Ley 9.155 del 4 de diciembre de 1933. Código Penal de la República Oriental del Uruguay
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TÍTULO V. DE LAS PENAS
CAPÍTULO I. De su enumeración y clasificación
Artículo 66. De las penas principales
Son penas principales :
Penitenciaría.
Prisión.
Inhabilitación absoluta para cargos, oficios públicos y derechos políticos.
Inhabilitación especial para algún cargo u oficio público.
Inhabilitación especial para determinada profesión académica, comercial o industrial.
Suspensión de cargo, cargo, oficio público, o profesión académica, comercial o industrial.
Multa.
67. (De las penas accesorias)
Son penas accesorias :
La inhabilitación absoluta para cargos, oficios públicos, derechos políticos, profesiones académicas, comerciales o industriales.
La suspensión de cargos u oficios públicos o profesiones académicas, comerciales o industriales, la pérdida de la patria potestad y de la capacidad para administrar, en los casos en que, no imponiéndolas las sentencias, la ley ordena que otras penas las lleven consigo.
CAPÍTULO II. De sus límites, naturaleza y efectos
Artículo 68.
La pena de penitenciaría durará de dos a treinta años.
La pena de prisión durará de tres meses a dos años.
La pena de inhabilitación absoluta o especial, durará de dos a diez años.
La pena de inhabilitación especial de determinada profesión académica, comercial o industrial, durará de dos a diez años.
La pena de suspensión durará de seis meses a dos años.
La pena de multa será de 10 U.R . (diez unidades reajustables) a 900 U.R. (novecientas unidades reajustables).
Artículo 69.
En la imposición de toda pena deberá descontarse el tiempo de detención efectiva sufrida por el procesado, hasta la sentencia ejecutoriada.
Si la pena impuesta fuera la de penitenciaría, el descuento se hará en la proporción de dos días de detención por uno de penitenciaría, salvo que el procesado haya observado buena conducta en la cárcel, en cuyo caso se le computará en la proporción de un día de detención por uno de penitenciaría.
Artículo 70. De la pena de penitenciaría
La pena de penitenciaría se sufrirá en una cárcel celular urbana o rural.
Los condenados permanecerán en las celdas durante las horas del sueño y de las comidas, reuniéndose por clases, durante el día, bajo la regla del silencio, para el trabajo y la instrucción.
El trabajo será obligatorio y se efectuará en talleres apropiados, dentro del recinto en las cárceles urbanas y al aire libre en las cárceles rurales.
En las cárceles urbanas el trabajo abarcará los oficios que mejor se adapten al orden interno del establecimiento y a las aptitudes de los condenados.
En las cárceles rurales el trabajo será,, preferentemente agrícola, pero sin perjuicio de tal preferencia, podrán los condenados ser empleados en la construcción de caminos, desecación de pantanos, explotación de canteras y en otras tareas análogas.
Cuando los condenados hubieran de trabajar a cierta distancia de la cárcel, se suspenderá la reclusión celular durante las horas del sueño y de las comidas.
Artículo 71. De la prisión
La pena de prisión se sufrirá en cárceles urbanas y, en cuanto fuere posible, se observará el régimen establecido para la pena de penitenciaría, en las cárceles de igual clase.
Artículo 72. Peculio
Tanto los condenados a penitenciaría como los condenados a prisión percibirán una remuneración por su trabajo.
La remuneración les pertenecerá íntegramente, pero no podrán disponer de ella, hasta su salida de la cárcel, salvo en pequeñas partidas para remediar necesidades de familia.
Artículo 73. Inembargabilidad del peculio
El peculio del reo es inembargable y a su fallecimiento debe ser entregado directamente por la Administración, a sus herederos.
Artículo 74. Destierro
La pena de destierro importa la expulsión del reo del territorio de la República, con prohibición de regresar a él durante el término de la condena.
Artículo 75. Inhabilitación absoluta
La inhabilitación absoluta para cargos, oficios públicos y derechos políticos produce :
Pérdida de los cargos y empleos públicos de que estuviere en posesión el penado, aún cuando provengan de elección popular ;
Privación, durante la condena, de todos los derechos políticos, activos y pasivos ;
Incapacidad para obtener los cargos y empleos mencionados durante el término de la condena.
Artículo 76. Inhabilitación especial
La pena de inhabilitación especial produce :
La pérdida del cargo u oficio público sobre que recae ;
Incapacidad para obtener otros del mismo género, durante el término de la condena.
Artículo 77. Inhabilitación especial para determinada profesión
La pena de inhabilitación especial para determinada profesión académica, comercial o industrial, produce la incapacidad para ejercer la profesión por el tiempo de la condena.
Artículo 78. La suspensión
La suspensión de cargo u oficio público inhabilita para su ejercicio durante la condena.
Artículo 79. De los derechos políticos
Los derechos políticos, activos y pasivos, a que se refieren los artículos anteriores son : la capacidad para ser ciudadano elector y la capacidad para obtener cargos de elección popular.
Artículo 80.
No podrán los Jueces sobrepasar el máximo ni descender del mínimo de la pena señalada para cada delito, salvo lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 86.
Cuando en este Código la ley se remite a otras disposiciones del mismo, al establecer la pena que corresponde a ciertos delincuentes, delitos o formas de agravación o atenuación de éstos, indicando que se aplicará una cuota o fracción de la pena aludida, se aumentará el máximo y el mínimo en la proporción correspondiente, o se disminuirán en su caso, los extremos a que se refieren los artículos 50 y 86, quedando así fijada la nueva pena dentro de cuyos límites se graduará su aplicación.
Artículo 81. Penas accesorias a la de penitenciaría
La pena de penitenciará lleva consigo las siguientes :
Inhabilitación para cargos, oficios públicos, derechos políticos, por el tiempo que dure la condena.
Inhabilitación especial para el ejercicio de las profesiones académicas, durante el mismo tiempo.
Pérdida de la patria potestad e incapacidad para administrar bienes, por igual plazo.
Artículo 82. Penas accesorias a la prisión
La pena de prisión lleva consigo la suspensión de cargo u oficio público, profesiones académicas y derechos políticos.
Artículo 83. De la multa
Después de graduar la multa con arreglo a las normas que establece la presente ley, los magistrados podrán aumentarla o disminuirla ajustándola a los bienes y recursos del delincuente. Podrán también, según las circunstancias, determinar plazos para el pago, mediante una garantía eficaz, real o personal.
Artículo 84. Sustitución de la multa
Si el sentenciado no tuviese bienes para satisfacer la multa, sufrirá, por vía de sustitución y apremio, la pena de prisión, regulándose un día por cada 10 U.R. (diez unidades reajustables).
El condenado podrá en cualquier tiempo pagar la multa descontándose de ella, la parte proporcional a la prisión cumplida.
CAPÍTULO III. De su aplicación
Artículo 85. Nulla poena sine lege, Nulla poena sine judicio
No podrá ejecutarse pena alguna sino en virtud de sentencia, emanada de los jueces en cumplimiento de una ley, ni hacerse sufrir de distinta manera que como ella lo haya establecido.
Artículo 86. Individualización de la pena
El Juez determinará, en la sentencia, la pena que en su concepto corresponda, dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito, teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable, sus antecedentes personales, la calidad y el número, -sobre todo lo calidad-, de las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en el hecho.
Tratándose de delitos sancionados con pena de prisión cuando concurren atenuantes excepcionales, el Juez tendrá la potestad de bajar a la de multa que aplicará conforme al inciso precedente. (Artículo 68, apartado 2º).
Artículo 87. Penalidades del delito tentado, -Individualización
El delito tentado será castigado con la tercera parte de la pena que correspondería por el delito consumado, pudiendo ser elevada hasta la mitad, a arbitrio del Juez, teniendo en cuanta la gravedad del hecho y la peligrosidad del agente.
Tratàndose de los delitos de violación, homicidio, lesiones, rapiña, extorsión y secuestro y en mérito a las mismas consideraciones, el Juez, podrá elevar la pena hasta las dos terceras partes de la que correspondería al delito consumado.
Artículo 88. Penalidad de los coautores. Individualización
La pena que corresponde a los coautores es la misma de los autores, salvo las circunstancias de orden personal que obligan a modificar el grado.
Artículo 89. De la penalidad de los cómplices. Individualización
Los cómplices de delito tentado o consumado, serán castigados con la tercera parte de la pena que les correspondería si fueran autores, pero el Juez podrá elevar la pena hasta el límite de la unidad, cuando en su concepto el agente, por la forma de participación, los antecedentes personales y la naturaleza de los móviles, acusa una visible mayor peligrosidad.
Artículo 90. Inaplicabilidad de las normas cuando media previsión especial de la ley
Las normas precedentes no se aplican cuando la ley, tratándose de ciertos delitos, castiga la tentativa y la complicidad expresamente.
Artículo 91. Sanciones que no se reputan penas
No se reputan penas :
La restricción de la libertad de los procesados.
La suspensión de los empleos públicos, decretada por las autoridades en uso de sus atribuciones legales, o por el Juez durante el proceso o para instruirlo.
Las multas y demás correcciones que los superiores impongan a los subordinados y administrados en uso de su jurisdicción disciplinaria o de sus atribuciones gubernativas.
Las multas que establecen las leyes en materia de impuesto.
Las multas y arrestos que impongan las Ordenanzas Municipales y los Reglamentos de Policía.
Los efectos civiles del delito, como la pérdida de la patria potestad, de la tutela, de la curatela, de la capacidad para heredar, de los bienes gananciales, de los derechos de familia y otros análogos, establecidos por la legislación civil.
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TITULO VI. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA
CAPITULO I
Artículo 206. Incendio
El que, en cosa ajena o propia, mueble o inmueble, suscitare una llama con peligro de la seguridad de las personas o bienes de los demás, o con lesión efectiva de tales derechos, será castigado con doce meses de prisión a dieciséis años de penitenciaría.
Artículo 207. Estrago
El que, fuera del caso previsto en el artículo precedente, pusiere en peligro la seguridad de las personas o bienes de los demás, o lesionare tales derechos, por el empleo de medios o agentes poderosos de destrucción, será castigado con doce meses de prisión a doce años de penitenciaría.
Artículo 208. Circunstancias agravantes especiales
Son circunstancias agravantes especiales :
Si del echo resultara la muerte o la lesión de varias personas..
Si el delito tuviere por objeto la destrucción de edificios, monumentos o lugares públicos, o se ejecutare sobre naves, aeronaves, astilleros, estaciones ferrocarrileras o marítimas o aéreas, almacenes generales y depósitos de substancias explosivas o inflamables.
Si el delito tuviera por objeto la destrucción de un edificio habitado o destinado a habitación o de las instalaciones adscriptas al suministro de agua, luz o al saneamiento de las ciudades.
Artículo 209. Fabricación, comercio, depósito de substancias explosivas, gases asfixiantes, etc.
El que con el fin de atentar contra la seguridad pública, fabricase bombas, preparase substancias explosivas, combinase gases tóxicos, asfixiantes o inflamables, se procurase los elementos componentes, se hiciere depositario de los mismos, y el que, con el mismo objeto, adquiriere o guardare tales instrumentos de destrucción, ya preparados, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.
Artículo 210. Empleo de bombas, morteros o substancias explosivas, con el objeto de infundir temor colectivo
El que con el fin de infundir temor en la población o de provocar el desorden y la agistación en ella, hiciere explotar bombas, morteros o substancias explosivas, será castigado, cuando no pudiere el hecho ser encarado como tentativa de un delito más grave, con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.
Artículo 211. Incendio y estrago culpables
El incendio y el estrago culpable, serán castigados con seis meses de prisión a seis años de penitenciaría.
Constituye una circunstancia agravantes de este delito, la circunstancia de que del hecho resulte la muerte o la lesión de varias personas.
CAPITULO II
Artículo 212. Peligro de un desastre ferroviario
El que, con el fin de dañar una vía férrea, o las máquinas, vehículos, aparatos u otros objetos destinados a su uso, los destruyere en todo o en parte, o los tomare parcial o totalmente inservibles, será castigado, si del hecho resulta el peligro de un desastre ferroviario, con doce meses de prisión a doce años de penitenciaría.
Se entiende por vía férrea, además de las vías ferrocarrileras, toda otra vía con rieles metálicos, sobre los cuales circulen vehículos movidos por el vapor, energía eléctrica u otro medio de tracción mecánica.
Artículo 213. Desastre ferroviario
El que ocasionare un desastre ferroviario, será castigado con la pena de doce meses de prisión a dieciséis años de penitenciaría.
Artículo 214. Circunstancias agravantes
Se considera agravantes especial de este delito, circunstancia prevista en el inciso 1º del art. 208.
Artículo 215. Atentado culpable contra la seguridad de la vías férreas
El atentado culpable contra la seguridad de las vías férreas, será castigado con seis meses de prisión a seis años de penitenciaría.
Es aplicable a este delito, la agravante prevista en el artículo anterior.
Artículo 216. Atentado contra la seguridad de los transportes
El que de cualquier manera, fuera del caso previsto en el artículo anterior, ejecutare hechos que pusieren en peligro la seguridad o la regularidad de los transportes públicos, por tierra, por el aire o por agua, será castigado con seis meses de prisión a seis años de penitenciaría.
CAPITULO IV
Artículo 217. Atentado contra la regularidad de las comunicaciones telefónicas, telegráficas o inalámbricas
El que, de cualquier manera, atentare contra la regularidad de las comunicaciones telefónicas, telegráficas o inalámbricas, poniendo en peligro la seguridad de los transportes públicos, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.
Nueva redacción dada por la Ley 18.383 de 17 de octubre de 2008
Artículo 217 (Atentado contra la regularidad de las telecomunicaciones).- El que, de cualquier manera, atentare contra la regularidad de las telecomunicaciones alámbricas o inalámbricas, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.
Se considera agravante especial de este delito, la sustracción, el daño o la destrucción de instalaciones destinadas a las prestaciones del servicio de telecomunicaciones”.
TÍTULO VII. DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA
CAPITULO I
Artículo 218. Envenenamiento o adulteración de aguas o productos destinados a la alimentación pública
El que envenenare o adulterare, en forma peligrosa para la salud, las aguas o substancias destinadas a la alimentación pública, con o sin lesión efectiva de tales bienes será castigado con doce meses de prisión a dieciséis años de penitenciaría.
219. Fabricación de substancias alimenticias o terapéuticas
El que preparare en forma peligrosa para la salud, substancias alimenticias o medicinales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.
220. Ofrecimiento comerciales o venta de substancias peligrosas para la salud, falsificadas, adulteradas o desnaturalizadas
El que pusiere en el comercio, o expendiere substancias peligrosas para la salud, falsificadas, adulteradas o desnaturalizadas, por la acción del tiempo, con o sin lesión efectiva del derecho a la vida o a la integridad física, será castigado con seis meses de prisión a diez años de penitenciaría.
221. Ofrecimiento comercial o venta de substancias genuinas por personas inhabilitadas para ello
Con la misma pena será castigado, el que, sin estar legalmente habilitado o contrariando las disposiciones reglamentarias, pusiere en el comercio o expendiere substancias genuinas, peligrosas para la salud, con o si lesión efectiva del derecho a la vida o a la integridad física.
222. Expedición sin recete médica o en menoscabo de sus prescripciones
Con la misma pena será castigado el farmacéutico que expendiere sin receta médica, substancias peligrosas para la salud o que contrariase sus prescripciones, alterando la calidad o la cantidad, así como el que pusiere en el comercio o expendiere, substancias que hubieren perdido sus propiedades terapéuticas, con o sin lesión del derecho a la vida o a la integridad física.
223. Comercio de la coca, opio o sus derivados
El que, fuera de las circunstancias prevista reglamentariamente, ejerciere el comercio de substancias estupefacientes, tuviere en su poder o fuere depositario de las mismas, será castigado con seis meses de prisión a cinco años de penitenciaría.
224. Violación de las disposiciones sanitarias
El que violare las disposiciones publicadas por la autoridad competente para impedir la invasión de una enfermedad epidémica o contagiosa, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.
225. Envenenamiento o adulteración culpables de las aguas destinadas a la alimentación
El envenenamiento o adulteración culpables de las aguas o substancias destinadas a la alimentación, será castigado con seis meses de prisión a seis años de penitenciaría.
226. Circunstancias agravantes
Son aplicables a los delitos previstos en los artículos 218 a 225, la agravante del inciso 1º del artículo 208.
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CAPÍTULO II.- Falsificación documentaria
236. Falsificación material en documento público, por funcionario público.
El funcionario público que ejerciendo un acto de su función, hiciere un documento falso o alterare un documento verdadero, será castigado con tres a diez años de penitenciaría. Quedan asimilados a los documentos, las copias de los documentos inexistentes y las copias infieles de documentos existentes.
237. Falsificación o alteración de un documento público, por un particular o por un funcionario, fuera del ejercicio de sus funciones.
El particular o funcionario público que, fuera del ejercicio de sus funciones, hiciere un documento público falso o alterare un documento público verdadero, será castigado con dos a seis años de penitenciaría.
238. Falsificación ideológica por un funcionario público.
El funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, diere fe de la ocurrencia de hechos imaginarios, o de hechos reales, pero alterando las circunstancias, o con omisión o modificación de las declaraciones prestadas con ese motivo o mediante supresión de tales declaraciones, será castigado con dos a ocho años de penitenciaría.
239. Falsificación ideológica por un particular.
El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.
240. Falsificación o alteración de un documento privado.
El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, será castigado, cuando hiciere uso de él, con doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.
241. Certificación falsa por un funcionario público.
El funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, extendiere un certificado falso, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión. Con la misma pena será castigado el particular que expidiere un certificado falso, en los casos en que la ley le atribuyese valor a dicha certificación.
242. Falsificación o alteración de certificados.
El que hiciere un documento falso en todo o en parte, o alterare uno verdadero de la naturaleza de los descritos en el artículo precedente, será castigado con la pena de tres a dieciocho meses de prisión.
242 bis. Falsificación de cédulas de identidad y de pasaportes.
El funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, expidiere una cédula de identidad o un pasaporte falso, así como el particular que hiciere una cédula de identidad o un pasaporte falso, o alterare una u otro, cuando éstos fueren verdaderos, será castigado con pena de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. (51a)
243. Uso de un documento o de un certificado falso, público o privado.
El que, sin haber participado en la falsificación, hiciere uso de un documento o de un certificado, público o privado, será castigado con la cuarta parte a la mitad de la pena establecida para el respectivo delito.
244. Destrucción, supresión, ocultación de un documento o de un certificado verdadero.
El que destruyere, ocultare, suprimiere en todo o en parte un documento o un certificado verdadero, será castigado con las penas que el Código establece para la falsificación de tales documentos.
245. Personas asimiladas a los funcionarios públicos.
A los efectos de la falsificación documentaria, quedan equiparados a los funcionarios, los Escribanos legalmente habilitados para ejercer su profesión.
TÍTULO XI. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD
CAPÍTULO I. De los delitos contra la libertad individual
Artículo 280. De la adquisición, transferencia y comercio de esclavos y reducción de otros hombres a la esclavitud.
El que redujere a esclavitud o a otra condición análoga a una persona, el que adquiera o transfiera esclavos y el que trafique con ellos, será castigado con dos a seis años de penitenciaría.
Artículo 281. Privación de libertad
El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, será castigado con un año de prisión a nueve años de penitenciaría.
La pena será disminuida de la tercera parte a la mitad, siempre que el autor del hecho o un copartícipe de éste, liberara a la víctima de su cautiverio dentro del tercer día de producido.
Artículo 282. Agravantes
Son circunstancias agravantes especiales y la aplicación del máximo se considerará justificada cuando el delito se cometa :
Por un funcionario público, o contra un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o con motivo de haberlas ejercido.
Con amenazas o sevicias.
Por espíritu de venganza o con propósito de lucro, para utilizar coercitivamente los servicios de la víctima.
Cuando la privación de libertad superare los diez días.
Constituye una agravante muy especial el hecho de que el delito se cometa con el fin de obtener de las autoridades públicas, a cambio de la liberación, una ventaja o provecho en beneficio propio o ajeno, consiguiendo o no su objeto, o cuando el hecho obedeciera a móviles políticos o ideológicos. La pena será de seis a doce años de penitenciaría.
Artículo 283. Sustracción o retención de una persona menor de edad, del poder de sus padres, tutores o curadores
El que sustrajere una persona menor de dieciocho años, del poder de sus padres, tutores o curadores, o de quienes ejerzan su guarda aunque fuera momentáneamente, o la retuviere contra la voluntad de éstos, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.
Artículo 284. Circunstancias atenuantes especiales
Constituyen circunstancias atenuantes especiales, que el delito se haya cometido :
Por el padre o la madre, que no tuviere la guarda ;
Con consentimiento del menor, que tuviere más de quince años ;
Que el menor haya sido devuelto al guardador, antes de que el Fiscal haya solicitado el arresto del autor del hecho.
Artículo 285. Atentado a la libertad personal cometido por el funcionario público encargado de una cárcel
El funcionario público encargado de la administración de una cárcel, que recibiere en ésta alguna persona sin orden de la autoridad competente, o que rehusare obedecer la orden de excarcelación emanada de la misma, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión.
Artículo 286. Abuso de autoridad contra los detenidos
El funcionario público encargado de la administración de una cárcel, de la custodia o del traslado de una persona arrestada o condenada que cometiere con ella actos arbitrarios o la sometiere a rigores no permitidos por los reglamentos, será castigado con pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría.
Artículo 287. Pesquisa
El funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley, ordenare o ejecutare una inspección o registro personal, será castigado con tres a doce meses de prisión.
Artículo 288. Violencia privada
El que usare violencia o amenazas para obligar a alguno a hacer, tolerar o dejar de hacer alguna cosa, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.
Artículo 289. Circunstancias agravantes especiales
El que las violencias o las amenazas, se cometan con armas o por persona disfrazada, por varias personas, o con escritos anónimos o en forma simbólica, o valiéndose de la fuera intimidante derivada de asociaciones secretas existentes o supuestas, o para obligar a cometer un delito, constituyen agravantes especiales de estos delitos.
Artículo 290. Amenazas
El que fuera de los casos previstos en el artículo 288 amenazare a otro con un daño injusto, será castigado con multa de 25 U.R. (veinticinco unidades reajustables) a 700 U.R. (setecientas unidades reajustables).
Son circunstancias agravantes especiales de este delito, la gran importancia del daño con que se amenazare, y todas las indicadas en el artículo anterior, con excepción de la última.
Artículo 291. Incapacidad compulsiva
El que, por cualquier medio, sin motivo legítimo, colocare a otro, sin su consentimiento, en un estado letárgico, o de hipnosis, o que importara la supresión de la inteligencia o la voluntad, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.
Artículo 292. Medida de seguridad
Además de las penas establecidas en la ley, respecto del delito previsto en el artículo 290, podrá el juez condenar al autor a dar caución de no ofender.
Artículo 293. Concepto de arma
Se entiende por arma, a los efectos de la ley penal, y siempre que en ella no se disponga otra cosa, tanto las propias como las impropias.
Son armas propias, aquéllas que tienen por objeto el ataque o la defensa, las substancias explosivas o corrosivas, y los gases asfixiantes o corrosivos.
Son armas impropias, todos los instrumentos aptos para dañar, cuando se lleven en forma de infundir temor.
CAPÍTULO II. De los delitos contra la inviolabilidad del domicilio
Artículo 294. Violación de domicilio
El que se introdujera en morada ajena, o en sus dependencias, contra la voluntad expresa o tácita del dueño o del que hiciera sus veces, o penetrare en ella, clandestinamente o con engaño, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.
La misma pena se aplicará al que se mantuviere en morada ajena, contra la voluntad expresa del dueño de quien hiciera sus veces, o clandestinamente o con engaño.
Artículo 295. Circunstancias agravantes
Son circunstancias agravantes especiales el que el delito se cometa :
Una hora antes o una hora después de la salida o puesta del sol ;
Con violencia en la persona del morador o de sus familiares ;
Con armas ostensibles o por varias personas reunidas ;
Por funcionarios públicos, sin las condiciones y formalidades prescriptas por las leyes.
CAPÍTULO III. Delitos contra la inviolabilidad del secreto
Artículo 296. Violación de correspondencia escrita
Comete el delito de violación de correspondencia el que, con la intención de informarse de su contenido, abre un pliego epistolar, telefónico o telegráfico, cerrado, que no le estuviera destinado.
Este delito se castiga con 20 U.R. (veinte unidades reajustables) a 400 U.R. (cuatrocientas unidades reajustables) de multa.
Los que abran, intercepten, destruyan u oculten correspondencia, encomiendas y demás objetos postales con la intención de apropiarse de su contenido o interrumpir el curso normal de los mismos, sufrirán la pena de un año de prisión a cuatro de penitenciaría.
Constituye circunstancia agravante de este delitos, en sus dos formas, el que fuera cometido por funcionario público perteneciente a los servicios de que en cada caso se tratare.
Artículo 297. Interceptación de noticia, telegráfica o telefónica
El que, valiéndose de artificios, intercepta una comunicación telegráfica o telefónica, la impide o la interrumpe, será castigado con multa de 20 U.R. (veinte unidades reajustables) a 400 U.R. (cuatrocientas unidades reajustables).
Artículo 298. Revelación del secreto de la correspondencia y de la comunicación epistolar, telegráfica o telefónica
Comete el delito de revelación de correspondencia epistolar, telegráfica o telefónica, siempre que causare perjuicio :
El que, sin justa causa, comunica a los demás lo que ha llegado a su conocimiento, por alguno de los medios especificados en los artículos anteriores.
El que, sin justa causa, publica el contenido de un correspondencia, epistolar, telegráfica o telefónica que le estuviere dirigida y que, por su propia naturaleza debiera permanecer secreta.
Este delito será castigado con 20 U.R. (veinte unidades reajustables) a 200 U.R. (doscientas unidades reajustables).
Artículo 299. Circunstancias agravantes
Constituyen circunstancias agravantes de este delito :
El que fuera cometido por persona adscripta al servicio postal, telegráfico o telefónico.
Que se tratare de correspondencia oficial ;
Que la revelación se efectuare por medio de la prensa.
Artículo 300. Conocimiento fraudulento de documentos secretos
El que, por medios fraudulentos, se enterare del contenido de documentos públicos o privados que por su propia naturaleza debieran permanecer secretos, y que no constituyeran correspondencia, será castigado, siempre que del hecho resultaren perjuicios, con multa de 20 U.R. (veinte unidades reajustables) a 400 U.R. (cuatrocientas unidades reajustables).
Artículo 301. Revelación de documentos secretos
El que, sin justa causa, revelare el contenido de los documentos que se mencionan en el artículo precedente, que hubieren llegado a su conocimiento por los medios en él establecidos o en otra forma delictuosa, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.
Artículo 302. Revelación de secreto profesional
El que, sin justa causa, revelare secretos que hubieran llegado a su conocimiento, en virtud de su profesión, empleo o comisión, será castigado, cuando el hecho causare perjuicio, con multa de 100 U.R. (cien unidades reajustables) a 600 U.R. (seiscientas unidades reajustables).
CAPÍTULO IV. De los delitos contra la libertad política
Artículo 303. Atentados políticos no previsto por la ley
El que, con violencias o amenazas, impidiere o coartare el ejercicio de cualquier derecho político, cuando el hecho no se hallare previsto por disposiciones especiales, será castigado con dos a seis años de penitenciaría.
CAPÍTULO V. De los delitos contra la libertad de cultos y el sentimiento religioso
Artículo 304. Ofensa al culto por el impedimento o la perturbación de la ceremonia
El que impidiere o perturbare, de cualquier manera, una ceremonia religiosa, el cumplimiento de un rito o un acto cualquiera de alguno de los cultos tolerados en el país, en los templos, en los lugares abiertos al público o en privado, pero en este último caso con la asistencia de un ministro del culto, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión.
Artículo 305. Ofensa al culto por el ultraje de los lugares o de los objetos o él destinados
El que, de cualquier manera, con palabras o con actos, incluso de deterioro o la destrucción, ofendiere alguna de las religiones toleradas en el país, ultrajando las cosas que son objeto de culto, o que sirven para su ejercicio, en los lugares destinados al culto, siempre que la ofensa se efectuare públicamente o revistiese por su notoriedad, un carácter público, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión.
Artículo 306. Ofensa al culto por el ultraje público a las personas que lo profesan o a los ministros de culto
El que de cualquier manera ofendiere alguno de los cultos tolerados en el país, ultrajando públicamente a sus ministros o a las personas que profesan dicho culto, será castigado con tres a doce meses de prisión.
Artículo 307. Vilipendio de cadáveres o de sus cenizas
El que vilipendiare un cadáver, o sus cenizas, de cualquier manera, con palabras o con hechos, será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.
Artículo 308. Vilipendio de sepulcros, urnas y cosas destinadas al culto de los muertos
El que ejecutare actos de vilipendio, sobre una tumba, o sobre una urna, o sobre las cosas destinadas a su defensa u ornato, o al culto de los muertos, menoscabando la integridad, o la estética de los mismos, o mediante su violación, o con leyendas o inscripciones injuriosas, será castigado con seis meses de prisión a cinco años de penitenciaría.
Artículo 309.Substracción de cadáveres o de restos humanos sin propósito de vilipendio
La sustracción, mutilación, o exhumación de un cadáver, la exhumación o sustracción de sus cenizas, determinadas por móviles de piedad, de veneración, de amor, de investigación científica, será castigada con tres a dieciocho meses de prisión.
La pena será elevada al doble, cuando tales hechos se efectuaran con fines de lucro.
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