;

(b) requiring from the information officer or relevant authority of a public body or the head of a private body to take such action or to refrain from taking such action as the court considers necessary within a period mentioned in the order;

                   (c) granting an interdict, interim or specific relief, a declaratory order or compensation; or

                  (d) as to costs.

 

PART 5.- HUMAN RIGHTS COMMISSION

 

83.- Additional functions of Human Rights Commission

(I) The Human Rights Commission must :

                  (a) compile and make available a guide on how to use this Act as contemplated in section 10; and

                  (b) submit reports to the National Assembly as contemplated in section 84.

(2) The Human Rights Commission must, to the extent that financial and other resources are available

(a) develop and conduct educational programmes to advance the understanding of the public, in particular of disadvantaged communities, of this Act and of how to exercise the rights contemplated in this Act;

(b) encourage public and private bodies to participate in the development and conduct of programmes referred to in paragraph (a) and to undertake such programmes themselves; and

(c) promote timely and effective dissemination of accurate information by public bodies about their activities.

(3) The Human Rights Commission may :

                    (a) make recommendations for :

               (i) the development, improvement. modernisation, reform or amendment of this Act or other legislation or common law having a bearing on access to information held by public and private bodies, respectively; and

                                   (ii) procedures in terms of which public and private bodies make information electronically available;

                     (b) monitor the implementation of this Act:

(c) if reasonably possible, on request, assist any person wishing to exercise a right contemplated in this Act:

(d) recommend to a public or private body that the body make such changes in the manner in which it administers this Act as the Commission considers advisable;

                    (e) train information officers of public bodies;

(f) consult with and receive reports from public and private bodies on the problems encountered in complying with this Act;

(g) obtain advice from, consult with, or receive and consider proposals or recommendations from, any public or private body, official of such a body or member of the public in connection with the Commission’s functions in terms of this Act;

(h) for the purposes of section 84 (b) (x), request the Public Protector to submit to the Commission information with respect to :

        (i) the number of complaints lodged with the Public Protector in respect of a right conferred or duty imposed by this Act;

                            (ii) the nature and outcome of those complaints; and

        (iii) generally, inquire into any matter, including any legislation, the common law and any practice and procedure, connected with the objects of this Act.  

(4) For the purpose of the annual report referred to in section 84 and if so requested by the Human Rights Commission, the head of a private body may furnish to that Commission information about requests for access to records of the body.

(5) If appropriate, and if financial and other resources are available, an official of a public body must afford the Human Rights Commission reasonable assistance for the effective performance of its functions in terms of this Act.

84.- Report to National Assembly by Human Rights Commission

The Human Rights Commission must include in its annual report to the National Assembly referred to in section 181 (5) of the Constitution :

(a) any recommendation in terms of section 83 (3) (a); and (b) in relation to each public body, particulars of :

                  (i) the number of requests for access received;

                  (ii) the number of requests for access granted in full;

                  (iii) the number of requests for access granted in terms of section 46;

(iv) the number of requests for access refused in full and refused partially and the number of times each provision of this Act was relied on to refuse access in full or partially;

(v) the number of cases in which the periods stipulated in section 25 (I) were extended in terms of section 26 (I);

(vi) the number of internal appeals lodged with the relevant authority and the number of cases in which, as a result of an internal appeal, access was given to a record or a part thereof;

(vii) the number of internal appeals which were lodged on the ground that a request for access was regarded as having been refused in terms of section 27;

(viii) the number of applications made to every court and the outcome thereof and the number of decisions of every court appealed against and the outcome thereof;

(ix) the number of applications to every court which were lodged on the ground that an internal appeal was regarded as having been dismissed in terms of section 77 (7);

(x) the number of complaints lodged with the Public Protector in respect of a right conferred or duty imposed by this Act and the nature and outcome thereof; and

                    (xi) such other matters as may be prescribed.

 

85.- Expenditure of Human Rights Commission in terms of Act

Any expenditure in connection with the performance of the Human Rights Commission’s functions in terms of this Act must be defrayed from moneys appropriated by Parliament to that Commission for that purpose.

 

PART 6 .- TRANSITIONAL PROVISIONS

 

86.- Application of other legislation providing for access

(I) The Minister must, within 12 months after the commencement of section 6, introduce a Bill in Parliament proposing the amendment of :

      (a) Part I of the Schedule to include the provisions of legislation which provide for or promote access to a record of a public body; and

      (b) Part 2 of the Schedule to include the provisions of legislation which provide for or promote access to a record of a private body.

(2) Until the amendment of this Act contemplated in subsection (I) takes effect, any other legislation not referred to in the Schedule which provides for access to a record of a public body or a private body in a manner which, including, but not limited to, the payment of fees, is not materially more onerous than the manner in which access may be obtained in terms of Part 2 or 3 of this Act, respectively, access may be given in terms of that legislation.

 

87.- Extended periods for dealing with requests during first two years

(1) For :

     (a) 12 months from the date that Part 2 takes effect in respect ofa public body, the reference to :

                    (i) 30 days in section 25 (1) and any other reference to that period in other provisions of this Act;

(ii) 30 days in section 49 (1) and any other reference to that period in other provisions of this Act, must be construed as a reference to 90 days in respect of that public body; and

     (b) 12 months following the 12 months referred to in paragraph (a), the reference to :

                   (i) 30 days in section 25 (I) and any other reference to that period in other provisions of this Act:

(ii) 30 days in section 49 (1) and any other reference to that period in other provisions of this Act. must be construed as a reference to 60 days in respect of the public body concerned.

(2) The periods of 90 days and 60 days referred to in subsection (1) (a) and (b), respectivey, may not be extended in terms of section 26.

(3) Parliament must, after a period of 12 months, but within a period of 18 months, after the commencement of this section, review the operation of this section.

 

88.- Correction of personal information

If no provision for the correction of personal information in a record of a public or private body exists, that public or private body must take reasonable steps to establish adequate and appropriate internal measures providing for such correction until legislation providing for such correction takes effect.

 

PART 7 .- GENERAL PROVISIONS

 

89.- Liability

No person is criminally or civilly liable for anything done in good faith in the exercise or performance or purported exercise or performance of any power or duty in terms of this Act.

 

90.- Offences

A person who with intent to deny a right of access in terms of this Act :

(a) destroys, damages or alters a record;

(b) conceals a record; or

(c) falsifies a record or makes a false record, commits an offence and is liable on conviction to a fine or to imprisonment for a period not exceeding two years.

 

91.- Amends section 6 (4) of the Public Protector Act 23 of 1994,

as follows: paragraph (a) substitutes in paragraph (c) the expression ‘authority; and’ for the expression ‘authority; and paragraph (b) adds paragraph (d).

 

92.- Regulations

(I) The Minister may, by notice in the Gazette, make regulations regarding :

                  (a) any matter which is required or permined by this Act to be prescribed;

                   (b) any matter relating to the fees contemplated in sections 22 and 54;

                    (c) any notice required by this Act;

(d) uniform criteria to be applied by the information officer of a public body when deciding which categories of records are to be made available in terms of section 15: and

                    (e) any administrative or procedural matter necessary to give effect to the provisions of this Act.

(2) Any regulation in terms of subsection (I) must, before publication in the Gazette, be submitted to Parliament.

(3) Any regulation in terms of subsection (I) which : .

                   (a) relates to fees; or

                  (b) may result in financial expenditure for the State, must be made by the Minister acting in consultation with the Minister of Finance.

 

93.- Short title and commencement

(I) This Act is the Promotion of Access to Information Act, 2000, and takes effect on a date determined by the President by proclamation in the Gazette.

(2) Different dates may be so determined in respect of :

                    (a) different provisions of this Act;

(b) different categories of public bodies, including, but not limited to, different public bodies contemplated in :

         (i) paragraph (a);

                             (ii) paragraph (b) (i); and

                             (iii) paragraph (b) (ii), of the definition of ‘public body’ in section I; and

                   (c) different categories of private bodies.

 

Schedule

PART 1

(Section 6(a)) Number and year

Short title

Section of law

Act 107 of 1998

National Environmental

Management Act, 1998

Section 31(1)

01Ene/14

Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales de 3 junio 2010, Perú

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República

Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Título I : Disposiciones generales.

Título II : Principios rectores.

Título III : Tratamiento de datos personales.

Título IV : Derechos del titular de datos personales.

Título V : Obligaciones del titular y del encargado del banco de datos personales.

Título VI : Bancos de datos personales.

Título VII : Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

Título VIII : Infracciones y sanciones administrativas.

Disposiciones Complementarias Finales

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, previsto en el artículo 2° inciso 6 de la Constitución Política del Perú, a través de su adecuado tratamiento, en un marco de respeto a los demás derechos fundamentales que en ella se reconocen, particularmente los derechos al honor, buena reputación, intimidad, voz e imagen propias.

Artículo 2°.- Definiciones

Para todos los efectos de la presente ley, se entenderá por:

2.1 Banco de datos personales.- Conjunto organizado de datos personales, automatizado o no, independientemente del soporte, sea este físico, magnético, digital, óptico u otros que se creen, cualquiera fuere la forma o modalidad de su creación, formación, almacenamiento, organización y acceso.

2.2 Banco de datos personales de administración privada.- Banco de datos personales cuya titularidad corresponde a una persona natural o a una persona jurídica de derecho privado, en cuanto el banco no se encuentre estrictamente vinculado al ejercicio de potestades de derecho público.

2.3 Banco de datos personales de administración pública.- Banco de datos personales cuya titularidad corresponde a una entidad pública.

2.4 Datos personales.- Toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que puedan ser razonablemente utilizados.

2.5 Datos sensibles.- Datos personales constituidos por los datos biométricos, datos referidos al origen racial y étnico; opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales; hábitos personales; afiliación sindical; e información relacionada a la salud o a la vida sexual.

2.6 Encargado del banco de datos personales.- Toda persona natural, persona jurídica de derecho privado o entidad pública que sola o actuando conjuntamente con otra, realiza el tratamiento de los datos personales por encargo del titular del banco de datos personales.

2.7 Entidad pública.- Entidad comprendida en el artículo I del Título Preliminar de la Ley nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General o la que haga sus veces.

2.8 Flujo transfronterizo de datos personales.- Transferencia internacional de datos personales a un destinatario situado en un país distinto al país de origen de los datos personales, sin importar el soporte en que éstos se encuentren, los medios por los cuales se efectuó la transferencia, ni el tratamiento que reciban.

2.9 Fuentes accesibles por el público.– Bancos de datos personales de administración pública o privada, que pueden ser consultados por cualquier persona, previo abono de la contraprestación correspondiente, de ser el caso. Las fuentes accesibles por el público serán determinadas en el reglamento.

2.10 Persona jurídica de derecho privado.- Para efectos de esta ley, la persona jurídica no comprendida en los alcances del artículo I del Título Preliminar de la Ley nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

2.11 Procedimiento de anonimización.- Tratamiento de datos personales que impide la identificación o que no hace identificable al titular de éstos. El procedimiento es irreversible.

2.12 Procedimiento de disociación.- Tratamiento de datos personales que impide la identificación o que no hace identificable al titular de éstos. El procedimiento es reversible.

2.13 Titular de datos personales.- Persona natural a quien corresponden los datos personales.

2.14 Titular del banco de datos personales.- Persona natural, persona jurídica de derecho privado o entidad pública que determina la finalidad y contenido del banco de datos personales, el tratamiento de éstos y las medidas de seguridad.

2.15 Transferencia de datos personales.– Toda transmisión, suministro o manifestación de datos personales, de carácter nacional o internacional, a una persona jurídica de derecho privado, a una entidad pública o a una persona natural distinta del titular de datos personales.

2.16 Tratamiento de datos personales.– Cualquier operación o procedimiento técnico, automatizado o no, que permite la recopilación, registro, organización, almacenamiento, conservación, elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, comunicación por transferencia o por difusión o cualquier otra forma de procesamiento que facilite el acceso, correlación o interconexión de los datos personales.

El reglamento de esta ley podrá establecer otras definiciones y/o realizar un mayor desarrollo de las existentes.

Artículo 3°.- Ámbito de aplicación

Esta ley es de aplicación a los datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos personales de administración pública y de administración privada, cuyo tratamiento se realice en el territorio nacional.

Son objeto de especial protección los datos sensibles.

Las disposiciones de esta ley no serán de aplicación a los siguientes datos personales:

3.1 A los contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos personales creados por personas naturales para fines exclusivamente relacionados con su vida privada o familiar.

3.2 A los contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos de administración pública, sólo en tanto su tratamiento resulte necesario para el estricto cumplimiento de las competencias asignadas por ley a las respectivas entidades públicas, para la defensa nacional, seguridad pública, el desarrollo de actividades en materia penal para la investigación y represión del delito.

TÍTULO II.- PRINCIPIOS RECTORES

Artículo 4º.- Principio de legalidad

El tratamiento de los datos personales se hará conforme a lo establecido en la ley. Se prohíbe la recopilación de los datos personales por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.

Artículo 5º.- Principio de consentimiento

Para el tratamiento de los datos personales deberá mediar el consentimiento de su titular.

Artículo 6º.- Principio de finalidad

Los datos personales deberán ser recopilados para una finalidad determinada, explícita y lícita. El tratamiento de los datos personales no deberá extenderse a otra finalidad que no haya sido la establecida de manera inequívoca como tal al momento de su recopilación, excluyendo los casos de actividades de valor histórico, estadístico o científico cuando se utilice un procedimiento de disociación o anonimización.

Artículo 7°.- Principio de proporcionalidad

Todo tratamiento de datos personales deberá ser adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad para la que éstos hubiesen sido recopilados.

Artículo 8º.- Principio de calidad

Los datos personales que vayan a ser tratados deberán ser veraces, exactos y en la medida de lo posible actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados con la finalidad para la que fueron recopilados. Deberán conservarse de forma tal que se garantice su seguridad y sólo por el tiempo necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento.

Artículo 9º.- Principio de seguridad

El titular del banco de datos personales y el encargado de su tratamiento deberán adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales. Las medidas de seguridad deberán ser apropiadas y acordes al tratamiento que se vaya a efectuar y a la categoría de datos personales de que se trate.

Artículo 10º.- Principio de disposición de recurso

Todo titular de datos personales deberá contar con las vías administrativas y/o jurisdiccionales necesarias para reclamar y hacer valer sus derechos, cuando éstos sean vulnerados por el tratamiento de sus datos personales.

Artículo 11º.- Principio de nivel de protección adecuado

En el caso de flujo transfronterizo de datos personales, el país destinatario deberá contar con un nivel suficiente de protección para los datos personales que se vayan a tratar, o por lo menos comparable al previsto por esta ley.

El ámbito suficiente de protección del país destinatario deberá abarcar por lo menos la consignación y el respeto de los principios rectores de la protección de datos personales objeto de este Título y un sistema efectivo de garantías.

Artículo 12º.- Valor de los principios

La actuación de los titulares y encargados de los bancos de datos personales y, en general, de todos los que intervengan en relación a datos personales, deberá ajustarse a los principios rectores a que se refiere este Título. Esta relación de principios rectores es enunciativa.

Los principios rectores señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de esta ley y de su reglamento, así como parámetro para la elaboración de otras disposiciones y para suplir vacíos en la legislación sobre la materia.

TÍTULO III.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Artículo 13º.- Alcances del tratamiento

13.1 El tratamiento de datos personales debe realizarse en pleno respeto de los derechos fundamentales de sus titulares y de los derechos que esta ley les confiere. Igual regla rige para su utilización por terceros.

13.2 Las limitaciones al ejercicio del derecho fundamental a la protección de datos personales sólo pueden ser establecidas por ley, respetando su contenido esencial y estar justificadas en razón del respeto de otros derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos.

13.3 Mediante reglamento se dictarán medidas especiales para el tratamiento de los datos personales de los niños y de los adolescentes, así como para la protección y garantía de sus derechos. Para el ejercicio de los derechos que esta ley reconoce, los niños y adolescentes actuarán a través de sus representantes legales, pudiendo el reglamento determinar las excepciones aplicables, de ser el caso, teniendo en cuenta para ello el interés superior del niño y del adolescente.

13.4 Las comunicaciones, telecomunicaciones, sistemas informáticos o sus instrumentos, cuando sean de carácter o uso privado, sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez o con autorización de su titular, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. Los datos personales obtenidos con violación de este precepto carecen de efecto legal.

13.5 Los datos personales sólo podrán ser objeto de tratamiento con consentimiento de su titular, salvo ley autoritativa al respecto. El consentimiento deberá ser previo, informado, expreso e inequívoco.

13.6 En el caso de datos sensibles, el consentimiento para efectos de su tratamiento además deberá efectuarse por escrito. Aun cuando no mediara el consentimiento del titular, el tratamiento de datos sensibles podrá efectuarse cuando la ley lo autorice, siempre que ello atienda a motivos importantes de interés público.

13.7 El titular de datos personales podrá revocar su consentimiento en cualquier momento debiendo sustentar su solicitud cuando corresponda, observando al efecto los mismos requisitos que con ocasión de su otorgamiento.

13.8 El tratamiento de datos personales relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas sólo puede ser efectuado por las entidades públicas competentes, salvo convenio de encargo de gestión conforme a la Ley nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General o la que haga sus veces. Cuando se haya producido la cancelación de los antecedentes penales, judiciales, policiales y administrativos, estos datos no podrán ser suministrados salvo que sean requeridos por el Poder Judicial o el Ministerio Público, conforme a ley.

13.9 La comercialización de datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos personales se sujeta a lo dispuesto en el reglamento de la ley.

Artículo 14º.- Limitaciones al consentimiento para el tratamiento de datos personales

No se requerirá el consentimiento del titular de datos personales para efectos de su tratamiento, en los siguientes casos:

14.1 Cuando los datos personales se recopilen o transfieran para el ejercicio de las funciones de las entidades públicas en el ámbito de sus competencias.

14.2 Cuando se trate de datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en fuentes accesibles por el público.

14.3 Cuando se trate de datos personales relativos a la solvencia patrimonial y de crédito, conforme a ley.

14.4 Cuando medie norma para la promoción de la competencia en los mercados regulados emitida en ejercicio de la función normativa por los organismos reguladores a que se refiere la Ley nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos o la que haga sus veces, siempre que la información brindada no sea utilizada en perjuicio de la privacidad del usuario.

14.5 Cuando los datos personales sean necesarios para la ejecución de una relación contractual en la que el titular de datos personales sea parte.

14.6 Cuando se trate de datos personales relativos a la salud y sea necesario, en circunstancia de riesgo, para la prevención, diagnóstico y tratamiento médico o quirúrgico del titular, siempre que dicho tratamiento sea realizado por establecimientos de salud o por profesionales de ciencias de la salud, observando el secreto profesional; o cuando medien razones de interés público previstas por ley; o cuando deban tratarse por razones de salud pública o para la realización de estudios epidemiológicos o análogos, en tanto se apliquen procedimientos de disociación adecuados.

14.7 Cuando el tratamiento sea efectuado por organismos sin fines de lucro cuya finalidad sea política, religiosa o sindical y se refiera a los datos personales recopilados de sus respectivos miembros, los que deberán guardar relación con el propósito a que se circunscriban sus actividades, no pudiendo ser transferidos sin consentimiento de aquéllos.

14.8 Cuando se hubiera aplicado un procedimiento de anonimización o disociación.

14.9 Otros establecidos por ley.

Artículo 15º.- Flujo transfronterizo de datos personales

El titular y el encargado del banco de datos personales podrán realizar el flujo transfronterizo de datos personales sólo si los destinatarios mantienen niveles de protección adecuados conforme a la presente ley. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales supervisará el cumplimiento de esta exigencia.

No se aplica lo dispuesto en el párrafo anterior en los siguientes casos:

15.1 Acuerdos en el marco de tratados internacionales sobre la materia en los cuales la República del Perú sea parte.

15.2 Cooperación judicial internacional.

15.3 Cooperación internacional entre organismos de inteligencia para la lucha contra el terrorismo, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, corrupción, trata de personas y otras formas de criminalidad organizada.

15.4 Cuando los datos personales sean necesarios para la ejecución de una relación contractual en la que el titular de datos personales sea parte.

15.5 Cuando se trate de transferencias bancarias o bursátiles, en lo relativo a las transacciones respectivas y conforme a la ley aplicable.

15.6 Cuando el flujo transfronterizo de datos personales se realice para la prevención, diagnóstico o tratamiento médico o quirúrgico de su titular; o cuando sea necesario para la realización de estudios epidemiológicos o análogos, en tanto se apliquen procedimientos de disociación adecuados.

15.7 Cuando el titular de los datos personales haya dado su consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco.

15.8 Otros que establezca el reglamento de la presente ley.

Artículo 16º.- Seguridad

Para fines del tratamiento de datos personales, el titular del banco de datos personales deberá adoptar medidas técnicas, organizativas y legales que garanticen su seguridad y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

Los requisitos y condiciones que deberán reunir los bancos de datos personales en materia de seguridad serán establecidos por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

Queda prohibido el tratamiento de datos personales en bancos de datos que no reúnan los requisitos y las condiciones de seguridad a que se refiere este artículo.

Artículo 17º.- Confidencialidad

El titular del banco de datos personales, el encargado y quienes intervengan en cualquier parte de su tratamiento están obligados a guardar confidencialidad respecto de los mismos y de sus antecedentes. Esta obligación subsistirá aún después de finalizadas las relaciones con el titular del banco de datos personales.

El obligado podrá ser relevado de la obligación de confidencialidad cuando medie consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco del titular de los datos personales, resolución judicial consentida o ejecutoriada, o cuando medien razones fundadas relativas a la defensa nacional, seguridad pública o la sanidad pública; sin perjuicio del derecho a guardar el secreto profesional.

TÍTULO IV.- DERECHOS DEL TITULAR DE DATOS PERSONALES

Artículo 18º.- Derecho de información

El titular de datos personales tiene derecho a ser informado en forma detallada, sencilla, expresa, inequívoca y de manera previa a su recopilación, sobre la finalidad para la que sus datos personales serán tratados; quiénes serán o podrán ser sus destinatarios, la existencia del banco de datos en que se almacenarán, así como la identidad y domicilio de su titular y, de ser el caso, del encargado del tratamiento de sus datos personales; el carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas al cuestionario que se le proponga, en especial en cuanto a los datos sensibles; la transferencia de los datos personales; las consecuencias de proporcionar sus datos personales y de su negativa a hacerlo; el tiempo durante el cual se conservarán sus datos personales; y, la posibilidad de ejercer los derechos que la ley le concede.

Si los datos personales son recogidos en línea a través de redes de comunicaciones electrónicas, las obligaciones del presente artículo podrán satisfacerse mediante la publicación de políticas de privacidad, las que deberán ser fácilmente accesibles e identificables.

Artículo 19º.- Derecho de acceso

El titular de datos personales tiene derecho a obtener la información que sobre sí mismo sea objeto de tratamiento en bancos de datos de administración pública o privada, la forma en que sus datos fueron recopilados, las razones que motivaron su recopilación y a solicitud de quién se realizó la recopilación, así como las transferencias realizadas o que se prevén hacer de ellos.

Artículo 20º.- Derecho de actualización, inclusión, rectificación y supresión.

El titular de datos personales tiene derecho a la actualización, inclusión, rectificación y supresión de sus datos personales materia de tratamiento, cuando éstos sean parcial o totalmente inexactos, incompletos, cuando se hubiere advertido omisión, error o falsedad, cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a la finalidad para la cual hayan sido recopilados o cuando hubiera vencido el plazo establecido para su tratamiento.

Si sus datos personales hubieran sido transferidos previamente, el encargado del banco de datos personales deberá comunicar la actualización, inclusión, rectificación y/o supresión a quien se hayan transferido, en el caso que se mantenga el tratamiento por este último, quien deberá también proceder a la actualización, inclusión, rectificación y/o supresión, según corresponda.

Durante el proceso de actualización, inclusión, rectificación y/o supresión de datos personales, el encargado del banco de datos personales dispondrá su bloqueo, quedando impedido de permitir que terceros accedan a ellos.

La supresión de datos personales contenidos en bancos de datos personales de administración pública se sujeta a lo dispuesto en el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública o la que haga sus veces.

Artículo 21º.- Derecho a impedir el suministro

El titular de datos personales tiene derecho a impedir que éstos sean suministrados, especialmente cuando ello afecte sus derechos fundamentales.

Artículo 22º.- Derecho de oposición

Siempre que por ley no se disponga lo contrario y cuando no hubiera prestado consentimiento, el titular de datos personales podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En caso de oposición justificada, el titular o el encargado del banco de datos personales, según corresponda, deberá proceder a su supresión, conforme a ley.

Artículo 23º.- Derecho al tratamiento objetivo

El titular de datos personales tiene derecho a no verse sometido a una decisión con efectos jurídicos sobre él o que le afecte de manera significativa, sustentada únicamente en un tratamiento de datos personales destinado a evaluar determinados aspectos de su personalidad, salvo que ello ocurra en el marco de la negociación, celebración o ejecución de un contrato o en los casos de evaluación con fines de incorporación a una entidad pública, de acuerdo a ley, sin perjuicio de la posibilidad de defender su punto de vista, para la salvaguardia de su interés legítimo.

Artículo 24º.- Derecho a la tutela

En caso el titular o el encargado del banco de datos personales deniegue al titular de datos personales, total o parcialmente, el ejercicio de los derechos establecidos en esta ley, éste podrá recurrir ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en vía de reclamación, o al Poder Judicial para efectos de la correspondiente acción de habeas data.

El procedimiento a seguir ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales se sujeta a lo dispuesto en los artículos 219° y siguientes de la Ley nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  o la que haga sus veces.

La resolución de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales agota la vía administrativa y habilita a la imposición de las sanciones administrativas previstas en el artículo 39° de esta ley. El reglamento determinará las instancias correspondientes.

Contra las resoluciones de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales procede la acción contencioso-administrativa.

Artículo 25º.- Derecho a ser indemnizado

El titular de datos personales que sea afectado como consecuencia del incumplimiento de la presente ley por el titular o por el encargado del banco de datos personales o por terceros, tiene derecho a obtener la indemnización correspondiente conforme a ley.

Artículo 26º.- Gratuidad

No se exigirá contraprestación alguna al titular de datos personales por el ejercicio de los derechos contemplados en los artículos 19º, 20º, 21º, 22º y 23° de esta ley, salvo en los casos que establezca el reglamento.

Artículo 27º.- Limitaciones

Los titulares y encargados de los bancos de datos de administración pública pueden denegar el ejercicio de los derechos de acceso, actualización, inclusión, rectificación, supresión y oposición por razones fundadas en la protección de derechos e intereses de terceros o cuando ello pueda obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones de control de la salud y del medio ambiente, la verificación de infracciones administrativas, o cuando así lo disponga la ley.

TÍTULO V.- OBLIGACIONES DEL TITULAR Y DEL ENCARGADO DEL BANCO DE DATOS PERSONALES

Artículo 28º.- Obligaciones

El titular y el encargado del banco de datos personales, según sea el caso, tienen las siguientes obligaciones:

28.1 Efectuar el tratamiento de datos personales, sólo previo consentimiento informado, expreso e inequívoco del titular de los datos personales, salvo ley autoritativa.

28.2 No recopilar datos personales por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.

28.3 Recopilar datos personales que sean actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados, con relación a finalidades determinadas, explícitas y lícitas para las que se hayan obtenido.

28.4 No utilizar los datos personales objeto de tratamiento para finalidades distintas de aquéllas que motivaron su recopilación, salvo que medie procedimiento de anonimización o disociación.

28.5 Almacenar los datos personales de manera que se posibilite el ejercicio de los derechos de su titular.

28.6 Suprimir y sustituir o, en su caso, completar los datos personales objeto de tratamiento cuando tenga conocimiento de su carácter inexacto o incompleto, sin perjuicio de los derechos del titular al respecto.

28.7 Suprimir los datos personales objeto de tratamiento cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a la finalidad para la cual hubiesen sido recopilados o hubiese vencido el plazo para su tratamiento, salvo que medie procedimiento de anonimización o disociación.

28.8 Proporcionar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales la información relativa al tratamiento de datos personales que ésta le requiera y permitirle el acceso a los bancos de datos personales que administra, para el ejercicio de sus funciones.

28.9 Otras establecidas en esta ley y en su reglamento.

TÍTULO VI.- BANCOS DE DATOS PERSONALES

Artículo 29º.- Creación, modificación o cancelación de bancos de datos personales

La creación, modificación o cancelación de bancos de datos personales de administración pública y de administración privada se sujetarán a lo que establezca el reglamento, garantizándose la publicidad sobre su existencia, finalidad y la identidad y domicilio de su titular y, de ser el caso, de su encargado.

Artículo 30º.- Prestación de servicios de tratamiento de datos personales

Cuando por cuenta de terceros se presten servicios de tratamiento de datos personales, éstos no podrán aplicarse o utilizarse con un fin distinto al que figure en el contrato o convenio celebrado, ni ser transferidos a otras personas, ni aun para su conservación.

Una vez ejecutada la prestación materia del contrato o del convenio, según el caso, los datos personales tratados deberán ser suprimidos, salvo que medie autorización expresa de aquel por cuenta de quien se prestan tales servicios cuando razonablemente se presuma la posibilidad de ulteriores encargos, en cuyo caso se podrán conservar con las debidas condiciones de seguridad, hasta por el plazo que determine el reglamento de esta ley.

Artículo 31º.- Códigos de conducta

Las entidades representativas de los titulares o encargados de bancos de datos personales de administración privada podrán elaborar códigos de conducta, que establezcan normas para el tratamiento de datos personales que tiendan a asegurar y mejorar las condiciones de operación de los sistemas de información en función de los principios rectores establecidos en esta ley.

TÍTULO VII.- AUTORIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Artículo 32°.- Órgano competente y régimen jurídico

El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección Nacional de Justicia, es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Para el adecuado desempeño de sus funciones podrá crear oficinas en todo el país.

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales se rige por lo dispuesto en esta ley, en su reglamento y en los artículos pertinentes del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia.

Corresponde a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto y demás disposiciones de la presente ley y de su reglamento. Para tal efecto goza de potestad sancionadora, de conformidad con la Ley nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General o la que haga sus veces, así como de potestad coactiva, de conformidad con la Ley nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva o la que haga sus veces.

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales deberá presentar periódicamente un informe sobre sus actividades al Ministro de Justicia.

Artículo 33°.- Funciones

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales ejercerá las funciones administrativas, orientadoras, normativas, resolutivas, fiscalizadoras y sancionadoras siguientes:

33.1 Representar al país ante las instancias internacionales en materia de protección de datos personales.

33.2 Cooperar con las autoridades extranjeras de protección de datos personales para el cumplimiento de sus competencias y generar mecanismos de cooperación bilateral y multilateral para asistirse entre sí y prestarse debido auxilio mutuo cuando se requiera.

33.3 Administrar y mantener actualizado el Registro Nacional de Protección de Datos Personales.

33.4 Publicitar, a través del Portal Institucional, la relación actualizada de bancos de datos personales de administración pública y privada.

33.5 Promover campañas de difusión y promoción sobre la protección de datos personales.

33.6 Promover y fortalecer una cultura de protección de los datos personales de los niños y adolescentes.

33.7 Coordinar la inclusión de información sobre la importancia de la vida privada y de la protección de datos personales en los planes de estudios de todos los niveles educativos y fomentar, asimismo, la capacitación de los docentes en estos temas.

33.8 Emitir autorizaciones, cuando corresponda, conforme al reglamento de esta ley.

33.9 Absolver consultas sobre protección de datos personales y el sentido de las normas vigentes sobre tal materia, particularmente sobre las que ella hubiera emitido.

33.10 Emitir opinión técnica respecto de los proyectos de normas que se refieran total o parcialmente a los datos personales, la que será vinculante.

33.11 Emitir las directivas que correspondan para la mejor aplicación de lo previsto en esta ley y en su reglamento, especialmente en materia de seguridad de los bancos de datos personales, así como supervisar su cumplimiento, en coordinación con los sectores involucrados.

33.12 Promover el uso de mecanismos de autorregulación como instrumento complementario de protección de datos personales.

33.13 Celebrar convenios de cooperación interinstitucional y/o internacional con la finalidad de velar por los derechos de las personas en materia de protección de datos personales que son tratados dentro y fuera del territorio nacional.

33.14 Atender solicitudes en interés particular del administrado o general de la colectividad, así como solicitudes de información.

33.15 Conocer, instruir y resolver las reclamaciones formuladas por los titulares de datos personales por la vulneración de los derechos que les conciernen y dictar las medidas cautelares y/o correctivas que establezca el reglamento.

33.16 Velar por el cumplimiento de la legislación vinculada con la protección de datos personales y por el respeto de sus principios rectores.

33.17 Obtener de los titulares de los bancos de datos personales la información que estime necesaria para el cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales y el desempeño de sus funciones.

33.18 Supervisar el tratamiento de los datos personales que efectúen el titular y el encargado del banco de datos personales y, en caso de ilegalidad, disponer las acciones que correspondan conforme a ley.

33.19 Iniciar fiscalizaciones de oficio o por denuncia de parte por presuntos actos contrarios a lo establecido en la presente ley y en su reglamento y aplicar las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las medidas cautelares y/o correctivas que establezca el reglamento.

33.20 Las demás funciones que le asignen esta ley y su reglamento.

Artículo 34º.- Registro Nacional de Protección de Datos Personales

Créase el Registro Nacional de Protección de Datos Personales como registro de carácter administrativo a cargo de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, con la finalidad de inscribir en forma diferenciada, a nivel nacional, lo siguiente:

34.1 Los bancos de datos personales de administración pública o privada, así como los datos relativos a éstos que sean necesarios para el ejercicio de los derechos que corresponden a los titulares de datos personales, conforme a lo dispuesto en esta ley en el reglamento.

34.2 Las autorizaciones emitidas conforme al reglamento de la presente ley.

34.3 Las sanciones, medidas cautelares y /o correctivas impuestas por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales conforme a esta ley y a su reglamento.

34.4 Los códigos de conducta de las entidades representativas de los titulares o encargados de bancos de datos personales de administración privada.

34.5 Otros actos materia de inscripción conforme al reglamento.

Cualquier persona puede consultar en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales la existencia de bancos de datos personales, sus finalidades, así como la identidad y domicilio de sus titulares y, de ser el caso, de sus encargados.

Artículo 35°.- Confidencialidad

El personal de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales está sujeto a la obligación de guardar confidencialidad sobre los datos personales que conozca con motivo de sus funciones. Esta obligación subsistirá aún después de finalizada toda relación con dicha Autoridad Nacional, bajo responsabilidad.

Artículo 36°.- Recursos

Son recursos de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales los siguientes:

36.1 Las tasas por concepto de derecho de trámite de los procedimientos administrativos y servicios de su competencia.

36.2 Los montos que recaude por concepto de multas.

36.3 Los recursos provenientes de la cooperación técnica internacional no reembolsable.

36.4 Los legados y donaciones que reciba.

36.5 Los recursos que se le transfieran conforme a Ley.

Los recursos de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales serán destinados a financiar los gastos necesarios para el desarrollo de sus operaciones y para su funcionamiento.

TÍTULO VIII.- INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 37º.- Procedimiento sancionador

El procedimiento sancionador se inicia de oficio por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales o por denuncia de parte, ante la presunta comisión de actos contrarios a lo dispuesto en la presente ley o en su reglamento, sin perjuicio del procedimiento seguido en el marco de lo dispuesto en el artículo 24° de esta ley.

Las Resoluciones de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales agotan la vía administrativa.

Contra las resoluciones de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales procede la acción contencioso-administrativa.

Artículo 38º.- Infracciones

Constituye infracción sancionable toda acción u omisión que contravenga las disposiciones de esta ley o de su reglamento. Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves. La tipificación de las infracciones, graduación del monto de las multas y el procedimiento para su aplicación se efectuará en el reglamento de la ley.

Artículo 39º.- Sanciones administrativas

En caso de violación de las normas de esta ley o de su reglamento, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales podrá aplicar las siguientes multas:

39.1 Las infracciones leves serán sancionadas con una multa mínima de 0.5 (cero punto cinco) Unidades Impositivas Tributarias hasta de 5 (cinco) Unidades Impositivas Tributarias.

39.2 Las infracciones graves serán sancionadas con multa de más de 5 (cinco) Unidades Impositivas Tributarias hasta 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias.

39.3 Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de más de 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias hasta 100 (cien) Unidades Impositivas Tributarias.

En ningún caso la multa impuesta podrá exceder el 10 % (diez por ciento) de los ingresos brutos anuales que hubiera percibido el presunto infractor durante el ejercicio anterior.

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales determinará la infracción cometida y el monto de la multa imponible mediante Resolución debidamente motivada. Para la graduación del monto de las multas se tomarán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 230º numeral 3) de la Ley nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  o la que haga sus veces.

La imposición de la multa se efectuará sin perjuicio de las sanciones disciplinarias sobre el personal de las entidades públicas en los casos de bancos de datos personales de administración pública, así como de la indemnización por daños y perjuicios y de las sanciones penales a que hubiera lugar.

Artículo 40º.- Multas coercitivas

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 199º de la Ley nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General o la que haga sus veces, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales podrá imponer multas coercitivas por un monto que no supere las diez (10) UIT, frente al incumplimiento de las obligaciones accesorias a la sanción, impuestas en el procedimiento sancionador. Las multas coercitivas se impondrán una vez vencido el plazo de cumplimiento.

La imposición de las multas coercitivas no impide el ejercicio de otro medio de ejecución forzosa conforme a lo dispuesto en el artículo 196º de la Ley nº 27444.

El reglamento de la ley regulará lo concerniente a la aplicación de las multas coercitivas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Reglamento de la ley

El reglamento de la presente ley será aprobado por Decreto Supremo con refrendo del Ministro de Justicia.

Para la elaboración del proyecto de reglamento, se constituirá una Comisión Multisectorial, la que será presidida por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. El proyecto de reglamento será elaborado en un plazo máximo de ciento veinte (120) días hábiles, a partir de la instalación de la Comisión Multisectorial, lo que deberá ocurrir en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles.

Segunda.- Directiva de seguridad

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales elaborará la directiva de seguridad de la información administrada por los bancos de datos personales en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días hábiles.

En tanto se apruebe y rija la referida directiva, se mantendrán vigentes las disposiciones sectoriales sobre la materia.

Tercera.- Adecuación de documentos de gestión y de Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Justicia

Estando a la creación de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, en un plazo máximo de ciento veinte (120) días hábiles el Ministerio de Justicia elaborará las modificaciones pertinentes en sus documentos de gestión y en su Texto Único de Procedimientos Administrativos.

Cuarta.- Adecuación y propuesta de normativa específica sobre datos personales

Durante un plazo no mayor de 60 (sesenta) días hábiles, bajo la orientación y supervisión de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, las entidades públicas competentes revisarán la normativa que verse sobre datos personales y elaborarán las propuestas necesarias para su adecuación a lo dispuesto en esta ley. En caso de inexistencia de normativa específica y si ésta fuera indispensable, formularán las propuestas pertinentes. Según corresponda, se preservarán las condiciones especiales de tratamiento de datos en sectores específicos.

Dentro de los 30 (treinta) días hábiles subsiguientes a la emisión de la opinión técnica favorable de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, las citadas entidades deberán aprobar o, de ser el caso, impulsar la aprobación de las correspondientes propuestas normativas.

Quinta.- Bancos de datos personales preexistentes

Los bancos de datos personales creados con anterioridad a la presente ley y sus respectivos reglamentos deberán adecuarse a esta norma, dentro del plazo que establezca el reglamento. Sin perjuicio de ello, sus titulares deberán declarar los mismos ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, con sujeción a lo dispuesto en esta ley.

Sexta.- Habeas Data

Las normas establecidas en el Código Procesal Constitucional sobre el proceso de Habeas Data se aplican en el ámbito constitucional, independientemente del ámbito administrativo materia de la presente ley. El procedimiento administrativo establecido en la presente ley no constituye vía previa para el ejercicio del derecho vía proceso constitucional.

Sétima.- Competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI

En materia de infracción a los derechos de los consumidores en general mediante los servicios e información brindados por las Centrales Privadas de Información de Riesgos – CEPIRS o similares, en el marco de las relaciones de consumo son aplicables las normas generales sobre protección al consumidor, siendo el ente competente para la supervisión de su cumplimiento la Comisión de Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, la que deberá velar por la permanencia de la idoneidad de los servicios y por la transparencia de la información que se brinde a los consumidores, sin perjuicio de la competencia de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales para salvaguardar los derechos de los titulares de la información administrada por las CEPIRS o similares.

Octava.- Información sensible

Para efectos de lo dispuesto en la Ley nº 27489, Ley que regula las centrales privadas de información de riesgos y de protección al titular de la información, se entenderá por información sensible la definida como dato sensible por la presente ley.

Igualmente, precísese que la información confidencial a que se refiere el numeral 5) del artículo 17º del Texto Único Ordenado de la Ley nº 28706, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública constituye dato sensible conforme a los alcances de esta ley.

Novena.- Inafectación de facultades de la Administración Tributaria

Lo dispuesto en la presente ley no se interpretará en detrimento de las facultades de la Administración Tributaria respecto de la información que obre y requiera para sus registros, así como para el cumplimiento de sus funciones.

Décima.- Financiamiento

La realización de las acciones necesarias para la aplicación de la presente ley se ejecutan con cargo al presupuesto institucional del pliego Ministerio de Justicia y de los recursos a los que hace referencia el artículo 36° de esta norma, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Décimo primera.- Vigencia

La presente ley entrará en vigencia en el plazo de 30 (treinta) días hábiles contado a partir de la publicación de su reglamento en el diario oficial «El Peruano», salvo lo previsto en el Título II, en el primer párrafo del artículo 32° y en la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Décima Disposiciones Complementarias Finales, las que regirán a partir del día siguiente de la publicación de esta ley.

Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los …

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. INTRODUCCION

El fenómeno de la informática se ha convertido en el símbolo emblemático de la cultura contemporánea (1). Al reducir dramáticamente el costo de generar, almacenar trasmitir y procesar información en todos los sectores de la economía, la informática ha transformado la manera de concebir la organización y la estructura misma de nuestras sociedades, así como las pautas de comportamiento de las personas.

En suma, la informática ha alterado la realidad económica, social y cultural en la que se basaba la sociedad anterior, haciendo de la información el elemento clave del poder. A la luz de esta nueva realidad, la sociedad actual ha sido denominada como Sociedad de la Información.

Pero si bien es cierto, la información es poder y que sin ella ningún gobierno moderno es capaz de cumplir sus fines, también lo es que el uso indebido o abusivo de la informática puede amenazar de muerte el desarrollo de las instituciones democráticas.

Se hace pues, imprescindible someter los avances informáticos a una evaluación crítica sobre sus consecuencias. El progreso de la informática debe propender siempre al desarrollo de la humanidad y, en consecuencia, en ningún caso afectar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. No obstante, la actitud frente a la informática no debe ser defensiva. De lo que se trata es de asegurar el control democrático y el ejercicio social de la informática.

En este contexto, un tema de especial trascendencia está dado por el problema de las relaciones entre información e intimidad (2) que puede derivar en un fenómeno de manipulación y control social inimaginables.

Al respecto, resulta clarificante Pérez Luño cuando comenta que ya en 1972 una sociedad de información comercial de los Estados Unidos había almacenado datos personales sobre 130 millones de personas que, tras su adecuada programación, podían ser transmitidos a sus clientes en más de diez mil aspectos diferentes (por edad, profesión, sexo, ingresos, automóvil o vivienda poseídos, pertenencia a sindicatos, partidos o sociedades mercantiles, culturales o recreativas) (3). O cuando recuerda que la comunidad académica de Estados Unidos sufrió una conmoción al saber que, durante la etapa de contestación estudiantil, diversas universidades que contaban con bibliotecas informatizadas proporcionaron a la policía relaciones exhaustivas de las lecturas de aquellos profesores y/o alumnos sospechosos de ser contestatarios o disidentes (4).

Los bancos de datos lo registran todo: las compañías de viajes conocen el número de veces que hemos viajado al interior y exterior del país, la pizzería sabe qué tipo de pizza pedimos, el supermercado sabe qué marca de abarrotes compramos, la compañía de seguros sabe cuántos registros tenemos a las clínicas y por qué conceptos, la farmacia conoce qué medicamentos adquirimos y con qué frecuencia.

Cobra entonces actualidad la peligrosidad de las técnicas over-all computer referidas al cruce de bancos de datos que permite un control exhaustivo de la población, así como la peligrosidad del trazado de un perfil completo de las personas (5). Huelgan las reflexiones sobre este tema cuando se habla de los delitos informáticos, esto es, de los casos en que de manera ilegal se accede a los datos personales contenidos en bancos de datos (6).

Urge entonces establecer garantías que tutelen la vida privada de las personas frente a la agresión de la informática. Esta exigencia viene encontrando eco en diversas reuniones internacionales, en la legislación de múltiples países – mayoritariamente europeos – y en el desarrollo jurisprudencial de otros. A consecuencia de todo ello aparece la protección de datos personales como una respuesta organizada para el control de la informática.

En la construcción del enfoque de este derecho ha jugado un papel relevante la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán del 15 de diciembre de 1983, a propósito de la Ley del Censo de Población del 4 de marzo de 1982, a la que declara parcialmente inconstitucional por no respetar el «derecho a la autodeterminación informativa», entendido como la facultad de determinar quién, qué, cuándo y con qué motivo puede conocer los datos que le conciernan. Esta fue la primera aproximación conceptual al tema a nivel mundial.

Actualmente, en contexto con la Sociedad de la Información, el «derecho a la protección de datos personales» también conocido como «derecho a la autodeterminación informativa» o «libertad informática» entraña dos aspectos complementarios entre sí: uno negativo que se traduce en el derecho a prohibir la difusión de la información de carácter personal (7); y otro positivo que implica el derecho de controlar los datos concernientes a la propia persona y, en tal sentido, desarrollar una actividad de inspección, verificación o cancelación, asimilable al derecho de rectificación en las informaciones publicadas en los medios de comunicación. (8)

Así pues, hoy en día, el derecho fundamental a la protección de los datos personales ha cobrado independencia y autonomía ante el derecho a la intimidad. En efecto, la actitud pasiva de simple defensa de nuestros datos personales – propia del derecho a la intimidad -, pasa a complementarse con una postura activa, con la posibilidad de ejercer el control sobre el caudal de información que puede existir en los diferentes bancos de datos sobre nuestra persona. Y es que el peligro para la privacidad de la persona no radica en la acumulación de información sobre ella, sino en la pérdida de la capacidad de disposición de tal información y de determinar a quién y con qué objeto se transmite.

2. SITUACIÓN INTERNACIONAL

La discusión teórica y los primeros textos normativos encaminados a regular los aspectos más acuciantes de la tensión entre la informática y los derechos fundamentales aparecieron en los países europeos donde, junto a un mayor desarrollo tecnológico, se daba también una mayor sensibilidad hacia la defensa de tales derechos.

Así, con leyes específicas al respecto, inicialmente destacan Alemania, en 1970, con la Ley Hesse que tuvo por acierto crear la figura del comisario para la protección de la información; Estados Unidos en 1974 con la reconocida Privacy Act, luego sustituida por la Privacy Protection Act de 1980; Nueva Zelanda en 1976 y Canadá en 1977 en el seno de la Commonwealth Británica; así como Francia, Noruega, Dinamarca y Austria que en 1978 dictaron sus propias normas sobre utilización de la informática.

A nivel constitucional son mencionables la Constitución portuguesa de 1976 y la Constitución española de 1978. Sobre el caso español y ya en años más recientes, cabe citar la Ley Orgánica 5/1992 de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD), posteriormente sustituida por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPRODA).

Pero la exigencia de tutelar la vida privada de las personas frente a la informática rebasó desde el principio la esfera estricta del derecho interno para plantearse como una exigencia del orden jurídico internacional.

Ciertamente, ya en 1968 la Asamblea General de las Naciones Unidas había adoptado una Resolución sobre los derechos del hombre y los progresos de la ciencia y la técnica. En 1971, informes y estudios comparados sobre la materia habían sido presentados a iniciativa de las Naciones Unidas y de la UNESCO. Y en 1973 el Comité de Ministros del Consejo de Europa había aprobado una Resolución sobre la protección de la vida privada de las personas físicas frente a los bancos de datos electrónicos en el sector privado, a la que siguió en 1974 la Resolución sobre los bancos de datos en el sector público, primeros textos internacionales relativos a la protección de datos personales.

Hasta la fecha, diversos textos internacionales se han elaborado en Europa, siendo uno de los más importantes el «Convenio 108 del 28 de enero de 1981 del Consejo de Europa para la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento automatizado de los datos personales», norma supranacional que resulta ampliada y actualizada por la Directiva nº 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 «relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos», la que constituye, quizás, el modelo mejor logrado de regulación en esta materia, ya que en ella encuentran desarrollo la mayor cantidad de aspectos expresivos del régimen, incluyendo la cuestión propiamente internacional referida al flujo de datos transfronterizos. No podemos dejar de señalar que a través de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000 (2000/C 364/01) (9) se consagra la tutela al derecho de protección de datos de carácter personal (10)

Tampoco podemos dejar de referirnos a regulación incluso más específica sobre el tema y es la Directiva 2002/58/CE de Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas).

Múltiples han sido, por otra parte, los foros mundiales de discusión que vienen ocupándose del tema informático. Por la brevedad a que debe restringirse este documento, citemos entre los más recientes la primera y segunda fases de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, celebradas en Ginebra en diciembre de 2003 y en Túnez en noviembre de 2005, con el fin de encausar el potencial de las tecnologías de la información y de las comunicaciones para promover los objetivos de desarrollo del Milenio; igualmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (11), que mediante lineamientos sobre protección de la privacidad y flujos transfronterizos de datos personales, busca prevenir potenciales limitaciones al flujo de información que podrían afectar el desarrollo económico. (12)

Resulta importante también señalar que en el 2009, bajo la coordinación de la Agencia Española de Protección de Datos, los garantes de la privacidad de casi cincuenta países, desarrollaron el documento denominado «Propuesta Conjunta para la Redacción de Estándares Internacionales para la Protección de la Privacidad, en relación con el Tratamiento de Datos de Carácter Personal», acogido favorablemente por la 31ª Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad celebrada el 5 de noviembre del citado año, en la ciudad de Madrid. En este documento se plasman los múltiples enfoques que admite la protección de este derecho, integrando legislaciones de los cinco continentes.

En contexto con la globalización, la protección de datos personales es hoy en día también parte de la agenda de los países latinoamericanos y en ello merece destacarse el rol relevante de diversos foros y organizaciones de cooperación internacional que han venido trabajando por el reconocimiento del derecho a la protección de datos personales y el desarrollo de principios de armonización normativa.

Conviene mencionar, por ejemplo, la Declaración de Santa Cruz de la Sierra, suscrita el 2003, con motivo de la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, por la que se reconoce la protección de datos personales como derecho fundamental de las personas y se destaca la importancia de las iniciativas regulatorias iberoamericanas para proteger la privacidad de los ciudadanos, según alcances de la Declaración de La Antigua (13); la aprobación del «Marco sobre Privacidad de APEC» (14), en Chile, el 2004, por los ministros de los países miembros de este Foro – entre ellos, el Perú por cierto -, por el que se desarrollan los principios comunes a la protección de datos personales, con miras a favorecer el flujo de información en la Región Asia – Pacífico; del mismo modo, la posterior creación del Grupo Permanente de Trabajo de Comercio Electrónico del APEC; además, el Compromiso de Río de Janeiro y el Plan de Acción de la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe (eLAC 2007), aprobados en Brasil el 2005, en el marco de la Conferencia Regional Ministerial de América Latina y el Caribe Preparatoria para la Segunda Fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y en los que se definen una agenda, un plan de acción y una plataforma para impulsar la cooperación regional en materia de tecnologías de la información y de las comunicaciones; la Red Iberoamericana de Protección de Datos promovida desde la Comunidad Europea, que ha logrado incluir en diversas declaraciones políticas de países de Iberoamérica la necesidad de adoptar lineamientos en materia de protección de datos; de la misma manera, el Monitor de Privacidad y Acceso a la Información en América Latina y el Caribe promovido por la UNESCO, que en el 2006 realizara un taller en Lima, sobre temas de cooperación y propusiera mecanismos de armonización normativa en la materia; finalmente y más recientemente, el Compromiso de San Salvador, el 2008, adoptado en la II Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, por el que se aprueba el Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe (eLAC 2010) y se adopta el Mecanismo Regional para su Seguimiento.

Varios son los países que en Sudamérica reconocen el derecho a la protección de datos personales al interior de sus Constituciones Políticas. Tal es el caso de Brasil en 1988, Colombia en 1991, Paraguay en 1992, Perú en 1993 y Argentina en 1994. Continuando con Sudamérica, entre las leyes expedidas al momento, cabe mencionar por lo pronto a Argentina, a través de la Ley nº 25326 del 04.10.2000, posteriormente reglamentada por el Decreto nº 1558/2001 del 29.11.2001; Chile con la Ley nº 19.628 del 28.08.1999; Paraguay, con la Ley nº 1682/2001 del 28.12.2000; Uruguay, con la Ley nº 18.331 del 11.08.2008. En Norteamérica, el caso más reciente con legislación en materia de protección de datos personales está en el Distrito Federal de Méjico, con la Ley del 06.11.2008.

3. SITUACIÓN NACIONAL

En orden al derecho internacional, debemos tener presente que son normas jurídicas para nuestro país el artículo 12º de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el artículo 17º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 5º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y el artículo 11º del Pacto de San José de Costa Rica. En términos parecidos, todas estas normas consagran la protección de la honra, reputación, y la vida privada y familiar, prohibiendo injerencias arbitrarias que bien pueden derivar del uso de la informática.

Respecto del derecho nacional, nuestra Constitución Política de 1993 reconoce el instituto de la protección de datos personales como el derecho fundamental de toda persona a que los servicios informáticos (15), computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar (16)

En el mismo texto constitucional se dispone su tutela a través del habeas data como acción de garantía constitucional contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que lo vulnere o amenace (17).

Mediante sentencia emitida 5 años después, en 1998, nuestro Tribunal Constitucional ha sostenido que la protección a este derecho a través del habeas data comprende acceder a los registros de información almacenados en centros informáticos o computarizados, cualquiera sea su naturaleza a fin de rectificar, actualizar y excluir determinado conjunto de datos personales, o impedir se propague información que pueda ser lesiva al derecho constitucional a la intimidad. (18)

Posteriormente, también 5 años después, mostrando su preocupación al respecto, y reiterándose y ampliando lo anterior, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que la protección a este derecho – al que denominó «autodeterminación informativa» conforme a la denominación que le asigna parte de la doctrina – a través del habeas data comprende, en primer lugar, la capacidad de exigir jurisdiccionalmente la posibilidad de acceder a los registros de información, computarizados o no, cualquiera que sea su naturaleza, en los que se encuentren almacenados los datos de una persona. Tal acceso puede tener por objeto que se permita conocer qué es lo que se encuentra registrado, para qué y para quién se realizó el registro de información, así como la (o las) persona(s) que recabaron dicha información. En segundo lugar, el hábeas data puede tener la finalidad de agregar datos al registro que se tenga, ya sea por la necesidad de que se actualicen los que se encuentran registrados, o bien con el fin de que se incluyan aquellos no registrados, pero que son necesarios para que se tenga una cabal referencia sobre la imagen e identidad de la persona afectada. Asimismo, mediante el hábeas data, un individuo puede rectificar la información, personal o familiar, que se haya registrado; impedir que esta se difunda para fines distintos de aquellos que justificaron su registro o, incluso, tiene la potestad de cancelar aquellos que razonablemente no debieran encontrarse almacenados (19).

En el 2004, el Código Procesal Constitucional, ocupándose del habeas data y siguiendo la línea desarrollada por el Tribunal Constitucional, estableció que se puede acudir a este proceso para conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información o datos referidos a la persona que se encuentren almacenados o registrados en forma manual, mecánica o informática, en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Asimismo, para hacer suprimir o impedir que se suministren datos o informaciones de carácter sensible o privado que afecten derechos constitucionales.

Agrega que tratándose de la protección de datos personales, podrán acumularse las pretensiones de acceder y conocer informaciones de una persona, con las de actualizar, rectificar, incluir, suprimir o impedir que se suministren datos o informaciones (20).

Cabe referirnos también al Código Penal de 1991, aprobado años antes del reconocimiento constitucional del derecho fundamental a la protección de datos personales, en el que se plantea como tipo penal el uso indebido de archivos computarizados, estableciéndose que comete delito el que, indebidamente, organiza, proporciona o emplea cualquier archivo que tenga datos referentes a las convicciones políticas o religiosas y otros aspectos de la vida íntima de una o más personas (21).

Más tarde, en el 2000 se incorporan al Código Penal los denominados delitos informáticos, configurándose como delito el ingreso indebido a una base de datos para diseñar, ejecutar o alterar un esquema u otro similar, o para interferir, interceptar, acceder o copiar la información en tránsito o que ella contenga (22) (delito conocido en la doctrina como espionaje informático o intrusismo).

Resulta pertinente también citar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (23), que se ocupa de regular los casos de acceso a la información pública a cargo de la Administración Pública, en desarrollo del derecho fundamental al acceso a la información (24)

A tenor de dicha ley, bien se advierte que en la práctica el ejercicio de este derecho puede muchas veces entrar en conflicto con el derecho a la protección de datos personales, cuando aquéllos son de carácter confidencial (25), de ahí la importancia de su adecuada regulación.

En relación con las leyes dictadas sobre aspectos propios a la regulación de los datos personales, se encuentran vigentes la Ley nº 27489 que regula las centrales privadas de información de riesgos y de protección al titular de la información, que es propiamente la Ley sobre bancos de datos de solvencia patrimonial y de crédito; la Ley nº 28493 que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado (SPAM) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo nº 031-2005-MTC, así como el Texto Único Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor aprobado por Decreto Supremo nº 006-2009-PCM, por cuyo Anexo – 5ª Disposición se regulan los sistemas de promociones a distancia.

Pero este marco jurídico no es suficiente pues sólo garantiza la protección de datos personales en determinados sectores, y quizá no sea precisamente el más adecuado.

En tal sentido, con el propósito de clarificar el ámbito de extensión del derecho a la protección de datos personales, delimitar con toda precisión sus alcances, reforzar su defensa y avanzar hacia la plena eficacia en su ejercicio, hace falta aun una ley singular sobre la protección de datos personales que en lo posible observe los avances científicos y tecnológicos actuales. Nuestros gobernantes y autoridades en general así lo han reconocido y a ello se han comprometido.

Por otro lado, la dación de un marco regulatorio específico en materia de protección de datos personales constituiría un importante avance para el cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por el Estado peruano a través de la Vigésimo Novena Política de Estado del Acuerdo Nacional denominada «Acceso a la información, Libertad de Expresión y Prensa» (26); constituye una potestad del Perú como Estado Parte en el Tratado de Libre Comercio celebrado con los Estados Unidos (27), mientras que en el marco del Tratado de Libre Comercio suscrito con Canadá (28) constituye un compromiso de mejores esfuerzos. Más aun, constituye también un compromiso asumido en el marco del Plan de Acción del eLAC 2007 a través de su meta (29) y actualmente del Plan de Acción del eLAC 2010 a través de su meta 78 (30); además, respondería a la estrategia 3.3 del objetivo 3 (31) del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú – la Agenda Digital (32).

Sin embargo, el propósito que nos debe convocar no debe ser sólo definir una legislación básica para la tutela del derecho fundamental a la protección de datos personales, sino una legislación que permita el desarrollo regional, transfronterizo, en un marco internacional, a partir del aseguramiento de la libre circulación de datos personales. Insertos en un mundo globalizado y con el objeto de afrontar los desafíos que se presentan, esta no es sólo una opción, sino el único camino viable y este es el empeño de este proyecto de ley.

4. PROYECTO DE LEY

El texto del proyecto de ley se encuentra integrado por cuarenta artículos distribuidos en ocho Títulos, así como por once Disposiciones Complementarias Finales.

En su estructura normativa puede distinguirse una parte general dedicada a la proclamación del derecho a la protección de datos personales y sus manifestaciones, integrada por los Títulos I al V; y, una parte especial, en la que se establecen los mecanismos organizativos e institucionales para el adecuado funcionamiento de los bancos de datos personales, formada por los Títulos VI al VIII.

Hecha esta presentación del esquema del proyecto y conforme al mandato contenido en el Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa aprobado por Decreto Supremo nº 008-2006-JUS, pasamos a explicar los aspectos más relevantes que contiene.

• Título I: Disposiciones Generales.

En este Título se formulan las disposiciones generales del proyecto de ley, referidas a su objeto, definiciones y ámbito de aplicación.

El derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental de tercera generación (33) estrechamente vinculado a otros derechos de la misma naturaleza, pero de primera generación, como son el derecho al honor, buena reputación, intimidad, voz e imagen propias. Sin duda, por ser además un derecho relacional, su tratamiento inadecuado puede afectar el ejercicio de otros derechos fundamentales, pero particularmente el ejercicio de los mencionados. De ahí que el proyecto de ley no restrinja su objeto a garantizar sólo su adecuado tratamiento, sino que además se preocupe por explicitar que este tratamiento debe efectuarse en un marco de respeto de los derechos fundamentales, en particular el derecho al honor, buena reputación, intimidad, voz e imagen propias.

La definición de datos personales se extiende a toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable, por tanto, se ocupa tanto de los datos que afectan la privacidad, como de aquéllos que afectan un ámbito más restringido: la intimidad (34)

Es en este último supuesto que se regulan de manera específica los datos sensibles.

De acuerdo con el proyecto, tienen la naturaleza de datos sensibles los datos personales constituidos por los datos biométricos (35) (36) (37), los datos referidos al origen racial y étnico; las opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales; los hábitos personales; la afiliación sindical; y la información relacionada a la salud o a la vida sexual. Privilegiando la seguridad jurídica, se ha optado pues por hacer una enumeración taxativa de éstos. Otras legislaciones, optan más bien por una enumeración abierta. Se precisa que los datos sensibles son objeto de especial protección dado que los riesgos de vulneración de los derechos fundamentales se hace más evidente en el caso de manipulación de esta categoría de dato.

En cuanto al ámbito subjetivo de tutela del proyecto, éste se ha circunscrito a las personas naturales. No ha considerado, en consecuencia, a las personas jurídicas (38).

Esto se debe a la decisión de asumir, más bien, una posición conservadora, basados en que la primera alternativa es la que cuenta con mayor número de precedentes en el derecho comparado de la protección de datos personales, pues esta legislación fue pensada inicialmente para proteger la intimidad de las personas naturales.

Con relación al ámbito objetivo del proyecto, éste se ha extendido tanto a los datos personales ya contenidos en bancos de datos personales, como a los destinados a ser contenidos en ellos, siempre que su tratamiento se realice en el territorio nacional.

Al efecto, es importante tener presente que el banco de datos personales es definido por la doctrina como centro de ordenación encargado de acopiar y seleccionar antecedentes de cualquier naturaleza (39) o también como archivo estructurado según criterios específicos relativos a las personas (40).

El proyecto de ley incluye una definición técnica al respecto. Es importante tener en cuenta esta definición a efectos de deslindar adecuadamente los supuestos en que se arremete por ejemplo contra el derecho al honor, buena reputación, intimidad, voz e imagen propias, frente a los supuestos en que se agrede el derecho a la protección de los datos personales, pues según ello corresponderá iniciar una acción de amparo o de habeas data.

Se ha excluido del ámbito de aplicación del proyecto no sólo los datos contenidos en bancos de datos personales creados por personas naturales para fines exclusivamente relacionados con su vida privada o familiar, sino también aquéllos contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos de administración pública cuyo tratamiento resulte necesario para el cumplimiento de las competencias asignadas por ley a las respectivas entidades públicas para la defensa nacional, seguridad pública y sus actividades en materia penal para la investigación y represión del delito.

Cabe mencionar que la protección que se confiere a los datos personales a través del proyecto se extiende tanto a aquéllos objeto de tratamiento por sistemas automatizados, como por sistemas manuales (41)

• Título II: Principios rectores

Los principios son normas que tienen la estructura de mandatos de optimización.

Estas normas no determinan exactamente lo que debe hacerse, sino que ordenan «que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes» (42)

Así, el desarrollo de lo que hemos denominado como «principios rectores» es fundamental en la medida que éstos orientan y determinan el comportamiento de todos los que van a participar en el tratamiento de datos personales, señalando las reglas de conducta que ellos deben observar.

Hecha esta breve introducción, en este título se desarrollan ocho principios rectores.

Se trata de los principios rectores de legalidad, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad, disposición de recurso y nivel de protección adecuado.

Los principios consagrados en este título toman su base de los principios propuestos por las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre Protección de la Privacidad y Flujos Transfronterizos de Datos Personales (1980), los Principios Rectores para la Reglamentación de los Ficheros Computarizados de Datos Personales de la Organización de las Naciones Unidas (1990), el Marco sobre Privacidad de APEC (2004), el Plan de Acción de la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe (eLAC 2007) aprobado en el marco de la Conferencia Regional Ministerial de América Latina y el Caribe Preparatoria para la Segunda Fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (2005), y los Estándares Internacionales sobre Protección de Datos Personales y Privacidad, «Resolución de Madrid» (2009).

• Título III: Tratamiento de Datos Personales

En este Título se desarrollan los alcances a que se sujeta el tratamiento de los datos personales, los supuestos en que no se requerirá el consentimiento del titular de datos personales para fines de su tratamiento, así como el flujo transfronterizo de datos, también reconocido en otros ámbitos como TID «Transferencia Internacional de Datos».

Para continuar desarrollando los alcances de este Título, resulta indispensable detenernos en el concepto «contenido esencial» y en la reserva de ley para la imposición de limitaciones a los derechos fundamentales. Al respecto, nuestro Tribunal Constitucional explica lo siguiente: «Todo ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental se reconduce en mayor o menor grado a su contenido esencial, pues todo límite al derecho fundamental sólo resulta válido en la medida de que el contenido esencial se mantenga incólume» (43).

Y luego, «El contenido esencial de un derecho fundamental está constituido por aquel núcleo mínimo e irreductible que posee todo derecho subjetivo reconocido en la Constitución, que es indisponible para el legislador, debido a que su afectación supondría que el derecho pierda su naturaleza e identidad. En tal sentido, se desatiende o desprotege el contenido esencial de un derecho fundamental, cuando este queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable y lo despojan de la protección constitucional otorgada.» (44)

Es así que (los derechos fundamentales) pueden ser restringidos o limitados mediante ley (45).

El respeto que debe el legislador al contenido esencial para establecer cualquier limitación a un derecho fundamental ha sido también previsto en la doctrina, jurisprudencia y en legislación extranjeras e incluso en la supranacional europea (46).

El respeto al contenido esencial, sin embargo, no ha impedido la incorporación de limitaciones y es que «ningún derecho fundamental puede entenderse ilimitado en su ejercicio» (47).

Acorde con lo anterior y tal y como ocurre en otros países (48), en el proyecto de ley se ha establecido que sólo el legislador podrá limitar el ejercicio del derecho fundamental a la protección de datos personales y que tales limitaciones deberán respetar su contenido esencial. El contenido esencial de los derechos fundamentales no puede determinarse a priori, sino sólo en cada caso concreto, así ha sido establecido por nuestro Tribunal Constitucional. (49)

En todo caso, como veremos a continuación, los límites que se impongan deben fundamentarse en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales.

En el proyecto de ley se regulan limitaciones al derecho fundamental a la protección de datos personales, que inciden en la no necesidad de consentimiento para su tratamiento constatados ciertos supuestos (50)

Para la determinación de estos supuestos se ha tenido en cuenta el criterio impuesto hace años ya por nuestro Tribunal Constitucional: «Los límites que pueden establecerse por el ejercicio de estos derechos (fundamentales) son varios y, como regla general, se determinan tomando en consideración la naturaleza de los derechos en cuestión. No obstante, en determinados supuestos, el legislador puede fijar una diversa clase de límites a tales libertades, límites cuya justificación se encuentra en las relaciones especiales de sujeción bajo las que se encuentran determinados individuos (respecto a la administración pública). (51)

En la medida en que los límites especiales derivados de una relación de sujeción especial tienen por propósito garantizar la efectividad de los intereses públicos a los que sirve una dependencia pública, los alcances de esta limitación deben entenderse concretamente referidos a los intereses públicos cuya efectividad se persigue asegurar con la limitación de los derechos constitucionales (52)

Y es que, como señala Bernal Pulido, las restricciones (o limitaciones) que se apliquen a los derechos fundamentales deben ser razonables y proporcionadas, esto es, deben estar justificadas en razón del respeto de otros derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos. (53) (54)

Así ha quedado establecido también en el proyecto de ley.

• Título IV: Derechos del titular de datos personales

Los principios rectores de protección de los datos personales tienen su expresión en los derechos otorgados a las personas cuyos datos sean objeto de tratamiento.

Acorde con lo anterior, tales derechos se desglosan en derecho de información, acceso, actualización, inclusión, rectificación y supresión, a impedir el suministro (55), oposición al tratamiento (56) y al tratamiento objetivo de sus datos personales (57).

Asimismo, se establece el derecho a la tutela que puede ejerce a través de la vía administrativa mediante la reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales o, alternativamente, en la vía jurisdiccional mediante la acción constitucional correspondiente ante el Poder Judicial (58); finalmente, el derecho a ser indemnizado por el daño sufrido como consecuencia de la contravención a las disposiciones del proyecto de ley.

Por último, se ha estimado conveniente precisar la gratuidad para el ejercicio de los derechos mencionados – salvo en los casos que establezca el reglamento -, así como los casos en que procede establecer límites al ejercicio de estos derechos derivados.

• Título V: Obligaciones del titular y del encargado del tratamiento del banco de datos personales

Pero los principios rectores de protección de los datos personales también tienen su expresión en las distintas obligaciones que incumben a los que efectúen su tratamiento. Así en este Título estos principios rectores se traducen en la obligación de efectuar el tratamiento de datos personales sólo previo consentimiento informado, expreso e inequívoco del titular de los datos personales; no recopilar datos personales por medios fraudulentos, desleales o ilícitos y recopilar sólo aquéllos que sean actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados, con relación a finalidades determinadas, explícitas y lícitas para las que se hayan obtenido; no utilizar los datos personales objeto de tratamiento para finalidades distintas de aquéllas que motivaron su recopilación, salvo que medie procedimiento de disociación; almacenar los datos personales de manera que se posibilite el ejercicio de los derechos de su titular; suprimir y sustituir o, en su caso, completar los datos personales objeto de tratamiento cuando tenga conocimiento de su carácter incompleto o inexacto; suprimir los datos personales objeto de tratamiento cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a la finalidad para la cual hubiesen sido recopilados o hubiese vencido el plazo a que se sujetaría su tratamiento, salvo que medie procedimiento de disociación; así como proporcionar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, la información relativa al tratamiento de datos personales que ésta le requiera y permitirle el acceso a los bancos de datos personales que administra, para el ejercicio de sus funciones.

Aunque no figuran incorporadas en este Título, a modo de ejemplo, también constituye obligación de los titulares y encargados de los bancos de datos personales adoptar medidas técnicas, organizativas y legales que garanticen la seguridad de los bancos de datos personales y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado; no crear bancos de datos que prescindan de las medidas de seguridad; así como guardar confidencialidad respecto del tratamiento de datos personales hasta aún después de finalizadas las relaciones que permitieron su conocimiento. Otras obligaciones se derivan del proyecto de ley y pueden ser establecidas en su reglamento.

• Título VI: Bancos de datos personales

Este Título se ocupa de los bancos de datos personales, tanto de administración pública como privada.

Al respecto, las primeras leyes sobre protección de datos posibilitaban sólo el control de los bancos de datos de administración pública. Posteriormente, pudo comprobarse que el peligro podía también proceder de bancos de datos de administración privada -como se ha graficado en la parte introductoria de este documento -. (59)

En el proyecto de ley, coincidiendo con lo advertido, se legisla la protección de datos a cargo de todos los bancos de datos personales, con independencia de su titularidad pública o privada (60).

En el proyecto se deja al desarrollo reglamentario la definición de las normas aplicables para la creación, modificación o cancelación de los bancos de datos.

Adicionalmente, se establecen las reglas a que se sujetarán los servicios de tratamiento de datos personales prestados por terceros, así como los códigos de conducta a cargo de las entidades representativas de los titulares o encargados de bancos de datos personales de administración privada, los que tienen carácter de código deontológico o de buena práctica profesional.

• Título VII: Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales

En este Título se desarrolla el régimen jurídico a que se sujeta la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, condición que conforme a la opinión técnica especializada de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (61), recae en el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección Nacional de Justicia, entidad que tendrá a su cargo realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto y demás disposiciones del proyecto de ley y de su reglamento.

Las funciones asignadas a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales consideran funciones administrativas, orientadoras, normativas, resolutivas, fiscalizadoras y sancionadoras. Sus resoluciones son recurribles ante el Poder Judicial. Adicionalmente, se crea y norma el Registro Nacional de Protección de Datos Personales.

Refiriéndonos al Ministerio de Justicia, debemos señalar que se trata de un órgano del Poder Ejecutivo y ente rector del Sector Justicia que tiene por finalidad velar por la vigencia del imperio de la ley, el derecho y la justicia. Entre sus funciones se encuentra centralizar, coordinar, asesorar y promover la tutela y vigencia de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política, las leyes y los tratados internacionales, función ésta ciertamente especializada y absolutamente necesaria para efectos de la plena eficacia de la ley que se propone y de la tutela efectiva del derecho fundamental a que ella refiere. (62)

En consecuencia, la eficiencia y la eficacia que se requiere en la protección de datos personales en nuestro país se asegura designando al Ministerio de Justicia como Autoridad Nacional en tal materia.

En el desarrollo de la competencia asignada al Ministerio de Justicia y tal y como ha sido opinado por la Secretaría de Gestión Pública (63), la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático (ONGEI) de la Presidencia del Consejo de Ministros, jugará un rol de apoyo y asesoramiento técnico, pues no en vano le corresponde brindar asistencia técnica a las entidades públicas en la implementación de los procesos de innovación tecnológica para la modernización de la administración. En efecto, téngase presente que la ONGEI es ente rector del Sistema Nacional de Informática, se encuentra encargado de implementar la Política Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (64) y que actualmente, además, actúa como Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo de la Sociedad de Información (65).

Para estos propósitos, en su oportunidad, se suscribirán los convenios de cooperación interinstitucional que correspondan.

Si bien es cierto que, siguiendo el modelo europeo, habría sido conveniente crear una entidad con autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa a efectos que se desempeñe como Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, también lo es que la realidad de austeridad por la que atraviesa el país nos lo impide por el momento. En todo caso, esta decisión se adopta con la confianza en que con esta naturaleza jurídica inicial, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales cumpla adecuadamente sus funciones y con ello sensibilice y ayude a la toma de conciencia de las autoridades y de la sociedad en general sobre la necesidad de brindar una adecuada protección a los datos personales.

Sin perjuicio de lo anterior, a efectos de procurar el fortalecimiento de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, se ha estimado conveniente establecer que constituirán recursos propios de ésta tanto las tasas por concepto de derecho de trámite de los procedimientos administrativos y servicios de su competencia, como los montos que recaude por concepto de multas y los recursos provenientes de la cooperación técnica internacional no reembolsable, entre otros.

• Título VIII: Infracciones y Sanciones Administrativas

Este Título se consagra a las infracciones y sanciones administrativas. Así, se clasifican las infracciones a las disposiciones del proyecto de ley como leves, graves y muy graves, derivando su tipificación al reglamento. (66)

Igualmente, se establecen las sanciones que serán aplicables por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, sujetando su graduación a lo ya dispuesto en el artículo 230º numeral 3) de la Ley nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (67).

Se ha optado porque las sanciones administrativas sean de tipo económico. Estas multas han sido expresadas en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) que pueden alcanzar inclusive las 100 (cien) UIT, a condición de que no se exceda el 10 % (diez por ciento) de los ingresos brutos anuales que hubiera percibido el presunto infractor durante el ejercicio anterior. Se considera la aplicación de multas coercitivas.

Finalmente, se ha previsto que la imposición de la multa se efectuará sin perjuicio de las sanciones disciplinarias sobre el personal de las entidades públicas en los casos de bancos de datos personales de administración pública, así como de la indemnización por daños y perjuicios y de las sanciones penales a que hubiera lugar.

• Disposiciones Complementarias Finales

Aunque no es lo usual y ya para finalizar, queremos comentar sólo dos Disposiciones Complementarias Finales, pues éstas merecen una reflexión aparte, sea por sus alcances o por su novedad.

Conforme a la Primera Disposición Complementaria Final, corresponderá al reglamento ocuparse de aspectos complementarios al proyecto de ley o que se estimen indispensables por motivos técnicos o para optimizar su cumplimiento (68).

Esto favorece su actualización constante, sin necesidad de recurrir a su modificación. Esta Disposición Complementaria Final debe aplicarse considerando el artículo 13°, numeral 13.2 del proyecto de ley, según el cual las limitaciones al ejercicio del derecho a la protección de datos personales sólo pueden ser establecidas por ley, deben respetar su contenido esencial y estar justificadas en razón del respeto de otros derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos.

Entre los temas que serán materia de necesaria reglamentación, a manera de ejemplo, citamos la determinación de las fuentes accesibles al público, el trámite aplicable a las solicitudes de los titulares de datos personales para el ejercicio de los derechos que la ley les reconoce, así como los requisitos que éstos deben cumplir a tal efecto; el régimen jurídico aplicable a la creación, modificación o cancelación de bancos de datos personales de administración pública y de administración privada; el régimen jurídico aplicable a la comercialización de datos personales y que luego serán empleados para fines publicitarios o en sistemas de promoción a distancia; el régimen especial a que se sujetará el tratamiento de los datos personales de los niños y de los adolescentes, así como las disposiciones específicas para la protección y garantía de sus derechos; el procedimiento de reclamación que se seguirá ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales por las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la ley; las medidas cautelares y/o correctivas aplicables a los infractores de la ley; así como la tipificación de las infracciones, la escala de sanciones y el procedimiento para su aplicación, la regulación a que se sujetará la aplicación de las multas coercitivas; igualmente, el plazo para la adecuación de los bancos de datos personales creados con anterioridad a la ley, así como de sus reglamentos.

En la Cuarta Disposición Complementaria Final, se dispone la revisión de toda la normativa nacional para efectos de su adecuación a lo dispuesto en la ley, entiéndase, particularmente a sus principios rectores, sin perjuicio de la aplicación del test de proporcionalidad para el caso de las limitaciones que se estimen necesarias, siempre que éstas se efectúen mediante ley, no contravengan su contenido esencial y estén justificadas en razón del respeto de otros derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos.

Llegados a este punto y aunque por técnica legislativa no se indica en el proyecto, es indudable que la revisión que se ordena deberá iniciar con las normas con rango de ley vigentes actualmente, sea que se encuentren relacionadas con los bancos de datos de administración pública o con las fuentes de acceso público actualmente en funcionamiento, o con el tratamiento de las categorías de datos personales.

Para ilustrar lo anterior, queremos referirnos, por ejemplo, al caso de los sistemas de promociones a distancia que son materia de la 5ª Disposición contenida en el Anexo del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor aprobado por Decreto Supremo nº 006-2009-PCM, según la cual los proveedores que empleen call centers, sistemas de llamado telefónico, de envío de mensajes de texto a celular o de mensajes electrónicos masivos para promover productos y servicios, así como quienes presten el servicio de telemercadeo, deberán excluir de entre sus destinatarios a todos aquellos números telefónicos y direcciones electrónicas que hayan sido incorporados a una lista que para dicho fin implementará el INDECOPI. En dicha lista se podrán registrar los consumidores que no deseen ser sujetos de las modalidades de promoción antes indicadas.

En vinculación con lo señalado, nos referirnos a la Directiva de Operación y Funcionamiento del Registro de Números Telefónicos y Direcciones de Correo Electrónico Excluidos de ser Destinatarios de Publicidad Masiva (Registro «Gracias… No Insista») (69), especialmente polémica, por la cual se consagra el uso de los denominados «Ficheros Robinson» cuyos alcances – podrían sostener algunos – contravendrían los principios de consentimiento y finalidad (70).

En aplicación de la filosofía que subyace a estos ficheros – o lo que es lo mismo, bancos de datos – , la persona que no quiera ver mellada su privacidad por la recepción de propaganda no deseada, debe inscribirse en un banco de datos creado para tal efecto. Se invierte así la carga de la prueba y se termina beneficiando intereses privados comerciales.

Cabe señalar, en relación con este tema, que en artículo publicado en septiembre de 2008 bajo el título «El gobierno alemán endurecerá las leyes de protección de datos personales» se sostiene que luego de conocerse que los datos personales de los alemanes pueden comprarse fácilmente en Internet, el Ministro del Interior alemán, Wolfgang Schaeuble, ha señalado que se realizará una reforma de las leyes de protección de datos para hacerlas más estrictas. «(…) en el futuro las compañías sólo serán capaces de almacenar datos personales si los consumidores lo han acordado de forma específica». (71) Y es que las normas alemanas que ya existen permiten, por lo general, a los centros de llamadas y a otras compañías intercambiar direcciones personales a no ser que los consumidores digan que se oponen a ello.

Pero es importante anotar que conjuntamente con el mandato de revisión para adecuación, también se incluye el mandato de formulación de propuestas normativas específicas en caso de vacío o necesidad. En efecto se considera que los alcances de la protección a los datos personales pueden completarse o precisarse, sobretodo en determinados sectores, a través de leyes particulares conforme a los principios rectores contenidos en este proyecto. Tal será el caso, por ejemplo, del tratamiento de los datos de salud de las personas, que ameritarán una regulación específica a cargo del Ministerio del ramo.

Subyace a ambos mandatos (el de revisión para adecuación y el de formulación de nuevas propuestas legales) la opción por el desarrollo de legislación particular sectorial sobre datos personales (72), desestimando el desarrollo de una ley global, modelo actualmente adoptado, por ejemplo, por legislaciones como la chilena, paraguaya y uruguaya.

5. ACLARACION INDISPENSABLE

En ocasiones se ha sostenido que el derecho a la protección de datos personales constituye una barrera para la tutela de otros derechos fundamentales (libertad de información o acceso a la información) o de intereses públicos (desarrollo de la actividad económica). Frente a estos conflictos, la solución del problema no consiste en hacer prevalecer unos sobre otros (73).

En efecto, la solución pasa porque el juez aplique lo que nuestro Tribunal Constitucional ha denominado como la técnica de la ponderación, debiendo efectuarse un cuidadoso análisis en cada caso, a fin de evitar que el límite en la protección de uno de ellos sea en beneficio del ejercicio irrestricto (y abusivo) del otro (74).

En el proyecto de ley no se adoptan pues fórmulas que privilegien ni uno ni otro derecho, como ocurre en la ley paraguaya, según la cual se dispone que la ley dictada en materia de protección de datos personales no se aplique a las libertades de emitir opinión y de informar (75), lo que en nuestra opinión cuestiona la efectividad de la tutela del derecho a la protección de datos personales frente al derecho a informar.

Es a través del silencio en esta materia y la consecuente aplicación de la técnica de ponderación desarrollada también a nivel doctrinario, que el proyecto busca armonizar las exigencias de información propias del Estado, con el ejercicio del derecho fundamental a la protección de datos personales. En todo caso y para que no quede duda al respecto, se ha cuidado de precisar que el uso de datos personales por parte de terceros debe realizarse en pleno respeto de los derechos fundamentales de sus titulares y de los derechos que esta ley les confiere.

ANALISIS COSTO BENEFICIO

Las acciones necesarias para la aplicación de la ley se ejecutan con cargo al presupuesto institucional del pliego del Ministerio de Justicia, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que los costos para su implementación se restringen a los costos de operación de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Estos costos desde ya se verán minimizados pues el Ministerio de Justicia cuenta con la infraestructura que se viene implementando a través de las Casas de la Justicia en todo el territorio nacional. En todo caso, conforme al artículo 36° del proyecto de ley, se habilita una fuente de ingresos permanente a favor de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales por las tasas y multas que está autorizada a cobrar.

Entre tanto, los beneficios de su vigencia son de gran alcance. Por un lado, el aseguramiento de mecanismos para el disfrute de un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución Política, pero poco difundido en sus alcances y pobremente exigido por sus titulares (76); por otro lado, la posibilidad de aspirar a un nivel fluido de relaciones comerciales con la Unión Europea, pues en caso este proyecto de ley vea la luz – sin perjuicio de las normas adicionales y acciones paralelas que deban llevarse a cabo – , constituirá el documento base que podrá dar lugar a que la Unión Europea determine nuestra calificación como país con un nivel suficiente de protección de datos personales (77) (78), lo que dará paso al libre intercambio de datos personales con Europa que desde ya se traducirá en el incremento de inversiones en el Perú (79) (80).

Esto que sostenemos respecto de Europa también sería aplicable en nuestra relación con las economías miembro del APEC que actualmente cuentan con similares dispositivos de control del tráfico de datos personales.

ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La promulgación del proyecto de ley generará un impacto positivo en el sistema jurídico peruano, al establecer el marco especial aplicable en materia de tratamiento de datos personales. A partir de su vigencia, corresponderá la revisión integral de la normativa existente a efectos de su adecuación y, de ser el caso, la dación de leyes particulares sectoriales según los datos de que se trate.

Lima, junio de 2010.

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(1) García González, Aristeo. La Protección de Datos Personales, Derecho Fundamental del Siglo XXI. Un Estudio Comparado. En Revista de Derecho Informático. nº 100 – Noviembre del 2006. Editor Alfa-Redi. Disponible en: http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=7851

(2) Pérez Luño, Antonio Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. Tecnos, Madrid, 2003. p. 337.

(3) Ibid. p.348.

(4) Ibid. p. 366.

(5) Ibid. p. 367.

(6) En el documento de Grupo de Trabajo eLAC 2007- Meta 25 eLAC 2007: Regulación en la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe. Propuestas normativas sobre Privacidad y Protección de Datos y Delitos Informáticos y por Medios Electrónicos, p. 60, se definen los delitos informáticos como aquellas conductas ilícitas que afectan el bien jurídico «información en formato digital». Se trata de afectaciones a la confidencialidad, integridad, disponibilidad o uso de la información o de sus sistemas informacionales de soporte.

(7) En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos desarrolló el derecho a la intimidad, concibiéndolo como el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia, ni de ataques a la honra o la reputación, y a ser protegido contra ellas. El derecho a la intimidad, así concebido, respondía a un concepto más bien estático y fue recogido en la mayoría de los textos constitucionales. Esta concepción se ha quedado de lado. (García González, op. cit. p. 10).

(8) Pérez Luño, op. cit. p. 364. 20

(9) La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea fue firmada y proclamada el 7 de diciembre de 2000 con ocasión del Consejo Europeo de Niza, por los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión y recoge en un único texto, por primera vez en la historia de la Unión Europea, el conjunto de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos europeos y de todas las personas que viven en el territorio de la Unión.

(10) «Artículo 8º: Protección de datos de carácter personal

1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan.

2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación.

3. El respeto de estas normas queda sujeto al control de una autoridad independiente.»

(11) La OCDE es una organización de cooperación internacional, cuyo objetivo es coordinar las políticas económicas y sociales de los Estados que la conforman. Fue fundada en 1961 y su sede central se encuentra en la ciudad de París, Francia. Los países miembros actualmente son Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Gracia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía, Japón, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda, México, República Checa, Corea del Sur, Hungría, Polonia y Eslovaquia.

(12) En el 2007, la OCDE propició que los países miembros renovaran los compromisos de cooperación mutua con miras a promover el mejoramiento de los marcos legales domésticos para facilitar la cooperación y el desarrollo de mecanismos internacionales de supervisión y control, a fin de garantizar el cumplimiento de las leyes de protección de datos personales.

(13) La Declaración de la Antigua se emitió con motivo de la celebración del Seminario sobre Protección de Datos Personales en Iberoamérica – II Encuentro Latinoamericano de Datos Personales, impulsado por la Agencia Española de Protección de Datos, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), celebrado en La Antigua (Guatemala), los días 2 a 6 de junio de 2003.

(14) Conocido según texto original como «APEC Privacy Framework».

(15) La referencia a los servicios informáticos alude a los bancos de datos. (García Toma, Víctor. Análisis Sistemático de la Constitución Peruana de 1993. Tomo I. Fondo de Desarrollo Editorial, 1998. p. 84).

(16) Constitución Política del Perú, artículo 2, inciso 6.

(17) Constitución Política del Perú, artículo 200, inciso 3.

(18) Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 08.07.1998 recaída en el Expediente nº 666-96-HD/TC. Disponible en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/1998/00666-1996-HD.html

(19) Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 29.01.2003 recaída en el Expediente nº 1797-2002-HD/TC. Disponible en: http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01797-2002-HD.html

(20) Código Procesal Constitucional, artículos 61, 62 y 64.

(21) Código Penal, Capítulo II: Violación de la Intimidad, artículo 157.- Uso indebido de archivos computarizados.

(22) Código Penal, Capítulo X: Delitos Informáticos, artículo 207-A.- Delito Informático. Artículo incorporado mediante Ley nº 27309 del 17.07.2000.

(23) Ley nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado por Decreto Supremo nº 043-2003-PCM.

(24) Artículo 2º, inciso 5 de la Constitución Política. «Toda persona tiene derecho:

(…)

5) A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.»

.(…)

(25) Artículo 17° inciso 5), sobre excepciones al ejercicio del derecho: Información confidencial. El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de lo siguiente:

(…)

5. La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar. La información referida a la salud personal, se considera comprendida dentro de la intimidad personal. En este caso, sólo el juez puede ordenar la publicación sin perjuicio de lo establecido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado.

(26)

Vigésimo Novena Política de Estado del Acuerdo Nacional

Acceso a la Información, Libertad de Expresión y Libertad de Prensa

(…)»

Con el objetivo de garantizar el acceso a la información y la libertad de expresión, el Estado: (…) (e) procurará el equilibrio entre el derecho a la protección de la intimidad personal y la seguridad nacional, con el derecho al libre acceso de la información del Estado y a la libertad de expresión;

(…)»

Disponible en: http://www.acuerdonacional.gob.pe/DocumentosAN/2008/castellano.pdf

(27) Cabe transcribir al respecto los numerales 3 y 4 del artículo 14.2 º Acceso y Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones del Capítulo 14º, Telecomunicaciones, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, vigente en nuestro país a partir del 1 de febrero de 2009:

(…)»

3. Cada Parte garantizará que las empresas de otra Parte puedan usar servicios públicos de telecomunicaciones para mover información en su territorio o a través de sus fronteras y para tener acceso a la información contenida en bancos de datos o almacenada de forma que sea legible por una máquina en el territorio de cualquiera de las Partes.

4. No obstante lo dispuesto en el numeral 3, una Parte podrá tomar medidas que sean necesarias para:

(a) garantizar la seguridad y confidencialidad de los mensajes; o

(b) proteger la privacidad de datos personales no públicos de los suscriptores de servicios públicos de telecomunicaciones, siendo entendido que tales medidas no se apliquen de tal manera que pudieran constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable, o alguna restricción encubierta al comercio de servicios.»

(28) El Tratado de Libre Comercio entre el Perú y Canadá, vigente en nuestro país a partir del 1 de agosto de 2009, establece en el Capítulo 15 (Comercio Electrónico) lo siguiente:

«Artículo 1507: Protección de la Información Personal

1. Las Partes reconocen la importancia de proteger la información personal en el ambiente en línea.

2. Con este fin, cada Parte debería:

(a) Adoptar o mantener medidas legales, reglamentarias y administrativas para la protección de la información personal de los usuarios que participen en el comercio electrónico; y

(b) Intercambiar información y experiencia sobre sus regímenes domésticos de protección de la información personal».

(29) Meta 25 del Plan de Acción del eLac 2007, bajo el rubro «Instrumentos de Política» – «Marco Legislativo»: 25 Establecer grupos de trabajo subregionales para promover y fomentar políticas de armonización de normas y estándares, con el fin de crear marcos legislativos que brinden confianza y seguridad, tanto a nivel nacional como a nivel regional, prestando especial atención a la legislación sobre la protección de la privacidad y datos personales, delitos informáticos y delitos por medio de las TIC, spam, firma electrónica o digital y contratos electrónicos, como marco para el desarrollo de la sociedad de la información. Plazo: noviembre de 2005. Disponible en:  http://www.eclac.org/socinfo/noticias/noticias/2/32362/2008-1-TICs-Compromiso_de_San_Salvador.pdf

(30) Meta 78 del Plan de Acción del eLac 2010, bajo el Capítulo VI: Instrumentos de política y estrategias:

Renovar el mandato del grupo de trabajo en materia del marco legal de la sociedad de la información para facilitar el diálogo y la coordinación de las diversas iniciativas regulatorias a nivel regional y local que pudieran favorecer la armonización normativa de la región. Disponible en: http://www.eclac.org/socinfo/noticias/noticias/2/32362/2008-1-TICs-Compromiso_de_San_Salvador.pdf

(31) Objetivo 3 del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú – la Agenda Digital: Desarrollar el sector social del Perú garantizando el acceso a servicios sociales de calidad, promoviendo nuevas formas de trabajo digno, incentivando la investigación científica e innovación tecnológica, así como asegurando la inclusión social y el ejercicio pleno de la ciudadanía. Estrategia 3.3 Contribuir al ejercicio amplio y pleno de la democracia y la garantía del Estado de Derecho con la aplicación de las TICs. Acción 3.3.1 Establecimiento de normas que faciliten el derecho de la ciudadanía a la información, a la comunicación y al resguardo de datos confidenciales. Disponible en: http://www.codesi.gob.pe/codesi/downloads/MATRIZ_DEL_PLAN_200606.pdf

(32) El Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú – la Agenda Digital ha sido aprobado por Decreto Supremo nº 031-2006-PCM del 21 de junio de 2006 y constituye un documento de política que contiene las acciones, estrategias, metas, y políticas específicas necesarias para el adecuado desarrollo, implementación y promoción de la Sociedad de la Información en el Perú, a fin de alcanzar la modernización del Estado y desarrollar un esquema real y coherente en beneficio de la población en general. Para su implementación, seguimiento y monitoreo se cuenta con una Comisión Multisectorial de carácter permanente, presidida por el Presidente del Consejo de Ministros e integrada por los Ministros de Transportes y Comunicaciones, Producción y Educación. Esta comisión se denomina Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (CODESI).

(33) Los derechos de tercera generación se presentan como una respuesta al fenómeno de la denominada «contaminación de las libertades», término con el que en algunos sectores de la teoría social anglosajona se hace alusión a la erosión y degradación que aqueja a los derechos. (García González, op.cit. p. 4.)

Efectuamos esta distinción sólo por efectos académicos, sin conllevar a ninguna priorización de unos frente a otros.

(34) «(…) el derecho a la protección de datos «reconoce a la persona un poder de control sobre la información personal que le concierne, sobre su utilización y destino, para evitar utilizaciones ilícitas, por lo que su protección no sólo se limita a datos íntimos, sino a cualquier información personal, sea o no íntima, siempre que su tratamiento pueda afectar a derechos y libertades de la persona» (García González, op. cit. pág. 25, citando a Herrán Ortiz).

(35) Los datos biométricos revelan rasgos característicos y distintivos de partes físicas o biológicas de la persona que la hacen diferente a cada uno de los otros. En sentido general, la recopilación se lleva a cabo a través del escaneo de la muestra física (total o parcial) o biológica por un dispositivo biométrico de captación adecuado. La muestra captada es procesada por un software o programa informático o por métodos convencionales y manuales.

(36) Entre otros datos biométricos, cabe citar las huellas digitales, la geometría de la mano, análisis del iris o de la retina, reconocimiento facial o del diafragma, análisis del ADN, lectura del patrón de la voz, datos de imagen (las fotografías son los soportes de datos de imagen por excelencia) inclusive los capturados a través de sistemas de cámaras o de videocámaras o de escáneres corporales, y los datos genéticos. El artículo 8.1 de la Directiva 46/95 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 «relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos» prohíbe el tratamiento de este tipo de datos considerados «sensibles» por las informaciones que revelan. En lo que respecta a los datos genéticos, éstos también son considerados como datos de la salud.

(37) Recordemos que el 28 de noviembre del 2008, mediante Resolución Administrativa nº 270-2008-CE-PJ se aprobó la Directiva «Registro y Control Biométrico de Procesados y Sentenciados Libres», la misma que permite garantizar y verificar la identidad de los procesados o sentenciados que se encuentren en libertad, verificando su concurrencia al juzgado en los plazos señalados, de acuerdo a las medidas coercitivas que se le hayan impuesto.

(38) A manera de ejemplo, tanto la ley argentina como la ley uruguaya para la protección de datos personales extienden su ámbito de aplicación subjetivo a las personas jurídicas.

(39) García Toma, op. cit. p. 84.

(40) Definición incluida en el Considerando nº 15 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 «relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos».

(41) Esta opción es también la recogida en el artículo 2, Definiciones, literal b) tratamiento, de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 «relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos».

(42) Bernal Pulido, Carlos. El Derecho de los Derechos. Panamericana, Colombia, 2005. p. 97.

(43) Tribunal Constitucional del Perú, La Constitución en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Gaceta Jurídica, 2006, p.23, L 012, expediente nº 1417-2005-AA, 08/07/05, P. FJ. 21.

(44) Tribunal Constitucional del Perú, op. cit., p.24, L 014, expediente nº 1042-2202-AA, 06/12/02, S2, FJ. 2.2.4.

(45) Expediente nº 9038-2005-PHC/TC, 28.11.200, FJ 4, que se remite al expediente nº 51091-2002-HC/TC.

(46) En efecto, el artículo 52º de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, establece lo siguiente:

«Artículo 52º

Alcance de los derechos garantizados

1. Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. (…)»

(47) En: Tribunal Constitucional del Perú. op. cit., p. 29, L035, Expediente nº 2663-02003-HC, 23/03/04, P, FJ.6.

(48) La Ley Fundamental de Bonn de 1949 y la Constitución Española de 1978 contienen cláusulas en virtud a las cuales se establece que en la limitación de los derechos el legislador deberá respetar su contenido esencial. Así consta en el Expediente nº 2868-2004-AA, 24/11/04, S2, FJ.16. del Tribunal Constitucional. (Tribunal Constitucional del Perú, op. cit., p.30, L 039).

(49) Expediente nº 1417- 2005-AA, 08/07/2005, FJ. 21. «Este Tribunal Constitucional considera que la determinación del contenido esencial de los derechos fundamentales no puede efectuarse a priori, es decir, al margen de los principios, los valores y los demás derechos fundamentales que la Constitución reconoce. En efecto, en tanto el contenido esencial de un derecho fundamental es la concreción de las esenciales manifestaciones de los principios y valores que lo informan, su determinación requiere un análisis sistemático de este conjunto de bienes constitucionales, en el que adquiere participación medular el principio-derecho de dignidad humana, al que se reconducen, en última instancia, todos los derechos fundamentales de la persona.» Asimismo, FJ. 22. «Si bien es cierto que la exactitud de aquello que constituye o no el contenido protegido por parte de un derecho fundamental, y, más específicamente, el contenido esencial de dicho derecho, sólo puede ser determinado a la luz de cada caso concreto, no menos cierto es que existen determinadas premisas generales que pueden coadyuvar en su ubicación. Para ello, es preciso tener presente la estructura de todo derecho fundamental.»

(50) El consentimiento, tal y como se señala en el proyecto de ley, es requisito para cualquier tratamiento de datos personales y consiste en la manifestación de voluntad previa, informada, expresa e inequívoca de su titular. En el caso de datos sensibles, el consentimiento además debe constar por escrito.

(51) Tribunal Constitucional del Perú, op. cit., p.33, L 051, expediente nº 0866-2000-AA, 10/07/02, P, FJ.3.

(52) Tribunal Constitucional del Perú, op. cit., p.34, L 051, expediente nº 0866-2000-AA, 10/07/02, P, FJ. 4.

(53) Bernal Pulido, op. cit., p. 253.

(54) En el mismo sentido: «(…) Los límites (a los derechos fundamentales) pueden ser intrínsecos o extrínsecos (…)» y, refiriéndose a los segundos, que son los que nos ocupan, define éstos como»(…) aquellos que se deducen del ordenamiento jurídico, cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales (…)».En: Tribunal Constitucional del Perú. op. cit., p. 29, L035, Expediente nº 2663-02003-HC, 23/03/04, P, FJ.6.

Igualmente, cabe remitirnos al artículo 52º de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, parte final, que señala que sólo se podrán introducir limitaciones a los derechos fundamentales, respetando el principio de proporcionalidad, cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.

(55) Nótese que los derechos de acceso, actualización, inclusión, rectificación, supresión y a impedir el suministro son reconocidos bajo tal denominación a través del Código Procesal Constitucional de 2004. En puridad, tienen el mismo alcance que los denominados derechos de acceso, rectificación y cancelación que son materia de diversa legislación sobre el tema.

(56) El ejercicio del derecho de oposición al tratamiento supone el tratamiento de datos sin consentimiento del titular. Conviene diferenciar esta figura de la revocación, pues aunque también se traduzca en el rechazo al tratamiento, tratándose de la revocación el tratamiento de datos personales se da por haber existido consentimiento previo, el que se decide retirar.

(57) Con el derecho al tratamiento objetivo, se pretende evitar que el tratamiento de datos personales permita o propicie actividades discriminatorias, lo que constituye una de las mayores preocupaciones frente al avance de la informática. Entre los datos que al efecto interesa proteger de este tratamiento tendencioso se encuentran los relativos al rendimiento laboral y a la situación crediticia, entre otros.

(58) El artículo 24º del proyecto de ley, sobre derecho a la tutela, establece la posibilidad de optar entre acudir a) a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en vía de reclamación, (artículos 219º y siguientes de la Ley nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General), en cuyo caso, agotada la vía administrativa, procede recurrir al Poder Judicial a través de la acción contencioso administrativa; o b), alternativamente, acudir a la acción constitucional de habeas data ante el Poder Judicial (artículos 61º y siguientes del Código Procesal Constitucional). Ello resulta congruente con la regulación del habeas data que no exige el agotamiento de vía administrativa alguna – vía previa -, cuando ésta estuviere prevista (artículo 62°, parte final, del Código Procesal Constitucional).

(59) Cabe rescatar parte de las declaraciones emitidas por Artemi Rallo, Director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en entrevista concedida al diario español «El País», edición del 28.11.2008: En cuanto al manejo estatal de este tipo de datos, Rallo tiene claro que su uso por el sector público no constituye una amenaza en comparación con su uso por el sector privado. «La mayor parte de las inspecciones y sanciones impuestas por la agencia son a entidades privadas. En el 2007 frente a 66 sanciones a administraciones públicas se impusieron 399 a entidades privadas». (Alfa Redi. Revista de Derecho Informático. Disponible en: http://www.alfa-redi.org/noticia.shtml?x=11137.)

(60) No obstante, cabe referir que la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal de Méjico, de reciente publicación, regula únicamente los bancos de datos a cargo de entidades públicas.

(61) Informe nº 020-2009-PCM-SGP-LMA de la Secretaría de Gestión Pública remitido con Oficio nº 4007-2009-PCM/SG al Ministerio de Justicia.

(62) En efecto, véanse los artículos 4°, 5° y 6° inciso j) de Decreto Ley nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia, así como los artículos 3° y 6° inciso d) del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia aprobado pro Decreto Supremo nº 019-2001-JUS.

(63) Informe citado en el pie de página 61.

(64) A tal propósito, véase el artículo 49º del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros aprobado por Decreto Supremo nº 063-2007-PCM.

(65) Al efecto, véase el Decreto Supremo nº 048-2008-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reestructuración de la Comisión Multisectorial para el Seguimiento y Evaluación del «Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú – La Agenda Digital Peruana».

(66) Ello al amparo de lo previsto en el artículo 230º inciso 4) de la Ley nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General que permite la tipificación de las infracciones por la vía reglamentaria, si así se prevé por ley.

(67) Conforme a la Segunda Disposición Complementaria y Final de la Ley nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sobre prohibición de reiterar contenidos normativos, las disposiciones legales posteriores no pueden reiterar el contenido de las normas de dicha ley, debiendo sólo referirse al artículo respectivo o concretarse a regular aquello no previsto.

(68) En tal sentido resulta de utilidad revisar el Reglamento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPRODA) que, por declaraciones de la Agencia Española de Protección de Datos, incrementaría la seguridad jurídica y contribuiría a conseguir una mayor claridad en la aplicación de la norma y a adaptar sus previsiones a la realidad existente. El Reglamento resolvería las cuestiones que se han planteado en la práctica consolidando y objetivando los precedentes de la Agencia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Disponible en: http://www.hoytecnologia.com/noticias/Aprobado-Reglamento-Proteccion-Datos/37338

(69) Directiva nº 005-2009/COD-INDECOPI

(70) La Declaración de Río de Janeiro del 2005, suscrita por los representantes de América Latina y el Caribe, con ocasión de la Conferencia Regional Ministerial de América Latina y el Caribe preparatoria para la Segunda Fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, recoge la declaración siguiente: «8. Nuestro compromiso de reforzar la cooperación y la coordinación regional con el fin de fomentar una cultura de ciberseguridad que nos permite equilibrar la seguridad de la información y la seguridad de las redes con la privacidad y la protección del consumidor mientras se desarrollan nuevas aplicaciones. Este compromiso tiene el propósito de evitar el uso de las tecnologías y los recursos informativos con fines delictivos y terroristas, dentro de un marco de respeto de los derechos humanos y lucha contra el uso ilegal y el uso inadecuado de las TIC, entre otras cosas contra el envío de correos electrónicos no solicitados, que podrían reducir la confianza de los usuarios o la estabilidad y la seguridad de los recursos y las redes de información. (…)».

(71) Disponible en: http://www.hoytecnologia.com/noticias/Gobierno-aleman-endurecera-leyes/73950

(72) Acorde con la opción asumida, nótese que el 22º considerando de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 «relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos» menciona que se ofrece a los Estados miembros de la Unión Europea la posibilidad de prever, independientemente de las normas generales, condiciones especiales de tratamiento de datos en sectores específicos, así como para las diversas categorías de datos.

(73) Tribunal Constitucional, op. cit., p. 73, L144, expediente nº 1219-2003-HD, 21/01/04, S1, FJ.6.

(74) En la sentencia recaída en el expediente nº 1797-2002-HD/TC del 29.01.2003, nuestro Tribunal Constitucional señala lo siguiente: «(…) Todos los derechos constitucionales tienen, formalmente, la misma jerarquía, por ser derechos constitucionales. De ahí que ante una colisión entre ellos, la solución del problema no consiste en hacer prevalecer unos sobre otros, sino en resolverlos mediante la técnica de la ponderación y el principio de concordancia práctica.» (FJ nº 11, 5º párrafo) Disponible en: http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01797-2002-HD.html

(75) Nos referimos a la Ley nº 1969 que modifica, amplía y deroga varios artículos de la Ley nº 1682/2001 «que reglamenta la información de carácter privado», artículo 1º.

(76) A pesar de su larga trayectoria en el tema, este problema no es ajeno a Europa. Así, en noticia difundida el 27.01.2008, el EUROPAPRESS reportó que en el 2003, más del 60 por ciento de los ciudadanos europeos tenía un conocimiento escaso acerca de sus derechos en materia de protección de datos y sobre la existencia de autoridades independientes con competencias para su protección. Atendiendo a esta situación, el Consejo, la Comisión Europa y todas las autoridades de protección de datos de los países miembros de la Unión Europea, promoverían para el día siguiente una jornada para celebrar el Día Europeo de la Protección de Datos, con el fin de impulsar, entre los ciudadanos europeos, el conocimiento de sus derechos y responsabilidades en esta materia y que se familiaricen con los aspectos normativos. Disponible en: http://www.hoytecnologia.com/noticias/Proteccion-Datos-recibe-primeras/41557. El Día Europeo de Protección de Datos ha sido luego celebrado en los años 2009 y 2010.

(77) El procedimiento previsto por la Unión Europea para comprobar que un tercer país garantiza un nivel adecuado de protección de datos está regulado en el apartado 2 del artículo 25, del Capítulo IV, Transferencia de Datos Personales a Terceros Países de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 «relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos» y a la letra señala lo siguiente: «El carácter adecuado del nivel de protección que ofrece un país tercero se evaluará atendiendo a todas las circunstancias que concurran en una transferencia o en una categoría de transferencias de datos; en particular, se tomará en consideración la naturaleza de los datos, la finalidad y la duración del tratamiento o de los tratamientos previstos en el país de origen y el país de destino final, las normas de Derecho, generales y sectoriales, vigentes en el país tercero de que se trate, así como las normas profesionales y las medidas de seguridad en vigor en dichos países.»

(78) «Como regla general, podrá considerarse que el Estado otorga un nivel de protección adecuado en los supuestos en los que el mismo cuente con una norma reguladora de la protección de datos que contenga los principios sustantivos que se han enumerado y exista una autoridad encargada de velar por su cumplimiento, ante la cual los ciudadanos puedan dirigir sus reclamaciones y que ostente poderes de inspección e investigación de los tratamientos. (Directrices para la Armonización de la Protección de Datos en la Comunidad Iberoamericana elaborado por la Red Iberoamericana de Protección de Datos, p.11.)

(79) Mediante la Decisión de la Comisión de 30 de junio de 2003, la Unión Europea ha reconocido a la normatividad argentina como adecuada en los términos de la Directiva nº 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 «relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos». Este reconocimiento significa la no aplicación a Argentina de restricciones para la transferencia de datos personales, permitiendo el libre flujo de los datos personales desde la Unión Europea a dicho país.

(80) Es pertinente, en tal sentido, referirnos al negocio de los Call Centers, entendidos éstos como centros de contacto de nueva generación que son utilizados por las empresas para vender sus productos o servicios y manejar las relaciones con sus clientes, en actividades como asesoría, información, asistencia técnica, investigación y cobranzas. Según cifras al 2009, existen más de 60 empresas con 20 mil posiciones instaladas y disponibles en el Perú, lo que genera aproximadamente 40 mil empleos directos ya que hay dos turnos diarios. Se estima que al 2012 se generarán 75 mil empleos, cifra que ciertamente crecería por efecto de la inversión particularmente europea, que sea motivada por un marco regulatorio específico que provea de confidencialidad y seguridad a los datos de los clientes de los proveedores europeos de estos servicios. Ciertamente, frente a otros países latinoamericanos, el Perú ya presenta importantes ventajas competitivas para el desarrollo del negocio de los Call centers (menos costo de mano de obra y flexibilidad laboral, tono de voz neutral, requerimientos tecnológicos, costos menores alquiler de locales o de costo de viviendas, exención del IGV a la exportación de servicios de Call Centers). Si a ello agregamos la dación de una ley específica, el crecimiento de la inversión extranjera por encima de las cifras a la fecha proyectadas resulta seguro.

01Ene/14

Legislacion Informatica de España. Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.

La actual Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal adaptó nuestro ordenamiento a lo dispuesto por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, derogando a su vez la hasta entonces vigente Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal.

La nueva ley, que ha nacido con una amplia vocación de generalidad, prevé en su artículo 1 que «tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal». Comprende por tanto el tratamiento automatizado y el no automatizado de los datos de carácter personal.

A fin de garantizar la necesaria seguridad jurídica en un ámbito tan sensible para los derechos fundamentales como el de la protección de datos, el legislador declaró subsistentes las normas reglamentarias existentes y, en especial, los reales decretos 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos, 1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre de Regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal y 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, a la vez que habilitó al Gobierno para la aprobación o modificación de las disposiciones reglamentarias necesarias para la aplicación y desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.

Por otra parte, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones atribuyen competencias en materia sancionadora a la Agencia Española de Protección de Datos. Éstas requieren de desarrollo reglamentario con la peculiaridad de que ambas normas se ordenan a la tutela no sólo de los derechos de las personas físicas, sino también de las jurídicas.

II

Este Reglamento comparte con la Ley Orgánica la finalidad de hacer frente a los riesgos que para los derechos de la personalidad pueden suponer el acopio y tratamiento de datos personales. Por ello, ha de destacarse que esta norma reglamentaria nace con la vocación de no reiterar los contenidos de la norma superior y de desarrollar, no sólo los mandatos contenidos en la Ley Orgánica de acuerdo con los principios que emanan de la Directiva, sino también aquellos que en estos años de vigencia de la Ley se ha demostrado que precisan de un mayor desarrollo normativo.

Por tanto, se aprueba este Reglamento partiendo de la necesidad de dotar de coherencia a la regulación reglamentaria en todo lo relacionado con la transposición de la Directiva y de desarrollar los aspectos novedosos de la Ley Orgánica 15/1999, junto con aquellos en los que la experiencia ha aconsejado un cierto de grado de precisión que dote de seguridad jurídica al sistema.

III

El reglamento viene a abarcar el ámbito tutelado anteriormente por los reales decretos 1332/1994, de 20 de junio, y 994/1999, de 11 de junio, teniendo en cuenta la necesidad de fijar criterios aplicables a los ficheros y tratamientos de datos personales no automatizados. Por otra parte, la atribución de funciones a la Agencia Española de Protección de Datos por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones obliga a desarrollar también los procedimientos para el ejercicio de la potestad sancionadora por la Agencia.

El reglamento se estructura en nueve títulos cuyo contenido desarrolla los aspectos esenciales en esta materia.

El título I contempla el objeto y ámbito de aplicación del reglamento. A lo largo de la vigencia de la Ley Orgánica 15/1999, se ha advertido la conveniencia de desarrollar el apartado 2 de su artículo 2 para aclarar qué se entiende por ficheros y tratamientos relacionados con actividades personales o domésticas, aspecto muy relevante dado que están excluidos de la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

Por otra parte, el presente reglamento no contiene previsiones para los tratamientos de datos personales a los que se refiere el apartado 3 del artículo 2 de la ley orgánica, dado que se rigen por sus disposiciones específicas y por lo especialmente previsto, en su caso, por la propia Ley Orgánica 15/1999. En consecuencia, se mantiene el régimen jurídico propio de estos tratamientos y ficheros.

Además, en este título se aporta un conjunto de definiciones que ayudan al correcto entendimiento de la norma, lo que resulta particularmente necesario en un ámbito tan tecnificado como el de la protección de datos personales.

Por otra parte, fija el criterio a seguir en materia de cómputo de plazos con el fin de homogeneizar esta cuestión evitando distinciones que suponen diferencias de trato de los ficheros públicos respecto de los privados.

El título II, se refiere a los principios de la protección de datos. Reviste particular importancia la regulación del modo de captación del consentimiento atendiendo a aspectos muy específicos como el caso de los servicios de comunicaciones electrónicas y, muy particularmente, la captación de datos de los menores. Asimismo, se ofrece lo que no puede definirse sino como un estatuto del encargado del tratamiento, que sin duda contribuirá a clarificar todo lo relacionado con esta figura. Las previsiones en este ámbito se completan con lo dispuesto en el título VIII en materia de seguridad dotando de un marco coherente a la actuación del encargado.

El título III se ocupa de una cuestión tan esencial como los derechos de las personas en este ámbito. Estos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento, según ha afirmado el Tribunal Constitucional en su sentencia número 292/2000, constituyen el haz de facultades que emanan del derecho fundamental a la protección de datos y «sirven a la capital función que desempeña este derecho fundamental: garantizar a la persona un poder de control sobre sus datos personales, lo que sólo es posible y efectivo imponiendo a terceros los mencionados deberes de hacer».

A continuación, los títulos IV a VII permiten clarificar aspectos importantes para el tráfico ordinario, como la aplicación de criterios específicos a determinado tipo de ficheros de titularidad privada que por su trascendencia lo requerían -los relativos a la solvencia patrimonial y crédito y los utilizados en actividades de publicidad y prospección comercial-, el conjunto de obligaciones materiales y formales que deben conducir a los responsables a la creación e inscripción de los ficheros, los criterios y procedimientos para la realización de las transferencias internacionales de datos, y, finalmente, la regulación de un instrumento, el código tipo, llamado a jugar cada vez un papel más relevante como elemento dinamizador del
derecho fundamental a la protección de datos.

El título VIII regula un aspecto esencial para la tutela del derecho fundamental a la protección de datos, la seguridad, que repercute sobre múltiples aspectos organizativos, de gestión y aún de inversión, en todas las organizaciones que traten datos personales. La repercusión del deber de seguridad obligaba a un particular rigor ya que en esta materia han confluido distintos elementos muy relevantes.

Por una parte, la experiencia dimanante de la aplicación del Real Decreto 994/1999 permitía conocer las dificultades que habían enfrentado los responsables e identificar los puntos débiles y fuertes de la regulación.

Por otra, se reclamaba la adaptación de la regulación en distintos aspectos. En este sentido, el reglamento trata de ser particularmente riguroso en la atribución de los niveles de seguridad, en la fijación de las medidas que corresponda adoptar en cada caso y en la revisión de las mismas cuando ello resulte necesario. Por otra parte, ordena con mayor precisión el contenido y las obligaciones vinculadas al mantenimiento del documento de seguridad.

Además, se ha pretendido regular la materia de modo que contemple las múltiples formas de organización material y personal de la seguridad que se dan en la práctica. Por último, se regula un conjunto de medidas destinadas a los ficheros y tratamientos estructurados y no automatizados que ofrezca a los responsables un marco claro de actuación.

Finalmente en el título IX, dedicado a los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos, se ha optado por normar exclusivamente aquellas especialidades que diferencian a los distintos procedimientos tramitados por la Agencia de las normas generales previstas para los procedimientos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuya aplicación se declara supletoria al presente reglamento.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de diciembre de 2007.

D I S P O N G O :

 

Artículo único. Aprobación del reglamento.

Se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, cuyo texto se incluye a continuación.

 

Disposición transitoria primera. Adaptación de los códigos tipo inscritos en el Registro General de Protección de Datos.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente real decreto deberán notificarse a la Agencia Española de Protección de Datos las modificaciones que resulten necesarias en los códigos tipo inscritos en el Registro General de Protección de Datos para adaptar su contenido a lo dispuesto en el título VII del mismo.

 

Disposición transitoria segunda. Plazos de implantación de las medidas de seguridad.

La implantación de las medidas de seguridad previstas en el presente real decreto deberá producirse con arreglo a las siguientes reglas:

1.ª Respecto de los ficheros automatizados que existieran en la fecha de entrada en vigor del presente real decreto:

a) En el plazo de un año desde su entrada en vigor, deberán implantarse las medidas de seguridad de nivel medio exigibles a los siguientes ficheros:

1.º Aquéllos de los que sean responsables las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y se relacionen con el ejercicio de sus competencias.

2.º Aquéllos de los que sean responsables las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

3.º Aquéllos que contengan un conjunto de datos de carácter personal que ofrezcan una definición de las características o de la personalidad de los ciudadanos y que permitan evaluar determinados aspectos de la personalidad o del comportamiento de los mismos, respecto de las medidas de este nivel que no fueran exigibles conforme a lo previsto en el artículo 4.4 del Reglamento de Medidas de seguridad de los ficheros automatizados de datos de carácter personal, aprobado por Real Decreto 994/1999, de 11 de junio.

b) En el plazo de un año desde su entrada en vigor deberán implantarse las medidas de seguridad de nivel medio y en el de dieciocho meses desde aquella fecha, las de nivel alto exigibles a los siguientes ficheros:

1.º Aquéllos que contengan datos derivados de actos de violencia de género.

2.º Aquéllos de los que sean responsables los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas respecto a los datos de tráfico y a los datos de localización.

c) En los demás supuestos, cuando el presente reglamento exija la implantación de una medida adicional, no prevista en el Reglamento de Medidas de seguridad de los ficheros automatizados de datos de carácter personal, aprobado por Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, dicha medida deberá implantarse en el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente real decreto.

2.ª Respecto de los ficheros no automatizados que existieran en la fecha de entrada en vigor del presente real decreto:

a) Las medidas de seguridad de nivel básico deberán implantarse en el plazo de un año desde su entrada en vigor.

b) Las medidas de seguridad de nivel medio deberán implantarse en el plazo de dieciocho meses desde su entrada en vigor.

c) Las medidas de seguridad de nivel alto deberán implantarse en el plazo de dos años desde su entrada en vigor.

3.ª Los ficheros, tanto automatizados como no automatizados, creados con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto deberán tener implantadas, desde el momento de su creación la totalidad de las medidas de seguridad reguladas en el mismo.

 

Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de las solicitudes para el ejercicio de los derechos de las personas.

A las solicitudes para el ejercicio de los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación que hayan sido efectuadas antes de la entrada en vigor del presente real decreto, no les será de aplicación el mismo, rigiéndose por la normativa anterior.

 

Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de los procedimientos.

A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor del presente real decreto, no les será de aplicación el mismo, rigiéndose por la normativa anterior.

 

Disposición transitoria quinta. Régimen transitorio de las actuaciones previas.

A las actuaciones previas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto, no les será de aplicación el mismo, rigiéndose por la normativa anterior.

El presente real decreto se aplicará a las actuaciones previas que se inicien después de su entrada en vigor.

 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogados el Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal y todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

El título I, con excepción del apartado c) del artículo 4, los títulos II, III, VII y VIII, así como los artículos 52, 53.3, 53.4, 54, 55.1, 55.3, 56, 57, 58 y 63.3 del reglamento se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

 

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor a los tres meses de su íntegra publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 21 de diciembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO

 

REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

 

TÍTULO I. Disposiciones generales

 

Artículo 1. Objeto.

1. El presente reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.

2. Asimismo, el capítulo III del título IX de este reglamento desarrolla las disposiciones relativas al ejercicio por la Agencia Española de Protección de Datos de la potestad sancionadora, en aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en el título VII de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, y en el título VIII de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

 

Artículo 2. Ámbito objetivo de aplicación.

1. El presente reglamento será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.

2. Este reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas jurídicas, ni a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas físicas que presten sus servicios en aquéllas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales.

3. Asimismo, los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros, también se entenderán excluidos del régimen de aplicación de la protección de datos de carácter personal.

4. Este reglamento no será de aplicación a los datos referidos a personas fallecidas. No obstante, las personas vinculadas al fallecido, por razones familiares o análogas, podrán dirigirse a los responsables de los ficheros o tratamientos que contengan datos de éste con la finalidad de notificar el óbito, aportando acreditación suficiente del mismo, y solicitar, cuando hubiere lugar a ello, la cancelación de los datos.

 

Artículo 3. Ámbito territorial de aplicación.

1. Se regirá por el presente reglamento todo tratamiento de datos de carácter personal:

a) Cuando el tratamiento sea efectuado en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento, siempre que dicho establecimiento se encuentre ubicado en territorio español.

Cuando no resulte de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior, pero exista un encargado del tratamiento ubicado en España, serán de aplicación al mismo las normas contenidas en el título VIII del presente reglamento.

b) Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio español, le sea de aplicación la legislación española, según las normas de Derecho internacional público.

c) Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio de la Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, salvo que tales medios se utilicen únicamente con fines de tránsito.

En este supuesto, el responsable del tratamiento deberá designar un representante establecido en territorio español.

2. A los efectos previstos en los apartados anteriores, se entenderá por establecimiento, con independencia de su forma jurídica, cualquier instalación estable que permita el ejercicio efectivo y real de una actividad.

 

Artículo 4. Ficheros o tratamientos excluidos.

El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en el presente reglamento no será de aplicación a los siguientes ficheros y tratamientos:

a) A los realizados o mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.

Sólo se considerarán relacionados con actividades personales o domésticas los tratamientos relativos a las actividades que se inscriben en el marco de la vida privada o familiar de los particulares.

b) A los sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.

c) A los establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves de delincuencia organizada. No obstante el responsable del fichero comunicará previamente la existencia
del mismo, sus características generales y su finalidad a la Agencia Española de Protección de Datos.

 

Artículo 5. Definiciones.

1. A los efectos previstos en este reglamento, se entenderá por:

a) Afectado o interesado: Persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento.

b) Cancelación: Procedimiento en virtud del cual el responsable cesa en el uso de los datos. La cancelación implicará el bloqueo de los datos, consistente en la identificación y reserva de los mismos con el fin de impedir su tratamiento excepto para su puesta a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y sólo durante el plazo de prescripción de dichas responsabilidades. Transcurrido ese plazo deberá procederse a la supresión de los datos.

c) Cesión o comunicación de datos: Tratamiento de datos que supone su revelación a una persona distinta del interesado.

d) Consentimiento del interesado: Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen.

e) Dato disociado: aquél que no permite la identificación de un afectado o interesado.

f) Datos de carácter personal: Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables.

g) Datos de carácter personal relacionados con la salud: las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo. En particular,
se consideran datos relacionados con la salud de las personas los referidos a su porcentaje de discapacidad y a su información genética.

h) Destinatario o cesionario: la persona física o jurídica, pública o privada u órgano administrativo, al que se revelen los datos.

Podrán ser también destinatarios los entes sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados.

i) Encargado del tratamiento: La persona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento o del responsable del fichero, como consecuencia de la existencia de una relación jurídica que le vincula con el mismo y delimita el ámbito de su actuación para la prestación de un servicio.

Podrán ser también encargados del tratamiento los entes sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados.

j) Exportador de datos personales: la persona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo situado en territorio español que realice, conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento, una transferencia de datos de carácter personal a un país tercero.

k) Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, que permita el acceso a los datos con arreglo a criterios determinados, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.

l) Ficheros de titularidad privada: los ficheros de los que sean responsables las personas, empresas o entidades de derecho privado, con independencia de quien ostente la titularidad de su capital o de la procedencia de sus recursos económicos, así como los ficheros de los que sean responsables las corporaciones de derecho público, en cuanto dichos ficheros no se encuentren estrictamente vinculados al ejercicio de potestades de derecho público que a las mismas atribuye su normativa específica.

m) Ficheros de titularidad pública: los ficheros de los que sean responsables los órganos constitucionales o con relevancia constitucional del Estado o las instituciones autonómicas con funciones análogas a los mismos, las Administraciones públicas territoriales, así como las entidades u organismos vinculados o dependientes de las mismas y las Corporaciones de derecho público siempre que su finalidad sea el ejercicio de potestades de derecho público.

n) Fichero no automatizado: todo conjunto de datos de carácter personal organizado de forma no automatizada y estructurado conforme a criterios específicos relativos a personas físicas, que permitan acceder sin esfuerzos desproporcionados a sus datos personales, ya sea aquél centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica.

ñ) Importador de datos personales: la persona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo receptor de los datos en caso de transferencia internacional de los mismos a un tercer país, ya sea responsable del tratamiento, encargada del tratamiento o tercero.

o) Persona identificable: toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier información referida a su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social.

Una persona física no se considerará identificable si dicha identificación requiere plazos o actividades desproporcionados.

p) Procedimiento de disociación: Todo tratamiento de datos personales que permita la obtención de datos disociados.

q) Responsable del fichero o del tratamiento: Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que sólo o conjuntamente con otros decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, aunque no lo realizase materialmente.

Podrán ser también responsables del fichero o del tratamiento los entes sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados.

r) Tercero: la persona física o jurídica, pública o privada u órgano administrativo distinta del afectado o interesado, del responsable del tratamiento, del responsable del fichero, del encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos bajo la autoridad directa del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento.

Podrán ser también terceros los entes sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados.

s) Transferencia internacional de datos: Tratamiento de datos que supone una transmisión de los mismos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo, bien constituya una cesión o comunicación de datos, bien tenga por objeto la realización de un tratamiento de datos por cuenta del responsable del fichero establecido en territorio español.

t) Tratamiento de datos: cualquier operación o procedimiento técnico, sea o no automatizado, que permita la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, consulta, utilización, modificación, cancelación, bloqueo o supresión, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.

2. En particular, en relación con lo dispuesto en el título VIII de este reglamento se entenderá por:

a) Accesos autorizados: autorizaciones concedidas a un usuario para la utilización de los diversos recursos. En su caso, incluirán las autorizaciones o funciones que tenga atribuidas un usuario por delegación del responsable del fichero o tratamiento o del responsable de seguridad.

b) Autenticación: procedimiento de comprobación de la identidad de un usuario.

c) Contraseña: información confidencial, frecuentemente constituida por una cadena de caracteres, que puede ser usada en la autenticación de un usuario o en el acceso a un recurso.

d) Control de acceso: mecanismo que en función de la identificación ya autenticada permite acceder a datos o recursos.

e) Copia de respaldo: copia de los datos de un fichero automatizado en un soporte que posibilite su recuperación.

f) Documento: todo escrito, gráfico, sonido, imagen o cualquier otra clase de información que puede ser tratada en un sistema de información como una unidad diferenciada.

g) Ficheros temporales: ficheros de trabajo creados por usuarios o procesos que son necesarios para un tratamiento ocasional o como paso intermedio durante la realización de un tratamiento.

h) Identificación: procedimiento de reconocimiento de la identidad de un usuario.

i) Incidencia: cualquier anomalía que afecte o pudiera afectar a la seguridad de los datos.

j) Perfil de usuario: accesos autorizados a un grupo de usuarios.

k) Recurso: cualquier parte componente de un sistema de información.

l) Responsable de seguridad: persona o personas a las que el responsable del fichero ha asignado formalmente la función de coordinar y controlar las medidas de seguridad aplicables.

m) Sistema de información: conjunto de ficheros, tratamientos, programas, soportes y en su caso, equipos empleados para el tratamiento de datos de carácter personal.

n) Sistema de tratamiento: modo en que se organiza o utiliza un sistema de información. Atendiendo al sistema de tratamiento, los sistemas de información podrán ser automatizados, no automatizados o parcialmente automatizados.

ñ) Soporte: objeto físico que almacena o contiene datos o documentos, u objeto susceptible de ser tratado en un sistema de información y sobre el cual se pueden grabar y recuperar datos.

o) Transmisión de documentos: cualquier traslado, comunicación, envío, entrega o divulgación de la información contenida en el mismo.

p) Usuario: sujeto o proceso autorizado para acceder a datos o recursos. Tendrán la consideración de usuarios los procesos que permitan acceder a datos o recursos sin identificación de un usuario físico.

 

Artículo 6. Cómputo de plazos.

En los supuestos en que este reglamento señale un plazo por días se computarán únicamente los hábiles.

Cuando el plazo sea por meses, se computarán de fecha a fecha.

Artículo 7. Fuentes accesibles al público.

1. A efectos del artículo 3, párrafo j) de la Ley Orgánica 15/1999, se entenderá que sólo tendrán el carácter de fuentes accesibles al público:

a) El censo promocional, regulado conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

b) Las guías de servicios de comunicaciones electrónicas, en los términos previstos por su normativa específica.

c) Las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección profesional e indicación de su pertenencia al grupo. La dirección profesional podrá incluir los datos del domicilio postal completo, número telefónico, número de fax y dirección electrónica. En el caso de Colegios profesionales, podrán indicarse como datos de pertenencia al grupo los de número de colegiado, fecha de incorporación y situación de ejercicio profesional.

d) Los diarios y boletines oficiales.

e) Los medios de comunicación social.

2. En todo caso, para que los supuestos enumerados en el apartado anterior puedan ser considerados fuentes accesibles al público, será preciso que su consulta pueda ser realizada por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación.

 

TÍTULO II. Principios de protección de datos

 

CAPÍTULO I. Calidad de los datos

 

Artículo 8. Principios relativos a la calidad de los datos.

1. Los datos de carácter personal deberán ser tratados de forma leal y lícita. Se prohíbe la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.

2. Los datos de carácter personal sólo podrán ser recogidos para el cumplimiento de finalidades determinadas, explícitas y legítimas del responsable del tratamiento.

3. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos.

4. Sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos que sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.

5. Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado. Si los datos fueran recogidos directamente del afectado, se considerarán exactos los facilitados por éste.

Si los datos de carácter personal sometidos a tratamiento resultaran ser inexactos, en todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos rectificados o completados en el plazo de diez días desde que se tuviese conocimiento de la inexactitud, salvo que la legislación aplicable al fichero establezca un procedimiento o un plazo específico para ello.

Cuando los datos hubieran sido comunicados previamente, el responsable del fichero o tratamiento deberá notificar al cesionario, en el plazo de diez días, la rectificación o cancelación efectuada, siempre que el cesionario sea conocido.

En el plazo de diez días desde la recepción de la notificación, el cesionario que mantuviera el tratamiento de los datos, deberá proceder a la rectificación y cancelación notificada.

Esta actualización de los datos de carácter personal no requerirá comunicación alguna al interesado, sin perjuicio del ejercicio de los derechos por parte de los interesados reconocidos
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el título III de este reglamento.

6. Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.

No obstante, podrán conservarse durante el tiempo en que pueda exigirse algún tipo de responsabilidad derivada de una relación u obligación jurídica o de la ejecución de un contrato o de la aplicación de medidas precontractuales solicitadas por el interesado.

Una vez cumplido el período al que se refieren los párrafos anteriores, los datos sólo podrán ser conservados previa disociación de los mismos, sin perjuicio de la obligación de bloqueo prevista en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el presente reglamento.

7. Los datos de carácter personal serán tratados de forma que permitan el ejercicio del derecho de acceso, en tanto no proceda su cancelación.

 

Artículo 9. Tratamiento con fines estadísticos, históricos o científicos.

1. No se considerará incompatible, a los efectos previstos en el apartado 3 del artículo anterior, el tratamiento de los datos de carácter personal con fines históricos,
estadísticos o científicos.

Para la determinación de los fines a los que se refiere el párrafo anterior se estará a la legislación que en cada caso resulte aplicable y, en particular, a lo dispuesto en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, Reguladora de la función estadística pública, la Ley 16/1985, de 25 junio, del Patrimonio histórico español y la Ley 13/1986, de 14 de abril de Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, y sus respectivas disposiciones de desarrollo, así como a la normativa autonómica en estas materias.

2. Por vía de excepción a lo dispuesto en el apartado 6 del artículo anterior, la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades de control de las comunidades autónomas podrán, previa solicitud del responsable del tratamiento y conforme al procedimiento establecido en la sección segunda del capítulo VII del título IX del presente reglamento, acordar el mantenimiento íntegro de determinados datos, atendidos sus valores históricos, estadísticos o científicos de acuerdo con las normas a las que se refiere el apartado anterior.

 

Artículo 10. Supuestos que legitiman el tratamiento o cesión de los datos.

1. Los datos de carácter personal únicamente podrán ser objeto de tratamiento o cesión si el interesado hubiera prestado previamente su consentimiento para ello.

2. No obstante, será posible el tratamiento o la cesión de los datos de carácter personal sin necesidad del consentimiento del interesado cuando:

a) Lo autorice una norma con rango de ley o una norma de derecho comunitario y, en particular, cuando concurra uno de los supuestos siguientes:

El tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés legítimo del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dichas normas, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales de los interesados previstos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el responsable del tratamiento cumpla un deber que le imponga una de dichas normas.

b) Los datos objeto de tratamiento o de cesión figuren en fuentes accesibles al público y el responsable del fichero, o el tercero a quien se comuniquen los datos, tenga un interés legítimo para su tratamiento o conocimiento, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.

No obstante, las Administraciones públicas sólo podrán comunicar al amparo de este apartado los datos recogidos de fuentes accesibles al público a responsables de ficheros de titularidad privada cuando se encuentren autorizadas para ello por una norma con rango de ley.

3. Los datos de carácter personal podrán tratarse sin necesidad del consentimiento del interesado cuando:

a) Se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de las competencias que les atribuya una norma con rango de ley o una norma de derecho comunitario.

b) Se recaben por el responsable del tratamiento con ocasión de la celebración de un contrato o precontrato o de la existencia de una relación negocial, laboral o administrativa de la que sea parte el afectado y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento.

c) El tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del apartado 6 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

4. Será posible la cesión de los datos de carácter personal sin contar con el consentimiento del interesado cuando:

a) La cesión responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control comporte la comunicación de los datos. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique.

b) La comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas o a las instituciones
autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas y se realice en el ámbito de las funciones que la ley les atribuya expresamente.

c) La cesión entre Administraciones públicas cuando concurra uno de los siguientes supuestos:

Tenga por objeto el tratamiento de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.

Los datos de carácter personal hayan sido recogidos o elaborados por una Administración pública con destino a otra.

La comunicación se realice para el ejercicio de competencias idénticas o que versen sobre las mismas materias.

5. Los datos especialmente protegidos podrán tratarse y cederse en los términos previstos en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

En particular, no será necesario el consentimiento del interesado para la comunicación de datos personales sobre la salud, incluso a través de medios electrónicos, entre organismos, centros y servicios del Sistema Nacional de Salud cuando se realice para la atención sanitaria de las personas, conforme a lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

 

Artículo 11. Verificación de datos en solicitudes formuladas a las Administraciones públicas.

Cuando se formulen solicitudes por medios electrónicos en las que el interesado declare datos personales que obren en poder de las Administraciones públicas, el órgano destinatario de la solicitud podrá efectuar en el ejercicio de sus competencias las verificaciones necesarias para comprobar la autenticidad de los datos.

 

CAPÍTULO II. Consentimiento para el tratamiento de los datos y deber de información

 

SECCIÓN 1.ª OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO DEL AFECTADO

 

Artículo 12. Principios generales.

1. El responsable del tratamiento deberá obtener el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos de carácter personal salvo en aquellos supuestos en que el mismo no sea exigible con arreglo a lo dispuesto en las leyes.

La solicitud del consentimiento deberá ir referida a un tratamiento o serie de tratamientos concretos, con delimitación de la finalidad para los que se recaba, así como de las restantes condiciones que concurran en el tratamiento o serie de tratamientos.

2. Cuando se solicite el consentimiento del afectado para la cesión de sus datos, éste deberá ser informado de forma que conozca inequívocamente la finalidad a la que se destinarán los datos respecto de cuya comunicación se solicita el consentimiento y el tipo de actividad desarrollada por el cesionario. En caso contrario, el consentimiento será nulo.

3. Corresponderá al responsable del tratamiento la prueba de la existencia del consentimiento del afectado por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

 

Artículo 13. Consentimiento para el tratamiento de datos de menores de edad.

1. Podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de catorce años con su consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la Ley exija para su prestación la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. En el caso de los menores de catorce años se requerirá el consentimiento de los padres o tutores.

2. En ningún caso podrán recabarse del menor datos que permitan obtener información sobre los demás miembros del grupo familiar, o sobre las características del mismo, como los datos relativos a la actividad profesional de los progenitores, información económica, datos sociológicos o cualesquiera otros, sin el consentimiento de los titulares de tales datos. No obstante, podrán recabarse los datos de identidad y dirección del padre, madre o tutor con la única finalidad de recabar la autorización prevista en el apartado anterior.

3. Cuando el tratamiento se refiera a datos de menores de edad, la información dirigida a los mismos deberá expresarse en un lenguaje que sea fácilmente comprensible por aquéllos, con expresa indicación de lo dispuesto en este artículo.

4. Corresponderá al responsable del fichero o tratamiento articular los procedimientos que garanticen que se ha comprobado de modo efectivo la edad del menor y la autenticidad del consentimiento prestado en su caso, por los padres, tutores o representantes legales.

 

Artículo 14. Forma de recabar el consentimiento.

1. El responsable del tratamiento podrá solicitar el consentimiento del interesado a través del procedimiento establecido en este artículo, salvo cuando la Ley exija al mismo la obtención del consentimiento expreso para el tratamiento de los datos.

2. El responsable podrá dirigirse al afectado, informándole en los términos previstos en los artículos 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y 12.2 de este reglamento y deberá concederle un plazo de treinta días para manifestar su negativa al tratamiento, advirtiéndole de que en caso de no pronunciarse a tal efecto se entenderá que consiente el tratamiento de sus datos de carácter personal.

En particular, cuando se trate de responsables que presten al afectado un servicio que genere información periódica o reiterada, o facturación periódica, la comunicación podrá llevarse a cabo de forma conjunta a esta información o a la facturación del servicio prestado, siempre que se realice de forma claramente visible.

3. En todo caso, será necesario que el responsable del tratamiento pueda conocer si la comunicación ha sido objeto de devolución por cualquier causa, en cuyo caso no podrá proceder al tratamiento de los datos referidos a ese interesado.

4. Deberá facilitarse al interesado un medio sencillo y gratuito para manifestar su negativa al tratamiento de los datos. En particular, se considerará ajustado al presente reglamento los procedimientos en el que tal negativa pueda efectuarse, entre otros, mediante un envío prefranqueado al responsable del tratamiento, la llamada a un número telefónico gratuito o a los servicios de atención al público que el mismo hubiera establecido.

5. Cuando se solicite el consentimiento del interesado a través del procedimiento establecido en este artículo, no será posible solicitarlo nuevamente respecto de los mismos tratamientos y para las mismas finalidades en el plazo de un año a contar de la fecha de la anterior solicitud.

 

Artículo 15. Solicitud del consentimiento en el marco de una relación contractual para fines no relacionados directamente con la misma.

Si el responsable del tratamiento solicitase el consentimiento del afectado durante el proceso de formación de un contrato para finalidades que no guarden relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual, deberá permitir al afectado que manifieste expresamente su negativa al tratamiento o comunicación de datos.

En particular, se entenderá cumplido tal deber cuando se permita al afectado la marcación de una casilla claramente visible y que no se encuentre ya marcada en el documento que se le entregue para la celebración del contrato o se establezca un procedimiento equivalente que le permita manifestar su negativa al tratamiento.

 

Artículo 16. Tratamiento de datos de facturación y tráfico en servicios de comunicaciones electrónicas.

La solicitud del consentimiento para el tratamiento o cesión de los datos de tráfico, facturación y localización por parte de los sujetos obligados, o en su caso la revocación de aquél, según la legislación reguladora de las telecomunicaciones se someterá a lo establecido en su normativa específica y, en lo que no resulte contrario a la misma, a lo establecido en la presente sección.

 

Artículo 17. Revocación del consentimiento.

1. El afectado podrá revocar su consentimiento a través de un medio sencillo, gratuito y que no implique ingreso alguno para el responsable del fichero o tratamiento.

En particular, se considerará ajustado al presente reglamento el procedimiento en el que tal negativa pueda efectuarse, entre otros, mediante un envío prefranqueado al responsable del tratamiento o la llamada a un número telefónico gratuito o a los servicios de atención al público que el mismo hubiera establecido.

No se considerarán conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los supuestos en que el responsable establezca como medio para que el interesado pueda manifestar su negativa al tratamiento el envío de cartas certificadas o envíos semejantes, la utilización de servicios de telecomunicaciones que implique una tarificación adicional al afectado o cualesquiera otros medios que impliquen un coste adicional al interesado.

2. El responsable cesará en el tratamiento de los datos en el plazo máximo de diez días a contar desde el de la recepción de la revocación del consentimiento, sin perjuicio de su obligación de bloquear los datos conforme a lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

3. Cuando el interesado hubiera solicitado del responsable del tratamiento la confirmación del cese en el tratamiento de sus datos, éste deberá responder expresamente a la solicitud.

4. Si los datos hubieran sido cedidos previamente, el responsable del tratamiento, una vez revocado el consentimiento, deberá comunicarlo a los cesionarios, en el plazo previsto en el apartado 2, para que éstos, cesen en el tratamiento de los datos en caso de que aún lo mantuvieran, conforme al artículo 16.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

 

SECCIÓN 2.ª DEBER DE INFORMACIÓN AL INTERESADO

 

Artículo 18. Acreditación del cumplimiento del deber de información.

1. El deber de información al que se refiere el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, deberá llevarse a cabo a través de un medio que permita acreditar su cumplimiento, debiendo conservarse mientras persista el tratamiento de los datos del afectado.

2. El responsable del fichero o tratamiento deberá conservar el soporte en el que conste el cumplimiento del deber de informar. Para el almacenamiento de los soportes, el responsable del fichero o tratamiento podrá utilizar medios informáticos o telemáticos. En particular podrá proceder al escaneado de la documentación en soporte papel, siempre y cuando se garantice que en dicha automatización no ha mediado alteración alguna de los soportes originales.

 

Artículo 19. Supuestos especiales.

En los supuestos en que se produzca una modificación del responsable del fichero como consecuencia de una operación de fusión, escisión, cesión global de activos y pasivos, aportación o transmisión de negocio o rama de actividad empresarial, o cualquier operación de reestructuración societaria de análoga naturaleza, contemplada por la normativa mercantil, no se producirá cesión de datos, sin perjuicio del cumplimiento por el responsable de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

 

CAPÍTULO III. Encargado del tratamiento

 

Artículo 20. Relaciones entre el responsable y el encargado del tratamiento.

1. El acceso a los datos por parte de un encargado del tratamiento que resulte necesario para la prestación de un servicio al responsable no se considerará comunicación de datos, siempre y cuando se cumpla lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y en el presente capítulo.

El servicio prestado por el encargado del tratamiento podrá tener o no carácter remunerado y ser temporal o indefinido.

No obstante, se considerará que existe comunicación de datos cuando el acceso tenga por objeto el establecimiento de un nuevo vínculo entre quien accede a los datos y el afectado.

2. Cuando el responsable del tratamiento contrate la prestación de un servicio que comporte un tratamiento de datos personales sometido a lo dispuesto en este capítulo deberá velar por que el encargado del tratamiento reúna las garantías para el cumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento.

3. En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato al que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, será considerado, también, responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

No obstante, el encargado del tratamiento no incurrirá en responsabilidad cuando, previa indicación expresa del responsable, comunique los datos a un tercero designado por aquél, al que hubiera encomendado la prestación de un servicio conforme a lo previsto en el presente capítulo.

 

Artículo 21. Posibilidad de subcontratación de los servicios.

1. El encargado del tratamiento no podrá subcontratar con un tercero la realización de ningún tratamiento que le hubiera encomendado el responsable del tratamiento, salvo que hubiera obtenido de éste autorización para ello. En este caso, la contratación se efectuará siempre en nombre y por cuenta del responsable del tratamiento.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, será posible la subcontratación sin necesidad de autorización siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que se especifiquen en el contrato los servicios que puedan ser objeto de subcontratación y, si ello fuera posible, la empresa con la que se vaya a subcontratar.

Cuando no se identificase en el contrato la empresa con la que se vaya a subcontratar, será preciso que el encargado del tratamiento comunique al responsable los datos que la identifiquen antes de proceder a la subcontratación.

b) Que el tratamiento de datos de carácter personal por parte del subcontratista se ajuste a las instrucciones del responsable del fichero.

c) Que el encargado del tratamiento y la empresa subcontratista formalicen el contrato, en los términos previstos en el artículo anterior.

En este caso, el subcontratista será considerado encargado del tratamiento, siéndole de aplicación lo previsto en el artículo 20.3 de este reglamento.

3. Si durante la prestación del servicio resultase necesario subcontratar una parte del mismo y dicha circunstancia no hubiera sido prevista en el contrato, deberán someterse al responsable del tratamiento los extremos señalados en el apartado anterior.

 

Artículo 22. Conservación de los datos por el encargado del tratamiento.

1. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento o al encargado que éste hubiese designado, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.

No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso deberá procederse a la devolución de los mismos garantizando el responsable del fichero dicha conservación.

2. El encargado del tratamiento conservará, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento.

 

TÍTULO III. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

 

Artículo 23. Carácter personalísimo.

1. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición son personalísimos y serán ejercidos por el afectado.

2. Tales derechos se ejercitarán:

a) Por el afectado, acreditando su identidad, del modo previsto en el artículo siguiente.

b) Cuando el afectado se encuentre en situación de incapacidad o minoría de edad que le imposibilite el ejercicio personal de estos derechos, podrán ejercitarse por su representante legal, en cuyo caso será necesario que acredite tal condición.

c) Los derechos también podrán ejercitarse a través de representante voluntario, expresamente designado para el ejercicio del derecho. En ese caso, deberá constar claramente acreditada la identidad del representado, mediante la aportación de copia de su Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, y la representación conferida por aquél.

Cuando el responsable del fichero sea un órgano de las Administraciones públicas o de la Administración de Justicia, podrá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.

3. Los derechos serán denegados cuando la solicitud sea formulada por persona distinta del afectado y no se acreditase que la misma actúa en representación de aquél.

 

Artículo 24. Condiciones generales para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

1. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición son derechos independientes, de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de ninguno de ellos sea requisito previo para el ejercicio de otro.

2. Deberá concederse al interesado un medio sencillo y gratuito para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

3. El ejercicio por el afectado de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición será gratuito y en ningún caso podrá suponer un ingreso adicional para el responsable del tratamiento ante el que se ejercitan.

No se considerarán conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el presente Reglamento los supuestos en que el responsable del tratamiento
establezca como medio para que el interesado pueda ejercitar sus derechos el envío de cartas certificadas o semejantes, la utilización de servicios de telecomunicaciones que implique una tarificación adicional al afectado o cualesquiera otros medios que impliquen un coste excesivo para el interesado.

4. Cuando el responsable del fichero o tratamiento disponga de servicios de cualquier índole para la atención a su público o el ejercicio de reclamaciones relacionadas con el servicio prestado o los productos ofertados al mismo, podrá concederse la posibilidad al afectado de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de dichos servicios. En tal caso, la identidad del interesado se considerará acreditada por los medios establecidos para la identificación de los clientes del responsable en la prestación de sus servicios o contratación de sus productos.

5. El responsable del fichero o tratamiento deberá atender la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición ejercida por el afectado aún cuando el mismo no hubiese utilizado el procedimiento establecido específicamente al efecto por aquél, siempre que el interesado haya utilizado un medio que permita acreditar el envío y la recepción de la solicitud, y que ésta contenga los elementos referidos en el párrafo 1 del artículo siguiente.

Artículo 25. Procedimiento.

1. Salvo en el supuesto referido en el párrafo 4 del artículo anterior, el ejercicio de los derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida al responsable del fichero, que contendrá:

a) Nombre y apellidos del interesado; fotocopia de su documento nacional de identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en su caso, de la persona que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes; así como el documento o instrumento electrónico acreditativo de tal representación. La utilización de firma electrónica identificativa del afectado eximirá de la presentación de las fotocopias del DNI o documento equivalente.

El párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la normativa específica aplicable a la comprobación de datos de identidad por las Administraciones Públicas en los procedimientos
administrativos.

b) Petición en que se concreta la solicitud.

c) Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante.

d) Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso.

2. El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en todo caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros.

3. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos especificados en el apartado primero, el responsable del fichero deberá solicitar la subsanación de los mismos.

4. La respuesta deberá ser conforme con los requisitos previstos para cada caso en el presente título.

5. Corresponderá al responsable del tratamiento la prueba del cumplimiento del deber de respuesta al que se refiere el apartado 2, debiendo conservar la acreditación del cumplimiento del mencionado deber.

6. El responsable del fichero deberá adoptar las medidas oportunas para garantizar que las personas de su organización que tienen acceso a datos de carácter personal puedan informar del procedimiento a seguir por el afectado para el ejercicio de sus derechos.

7. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá modularse por razones de seguridad pública en los casos y con el alcance previsto en las Leyes.

8. Cuando las leyes aplicables a determinados ficheros concretos establezcan un procedimiento especial para la rectificación o cancelación de los datos contenidos en los mismos, se estará a lo dispuesto en aquéllas.

 

Artículo 26. Ejercicio de los derechos ante un encargado del tratamiento.

Cuando los afectados ejercitasen sus derechos ante un encargado del tratamiento y solicitasen el ejercicio de su derecho ante el mismo, el encargado deberá dar traslado de la solicitud al responsable, a fin de que por el mismo se resuelva, a menos que en la relación existente con el responsable del tratamiento se prevea precisamente que el encargado atenderá, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio por los afectados de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.

 

CAPÍTULO II. Derecho de acceso

 

Artículo 27. Derecho de acceso.

1. El derecho de acceso es el derecho del afectado a obtener información sobre si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así como la información disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos.

2. En virtud del derecho de acceso el afectado podrá obtener del responsable del tratamiento información relativa a datos concretos, a datos incluidos en un determinado fichero, o a la totalidad de sus datos sometidos a tratamiento.

No obstante, cuando razones de especial complejidad lo justifiquen, el responsable del fichero podrá solicitar del afectado la especificación de los ficheros respecto de los cuales quiera ejercitar el derecho de acceso, a cuyo efecto deberá facilitarle una relación de todos ellos.

3. El derecho de acceso es independiente del que otorgan a los afectados las leyes especiales y en particular la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 

Artículo 28. Ejercicio del derecho de acceso.

1. Al ejercitar el derecho de acceso, el afectado podrá optar por recibir la información a través de uno o varios de los siguientes sistemas de consulta del fichero:

a) Visualización en pantalla.

b) Escrito, copia o fotocopia remitida por correo, certificado o no.

c) Telecopia.

d) Correo electrónico u otros sistemas de comunicaciones electrónicas.

e) Cualquier otro sistema que sea adecuado a la configuración o implantación material del fichero o a la naturaleza del tratamiento, ofrecido por el responsable.

2. Los sistemas de consulta del fichero previstos en el apartado anterior podrán restringirse en función de la configuración o implantación material del fichero o de la naturaleza del tratamiento, siempre que el que se ofrezca al afectado sea gratuito y asegure la comunicación escrita si éste así lo exige.

3. El responsable del fichero deberá cumplir al facilitar el acceso lo establecido en el Título VIII de este Reglamento.

Si tal responsable ofreciera un determinado sistema para hacer efectivo el derecho de acceso y el afectado lo rechazase, aquél no responderá por los posibles riesgos que para la seguridad de la información pudieran derivarse de la elección.

Del mismo modo, si el responsable ofreciera un procedimiento para hacer efectivo el derecho de acceso y el afectado exigiese que el mismo se materializase a través de un procedimiento que implique un coste desproporcionado, surtiendo el mismo efecto y garantizando la misma seguridad el procedimiento ofrecido por el responsable, serán de cuenta del afectado los gastos derivados de su elección.

 

Artículo 29. Otorgamiento del acceso.

1. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de acceso en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el plazo sin que de forma expresa se responda a la petición de acceso, el interesado podrá interponer la reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

En el caso de que no disponga de datos de carácter personal de los afectados deberá igualmente comunicárselo en el mismo plazo.

2. Si la solicitud fuera estimada y el responsable no acompañase a su comunicación la información a la que se refiere el artículo 27.1, el acceso se hará efectivo durante los diez días siguientes a dicha comunicación.

3. La información que se proporcione, cualquiera que sea el soporte en que fuere facilitada, se dará en forma legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos.

Dicha información comprenderá todos los datos de base del afectado, los resultantes de cualquier elaboración o proceso informático, así como la información disponible sobre el origen de los datos, los cesionarios de los mismos y la especificación de los concretos usos y finalidades para los que se almacenaron los datos.

 

Artículo 30. Denegación del acceso.

1. El responsable del fichero o tratamiento podrá denegar el acceso a los datos de carácter personal cuando el derecho ya se haya ejercitado en los doce meses anteriores a la solicitud, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto.

2. Podrá también denegarse el acceso en los supuestos en que así lo prevea una Ley o una norma de derecho comunitario de aplicación directa o cuando éstas impidan al responsable del tratamiento revelar a los afectados el tratamiento de los datos a los que se refiera el acceso.

3. En todo caso, el responsable del fichero informará al afectado de su derecho a recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, de las autoridades de control de las comunidades autónomas, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

 

CAPÍTULO III. Derechos de rectificación y cancelación

 

Artículo 31. Derechos de rectificación y cancelación.

1. El derecho de rectificación es el derecho del afectado a que se modifiquen los datos que resulten ser inexactos o incompletos.

2. El ejercicio del derecho de cancelación dará lugar a que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o excesivos, sin perjuicio del deber de bloqueo conforme a este reglamento.

En los supuestos en que el interesado invoque el ejercicio del derecho de cancelación para revocar el consentimiento previamente prestado, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y en el presente reglamento.

 

Artículo 32. Ejercicio de los derechos de rectificación y cancelación.

1. La solicitud de rectificación deberá indicar a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse y deberá ir acompañada de la documentación justificativa de lo solicitado.

En la solicitud de cancelación, el interesado deberá indicar a qué datos se refiere, aportando al efecto la documentación que lo justifique, en su caso.

2. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de rectificación o cancelación en el plazo máximo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el plazo sin que de forma expresa se responda a la petición, el interesado podrá interponer la reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

En el caso de que no disponga de datos de carácter personal del afectado deberá igualmente comunicárselo en el mismo plazo.

3. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido cedidos previamente, el responsable del fichero deberá comunicar la rectificación o cancelación efectuada al cesionario, en idéntico plazo, para que éste, también en el plazo de diez días contados desde la recepción de dicha comunicación, proceda, asimismo, a rectificar o cancelar los datos.

La rectificación o cancelación efectuada por el cesionario no requerirá comunicación alguna al interesado, sin perjuicio del ejercicio de los derechos por parte de los interesados reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

 

Artículo 33. Denegación de los derechos de rectificación y cancelación.

1. La cancelación no procederá cuando los datos de carácter personal deban ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado que justificaron el tratamiento de los datos.

2. Podrá también denegarse los derechos de rectificación o cancelación en los supuestos en que así lo prevea una ley o una norma de derecho comunitario de aplicación directa o cuando éstas impidan al responsable del tratamiento revelar a los afectados el tratamiento de los datos a los que se refiera el acceso.

3. En todo caso, el responsable del fichero informará al afectado de su derecho a recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, de las autoridades de control de las Comunidades Autónomas, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

 

CAPÍTULO IV. Derecho de oposición

 

Artículo 34. Derecho de oposición.

El derecho de oposición es el derecho del afectado a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo en los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento, como consecuencia de la concurrencia de un motivo legítimo y fundado, referido a su concreta situación personal, que lo justifique, siempre que una Ley no disponga lo contrario.

b) Cuando se trate de ficheros que tengan por finalidad la realización de actividades de publicidad y prospección comercial, en los términos previstos en el artículo 51 de este reglamento, cualquiera que sea la empresa responsable de su creación.

c) Cuando el tratamiento tenga por finalidad la adopción de una decisión referida al afectado y basada únicamente en un tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal, en los términos previstos en el artículo 36 de este reglamento.

 

Artículo 35. Ejercicio del derecho de oposición.

1. El derecho de oposición se ejercitará mediante solicitud dirigida al responsable del tratamiento.

Cuando la oposición se realice con base en la letra a) del artículo anterior, en la solicitud deberán hacerse constar los motivos fundados y legítimos, relativos a una concreta situación personal del afectado, que justifican el ejercicio de este derecho.

2. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de oposición en el plazo máximo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el plazo sin que de forma expresa se responda a la petición, el interesado podrá interponer la reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

En el caso de que no disponga de datos de carácter personal de los afectados deberá igualmente comunicárselo en el mismo plazo.

3. El responsable del fichero o tratamiento deberá excluir del tratamiento los datos relativos al afectado que ejercite su derecho de oposición o denegar motivadamente la solicitud del interesado en el plazo previsto en el apartado 2 de este artículo.

 

Artículo 36. Derecho de oposición a las decisiones basadas únicamente en un tratamiento automatizado de datos.

1. Los interesados tienen derecho a no verse sometidos a una decisión con efectos jurídicos sobre ellos o que les afecte de manera significativa, que se base únicamente en un tratamiento automatizado de datos destinado a evaluar determinados aspectos de su personalidad, tales como su rendimiento laboral, crédito, fiabilidad o conducta.

2. No obstante, los afectados podrán verse sometidos a una de las decisiones contempladas en el apartado 1 cuando dicha decisión:

a) Se haya adoptado en el marco de la celebración o ejecución de un contrato a petición del interesado, siempre que se le otorgue la posibilidad de alegar lo que estimara pertinente, a fin de defender su derecho o interés.

En todo caso, el responsable del fichero deberá informar previamente al afectado, de forma clara y precisa, de que se adoptarán decisiones con las características señaladas en el apartado 1 y cancelará los datos en caso de que no llegue a celebrarse finalmente el contrato.

b) Esté autorizada por una norma con rango de Ley que establezca medidas que garanticen el interés legítimo del interesado.

 

TÍTULO IV. Disposiciones aplicables a determinados ficheros de titularidad privada

 

CAPÍTULO I. Ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito

 

SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 37. Régimen aplicable.

1. El tratamiento de datos de carácter personal sobre solvencia patrimonial y crédito, previsto en el apartado 1 del artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se someterá a lo establecido, con carácter general, en dicha ley orgánica y en el presente reglamento.

2. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el caso de los ficheros a que se refiere el apartado anterior, se rige por lo dispuesto en los capítulos I a IV del título III del presente reglamento, con los siguientes criterios:

a) Cuando la petición de ejercicio de los derechos se dirigiera al responsable del fichero, éste estará obligado a satisfacer, en cualquier caso, dichos derechos.

b) Si la petición se dirigiera a las personas y entidades a las que se presta el servicio, éstas únicamente deberán comunicar al afectado aquellos datos relativos al mismo que les hayan sido comunicados y a facilitar la identidad del responsable para que, en su caso, puedan ejercitar sus derechos ante el mismo.

3. De conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, también podrán tratarse los datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés.

Estos datos deberán conservarse en ficheros creados con la exclusiva finalidad de facilitar información crediticia del afectado y su tratamiento se regirá por lo dispuesto en el presente reglamento y, en particular, por las previsiones contenidas en la sección segunda de este capítulo.

 

SECCIÓN 2.ª TRATAMIENTO DE DATOS RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DINERARIAS FACILITADOS POR EL
ACREEDOR O POR QUIEN ACTÚE POR SU CUENTA O INTERÉS

 

Artículo 38. Requisitos para la inclusión de los datos.

1. Sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada y respecto de la cual no se haya entablado reclamación judicial, arbitral o administrativa, o tratándose de servicios financieros, no se haya planteado una reclamación en los términos previstos en el Reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero.

b) Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico.

c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación.

2. No podrán incluirse en los ficheros de esta naturaleza datos personales sobre los que exista un principio de prueba que de forma indiciaria contradiga alguno de los requisitos anteriores.

Tal circunstancia determinará asimismo la cancelación cautelar del dato personal desfavorable en los supuestos en que ya se hubiera efectuado su inclusión en el fichero.

3. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés estará obligado a conservar a disposición del responsable del fichero común y de la Agencia Española de Protección de Datos documentación suficiente que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo y del requerimiento previo al que se refiere el artículo siguiente.

 

Artículo 39. Información previa a la inclusión.

El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento al que se refiere la letra c) del apartado
1 del artículo anterior, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias.

 

Artículo 40. Notificación de inclusión.

1. El responsable del fichero común deberá notificar a los interesados respecto de los que hayan registrado datos de carácter personal, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos, informándole asimismo de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

2. Se efectuará una notificación por cada deuda concreta y determinada con independencia de que ésta se tenga con el mismo o con distintos acreedores.

3. La notificación deberá efectuarse a través de un medio fiable, auditable e independiente de la entidad notificante, que la permita acreditar la efectiva realización de los envíos.

4. En todo caso, será necesario que el responsable del fichero pueda conocer si la notificación ha sido objeto de devolución por cualquier causa, en cuyo caso no podrá proceder
al tratamiento de los datos referidos a ese interesado.

No se entenderán suficientes para que no se pueda proceder al tratamiento de los datos referidos a un interesado las devoluciones en las que el destinatario haya rehusado recibir el envío.

5. Si la notificación de inclusión fuera devuelta, el responsable del fichero común comprobará con la entidad acreedora que la dirección utilizada para efectuar esta notificación se corresponde con la contractualmente pactada con el cliente a efectos de comunicaciones y no procederá al tratamiento de los datos si la mencionada entidad no confirma la exactitud de este dato.

 

Artículo 41. Conservación de los datos.

1. Sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos que respondan con veracidad a la situación de la deuda en cada momento concreto.

El pago o cumplimiento de la deuda determinará la cancelación inmediata de todo dato relativo a la misma.

2. En los restantes supuestos, los datos deberán ser cancelados cuando se hubieran cumplido seis años contados a partir del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico.

 

Artículo 42. Acceso a la información contenida en el fichero.

1. Los datos contenidos en el fichero común sólo podrán ser consultados por terceros cuando precisen enjuiciar la solvencia económica del afectado. En particular, se considerará que concurre dicha circunstancia en los siguientes supuestos:

a) Que el afectado mantenga con el tercero algún tipo de relación contractual que aún no se encuentre vencida.

b) Que el afectado pretenda celebrar con el tercero un contrato que implique el pago aplazado del precio.

c) Que el afectado pretenda contratar con el tercero la prestación de un servicio de facturación periódica.

2. Los terceros deberán informar por escrito a las personas en las que concurran los supuestos contemplados en las letras b) y c) precedentes de su derecho a consultar
el fichero.

En los supuestos de contratación telefónica de los productos o servicios a los que se refiere el párrafo anterior, la información podrá realizarse de forma no escrita, correspondiendo al tercero la prueba del cumplimiento del deber de informar.

 

Artículo 43. Responsabilidad.

1. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés deberá asegurarse que concurren todos los requisitos exigidos en los artículos 38 y 39 en el momento de notificar los datos adversos al responsable del fichero común.

2. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés será responsable de la inexistencia o inexactitud de los datos que hubiera facilitado para su inclusión en el fichero, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

 

Artículo 44. Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

1. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se rige por lo dispuesto en los capítulos I a IV del título III de este reglamento, sin perjuicio de lo señalado en el presente artículo.

2. Cuando el interesado ejercite su derecho de acceso en relación con la inclusión de sus datos en un fichero regulado por el artículo 29.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1.ª Si la solicitud se dirigiera al titular del fichero común, éste deberá comunicar al afectado todos los datos relativos al mismo que obren en el fichero.

En este caso, el titular del fichero común deberá, además de dar cumplimiento a lo establecido en el presente reglamento, facilitar las evaluaciones y apreciaciones que sobre el afectado se hayan comunicado en los últimos seis meses y el nombre y dirección de los cesionarios.

2.ª Si la solicitud se dirigiera a cualquier otra entidad participante en el sistema, deberá comunicar al afectado todos los datos relativos al mismo a los que ella pueda acceder, así como la identidad y dirección del titular del fichero común para que pueda completar el ejercicio de su derecho de acceso.

3. Cuando el interesado ejercite sus derechos de rectificación o cancelación en relación con la inclusión de sus datos en un fichero regulado por el artículo 29.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1.ª Si la solicitud se dirige al titular del fichero común, éste tomará las medidas oportunas para trasladar dicha solicitud a la entidad que haya facilitado los datos, para que ésta la resuelva. En el caso de que el responsable del fichero común no haya recibido contestación por parte de la entidad en el plazo de siete días, procederá a la rectificación o cancelación cautelar de los mismos.

2.ª Si la solicitud se dirige a quien haya facilitado los datos al fichero común procederá a la rectificación o cancelación de los mismos en sus ficheros y a notificarlo al titular del fichero común en el plazo de diez días, dando asimismo respuesta al interesado en los términos previstos en el artículo 33 de este reglamento.

3.ª Si la solicitud se dirige a otra entidad participante en el sistema, que no hubiera facilitado al fichero común los datos, dicha entidad informará al afectado sobre este hecho en el plazo máximo de diez días, proporcionándole, además, la identidad y dirección del titular del fichero común para, que en su caso, puedan ejercitar sus derechos ante el mismo.

 

CAPÍTULO II. Tratamientos para actividades de publicidad y prospección comercial

 

Artículo 45. Datos susceptibles de tratamiento e información al interesado.

1. Quienes se dediquen a la recopilación de direcciones, reparto de documentos, publicidad, venta a distancia, prospección comercial y otras actividades análogas, así como quienes realicen estas actividades con el fin de comercializar sus propios productos o servicios o los de terceros, sólo podrán utilizar nombres y direcciones u otros datos de carácter personal cuando los mismos se encuentren en uno de los siguientes casos:

a) Figuren en alguna de las fuentes accesibles al público a las que se refiere la letra j) del artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y el artículo 7 de este reglamento y el interesado no haya manifestado su negativa u oposición a que sus datos sean objeto de tratamiento para las actividades descritas en este apartado.

b) Hayan sido facilitados por los propios interesados u obtenidos con su consentimiento para finalidades determinadas, explícitas y legítimas relacionadas con la actividad de publicidad o prospección comercial, habiéndose informado a los interesados sobre los sectores específicos y concretos de actividad respecto de los que podrá recibir información o publicidad.

2. Cuando los datos procedan de fuentes accesibles al público y se destinen a la actividad de publicidad o prospección comercial, deberá informarse al interesado en cada comunicación que se le dirija del origen de los datos y de la identidad del responsable del tratamiento así como de los derechos que le asisten, con indicación de ante quién podrán ejercitarse.

A tal efecto, el interesado deberá ser informado de que sus datos han sido obtenidos de fuentes accesibles al público y de la entidad de la que hubieran sido obtenidos.

 

Artículo 46. Tratamiento de datos en campañas publicitarias.

1. Para que una entidad pueda realizar por sí misma una actividad publicitaria de sus productos o servicios entre sus clientes será preciso que el tratamiento se ampare en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

2. En caso de que una entidad contrate o encomiende a terceros la realización de una determinada campaña publicitaria de sus productos o servicios, encomendándole el tratamiento de determinados datos, se aplicarán las siguientes normas:

a) Cuando los parámetros identificativos de los destinatarios de la campaña sean fijados por la entidad que contrate la campaña, ésta será responsable del tratamiento de los datos.

b) Cuando los parámetros fueran determinados únicamente por la entidad o entidades contratadas, dichas entidades serán las responsable del tratamiento.

c) Cuando en la determinación de los parámetros intervengan ambas entidades, serán ambas responsables del tratamiento.

3. En el supuesto contemplado en el apartado anterior, la entidad que encargue la realización de la campaña publicitaria deberá adoptar las medidas necesarias para asegurarse de que la entidad contratada ha recabado los datos cumpliendo las exigencias establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el presente reglamento.

4. A los efectos previstos en este artículo, se consideran parámetros identificativos de los destinatarios las variables utilizadas para identificar el público objetivo o destinatario de una campaña o promoción comercial de productos o servicios que permitan acotar los destinatarios individuales de la misma.

 

Artículo 47. Depuración de datos personales.

Cuando dos o más responsables por sí mismos o mediante encargo a terceros pretendieran constatar sin consentimiento de los afectados, con fines de promoción o comercialización de sus productos o servicios y mediante un tratamiento cruzado de sus ficheros quiénes ostentan la condición de clientes de una u otra o de varios de ellos, el tratamiento así realizado constituirá una cesión o comunicación de datos.

 

Artículo 48. Ficheros de exclusión del envío de comunicaciones comerciales.

Los responsables a los que el afectado haya manifestado su negativa a recibir publicidad podrán conservar los mínimos datos imprescindibles para identificarlo y adoptar las medidas necesarias que eviten el envío de publicidad.

 

Artículo 49. Ficheros comunes de exclusión del envío de comunicaciones comerciales.

1. Será posible la creación de ficheros comunes, de carácter general o sectorial, en los que sean objeto de tratamiento los datos de carácter personal que resulten necesarios para evitar el envío de comunicaciones comerciales a los interesados que manifiesten su negativa u oposición a recibir publicidad.

A tal efecto, los citados ficheros podrán contener los mínimos datos imprescindibles para identificar al afectado.

2. Cuando el afectado manifieste ante un concreto responsable su negativa u oposición a que sus datos sean tratados con fines de publicidad o prospección comercial, aquél deberá ser informado de la existencia de los ficheros comunes de exclusión generales o sectoriales, así como de la identidad de su responsable, su domicilio y la finalidad del tratamiento.

El afectado podrá solicitar su exclusión respecto de un fichero o tratamiento concreto o su inclusión en ficheros comunes de excluidos de carácter general o sectorial.

3. La entidad responsable del fichero común podrá tratar los datos de los interesados que hubieran manifestado su negativa u oposición al tratamiento de sus datos con fines de publicidad o prospección comercial, cumpliendo las restantes obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el presente Reglamento.

4. Quienes pretendan efectuar un tratamiento relacionado con actividades de publicidad o prospección comercial deberán previamente consultar los ficheros comunes que pudieran afectar a su actuación, a fin de evitar que sean objeto de tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa a ese tratamiento.

 

Artículo 50. Derechos de acceso, rectificación y cancelación.

1. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación en relación con los tratamientos vinculados a actividades de publicidad y prospección comercial se someterá a lo previsto en los capítulos I a IV del título III de este reglamento.

2. Si el derecho se ejercitase ante una entidad que hubiese encargado a un tercero la realización de una campaña publicitaria, aquélla estará obligada, en el plazo de diez días, desde la recepción de la comunicación de la solicitud de ejercicio de derechos del afectado, a comunicar la solicitud al responsable del fichero a fin de que el mismo otorgue al afectado su derecho en el plazo de diez días desde la recepción de la comunicación, dando cuenta de ello al afectado.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del deber impuesto a la entidad mencionada en el apartado anterior, en todo caso, por el párrafo segundo del artículo 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

 

Artículo 51. Derecho de oposición.

1. Los interesados tendrán derecho a oponerse, previa petición y sin gastos, al tratamiento de los datos que les conciernan, en cuyo caso serán dados de baja del tratamiento,
cancelándose las informaciones que sobre ellos figuren en aquél, a su simple solicitud.

La oposición a la que se refiere el párrafo anterior deberá entenderse sin perjuicio del derecho del interesado a revocar cuando lo estimase oportuno el consentimiento que hubiera otorgado, en su caso, para el tratamiento de los datos.

2. A tal efecto, deberá concederse al interesado un medio sencillo y gratuito para oponerse al tratamiento.

En particular, se considerará cumplido lo dispuesto en este precepto cuando los derechos puedan ejercitarse mediante la llamada a un número telefónico gratuito o la remisión de un correo electrónico.

3. Cuando el responsable del fichero o tratamiento disponga de servicios de cualquier índole para la atención a sus clientes o el ejercicio de reclamaciones relacionadas con el servicio prestado o los productos ofertados al mismo, deberá concederse la posibilidad al afectado de ejercer su oposición a través de dichos servicios.

No se considerarán conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los supuestos en que el responsable del tratamiento establezca como medio para que el interesado pueda ejercitar su oposición el envío de cartas certificadas o envíos semejantes, la utilización de servicios de telecomunicaciones que implique una tarificación adicional al afectado o cualesquiera otros medios que impliquen un coste excesivo para el interesado.

En todo caso, el ejercicio por el afectado de sus derechos no podrá suponer un ingreso adicional para el responsable del tratamiento ante el que se ejercitan.

4. Si el derecho de oposición se ejercitase ante una entidad que hubiera encomendado a un tercero la realización de una campaña publicitaria, aquélla estará obligada, en el plazo de diez días, desde la recepción de la comunicación de la solicitud de ejercicio de derechos del afectado, a comunicar la solicitud al responsable del fichero a fin de que el mismo atienda el derecho del afectado en el plazo de diez días desde la recepción de la comunicación, dando cuenta de ello al afectado.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del deber impuesto a la entidad mencionada en el apartado anterior, en todo caso, por el párrafo segundo del artículo 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

 

TÍTULO V. Obligaciones previas al tratamiento de los datos

 

CAPÍTULO I. Creación, modificación o supresión de ficheros de titularidad pública

 

Artículo 52. Disposición o Acuerdo de creación, modificación o supresión del fichero.

1. La creación, modificación o supresión de los ficheros de titularidad pública sólo podrá hacerse por medio de disposición general o acuerdo publicados en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente.

2. En todo caso, la disposición o acuerdo deberá dictarse y publicarse con carácter previo a la creación, modificación o supresión del fichero.

 

Artículo 53. Forma de la disposición o acuerdo.

1. Cuando la disposición se refiera a los órganos de la Administración General del Estado o a las entidades u organismos vinculados o dependientes de la misma, deberá revestir la forma de orden ministerial o resolución del titular de la entidad u organismo correspondiente.

2. En el caso de los órganos constitucionales del Estado, se estará a lo que establezcan sus normas reguladoras.

3. En relación con los ficheros de los que sean responsables las comunidades autónomas, entidades locales y las entidades u organismos vinculados o dependientes de las mismas, las universidades públicas, así como los órganos de las comunidades autónomas con funciones análogas a los órganos constitucionales del Estado, se estará a su legislación específica.

4. La creación, modificación o supresión de los ficheros de los que sean responsables las corporaciones de derecho público y que se encuentren relacionados con el ejercicio por aquéllas de potestades de derecho público deberá efectuarse a través de acuerdo de sus órganos de gobierno, en los términos que establezcan sus respectivos Estatutos, debiendo ser igualmente objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente.

 

Artículo 54. Contenido de la disposición o acuerdo.

1. La disposición o acuerdo de creación del fichero deberá contener los siguientes extremos:

a) La identificación del fichero o tratamiento, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.

b) El origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos y su procedencia.

c) La estructura básica del fichero mediante la descripción detallada de los datos identificativos, y en su caso, de los datos especialmente protegidos, así como de las restantes categorías de datos de carácter personal incluidas en el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

d) Las comunicaciones de datos previstas, indicando en su caso, los destinatarios o categorías de destinatarios.

e) Las transferencias internacionales de datos previstas a terceros países, con indicación, en su caso, de los países de destino de los datos.

f) Los órganos responsables del fichero.

g) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

h) El nivel básico, medio o alto de seguridad que resulte exigible, de acuerdo con lo establecido en el título VIII del presente reglamento.

2. La disposición o acuerdo de modificación del fichero deberá indicar las modificaciones producidas en cualquiera de los extremos a los que se refiere el apartado anterior.

3. En las disposiciones o acuerdos que se dicten para la supresión de los ficheros se establecerá el destino que vaya a darse a los datos o, en su caso, las previsiones que se adopten para su destrucción.

 

CAPÍTULO II. Notificación e inscripción de los ficheros de titularidad pública o privada

 

Artículo 55. Notificación de ficheros.

1. Todo fichero de datos de carácter personal de titularidad pública será notificado a la Agencia Española de Protección de Datos por el órgano competente de la Administración responsable del fichero para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, en el plazo de treinta días desde la publicación de su norma o acuerdo de creación en el diario oficial correspondiente.

2. Los ficheros de datos de carácter personal de titularidad privada serán notificados a la Agencia Española de Protección de Datos por la persona o entidad privada que pretenda crearlos, con carácter previo a su creación. La notificación deberá indicar la identificación del responsable del fichero, la identificación del fichero, sus finalidades y los usos previstos, el sistema de tratamiento empleado en su organización, el colectivo de personas sobre el que se obtienen los datos, el procedimiento y procedencia de los datos, las categorías de datos, el servicio o unidad de acceso, la indicación del nivel de medidas de seguridad básico, medio o alto exigible, y en su caso, la identificación del encargado del tratamiento en donde se encuentre ubicado el fichero y los destinatarios de cesiones y transferencias internacionales de datos.

3. Cuando la obligación de notificar afecte a ficheros sujetos a la competencia de la autoridad de control de una comunidad autónoma que haya creado su propio registro de ficheros, la notificación se realizará a la autoridad autonómica competente, que dará traslado de la inscripción al Registro General de Protección de Datos.

El Registro General de Protección de Datos podrá solicitar de las autoridades de control de las comunidades autónomas el traslado al que se refiere el párrafo anterior, procediendo, en su defecto, a la inclusión de oficio del fichero en el Registro.

4. La notificación se realizará conforme al procedimiento establecido en la sección primera del capítulo IV del título IX del presente reglamento.

 

Artículo 56. Tratamiento de datos en distintos soportes.

1. La notificación de un fichero de datos de carácter personal es independiente del sistema de tratamiento empleado en su organización y del soporte o soportes empleados para el tratamiento de los datos.

2. Cuando los datos de carácter personal objeto de un tratamiento estén almacenados en diferentes soportes, automatizados y no automatizados o exista una copia en soporte no automatizado de un fichero automatizado sólo será precisa una sola notificación, referida a dicho fichero.

 

Artículo 57. Ficheros en los que exista más de un responsable.

Cuando se tenga previsto crear un fichero del que resulten responsables varias personas o entidades simultáneamente, cada una de ellas deberá notificar, a fin de proceder a su inscripción en el Registro General de Protección de Datos y, en su caso, en los Registros de Ficheros creados por las autoridades de control de las comunidades autónomas, la creación del correspondiente fichero.

 

Artículo 58. Notificación de la modificación o supresión de ficheros.

1. La inscripción del fichero deberá encontrarse actualizada en todo momento. Cualquier modificación que afecte al contenido de la inscripción de un fichero deberá ser previamente notificada a la Agencia Española de Protección de Datos o a las autoridades de control autonómicas competentes, a fin de proceder a su inscripción en el registro correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 55.

2. Cuando el responsable del fichero decida su supresión, deberá notificarla a efectos de que se proceda a la cancelación de la inscripción en el registro correspondiente.

3. Tratándose de ficheros de titularidad pública, cuando se pretenda la modificación que afecte a alguno de los requisitos previstos en el artículo 55 o la supresión del fichero deberá haberse adoptado, con carácter previo a la notificación la correspondiente norma o acuerdo en los términos previstos en el capítulo I de este título.

 

Artículo 59. Modelos y soportes para la notificación.

1. La Agencia Española de Protección de Datos publicará mediante la correspondiente Resolución del Director los modelos o formularios electrónicos de notificación de creación, modificación o supresión de ficheros, que permitan su presentación a través de medios telemáticos o en soporte papel, así como, previa consulta de las autoridades de protección de datos de las comunidades autónomas, los formatos para la comunicación telemática de ficheros públicos por las autoridades de control autonómicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 58 del presente reglamento.

2. Los modelos o formularios electrónicos de notificación se podrán obtener gratuitamente en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos.

3. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá establecer procedimientos simplificados de notificación en atención a las circunstancias que concurran en el tratamiento o el tipo de fichero al que se refiera la notificación.

 

Artículo 60. Inscripción de los ficheros.

1. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos, a propuesta del Registro General de Protección de Datos, dictará resolución acordando, en su caso, la inscripción, una vez tramitado el procedimiento previsto en el capítulo IV del título IX.

2. La inscripción contendrá el código asignado por el Registro, la identificación del responsable del fichero, la identificación del fichero o tratamiento, la descripción de su finalidad y usos previstos, el sistema de tratamiento empleado en su organización, en su caso, el colectivo de personas sobre el que se obtienen los datos, el procedimiento y procedencia de los datos, las categorías de datos, el servicio o unidad de acceso, y la indicación del nivel de medidas de seguridad exigible conforme a lo dispuesto en el artículo 81.

Asimismo, se incluirán, en su caso, la identificación del encargado del tratamiento en donde se encuentre ubicado el fichero y los destinatarios de cesiones y transferencias internacionales.

En el caso de ficheros de titularidad pública también se hará constar la referencia de la disposición general por la que ha sido creado, y en su caso, modificado.

3. La inscripción de un fichero en el Registro General de Protección de Datos, no exime al responsable del cumplimiento del resto de las obligaciones previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y demás disposiciones reglamentarias.

 

Artículo 61. Cancelación de la inscripción.

1. Cuando el responsable del tratamiento comunicase, en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 de este reglamento, la supresión del fichero, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, previa la tramitación del procedimiento establecido en la sección primera del capítulo IV del título IX, dictará resolución acordando la cancelación de la inscripción correspondiente al fichero.

2. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá, en ejercicio de sus competencias, acordar de oficio la cancelación de la inscripción de un fichero cuando concurran circunstancias que acrediten la imposibilidad de su existencia, previa la tramitación del procedimiento establecido en la sección segunda del capítulo IV del título IX de este reglamento.

 

Artículo 62. Rectificación de errores.

El Registro General de Protección de Datos podrá rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos que pudieran existir en las inscripciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

 

Artículo 63. Inscripción de oficio de ficheros de titularidad pública.

1. En supuestos excepcionales con el fin de garantizar el derecho a la protección de datos de los afectados, y sin perjuicio de la obligación de notificación, se podrá proceder a la inscripción de oficio de un determinado fichero en el Registro General de Protección de Datos.

2. Para que lo dispuesto en el apartado anterior resulte de aplicación, será requisito indispensable que la correspondiente norma o acuerdo regulador de los ficheros que contengan datos de carácter personal haya sido publicado en el correspondiente diario oficial y cumpla los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el presente reglamento.

3. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá, a propuesta del Registro General de Protección de Datos, acordar la inscripción del fichero de titularidad pública en el Registro, notificándose dicho acuerdo al órgano responsable del fichero.

Cuando la inscripción se refiera a ficheros sujetos a la competencia de la autoridad de control de una comunidad autónoma que haya creado su propio registro de ficheros, se comunicará a la referida autoridad de control autonómica para que proceda, en su caso, a la inscripción de oficio.

 

Artículo 64. Colaboración con las autoridades de control de las comunidades autónomas.

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá celebrar con los directores de las autoridades de control de las comunidades autónomas los convenios de colaboración o acuerdos que estime pertinentes, a fin de garantizar la inscripción en el Registro General de Protección de Datos de los ficheros sometidos a la competencia de dichas autoridades autonómicas.

 

TÍTULO VI. Transferencias internacionales de datos

 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

 

Artículo 65. Cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

La transferencia internacional de datos no excluye en ningún caso la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el presente reglamento.

 

Artículo 66. Autorización y notificación.

1. Para que la transferencia internacional de datos pueda considerarse conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el presente Reglamento será necesaria la autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos, que se otorgará en caso de que el exportador aporte las garantías a las que se refiere el artículo 70 del presente reglamento.

La autorización se otorgará conforme al procedimiento establecido en la sección primera del capítulo V del título IX de este reglamento.

2. La autorización no será necesaria:

a) Cuando el Estado en el que se encontrase el importador ofrezca un nivel adecuado de protección conforme a lo previsto en el capítulo II de este título.

b) Cuando la transferencia se encuentre en uno de los supuestos contemplados en los apartados a) a j) del artículo 34 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

3. En todo caso, la transferencia internacional de datos deberá ser notificada a fin de proceder a su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, conforme
al procedimiento establecido en la sección primera del capítulo IV del título IX del presente reglamento.

 

CAPÍTULO II. Transferencias a estados que proporcionen un nivel adecuado de protección

 

Artículo 67. Nivel adecuado de protección acordado por la Agencia Española de Protección de Datos.

1. No será precisa autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos a una transferencia internacional de datos cuando las normas aplicables al Estado en que se encontrase el importador ofrezcan dicho nivel adecuado de protección a juicio del Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

El carácter adecuado del nivel de protección que ofrece el país de destino se evaluará atendiendo a todas las circunstancias que concurran en la transferencia o categoría de transferencia de datos. En particular, se tomará en consideración la naturaleza de los datos, la finalidad y la duración del tratamiento o de los tratamientos previstos, el país de origen y el país de destino final, las normas de Derecho, generales o sectoriales, vigentes en el país tercero de que se trate, el contenido de los informes de la Comisión de la Unión Europea, así como las normas profesionales y las medidas de seguridad en vigor en dichos países.

Las resoluciones del Director de la Agencia Española de Protección de Datos por las que se acordase que un determinado país proporciona un nivel adecuado de protección de datos serán publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».

2. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos acordará la publicación de la relación de países cuyo nivel de protección haya sido considerado equiparable conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

Esta lista se publicará y mantendrá actualizada asimismo a través de medios informáticos o telemáticos.

 

Artículo 68. Nivel adecuado de protección declarado por Decisión de la Comisión Europea.

No será necesaria la autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos para la realización de una transferencia internacional de datos que tuvieran por importador una persona o entidad, pública o privada, situada en el territorio de un Estado respecto del que se haya declarado por la Comisión Europea la existencia de un nivel adecuado de protección.

 

Artículo 69. Suspensión temporal de las transferencias.

1. En los supuestos previstos en los artículos precedentes, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, en uso de la potestad que le otorga el artículo 37.1 f) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, podrá acordar, previa audiencia del exportador, la suspensión temporal de la transferencia de datos hacia un importador ubicado en un tercer Estado del que se haya declarado la existencia de un nivel adecuado de protección, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que las autoridades de Protección de Datos del Estado importador o cualquier otra competente, en caso de no existir las primeras, resuelvan que el importador ha vulnerado las normas de protección de datos establecidas en su derecho interno.

b) Que existan indicios racionales de que se estén vulnerando las normas o, en su caso, los principios de protección de datos por la entidad importadora de la transferencia y que las autoridades competentes en el Estado en que se encuentre el importador no han adoptado o no van a adoptar en el futuro las medidas oportunas para resolver el caso en cuestión, habiendo sido advertidas de la situación por la Agencia Española de Protección de Datos. En este caso se podrá suspender la transferencia cuando su continuación pudiera generar un
riesgo inminente de grave perjuicio a los afectados.

2. La suspensión se acordará previa la tramitación del procedimiento establecido en la sección segunda del capítulo V del título IX del presente reglamento.

En estos casos, la decisión del Director de la Agencia Española de Protección de Datos será notificada a la Comisión Europea.

 

CAPÍTULO III. Transferencias a Estados que no proporcionen un nivel adecuado de protección

 

Artículo 70. Transferencias sujetas a autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

1. Cuando la transferencia tenga por destino un Estado respecto del que no se haya declarado por la Comisión Europea o no se haya considerado por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos que existe un nivel adecuado de protección, será necesario recabar la autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

La autorización de la transferencia se tramitará conforme al procedimiento establecido en la sección primera del capítulo V del título IX del presente reglamento.

2. La autorización podrá ser otorgada en caso de que el responsable del fichero o tratamiento aporte un contrato escrito, celebrado entre el exportador y el importador, en el que consten las necesarias garantías de respeto a la protección de la vida privada de los afectados y a sus derechos y libertades fundamentales y se garantice el ejercicio de sus respectivos derechos.

A tal efecto, se considerará que establecen las adecuadas garantías los contratos que se celebren de acuerdo con lo previsto en las Decisiones de la Comisión Europea 2001/497/CE, de 15 de Junio de 2001, 2002/16/CE, de 27 de diciembre de 2001, y 2004/915/CE, de 27 de diciembre de 2004 o de lo que dispongan las Decisiones de la Comisión que den cumplimiento a lo establecido en el artículo 26.4 de la Directiva 95/46/CE.

3. En el supuesto contemplado en el apartado anterior, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá denegar o, en uso de la potestad que le otorga el artículo 37.1 f) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, suspender temporalmente, previa audiencia del exportador, la transferencia, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que la situación de protección de los derechos fundamentales y libertades públicas en el país de destino o su legislación impidan garantizar el íntegro cumplimiento del contrato y el ejercicio por los afectados de los derechos que el contrato garantiza.

b) Que la entidad destinataria haya incumplido previamente las garantías establecidas en cláusulas contractuales de este tipo.

c) Que existan indicios racionales de que las garantías ofrecidas por el contrato no están siendo o no serán respetadas por el importador.

d) Que existan indicios racionales de que los mecanismos de aplicación del contrato no son o no serán efectivos.

e) Que la transferencia, o su continuación, en caso de haberse iniciado, pudiera crear una situación de riesgo de daño efectivo a los afectados.

La suspensión se acordará previa la tramitación del procedimiento establecido en la sección segunda del capítulo V del título IX del presente reglamento.

Las resoluciones del Director de la Agencia Española de Protección de Datos por las que se deniegue o suspenda una transferencia internacional de datos en virtud de las causas a las que se refiere este apartado serán notificadas a la Comisión de las Comunidades Europeas cuando así sea exigible.

4. También podrá otorgarse la autorización para la transferencia internacional de datos en el seno de grupos multinacionales de empresas cuando hubiesen sido adoptados por los mismos normas o reglas internas en que consten las necesarias garantías de respeto a la protección de la vida privada y el derecho fundamental a la protección de datos de los afectados y se garantice asimismo el cumplimiento de los principios y el ejercicio de los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el presente reglamento.

En este caso, para que proceda la autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos será preciso que las normas o reglas resulten vinculantes para las empresas del Grupo y exigibles conforme al ordenamiento jurídico español.

En todo caso, la autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos implicará la exigibilidad de lo previsto en las normas o reglas internas tanto por la Agencia como por los afectados cuyos datos hubieran sido objeto de tratamiento.

 

TÍTULO VII. Códigos tipo

 

Artículo 71. Objeto y naturaleza.

1. Los códigos tipo a los que se refiere el artículo 32 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, tienen por objeto adecuar lo establecido en la citada Ley Orgánica y en el presente reglamento a las peculiaridades de los tratamientos efectuados por quienes se adhieren a los mismos.

A tal efecto, contendrán reglas o estándares específicos que permitan armonizar los tratamientos de datos efectuados por los adheridos, facilitar el ejercicio de los derechos de los afectados y favorecer el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el presente reglamento.

2. Los códigos tipo tendrán el carácter de códigos deontológicos o de buena práctica profesional y serán vinculantes para quienes se adhieran a los mismos.

 

Artículo 72. Iniciativa y ámbito de aplicación.

1. Los códigos tipo tendrán carácter voluntario.

2. Los códigos tipo de carácter sectorial podrán referirse a la totalidad o a parte de los tratamientos llevados a cabo por entidades pertenecientes a un mismo sector, debiendo ser formulados por organizaciones representativas de dicho sector, al menos en su ámbito territorial de aplicación, y sin perjuicio de la potestad de dichas entidades de ajustar el código tipo a sus peculiaridades.

3. Los códigos tipo promovidos por una empresa deberán referirse a la totalidad de los tratamientos llevados a cabo por la misma.

4. Las Administraciones públicas y las corporaciones de Derecho Público podrán adoptar códigos tipo de acuerdo con lo establecido en las normas que les sean aplicables.

 

Artículo 73. Contenido.

1. Los códigos tipo deberán estar redactados en términos claros y accesibles.

2. Los códigos tipo deben respetar la normativa vigente e incluir, como mínimo, con suficiente grado de precisión:

a) La delimitación clara y precisa de su ámbito de aplicación, las actividades a que el código se refiere y los tratamientos sometidos al mismo.

b) Las previsiones específicas para la aplicación de los principios de protección de datos.

c) El establecimiento de estándares homogéneos para el cumplimiento por los adheridos al código de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

d) El establecimiento de procedimientos que faciliten el ejercicio por los afectados de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

e) La determinación de las cesiones y transferencias internacionales de datos que, en su caso, se prevean, con indicación de las garantías que deban adoptarse.

f) Las acciones formativas en materia de protección de datos dirigidas a quienes los traten, especialmente en cuanto a su relación con los afectados.

g) Los mecanismos de supervisión a través de los cuales se garantice el cumplimiento por los adheridos de lo establecido en el código tipo, en los términos previstos en el artículo 74 de este reglamento.

3. En particular, deberán contenerse en el código:

a) Cláusulas tipo para la obtención del consentimiento de los afectados al tratamiento o cesión de sus datos.

b) Cláusulas tipo para informar a los afectados del tratamiento, cuando los datos no sean obtenidos de los mismos.

c) Modelos para el ejercicio por los afectados de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

d) Modelos de cláusulas para el cumplimiento de los requisitos formales exigibles para la contratación de un encargado del tratamiento, en su caso.

 

Artículo 74. Compromisos adicionales.

1. Los códigos tipo podrán incluir cualquier otro compromiso adicional que asuman los adheridos para un mejor cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos.

2. Además podrán contener cualquier otro compromiso que puedan establecer las entidades promotoras y, en particular, sobre:

a) La adopción de medidas de seguridad adicionales a las exigidas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el presente Reglamento.

b) La identificación de las categorías de cesionarios o importadores de los datos.

c) Las medidas concretas adoptadas en materia de protección de los menores o de determinados colectivos de afectados.

d) El establecimiento de un sello de calidad que identifique a los adheridos al código.

 

Artículo 75. Garantías del cumplimiento de los códigos tipo.

1. Los códigos tipo deberán incluir procedimientos de supervisión independientes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los adheridos, y establecer un régimen sancionador adecuado, eficaz y disuasorio.

2. El procedimiento que se prevea deberá garantizar:

a) La independencia e imparcialidad del órgano responsable de la supervisión.

b) La sencillez, accesibilidad, celeridad y gratuidad para la presentación de quejas y reclamaciones ante dicho órgano por los eventuales incumplimientos del código tipo.

c) El principio de contradicción.

d) Una graduación de sanciones que permita ajustarlas a la gravedad del incumplimiento. Esas sanciones deberán ser disuasorias y podrán implicar la suspensión de la adhesión al código o la expulsión de la entidad adherida. Asimismo, podrá establecerse, en su caso, su publicidad.

e) La notificación al afectado de la decisión adoptada.

3. Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los códigos tipo podrán contemplar procedimientos para la determinación de medidas reparadoras en caso de haberse causado un perjuicio a los afectados como consecuencia del incumplimiento del código tipo.

4. Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las competencias de la Agencia Española de Protección de Datos y, en su caso, de las autoridades de control de las comunidades autónomas.

 

Artículo 76. Relación de adheridos.

El código tipo deberá incorporar como anexo una relación de adheridos, que deberá mantenerse actualizada, a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos.

 

Artículo 77. Depósito y publicidad de los códigos tipo.

1. Para que los códigos tipo puedan ser considerados como tales a los efectos previstos en el artículo 32 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el presente reglamento, deberán ser depositados e inscritos en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos o, cuando corresponda, en el registro que fuera creado por las comunidades autónomas, que darán traslado para su inclusión al Registro General de Protección de Datos.

2. A tal efecto, los códigos tipo deberán ser presentados ante la correspondiente autoridad de control, tramitándose su inscripción, en caso de estar sometidos a la decisión de la Agencia Española de Protección de Datos, conforme al procedimiento establecido en el capítulo VI del título IX de este reglamento.

3. En todo caso, la Agencia Española de Protección de Datos dará publicidad a los códigos tipo inscritos, preferentemente a través de medios informáticos o telemáticos.

 

Artículo 78. Obligaciones posteriores a la inscripción del código tipo.

Las entidades promotoras o los órganos, personas o entidades que al efecto se designen en el propio código tipo tendrán, una vez el mismo haya sido publicado, las siguientes obligaciones:

a) Mantener accesible al público la información actualizada sobre las entidades promotoras, el contenido del código tipo, los procedimientos de adhesión y de garantía de su cumplimiento y la relación de adheridos a la que se refiere el artículo anterior.

Esta información deberá presentarse de forma concisa y clara y estar permanentemente accesible por medios electrónicos.

b) Remitir a la Agencia Española de Protección de Datos una memoria anual sobre las actividades realizadas para difundir el código tipo y promover la adhesión a éste, las actuaciones de verificación del cumplimiento del código y sus resultados, las quejas y reclamaciones tramitadas y el curso que se les hubiera dado y cualquier otro aspecto que las entidades promotoras consideren adecuado destacar.

Cuando se trate de códigos tipo inscritos en el registro de una autoridad de control de una comunidad autónoma, la remisión se realizará a dicha autoridad, que dará traslado al registro General de Protección de Datos.

c) Evaluar periódicamente la eficacia del código tipo, midiendo el grado de satisfacción de los afectados y, en su caso, actualizar su contenido para adaptarlo a la normativa general o sectorial de protección de datos existente en cada momento.

Esta evaluación deberá tener lugar, al menos, cada cuatro años, salvo que sea precisa la adaptación de los compromisos del código a la modificación de la normativa aplicable en un plazo menor.

d) Favorecer la accesibilidad de todas las personas, con especial atención a las que tengan alguna discapacidad o de edad avanzada a toda la información disponible sobre el código tipo.

 

TÍTULO VIII. De las medidas de seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal

 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

 

Artículo 79. Alcance.

Los responsables de los tratamientos o los ficheros y los encargados del tratamiento deberán implantar las medidas de seguridad con arreglo a lo dispuesto en este Título, con
independencia de cual sea su sistema de tratamiento.

 

Artículo 80. Niveles de seguridad.

Las medidas de seguridad exigibles a los ficheros y tratamientos se clasifican en tres niveles: básico, medio y alto.

 

Artículo 81. Aplicación de los niveles de seguridad.

1. Todos los ficheros o tratamientos de datos de carácter personal deberán adoptar las medidas de seguridad calificadas de nivel básico.

2. Deberán implantarse, además de las medidas de seguridad de nivel básico, las medidas de nivel medio, en los siguientes ficheros o tratamientos de datos de carácter personal:

a) Los relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales.

b) Aquellos cuyo funcionamiento se rija por el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

c) Aquellos de los que sean responsables Administraciones tributarias y se relacionen con el ejercicio de sus potestades tributarias.

d) Aquéllos de los que sean responsables las entidades financieras para finalidades relacionadas con la prestación de servicios financieros.

e) Aquéllos de los que sean responsables las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y se relacionen con el ejercicio de sus competencias. De igual modo, aquellos de los que sean responsables las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

f) Aquéllos que contengan un conjunto de datos de carácter personal que ofrezcan una definición de las características o de la personalidad de los ciudadanos y que permitan evaluar determinados aspectos de la personalidad o del comportamiento de los mismos.

3. Además de las medidas de nivel básico y medio, las medidas de nivel alto se aplicarán en los siguientes ficheros o tratamientos de datos de carácter personal:

a) Los que se refieran a datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual.

b) Los que contengan o se refieran a datos recabados para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas.

c) Aquéllos que contengan datos derivados de actos de violencia de género.

4. A los ficheros de los que sean responsables los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas respecto a los datos de tráfico y a los datos de localización, se aplicarán, además de las medidas de seguridad de nivel básico y medio, la medida de seguridad de nivel alto contenida en el artículo 103 de este reglamento.

5. En caso de ficheros o tratamientos de datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual bastará la implantación de las medidas de seguridad de nivel básico cuando:

a) Los datos se utilicen con la única finalidad de realizar una transferencia dineraria a las entidades de las que los afectados sean asociados o miembros.

b) Se trate de ficheros o tratamientos no automatizados en los que de forma incidental o accesoria se contengan aquellos datos sin guardar relación con su finalidad.

6. También podrán implantarse las medidas de seguridad de nivel básico en los ficheros o tratamientos que contengan datos relativos a la salud, referentes exclusivamente al grado de discapacidad o la simple declaración de la condición de discapacidad o invalidez del afectado, con motivo del cumplimiento de deberes públicos.

7. Las medidas incluidas en cada uno de los niveles descritos anteriormente tienen la condición de mínimos exigibles, sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias específicas vigentes que pudieran resultar de aplicación en cada caso o las que por propia iniciativa adoptase el responsable del fichero.

8. A los efectos de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en este título, cuando en un sistema de información existan ficheros o tratamientos que en función de su finalidad o uso concreto, o de la naturaleza de los datos que contengan, requieran la aplicación de un nivel de medidas de seguridad diferente al del sistema principal, podrán segregarse de este último, siendo de aplicación en cada caso el nivel de medidas de seguridad correspondiente y siempre que puedan delimitarse los datos afectados y los usuarios con acceso a los mismos, y que esto se haga constar en el documento de seguridad.

 

Artículo 82. Encargado del tratamiento.

1. Cuando el responsable del fichero o tratamiento facilite el acceso a los datos, a los soportes que los contengan o a los recursos del sistema de información que los trate, a un encargado de tratamiento que preste sus servicios en los locales del primero deberá hacerse constar esta circunstancia en el documento de seguridad de dicho responsable, comprometiéndose el personal del encargado al cumplimiento de las medidas de seguridad previstas en el citado documento.

Cuando dicho acceso sea remoto habiéndose prohibido al encargado incorporar tales datos a sistemas o soportes distintos de los del responsable, este último deberá hacer constar esta circunstancia en el documento de seguridad del responsable, comprometiéndose el personal del encargado al cumplimiento de las medidas de seguridad previstas en el citado documento.

2. Si el servicio fuera prestado por el encargado del tratamiento en sus propios locales, ajenos a los del responsable del fichero, deberá elaborar un documento de seguridad en los términos exigidos por el artículo 88 de este reglamento o completar el que ya hubiera elaborado, en su caso, identificando el fichero o tratamiento y el responsable del mismo e incorporando las medidas de seguridad a implantar en relación con dicho tratamiento.

3. En todo caso, el acceso a los datos por el encargado del tratamiento estará sometido a las medidas de seguridad contempladas en este reglamento.

 

Artículo 83. Prestaciones de servicios sin acceso a datos personales.

El responsable del fichero o tratamiento adoptará las medidas adecuadas para limitar el acceso del personal a datos personales, a los soportes que los contengan o a los recursos del sistema de información, para la realización de trabajos que no impliquen el tratamiento de datos personales.

Cuando se trate de personal ajeno, el contrato de prestación de servicios recogerá expresamente la prohibición de acceder a los datos personales y la obligación de secreto respecto a los datos que el personal hubiera podido conocer con motivo de la prestación del servicio.

 

Artículo 84. Delegación de autorizaciones.

Las autorizaciones que en este título se atribuyen al responsable del fichero o tratamiento podrán ser delegadas en las personas designadas al efecto. En el documento de seguridad deberán constar las personas habilitadas para otorgar estas autorizaciones así como aquellas en las que recae dicha delegación. En ningún caso esta designación supone una delegación de la responsabilidad que corresponde al responsable del fichero.

 

Artículo 85. Acceso a datos a través de redes de comunicaciones.

Las medidas de seguridad exigibles a los accesos a datos de carácter personal a través de redes de comunicaciones, sean o no públicas, deberán garantizar un nivel de seguridad
equivalente al correspondiente a los accesos en modo local, conforme a los criterios establecidos en el artículo 80.

 

Artículo 86. Régimen de trabajo fuera de los locales del responsable del fichero o encargado del tratamiento.

1. Cuando los datos personales se almacenen en dispositivos portátiles o se traten fuera de los locales del responsable de fichero o tratamiento, o del encargado del tratamiento será preciso que exista una autorización previa del responsable del fichero o tratamiento, y en todo caso deberá garantizarse el nivel de seguridad correspondiente al tipo de fichero tratado.

2. La autorización a la que se refiere el párrafo anterior tendrá que constar en el documento de seguridad y podrá establecerse para un usuario o para un perfil de usuarios y
determinando un periodo de validez para las mismas.

 

Artículo 87. Ficheros temporales o copias de trabajo de documentos.

1. Aquellos ficheros temporales o copias de documentos que se hubiesen creado exclusivamente para la realización de trabajos temporales o auxiliares deberán cumplir el nivel de seguridad que les corresponda conforme a los criterios establecidos en el artículo 81.

2. Todo fichero temporal o copia de trabajo así creado será borrado o destruido una vez que haya dejado de ser necesario para los fines que motivaron su creación.

 

CAPÍTULO II. Del documento de seguridad

 

Artículo 88. El documento de seguridad.

1. El responsable del fichero o tratamiento elaborará un documento de seguridad que recogerá las medidas de índole técnica y organizativa acordes a la normativa de seguridad vigente que será de obligado cumplimiento para el personal con acceso a los sistemas de información.

2. El documento de seguridad podrá ser único y comprensivo de todos los ficheros o tratamientos, o bien individualizado para cada fichero o tratamiento. También podrán elaborarse distintos documentos de seguridad agrupando ficheros o tratamientos según el sistema de tratamiento utilizado para su organización, o bien atendiendo a criterios organizativos del responsable. En todo caso, tendrá el carácter de documento interno de la organización.

3. El documento deberá contener, como mínimo, los siguientes aspectos:

a) Ámbito de aplicación del documento con especificación detallada de los recursos protegidos.

b) Medidas, normas, procedimientos de actuación, reglas y estándares encaminados a garantizar el nivel de seguridad exigido en este reglamento.

c) Funciones y obligaciones del personal en relación con el tratamiento de los datos de carácter personal incluidos en los ficheros.

d) Estructura de los ficheros con datos de carácter personal y descripción de los sistemas de información que los tratan.

e) Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias.

f) Los procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos en los ficheros o tratamientos automatizados.

g) Las medidas que sea necesario adoptar para el transporte de soportes y documentos, así como para la destrucción de los documentos y soportes, o en su caso, la reutilización de estos últimos.

4. En caso de que fueran de aplicación a los ficheros las medidas de seguridad de nivel medio o las medidas de seguridad de nivel alto, previstas en este título, el documento de seguridad deberá contener además:

a) La identificación del responsable o responsables de seguridad.

b) Los controles periódicos que se deban realizar para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el propio documento.

5. Cuando exista un tratamiento de datos por cuenta de terceros, el documento de seguridad deberá contener la identificación de los ficheros o tratamientos que se traten en concepto de encargado con referencia expresa al contrato o documento que regule las condiciones del encargo, así como de la identificación del responsable y del período de vigencia del encargo.

6. En aquellos casos en los que datos personales de un fichero o tratamiento se incorporen y traten de modo exclusivo en los sistemas del encargado, el responsable deberá anotarlo en su documento de seguridad. Cuando tal circunstancia afectase a parte o a la totalidad de los ficheros o tratamientos del responsable, podrá delegarse en el encargado la llevanza del documento de seguridad, salvo en lo relativo a aquellos datos contenidos en recursos propios. Este hecho se indicará de modo expreso en el contrato celebrado al amparo del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, con especificación de los ficheros o tratamientos afectados.

En tal caso, se atenderá al documento de seguridad del encargado al efecto del cumplimiento de lo dispuesto por este reglamento.

7. El documento de seguridad deberá mantenerse en todo momento actualizado y será revisado siempre que se produzcan cambios relevantes en el sistema de información, en el sistema de tratamiento empleado, en su organización, en el contenido de la información incluida en los ficheros o tratamientos o, en su caso, como consecuencia de los controles periódicos realizados. En todo caso, se entenderá que un cambio es relevante cuando pueda repercutir en el cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas.

8. El contenido del documento de seguridad deberá adecuarse, en todo momento, a las disposiciones vigentes en materia de seguridad de los datos de carácter personal.

 

CAPÍTULO III. Medidas de seguridad aplicables a ficheros y tratamientos automatizados

 

SECCIÓN 1.ª MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL BÁSICO

 

Artículo 89. Funciones y obligaciones del personal.

1. Las funciones y obligaciones de cada uno de los usuarios o perfiles de usuarios con acceso a los datos de carácter personal y a los sistemas de información estarán claramente definidas y documentadas en el documento de seguridad.

También se definirán las funciones de control o autorizaciones delegadas por el responsable del fichero o tratamiento.

2. El responsable del fichero o tratamiento adoptará las medidas necesarias para que el personal conozca de una forma comprensible las normas de seguridad que afecten al
desarrollo de sus funciones así como las consecuencias en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento.

 

Artículo 90. Registro de incidencias.

Deberá existir un procedimiento de notificación y gestión de las incidencias que afecten a los datos de carácter personal y establecer un registro en el que se haga constar el tipo de incidencia, el momento en que se ha producido, o en su caso, detectado, la persona que realiza la notificación, a quién se le comunica, los efectos que se hubieran derivado de la misma y las medidas correctoras aplicadas.

 

Artículo 91. Control de acceso.

1. Los usuarios tendrán acceso únicamente a aquellos recursos que precisen para el desarrollo de sus funciones.

2. El responsable del fichero se encargará de que exista una relación actualizada de usuarios y perfiles de usuarios, y los accesos autorizados para cada uno de ellos.

3. El responsable del fichero establecerá mecanismos para evitar que un usuario pueda acceder a recursos con derechos distintos de los autorizados.

4. Exclusivamente el personal autorizado para ello en el documento de seguridad podrá conceder, alterar o anular el acceso autorizado sobre los recursos, conforme a los criterios establecidos por el responsable del fichero.

5. En caso de que exista personal ajeno al responsable del fichero que tenga acceso a los recursos deberá estar sometido a las mismas condiciones y obligaciones de seguridad que el personal propio.

Artículo 92. Gestión de soportes y documentos.

1. Los soportes y documentos que contengan datos de carácter personal deberán permitir identificar el tipo de información que contienen, ser inventariados y solo deberán ser accesibles por el personal autorizado para ello en el documento de seguridad.

Se exceptúan estas obligaciones cuando las características físicas del soporte imposibiliten su cumplimiento, quedando constancia motivada de ello en el documento de seguridad.

2. La salida de soportes y documentos que contengan datos de carácter personal, incluidos los comprendidos y/o anejos a un correo electrónico, fuera de los locales bajo el control del responsable del fichero o tratamiento deberá ser autorizada por el responsable del fichero o encontrarse debidamente autorizada en el documento de seguridad.

3. En el traslado de la documentación se adoptarán las medidas dirigidas a evitar la sustracción, pérdida o acceso indebido a la información durante su transporte.

4. Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter personal deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción de medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su recuperación posterior.

5. La identificación de los soportes que contengan datos de carácter personal que la organización considerase especialmente sensibles se podrá realizar utilizando sistemas de etiquetado comprensibles y con significado que permitan a los usuarios con acceso autorizado a los citados soportes y documentos identificar su contenido, y que dificulten la identificación para el resto de personas.

Artículo 93. Identificación y autenticación.

1. El responsable del fichero o tratamiento deberá adoptar las medidas que garanticen la correcta identificación y autenticación de los usuarios.

2. El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que permita la identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema de información y la verificación de que está autorizado.

3. Cuando el mecanismo de autenticación se base en la existencia de contraseñas existirá un procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento que garantice su confidencialidad e integridad.

4. El documento de seguridad establecerá la periodicidad, que en ningún caso será superior a un año, con la que tienen que ser cambiadas las contraseñas que, mientras estén vigentes, se almacenarán de forma ininteligible.

 

Artículo 94. Copias de respaldo y recuperación.

1. Deberán establecerse procedimientos de actuación para la realización como mínimo semanal de copias de respaldo, salvo que en dicho período no se hubiera producido ninguna actualización de los datos.

2. Asimismo, se establecerán procedimientos para la recuperación de los datos que garanticen en todo momento su reconstrucción en el estado en que se encontraban al tiempo de producirse la pérdida o destrucción.

Únicamente, en el caso de que la pérdida o destrucción afectase a ficheros o tratamientos parcialmente automatizados, y siempre que la existencia de documentación permita alcanzar el objetivo al que se refiere el párrafo anterior, se deberá proceder a grabar manualmente los datos quedando constancia motivada de este hecho en el documento de seguridad.

3. El responsable del fichero se encargará de verificar cada seis meses la correcta definición, funcionamiento y aplicación de los procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos.

4. Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de información que traten ficheros con datos de carácter personal no se realizarán con datos reales, salvo que se asegure el nivel de seguridad correspondiente al tratamiento realizado y se anote su realización en el documento de seguridad.

Si está previsto realizar pruebas con datos reales, previamente deberá haberse realizado una copia de seguridad.

 

SECCIÓN 2.ª MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL MEDIO

 

Artículo 95. Responsable de seguridad.

En el documento de seguridad deberán designarse uno o varios responsables de seguridad encargados de coordinar y controlar las medidas definidas en el mismo.

Esta designación puede ser única para todos los ficheros o tratamientos de datos de carácter personal o diferenciada según los sistemas de tratamiento utilizados, circunstancia que deberá hacerse constar claramente en el documento de seguridad.

En ningún caso esta designación supone una exoneración de la responsabilidad que corresponde al responsable del fichero o al encargado del tratamiento de acuerdo con este reglamento.

 

Artículo 96. Auditoría.

1. A partir del nivel medio los sistemas de información e instalaciones de tratamiento y almacenamiento de datos se someterán, al menos cada dos años, a una auditoría interna o externa que verifique el cumplimiento del presente título.

Con carácter extraordinario deberá realizarse dicha auditoría siempre que se realicen modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir en el cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas con el objeto de verificar la adaptación, adecuación y eficacia de las mismas. Esta auditoría inicia el cómputo de dos años señalado en el párrafo anterior.

2. El informe de auditoría deberá dictaminar sobre la adecuación de las medidas y controles a la Ley y su desarrollo reglamentario, identificar sus deficiencias y proponer las medidas correctoras o complementarias necesarias.

Deberá, igualmente, incluir los datos, hechos y observaciones en que se basen los dictámenes alcanzados y las recomendaciones propuestas.

3. Los informes de auditoría serán analizados por el responsable de seguridad competente, que elevará las conclusiones al responsable del fichero o tratamiento para que adopte las medidas correctoras adecuadas y quedarán a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, de las autoridades de control de las comunidades autónomas.

 

Artículo 97. Gestión de soportes y documentos.

1. Deberá establecerse un sistema de registro de entrada de soportes que permita, directa o indirectamente, conocer el tipo de documento o soporte, la fecha y hora, el emisor, el número de documentos o soportes incluidos en el envío, el tipo de información que contienen, la forma de envío y la persona responsable de la recepción que deberá estar debidamente autorizada.

2. Igualmente, se dispondrá de un sistema de registro de salida de soportes que permita, directa o indirectamente, conocer el tipo de documento o soporte, la fecha y hora, el destinatario, el número de documentos o soportes incluidos en el envío, el tipo de información que contienen, la forma de envío y la persona responsable de la entrega que deberá estar debidamente autorizada.

 

Artículo 98. Identificación y autenticación.

El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que limite la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no autorizado al sistema de información.

 

Artículo 99. Control de acceso físico.

Exclusivamente el personal autorizado en el documento de seguridad podrá tener acceso a los lugares donde se hallen instalados los equipos físicos que den soporte a los sistemas de información.

 

Artículo 100. Registro de incidencias.

1. En el registro regulado en el artículo 90 deberán consignarse, además, los procedimientos realizados de recuperación de los datos, indicando la persona que ejecutó el proceso, los datos restaurados y, en su caso, qué datos ha sido necesario grabar manualmente en el proceso de recuperación.

2. Será necesaria la autorización del responsable del fichero para la ejecución de los procedimientos de recuperación de los datos.

 

SECCIÓN 3.ª MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL ALTO

 

Artículo 101. Gestión y distribución de soportes.

1. La identificación de los soportes se deberá realizar utilizando sistemas de etiquetado comprensibles y con significado que permitan a los usuarios con acceso autorizado a los citados soportes y documentos identificar su contenido, y que dificulten la identificación para el resto de personas.

2. La distribución de los soportes que contengan datos de carácter personal se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando otro mecanismo que garantice que dicha información no sea accesible o manipulada durante su transporte.

Asimismo, se cifrarán los datos que contengan los dispositivos portátiles cuando éstos se encuentren fuera de las instalaciones que están bajo el control del responsable del fichero.

3. Deberá evitarse el tratamiento de datos de carácter personal en dispositivos portátiles que no permitan su cifrado. En caso de que sea estrictamente necesario se hará constar motivadamente en el documento de seguridad y se adoptarán medidas que tengan en cuenta los riesgos de realizar tratamientos en entornos desprotegidos.

 

Artículo 102. Copias de respaldo y recuperación.

Deberá conservarse una copia de respaldo de los datos y de los procedimientos de recuperación de los mismos en un lugar diferente de aquel en que se encuentren los equipos informáticos que los tratan, que deberá cumplir en todo caso las medidas de seguridad exigidas en este título, o utilizando elementos que garanticen la integridad y recuperación de la información, de forma que sea posible su recuperación.

 

Artículo 103. Registro de accesos.

1. De cada intento de acceso se guardarán, como mínimo, la identificación del usuario, la fecha y hora en que se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido autorizado o denegado.

2. En el caso de que el acceso haya sido autorizado, será preciso guardar la información que permita identificar el registro accedido.

3. Los mecanismos que permiten el registro de accesos estarán bajo el control directo del responsable de seguridad competente sin que deban permitir la desactivación ni la manipulación de los mismos.

4. El período mínimo de conservación de los datos registrados será de dos años.

5. El responsable de seguridad se encargará de revisar al menos una vez al mes la información de control registrada y elaborará un informe de las revisiones realizadas y los problemas detectados.

6. No será necesario el registro de accesos definido en este artículo en caso de que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que el responsable del fichero o del tratamiento sea una persona física.

b) Que el responsable del fichero o del tratamiento garantice que únicamente él tiene acceso y trata los datos personales.

La concurrencia de las dos circunstancias a las que se refiere el apartado anterior deberá hacerse constar expresamente en el documento de seguridad.

 

Artículo 104. Telecomunicaciones.

Cuando, conforme al artículo 81.3 deban implantarse las medidas de seguridad de nivel alto, la transmisión de datos de carácter personal a través de redes públicas o redes inalámbricas de comunicaciones electrónicas se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que la información no sea inteligible ni manipulada por terceros.

 

CAPÍTULO IV. Medidas de seguridad aplicables a los ficheros y tratamientos no automatizados

 

SECCIÓN 1.ª MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL BÁSICO

 

Artículo 105. Obligaciones comunes.

1. Además de lo dispuesto en el presente capítulo, a los ficheros no automatizados les será de aplicación lo dispuesto en los capítulos I y II del presente título en lo relativo a:

a) Alcance.

b) Niveles de seguridad.

c) Encargado del tratamiento.

d) Prestaciones de servicios sin acceso a datos personales.

e) Delegación de autorizaciones.

f) Régimen de trabajo fuera de los locales del responsable del fichero o encargado del tratamiento.

g) Copias de trabajo de documentos.

h) Documento de seguridad.

2. Asimismo se les aplicará lo establecido por la sección primera del capítulo III del presente título en lo relativo a:

a) Funciones y obligaciones del personal.

b) Registro de incidencias.

c) Control de acceso.

d) Gestión de soportes.

 

Artículo 106. Criterios de archivo.

El archivo de los soportes o documentos se realizará de acuerdo con los criterios previstos en su respectiva legislación. Estos criterios deberán garantizar la correcta conservación de los documentos, la localización y consulta de la información y posibilitar el ejercicio de los derechos de oposición al tratamiento, acceso, rectificación y cancelación.

En aquellos casos en los que no exista norma aplicable, el responsable del fichero deberá establecer los criterios y procedimientos de actuación que deban seguirse para el archivo.

 

Artículo 107. Dispositivos de almacenamiento.

Los dispositivos de almacenamiento de los documentos que contengan datos de carácter personal deberán disponer de mecanismos que obstaculicen su apertura.

Cuando las características físicas de aquéllos no permitan adoptar esta medida, el responsable del fichero o tratamiento adoptará medidas que impidan el acceso de personas no autorizadas.

 

Artículo 108. Custodia de los soportes.

Mientras la documentación con datos de carácter personal no se encuentre archivada en los dispositivos de almacenamiento establecidos en el artículo anterior, por estar en proceso de revisión o tramitación, ya sea previo o posterior a su archivo, la persona que se encuentre al cargo de la misma deberá custodiarla e impedir en todo momento que pueda ser accedida por persona no autorizada.

 

SECCIÓN 2.ª MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL MEDIO

 

Artículo 109. Responsable de seguridad.

Se designará uno o varios responsables de seguridad en los términos y con las funciones previstas en el artículo 95 de este reglamento.

 

Artículo 110. Auditoría.

Los ficheros comprendidos en la presente sección se someterán, al menos cada dos años, a una auditoría interna o externa que verifique el cumplimiento del presente título.

 

SECCIÓN 3.ª MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL ALTO

 

Artículo 111. Almacenamiento de la información.

1. Los armarios, archivadores u otros elementos en los que se almacenen los ficheros no automatizados con datos de carácter personal deberán encontrarse en áreas en las que el acceso esté protegido con puertas de acceso dotadas de sistemas de apertura mediante llave u otro dispositivo equivalente. Dichas áreas deberán permanecer cerradas cuando no sea preciso el acceso a los documentos incluidos en el fichero.

2. Si, atendidas las características de los locales de que dispusiera el responsable del fichero o tratamiento, no fuera posible cumplir lo establecido en el apartado anterior, el responsable adoptará medidas alternativas que, debidamente motivadas, se incluirán en el documento de seguridad.

 

Artículo 112. Copia o reproducción.

1. La generación de copias o la reproducción de los documentos únicamente podrá ser realizada bajo el control del personal autorizado en el documento de seguridad.

2. Deberá procederse a la destrucción de las copias o reproducciones desechadas de forma que se evite el acceso a la información contenida en las mismas o su recuperación posterior.

 

Artículo 113. Acceso a la documentación.

1. El acceso a la documentación se limitará exclusivamente al personal autorizado.

2. Se establecerán mecanismos que permitan identificar los accesos realizados en el caso de documentos que puedan ser utilizados por múltiples usuarios.

3. El acceso de personas no incluidas en el párrafo anterior deberá quedar adecuadamente registrado de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto en el documento de seguridad.

 

Artículo 114. Traslado de documentación.

Siempre que se proceda al traslado físico de la documentación contenida en un fichero, deberán adoptarse medidas dirigidas a impedir el acceso o manipulación de la información objeto de traslado.

 

TÍTULO IX. Procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos

 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

 

Artículo 115. Régimen aplicable.

1. Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el presente título, y supletoriamente, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Específicamente serán de aplicación las normas reguladoras del procedimiento administrativo común al régimen de representación en los citados procedimientos.

 

Artículo 116. Publicidad de las resoluciones.

1. La Agencia Española de Protección de Datos hará públicas sus resoluciones, con excepción de las correspondientes a la inscripción de un fichero o tratamiento en el Registro General de Protección de Datos y de aquéllas por las que se resuelva la inscripción en el mismo de los códigos tipo, siempre que se refieran a procedimientos que se hubieran iniciado con posterioridad al 1 de enero de 2004, o correspondan al archivo de actuaciones inspectoras incoadas a partir de dicha fecha.

2. La publicación de estas resoluciones se realizará preferentemente mediante su inserción en el sitio web de la Agencia Española de Protección de Datos, dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha de su notificación a los interesados.

3. En la notificación de las resoluciones se informará expresamente a los interesados de la publicidad prevista en el artículo 37.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

4. La publicación se realizará aplicando los criterios de disociación de los datos de carácter personal que a tal efecto se establezcan mediante Resolución del Director de la Agencia.

 

CAPÍTULO II. Procedimiento de tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

 

Artículo 117. Instrucción del procedimiento.

1. El procedimiento se iniciará a instancia del afectado o afectados, expresando con claridad el contenido de su reclamación y de los preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que se consideran vulnerados.

2. Recibida la reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos, se dará traslado de la misma al responsable del fichero, para que, en el plazo de quince días, formule las alegaciones que estime pertinentes.

3. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, la Agencia Española de Protección de Datos, previos los informes, pruebas y otros actos de instrucción pertinentes, incluida la audiencia del afectado y nuevamente del responsable del fichero, resolverá sobre la reclamación formulada.

 

Artículo 118. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa.

1. El plazo máximo para dictar y notificar resolución en el procedimiento de tutela de derechos será de seis meses, a contar desde la fecha de entrada en la Agencia Española de Protección de Datos de la reclamación del afectado o afectados.

2. Si en dicho plazo no se hubiese dictado y notificado resolución expresa, el afectado podrá considerar estimada su reclamación por silencio administrativo positivo.

 

Artículo 119. Ejecución de la resolución.

Si la resolución de tutela fuese estimatoria, se requerirá al responsable del fichero para que, en el plazo de diez días siguientes a la notificación, haga efectivo el ejercicio de los derechos objeto de la tutela, debiendo dar cuenta por escrito de dicho cumplimiento a la Agencia Española de Protección de Datos en idéntico plazo.

 

CAPÍTULO III. Procedimientos relativos al ejercicio de la potestad sancionadora

 

SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 120. Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones contenidas en el presente capítulo serán de aplicación a los procedimientos relativos al ejercicio por la Agencia Española de Protección de Datos de la potestad sancionadora que le viene atribuida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, y en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

2. No obstante, las disposiciones previstas en el artículo 121 y en la sección cuarta de este capítulo únicamente serán aplicables a los procedimientos referidos al ejercicio de la potestad sancionadora prevista en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

 

Artículo 121. Inmovilización de ficheros.

1. En el supuesto previsto como infracción muy grave en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, consistente en la utilización o cesión ilícita de los datos de carácter personal en la que se impida gravemente o se atente de igual modo contra el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y el libre desarrollo de la personalidad que la Constitución y las leyes garantizan, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá, en cualquier momento del procedimiento, requerir a los responsables de ficheros o tratamientos de datos de carácter personal, tanto de titularidad pública como privada, la cesación en la utilización o cesión ilícita de los datos.

2. El requerimiento deberá ser atendido en el plazo improrrogable de tres días, durante el cual el responsable del fichero podrá formular las alegaciones que tenga por convenientes en orden al levantamiento de la medida.

3. Si el requerimiento fuera desatendido, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá, mediante resolución motivada, acordar la inmovilización de tales ficheros o tratamientos, a los solos efectos de restaurar los derechos de las personas afectadas.

 

SECCIÓN 2.ª ACTUACIONES PREVIAS

 

Artículo 122. Iniciación.

1. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, se podrán realizar actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos que pudieran justificar la incoación del procedimiento, identificar la persona u órgano que pudiera resultar responsable y fijar las circunstancias relevantes que pudieran concurrir en el caso.

2. Las actuaciones previas se llevarán a cabo de oficio por la Agencia Española de Protección de Datos, bien por iniciativa propia o como consecuencia de la existencia de una denuncia o una petición razonada de otro órgano.

3. Cuando las actuaciones se lleven a cabo como consecuencia de la existencia de una denuncia o de una petición razonada de otro órgano, la Agencia Española de Protección de Datos acusará recibo de la denuncia o petición, pudiendo solicitar cuanta documentación se estime oportuna para poder comprobar los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento sancionador.

4. Estas actuaciones previas tendrán una duración máxima de doce meses a contar desde la fecha en la que la denuncia o petición razonada a las que se refiere el apartado 2 hubieran tenido entrada en la Agencia Española de Protección de Datos o, en caso de no existir aquéllas, desde que el Director de la Agencia acordase la realización de dichas actuaciones.

El vencimiento del plazo sin que haya sido dictado y notificado acuerdo de inicio de procedimiento sancionador producirá la caducidad de las actuaciones previas.

 

Artículo 123. Personal competente para la realización de las actuaciones previas.

1. Las actuaciones previas serán llevadas a cabo por el personal del área de la Inspección de Datos habilitado para el ejercicio de funciones inspectoras.

2. En supuestos excepcionales, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá designar para la realización de actuaciones específicas a funcionarios de la propia Agencia no habilitados con carácter general para el ejercicio de funciones inspectoras o a funcionarios que no presten sus funciones en la Agencia, siempre que reúnan las condiciones de idoneidad y especialización necesarias para la realización de tales actuaciones. En estos casos, la autorización indicará expresamente la identificación del funcionario y las concretas actuaciones previas de inspección a realizar.

3. Los funcionarios que ejerzan la inspección a los que se refieren los dos apartados anteriores tendrán la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus cometidos.

Estarán obligados a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan en el ejercicio de las mencionadas funciones, incluso después de haber cesado en las mismas.

 

Artículo 124. Obtención de información.

Los inspectores podrán recabar cuantas informaciones precisen para el cumplimiento de sus cometidos. A tal fin podrán requerir la exhibición o el envío de los documentos y datos y examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados, como obtener copia de los mismos, inspeccionar los equipos físicos y lógicos, así como requerir la ejecución de tratamientos y programas o procedimientos de gestión y soporte del fichero o ficheros sujetos a investigación, accediendo a los lugares donde se hallen instalados.

 

Artículo 125. Actuaciones presenciales.

1. En el desarrollo de las actuaciones previas se podrán realizar visitas de inspección por parte de los inspectores designados, en los locales o sede del inspeccionado, o donde se encuentren ubicados los ficheros, en su caso. A tal efecto, los inspectores habrán sido previamente autorizados por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

Las inspecciones podrán realizarse en el domicilio del inspeccionado, en la sede o local concreto relacionado con el mismo o en cualquiera de sus locales, incluyendo aquéllos en que el tratamiento sea llevado a cabo por un encargado.

La autorización se limitará a indicar la habilitación del inspector autorizado y la identificación de la persona u órgano inspeccionado.

2. En el supuesto contemplado en el apartado anterior, las inspecciones concluirán con el levantamiento de la correspondiente acta, en la que quedará constancia de las actuaciones practicadas durante la visita o visitas de inspección.

3. El acta, que se emitirá por duplicado, será firmada por los inspectores actuantes y por el inspeccionado, que podrá hacer constar en la misma las alegaciones o manifestaciones
que tenga por conveniente.

En caso de negativa del inspeccionado a la firma del acta, se hará constar expresamente esta circunstancia en la misma. En todo caso, la firma por el inspeccionado del acta no supondrá su conformidad, sino tan sólo la recepción de la misma.

Se entregará al inspeccionado uno de los originales del acta de inspección, incorporándose el otro a las actuaciones.

 

Artículo 126. Resultado de las actuaciones previas.

1. Finalizadas las actuaciones previas, éstas se someterán a la decisión del Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

Si de las actuaciones no se derivasen hechos susceptibles de motivar la imputación de infracción alguna, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos dictará resolución de archivo que se notificará al investigado y al denunciante, en su caso.

2. En caso de apreciarse la existencia de indicios susceptibles de motivar la imputación de una infracción, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos dictará acuerdo de inicio de procedimiento sancionador o de infracción de las Administraciones públicas, que se tramitarán conforme a lo dispuesto, respectivamente, en las secciones tercera y cuarta del
presente capítulo.

 

SECCIÓN 3.ª PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

 

Artículo 127. Iniciación del procedimiento.

Con carácter específico el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador deberá contener:

a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.

b) Descripción sucinta de los hechos imputados, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

c) Indicación de que el órgano competente para resolver el procedimiento es el Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

d) Indicación al presunto responsable de que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se dictará directamente resolución.

e) Designación de instructor y, en su caso, secretario, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos.

f) Indicación expresa del derecho del responsable a formular alegaciones, a la audiencia en el procedimiento y a proponer las pruebas que estime procedentes.

g) Medidas de carácter provisional que pudieran acordarse, en su caso, conforme a lo establecido en la sección primera del presente capítulo.

 

Artículo 128. Plazo máximo para resolver.

1. El plazo para dictar resolución será el que determinen las normas aplicables a cada procedimiento sancionador y se computará desde la fecha en que se dicte el acuerdo de inicio hasta que se produzca la notificación de la resolución sancionadora, o se acredite debidamente el intento de notificación.

2. El vencimiento del citado plazo máximo, sin que se haya dictada y notificada resolución expresa, producirá la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones.

 

SECCIÓN 4.ª PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE INFRACCIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, POR LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

 

Artículo 129. Disposición general.

El procedimiento por el que se declare la existencia de una infracción de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, cometida por las Administraciones públicas será el establecido en la sección tercera de este capítulo.

 

CAPÍTULO IV. Procedimientos relacionados con la inscripción o cancelación de ficheros

 

SECCIÓN 1.ª PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DE FICHEROS

 

Artículo 130. Iniciación del procedimiento.

1. El procedimiento se iniciará como consecuencia de la notificación de la creación, modificación o supresión del fichero por el interesado o, en su caso, de la comunicación
efectuada por las autoridades de control de las comunidades autónomas, a la que se refiere el presente reglamento.

2. La notificación se deberá efectuar cumplimentando los modelos o formularios electrónicos publicados al efecto por la Agencia Española de Protección de Datos, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 59 de este reglamento.

Tratándose de la notificación de la modificación o supresión de un fichero, deberá indicarse en la misma el código de inscripción del fichero en el Registro General de Protección de Datos.

3. La notificación se efectuará en soporte electrónico, ya mediante comunicación electrónica a través de Internet mediante firma electrónica o en soporte informático, utilizando al efecto el programa de ayuda para la generación de notificaciones que la Agencia pondrá a disposición de los interesados de forma gratuita.

Será igualmente válida la notificación efectuada en soporte papel cuando para su cumplimentación hayan sido utilizados los modelos o formularios publicados por la Agencia.

4. En la notificación, el responsable del fichero deberá declarar un domicilio a efectos de notificaciones en el procedimiento.

 

Artículo 131. Especialidades en la notificación de ficheros de titularidad pública.

1. Cuando se trate de la notificación de ficheros de titularidad pública, deberá acompañarse a la notificación una copia de la norma o acuerdo de creación, modificación o supresión del fichero a que hace referencia el artículo 52 del presente reglamento.

Cuando el diario oficial en el que se encuentre publicada la citada norma o acuerdo sea accesible a través de Internet, bastará con indicar en la notificación la dirección electrónica que permita su concreta localización.

2. Recibida la notificación, si la misma no contuviera la información preceptiva o se advirtieran defectos formales, el Registro General de Protección de Datos requerirá al responsable del fichero para que complete o subsane la notificación. El plazo para la subsanación o mejora de la solicitud será de tres meses, en el caso de que se precise la modificación de la norma o acuerdo de creación del fichero.

 

Artículo 132. Acuerdo de inscripción o cancelación.

Si la notificación referida a la creación, modificación o supresión del fichero contuviera la información preceptiva y se cumplieran las restantes exigencias legales, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, a propuesta del Registro General de Protección de Datos, acordará, respectivamente, la inscripción del fichero, asignando al mismo el correspondiente código de inscripción, la modificación de la inscripción del fichero o la cancelación de la inscripción correspondiente.

 

Artículo 133. Improcedencia o denegación de la inscripción.

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos, a propuesta del Registro General de Protección de Datos, dictará resolución denegando la inscripción, modificación
o cancelación cuando de los documentos aportados por el responsable del fichero se desprenda que la notificación no resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

La resolución será debidamente motivada, con indicación expresa de las causas que impiden la inscripción, modificación o cancelación.

 

Artículo 134. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa.

1. El plazo máximo para dictar y notificar resolución acerca de la inscripción, modificación o cancelación será de un mes.

2. Si en dicho plazo no se hubiese dictado y notificado resolución expresa, se entenderá inscrito, modificado o cancelado el fichero a todos los efectos.

 

SECCIÓN 2.ª PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE OFICIO DE FICHEROS INSCRITOS

 

Artículo 135. Iniciación del procedimiento.

El procedimiento de cancelación de oficio de los ficheros inscritos en el Registro General de Protección de Datos se iniciará siempre de oficio, bien por propia iniciativa o en virtud de denuncia, por acuerdo del Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

 

Artículo 136. Terminación del expediente.

La resolución, previa audiencia del interesado, acordará haber lugar o no a la cancelación del fichero.

Si la resolución acordase la cancelación del fichero, se dará traslado de la misma al Registro General de Protección de Datos, para que proceda a la cancelación.

 

CAPÍTULO V. Procedimientos relacionados con las transferencias internacionales de datos

 

SECCIÓN 1.ª PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

 

Artículo 137. Iniciación del procedimiento.

1. El procedimiento para la obtención de la autorización para las transferencias internacionales de datos a países terceros a las que se refiere el artículo 33 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el artículo 70 de este reglamento se iniciará siempre a solicitud del exportador que pretenda llevar a cabo la transferencia.

2. En su solicitud, además de los requisitos legalmente exigidos, el exportador deberá consignar, en todo caso:

a) La identificación del fichero o ficheros a cuyos datos se refiera la transferencia internacional, con indicación de su denominación y código de inscripción del fichero en el Registro General de Protección de Datos.

b) La transferencia o transferencias respecto de las que se solicita la autorización, con indicación de la finalidad que la justifica.

c) La documentación que incorpore las garantías exigibles para la obtención de la autorización así como el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la realización de la transferencia, en su caso.

Cuando la autorización se fundamente en la existencia de un contrato entre el exportador y el importador de los datos, deberá aportarse copia del mismo, acreditándose asimismo la concurrencia de poder suficiente en sus otorgantes.

Si la autorización se pretendiera fundar en lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 70, deberán aportarse las normas o reglas adoptadas en relación con el tratamiento de los datos en el seno del grupo, así como la documentación que acredite su carácter vinculante y su eficacia dentro del grupo. Igualmente deberá aportarse la documentación que acredite la posibilidad de que el afectado o la Agencia Española de Protección de Datos puedan exigir la responsabilidad que corresponda en caso de perjuicio del afectado o vulneración de las normas de protección de datos por parte de cualquier empresa importadora.

 

Artículo 138. Instrucción del procedimiento.

1. Cuando el Director de la Agencia Española de Protección de Datos acuerde, conforme a lo dispuesto en el artículo 86.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la apertura de un período de información pública, el plazo para la formulación de alegaciones será de diez días a contar desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del anuncio previsto en dicha Ley.

2. No será posible el acceso a la información del expediente en que concurran las circunstancias establecidas en el artículo 37.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado 1, en caso de que se hubieran formulado alegaciones, se dará traslado de las mismas al solicitante de la autorización, a fin de que en el plazo de diez días alegue lo que estime procedente.

 

Artículo 139. Actos posteriores a la resolución.

1. Cuando el Director de la Agencia Española de Protección de Datos resuelva autorizar la transferencia internacional de datos, se dará traslado de la resolución de autorización al Registro General de Protección de Datos, a fin de proceder a su inscripción.

El Registro General de Protección de Datos inscribirá de oficio la autorización de transferencia internacional.

2. En todo caso, se dará traslado de la resolución de autorización o denegación de la autorización de la transferencia internacional de datos al Ministerio de Justicia, al efecto de que se proceda a su notificación a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros de la Unión Europea de acuerdo a lo previsto en el artículo 26.3 de la Directiva 95/46/CE.

 

Artículo 140. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa.

1. El plazo máximo para dictar y notificar resolución será de tres meses, a contar desde la fecha de entrada en la Agencia Española de Protección de Datos de la solicitud.

2. Si en dicho plazo no se hubiese dictado y notificado resolución expresa, se entenderá autorizada la transferencia internacional de datos.

 

SECCIÓN 2.ª PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

 

Artículo 141. Iniciación.

1. En los supuestos contemplados en el artículo 69 y en el apartado 3 del artículo 70, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar la suspensión
temporal de una transferencia internacional de datos.

2. En tales supuestos, el Director dictará acuerdo de inicio referido a la suspensión temporal de la transferencia.

El acuerdo deberá ser motivado y fundarse en los supuestos previstos en este reglamento.

 

Artículo 142. Instrucción y resolución.

1. Se dará traslado del acuerdo al exportador, a fin de que en el plazo de quince días formule lo que a su derecho convenga.

2. Recibidas las alegaciones o cumplido el plazo señalado, el Director dictará resolución acordando, en su caso, la suspensión temporal de la transferencia internacional de datos.

 

Artículo 143. Actos posteriores a la resolución.

1. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos dará traslado de la resolución al Registro General de Protección de Datos, a fin de que la misma se haga constar en el registro.

El Registro General de Protección de Datos inscribirá de oficio la suspensión temporal de la transferencia internacional.

2. En todo caso, se dará traslado de la resolución al Ministerio de Justicia, al efecto de que se proceda a su notificación a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros de la Unión Europea de acuerdo a lo previsto en el artículo 26.3 de la Directiva 95/46/CE.

 

Artículo 144. Levantamiento de la suspensión temporal.

1. La suspensión se levantará tan pronto como cesen las causas que la hubieran justificado, mediante resolución del Director de la Agencia Española de Protección de Datos, del que se dará traslado al exportador.

2. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos dará traslado de la resolución al Registro General de Protección de Datos, a fin de que la misma se haga constar en el Registro.

El Registro General de Protección de Datos hará constar de oficio el levantamiento de la suspensión temporal de la transferencia internacional.

3. El acuerdo será notificado al exportador y al Ministerio de Justicia, al efecto de que se proceda a su notificación a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros de la Unión Europea de acuerdo a lo previsto en el artículo 26. 3 de la Directiva 95/46/CE.

 

CAPÍTULO VI. Procedimiento de inscripción de códigos tipo

 

Artículo 145. Iniciación del procedimiento.

1. El procedimiento para la inscripción en el Registro General de Protección de Datos de los códigos tipo se iniciará siempre a solicitud de la entidad, órgano o asociación
promotora del código tipo.

2. La solicitud, que deberá reunir los requisitos legalmente establecidos, habrá de acompañarse de los siguientes documentos:

a) Acreditación de la representación que concurra en la persona que presente la solicitud.

b) Contenido del acuerdo, convenio o decisión por la que se aprueba, en el ámbito correspondiente el contenido del código tipo presentado.

c) En caso de que el código tipo proceda de un acuerdo sectorial o una decisión de empresa certificación referida a la adopción del acuerdo y legitimación del órgano que lo adoptó.

d) En el supuesto contemplado en la letra anterior, copia de los estatutos de la asociación, organización sectorial o entidad en cuyo marco haya sido aprobado el código.

e) En caso de códigos tipo presentados por asociaciones u organizaciones de carácter sectorial, documentación relativa a su representatividad en el sector.

f) En caso de códigos tipo basados en decisiones de empresa, descripción de los tratamientos a los que se refiere el código tipo.

g) Código tipo sometido a la Agencia Española de Protección de Datos.

 

Artículo 146. Análisis de los aspectos sustantivos del código tipo.

1. Durante los treinta días siguientes a la notificación o subsanación de los defectos el Registro General de Protección de Datos podrá convocar a los solicitantes, a fin de obtener aclaraciones o precisiones relativas al contenido sustantivo del código tipo.

2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, el Registro General de Protección de Datos elaborará un informe sobre las características del proyecto de código tipo.

3. La documentación presentada y el informe del Registro serán remitidos al Gabinete Jurídico, a fin de que por el mismo se informe acerca del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Título VII de este Reglamento.

 

Artículo 147. Información pública.

1. Cuando el Director de la Agencia Española de Protección de Datos acuerde, conforme a lo dispuesto en el artículo 86.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la apertura de un período de información pública, el plazo para la formulación de alegaciones será de diez días a contar desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del anuncio previsto en dicha ley.

2. No será posible el acceso a la información del expediente en que concurran las circunstancias establecidas en el artículo 37.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

 

Artículo 148. Mejora del código tipo.

Si durante la tramitación del procedimiento resultase necesaria la aportación de nuevos documentos o la modificación del código tipo presentado, la Agencia Española de Protección de Datos podrá requerir al solicitante, a fin de que en el plazo de treinta días introduzca las modificaciones que sean precisas, remitiendo el texto resultante a la Agencia Española de Protección de Datos.

Se declarará la suspensión del procedimiento en tanto el solicitante no dé cumplimiento al requerimiento.

 

Artículo 149. Trámite de audiencia.

En caso de que durante el trámite previsto en el artículo 148 se hubieran formulado alegaciones, se dará traslado de las mismas al solicitante de la autorización, a fin de que en el plazo de diez días alegue lo que estime procedente.

 

Artículo 150. Resolución.

1. Cumplidos los términos establecidos en los artículos precedentes, el Director de la Agencia resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la inscripción del código tipo en el Registro General de Protección de Datos.

2. Cuando el Director de la Agencia Española de Protección de Datos resuelva autorizar la inscripción del código tipo, se dará traslado de la resolución al Registro General de Protección de Datos, a fin de proceder a su inscripción.

 

Artículo 151. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa.

1. El plazo máximo para dictar y notificar resolución será de seis meses, a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en la Agencia Española de Protección de Datos.

2. Si en dicho plazo no se hubiese dictado y notificado resolución expresa, el solicitante podrá considerar estimada su solicitud.

 

Artículo 152. Publicación de los códigos tipo por la Agencia Española de Protección de Datos.

La Agencia Española de Protección de Datos dará publicidad al contenido de los códigos tipo inscritos en el Registro General de Protección de Datos, utilizando para ello, con
carácter preferente, medios electrónicos o telemáticos.

 

CAPÍTULO VII. Otros procedimientos tramitados por la agencia española de protección de datos

 

SECCIÓN 1.ª PROCEDIMIENTO DE EXENCIÓN DEL DEBER DE INFORMACIÓN AL INTERESADO

 

Artículo 153. Iniciación del procedimiento.

1. El procedimiento para obtener de la Agencia Española de Protección de Datos la exención del deber de informar al interesado acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal cuando resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, prevista en el apartado 5 del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se iniciará siempre a petición del responsable que pretenda obtener la aplicación de la exención.

2. En el escrito de solicitud, además de los requisitos recogidos en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el responsable deberá:

a) Identificar claramente el tratamiento de datos al que pretende aplicarse la exención del deber de informar.

b) Motivar expresamente las causas en que fundamenta la imposibilidad o el carácter desproporcionado del esfuerzo que implicaría el cumplimiento del deber de informar.

c) Exponer detalladamente las medidas compensatorias que propone realizar en caso de exoneración del cumplimiento del deber de informar.

d) Aportar una cláusula informativa que, mediante su difusión, en los términos que se indiquen en la solicitud, permita compensar la exención del deber de informar.

 

Artículo 154. Propuesta de nuevas medidas compensatorias.

1. Si la Agencia Española de Protección de Datos considerase insuficientes las medidas compensatorias propuestas por el solicitante, podrá acordar la adopción de medidas complementarias o sustitutivas a las propuestas por aquél en su solicitud.

2. Del acuerdo se dará traslado al solicitante, a fin de que exponga lo que a su derecho convenga en el plazo de quince días.

 

Artículo 155. Terminación del procedimiento.

Concluidos los trámites previstos en los artículos precedentes, el Director de la Agencia dictará resolución, concediendo o denegando la exención del deber de informar. La resolución podrá imponer la adopción de las medidas complementarias a las que se refiere el artículo anterior.

 

Artículo 156. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa.

1. El plazo máximo para dictar y notificar resolución en el procedimiento será de seis meses, a contar desde la fecha de entrada en la Agencia Española de Protección de Datos de la solicitud del responsable del fichero.

2. Si en dicho plazo no se hubiese dictado y notificado resolución expresa, el afectado podrá considerar estimada su solicitud por silencio administrativo positivo.

 

SECCIÓN 2.ª PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE CONSERVACIÓN DE DATOS PARA FINES HISTÓRICOS, ESTADÍSTICOS O CIENTÍFICOS

 

Artículo 157. Iniciación del procedimiento.

1. El procedimiento para obtener de la Agencia Española de Protección de Datos la declaración de la concurrencia en un determinado tratamiento de datos de valores históricos, científicos o estadísticos, a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el presente Reglamento, se iniciará siempre a petición del responsable que pretenda obtener la declaración.

2. En el escrito de solicitud, el responsable deberá:

a) Identificar claramente el tratamiento de datos al que pretende aplicarse la excepción.

b) Motivar expresamente las causas que justificarían la declaración.

c) Exponer detalladamente las medidas que el responsable del fichero se propone implantar para garantizar el derecho de los ciudadanos.

3. La solicitud deberá acompañarse de cuantos documentos o pruebas sean necesarios para justificar la existencia de los valores históricos, científicos o estadísticos que fundamentarían la declaración de la Agencia.

 

Artículo 158. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa.

1. El plazo máximo para dictar y notificar resolución en el procedimiento será de tres meses, a contar desde la fecha de entrada en la Agencia Española de Protección de Datos de la solicitud del responsable del fichero.

2. Si en dicho plazo no se hubiese dictado y notificado resolución expresa, el afectado podrá considerar estimada su solicitud.

 

Disposición adicional única. Productos de software.

Los productos de software destinados al tratamiento automatizado de datos personales deberán incluir en su descripción técnica el nivel de seguridad, básico, medio o alto, que permitan alcanzar de acuerdo con lo establecido en el título VIII de este reglamento.

 

Disposición final única. Aplicación supletoria.

En lo no establecido en el capítulo III del título IX serán de aplicación a los procedimientos sancionadores tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos las disposiciones contenidas en el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

01Ene/14

Recomencación 98/560/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1998 relativa al desarrollo de la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de informaci›n mediante la promoci›n de marcos nacionales destinados a lograr un nivel de prot

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 24 de septiembre de 1998 relativa al desarrollo de la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información mediante la promoción de marcos nacionales destinados a lograr un nivel de protección comparable y efectivo de los menores y de la dignidad humana

 

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 130,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),

(1) Considerando que la Comisión adoptó el Libro Verde sobre la protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información el 16 de octubre de 1996 y que el Consejo lo acogió favorablemente en su sesión de 16 de diciembre de 1996;

(2) Considerando que el Parlamento Europeo (3), el Comité Económico y Social (4) y el Comité de las Regiones han aprobado sendos dictámenes sobre dicho Libro Verde (5);

(3) Considerando que la Comisión presentó al Consejo, en su sesión de 30 de junio de 1997, las conclusiones del proceso de consulta a las partes interesadas y que el Consejo, de forma unánime, les dispensó una acogida favorable;

(4) Considerando que la Comisión adoptó el 16 de octubre de 1996 la comunicación sobre contenidos ilícitos y nocivos en Internet (6), y que el Consejo y los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo adoptaron la Resolución sobre contenidos ilícitos y nocivos en Internet el 17 de febrero de 1997; que el Parlamento Europeo aprobó el 24 de abril de 1997 su dictamen relativo a la comunicación de la Comisión sobre contenidos ilícitos y nocivos en Internet; que estos trabajos se realizan de manera complementaria a la presente Recomendación puesto que tratan específicamente de todos los tipos de contenidos ilícitos y nocivos en Internet;

(5) Considerando que la presente Recomendación se refiere, en particular, a cuestiones relacionadas con la protección de los menores y la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información que se ofrecen al público, cualesquiera que sean las formas de difusión (tales como radiodifusión, servicios en línea de propiedad privada o servicios en Internet);

(6) Considerando que la información, la sensibilización y la educación de los usuarios son fundamentales para promover la competitividad de la industria de servicios audiovisuales y de información así como su adaptación al desarrollo tecnológico y a los cambios estructurales; que constituyen asimismo una condición para la plena participación del ciudadano europeo en la sociedad de la información; que es, por tanto, conveniente, de manera complementaria a las medidas de protección de los menores y de lucha contra los contenidos ilícitos que atentan contra la dignidad humana, fomentar el uso lícito y responsable de los servicios de información y de comunicaciones, entre otras cosas por medio del ejercicio del control parental;

(7) Considerando que la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (7), y en particular sus artículos 22, 22 bis y 22 ter, prevé un conjunto completo de medidas para la protección de los menores frente a los programas de televisión a efectos de garantizar la libre circulación de éstos;

(8) Considerando que el desarrollo de los servicios audiovisuales y de información es de capital importancia para Europa, habida cuenta de las enormes posibilidades que ofrecen tanto en materia de educación y de acceso a la información y a la cultura como de desarrollo Económico y de creación de empleo;

(9) Considerando que la plena realización de dichas posibilidades supone la existencia de una industria rentable e innovadora en la Comunidad; que antes que a nadie les corresponde a las empresas garantizar y mejorar su competitividad, en su caso con ayuda de los poderes públicos;

(10) Considerando que con la protección de importantes intereses generales, en particular la protección de los menores y de la dignidad humana, se promueve la creación del clima de confianza necesario para que se haga realidad todo el potencial de la industria de servicios audiovisuales y de información, al eliminar los obstáculos al desarrollo y a la plena competitividad de dicha industria;

(11) Considerando que la competitividad general de la industria europea de servicios audiovisuales y de información mejorará si se instaura un entorno propicio a la cooperación entre las empresas del sector sobre cuestiones relacionadas con la pprotección de los menores y de la dignidad humana;

(12) Considerando que gracias a la existencia de determinadas condiciones tecnológicas se puede alcanzar un alto grado de protección de los importantes intereses generales antes mencionados, en particular la protección de los menores y de la dignidad humana, y, por consiguiente, la aceptación de estos servicios por parte del conjunto de los usuarios;

(13) Considerando que, por tanto, es importante impulsar a las empresas a que establezcan un marco nacional de autorregulación mediante la cooperación entre sí y con las restantes partes interesadas; que la autorregulación puede ofrecer a las empresas los medios para adaptarse rápidamente a la aceleración del progreso técnico y la mundialización de los mercados;

(14) Considerando que la protección de los intereses generales que de este modo se persigue debe contemplarse en el marco de los principios fundamentales de respeto de la vida privada y la libertad de expresión, consagrados tal como se expresan en los artículos 8 y 10 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y reconocidos y tal como los reconoce el apartado 2 del artículo F del Tratado de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia como principios generales del Derecho comunitario;

(15) Considerando que toda medida restrictiva de dichos derechos y libertades debe ser no discriminatoria, necesaria respecto del objetivo perseguido y estrictamente proporcionada en relación a las limitaciones que imponga;

(16) Considerando que la naturaleza mundial de las redes de comunicación hace necesario un planteamiento internacional de las cuestiones de protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información; que, en este contexto, el establecimiento de un marco indicativo común a nivel europeo permite a la vez fomentar los valores europeos y hacer una contribución decisiva al debate internacional;

(17) Considerando que es fundamental tratar por separado las cuestiones relativas a los contenidos ilícitos que atentan contra la dignidad humana y las cuestiones relativas a los contenidos legales que pueden ser nocivos para los menores y afectar a su desarrollo físico, mental o moral; que estas dos problemáticas pueden requerir planteamientos y soluciones distintos;

(18) Considerando que las legislaciones nacionales de los Estados miembros que establecen los principios y normas en materia de protección de los menores y de la dignidad humana reflejan la diversidad de las culturas y sensibilidades nacionales y locales; que en este contexto debe prestarse especial atención a la aplicación del principio de subsidiariedad;

(19) Considerando que, dada la naturaleza transnacional de las redes de comunicaciones, la eficacia de las medidas nacionales aumentaría, a nivel de la Comunidad, con una coordinación de las iniciativas nacionales y de los órganos responsables de aplicarlas de acuerdo con las responsabilidades y funciones respectivas de las partes afectadas, así como con el desarrollo de la cooperación y el intercambio de información sobre métodos que hayan dado buenos resultados en los ámbitos pertinentes;

(20) Considerando que, de forma complementaria y respetando los marcos normativos pertinentes al nivel nacional y comunitario, la mayor autorregulación de los operadores debe contribuir a la aplicación rápida de soluciones concretas a los problemas de protección de los menores y de la dignidad humana, a la vez que se mantiene la flexibilidad necesaria para adaptarse a la rápida evolución de los servicios audiovisuales y de información;

(21) Considerando que la contribución de la Comunidad para completar la acción de los Estados miembros en materia de protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información debe apoyarse en la plena explotación de los instrumentos existentes;

(22) Considerando que deberían coordinarse estrechamente los distintos trabajos pertinentes realizados paralelamente al seguimiento del Libro Verde, especialmente los trabajos realizados en el marco del seguimiento de la comunicación «Contenidos ilícitos y nocivos en Internet», a saber: la Resolución adoptada por el Consejo y los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo el 17 de febrero de 1997, la Resolución del Parlamento Europeo de 1997 y los dos informes del grupo de trabajo presentados al Consejo el 28 de noviembre de 1996 y el 27 de junio de 1997, los trabajos realizados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 ter de la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (8), así como los trabajos en materia de cooperación en justicia y asuntos de interior;

(23) Considerando que la aplicación de la presente Recomendación deberá efectuarse en estrecha coordinación con la de cualquier medida nueva que pudiera derivarse de los trabajos sobre el seguimiento de la comunicación de la Comisión sobre contenidos ilícitos y nocivos en Internet,

I.- RECOMIENDA que los Estados miembros favorezcan un clima de confianza que contribuya al desarrollo de la industria de servicios audiovisuales y de información:

1.- fomentando, como complemento del marco regulador, el establecimiento de marcos nacionales de tipo voluntario para la protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información por medio de:

la promoción, de acuerdo con las tradiciones y prácticas nacionales, de la participación de las partes interesadas (como usuarios, consumidores, empresas y autoridades públicas) en la definición, aplicación y evaluación de medidas nacionales en los ámbitos cubiertos por la presente Recomendación;

el establecimiento de un marco nacional de autorregulación por parte de los operadores de servicios en línea, teniendo en cuenta los principios indicativos y el método descritos en el anexo;

la cooperación a escala de la Comunidad para definir métodos comparables de valoración;

2.- impulsando a los organismos de radiodifusión de su competencia, de manera complementaria con los marcos normativos nacionales y comunitarios que regulan la radiodifusión, a investigar y experimentar voluntariamente nuevos medios de protección de los menores y de información de los espectadores;

3.- tomando medidas eficaces, cuando sean adecuadas y viables, para reducir los posibles obstáculos al desarrollo de la industria de servicios en línea manteniendo al mismo tiempo la lucha contra la circulación de contenidos ilícitos que atentan contra la dignidad humana, por medio de:

la gestión de reclamaciones y la transmisión de la información necesaria sobre presuntos contenidos ilícitos a las autoridades competentes a escala nacional;

la cooperación transnacional entre las estructuras de gestión de reclamaciones para fortalecer la eficacia de las medidas nacionales;

4.- promoviendo, con el fin de incentivar la adaptación al desarrollo tecnológico y además de las medidas legales o de otro tipo existentes relativas a los servicios de radiodifusión, en consonancia con las mismas y en estrecha colaboración con las partes interesadas:

acciones que permitan a los menores utilizar de forma responsable los servicios audiovisuales y de información en línea, en concreto mediante una mejor sensibilización de los padres, educadores y profesores sobre el potencial de los nuevos servicios y sobre los medios adecuados de protección de los menores;

acciones que faciliten, cuando sea apropiado y necesario, la identificación de los contenidos y servicios de calidad para menores y el acceso a los mismos, entre otras cosas mediante el suministro de medios de acceso tanto en las instituciones educativas como en los lugares públicos.

II.- RECOMIENDA que las industrias y partes interesadas:

1.- cooperen, de acuerdo con las tradiciones y prácticas nacionales, con las autoridades competentes para dotarse de estructuras representativas del conjunto de las partes interesadas a nivel nacional con el fin, entre otras cosas, de facilitar la participación en la coordinación a nivel europeo e internacional en los ámbitos cubiertos por la presente Recomendación;

2.- colaboren en la elaboración de códigos de conducta para la protección de los menores y la dignidad humana aplicables a la prestación de servicios en línea, entre otras cosas para crear unas condiciones favorables al desarrollo de nuevos servicios, teniendo en cuenta los principios y la metodología descritos en el anexo;

3.- desarrollen y experimenten en los servicios de difusión radiofónica y televisiva, de forma voluntaria, nuevos medios de protección de los menores y de información de los espectadores con objeto de fomentar la innovación a la vez que se mejora dicha protección;

4.- desarrollen medidas positivas en beneficio de los menores, entre ellas iniciativas que les faciliten un acceso más amplio a los servicios audiovisuales y de información que a la vez eviten los contenidos que puedan ser perjudiciales;

5.- colaboren en el seguimiento y evaluación periódicos de las iniciativas realizadas a nivel nacional en aplicación de la presente Recomendación.

III.- INVITA a la Comisión:

1.- a facilitar, cuando sea necesario mediante los instrumentos financieros comunitarios existentes, la constitución de redes entre los órganos responsables de la definición y aplicación de los marcos nacionales de autorregulación y a facilitar el intercambio de experiencias y de información sobre métodos que hayan dado buenos resultados, en particular por lo que se refiere a planteamientos innovadores, a escala de la Comunidad, entre los Estados miembros y las partes interesadas en los distintos ámbitos cubiertos por la presente Recomendación;

2.- a fomentar la cooperación y el intercambio de experiencias y de información sobre métodos que hayan dado buenos resultados entre las estructuras de autorregulación y las estructuras de gestión de reclamaciones con el fin de favorecer un clima de confianza combatiendo la difusión de contenidos ilícitos que atentan contra la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información en línea;

3.- a promover, con los Estados miembros, la cooperación internacional en los distintos ámbitos cubiertos por la presente Recomendación, especialmente mediante el intercambio de experiencias y de información sobre métodos que hayan dado buenos resultados entre operadores y otras partes interesadas de la Comunidad y sus asociados en otras regiones del mundo;

4.- a desarrollar, en cooperación con las autoridades nacionales competentes, una metodología de evaluación de las medidas adoptadas con arreglo a la presente Recomendación, prestando especial atención al valor añadido aportado por el proceso de cooperación a escala de la Comunidad y a presentar, dos años después de la adopción de la presente Recomendación, un informe de evaluación sobre sus efectos, al Parlamento Europeo y al Consejo.

Hecho en Bruselas, el 24 de septiembre de 1998.

Por el Consejo

El Presidente

J. FARNLEITNER

 

ANEXO.- DIRECTRICES INDICATIVAS PARA LA APLICACIÓN, A ESCALA NACIONAL, DE UN MARCO DE AUTORREGULACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES Y DE LA DIGNIDAD HUMANA EN LOS SERVICIOS AUDIOVISUALES Y DE INFORMACIÓN EN LÍNEA

Objetivo:

Las presentes Directrices pretenden favorecer un clima de confianza en la industria de servicios audiovisuales y de información en línea garantizando dentro de la Comunidad una coherencia general en la elaboración por los operadores y otras partes interesadas de marcos nacionales de autorregulación para la protección de los menores y de la dignidad humana. Los servicios cubiertos por estas directrices son los proporcionados a distancia, por medios electrónicos No se incluyen los servicios de difusión televisiva cubiertos por la Directiva 89/552/CEE del Consejo ni los servicios de difusión por radio. Los contenidos de que se trata son los que se ofrecen al público, no los de correspondencia privada.

Esta coherencia incrementará la eficacia del proceso de autorregulación y aportará las bases de una cooperación transnacional de todas las partes.

Teniendo en cuenta el carácter voluntario del proceso de autorregulación, destinado principalmente a completar la reglamentación vigente, y la necesidad de respetar la diversidad de planteamientos y sensibilidades en los diferentes Estados miembros de la Comunidad, las presentes Directrices se refieren a cuatro elementos clave constitutivos del marco nacional de autorregulación:

consulta y representatividad de las partes interesadas;

código(s) de conducta;

órganos nacionales que faciliten la cooperación al nivel de la Comunidad;

evaluación nacional de los marcos de autorregulación.

1.- CONSULTA Y REPRESENTATIVIDAD DE LAS PARTES INTERESADAS

El objetivo es garantizar que la definición, aplicación y evaluación del marco nacional de autorregulación se hagan con la plena participación de las partes interesadas, tales como los poderes públicos, los usuarios, los consumidores y las empresas que intervienen de forma directa o indirecta en la industria de servicios audiovisuales y de información en línea deberán establecerse claramente las responsabilidades y funciones respectivas de las partes interesadas, tanto públicas como privadas.

El carácter voluntario de la autorregulación supone que la aceptación y la eficacia de un marco nacional de autorregulación depender.n del nivel de colaboración activa de todas las partes en su definición, aplicación y evaluación.

Todas las partes interesadas deberían participar tambi.n en los trabajos a más largo plazo, como el desarrollo de instrumentos o conceptos comunes (por ejemplo, en materia de etiquetado de los contenidos) o en la elaboración de medidas complementarias (por ejemplo, en materia de información, sensibilización y educación).

2.- CÓDIGO(S) DE CONDUCTA

 

2.1.- Consideraciones generales

El objetivo perseguido es elaborar, en el marco nacional de autorregulación, normas básicas estrictamente proporcionadas a los objetivos perseguidos. Estas normas deberían integrarse en un código o códigos de conducta adoptados y aplicados voluntariamente por los operadores (esto es, principalmente las empresas) y cuyo contenido abarque al menos las categorías definidas en el punto 2.2.

En la elaboración de dichas normas, deberá tenerse en cuenta:

la diversidad de los servicios y funciones asumidos por distintas categorías de operadores (los proveedores de red, de acceso, de servicios, de contenido, etc.) y sus responsabilidades respectivas;

la diversidad de los tipos de entorno y de aplicaciones de los servicios en línea (redes abiertas y cerradas, aplicaciones de niveles de interactividad diversos).

En esta perspectiva, los operadores pueden inclinarse por adoptar uno o más códigos de conducta.

Teniendo en cuenta esta diversidad, la proporcionalidad de las normas que se elaboren deberá evaluarse en función de:

los principios de libertad de expresión y de protección de la vida privada así como el principio de libre circulación de servicios;

el principio de viabilidad técnica y económica, dado que el objetivo global es el desarrollo de la sociedad de la información en Europa.

2.2.- Contenido del código o códigos de conducta

El código o códigos de conducta deberían cubrir lo siguiente:

 

2.2.1.- protección de menores

Objetivo: permitir que los menores utilicen de forma responsable los servicios en línea y evitar que accedan sin permiso de sus padres o educadores a contenidos legales que puedan perjudicar su desarrollo físico, mental o moral. Esto debe suponer, además de acciones coordinadas para la educación y sensibilización de los menores, la elaboración de ciertas normas en los ámbitos siguientes:

a) información a los usuarios

Objetivo: en el marco del est.mulo de un uso responsable de las redes, los operadores de servicios en línea deberían informar a los usuarios, cada vez que sea posible, de todo riesgo derivado del contenido de determinados servicios en línea así como de los medios adecuados de protección existentes.

Los códigos de conducta deberían abordar, por ejemplo, la cuestión de las normas básicas sobre la naturaleza de la información que se facilitará a los usuarios así como sobre el momento y forma de su comunicación. En este contexto, hay que elegir las oportunidades más adecuadas para divulgar esta información (comercialización de equipos técnicos, contrato con el usuario, sitios web, etc.).

b) Presentación de contenidos legales que puedan ser nocivos para los menores

Objetivo: los contenidos legales que puedan ser nocivos para los menores o afectar a su desarrollo físico, mental o moral deberían, siempre que sea posible, ser presentados de una forma que de al usuario un mínimo de información sobre sus efectos potencialmente nocivos para los menores.

Por consiguiente, los códigos de conducta deberían abordar, por ejemplo, la cuestión de las normas básicas destinadas a las empresas que prestan este tipo de servicios en línea, y a los usuarios y proveedores de contenidos; estas normas deberían establecer las condiciones en las que la oferta y difusión de contenidos que puedan perjudicar a los menores deban quedar sometidas, siempre que sea posible, a medidas de protección como:

una portada de advertencia o una señal sonora o visual;

marcado descriptivo o clasificación del contenido;

sistemas de comprobación de la edad de los usuarios.

En este contexto, deberá darse prioridad a los medios de protección aplicados en la fase de presentación a los contenidos legales que puedan manifiestamente perjudicar a los menores, como la pornografía o la violencia.

c) Apoyo al ejercicio del control parental

Objetivo: siempre que sea posible, deberá proporcionarse a los padres, educadores y demás personas que ejerzan este tipo de control, herramientas de ayuda fáciles de usar y suficientemente flexibles que, sin comprometer sus opciones educativas, permitan que los menores de los que son responsables accedan a los servicios, incluso sin supervisión.

Los códigos de conducta deberían abordar, por ejemplo, la cuestión de las normas básicas sobre las condiciones en que se facilitarán a los usuarios, siempre que sea posible, dispositivos o servicios adicionales de ayuda al ejercicio del control parental, en particular:

programas informáticos de filtrado instalados y activados por el usuario;

opciones de filtrado activadas por los operadores de servicios previa petición del usuario final antes de que el contenido llegue al usuario (por ejemplo, un acceso limitado a sitios de la red determinados previamente o un acceso global a los servicios).

d) Gestión de las reclamaciones (líneas directas)

Objetivo: promover la gestión eficaz de las reclamaciones sobre los contenidos que no respeten las normas en materia de protección de menores o infrinjan el código de conducta en la materia.

Los códigos de conducta deberían abordar, por ejemplo, la cuestión de las normas básicas sobre la gestión de las reclamaciones y animar a los operadores a facilitar los instrumentos y estructuras de gestión necesarios para el envío sencillo y la correcta recepción de las reclamaciones (teléfono, correo electrónico, fax) y a crear procedimientos para atender las reclamaciones (información de los proveedores de contenido, intercambio de información entre operadores, respuesta a las reclamaciones, etc.).

2.2.2. protección de la dignidad humana

Objetivo: apoyar medidas eficaces para luchar contra los contenidos ilícitos que atenten contra la dignidad humana.

a) información a los usuarios

Objetivo: los usuarios, siempre que sea posible, deberán ser informados claramente de los riesgos inherentes al uso de los servicios en línea como proveedores de contenido para fomentar un uso legal y responsable de las redes.

Los códigos de conducta deberían abordar, por ejemplo, la cuestión de las normas básicas sobre la naturaleza de la información que se facilitará y sobre el momento y la forma en que se comunicará.

b) Gestión de las reclamaciones (líneas directas)

Objetivo: promover la gestión eficaz de las reclamaciones sobre contenidos ilícitos que atenten contra la dignidad humana difundidos en los servicios en línea y audiovisuales, de conformidad con las responsabilidades y funciones respectivas de las partes interesadas, para reducir la cantidad de contenidos ilícitos y la utilizaci.n abusiva de las redes.

Los códigos de conducta deberían abordar, por ejemplo, la cuestión de las normas básicas sobre la gestión de las reclamaciones y animar a los operadores a facilitar los instrumentos y estructuras de gestión necesarios para el envío sencillo y la correcta recepción de las reclamaciones (teléfono, correo electrónico, fax) y a crear procedimientos para atender las reclamaciones (información de los proveedores de contenido, intercambio de información entre operadores, respuesta a las reclamaciones, etc.).

c) cooperación de los operadores con las autoridades judiciales y policiales

Objetivo: garantizar, de conformidad con las responsabilidades y funciones de las partes interesadas, una cooperación eficaz entre los operadores y las autoridades judiciales y policiales en los Estados miembros en la lucha contra la producción y difusión de contenidos ilícitos que atenten contra la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información en línea.

Los códigos de conducta deberían abordar, por ejemplo, la cuestión de las normas básicas sobre los procedimientos de cooperación entre los operadores y las autoridades públicas competentes respetando los principios de proporcionalidad y de libertad de expresión así como las disposiciones jur.dicas nacionales pertinentes.

2.2.3. Infracciones de los códigos de conducta

Objetivo: promover la credibilidad del código o códigos de conducta teniendo en cuenta el carácter voluntario de su aplicación mediante el establecimiento de medidas disuasorias proporcionadas a la naturaleza de las infracciones. Con esta perspectiva, deberían preverse, en su caso, procedimientos de recurso y de mediación.

Los códigos de conducta deberían incluir normas apropiadas en la materia.

 

3.- ÓRGANOS NACIONALES QUE FACILITEN LA COOPERACIÓN AL NIVEL DE LA COMUNIDAD

Objetivo: facilitar la cooperación a escala de la Comunidad (intercambio de experiencias y de información sobre métodos que hayan dado buenos resultados y trabajos en común) mediante la constitución de redes entre las estructuras pertinentes en los Estados miembros, de forma coherente con sus funciones y responsabilidades nacionales. Estas estructuras podrían permitir además ampliar la cooperación internacional.

La cooperación a escala europea supondrá:

cooperación entre las partes interesadas:

se pide a todas las partes que participen en la elaboración del marco nacional de autorregulación que constituyan un organismo representativo al nivel nacional para facilitar el intercambio de experiencias y de información sobre métodos que hayan dado buenos resultados y para cooperar al nivel de la Comunidad e internacional;

cooperación entre las estructuras nacionales de gestión de reclamaciones:

para facilitar y desarrollar la cooperación al nivel europeo e internacional, se pide a las partes que intervengan en un sistema eficaz de gestión de reclamaciones que constituyan un punto de contacto al nivel nacional para potenciar la cooperación en la lucha contra contenidos ilícitos, facilitar el intercambio de experiencias y de información sobre métodos que hayan dado buenos resultados y mejorar el uso lícito y responsable de las redes.

4.- EVALUACIÓN DE LOS MARCOS DE AUTORREGULACIÓN

El objetivo es prever los medios para una evaluación periódica, a escala nacional, del marco de autorregulación, a fin de valorar si protege eficazmente los intereses generales en cuestión, determinar su adecuación  a sus objetivos y adaptarlo gradualmente a la evolución del mercado, la tecnología y los tipos de usos.

Se pide a las partes interesadas que creen un sistema de evaluación al nivel nacional que les permita seguir la evolución de la aplicación del marco de autorregulación. En este contexto se deberá tener en cuenta la cooperación apropiada a escala europea, entre otras cosas para definir metodologías de valoración comparables.

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(1) Dictamen emitido el 13 de mayo de 1998

(2) DO C 214 de 10. 7. 1998, p. 25.

(3) DO C 339 de 10. 11. 1997, p. 420.

(4) DO C 287 de 22. 9. 1997, p. 11.

(5) DO C 215 de 16. 7. 1997, p. 37. (6) DO C 70 de 6. 3. 1997, p. 1.

(6) DO C 70 de 6. 3. 1997, p. 1.

(7) DO L 202 de 30. 7. 1997, p. 60.

(8) DO L 298 de 17. 10. 1989, p. 23. Directiva modificada por .ltima vez por la Directiva 97/36/CE (DO L 202 de 30. 7. 1997, p. 60).

01Ene/14

Reglamento (CE) n° 2424/2001 del Consejo, de 6 de diciembre de 2001, sobre el desarrollo del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II).

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 66,

Vista la iniciativa del Reino de Bélgica y del Reino de Suecia (1),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),

Considerando lo siguiente:

(1) El Sistema de Información de Schengen, creado de conformidad con lo dispuesto en el Título IV del Convenio de 1990 de Aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, en lo sucesivo «el Convenio de Schengen de 1990», constituye un instrumento fundamental para la aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen tal como ha sido integrado en el marco de la Unión Europea.

(2) La capacidad de servicio del Sistema de Información de Schengen, en su formato actual, queda limitada a 18 Estados participantes. Actualmente funciona para 13 Estados miembros más otros dos Estados (Islandia y Noruega) y se prevé que entre en funcionamiento para el Reino Unido e Irlanda en un futuro próximo. Sin embargo, no se concibió para dar servicio al progresivo número de Estados miembros que tenga la Unión Europea tras la ampliación.

(3) Por ello, y a fin de aprovechar los últimos progresos en el ámbito de las tecnologías de la información y permitir la introducción de nuevas utilidades, es necesario desarrollar un nuevo Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), como ya se reconoce en la Decisión SCH/Com-ex (97) 24 del Comité Ejecutivo, de 7 de octubre de 1997(3).

(4) El gasto ocasionado por el desarrollo del SIS II debe correr a cargo del presupuesto de la Unión Europea de conformidad con las conclusiones al respecto del Consejo, de 29 de mayo de 2001. El presente Reglamento constituye, junto con la Decisión 2001/886/JAI del Consejo, de 6 DE diciembre de 2001, sobre el desarrollo del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (4) la preceptiva base legislativa para permitir la inclusión en el presupuesto de la Unión de los créditos necesarios para el desarrollo del SIS II y la ejecución de esta parte del presupuesto.

(5) La base legislativa consta de dos partes: el presente Reglamento basado en el artículo 66 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y una Decisión del Consejo basada en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 30, en las letras a) y b) del artículo 31 y en la letra c) del apartado 2 del artículo 34 del Tratado de la Unión Europea. La razón de ello es que, como se establece en el artículo 92 del Convenio de Schengen de 1990, el Sistema de Información de Schengen permitirá que las autoridades designadas por los Estados miembros, mediante un procedimiento de consulta automatizado, dispongan de descripciones de personas y de objetos, al efectuar controles en la frontera así como comprobaciones y otros controles de policía y de aduanas realizados dentro del país de conformidad con el derecho nacional, así como a efectos del procedimiento de expedición de visados, de expedición de permisos de residencia y de la administración de extranjeros en el marco de la aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen relativas a la circulación de personas.

(6) El hecho de que la base legislativa necesaria para permitir que el desarrollo del SIS II se financie con cargo al presupuesto de la Unión consista en dos instrumentos distintos no afecta al principio de que el Sistema de Información de Schengen constituye, y debería seguir constituyendo, un sistema de información único e integrado y de que el SIS II debe desarrollarse conforme a este principio.

(7) El presente Reglamento no obsta a la adopción en el futuro de la legislación necesaria que defina detalladamente el funcionamiento y el uso del SIS II, a saber, sin que la enumeración sea exhaustiva: normas que definan los tipos de datos que deben registrarse en el sistema, los fines para los cuales han de registrarse y los criterios del registro; normas relativas al contenido de los registros del SIS, también en lo concerniente a la responsabilidad de su exactitud; normas relativas a la duración, interrelación y compatibilidad de las alertas; normas relativas al acceso a los datos del SIS, y normas relativas a la protección y al control de datos personales.

(8) Las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (5).

(9) El presente Reglamento constituye un desarrollo de determinadas disposiciones del acervo de Schengen en el ámbito a que se refieren, por un lado, el punto G del artículo 1 de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del Acuerdo de Schengen (6), y, por otro, el apartado 2 del artículo 8 de la Decisión 2000/365/CE del Consejo sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (7).

(10) Debe acordarse un procedimiento que permita a representantes de Islandia y Noruega asociarse a los trabajos de los comités que asistan a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución. El Canje de Notas entre la Comunidad e Islandia y Noruega, anejo al mencionado Acuerdo de asociación(8), contempla dicho procedimiento.

(11) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido notificó, mediante carta de 6 de septiembre de 2001, su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.

(12) El presente Reglamento y la participación del Reino Unido en su adopción y aplicación se entienden sin perjuicio de las disposiciones relativas a la participación parcial del Reino Unido en el acervo de Schengen definida por el Consejo en la Decisión 2000/365/CE.

(13) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participará en la adopción del presente Reglamento, y por eso no le vinculará ni le será aplicable. Habida cuenta de que el presente Reglamento desarrolla el acervo de Schengen con arreglo a las disposiciones del Título IV de la tercera parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca, de conformidad con el artículo 5 del citado Protocolo, decidirá, en un plazo de seis meses a partir de la adopción del presente Reglamento, si lo incorporará a su legislación nacional.

 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

 

Artículo 1

El Sistema de Información de Schengen creado con arreglo a lo dispuesto en el Título IV del Convenio de Schengen de 1990 debe sustituirse por un nuevo sistema, el Sistema de Información de Schengen II (SIS II), que permita la integración de los nuevos Estados miembros en el sistema.

 

Artículo 2

Corresponderá a la Comisión desarrollar el SIS II, que será un único sistema integrado; lo hará de conformidad con los procedimientos previstos en el presente Reglamento.

 

Artículo 3

Las medidas necesarias para el desarrollo del SIS II se adoptarán de conformidad con el procedimiento de gestión mencionado en el apartado 2 del artículo 5 cuando afecten a materias que no sean las enumeradas en el artículo 4.

 

Artículo 4

Las medidas necesarias para el desarrollo del SIS II relativas a las siguientes materias se adoptarán de conformidad con el procedimiento de reglamentación mencionado en el apartado 3 del artículo 5:

a) la concepción de la arquitectura física del sistema, incluida su red de comunicaciones;

b) los aspectos técnicos que tengan una incidencia en la protección de los datos personales;

c) los aspectos técnicos con importantes repercusiones financieras para los presupuestos de los Estados miembros o con importantes repercusiones técnicas para los sistemas nacionales de los Estados miembros;

d) el desarrollo de los requisitos en materia de seguridad.

 

Artículo 5

1. La Comisión estará asistida por un Comité de gestión o reglamentación según los casos.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.

El plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en dos meses.

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en dos meses.

4. El Comité aprobará su reglamento interno.

 

Artículo 6

La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, a finales de cada semestre y por primera vez a finales del segundo semestre de 2002, un informe sobre los avances realizados en el desarrollo del SIS II.

 

Artículo 7

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Expirará el 31 de diciembre de 2006.

El presente Reglamento será en obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

 

Hecho en Bruselas, el 6 de diciembre de 2001.

Por el Consejo

El Presidente

M. Verwilghen

——————————————————————————————

(1) DO C 183 de 29.6.2001, p. 12.

(2) Dictamen emitido el 23 de octubre de 2001(no publicado aún en el Diario Oficial).

(3) DO L 239 de 22.9.2000, p. 442.

(4) Véase la página 1 del presente Diario Oficial.

(5) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(6) DO L 176 de 10.7.1999, p. 31.

(7) DO L 131 de 1.6.2000, p. 43.

(8) DO L 176 de 10.7.1999, p. 53.

 

01Ene/14

Legislación de Brasil. Resolução STJ nº 01, de 6 de fevereiro de 2009

 

STJ – RESOLUÇÃO Nº 01, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2009: Regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

 

O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XX do Artigo 21 do Regimento Interno e tendo em vista o disposto no Artigo 18 da Lei nº 11.419, de 19/12/2006, bem como o decidido pelo Conselho de Administração na sessão realizada em 4 de fevereiro de 2009,

 

RESOLVE:


DA INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL


Artigo 1º.
Instituir, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o e-STJ, meio eletrônico de tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e desta resolução.

 

 

Artigo 2º. A prática dos atos processuais pelo e-STJ será acessível aos usuários credenciados.

 

Parágrafo único. São usuários internos do e-STJ os Ministros e os servidores autorizados do Superior Tribunal de Justiça, e usuários externos, os membros do Ministério Público Federal que atuem no Superior Tribunal de Justiça e os procuradores e representantes das partes com capacidade postulatória.

 

 

Artigo 3º. Todos os atos gerados no e-STJ serão registrados com a identificação do usuário e a data e o horário de sua realização.

 

 

Artigo 4º. Será considerado, para todos os efeitos, o horário de Brasília atualizado pelo Observatório Nacional.

 

 

Artigo 5º. Os atos processuais praticados por usuários externos consideram-se realizados no dia e na hora do seu envio para o e-STJ, devendo ser fornecido recibo eletrônico de protocolo.

 

DO SISTEMA PROCESSUAL ELETRÔNICO

 

Artigo 6º. O e-STJ estará acessível ao usuário externo credenciado ininterruptamente, ficando disponível 24 horas, para a prática de atos processuais, ressalvados os períodos de manutenção do sistema.

 

 

Artigo 7º. Em caso de indisponibilidade do sistema por motivo técnico, os prazos legais serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte à solução do problema. Nessa hipótese, o sistema deverá informar a ocorrência, registrando:

 

I – data e hora do início da indisponibilidade do sistema;

 

II – data e hora do término da indisponibilidade do sistema;

 

III – serviços que ficaram indisponíveis;

 

IV – tempo total da indisponibilidade.

 

 

Artigo 8º. A Secretaria do Tribunal, por meio da Secretaria de Tecnologia da Informação, colocará, à disposição dos usuários externos, nas dependências do Superior Tribunal de Justiça, terminais de auto-atendimento com acesso ao sistema de digitalização e computadores ligados à internet.

 

DO CREDENCIAMENTO

 

Artigo 9º. O credenciamento no e-STJ será efetuado:

 

I – pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Superior Tribunal de Justiça para os usuários internos;

 

II – no portal do Superior Tribunal de Justiça, pelo próprio usuário externo com o uso de sua assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;

 

III – mediante identificação presencial do interessado e apresentação dos documentos que comprovem sua capacidade postulatória, incluindo a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil e o CPF.

 

DO PROCESSO ELETRÔNICO

 

Artigo 10. Os processos recursais serão digitalizados e transmitidos pelos tribunais de origem ao Superior Tribunal de Justiça em arquivo no formato pdf (portable document format), via e-STJ.

 

 

Artigo 11. A qualificação das partes e de seus procuradores, bem como os dados necessários relativos ao processo serão feitos pelo órgão judicial de origem para a transmissão eletrônica dos autos via e-STJ.

 

 

Artigo 12. A exatidão das informações transmitidas é da exclusiva responsabilidade do órgão judicial de origem.

 

 

Artigo 13. Os processos recursais e originários recebidos por meio físico serão digitalizados pela Secretaria Judiciária e passarão a tramitar eletronicamente.

 

§ 1º A digitalização dos processos recursais será certificada nos autos físicos, os quais, após, serão devolvidos ao tribunal de origem, onde deverão aguardar o julgamento definitivo do recurso.

 

§ 2º Parágrafo único. No caso dos processos originários, os autos físicos permanecerão guardados nas dependências do Superior Tribunal de Justiça até a consolidação do sistema de tramitação do processo eletrônico.

 

 

Artigo 14. Na hipótese de processos recursais recebidos por meio físico, virtualizados exclusivamente no ambiente do Superior Tribunal de Justiça, o resultado do julgamento será também impresso em papel e remetido ao órgão de origem, indicando a forma pela qual o sistema e-STJ poderá ser acessado para o conhecimento das demais peças processuais.

 

Parágrafo único. Nos tribunais onde já esteja instituído o procedimento de envio e recebimento em formato eletrônico, o resultado será encaminhado eletronicamente.

 

DAS PETIÇÕES E DOCUMENTOS

 

Artigo 15. Os documentos e peças encaminhados fisicamente ao Superior Tribunal de Justiça serão digitalizados na Seção de Protocolo de Petições da Secretaria Judiciária.

 

Parágrafo único. Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade devem ser apresentados à Seção de Protocolo de Petições no prazo de 10 (dez) dias, contados do envio de comunicação eletrônica sobre o fato.

 

 

Artigo 16. Os originais das petições entregues em meio físico ao Superior Tribunal de Justiça serão devolvidos ao interessado. Caso não haja devolução, as petições serão eliminadas no prazo de 30 dias, contados do término do prazo para a argüição de falsidade ou do despacho do(a) Relator(a), independentemente de intimação.

 

 

Artigo 17. Os originais dos extratos digitais e dos documentos digitalizados apresentados pelos usuários externos deverão ser preservados por seu detentor até o trânsito em julgado ou, quando admitida, até o final do prazo para a interposição de ação rescisória.

 

 

Artigo 18. As petições encaminhadas por meio digital ao Superior Tribunal de Justiça serão validadas na Seção de Protocolo de Petições e associadas eletronicamente aos autos respectivos.

 

 

Artigo 19. O e-STJ expedirá aviso de recebimento dos arquivos enviados.

 

§ 1º O comprovante de protocolo da petição deverá ser emitido pelo usuário em consulta ao sistema.

 

§ 2º Devem constar do comprovante de recebimento as seguintes informações:

 

I – número do protocolo da petição;

 

II – número do processo e nome das partes, indicação da parte representada, identificação resumida do pedido e órgão julgador destinatário, informados pelo remetente;

 

III – data e horário do recebimento da petição no Superior Tribunal de Justiça, fornecidos pelo Observatório Nacional, considerando-se o horário de Brasília;

 

IV – identificação do signatário da petição transmitida por meio eletrônico ao Superior Tribunal de Justiça.

 

§ 3º O credenciado com certificação digital válida poderá consultar as petições que transmitiu por meio eletrônico e seus recibos respectivos.

 

DAS RESPONSABILIDADES DOS USUÁRIOS

 

Artigo 20. São de exclusiva responsabilidade dos usuários:

 

I – o sigilo da chave privada de sua identidade digital, log in e senha, não sendo oponível, em qualquer hipótese, alegação de seu uso indevido;

 

II – a conformidade entre os dados informados no formulário eletrônico de envio, como o número do processo e o órgão julgador, e os demais constantes da petição remetida;

 

III – as condições das linhas de comunicação, o acesso a seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas de acordo com os requisitos estabelecidos no portal oficial deste Tribunal;

 

IV – a confecção da petição e anexos por meio digital, em conformidade com os requisitos dispostos no portal oficial deste Tribunal, no que se refere ao formato e tamanho dos arquivos transmitidos eletronicamente;

 

V – o acompanhamento da divulgação dos períodos em que o serviço não estiver disponível em decorrência de manutenção no portal oficial do Superior Tribunal de Justiça;

 

VI – o acompanhamento do regular recebimento da petição no campo específico para preenchimento do formulário.

 

Parágrafo único. A não-obtenção de acesso ao e-STJ e eventual defeito de transmissão ou recepção de dados não-imputáveis à falha do sistema informatizado do Superior Tribunal de Justiça não servirão de escusa para o descumprimento dos prazos legais.

 

 

Artigo 21. Incumbe ao credenciado observar as diferenças de fuso horário existentes no País, sendo referência, para fins de contagem de prazo recursal, o horário oficial de Brasília, obtido junto ao Observatório Nacional.

 

§ 1º Quando o ato for praticado por meio eletrônico para atender prazo processual, serão considerados tempestivos os transmitidos integralmente até as 24 (vinte e quatro) horas de seu último dia.

 

§ 2º Não são considerados, para efeito de tempestividade, o horário da conexão do usuário à internet, o horário do acesso ao portal do Superior Tribunal de Justiça e os horários consignados nos equipamentos do remetente e da unidade destinatária.

 

 

Artigo 22. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça.

 

 

Artigo 23. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

MINISTRO.- CESAR ASFOR ROCHA

 

01Ene/14

Resolución nº 2058 sobre Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). (Resolución aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2004)

LA ASAMBLEA GENERAL,

 

VISTOS el Informe del Consejo Permanente a la Asamblea General (AG/doc.4339/04) sobre el estado de cumplimiento de la resolución AG/RES 1932 (XXXIII-/03) «Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia»;

 

CONSIDERANDO que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 13 que «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección»;

 

CONSIDERANDO TAMBIÉN que el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos incluye la libertad «de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión»;

 

RECORDANDO que el  Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas realizada en la ciudad de Québec en el año 2001, señala que los Gobiernos asegurarán que sus legislaciones nacionales se apliquen de igual manera para todos, respetando la libertad de expresión y el acceso a la información de todos los ciudadanos;

 

DESTACANDO ASIMISMO, que la Carta Democrática Interamericana señala en su artículo 4 que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia: la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales, la libertad de expresión y de prensa;

CONSTATANDO que los Jefes de Estado manifestaron en la Declaración de Nuevo León que el acceso a la información en poder del Estado, con el debido respeto a las normas constitucionales y legales, incluidas las de privacidad y confidencialidad, es condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto efectivo de los derechos humanos y que, en tal sentido, se comprometieron a contar también con los marcos jurídicos y normativos, así como con las estructuras y condiciones necesarias para garantizar el derecho al acceso a la información pública;

TENIENDO EN CUENTA la adopción de la Declaración de Santiago sobre Democracia y Confianza Ciudadana: Un Nuevo Compromiso de Gobernabilidad para las Américas» [AG/DEC.31 (XXXIII-O/03)], como asimismo la Resolución AG/RES. 1960 (XXXIII-O/03) «Programa de Gobernabilidad Democrática en las Américas»;

CONSIDERANDO que la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD) ha venido identificando y facilitando el acceso a los gobiernos de los Estados Miembros a las prácticas de gobierno electrónico que facilitan la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los procesos gubernamentales;

CONSIDERANDO TAMBIÉN que la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) ha venido apoyando a los gobiernos de los Estados Miembros en el tratamiento del tema del acceso a la información pública.

 

TOMANDO NOTA de los trabajos realizados por el Comité Jurídico Interamericano (CJI) sobre el tema, en particular el documento «Derecho de la información: acceso y protección de la información y datos personales en formato electrónico» presentado por el Dr. Jonathan Fried (CJI/doc.25/00 rev. 1);

RECONOCIENDO que la meta de lograr una ciudadanía informada debe compatibilizarse con otros objetivos de bien común, tales como la seguridad nacional, el orden público y la protección de la privacidad de las personas, conforme a las leyes adoptadas a tal efecto;

 

RECONOCIENDO también que la democracia se fortalece con el pleno respeto a la libertad de expresión, al acceso a la información pública y a la libre difusión de las ideas, y que todos los sectores de la sociedad, incluyendo los medios de comunicación a través de la información publica que difunden a la ciudadanía, pueden contribuir a un ambiente de tolerancia de todas las opiniones, propiciar una cultura de paz, y a fortalecer la gobernabilidad democrática;

 

TOMANDO NOTA de la Declaración de Principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y

 

RECORDANDO las iniciativas adoptadas por la sociedad civil relativas al acceso a la información pública, particularmente la Declaración de Chapultepec, los Principios de Johannesburgo, los Principios de Lima y la Declaración SOCIUS Perú 2003: Acceso a la Información,

RESUELVE:

1. Reafirmar que toda persona tiene la libertad de buscar, recibir, acceder y difundir informaciones y que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia.

 

2. Reiterar que los Estados tienen la obligación de respetar y hacer respetar el acceso a la información pública a todas las personas y de promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva.

 

3. Alentar a los Estados Miembros a que, de acuerdo al compromiso asumido en la Declaración de Nuevo León y con el debido respeto a las normas constitucionales y legales, elaboren y/o adapten, de ser el caso, los respectivos marcos jurídicos y normativos, para brindar a los ciudadanos el amplio acceso a la información pública.

 

4. Instar a los Estados Miembros a que al momento de elaborar y adaptar su legislación nacional tengan en cuenta criterios de excepción claros y transparentes.

 

5. Alentar los esfuerzos de los Estados Miembros para que, a través de su respectiva legislación nacional y otros medios apropiados, adopten las medidas necesarias para facilitar la disponibilidad electrónica de la información pública.

 

6. Encomendar a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Unidad para la Promoción de la Democracia que:

 

a) Apoyen los esfuerzos de los Estados Miembros, que lo soliciten, en la elaboración de legislación y mecanismos sobre la materia de acceso a la información pública y participación ciudadana;

 

b) Asistan al Consejo Permanente en la preparación de la sesión especial, mencionada en el párrafo 9 (a).

 

7. Encomendar a la Relatoría Especial para la libertad de expresión que continúe incluyendo en el Informe Anual de la CIDH un informe sobre la situación del acceso a la información pública en la región.

 

8. Instruir a la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo que identifique nuevos recursos para apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros que faciliten el acceso a la información pública.

 

9. Recomendar al Consejo Permanente que:

 

a) Convoque una sesión especial con la participación de expertos de los Estados y representantes de la sociedad civil conducente a promover, difundir e intercambiar experiencias y conocimientos relativos al acceso a la  información pública y su relación con la participación ciudadana.

 

b) A partir del Informe de la Sesión Especial y por medio de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, elabore un documento de base sobre las mejores prácticas y el desarrollo de aproximaciones comunes o lineamientos para incrementar el acceso a la información pública.

 

10. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General en su próximo período ordinario de sesiones sobre el cumplimiento de la presente resolución, la cual será ejecutada de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.

 

ANEXO.- DECLARACIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

La República Bolivariana de Venezuela considera que el acceso a la información pública en poder del Estado debe estar en plena consonancia con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección». Venezuela sostiene que un régimen democrático de acceso a la información pública debe permitir que todos los ciudadanos, sin exclusiones, puedan buscar, recibir y difundir información. Cuando un ciudadano busca información ejerce de manera conciente y plena el derecho al acceso a la información y el Estado debe promover la adopción de disposiciones legislativas que le garanticen ese ejercicio.

Asimismo, el Estado debe garantizar ese mismo derecho a los pobres, a los marginados, a los excluidos sociales en base al principio de igualdad ante la ley. en ese orden, atendiendo ese principio de participación igualitaria, Venezuela presentó la siguiente propuesta: «Instruir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que efectúe un estudio sobre cómo puede el Estado garantizar a todos los ciudadanos el derecho a recibir información publica, sobre la base del principio de transparencia de la información, cuando es difundida a través de los medios de comunicación, en el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión y como mecanismo efectivo de participación». Venezuela lamenta, que una vez mas, se postergue la recepción del mensaje que emite la voz de los pobres, tal y como fue dramáticamente denunciado en el estudio publicado por el Banco Mundial La Voz de los Pobres, Hay alguien que nos escuche?. Compartimos el criterio de quienes denuncian que negar el acceso a la información a los pobres y excluidos los condena a continuar en el ostracismo social y económico. Por esa razón, Venezuela exhorta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a tomar la iniciativa y, en el marco de las facultades que le otorga la Convención Interamericana de Derechos Humanos, efectúe el estudio antes mencionado e informe de sus resultados a la próxima Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

 

01Ene/14

Legislacion Informatica de Union Europea. Corrección de errores del Reglamento 2001/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000 , relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos

Corrección de errores del Reglamento 2001/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000 , relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (Diario Oficial L 164 de 26.6.2007, p. 36).

En la página 4, en el artículo 3, en el apartado 1:

donde dice:

«Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán al tratamiento de datos personales por parte de todas las instituciones y organismos comunitarios, en la medida en que dicho tratamiento se lleve a cabo para el ejercicio de actividades que pertenecen al ámbito de aplicación del Derecho comunitario.»,

debe decir:

«Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán al tratamiento de datos personales por parte de todas las instituciones y organismos comunitarios, en la medida en que dicho tratamiento se lleve a cabo para el ejercicio de actividades que pertenecen en todo o en parte al ámbito de aplicación del Derecho comunitario.».

01Ene/14

Legislacion Informatica de Reino Unido. Statutory Instrument 2005 Nº 3222. Children and Young Persons Electronic Communications. The Electronic Commerce Directive (Adoption and Children Act 2002) Regulations 2005, 17th November 2005.

Statutory Instrument 2005 Nº 3222.-Children and Young Persons Electronic Communications.-The Electronic Commerce Directive (Adoption and Children Act 2002) Regulations 2005, 17th November 2005.-

The Secretary of State for Education and Skills (1), being designated for the purposes of section 2(2) of the European Communities Act 1972 (2) in relation to information society services, in exercise of the powers conferred by that section makes the following Regulations

 

Citation, commencement and application

1.-

(1) These Regulations may be cited as the Electronic Commerce Directive (Adoption and Children Act 2002) Regulations 2005 and shall come into force on 30th December 2005.

(2) In so far as these Regulations relate to sections 92 and 93 of the Adoption and Children Act 2002 (3), they apply to England and Wales only.

 

Interpretation

2.-

(1) In these Regulations :

«the Act» means the Adoption and Children Act 2002;

«the Commission» means the Commission of the European Communities;

«co-ordinated field» has the meaning given to that expression in article 2(h) of the electronic commerce directive;

«country of origin» in relation to an incoming electronic commerce activity means the EEA State in which is situated the establishment from which the information society service in question is provided;

«EEA State» means a member State of the European Union, Norway, Iceland and Liechtenstein;

«electronic commerce directive» means Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular, electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce);

«incoming electronic commerce activity» means an activity which consists of the provision of an information society service from an establishment in an EEA State other than the United Kingdom to a person or persons in the United Kingdom;

«incoming provider» means a person carrying on an incoming electronic commerce activity;

«information society service» means an information society service within the meaning of article 2(a) of the electronic commerce directive;

«prohibited measure» means a measure imposed for reasons falling within the co-ordinated field which constitutes a restriction on the freedom to provide an incoming electronic commerce activity;

«recipient of the service» means any natural or legal person who, for professional ends or otherwise, uses an information society service, in particular for the purposes of seeking information or making it accessible; and

«relevant EEA authority» means the authority of the EEA State (other than the United Kingdom), which is the country of origin of the incoming electronic commerce activity to which the Secretary of State is seeking to apply a prohibited measure, which appears to a responsible authority to be the appropriate authority for the purposes of meeting the procedural conditions.-(2) For the purposes of these Regulations :

(a) an establishment, in connection with an information society service, is the place at which the provider of the service (being a national of an EEA State or a company or firm as mentioned in Article 48 of the treaty establishing the European Community) effectively pursues an economic activity for an indefinite period;

(b) the presence or use in a particular place of equipment or other technical means of providing an information society service does not, of itself, constitute that place as an establishment of the kind mentioned in sub-paragraph (a);

(c) where it cannot be determined from which of a number of establishments a given information society service is provided, that service is to be regarded as provided from the establishment where the provider has the centre of his activities relating to the service;

(d) the responsible authorities are :

(i) in relation to England, the Secretary of State;

(ii) in relation to Wales, the National Assembly for Wales;

(iii) in relation to Scotland, the Scottish Ministers;

(iv) in relation to Northern Ireland, the Department of Health, Social Services and Public Safety;

(v) in relation to England, the Commission for Social Care Inspection (4); and

(vi) in relation to Scotland, the Scottish Commission for the Regulation of Care (5).

 

Application of sections 92, 93, 123 and 124 of the Act to UK-established providers

3.-

For the purposes of sections 92 and 93 (restriction on arranging adoptions), and sections 123 and 124 (restriction on advertising adoption) of the Act, a person who carries on an activity which consists of the provision of an information society service from an establishment in the United Kingdom to a person or persons in one or more EEA States and who would not otherwise be regarded as carrying on that activity in the United Kingdom shall be regarded as carrying it on in the United Kingdom.

 

Restrictions on arranging adoption and advertising not to apply to incoming providers

4.-

Subject to regulation 5, so far as anything in sections 92 and 93 (restriction on arranging adoptions), or sections 123 and 124 (restriction on advertising adoption) of the Act constitutes a prohibited measure, it shall not apply to anything done by an incoming provider.

 

Regulation 4 not to apply in certain circumstances

5.-

If the policy conditions and the procedural conditions are met, nothing in regulation 4 shall prevent a prohibited measure from applying to anything done by the incoming provider.

 

The policy conditions

6.-

The policy conditions are that :

(a) a responsible authority considers that :

(i) the prohibited measure is necessary for :

(aa) the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences;

(bb) the protection of minors; or

(ii) other reasons of public policy relevant to the objectives of the Act; and

(iii) the carrying on of the incoming electronic commerce activity by the person to whom the prohibited measure is to apply prejudices, or presents a serious and grave risk of prejudice to, any of the objectives referred to in sub-paragraph (i); and

(b) the prohibited measure appears to the responsible authority to be a proportionate means of achieving, or addressing the prejudice or risk of prejudice to, any of those objectives.

 

The procedural conditions

7.-

The procedural conditions are that :

(a) a responsible authority has requested the relevant EEA authority to take measures to remedy the situation giving rise to the request;

(b) the relevant EEA authority :

(i) has not, within what appears to the responsible authority to be a reasonable time, taken such measure; or

(ii) has taken such measure, but the measures appear to the responsible authority to be inadequate in the circumstances;

(c) the responsible authority has notified the Commission and the relevant EEA authority of its intention to apply the prohibited measure; and

(d) the responsible authority has notified the person to whom the prohibited measure is to apply of its proposal to do so, and afforded that person the opportunity to make representations to the responsible authority in such manner, and within such period, as the responsible authority may determine.

 

Urgent cases

8.-

(1) If the case appears to a responsible authority to be one of urgency, it may apply the prohibited measure regardless of whether the procedural conditions are met.

(2) If a responsible authority applies a prohibited measure in reliance on paragraph (1), it must notify the Commission and the relevant EEA authority as soon as possible that the prohibited measure has been applied, and provide each of those bodies with a statement of its reasons for considering the case to be one of urgency.

 

Defence to section 124 for mere conduits

9.-

(1) A person providing an information society service which consists of the transmission in a communication network of information provided by a recipient of the service or the provision of access to a communication network shall not be guilty of an offence under section 124 of the Act (offence of breaching restriction under section 123) as a result of that transmission where that person :

(a) did not initiate the transmission;

(b) did not select the receiver of the transmission; and

(c) did not select or modify the information contained in the transmission.

(2) For the purposes of paragraph (1) above, the acts of transmission and of provision of access include the automatic, intermediate and transient storage of the information transmitted where :

(a) this takes place for the sole purpose of carrying out the transmission in the communication network; and

(b) the information is not stored for any period longer than is reasonably necessary for the transmission.

Defence to section 124 for caching

10.-

A person providing an information society service which consists of the transmission in a communication network of information provided by a recipient of the service shall not be guilty of an offence under section 124 of the Act as a result of that transmission where :

(a) the information is the subject of automatic, intermediate and temporary storage where that storage is for the sole purpose of making more efficient onward transmission of the information to other recipients of the service upon their request; and

(b) that person :

(i) did not modify the information;

(ii) complied with conditions on access to the information;

(iii) complied with any rules regarding the updating of the information, specified in a manner widely recognised and used by industry;

(iv) did not interfere with the lawful use of technology, widely recognised and used by industry, to obtain data on the use of the information; and

(v) acted expeditiously to remove or to disable access to the stored information upon becoming aware that the information at the initial source of the transmission had been removed from the network, or access to it had been disabled, or that a court or a responsible authority had ordered such removal or disablement.

 

Defence to section 124 for hosting

11.-

(1) Notwithstanding section 124(2) of the Act and unless paragraph (2) applies, a person providing an information society service which consists of the storage of information provided by a recipient of the service shall not be guilty of an offence under section 124 of the Act as a result of that storage unless :

(a) it is proved that he knew that section 123 applied to the information; or

(b) upon becoming aware that section 123 applied to the information, that person failed to act expeditiously to remove or to disable access to the information.

(2) This paragraph applies where the recipient of the service was acting under the authority or the control of the service provider.

 

Maria Eagle

Parliamentary Under Secretary of State Department for Education and Skills

17th November 2005

———————————————————————————————–

(1) Section 57(1) of the Scotland Act 1998 (c.-46) allows a Minister of the Crown to implement EC obligations despite the transfer of powers to Scottish Ministers.back

(2) 1972 c.68.-The Secretary of State is designated for these purposes by Article 2 of, and Schedule 1 to, The European Communities (Designations) (Nº-2) Order 2001 (S.I.-2001/2555).back

(3) 2002 c.38.back

(4) Established by the Health and Social Care (Community Health and Standards) Act 2003 (c.-43).back

(5) Established by the Regulation of Care (Scotland)

01Ene/14

Legislacion Informatica de Pakistan. Ordinance nº LXXII of 2007 to make provisión for prevention of the electronic crimes

Ordinance nº LXXII of 2007 to make provisión for prevention of the electronic crimes

The Gazette of Pakistan

Islamabad, Monday, december 31, 2007

PART I. ACTS, ORDINANCE, PRESIDENT´S ORDERS AND REGULATIONS

GOVERNMENT OF PAKISTAN

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND HUMAN RIGHTS

Islamabad, the 31st Decembrer, 2007

Nº 2(1) 2007-PUB.The following Ordinance promulgated by the President is hereby published for general information

ORDINANCE Nº LXXII OF 2007

AN ORDINANCE to make provision for prevention of the electronic crimes

WHEREAS it is expedient to prevent any action directed against the confidentiality, integrity and availability of electronic system, networks and data as well as the misuse of such system, networks and data by providing for the punishment of such actions and to provide mechanism for investigation, prosecution and trial of offences and for matters connected therewith or ancillary thereto;

AND WHEREAS the National Assembly stands dissolved and the President is satisfied that the circumstances exist which render it necessary to take immediate action;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and in exercise of all powers enabling in that behalf, the president is pleased to make and promulgate the following Ordinance:

 

1. Short title, extent application and commencement.

This Ordinance may be called the Prevention of Electronic Crimes Ordinance, 2007.

It extends to the whole of Pakistan.

It shall apply to every person who commits an offence under this Ordinance irrespective of his nationality or citizenship whatsoever or in any place outside or inside Pakistan, having detrimental effect on the security of Pakistan or its nationals or national harmony or any property or any electronic system or data located in Pakistan or any electronic system or data capable of being connected, sent to, used by or with any electronic system in Pakistan.

It shall come into force at once.

 

2. Definitions.

In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context :

«access» means gaining access to any electronic system or data held in an electronic system or by causing the electronic system to perform any function to achieve that objective;

«Authority» means the Pakistan Telecommunication Authority established under section 3 of the Pakistan Telecommunication (Reorganization) Act 1996 (XVII of 1996);

«Code» means the Code of Criminal Procedure, 1.898 (Act V of 1898);

«Constitution» means Constitution of the Islamic Republic of Pakistan;

«data» means representations of information or of concepts that are being prepared or have been prepared in a form suitable for use in an electronic system including but not limited to computer program, text, images, sound, video and information within a database or electronic system;

«decision of the Authority» means decision given, determination made or order passed by the Authority under any of the provisions of the Pakistan Telecommunication (Reorganization) Act 1996 ( XVII of 1996) on any matter related to one or more licensed operators in pursuant to the powers conferred upon the Authority by any other law, rules , regulation or directive for the time being in force which includes any interim order passed by the Authority pending final decision;

«Electronic Certification Accreditation Council» means the council established under section 18 of the Electronic Transaction Ordinance 2002(LI of 2002);

«electronic» includes but not limited to electrical, digital, analogue, magnetic, optical, biochemical , electrochemical, electromechanical, electromagnetic, radio electric or wireless technology;

«electronic device» means any hardware which performs one or more specific functions and operates on any form or combination of electrical energy.

«electronic mail message» means any data generated by an electronic system for a unique electronic mail address;

«electronic mail address» means a destination , commonly expressed as a string of characters, consisting of a unique user or group name or mailbox , commonly referred to as the local part, and a reference to an internet or intranet domain commonly referred to as the domain part, whether or not displayed , to which an electronic mail message can be sent or delivered or originated from and includes an electronic mail address which may be permanent, dynamic or disposable;

«electronic system» means any electronic device or a group of interconnected or related devices, one or more of which, pursuant to a program or manual or any external instruction, performs automatic processing of information or data and may also include a permanent, removable or any other electronic storage medium;

«encrypted data» means data which has been transformed or scrambled from its plain version or text to an unreadable or incomprehensible format and is recoverable by an associated decryption or decoding technique, regardless of the technique utilized for such transformation or scrambling and irrespective of the medium in which such data occurs or can be found for the purposes of protecting such data;

«function» includes logic, control, arithmetic, deletion, storage and retrieval and communication or telecommunication to, from or within an electronic system;

«Interpol» means International Criminal Police Organization;

«offence» includes :

a. an offences punishable under this Ordinance;

b. an offence punishable under the laws mentioned in the Schedule; or

c. any other offence punishable under any other law for the time being in force if committed through or by using any computer, electronic system, electronic means or electronic device as a mean or tool;

«plain version» means original data before it has been transformed or scrambled to an unreadable or incomprehensible format or after it has been recovered by using any decryption or decoding technique;

«rules» means rules made under this Ordinance;

«Schedule» means the Schedule to this Ordinance;

«sensitive electronic system» means an electronic system used directly in connection with or necessary for :

the security, defence or international relations of Pakistan;

the existence or identity of a confidential source of information relating to the enforcement of criminal law;

the provision of services directly related to communications infrastructure, banking and financial services, public utilities, courts, public transportation, public key infrastructure, payment systems infrastructure or e-commerce infrastructure;

the protection of public safety including systems related to essential emergency services such as police, civil defence and medical services;

the purpose declared as such by the Federal Government in accordance with the prescribed procedure; or

containing any data or database protected as such, by any other law.

«service provider» includes but not limited to:

a person acting as a service provider in relation to sending, receiving, storing or processing of electronic communication or the provision of other services in relation to electronic communication through any electronic system;

a person who owns, possesses, operates, manages or controls a public switched network or provides telecommunication services; or

any other person who processes or stores data on behalf of such electronic communication service or users of such service;

«subscriber information» means any information contained in any form thaf is held by a service provider, relating to subscriber’s services other than traffic data and by which can be established :

the type of communication service used, the technical provisions taken thereto and the period of service;

the subscriber’s identity, postal ,geographic electronic mail address, telephone and other access number, billing and payment information, available on the basis of the service agreement or arrangement; or

any other information on the site of the installation of communication equipment, available on the basis of the service agreement or arrangement;

«traffic data» means any data relating to a communication by means of an electronic system, generated by an electronic system that formed a part in the chain of communication, indicating the communication’s origin, destination, route, time, date, size, duration, or type of underlying service;

«Tribunal» means the Information and Communication Technologies Tribunal constituted under section 31; and

«unauthorized access» means access of any kind by any person to any electronic system or .data held in an electronic system or electronic device, without authority or in excess of authority, if he is not himself entitled to control access of the kind in question to the electronic system or electronic device, or data and he does not have consent to such access from any person, so entitled.

 

CHAPTER II. OFFENCES AND PUNISHMENTS

 

3. Criminal access

Whoever intentionally gains unauthorized access to the whole or any part of an electronic system or electronic device with or without infringing security measures, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine not exceeding three hundred thousand rupees, or with both.

 

4. Criminal data access

Whoever intentionally causes any electronic system or electronic device to perform any function for the purpose of gaining unauthorized access to any data held in any electronic system or electronic device or on obtaining such unauthorized access shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine or with both.

 

5. Data damage

Whoever with intent to illegal gain or cause harm to the public or any person, damages any data is shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

Explanation: For the purpose of this section the expression «data damage» includes but not limited to modifying, altering, deleting, deterioration, erasing, suppressing, changing location of data or making data temporarily or permanently unavailable, halting electronic system, choking the networks or affecting the reliability or usefulness of data.

 

6. System damage

Whoever with intent to cause damage to the public or any person interferes with or interrupts or obstructs the functioning, reliability or usefulness of an electronic system or electronic device by inputting, transmitting, damaging, deleting. altering, tempering, deteriorating or suppressing any data or services or halting electronic system or choking the networks shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine or, with both.

Explanation: For the purpose of this section the expression «services» include any kind of service provided through electronic system.

 

7. Electronic fraud

Whoever for wrongful gain interferes with or uses any data, electronic system or electronic device or induces any person to enter into a relationship or with intent to deceive any person, which act or omission is likely to cause damage or harm to that person or any other person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with Both.

 

8. Electronic forgery

Whoever for wrongful gain interferes with data, electronic system or electronic device, with intent to cause damage or injury to the public or to any person, or to make any illegal claim or title or to cause any person to part with property or to enter into any express or implied contract, or with intent to commit fraud by any input, alteration, deletion, or suppression of data, resulting in unauthentic data with the intent that it be considered or acted upon for legal purposes as if it were authentic, regardless of the fact that the data is directly readable and intelligible or not shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine or with both.

 

9. Misuse of electronic system or electronic device

a. Whoever produces, possesses, sells, procures, transports, imports, distributes or otherwise makes available an electronic system or electronic device, including a computer program, designed or adapted primarily for the purpose of committing any of the offences established under this Ordinance or a password, access code, or similar data by which the whole or any part of an electronic system or electronic device is capable of being accessed or its functionality compromised or reverse engineered with the intent that it be used for the purpose of committing any of the offences established under this Ordinance, is said to commit offence of misuse of electronic system or electronic devices:

Provided that the provisions of this section shall not apply to the authorized testing or protection of an electronic system for any lawful purpose.

b. Whoever commits the offence described in sub-section (1) shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

 

10. Unauthorized access to code

Whoever discloses or obtains any password, access as to code, system design or any other means of gaining access to any electronic system or data with intent to obtain wrongful gain, do reverse engineering or cause wrongful loss to any person or for any other unlawful purpose shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with, or with both.

 

11. Misuse of encryption

Whoever for %the purpose of commission of an offence or concealment of incriminating evidence, knowingly and willfully encrypts any incriminating communication or data contained in electronic system relating to that crime or incriminating evidence, commits the offence of misuse of encryption shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine, or with both.

 

12. Malicious code

a. Whoever willfully writes, offers, makes available, distributes or transmits malicious code through an electronic system or electronic device, with intent to cause harm to any electronic system or resulting in the corruption, destruction, alteration, suppression, theft or loss of data commits the offence of malicious code:

Provided that the provision of this section shall not apply to the authorized testing, research and development or protection of an electronic system for any lawful purpose.

Explanation. – For the purpose of this section the expression «malicious code» includes but not limited to a computer program or a hidden function in a program that damages data or compromises the electronic system’s performance or uses the electronic system resources without proper authorization, with or without attaching its copy to a file and is capable of spreading over electronic system with or without human intervention including virus, worm or Trojan horse.

b. Whoever commits the offence specified in sub-section (1) shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine or with both.

 

13. Cyber stalking

a. Whoever with intent to coerce , intimidate, or harass any person uses computer, computer network, internet, network site ,electronic mail or any other similar means of communication to. –

i. communicate obscene, vulgar, profane, lewd, lascivious , or indecent language, picture or image;

ii. make any suggestion or proposal of an obscene nature;

iii. threaten any illegal or immoral act;

iv. take or distribute pictures or photographs of any person without his consent or knowledge;

v. display or distribute information in a manner that substantially increases the risk of harm or violence to any other person, commits the offence of cyber stalking.

b. Whoever commits the offence specified in sub-section (1) shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years or with fine not exceeding three hundred thousand rupees, or with both:

Provided if the victim of the cyber stalking under sub-section (1) is a minor the punishment may extend to ten years or with fine not less than one hundred thousand rupees, or with both.

 

14. Spamming

a. Whoever transmits harmful, fraudulent, misleading, illegal or unsolicited electronic messages in bulk to any jerson without the express permission of the recipient, or causes any electronic system to show any such message or involves in falsified online user account registration or falsified domain name registration for commercial purpose commits the offence of spamming.

b. Whoever commits the offence of spamming as described in sub-section (1) shall be punishable with fine not exceeding fifty thousand rupees if he commits this offence of spamming for the first time and for every subsequent. commission of offence of spamming he shall be punished with imprisonment of three months or with fine , or with both.

 

15. Spoofing.

a. Whoever establishes a website, or sends an electronic message with a counterfeit source intended to be believed by the recipient or visitor or its electronic system to be an authentic source with intent to gain unauthorized access or obtain valuable information which later can be used for any unlawful purposes commits the offence of spooling.

b. Whoever commits the offence of spooling specified in sub-section (1) shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

 

16. Unauthorized interception.

a. Whoever without lawful authority intercepts by technical means, transmissions of data to, from or within an electronic system including electromagnetic emissions from an electronic system carrying such data commits the offence of unauthorized interception.

b. Whoever commits the offence of unauthorized interception described in subsection (1) shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine not exceeding five hundred thousand rupees, or with both.

 

17. Cyber terrorism.

a. Any person, group or organization who, with terroristic intent utilizes, accesses or causes to be accessed a computer or computer network or electronic system or electronic device or by any available means, and thereby knowingly engages in or attempts to engage in a terroristic act commits the offence of cyber terrorism.

Explanation1: For the purposes of this section the expression «terroristic intent» means to act with the purpose to alarm, frighten, disrupt, harm, damage, or carry out an act of violence against any segment of the population, the Government or entity associated therewith.

Explanation2: For the purposes of this section the expression «terroristic act» includes, but is not limited to, –

i. altering by addition, deletion, or change or attempting to alter information that may result in the imminent injury, sickness, or death to any segment of the population;

ii. transmission or attempted transmission o a harmful program with the purpose of substantially disrupting or disabling any computer network operated by the Government or any public entity;

iii. aiding the commission of or attempting to aid the commission of an act of violence against the sovereignty of Pakistan, whether or not the commission of such act of violence is actually completed; or

iv. stealing or copying, or attempting to steal or copy, or secure classified information or data necessary to manufacture any form of chemical, biological or nuclear weapon, or any other weapon of mass destruction.

b. Whoever commits the offence of cyber terrorism and causes death of any person shall be punishable with death or imprisonment for life, and with line and in any other case he shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, or with fine not less than ten million rupees, or with both.

 

18. Enhanced punishment for offences involving sensitive electronic systems.

a. Whoever causes criminal access to any sensitive electronic system in the course of the commission of any of the offences established under this Ordinance shall, in addition to the punishment prescribed for that offence, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, or with fine not exceeding one million rupees, or with both.

b. For the purposes of any prosecution under this section, it shall be presumed, until contrary is proved, that the accused had the requisite knowledge that it was a sensitive electronic system.

 

19. Of abets, aids or attempts to commits offence.

a. Any person who knowingly and willfully abets the commission of or who aids to commit or does any act preparatory to or in furtherance of the commission of any offence under this Ordinance shall be guilty of that offence and shall be liable on conviction to the punishment provided for the offence.

b. Any person who attempts to commit an offence under this Ordinance shall be punished for a term which may extend to oneha1f of the longest term of imprisonment provided for that offence.

Explanation: For aiding or abetting an offence to be committed under this section, it is immaterial whether the offence has been committed or not.

 

20. Other offences.

Whoever commits any offence, other than those expressly provided under this Ordinance, with the help of computer .electronic system, electronic device or any other electronic mean; shall be punished, in addition to the punishment provided for that offence. with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine not exceeding two hundred thousand rupees, or with both.

 

21. Offences by corporate body

A corporate body shall be held liable for an offence under this Ordinance if the offence is committed on its instructions or for its benefit.’ The corporate body shall he punished with fine not less than one hundred thousand rupees or the amount involved in the offence whichever is the higher:

Provided that such punishment shall not absolve the criminal liability of the natural person who has committed the offence.

Explanation: For the purposes of this section corporate body, includes a body of persons incorporated under any law such as trust, waqf, an association, a statutory body or a company.

 

CHAPTER III. PROSECUTION AND TRIAL OF OFFENCES

 

22. Offences to be compoundable and non-cognizable

All offences under this Ordinance shall be compoundable, non-cognizable and bailable except the offences punishable with imprisonment for seven years or more.

 

23. Prosecution and trial of offences

a. The Tribunal shall take cognizance of and try any offence under this Ordinance.

b. In all matters with respect to which no procedure has been provided in this Ordinance or the rules made thereunder, the provisions of the Code shall, mutatis mutandis, apply for the trial.

c. All proceedings before the Tribunal shall be deemed to be judicial proceedings within the meanings of sections 193 and 228 of the Pakistan Penal Code 1860 (XLV of 1860) and the Tribunal shall be deemed to be a Court for the purposes of sections 480 and 482 of the Code.

 

24. Order for payment of compensation

The Tribunal may, on awarding punishment of imprisonment or fine or both for commission of any offence, make an order for payment of any compensation to the victim for any damage caused to his electronic system or data by commission of the offence and the compensation so awarded shall be recoverable as arrears of land revenue:

Provided that the compensation awarded by the Tribunal shall not prejudice any right to a civil remedy for the recovery of damages beyond the amount of compensation awarded.

CHAPTER IV. ESTABLISHMENT OF INVESTIGATION AND PROSECUTION AGENCIES

 

25. Establishment of investigation agencies and prosecution

The Federal Government shall establish a specialized investigation and prosecution cell within Federal Investigation Agency to investigate and prosecute the offences under this Ordinance.

Provided that till such time any agency is so established, the investigation and prosecution of an offence shall be conducted in accordance with the provisions of the Code:

Provided further that any police officer investigating an offence under this Ordinance may seek assistance of any special investigation agency for any technical in put, collection and preservation of evidence.

 

26. Powers of officer

a. Subject to obtaining search warrant an investigation officer shall be entitled to:

i. have access to and inspect the operation of any electronic system;

ii. use or cause to be used any such electronic system to search any data contained in or available to such electronic system;

iii. have access to or demand any information, code or technology which has the capability of retransforming or unscrambling encrypted data contained or available to such electronic system into readable and comprehensible format or plain version;

iv. require any person by whom or on whose behalf, the investigating officer has reasonable cause to believe, any electronic system has been used;

v. require any person having charge of, or otherwise concerned with the operation of such electronic system to provide him reasonable technical and other assistance as he may require for the purposes of clauses (a), (b) and (c);

vi. require any person who is in possession of decryption information of under investigation electronic system , device or data to grant him access to such decryption information necessary to decrypt data required for the purpose of investigating any such offence.

Explanation: Decryption information means information or technology that enables a person to readily retransform or unscramble encrypted data from its unreadable and from cipher text to its plain text

b. The police officer may, subject to the proviso, require a service provider to submit subscriber information relating to such services in respect of a person under investigation in that service provider’s possession or control necessary for the investigation of the offence:

Provided the investigating officer shall get prior permission to investigate any service provider from the licensing authority where prior permission of the licensing authority is required under any law to investigate the licensed service provider.

c. Any person who obstructs the lawful exercise of the powers under sub-sections (1) or (2) shall be liable to punishment with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine not exceeding one hundred thousand rupees, or with both.

 

27. Real-time collection of traffic data

a. The Federal Government may require a licensed service provider, within its existing or required technical capability, to collect or record through the application of technical means or to co-operate and assist any law enforcement or intelligence agency in the collection or recording of traffic data or data, in real-time, associated with specified communications transmitted by means of an electronic system.

b. The Federal Government may also require the service provider to keep confidential the fact of the execution of any power provided for in this section and any information relating to it.

 

28. Retention of traffic data

a. A service provider shall, within its existing or required technical capability, retain its traffic data minimum for a period of ninety days and provide that data to the investigating agency or the investigating officer when required. The Federal Government may extend the period to retain such date as and when deems appropriate:

b. The service providers shall retain the traffic data under sub section (1) by fulfilling all the requirements of data retention and its originality as provided under sections 5 and 6 of the Electronic Transaction Ordinance 2002 (LI of 2002).

c. Any person who contravenes the provisions of this section shall be punished with imprisonment for a term of six months or with fine or with both.

 

29. Transborder access

For the purpose of investigation the Federal Government or the investigation agency may, without the permission of any foreign Government or international agency access publicly available electronic system or data notwithstanding the geographically location of such electronic system or data, or access or receive, through an electronic system, data located in foreign country or territory, if it obtains the lawful and voluntary consent of the person who has the lawful authority to disclose it:

Provided that such access is not prohibited under the law of the foreign Government or the international agency.

Provided further the that investigating agency shall inform in writing to the Ministry of Foreign Affairs of Government of Pakistan I other relevant agencies as the case may be about the investigation conducted under this section.

CHAPTER V. INTERNATIONAL COOPERATION

 

30. International cooperation

a. The Federal Government may cooperate with any foreign Government, Interpol or any other international agency with whom it has or establishes reciprocal arrangements for the purposes of investigations or proceedings concerning offences related to electronic system and data, or for the collection of evidence in electronic form of an offence or obtaining expeditious preservation and disclosure of traffic data or data by means of a electronic system or real-time collection of traffic data associated with specified communications or interception of data.

b. The Federal Government may, without prior request, forward to such foreign Government, Interpol or other international agency, any information obtained from its own investigations if it considers that the disclosure of such information might assist the other Government or agency in initiating or carrying out investigations or proceedings concerning any offence.

c. The Federal Government may require the foreign Government, Interpol or other international agency to keep the information provided confidential or use it subject to some conditions.

d. The investigating agency shall, subject to approval of the Federal Government, be responsible for sending and answering requests for mutual assistance, the execution of such requests or their transmission to the authorities competent for their execution.

e. The Federal Government may refuse to accede to any request made by such foreign Government, Interpol or international agency if the request concerns an offence which is likely to prejudice its sovereignty, security, public order or other essential interests.

f. The Federal Government may postpone action on a request if such action would prejudice investigations or proceedings conducted by its investigation agency.

 

CHAPTER VI. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES TRIBUNAL

 

31. Information and Communication Technologies Tribunal

a. As soon as possible after the commencement of this Ordinance , the Federal Government shall, by notification in the official Gazette, constitute the Information and Communication Technologies Tribunal whose principal seat shall be at Islamabad.

b. The Tribunal may hold its sittings at such place or places as the Federal Government may decide.

c. The Tribunal shall consist of a chairman and as many members as the Federal Government may determine but not more than seven members.

d. The Chairman may constitute Benches of the Tribunal and unless otherwise directed by him a Bench shall consist of not less than two members. A Bench shall exercise such powers and discharge such functions as may be prescribed. There shall be established at least one
Bench in each province.

e. The Federal Government shall appoint the Chairman and members of the Tribunal.

 

32. Qualifications for appointment

a. A person shall not be qualified for appointment as Chairman unless he is, or has been, or is qualified for appointment as a judge of the High Court.

b. A person shall not be qualified for appointment as a Member unless he –

i. has for two years served as a District and Sessions Judge; or

ii. has for a period of not less than ten years been an advocate of a High Court; or

iii. has special knowledge of legislation and professional experience of not less than ten years in the field of telecommunication and information technologies.

 

33. Salary and allowances, and other terms and conditions of services

The salary, allowances, privileges, and the other terms and conditions of service of the Chairman and member of the Tribunal shall be such as the Federal Government may, by notification in official Gazette, determine.

 

34. Resignation and removal

a. The Chairman or a member of the Tribunal may, by writing under his hand addressed to the Federal Government, resign his office:

Provided that the Chairman or a member shall, unless he is permitted by the Federal Government to relinquish his office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such resignation or until a person duly appointed as his successor enters upon his office whichever is earlier.

b. The Chairman or a member of the Tribunal shall not be removed from his office before the expiry of term specified in section 33, by the Federal Government except as may be prescribed.

c. The Federal Government may, by rules, regulate the procedure for the investigation of misconduct or physical or mental incapacity of the Chairman and a member of the Tribunal.

 

35. Saving Tribunal’s proceedings

No act or proceedings of the Tribunal shall be called in question in any manner on the ground merely of any defect in the constitution of the Tribunal.

 

36. Employees of the Tribunal

a. The Federal Government shall provide the Tribunal with such employees as the Government may deem appropriate in consultation with the Chairman of the Tribunal.

b. The employees of the Tribunal shall perform their duties under general superintendence of the Chairman of the Tribunal.

c. The salaries, allowances and other conditions of service of the employees of the ICT Tribunal shall be such as may be prescribed by the Federal Government.

 

37. Right to legal representation

The parties in appeal may either appear in person or authorize one or more legal practitioners, and in case of a corporate body any of its officers, to present the case before the Tribunal.

 

38. Amicus curiae

a. The Tribunal may, if it so requires, be assisted in technical aspects in any case by an amicus curiae having knowledge and experience in information communication technologies, finance and economics.

b. The Federal Government shall maintain a list of amicus curiae having relevant qualifications and experience.

c. The Tribunal in consultation with the Federal Government shall determine the remuneration of the amicus curiae and the Tribunal may decide the party or parties to pay such remuneration, keeping in view the circumstances of each case.

 

39. Procedure and powers of Tribunal

a. Subject to the provision of this Ordinance and the rules made thereunder, the Tribunal, –

i. may, where it deems necessary, apply the procedures as provided in the Code or, as the case may be, in the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908);

ii. in the exercise of its civil jurisdiction, shall have powers vested in the civil court under the Code of Civil Procedure, 1908;’and

iii. in the exercise of its criminal jurisdiction, shall have the same powers as are vested in the Court of Session under the Code.

 

40. Appeal to Tribunals

a. Any person aggrieved by any of the following orders may, within fifteen days from the date of such order, prefer an appeal to the Tribunal, namely:-

i. any decision of the Authority; or

ii. any decision of the Electronic Certification Accreditation Council:

iii. Provided that no appeal shall lie to the ICT Tribunal from an order passed by the Authority or the Electronic Certification Accreditation Council with the consent of the parties.

b. Any appeal against a decision of the Authority shall be accompanied by a court fee, –

i. ten thousand rupees where the valuation of the subject matter in issue is not more than five million rupees;

ii. fifty thousand rupees where the valuation of the subject matter in issue is more than five million rupees but not more than then million rupees; and

iii. one hundred thousand rupees where the valuation of the subject matter in is more than ten million rupees.

c. The appeal filed before the Tribunal under subsection (1) shall be dealt with by it as expeditiously as possible and the Tribunal shall dispose of the appeal finally within ninety days from the date of receipt of the appeal.

 

41. Powers of Tribunal

The Tribunal while hearing an appeal under section 40 shall have all the powers as are vested in the court of first appeal under the Code in exercise of its civil jurisdiction in respect of appeal against any decision or order of the Authority or the Electronic Certification Accreditation Council.

 

42. Limitation

The provisions of the Limitation Act, 1908 (IX of 1908), shall, mutatis mutandis , apply to the proceedings of ICT Tribunal.

 

43. Appeal to High Court

a. Any person aggrieved by :

i. any decision or order of the Tribunal made under section 40 may prefer second appeal to the respective High Court within thirty days from the date of the decision or order of the Tribunal.
Provided that appeal under this clause shall lie only if the High Court grants leave to appeal;

ii. an order of conviction passed by the Tribunal in respect of any offence under this Ordinance may prefer an appeal to the respective High Court within thirty days of the decision or order of the Tribunal.

b. An appeal against an order of the Tribunal under section 40 or an order of sentence exceeding ten years shall be heard by the Division Bench of the High Court.

 

44. Civil court not to have jurisdiction

No court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which the Tribunal constituted under this Ordinance is empowered by or under this Ordinance to determine and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Ordinance.

 

45. Transitory proceedings

a. Until the establishment of the Tribunal all cases, proceedings and appeals, subject matter of which is within the jurisdiction of Tribunal , shall continue to be heard and decided by the competent forum existing under any law for the time being in force.

b. On the constitution of the Tribunal all cases, proceedings and appeals shall stand transferred to and heard and disposed of by the Tribunal.

c. On transfer of cases, proceedings and appeals under sub-section (2), the Tribunal shall proceed from the stage the proceedings had reached immediately prior to the transfer and shall not be bound to recall any witness or again record any evidence that may have been recalled.

CHAPTER VII. MISCELLANEOUS

 

46. Ordinance to override other laws.

The provisions of this Ordinance shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force.

 

47. Power to amend Schedule.

The Federal Government many, by notification in the official Gazette, amend the Schedule so as add any entry thereto or modify or omit any entry therein.

 

48. Powers to make rules.

a. The Federal Government may , by notification in the official Gazette, make rules for carrying out purposes of the Tribunal.

 

49. Removal of difficulties.

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the Federal Government may, by order published in the official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Ordinance as may appear to be necessary for removing the difficulty.

THE FIRST SCHEDULE

(See section 3 s)

1. The Electronic Transactions Ordinance, 2002 ( LI of 2002).

2. The Pakistan Telecommunication (Reorganization) Act,1996 (XVII of 1996).

3. The Telegraph Act, 1885 (XIII of 1885).

4. The Wireless Telegraphy Act, 1933 (XVII of 1933).

PERVEZ MUSHARRAF, President.

Justice MUHAMMAD RAZA KHAN, Secretary.

01Ene/14

Master y Post-Grado

CENTRO UNIVERSITARIO NOVE DE JULHO (UNINOVE)

Especialistas em Direito Eletrônico

 

2013

Curso Superior de Tecnología: Banco de Dados

http://www.uninove.br/Paginas/ShowGraduacao.aspx?SEQ=49

 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação 

http://www.uninove.br/Paginas/ShowGraduacao.aspx?SEQ=409

 

Curso Superior Segurança da Informação

http://www.uninove.br/Paginas/ShowGraduacao.aspx?SEQ=51

 

Curso Superior Sistemas para Internet

http://www.uninove.br/Paginas/ShowGraduacao.aspx?SEQ=53

01Ene/14

Seminarios y Congresos sobre Derecho Informatico en Argentina. Valor Probatorio de Documentos Electrónicos.Anexos

Valor Probatorio de Documentos Electrónicos.

PROGRAMA

MODULO I – NUEVA REGLAMENTACIÓN SOBRE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Aspectos practicos de la nueva reglamentacisn. Futuro posible. Incidencias en el mundo de las contrataciones electrsnicas. Cuestiones no tratadas en la reglamentacisn y sus consecuencias. Tiempos para su implementacisn en los negocios. Comparacisn con la implementacisn de este tipo de normativas en otros pamses.

MODULO II – EVIDENCIAS Y VALOR PROBATORIO
Valor probatorio de los documentos electrsnicos. Documento e Instrumento. Requisitos documentales: soporte, escritura y atribucisn autorma. El tratamiento de la informacisn electrsnica y su valor probatorio. Aspectos practicos a considerar en la prueba informatica. Medidas cautelares, preliminares y de prueba anticipada. La pericia informatica. Novedades jurisprudenciales. El valor probatorio de los documentos electrsnicos para delitos de propiedad intelectual, hackers, correo electrsnico, sitios web, etc.

MODULO III – GESTIÓN DOCUMENTAL
Desmaterializacisn de los documentos en papel. Manejo de documentos electrsnicos en la empresa, en la Administracisn, en las instancias litigiosas (judiciales y arbitrales). El expediente electrsnico. Consultas pzblicas de expedientes por Internet. Notificaciones electrsnicas. Gobierno electrsnico.
Gestisn de documentos electrsnicos a largo plazo: legibilidad de formatos. (Records management). Seguridad documental.

MODULO IV – CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA
La seguridad en la contratacisn a distancia/electrsnica. Marco internacional, marco nacional. Aspectos jurmdicos y de negocio.
Legislacisn sobre proteccisn de datos.
Ley de Firma Electrsnica. Firma electrsnica a travis de Web: certificaciones nacionales, europeas e internacionales. Reglamentacisn de la Ley 25.506. Decisisn 6/2007.

MODULO V – FACTURAS
– Qui es una factura electónica.
– Su objetivo.
– Caracteristicas.
– Quienes pueden usarla.
– Documentos incluidos.
– Comprobantes excluidos.
– Hay que emitir siempre FE?.

Normativa vigente respecto de Factura electrónica
Antecedentes : Operaciones que deben estar incluidas en este sistema
Descripción de la Misma
Sujetos Obligados a Su uso. Exclusiones
Sujetos Optativos.
Comprobantes Comerciales