Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

El incremento que últimamente están experimentando las instalaciones de sistemas de cámaras y videocámaras con fines de vigilancia ha generado numerosas dudas en lo relativo al tratamiento de las imágenes que ello implica. Además es un sector que ofrece múltiples medios de tratar datos personales como pueden ser los circuitos cerrados de televisión, grabación por dispositivos «webcam», digitalización de imágenes o instalación de cámaras en el lugar de trabajo. Precisamente la última Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos, celebrada en Londres los pasados días 1 a 3 de noviembre de este año, ha girado en torno a la necesidad de adecuar la videovigilancia a las exigencias del derecho fundamental a la protección de datos. Todo esto hace necesario que, en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 37.1.c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Española de Protección de Datos dicte una Instrucción para adecuar los tratamientos de imágenes con fines de vigilancia a los principios de dicha Ley Orgánica y garantizar los derechos de las personas cuyas imágenes son tratadas por medio de tales procedimientos.

El marco en que se mueve la presente Instrucción es claro. La seguridad y la vigilancia, elementos presentes en la sociedad actual, no son incompatibles con el derecho fundamental a la protección de la imagen como dato personal, lo que en consecuencia exige respetar la normativa existente en materia de protección de datos, para de esta manera mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático.

Las imágenes se consideran un dato de carácter personal, en virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999 y el artículo 1.4 del Real Decreto 1322/1994 de 20 de junio, que considera como dato de carácter personal la información gráfica o fotográfica.

En relación con la instalación de sistemas de videocámaras, será necesario ponderar los bienes jurídicos protegidos. Por tanto, toda instalación deberá respetar el principio de proporcionalidad, lo que en definitiva supone, siempre que resulte posible, adoptar otros medios menos intrusivos a la intimidad de las personas, con el fin de prevenir interferencias injustificadas en los derechos y libertades fundamentales.

En consecuencia, el uso de cámaras o videocámaras no debe suponer el medio inicial para llevar a cabo funciones de vigilancia por lo que, desde un punto de vista objetivo, la utilización de estos sistemas debe ser proporcional al fin perseguido, que en todo caso deberá ser legítimo.

En cuanto a la proporcionalidad, pese a ser un concepto jurídico indeterminado, la Sentencia del Tribunal Constitucional 207/1996 determina que se trata de «una exigencia común y constante para la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales, entre ellas las que supongan una injerencia en los derechos a la integridad física y a la intimidad, y más en particular de las medidas restrictivas de derechos fundamentales adoptadas en el curso de un proceso penal viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad.

En este sentido, hemos destacado que, para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres siguientes requisitos o condiciones: «si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)».

Asimismo la proporcionalidad es un elemento fundamental en todos los ámbitos en los que se instalen sistemas de videovigilancia, dado que son numerosos los supuestos en los que la vulneración del mencionado principio puede llegar a generar situaciones abusivas, tales como la instalación de sistemas de vigilancia en espacios comunes, o aseos del lugar de trabajo. Por todo ello se trata de evitar la vigilancia omnipresente, con el fin de impedir la vulnerabilidad de la persona.

Se excluyen de la presente Instrucción los datos personales grabados para uso o finalidad doméstica de conformidad con lo establecido en el artículo 2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, si bien en el sentido estricto señalado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la Sentencia de 6 de noviembre de 2003, asunto Lindqvist, que al interpretar la excepción prevista en el artículo 3 apartado 2 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, indica que únicamente contempla «las actividades que se inscriben en el marco de la vida privada o familiar de los particulares» y no otras distintas. En la misma línea se pronuncia el Dictamen 4/2004, adoptado por el Grupo de Trabajo creado por el Artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, con fecha 25 de noviembre de 2002.

Además, la Instrucción tampoco se aplicará al tratamiento de imágenes cuando éstas se utilizan para el ejercicio de sus funciones por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que está cubierto por normas específicas, aunque estos tratamientos también deberán cumplir las garantías establecidas por la Ley Orgánica 15/1999.

Por otro lado, la Instrucción pretende adecuar los tratamientos a los criterios marcados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al considerar que el tratamiento de datos personales no exige la conservación de los mismos, sino que basta su recogida o grabación. En el mismo sentido se han pronunciado las legislaciones que sobre esta materia han adoptado los distintos Estados miembros de la Unión Europea, cumpliendo así el mandato contenido en la Directiva 95/46/CE.
Por último, las plenas garantías de protección de los datos personales, así como las peculiaridades de su tratamiento exige una regulación concreta evitando la aplicación de un conjunto de reglas abstractas y dispersas.

Por ello, a la hora de regular la legitimación del tratamiento de imágenes, la Agencia Española de Protección de Datos, entiende que es requisito esencial la aplicación íntegra del artículo 6.1 y 2 y del artículo 11.1 y 2 de la LOPD, sin perjuicio del estricto cumplimiento de los requisitos que para la instalación de cámaras o videocámaras de vigilancia vengan exigidos por la legislación vigente. Asimismo se regula el contenido del deber de información previsto en el artículo 5 de la misma Ley Orgánica, así como el ejercicio de los derechos a que se refieren los artículos 15 y siguientes de la citada Ley Orgánica. Por descontado, la creación de un fichero de videovigilancia exige su previa notificación a la Agencia Española de Protección de Datos, para la inscripción en su Registro General.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.1.c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dispongo:

Artículo 1. Ámbito objetivo.

1. La presente Instrucción se aplica al tratamiento de datos personales de imágenes de personas físicas identificadas o identificables, con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras y videocámaras.

El tratamiento objeto de esta Instrucción comprende la grabación, captación, transmisión, conservación, y almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o emisión en tiempo real, así como el tratamiento que resulte de los datos personales relacionados con aquéllas.
Se considerará identificable una persona cuando su identidad pueda determinarse mediante los tratamientos a los que se refiere la presente instrucción, sin que ello requiera plazos o actividades desproporcionados.

Las referencias contenidas en esta Instrucción a videocámaras y cámaras se entenderán hechas también a cualquier medio técnico análogo y, en general, a cualquier sistema que permita los tratamientos previstos en la misma.

2. El tratamiento de los datos personales procedentes de las imágenes obtenidas mediante la utilización de cámaras y videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se regirá por las disposiciones sobre la materia.

3. No se considera objeto de regulación de esta Instrucción el tratamiento de imágenes en el ámbito personal y doméstico, entendiéndose por tal el realizado por una persona física en el marco de una actividad exclusivamente privada o familiar.

Artículo 2. Legitimación.

1. Sólo será posible el tratamiento de los datos objeto de la presente instrucción, cuando se encuentre amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 y el artícu lo 11.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior la instalación de cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia.

Artículo 3. Información.

Los responsables que cuenten con sistemas de videovigilancia deberán cumplir con el deber de información previsto en el artículo 5 de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. A tal fin deberán:

a) Colocar, en las zonas videovigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados y

b) Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle la información prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.

El contenido y el diseño del distintivo informativo se ajustará a lo previsto en el Anexo de esta Instrucción.

Artículo 4. Principios de calidad, proporcionalidad y finalidad del tratamiento.

1. De conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, las imágenes sólo serán tratadas cuando sean adecuadas, pertinentes y no excesivas en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, legítimas y explícitas, que hayan justificado la instalación de las cámaras o videocámaras.

2. Sólo se considerará admisible la instalación de cámaras o videocámaras cuando la finalidad de vigilancia no pueda obtenerse mediante otros medios que, sin exigir esfuerzos desproporcionados, resulten menos intrusivos para la intimidad de las personas y para su derecho a la protección de datos de carácter personal.

3. Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas. En todo caso deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida.

Artículo 5. Derechos de las personas.

1. Para el ejercicio de los derechos a los que se refieren los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el/la afectado/a deberá remitir al responsable del tratamiento solicitud en la que hará constar su identidad junto con una imagen actualizada. El ejercicio de estos derechos se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley Orgánica y su normativa de desarrollo.

2. El responsable podrá facilitar el derecho de acceso mediante escrito certificado en el que, con la mayor precisión posible y sin afectar a derechos de terceros, se especifiquen los datos que han sido objeto de tratamiento.

3. El/la interesado/a al que se deniegue total o parcialmente el ejercicio de los derechos señalados en el párrafo anterior, podrá reclamar su tutela ante el Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

Artículo 6. Cancelación.

Los datos serán cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación.

Artículo 7. Notificación de ficheros.

1. La persona o entidad que prevea la creación de ficheros de videovigilancia deberá notificarlo previamente a la Agencia Española de Protección de Datos, para su inscripción en el Registro General de la misma.

Tratándose de ficheros de titularidad pública deberá estarse a lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

2. A estos efectos, no se considerará fichero el tratamiento consistente exclusivamente en la reproducción o emisión de imágenes en tiempo real.

Articulo 9. Seguridad y Secreto.

El responsable deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

Asimismo cualquier persona que por razón del ejercicio de sus funciones tenga acceso a los datos deberá de observar la debida reserva, confidencialidad y sigilo en relación con las mismas.
El responsable deberá informar a las personas con acceso a los datos del deber de secreto a que se refiere el apartado anterior.

Disposición transitoria.

Los responsables de ficheros de videovigilancia ya inscritos en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos deberán adoptar las medidas previstas en el artículo 3, letra a), y en el artículo 4.3 de esta Instrucción en el plazo máximo de tres mes desde su entrada en vigor.

Disposición final.

La presente Instrucción entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 8 de noviembre de 2006.-El Director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Piñar Mañas.

ANEXO
1. El distintivo informativo a que se refiere el artículo 3.a) de la presente Instrucción deberá de incluir una referencia a la «LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS», incluirá una mención a la finalidad para la que se tratan los datos («ZONA VIDEOVIGILADA»), y una mención expresa a la identificación del responsable ante quien puedan ejercitarse los derechos a los que se refieren los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

2. El modelo a que se refiere el apartado anterior, está disponible en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es, de donde podrá ser descargado, especificando los datos del responsable.

Ley núm. 311 de 5 de Octubre de 1999, para enmendar la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor

Para enmendar el primer párrafo de la Sección 1 de la Ley Núm. 62 de 29 de mayo de 1968 y enmendar el Artículo 19 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como «Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor», a fin de prohibir la mala práctica de engaño, falsa representación, engaño o fraude a través del Internet.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Internet, también conocido como la «Red» es la red informática más grande del mundo. Su historia se remonta al año 1969 cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó un proyecto conocido como ARPANET. El mismo consistía en un experimento con el propósito de unir el Departamento con todos los contratistas de investigaciones militares, incluyendo a las universidades que realizaban investigaciones militares. Este experimento fue financiado por la «Defense Advanced Research Projects Administration» (D.A.R.P.A.).

Originalmente la ARPANET conectó tres computadoras en California con una en Utah. Esto se desarrolló y se expandió rápidamente por toda la nación. Gracias al éxito obtenido, todas las universidades se quisieron unir. Por su gran demanda fue difícil su administración y se dividió en dos: MSLNET que cubría todos los lugares militares; y ARPANET que cubría los demás. No obstante, ambos se unían a través de un esquema técnico conocido como «Internet Protocol» (I.P.). El I.P. se expandió muchísimo teniendo un gran éxito.

Mientras tanto, las computadoras en las universidades crecieron, dando servicios a cientos de usuarios simultáneamente a un gran número de estaciones de trabajo para los usuarios. La Universidad de Berkeley, California, junto con AT&T desarrollaron una máquina conocida como UNIX. En Berkeley, como había tantos usuarios y fanáticos se estableció una red. Posteriormente, los fabricantes de las estaciones de redes comenzaron a unirse a esta red. Esto logró que cientos de máquinas computadoras se unieran a la ARPANET.

Por otro lado, el «National Science Foundation» (N.S.F.) estableció cinco centros de super computadoras para permitir que todos los usuarios de la nación se unieran a través de centros regionales a los supercentros de ARPANET. Estos centros no tuvieron éxito dado el alto costo de mantenimiento y problemas en las máquinas. En 1990, la mayor parte de los negocios dejaron a ARPANET y se transfirieron a N.S.F.NET (National Science Foundation Net). Posteriormente, en 1994, antes de quedar obsoletos los cinco centros establecidos, varias redes gigantes comerciales como I.B.M., Sprint y P.S.I. (Performance System International) se unieron a N.S.F.NET comercializando la línea que anteriormente sólo servía a interesados en utilizar la red con fines educativos o para realizar investigaciones. Las grandes compañías comerciales se conectaron a los centros regionales proveyendo acceso directo a los clientes, utilizando el esquema técnico I.P. A través de los años el I.P. se ha extendido por todo el mundo mediante proveedores nacionales y regionales.

Puerto Rico no es la excepción. Hace años muchos puertorriqueños están conectados a la Internet que se ha convertido en el desarrollo más avanzado del siglo 20. Muchos gobiernos se han visto en la necesidad de reglamentar estos servicios que afectan la vida de todos, entrando ya en el siglo 21. Algunas de estas reglamentaciones giran en torno a las contribuciones, la privacidad, la protección de menores y la protección a los consumidores.

Como es de conocimiento general, el Internet es utilizado por un sinnúmero de compañías a través de todo el mundo para mercadear sus productos. Esto permite que las compañías locales promuevan un producto que no necesariamente cumpla con las descripciones provistas, creando una diferencia entre lo presentado y la realidad.

A fin de evitar esta mala práctica comercial, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico mediante la aprobación de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, le trazó jurisdicción al Departamento de Asuntos al Consumidor sobre este asunto. Hoy, entendemos necesario enmendar dicha legislación para reglamentar y prohibir, de igual manera, el uso de la red para promover los anuncios engañosos, falsos, o una falsa representación, sobre la marca, precio, cantidad, turismo, etc.

Esta Asamblea Legislativa estima que es necesario enmendar la Ley Núm. 62 de 29 de mayo de 1968 para incluir el Internet expresamente dentro del concepto de las telecomunicaciones para evitar el fraude.

De esta manera, al igual que en otros estados como California, New Jersey y Georgia, nuestra Isla se pone a la vanguardia en legislación del futuro. Siendo ésta necesaria para entrar al nuevo milenio que se acerca preparados para enfrentar la nueva era cibernética.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1º.-Se enmienda el primer párrafo de la Sección 1 de la Ley Núm. 62 de 29 de mayo de 1968, para que se lea como sigue:

«Sección 1.-

Será culpable de delito menos grave cualquier persona natural o jurídica, que intente defraudar o ser cómplice de otra persona para defraudar a cualquier persona natural o jurídica de cualquier cargo legal, en todo o en parte, por concepto de cualquier servicio de telecomunicaciones, incluyendo el Internet, o que evite o intente evitar o incite o asista a otra persona a evitar o tratar de evitar tales cargos por dicho servicio:

…»

Artículo 2º.-Se enmienda el Artículo 19 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, para que se lea como sigue:

«Artículo 19.-Actos prohibidos.-

Se prohíbe todo tipo o clase de acto, práctica, anuncio o publicidad a través de cualquier medio, incluyendo el Internet, que constituya o tienda a constituir fraude y/o engaño y/o falsa representación, sobre la marca, precio, cantidad, tamaño, calidad, garantía o salubridad de un producto, artículo o servicios.

Toda persona natural o jurídica que anuncie en un medio de comunicación escrito sus servicios en relación a su profesión, oficio o negocio deberá incluir el número de licencia o permiso concedido por el Estado para practicar la misma. El no cumplir con las disposiciones de esta Ley constituirá delito menos grave y, convicta que fuere la persona infractora, será penalizada con multa que no excederá de quinientos ($500) dólares.

Las entidades con diez (10) o más profesionales licenciados podrán cumplir con lo requerido en el párrafo anterior al incluir en su anuncio de bienes y servicios un solo número de licencia y el nombre del poseedor de la misma, que será el de aquel que administre o dirija la entidad.»

Artículo 3º.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

CHAPTER ONE.- General Provisions

PART ONE.- Purpose, Scope and Definitions

Purpose

Article 1.-

(1) The objectives of this Law are to create effective competition, to ensure the protection of consumer rights, to promote the deployment of services throughout the country, to ensure efficient and effective use of the resources, to promote the new investments and technological developments in communications infrastructure, network and services through regulations and inspections in electronic communications sector and to determine relevant principles and procedures thereto.

Scope

Article 2.-

(1) Alongside the provision of electronic communications services and the construction and operation of the infrastructure and the associated network systems thereof; manufacture, import, sale, construction and operation of all kinds of electronic communications equipments and systems, planning and assignment of scarce resources including frequency and the regulation, authorization, supervision and reconciliation activities relating to such issues are also subject to this Law.

(2) This Law shall apply without prejudice to the provisions of Certain Laws regarding national security and public order and the provision of electronic communications services in case of extraordinary situations such as martial law, mobilization, war and natural disasters as well as the provisions of «Law On How Transportation and Communication Services Are To Be Carried Out In Extraordinary Situations» nº 697 dated 16/7/1965; «Law On The Organization And Duties Of The Ministry Of Transport» nº 3348 dated 9/4/1987, «Law On Provision of Universal Services and Amendments to Certain Laws» nº 5369 dated 16/6/2005, «Law on Amendments to Certain Laws» nº 5397 dated 3/7/2005 and «Law on the Regulation of Publications on Internet and Suppression of Crimes Committed by means of Such Publications» nº 5651 dated 4/5/2007.　

(3) Provisions of this Law, except for Article 36 and Article 39, shall not apply to electronic communications equipments, systems and networks of Turkish Armed Forces, General Command of Gendarmerie and Coast Guard Commands as well as electronic communications equipments, systems and networks of Ministry of Foreign Affairs, Telecommunication Communication Presidency, Undersecretariat of National Intelligence Agency and the General Directorate of Security limited with issues relating to their purview set out in establishment laws and on the equipments, systems and networks which were installed or to be installed by the operators and whose fees have been paid by the above mentioned institutions.

Definitions and Abbreviations

Article 3.-

(1) Certain terms used in this Law shall have the following meaning:

a) Subscriber means any natural person or legal entity who or which is party to a contract with a provider of electronic communications services for the supply of such services

b) Subscriber Contract means any contract signed between the electronic communications service provider and the subscriber upon which the service provider, in return for a charge, undertakes to serve or provide any goods to the subscriber or both, permanently or for a period of time,

c) Subscriber’s identity and communication data mean, any specific information assigned to the subscriber by the operator,

ç) Location portability means changing of location without changing of subscriber number,

d) Main electronic communications network means access and transmission systems network, by which the publicly available electronic communications services are provided, including switching equipments and transmission infrastructure which enable electronic communications between specific points

e) Interconnection means the physical and logical linking of electronic communications Networks used by the same or different operators in order to allow the users of one operator to communicate with users of the same or another operator, or to access services provided by another operator,

f) Interconnection obligator means any operator, who is subject to the obligation of providing interconnection,

g) Ministry means the Ministry of Transport,

ğ) Distributor means any real person or legal entity who or which take part in the sale and/or supply chain of the equipment and whose activities do not affect the properties of equipment,

h) Electronic communications mean the transmission, exchange and receiving of all kinds of signals, symbols, sounds, images and data which could be converted into electrical signals, by means of cable, radio, optic, electric, magnetic, electromagnetic, electrochemical, electromechanical and other types of transmission systems,

ı) Electronic communications infrastructure means all kinds of network components, relevant facilities and the supplementary elements including switching equipments, hardware and software, terminals and lines; over or by which the electronic communications is provided,

i) Electronic communications infrastructure operation means construction, causing others to construction, hiring or procuring of the electronic communication infrastructure related with the relevant network in such other ways, and providing that infrastructure for use of other operators and other requesting real or legal persons,

j) Electronic communications service means provision of wholly or partly the activities which fall under the scope of electronic communications definition,　

k) Electronic communications network means all kinds of transmission systems networks including switching equipments and lines, which constitute the connections between one or more points in order to ensure electronic communications in such points,

l) Electronic communications sector means the sector involved in the provision of electronic communications services and electronic communications network and the production, import, sales, maintenance and repair facilities of electronic communications equipments and systems,

m) Provision of electronic communications network means the construction, operation, submission for use and the control of the electronic communications network,

n) Electronic identity information means the identity allocated uniquely　for each electronic communications equipment,

o) Electromagnetic interference (Interference) means all kinds of broadcasting or electromagnetic impact which obstruct, interrupt or degrade the electronic communications operating in accordance with the provisions of relevant legislation,

ö) Access means provision of electronic communications network, infrastructure and/or associated services to the use of other operators under conditions laid down in this Law,

p) Access obligator means any operator, who is subject to the obligation of providing access,

r) Significant market power means the economic power which enables the operator, either individually or jointly with others, to behave to an appreciable extent independently of its competitors, customers and ultimately consumers in the electronic communications market,

s) Rights of way means the rights granted to operators for to pass under, above and over the public and private proprietary areas for constructing, removing, maintaining, repairing etc. of necessary for electronic communications network and infrastructure,　

ş) Rights of way supplier means the immovable owners and/or the right owner on the immovable provided that the immovable belonging to the public or under common usage of the public regarding the rights of way is included,

t) Service portability means changing of service type without changing of subscriber’s number,

u) Relevant market means the market which covers certain electronic communications services provided throughout or part of the country and the associated electronic communications services which are highly substitutable,

ü) Relevant facilities mean any facilities related to any electronic communications services and/or any electronic communications network which support and/or enable the provision of services by the relevant network and/or services,

v) Internet domain names mean the names which define the internet protocol number used for identifying the address of internet sites or the computer, on internet,

y) Internet domain name system means the system which finds the internet protocol number that has its equivalent in the addressing established by symbolic names that are easy to read and remember and that may be related to requested domain owners in general and which designates this number to the user,

z) Operator means any legal entity, which has the right to provide electronic communications services and/or to provide electronic communications network and to operate the infrastructure within the framework of authorization,

aa) Operator number portability means changing of operator without changing subscriber’s number,

bb) Conditional access system means any technical measure and/or regulation enabling conditional access to radio or television broadcasting system through subscription or other forms of authorization granted beforehand,

cc) User means any natural person or legal entity that uses electronic communications services disregarding whether he is a subscriber or not,

çç) Right of use means the right granted for the use of scarce resources such as frequency, number, satellite position,

dd) Board means Information and Communication Technologies Board,

ee) Authority means Information and Communication Technologies Authority,

ff) CEIR means central equipment identity register data base system,

gg) EIR means equipment identity register data base,

ğğ) Number means a string or combination of letters or/and digits or symbols that defines the network termination point and routes the voice, data and images to the respective point that includes the information which may refer to subscriber, application, operator, telecommunication network and/or telecommunication service where relevant,

hh) Number portability means a facility that enables the subscriber to change its operator, geographical position and/or service type without changing subscriber’s number,

ıı) Notified Body means public corporations and institutions and real persons or legal entities which are assigned by the Authority with a view to carry out conformity assessment activities and which are authorized in accordance with the principles specified in Law nº 4703 dated 29/6/2001 on the Preparation and Implementation of Technical Legislation regarding the Products and with the relevant technical regulations,

ii) Radio and television broadcasting means transmission of image and/or voice services via a terrestrial antenna, electronic communications network or satellite in coded or not coded form, aimed for reception by the public except from individual communication,

jj) End user means any natural person or legal entity that does not provide public communication networks and/or public communications service,

kk) Spectrum means the frequency range of electromagnetic waves which are utilized for electronic communications and whose frequency varies between 9 kHz-3000 GHz and in case of international regulations which also includes frequencies over 3000 GHz,

ll) Standard means　any voluntary regulation which is accepted by consensus and ratified by an authorized body; aims to provide an optimum order under the existing conditions; lays down, for common and repeated use, the characteristics, processing and production methods of a product, as well as one or more of the related terminology, symbols, packaging, marking, labeling and conformity assessment procedures aspects,

mm) Network termination point means the physical point at which a subscriber has access to electronic communications network. In the case of networks involving switching or routing, the network termination point is identified by means of a specific network address, which may be linked to a subscriber number or name.

nn) Tariff means the list containing itemized fees by which the operators charge users in return for the electronic communications services provided,

oo) Carrier means the operator which provides the all or part of the call origination, termination or transit services,

öö) Carrier pre-selection means the way of pre-selecting the carrier in a manner to enable the selection without dialing carrier selection code,

pp) Carrier selection means the way of selecting the carrier by dialing carrier selection code,

rr) Carrier selection code means the code assigned by the Authority to the carriers for the purpose of carrier selection,

ss) Radio means systems which do not have any physical linkage in between and which are utilized for transmitting and receiving or solely transmitting or receiving coded, not coded or cryptographic sounds and images via electromagnetic waves,

şş) Permission for installation and use of radio means the permission issued by the Authority for radio equipment and systems to be installed and used under the scope of this Law,

tt) Radio license means the license issued by the Authority for radio equipments and systems to be installed and used under the scope of this Law,

uu) Consumer means any natural person or legal entity who uses or demands electronic communications services for non-commercial or non-occupational purposes,

üü) National roaming means the roaming between systems which allows the provisions of any operator’s services via equipments of other operator’s subscribers or which allows the interconnection of any other system, provided that technical compatibility requirements of the operator’s services are guaranteed,

vv) National numbering plan means the numbering plan that defines the structures of the numbers which can be divided into parts for providing information on routing, addressing, pricing or service type,

yy) Harmonized European Standard means the standard published in the Official Journal of the European Communities,

zz) Harmonized National Standards mean Turkish standards which are adopted after being harmonized by Turkish Standards Institution in accordance with the Harmonized European Standards and whose lists have been published as communiqués by the Authority,

aaa) Manufacturer means any real person or legal entity who manufactures or reconditions the electronic communications equipment or who introduces itself as the manufacturer by affixing its name, trademark or distinctive mark on the equipment. In case of manufacturer is being abroad, it refers the representative and/or importer authorized by the manufacturer, and also the real person or legal entity who takes part in the sales and/or supply chain of the equipment and whose activities affect safety properties of equipment,

bbb) Local loop means the physical circuit in the fixed electronic communications network, connecting the network termination point, at the subscriber’s premises to the main distribution frame or equivalent facility,

ccc) Authorization means the registration of entities providing electronic communications services and/or electronic communications network in the eye of the Authority and pursuant to such registration, or granting of certain rights and obligations specific to electronic communications services to these entities.

Principles

Article 4.-

(1) Authorization for the installation and operation of any kind of electronic communications equipments, systems and networks; assignment of the necessary frequencies, numbers, satellite positions and associated resources and the arrangement thereof are under the State’s terms of reference. The following principles shall be considered by the relevant bodies whilst providing electronic communications services and the arrangements thereof;

a) Creation and protection of a free and efficient competitive environment.

b) Protection of consumer rights and interests.

c) Consideration of the objectives of development plans and Government programs as well as the strategies and policies set by the Ministry.

ç) Promotion of the practices which ensure that everyone can benefit from electronic communications networks and services at affordable prices.

d) Ensuring non-discrimination among subscribers, users and operators who are under the same conditions and ensuring that services are accessible to users in similar situation under the same terms, unless based on objective grounds or except for the aim of providing facilitation, with defined limits and under certain scope, special to the people in need of in the society .

e) Unless based on objective grounds or the contrary is specified by this Law, promotion of qualitative and quantitative sustainability, regularity, reliability, productivity, clarity, transparency and the efficient use of　resources.

f) Ensuring the conformity of electronic communications systems to international norms.

g) Promotion of research and development activities and investments and implementation of technological innovations.

ğ) Promotion of the improvement of quality of service

h) Giving priority to the requirements of national security, public order and the emergency situations.

ı) Except for the situations clearly expressed in this Law, in relevant legislation and in the authorizations; ensuring free determination of the prices by the operators for the electronic communications services which covers access charges including interconnection and line and circuit rental fees.

i) Taking the minimum international norms into consideration with regard to protection of human health, life and property, environment and the consumer at installation, usage and operation of electronic communications equipments and systems.

j) Ensuring objectiveness in providing electronic communications services and in related arrangements.

k) Including the use of technological innovations, taking into consideration the specific needs of disabled, elder and people in need of social protection.

l) Protection of information safety and confidentiality of communication.

PART TWO.- Competent Bodies in Electronic Communications Sector

Competencies of the Ministry

Article 5.-

(1) The Ministry is competent for the following activities in the field of electronic communications:

a) Setting strategies and policies regarding electronic communications services which are based on scarce resources such as numbering, internet domain names, satellite position and frequency allotment.

b) Determination of objectives, principles and policies towards the aim of encouraging the development of electronic communications sector in free competitive market and supporting the transformation into an information society, therefore taking promotional measures to this end.

c) Determination of policies towards construction and development of electronic communications infrastructure, network and services in accordance with the technical, economic and social needs and in harmony with the national security objectives and the public interests, and towards ensuring their operation in a complimentary manner.

ç) Contributing to the creation of policies regarding the development of electronic communications equipments industry and to the determination of policies towards taking measures which encourage domestic production of the electronic communications equipments.

d) Without prejudice to the provisions of Law nº 1173 dated 5/5/1969 on the Coordination and Maintenance of International Relations, representing the State or giving authorization to represent the State in the international associations and organizations regarding electronic communications of which our Country is a member and ensuring coordination regarding the participation to activities and the implementation of the decisions.

e) Conducting and having third parties to conduct necessary researches with a view to determine and implement electronic communications policies.

f) Taking necessary measures and performing coordination to ensure the continuity of electronic communications in the case of natural disasters and extraordinary situations. Against the risk of interruption of communications, constructing or having third　parties to construct alternative communication infrastructure beforehand for continuity of communication and connecting to such system, when required.　

g) Planning electronic communications services in the case of extraordinary situations and at war in accordance with Law nº 697 dated 16/7/1965 and performing necessary actions or having third parties to perform.

ğ) Encouraging domestic design and production of electronic communications systems, promoting research, development and training activities relating to the sector by technical and financial means and determination of the amount of the source to be allocated by the Authority which shall not exceed 20% of the Authority’s income and having such source to be used by making necessary arrangements.

Competencies of the Authority

Article 6.-

(1) The Authority shall be competent to:

a) In the electronic communications sector; to make regulations to create and protect competition and to eliminate the practices which are obstructive, disruptive or limitative for competition, to this end to impose obligations on operators with significant market power in the relevant markets and on other operators when required, and to take measures stipulated by the legislation.

b) To inspect the breaches of competition in electronic communications sector which are against this Law and against regulations based on of this Law, to impose sanctions and to take the opinion of Competition Authority on the issues regarding the breach of competition in electronic communications sector, if specified by the legislation.

c) To make necessary arrangements and supervisions pertaining to the rights of subscribers, users, consumers and end users as well as processing of personal data and protection of privacy.

ç) To make the Board decisions those concern the operators and consumers publicly available with its rationale and processes.

d) In accordance with this Law, to conduct the dispute resolution procedure between the operators when necessary, and to take necessary measures that are binding until otherwise decided by the related parties in case of no settlement.

e) To follow the developments in electronic communications sector, to conduct researches or to have third　parties to conduct research in order to promote the development of sector and to cooperate with the related organizations and institutions in this regard.

f) To plan and to allocate the frequencies, satellite position and numbering necessary for the provision of electronic communications services and installation and operation of electronic communications network and infrastructures, by taking into consideration the Clause (a) of Article 5 of this Law.

g) To perform necessary regulations and inspections including authorization, tariffs, access, right of way, numbering, spectrum management, licensing for the installation and use of radio equipments and systems, monitoring and inspection of the spectrum, market surveillance; by taking into consideration the strategies and the policies of the Ministry regarding electronic communications.

ğ) To supervise if the radio systems are installed and operated in accordance with the specified techniques and procedures, to detect electromagnetic interference and to eliminate them.

h) To determine the scope of commercial secrets and the information of the operators which may be made publicly available, to protect the privacy of commercial secrets, the investment and business plans of the operators and to keep such secrets and plans unless requested by the judicial authorities.

ı) To request any kind of information and documents from the operators, public authorities and institutions, natural persons and legal entities which deemed necessary pertaining to electronic communications and to keep necessary records, to present those needed by the Ministry upon request in determination of the strategies and policies towards electronic communications sector.

i) As per clause (ğ) of first paragraph of Article 5 of this Law, within the frame of the regulations set by the Ministry; to transfer a source which shall not exceed 20% of its income taking into consideration current revenues of the Authority to the Ministry for research, development and training activities pertaining to electronic communications sector. Such source transfer shall be free from any kind of tax, charge, duty and other financial obligations including value added tax and stamp tax.

j) To determine general criteria and implementation procedures and principles regarding tariffs to be imposed on the users and other operators within the scope of access, contract terms, technical matters and other issues related to its areas of office; to approve the tariffs and to make regulations regarding the supervision of tariffs.

k) To approve the reference access offers submitted by the operators.

l) To determine provisions and conditions for authorizations regarding electronic communications services, network and/or infrastructure, to supervise their implementation and conformity to the authorization, to perform necessary actions thereof and to take measures as deemed necessary by the legislation.

m) To conduct frequency planning, assignment and registration procedures taking into consideration their transmitter power and broadcasting duration through cooperation with the international organizations, without prejudice to the provisions set out in the relevant laws pertaining to radio and television broadcasting.

n) To ensure the publication and the implementation of the harmonized national standards for all kinds of systems and equipments used in electronic communications sector and to make technical regulations, perform and/or to have third　parties to perform market surveillance of them, and to establish and operate a laboratory for this purpose and to determine the charges for training and consultancy services to be carried out in such laboratory.

o) To coordinate the authorization of institutions that will perform the installation, measurement, maintenance and repair activities in electronic communications sector, together with the relevant bodies.

ö) To conduct market analyses regarding electronic communications sector, to determine the relevant market and the operator/s that have significant market power in this relevant market.

p) To participate in the works of international associations and organizations regarding electronic communications to follow the implementation of decisions and to ensure the necessary coordination.

r) As prescribed in Article 46 of this Law, to determine all kinds of procedures and principles regarding fees including cancellation of any debt; to ratify the annual budget, income and expense settlements and the annual work plan of the Authority, to make transfers between accounts in the budget if needed or to transfer the revenue surplus to the general budget within the frame of the legislation.

s) To inspect and/or to have third　parties to inspect the conformity of operators to the legislation, who perform activities in electronic communications sector; to set the relevant procedures and principles, in case of inconsistencies to perform the actions suggested by the legislation and to impose sanctions.

ş) To take measures specified by the legislation with a view to ensure that the national security, public order or public service are duly maintained in electronic communications sector.

t) To make regulations prescribed by the legislation and to determine the procedures and principles concerning access including interconnection and national roaming, to take measures suggested by the legislation so as to ensure that the agreements signed for the purpose of providing electronic communications will not contain provisions which constrain the competition, which are against the legislation and/or consumer interests.

u) Under the provisions of the relevant law; to set, to inspect and to have third　parties inspect the quality and standards of service for all kinds of electronic communications including the quality of service and standards of universal services when required and to determine the procedures and principles pertaining thereto.

ü) In electronic communications sector, to determine the principles regarding the independent inspection activity and to determine the establishment requirements, working principles and the quality of the personnel of independent inspection bodies.

v) To enact by-law, communiqué and other secondary regulations pertaining to the authorizations granted by this Law.

Provision of competition

Article 7.-

(1) Without prejudice to the provisions of Law nº 4054 dated 7/12/1994 on Maintenance and Promotion of Competition, the Authority is entitled to perform examination and investigation of any action conducted against competition in electronic communications sector, on its own initiative or upon complaint; to take measures it deems necessary for the establishment of competition and to request information and documents within the scope of its tasks.

(2) The Competition Board while performing examinations and supervisions and while making any decisions on electronic communications sector, including decisions about merges and takeovers, takes into consideration primarily the Authority’s view and the regulatory procedures of the Authority.

(3)The Authority may identify the operators with significant market power in the relevant markets as a result of conducting market analyses. The Authority may also impose obligations on operators with significant market power with the aim of ensuring and promoting an effective competition environment. Differentiating may be performed among the operators with significant market power in the same and/or different markets, in terms of the obligations in question.

CHAPTER TWO.- General Regulations

PART ONE.- Authorization

Authorization of electronic communications services

Article 8 .-

(1) Electronic communications services could be provided and/or electronic communications network or infrastructure could be constructed and operated by taking into consideration the strategies and policies of the Ministry, upon receiving authorization from the Authority.

(2) It is fundamental that the electronic communications service and/or network or infrastructure is provided primarily by the operators which are authorized by the Authority. Nevertheless, electronic communications service and/or network or infrastructure shall not be subject to authorization, which is;

a) Within any natural person’s or legal entity’s property under his/its own use, which do not exceed any property’s borders, which is used upon exclusively individual or organizational needs, which is not used for providing any electronic communications services to third parties, which is provided without any commercial intention and which is not publicly available,

b) Constructed pertaining solely to the services of public corporations and institutions in accordance with the specific laws thereof.

(3) The Authority is entitled to inspect the conformity of such networks and infrastructures to the principles of this Article and the conformity of equipments to the standards; to ensure the removal of those which do no comply therewith and to regulate the procedures and principles regarding the implementation of this Article.

(4) The provisions of Law regarding radio and television broadcasting are legally guaranteed.

Authorization Procedure

Article 9.–

(1) Authorization is issued on the base of notification or rights of use.

(2) Companies who are willing to provide electronic communications services and/or to construct and operate electronic communications networks or infrastructures shall notify the Authority of their intention prior to the commencement of their activities, within the frame of the Authority regulations.

(3) When companies who have notified the Authority do not need the assignment of resources such as number, frequency and satellite position for electronic communications services and/or electronic communications network or infrastructure which they plan to provide and/or to operate; they shall be authorized pursuant to the notification to the Authority. In case they need assignment of resources they shall be authorized upon receiving the right of use from the Authority.

(4) The Authority is entitled to determine whether electronic communications services for which the right of use is requested, and the number of rights of use for mentioned services should be limited or not.

(5) The Authority issues right of use within 30 days upon due application for electronic communications services for which the number of rights of use does not need to be limited.

(6) The number of rights of use could only be limited when the resources need to be operated by a limited number of operators and for the aim of ensuring the efficient and effective use of resources. In case the quantity of right of use is limited:

a) The Ministry determines the criteria such as the authorization policy regarding electronic communications services which cover the assignment of satellite position and frequency band in national scale and which need be operated by a limited number of operators, starting date of the service, the duration of authorization and the number of operators to serve and the authorization is done by the Authority. Nevertheless, when deems necessary, the Ministry may open tenders directly on its own, for electronic communications services which cover the assignment of frequency bands in national scale and which need to be operated by a limited number of operators.

b) Necessary procedures pertaining to the performance of electronic communications services which are out of those mentioned in clause (a) and which need to be provided by a limited number of operators and/or to the construction and operation of electronic communications network and infrastructure shall be performed by the Authority.

(7) The Authority, with a view to ensure the efficient use of resources, shall take necessary measures after consulting the Ministry and determine the procedures and principles of the tender. The Authority and, under situations predicted in clause (a) of the above paragraph, the Ministry shall not be subjected to the State Tender Act nº 2886 dated 8/9/1983 and the Public Tender Act nº 4734 for tenders regarding right of use.

(8) The durations of right of use are determined in a manner not to exceed twenty five years. The duration of authorization as per this Article shall be determined taking into consideration the qualification of the service and network and the request of the applicant.

(9) The Authority shall be entitled to reject the applications for right of use due to the insufficiency of resources and the non-availability of the qualification requirements specified in tender stage, and on the grounds related to national security, public order, public health and similar public interests.

(10) When the operator’s activities are found as contrary to the legislation, such operator’s right of use shall be revoked in accordance with the procedures and principles determined by the Authority. In cases of revocation, necessary measures shall be taken with a view to protect the subscribers’ rights.

(11) The Authority, upon taking opinion of the Ministry shall be entitled to prevent the functioning of the companies in the field of electronic communications or prevent those providing electronic communications when it deems necessary due to factors related with the necessities of public security, public health and similar public interests.

(12) The facilities of those who construct and operate electronic communications facilities or who provide electronic communications services by breaching the provisions of the Law, shall be closed down and their activities shall be terminated by the civilian authority upon the request of the Authority.

(13) Procedures and principles regarding the notification and right of use shall be determined by regulations enacted by the Authority.

Trial Permission

Article 10 .–

(1) The Authority shall be entitled to issue provisional permission for trial or demonstration purposes to natural persons or legal entities who apply for providing electronic communications services or operating electronic communications network or infrastructure. Procedures and principles pertaining thereto shall be regulated by the Authority.

Authorization fee

Article 11 .–

(1) The authorization fee consists of administrative charges and fees for rights of use.

(2) The Authority, for the purpose of contributing to the expenses incurred due to its activities such as market analysis, preparation and enforcement of secondary regulations, supervision of the operators, technical monitoring and inspection of services, supervision of the market, international cooperation, harmonization and standardization, as well as any kind of administrative expenses; shall charge operators, on condition that such charge does not exceed five per thousand of the operator’s previous year’s net sales, taking into account the international obligations. Procedures and principles pertaining thereto shall be regulated by the Authority.

(3) In case the operators do not pay for due administrative charges in a period of time prescribed within the frame of established procedures and principles, a fine equivalent to the amount of default interest which is calculated according to the basis as per Article 51 of Law nº 6183 dated 21/7/1953 on The Collection of Public Receivables shall be imposed. Administrative charges which are not paid by the operators in due time shall be collected by the relevant tax office as per provisions of Law nº 6183 upon notice of the Authority and they shall be registered as revenue for the Authority. The Authority shall publish annual report which shows the administrative cost and the amount of collected administrative charges.　

(4) Fees for rights of use shall be collected in return for issuance of right of use for the resources and for the assurance that the resources in question are efficiently used.

(5) Minimum values of the fees for rights of use shall be determined by the Board of Ministers upon the proposal of the Authority and the resolution of the Ministry.

(6) Without prejudice to the provisions of Law nº 5369, fees for rights of use shall be deposited to the relevant accounting department so as to be registered as revenue for the Treasury. Fees for rights of use which are not paid in due time shall, upon notice of the Authority and as per provisions of Law nº 6183, be collected by the relevant tax office.

Rights and obligations of the operators

Article 12 .–

(1) The operator shall be entitled to provide the electronic communications services under the scope of his authorization in accordance with the Authority regulations and the requirements specified in his authorization.

(2) The Authority, considering the factors such as requirements of the sector, international regulations, and technological developments, shall be entitled to impose legislation oriented obligations on the operators, among which the following have utmost importance:

a) Administrative charges.

b) Interoperability of the services and interconnection of the networks.

c) To ensure accessibility of numbers from the National Numbering Plan to end users.

ç) Co-location and facility sharing.

d) To protect personal data and privacy.

e) Protection of the consumer rights.

f) To submit information and documents to the Authority.

g) To provide technical facilities for the lawful interception and intervention by the national bodies that are authorized by laws.

ğ) To take necessary measures for maintaining uninterrupted communication under major disaster situations.

h) To take necessary measures within the scope of this Law for the prevention of exposure of the general public to electromagnetic fields which radiate from electronic communications networks and which endanger public health.

ı) Access obligations.

i) To maintain the integrity of electronic communications networks.

j) To ensure the security of network against unauthorized access.

k) The measures designed to ensure compliance to the standards and specifications, including the quality of service.

l) To perform services requested by the Authority as per the relevant legislation.

(3) In addition to the above obligations, under circumstances which enable the issuance of right of use, considering the factors such as requirements of the sector, international regulations, and technological developments; legislation oriented obligations may be imposed, among which the following have utmost importance:

a) Type of technology, network or service for which the right of use for frequency has been issued and the scope of service for which the right of use for number has been issued.

b) Efficient and effective use of frequencies and numbers.

c) Prevention of electromagnetic intervention.

ç) Number portability.

d) Directory services.

e) Duration of authorization.

f) Transfer of rights and obligations.

g) Fees for rights of use.

ğ) Commitments undertaken during tender process.

h) To obey to obligations as per international agreements regarding the use of frequency and number.

(4) Procedures and principles pertaining to the rights and obligations of the operators shall be regulated by the Authority.

(5) The operators are obliged to construct the technical infrastructure before providing electronic communications services towards meeting demands regarding national security and the regulations of Laws nº 5397 and 5651 and of other relevant Laws. As for operators which have already been providing electronic communications services, they are obliged to construct technical infrastructure with the same conditions within a period of time prescribed by the Authority, on condition of undertaking all kinds of expenses.

PART TWO.- Tariffs

Regulation of Tariffs

Article 13 .–

(1) Tariff may be determined as one or more of; subscription fee, fixed charge, call charge, line rental, and similar various price items.

(2) Tariffs to be imposed in return for providing any kind of electronic communications services shall be subject to the following provisions:

a) Operators shall freely determine the tariffs under their possession, provided that they comply with the regulations of the Authority and the relevant legislation.

b) In case that an operator is designated as having significant market power in the relevant market, the Authority shall be entitled to determine the procedures regarding the approval, monitoring and supervision of tariffs as well as the upper and lower limits of the tariffs and the procedures and principles for implementation.

c) In case that the operator is designated as having significant market power in the relevant market, the Authority shall be entitled to make necessary arrangements to prevent anti-competitive tariffs such as price squeezing and predatory pricing and supervise the implementation.

(3) Procedures and principles pertaining to the implementation of this Article, submission of tariffs to the Authority and publication and announcement of them to public shall be determined by the Authority.

Principles regarding the regulation of tariffs

Article 14 .–

(1) The Authority shall consider the following principles whilst making regulations on tariffs to be imposed in return for providing all kinds of electronic communications services:

a) The practices which enable the users to benefit from electronic communications services in return for a reasonable charge shall be promoted.

b) Tariffs shall be fair, transparent without making unjustified discrimination among users in equivalent conditions, without prejudice to the circumstances of providing easiness with a definite scope and limits exclusive to those stated in clause (c) of first paragraph of Article 3 of Law nº 5369 who are in need and cannot afford.

c) Tariffs shall reflect the costs of relevant electronic communications services to the possible extent.

ç) The cost of a service shall not be supported or covered by the price of any other service.

d) The tariffs shall not be determined in a manner not to cause to hinder, damage or limit competition.

e) The international practices shall be taken into consideration to the appropriate extent.

f) Tariffs shall promote technological developments and investments which enable the use of new technologies with reasonable prices.

g) Consumer interests shall be protected.

ğ) It shall be ensured that the consumers be well informed regarding the tariff issues.

h) The Authority shall also take into account the prices of electronic communications services which are basic inputs that the competitors will request from the operator with significant market power whilst providing electronic communications services to their own users.

PART THREE.- Access and Interconnection

Scope of Access

Article 15 .–

(1) The following issues are under the scope of access in electronic communications services:

a) Any method of access to the components of electronic communications network, including unbundled access to the local loop and bit stream access.

b) Access to physical infrastructure including buildings, ducts and poles considering the available access options.

c) Access to relevant software systems including operation support systems.

ç) Access to systems providing number transformation or equivalent functionality.

d) Access to virtual network services taking into account the status of the competition.

e) Interconnection between two electronic communications networks.

f) Access to fixed and mobile networks including national roaming.

g) Access to conditional access systems.

ğ) Provision services on a wholesale basis for the purpose of resale.

(h) Other access methods to be laid down in Authority’s regulations.

Obligation of Access

Article 16 .–

(1) Those that will be subject to the obligation to provide access and the scope of the obligation shall be determined by the Authority. When an operator does not allow other operators to have access within the scope defined in Article 15 of this Law or it sets forth unreasonable durations　and conditions for access in a manner to result in not allowing access, and　the Authority decides that such behaviour of the operator will prevent the formation of a competitive environment and the situation to arise will be against the interests of end users; the Authority shall be entitled to impose obligation on the operator to accept the access requests of other operators.

(2) In accordance with this Law, all operators are obliged to negotiate on interconnection with each other upon request. In case that the parties cannot reach an agreement, the Authority may impose on operators the obligation to provide interconnection.

(3) In circumstances where it considers necessary in terms of public benefit, the Authority, may limit the access and interconnection obligations by enacting regulations, considering the principles specified under Article 4 of this Law.

(4) The Authority shall make necessary regulations for the establishment and implementation of all access contracts in alignment with the objectives and the scope of this Law, with protection of competition and consumer rights, integrity and interoperability of networks and the mutual operability of services.

(5) The Authority may impose obligations on operators which are notified for providing access; such as equality, nondiscrimination, transparency, clarity, to be based on cost and reasonable profit and to provide access services with fair conditions and with the same quality which they provide for their subsidiaries or partners or partnerships in order to have reasonable access demands of other operators met within the frame of provisions of this Law.

(6) Procedures and principles pertaining to the implementation of this Article shall be determined by the Authority.

Facility sharing and collocation

Article 17 .–

(1) In circumstances where an operator can construct its facilities on or under public domain or third　parties’ properties or where he is authorized to use such properties or granted the right to expropriation; the Authority, giving due weight to the necessities to the protection of environment, public health and safety, urban and regional planning and the efficient use of resources and considering the factors on competition, may impose obligations on the relevant operator to share his facilities and/or properties with the other operators in return for a reasonable charge.

(2) The Authority may impose obligations on operators to provide any kind of collocation including physical collocation for the equipments of other operators within their own facilities in return for a cost-based charge. In the case that the operators do not determine their collocation tariffs on cost basis although stipulated by the Authority, it shall be entitled to determine collocation tariffs taking into account the costs, international applications and/or current market values to the appropriate extent.

(3) Procedures and principles pertaining to facility sharing and collocation including the construction of shared antenna systems and facilities shall be regulated by the Authority with a view to ensure broadcasting of all kinds of broadcasts including radio and television broadcasts from specified emission points. When required, necessary works and operations regarding shared antenna systems and facilities including the execution of exemption from charges listed in the tariff table attached to this Law, shall be executed by the Authority for the purpose of promoting implementation. Provisions regarding the construction of electronic communications infrastructure shall also be valid for shared antenna systems and facilities. Within the frame of the Authority regulations; the municipalities, civilian authorities and other public institutions shall be obliged to make due contribution and represent any kind of assistance including the provision of properties regarding shared antenna systems and facilities.

Access agreement and settlement of disputes

Article 18.-

(1) Access contracts shall be signed between the sides by negotiating freely on the condition of not including any provision contrary to the relevant legislation and Authority regulations. In case that no contract is signed between the sides within maximum two months beginning from the demand of access or in case that any dispute under the scope of this Law occurs due to the current access contract then the Authority shall be entitled to initiate dispute resolution procedure between parties upon the request of any party and within the principles it will determine, and/or take other measures which it considers necessary in terms of public interest including determination of the interim rates or reject the dispute resolution request.

(2) In case that the parties do not reach an agreement during the dispute resolution process, the Authority shall be entitled to determine the provisions, terms and charges of the access contract, which constitute the subjects of dispute, within two months except for the specified exceptional cases. The determined provisions, terms and charges shall be applied until otherwise decided by the operators within the frame of the legislation and Authority regulations.

(3) Access contracts shall be submitted to the Authority after signing. The Authority is entitled to request from the operators to make amendments in the contracts in case of violation of the relevant legislation and Authority regulations. The operators are obliged to fulfill the amendment request of the Authority.

(4) Access contracts are public, except for trade secrets.

(5) Procedures and principles pertaining to the implementation of this Article shall be determined by the Authority.

Reference access offer

Article 19. –

(1) The Authority may impose obligation on operators who are obliged by the Authority to provide access, to submit their reference access offers. Operators subject to the obligation of submitting reference access offers shall submit their offers for the approval of the Authority within three months beginning from the imposition date of the obligation.

(2) The Authority may request from the operators to make necessary amendments in their reference access offers, considering principles in Article 4 of this Law. Operators shall be obliged to make the amendments requested by the Authority in the prescribed manner and duration. In case that the operators do not make the amendments requested by the Authority in due time the Authority shall be entitled to make such amendments on its own initiative.

(3) The Authority shall approve offers which it considers eligible. The operators shall be obliged to publish their reference access offers which have been approved by the Authority and to provide access under conditions specified in their reference offers which have been approved by the Authority.

(4) Procedures and principles pertaining to the implementation of this Article shall be determined by the Authority.

Tariffs for access

Article 20 .–

 (1) The Authority may impose obligation on operators, who are subject to the obligation to provide access, to set their access tariffs on cost basis. Upon request of the Authority, the obliged operators must　prove that their tariffs are set on cost basis.　

(2) In case the Authority notices that the obliged operators have not set their tariffs as cost-oriented, the Authority shall be entitled to set their access tariffs as cost-oriented. Until it does so, the Authority shall be entitled to set the tariffs and/or to introduce price ceilings considering the implementations of other countries to the appropriate extent. It is obligatory to comply with the tariffs set by the Authority.

Accounting separation and cost accounting

Article 21 .–

(1) The Authority may impose accounting separation obligation on operators with significant market power in relevant market. Operators with accounting separation obligation shall be obliged to keep separate accounts for their fields of activities and business units within the scope of procedures and principles to be prescribed by the Authority regarding accounting separation and cost accounting.

(2) The Authority may audit the accounts of operators or have agencies to audit by granting authority for audit or impose obligation on operators to have their accounts audited by independent auditors. Agencies with audit authority or independent auditors shall be responsible for investigating and auditing within the frame of the provisions of this Law and the legislation regarding account separation and cost accounting. Authorized agencies and independent auditors shall be responsible for losses arising due to the misinformation and misleading information and convictions in their audit reports and losses which lead to the detriment of third　parties. Expenses relating to the audits within the scope of account separation and cost accounting shall be afforded by the operators.

(3) The Authority may impose on operators to publish documents and information which are prepared within the scope of accounting separation and cost accounting obligations. If it deems necessary, the Authority may publish such documents and information on its own initiative. The scope of the documents and information to be published shall be determined by the Authority.

(4) The provisions related to this Article shall be detailed by the Authority.

PART FOUR.- Rights of Way

Scope of the rights of way

Article 22 .–

(1) The rights of way covers installation of any kind of electronic communications infrastructure and their supportive equipments under, above or over, public and private proprietary areas and the use of such properties for the purpose of　installation,　altering, disassembling, controlling, maintaining, repairing and etc. with a view to provide electronic communications services, within the frame of this Law.

Acceptance of the rights of way demand

Article 23 .–

(1) The provisions of reasonable and justified grounds are reserved, demands for rights of way shall be accepted on condition of not giving any damage to the property and not hindering consistently the use of rights on such properties, if such demands do not consist of without any options and economically non-proportional costs and if they are technically applicable.

(2) Public corporations and institutions evaluate the references for the demand of rights of way by giving priority and without any delays and conclude such procedure within sixty days. They act transparent without differentiation between the operators at similar conditions.

Priority of facility sharing and co-location

Article 24 .–

(1) Facility sharing and co-location shall be given priority in instances where any electronic communications network, for which facility sharing and co-location obligation has been imposed by the Authority, already exists on any property subject to the right of way as per the frame of this Law and Authority regulations.

Freedom of agreement

Article 25 .–

(1) The provisions of Turkish Civilian Act nº 4721 are reserved, the operator and the rights of way of supplier shall be free to contract regarding the right of way, as long as the contract provisions are not contrary to the relevant legislation and Authority regulations. Operators, on demand of the Authority, shall be obliged to submit to the Authority agreement and annexes and amendments thereof as well as any kind of information, documents and communications.

Protection of environment

Article 26 .–

(1) It is fundamental that the trees and environmental assets which exist on the ways subject to the rights of way are protected while using the rights established as per the rights of way. The provisions of legislation regarding the protection of historical artifacts and cultural and natural heritages in implementing the rights of way are under legal guarantee. Applications for permissions regarding such issues shall be concluded within sixty days by the notified bodies.

Circumstances regarding other infrastructures

Article 27 .–

(1) Electronic communications network and their supportive equipments belong to operator shall be constructed in reasonable distance and manner so as not to give any damage to the sewage, water and gas canals, railways, electric facilities, other electronic communications network and suchlike infrastructure of the public service which already exist on the properties subject to the rights of way. Any operator who is obliged to construct new infrastructure and network shall act in coordination with the relevant public authorities. Under essential circumstances, the expenses resulting from the measures taken against the interruption of public services shall be covered by the party who retains the ownership of rights of way. All expenses originating from any kind of work pertaining to the rights of way shall be covered by the operator.

Obligations regarding the rights of way

Article 28 .–

(1) With a view to ensure the maintenance of activities in a safe and continuous manner the rights of way supplier shall allow the operator to take all necessary measures and to execute the works as long as the expenses are covered by the operator of rights of way.

(2) The rights of way supplier whilst exercising his rights shall be obliged to abstain from any kind of activity that will endanger or damage the electronic communications network and the activities of operator that he performs as per the rights of way.

(3) Operators who possess the rights of way shall be obliged to compensate the rights of way supplier’s damages which arises from implementing of rights of way are also other damages which occurred except from the implementing of rights of way within a month at the latest.

Rights of way agreement in case of transfer of authorization

Article 29 .–

(1) In case of the transfer of authorization, with a view to prevent the interruption of public services the agreement of rights of way shall be valid under same terms and conditions between the rights of way supplier and the new operator, unless otherwise decided by the rights of way supplier.

Expropriation

Article 30 .–

(1) When the activities laid down in this Law necessitated, expropriation shall be established as per principles of Expropriation Act nº 2942 dated 4/11/1983, regarding real estates under the private domain. The Ministry’s relevant decision for the necessity of expropriation shall stand for a public benefit decision and without the need for any other approval; the subsequent procedures shall be executed by the Ministry as per provisions of Expropriation Act. The possession of the expropriated properties shall pass to the Treasury and right of easement shall be established free of charge on such properties, on condition that such right of easement is limited with the authorization duration granted to the operator by the Ministry of Finance. In case of cessation or termination of the authorization, the right of easement granted in favor of the operator shall be abated by the real estate registration office upon request of the relevant revenue office or fiscal directorate and the properties subject to right of easement shall be transferred to the Treasury, without the need for any other procedure. Expropriation charges that were previously paid by the operator shall not be refunded.

(2) When the operator needs as regards for the activities provided for in this Law, he shall apply to the Authority for the establishment of right of easement or right to use of or to hire any property which is under the exclusive possession of Treasury or under State’s possession and discretion. If such reference approved by the Authority, the Ministry signs right of easement, rights to use or lease agreement with the operator in return for the cost, as per its relevant legislation on condition that the agreement is limited with duration of the authorization. Such contracts entail a provision which stipulates that the validity of the contract is limited with the duration of authorization. The operator shall be obliged to pay for the right of easement, rights to use or hiring charges.

PART FIVE.- Numbering and Internet Domain Names

National numbering plan

Article 31 .–

(1) The Authority prepares the national numbering plan and make the administration and management of national numbering resources in accordance with the plan considering the policies of the Ministry. Rules and procedures for management and administration of numbering resources, its efficient and effective use and revocation of numbering resources and other similar issues shall be determined by the regulation of the Authority. The Authority makes necessary planning in a manner that to find sufficient numbering resources for electronic communications services and/or network or infrastructure and it ensures the management of such resources in line with the fair, transparent and non-discriminatory principles.

(2) The Authority can make changes in national numbering plan in accordance with the regulation enabling the efficient and effective use of numbering resources or within the frame of new planning to be set forth by the relevant international organizations taking into account also the opinions of the operators. For the implementation of such changes, operators shall be given enough periods in accordance with international norms. Operators shall implement such changes and take necessary measures.

(3) The Authority may lay down conditions for the use and allocation of numbers, make changes or revoke allocated numbers due to the requirements of public order and national security the need for number capacity, regulations of international organizations of which the Authority is a member, and the international agreements to which the Authority is a side or in the case where the number is not used in accordance with the Authority regulations. The Authority shall not be liable for any obligation arising from the regulations on this issue.

(4) Users of public telephony services including public pay phone service users, have right to access free of charge to the relevant administration authorized to answer the emergency call by dialing 112 and other emergency call numbers determined by the Authority. Within the principles determined by the Authority, operators are obliged to ensure the access of users to 112 and other emergency call numbers free of charge in line with the quality and scope of the services they provide and to inform the relevant authority about the location of users who requested emergency aid.

Number portability

Article 32 .–

(1) Operators shall be obliged to provide number portability in accordance with the regulations of the Authority. The Authority determines principles and procedures regarding the implementation of this obligation considering also the opinions of the operators. Operators shall make and implement necessary arrangements in their networks in accordance with the regulations of the Authority. Operators shall not have the right to demand any expenditure item which arises as a consequence of the arrangements they made in their networks within the scope of the operator number portability.

(2) Operators shall bear the system set up cost derived from the modifications to be made in their current systems or installation of systems in order to route the calls to the ported numbers or to provide number portability service. Reference database and similar systems shall be established and/or operated by the Authority or willing operators within the frame of regulations of the Authority. Such systems may be established and/or operated either by operators which are obliged to enable operator number portability or by third　parties within the principles and procedures regulated by the Authority. The principles of cost sharing regarding such systems may be regulated by the Authority.

(3) The Authority shall take all necessary measures, to ensure the protection of the user and the users to enjoy the most benefit from the said services under best conditions within the scope of number portability.

(4) Provisions of Article 20 of this Law shall be applicable for charges that any operator imposes on other operators within the scope of operator number portability.

(5) Fees to be reflected to the subscriber directly within the context of number portability shall not impede the subscribers to take such services.

(6) The Authority may impose an obligation on operators to enable location portability or service portability. Procedures and principles regarding this obligation shall be regulated by the Authority by receiving the opinions of the operators.

Carrier selection and pre-selection

Article 33 .–

(1) The Authority may impose obligation on operators to perform carrier selection and pre-selection. Operators with significant market power in the relevant market may be obliged to perform carrier selection and pre-selection in their networks, within the frame of Authority regulations. The Authority regulates the principles and procedures of such obligation. The operators within the scope of carrier selection and pre-selection are obliged to make and implement necessary changes in their networks in accordance with the Authority regulations. Operators are not entitled to demand right for any expense item which arises as a consequence of the arrangements they made in their networks within the scope of carrier selection and pre-selection.

(2) Provisions of Article 20 of this Law shall be applicable for charges that any operator imposes on other operators within the scope of carrier selection and pre-selection.

(3) Charges to be reflected directly to the subscribers for carrier selection and pre-selection shall not be in the quality of preventing them to benefit from this service.

(4) A billing contract may be signed with a view to prevent double billing of the subscriber, between the operators which provide fixed or mobile telephone services that have the billing information of the subscribers and the other operators which provide service to the subscribers on such networks, and such contract shall not bring any additional cost to the consumer. The Authority is authorized for the determination of principles and procedures thereof.

Non-seizability and the continuity of communications services

Article 34 .–

(1) Regarding electronic communications services, usage of frequency, number and line allocated to users and beneficial interests and rights of use such as internet domain names, and the authorization of operators shall in no way be seized.

(2) Communications oriented to general security and public order whose scope has been determined by the Authority shall not be interrupted whatever the reason is.

(3) Unless relevant resolution is enacted by the Authority, Ministry or other notified bodies on electronic communications infrastructure, as per court decision or the relevant legislation, no intervention shall take place which results in the disruption of electronic communications.

Internet domain names

Article 35 .–

(1) Designation of the organization or institution that will allocate internet domain names and procedures and principles regarding the management of domain name shall be determined by the Ministry

CHAPTER THREE.- Spectrum Management

Planning, assignment and registration of frequency

Article 36 .–

(1) Provided that the provisions of the relevant law regarding radio and television broadcasts are reserved:

a) National frequency planning, assignments of frequencies, international frequency coordination and registration procedures are carried out by the Authority, taking into account the international frequency planning and the decisions of international organizations so as to ensure the efficient and effective use of frequency bands and to prevent radio broadcasts from constituting electromagnetic interference on each other.

b) Those who are willing to install and operate radio equipments or systems must have their frequency assignment and registration procedures approved by the Authority. Yet, assignment and registration procedures shall not be carried out for frequencies which will be used in radio equipments or systems that operate without the need for any authorization or radio license as per Article 37 of this Law.

(2) Turkish Armed Forces, Undersecretariat of the National Intelligence Organization , Ministry of Foreign Affairs, Gendarmerie General Command, Coast Guard Command and Security General Directorate shall be given priority in frequency assignment as well as the needs thereof.

(3) Turkish Armed Forces and Radio and Television Supreme Board make and implement frequency planning in frequency bands allocated thereto, within the framework of national frequency plan.

(4) The Authority ensures coordination with the Ministry and with the relevant authorities regarding the assigned frequencies and bands, within the scope of new plans towards technological developments and the decisions of international organizations of which Turkey is a member. The Authority can make any kind of amendments including cancellation, in a manner not to result in infirmity as regards State security and intelligence. The Authority shall not bear any responsibility for the regulations made regarding such amendments.

Principles concerning permission for the installation and use of radio and radio license

Article 37 .–

(1) Provided that the provisions of relevant law regarding radio and television broadcasts are reserved, users of radio equipments or systems that need assignment of frequency in order to operate as per Authority regulations, are obliged to obtain radio license and permission for the installation and use of radio. Users within this scope must have installed and used their radio equipments or systems in accordance with the Authority regulations and the radio license.

(2) Procedures and principles regarding the issuance of permission for the installation and use of radio; duration, renewal, alteration or cancellation of permission and radio licenses as well as the subjects which will govern the users in the installation, usage, transportation, alteration of operation types and transfer or demobilization of radio equipments or systems specified within this framework, shall be determined by a by-law which will be published by the Authority. Permissions for the installation and use of radio which are not subject to authorization are issued for five years at most. In case permissions and licenses are not renewed in due time, frequencies assigned for radio equipments or systems specified therein shall be revoked. Radio equipment users which are incorporated in the system of operators providing radio services, as long as authorized by the Authority, shall be exempted from the permission and licenses for the use of radio, within the framework of second paragraph of Article 46 of this Law.

(3) Radio equipments and systems that were specified in Authority regulations and approved by the Authority, which operate in frequency bands and output power allocated for specific needs and therefore do not need assignment of frequency for operation, can be used without the need for any permission or license for the installation and use of radio.　

(4) The Authority, considering standard values set by the national and international organizations, shall carry out independently or have any agency to carry out the determination, control and supervision of limit values for electromagnetic field intensity to be followed in the use of radio equipments and systems. Procedures and principles for the regulation of these activities shall be determined by a by-law which will be published by the Authority by taking the views of Ministry of Health and Ministry of Environment and Forestry. Facilities which are found in conformity with the limit values and safety distance determined by the legislation shall, without the need for any procedure, be installed and operated pursuant to the issuance of safety certificate by the Authority.

Allocation of satellite position

Article 38. –

(1) The Authority shall carry out planning and assignment, international coordination and registration procedures regarding the satellite positions in coordination with the Ministry within the frame of international planning and criteria.

Coded and cryptographic communications

Article 39 .–

(1) Turkish Armed Forces, General Command of Gendarmerie, Coast Guard Command, National Intelligence Organization, Security General Directorate and Ministry of Foreign Affairs are authorized to make cryptographic communications by radio communications systems. Procedures and principles for making coded and cryptographic communications in electronic communications service of public institutions and organizations except from those which are under the body of above mentioned institutions and 　natural and legal persons shall be determined by the Authority.

Spectrum monitoring and inspection

Article 40 .–

(1) Inspection of radio equipments or systems to check whether they were installed and　operated in accordance with certain techniques and procedures, detection and elimination of electromagnetic interferences, ensuring coordination with security units about radio activities concerning State and individual safety within the scope of legislation, national and international spectrum monitoring, inspection and having thirdparties inspect the spectrum shall be carried out within the procedures and principles to be determined by the Authority.

(2) The Authority is entitled to perform spectrum management including spectrum planning and frequency assignment, registration and pricing as well as spectrum trading including the revocation of allocated frequency and resale thereof and to exercise the regulations necessitated by spectrum monitoring and inspection for the effective and efficient use of frequencies.

(3) If deems necessary, the Authority may have all its equipments, devices, systems and facilities that are used in spectrum monitoring and inspection activities, insured against any kind of risk for safety and preservation purposes.

(4) Within the relevant legislation, the Authority, with a view to perform national and international spectrum monitoring and inspection, may install and operate any kind of its equipments, devices and systems in locations where it seems fit or it may have such equipments, devices and systems installed and operated by a third party.

(5) Coast Guard Command is authorized to perform all kinds of inspection and spectrum monitoring tasks within the scope of this Law in nautical fields.

Procedures for foreigners

Article 41.–

(1) Radio equipments and systems which were installed or will be installed in accordance with contracts signed with foreign countries shall be subject to special provisions of such contracts, if available.

(2) Diplomatic embassies of foreign states in our country may be granted permission and license for the installation of radio equipments or systems on reciprocity basis, based on the appropriate view of the Ministry of Foreign Affairs.

Coast radio stations, maritime and aeronautical band radio systems

Article 42.–

(1) Installation and operation of radio communications systems including coastal radio stations which enable communications between marine vessels and the coast; and navigation safety communications by such radio stations shall be carried out by Directorate of Radio Operation under the body of Directorate General of Coastal Safety, without being subject to any authorization.

(2) Installing all kinds of radio communications systems including maritime and aerial band radio communications systems and navigation safety communications done by coastal radio stations and having third　parties to construct, issuing permission for the use of such systems, licensing, assignment and registration procedures such as assigning call codes to maritime band radio communications and navigation systems, shall be carried out by Directorate of Radio Operation. The tariff regarding services which Directorate of Radio Operation is obliged to provide shall be determined upon the approval of its management board as per relevant legislation.

Amateur radio

Article 43.–

(1) Amateur Radio Certificate is issued for amateurs willing to perform amateur radio activities both in national and international scale, with a view to train themselves in the field of radio communications techniques on their own consent and willingness without minding any personal, material or political interest, in accordance with principles and charges determined by the Directorate of Radio Operation.

International coordination of aeronautical and maritime radio communications

Article 44.–

(1) International coordination and follow-up procedures pertaining to the tasks of Directorate of Radio Operation shall be carried out by the Authority within the scope of Article 42 of this Law.

Radio equipments used by foreigners in prohibited areas

Article 45.–

(1) Issuance of license and giving permission for installation and usage of radio equipments for transmitters, except from devices for transceiver, receiver and radio equipments for receiving radio and television broadcasts, to foreigners who are permitted to exist in prohibited areas, are up to the approval of the Turkish General Staff.

Radio fees

Article 46.–

(1), License and annual usage fees for radio equipments and systems and charges for technical examination and suchlike services as per this Law are specified in the attached tariff and such charges shall be registered as revenue for the Authority. Board of Ministers is entitled to add or remove any service item in the attached tariff and to determine the charges of new services upon the recommendation of the Authority and the resolution of the Ministry. When necessary, the Authority is authorized to reduce each charge item up to fifty percent of the first value or to increase the charges on condition that the new value will not exceed the re-valuation rate which is determined annually by the Ministry of Finance in relation with the previous year.　

(2) All kinds of radio equipments and systems, which are out of the scope of authorization since they are utilized by regulatory and supervisory bodies, village legal entities, Directorate General of Coastal Safety, Turkish red crescent, municipalities, Social Security Institution, public administrations and special budgeted administrations within the scope of general budget in tables (I), (II) and (III) that are enclosed to the Public Financial Management and Control Law dated 10/12/2003 nº 5018, and which are utilized by the embassies of foreign states determined by the Ministry of Foreign Affairs, shall be exempted from radio license and annual usage fees.

(3) Operators providing electronic communications services by means of being authorized by the Authority are obliged to collect from subscribers on behalf of the Authority the radio license and annual usage fees, which all kinds of subscribers are obliged to pay to the Authority including the operators’ own systems as per this Law, and to transfer such charges to the accounts of the Authority as per procedures set forth by the Authority.

(4) Receivables of the Authority within the scope of this Article shall be deemed as the privileged receivables for the execution of Enforcement and Bankruptcy Law nº 2004 dated 9/6/1932. Collection of such receivables is subject to general provisions and shall be exempted from all kinds of tax, duty and judicial charges. Prescription period for these receivables is ten years.

(5) Radio license and utilization fees collected from the billed subscribers (except from pre-paid subscribers) of operators providing mobile electronic communications services shall be received on the basis of dividing fee amount into equivalent installments as of the month when subscription took place until the end of year.

(6) Radio license and usage fees for radio equipments and systems which are out of the scope of authorization shall be collected in advance, according to the license duration. In instances where radio license and usage fees are not paid at the end of period determined by the Authority within the framework of procedures and principles thereof, permissions and licenses for installation and use of equipments and systems aforementioned shall be revoked.

CHAPTER FOUR.- Consumer and End User Rights

Right to benefit from services under same circumstances

Article 47.–

(1) Operators are obliged to provide electronic communications services with equal and non-discriminatory conditions to the consumers and end users that are under equivalent situations. Procedures and principles pertaining to this Article shall be determined by the Authority.

Protection of consumer and end user

Article 48.–

(1) The Authority determines the procedures and principles regarding the consumers’ and end users’ access to electronic communications services under equal conditions and regarding the protection of their rights and interests.

Provision of transparency and notification

Article 49.–

(1) The Authority may impose obligations on the operators towards publishing service options, quality of service, tariffs, tariff packages and enlightening of subscribers about similar issues with a view to ensure that end users and consumers take maximum benefit of these services and to offer services in conformity with the principle of transparency.

(2) Operators, without necessarily being requested, shall inform consumers under every circumstance regarding considerations that will affect their decisions especially when they are making choices between services and signing subscriber contracts, as per the principle of trustworthiness.

(3) Procedures and principles pertaining to the implementation of this Article shall be regulated by the Authority.

Subscription Contracts

Article 50 .–

(1) When subscribing to an electronic communications service, consumers are entitled to sign contract with the operator who provides such services. Subscription contracts shall at least cover issues such as; name and address of the operator providing electronic communications service, content of the services to be provided, levels of the quality of service offered and the anticipated duration for the accomplishment of the first connection, types of maintenance and repairing services that will be supplied, the scope of tariffs that will be implemented and in what ways the current information regarding tariff changes could be learned, terms for the duration, termination and renewal of the contract, procedures of compensation or reimbursement in instances where the offered quality of service could not be ensured due to the failure of the operator and the dispute settlement procedures in case of any conflict between the subscriber and the operator.

(2) The Authority, either on its own initiative or upon complaint, is entitled to request the subscriber contracts from operators, to review them and to notify the operator regarding the issues which are seem necessary to be altered. Operators are obliged to perform required amendments in prescribed period in accordance with the Authority regulations.

(3) Provisions of subscriber contracts are void, where in case they may result in disparities against the subscriber and the contrary of the principle of trustworthiness regarding the rights and obligations of the sides arising from the contract.

(4) The subscriber is entitled to nullify the contract without paying any compensation after being notified by the operator that terms of subscriber contract have been altered. Operators shall be obliged to inform the subscribers regarding the amendments in subscriber contract at the latest a month before such amendments enter into force and declare that the subscribers are obliged to nullify the contract without paying any compensation in case they do not adopt such amendments. Subscribers, on condition of notifying in written, may any time terminate their subscription.

(5) In instances where unsolicited communication has been conveyed for the purposes such as direct marketing, political propaganda or transmission of sexual content messages by electronic communications means such as automatic dialing machines, fax machines, e-mails and short messages without the prior consent of the subscriber; the subscriber shall be entitled to reject such messages henceforth by simple means and free of charge.

(6) Procedures and principles pertaining to the implementation of this Article shall be regulated by the Authority.

Processing of personal data and protection of privacy

Article 51 .–

(1) The Authority is entitled to determine the procedures and principles towards the processing of personal data and the protection of its privacy regarding electronic communications sector.

Quality of Service

Article 52.–

(1) The Authority may determine parameters for the level of the quality of service and its content, type of information to be published by the operators and other considerations pertaining to the quality of service level so as to provide the　accessing　of consumers and end users to comprehensive, sufficient and apprehensible information regarding the level of the quality of service.

(2) Operators are obliged to provide any kind of information regarding the quality of service parameters for electronic communications services to the Authority and to assure conformity to quality of service standards in due time and the requested manner. The Authority may either publish information sent by the operators regarding the quality of service or it may impose on operators to do so, within the procedures and principles regulated under its own authority. The Authority may also inspect the accuracy and conformity of such information to the standards for the quality of service level or have any third　party to inspect thereof.

(3) The Authority may impose on operators to prepare service level agreements oriented to electronic communications services and electronic communications infrastructure or network components and to publish such agreements within due time and requested format. Furthermore, the Authority may request from the operators to make amendments, optimizations or corrections in their service level agreements. The operators are obliged to make such amendments, optimizations or corrections within due time prescribed by the Authority.

(4) In all circumstances, operators are obliged to ensure accurate billing and are under the burden of proof in case of any conflict regarding the content of the bill.

(5) The Authority determines the issues such as dispatch of bills, items necessary to be listed in bills, itemized billing, procedures to be applied for interruption of the service when the bills are not paid by the subscriber and the procedures and principles pertaining thereto.

CHAPTER FIVE.- Notified Bodies and Market Surveillance

Notified bodies, market surveillance

Article 53.–

(1) Relevant provisions of Law nº 4703 shall be applicable in subjects such as; the conformity of equipments within the scope of this Law to relevant safety requirements and technical regulations to be published by the Authority, obligations of manufacturers and distributors regarding these issues, the Authority’s terms of reference in market surveillance for such equipments and the responsibilities of notified bodies assigned by the Authority.

(2) The Authority, when deems necessary in terms of market surveillance activities, may utilize from the facilities of testing, examination and/or certification bodies which do not take part in conformity assessment processes of the equipment subject to surveillance; and it may put its own laboratory facilities to the service of those who demand for a fee and within procedures and principles defined under its own authority. The final decision on market surveillance is given by the Authority. If it is detected that the equipment is unsafe, testing and inspection charges shall be defrayed by the manufacturer.

(3) The Authority shall dispose or have third　parties to dispose the electronic communication devices wholly or partly according to the risks they bear where it is impossible to make these devices safe and the expenses shall be defrayed by the manufacturer.

(4) The Authority regulates the procedures and principles pertaining to the notified bodies and market surveillance as per Law nº 4703 and the relevant technical regulations.

Certificate of competency

Article 54.–

(1) Real persons or legal entities without certificate of competency issued by the Authority shall not provide measurement and inspection services.

(2) The Authority regulates the procedures pertaining to the implementation of this Article as well as the charges for certificate of inspection competency.

Equipments with electronic identity register

Article 55.–

(1) Unless permitted by the Authority, specific information including subscriber’s identity and communication data or electronic identity used for identifying the equipment shall not be reconfigured, altered, reproduced or distributed for any reason.

(2) It is strictly prohibited to import, manufacture, distribute, present and keep any equipment, boards, tools and materials whose electronic identity has been changed and any kind of software, tools or equipment used for changing electronic identity shall not be imported, manufactured, distributed or mediated.

(3) All kinds of equipment, boards, tools and materials whose electronic identity have been changed and any kind of software, equipment or materials used for changing electronic identity shall be confiscated as per provisions of Article 127 of Code of Criminal Procedure nº 5271 dated 4/12/2004.

Safety of subscriber and equipment identity register

Article 56 .–

(1) Without authority and consent, specific information including subscriber’s identity and communication data as well as any kind of software, board, tool and material which has the equipment’s electronic identity shall in no way be copied, kept, distributed or used for taking advantage on one’s own or by third parties.

(2) False information and documents shall not be presented to the operator or the agency acting on behalf of the operator regarding subscriber information during subscription procedures.

(3) Subscription shall not take place until the copy of required identity cards are presented to the operators or the agency acting on behalf of the operator.

(4) Procedures and principles pertaining to the subscription shall be determined by a regulation of the Authority.

Technical conformity

Article 57.–

(1) Operators are not entitled to provide electronic communications services to lost, smuggled or stolen equipments. Nevertheless, original equipments that are registered to the CEIR and whose electronic identity have been copied, shall be put into service on condition of being used solely with the matched subscriber numbers.

(2) Operators are obliged to ensure the compatibility of their EIR systems with the Authority’s　CEIR and to ensure the security and reliability of the technical infrastructure and the system for continuous operations in order to prevent the connection of illegal equipments, mentioned in the above paragraph, to their communications systems.

Call Center

Article 58.–

(1) The Authority may establish a call center for the procedures necessary for the pursuance of its duties assigned by this Law. It may either operate such a center on its own or have third parties to operate it. Subscriber whose communication equipment has been registered in the electronic identity systems of the Authority shall first apply to call center for disconnection request of his/her equipment from electronic communications network if his/her communication equipment has either been stolen, despoiled, lost or whatsoever out of his/her hand without his/her consent.

CHAPTER SIX.- Inspection, Authority’s Authority and Administrative Sanctions

PART ONE.- Inspection

Inspection

Article 59.–

(1) The Authority shall be entitled to inspect or to have third parties inspect real and legal persons which are engaged in electronic communications sector, pertaining to the tasks prescribed by this Law on its own motion or upon notification or complaint. The Authority may carry out or have third parties carry out examination and inspections in situ, when it deems necessary whilst performing its tasks assigned to it by this Law. Administrative chiefs, law enforcement officers and the chiefs and officers of other public corporations are obliged to make due contribution and any kind of assistance to officials in charge of examination or inspection. Officials in charge of examination or inspection are obliged to keep a certificate of competency indicating the subject and the purpose of inspection and the administrative fine to be imposed in case of giving misinformation.

(2) Officials in charge of inspection shall, in the presence of the entities or their facilities which are subject to inspection, be entitled to examine all kinds of documents and assets including the registers, data stored in electronic environment, electronic communications infrastructure, equipments, systems, software and hardware; to take copy or sample, to request verbal or written explanation pertaining to the subject, to take necessary minutes and to examine the facilities and the operation thereof. Operators subject to inspection shall be obliged to take necessary measures so as to make any kind of assistance to the in-charge officials, to meet their requests regarding the abovementioned issues within due time, to keep their equipments, systems, software and hardware available for the inspection, to provide the infrastructure necessary for inspection and to take precautions for keeping such infrastructure in operating condition. Penal sanctions in accordance with this Law and the provisions of relevant legislation shall be imposed for those who act in otherwise direction.

(3) The Authority, whilst performing its tasks assigned to it by this Law, shall be entitled to request information and documents which it deems necessary for the performance of its tasks from public corporations and institutions, real and legal persons. The Authority may request personnel qualified in inspection from other public corporations and institutions, when necessary.

(4) The Authority may have the operators inspected within the prescribed principles. Authorized agencies and independent inspection corporations shall be responsible for the conformity of information, documents, reports and financial tables to this Law and to the provisions of the legislation and for the accuracy, examination and inspection of the accounts in accordance with generally accepted inspection procedures and principles. Such agencies shall be responsible for losses that which may arise due to misinformation, misleading information and convictions in their inspection reports and for losses which lead to the detriment of third parties due to their activities performed as per this Law.

(5) Officials who are employed for inspection activities of the Authority shall be issued certification proving that they are authorized to act as independent inspectors in electronic communications sector, when their commissions are expired in the Authority. As long as such officials keep their status of not being deposed from their official duties due to criminal or disciplinary proceedings and as long as they meet the requirements laid down in sub-clauses nº (1), (4), (5) and (7) of paragraph (A) of Article 48 of State Officials Act nº 657 dated 14/7/1965, they shall be entitled to act as independent inspectors in electronic communications sector after resigning from their position in the Authority.

(6) Procedures and principles pertaining to the implementation of this Article shall be determined by the Authority by a regulation.

PART TWO.- Competence of Authority and Administrative Sanctions

Competence of Authority and Administrative Sanctions

Article 60.–

(1) The Authority shall be entitled to monitor and inspect the adherence to the legislation, right of use and other authorization requirements; to charge operators with administrative fine with the amount up to three percent of the previous calendar year’s net sales in case of non-adherence, to take necessary measures for the enforcement of national security, public order or public services properly and for the implementation of provisions enacted by laws, if necessary to take over facilities in return for compensation and to revoke the authorization in case of a gross fault or in case the authorization fee is not paid in due time. Nevertheless, the Authority shall take the opinion of the Ministry in instances where authorizations regarding electronic communications services which cover the utilization of frequency bands allocated in national scale and which need to be provided by a limited number of operators, are need to be revoked.

(2) In case that the operator has just been engaged with electronic communications services, considering the criteria such as the quality of breach, whether any profit has been gained as a result of the breach, good will and voluntary declaration, the Authority shall be entitled to impose administrative fine with an amount from one thousand Turkish Liras up to one million Turkish Liras and other administrative sanctions prescribed in this Law, within the procedures and principles to be determined beforehand by the Authority.

(3) As regards the requirements of public service and, with a view to protect the public order the Authority shall be entitled to abort the operator’s activities temporarily or to impose on operator to implement concrete measures in order to remedy the breach in instances determined beforehand by by-laws

(4) Natural persons and legal entities signing subscriber contract with any operator providing electronic communications services shall be entitled to grant such services to third　parties in return for due charges or free of charge, as is due for their activities. Subscribers shall not offer the services they utilize to third　parties for commercial purposes. Subscriber contract of those who act in contradiction shall be annulled.

(5) In instances where the operators do not make due notifications regarding their electronic communications facilities or where construct their facilities without safety certificate or where electromagnetic field intensity is found in non-conformity with the limit value set by the Authority after measurements carried out by the Authority or by the agencies authorized by the Authority; the owners of such facilities and equipments shall be charged with administrative fine for each equipment separately, with the amount of fifty times of license charge prescribed in the tariff of charge attached to this Law. Provisions of this Article shall be applicable for also those who are exempted from radio license and annual utilization fees as per second paragraph of Article 46 of this Law. Administrative fines as per this paragraph may also be imposed by provincial organizations of the Authority.

(6) In cases where the first paragraph of Article 53 of this Law is breached, administrative fines prescribed for distributors, manufacturers and notified bodies in Article 12 of Law nº 4703, shall be imposed in an incremental manner starting from the fine amount up to four times thereof.

(7) The perpetrator who acts in defiance of the first paragraph of Article 57 of this Law shall be punished with administrative fine from ten thousand Turkish Liras to twenty thousand Turkish Liras per each equipment; perpetrator who acts in defiance of the second paragraph shall be fined with the amount up to ten million Turkish Liras.

(8) The Authority is entitled to impose administrative fines as per this Article.

(9) Considerations regarding the implementation of this Article and the administrative fines to be imposed in case of operators’ failure to perform their obligations as per this Law shall be regulated by by-laws enacted by the Authority.

Imposing and collection of administrative fines

Article 61.–

(1) Administrative fines imposed by the Authority are subject to the provisions of Law nº 6183 and shall be paid to Authority accounts within thirty days as of the notification date. Fines which are not paid within such period shall be collected by the relevant tax office upon notification of the Authority as per provisions of Law nº 6183. Administrative Jurisdiction Procedures Law nº 2577 dated 6/1/1982 shall be applied regarding the lawsuits to be filed against administrative fines imposed by the Authority.

(2) The whole amount of the collected administrative fines shall be transferred to Authority accounts.

Right to sue

Article 62.–

(1) The Council of State shall trial the lawsuits filed against the activities of Authority on the sector, as the court of first instance. The Council of State deems such lawsuits immediate actions. Decisions of the Board shall not be subject to the expediency inspection in the administrative inspection of the Authority.

(2) No warranty shall be requested for lawsuits filed by the Authority.

CHAPTER SEVEN.- Penal Provisions

Penal provisions

Article 63.–

(1) Judicial fine for a term of thousand to ten thousand days shall be imposed for operators who provide electronic communications services and/or construct and/or operate associated facilities in defiance of the Article 9 of this Law without notifying the Authority.

(2) Judicial fine for a term of five thousand days to fifteen thousand days and imprisonment up to six months shall be imposed for the operators who provide electronic communications services and/or construct and/or operate associated facilities in defiance of Article 9 of this Law without holding the right of use.

(3) In instances where the personnel of any operator authorized to provide electronic communications services commit offense against the secret life and the secret parts of life regulated under Book Two, Chapter Two, Part Nine of Turkish Criminal Act nº 5237 dated 26/9/2004, sentences prescribed within this part shall be imposed. However, the punishment shall be multiplied by one as per Article 137.

(4) Judicial fine up to two thousand days shall be imposed for perpetrators who sell, construct, operate and utilize radio equipments or systems which are subject to permission and license for construction and utilization, in defiance of Article 37 of this Law without taking approval of the Authority. Perpetrators who utilize such equipments for the violation of national security even if they retain the required permits, shall be imprisoned for a term of six months up to one year and a judicial fine up to ten thousand days, unless their actions do not necessitate a more serious punishment.

(5) Judicial fine not less than one hundred days shall be imposed in instances where the persons authorized, permitted and allocated by the Authority commit;

a) Not taking measures within due time determined by the Authority, for the remedy of contradiction which they have caused by constructing , operating, changing physical location, frequency and other technical characteristics in defiance of the Institute regulations and radio license and by utilizing such systems out of purpose,

b) Not taking measures within due time determined by the Authority, for the remedy of electromagnetic interference or jamming factors when detected on other electronic communications systems in whatsoever manner, which they have caused by operating radio systems in defiance of the prescribed techniques and procedures set forth by the Authority regulations.

(6) Perpetrators who communicate by means of coded or cryptographic communication or who enable such communication in defiance of Article 39 of this Law shall be punished by judicial fine from five hundred days up to one thousand days.

(7) Judicial fine from one thousand days up to five thousand days shall be imposed for the perpetrators when it is detected that equipments which were returned to the manufacturer, distributor or user by the Authority so as to be disposed have supplied to market or used in defiance of third　paragraph of Article 53 of this Law.

(8) Judicial fine up to five thousand days shall be imposed for perpetrators who act in defiance of Article 54 of this Law.

(9) Judicial fine from one thousand days up to fifteen thousand days shall be imposed for perpetrators who act in defiance of the first and second paragraphs of Article 55 of this Law.

(10) Perpetrators who act in defiance of the provisions of first paragraph of Article 56 of this Law shall be punished with judicial fine from one thousand days up to five thousand days, perpetrators who act in defiance of the provisions of the second paragraph shall be punished with judicial fine from twenty days up to one hundred days and perpetrators who act in defiance of the provisions of third paragraph shall be punished with judicial fine from one hundred days up to five hundred days.

(11) In case the misdemeanors identified under this Article have been committed within the activities of a criminal organization, the amount of fines shall be increased by the half of fine amount. If the committer of misdemeanor is a legal entity, it shall also be subjected to specific security measures described in Law nº 5237.

CHAPTER EIGHT.- Final Provisions

Notification

Article 64.–

(1) Notifications of Ministry and the Authority to be conveyed to the persons concerned as per this Law shall be issued in accordance with the provisions of Notification Law nº 7201 dated 11/2/1959.　

References and implementation

Article 65.–

(1) References attributed to Telegraph and Telephone Law nº 406 dated 4/2/1924 and to Radio Law nº 2813 dated 5/4/1983 in the other legislation pertaining to the service fields, as well as references attributed within the own entity of such Laws shall be deemed as being attributed to this Law.

(2) Provisions of other laws which contradict with this Law shall not be applicable.

(3) The expressions of «Telecommunication Authority» , and «Telecommunication Board» mentioned in the other laws and regulations refer to «Information and Communication Technologies Authority» and «Information and Communication Technologies Board» .

Abolished provisions

Article 66.–

(1) Of the Law nº 406; except for paragraph one, paragraph seven and the first sentence of paragraph nine of Article 1; Supplementary Articles 17, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 29 and 30; paragraph four and paragraph six of Supplementary Article 32, Supplementary Article 33; second paragraph of Supplementary Article 35; Supplementary Articles 36, 37; provisional clause 3, Articles 35 and 36 have been abolished together with the annexes and amendments thereof.

(2) Provisions of Law nº 2813; except for Article 5, Article 8 and paragraph one, paragraph two, paragraph three, paragraph five of Supplementary Article 2 and Articles 35 and 36 have been abolished together with the annexes and amendments thereof.

(3) Telegraph and Telephone Law nº 4502 dated 27/1/2000, Law on the Organization and Duties of the Ministry of Transportation, Radio Law, Law on Saving and Aid Fund of Post, Telegraph and Telephone Administration and Article 26, provisional clause 1, provisional clause 5, provisional clause 6, provisional clause 7, and provisional clause 8 of Law on Amendments to the Schedules annexed to Decree Law on General Staffing and Procedures have been abolished.

(4) Provisional clause 1, provisional clause 2 and provisional clause 4 of Law on Amendment to the Law on the Organization and Duties of the Ministry of Transportation and Telegraph and Telephone Law nº 4673 dated 12/5/2001, Law on Saving and Aid Fund of Post, Telegraph and Telephone Administration have been abolished.

Amended provisions

Article 67.–

(1) This paragraph amends the Law nº 406. Amendments are issued in the related text.

(2) This paragraph amends the Law nº 2813. Amendments are issued in the related text.

(3) Additional Articles have been annexed to the Law nº 3348.

«Expert and Assistant Expert of Transportation and Communications

ADDITIONAL Article 2. – Experts and Assistant Experts of Transportation and Communications are employed under the body of main service units of the Ministry’s central organization.

In order to be appointed as Assistant Expert of Transportation and Communications, besides meeting general requirements stipulated in Article 48 of Law nº 657 the following requirements must also be met:

a) To graduate from faculties which will be determined by the regulation, of law, political sciences, economy, business administration, economics and administrative sciences, communications, science; faculty of science and letters or faculty of engineering of the universities giving four years of graduate study at least, or from higher education institutions abroad whose equivalency to such departments are approved by Higher Education Board,

b) To get minimum (D) grade from Public Personnel Language Examination in terms of one of the foreign languages at least, determined by the regulation,

c) To be successful in the competition examination,

d) Not to be over thirty as of the first day of January of the year when the examination took place,

Personnel appointed as assistant experts as per paragraph two, shall be entitled to enter in the qualification test on condition of having worked minimum three years actually, possessing good qualification record every year　　and their specialization thesis, whose subject will be determined by the units to employ them, are approved by thesis jury. Those who succeed in qualification test shall be appointed in Expert of Transportation and Communications positions.

Personnel who have not succeeded in qualification test, who have not entered in test without reasonable excuse despite having the right to enter, whose specialization thesis have not been approved or who possess poor qualification record shall lose the title of Assistant Expert in Transportation and Communications and be appointed to other positions in accordance with their qualifications.

Procedures and principles pertaining to the competition, thesis preparation and qualification tests of Assistant Expert in Transportation and Communications and pertaining to the working and education of Experts in Transportation and Communications and Assistant Experts of Transportation and Communications as well as the related issues shall be determined by a regulation.

ADDITIONAL Article 3.- Positions laid down in the annexed table nº (III) have been abolished and the appendix to Decree Law on General Staffing and Procedures Thereof nº 190 dated 13/12/1983 has been removed from the table of Ministry of Transportation; positions laid down in the annexed table no (IV) have been created and annexed to the table nº (I) which is appendix to Decree Law nº 190, to the part pertaining to the Ministry of Transportation.

(4) The following provisional Article has been annexed to the Law nº 3348.

«PROVISIONAL Article 6.- As of the date when this Law entered into force, among personnel who work in the Ministry and the relevant organizations and affiliated institutions to the Ministry as being subject to the Law nº 657, who are not over the age of forty five, whose last three year’s qualification grade is eighty and more, who meet the education requirement to enter in the Assistant Experts of Transportation and Communications examination and who apply within one month after the Regulation to be enacted by the Ministry of Transportation as per additional Article 2 enters into force; those who have served minimum five years shall be appointed to Expert of Transportation and Communications positions within one year at most according to success rating as long as they meet the foreign language requirement prescribed in the Additional Article 2 and as long as they have succeeded in oral and written examination to be opened as per provisions of the mentioned regulation, with a stipulation that their number do not exceed one fifth of the created Experts of Transportation and Communications positions; those who have served minimum three years shall be appointed to Assistant Experts of Transportation and Communications positions within one year at most according to success rating as long as they meet the foreign language requirement prescribed in the Additional Article 2 and as long as they have succeeded in oral and written examination, with a stipulation that their number do not exceed one fifth of the created Assistant Expert of Transportation and Communications positions.

Those appointed to Transportation and Communications Assistant Expert positions in the abovementioned manner shall be subject to the provisions pertaining to the «qualification exam» as per Additional Article 2 of this Law.

Personnel who work in administrative positions superior to the head of department in the Ministry at the time when this Law is in force, shall be deemed as having acquired the title of Transportation and Communications Expert.»

(5) Of the Law nº 657;

a) The expression «Assistant Experts of Transportation and Communications» has been annexed to clause (11) of paragraph (A) under «Common Provisions» part of Article 36 after «Assistant Experts of Culture and Tourism»; and «Expert of Transportation and Communications» has been annexed after «Expert of Culture and Tourism»,

b) The expression «Experts of Transportation and Communications» has been annexed to clause (i) of «A-Specific Service Compensation» part under «II-Compensations» chapter of Article 152, after the expression «Experts of Culture and Tourism»,

c) The expression «Experts of Transportation and Communications» has been annexed to clause (h) of «General Administration Services Class» part of Annex Indication Table nº (I) after the expression «Experts of Culture and Tourism.»

(6) The name of Law nº 5369 has been amended as «Universal Service Law» and of this Law;

a) The expression «in electronic communications sector» in Article 1 has been amended as «in electronic communications sector and other fields laid down within the scope of this Law»,

b) «Authority», «Universal service», «Incumbent Universal Service Provider» and «Operator» definitions in Article 2 have been amended as follows and the following «Infrastructure», «Maritime communications services», «Operator of passenger transportation by sea» and «Navigation safety communications services» definitions have been annexed in turn in order after the definition of «Operator»,

«Authority means Information Technologies and　Communications Authority,

Universal service means electronic communications services including internet access and other services to be determined within the scope of this Law, which are accessible by anyone within the borders of Turkish Republic disregarding geographical position and which will be offered in pre-determined quality and minimum standards in return for a reasonable charge that anybody can afford,

Incumbent Universal Service Provider means any operator in electronic communications sector who has been authorized by the Authority as per relevant legislation and who is liable to provide services within the scope of this Law,

Operator means the operators authorized by the Authority or other relevant authorities according to the relevant legislation, responsible for services taken under the scope of this Law,

Infrastructure means any kind of outfit, equipment, computer, software and hardware used first of all for the purpose of creating a physical environment when necessary, for enabling service so as to provide universal service,

Maritime communications services mean communications services conducted as transmission of sound and data between ship-land and ship-ship by using radio systems via coast radio stations,

Operator of passenger transportation by sea means any operator, who carries out the passenger transportation between mainland and the island upon receiving line permit from the Undersecretariat of Maritime Affairs,

Navigation safety communications services mean radio broadcast services as sound and data transmission so as to ensure safe navigation of any kind of marine vessels,»

c) The following paragraph has been annexed to Article 4,

«Incumbent Universal Service Provider is not necessarily requested for the extensity of information technologies, internet infrastructure and the purchase and assembly of infrastructural equipment which are necessary for terrestrial digital broadcasting and for passenger transportation provided by sea.»

ç) The expression «Basic» in clause (e) of the first paragraph of Article 5 has been removed from the Article text; clause (f) has been amended as «passenger transportation services to settlements where transportation is provided by sea» and clause (g) has been annexed after this clause,

«g) Maritime communications and navigation safety communications services,»

d) Clause (a) of first paragraph of Article 6 has been amended as «Undersecretariat of Treasury, until the end of the month following the date when 2% of the authorization fee due to authorizations issued by the Authority is settled to its accounts», clause (b) has been amended as «Türk Telekom and operators other than those who are obliged to pay Treasury contribution, 1% of the annual net sales revenue, until the end of April of the following year; the operators, despite of the obligation to pay Treasury contribution due to their activities, who also carry out services which do not require the payment of Treasury contribution, 1% of the annual net sales revenue, until the end of April of the following year». Clause (c) has been amended as «Operators who are obliged to pay Treasury contribution, 10% of the contribution, within the month of settlement», and the expression «as per Telegraph and Telephone Law nº 406 dated 4.2.1924 and Radio Law nº 2813 dated 5.4.1983» in paragraph (d) has been removed from the Article text,

e) Second sentence of the first paragraph of Article 7 has been amended as «However, in calculation of the universal service net cost, the evaluation must be carried out considering the other revenues that the operators will earn for being Incumbent Universal Service Provider» and the following paragraph has been annexed to this Article.

«The requirements of net cost and being a Incumbent Universal Service Provider stipulated in this Law shall not be requested for the purchase of; infrastructure services towards the dissemination of information technologies with a view to contribute to the development of information society including computer literacy and purchase of infrastructure services towards the provision of digital broadcasting, which is provided by various broadcast mediums and technologies, by terrestrial digital transmitters in a manner to cover all the settlements in our country and the purchase of similar facilities which necessitate the installation of specific infrastructure.»

f) The following additional Article has been annexed to Law nº 5369.

«ADDITIONAL Article 1.- In the implementation of clause (b) of first paragraph of Article 6 of this Law regarding the universal service revenues, time-based proportional share principle shall be applied as of the start and termination date of the authorization, in determination of the annual net sales revenue of the operators. The date of 25/6/2005 shall be taken as basis in the implementation of abovementioned provision and of the exception provision regulated under the second paragraph of Article 7 of this Law.»

(7) The following paragraph «The Presidency may object to the judicial decisions which are sent thereto for the execution of procedures, as per provisions of Code of Criminal Procedure nº 5271 dated 4/12/2004» has been annexed to Article 8 of Law nº 5651 as paragraph thirteen and to the mentioned Law;

a) The following additional Article has been annexed.

«ADDITIONAL Article 1.-

(1) Fundamental and continuous tasks and services imposed on Telecommunications Communications Presidency are performed by occupational personnel and other staff consisting communications chief expert, communications expert, technical expert, administrative expert and communications assistant expert, technical assistant expert and administrative assistant expert. In the Presidency: Personnel working in president, head of department, consultant and occupational personnel positions must be graduated from faculty or departments of electronic, electric-electronic, electronic and communications, industry, physics, mathematics, computer, telecommunications and business administration engineering for engineering field; 　faculty or departments of political sciences, economics and administrative sciences, economy, law, business administration and communication for social sciences field or from faculties abroad whose equivalency to the abovementioned faculties or departments 　are approved by the notified bodies; or besides graduating from the specified departments, they must have studied for master’s degree or doctorate in the mentioned fields, personnel working in expert titled positions must have bachelor’s degree, other personnel must be graduated from high school or the equivalent, at least. Those graduated from Security Sciences Faculties may also be appointed to head of department positions. Of the Presidency personnel; heads of departments shall be appointed by the Board upon the proposal of Telecommunications Communications President and the assent of Chairman of the Board; other personnel shall be appointed by Chairman of the Board upon the proposal of Telecommunications Communications President.

(2) In order to be assigned as assistant experts, it is a must to graduate from faculty or departments laid down above, to enter central competition examination, to know at least one of the specified foreign languages in required level, not being over thirty as of the first day of January of the year when the Authority examination took place and to be successful in such examination.

(3) Personnel, who work as assistant experts, on condition of having worked three years at least and possessing good qualification record, may be appointed as communications expert upon the approval of their thesis. Such personnel’s degree of office shall be promoted one grade for only once. Personnel who fail in thesis justification and in qualification exam twice times shall loose the title of assistant expert and be appointed to positions according to their qualifications.

(4) Other provisions pertaining to the entrance and qualification tests, working procedures and principles of experts and assistant experts shall be determined by the Authority regulation.

(5) Positions listed in this Law and the annexed table nº (V) have been created and annexed to the list nº (I) which is the appendix to Law no　5651, in　order to be employed in the services of Telecommunications Directorate.»

b) The following provisional Article has been annexed.

«PROVISIONAL Article 2.-

(1) Among the personnel working in Telecommunications Directorate positions who meet educational requirements prescribed in Additional Article 1 may be appointed as communications experts within five years as of the publication date of this Law, on condition that they have completed three years of public service, they received minimum 60 from Public Personnel Language Examination or the equivalent grade from internationally accepted examinations, and on condition that their thesis is approved. Among such personnel, those who have been assigned in other public corporations and institutions by succeeding in competition examinations in line with the specific legislations thereof, and who have been appointed as occupational career personnel upon succeeding in the qualification test and approval of the thesis, may be appointed as communications experts as long as they meet the requirement for foreign language; and among such personnel who have completed master’s or doctorate studies may be appointed directly as communications experts as long as their master’s or doctorate theses are determined to be relevant with the fields of duty of the Authority or the Presidency, and of such personnel who have bachelor’s degree may be appointed as communications experts, on condition of meeting foreign language requirement.

(2) The personnel of Telecommunications Directorate, who have bachelor’s degree may be appointed as technical expert or administrative expert in accordance with their educational background within five years as of the publication date of this Law, on condition of completing three years of public service, meeting the requirements prescribed in the regulation to be enacted and being approved of their thesis or having graduate or doctorate degree.»

Implementation

PROVISIONAL Article 1 .–

(1) Until the enforcement of regulations suggested by this Law, provisions of the current regulations which are not contrary to this Law shall continue to be implemented. The Authority may authorize as per the current legislation, until the provisions laid down in Chapter Two Part One of this Law regarding authorization enter into force. The operators shall continue to retain the rights of　way whichthey hold in accordance with the relevant legislation, until the enforcement date of this Law.　

(2) The provision of Article 61 shall be applied for administrative fines which have not been collected yet and which were decided by the Authority before the enforcement of this Law.

Transitional period for existing authorizations

PROVISIONAL Article 2 .–

(1) Operators who were authorized by telecommunication license or general authorization before the enforcement of this Law shall be regarded as having notified the Authority as per this Law and having received the right of use which is limited with the duration of their authorizations, when required.

(2) Authorization and concession agreements signed with the Authority before the enforcement of this Law shall continue to be valid as per their current provisions until their termination due to their expiration, annulment, cancellation of the agreement or in case of a termination for any other reason whatsoever. Definitions in the last paragraph of Article 1 of Law nº 406 shall continue to be valid for the implementation of such paragraph regarding the subject of the relevant agreement.

(3) The right of use of sources for which the Authority has granted permission for the installation and utilization of systems shall continue to be valid for electronic communications services which were not subject to authorization before the enforcement of this Law.

Renewal of radio licenses

PROVISIONAL Article 3 .–

(1) Except from public corporations and institutions which use radio equipments and systems in accordance with the authority granted by specific laws; public corporations and institutions, natural persons and legal entities which have been using radio equipments and systems before the enforcement of this Law shall apply to Authority within six months as of the publication date of regulation specified in Article 37 of this Law, with the necessary documents and make their situation appropriate for this Law.

(2) The Authority, upon examining the situations of abovementioned public corporations and institutions, natural persons and legal entities shall renew the radio licenses of those which it deems suitable. The Authority shall revoke the licenses of those which are not suitable and who have not applied in due time.

(3) Except from the receivables accrued within the operators’ liabilities to collect and to pay to the Authority as per their authorizations and specific protocols regarding the collection of radio usage and license fees within the frame of Law nº 2813; the collection of the Authority’s receivables; which have not been collected whatever the amount is or the collection of which is impossible whatever the ground is, which have accrued due to the equipments of radio installation and systems that are utilized by administrations included in the scope of general budget, supplementary budgeted administrations, special provincial administrations, municipalities and village legal entities and which have arisen due to the implementation of Law nº 2813 before the enforcement of this Law; as well as the receivables and accessory receivables with the amount of one hundred fifty Turkish liras and the less which have accrued for all kinds of equipments of radio facilities and systems that are utilized by natural persons or legal entities except from those which have been finalized by adjudication shall be deemed as renounced without the need for any procedure. Legal procedures and trials filed for such receivables shall be cancelled.

Task agreements and transfer

PROVISIONAL Article 4.–

(1) The task agreement signed between the Authority and the Directorate General of Coastal Safety shall be deemed as annulled without the need for any procedure; and services defined under such task agreement and the tasks imposed on the Directorate of Radio Operation by this Law shall continue to be implemented without being subject to any authorization. Directorate General of Coastal Safety shall continue to be regarded as universal service obligator operator within the scope of Law nº 5369.

(2) All rights, receivables, debts, agreements, commitments and liabilities of the Authority and executive proceedings and follow-up lawsuits that are filed in favor of or against the Authority pertaining to the tasks and works which were transferred to the Directorate of Radio Operation in accordance with Articles 42 and 43 of this Law, shall be transferred to the Directorate of Radio Operation within six months as of the enforcement of this Law upon protocols held between the Directorate General of Coastal Safety and the Authority. All kinds of assignment, transfer and transition procedures regarding such transfer and all kinds of contracts, protocols or papers to be arranged in accordance therewith shall be exempted from financial obligations such as duty, charge and taxes including value added tax and stamp tax.

Updating of subscriber registries

PROVISIONAL Article 5.–

(1) All subscriber registries kept by the operators which provide GSM mobile telephone services, shall be updated within one year as of the publication of this Law so as to ensure that the registries comprise appropriate, correct and updated information. Within this scope, subscribers whose information and documents are faulty or deficient shall apply to the operator with their identity cards within such period. During application, individual subscribers shall be requested　Turkish　Republic　identity numbers and corporate subscribers shall be requested taxpayer identification numbers in addition to the copy of their identity cards. Electronic communications network connection of the lines whose information has not been updated as per this Article shall be cut off.

(2) End users identified in this Law are entitled to sign subscriber contract with the relevant operator in order to register the lines they use, on their name within the specified period and for only once, without being subject to any financial liabilities such as tax, duty and charge. The rights of former subscribers of the mentioned lines to object such procedure within one year of prescription period are legally guaranteed.

(3) Regulations pertaining to the implementation of this Article shall be set forth by the Authority.

Enforcement

Article 68 .–

(1) Provisions in Chapter Two Part One of this Law regarding authorization shall enter into force　in　six months after the publication of the Law, other provisions shall enter into force on the date of publication of the Law.

Execution

Article 69 .–

(1) Council of Ministers shall execute the provisions of this Law.

TABLE nº (I) OF THE CREATED POSITIONS

AUTHORITY: INFORMATION TECHNOLOGIES AND COMMUNICATIONS AUTHORITY

ORGANIZATION: CENTRE

CLASS　　                 TITLE 　　　　　　　　　　　　　　   GRADE　　　　          QUANTITY

GİH　　　　　　　 Chairman of the Board　　　　　　　　　　　　 1　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　　 Board Member　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　 6

GİH　　　　　　　 Telecommunications Director　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　　 Authority Vice President　　　　　　　　　　　   1　　　　　　　　　　　　 4

GİH　　　　　　　 Consultant of President　　　　　　　　　　　　 1　　　　　　　　　      　 15

GİH　　　　　　　 Chief Legal Advisor 　　　　　　　　　　　　　 1　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　　 Head of Department　　　　　　　　　　　　 　1　　　　　　　　      　　 13

GİH　　　　　　　 Legal Advisor　　　　　　　　　　　　　　　   1　　　　 　　　　　　  　 2

GİH　　　　　　　Director　　　　　　　　　　　　　　　　　    1　　　　　　　　　　　　 3

GİH　　　　　　　Defense Expert 　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　　Press and Public Relations Consultant　　　　　　    1　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　　Chief ICT Expert　　　　　　　　　　　　　　  1　      　　　　　　　　　 20

TH　　　　　　　  Technical Expert　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　　Administrative Expert　　　　　　　　　　　　　 1　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　　Juristic Expert 　　　 　　　　　　　　　　　 　 1　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　　Expert　　　　　　　　　　　　　　　　　　   1　          　　　　　　　　 46

GİH　　　　　　　ICT Expert　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　      　　　 20

GİH　　　　　　　Administrative Expert　　　　　　　　　　　　　 1　　　　　　　　　　　　 4

TH　　　　　　　  Technical Expert　　　　　　　　　　　　   　 　1　　　　　　　　　　　　 4

SH　　　　　　　 Department Physician　　　　　　　　　　　  　   1　　　　　　　　　　　　 1

TH　　　　　　　 Engineer　　　　　　　　　　　　　　　　 　    1　　　　      　　　　　　 21

TH　　　　　　　 Technician 　　　　　　　　　　　　　　　　     1　　　　　　　　　　　　 4

AH　　　　　　　Lawyer　　　　　　　　　　　　　　　　   　    1　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　　Accountant for equipments and inventory 　　　　　   1　　　　　　　　　　　　 1

SH　　　　　　　 Nurse　　　　　　　　　　　　　　　　　　     1　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　   ICT Expert　　　　　　　　　　　　　　　　　 2　　　　　　　　　　　　 9

TH　　　　　　　Engineer　　　　　　　　　　　　　　　　　      2　　　　　　　　　　　　 8

TH　　　　　　　Technician　　　　　　　　　　　　　　　　       2　　　　　　　　　　　　 3

GİH　　　　　　  Analyst　　　　　　　　　　　　　　　　　        2　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　  Expert　　　　　　　　　　　　　　　　　　     2　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　  ICT Expert　　　　　　　　　　　　　　　　　  3　　　　　　　　　　　　 4

GİH　　　　　　  Administrative Expert 　　　　　　　　　　　　　 3　　　　　　　　　　　　 2

TH　　　　　　　Technical Expert　　　　　　　　　　　　　　　 3　　　　　　　　　　　　 2

GİH　　　　　　　Expert 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3　　　　　　　　　　　　 1

TH　　　　　　　Engineer　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3　　　　　　　　　　　　 6

TH　　　　　　　Technician 　　　　　　　　　　　　　　　　　 3　　　　　　　　　　　　 1

TH　　　　　　　Mechanist　　　　　　　　　　　　　　　　　  3　      　　　　　　　　　 11

GİH　　　　　　　Chief 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  3　　       　　　　　　　　 26

GİH　　　　　　　Computer Operator 　　　　　　　　　　　　   3　　　　　　　　　　　　 4

GİH　　　　　　　Expert　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4　　　　　　　　　　　　 3

GİH　　　　　　　ICT Expert　　　　　　　　　　　　　　　　 4　　　　　　　　　　　　 6

TH　　　　　　　Engineer　　　　　　　　　　　　　　　　　   4　　　　　　　　　　　　 4

TH　　　　　　　Mechanist 　　　　　　 　　　　　　　　　　  4　　　　　　　　　　　　 2

GİH　　　　　　　Chief　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4　　　　　　　　　　　　 6

AH　　　　　　　Lawyer 　　　　　　　　　　　　　　　　　  4　　　　　　　　　　　　 4

GİH　　　　　　　Expert　　　　　　　　　　　　　　　　　   5　　　　　　　　　　　　 2

GİH　　　　　　　ICT Expert 　　　 　　　　 　　　　　　　　 5　      　　　　　　　　　 14

GİH　　　　　　　Administrative Expert　　 　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　 2

TH　　　　　　　Technical Expert　　　　　　　　　 　　　　　 5　　　　　　　　　　　　 2

TH　　　　　　　Engineer　　　　　　　　　　　　　　　 　　 5　　　　　　　　　　　　 4

TH　　　　　　　Mechanist　　　　　　　　　　　　　　　  　 5　　　　　　　　　　　　 3

GİH　　　　　　　Chief　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5　　　　　　　　　　　　 1

AH　　　　　　　Lawyer　　　　　　　　　　　　　　　　 　 5　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　　Computer Operator　　　　　　　　　　　　  5　　　　　　　　　　　　 3

GİH　　　　　　　Civil Servant　　　　　　 　　　　　　　　    5      　　　　　　　　　　 39

GİH　　　　　　　Driver　　　　　　　　　　　　　　　　　   5　　　　　　　　　　　　 9

YH　　　　　　　Watchman　　　 　　　　　　　　　　　　    5　　　　　　　　　　　　 2

GİH　　　　　　　ICT Expert　　　　　　　　　　　　　　　  6　　　　　　　　　　　　 3

TH　　　　　　　Mechanist 　　　　　　　　　　　　　　　　 6　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　　Civil Servant　　　　　　　　　　　　　　     6　　　　　　　　　　　　 4

GİH　　　　　　　Driver 　　　　　　　　　　　　　　　　      6　　　　　　　　　　　　 1

YH　　　　　　　Watchman　　　　　　　　　　 　　　　　　6　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　　Assistant ICT Expert　　　　　　　　　　　    7　　　　　　　　　　　　 8

GİH　　　　　　　Civil Servant　　　　　　　 　　　　　　　   7　　　　　　　　　　　　 1

YH　　　　　　　Employee in charge for central heating 　　　　　  7　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　　Assistant　ICT Expert　　　　　　　　　　　 8　      　　　　　　　　　 21

GİH　　　　　　　Assistant Administrative Expert　　　　　　　　8　　　　　　　　　　　　 8

TH　　　　　　　 Assistant Technical Expert 　　　　　　　　　   8　　　　　　　　　　　　 8

GİH　　　　　　　Driver　　　　　　　　　　　　　　　　　 8　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　　Assistant　ICT Expert　　　　　　　　　　　9      　　　　　　　　　　 18

GİH　　　　　　　Civil Servant　　　　　　　　　　　　　　 10　　　　　　　　　　　　 1

OVERALL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  437

TABLE nº (II) OF THE CREATED POSITIONS

AUTHORITY: INFORMATION TECHNOLOGIES AND COMMUNICATIONS AUTHORITY

ORGANIZATION: PROVINCES

CLASS　                     TITLE　 　　　　　　　　GRADE　　　        　　QUANTITY

GİH　　　　　　　 Regional Director 　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　 8

GİH　　　　　　　 Regional Director Assistant　　　　  1　　　　　　　　　       　 12

GİH　　　　　　　 ICT Expert　　　　　　　　　　  1　　　　　　　　　　　　 9

TH　　　　　　　　Technical Expert　　　　　　 　　1　　　　　　　　　　　　 5

GİH　　　　　　　  Expert　　　　　　　　　　　　 1　　　　　　　　　　　　 9

TH　　　　　　　　Engineer　　　　　　　　　　　  1　　　　　　　　　　　　 8

TH　　　　　　　　Technician　　　　　　　　　　   1　　　　　　　　　　　　 4

GİH　　　　　　　  ICT Expert　　　　　　　　　　  2　　　　　　　　　　　　 3

TH　　　　　　　　Engineer　　　　　　　　　　　  2　　　　　　　　　　　　 6

GİH　　　　　　　  Expert　　　　　　　　　　　　 2　　　　　　　　　　　　 2

TH　　　　　　　　Technician　　　　　　　　　　   2　　　　　　　　　　　　 3

GİH　　　　　　　   ICT Expert　　　　　　　　　　 3　　　　　　　　　　　　 6

TH　　　　　　　　 Technical Expert　　　　　　　　 3　　　　　　　　　　　　 5

TH　　　　　　　　 Engineer　　　　　　　　　　　 3　　　　　　　　　　　　 3

TH　　　　　　　　 Technician　　　　　　　　　　  3　　　　　　　　　　　　 1

TH　　　　　　　　 Mechanist　　　　　　　　　　  3　　       　　　　　　　　 12

GİH　　　　　　　   Chief　　　　　　　　　　　 　 3　　　　　　　　　　　　 8

GİH　　　　　　　   Computer Operator　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　 6

GİH　　　　　　　  ICT Expert 　　　　　　　　　　 4　　　　　　　　　　　　 1

TH　　　　　　　　Engineer　　　　　　　　　　  　4　　　　　　　　　　　　 2

GİH　　　　　　　  Expert 　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　　 1

TH　　　　　　　　Mechanist　　　　　　　　　　   4　　　　　　　　　　　　 7

GİH　　　　　　　  Chief　　　　　　　　　　　　   4　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　　  ICT Expert　　　　　　　　　  　5　      　　　　　　　　　 16

AH　　　　　　　　Lawyer　　　　　　　　　　   　5　　　　　　　　　　　　 3

TH　　　　　　　　 Engineer　　　　　　　　　　　 5　　　　　　　　　　　　 4

TH　　　　　　　　 Technician　　　　　　　　　 　 5　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　　   Chief　　　　　　　　　　　　  5　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　　   Computer Operator　　　　　　    5　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　　   Civil Servant　　　　　　　　　   5　　　　　　　　　　　　 7

GİH　　　　　　　   Warehouse Civil Servants　　　　   5　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　　   Driver　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　 3

GİH　　　　　　　   ICT Expert 　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　　 8

TH　　　　　　　　 Mechanist 　　　　　　　　　 　6　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　　   Driver　　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　　   Chief　　　　　　　　　　　  　7　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　　   Driver　　　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　　　　 2

GİH　　　　　　　   Assistant ICT Expert 　　　　　 　8　　　　　　　　      　　 15

TH　　　　　　　　 Assistant Technical Expert　　　　 8　　　　　　　　　　　　 5

GİH　　　　　　　   Civil Servant　　　　　　　　　  8　　　　　　　　　　　　 1

GİH　　　　　　　   Assistant　ICT Expert　　　　  　 9　     　　　　　　　　　 10

  OVERALL　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　  　　　203

TABLE nº (III) OF THE ABOLISHED POSITIONS

AUTHORITY: MINISTRY OF TRANSPORTATION

ORGANIZATION: CENTRE

TOTAL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60

TABLE nº (IV) OF THE CREATED POSITIONS

AUTHORITY: MINISTRY OF TRANSPORTATION

ORGANIZATION: CENTRE

TABLE nº (V) OF THE CREATED POSITIONS

AUTHORITY: INFORMATION TECHNOLOGIES AND COMMUNICATIONS AUTHORITY

ORGANIZATION: CENTRE

CLASS　　 TITLE 　　　　　　　　　　　　　　　　GRADE　　　       QUANTITY

GİH　　　Assistant Expert of Communications　　　　　　8　　　　　　　　　　 25

　　　　　OVERALL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   25

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 novembre 2005.
Liceità, correttezza e pertinenza nell'attività di recupero crediti. ( Gazzetta Ufficiale del 20/01/2006, n.17).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminate le segnalazioni presentate da singoli ed associazioni di tutela dei consumatori concernenti il trattamento di dati personali nell'ambito dell'attività di recupero crediti;

Visti gli elementi acquisiti a seguito degli accertamenti avviati ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettere a) e b), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Ritenuta la necessità di prescrivere ai titolari del trattamento alcune misure necessarie al fine di rendere detti trattamenti conformi alle disposizioni vigenti (art. 154, comma 1, lett. c), del Codice);

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

1. Il trattamento di dati personali nelle attività di recupero crediti

Sono pervenute a questa Autorità numerose segnalazioni concernenti trattamenti di dati personali (e comportamenti) posti in essere a danno di debitori (e, più in generale, di soggetti comunque tenuti all'adempimento) in occasione dello svolgimento di attività di recupero crediti. Tale attività può essere realizzata direttamente dal creditore come pure, nel suo interesse, da terzi, di regola operanti in virtù di contratti di collaborazione (in particolare, attraverso la figura del mandato o dell'appalto di servizi). In quest'ultima ipotesi, l'attività di recupero crediti è preceduta dalla messa a disposizione di dati personali relativi al debitore. Si tratta, per lo più, di dati anagrafici, di informazioni utili per contattarlo (quali, ad esempio, i recapiti telefonici), oltre ai dati relativi alla somma dovuta (entità della medesima causale eventualmente indicata, termini apposti all'obbligazione pecuniaria, oltre che titolo della stessa).

Le risultanze hanno evidenziato l'esistenza di alcune prassi finalizzate al recupero stragiudiziale dei crediti, caratterizzate da modalità di ricerca e di presa di contatto invasive e, talora, lesive della riservatezza e della dignità personale.

In particolare, le modalità di ricerca, presa di contatto, sollecitazione, o altrimenti connesse all'esazione della somma dovuta, si manifestano nelle forme più varie: visite al domicilio o sul luogo di lavoro; sollecitazioni su utenze di telefonia fissa o mobile, comprensive dell'invio di messaggi sms di sollecito; comunicazioni telefoniche il cui contenuto a carattere sollecitatorio è preregistrato, poste in essere senza intervento di un operatore (con il rischio che soggetti diversi dal destinatario vengano a conoscenza del contenuto della chiamata); invii di avvisi relativi all'apertura della procedura di recupero crediti tramite comunicazioni individualizzate, con l'inoltro di corrispondenza recante informazioni idonee a lasciar trasparire la situazione debitoria (ad esempio, plichi recanti all'esterno la scritta «recupero crediti» o locuzioni simili) relativa agli interessati o contenenti riferimenti suscettibili di indurre il destinatario in errore circa il valore e la provenienza dell'intimazione a pagare (usuale è il ricorso a formule quali «preavviso esecuzione notifica» o il richiamo di norme di rito con il riferimento alla futura attivazione di «ufficiali giudiziari»); affissioni di avvisi di mora sulla porta del debitore.

Non di rado, inoltre, l'attività preordinata al recupero crediti, coinvolge non soltanto il debitore, ma anche terzi, con modalità tali da metterli a conoscenza di vicende personali riferite a quest'ultimo (ad esempio, familiari, conoscenti o vicini di casa, anche utilizzando recapiti non forniti al momento della stipula del contratto e non reperibili in pubblici elenchi).

Al fine di rendere conformi alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali i trattamenti effettuati nell'ambito dell'attività di recupero crediti il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari del trattamento l'adozione delle misure necessarie di seguito specificamente indicate, evidenziando che il creditore deve comunque adoperarsi affinché i principi richiamati con il presente provvedimento siano rispettati nell'attività materiale di recupero crediti, anche se affidata a terzi, e che gli interessati, ove i comportamenti tenuti in sede di recupero crediti integrino un illecito civile (per quanto attiene al profilo del risarcimento del danno eventualmente subito) o penale (in quanto suscettibili di integrare fattispecie di reato quali le molestie o le minacce), possono ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per i profili di rispettiva competenza.

2. Principio di liceità nel trattamento

Chiunque effettui un trattamento di dati personali nell'ambito dell'attività di recupero crediti deve osservare il principio di liceità nel trattamento: tale precetto è violato dal comportamento (attuato da taluni operatori economici) consistente nel comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi rispetto al debitore (quali, ad esempio, familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa), informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l'interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta).

Integra, altresì, un trattamento illecito il ricorso alle descritte comunicazioni telefoniche preregistrate volte a sollecitare il pagamento, realizzate senza l'intervento di operatore, essendo tale modalità di contatto suscettibile di rendere edotti soggetti diversi dal debitore della sua asserita condizione di inadempimento.

Del pari, diffusione illecita di dati personali si ha con l'affissione ad opera di incaricati del recupero crediti di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) sulla porta del debitore, potendo tali dati personali venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti nell'intervallo di tempo (talora prolungato) in cui l'avviso risulta visibile.

3. Principio di correttezza nel trattamento

In occasione dello svolgimento delle attività di recupero crediti deve altresì essere osservata la clausola generale di correttezza (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice): in base ad essa sono preclusi, sia in fase di raccolta delle informazioni sul debitore, sia nel tentativo di prendere contatto con il medesimo (anche attraverso terzi), comportamenti suscettibili di incidere sulla sua dignità, qui riguardata sul solo piano della disciplina di protezione dei dati personali.

Sono pertanto illecite le operazioni di trattamento consistenti nel sollecitare il pagamento con modalità che palesino ad osservatori esterni il contenuto della comunicazione: ciò può accadere nel caso di utilizzo di cartoline postali o tramite l'invio di plichi recanti all'esterno la scritta «recupero crediti» (o locuzioni simili dalle quali possa comunque desumersi l'informazione relativa all'asserito stato di inadempimento del destinatario della comunicazione).

Attesa la natura delle informazioni trattate e l'elevato rischio di diffusione a terzi di informazioni personali relative al debitore, è pertanto necessario che le sollecitazioni di pagamento siano portate a conoscenza del solo debitore, ricorrendo a plichi chiusi, che riportino all'esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente, prive di dati eccedenti rispetto a quelli necessari al recapito della comunicazione (in questo senso, al fine di evitare un'inutile divulgazione di dati personali, v. già in materia di notificazione degli atti giudiziari, Provv. 22 ottobre 1998, in Boll. n. 6/1998, p. 13; v. altresì, con riferimento ad una fattispecie particolare, Provv. 12 giugno 2000, in Boll. n. 13/2000, p. 38, 41).

In tal senso, inoltre, depongono alcune innovazioni apportate al codice di procedura civile (cfr., in particolare, gli artt. 137, comma 3, 140, 250, comma 2, c.p.c., come modificati dall'art. 174 del Codice), introdotte per rendere tale disciplina compatibile con le finalità di protezione dei valori personali menzionati all'art. 2, comma 1, del Codice, come pure alcune norme (settoriali) che, disciplinando la modalità trasmissiva di intimazioni di pagamento, ne prevedono la comunicazione in plico chiuso (cfr., ad esempio, art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, relativo alla notificazione della cartella di pagamento; art. 11, comma 1, d.m. 14 giugno 2004, Approvazione delle modalità di gestione del fondo di garanzia per il credito al consumo, di cui al d.m. 22 dicembre 2003; art. 4, comma 1, d.m. 9 marzo 2001 n. 124, Regolamento concernente le modalità di istituzione del Fondo di garanzia sulle operazioni di credito relative al programma «P.C. per gli studenti»).

4. Principi di pertinenza e finalità

Il trattamento delle informazioni personali effettuato nell'ambito delle attività di recupero crediti deve svolgersi, altresì, nel rispetto dei principi di pertinenza, finalità e qualità dei dati (artt. 11 del Codice).

A tal fine possono formare oggetto di trattamento i soli dati necessari all'esecuzione dell'incarico, con particolare riferimento ai dati anagrafici riferiti al debitore, codice fiscale (o partita Iva del medesimo), ammontare del credito vantato (unitamente alle condizioni del pagamento) e recapiti (anche telefonici), di norma forniti dall'interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici.

Salvo l'assolvimento di specifici obblighi di legge (ad esempio, per rendere conto delle attività svolte), che può richiedere una conservazione prolungata dei dati raccolti, una volta portato a termine l'incarico, i medesimi non devono formare oggetto di ulteriore trattamento.

La loro eventuale conservazione ulteriore deve essere realizzata con modalità comunque tali da precluderne agli incaricati del trattamento la normale consultabilità (con l'adozione di opportune misure logiche o provvedendo alla trasposizione dei dati in archivi separati).

5. Informativa agli interessati

In attuazione dei principi di protezione dei dati personali, il titolare del trattamento deve rendere edotti gli interessati (di norma in sede di conclusione del contratto) delle informazioni previste all'art. 13 del Codice, con particolare riferimento all'indicazione degli eventuali responsabili del trattamento ai quali è rimesso l'incarico di procedere al recupero crediti (se del caso, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. f), del Codice, indicandoli nel proprio sito Internet e facendo ad esso espresso riferimento nell'informativa resa).

Ove i dati vengano raccolti presso terzi trova applicazione l'art. 13, comma 4, del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

prescrive, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, ai titolari di trattamenti di dati personali nell'ambito dell'attività di recupero crediti le misure necessarie ed opportune di cui ai punti da 1 a 5 del presente provvedimento al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti.

Roma, 30 novembre 2005

IL PRESIDENTE, Pizzetti

IL RELATORE, Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE, Buttarelli

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA　

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I.- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º　

Esta Lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria.

Artigo 2º　

A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como:

I – o reconhecimento da escala mundial da rede;

II – os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais;

III – a pluralidade e a diversidade;

IV – a abertura e a colaboração;

V – a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e

VI – a finalidade social da rede.

Artigo 3º　

A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:

I – garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal;

II – proteção da privacidade;

III – proteção dos dados pessoais, na forma da lei;

IV – preservação e garantia da neutralidade de rede;

V – preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas;

VI – responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei;

VII – preservação da natureza participativa da rede;

VIII – liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei.

Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Artigo 4º　

A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção:

I – do direito de acesso à internet a todos;

II – do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos;

III – da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso; e

IV – da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados.

Artigo 5º　

Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I – internet: o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes;

II – terminal: o computador ou qualquer dispositivo que se conecte à internet;

III – endereço de protocolo de internet (endereço IP): o código atribuído a um terminal de uma rede para permitir sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais;

IV – administrador de sistema autônomo: a pessoa física ou jurídica que administra blocos de endereço IP específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento, devidamente cadastrada no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços IP geograficamente referentes ao País;

V – conexão à internet: a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP;

VI – registro de conexão: o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados;

VII – aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet; e

VIII – registros de acesso a aplicações de internet: o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP.

Artigo 6º　

Na interpretação desta Lei serão levados em conta, além dos fundamentos, princípios e objetivos previstos, a natureza da internet, seus usos e costumes particulares e sua importância para a promoção do desenvolvimento humano, econômico, social e cultural.

CAPÍTULO II.- DOS DIREITOS E GARANTIAS DOS USUÁRIOS

Artigo 7º　

O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

I – inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

II – inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei;

III – inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial;

IV – não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização;

V – manutenção da qualidade contratada da conexão à internet;

VI – informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços, com detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar sua qualidade;

VII – não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei;

VIII – informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que:

a) justifiquem sua coleta;

b) não sejam vedadas pela legislação; e

c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de aplicações de internet;

IX – consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais;

X – exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei;

XI – publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet;

XII – acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei; e

XIII – aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet.

Artigo 8º　　

A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet.

Parágrafo único. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que violem o disposto no caput, tais como aquelas que:

I – impliquem ofensa à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações privadas, pela internet; ou

II – em contrato de adesão, não ofereçam como alternativa ao contratante a adoção do foro brasileiro para solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados no Brasil.

CAPÍTULO III.- DA PROVISÃO DE CONEXÃO E DE APLICAÇÕES DE INTERNET

Seção I.- Da Neutralidade de Rede

Artigo 9º　

O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação.

§ 1º　A discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada nos termos das atribuições privativas do Presidente da República previstas no inciso IV do Artigo 84 da Constituição Federal, para a fiel execução desta Lei, ouvidos o Comitê Gestor da Internet e a Agência Nacional de Telecomunicações, e somente poderá decorrer de:

I – requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações; e

II – priorização de serviços de emergência.

§ 2º　Na hipótese de discriminação ou degradação do tráfego prevista no § 1^º, o responsável mencionado no caput deve:

I – abster-se de causar dano aos usuários, na forma do Artigo 927 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil;

II – agir com proporcionalidade, transparência e isonomia;

III – informar previamente de modo transparente, claro e suficientemente descritivo aos seus usuários sobre as práticas de gerenciamento e mitigação de tráfego adotadas, inclusive as relacionadas à segurança da rede; e

IV – oferecer serviços em condições comerciais não discriminatórias e abster-se de praticar condutas anticoncorrenciais.

§ 3º　Na provisão de conexão à internet, onerosa ou gratuita, bem como na transmissão, comutação ou roteamento, é vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados, respeitado o disposto neste artigo.

Seção II.- Da Proteção aos Registros, aos Dados Pessoais e às Comunicações Privadas

Artigo 10. 　

A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.

§ 1º O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no Artigo 7º.

§ 2º O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do Artigo 7º.

§ 3º O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para a sua requisição.

§ 4º As medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem ser informados pelo responsável pela provisão de serviços de forma clara e atender a padrões definidos em regulamento, respeitado seu direito de confidencialidade quanto a segredos empresariais.

Artigo 11. 　

Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros.

§ 1º O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil.

§ 2º O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil.

§ 3º Os provedores de conexão e de aplicações de internet deverão prestar, na forma da regulamentação, informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, à guarda, ao armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo de comunicações.

§ 4º Decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto neste artigo.

Artigo 12. 　

Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, as infrações às normas previstas nos arts. 10 e 11 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções, aplicadas de forma isolada ou cumulativa:

I – advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

II – multa de até 10% (dez por cento) do faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, considerados a condição econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção;

III – suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos no Artigo 11; ou

IV – proibição de exercício das atividades que envolvam os atos previstos no Artigo 11.

Parágrafo único. Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento da multa de que trata o caput sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no País.

Subseção I.- Da Guarda de Registros de Conexão

Artigo 13. 　

Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do regulamento.

§ 1º A responsabilidade pela manutenção dos registros de conexão não poderá ser transferida a terceiros.

§ 2º A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderá requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por prazo superior ao previsto no caput.

§ 3º Na hipótese do § 2º, a autoridade requerente terá o prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do requerimento, para ingressar com o pedido de autorização judicial de acesso aos registros previstos no caput.

§ 4º O provedor responsável pela guarda dos registros deverá manter sigilo em relação ao requerimento previsto no § 2º, que perderá sua eficácia caso o pedido de autorização judicial seja indeferido ou não tenha sido protocolado no prazo previsto no § 3º.

§ 5º Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na Seção IV deste Capítulo.

§ 6º Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto neste artigo, serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes, eventual vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência.

Subseção II.- Da Guarda de Registros de Acesso a Aplicações de Internet na Provisão de Conexão

Artigo 14. 　

Na provisão de conexão, onerosa ou gratuita, é vedado guardar os registros de acesso a aplicações de internet.

Subseção III.- Da Guarda de Registros de Acesso a Aplicações de Internet na Provisão de Aplicações

Artigo 15. 　

O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento.

§ 1º Ordem judicial poderá obrigar, por tempo certo, os provedores de aplicações de internet que não estão sujeitos ao disposto no caput a guardarem registros de acesso a aplicações de internet, desde que se trate de registros relativos a fatos específicos em período determinado.

§ 2º A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderão requerer cautelarmente a qualquer provedor de aplicações de internet que os registros de acesso a aplicações de internet sejam guardados, inclusive por prazo superior ao previsto no caput, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do Artigo 13.

§ 3º Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na Seção IV deste Capítulo.

§ 4º Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto neste artigo, serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes, eventual vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência.

Artigo 16. 　

Na provisão de aplicações de internet, onerosa ou gratuita, é vedada a guarda:

I – dos registros de acesso a outras aplicações de internet sem que o titular dos dados tenha consentido previamente, respeitado o disposto no Artigo 7º ou

II – de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular.

Artigo 17. 　

Ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei, a opção por não guardar os registros de acesso a aplicações de internet não implica responsabilidade sobre danos decorrentes do uso desses serviços por terceiros.

Seção III.- Da Responsabilidade por Danos Decorrentes de Conteúdo Gerado por Terceiros

Artigo 18. 　

O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.

Artigo 19. 　

Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

§ 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.

§ 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no Artigo 5^oda Constituição Federal.

§ 3º As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais.

§ 4º O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3^o, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Artigo 20. 　

Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o Artigo 19, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário.

Parágrafo único. Quando solicitado pelo usuário que disponibilizou o conteúdo tornado indisponível, o provedor de aplicações de internet que exerce essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos substituirá o conteúdo tornado indisponível pela motivação ou pela ordem judicial que deu fundamento à indisponibilização.

Artigo 21. 　

O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo.

Parágrafo único. A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para apresentação do pedido.

Seção IV.- Da Requisição Judicial de Registros

Artigo 22. 　

A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet.

Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade:

I – fundados indícios da ocorrência do ilícito;

II – justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e

III – período ao qual se referem os registros.

Artigo 23. 　

Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, podendo determinar segredo de justiça, inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro.

CAPÍTULO IV.- DA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO

Artigo 24. 　

Constituem diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no desenvolvimento da internet no Brasil:

I – estabelecimento de mecanismos de governança multiparticipativa, transparente, colaborativa e democrática, com a participação do governo, do setor empresarial, da sociedade civil e da comunidade acadêmica;

II – promoção da racionalização da gestão, expansão e uso da internet, com participação do Comitê Gestor da internet no Brasil;

III – promoção da racionalização e da interoperabilidade tecnológica dos serviços de governo eletrônico, entre os diferentes Poderes e âmbitos da Federação, para permitir o intercâmbio de informações e a celeridade de procedimentos;

IV – promoção da interoperabilidade entre sistemas e terminais diversos, inclusive entre os diferentes âmbitos federativos e diversos setores da sociedade;

V – adoção preferencial de tecnologias, padrões e formatos abertos e livres;

VI – publicidade e disseminação de dados e informações públicos, de forma aberta e estruturada;

VII – otimização da infraestrutura das redes e estímulo à implantação de centros de armazenamento, gerenciamento e disseminação de dados no País, promovendo a qualidade técnica, a inovação e a difusão das aplicações de internet, sem prejuízo à abertura, à neutralidade e à natureza participativa;

VIII – desenvolvimento de ações e programas de capacitação para uso da internet;

IX – promoção da cultura e da cidadania; e

X – prestação de serviços públicos de atendimento ao cidadão de forma integrada, eficiente, simplificada e por múltiplos canais de acesso, inclusive remotos.

Artigo 25. 　

As aplicações de internet de entes do poder público devem buscar:

I – compatibilidade dos serviços de governo eletrônico com diversos terminais, sistemas operacionais e aplicativos para seu acesso;

II – acessibilidade a todos os interessados, independentemente de suas capacidades físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais, mentais, culturais e sociais, resguardados os aspectos de sigilo e restrições administrativas e legais;

III – compatibilidade tanto com a leitura humana quanto com o tratamento automatizado das informações;

IV – facilidade de uso dos serviços de governo eletrônico; e

V – fortalecimento da participação social nas políticas públicas.

Artigo 26. 　

O cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação, em todos os níveis de ensino, inclui a capacitação, integrada a outras práticas educacionais, para o uso seguro, consciente e responsável da internet como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico.

Artigo 27. 　

As iniciativas públicas de fomento à cultura digital e de promoção da internet como ferramenta social devem:

I – promover a inclusão digital;

II – buscar reduzir as desigualdades, sobretudo entre as diferentes regiões do País, no acesso às tecnologias da informação e comunicação e no seu uso; e

III – fomentar a produção e circulação de conteúdo nacional.

Artigo 28. 　

O Estado deve, periodicamente, formular e fomentar estudos, bem como fixar metas, estratégias, planos e cronogramas, referentes ao uso e desenvolvimento da internet no País.

CAPÍTULO V.- DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 29. 　

O usuário terá a opção de livre escolha na utilização de programa de computador em seu terminal para exercício do controle parental de conteúdo entendido por ele como impróprio a seus filhos menores, desde que respeitados os princípios desta Lei e da Lei n^o 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Parágrafo único. Cabe ao poder público, em conjunto com os provedores de conexão e de aplicações de internet e a sociedade civil, promover a educação e fornecer informações sobre o uso dos programas de computador previstos no caput, bem como para a definição de boas práticas para a inclusão digital de crianças e adolescentes.

Artigo 30. 　

A defesa dos interesses e dos direitos estabelecidos nesta Lei poderá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente, na forma da lei.

Artigo 31. 　

Até a entrada em vigor da lei específica prevista no § 2º do Artigo 19, a responsabilidade do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, quando se tratar de infração a direitos de autor ou a direitos conexos, continuará a ser disciplinada pela legislação autoral vigente aplicável na data da entrada em vigor desta Lei.

Artigo 32. 　

Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação oficial.

Brasília, 23 de abril de 2014; 193º da Independência e 126º da República.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Miriam Belchior
Paulo Bernardo Silva
Clélio Campolina Diniz

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2005. Dipartimento Innovazione e Tecnologie.

Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Vista la Legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici ed in particolare l'Articolo 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, recante regolamento d'attuazione della Legge 9 gennaio 2004, n. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 dell'11 maggio 2005, recante delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;

Visto il Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'Articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni ed integrazioni;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Decreta:

Articolo 1. Definizioni e ambito d'applicazione

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) accessibilità: capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche
da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

b) ambiente operativo: insieme di programmi e di interfacce utente che consentono l'utilizzo delle risorse hardware e software disponibili sul computer;

c) applet: programma autonomo, in genere scritto in linguaggio Java, che puó essere inserito in una pagina Web per fornire informazioni o funzionalità;

d) applicazione: programma informatico che consente all'utente di svolgere specifici compiti;

e) applicazione Internet: programma sviluppato adottando tecnologie Internet, in particolare utilizzando il protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol) per il trasferimento dei dati e il
linguaggio a marcatori (X)HTML (eXtensible HyperText Markup Language) per la presentazione e la struttura dell'informazione;

f) browser: programma informatico che consente di accedere alle risorse presenti su un sito Web;

g) CD-ROM (Compact Disc – Read Only Memory) e DVD (Digital Versatile Disc): particolari tipi di supporto ottico di memorizzazione;

h) em: unità di misura tipografica che prende a riferimento la larghezza del carattere M;

i) esperto di fattori umani: soggetto in possesso di diploma di laurea, anche triennale, comprendente un anno di formazione in discipline ergonomiche, quali ergonomia dell'ambiente, ergonomia dell'hardware, ergonomia cognitiva, macroergonomia, che abbia svolto un tirocinio documentato di almeno un anno;

l) esperto di interazione con persone disabili: soggetto in possesso di diploma di laurea, anche triennale, esperto di problematiche di comunicazione e di utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che abbia maturato un'esperienza professionale biennale nel settore;

m) esperto tecnico: soggetto esperto in tecnologie Web e problematiche dell'accessibilità;

n) focus: elemento attivo in un'interfaccia utente;

o) fogli di stile: strumento per mezzo del quale é possibile separare i contenuti di una pagina Web dalle modalità tipografiche con le quali essi vengono presentati;

p) frame: struttura di una pagina Web costituita da due o piú parti indipendenti;

q) fruibilità: caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del prodotto;

r) gestore di evento: parte di programma informatico che si attiva al verificarsi di un evento logico o dipendente dal dispositivo di input;

s) gruppo di valutazione: gruppo di utenti, anche disabili, che svolgono compiti assegnati dall'esperto di fattori umani per l'effettuazione della verifica soggettiva;

t) homepage: prima pagina che viene resa disponibile all'utente quando si accede a un indirizzo corrispondente a un sito Web;

u) interattività: caratteristica del programma informatico che richiede l'intervento dell'utente per espletare le sue funzionalità;

v) interfaccia utente: programma informatico che gestisce l'output e l'input dell'utente da e verso un computer in modo interattivo, realizzato attraverso una rappresentazione basata su metafore grafiche (interfaccia grafica) oppure attraverso comandi impartiti in modo testuale (interfaccia testuale);

z) interfaccia di programmazione (API, Application Program Interface): insieme di programmi che consentono ad applicazioni diverse di comunicare tra loro;

aa) Internet: rete mondiale di computer basata sulla famiglia di protocolli di comunicazione TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol);

bb) Intranet: rete di computer basata sugli stessi protocolli di Internet, riservata all'uso esclusivo di una organizzazione, o gruppo di utenti;

cc) legge: Legge 9 gennaio 2004, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

dd) linguaggio a marcatori: modalità di rappresentazione delle informazioni che utilizza indicatori (marcatori) per qualificare l'informazione stessa;

ee) moduli di interazione o form: strumenti mediante i quali l'utente interagisce con il sito Web fornendo e ricevendo specifiche informazioni;

ff) pagina Web: elemento informativo di base di un sito Web, realizzato mediante un linguaggio a marcatori che puó contenere oggetti testuali e multimediali ed immagini;

gg) prodotti a scaffale: applicazioni preconfezionate da utilizzarsi anche senza sviluppare appositi programmi di adattamento;

hh) regolamento: decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2005;

ii) script: sequenza di istruzioni in linguaggio di programmazione che puó essere inserita in una pagina Web per fornire funzionalità aggiuntive;

ll) sito Web: insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito Internet;

mm) task: compito specifico che l'esperto di fattori umani assegna ad un componente del gruppo di valutazione per simulare situazioni concrete di interazione con il sistema informatico;

nn) tecnologie assistive: strumenti e soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici;

oo) tecnologie Web: insieme degli standard definiti dall'ISO e delle «Recommendation» del Consorzio W3C finalizzato a veicolare informazioni o erogare servizi su reti che utilizzano il protocollo http, comunemente definite anche tecnologie Internet;

pp) verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;

qq) verifica soggettiva: valutazione del livello di qualità dei servizi, già giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l'intervento del destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche.

Articolo 2. Requisiti tecnici e livelli di accessibilità

1. Il presente decreto definisce negli allegati A, B, C e D, che ne costituiscono parte integrante, le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge e nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento.

2. Il primo livello di accessibilità dei siti Web é accertato previo esito positivo della verifica tecnica che riscontra la conformità delle pagine dei medesimi siti ai requisiti tecnici elencati nell'allegato A, applicando la metodologia ivi indicata.

3. I requisiti tecnici si applicano anche nei casi in cui i soggetti di cui all'Articolo 3, comma 1 della legge forniscono informazioni o erogano servizi mediante applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM, DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete.

4. Il secondo livello di accessibilità riguarda la qualità delle informazioni fornite e dei servizi erogati dal sito Web e si articola in primo, secondo e terzo livello di qualità; tali livelli di qualità sono accertati con la verifica soggettiva attraverso i criteri di valutazione di cui all'allegato B, applicando la metodologia ivi indicata.

Articolo 3. Accessibilità per i personal computer, l'ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale

1. I requisiti di accessibilità per i personal computer sono indicati nell'allegato C.

2. I requisiti di accessibilità per l'ambiente operativo, le applicazioni ed i prodotti a scaffale sono indicati nell'allegato D.

3. Il soggetto produttore o fornitore dichiara il livello di conformità del prodotto o servizio ai requisiti di cui al presente articolo.

Articolo 4. Specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti dei soggetti valutatori

1. Le persone giuridiche interessate alla iscrizione nell'elenco dei valutatori di cui all'Articolo 3, comma 1 del regolamento presentano documentazione idonea a comprovare la disponibilità di risorse strumentali tali da consentire l'effettuazione delle verifiche tecnica e soggettiva.

2. Le persone giuridiche di cui al comma 1 forniscono altresí elementi idonei a comprovare la disponibilità delle seguenti risorse professionali, anche se non legate alle medesime da rapporto di
lavoro dipendente:

a) esperto di fattori umani;

b) esperto tecnico;

c) esperto di interazione con i soggetti disabili;

d) gruppo di valutazione.

Articolo 5. Svolgimento delle verifiche e determinazione degli importi massimi dovuti dai soggetti privati

1. Gli importi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l'attività svolta dai valutatori, sono determinati sulla base dei costi sostenuti per lo svolgimento della verifica tecnica e della verifica soggettiva.

2. Nella verifica tecnica l'esperto tecnico, applicando la metodologia di cui all'allegato A, paragrafo 2:

a) svolge le attività previste alla lettera a) del medesimo paragrafo 2 su tutte le pagine del sito;

b) svolge le attività previste alle lettere b), c) e d) del medesimo paragrafo 2 sulla home page, su tutte le pagine del sito direttamente raggiungibili dalla home page, su tutte le tipologie di pagine che presentano form e di pagine di risposta, nonché su un campione statistico di pagine, non rientranti in quelle esaminate precedentemente, pari al 5% delle stesse;

c) redige il rapporto di cui alla lettera e) del medesimo paragrafo 2.

3. La verifica soggettiva consta delle attività, previste dalla metodologia di cui all'allegato B, svolte dall'esperto in fattori umani, dall'esperto di interazione con le persone disabili e dal gruppo di valutazione; il costo complessivo della verifica tiene anche conto dei tempi di utilizzo delle tecnologie assistive impiegate.

4. Ai sensi dell'Articolo 3, comma 5, lettera b) del regolamento, gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l'attività svolta dai valutatori sono riportati nell'allegato F che
costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 6. Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità

1. Il modello del logo e la corrispondenza tra il logo stesso, eventualmente corredato da asterischi, ed il diverso livello di qualità del servizio sono indicati nell'allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 7. Utilizzo del logo

1. La richiesta di autorizzazione ad esporre il logo viene presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per via telematica tramite il sito del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), ai sensi dell'Articolo 4, comma 3 del regolamento.

2. Ai fini del comma 1, i soggetti di cui all'Articolo 3, comma 1 della legge ed i soggetti privati che intendono esporre il logo attestante il possesso del requisito di accessibilità sul proprio sito Web si
registrano preventivamente nell'apposita sezione del sito Web del Cnipa.

3. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 é corredata dall'attestato di accessibilità, in formato elettronico, relativo ad ogni pagina del sito esaminata, nonché da copia statica, riferita al
momento della valutazione, di tutte le pagine analizzate indicate all'Articolo 5, comma 2; il modello di attestato di accessibilità é disponibile, per i soggetti registrati, nella citata sezione del sito Web del Cnipa.

4. Ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione ad esporre il logo, il Cnipa provvede a:

a) predisporre una sezione del proprio sito Web per ricevere le richieste di registrazione;

b) acquisire la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 e la documentazione di cui al comma 3;

c) costituire e tenere aggiornata la banca dati dei soggetti autorizzati ad esporre il logo, dei codici elettronici di riconoscimento rilasciati agli stessi soggetti ai fini della registrazione e della documentazione inerente a ciascuna richiesta di autorizzazione;

d) riferire gli esiti dell'istruttoria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, sulla base dei risultati dell'istruttoria di cui al presente articolo, rilascia l'autorizzazione all'utilizzo del logo, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

Articolo 8. Rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività inerenti l'utilizzo del logo e le funzioni ispettive

1. I soggetti privati che richiedono l'autorizzazione all'utilizzo del logo allegano alla richiesta la ricevuta del versamento effettuato, anche in via telematica, quale rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività inerenti il rilascio dell'autorizzazione; l'importo del versamento é indicato nell'allegato F.

2. Ai sensi dell'Articolo 7 del regolamento, in caso di riscontro di un livello di accessibilità inferiore a quello del logo utilizzato sono a carico del soggetto privato i costi effettivi dell'avvenuta ispezione, nonché una quota di partecipazione ai costi per l'espletamento delle funzioni ispettive complessivamente svolte dal Cnipa sui soggetti privati; l'importo della quota, comunque non
superiore al doppio del costo effettivo dell'ispezione, é indicato nell'allegato F.

3. Con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di natura non regolamentare, gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente.

Il presente decreto é inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2005

Il Ministro: Stanca

Allegato A. Verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet

1. Premessa

La definizione dei requisiti tecnici di accessibilità nonché l’articolazione delle attività previste per la verifica tecnica sono stabilite sulla base di:

a) quanto indicato nelle Recommendation del World Wide Web Consortium (W3C) ed in particolare in quelle del progetto Web Accessibility Initiative (WAI);

b) standard definiti nel paragrafo 1194.22 della Sezione 508 del Rehabilitation Act degli USA;

c) standard e specifiche tecniche definite in materia di accessibilità dalla International Organization for Standardization (ISO);

d) esperienze acquisite nell’ambito della Pubblica Amministrazione ed in particolare, tra quelle già maturate, quelle relative all’attuazione della Circolare AIPA del 6 settembre 2001 recante «Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti Web e delle applicazioni informatiche a persone disabili» e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2002 per la conoscenza e l'uso del dominio internet «.gov.it» e l'efficace interazione del portale nazionale «italia.gov.it» con le pubbliche amministrazioni e le loro diramazioni territoriali.

2. Metodologia per la verifica tecnica

La verifica tecnica si articola nelle seguenti attività:

a) riscontro, con sistemi di validazione automatica, della rispondenza alla sua definizione formale del linguaggio a marcatori utilizzato;

b) verifica dell’esperto tecnico sul corretto utilizzo semantico degli elementi e degli attributi secondo le specifiche del linguaggio a marcatori impiegato, anche mediante l’uso di strumenti semiautomatici di valutazione allo scopo di evidenziare problemi non riscontrabili dalle verifiche automatiche;

c) esame della pagina con varie versioni di diversi browser grafici in vari sistemi operativi allo scopo di verificare che:

1) il contenuto informativo e le funzionalità presenti in una pagina siano gli stessi nei vari browser;

2) la presentazione della pagina sia simile nei browser che supportano le tecnologie indicate al requisito n. 1 di cui al paragrafo 4 del presente allegato;

3) il contenuto informativo e le funzionalità della pagina siano ancora fruibili in caso di disattivazione del caricamento delle immagini;

4) i contenuti informativi di eventuali file audio siano fruibili anche in forma testuale;

5) i contenuti della pagina siano fruibili in caso di utilizzo delle funzioni previste dai browser per definire la grandezza dei caratteri;

6) la pagina sia navigabile con il solo uso della tastiera e l’impiego di una normale abilità;

7) i contenuti e le funzionalità della pagina siano ancora fruibili, anche in modalità diverse, in caso di disattivazione di fogli di stile, script e applet ed altri oggetti di programmazione;

8) i contenuti e le funzionalità continuino a essere disponibili con un browser testuale e i medesimi contenuti mantengano il proprio significato d’insieme e la corretta struttura semantica;

d) verifica delle differenze di luminosità e di colore tra il testo e lo sfondo secondo i seguenti algoritmi:

1) differenza di luminosità: calcolo della luminosità dei colori di testo e di sfondo con la formula: ((Rosso X 299) + (Verde X 587) + (Blu X 114)) / 1000, in cui Rosso, Verde e Blu sono i valori decimali dei colori; il risultato deve essere non inferiore a 125.

2) differenza di colore: calcolo della differenza di colore con la formula[Max (Rosso1, Rosso2) – Min (Rosso1, Rosso2)] + [Max (Verde1, Verde2) – Min (Verde1, Verde2)] + [Max (Blu1, Blu2) — Min (Blu1, Blu2)], in cui Rosso, Verde e Blu sono i valori decimali dei colori e Max e Min il valore massimo e minimo tra i due presi in considerazione; il risultato deve essere non inferiore a 500;

e) redazione di un rapporto nel quale l’esperto tecnico indica la conformità, la non conformità o l’eventuale non applicabilità di ogni singolo requisito della pagina esaminata.

3. Programmi di valutazione assistita

Sul mercato sono disponibili numerosi programmi in grado agevolare l’attività di verifica tecnica dell’accessibilità dei siti Web. Tali programmi, in particolare, devono essere in grado di garantire idonee prestazioni a supporto dell’attività dell’esperto tecnico. Degli stessi non viene fornito un puntuale elenco nel presente Allegato; si segnalano, comunque, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b) della legge n. 4 del 2004, il programma automatico fornito dal W3C e i programmi indicati nella lista degli strumenti più diffusi presente nella pagina Evaluation, Repair, and Transformation Tools for Web Content Accessibility dello stesso sito del W3C.

4. Requisiti di accessibilità per i siti Internet

Per ciascun requisito viene indicato il numero d’ordine, l’enunciato, il riferimento ai punti di controllo delle Web Content Accessibility Guidelines – versione 1.0 (WCAG 1.0) del W3C-WAI, nonché il riferimento agli standard definiti nella Sezione 508 del «Rehabilitation Act».

I punti di controllo del W3C-WAI e gli standard della Sezione 508 eventualmente richiamati nei singoli requisiti, sono da intendersi soltanto come elementi di riferimento, al fine di consentire un più facile riscontro con gli standard già impiegati e per facilitare l’utilizzo degli strumenti informatici di valutazione della accessibilità attualmente disponibili sul mercato.

L’espressione «In sede di prima applicazione», presente nell’enunciato di alcuni requisiti, consente di effettuare un percorso alternativo di adeguamento di siti pubblici particolarmente complessi.

Elenco dei requisiti di accessibilità per i siti Internet

Requisito n. 1

Enunciato: Realizzare le pagine e gli oggetti al loro interno utilizzando tecnologie definite da grammatiche formali pubblicate nelle versioni più recenti disponibili quando sono supportate dai programmi utente. Utilizzare elementi ed attributi in modo conforme alle specifiche, rispettandone l’aspetto semantico. In particolare, per i linguaggi a marcatori HTML (HypertText Markup Language) e XHTML (eXtensible HyperText Markup Language):

a) per tutti i siti di nuova realizzazione utilizzare almeno la versione 4.01 dell’HTML o preferibilmente la versione 1.0 dell’XHTML, in ogni caso conDTD (Document Type Definition – Definizione del Tipo di Documento) di tipo Strict;

b)per i siti esistenti, in sede di prima applicazione, nel caso in cui non sia possibile ottemperare al punto a) è consentito utilizzare la versione dei linguaggi sopra indicati con DTD Transitional, ma con le seguenti avvertenze:

1) evitare di utilizzare, all’interno del linguaggio a marcatori con il quale la pagina è realizzata, elementi ed attributi per definirne le caratteristiche di presentazione della pagina (per esempio, caratteristiche dei caratteri del testo, colori del testo stesso e dello sfondo, ecc.), ricorrendo invece ai Fogli di Stile CSS (Cascading style Sheets) per ottenere lo stesso effetto grafico;

2) evitare la generazione di nuove finestre; ove ciò non fosse possibile, avvisare esplicitamente l’utente del cambiamento del focus;

3) pianificare la transizione dell’intero sito alla versione con DTD Strict del linguaggio utilizzato, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione.

Riferimenti WCAG 1.0: 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 11.1, 11.2

Riferimenti Sec. 508: Non presente

Requisito n. 2

Enunciato: Non è consentito l’uso dei frame nella realizzazione di nuovi siti. In sede di prima applicazione, per i siti Web esistenti già realizzati con frame è consentito l’uso di HTML 4.01 o XHTML 1.0 con DTD frameset, ma con le seguenti avvertenze:

a) evitare di utilizzare, all’interno del linguaggio a marcatori con il quale la pagina è realizzata, elementi ed attributi per definirne le caratteristiche di presentazione della pagina (per esempio, caratteristiche dei caratteri del testo, colori del testo stesso e dello sfondo, ecc.), ricorrendo invece ai Fogli di Stile CSS (Cascading style Sheets) per ottenere lo stesso effetto grafico;

b) fare in modo che ogni frame abbia un titolo significativo per facilitarne l’identificazione e la navigazione; se necessario, descrivere anche lo scopo dei frame e la loro relazione; +

c) pianificare la transizione a XHTML almeno nella versione 1.0 con DTD Strict dell’intero sito dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e alCentro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione.

Riferimenti WCAG 1.0: 12.1, 12.2

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (i)

Requisito n. 3

Enunciato: Fornire una alternativa testuale equivalente per ogni oggetto non di testo presente in una pagina e garantire che quando il contenuto non testuale di un oggetto cambia dinamicamente vengano aggiornati anche i relativi contenuti equivalenti predisposti; l’alternativa testuale equivalente di un oggetto non testuale deve essere commisurata alla funzione esercitata dall’oggetto originale nello specifico contesto.

Riferimenti WCAG 1.0: 1.1, 6.2

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (a)

Requisito n. 4

Enunciato: Garantire che tutti gli elementi informativi e tutte le funzionalità siano disponibili anche in assenza del particolare colore utilizzato per presentarli nella pagina.

Riferimenti WCAG 1.0: 2.1

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (c)

Requisito n. 5

Enunciato: Evitare oggetti e scritte lampeggianti o in movimento le cui frequenze di intermittenza possano provocare disturbi da epilessia fotosensibile o disturbi della concentrazione, ovvero possano causare il malfunzionamento delle tecnologie assistive utilizzate; qualora esigenze informative richiedano comunque il loro utilizzo, avvertire l’utente del possibile rischio prima di presentarli e predisporre metodi che consentano di evitare tali elementi.

Riferimenti WCAG 1.0: 7.1, 7.2, 7.3

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (j)

Requisito n. 6

Enunciato: Garantire che siano sempre distinguibili il contenuto informativo (foreground) e lo sfondo (background), ricorrendo a un sufficiente contrasto (nel caso del testo) o a differenti livelli sonori (in caso di parlato con sottofondo musicale); evitare di presentare testi in forma di immagini; ove non sia possibile, ricorrere agli stessi criteri di distinguibilità indicati in precedenza.

Riferimenti WCAG 1.0: 2.2

Riferimenti Sec. 508: non presente

Requisito n. 7

Enunciato: Utilizzare mappe immagine sensibili di tipo lato client piuttosto che lato server, salvo il caso in cui le zone sensibili non possano essere definite con una delle forme geometriche predefinite indicate nella DTD adottata.

Riferimenti WCAG 1.0: 9.1

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (f)

Requisito n. 8

Enunciato: In caso di utilizzo di mappe immagine lato server, fornire i collegamenti di testo alternativi necessari per ottenere tutte le informazioni o i servizi raggiungibili interagendo direttamente con la mappa.

Riferimenti WCAG 1.0: 1.2

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (e)

Requisito n. 9

Enunciato: Per le tabelle dati usare gli elementi (marcatori) e gli attributi previsti dalla DTD adottata per descrivere i contenuti e identificare le intestazioni di righe e colonne.

Riferimenti WCAG 1.0: 5.1, 5.5, 5.6

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (g)

Requisito n. 10

Enunciato: Per le tabelle dati usare gli elementi (marcatori) e gli attributi previsti nella DTD adottata per associare le celle di dati e le celle di intestazione che hanno due o più livelli logici di intestazione di righe o colonne.

Riferimenti WCAG 1.0: 5.2

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (h)

Requisito n. 11

Enunciato: Usare i fogli di stile per controllare la presentazione dei contenuti e organizzare le pagine in modo che possano essere lette anche quando i fogli di stile siano disabilitati o non supportati.

Riferimenti WCAG 1.0: 3.3, 6.1

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (d)

Requisito n. 12

Enunciato: La presentazione e i contenuti testuali di una pagina devono potersi adattare alle dimensioni della finestra del browser utilizzata dall’utente senza sovrapposizione degli oggetti presenti o perdita di informazioni tali da rendere incomprensibile il contenuto, anche in caso di ridimensionamento, ingrandimento o riduzione dell’area di visualizzazione o dei caratteri rispetto ai valori predefiniti di tali parametri.

Riferimenti WCAG 1.0: 3.4

Riferimenti Sec. 508: non presente

Requisito n. 13

Enunciato: In caso di utilizzo di tabelle a scopo di impaginazione, garantire che il contenuto della tabella sia comprensibile anche quando questa viene letta in modo linearizzato e utilizzare gli elementi e gli attributi di una tabella rispettandone il valore semantico definito nella specifica del linguaggio a marcatori utilizzato.

Riferimenti WCAG 1.0: 5.3, 5.4

Riferimenti Sec. 508: non presente

Requisito n. 14

Enunciato: Nei moduli (form), associare in maniera esplicita le etichette ai rispettivi controlli, posizionandole in modo che sia agevolata la compilazione dei campi da parte di chi utilizza le tecnologie assistive.

Riferimenti WCAG 1.0: 10.2, 12.4

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (n)

Requisito n. 15

Enunciato: Garantire che le pagine siano utilizzabili quando script, applet, o altri oggetti di programmazione sono disabilitati oppure non supportati; ove ciò non sia possibile fornire una spiegazione testuale della funzionalità svolta e garantire una alternativa testuale equivalente, in modo analogo a quanto indicato nel requisito n. 3.

Riferimenti WCAG 1.0: 6.3

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (l),1194.22 (m)

Requisito n. 16

Enunciato: Garantire che i gestori di eventi che attivano script, applet o altri oggetti di programmazione o che possiedono una propria specifica interfaccia, siano indipendenti da uno specifico dispositivo di input.

Riferimenti WCAG 1.0: 6.4, 9.2, 9.3

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (l),1194.22 (m)

Requisito n. 17

Enunciato: Garantire che le funzionalità e le informazioni veicolate per mezzo di oggetti di programmazione, oggetti che utilizzano tecnologie non definite da grammatiche formali pubblicate, script e applet siano direttamente accessibili.

Riferimenti WCAG 1.0:8.1

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (l),1194.22 (m)

Requisito n. 18

Enunciato: Nel caso in cui un filmato o una presentazione multimediale siano indispensabili per la completezza dell’informazione fornita o del servizio erogato, predisporre una alternativa testuale equivalente, sincronizzata in forma di sotto-titolazione o di descrizione vocale, oppure fornire un riassunto o una semplice etichetta per ciascun elemento video o multimediale tenendo conto del livello di importanza e delle difficoltà di realizzazione nel caso di trasmissioni in tempo reale.

Riferimenti WCAG 1.0: 1.3, 1.4

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (b)

Requisito n. 19

Enunciato: Rendere chiara la destinazione di ciascun collegamento ipertestuale (link) con testi significativi anche se letti indipendentemente dal proprio contesto oppure associare ai collegamenti testi alternativi che possiedano analoghe caratteristiche esplicative, nonché prevedere meccanismi che consentano di evitare la lettura ripetitiva di sequenze di collegamenti comuni a più pagine.

Riferimenti WCAG 1.0: 13.1, 13.6

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (o)

Requisito n. 20

Enunciato: Nel caso che per la fruizione del servizio erogato in una pagina è previsto un intervallo di tempo predefinito entro il quale eseguire determinate azioni, è necessario avvisare esplicitamente l’utente, indicando il tempo massimo consentito e le alternative per fruire del servizio stesso.

Riferimenti WCAG 1.0: 7.4, 7.5

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (p)

Requisito n. 21

Enunciato: Rendere selezionabili e attivabili tramite comandi da tastiere o tecnologie in emulazione di tastiera o tramite sistemi di puntamento diversi dal mouse i collegamenti presenti in una pagina; per facilitare la selezione e l’attivazione dei collegamenti presenti in una pagina è necessario garantire che la distanza verticale di liste di link e la spaziatura orizzontale tra link consecutivi sia di almeno 0,5 em, le distanze orizzontale e verticale tra i pulsanti di un modulo sia di almeno 0,5 em e che le dimensioni dei pulsanti in un modulo siano tali da rendere chiaramente leggibile l’etichetta in essi contenuta.

Riferimenti WCAG 1.0: non presente

Riferimenti Sec. 508: non presente

Requisito n. 22

Enunciato: Per le pagine di siti esistenti che non possano rispettare i suelencati requisiti (pagine non accessibili), in sede di prima applicazione, fornire il collegamento a una pagina conforme a tali requisiti, recante informazioni e funzionalità equivalenti a quelle della pagina non accessibile ed aggiornata con la stessa frequenza, evitando la creazione di pagine di solo testo; il collegamento alla pagina conforme deve essere proposto in modo evidente all’inizio della pagina non accessibile.

Riferimenti WCAG 1.0: 11.4

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (k)

Allegato B. Metodologia e criteri di valutazione per la verifica soggettiva dell’accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet

1. Metodologia per la verifica soggettiva

La metodologia di verifica soggettiva delle applicazioni basate su tecnologie internet si articola in quattro principali fasi:

a) – Analisi da parte di uno o più esperti di fattori umani

La valutazione da parte di uno o più esperti di fattori umani consiste essenzialmente nel metodo della simulazione cognitiva attraverso il quale l’esperto definisce contesti, scopi e modi di interazione dell’utente, presente nel gruppo di valutazione, con il sito e costruisce scenari d’uso che simulano a livello cognitivo il comportamento dell’utente.

L’esperto di fattori umani conosce i servizi che il sito intende erogare, le informazioni che può fornire, le azioni richieste all’utente per raggiungere tali obiettivi per mezzo dell’interfaccia, nonché le informazioni sugli utenti potenziali e sulla esperienza e conoscenza a loro richieste per interagire con il sito.

Questa parte della valutazione, in coerenza con quanto già effettuato in fase di progettazione, è finalizzata ad assegnare a ciascuno dei criteri indicati, ove applicabili, un giudizio su una scala crescente di valori da 1 a 5 in cui:

1 corrisponde a nessuna rispondenza dell’ambiente al criterio in esame;

2 corrisponde a poca rispondenza dell’ambiente al criterio in esame;

3 corrisponde a sufficiente rispondenza dell’ambiente al criterio in esame;

4 corrisponde a molta rispondenza dell’ambiente al criterio in esame;

5 corrisponde a moltissima rispondenza dell’ambiente al criterio in esame.

b) – Costituzione del gruppo di valutazione

La seconda parte della valutazione prevede la costituzione del gruppo di valutazione i cui componenti disabili utilizzano le proprie tecnologie assistive; fanno parte del gruppo di valutazione utenti rappresentativi dei diversi tipi di disabilità: sordità, ipovisione, daltonismo, cecità, disabilità motoria agli arti superiori, distrofia spastica, disabilità cognitiva, nonché soggetti appartenenti a diverse categorie di utenti interessate ad accedere al sito.

c) – Esecuzione dei task da parte del gruppo di valutazione

L’esecuzione dei task da parte dei componenti del gruppo di valutazione avviene sia in contesti usuali (casa, ambiente di lavoro), sia in contesti appositamente costituiti (ambiente di laboratorio).

Il gruppo di valutazione esegue una serie di prove basate sulla interazione con l’ambiente. Le prove vengono svolte in forma libera, cioè senza compiti specifici, ovvero per obiettivi, se eseguite secondo compiti specifici.

Nella esecuzione delle prove, il gruppo di valutazione è guidato dall’esperto di fattori umani.

Nel corso della navigazione libera, l’esperto raccoglie i commenti dell’utente, anche verbali, e le osservazioni sul suo comportamento.

Nella prova su compiti specifici, l’esperto registra il tipo di compito, la quantità di tempo impiegata per svolgerlo e gli eventuali errori commessi ed annota i commenti dell’utente e le osservazioni sul suo comportamento.

d) – Valutazione dei risultati ed elaborazione del rapporto conclusivo

La verifica soggettiva si conclude con la predisposizione di un rapporto nel quale l’esperto di fattori umani indica la valutazione su scale soggettive ricavata dalla simulazione cognitiva dallo stesso effettuata, le proprie considerazioni sulle caratteristiche qualitative del sito, i dati relativi alle prestazioni degli utenti in relazione ai compiti affidati: performance, commenti, osservazioni comportamentali le risposte a questionari di valutazione compilati dagli utenti la valutazione complessiva del livello di qualità raggiunto secondo il seguente schema:

1) valore medio complessivo minore di 2 = assenza di qualità;

2) valore medio complessivo maggiore o uguale a 2 e minore di 3 = primo livello di qualità;

3) valore medio complessivo maggiore o uguale a 3 e minore di 4 = secondo livello di qualità;

4) valore medio complessivo maggiore o uguale a 4 = terzo livello di qualità.

2. Criteri di valutazione

I criteri essenziali su cui basare la verifica soggettiva dei siti Web e delle applicazioni realizzate con tecnologie Internet sono:

percezione: informazioni e comandi necessari per l’esecuzione dell’attività devono essere sempre disponibili e percettibili;
comprensibilità: informazioni e comandi necessari per l’esecuzione delle attività devono essere facili da capire e da usare;
operabilità: informazioni e comandi devono consentire una scelta immediata della azione adeguata per raggiungere l’obiettivo voluto;
coerenza: simboli, messaggi e azioni devono avere lo stesso significato in tutto l’ambiente;
salvaguardia della salute (safety): l’ambiente deve possedere caratteristiche idonee a salvaguardare il benessere psicofisico dell’utente;
sicurezza: l’ambiente deve possedere caratteristiche idonee a fornire transazioni e dati affidabili, gestiti con adeguati livelli di sicurezza;
trasparenza: l’ambiente deve comunicare all’utente lo stato, gli effetti delle azioni compiute e le informazioni necessarie per la corretta valutazione della dinamica dell’ambiente stesso;
apprendibilità: l’ambiente deve possedere caratteristiche di utilizzo di facile e rapido apprendimento;
aiuto e documentazione: funzioni di aiuto, quali le guide in linea, e documentazione relativa al funzionamento dell’ambiente devono essere di facili reperimento e connesse al compito svolto dall’utente;
tolleranza agli errori: l’ambiente, pur configurandosi in modo da prevenire gli errori, ove questi, comunque, si manifestino, deve fornire appropriati messaggi che individuino chiaramente l’errore occorso e le azioni necessarie per superarlo;
gradevolezza: l’ambiente deve possedere caratteristiche idonee a favorire e mantenere l’interesse dell’utente;
flessibilità: l’ambiente deve tener conto delle preferenze individuali e dei contesti.

Allegato C. Requisiti tecnici di accessibilità per i personal computer di tipo desktop e portatili

Per ciascun requisito viene indicato il numero d’ordine, l’enunciato e il riferimento agli standard definiti nella Section 508 del Rehabilitation Act.

Requisito n. 1

Enunciato: Il computer deve potersi collegare mediante canali standard a sistemi di accensione remota.

Riferimenti Sec. 508: non presente

Requisito n. 2

Enunciato: I tasti e i pulsanti devono essere raggiungibili ed operabili con minima abilità e con una forza massima di 2,3 Kg (pari a circa 22,2 N).

Riferimenti Sec. 508: 1194.26 a; 1194.23 (k2)

Requisito n. 3

Enunciato: I tasti e i pulsanti devono essere tattilmente percepibili, senza necessità di attivarli.

Riferimenti Sec. 508: 1194.26 a; 1194.23 (k1)

Requisito n. 4

Enunciato: In presenza della funzionalità di ripetizione dei tasti, l’intervallo di tempo sia per la prima ripetizione che per le ripetizioni successive, deve essere configurabile in almeno 2 secondi.

Riferimenti Sec. 508: 1194.26 a; 1194.23 (k3)

Requisito n. 5

Enunciato: Il diverso stato di attivazione dei tasti selezionati o bloccati deve essere percepibile, oltre che visivamente, anche attraverso il tatto o l’udito.

Riferimenti Sec. 508: 1194.26 a; 1194.23 (k4)

Requisito n. 6

Enunciato: Deve essere presente almeno una porta di comunicazione conforme agli standard industriali.

Riferimenti Sec. 508: 1194.26 d

Requisito n. 7

Enunciato: Qualora venga utilizzata una forma di identificazione biometrica, deve essere fornita una forma alternativa di identificazione.

Riferimenti Sec. 508: 1194.26 c

Allegato D. Requisiti tecnici di accessibilità per l’ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale

Per ciascun requisito viene indicato il numero d’ordine, l’enunciato, il riferimento agli standard definiti nella Section 508 del Rehabilitation Act,

Requisito n. 1

Enunciato: Le funzioni previste dall’interfaccia utente devono poter essere attivate anche attraverso comandi da tastiera nei casi in cui possa essere fornita una descrizione della funzione stessa o del risultato della sua esecuzione.

Section 508: 1194.21 (a)

Requisito n. 2

Enunciato: Comandi e funzionalità dell’interfaccia utente non devono limitare o disabilitare le caratteristiche e le funzionalità di accessibilità dell’ambiente operativo documentate e rese disponibili dal produttore dell’ambiente stesso.

Section 508: 1194.21 (b)

Requisito n. 3

Enunciato: L’applicazione deve rendere disponibili sufficienti informazioni, quali gli elementi identificativi, le operazioni possibili e lo stato, sugli oggetti contenuti nell’interfaccia utente affinché le tecnologie assistive possano identificarli interpretandone le funzionalità.

Section 508: 1194.21 (d)

Requisito n. 4

Enunciato: Nel caso di simboli grafici utilizzati per identificare controlli, indicatori di stato o altri elementi di programma, il significato assegnato a tali simboli deve essere coerente nell’ambito dell’intera applicazione, ivi compresa l’interfaccia utente.

Section 508: 1194.21 (e)

Requisito n. 5

Enunciato: Le informazioni di tipo testuale devono essere fornite utilizzando le funzionalità dell’ambiente operativo previste per la visualizzazione del testo; in particolare devono essere disponibili il contenuto testuale, la locazione del punto di inserimento e gli attributi del testo.

Section 508: 1194.21 (f)

Requisito n. 6

Enunciato: L’applicazione che utilizza segnalazioni audio deve prevedere una funzionalità equivalente di tipo visivo, seguendo le eventuali convenzioni dell’ambiente operativo.

Section 508: 1194.31 (c)

Requisito n. 7

Enunciato: Per fornire informazioni, per indicare o per richiedere azioni non devono essere utilizzati unicamente animazioni, elementi grafici o sonori e differenze di colori.

Section 508: 1194.21 (i) (h)

Requisito n. 8

Enunciato: Le applicazioni non devono sovrapporsi alle scelte effettuate dall’utente riguardo a livelli di contrasto, colori ed altri attributi di visualizzazione.

Section 508: 1194.21 (g)

Requisito n. 9

Enunciato: L’interfaccia utente non deve contenere elementi di testo, oggetti o altri elementi lampeggianti aventi una frequenza di intermittenza maggiore di 2Hz e minore di 55Hz.

Section 508: 1194.21 (k)

Requisito n. 10

Enunciato: L’elemento attivo «focus» di una interfaccia utente deve essere chiaramente identificabile; la identificazione e la variazione del focus devono essere segnalate a livello di interfaccia di programmazione (API) affinché le tecnologie assistive possano gestirle; vanno altresì adeguatamente segnalati gli elementi che richiedono obbligatoriamente un’azione da parte dell’utente.

Section 508: 1194.21 (c)

Requisito n. 11

Enunciato: La documentazione di supporto al prodotto e le caratteristiche di accessibilità devono essere rese disponibili anche in formato elettronico accessibile.

Section 508: 1194.41

Allegato E. Logo di accessibilità dei siti Web e delle applicazioni realizzate con tecnologie Internet

1. Logo senza asterischi

Consiste nella sagoma di un personal computer di colore terra di Siena unito a tre figure umane stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate.

Detto logo risponde al primo livello di accessibilità, legato alla conformità ai requisiti previsti per la verifica tecnica.

2. Logo con asterischi

Consiste nello stesso disegno sopra descritto con l’aggiunta di asterischi; esso garantisce la conformità ai requisiti della verifica tecnica e l’ulteriore livello di qualità raggiunto dal sito a seguito dell’esito positivo della verifica soggettiva, secondo quanto previsto nell’Allegato B, paragrafo 1.

Tale livello di qualità è indicato da uno, due o tre asterischi riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer.

In particolare:

a) Logo che riporta nella parte raffigurante la tastiera un solo asterisco:

corrisponde al livello di accessibilità che attesta il superamento della verifica tecnica e l’attribuzione, a conclusione della verifica soggettiva, di un valore medio complessivo pari o maggiore di 2 e minore di 3.

b) Logo che riporta nella parte raffigurante la tastiera due asterischi:

corrisponde al livello di accessibilità che attesta il superamento della verifica tecnica e l’attribuzione, a conclusione della verifica soggettiva, di un valore medio complessivo maggiore o uguale a 3 e minore di 4.

c) Logo che riporta nella parte raffigurante la tastiera tre asterischi:

corrisponde al livello di accessibilità che attesta il superamento della verifica tecnica e l’attribuzione, a conclusione della verifica soggettiva, di un valore medio complessivo maggiore o uguale a 4

Allegato F. Importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l’attività svolta dai valutatori

1. Gli importi massimi per l’anno 2005 dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l’attività svolta dai valutatori, sono:

a) € 900,00 per le attività di verifica tecnica di cui all’Allegato A, paragrafo 2; lettere a) ed e);

b) € 22,00 per ciascuna pagina, per le attività di verifica tecnica di cui all’Allegato A, paragrafo 2; lettere b), c) e d);

c)€ 8.980,00 per la verifica soggettiva di un sito.

2. L’importo dovuto all’Erario da parte dei soggetti privati quale rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attività inerenti il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 1 del DPR, per l’anno 2005, è stabilito in € 500,00.

3. L’importo dovuto all’Erario dai soggetti privati in caso di riscontro, effettuato ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del DPR, di un livello di accessibilità inferiore a quello del logo utilizzato, è pari ai costi effettivi dell’avvenuta ispezione determinati sulla base degli importi definiti al comma 1, maggiorati di una quota di partecipazione ai costi per l’espletamento delle funzioni ispettive complessivamente svolte dal Cnipa sui soggetti privati; tale quota, per l’anno 2005, è stabilita nella misura del 75%.

4. Con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie di natura non regolamentare, gli importi di cui ai commi 1 e 2 e la percentuale di cui al comma 3 sono aggiornate entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Lei nº 9.800 de 26 de maio 1999. Permite as partes a utilização de sistema de transmissao de dados para a prática de atos processuais. (Publicada no DOU de 27 de maio de 1999)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º. É permitida às partes a utilização de sistema de transmissão de dados e imagens tipo fac-símile ou outro similar, para a prática de atos processuais que dependam de petição escrita.

Artigo 2º. A utilização de sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término.

Parágrafo único. Nos atos não sujeitos a prazo, os originais deverão ser entregues, necessariamente, até cinco dias da data da recepção do material.

Artigo 3º. Os juízes poderão praticar atos de sua competência à vista de transmissões efetuadas na forma desta Lei, sem prejuízo do disposto no artigo anterior.

Artigo 4º. Quem fizer uso de sistema de transmissão torna-se responsável pela qualidade e fidelidade do material transmitido, e por sua entrega ao órgão judiciário.

Parágrafo único. Sem prejuízo de outras sanções, o usuário do sistema será considerado litigante de má-fé se não houver perfeita concordância entre o original remetido pelo fac-símile e o original entregue em juízo.

Artigo 5º. O disposto nesta Lei não obriga a que os órgãos judiciários disponham de equipamentos para recepção.

Artigo 6º. Esta Lei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

Brasília, 26 de maio de 1999; 178º da Independência e 111º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros

.

Ley 13703. Incorporando Artículo 73 bis del Título III del Decreto-Ley 8031/1973 t.o. por Decreto 181/1987 (Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires). Dispone que todo responsable de establecimiento comercial que brinde acceso a internet deberá instalar disposiciones que impidan el acceso a páginas con contenidos pornográficos a menores de 18 años. Establece multa.

El Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionan con fuerza de

Ley 13703

Artículo 1º

Incorpórase como artículo 73 bis del Título III del Decreto-Ley 8.031 y modificatorias, texto ordenado por Decreto 181/87, el siguiente texto:

«Artículo 73 bis.- El titular o responsable de un establecimiento comercial que brinde acceso a Internet deberá instalar en todas las computadoras que se encuentren a disposición del público, dispositivos que impidan el acceso a páginas con contenido pornográficos.

Dicho dispositivo deberá activarse cuando los usuarios del servicio de Internet sean personas menores de 18 años.

El titular o responsable de dicho establecimiento que incumpliere las obligaciones impuestas por este artículo será sancionado con multa equivalente al valor de uno (1) a veinte (20) haberes mensuales de un agente de seguridad agrupamiento comando de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.»

Artículo 2º

Comuníquese al Poder Ejecutivo.

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Fundamentos de la Ley 13703

El correspondiente proyecto tiene como objeto la protección y formación integral de los menores de 18 años de edad.

Actualmente éstos tienen acceso irrestricto a páginas web con contenido pornográfico, las mismas son visitadas generalmente desde una computadora sita en un local a cargo de un mayor responsable del mismo que lucra con el tiempo de permanencia en la red, no estando bajo la tutela de sus padres y por lo tanto totalmente desprotegidos.

Lo que busco con la sanción de esta ley es acabar con esa práctica mediante la colocación de filtros de contenido para este tipo de páginas y responsabilizar, con multa y/o clausura, a las personas que exploten este tipo de comercios y que no los instalen o lo desactiven.

Con la instalación de filtros para estas clases de páginas tal vez no se pueda evitar al cien por cien la no visita a ellas, pero se crea para el titular el deber de vigilancia de las páginas que están siendo consultadas por menores y la subsiguiente responsabilidad ante la falta del mismo.

Preservar la salud psico-física de los menores asegurada en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Constitución de la Provincia donde se garantiza y se asegura que todo niño tiene derecho a la protección y formación integral, es el fin último de este proyecto de ley.

Como antecedente tenemos a España en donde se establece una normativa similar sobre el mismo tema, también la Legislatura de la Ciudad Autónoma sanciona una ley con las mismas características a este proyecto.

Ley General de las Telecomunicaciones

El CONGRESO NACIONAL en nombre de la República

CONSIDERANDO: que es deber del Estado fomentar el desarrollo de las telecomunicaciones para contribuir a la expansión socioeconómica de la nación;

CONSIDERANDO: que es de interés del Estado organizar y promover la competencia leal, eficaz y sostenible dentro del sector de las telecomunicaciones;

CONSIDERANDO: que es objetivo del Estado asegurar a la nación un servicio de telecomunicaciones, a través de la participación del sector privado, que sea eficiente, moderno y a costo razonable;

CONSIDERANDO: que es de interés del Estado garantizar los servicios de telecomunicaciones en condiciones asequibles en todo el país y para todos los grupos sociales, conforme a los principios del servicio universal auspiciados por los organismos internacionales de que forma parte la República Dominicana;

CONSIDERANDO: que la Ley de Telecomunicaciones, nº 118, de fecha 1 de febrero de 1966, debe ser sustituida por un nuevo instrumento legal que responda a las necesidades presentes y futuras del país, en consistencia con los acuerdos, convenios y tratados suscritos y ratificados por la República Dominicana.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

CAPITULO I.- Definiciones

Artículo 1. Definiciones de la Ley

A los efectos de la presente Ley y sus reglamentos de aplicación, se entenderá por:

Alquiler de circuitos: cesión temporal en uso, brindada por un concesionario de servicio portador, del medio para el establecimiento de un enlace punto a punto o de punto a multipuntos, para la transmisión de señales de telecomunicaciones, por cierta renta convenida.

Area de concesión: área geográfica dentro de la cual se permite la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones por un concesionario.

Asignación: autorización del órgano regulador, en el acto de otorgar una concesión o licencia, para la utilización de una frecuencia asociada a determinadas condiciones de uso, por parte de una estación radioeléctrica.

Atribución: inscripción de una banda de frecuencias determinada en el plan nacional de atribución de frecuencias, para que sea utilizada por uno o varios servicios de radiocomunicación terrena o espacial o por el servicio de radioastronomía en condiciones especificadas. Este término se aplica también a la banda de frecuencias consideradas.

Cliente: usuario que ha celebrado un contrato de prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, con un concesionario de esos servicios.

Competencia efectiva: es aquella que tiene lugar entre dos o más personas, físicas o jurídicas, a fin de servir una porción determinada del mercado, mediante el mejoramiento de la oferta en calidad y precio, en beneficio del cliente o usuario.

Competencia leal: es aquella que se desarrolla sin incurrir en prácticas que actual o potencialmente la distorsionen o restrinjan. Esas prácticas pueden ser predatorias o restrictivas de la competencia, o bien, desleales.

Competencia sostenible: es aquella que por sus características puede perdurar en el tiempo, pues se basa en condiciones propias de la prestación.

Comunicaciones intraempresariales: las telecomunicaciones mediante las cuales una sociedad se comunica internamente con sus filiales, sucursales y, a reserva de las leyes y reglamentos del país, afiliadas, o éstas se comunican entre sí. Estas no incluyen los servicios comerciales o no comerciales suministrados a sociedades que no sean filiales, sucursales o afiliadas vinculadas, o que se ofrezcan a clientes o posibles clientes.

Difusión sonora: forma de telecomunicación que permite la emisión o transmisión de señales audibles destinadas a la recepción directa por el público en general.

Difusión televisiva: forma de telecomunicación que permite la emisión o transmisión de imágenes no permanentes de objetos fijos o móviles, por medio de ondas electromagnéticas transmitidas por cable, a través del espacio, sin guía artificial, ya sea mediante estaciones terrestres o satélites, o por cualquier otro medio.

Discriminación: es el trato desigual que se da a situaciones equivalentes.

Dominio público radioeléctrico: se entiende por dominio público radioeléctrico el espectro radioeléctrico o espectro de frecuencias radioeléctricas, y el espacio por el que pueden propagarse las ondas radioeléctricas o hertzianas.

Equipo terminal: dispositivo en el cual termina un circuito de telecomunicaciones para permitir al usuario el acceso a un punto de terminación de red.

Espectro radioeléctrico: conjunto de ondas radioeléctricas cuya frecuencia está comprendida entre los 9 Kilohertzios y 3,000 Gigahertzios.

Estación terrena: estación situada en la superficie de la Tierra, o en la parte principal de la atmósfera terrestre, destinada a establecer comunicación con una o varias estaciones espaciales, así como, con una o varias estaciones de la misma naturaleza, mediante el empleo de una o varias estaciones satelitales reflectoras u otros objetos situados en el espacio.

Instalaciones esenciales: toda instalación de una red o servicio públicos de transporte de telecomunicaciones que sea suministrada exclusivamente o de manera predominante por un solo proveedor o por un número limitado de proveedores, y cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en lo económico o en lo técnico.

Interconexión: unión de dos o más redes, técnica y funcionalmente compatibles, pertenecientes a diferentes operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, siendo el objeto de la unión transportar el tráfico de señales que se cursen entre ellas. La interconexión incluye los mecanismos comerciales y técnicos con arreglo a los cuales los proveedores de servicios conectan sus equipos, redes y servicios, para proporcionar a sus clientes, acceso a los clientes, servicios y redes de otros proveedores.

Interfaz: zona limítrofe compartida entre dos unidades funcionales y definida por características funcionales, características comunes de interconexión físicas, características de las señales y otras características, según proceda.

Llamada telefónica de larga distancia internacional: llamada telefónica establecida entre un equipo terminal situado dentro del territorio nacional, con otro situado en el exterior del país.

Llamada telefónica de larga distancia nacional: llamada telefónica establecida entre un equipo terminal situado dentro de una zona dada de tasación local, con otro situado fuera de dicha zona, en el territorio nacional.

Llamada telefónica local: llamada telefónica establecida entre dos equipos terminales ubicados dentro de una misma zona de tasación local en la que se aplica una tarifa uniforme.

Ondas radioeléctricas u ondas hertzianas: ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de los 3,000 Gigahertzios y por encima de 9 Kilohertzios, que se propagan por el espacio sin guía artificial.

Órbita: trayectoria que describe, con relación a un sistema de referencia especificado, el centro de gravedad de un satélite o de un objeto espacial, por la acción principal de fuerzas naturales, fundamentalmente las de gravitación.

Órbita satelital: trayectoria que recorre un satélite de telecomunicaciones al girar alrededor de la tierra.

Plan mínimo de expansión: es el programa de instalaciones y ampliaciones de servicios y sistemas que una operadora autorizada para la prestación del servicio de telecomunicaciones se ha comprometido a cumplir, con el objeto de alcanzar las metas y objetivos convenidos en su contrato de concesión durante un período determinado.

Posición dominante: es aquella condición en la que se encuentra una prestadora de servicios de telecomunicaciones que posee facilidades únicas o cuya duplicación sea antieconómica; o la condición en que se encuentran aquellas prestadoras de servicios que tengan una situación monopólica en el mercado de un determinado servicio o producto de telecomunicaciones, suficientemente importante como para permitirles imponer su voluntad por falta de alternativa dentro del mercado de dicho producto o servicio, o cuando, sin ser la única prestadora de dicho producto o servicio, los mismos no son susceptibles de prestarse en un ambiente de competencia efectiva.

Prácticas desleales: es toda acción deliberada tendiente a perjudicar o eliminar a los competidores y/o confundir al usuario y/o a procurarse una ventaja ilícita, tales como:

a. Publicidad engañosa o falsa destinada a impedir o limitar la libre competencia;

b. Promoción de productos y servicios en base en declaraciones falsas, concernientes a desventajas o riesgos de otros productos o servicios de los competidores; y

c. El soborno industrial, la violación de secretos industriales, la obtención de información sensible por medios no legítimos y la simulación de productos.

Prácticas restrictivas a la competencia en el sector de las telecomunicaciones: todas aquellas acciones, conductas, acuerdos, convenios y condiciones que puedan, actual o potencialmente, distorsionar, restringir o falsear la libre competencia en un servicio determinado o producto de telecomunicaciones en todo o parte del mercado nacional y en perjuicio de proveedores y usuarios de dicho servicio o producto. Están constituidas por:

a. Acuerdos o convenios verbales o escritos que sean concertados entre los sujetos de esta ley o acciones o conductas que, deliberadamente o no, impidan u obstaculicen la entrada o la permanencia de empresas, productos o servicios de telecomunicaciones en todo o parte del mercado; y

b. El abuso de uno o varios sujetos de esta ley de su posición de dominio.

Principio de continuidad: por el principio de continuidad, el servicio debe prestarse en el área de concesión sin interrupciones injustificadas.

Principio de generalidad: por el principio de generalidad, el servicio debe prestarse en el área de concesión, a quien lo requiera y esté en condiciones reglamentarias, técnicas, y económicas de acceder a él.

Principio de igualdad: por el principio de igualdad, el servicio debe prestarse sin discriminaciones de precio y calidad al público en general. Las categorizaciones de los usuarios que se hagan deberán tener fundamento razonable y no ser arbitrarias a criterio del órgano regulador.

Principio de neutralidad: por el principio de neutralidad, el servicio debe prestarse teniendo en cuenta sus propios condicionamientos, sin distorsionar mediante discriminación o arbitrariedad el funcionamiento de otros mercados.

Principio de transparencia: se entenderá por principio de transparencia el que las operadoras ofrezcan los servicios en condiciones tales, que todos los posibles usuarios puedan tener conocimiento previo de todas y cada una de las condiciones técnicas y económicas relacionadas con sus prestaciones.

Proveedor importante: es un proveedor que tiene la capacidad de afectar de manera importante las condiciones de participación (desde el punto de vista de los precios y del suministro) en un mercado dado de servicios de telecomunicaciones básicas, como resultado del control de las instalaciones esenciales, o de la utilización de su posición en el mercado.

Punto de interconexión: es el lugar o punto de la red en donde se produce la interconexión, esto es, el punto donde se entrega o se recibe tráfico.

Punto de terminación de red: conjunto de conexiones físicas o radioeléctricas y sus especificaciones técnicas de acceso, que forman parte de la red pública y que son necesarias para tener acceso a esta red pública y a un servicio portador.

Radiocomunicación: toda telecomunicación transmitida por medio de las ondas radioeléctricas.

Red privada de transporte de telecomunicaciones: red o sistema de telecomunicaciones que establece una persona natural o jurídica, con su propia infraestructura y/o mediante el alquiler de canales o circuitos de redes públicas de telecomunicaciones, que permite las telecomunicaciones entre dos o más puntos terminales definidos en una red.

Red pública de transporte de telecomunicaciones: la infraestructura pública de telecomunicaciones que permite las telecomunicaciones entre dos o más puntos terminales definidos en una red.

Señal: fenómeno físico en el que una o más de sus características varían para representar una información.

Servicios básicos: son los servicios portadores o finales de telecomunicaciones.

Servicio de difusión por cable: conjunto de servicios de difusión consistente en el suministro, o en el intercambio de información en forma de imágenes o sonidos que se prestan a los usuarios en general, en sus domicilios o dependencias, mediante redes de cable o fibra óptica.

Servicio fijo: servicio prestado por redes o sistemas instalados en puntos fijos, con equipos terminales fijos.

Servicio de información: servicio de producción y generación de noticias, entretenimientos o informaciones de cualquier tipo, normalmente asociado o vinculado para su transmisión, emisión o recepción, a servicios de telecomunicaciones.

Servicio móvil: servicio que se presta a través del medio radioeléctrico con equipos terminales móviles.

Servicios de radiocomunicaciones: son los servicios de telecomunicaciones públicos o privados cuyo medio de transmisión sea fundamentalmente el espectro radioeléctrico.

Servicio de radiodifusión por satélite: servicio de radiocomunicación en el cual las señales emitidas o retransmitidas por estaciones espaciales están destinadas a la recepción directa por el público en general. En el servicio de radiodifusión por satélite, la expresión de recepción directa abarca tanto la recepción individual como la comunal.

Servicio de radiodifusión terrestre: servicio de difusión que utiliza sistemas de transmisión mediante ondas radioeléctricas, que se propagan por la superficie de la Tierra o mediante reflexión ionosférica.

Servicio público de transporte de telecomunicaciones: todo servicio de transporte de telecomunicaciones que se ofrezca al público en general. Tales servicios pueden incluir, entre otros: telégrafo, teléfono, télex y transmisión de datos caracterizada por la transmisión en un tiempo real de información facilitada por los clientes, entre dos o más puntos, sin ningún cambio de extremo a extremo en la forma o contenido de dicha información.

Servicios verticales: se denominan así a las modalidades de los servicios básicos que les agregan más facilidad. Se considerarán servicios verticales del servicio telefónico, entre otros, a la señal de llamada en espera, a la transferencia de llamadas, a los mecanismos de reiteración de llamadas o a la teleconferencias.

Tarifa: es el precio al público en general o usuario final de un servicio público de telecomunicaciones.

Tasa contable o tasa de distribución: es la tasa por unidad de tráfico fijada de acuerdo entre operadoras, para una relación determinada que se utiliza para el establecimiento de las cuentas entre dichas operadoras en sus relaciones del servicio de larga distancia internacional. La tasa contable o de distribución incluye las tasas de liquidación y, en su caso, las de tránsito.

Tasa de liquidación: es la tasa que corresponde al prestador de un país en el que se origina o termina una comunicación, proveniente de la distribución de la tasa contable.

Telecomunicaciones: la transmisión y recepción de señales por cualquier medio electromagnético.

Usuarios: consumidores de servicios y los proveedores de servicios.

Zona mundial de numeración 1: zona geográfica definida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para fines de numeración, constituida por los Estados Unidos, Canadá y un grupo de islas del Caribe, entre las que se encuentra la República Dominicana.

Zona de servicio: parte del área de concesión en la que un concesionario de un servicio público de telecomunicaciones presta efectivamente el servicio concesionado al público en general.

CAPITULO II.- Alcance y Objetivos

Artículo 2. Alcance de la Ley

La presente Ley constituye el marco regulatorio básico que se ha de aplicar en todo el territorio nacional, para regular la instalación, mantenimiento y operación de redes, la prestación de servicios y la provisión de equipos de telecomunicaciones. La misma deberá ser interpretada de conformidad con los convenios internacionales ratificados por la República Dominicana y se complementará con los reglamentos dictados por las autoridades competentes.

Artículo 3. Objetivos de la Ley

Los objetivos de interés público y social del presente ordenamiento, a la luz de los cuáles deberán interpretarse sus disposiciones, son los siguientes:

a) Reafirmar el principio del Servicio Universal a través de:

i. La garantía, en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos, de la posibilidad de acceso a un servicio mínimo y eficaz de telefonía, a precios asequibles, mediante el libre funcionamiento de los mercados y la utilización de los mecanismos previstos por esta Ley;

ii. La satisfacción de la demanda de servicios públicos de telecomunicaciones en condiciones de libre competencia, asegurando la continuidad, generalidad, igualdad y neutralidad de dichos servicios; y

iii. El libre acceso a las redes y servicios públicos de telecomunicaciones en condiciones de transparencia y de no discriminación por parte de los prestadores y usuarios de servicios de telecomunicaciones, los generadores y receptores de información y los proveedores y usuarios de servicios de información;

b) Promover la prestación de servicios de telecomunicaciones con características de calidad y precio que contribuyan al desarrollo de las actividades productivas y de servicios en condiciones de competitividad internacional;

c) Garantizar el derecho del usuario a elegir el prestador del servicio de telecomunicaciones que a su criterio le convenga;

d) Ratificar el principio de la libertad de la prestación, por parte de titulares de concesiones obtenidas de acuerdo a la presente Ley, de todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones, incluida la libertad de construcción y operación de sistemas y facilidades;

e) Promover la participación en el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones de prestadores con capacidad para desarrollar una competencia leal, efectiva y sostenible en el tiempo, que se traduzca en una mejor oferta de telecomunicaciones en términos de precios, calidad del servicio e innovación tecnológica;

f) Asegurar el ejercicio, por parte del Estado, de su función de regulación y fiscalización de las modalidades de prestación, dentro de los límites de esta Ley, de modo imparcial, mediante la creación y desarrollo de un órgano regulador de las telecomunicaciones independiente y eficaz; y

g) Garantizar la administración y el uso eficiente del dominio público del espectro radioeléctrico.

CAPITULO III.- Principios Generales

Artículo 4. Jurisdicción nacional

Las telecomunicaciones son de jurisdicción nacional, por consiguiente, los impuestos, tasas, contribuciones y derechos serán aplicables a nivel nacional. No podrán dictarse normas especiales que limiten, impidan u obstruyan la instalación de los servicios de telecomunicaciones, salvo las que provengan de la aplicación de la presente Ley.

Artículo 5. Secreto e inviolabilidad de las telecomunicaciones

Las comunicaciones y las informaciones y datos emitidos por medio de servicios de telecomunicaciones son secretos e inviolables, con excepción de la intervención judicial de acuerdo al derecho común y a lo dispuesto por las leyes especiales. Los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones deberán velar por dicha inviolabilidad, y no serán responsables de las violaciones cometidas por usuarios o terceros sin su participación, culpa o falta.

Artículo 6. Uso indebido de las telecomunicaciones

Se prohíbe el uso de las telecomunicaciones contrario a las leyes o que tenga por objeto cometer delitos o entorpecer la acción de la Justicia.

Artículo 7. Emergencia, defensa y seguridad nacional

En caso de encontrarse comprometidas condiciones de seguridad y defensa nacional o en caso de emergencia o catástrofes oficialmente declaradas, el Poder Ejecutivo, por medio del organismo competente, podrá dictar directrices que deberán ser cumplidas por los prestadores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Dichas directrices se adoptarán dentro del pleno respeto al marco constitucional vigente.

Artículo 8. Prácticas restrictivas a la competencia

8.1. En las relaciones comerciales entre prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones, está prohibida la aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que creen situaciones desventajosas a terceros.

8.2. Los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones no podrán realizar prácticas que limiten, impidan o distorsionen el derecho del usuario a la libre elección.

8.3. Se consideran prácticas restrictivas a la competencia, entre otras que puedan existir, las siguientes

a. El abuso de posiciones dominantes en el mercado, especialmente sobre instalaciones esenciales;

b. Las acciones o prácticas predatorias que tiendan a falsear o que, efectiva o potencialmente, limiten o distorsionen una competencia sostenible, leal y efectiva; y

c. La negativa a negociar de buena fe o la generación de dilaciones injustificadas en las negociaciones que pongan en desventaja a un competidor actual o potencial.

Artículo 9. Planes técnicos fundamentales y normas técnicas aplicables

Los concesionarios estarán obligados a respetar los planes técnicos fundamentales y las normas técnicas establecidas por el órgano regulador. Dichas normas se adecuarán a las prácticas internacionales en uso en la Zona Mundial de Numeración 1 y a las recomendaciones de organismos internacionales de los que forme parte la República Dominicana, garantizando el libre acceso y la interoperabilidad de redes en condiciones no discriminatorias y transparentes.

Artículo 10. Conexión de sistemas y equipos

10.1. Los titulares de redes públicas de telecomunicaciones deberán permitir la conexión de todos los equipos, interfaces y aparatos de telecomunicación debidamente homologados por los procedimientos que se establezcan en la presente Ley y en sus reglamentos, con excepción de aquellos homologados por otros prestadores en los términos del inciso a) del Artículo 62.

10.2. La comercialización de equipos terminales y la instalación de facilidades del lado usuario de la red se efectuarán en condiciones de libre competencia. En consecuencia, la responsabilidad de los prestadores de servicios públicos se extenderá hasta el punto de terminación de sus redes. Las instalaciones del lado usuario de la red deberán ser realizadas por un profesional competente, de acuerdo a la reglamentación que se dicte al efecto.

10.3. Todos los aparatos, dispositivos, sistemas e instalaciones de telecomunicaciones que generen ondas electromagnéticas, cualquiera que sea su naturaleza, deberán ser instalados y operados de modo que no causen lesiones a personas o daños a las cosas, ni interferencias perjudiciales a los servicios de telecomunicaciones nacionales o extranjeros, ni interrupciones en su funcionamiento.

Artículo 11. Bienes del dominio público

Los titulares de servicios públicos de telecomunicaciones tendrán derecho a utilizar bienes del dominio público para el tendido de su redes e instalación de sus sistemas, adecuándose a las normas municipales pertinentes, especialmente en materia de protección del patrimonio cultural e histórico, en cuyo caso deberán ser subterráneos.

Artículo 12. Servidumbres

12.1. Las servidumbres para la instalación de facilidades y sistemas de telecomunicaciones para servicios públicos que recaigan sobre propiedades privadas, deberán ser convenidas por las partes y se regirán por las normas generales del derecho común, a excepción del plazo de prescripción de las acciones, que será de un año.

12.2. Cuando las partes no lleguen a un acuerdo, y se trate de servicios públicos de telecomunicaciones, se entenderá constituida de pleno derecho una servidumbre legal para los efectos indicados, siempre que el órgano regulador, por resolución motivada, declare imprescindible la servidumbre para el servicio. En este caso, la indemnización que corresponda será fijada judicialmente conforme al procedimiento de expropiación que establece la Ley, y será abonada por el concesionario interesado. Podrá ejercerse el derecho de este artículo aún antes de existir sentencia definitiva y con autoridad de cosa juzgada, siempre que el concesionario interesado afiance el pago de la cantidad que el tribunal judicial fije provisionalmente, oyendo a las partes y a un perito.

CAPITULO IV.- Servicios de Telecomunicaciones

Artículo 13. Clasificación de los servicios de telecomunicaciones

Los servicios de telecomunicaciones se clasifican en:

a. Servicios portadores;

b. Servicios finales o teleservicios;

c. Servicios de valor agregado; y

d. Servicios de difusión.

Artículo 14. Tipos de servicios

14.1. Los servicios de telecomunicaciones pueden ser públicos o privados.

14.2. Son servicios públicos de telecomunicaciones los que se prestan al público en general, en condiciones de no discriminación, a cambio de una contraprestación económica.

14.3. Son servicios privados de telecomunicaciones los establecidos por una persona natural o jurídica para satisfacer estrictamente sus propias necesidades de comunicación o las de otros integrantes del grupo social, económico o financiero al cual pertenezca.

14.4. Los servicios privados de telecomunicaciones no pueden ser prestados a terceros, salvo que se trate de un servicio de valor agregado utilizado como medio para cumplir el objeto social de la empresa, siempre que dicho objeto social no sea, precisamente, la prestación de servicios de telecomunicaciones.

Artículo 15. Servicios portadores de telecomunicaciones

15.1. Son servicios portadores los servicios de telecomunicaciones que proporcionan la capacidad necesaria para transportar las señales entre dos puntos de terminación de red definidos, que permiten la prestación de otros servicios públicos o privados de telecomunicaciones.

15.2. Los servicios portadores de carácter público se rigen por los principios de transparencia, de no discriminación y neutralidad con respecto a los servicios que transportan.

15.3. Los servicios portadores pueden ser locales, de larga distancia nacional y de larga distancia internacional. Se considera servicio portador al alquiler de enlaces o circuitos.

Artículo 16. Servicios finales o teleservicios

Son aquellos servicios de telecomunicaciones que proporcionan la capacidad completa que hace posible la comunicación entre usuarios. El prestador de un servicio final público proveerá el interfaz usuario-red correspondiente a ese servicio.

Artículo 17. Servicios de valor agregado

17.1. Son servicios de valor agregado los servicios de telecomunicaciones que, utilizando como soporte servicios portadores, finales o de difusión, agregan o añaden alguna característica o facilidad al servicio que le sirve de base.

17.2. Las entidades prestadoras de servicios portadores, finales y de difusión, presten o no servicios de valor agregado, garantizarán el principio de neutralidad y no discriminación frente a los prestadores de servicios de valor agregado que necesiten utilizar sus instalaciones esenciales.

Artículo 18. Servicios de difusión

18.1. Los servicios de difusión, ya sean de difusión sonora o televisiva, son servicios de telecomunicaciones en los que la comunicación se realiza, normalmente, en un solo sentido a varios puntos de recepción simultáneamente. Los servicios de difusión pueden incluir facilidades que permitan la comunicación en sentido inverso, esto es, desde los receptores al centro emisor, siempre que dicha comunicación no constituya un servicio independiente al servicio de difusión.

18.2. Los servicios de difusión pueden ser públicos o privados, según vayan destinados al público en general o sean prestados por una persona natural o jurídica para satisfacer sus propias necesidades.

18.3. Según el medio que utilicen para transmitir las emisiones pueden clasificarse en servicios de radiodifusión o servicios de difusión por cable.

18.4. Los servicios de radiodifusión pueden utilizar sistemas terrestres o sistemas de satélites.

18.5. Son servicios de difusión el servicio de radiodifusión sonora y de televisión, y el servicio de difusión por cable.

18.6. Servicios portadores de los servicios de difusión, podrán ser utilizados para servir de portadores a otros servicios de telecomunicaciones y viceversa.

CAPITULO V.- CONCESIONES Y LICENCIAS

Artículo 19. Concesiones

Se requerirá concesión otorgada por el órgano regulador, para la prestación a terceros de servicios públicos de telecomunicaciones, con las excepciones previstas en este capítulo. La reglamentación dispondrá los procedimientos de concurso, el cobro por determinado tipo de concesión y respetará los principios de igualdad y no discriminación.

Artículo 20. Licencias

Se requerirá licencia otorgada por el órgano regulador para el uso del dominio público radioeléctrico, con las excepciones que establezca la reglamentación.

Artículo 21. Simultaneidad de requisitos

Cuando para la prestación de un servicio público de telecomunicaciones se requiera de concesiones y licencias, éstas se otorgarán simultáneamente.

Artículo 22. Personalidad jurídica

Para obtener concesiones y las licencias correspondientes para prestar servicios públicos de telecomunicaciones, se requerirá estar constituido como persona jurídica de la República Dominicana.

Artículo 23. Calificación

23.1. Para acceder a una concesión para prestar servicios públicos de telecomunicaciones deberán reunirse las calificaciones que establezca la reglamentación, ya sean generales o eventualmente específicas para servicios determinados.

23.2. El reglamento respectivo deberá prever, como mínimo, los requisitos técnicos y económicos necesarios, la presentación de proyectos y los compromisos de plazos de implementación.

Artículo 24. Mecanismo de concurso

24.1. El órgano regulador deberá llamar a concurso público para el otorgamiento de concesiones o licencias cuando se requiera utilizar el espectro radioeléctrico atribuido a servicios públicos de radiocomunicaciones, salvo en casos de emergencia justificada ante el órgano regulador. Se exceptúan de este procedimiento las instituciones del Estado y aquellas autorizadas a operar sin fines de lucro, así como las instituciones religiosas reconocidas por el Estado y que actúen en virtud a lo establecido por el artículo 8 de la Constitución de la República.

24.2. El aviso de concurso deberá publicarse, por lo menos, con noventa (90) días calendario de anticipación a la presentación de propuestas, consignándose en forma clara el objeto y los plazos. Dicha publicación será realizada en un periódico de amplia circulación nacional.

24.3. Los concursos se dividirán en dos etapas; la primera, de calificación, de acuerdo a pautas generales y requisitos particulares objetivos, no discriminatorios y comprobables, que previamente se establezcan; y la segunda, de comparación de ofertas. Los mecanismos de selección serán objetivos debiendo los concursos prever pautas homogéneas que permitan la comparación de ofertas. La adjudicación corresponderá a la oferta más conveniente de acuerdo a los criterios establecidos en las bases del concurso.

Artículo 25. Trámite de concesión

En los casos determinados por el reglamento, en que no proceda el mecanismo de concurso, y formulada una solicitud de concesión con los requisitos reglamentarios, por parte de un interesado que reúna las condiciones previstas en los Artículos 22 y 23, el órgano regulador procederá a su examen, y una vez comprobado que reúne todos los requisitos exigidos, lo comunicará al solicitante para que proceda a publicar, en un periódico de amplia circulación nacional, un extracto de la solicitud con los requisitos que establezca la reglamentación. Cualquier persona interesada podrá formular observaciones en el plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la publicación. Vencido dicho plazo, considerando las observaciones que se hubieren formulado, el órgano regulador procederá, en su caso, al inmediato otorgamiento de la concesión solicitada.

Artículo 26. Inicio de prestación de nuevos servicios

Cuando un concesionario posea una concesión que implique la posibilidad de prestar varios servicios públicos, dentro de los treinta (30) días del inicio de la prestación de un servicio que, hasta ese momento no prestaba, deberá informar al órgano regulador el cumplimiento de los requisitos necesarios para prestar dicho servicio, en materia de contabilidad, plan mínimo de expansión o de otro tipo que fije la reglamentación.

Artículo 27. Duración, renovación y revisión

27.1. Las concesiones tendrán la duración que solicite el interesado entre cinco (5) y veinte (20) años, y serán renovables, a solicitud del interesado, por períodos iguales.

27.2. Las solicitudes de renovación deberán efectuarse con un plazo de antelación no mayor de un (1) año, antes de que finalice el período de vigencia y el órgano regulador deberá pronunciarse en un plazo máximo de seis (6) meses, desde que reciba la solicitud.

Finalizado dicho plazo sin pronunciamiento negativo expreso del órgano regulador, se considerará otorgada la renovación.

27.3. Sólo serán causas de no renovación de la concesión, las previstas para su revocación.

27.4. El órgano regulador podrá, cada cinco (5) años, revisar las condiciones de prestación del servicio. Esta revisión se efectuará previa consulta con las partes y observando el respeto a los derechos adquiridos, el equilibrio económico del contrato y las inversiones realizadas por las empresas concesionarias.

27.5. Las licencias que se otorguen vinculadas a una concesión de servicios públicos de telecomunicaciones tendrán la misma duración que dicha concesión, incluidas sus renovaciones.

Artículo 28. Cesión

28.1. La transferencia, cesión, arrendamiento u otorgamiento de derecho de uso de cualquier título y la constitución de gravamen sobre concesiones o licencias deberán llevarse a cabo, bajo pena de caducidad, previa autorización del órgano regulador, el que no podrá denegarlos sin causa justificada. El adquiriente, que deberá reunir los requisitos exigidos al otorgante, quedará sometido a las mismas obligaciones del concesionario o licenciatario.

28.2. En las situaciones previstas en el párrafo anterior, la venta o cesión de acciones o participaciones sociales que implique la pérdida, por parte del vendedor o cedente, del control social o de la posibilidad de formar la voluntad social, requerirá la autorización del órgano regulador.

28.3. No se autorizarán transferencias cuando el concesionario de los servicios públicos de telecomunicaciones no hubiese cumplido, en calidad y plazo, con el plan mínimo de expansión previsto en su contrato de concesión, o cuando dicha concesión estuviese en condiciones de ser revocada. Tampoco se autorizarán transferencias hasta tanto no se hubiesen cancelado los derechos, cargos por incumplimiento e impuestos previstos por esta ley que el concesionario tuviere pendientes de pago.

28.4. En las situaciones previstas en el párrafo anterior, estará prohibida la venta o cesión de acciones o participaciones sociales que implique la pérdida, por parte del vendedor o cedente, del control social o de la posibilidad de formar la voluntad social.

Artículo 29. Causas de revocación

29.1 Serán causas de revocación de la concesión o registro y, en su caso, de las licencias correspondientes:

a. No haber cumplido en calidad y plazo con el plan mínimo de expansión previsto en su concesión;

b. El estado de cesación de pagos del concesionario, declarado por sentencia irrevocable del tribunal competente;

c. La reincidencia en la comisión de infracciones muy graves, con sanción definitiva aplicada;

d. El uso ilegítimo de los recursos del «Fondo de desarrollo de las telecomunicaciones y del servicio universal»;

e. La imposibilidad de cumplimiento del objeto social del concesionario según su mandato estatutario en la medida en que esté relacionada con la concesión y/o licencia otorgada;

f. La desconexión, cuando implique la imposibilidad definitiva de continuar prestando el servicio; y

g. La suspensión injustificada del servicio. 29.2. Las revocaciones pueden ser totales o parciales, para uno o más servicios.

Artículo 30. Obligaciones generales de los concesionarios

Con carácter general, y sin perjuicio de otras que establezca la reglamentación, serán obligaciones esenciales de los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones las siguientes:

a. El cumplimiento del plan mínimo de expansión de los servicios previstos en el documento de la concesión, en los plazos establecidos por un cronograma determinado, bajo pena de revocación de su concesión;

b. La continuidad en la prestación de los servicios públicos a su cargo;

c. La prestación de servicio a los interesados que lo soliciten dentro de la zona de servicio, en condiciones no discriminatorias, en los plazos y con las condiciones de calidad que fijen sus concesiones o el órgano regulador en los reglamentos pertinentes;

d. Permitir el libre acceso a sus redes y a los servicios que por ellas presten, en condiciones reglamentarias y no discriminatorias, a los prestadores y usuarios de servicios de telecomunicaciones, a los generadores y receptores de información y a los proveedores y usuarios de servicios de información;

e. El establecimiento, por parte de los concesionarios que provean servicio telefónico local, en forma paulatina, de modo de abarcar todos sus sistemas, de un mecanismo de acceso e identificación automática del número telefónico del cliente, que permita al usuario del servicio seleccionar los servicios de larga distancia nacional e internacional del prestador de su preferencia. El acceso a otros prestadores diferentes al que ofrece el servicio local se hará marcando el mismo número de dígitos para identificar a cualquier concesionario prestador de servicios de larga distancia. Para ello, los concesionarios prestadores de servicio telefónico local deberán dar a los concesionarios prestadores de servicios de larga distancia igual clase de acceso a su red y servicios de facturación, quedando prohibido todo tipo de discriminación. Este sistema de acceso y su evolución hasta llegar al «Sistema de acceso igual», se pondrá en vigor siguiendo las normas técnicas adoptadas por los países de la Zona Mundial de Numeración 1 sobre este particular. La forma de aplicación de estas normas, sus plazos y evolución serán establecidos por el órgano regulador mediante los reglamentos pertinentes;

f. Participar en la percepción de la «Contribución al desarrollo de las telecomunicaciones» (CDT) en la forma prevista en esta Ley y su reglamentación;

g. Permitir a los funcionarios del órgano regulador, tanto los titulares de concesión como sus dependientes, el libre acceso a sus instalaciones, dependencias y equipos, con el único y exclusivo objeto de que puedan fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias pertinentes, en los casos previstos por esta Ley para requerimiento de inspección e información;

h. En caso en que un concesionario preste varios servicios públicos de telecomunicaciones, deberá llevar contabilidades separadas para cada servicio, de modo de posibilitar el control de una competencia leal y efectiva; y

i. Otras que establezcan esta Ley, sus reglamentos de aplicación, las concesiones o licencias.

Artículo 31. Asistencia al usuario

De acuerdo a la reglamentación, los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones deberán proveer un servicio de consulta de abonados relacionado con aquellos que no hayan indicado su voluntad de reserva y figuren en guía. Además, deberán disponer de servicios gratuitos de consulta de tarifas aplicables a los distintos servicios que presten; atención de consultas generales; recepción y procesamiento de reclamos de clientes y usuarios y atención de emergencias. A todos estos servicios se deberá poder acceder desde todo teléfono, incluidos los de uso público.

Artículo 32. Servicio de radioaficionados

Para operar estaciones de radioaficionados, se requerirá la inscripción en un Registro Especial que, al efecto, llevará el órgano regulador. A solicitud del interesado o de una entidad reconocida como asociación de radioaficionados, el órgano regulador podrá inscribir al interesado en la categoría que corresponda.

Artículo 33. Servicio móvil aeronáutico

Para operar estaciones de servicio móvil aeronáutico se requerirá la inscripción en un Registro Especial que, al efecto, llevará el órgano regulador. El titular de la inscripción será responsable de la utilización de la estación autorizada conforme a los acuerdos internacionales y a las normas técnicas que dicte el órgano regulador dentro de la esfera de su competencia.

Artículo 34. Servicio móvil marítimo

Para operar estaciones de servicio móvil marítimo se requerirá la inscripción en un Registro Especial que, al efecto, llevará a cabo el órgano regulador. Todo barco o embarcación que esté sujeto al Convenio Internacional sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) deberá estar equipado con una estación de radiocomunicaciones que cumpla con las normas técnicas mínimas establecidas en dicho Convenio, con las excepciones que prevea la reglamentación. Los operadores deberán observar los reglamentos nacionales e internacionales correspondientes.

Artículo 35. Registro de los servicios de valor agregado

Para la prestación de servicios públicos de valor agregado, así calificados por el órgano regulador, no se requerirá concesión, sino solamente la inscripción en un Registro Especial que el órgano regulador llevará al efecto

Artículo 36. Reventa de servicios

Quienes contraten servicios a concesionarios para revenderlos comercializándolos al público en general deberán inscribirse en un Registro Especial que llevará al efecto el órgano regulador. No podrán revenderse servicios si con ello se perjudica la calidad del servicio prestado por el concesionario, siempre y cuando ello sea previamente avalado por el órgano regulador.

Artículo 37. Servicios privados de telecomunicaciones

37.1. Para la utilización de servicios privados de telecomunicaciones será necesaria la inscripción en un Registro Especial que el órgano regulador llevará al efecto.

37.2. El solicitante de la inscripción deberá aportar toda la documentación que le sea requerida, al objeto de poder determinar la calificación del servicio como privado.

Artículo 38. Duración y renovación

Las inscripciones en los Registros Especiales previstos en este capítulo se regirán por lo que establezcan los ordenamientos específicos correspondientes.

CAPITULO VI.- Tarifas y Costos de Servicios

Artículo 39. Libertad tarifaria

Los precios al público o tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones serán fijados libremente por las empresas prestadoras, a menos que el órgano regulador, mediante resolución motivada, determine que, en un caso concreto, no existen en el mercado de servicios las condiciones suficientes para asegurar una competencia efectiva y sostenible por existir prácticas restrictivas a la competencia. Sólo en esas circunstancias el órgano regulador procederá a fijarlos.

Artículo 40. Mecanismo de fijación tarifaria

40.1. En los casos en que el órgano regulador deba intervenir en la fijación de tarifas por las causas previstas en el Artículo anterior, dichas tarifas se fijarán tomando como parámetro los costos, incluyendo una remuneración razonable de la inversión, calculados de acuerdo a lo que establezca el «Reglamento de tarifas y costos de servicios».

40.2. A los efectos de garantizar la existencia de una competencia efectiva y sostenible, no se podrá cobrar al público por un servicio menos que el costo que el mismo tenga para la prestadora. Reglamentariamente se establecerán los procedimientos especiales para la fijación de las tarifas del servicio financiado por el «Fondo de desarrollo de las telecomunicaciones y del servicio universal», así como las tarifas en proceso de rebalanceo.

Artículo 41. Cargos de interconexión

41.1. Los cargos de interconexión se pactarán libremente entre las empresas concesionarias que operen en el territorio nacional.

41.2. El órgano regulador velará porque los cargos no sean discriminatorios y aseguren una competencia efectiva y sostenible. En caso de desacuerdo entre las partes, podrá intervenir en la fijación de los mismos mediante una resolución motivada, tomando como parámetros los costos, incluyendo una remuneración razonable de la inversión, calculados de acuerdo a lo que establezca el «Reglamento de tarifas y costos de servicios».

Artículo 42. Tasa contable

Las tasas contables (tasas de distribución) para el servicio internacional se pactarán libremente entre las partes interesadas. Los acuerdos que se suscriban no deberán incurrir en prácticas restrictivas a la competencia, deberán ser no discriminatorios, respetar las recomendaciones que al respecto formulen los organismos internacionales a los que pertenece la República Dominicana y ser comunicados al órgano regulador, el cuál podrá revisar los acuerdos celebrados, de oficio o a petición de parte.

CAPITULO VII.- Promoción del Servicio Universal

Artículo 43. Proyectos de desarrollo

43.1. A los efectos del cumplimiento de lo establecido por el Artículo 3, inciso a., apartados i. y iii. de la presente Ley, el órgano regulador formulará un plan bianual de proyectos concretos a ser financiados, los que se denominarán «Proyectos de desarrollo», de acuerdo a la reglamentación.

43.2. Una vez asignado cada proyecto, realizará un seguimiento de su ejecución de acuerdo a lo que disponga la reglamentación.

Artículo 44. Contenido y asignación de proyectos

44.1. Los proyectos serán adjudicados por concurso público al oferente calificado que solicite menor subsidio, calculado sobre bases homogéneas preestablecidas, y contendrán indicación de zona de servicio; calidad de servicio; tarifa máxima aplicable, en su caso; plazos de prestación del servicio y penalidades por incumplimiento.

44.2. Los concursos podrán adjudicar la instalación de sistemas, la prestación de servicios o ambos.

Artículo 45. Contribución al desarrollo de las telecomunicaciones

45.1. Créase la «Contribución al desarrollo de las telecomunicaciones» (CDT), que consistirá en una alícuota del dos por ciento (2%) sobre:

a. Los importes percibidos en el mes anterior a la liquidación de la CDT, antes de impuestos, por concepto de facturaciones a los usuarios finales de servicios públicos de telecomunicaciones, excepto los de radiodifusión; y

b. Los importes percibidos por los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones en el mes anterior a la liquidación de la CDT, por concepto de saldos de corresponsalía (liquidación) por servicios internacionales, excepto los de radiodifusión.

45.2. A los efectos de este artículo, se consideran usuarios finales de los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones a los titulares de servicios privados de telecomunicaciones, cuando las redes de éstos últimos estén conectadas a una red pública de los primeros. No se considerarán, en cambio, usuarios finales de un prestador a los revendedores de sus servicios ni a los prestadores con redes interconectadas por la relación de interconexión.

Artículo 46. Destino y aplicación de la CDT

La CDT se aplicará en un porcentaje fijo al financiamiento del órgano regulador y en un porcentaje fijo al financiamiento de proyectos de desarrollo. Los porcentajes respectivos serán establecidos por la reglamentación.

Artículo 47. Mecanismo de percepción

Los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones y los revendedores de dichos servicios serán agentes de percepción de la CDT. Los agentes de percepción cargarán en su facturación a los usuarios finales el importe de la CDT correspondiente.

Artículo 48. De la cuenta especial

48.1. Cada prestador de servicio público de telecomunicaciones depositará en una cuenta especial del órgano regulador, en un Banco con sede en la ciudad capital de la República Dominicana, el importe total de la CDT.

48.2. Los recursos depositados en la cuenta especial son inembargables.

Artículo 49. Fondo para la financiación de proyectos de desarrollo

El órgano regulador administrará, en forma independiente de todas sus demás actividades ordinarias, un «Fondo para la financiación de proyectos de desarrollo», a cuyo efecto abrirá una cuenta especial. Con los recursos de esta cuenta pagará o financiará los proyectos de desarrollo adjudicados.

Artículo 50. Participación en los proyectos de desarrollo

Cualquier interesado que reúna las calificaciones para ser concesionario de servicio público telefónico podrá participar en los concursos previstos en el Artículo 44.

CAPITULO VIII.- Interconexión

TITULO I.- Principios

Artículo 51. Obligatoriedad

La interconexión de las redes de los distintos prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones es de interés público y social y, por lo tanto, obligatoria, en los términos de la presente Ley y su reglamentación.

Artículo 52. Acuerdos de cooperación entre prestadores

Los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones podrán celebrar acuerdos entre sí para compartir edificios, sistemas, facilidades y equipos, los que previamente a su implementación deberán ser comunicados al órgano regulador. El órgano regulador los observará, en caso en que existan cláusulas discriminatorias o que distorsionen la competencia sostenible, leal y efectiva.

Artículo 53. Responsabilidad

Cuando las redes de dos o más prestadores de servicios públicos estén interconectadas, frente a los clientes o usuarios de todos los prestadores, cada empresa será responsable sólo por los hechos o actos originados en su red y no por los que se originen en las demás redes interconectadas.

Artículo 54. Satisfacción de la demanda

Los concesionarios cuyas redes se interconecten deberán proveer las facilidades de interconexión necesarias para satisfacer la demanda y su crecimiento, en forma no discriminatoria y de acuerdo a su disponibilidad. En caso en que aquel a quien se solicite una interconexión carezca de disponibilidad suficiente, el solicitante podrá proveer las facilidades necesarias para que ella exista, las que se descontarán de los pagos futuros que deba efectuar de conformidad a lo que las partes acuerden.

Artículo 55. Procedimiento de desconexión

Cuando por sentencia judicial con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, o por un laudo arbitral homologado o por decisión definitiva del órgano regulador, basadas en normas reglamentarias o en normas contractuales lícitas se decidiera una desconexión, ella no podrá llevarse a cabo sin que antes el órgano regulador haya tomado las medidas pertinentes al sólo efecto de resguardar la situación de los usuarios. El órgano regulador podrá resolver, además de la medida de revocación de la concesión o licencia, en su caso, que el sistema comprometido sea transitoriamente operado por un tercero a los efectos de garantizar la continuidad del servicio. El órgano regulador podrá entonces proceder a subastar el sistema y, en ese caso, el titular del sistema pasible de desconexión solo tendrá derecho a percibir el valor remanente de la subasta, después de cubrirse los costos y deudas pendientes. El órgano regulador aplicará estos procedimientos de conformidad a la reglamentación que se dicte.

TITULO II.- Intervención del Órgano Regulador

Artículo 56. Libertad de negociación

Los convenios de interconexión serán libremente negociados por las partes, y se guiarán por lo establecido en los reglamentos correspondientes. En caso de desacuerdo, a pedido de cualquiera de ellas o aún de oficio, intervendrá el órgano regulador, quien, en un plazo no superior a treinta (30) días calendario, determinará las condiciones preliminares de interconexión, y previa consulta no vinculante con las partes, fijará los términos y condiciones definitivos, conformándose, en relación a los cargos, a lo previsto en el Artículo 41 de la presente Ley.

Artículo 57. Publicación y observación

Celebrado un convenio de interconexión de redes públicas de telecomunicaciones, deberá ser sometido por las partes al órgano regulador para su consideración. Simultáneamente deberá ser publicado, en sus aspectos substanciales, al menos en un periódico de amplia circulación nacional, luego de lo cual cualquier afectado que acredite un interés legítimo y directo podrá hacer las observaciones que considere, en el plazo de treinta (30) días calendario. El órgano regulador podrá observar el convenio en el plazo de diez (10) días calendario, vencidos los cuales sin observación, se considerará aceptado en todas sus partes. Si el órgano regulador encontrara que el convenio es violatorio de las normas vigentes, lo reenviará con su dictamen a las partes contratantes para su modificación y nuevo sometimiento.

Artículo 58. Conexión de servicios de valor agregado

El acceso de los prestadores de servicios de valor agregado a las redes públicas de telecomunicaciones se regirá por las normas de este capítulo que sean de aplicación.

Artículo 59. Conexión de redes privadas

59.1. Las redes privadas no podrán conectarse entre sí por medios propios, salvo que ello fuera necesario para el cumplimiento estricto del objeto social de los titulares de ambas redes a conectar. En ese caso, el órgano regulador deberá autorizar la instalación y operación de la red de enlace.

59.2. Las redes privadas se pueden conectar a las redes públicas de telecomunicaciones, previo acuerdo de las partes sobre los términos y condiciones técnicos y económicos de tal conexión. En caso de desacuerdo, el órgano regulador fijará las condiciones de esta conexión.

Artículo 60. Reglamento de interconexión

El órgano regulador dictará un «Reglamento de interconexión», conteniendo las normas técnicas, las pautas económicas y las reglas de procedimiento a que deban sujetarse los convenios de interconexión y la intervención del mismo órgano regulador.

CAPITULO IX.- Homologación de Equipos y Aparatos

Artículo 61. Certificado de homologación

Todo terminal, equipo o sistema susceptible de ser conectado directa o indirectamente a una red pública de telecomunicaciones, o que utilice el dominio público radioeléctrico, deberá contar con el correspondiente certificado de homologación. Quedan excluidos de la obtención del certificado de homologación los equipos destinados a ser operados en el servicio de radioaficionados.

Artículo 62. Expedición del certificado de homologación

Se considerará que un equipo cuenta con el certificado de homologación en los siguientes casos:

a. Cuando un concesionario de servicio público de telecomunicaciones acepte la conexión del equipo a su red, comunicándolo al órgano regulador por medio de los listados correspondientes. Esta aceptación (auto homologación) no implicará autorización para conectar el equipo a otras redes públicas.

b. Cuando cuente con homologación expedida por las autoridades competentes de un país de la Zona Mundial de Numeración 1; y

c. Cuando lo expida el órgano regulador, previa realización de las comprobaciones técnicas pertinentes por parte de un tercero especializado, nacional o extranjero, debidamente autorizado por el mismo para ello. No obstante, los equipos que estén destinados o puedan ser susceptibles de utilizar el espectro radioeléctrico deben contar con el correspondiente certificado de homologación obtenido por este procedimiento.

Artículo 63. Comercialización de equipos

Para la comercialización en el país de cualquier equipo o aparato de telecomunicaciones será requisito imprescindible que cuente con el correspondiente certificado de homologación.

CAPITULO X.- Espectro Radioeléctrico

Artículo 64. Naturaleza jurídica

El espectro radioeléctrico es un bien del dominio público, natural, escaso e inalienable, que forma parte del patrimonio del Estado. Su utilización y el otorgamiento de derechos de uso se efectuará en las condiciones señaladas en la presente Ley y su reglamentación.

Artículo 65. Normas internacionales

El uso del espectro radioeléctrico y los recursos órbita espectro están sujetos a las normas y recomendaciones internacionales, especialmente aquéllas dictadas por los organismos internacionales de los que forma parte la República Dominicana, no pudiéndose alegar derecho adquirido en la utilización de una determinada porción del mismo.

Artículo 66. Facultades de regulación, administración y control

66.1. El órgano regulador, actuando de conformidad con esta Ley, con el «Plan nacional de atribución de frecuencias» y con las normas y recomendaciones internacionales, tiene la facultad de gestión, administración y control del espectro radioeléctrico, incluyendo las facultades de atribuir a determinados usos, bandas específicas, asignar frecuencias a usuarios determinados y controlar su correcto uso.

66.2. El órgano regulador, de conformidad con lo establecido en las normas internacionales, elaborará el «Plan nacional de atribución de frecuencias», el cual someterá al Poder Ejecutivo para su aprobación.

66.3. El órgano regulador dictará un «Reglamento general de uso del espectro radioeléctrico».

Artículo 67. Derecho por utilización

67.1. A partir de su asignación, la utilización de las frecuencias del espectro radioeléctrico será gravada con un derecho anual, cuyo importe será destinado a la gestión y control del mismo.

67.2. El «Reglamento general de uso del espectro radioeléctrico» definirá las formas de utilización y los métodos de cálculo del derecho a ser aplicado a cada uno de los usos y servicios. Las pautas reglamentarias deberán ser generales, basarse en criterios objetivos y ser no discriminatorias.

67.3. El uso del espectro radioeléctrico para aplicaciones de investigaciones científicas y médicas (ICM) en las bandas que se atribuyan al efecto, y por equipos de baja potencia así definidos por la reglamentación, quedará exento del pago del derecho.

67.4. El valor de la unidad de reserva radioeléctrica será fijado y revisado mediante decreto del Poder Ejecutivo, a propuesta motivada del Consejo Directivo del órgano regulador.

67.5. En caso de que el Poder Ejecutivo no estime conveniente la propuesta del Consejo Directivo del órgano regulador, la devolverá a éste con las observaciones pertinentes, con el objeto de que formule una nueva propuesta.

Artículo 68. Uso de satélites

El uso del espectro radioeléctrico mediante satélites de comunicaciones se rige eminentemente por el derecho internacional, sin perjuicio del sometimiento al derecho interno, en cuanto al segmento terreno se refiera.

Artículo 69. Estaciones de comprobación técnica de emisiones radioeléctricas y su protección

69.1. Para facilitar las funciones de control, vigilancia y conservación del espectro radioeléctrico, el órgano regulador tendrá la potestad de instalar estaciones de comprobación técnica de emisiones radioeléctricas. Para el adecuado funcionamiento de las estaciones, podrán establecerse limitaciones a la propiedad y al dominio sobre los predios colindantes, de conformidad con lo que se establezca en los reglamentos pertinentes.

69.2. A los efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se entenderá por limitación de la propiedad y a la posesión, para la defensa del dominio público del espectro radioeléctrico y de las estaciones de comprobación técnica de emisiones, la obligación impuesta sobre los propietarios y poseedores de los predios colindantes de las instalaciones objeto de la protección, de soportar las limitaciones que se establezcan en los reglamentos pertinentes.

69.3. Los mencionados propietarios o poseedores no podrán realizar obras o modificaciones en los predios afectados, que no tengan en cuenta las limitaciones, una vez las mismas se hayan concretado por el órgano regulador de las Telecomunicaciones a través del procedimiento que se establecerá en el «Reglamento general de uso del dominio público del espectro radioeléctrico». Las limitaciones no podrán afectar nunca a los derechos adquiridos con anterioridad al establecimiento de las citadas estaciones.

69.4. Las limitaciones a las que se refieren los párrafos anteriores podrán imponerse para la protección radioeléctrica de estaciones terrenas de satélites, estaciones de radioastronomía y astrofísica y centros similares, instalaciones radioeléctricas aeronáuticas establecidas, o cuando resulte necesario para el buen funcionamiento del servicio público o en virtud de acuerdos internacionales.

CAPITULO XI.- Servicios de Difusión

Artículo 70. Legislación de difusión

Los servicios de difusión se regirán esencialmente por la presente Ley y por los reglamentos que apruebe el órgano regulador. Asimismo, se regirán, en su contenido, por lo que disponga la legislación específica que regule los medios de comunicación social y por la que regule los derechos de autor, sean normas de derecho interno o resultantes de Convenios o Acuerdos Internacionales suscritos y ratificados por la República Dominicana.

Artículo 71. Acceso igualitario

Los servicios públicos de difusión, sean de radiodifusión sonora o de televisión por ondas terrestres o por satélite o de difusión por cable o de otro tipo, estarán siempre dirigidos al público en general y se prestarán garantizando el libre e igualitario acceso a las correspondientes concesiones otorgadas por el órgano regulador.

Artículo 72. Reglamentos de prestación del servicio y planes técnicos de frecuencias

72.1. El órgano regulador aprobará los correspondientes reglamentos de Prestación del Servicio para cada modalidad de servicio de difusión. En el caso de que se trate de servicios de radiodifusión, el reglamento contendrá, asimismo, las bases técnicas para el establecimiento del correspondiente plan técnico de frecuencias.

72.2. El Poder Ejecutivo determinará el carácter de la explotación y sus objetivos en caso de explotación pública, evitando el monopolio y el abuso de posición dominante.

72.3. Los reglamentos de prestación de servicio contendrán, como mínimo, disposiciones sobre:

a. Objeto del servicio;

b. Naturaleza y régimen jurídico;

c. Ámbito de cobertura;

d. Procedimientos para los concursos públicos y pliegos de condiciones; y

e. Servicios portadores.

Artículo 73. Requisitos para ser concesionario de un servicio público de difusión

73.1. Para ser concesionario de un servicio público de difusión deberá cumplirse con los requisitos establecidos en el Artículo 22 de la presente Ley y con aquellos requisitos específicos que reglamentariamente se determinen para prestar cada servicio.

73.2. En el caso de los Servicios Públicos de Radiodifusión, se requerirá además, ser nacional dominicano o extranjero naturalizado para mantener el control social de la gestión de la empresa concesionaria.

Artículo 74. Cesión

La transferencia, cesión, arrendamiento u otorgamiento de derecho de uso de cualquier título y la constitución de gravamen sobre concesiones de servicios públicos de difusión, deberán llevarse a cabo de conformidad con lo establecido en el Artículo 28 de la presente Ley.

Artículo 75. Puesta en funcionamiento

75.1. Para los casos de servicios de radiodifusión, una vez adjudicada la concesión, el órgano regulador asignará la correspondiente frecuencia con sujeción a lo previsto en el «Plan técnico de frecuencias», aprobado para el servicio objeto de la concesión. Dicha asignación deberá ser notificada al concesionario e inscrita en el correspondiente registro de frecuencias.

75.2. Con carácter previo al comienzo de la prestación de los servicios de difusión, el órgano regulador deberá comprobar que la instalación realizada se corresponde fielmente con el proyecto técnico aprobado.

CAPITULO XII.- Del Órgano Regulador de las Telecomunicaciones

TITULO I.- Objetivos y Facultades

Artículo 76. Órgano regulador

76.1. Se crea el órgano regulador de las telecomunicaciones con carácter de entidad estatal descentralizada, con autonomía funcional, jurisdiccional y financiera, patrimonio propio y personalidad jurídica. Tendrá capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Realizará los actos y ejercerá los mandatos previstos en la presente Ley y sus reglamentos y será inembargable.

76.2. El órgano regulador de las telecomunicaciones, que se denominará Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), tendrá su domicilio en la Capital de la República y tendrá jurisdicción nacional en materia de regulación y control de las telecomunicaciones.

76.3. El órgano regulador estará sujeto a la fiscalización y control de la Contraloría General de la República.

Artículo 77. Objetivos del órgano regulador

El órgano regulador deberá:

a. Promover el desarrollo de las telecomunicaciones, implementando el principio del servicio universal definido por esta Ley;

b. Garantizar la existencia de una competencia sostenible, leal y efectiva en la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones;

c. Defender y hacer efectivos los derechos de los clientes, usuarios y prestadores de dichos servicios, dictando los reglamentos pertinentes, haciendo cumplir las obligaciones correspondientes a las partes y, en su caso, sancionando a quienes no las cumplan, de conformidad con las disposiciones contenidas en la presente Ley y sus reglamentos; y

d. Velar por el uso eficiente del dominio público del espectro radioeléctrico.

Artículo 78. Funciones del órgano regulador

Son funciones del órgano regulador:

a. Elaborar reglamentos de alcance general y dictar normas de alcance particular, dentro de las pautas de la presente Ley;

b. Regular aquellos servicios en los que la ausencia de competencia resulte perjudicial al usuario;

c. Otorgar, ampliar y revocar concesiones y licencias en las condiciones previstas por la normativa vigente, permitiendo la incorporación de nuevos prestadores de servicios de telecomunicaciones;

d. Prevenir o corregir prácticas anticompetitivas o discriminatorias, con arreglo a la presente Ley y sus reglamentaciones;

e. Reglamentar y administrar, incluidas las funciones de control, mediante las estaciones de comprobación técnica de emisiones que al efecto se instalen, el uso de recursos limitados en materia de telecomunicaciones, tales como el dominio público radioeléctrico, las facilidades de numeración, facilidades únicas u otras similares;

f. Gestionar y administrar los recursos órbita-espectro, incluida la gestión de las posiciones orbitales de los satélites de telecomunicaciones con sus respectivas bandas de frecuencias, así como las órbitas satelitales para satélites dominicanos que puedan existir y coordinar su uso y operación con organismos y entidades internacionales y con otros países;

g. Dirimir, de acuerdo a los principios de la presente Ley y sus reglamentaciones y en resguardo del interés publico, los diferendos que pudieran surgir entre los prestadores de servicios de telecomunicaciones entre sí y con sus clientes o usuarios;

h. Controlar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones y de los usuarios del espectro radioeléctrico, resguardando en sus actuaciones el derecho de defensa de las partes;

i. Fijar, cuando sea necesario, las tarifas de servicios al público y los cargos de interconexión, de acuerdo con la presente Ley y su reglamentación;

j. Administrar, gestionar y controlar el uso del espectro radioeléctrico, efectuando por sí o por intermedio de terceros la comprobación técnica de emisiones, la identificación, localización y eliminación de interferencias perjudiciales velando porque los niveles de radiación no supongan peligro para la salud pública;

k. Aplicar el Régimen Sancionador ante la comisión de faltas administrativas previstas en la presente Ley y sus reglamentos;

l. Administrar y gestionar los recursos de la CDT;

m. Autorizar a los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones que así lo soliciten, a que asuman la condición de signatarios de organismos internacionales de telecomunicaciones, de conformidad a las reglas aplicables, y, en su caso, coordinar la participación no discriminatoria de los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones en los organismos internacionales de telecomunicaciones;

n. Aprobar, previa consulta y coordinación con los interesados, y administrar los planes técnicos fundamentales de telecomunicaciones que la reglamentación establezca, otorgando plazos razonables para adecuarse a los mismos;

o. Dictar normas técnicas que garanticen la compatibilidad técnica, operativa y funcional de las redes públicas de telecomunicaciones, la calidad mínima del servicio y la interconexión de redes. Dichas normas se adecuarán a las prácticas internacionales y a las recomendaciones de los organismos internacionales de que forme parte la República Dominicana;

p. Elaborar especificaciones técnicas para la homologación de equipos, aparatos y sistemas de telecomunicaciones, así como expedir, en su caso, los correspondientes certificados de homologación;

q. Administrar sus propios recursos;

r. Ejercer las facultades de inspección sobre todos los servicios, instalaciones y equipos de telecomunicaciones. A estos efectos, los funcionarios de la inspección del órgano regulador tendrán, en el ejercicio de sus funciones, la condición de autoridad pública y deberán levantar acta comprobatoria de las mismas, las cuales harán fe de su contenido hasta prueba en contrario;

s. Proponer al Poder Ejecutivo, mediante resolución motivada, el valor de las unidades de reserva radioeléctrica; y

t. Garantizar en el «Plan nacional de atribución de frecuencias» la reserva de las bandas y frecuencias necesarias para los órganos de defensa nacional.

Artículo 79. Solución de controversias y protección del usuario

La reglamentación establecerá los mecanismos de solución de controversias y protección al usuario por ante cuerpos colegiados a los cuales deberán acudir las partes. Las decisiones arbitrales homologadas por el órgano regulador no estarán sujetas, para ser ejecutorias, a los requisitos establecidos en los artículos 1020 y 1021 del Código de Procedimiento Civil, y sólo podrán ser apeladas ante la Suprema Corte de Justicia.

TITULO II.- Conformación

Artículo 80. Conformación del órgano regulador

80.1. El órgano regulador estará integrado por un Consejo Directivo que será la máxima autoridad del mismo, y por una Dirección Ejecutiva.

Artículo 81. Consejo Directivo

81.1. El Consejo Directivo estará integrado por cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo, distribuidos de la siguiente manera: un (1) presidente con rango de Secretario de Estado; el Secretario Técnico de la Presidencia; un (1) miembro seleccionado de una terna elaborada a propuesta de las empresas prestadoras de servicios públicos finales de telecomunicaciones; un (1) miembro seleccionado de una terna elaborada a propuesta de las empresas prestadoras de servicios de difusión, disponiéndose que dos de los candidatos de esta última terna serán propuestos por las empresas de televisión con alcance nacional, y el otro a propuesta de las empresas de radio difusión sonora y las empresas de televisión por cable; y un (1) miembro escogido directa y libremente, con calificación profesional, que velará por los derechos de los usuarios de servicios de las empresas antes mencionadas.

81.2. El Director Ejecutivo del órgano regulador será miembro del Consejo Directivo con voz pero sin voto, y fungirá como Secretario del mismo.

81.3. Para la nominación de candidatos, las empresas prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones y de difusión deberán presentar al Secretariado Técnico de la Presidencia las ternas con los candidatos que seleccionen, a propuesta conjunta de todos los prestadores. En caso de que los concesionarios de la categoría respectiva no acordaran una terna dentro de los sesenta (60) días subsiguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, el cargo será cubierto en forma directa por el Poder Ejecutivo.

81.4. Con excepción del Secretario Técnico de la Presidencia, los demás miembros del Consejo Directivo durarán cuatro (4) años, y su nombramiento podrá ser renovado por los mismos procedimientos de designación.

Artículo 82. Requisitos para integrar el Consejo Directivo y los Cuerpos Colegiados

82.1 Para ser miembro del Consejo Directivo y los Cuerpos Colegiados se requerirá:

a. Ser ciudadano dominicano y en pleno ejercicio de sus derechos civiles; y

b. Tener experiencia acreditable en alguna de las siguientes disciplinas:

i. En el control de prácticas anticompetitivas o en regulación de servicios públicos, preferiblemente en el mercado de telecomunicaciones;

ii. En la resolución de conflictos, ya sea mediante procedimientos arbitrajes, administrativos o judiciales;

iii. En la economía de las empresas, preferiblemente de telecomunicaciones; o

iv. En la explotación o ingeniería de redes, sistemas o servicios de telecomunicaciones.

82.2. El Consejo Directivo podrá fijar requisitos adicionales para ser Director Ejecutivo.

Artículo 83. Impedimentos para integrar el Consejo Directivo y los Cuerpos Colegiados

No podrán ser miembros del Consejo Directivo o de los Cuerpos Colegiados, ni Director Ejecutivo del órgano regulador, las siguientes personas:

a. Los menores de 25 años de edad;

b. Los miembros del Congreso Nacional;

c. Los miembros activos del Poder Judicial;

d. Los que desempeñaren cargos o empleos remunerados en cualesquiera de los organismos de Estado o de las municipalidades, ya sea por elección popular o mediante nombramiento, salvo los cargos de carácter docente;

e. Dos (2) o más personas que sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o que pertenezcan a la misma sociedad en nombre colectivo, o que formen parte de un mismo directorio de una sociedad por acciones;

f. Las personas que hayan sido declaradas en estado de quiebra, así como aquellas contra las cuales estuvieren pendientes procedimientos de quiebra;

g. Las personas que estuvieren subjúdice, o cumpliendo condena o que hayan sido condenadas a penas aflictivas o infamantes;

h. Los titulares, socios, empleados o personas que tengan intereses en empresas sujetas a la facultad reglamentaria del órgano regulador, en un porcentaje que fije la reglamentación, o haberlo sido o haberlos tenido en los dos (2) años previos a la designación;

i. Las que presentaren las mismas causas de inhibición y recusación que las correspondientes a los miembros del Poder Judicial; o

j. Aquellas que por cualquier razón sean legalmente incapaces.

Artículo 84. Funciones del Consejo Directivo

Son funciones del Consejo Directivo:

a. Establecer las directrices de política general y criterios a seguir por el órgano regulador;

b. Dictar reglamentos de alcance general y normas de alcance particular, dentro de las reglas y competencias fijadas por la presente Ley y manteniendo el criterio consultivo de las empresas prestadoras de los diversos servicios públicos regulados y de sus usuarios;

c. Designar y remover al Director Ejecutivo y al Auditor Interno;

d. Aprobar los reglamentos internos relativos a la administración del órgano, y fijar las remuneraciones correspondientes. Las remuneraciones del personal del órgano regulador serán equivalentes a las de niveles decisorios semejantes del sector privado;

e. Conocer de los recursos contra los actos administrativos dictados por cualquier funcionario del órgano regulador;

f. Adoptar las medidas precautorias y correctivas a las que se refiere la presente Ley dentro del contexto de su régimen sancionador;

g. Actualizar los montos de los derechos, tasas, contribuciones, cánones, así como los cargos por incumplimiento previstos en la presente Ley;

h. Someter al Poder Ejecutivo para su aprobación el «Plan nacional de atribución de frecuencias»;

i. Imponer los cargos por incumplimiento derivados de faltas calificadas como graves y muy graves;

j. Aprobar la memoria anual, los estados financieros y el presupuesto anual del órgano regulador;

k. Designar los miembros de los cuerpos colegiados para la solución de controversias y protección del usuario conforme al «Reglamento orgánico-funcional» del INDOTEL;

l. Tomar las decisiones finales acerca de los proyectos de desarrollo y administrar el «Fondo de financiación al desarrollo de las telecomunicaciones» previsto en el Capítulo VII;

m. Tomar cuantas decisiones sean necesarias para viabilizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley; y

n. En caso de ausencia, incapacidad u otro impedimento temporal o definitivo del presidente del Consejo Directivo sus funciones serán ejercidas interinamente por el Secretario de Estado Técnico de la Presidencia.

Artículo 85. Quórum y mayoría

85.1. El Consejo Directivo podrá funcionar legalmente con la mitad más uno de sus miembros, uno de los cuales deberá ser el presidente del Consejo Directivo.

85.2. Para tener validez legal, las decisiones del Consejo Directivo deberán adoptarse por mayoría de tres.

85.3. El Secretario Técnico de la Presidencia podrá hacerse representar por un funcionario debidamente acreditado.

Artículo 86. Funciones del Presidente del Consejo Directivo

El presidente tendrá las funciones siguientes:

a. Firmar las resoluciones mediante las cuales se otorgan, amplían y revocan concesiones, licencias y permisos provisionales, en las condiciones previstas por la normativa vigente;

b. Representar al Estado Dominicano ante los organismos internacionales de telecomunicaciones de los que forme parte la República Dominicana, asistido por la Dirección Ejecutiva del órgano regulador, a la que podrá delegarle funciones determinadas;

c. Transmitir al órgano regulador las directrices del Gobierno respecto de las relaciones con otros países o con organismos internacionales bilaterales o multilaterales en materia de telecomunicaciones;

d. Impartir directrices al Director Ejecutivo respecto de medidas a tomar cuando se encuentre comprometida la seguridad o lo requieran las necesidades de la defensa nacional o situaciones de emergencia oficialmente declaradas;

e. Convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo, con doble voto, en caso de empate, y determinar los asuntos a ser incorporados en la agenda, a partir de los que les someta el Director Ejecutivo; y

f. Supervisar la correcta ejecución de las resoluciones adoptadas por el Consejo Directivo.

Artículo 87. Del Director Ejecutivo

El órgano regulador tendrá un Director Ejecutivo, con las siguientes funciones:

a. Ejercer la representación legal del órgano regulador;

b. Ejercer, en cumplimiento de los mandatos del Consejo Directivo, la administración interna del órgano regulador;

c. Decidir la aplicación de las sanciones leves previstas en esta Ley;

d. Recomendar la aplicación de las sanciones graves y muy graves previstas en esta Ley; y

e. Ejercer las demas funciones que le encomiende el Consejo Directivo.

Artículo 88. Caducidad

88.1. Cuando se advierta o sobrevenga alguna de las causas de incapacidad mencionadas en esta Ley, caducará la designación o gestión del miembro respectivo y se procederá a su reemplazo.

88.2. No obstante tal caducidad, los actos o contratos autorizados por el incapaz, antes de que fuera declarada la caducidad, no se invalidarán por esta circunstancia, ni con respecto del órgano regulador, ni con respecto a terceros.

Artículo 89. Remoción

89.1. El Poder Ejecutivo podrá remover a los miembros titulares del Consejo Directivo, así como los miembros de los cuerpos colegiados, en cualquiera de los casos siguientes:

a. Cuando por cualquier causa no justificada debidamente, hubieren dejado de concurrir a seis (6) sesiones ordinarias al año;

b. Cuando por incapacidad física no hubieren podido desempeñar su cargo durante seis (6) meses;

c. Por condenación definitiva a pena criminal.

89.2. No obstante lo indicado en el párrafo anterior, los miembros titulares del Consejo Directivo, así como los miembros de los cuerpos colegiados, podrán ser removidos mediante decisión de la Suprema Corte de Justicia por las causas previstas en los casos siguientes:

a. Cuando se demostrare negligencia manifiesta en el cumplimiento de sus cargos o en el caso de que, sin debida justificación, dejaren de cumplir las obligaciones que les corresponden, de acuerdo con la Ley, los reglamentos y las decisiones del Consejo Directivo; o

b. Cuando fueren responsables de actos u operaciones fraudulentas, ilegales o evidentemente opuestas a los fines e intereses de la institución

89.3 La denuncia se hará al Procurador General de la República, por cualquier persona física o jurídica que demuestre un interés legal. El Procurador General de la República someterá el caso a la Suprema Corte de Justicia, la cual comisionará inmediatamente a uno de sus jueces para que instruya el asunto en forma sumaria y le rinda el informe procedente dentro del más breve plazo, que no podrá exceder de quince días. Dicho informe será debidamente notificado por el Secretario de la Corte al miembro denunciado, para que éste exponga por escrito los medios de defensa que juzgue de lugar, en el término de diez (10) días a contar de la fecha de dicha notificación.

89.4. Vencido el término indicado, la Suprema Corte de Justicia, en Cámara de Consejo, conocerá del informe del Juez Comisionado y del escrito de defensa, si lo hubiere, y en el término de un mes, a más tardar, decidirá si acoge o desestima la causa de remoción invocada, decisión que no será objeto de ningún recurso y que se comunicará al Consejo Directivo para su cumplimiento en el término de los tres (3) días subsiguientes a la fecha de dicha decisión.

89.5. El procedimiento especial establecido por el presente artículo se declara libre de gastos, derechos, impuestos, costos y honorarios legales de todo género.

Artículo 90. Normas de conducta

90.1. Ningún funcionario o empleado del órgano regulador podrá revelar información confidencial obtenida en el ejercicio de sus funciones. La revelación de tales informaciones será sancionada con el cese de las funciones de dicho empleado, sin perjuicio de otras acciones civiles o penales en su contra.

90.2. Ningún funcionario o empleado del órgano regulador, mientras esté en ejercicio de su cargo, podrá recibir pago alguno por ningún concepto de empresas sujetas a la facultad reglamentaria del órgano regulador. Dicha prohibición se extenderá por el período de un (1) año posterior al abandono del cargo para los Miembros del Consejo Directivo, de los cuerpos colegiados y el Director Ejecutivo.

90.3. Serán prohibidos los contactos informales o individuales entre las partes interesadas y el personal del órgano regulador, sobre temas pendientes de resolución por el ente. Esas comunicaciones deberán ser formales y accesibles a los interesados o sus representantes en casos de actos de alcance general, ya sea participando en las reuniones o conociendo las presentaciones o actas respectivas, en la forma en que lo reglamente el órgano regulador.

TITULO III.- Procedimientos

Artículo 91. Resoluciones y su contenido

91.1 El órgano regulador tomará sus decisiones por medio de Resoluciones, las cuales serán fechadas, numeradas consecutivamente y registradas en un medio de acceso público. Las resoluciones de carácter general, y otras de interés público que el órgano regulador determine, deberán ser además publicadas en un periódico de amplia circulación nacional.

91.2. Las resoluciones del órgano regulador deberán estar debidamente motivadas y como mínimo contener:

a. Descripción de las posiciones de las partes y de los motivos para acoger o rechazar cada una de ellas;

b. Los hechos relevantes en que se fundamenta su adopción;

c. Las normas que aplican;

d. El interés público protegido; y

e. El dispositivo de la Resolución.

Artículo 92. Criterios de acción

92.1. Al dictar regulaciones relacionadas con el funcionamiento y desarrollo de los mercados de telecomunicaciones, el órgano regulador deberá ajustarse a la regla de la mínima regulación y del máximo funcionamiento del mercado, y deberá actuar de modo tal que los efectos de sus decisiones equiparen los de una competencia leal, efectiva y sostenible, en los casos en que ella no exista.

92.2. Asimismo en sus actuaciones el órgano regulador deberá respetar el derecho de defensa de los interesados.

Artículo 93. Normas de alcance general

93.1. Antes de dictar resoluciones de carácter general, el órgano regulador deberá consultar a los interesados, debiendo quedar constancia escrita de la consulta y sus respuestas.

93.2. Cuando los interesados sean de carácter indeterminado, el órgano regulador convocará a una audiencia pública en la que, previa acreditación y por los procedimientos que se prevean en el reglamento que se dicte, los posibles interesados podrán emitir su opinión, que no será vinculante para el órgano regulador. Como método de consulta alternativo, el órgano regulador podrá publicar, en un periódico de amplia circulación nacional, la norma prevista, estableciendo un plazo razonable para recibir comentarios del público, vencido el cual se dictará la norma.

Artículo 94. Propuestas regulatorias

En los casos en que sea necesario ejecutar acciones determinadas en beneficio del interés público, ello se hará sin perjuicio de la obligación de consulta y del derecho de participación, dictando el órgano regulador una resolución provisional ejecutoria. Dicha resolución se publicará y estará sujeta a observaciones por sesenta (60) días calendario, plazo en el que deberá tomarse una resolución definitiva. En ese plazo, y antes de la resolución definitiva, el órgano regulador puede modificar su propuesta regulatoria provisional.

Artículo 95. Publicidad

Todas las actuaciones ante el órgano regulador y sus actos podrán ser consultados por el público en general, salvo que, por solicitud motivada de parte interesada, en un caso concreto y por el tiempo que se fije, el órgano regulador, basándose en razones de secreto o reserva comercial o de otro tipo que se justifique, determine no hacerlo público.

Artículo 96. Recursos

96.1. Las decisiones del Director Ejecutivo y del Consejo Directivo podrán ser objeto de un recurso de reconsideración, el cual deberá ser sometido dentro del plazo de diez (10) días calendario, contados a partir de la notificación o publicación del acto recurrible. Tanto el Director Ejecutivo cuanto el Consejo Directivo deberán pronunciarse en un plazo máximo de diez (10) días calendario desde la interposición.

96.2. Asimismo, las decisiones del Director Ejecutivo podrán ser objeto de un recurso jerárquico por ante el Consejo Directivo; debiendo éste interponerse simultáneamente con el recurso de reconsideración. El Consejo Directivo deberá pronunciarse en un plazo máximo de diez (10) días calendario desde dicha interposición.

96.3. Las decisiones del Consejo Directivo serán objeto de recurso jerárquico ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la forma y plazos previstos por la Ley que rige la materia.

Artículo 97. Motivos de impugnación

Los recursos contra las decisiones del Consejo Directivo sólo podrán basarse en las siguientes causas:

a. Extralimitación de facultades;

b. Falta de fundamento sustancial en los hechos de la causa;

c. Evidente error de derecho; o

d. Incumplimiento de las normas procesales fijadas por esta Ley o por el propio órgano regulador.

Artículo 98. Obligatoriedad de recurso administrativo

La vía administrativa previa es obligatoria para los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones que quieran recurrir a la vía judicial.

Artículo 99. Ejecutoriedad del acto administrativo

Los actos administrativos del órgano regulador serán de obligado cumplimiento, salvo mandato judicial consentido que expresamente señale lo contrario.

Artículo 100. Entrega de información

100.1. El órgano regulador podrá solicitar a los concesionarios o licenciatarios, informes y datos contables y estadísticos que sean adecuados a la finalidad legítima y reglamentaria, en los casos siguientes:

a. Cuando existiera una controversia en la que el órgano regulador tuviera que intervenir, entre concesionarios y/o licenciatarios; entre éstos y el órgano regulador; o entre aquellos y usuarios o clientes de servicios o terceros;

b. Cuando existiere una imputación de infracción y la inflación estuviere estrictamente vinculada al hecho imputado; o

c. Cuando la información sea necesaria y tenga una vinculación directa con la formulación de políticas públicas.

100.2. Los informes deberán ser proporcionados en los plazos razonables que se fijen en cada oportunidad, los que no podrán ser inferiores a cinco (5) días hábiles. En los casos previstos, los concesionarios o licenciatarios deberán permitir el libre acceso del órgano regulador a los libros, documentación contable e información registrada bajo cualquier forma.

100.3. El órgano regulador podrá requerir directamente el auxilio de la fuerza pública para el ejercicio de las facultades que le confieren este Artículo y el Artículo 30, literal g).

100.4. El órgano regulador podrá establecer los requisitos mínimos razonables que deberá reunir la contabilidad de los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, incluyendo, en su caso, plazos de depreciación de facilidades, equipos y sistemas. Asimismo establecerá los requisitos mínimos razonables para el suministro y conservación de la información contable, de costos, de tráficos y de operaciones que fuera estrictamente necesaria para el cumplimiento de sus facultades reglamentarias.

Artículo 101. Defensa del usuario y participación

101.1 El órgano regulador dictará un «Reglamento general del servicio telefónico» que regule las relaciones entre los concesionarios de ese servicio y sus clientes y usuarios, garantizando sus derechos y estableciendo sus obligaciones.

101.2 El órgano regulador podrá dictar otros reglamentos para otros servicios.

101.3 Todo interesado con interés legítimo podrá requerir ser consultado y exponer su posición antes de la toma de decisiones de carácter general o particular que lo afecten, de acuerdo a las normas de procedimiento que fije el órgano regulador.

TITULO IV.- Recursos del Órgano Regulador

Artículo 102. Recursos económicos del órgano regulador

102.1 El órgano regulador se financiará mediante los siguientes recursos económicos:

a. El porcentaje establecido que le corresponda de la CDT;

b. El derecho por uso del dominio público del espectro radioeléctrico;

c. Los derechos que se establezcan, en su caso, en los procedimientos para el otorgamiento de concesiones y licencias, de acuerdo con la reglamentación;

d. Los rendimientos que genere su propio patrimonio;

e. Las asignaciones presupuestarias que, en su caso, le asigne el Gobierno Central; y

f. Lo que pueda obtener por cualquier otro concepto. 102.2 Una vez cubiertas las necesidades presupuestarias del órgano regulador, el Consejo Directivo destinará el excedente de los recursos que pudieran existir al Fondo de Desarrollo previsto en el Capítulo VII.

CAPITULO XIII.- Faltas y Sanciones

TITULO I.- Sujetos

Artículo 103. Sujetos responsables de las faltas

Se reputarán responsables de cometer faltas administrativas tipificadas en la presente Ley:

a. Quienes realicen actividades reguladas por las disposiciones legales vigentes en materia de telecomunicaciones sin poseer la concesión o licencia respectiva;

b. Quienes, aún contando con la respectiva concesión o licencia, realicen actividades en contra de lo dispuesto en la presente Ley; o

c. El usuario de los servicios de telecomunicaciones, por la mala utilización de dichos servicios, así como por su empleo en perjuicio de terceros.

TITULO II.- Clasificación

Artículo 104. Clasificación de las faltas administrativas

Las faltas administrativas a las disposiciones de la presente Ley se clasifican en muy graves, graves y leves.

Artículo 105. Faltas muy graves

Constituyen faltas muy graves:

a. La realización de prácticas restrictivas a la competencia;

b. El uso indebido de los recursos de la CDT;

c. La utilización de potencias de emisión notoriamente superiores a las autorizadas;

d. La prestación de servicios de telecomunicaciones sin la correspondiente concesión, licencia o inscripción;

e. Dar facilidades a terceros para que presten servicios de telecomunicaciones sin la correspondiente concesión, licencia o inscripción;

f. La producción deliberada de interferencias definidas como perjudiciales de acuerdo a las normas y estándares internacionales;

g. La producción de interferencias definidas como perjudiciales de acuerdo a las reglas y normas internacionales, cuando provenga de la utilización del dominio público radioeléctrico sin la correspondiente licencia o del uso de frecuencias distintas de las autorizadas;

h. El uso de una red pública de telecomunicaciones sin el pago correspondiente a la empresa concesionaria titular de dicha red;

i. La negativa, obstrucción o resistencia a las inspecciones administrativas que deba realizar el órgano regulador o a la entrega de la información solicitada por el mismo;

j. La intercepción sin autorización de las telecomunicaciones no destinadas al público en general;

k. La divulgación del contenido, existencia, publicación o cualquier otro uso, sin autorización, de toda clase de información obtenida mediante la intercepción o recepción de aquellas comunicaciones que no estén destinadas al público en general;

l. La falta de pago de los derechos previstos en la presente Ley, conforme a los plazos establecidos por los diferentes reglamentos que la complementan;

m. La instalación de aparatos o equipos no homologados que produzcan daños muy graves en las redes de telecomunicaciones o a terceros;

n. El incumplimiento de las condiciones esenciales establecidas en el contrato de concesión, incluyendo la falta de construcción de las instalaciones y la explotación de los servicios dentro de los plazos señalados;

o. La negativa a cumplir con la obligación de interconexión, en los casos en que esta proceda, de acuerdo a las previsiones de la presente Ley, o la reticencia en llevar a cabo las obligaciones que de ella se derivan;

p. La aplicación, en su caso, de tarifas distintas a las autorizadas;

q. La comisión, en el transcurso de un (1) año, de dos (2) o más infracciones graves sancionadas mediante resoluciones definitivas; y

r. Cualquier otra acción de las operadoras que, a juicio del Consejo Directivo del órgano regulador, atente en forma notoria y deliberada en contra de los principios de libertad de prestación de servicios y de libre competencia garantizados por la presente Ley.

Artículo 106. Faltas graves

Constituyen faltas graves:

a. La discriminación arbitraria entre clientes o usuarios;

b. La utilización del dominio público del espectro radioeléctrico sin la correspondiente licencia o el uso de frecuencias distintas a las autorizadas;

c. Los cambios de ubicación o de las características técnicas de las estaciones radioeléctricas,sin la correspondiente autorización;

d. La asociación comercial o contratación con cualquier entidad nacional o extranjera, para canalizar comunicaciones hacia o desde otros países, sin intervención de operadoras debidamente autorizadas para la prestación de dichos servicios;

e. La producción no deliberada de interferencias perjudiciales definidas como tales en las normas y estándares internacionales, incluyendo las producidas por defectos de los aparatos o equipos;

f. La conexión de aparatos o equipos no homologados que produzcan daños graves a las redes de telecomunicaciones o a terceros;

g. La alteración o manipulación de las características técnicas, marcas, etiquetas o signos de identificación de equipos o aparatos, quedando excluidos los equipos de radioaficionados, siempre que no hayan sido adquiridos en el mercado y se destinen a este servicio;

h. La utilización de los servicios de telecomunicaciones para fines distintos de los que se hubieran autorizado por el órgano regulador;

i. La emisión de señales de identificación falsas o engañosas;

j. La no publicación o exposición al público de las tarifas vigentes en cada servicio;

k. La comisión, en el plazo de un (1) año, de dos o más infracciones leves sancionadas mediante resolución definitiva;

l. El cobro a clientes o usuarios por servicios no prestados;

m. La comercialización de equipos de telecomunicaciones que no cuenten con el correspondiente certificado de homologación, emitido de acuerdo con las previsiones de la presente Ley; y

n. Cualquier otra acción de las operadoras que, a juicio del Consejo Directivo del órgano regulador, atente en forma notoria contra los principios de libertad de prestación de servicios y de libre competencia garantizados por la presente Ley y no constituya infracción muy grave.

Artículo 107. Faltas Leves

Constituyen faltas leves :

a. La producción de interferencias no admisibles, que no sean ostensiblemente perjudiciales, definidas en las normas y estándares internacionales;

b. La utilización o prestación indebida de los servicios que no estén considerada como falta muy grave o grave;

c. La instalación de aparatos o equipos no homologados a las redes de telecomunicaciones;

d. Cualquier otra acción de los prestadores que, a juicio del Consejo Directivo del órgano regulador, atente contra los principios de libertad de prestación de servicios y de libre competencia garantizados por la presente Ley, y no constituya infracción grave o muy grave.

TITULO III.- Sanciones

Artículo 108. Cargo por incumplimiento

Se establece un cargo por incumplimiento (CI), equivalente al valor de veinte mil pesos oro (RD$ 20,000.00) de 1997. El órgano regulador, por resolución, actualizará el valor del CI a fin de preservar su nivel de sanción económica, utilizando los índices de precios al consumidor publicados por el Banco Central de la República Dominicana.

Artículo 109. Monto de las sanciones

109.1. Las faltas consideradas muy graves serán sancionadas con un mínimo de treinta (30) CI y un máximo de doscientos (200) CI.

109.2. Las faltas consideradas graves, serán sancionadas con un mínimo de diez (10) CI y un máximo de treinta (30) CI. En el caso de alteración de las características de los equipos, la sanción podrá incluir la incautación de los mismos.

109.3. Las faltas consideradas leves serán sancionadas con un mínimo de dos (2) CI y un máximo de diez (10) CI.

109.4. El pago de la sanción no implica la convalidación de la situación irregular, debiendo el infractor cesar de inmediato los actos que dieron lugar a la sanción. El infractor que realice actividades sin concesión o autorización, independientemente de la sanción que se le aplique, estará obligado a pagar los derechos, tasas o cánones correspondientes, en su caso, por todo el tiempo en que operó irregularmente.

Artículo 110. Graduación y destino

110.1. El valor de la sanción imponible dependerá:

a. Del número de infracciones cometidas;

b. De la reincidencia; y

c. De la repercusión social de las mismas.

110.2. Lo recaudado por concepto de cargos por incumplimiento que se perciban por aplicación de la presente Ley y sus reglamentaciones será destinado íntegramente al «Fondo de desarrollo» previsto en el Capítulo VII.

Artículo 111. Independencia de las acciones civiles o penales

Las sanciones administrativas a las que se refiere el presente título se aplicarán previa e independientemente de la responsabilidad penal o civil en que pudieran incurrir los infractores.

TITULO IV.- Medidas Precautorias

Artículo 112. Clausura, suspensión o incautación

112.1. Para los casos que se presuma que la infracción puede ser calificada como muy grave, el órgano regulador podrá disponer la adopción de medidas precautorias tales como la clausura provisional de las instalaciones o la suspensión provisional de la concesión; y podrá, en su caso, solicitar judicialmente la incautación provisional de los equipos o aparatos.

112.2. Para los efectos de la clausura provisional y decomiso, el órgano regulador hará el requerimiento pertinente al juez que corresponda, transcribiéndose la resolución que autoriza tal medida, para que disponga el diligenciamiento correspondiente, autorizando la rotura de puertas y apoyo de la fuerza pública, en caso de ser necesario.

112.3. En los casos de infracciones relacionadas con la indebida utilización del espectro radioeléctrico, el personal autorizado por el órgano regulador que lo detecte podrá disponer la clausura provisional y sugerir al órgano regular la solicitud judicial de incautación de los equipos.

112.4. Tratándose de delitos flagrantes, conforme al Código Penal, el órgano regulador podrá solicitar el apoyo de la fuerza pública y la intervención del Ministerio Público para la realización de su cometido.

TITULO V.- Destino de los Bienes Incautados

Artículo 113. Incautación

Los bienes y equipos que hayan sido incautados como producto de incautaciones y clausuras definitivas pasarán al patrimonio del órgano regulador.

Artículo 114. Destino de los bienes decomisados

114.1. Con el objeto de desarrollar servicios de telecomunicaciones en áreas o lugares donde ellos no sean prestados, el órgano regulador podrá, mediante pública subasta, vender a prestadores de servicios de telecomunicaciones o donar a entidades del sector público o a personas o entidades sin fines de lucro que lo soliciten, los bienes o equipos incautados. En todo caso, para el otorgamiento de licencia o concesión de servicios de telecomunicaciones con tales equipos, el operador o solicitante deberá garantizar el funcionamiento de los mismos.

114.2. Lo recaudado por concepto de venta de equipos incautados será destinado íntegramente al «Fondo de Desarrollo» del Capítulo VII.

CAPITULO XIV.- Otras Disposiciones

Artículo 115. De la Dirección General de Telecomunicaciones

Se suprime la Dirección General de Telecomunicaciones (DGT). Todas las referencias que se hagan a la citada Dirección General, en las normas que no hayan sido derogadas por la presente Ley, se entenderán referidas al órgano regulador establecido en el Capítulo XII de esta Ley, a excepción de aquellas normas a las que se refieren los dos artículos siguientes.

Artículo 116. Decreto 85-93

116.1. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, todas las referencias que se hacen en el Decreto 85-93, de fecha 28 marzo de 1993, a la DGT y a la Comisión de Derecho de Autor, se entenderán hechas a la Oficina Nacional de Derechos de Autor (ONDA).

116.2. El patrimonio de la DGT pasa de forma íntegra al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) creado por la presente Ley.

Artículo 117. Reglamento nº 824

Todas las alusiones que se hacen en el Reglamento nº 824, de fecha 25 de marzo de 1971 a la Dirección General de Telecomunicaciones, se entenderán hechas a la Secretaría Administrativa de la Presidencia.

Artículo 118. De los contratos de interconexión vigentes y del Acuerdo ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)

118.1. Las entidades prestadoras de servicios públicos finales de telecomunicaciones revisarán, dentro del plazo de un año, los contratos de interconexión suscritos entre ellas hasta la fecha de entrada en vigor de esta Ley, con el objeto de adaptarlos a las previsiones de la misma y su reglamento de aplicación.

118.2. Una vez revisados los contratos, los comunicarán al órgano regulador para su revisión, quien, en el caso de estimarlo necesario, podrá adoptar las medidas previstas en el Capítulo VIII, Título II de la presente Ley.

118.3. Se ratifica en todas sus partes el Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, (GATS), relativo a las negociaciones sobre telecomunicaciones básicas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), para que rija, en lo que respecta a la República Dominicana, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la cual será considerada el instrumento ratificador.

CAPITULO XV.- Disposiciones Transitorias y Derogatorias

Artículo 119. Concesiones vigentes

119.1. En el plazo de un año, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el órgano regulador ajustará a sus disposiciones las concesiones vigentes, otorgando los actos correspondientes. Este proceso de ajuste se realizará manteniendo las concesiones para todos los servicios otorgados y estableciendo la igualdad entre concesionarios respecto del alcance de las concesiones. Para aquellas concesiones que tuvieran un plazo de duración determinado, la duración del nuevo título será igual al período de tiempo que le faltare a la concesión originaria para la terminación de su plazo; para aquellas concesiones que no tuvieran un plazo de duración determinado, el nuevo plazo será el máximo que se establece en el Artículo 27 de la presente ley, todo lo anterior sin perjuicio de los derechos de renovación que tendrán los concesionarios de conformidad con el mencionado artículo. En todos los casos, el régimen impositivo aplicable a los concesionarios deberá ser el mismo.

119.2. Hasta tanto se suscriban los nuevos contratos de concesión, se entenderán vigentes los suscritos entre el Estado y las empresas concesionarias y habilitarán a sus titulares para seguir prestando todos los servicios que, hasta el momento de la entrada en vigor de esta ley, estuvieren prestando.

Artículo 120. Rebalanceo tarifario

120.1. Los precios al público del servicio telefónico local de la primera línea residencial deberán reflejar sus costos dentro del período transitorio o de rebalanceo tarifario, establecido por el órgano regulador mediante resolución motivada, luego de la promulgación de la presente Ley.

120.2. Para fines de implantación del rebalanceo tarifario, el Poder Ejecutivo nombrará, dentro de los treinta (30) días de la fecha de promulgación de esta ley una «Comisión asesora para el rebalanceo tarifario», adscrita al órgano regulador. Esta comisión estará compuesta por el Secretario Técnico de la Presidencia, quien la presidirá en calidad de presidente de la misma; el Secretario de Estado de Obras Públicas, quien será suplente del presidente; el Director Ejecutivo del organismo regulador, quien fungirá como Secretario Ejecutivo, y tres miembros del sector privado relacionados con el sector de telecomunicaciones, en calidad de vocales y seleccionados por el Poder Ejecutivo. Las decisiones de la comisión serán tomadas por el voto mayoritario de sus miembros, correspondiendo al voto del presidente romper cualquier empate. Esta comisión evaluará los estudios y recomendaciones presentados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y, en base a las mismas, someterá, dentro de los sesenta (60) días posteriores a su incorporación, un plazo de rebalanceo tarifario, el cual deberá ejecutarse antes del treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil (2000).

Artículo 121. Instalación del órgano regulador

Dentro de los primeros doce (12) meses, contados a partir de la promulgación de la presente Ley, se dedicará la totalidad de lo recaudado por concepto de la CDT a la instalación del órgano regulador.

Artículo 122. Sistemas celulares

La Resolución nº 2-91, del 22 de agosto de 1991, de la DGT, relativa a «Cambios y reglamentación para el uso de los sistemas celulares en la República Dominicana», seguirá siendo aplicada por el órgano regulador, hasta tanto el mismo dicte el reglamento que lo sustituya. Lo anterior no implicará perjuicio alguno de los derechos y licencias otorgados por la DGT a la fecha de entrada en vigencia de esta ley.

Artículo 123. Disposición derogatoria

Con la promulgación de la presente Ley, quedan derogadas:

a. La Ley 118, de Telecomunicaciones, de fecha 1 de febrero de 1966; sin que ello implique desaparición inmediata de la Dirección General de Telecomunicaciones (DGT), la cual mantendrá su existencia hasta tanto el Consejo Directivo del órgano regulador no sea designado de conformidad con las previsiones de esta ley, y fungirá provisionalmente como Director Ejecutivo del nuevo órgano regulador;

b. El Artículo 381 de la Ley 11-92, de fecha 16 de mayo de 1992;

c. El Decreto 84-93, de fecha 28 de marzo de 1993, que aprobó el «Segundo reglamento para la aplicación de la Ley de Derecho de Autor, para la retransmisión por cable de programas de televisión»;

d. La Resolución nº 1-95, de fecha 23 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPC);

e. La Resolución nº 2-95, de fecha 23 de enero de 1995, de la SEOPC;

f. La Resolución nº 4-91, de fecha 29 de noviembre de 1991, de la DGT;

g. La Resolución nº 94-001, de fecha 2 de febrero de 1994, de la DGT;

h. La Resolución nº 001-94, de fecha 8 de abril de 1994, de la SEOPC;

i. La Resolución nº 94-003, de fecha 20 de marzo de 1994, de la DGT;

j. La Resolución nº 94-003/R/95-001, de fecha 7 de abril de 1995, de la DGT; y

k. Todas las disposiciones legales que le sean contrarias.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los diecinueve (19) días del mes de marzo del año mil novecientos noventa y ocho, años 155 de la Independencia y 135 de la Restauración.

Héctor Rafael Peguero Méndez, Presidente

Jesús Radhamés Santana Díaz, Secretario Ad-Hoc

Néstor Orlando Mazara Lorenzo, Secretario

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los quince (15) días del mes de abril del año mil novecientos noventa y ocho, años 155 de la Independencia y 135 de la Restauración.

Amable Aristy Castro, Presidente

Enrique Pujals, Secretario

Jesús Vásquez Martínez, Secretario Ad-Hoc

LEONEL FERNÁNDEZ

Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República .

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año mil novecientos noventa y ocho (1998), años 155 de la Independencia y 135 de la Restauración.

Leonel Fernández

Arrêté du 21 mai 2007 portant délégations de pouvoir aux directeurs responsables de traitement de données à caractère personnel.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,

Vu le titre X de la loi sur les finances du 28 avril 1816 modifié ;

Vu les articles L. 518-2 et suivants et les articles R. 518-1 et suivants du code monétaire et financier ;

Vu la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret nº 2007-451 du 25 mars 2007, pris pour l'application de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret du 8 mars 2007 portant nomination du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,

Arrête :

Article 1. Les directeurs de la Caisse des dépôts et consignations et le caissier général, directeur de la gestion opérationnelle des instruments financiers, de la trésorerie et des moyens de paiements, dite des » back-offices «, sont responsables des traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre de leur direction respective et déterminent leurs finalités.

Article 2. Les directeurs mentionnés à l'article 1er appliquent les obligations de sécurité et sont responsables de la sécurité des informations, notamment celles qui concernent les données à caractère personnel.

Ils sont chargés de diffuser, au sein de leur direction, les règles relatives à l'informatique et aux libertés et, particulièrement, l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Article 3. Dans le cadre de la procédure, les déclarations et demandes d'autorisation à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sont préparées par le responsable du traitement et transmises à la direction juridique et fiscale qui s'assure de la mise en état des dossiers et représente la Caisse des dépôts et consignations auprès de la CNIL.

Article 4. Le secrétaire général de la Caisse des dépôts et consignations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mai 2007.

A. de Romanet

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, iniciado en Moción de los Diputados señores Gonzalo Arenas Hodar; Marcelo Díaz Díaz; Enrique Estay Peñaloza; Alejandro García-Huidobro Sanfuentes; Patricio Hales Dib; Javier Hernández Hernández; Tucapel Jiménez Fuentes; José Antonio Kast Rist; Carlos Recondo Lavanderos, y Felipe Ward Edwards.

Proyecto de ley:

Artículo único.-

Agréganse los siguientes artículos 24 H, 24 I y 24 J en la Ley nº 18.168, General de Telecomunicaciones:

«Artículo 24 H.- Las concesionarias de servicio público de telecomunicaciones que presten servicio a los proveedores de acceso a Internet y también estos últimos; entendiéndose por tales, toda persona natural o jurídica que preste servicios comerciales de conectividad entre los usuarios o sus redes e Internet:

a) No podrán arbitrariamente bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de Internet, así como cualquier otro tipo de actividad o uso legal realizado a través de la red.

En este sentido, deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a Internet o de conectividad al proveedor de acceso a Internet, según corresponda, que no distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen o propiedad de éstos, habida cuenta de las distintas configuraciones de la conexión a Internet según el contrato vigente con los usuarios.

Con todo, los concesionarios de servicio público de telecomunicaciones y los proveedores de acceso a Internet podrán tomar las medidas o acciones necesarias para la gestión de tráfico y administración de red, en el exclusivo ámbito de la actividad que les ha sido autorizada, siempre que ello no tenga por objeto realizar acciones que afecten o puedan afectar la libre competencia. Los concesionarios y los proveedores procurarán preservar la privacidad de los usuarios, la protección contra virus y la seguridad de la red. Asimismo, podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios, sólo a pedido expreso del usuario, y a sus expensas. En ningún caso, este bloqueo podrá afectar de manera arbitraria a los proveedores de servicios y aplicaciones que se prestan en Internet.

b) No podrán limitar el derecho de un usuario a incorporar o utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean legales y que los mismos no dañen o perjudiquen la red o la calidad del servicio.

c) Deberán ofrecer, a expensas de los usuarios que lo soliciten, servicios de controles parentales para contenidos que atenten contra la ley, la moral o las buenas costumbres, siempre y cuando el usuario reciba información por adelantado y de manera clara y precisa respecto del alcance de tales servicios.

d) Deberán publicar en su sitio web, toda la información relativa a las www.bcn.cl – Biblioteca del Congreso Nacional de Chile características del acceso a Internet ofrecido, su velocidad, calidad del enlace, diferenciando entre las conexiones nacionales e internacionales, así como la naturaleza y garantías del servicio.

El usuario podrá solicitar al concesionario o al proveedor, según lo estime, que le entregue dicha información a su costo, por escrito y dentro de un plazo de 30 días contado desde la solicitud.

Artículo 24 I.- Para la protección de los derechos de los usuarios de Internet, el Ministerio, por medio de la Subsecretaria, sancionará las infracciones a las obligaciones legales o reglamentarias asociadas a la implementación, operación y funcionamiento de la neutralidad de red que impidan, dificulten o de cualquier forma amenacen su desarrollo o el legítimo ejercicio de los derechos que de ella derivan, en que incurran tanto los concesionarios de servicio público de telecomunicaciones que presten servicio a proveedores de acceso a Internet como también éstos últimos, de conformidad a lo dispuesto en el procedimiento contemplado en el artículo 28 bis de la Ley n° 18.168, General de Telecomunicaciones.

Articulo 24 J.- Un reglamento establecerá las condiciones mínimas que deberán cumplir los prestadores de servicio de acceso a Internet en cuanto a la obligatoriedad de mantener publicada y actualizada en su sitio web información relativa al nivel del servicio contratado, que incorpore criterios de direccionamiento, velocidades de acceso disponibles, nivel de agregación o sobreventa del enlace, disponibilidad del enlace en tiempo, y tiempos de reposición de servicio, uso de herramientas de administración o gestión de tráfico, así como también aquellos elementos propios del tipo de servicio ofrecido y que correspondan a estándares de calidad internacionales de aplicación general. Asimismo, dicho reglamento establecerá las acciones que serán consideradas prácticas restrictivas a la libertad de utilización de los contenidos, aplicaciones o servicios que se presten a través de Internet, acorde a lo estipulado en el artículo 24 H.».

Artículo transitorio.-

El reglamento a que hace referencia el artículo 24 J se publicará dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la presente ley.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 18 de agosto de 2010.-

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.-

Felipe Morandé Lavín, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.-

Saluda atentamente a Ud., Jorge Molina Osorio, Subsecretario de Telecomunicaciones

Arrêté du 29 novembre 2006 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'étude des déficits endocriniens chez les traumatisés crâniens.

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-7 ;

Vu la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu le décret nº 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu l'arrêté du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 31 octobre 2006 portant le numéro 1197087,

Arrête :

Article 1. Il est créé au ministère de la défense, à l'hôpital d'instruction des armées Bégin, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » DETRAC » mis en oeuvre par le service d'endocrinologie et dont la finalité principale est le dépistage des déficits hypophysaires chez les traumatisés crâniens.

Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

– à l'identité (nom, prénoms, date de naissance, sexe, adresse, numéro de téléphone) ;

– à la santé (antécédents, données -biométriques, cliniques, biologiques-, évolution, imagerie, chirurgie, traitement).

Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées soixante-dix ans.

Article 3. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

– les médecins du service ;

– le personnel du laboratoire de biochimie.

Article 4. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi précitée s'exerce selon le choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin que l'intéressé aura désigné à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, auprès de la direction centrale du service de santé des armées (bureau des systèmes d'information et de communication), BP 125, 00459 Armées.

Article 5. Le médecin-chef directeur de l'hôpital d'instruction des armées Bégin est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 novembre 2006.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du service de santé des armées, P. Loudes

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Artículo 1º.– Incorpórese a la Ley nº 11.723 el artículo 5º bis, que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 5º bis: La propiedad intelectual sobre sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas corresponde a los artistas intérpretes por el plazo de SETENTA (70) años contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de su publicación. Asimismo, la propiedad intelectual sobre los fonogramas corresponde a los productores de los fonogramas o sus derechohabientes por el plazo de SETENTA (70) años contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de su publicación. Los fonogramas e interpretaciones que se encontraren en el dominio público sin que hubieran transcurrido los plazos de protección previstos en esta ley, volverán automáticamente al dominio privado por el plazo que reste, y los terceros deberán cesar cualquier forma de utilización que hubieran realizado durante el lapso en que estuvieron en el dominio público.

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

JOSE J. B. PAMPURO

EDUARDO A. FELLNER.

Enrique Hidalgo.

Juan H. Estrada. 

Lei nº 9.609 de 19 de fevereiro de 1998.
Dispõe sobre a proteção de propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. (Publicado no D.O.U. de 20.02.98)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º.- Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

CAPÍTULO II. DA PROTEÇÃO AOS DIREITOS DE AUTOR E DO REGISTRO

Artigo 2º.- O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.

§ 1º. Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alterações não-autorizadas, quando estas impliquem em deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação.

§ 2º. Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo prazo de cinqüenta anos, contados a partir de 1º. de janeiro do ano subseqüente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação.

§ 3º. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.

§ 4° Os direitos atribuídos por esta Lei ficam assegurados aos estrangeiros domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda, aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes.

§ 5º. Inclui-se dentre os direitos assegurados por esta Lei e pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País aquele direito exclusivo de autorizar ou proibir o aluguel comercial, não sendo esse direito exaurível pela venda, licença ou outra forma de transferência da cópia do programa.

§ 6º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos casos em que o programa em si não seja objeto essencial do aluguel.

Artigo 3º.- Os programas de computador poderão, a critério do titular, ser registrados em órgão ou entidade a ser designado por ato do Poder Executivo, por iniciativa do Ministério responsável pela política de ciência e tecnologia.

§ 1º. O pedido de registro estabelecido neste artigo deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:

I – os dados referentes ao autor do programa de computador e ao titular, se distinto do autor, sejam pessoas físicas ou jurídicas;

II – a identificação e descrição funcional do programa de computador; e

III – os trechos do programa e outros dados que se considerar suficientes para caracterizar sua criação independente, ressalvando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo.

§ 2º. As informações referidas no inciso III do parágrafo anterior são de caráter sigiloso, não podendo ser reveladas, salvo por ordem judicial ou a requerimento do próprio titular.

Artigo 4º.- Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.

§ 1º. Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado.

§ 2º. Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço ou servidor os direitos concernentes a programa de computador gerado sem relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato de serviços ou órgão público.

§ 3º. O tratamento previsto neste artigo será aplicado nos casos em que o programa de computador for desenvolvido por bolsistas, estagiários e assemelhados.

Artigo 5º.- Os direitos sobre as derivações autorizadas pelo titular dos direitos de programas de computador, inclusive sua exploração econômica, pertencerão à pessoa autorizada que as fizer, salvo estipulação contratual em contrário.

Artigo 6º.– Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador:

I – reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine à cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, hipótese em que o exemplar original servirá de salvaguarda;

II – a citação parcial, para fins didáticos, desde que identificados o programa e o titular dos direitos respectivos;

III – a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão;

IV – a integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu.

CAPÍTULO III. DAS GARANTIAS AOS USUÁRIOS DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR

Artigo 7º.- O contrato de licença de uso de programa de computador, o documento fiscal correspondente, os suportes físicos ou as respectivas embalagens deverão consignar, de forma facilmente legível pelo usuário, o prazo de validade técnica da versão comercializada.

Artigo 8º.- Aquele que comercializar programa de computador quer seja titular dos direitos do programa, quer seja titular dos direitos de comercialização, fica obrigado, no território nacional, durante o prazo de validade técnica da respectiva versão, a assegurar ao respectivos usuários a prestação de serviços técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento do programa, consideradas as suas especificações.

Parágrafo único – A obrigação persistirá no caso de retirada de circulação comercial do programa de computador durante o prazo de validade, salvo justa indenização de eventuais prejuízos causados a terceiros.

CAPÍTULO IV. DOS CONTRATOS DE LICENÇA DE USO, DE COMERCIALIZAÇÃO E
DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Artigo 9º.- O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de licença.

Parágrafo único. Na hipótese de eventual inexistência do contrato referido no caput deste artigo, o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do seu uso.

Artigo 10.– Os atos e contratos de licença de direitos de comercialização referentes a programas de computador de origem externa deverão fixar, quanto aos tributos e encargos exigíveis, a responsabilidade pelos respectivos pagamentos e estabelecerão a remuneração do titular dos direitos de programa de computador residente ou domiciliado no exterior.

§ 1º. Serão nulas as cláusulas que:

I – limitem a produção, a distribuição ou a comercialização, em violação às disposições normativas em vigor;

II – eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades por eventuais ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direito de auto.

§ 2º. O remetente do correspondente valor em moeda estrangeira, em pagamento da remuneração de que se trata, conservará em seu poder, pelo prazo de cinco anos, todos os documentos necessários à comprovação de licitude das remessas e da sua conformidade ao caput deste artigo.

Artigo 11.- Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o registro dos respectivos contratos, para que produzam efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatório a entrega, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia.

CAPÍTULO V. DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES

Artigo 12.- Violar direitos de autor de programa de computador:

Pena – Detenção de seis meses a dois anos ou multa.

§ 1º. Se a violação consiste na reprodução, por qualquer meio, de programa de computador, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização expressa do autor ou de quem o represente:

Pena – Reclusão de um a quatro anos e multa.

§ 2º. Na mesma pena do parágrafo anterior incorre quem vende, expõe à venda, introduz no País, adquire, oculta ou tem em depósito, para fins de comércio, original ou cópia de programa de computador, produzido com violação de direito autoral.

§ 3º. Nos crimes previstos neste artigo, somente se procede mediante queixa, salvo:

I – quando praticados em prejuízo de entidade de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo público;

II – quando, em decorrência de ato delituoso, resultar sonegação fiscal, perda de arrecadação tributária ou prática de quaisquer dos crimes contra a ordem tributária ou contra as relações de consumo.

§ 4º. No caso do inciso II parágrafo anterior, a exigibilidade do tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, processar-se-á independentemente de representação.

Artigo 13.- A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos casos de violação de direito de autor de programa de computador, serão precedidas de vistoria, podendo o juiz ordenar a apreensão das cópias produzidas ou comercializadas com violação de direito de autor, suas versões e derivações, em poder do infrator ou de quem as esteja expondo, mantendo em depósito, reproduzindo ou comercializando.

Artigo 14.- Independentemente da ação penal, o prejudicado poderá intentar ação para proibir ao infrator a prática do ato incriminado, com cominação de pena pecuniária para o caso de transgressão do preceito.

§ 1º. A ação de abstenção de prática de ato poderá ser cumulada com a de perdas e danos pelos prejuízos decorrentes de infração.

§ 2º. Independentemente de ação cautelar preparatória, o juiz poderá conceder medida liminar proibindo ao infrator a prática do ato incriminado, nos termos deste artigo.

§ 3º. Nos procedimentos cíveis, as medidas cautelares de busca e apreensão observarão o disposto no artigo anterior.

§ 4º. Na hipótese de serem apresentadas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações à outra parte para outras finalidades.

§ 5º. Será responsabilizado por perdas e danos aquele que requerer e promover as medidas previstas nesta e no artigo anterior, agindo de má-fé ou por espirito de emulação, capricho ou erro grosseiro, nos termos dos arts. 16, 17 e 18 do Código de Processo Civil.

CAPÍTULO VI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 15.- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 16.– Fica revogada a Lei nº 7.646, de 18 de dezembro de 1987.

Brasília, 16 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Israel Vargas

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE REGULA EL REPOSITORIO NACIONAL DIGITAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE ACCESO ABIERTO

Artículo 1º.- Objeto de la Ley.

Establecer el marco normativo del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto.

Artículo 2º. Definición de Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto

2.1 Para los fines de la presente Ley, se denomina Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto al sitio centralizado donde se mantiene información digital resultado de la producción en ciencia, tecnología e innovación (libros, publicaciones, artículos de revistas especializadas, trabajos técnico-científicos, programas informáticos, datos procesados y estadísticas de monitoreo, tesis académicas y similares).

2.2 Dicha información es de acceso libre y abierto, sin fines de lucro y sin requerimientos de registro, suscripción o pago alguno y está disponible para leer, descargar, reproducir, distribuir, imprimir, buscar o enlazar textos completos; considerando los derechos de autor, establecidos en el Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor.

Artículo 3º.– Ámbito de aplicación La presente Ley es de aplicación a las siguientes entidades y personas:

a) Entidades del sector público.

b) Entidades del sector privado o personas naturales que deseen voluntariamente compartir su información, con las restricciones técnicas y académicas que establezca el reglamento.

c) Entidades privadas o personas naturales cuyos resultados de investigaciones hayan sido financiados con recursos del Estado.

d) Entidades y personas naturales que realizan actividades en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Sinacyt), que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento.

Artículo 4º.- Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto

4.1 Establécese el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, el cual es administrado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) y se constituye en la máxima instancia para recolectar, integrar, estandarizar, almacenar, preservar y difundir la producción nacional de ciencia, tecnología e innovación de los repositorios.

4.2 El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), responsable del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, asume las siguientes funciones:

a) Implementa, integra, estandariza, almacena, preserva y gestiona el adecuado funcionamiento del repositorio nacional, así como establece las políticas que regulen la seguridad y sostenibilidad del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, en el marco de la presente Ley.

b) Brinda asistencia técnica integral a los participantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Sinacyt) para la generación y gestión de sus respectivos datos e información, así como establece los mecanismos y estándares de interoperabilidad del Estado con el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, para lo cual cuenta con el asesoramiento técnico de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI).

c) Promueve el uso y aprovechamiento de la información disponible del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto.

d) Implementa los mecanismos internos necesarios para la correcta aplicación de la presente Ley.

Artículo 5º.- Lineamientos fundamentales

5.1 El Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto tiene como lineamientos rectores:

a) Establecer y adoptar estrategias y políticas a fin de garantizar el acceso libre y abierto a la producción en ciencia, tecnología e innovación del repositorio digital nacional.

b) Garantizar la adecuada gestión, divulgación y preservación a largo plazo de la información del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto.

c) Garantizar la seguridad y la calidad de la información y las condiciones necesarias a fin de salvaguardar la propiedad intelectual y los derechos de autor y de la institución.

d) Fomentar el fortalecimiento de la red científica.

5.2 Se puede excluir la difusión de información que, por su naturaleza, deba mantenerse en confidencialidad, para lo cual se justificarán en forma explícita y detallada los motivos que impiden su difusión.

Artículo 6º.- Registro de información de producción científica, tecnológica y en innovación

6.1 Las entidades descritas en el artículo 3 brindan acceso y registran continuamente su producción en ciencia, tecnología e innovación, en su respectivo repositorio; el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) realiza la recolección de información y su monitoreo constante.

6.2 Adicionalmente, forman parte del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto:

a) Los archivos digitales y programas informáticos sobre proyectos de investigación científica o tecnológica que reciban subsidio, financiamiento, préstamo proveniente del Estado o de los miembros del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Sinacyt). Los contratos de estos proyectos deben incluir de manera obligatoria una cláusula contractual en la que se indique la obligatoriedad de la difusión completa en el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto.

b) La información de actividades de seguimiento o monitoreo científicos de las instituciones estatales miembros del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Sinacyt).

c) La información sobre los beneficiarios de becas para estudios de maestría, doctorado, posdoctorado y otras financiadas con fondos públicos. Los contratos de estas becas deben autorizar expresamente la inclusión de la versión final de sus trabajos de investigación o desarrollo, siempre que hayan seguido un proceso de aprobación por una autoridad competente, en el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto.

d) En caso de que los resultados de las investigaciones o desarrollos estuvieran protegidos por derechos de propiedad, se debe incluir la obligatoriedad de proporcionar los metadatos (resumen de datos) correspondientes a fin de incluirlos en el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, además de comprometerse a entregar el trabajo completo una vez finalizado el tiempo establecido para su liberación, sin vulnerar lo establecido en el Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la promulgación de la presente Ley, el Poder Ejecutivo publicará su reglamento.

SEGUNDA.– La implementación de las medidas y acciones previstas en la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional autorizado de los pliegos correspondientes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, en el marco de las leyes anuales de presupuesto.

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación.

En Lima, a los quince días del mes de mayo de dos mil trece.

VÍCTOR ISLA ROJAS, Presidente del Congreso de la República

MARCO TULIO FALCONÍ PICARDO Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil trece.

OLLANTA HUMALA TASSO, Presidente Constitucional de la República

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR Presidente del Consejo de Ministros

Arrêté du 13 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 3 décembre 2004 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au fichier de recrutement du personnel de l'aéronautique militaire entre 1914 et 1918.

La ministre de la défense,

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en dernier lieu par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

Vu le code du patrimoine, notamment le livre II ;

Vu le décret nº 2005-850 du 27 juillet 2005 portant délégation de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 ;