Entendiendo como spam todo mensaje de correo electrónico no solicitado Podríamos
clasificar al spam en dos categorías en función del uso de recursos (máquina, CPU,
disco, ancho de banda) por parte de terceros.

Spam legal: Uso de recursos propios. Es el spam procedente de Empresas
distribuido desde sus propias máquinas dentro de sus campañas de marketing y
promoción. También el procedente de Proveedores de servicios Internet (ISPs) que es
usado por usuarios o Empresas que no disponen de recursos propios de distribución
masiva.

Spam ilegal: Uso de recursos ajenos. Es el spam que para su distribución se
aprovecha de Estafetas ajenas mal configuradas openrelay[25]. Existe entre los
spammers bases de datos de máquinas (IP) mal configuradas para poder ser usadas.

El spam ilegal es uno de los más extendidos y suele ser el que viene en idioma inglés.
Generalmente procede de USA pero utilizan para su distribución máquinas open-relay
de cualquier parte del mundo con el objeto de evitar la legislación de dicho país. El
spam en idioma castellano suele ser spam legal procedente de ISPs o empresas. El
protocolo SMTP que regula todas las transacciones de correo de Internet se creó allá
por 1981 de forma insegura para ser usado por científicos sin pensar en ningún uso
comercial. Ya existían listas de distribución (LISTSERV-1984) que eran usadas para
distribuir información de uno a muchos. La explosión de Internet en 1994 a nivel social y comercial hizo que se "descubrieran" los agujeros de SMTP para ser utilizado como el
mejor y mas barato mecanismos para distribuir y hacer llegar directamente a miles de
buzones cualquier tipo de información. La gran explosión del spam empezó en 1995-
1996 donde cualquier máquina con un servidor de correo podía ser usada por los
indeseables spammers para distribuir su información. En esos años el spam que se
recibía en el buzón era muy inferior al actual del 2003. El gran problema eran los
ataques que sufría el puerto SMTP (25) para distribuir spam. Ya el Cendoj[26] en alguna oportunidad ha recibido estos ataques masivos de spam. En dicha época el servidor de correo mas extendido era Sendmail, el cual solucionó las deficiencias de SMTP con sus reglas de configuración y se empezaron a solucionar muchos de los problemas, los de servidores con otro tipo de sistema operativo llegaron mas tarde. Aún así estos problemas de configuración no están erradicados en el 100% de las máquinas de Internet por lo que siguen existiendo máquinas open-relay.

5.1.3. Efectos del spam

Algunos los efectos negativos y problemas del spam:

1 Inunda los buzones saturando la capacidad máxima de los mismos y por tanto
provocando la pérdida de correo deseado y útil.

2 Reduce la efectividad del correo-e al ser molesto u ofensivo al receptor.

3 Afecta a los recursos de la Estafeta de correo-e ya que mientras está procesando
spam ralentiza el procesamiento del correo normal.

4 Afecta al ancho de banda congestionando las infraestructuras de comunicaciones

5 Afecta el tiempo de los usuarios empleado en borrar, denunciar, filtrar etc. y al de los
responsables del correo.

6 Afecta la imagen de la Empresa que distribuye spam. Por poner un ejemplo un
servicio clásico en Internet como las News de Usenet está siendo bastante afectado en
su funcionalidad por el incesante uso que se le está dando para distribuir spam a través
de muchos de sus grupos. Otros ejemplos graves de efectos del spam en cualquier
empresa son:

§ Tamaño del mensaje. La distribución masiva de spam incluyendo ficheros grandes
puede perjudicar gravemente a las Estafetas de una empresa o inhabilitar el correo de
algún usuario. De aquí la necesidad de limitar el tamaño del correo entrante.

§ Direcciones falsificadas. Este es un efecto difícil de explicar en pocas líneas.
Básicamente consiste en atacar una Estafeta openrelay[27] (E1) para ser la distribuidora
del correo. El truco está en que el mensaje de spam lleva como dirección de correo
emisora la de cualquier dominio. La Estafeta de este dominio será la atacada. ¿cómo?

Dicho dominio es quien recibirá los mensajes de error de las miles de direcciones
inyectadas en la Estafeta (E1). Estos errores serán los producidos en las transacciones
SMTP desde la máquina open-relay a los diferentes destinos. La máquina atacada (E2)
recibirá miles de mensajes destinados a direcciones de su dominio con el agravante
que la parte local de la dirección no existe generándose un nuevo error y una nueva
transacción SMTP produciendo el colapso de los servidores de correo.

Todos estos problemas nos pueden llevar a pensar en la fragilidad del correo-e en
Internet y la pérdida de confianza en este útil servicio. Si al spam habitual, se le añaden
sus efectos colaterales mas allá de la simple recepción de correo no deseado, los virus
y la generación mensajes y confusión producida por los Antivirus en las Estafetas, la
falsificación de mensajes etc. podemos llegar a la conclusión que el Servicio de Correo
electrónico en Internet es inútil. Actualmente los virus es el problema mas grave del
correo-e pero éstos tienen sus patrones y por tanto son interceptables con los actuales
Antivirus. El spam es un problema del correo-e por la dificultad de evitarlo.

Un problema colateral del incesante aumento del spam es la regulación legislativa que
puede llegar a encubrir la regulación de otros aspectos de Internet. Es claro que la
legislación en Internet ya comenzó y mucha de ella está relacionada con la protección
de datos, el correo-e y el spam.

5.1.4. Medidas contra el spam

Qué es lo que se quiere solucionar:¿ el correo basura en los buzones de los usuarios?
o ¿reducir el impacto en los servidores de correo y líneas de comunicaciones? O por el
contrario se quiere combatir el spam en general por ser un tormento en la Internet.

En función de cuales sean nuestros objetivos, debemos enfocar las posibles alternativas al problema. No son iguales las soluciones o medidas a adoptar para una Empresa que para un Proveedor de servicios Internet que para una comunidad amplia como puede ser la Comunidad científica Colombiana o latinoamericana Alfa-Redi o mejor la mejor comunidad española RedIRIS. En función de cómo queremos reducir los efectos del spam podemos clasificar las soluciones en:

Precavidas: Medidas que colaboran a evitar recibir o distribuir spam en o desde
Empresa o Proveedores. En este bloque se englobaría: eliminación del tag html
"malito:" en las páginas Web, Políticas de Uso Aceptable en Empresas y Proveedores,
Formación, cumplimiento de la LOPD y registro de ficheros etc.

Reactivas: Medidas que se toman después que el correo (spam) haya llegado a los
servidores y buzones. Son medidas del tipo Filtros de contenidos (Content-Filter) tanto
para servidores como clientes de correo. Filtros como los existentes en nuestras
cuentas oficiales suministradas por el cendoj[28] para evitar el acceso de éstos.

Proactivas: Medidas que se toman antes que el correo (spam) llegue a los servidores.
Son medidas del tipo listas negras , denuncias y Legislación.

Es necesario dejar claro que no hay solución ni exacta ni infalible ni global, la aplicación de todas si reducirá el impacto del spam. Esto no implica que no se deban tomar medidas porque las que se tomen siempre reducirán en mayor o menor grado el impacto del spam. Las técnicas de los spammers cambian continuamente a medida que aparecen nuevas técnicas para evitarlo.

Estas medidas son necesarias para prevenir la captura de nuestras direcciones de
correo. La distribución de spam sólo es posible si se dispone de muchas de estas
direcciones. La captura de direcciones escaneando páginas Web es una técnica
habitual para la distribución de spam. Existen numerosos programas de manejo sencillo
y distribución pública que permiten este tipo de técnicas. Un diseño de páginas donde
se tenga en cuenta evitar utilizar el tag mailto: será un primer paso para evitar capturar
direcciones que acaben alimentando estas bases de datos y reducir el spam. La mejor
alternativa al uso de estos tag es la implementación de formularios Web cuya
información sea enviada por correo al buzón correspondiente para lectura.

Otra de las medidas preventivas que debería ser adoptada es la disponibilidad de un
documento que defina la Política de Uso Aceptable del correo-e en la Empresa o en
Proveedores. Básicamente este tipo de documentos deben definir los derechos y
obligaciones del uso del servicio con recursos de la empresa o Proveedor. El uso del
correo electrónico e Internet en las empresas ha abierto un nuevo capítulo en el debate
sobre los límites de la privacidad y el control. Es claro que se minimizan los conflictos
en una empresa por aspectos relacionados con el correo-e cuando las empresas
disponen de Políticas de Uso sencillas, claras y conocidas por todos. En dicho
documento la Empresa debería aceptar que las técnicas de spam no forma parte de su
mecanismo de marketing y publicidad. Un tema muy importante a tener en cuenta es la
labor de formación e información continua de los empleados en todos los aspectos
relacionados con el correo: lo qué es, uso correcto, tipos de abuso, legislación
relacionada y descripción del spam.

Evidentemente estas políticas de uso en un proveedor de servicios Internet (ISP)
tendrían enfoques diferentes ya que no hay empleados sino usuarios/clientes que
usarán los servicios. Los Servicios de los ISP son los que usan las empresas para
distribuir spam por lo que deberían de disponer de una reglamentación contundente
especificando claramente los tipos de abuso en el correo-e como la distribución masiva
de correo así como sus penalizaciones. Este es un buen ejemplo de un extracto de la
Política de Uso de Aceptable de un proveedor[29] :

"Por esta razón, se entenderá que los clientes han infringido la política de usos
aceptables de VERIO y el Contrato de servicios cuando los clientes realicen las
siguientes acciones consideradas como prohibidas: Spamming - Enviar correo no
solicitado y/o mensajes comerciales no solicitados a través de Internet (llamado
"spamming").

No es solamente por el impacto negativo que pueda crear en el consumidor hacia
VERIO, además puede sobrecargar la red de VERIO haciendo que el servicio que se
ofrece al cliente no pueda ofrecerse en condiciones plenas de calidad. De la misma
forma, el mantener una pasarela SMTP abierta está prohibido. Cuando una queja es
recibida VERIO tiene la potestad de determinar si cumple o no las características que
infringen las normas o determinan que se ha realizado Spamming."

Los ISP que ofrecen servicios de conectividad también deberían especificar en los
contratos las condiciones de uso dejando claro que como responsables de las direcciones IP no se acepta la distribución de spam por sus líneas y por tanto cualquier denuncia recibida será canalizada convenientemente.

5.1.5. Regulando el spam.

La forma en que regulan las normas jurídicas según el sistema de precios sombra
postulado por autores como POSNER[30] . De acuerdo a este modelo, las sanciones que
se adjuntan a determinadas conductas representarían el costo -o precio sombra- de
esas conductas. Se trata de sanciones aplicadas al sujeto en forma centralizada por un
órgano que posee el monopolio de la fuerza.

Junto a las normas jurídicas existen un segundo conjunto de normas que constriñen la
conducta de las personas. Estas son las normas sociales. Coinciden con las jurídicas
en que los incentivos de la conducta quedan determinados por sanciones ex post.
Difieren, sin embargo, en el hecho que dichas sanciones son aplicadas descentralizadamente.

Estas cuatro modalidades regulan la conducta de los sujetos independientemente de si
esta tiene lugar en el espacio real o en el ciberespacio. De esta manera existen leyes
que sancionan el robo con violencia e intimidación en las personas y leyes que
sancionan violaciones a la propiedad intelectual en las plataformas digitales. Existen
normas sociales que regulan qué decir en una reunión y normas sociales que regulan
qué escribir en un grupo de discusión. Los precios constriñen nuestras posibilidades de
viajar a la costa una vez al año en primera clase y limitan nuestra posibilidad de
disponer de una conexión a Internet por cable para cada uno de los miembros de la
familia. Finalmente, la arquitectura de una ciudad favorece la interacción social si posee
amplios espacios verdes accesibles a todos sus habitantes, la lesiona si los espacios
verdes son reemplazados por plazas cercadas. Asimismo la arquitectura -o el código
en el caso de las plataformas digitales- regula la conducta en el ciberespacio,
determinando a qué lugares se puede ingresar y a cuáles no, a dónde se recolecta
información y en cuales se respeta el derecho a la privacidad del sujeto, etc.

En el caso de la transmisión de los sistemas de comunicación de información, este
rango incluye encriptación, detección de duplicación de mensajes, secuenciamiento de
mensajes, entrega garantizada de mensajes, detección de fallas de anfitrión, y recibos
de envíos. En un contexto más amplio, el argumento parece aplicarse a muchas otras
funciones del sistema operativo de un computador, incluyendo su sistema de archivos.

5.1.6. Utilizando el derecho para regular el spam.

Actualmente existe un nutrido conjunto de normas legales que regulan el tratamiento de
datos personales y, con diversidad de enfoques y mayor o menor intensidad, el
spam[31] . Aún cuando no es posible examinar detalladamente aquí la fisonomía de las
distintas regulaciones, un rápido examen de algunas proposiciones para regular el
spam puede dar noticia acerca de los contornos entre los cuales se mueven los cuerpos
normativos. Según Maza Gazmuri pueden considerarse cinco opciones al momento de
regular el spam:
(1) la opción prohibitiva,
(2) (2) el "etiquetamiento" de spam como spam,
(3) la opción anti-fraude,
(4) La utilización de bienes muebles sin autorización (trespass to chattels), y
(5) la opción "opt. out."

(1) En su versión extrema, la opción prohibitiva consiste en proscribir todo tipo de
publicidad comercial no consentida. Una versión más popular consiste en prohibir
únicamente el envío de publicidad por correo electrónico cuando esta no haya sido
solicitada -es decir el receptor haya prestado su consentimiento sobre la recepción de
correos- o bien exista una relación anterior entre el emisor y el receptor. La ventaja de
este enfoque es evidente, por una parte reduce significativamente el número de correos
enviados, y por otra, solo reciben correos quienes lo desean.

(2) El etiquetamiento de los correos comerciales consiste en indicar en el "asunto"(subject) del mensaje su carácter comercial. De esta manera, solo serían
permitidos aquellos correos que identificaran con suficiente elocuencia su contenido
Etiquetar correos posee dos ventajas, de una parte permite a los usuarios disminuir el
tiempo y recursos que utilizan bajando correos, de otra facilita el funcionamiento de los
filtros que utilicen los usuarios para evitar el ingreso de publicidad a sus respectivas
casillas.

(3) El enfoque anti-fraude consiste en sancionar aquellos correos electrónicos masivos
cuando (1) utilizan el nombre de dominio de una tercera parte sin su autorización o, de
otra manera, disfrazan el verdadero punto de origen del correo electrónico o (2)
contienen información falsa o engañosa en la línea del "asunto" del correo electrónico.
La importancia de ambos mecanismos es que endosan dos de los problemas más
frecuentes en el envío de correos no deseados, a saber la introducción de nombres de
dominio falsos o información de enrutamiento (routing) y el despliegue de información
engañosa en la línea de asunto del correo electrónico. Ambas prácticas son utilizadas
por spammers más avanzados para engañar a los servidores y a los usuarios sobre la
fuente de los correos electrónicos.

(4) Utilización de bienes muebles sin autorización[32] . Cierta legislación basada en un
nutrido contingente de casos resueltos por tribunales norteamericanos en los últimos
años, ha utilizado esta figura para enfrentar el spam. Para que el spammer sea imputable de la utilización no consentida de bienes muebles, quien la alega debe acreditar algún tipo de interferencia sustancial al ejercicio de su dominio. En el caso del spam, quizás el precedente más famoso sea el sentado a partir de Compuserve Inc, v. Cyberpromotions, en el cual Compuserve alegó que el envío masivo de correos electrónicos por parte de Cyberpromotions había producido daño físico al equipo del demandante y, además, había dañado su reputación y buenas relaciones con sus clientes

(5) Opt-out. Las legislaciones que funcionan con esquemas de opt-out permiten el envío
de correos masivos no solicitados a menos que el receptor le haya informado al
spammer que no desea seguir recibiendo correos (opt-out específico) o bien el receptor
se haya incluido en una lista o registro (registros de opt-out) a través de la cual se
informa a los spammers que esa persona no desea recibir publicidad. Aunque el opt-out
es una de las opciones preferidas al momento de legislar sobre spam presenta en sus
dos versiones bastantes problemas. En el caso del opt-out específico, existe alguna
evidencia que un número relevante de spammers utiliza las cláusulas de remoción para
verificar la dirección de correo electrónico del receptor y no lo remueve de sus registros
aún cuando este ha utilizado la cláusula de remoción según las instrucciones del
spammer. de los registros de opt-out, una de las principales críticas es que los mismos
registros pueden ser utilizados para recolectar direcciones. En adición a lo anterior, un
segundo problema -la Directiva 2000/31 reside en la administración de las listas o
registros de exclusión, si existe una gran cantidad de ellos es muy improbable que los
spammers asuman el costo de revisar cada una de ellas antes de enviar sus correos.

La legitimidad de la legislación y su notificación. Desde Rousseau al menos afirmamos
que la última fuente de legitimidad de la ley reside en el hecho que ella plasma la
voluntad de los sujetos imperados por ella. Esta legitimidad se fractura al desvanecerse
los límites territoriales en que habitan dichos sujetos. Respecto a la noticia, las fronteras
físicas entre países constituyen recordatorios para quienes las traspasan del hecho que
están ingresando a un espacio regido por leyes determinadas. En el ciberespacio no
existe una diferencia relevante a estos efectos en el acceso a un sitio Web ubicado en
Nueva Delhi, Tokio, La Paz o Santiago de Chile[33] .

Una defensa frente a la "aterritorialidad" de Internet consiste en sostener que esta puede ser corregida a través de tratados internacionales. Esto, sin embargo, supone uniformidad entre las diversas legislaciones sobre spam que, como se ha advertido, a la fecha no existe, sólo conocemos la ya referenciada española y el proyecto de ley colombiano. Junto al problema de la aterritorialidad de Internet, aún es posible registrar tres inconvenientes más al momento de utilizar la legislación para regular el envío masivo de correos no solicitados. El primero es el dinamismo de la tecnología, el segundo es la legitimación de ciertas formas de correo no deseado al prohibir otras Finalmente, el tercero, tiene que ver con la especial protección que suele recibir la
libertad de expresión.

Las normas sociales constituyen una modalidad de regulación privada caracterizada por
un acuerdo tácito sobre la validez de un cierto esquema normativo. En el caso de
Internet este tipo de acuerdos tácitos constituyeron, en los comienzos, la forma más
común de regular la interacción social. Aproximadamente hasta 1996 la presión social
fue el enfoque predominantemente utilizado para combatir el spam. Particularmente en
las primeras etapas de Internet, las reglas informales de netiqueta (netiquette) y algunas
políticas de uso aceptables perdidas por ahí, prohibían o al menos desincentivaban la
mayoría de los usos comerciales de Internet. El spam, y en menor grado toda la
actividad comercial, poseía un estigma suficiente para disuadir a la mayoría de los
usuarios de Internet de incurrir en ella. El problema con este tipo de regulación, es que
únicamente parece funcionar en comunidades pequeñas que presentan escasos
cambios en el tiempo en la composición de sus miembros. Tanto la internalización de
las normas sociales como la sanción por su incumplimiento se ven perjudicadas en
comunidades demasiado extensas, particularmente cuando la composición de estas
presenta altos grados de dinamismo. En el caso de Internet, la comunidad original
estaba compuesta por un grupo pequeño y homogéneo de programadores y hackers
que compartían una cierta visión de la Red. El grupo, sin embargo, ha crecido,
actualmente la "comunidad Internet" cuenta con alrededor de 500 millones de miembros
distribuidos alrededor de todo el mundo. En este escenario resulta difícil pensar en la
internalización de normas sociales o en una sanción por su incumplimiento. Esta
característica distingue a las normas sociales de otros esquemas de regulación privada
como la regulación horizontal a través de contratos. El problema del spam, sin embargo,
es que los costos de transacción involucrados dificultan la utilización de esquemas
contractuales para regular privadamente el spam.

En la medida que el tamaño de un grupo aumenta resulta menos probable que todos
sus miembros sigan compartiendo una comunidad de intereses. Los miembros
comienzan a sentirse anónimos y, por lo tanto, a sentir menos presión social sobre sus
acciones. Alguien podría sentirse avergonzado de transgredir una barrera moral en
frente de personas que conoce, pero deseoso de hacerlo en frente de extraños .
Respecto de esto último, a diferencia de los mecanismos de regulación legales, la
sanción del incumplimiento de normas sociales carece de un ente centralizado que la
aplique. Aún cuando exista un cierto consenso respecto a la reprochabilidad de una
práctica, la aplicación de la sanción se encuentra distribuida al interior de la comunidad.

En el caso del spam, la sanción suele estar de cargo de tres actores: los proveedores
de servicios de Internet, algunas asociaciones empresariales, generalmente
relacionadas con servicios de marketing y los "vigilantes". Proveedores de servicios de
Internet. Un gran número de proveedores de servicios de Internet contempla entre sus
términos de servicios la prohibición a sus suscriptores de incurrir en envío masivo de
correo no deseado. Sin embargo, algunas de las prohibiciones son equívocas, de
manera que la prohibición puede referirse únicamente al envío de correos no deseados
a suscriptores de ese proveedor. Otro problema es que los mismos proveedores
pueden obtener ganancias vendiendo a spammers las direcciones de sus propios
suscriptores o enviar ellos mismos correos no deseados a sus suscriptores.
Los vigilantes. Se trata en este caso de personas privadas que actúan en la Red
sancionando a quienes incurren en actividades relacionadas con spam. De esta
manera, alguna de las técnicas empleadas para sancionar son poner a los spammers
en listas negras, "llamear" (flaming) al spammer o bien utilizar programas llamados
Cancelbots que borran automáticamente los avisos múltiples puestos en grupos de
discusión. Si no es posible identificar al spammer, entonces se sanciona al proveedor
de servicios desde donde se enviaron los correos.

El caso de los vigilantes ilustra aquello de tomar la justicia en las propias manos, con
todas sus ventajas y riesgos. Por una parte, el vigilantismo contribuye a solucionar la
falta de posibilidades sancionatorias a quienes violan una norma social comúnmente
aceptada. Sin embargo su falta de institucionalización transforma el vigilantismo en una
práctica con escasos niveles de predictibilidad y amplios márgenes de error y
arbitrariedad.

El resultado de la aplicación de normas sociales como mecanismos reguladores del
spam no es parejo. En Estados Unidos, por ejemplo, los miembros de la Asociación de
Marketing Directo (DMA) han intentado enfrentar el problema del spam con
mecanismos autorregulatorios. Estos mecanismos, sin embargo, han tenido escaso
éxito. La explicación de lo anterior tiene que ver con dos razones, la primera es que el
spam siempre ha sido una actividad que ha operado al margen de las convenciones
sociales, por lo mismo, es poco lo que la presión social puede hacer sobre ella. La
segunda es que este tipo de mecanismos carece, por lo general, de métodos suficientes
para llevar adelante las sanciones.

5.1.7 Cómo actuar frente al spam:

o No responder nunca un mensaje no solicitado. Lo único que hará es confirmar
que su dirección está activa.
o No responda uno de estos mensajes con insultos y cosas por el estilo.Puede volverse en su contra.
o Quejarse al postmaster de la persona que realiza el spam.
o Configurar filtros o reglas de mensaje en el programa de correo para no recibir
más mensajes de una dirección determinada.
o No dejar la dirección de mail en cualquier formulario o foro de Internet.

Si está recibiendo demasiado correo basura, tal vez lo mejor sea cambiar la dirección
de correo.

6.2. Los Derechos Fundamentales Vulnerados

6.2.1 La sensibilidad del dato electrónico, la autodeterminación informática, el derecho a la intimidad y habeas data.

Actualmente, todos los individuos - voluntariamente - proporcionan sus datos
personales a distintas instituciones públicas o privadas, por distintas razones. El
apropiado tratamiento de los datos, permite convertirlos en información útil para el logro de determinados objetivos. Pero esos datos pueden amenazar la dignidad de los
hombres por el uso arbitrario y malicioso de la informática. El peligro se concreta con la
capacidad de almacenamiento en la memoria de los ordenadores, la celeridad de todo
el proceso, el desarrollo de las disímiles técnicas reservadas para el manejo de volúmenes de información, etc.

El ordenador puede verificar los datos sobre un individuo introducidos en su memoria y
cotejar la imagen real de los datos del individuo en cuestión. Todos esos datos deben
ser protegidos contra el acceso de quienes no estén autorizados. Esta necesaria
protección es un límite al manejo de la informática ante el temor de que pueda atentar la
intimidad de los ciudadanos y que pueda restringir el ejercicio de sus derechos.

Una base de datos, esta compuesta por todo tipo de información aportados por las
personas para determinados fines. Pero también existe una gran variedad de medios a
través de los cuales se compila información de las personas sin su consentimiento, tal
como sucede en algunos sitios de Internet que cruzan datos de las personas que las
visitan y conforman un perfil del interesado.

La existencia de enormes bases de datos que contienen gran cantidad de información
referida a las personas, es una consecuencia de la informática y sin la cual seria
imposible su existencia.

Lo importante es la finalidad para el cual se usara la información allí almacenada para
evitar que seamos discriminados debido a un uso desatinado de sus datos.

La cuestión es aun mas grave si especulamos que esas bases de datos pueden ser
atacadas por crackers que son aquellos aficionados a la computación que obtienen
accesos no autorizados a los sistemas de computación, robando o destruyendo datos, y
que buscan información para si o para terceros.

La ambición para conseguir datos no es el mismo que para actualizarlos, rectificarlos,
suprimirlos o modificarlos.

La doctrina especialista en el tema, se refiere al amparo debido a los ciudadanos contra
la posible utilización por terceros de sus datos personales susceptibles de tratamiento
automatizado para confeccionar una información que afecte a su entorno personal,
social o profesional en los límites de su intimidad.

La protección de datos esta prevista por las innovadoras legislaciones mediante el
derecho a la intimidad y su transmisión telemática cuando aparece una nueva relación
entre datos y personas que necesitan ser protegidos mas allá de las normas referentes
a la intimidad.

Lo primordial es que los datos no generen situaciones de segregación por cuestiones
de salud, raza, ideas, costumbres y datos que pudieran llegar a limitar nuestras
posibilidades.

Son base de datos privadas los datos que tienen regulados situaciones o circunstancias
en que la persona se ve obligada a darlos o ponerlos en conocimiento de un tercero,
debiendo impedir su difusión y respetar la voluntad de secreto sobre ellos, de su titular.
A su vez, dentro de los privados encontramos los datos personales íntimos, que son
aquellos que el individuo puede proteger su difusión frente a cualquiera y que, de
acuerdo con un fin determinado, esta obligado a dar, salvo algunas excepciones. Estos
datos secretos son los denominados datos sensibles, definidos por la Constitución
Nacional en su artículo 15 que en su tenor literal dice: "Todas las personas tienen
derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe
respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer a actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en
archivos de entidades públicas y privadas"

Y como datos personales que requieren una protección especial, tales como ideas
políticas, creencias religiosas, salud física o mental, comportamiento sexual de los
individuos y la autodeterminación informática. Este es el derecho conocido como
habeas data, considerado hoy como uno de los más importantes derechos fundamentales, especialmente dado el desarrollo de la cibernética, la informática y la
telemática y en general de la información y las comunicaciones[34] en la actualidad.

En forma errada el demandado constitucional alega que el derecho de habeas data sólo
es viable para cuando se refiere a datos financieros, precisamente sobre el tópico el Dr.
Nelson Remolina[35] en conferencia ofrecida en el Hotel Ambalá, en la ciudad de Ibagué, se refería que el habeas data se establece el manejo de cualquier dato sensible, de ahí el porque se torna viable una acción de tutela para cuando, v/gratia en un centro
asistencial se le diagnostica a un paciente erradamente una enfermedad terminal y se
publican sus datos. Compartimos la tesis del Dr. Remolina, porque no puede ser
excluida en ninguna ley, la viabilidad de la acción de amparo para cuando se manejan
datos diferentes a los financieros como los que usualmente manipulan la mayoría de las
empresas que conservan bases de este tipo.

Podríamos decir que una de las mas frecuentes violaciones de los derechos humanos
en el presente la constituyen las actuaciones de entidades particulares o públicas que
tienen por objeto recopilar información confidencial o personal de los individuos, sin que el dato sea verificado, ni conocido por la persona afectada por el mismo o ilegalmente manipulado. Igualmente este manejo informático del dato impide la actualización y el olvido con que la persona está sujeta irredimiblemente a soportar la carga de su pasado o de un uso impropio de la información confidencial o de sus registros informáticos, para ser utilizada como medio de presión para alcanzar fines desleales o propósitos ilícitos.

Para una mayor ilustración analizaremos el término de Intimidad: según el diccionario
Jurídico Espasa[36] es un derecho constitucionalmente reconocido y protegido, es objeto de tutela en la diversas ramas del ordenamiento jurídico, entre ellas la penal, según el Diccionario de la Academia de la Lengua Española, es la zona espiritual y reservada de un grupo de personas; esta definición coincide con la llamada "doctrina de la autodeterminación informativa", creada por el Tribunal Constitucional Alemán en un fallo del 15 de diciembre de 1983, donde se instituye que es titular de los datos personales la propia persona y debe ser requerido su consentimiento por parte de terceros que deseen almacenarlos, cederlos o publicarlos; el Diccionario Jurídico de Ossorio y Gallardo, define al derecho a la intimidad como el derecho que tienen las personas a que su vida intima sea respetada, que nadie se entrometa en la existencia ajena publicando retratos, divulgando secretos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres y perturbando de cualquier otro modo su intimidad.

Por su parte nuestra Corte Constitucional ya se ha referido al respecto sobre el derecho
de la intimidad afirmando que: "Es un derecho entonces, personalísimo, según
inspiración constitucional relativa a la dignidad humana, que debe ser tutelado cuando,
por la acción de terceros, se produce una intromisión indebida en el ámbito personal o
familiar del sujeto que conlleva la revelación de asuntos privados, el empleo de su
imagen o de su nombre, o la perturbación de sus afectos o asuntos más particulares e
íntimos relativos a su sexualidad o salud, con o sin divulgación en los medios de
comunicación.

Se ha considerado doctrinariamente, que constituyen aspectos de la órbita privada, los
asuntos circunscritos a las relaciones familiares de la persona, sus costumbres y
prácticas sexuales, su salud, su domicilio, sus comunicaciones personales, los
espacios limitados y legales para la utilización de datos a nivel informático, las
creencias religiosas, los secretos profesionales y en general todo "comportamiento del
sujeto que no es conocido por los extraños y que de ser conocido originaría críticas o
desmejoraría la apreciación" que éstos tienen de aquel. [37]

El avance de este derecho no es reciente, ya que podemos remontarnos al año 1890
donde una publicación en el diario "Harward Law Review" salvaguardaba la propiedad
de cada individuo sobre la propia privacidad, como el derecho de estar solo (to be let
alone); pero en el siglo XX, el derecho a la intimidad adquiere un predominio especial ya que actualmente cubre un cúmulo de relaciones que el individuo mantiene sobre otros y que deben ser preservados como de su reserva personal. El derecho a la intimidad es el derecho de toda persona a que se le respete en su vida privada y familiar, y a evitar injerencias arbitrarias en la zona espiritual íntima y reservada de una persona.

El nuevo derecho a la intimidad posee una faz preventiva y una faz reparadora:
preventiva por la facultad de conocer los datos personales que constan en registros
automatizados, de exigir la rectificación, actualización y cancelación de la información; y reparadora por al posibilidad de resarcimiento de daños y perjuicios por parte de quien
lo padece.

En nuestro derecho positivo, que posee un rango constitucional, la evolución de este
derecho puede resumirse desde el "secreto" al "control" de la información que se tiene
de uno mismo en los bancos de datos.

Este derecho a la intimidad se encuentra por estos días seriamente amenazado por la
capacidad que posee tanto el sector público como el privado, de acumular gran
cantidad de información sobre los individuos en forma digital. Con el desarrollo
constante e ininterrumpido de la informática y las telecomunicaciones, se permite a
tales entidades a manipular, alterar e intercambiar datos personales a gran velocidad y
bajo costo. Así obtenemos sociedades altamente informatizadas en la que nuestras
conductas y acciones son observadas y registradas y será imposible evitar la
estigmatización y encasillamiento.

No se trata aquí de agotar el problema de la definición, sino nada más de dar noticias
sobre las dificultades que existen al momento de determinar los elementos que la
componen. Como no es difícil advertirlo, estas dificultades son uno de los escollos que
deben ser superados al momento de legislar sobre el tema o aplicar la legislación
vigente.

En Colombia se tramita el proyecto de Ley No. 16638 de 2003, el que " Por el cual se
regulan las comunicaciones Vía Internet y mediante el uso de Fax " y en lo que se
refiere al spam los legisladores consignaron el siguiente tipo: "Articulo 5. Queda
prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promociónales por correo
electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no
hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las
mismas". Igualmente se consagró una sanción dentro del parágrafo único del artículo
3°, que reza: "Parágrafo: Cuando por el mal uso del Internet o Fax se atente contra el
patrimonio moral de las personas, se ponga en riesgo su vida o atente contra la
seguridad y la estabilidad económica de las empresas, cualquiera que fuese su
actividad, las autoridades competentes pueden, con fundamento en los libros de
registro, aplicar a los responsables el rigor de las leyes preexistentes en materia civil,
comercial o penal para castigar a dichas personas".

Esteremos atentos del futuro legislativo que atañe la atención de este Despacho en el
día de hoy, por lo pronto resulta oportuno acotar que España es de los pocos estados
que prohíbe absolutamente esta técnica gracias a dos leyes: LSSICE y LORTAD (la
primera regularía la utilización del spam y la 2º el origen de los datos ilícitos sin
autorización del propietario), que imponen en ambos casos severas sanciones a los
responsables.

6.2.2. La vulneración de los derechos fundamentales

Alega el demandado JAIME LEONARDO ** GONZÁLEZ, que se le vulneró el derecho al debido proceso, en razón a la distancia no se practicaron las pruebas que se deberían hacer en la ciudad de Bogotá, y poder probar que no había vulnerado ningún derecho constitucional. Consideramos que dichas pruebas no eran necesarias precisamente por la confesión que el mismo ciudadano demandado hace en su libelo, porque reconoce que sí le ha enviado correspondencia no solicitada al actor del que conservaba la dirección de su correo electrónico en su base de datos.

Extrañamente no refiere el ciudadano ** tener vinculación alguna con su compañero de
demanda, esto es, el señor HÉCTOR **, pese a qué éste en el traslado de la demanda
constitucional acepta haber contratado los servicios del señor ** GONZALEZ en el
manejo de su e-marketing.

El señor ** GONZÁLEZ, en toda la extensión de su escrito de traslado, ha intentado
derrumbar por todos los medios la competencia del Estrado, pero se despreocupó de
desvirtuar los cargos; no aportó prueba alguna que nos indicará que los argumentos del
actor no eran verdad, esto es, que desvirtuara los cargos de haber vulnerado los derechos constitucionales del señor **, como hubiera sido a guisa de ejemplo, que nos hubiera aportado algún contrato virtual que nos enseñara que contaba con la anuencia de éste para recibir mensajes comerciales, como también de manipular su dirección electrónica, lo que en el medio se llama, e-marketing de permiso, en donde se invita al presunto o potencial cliente a recibir los catálogos de productos o servicios ofertados virtualmente, de esta manera una vez contando con la aprobación del futuro cliente, se le remitiría hasta cuando el quiera recibir, los mensajes comerciales[39] . Así es como se debe manejar el mercado virtual, con principios éticos[40] .

Aquella consigna que se agrega a todo spam de que si no quiere recibir más mensajes comerciales, sólo es remitir al postmaster su deseo de no querer recibirlos, es inconstitucional, puesto que se le pide una exclamación sobre un hecho no consentido.

Sabemos que el Spam es el envío indiscriminado de mails no solicitados. Si yo recibo un mail que no solicité de una persona que no conozco, y que al mismo tiempo es enviada a una cantidad de personas que tampoco lo solicitaron, eso es spam. No debería tener necesidad de enviar un mail para que me borren de una lista ya que no deberían agregar mi dirección a ninguna de ellas, puesto que no he autorizado a estar incluido, es ahí en donde se me vulnera mi derecho constitucional y continúa la vulneración cuando comienzan a comercializar mi dirección electrónica, que tampoco he autorizado. Esta advertencia sólo se torna viable si el titular de la cuenta de correo electrónico ha autorizado recibir dichos mensajes, como cuando aceptamos recibir noticias o catálogos al cargar un software en nuestros equipos que ha sido bajado de la Internet.

Además, la mayoría de las veces, al responder el mail pidiendo ser removidos de la lista, lo único que estamos haciendo es confirmar que nuestra dirección existe, con lo cual, en lugar de dejar de recibir mensajes, comenzamos a recibir más.

Recibir spam, es como cuando encuentro a un mismo vendedor golpeando insistentemente en mi casa, para ofertarme sus productos que vende, de los cuales no necesito, yo le replico no quiero nada suyo y le suplico a su vez no insistir ya que no me interesa su genero de productos. Nuevamente el mismo señor u otro personaje, me vuelven a ofrecer los mismos productos, los que no me interesan.

El Habeas Data brinda el derecho a toda persona de conocer qué datos propios han
sido incluidos en registros y bancos de datos o en registros privados, destinados a
proveer de informes, para pedir su supresión, rectificación, confidencialidad o
actualización en caso de falsedad o discriminación.

Los riesgos a los cuáles esta expuesta la vida privada de las personas en la sociedad
de la información, en particular, aquellos derivados del tratamiento de datos personales
a consecuencia de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación, nos hacen cuestionar cual debe ser el rol del derecho ante la referida
problemática.

En relación con el derecho a la intimidad, este hace referencia al ámbito personalísimo de cada individuo o familia, es decir, a aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones que normalmente están sustraídos a la injerencia o al conocimiento de extraños. Lo íntimo, lo realmente privado y personalísimo de las personas es, como lo ha señalado en múltiples oportunidades la Corte, un derecho fundamental del ser humano, y debe mantener esa condición, es decir, pertenecer a una esfera o a un ámbito reservado, no conocido, no sabido, no promulgado, a menos que los hechos o circunstancias relevantes concernientes a dicha intimidad sean conocidos por terceros por voluntad del titular del derecho a por que han trascendido al dominio de la opinión pública.

El derecho a la información expresa la propensión innata del hombre hacia el
conocimiento de los seres humanos con los cuales se interrelaciona y de su entorno
físico, social, cultural y económico, lo cual le permite reflexionar, razonar sobre la
realidad, adquirir experiencias, e incluso transmitir a terceros la información y el
conocimiento recibidos.

La Libertad Informática o Autodeterminación Informativa, ha sido denominada por la
doctrina española y colombiana[41] como "un nuevo derecho fundamental que tiene por
objeto garantizar la facultad de las personas, para conocer y acceder a las
informaciones que les conciernen, archivadas en bancos de datos y controlar su
calidad, lo que implica la posibilidad de corregir o cancelar datos indebidamente
procesados y disponer sobre su transmisión". Esta facultad, es lo que se conoce como
Habeas Data que constituye, en suma, un cauce procesal para salvaguardar la libertad
de la persona en la esfera informática.

La Libertad Informática forma parte del núcleo de derechos denominados de tercera
generación, debido a que el derecho a la intimidad adquiere una nueva dimensión al
verse amenazado por el uso abusivo de la informática. El mismo, bajo la forma de
libertad informática, aúna la noción clásica de los derechos de primera generación, la
libertad, en cuanto define las posibilidades reales de autonomía y de participación en la
sociedad contemporánea, que pueden verse amenazadas por el mal uso que se haga
de determinados datos personales; la igualdad, valor guía de los derechos de segunda
generación, en cuanto en informática se concibe como un instrumento de control que
puede introducir asimetrías entre quien controla ese poder y quienes no tiene acceso a
él. A éstos dos valores han de sumársele al hablar de derechos de tercera generación,
el de la solidaridad ya que éstos derechos tienen una incidencia universal en la vida de
los hombres, y con ella se apunta a garantizar su pleno disfrute, mediante un esfuerzo
no egoísta de toda la comunidad.

En el art. 20 de la Constitución Política se garantiza a toda persona la libertad de
expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, la de informar y recibir información
veraz e imparcial, es decir, se trata de una libertad que opera en doble vía, porque de
un lado se reconoce la facultad de la libre expresión y difusión de las ideas,
conocimientos, juicios u opiniones y de otro se proclama el derecho de acceder o
recepcionar una información ajustada a la verdad objetiva y desprovista de toda
deformación.

En corolario de lo anterior, el Estrado tutelará los derechos de habeas data,
autodeterminación informática y el de intimidad al ciudadano JUAN CARLOS ** **, por habérsele violado en las circunstancias que arriba se anotaron.

Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Rovira
Tolima, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: TUTELAR como en efecto se hace los derechos a: HABEAS DATA, AUTODETERMINACIÓN INFORMÁTICA y a la INTIMIDAD, del ciudadano JUAN
CARLOS ** **.

SEGUNDO: ORDENAR a los señores JAIME LEONARDO ** GONZALEZ
representante de la firma VIRTUAL CARD y HÉCTOR **, una vez en firme esta
providencia no remitir mas correo no solicitado (spam o ace) al señor JUAN CARLOS **** a su cuenta de correo electrónico jc**@network.com y todos los demás correos
creados bajo el nombre de dominio i-network.com.

TERCERO: ORDENAR a los señores JAIME LEONARDO ** GONZALEZ y HÉCTOR ** una vez en firme esta decisión, borrar la dirección de correo electrónico jc**@network.com y todos los demás correos creados bajo el nombre de dominio inetwork. com, cuyo titular es el ciudadano JUAN CARLOS ** **, de sus respectivas
bases de datos para el manejo de e-marketing en sus empresas.

CUARTO: Se procede a notificar a los demandados en sus corroeos electrónicos
(*******) surtiéndose la fórmula señalada en el artículo 29 de la Ley 794 de 2003, que
modificó el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil. El presente documento
electrónico está amparado en los preceptos de los artículos 6°,7° y 8° de la Ley 527/99
que se refiere al mensaje de datos.

QUINTO : Contra la presente decisión procede el recurso de impugnación consagrado
en el art. 31 Decreto 2591 de noviembre 19 de 1991.

COPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALEXÁNDER DÍAZ GARCÍA
Juez
---------------------------------------------------------------------------------------------------[1]Acción de Nulidad Decreto 1382 de 2000. Diciembre 18 de 2002. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo CP. Dr. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE. Actor. Franky Urrego Ortiz y otros. Radicación 11001-03-24-000-2000-6414-01. Mayor ilustración en la web site del Consejo de Estado www.ramajudicial.gov.co

[2] Ley 270 de 1996

[3] CENDOJ. Centro de documentación Judicial de la Rama Judicial de Colombia, adscrito al Consejo Superior de la Judicatura y encargada de todo lo relacionado con los recursos informáticos.

[4] Conferencia del Dr. Santiago Muñoz Medina, director del CENDOJ dictada en el Hotel Ámbala de Ibagué Tolima, a los estudiantes de tercer año de derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Ibagué. Memorias reposan en la Biblioteca del Claustro.

[5] NUÑEZ PONCE, Julio. Abogado, Magíster en Derecho Empresarial, Catedrático de Derecho Informático en la Universidad de Lima. Mayores detalles puede encontrarlos en la Revista Electrónica de Derecho Informático en www.alfa-redi.org

[6] Art. 315 Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 794 de 2003

[7] POP Postal Office Protocol: Servidor de correo entrante. SMTP Simple Mail Transfer Protocol: Servidor de correo saliente.

[8] Ley 527 de Agosto 18 de 1999, por medio de la cual se define y reglamente el acceso y uso de los mensajes de datos, comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.

[9] Ley 794 de Enero 8 de 2003. Reforma al Código de Procedimiento Civil.

[10] Law and Borders-The Rise of Law in Cyberspace. Para una mejor comprensión visite http://www.cli.org/X0025_LBFIN.html

[11] RAGONI. Rodolfo P. E-money, la importancia de definir el medio de pago en el e-commerce, Ed. Prentice Hall, pag.242. 1ª. Edición Buenos Aires Argentina.

[12] A.C.E. Abuso del correo electrónico. Mayor información podrá encontrar en www.cauce.org

[13] Iñigo de la Maza Gazmuri Profesor Facultad de Derecho Universidad Diego Portales.

[14] Ver Cyberangels. http://www.cyberangels.com/law/spam/

[15] Ver KHONG W. K., "Spam Law for the Internet" Refereed article, 2001 (3) The Journal of Information, Law and Technology (JILT). http://elj.warwick.ac.uk/jilt/01-3/khong.html/ ; SORKIN, David. Technical and Legal Approaches to Unsolicited Electronic Mail. U.S.F. L. REV. 325

[16] Es el acrónimo de multi-used shared hallucination

[17] Mayo ilustración si visita http://www.matisse.net/files/glossary.html#M

[18] Glossary of Internet Terms. http://www.matisse.net/files/glossary.html#U

[19] El acrónimo de unsolicited comercial e-mail [UCE]

[20] El acrónimo de unsolicited bulk email [UBE])

[21] Ver http://www.rediris.es/mail/abuso/ace.html

[22] Ver Michael W. CARROLL, Garbage In: Emerging Media and Regulation of Unsolicited Commercial Solicitations, 11 BERKELEY TECH. L. J. (1996). Disponible en http://256.com/gray/spam/law.html

[23] Ver SINROD, Eric & JOLISH, Barak: Controlling Chaos: The Emrging Law of Privacy and Speech in Cyberspace. 1999 STAN. TECH. L. REV. 1. Parag 49. Disponible en http://stlr.stanford.edu/STLR/Articles/99_STLRV_1/

[24] AMADITZ, Keneth: Canning "Spam" in Virginia: Model Legislation to Control Junk E-mail. VA. J.L. & TECH. 4, 1999. Disponible en http://vjolt.student.virginia.edu/graphics/vol4/home_art4.html

[25] Estafeta open-relay: Son Servidores de correo mal configurados que permiten encaminar correo desde cualquier dirección IP. Esto permite un uso indebido de recursos de la empresa por parte de personas ajena a la misma. Estas Estafetas son las preferidas por los spammers para inyectar mensajes de spam y destinado a miles o millones de destinatarios.

[26] Centro de Documentación Judicial de la Rama Judicial de Colombia, mas información en www.ramajudicial.gov.co

[27] Ob cit

[28] Centro de documentación Judicial del Consejo Superior de la Judicatura en Colombia. Mayor información www.ramajudicial.gov.co

[29] Tomado del trabajo denominado Evaluación de alternativas para reducir el spam, del profesor Jesús Sanz de las Heras (Coordinador del servicio de correo electrónico en la comunidad académica española, RedIRIS) Mayor ilustración en www.rediris.es

[30] Ver, POSNER: Richard EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO. Fondo de Cultura Económica.México D.F.: 1998.

[31] En el caso europeo pueden citarse las Directivas 95/46 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº L 281 de 23/11/1995 P. 0031 - 0050); la 97/7 relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia (Diario oficial de las Comunidades Europeas nº L 272 de 08/10/1998 P. 0022 - 0022; la 97/66 relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones (Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº L 024 de 30/01/1998 P. 0001 -0008); y la Directiva 2000/31 relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico). (Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº L 178 de 17/07/2000 P. 0001 - 0016). Las directivas pueden ser consultadas en http://europa.eu.int/eur-lex/es/. Visitado 15/03/2002. Una buena selección sobre legislación nacional a nivel europeo puede encontrarse en Unsolicited Commercial Communications and Data Protection. (cit. Pp. 131-138). Una selección sobre regulación a nivel nacional puede encontrarse en DAVARA , Miguel Angel: LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EUROPA. Grupo Asnef Equifax, Universidad Pontificia Comillas ICAI - ICADE. Madrid 1998. En el caso estadounidense, más de una docena de estados han promulgado legislación antispam, entre ellos California, Illinois, Louisiana, Nevada, Tennesse, Virginia, Washington, Connecticut, Delaware, Missouri, Oklahoma, Pennsylvania) (Ver Technical and Legal Approaches to Unsolicited Electronic Mail. Ob cit. Supra nota 212). Finalmente, para el caso latinoamericano puede consultarse PUCCINELLI, Oscar: EL HABEAS DATA EN NDOIBEROAMÉRICA . Editorial Temis S.A. Santa Fe de Bogotá. 1999. Sobre la situación de algunos otros países -Australia, Canadá, Checoslovaquia, India, Rusia y Yugoslavia- puede consultarse Spam Laws. Disponible en http://www.spamlaws.com/world.html

[32] 58 Esta figura -el trespass to chattels- es un "tort" que proviene de la práctica jurisprudencial anglosajona del siglo XIX y que se configura cada vez que una persona usa, interfiere o de alguna manera desposee al dueño de un bien mueble tangible (para un análisis crítico del trespass to chattels respecto al spam ver BURKE, Dan: The Trouble With Trespass. Disponible en http://papers.ssrn.com/papepr.taf?abstract_id=223513

[33] Como afirman JOHNSON y POST : El ciberespacio no tiene fronteras basadas en el territorio ya que el costo y velocidad de envío de la transmisión de un mensaje en la Red es casi completamente independiente de la ubicación física: los mensajes pueden ser transmitidos desde cualquier ubicación a cualquier ubicación sin arruinarse degradarse o demorarse sustancialmente más y sin que ninguna barrera física o que pueda mantener lugares y personas remotamente alejados separados unos de otros.
La Red permite transacciones entre gente que no se conoce, y en muchos casos , entre gente que no puede conocer la ubicación física de la otra parte. La ubicación continua siendo importante, pero solo la ubicación dentro de un espacio virtual compuesto por las "direcciones" de las máquinas entre las cuales los mensajes y la información es ruteada (Law and Borders-The Rise of Law in Cyberspace. Ob. cit. ).

[34] Módulo sobre la Acción de Tutela. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla Pág. 46

[35] Nelson Remolina Angarita. Abogado y especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes. Master en Leyes the London School of Economics and Political Sciences, con énfasis en derecho informático y económico (information Technology Law; Electronic Bancking Law; International Economic Law; International Trade Low). Director de Pregrado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Profesor de postgrados de las Facultades de Ingeniería y Administración de la Universidad de los Andes. Autor de los temas DATA PROTECTION E INFORMATICA EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO y DATA PROTECTION Panorama nacional e internacional, publicado en el libro INTERNET COMERCIO ELECTRÓNICO & TELECOMUNICACIONES por la Universidad de los Andes en asocio con Legis. 2002

[36] Diccionario Jurídico ESPASA. Espasa Siglo XXI. Edi.1998. Pág. 534

[37] Sentencia SU 089 de 1995 del Dr. Jorge Arango Mejía. Sentencia citada por la Corte Constitucional en la T-411 de 13 de Septiembre de 1995. MP. Alejandro Martínez Caballero. 13 de Septiembre de 1995 S. U - 089 de 1995.

[38] PROYECTO DE LEY No. 166-02 "Por el cual se regulan las comunicaciones Vía Internet y mediante el uso de Fax " Ponente ALVARO ASHTON GIRALDO Representante a la Cámara Departamento del Atlántico

[39] Mayor ilustración en www.comovender.com

[40] Mayor ilustración en www.ispo.cec.be/Ecommerce/legal.html#legal

[41] Entre otras sentencia del CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA Consejera ponente: MARIA ELENA GIRALDO GÓMEZ Bogotá D. C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil uno (2001) Radicación número: 25000-23-24-000-2001-1338-01(AC-1529) Actor: Amparo Barajas García Referencia: Acción de Tutela. Y de la Corte Constitucional las siguientes, entre otras: T-157/94, T-164/94, T-094/95, T-096A/95, T-
097/95, T-199/95)