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17Oct/16

Ley Orgánica de Telecomunicaciones de 10 de febrero de 2015

REPÚBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL

 

Oficio nº SAN-2015-0263 Quito, 12 de febrero de 2015

 

Ingeniero Hugo Del Pozo Barrezueta Director del Registro Oficial En su despacho

 

 

De mis consideraciones:

 

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES.

 

En sesiones de 3 y 10 de febrero de 2015, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y se pronunció sobre la objeción parcial presentada por el señor Presidente Constitucional de la República.

 

Por lo expuesto; y, tal como dispone el artículo 138 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, acompaño el texto de la LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES, para que se sirva publicarlo en el Registro Oficial.

 

 

Atentamente,

 

 

 

DRA. LIBIA RIVAS ORDOÑEZ Secretaria General

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL

 

 

CERTIFICACIÓN

 

 

En mi calidad de Secretaria General de la Asamblea Nacional, me permito CERTIFICAR que la Asamblea Nacional discutió y aprobó el “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES”, en primer debate el 6 y 11 de noviembre de 2014; en segundo debate el 17 de diciembre de 2014 y se pronunció sobre la objeción parcial del Presidente Constitucional de la República el 03 y 10 de febrero de 2015.

 

Quito, 12 de febrero de 2015

 

 

 

DRA. LIBIA RIVAS ORDOÑEZ Secretaria General

 

EL PLENO

 

 

CONSIDERANDO

 

Que, el artículo 261 de la Constitución de la República, determina que el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: …“10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos.”;

 

Que, de conformidad al artículo 313 de la Constitución, se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley, reservando al Estado, el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos;

 

Que, la Constitución de la República en su artículo 408, determina que el espectro radioeléctrico es un recurso natural de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado;

 

Que, según el artículo 314 de la Constitución de la República, el Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos, entre otros, el de telecomunicaciones y dispondrá que los precios y tarifas de estos servicios públicos sean equitativos, estableciendo su control y regulación;

 

Que, la Constitución de la República en su artículo 16, consagra el derecho de todas las personas en forma individual o colectiva al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas;

 

Que, según lo consagrado en el artículo 17 de la misma Carta Magna, el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto, garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo;

 

Que, el artículo 315 de la Constitución de la República dispone que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas y que las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley, estableciendo para el efecto que, la ley definirá la participación de las empresas públicas en empresas mixtas en las que el Estado siempre tendrá la mayoría accionaria, para la participación en la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los servicios públicos;

 

Que, de conformidad al artículo 316 de la Constitución de la República, el Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico, y de forma excepcional, podrá delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley;

 

Que, mediante Resolución No. 1 de la Corte Constitucional, publicada en el Registro Oficial Suplemento 629 de 30 de enero del 2012, se interpretan los artículos 315 y 316 distinguiendo la gestión de la administración, regulación y control por el Estado y determinando el rol de las empresas públicas delegatarias de servicios públicos;

 

Que, el artículo 84 de la Constitución de la República determina que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución;

 

Que, la Disposición Transitoria TERCERA de la Constitución de la República determina que las superintendencias existentes continuarán en funcionamiento hasta que el órgano legislativo expida las leyes correspondientes;

 

Que, el artículo 133, numeral 2 de la Constitución de la República, establece que tendrán la categoría de leyes orgánicas aquellas que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales; y,

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución, expide la siguiente:

 

 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES

 

 

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

 

 

CAPÍTULO I.- Consideraciones Preliminares

 

Artículo 1.- Objeto.

Esta Ley tiene por objeto desarrollar, el régimen general de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado que comprende las potestades de administración, regulación, control y gestión en todo el territorio nacional, bajo los principios y derechos constitucionalmente establecidos.

 

Artículo 2.- Ámbito.

La presente Ley se aplicará a todas las actividades de establecimiento, instalación y explotación de redes, uso y explotación del espectro radioeléctrico, servicios de telecomunicaciones y a todas aquellas personas naturales o jurídicas que realicen tales actividades a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los prestadores de servicios y usuarios.

 

Las redes e infraestructura usadas para la prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva y las redes e infraestructura de los sistemas de audio y vídeo por suscripción, están sometidas a lo establecido en la presente Ley.

 

No corresponde al objeto y ámbito de esta Ley, la regulación de contenidos.

 

Artículo 3.- Objetivos.

Son objetivos de la presente Ley:

 

  1. Promover el desarrollo y fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones.

 

  1. Fomentar la inversión nacional e internacional, pública o privada para el desarrollo de las telecomunicaciones.

 

  1. Incentivar el desarrollo de la industria de productos y servicios de telecomunicaciones.

 

  1. Promover y fomentar la convergencia de redes, servicios y equipos.

 

  1. Promover el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, que incluyen audio y vídeo por suscripción y similares, bajo el cumplimiento de normas técnicas, políticas nacionales y regulación de ámbito nacional, relacionadas con ordenamiento de redes, soterramiento y mimetización.

 

  1. Promover que el país cuente con redes de telecomunicaciones de alta velocidad y capacidad, distribuidas en el territorio nacional, que permitan a la población entre otros servicios, el acceso al servicio de Internet de banda ancha.

 

  1. Establecer el marco legal para la provisión de los servicios públicos de telecomunicaciones como responsabilidad del Estado Central, con sujeción a los principios constitucionalmente establecidos y a los señalados en la presente Ley y normativa aplicable, así como establecer los mecanismos de delegación de los sectores estratégicos de telecomunicaciones y espectro radioeléctrico.

 

  1. Establecer el marco legal para la emisión de regulación ex ante, que permita coadyuvar en el fomento, promoción y preservación de las condiciones de competencia en los mercados correspondientes en el sector de las telecomunicaciones, de manera que se propenda a la reducción de tarifas y a la mejora de la calidad en la prestación de servicios de telecomunicaciones.

 

  1. Establecer las condiciones idóneas para garantizar a los ciudadanos el derecho a acceder a servicios públicos de telecomunicaciones de óptima calidad, con precios y tarifas equitativas y a elegirlos con libertad así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características.

 

  1. Establecer el ámbito de control de calidad y los procedimientos de defensa de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, las sanciones por la vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de los servicios y por la interrupción de los servicios públicos de telecomunicaciones que no sea ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.

 

  1. Garantizar la asignación a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones de las frecuencias del espectro radioeléctrico que se atribuyan para la gestión de estaciones de radio y televisión, públicas, privadas y comunitarias así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, precautelando que en su utilización prevalezca el interés colectivo y bajo los principios y normas que rigen la distribución equitativa del espectro radioeléctrico.

 

  1. Promover y supervisar el uso efectivo y eficiente del espectro radioeléctrico y demás recursos limitados o escasos de telecomunicaciones y garantizar la adecuada gestión y administración de tales recursos, sin permitir el oligopolio o monopolio directo o indirecto del uso de frecuencias y el acaparamiento.

 

  1. Fomentar la neutralidad tecnológica y la neutralidad de red.

 

  1. Garantizar que los derechos de las personas, especialmente de aquellas que constituyen grupos de atención prioritaria, sean respetados y satisfechos en el ámbito de la presente Ley.

 

  1. Facilitar el acceso de los usuarios con discapacidad a los servicios de telecomunicaciones, al uso de equipos terminales y a las exoneraciones y beneficios tarifarios que se determinen en el Ordenamiento Jurídico Vigente.

 

  1. Simplificar procedimientos para el otorgamiento de títulos habilitantes y actividades relacionadas con su administración y gestión.

 

  1. Establecer los mecanismos de coordinación con organismos y entidades del Estado para atender temas relacionados con el ámbito de las telecomunicaciones en cuanto a seguridad del Estado, emergencias y entrega de información para investigaciones judiciales, dentro del debido proceso.

 

Artículo 4.- Principios.

La administración, regulación, control y gestión de los sectores estratégicos de telecomunicaciones y espectro radioeléctrico se realizará de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.

La provisión de los servicios públicos de telecomunicaciones responderá a los principios constitucionales de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad así como a los principios de solidaridad, no discriminación, privacidad, acceso universal, transparencia, objetividad, proporcionalidad, uso prioritario para impulsar y fomentar la sociedad de la información y el conocimiento, innovación, precios y tarifas equitativos orientados a costos, uso eficiente de la infraestructura y recursos escasos, neutralidad tecnológica, neutralidad de red y convergencia.

 

Artículo 5.- Definición de telecomunicaciones.

Se entiende por telecomunicaciones toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por sistemas alámbricos, ópticos o inalámbricos, inventados o por inventarse. La presente definición no tiene carácter taxativo, en consecuencia, quedarán incluidos en la misma, cualquier medio, modalidad o tipo de transmisión derivada de la innovación tecnológica.

 

Artículo 6.- Otras Definiciones.

Para efectos de la presente Ley se aplicarán las siguientes definiciones:

Espectro radioeléctrico.- Conjunto de ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio sin necesidad de guía artificial utilizado para la prestación de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y televisión, seguridad, defensa, emergencias, transporte e investigación científica, entre otros. Su utilización responderá a los principios y disposiciones constitucionales.

Estación.- Uno o más transmisores o receptores o una combinación de transmisores y receptores, incluyendo las instalaciones accesorias, necesarios para la operación de un servicio vinculado con el uso de espectro radioeléctrico.

Frecuencias esenciales.- Frecuencias íntimamente vinculadas a los sistemas y redes involucrados en la prestación de un servicio, utilizadas para el acceso de los usuarios al servicio, por medio de equipos terminales.

Frecuencias no esenciales.- Frecuencias vinculadas a sistemas y redes de telecomunicaciones no consideradas como frecuencias esenciales.

Homologación.- Es el proceso por el que un equipo terminal de una clase, marca y modelo es sometido a verificación técnica para determinar si es adecuado para operar en una red de telecomunicaciones específica.

Radiaciones no ionizantes.- Para fines de aplicación de la presente Ley, se entenderá como la radiación generada por uso de frecuencias del espectro radioeléctrico que no es capaz de impartir directamente energía a una molécula o incluso a un átomo, de modo que pueda remover electrones o romper enlaces químicos.

Radiodifusión.- Servicio cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el público en general, abarcando emisiones sonoras, de televisión o de otro género.

Sistema de audio y vídeo por suscripción.- Servicio de suscripción, que transmite y eventualmente recibe señales de imagen, sonido, multimedia y datos destinados exclusivamente a un público particular de abonados.

 

Los términos técnicos empleados en esta Ley no definidos, tendrán el significado adoptado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), por los convenios y tratados internacionales ratificados por Ecuador, o en su defecto, a lo establecido en el Reglamento General a la presente Ley y en las regulaciones respectivas.

 

 

CAPÍTULO II.- Competencias

 

Artículo 7.- Competencias del Gobierno Central.

El Estado, a través del Gobierno Central tiene competencias exclusivas sobre el espectro radioeléctrico y el régimen general de telecomunicaciones. Dispone del derecho de administrar, regular y controlar los sectores estratégicos de telecomunicaciones y espectro radioeléctrico, lo cual incluye la potestad para emitir políticas públicas, planes y normas técnicas nacionales, de cumplimiento en todos los niveles de gobierno del Estado.

 

La gestión, entendida como la prestación del servicio público de telecomunicaciones se lo realizará conforme a las disposiciones constitucionales y a lo establecido en la presente Ley.

 

Tiene competencia exclusiva y excluyente para determinar y recaudar los valores que por concepto de uso del espectro radioeléctrico o derechos por concesión o asignación correspondan.

 

Artículo 8.- Prestación de servicios en Estado de Excepción.

En caso de agresión; conflicto armado internacional o interno; grave conmoción interna, calamidad pública; o desastre natural o emergencia nacional, regional o local, cuando el Decreto Ejecutivo de Estado de Excepción que emita el Presidente o Presidenta de la República, involucre la necesidad de utilización de los servicios de telecomunicaciones, los prestadores que operen redes públicas de telecomunicaciones tienen la obligación de permitir el control directo e inmediato por parte del ente rector de la defensa nacional, de los servicios de telecomunicaciones en el área afectada. Dicho control cesará cuando se levante la declaratoria de Estado de Excepción conforme lo previsto en el artículo 166 de la Constitución de la República del Ecuador y el Decreto de Estado de Excepción.

El Gobierno Central a través de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, regulará el alcance, derechos, obligaciones, pago del valor justo del servicio utilizado así como el procedimiento a implementarse a través del correspondiente protocolo.

Dentro de las obligaciones de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y televisión y sistemas de audio y vídeo por suscripción se incluye la difusión de alertas dispuestas por la autoridad competente, que sus servicios lo permitan, para casos de seguridad nacional o desastres naturales así como las demás acciones y obligaciones que se establezcan dentro de dicho ámbito.

 

 

TÍTULO II.- REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

 

CAPÍTULO I.- Establecimiento y explotación de redes

 

Artículo 9.- Redes de telecomunicaciones.

Se entiende por redes de telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos que permiten la transmisión, emisión y recepción de voz, vídeo, datos o cualquier tipo de señales, mediante medios físicos o inalámbricos, con independencia del contenido o información cursada.

 

El establecimiento o despliegue de una red comprende la construcción, instalación e integración de los elementos activos y pasivos y todas las actividades hasta que la misma se vuelva operativa.

 

En el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo audio y vídeo por suscripción y similares, los prestadores de servicios de telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las normas técnicas y políticas nacionales, que se emitan para el efecto.

 

En el caso de redes físicas el despliegue y tendido se hará a través de ductos subterráneos y cámaras de acuerdo con la política de ordenamiento y soterramiento de redes que emita el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

 

El gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados podrán ejecutar las obras necesarias para que las redes e infraestructura de telecomunicaciones sean desplegadas de forma ordenada y soterrada, para lo cual el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información establecerá la política y normativa técnica nacional para la fijación de tasas o contraprestaciones a ser pagadas por los prestadores de servicios por el uso de dicha infraestructura.

 

Para el caso de redes inalámbricas se deberán cumplir las políticas y normas de precaución o prevención, así como las de mimetización y reducción de contaminación visual.

 

Los gobiernos autónomos descentralizados, en su normativa local observarán y darán cumplimiento a las normas técnicas que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones así como a las políticas que emita el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, favoreciendo el despliegue de las redes.

 

De acuerdo con su utilización las redes de telecomunicaciones se clasifican en:

 

a) Redes Públicas de Telecomunicaciones

 

b) Redes Privadas de Telecomunicaciones

 

Artículo 10.- Redes públicas de telecomunicaciones.

Toda red de la que dependa la prestación de un servicio público de telecomunicaciones; o sea utilizada para soportar servicios a terceros será considerada una red pública y será accesible a los prestadores de servicios de telecomunicaciones que la requieran, en los términos y condiciones que se establecen en esta Ley, su reglamento general de aplicación y normativa que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

Las redes públicas de telecomunicaciones tenderán a un diseño de red abierta, esto es sin protocolos ni especificaciones de tipo propietario, de tal forma que se permita la interconexión, acceso y conexión y cumplan con los planes técnicos fundamentales. Las redes públicas podrán soportar la prestación de varios servicios, siempre que cuenten con el título habilitante respectivo.

 

Artículo 11.- Establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones.

El establecimiento o instalación y explotación de redes públicas de telecomunicaciones requiere de la obtención del correspondiente título habilitante otorgado por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán cumplir con los planes técnicos fundamentales, normas técnicas y reglamentos específicos relacionados con la implementación de la red y su operación, a fin de garantizar su interoperabilidad con las otras redes públicas de telecomunicaciones.

 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones regulará el establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones.

 

Es facultad del Estado Central, a través del Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, el establecer las políticas, requisitos, normas y condiciones para el despliegue de infraestructura alámbrica e inalámbrica de telecomunicaciones a nivel nacional. En función de esta potestad del gobierno central en lo relativo a despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, los gobiernos autónomos descentralizados deberán dar obligatorio cumplimiento a las políticas, requisitos, plazos, normas y condiciones para el despliegue de infraestructura alámbrica e inalámbrica de telecomunicaciones a nivel nacional, que se emitan.

 

Respecto del pago de tasas y contraprestaciones que por este concepto corresponda fijar a los gobiernos autónomos descentralizados cantonales o distritales, en ejercicio de su potestad de regulación de uso y gestión del suelo y del espacio aéreo se sujetarán de manera obligatoria a la política y normativa técnica que emita para el efecto el Ministerio rector de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

 

Artículo 12.- Convergencia.

El Estado impulsará el establecimiento y explotación de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones que promuevan la convergencia de servicios, de conformidad con el interés público y lo dispuesto en la presente Ley y sus reglamentos. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones emitirá reglamentos y normas que permitan la prestación de diversos servicios sobre una misma red e impulsen de manera efectiva la convergencia de servicios y favorezcan el desarrollo tecnológico del país, bajo el principio de neutralidad tecnológica.

 

Artículo 13.- Redes privadas de telecomunicaciones.

Las redes privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas en su exclusivo beneficio, con el propósito de conectar distintas instalaciones de su propiedad o bajo su control. Su operación requiere de un registro realizado ante la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y en caso de requerir de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, del título habilitante respectivo.

Las redes privadas están destinadas a satisfacer las necesidades propias de su titular, lo que excluye la prestación de estos servicios a terceros. La conexión de redes privadas se sujetará a la normativa que se emita para tal fin.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones regulará el establecimiento y uso de redes privadas de telecomunicaciones.

 

 

CAPÍTULO II.- Prestación de servicios de telecomunicaciones

 

Artículo 14.- Formas de Gestión.

Con sujeción a lo dispuesto en la Constitución de la República, los servicios públicos de telecomunicaciones son provistos en forma directa por el Estado, a través de empresas públicas de telecomunicaciones o indirecta a través de delegación a empresas de economía mixta en las cuales el Estado tenga la mayoría accionaria o a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria.

 

Artículo 15.- Delegación.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, para otorgar títulos habilitantes por delegación, considerará lo siguiente:

a) Para las empresas de economía mixta en las cuales el Estado tenga la mayoría accionaria, el otorgamiento de títulos habilitantes para el uso o explotación del espectro radioeléctrico o para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en esta Ley y en las regulaciones que para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

b) Para el caso de empresas públicas de propiedad Estatal de los países que forman parte de la comunidad internacional, la delegación para el uso o explotación del espectro radioeléctrico o para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, podrá hacerse en forma directa. En todos los casos, la delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en esta Ley y en las regulaciones que para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

c) Para la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, se otorgarán títulos habilitantes para la provisión de servicios públicos de telecomunicaciones y para el uso del espectro radioeléctrico asociado a dicha provisión, en los siguientes casos:

 

  1. Cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el interés público, colectivo o general;

 

  1. Cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas en las que el Estado tenga mayoría accionaria;

 

  1. Cuando el Estado no tenga la capacidad técnica o económica;

 

  1. Cuando los servicios de telecomunicaciones se estén prestando en régimen de competencia por empresas públicas y privadas de telecomunicaciones;

 

  1. Cuando sea necesario para promover la competencia en un determinado mercado; y,

 

  1. Para garantizar el derecho de los usuarios a disponer de servicios públicos de telecomunicaciones de óptima calidad a precios y tarifas equitativas.

 

No se requiere la concurrencia de causas para la delegación.

 

El otorgamiento de títulos habilitantes y su renovación para servicios de radiodifusión, estará sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación.

 

Artículo 16.- Telecomunicaciones Reservadas a la Seguridad Nacional.

Para la realización de actividades de telecomunicaciones necesarias para la seguridad y defensa del Estado, se reservará frecuencias del espectro radioeléctrico en función del Plan Nacional de Frecuencias, cuya competencia corresponde a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones; el uso, gestión y administración de dichas frecuencias corresponderá a los órganos y entes competentes en materia de Seguridad y Defensa. No obstante, en tales casos, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ejercerá las potestades de regulación y control establecidas en la presente Ley.

 

Artículo 17.- Comunicaciones internas.

No se requerirá la obtención de un título habilitante para el establecimiento y uso de redes o instalaciones destinadas a facilitar la intercomunicación interna en inmuebles o urbanizaciones, públicas o privadas, residenciales o comerciales, siempre que:

  1. No se presten servicios de telecomunicaciones a terceros;
  2. No se afecten otras redes de telecomunicaciones, públicas o privadas;
  3. No se afecte la prestación de servicios de telecomunicaciones; o,
  4. No se use y explote el espectro radioeléctrico.

No obstante, dicha instalación y uso por parte de personas naturales o jurídicas se sujetarán a la presente Ley y normativa que resulte aplicable y, en caso de la comisión de infracciones, se impondrán las sanciones a que haya lugar.

 

Artículo 18.- Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico.

El espectro radioeléctrico constituye un bien del dominio público y un recurso limitado del Estado, inalienable, imprescriptible e inembargable. Su uso y explotación requiere el otorgamiento previo de un título habilitante emitido por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, de conformidad con lo establecido en la presente Ley, su Reglamento General y regulaciones que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Las bandas de frecuencias para la asignación a estaciones de radiodifusión sonora y televisión públicas, privadas y comunitarias, observará lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación y su Reglamento General.

 

Artículo 19.- Domiciliación.

Se podrán otorgar títulos habilitantes para la prestación de servicios de telecomunicaciones, uso o explotación del espectro radioeléctrico y establecimiento y operación de redes de telecomunicaciones a personas naturales residentes o jurídicas domiciliadas en el Ecuador que cumplan con los requisitos técnicos, económicos y legales señalados en esta Ley, su reglamento general de aplicación y en el Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

Los títulos habilitantes para el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico para servicios de radiodifusión y sistemas de audio y vídeo por suscripción se otorgarán conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Comunicación, su Reglamento General y reglamentos emitidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

Artículo 20.- Obligaciones y Limitaciones.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, determinará las obligaciones específicas para garantizar la calidad y expansión de los servicios de telecomunicaciones así como su prestación en condiciones preferenciales para garantizar el acceso igualitario o establecer las limitaciones requeridas para la satisfacción del interés público, todo lo cual será de obligatorio cumplimiento.

 

Las empresas públicas que presten servicios de telecomunicaciones y las personas naturales o jurídicas delegatarias para prestar tales servicios, deberán cumplir las obligaciones establecidas en esta Ley, su reglamento general y las normas emitidas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones para garantizar la calidad, continuidad, eficacia, precios y tarifas equitativas y eficiencia de los servicios públicos.

 

 

TÍTULO III.- DERECHOS Y OBLIGACIONES

 

 

CAPÍTULO I.- Abonados, clientes y usuarios

 

Artículo 21.- Definición y tipo de usuarios.

Usuario es toda persona natural o jurídica consumidora de servicios de telecomunicaciones. El usuario que haya suscrito un contrato de adhesión con el prestador de servicios de Telecomunicaciones, se denomina abonado o suscriptor y el usuario que haya negociado las cláusulas con el Prestador se denomina Cliente.

 

En la negociación de las cláusulas con los clientes no se afectará ninguno de los derechos de los usuarios en general, ni se podrán incluir términos en menoscabo de las condiciones económicas de los usuarios en general.

 

Artículo 22.- Derechos de los abonados, clientes y usuarios.

Los abonados, clientes y usuarios de servicios de telecomunicaciones tendrán derecho:

 

  1. A disponer y recibir los servicios de telecomunicaciones contratados de forma continua, regular, eficiente, con calidad y eficacia.

 

  1. A escoger con libertad al prestador del servicio, el plan de servicio, así como a la modalidad de contratación y el equipo terminal en el que recibirá los servicios contratados.

 

  1. Al secreto e inviolabilidad del contenido de sus comunicaciones, con las excepciones previstas en la Ley.

 

  1. A la privacidad y protección de sus datos personales, por parte del prestador con el que contrate servicios, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente.

 

  1. A obtener información precisa, gratuita y no engañosa sobre las características de los servicios y sus tarifas. La información también se proveerá en el idioma de relación intercultural predominante del abonado, cliente o usuario, de conformidad con las regulaciones que para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

  1. A disponer gratuitamente de servicios de llamadas de emergencia, información de planes, tarifas y precios, saldos y otros servicios informativos que establezca la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

  1. A obtener, en unidad de segundos, la medición del servicio contratado, cuando se trate de servicios de telefonía en todas sus modalidades.

 

  1. A la facturación y tasación correcta, oportuna, clara y precisa, de acuerdo con las normas aplicables; no es admisible ninguna modalidad de redondeo. La entrega de facturas o estados de cuenta podrá realizarse a domicilio o por vía electrónica, a elección del abonado, cliente o suscriptor.

 

La entrega de facturas o estados de cuenta a través de internet, correo electrónico o cualquier otro medio digital o electrónico no tendrá costo y procederá únicamente previa aceptación expresa y escrita del abonado, cliente o suscriptor, en la cual, el mismo manifieste su aprobación para reemplazar la entrega física de su factura.

 

  1. A pagar tarifas de acuerdo con las regulaciones correspondientes y los planes contratados, de ser el caso.

 

  1. A que su prestador le informe oportunamente sobre la interrupción, suspensión o averías de los servicios contratados y sus causas.

 

  1. A obtener de su prestador la compensación por los servicios contratados y no recibidos, por deficiencias en los mismos o el reintegro de valores indebidamente cobrados.

 

  1. A que en la contratación de servicios se respeten los derechos constitucionales, legales y reglamentarios de los abonados, clientes y usuarios, de acuerdo con las condiciones generales o de ser el caso, modelos que apruebe y publique la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

  1. A la atención y resolución oportuna de las solicitudes y reclamos relacionados con la prestación de los servicios contratados de conformidad con las regulaciones aplicables.

 

  1. A exigir a los prestadores de los servicios contratados, el cumplimiento de los parámetros de calidad aplicables.

 

  1. A la portabilidad del número y a conservar su número en el caso de Servicios de Telecomunicaciones que usen recurso numérico, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en las regulaciones aplicables.

 

  1. A recibir anualmente, de forma gratuita y en medio electrónico, una guía de abonados actualizada del servicio de telefonía fija, electrónica, emitida por el prestador del servicio contratado. Todos los abonados tendrán derecho a figurar en dichas guías y a un servicio de información nacional gratuito sobre su contenido. Asimismo, los abonados tendrán derecho a que se excluyan gratuitamente sus datos personales, de dichas guías.

 

  1. A que se le proporcione adecuada y oportuna protección por parte de los órganos competentes, contra los incumplimientos legales, contractuales o reglamentarios cometidos por los prestadores de servicios de telecomunicaciones o por cualquier otra persona que vulnere los derechos establecidos en esta Ley y la normativa que resulte aplicable.

 

  1. A acceder a cualquier aplicación o servicio permitido disponible en la red de internet. Los prestadores no podrán limitar, bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de sus usuarios o abonados a utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, desarrollo o servicio legal a través de internet o en general de sus redes u otras tecnologías de la información y las comunicaciones, ni podrán limitar el derecho de un usuario o abonado a incorporar o utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean legales. Se exceptúan aquellos casos en los que el cliente, abonado o usuario solicite de manera previa su decisión expresa de limitación o bloqueo de contenidos, aplicaciones, desarrollos o servicios disponibles, o por disposición de autoridad competente. Los prestadores pueden implementar las acciones técnicas que consideren necesarias para la adecuada administración de la red en el exclusivo ámbito de las actividades que le fueron habilitadas, para efectos de garantizar el servicio.

 

  1. A que se mantengan las condiciones de prestación de los servicios contratados; los cambios unilaterales en los contratos de prestación de servicios, se considerarán como nulos y no tendrán ningún valor.

 

  1. A terminar unilateralmente el contrato de adhesión suscrito con el prestador del servicio en cualquier tiempo, previa notificación, con por lo menos quince (15) días de anticipación, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y sin que para ello esté obligado a cancelar multas o recargos de valores de ninguna naturaleza, salvo saldos pendientes por servicios o bienes solicitados y recibidos.

 

  1. A denunciar ante las autoridades competentes los incumplimientos o violaciones de sus derechos por parte de los prestadores.

 

  1. A la acumulación y la utilización de saldos en la prestación de Servicios de Telecomunicaciones, independientemente de las modalidades de contratación, de conformidad con las regulaciones que para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

  1. A contar con información sobre peligros a la salud que se puedan generar como consecuencia de la instalación y operación de redes.

 

  1. A no recibir mensajes masivos o individuales o llamadas con fines de venta directa, comercial, publicitaria o proselitista, que no hayan sido previa y expresamente autorizados por el cliente, abonado o usuario.

 

En aplicación de los principios de progresividad y de no regresividad, se podrán establecer nuevos derechos a favor de los usuarios y abonados o regular la aplicación de los establecidos en esta Ley, sin menoscabarlos o disminuirlos.

 

Los derechos de los abonados y usuarios señalados no excluyen otros que se establezcan en el ordenamiento jurídico vigente.

 

Estos derechos son extensivos a los abonados, clientes y usuarios de los sistemas de audio y vídeo por suscripción, en lo que fueren aplicables.

 

Artículo 23.- Obligaciones de los abonados, clientes y usuarios.

Los abonados, clientes y usuarios de los servicios de telecomunicaciones, están obligados a lo siguiente:

 

  1. Cumplir con los términos del contrato de prestación de servicios celebrado con el prestador, independientemente de su modalidad.

 

  1. Adoptar las medidas sugeridas por el prestador de servicios a fin de salvaguardar la integridad de la red y las comunicaciones, sin perjuicio de las responsabilidades de los prestadores.

 

  1. Pagar por los servicios contratados conforme el contrato de prestación de servicios y a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente.

 

  1. Cumplir con las obligaciones de empadronamiento o registro de identidad, tales como proporcionar sus datos personales de identificación asociados a la línea o número telefónico, de conformidad con las regulaciones que se dicten al respecto.

 

  1. No realizar alteraciones a los equipos que puedan causar interferencias o daños a las redes y servicios de telecomunicaciones en general.

 

  1. No utilizar los servicios contratados para realizar fraude o perjuicios a su prestador o a terceros.

 

  1. Hacer uso debido de los servicios de emergencia, respetando los derechos de los demás y el orden público.
  2. No realizar llamadas o enviar mensajes con fines de venta directa, comercial, publicitaria o proselitista, que no hayan sido previamente aceptados por el destinatario.

 

  1. Los demás que consten en el ordenamiento jurídico vigente o que sean establecidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

Las obligaciones establecidas en el presente artículo son extensivas a los abonados, clientes y usuarios de audio y vídeo por suscripción, en lo que sean aplicables.

 

 

CAPÍTULO II .- Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones

 

Artículo 24.- Obligaciones de los prestadores de servicios de telecomunicaciones.

Son deberes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, con independencia del título habilitante del cual se derive tal carácter, los siguientes:

 

  1. Garantizar el acceso igualitario y no discriminatorio a cualquier persona que requiera sus servicios.

 

  1. Prestar el servicio de forma obligatoria, general, uniforme, eficiente, continua, regular, accesible y responsable, cumpliendo las regulaciones que dicte la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y lo establecido en los títulos habilitantes.

 

  1. Cumplir y respetar esta Ley, sus reglamentos, los planes técnicos, normas técnicas y demás actos generales o particulares emitidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información así como lo dispuesto en los títulos habilitantes.

 

  1. Respetar los derechos de los usuarios establecidos en esta Ley y en el ordenamiento jurídico vigente.

 

  1. Cumplir con las regulaciones tarifarias.

 

  1. Proporcionar en forma clara, precisa, cierta, completa y oportuna toda la información requerida por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones o el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, en el ámbito de sus competencias, en los formatos, plazos y condiciones establecidos por dichas autoridades.

 

  1. Prestar las facilidades requeridas para el ejercicio de la labor de control.

 

  1. Garantizar a sus abonados, clientes y usuarios la conservación de su número de conformidad con los lineamientos, términos, condiciones y plazos que a tal efecto establezca la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

  1. Cumplir con las obligaciones de acceso universal y servicio universal determinados en los correspondientes títulos habilitantes.

 

  1. Pagar en los plazos establecidos sus obligaciones económicas tales como los valores de concesión, autorización, tarifas, tasas, contribuciones u otras que correspondan.

 

  1. Implementar el acceso, en forma gratuita, a los servicios de emergencia, determinados por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y en forma adicional para el caso de los servicios tales como el servicio móvil avanzado, cumplir con la entrega de información relacionada con la localización geográfica aproximada de una llamada.

 

  1. Cumplir con las obligaciones de interconexión, acceso y ocupación de conformidad con esta Ley, su Reglamento General y las normas técnicas y disposiciones respectivas.

 

  1. Garantizar el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones cursadas a través de las redes y servicios de telecomunicaciones, sin perjuicio de las excepciones establecidas en las leyes.

 

  1. Adoptar las medidas necesarias para la protección de los datos personales de sus usuarios y abonados, de conformidad con esta Ley, su Reglamento General y las normas técnicas y regulaciones respectivas.

 

  1. Adoptar las medidas para garantizar la seguridad de las redes.

 

  1. Observar y cumplir las políticas y normas en materia de soterramiento, ordenamiento, mimetización de antenas y en general en los aspectos relacionados con el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones así como a pagar las tasas que se generen por el uso de ductos, cámaras u otra infraestructura para soterramiento, ordenamiento de redes e infraestructura o mimetización. La instalación de antenas para uso de los abonados/clientes/usuarios en la prestación del servicio, deberá realizarse en zonas que causen el menor impacto visual y no podrán ser visibles en fachadas frontales de los edificios o viviendas. En caso de la inobservancia a esta obligación, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones dispondrá a los prestadores de servicio, reubicar a su costo dicha infraestructura en el plazo que esta determine, sin perjuicio de la aplicación de la sanción que corresponda.

 

  1. No limitar, bloquear, interferir, discriminar, entorpecer, priorizar ni restringir el derecho de sus usuarios o abonados a utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, desarrollo o servicio legal a través de Internet o en general de sus redes u otras tecnologías de la información y las comunicaciones, ni podrán limitar el derecho de un usuario o abonado a incorporar o utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean legales, salvo las excepciones establecidas en la normativa vigente. Se exceptúan aquellos casos en los que el cliente, abonado o usuario solicite de manera previa su decisión expresa de limitación o bloqueo de contenidos, o por disposición de autoridad competente. Los prestadores pueden implementar las acciones técnicas que consideren necesarias para la adecuada administración de la red en el exclusivo ámbito de las actividades que le fueron habilitadas para efectos de garantizar el servicio.

 

  1. Medir, tasar y facturar correctamente el consumo de los servicios de telecomunicaciones prestados de conformidad con esta Ley, su Reglamento General y las normas técnicas y regulaciones respectivas.

 

  1. Garantizar la atención y resolución oportuna de los reclamos formulados por sus abonados o usuarios, conforme los plazos que consten en la normativa o títulos habilitantes.

 

  1. Informar a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones sobre modificaciones esenciales a las condiciones de las redes, a las condiciones de interconexión, acceso u ocupación y a la prestación de los servicios de conformidad con la normativa aplicable.

 

  1. Proporcionar a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones cuando así lo requiera, la información referente a la contabilidad regulatoria administrativa por servicios, conforme a la normativa que se establezca para el efecto. Se prohíbe realizar subsidios cruzados, salvo la excepción prevista en esta Ley para el caso del servicio universal.

 

  1. Implementar sistemas de recolección, reutilización y manejo de desechos tecnológicos incluidas infraestructuras en desuso, de conformidad con las normas y regulaciones correspondientes.

 

  1. Cumplir con las normas sobre emisión de radiaciones no ionizantes y reglas de seguridad relacionadas con el uso del espectro radioeléctrico.

 

  1. Contar con planes de contingencia, para ejecutarlos en casos de desastres naturales o conmoción interna para garantizar la continuidad del servicio de acuerdo con las regulaciones respectivas. Asimismo, cumplirá con los servicios requeridos en casos de emergencia, tales como llamadas gratuitas, provisión de servicios auxiliares para Seguridad pública y del Estado y cualquier otro servicio que determine la autoridad competente de conformidad con la Ley.

 

  1. Conservar la información relacionada con la prestación de servicios de telecomunicaciones, en las condiciones y por el tiempo que se disponga en las regulaciones respectivas.

 

  1. Implementar planes especiales para personas con discapacidad en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Discapacidades.

 

  1. Proporcionar información precisa, gratuita y no engañosa sobre las características de los servicios y sus tarifas. La información también se proveerá en el idioma de relación intercultural predominante del abonado, cliente o usuario, de conformidad con las regulaciones que para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

  1. Las demás obligaciones establecidas en esta Ley, su Reglamento General, normas técnicas y demás actos generales o particulares emitidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y en los títulos habilitantes.

 

Las obligaciones establecidas en el presente artículo son extensivas a los prestadores de audio y vídeo por suscripción, en lo que sean aplicables.

 

Artículo 25.- Derechos de los prestadores de servicios de telecomunicaciones.

Son derechos de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, con independencia del título habilitante del cual se derive tal carácter, los siguientes:

 

  1. Recibir el pago oportuno por parte de los abonados, clientes y usuarios por la prestación de los servicios, de conformidad con el contrato respectivo.

 

  1. Suspender el servicio provisto por falta de pago de los abonados o clientes o uso ilegal del servicio calificado por autoridad competente, previa notificación al abonado o cliente.

 

  1. Recibir de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones atención oportuna y motivada ante sus peticiones.

 

  1. A mantener las frecuencias que les hayan sido asignadas, libres de interferencias.

 

  1. Acceder a la información pública con las limitaciones establecidas en la ley.

 

  1. Gestionar la venta y distribución de sus servicios en forma directa o a través de terceros, mediante modalidades tales como reventa, acuerdos de distribución y cualquier otra. En ningún caso, el prestador dejará de ser responsable del cumplimiento de sus obligaciones y estará sujeto a las regulaciones aplicables.

 

 

TÍTULO IV.- REGULACIÓN SECTORIAL EX ANTE PARA EL FOMENTO, PROMOCIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA

 

CAPÍTULO I.- Tipos de Regulación

 

Artículo 26.- Regulación sectorial.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, dentro del ámbito de sus competencias, observará los lineamientos para la regulación y principios aplicables conforme al ordenamiento jurídico vigente, a fin de coadyuvar a través de la regulación sectorial de telecomunicaciones que para el efecto emita y sus acciones, en el fomento, promoción y preservación de las condiciones de competencia en los mercados correspondientes que para el caso determine.

 

Artículo 27.- Ámbitos de regulación.

La regulación sectorial de telecomunicaciones para el fomento, promoción y preservación de las condiciones de competencia, al menos será en los ámbitos: técnico, económico y de acceso a insumos de infraestructura.

 

Artículo 28.- Regulación económica.

Consistente en adoptar medidas para establecer tarifas o precios regulados, evitar distorsiones en los mercados regulados, evitar el reforzamiento del poder de mercado o garantizar el acceso de los usuarios a los servicios públicos.

 

Artículo 29.- Regulación técnica.

Consistente en establecer y supervisar las normas para garantizar la compatibilidad, la calidad del servicio y solucionar las cuestiones relacionadas con la seguridad y el medio ambiente.

 

Artículo 30.- Regulación del acceso.

Consistente en asegurar el acceso no discriminatorio a los insumos necesarios, en especial a infraestructuras que se califiquen como facilidades esenciales.

 

 

CAPÍTULO II .-Regulación de mercados

 

Artículo 31.- Determinación de mercados relevantes.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, con sujeción al Reglamento de Mercados que para el efecto apruebe, determinará al menos cada dos años los mercados relevantes relativos a servicios o redes de telecomunicaciones, tanto mayoristas como minoristas y el ámbito geográfico, con el propósito de establecer si dichos mercados se están desarrollando en un entorno de competencia efectiva, cuyas características pueden dar lugar a la imposición a los prestadores con poder de mercado de obligaciones específicas de manera proporcionada y justificada.

 

Las obligaciones se mantendrán, se modularán o modificarán mientras subsista la inexistencia de competencia efectiva o el poder de mercado, caso contrario se suprimirán.

 

Artículo 32.- Imposición de obligaciones.

En el Reglamento de Mercados, constarán las condiciones para la imposición, modulación, modificación o supresión de obligaciones a los prestadores con poder de mercado o preponderantes.

 

Sin perjuicio de que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, establezca otro tipo de obligaciones en el Reglamento de Mercados, se podrán imponer a los operadores con poder de mercado o preponderantes y de ser el caso, a sus empresas vinculadas según corresponda, entre otras, las siguientes obligaciones:

 

  1. Proporcionar información relativa a contabilidad, especificaciones técnicas, características de las redes, condiciones de suministro y utilización, incluidas, en su caso, las condiciones que pudieran limitar el acceso o la utilización de servicios o aplicaciones, así como los precios.

 

  1. Proporcionar en forma oportuna y completa la información que le requiera la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, conforme con los formatos y periodicidad que para el efecto determine.

 

  1. Llevar contabilidad de costos o regulatoria, en caso de que preste varios servicios, en el formato y con la metodología que, en su caso, determine la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

  1. Fijación de precios y tarifas que permitan promover y fomentar la competencia efectiva y los beneficios para los usuarios en términos de precios y calidad de los servicios así también para favorecer la inversión por parte del prestador de servicios, de modo especial, en redes de nueva generación. Se incluye el mecanismo tarifario para servicios dentro de la misma red o fuera de la red (on-net u off-net).

 

  1. Fijar cargos de interconexión que promuevan la erradicación de prácticas anticompetitivas.

 

  1. Limitaciones de comercialización de servicios y uso de equipos terminales.

 

  1. Prohibición de suscribir contratos de arrendamiento para instalación de infraestructura.

 

  1. Fijación de cargos de interconexión simétricos.

 

  1. Fijación de cargos de interconexión asimétricos.

 

  1. Regulación de tarifas simétrica.

 

  1. Regulación de tarifas asimétrica.

 

  1. Obligaciones de compartición de infraestructura.

 

  1. Regulación sobre uso de marcas o nombres comerciales.

 

Artículo 33.- Operador con poder de mercado y preponderante.

Se considerará como operador con poder de mercado, al prestador de servicios de telecomunicaciones y servicios por suscripción cuando tenga la capacidad para influir significativamente en el mercado. Dicha capacidad la puede alcanzar de manera individual o conjuntamente con otros, cuando por cualquier medio sean capaces de actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores, compradores, clientes, proveedores, usuarios, distribuidores u otros sujetos que participen en el mercado, cuando en forma efectiva, controle, directa o indirectamente los precios en un mercado o en un segmento de mercado o en una circunscripción geográfica determinados; o, la conexión o interconexión a su red.

 

En el Reglamento de Mercados que apruebe la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones constarán los criterios para determinar si un prestador de servicios tiene poder de mercado en un determinado mercado relevante y en otro u otros mercados de relevancia estrechamente vinculados, de manera que haga posible que el poder que se tiene en un mercado produzca repercusiones en el otro, reforzando de esta manera el poder de mercado.

 

Se considerará que existe preponderancia cuando el prestador de servicios de telecomunicaciones y servicios por suscripción, tenga más del 50% de abonados, clientes, suscriptores, líneas activas, tráfico u otros, en un determinado mercado o servicio, en cuyo caso, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá establecer de manera directa mediante resolución, las obligaciones que se justifiquen, conforme a lo previsto en el artículo precedente.

 

Artículo 34.- Pago por concentración de mercado para promover competencia.

A fin de evitar las distorsiones en el mercado de servicios de telecomunicaciones y servicios por suscripción y promover la competencia, los prestadores privados que concentren mercado en función del número de abonados o clientes del servicio concesionado, autorizado o registrado, pagarán al Estado un porcentaje de sus ingresos totales anuales conforme a la siguiente tabla:

 

 

DESDE          HASTA          PAGO

30%                34.99%           0,5%

35%                44.99%           1%

45%               54.99%           3%

55%                64.99%           5%

65%                74.99%           7%

75%               En adelante     9%

 

 

La recaudación de estos valores será trimestral y la realizará la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, de conformidad con la regulación que para el efecto emita.

 

Esta obligación es independiente de cualquier otra obligación prevista en la presente Ley.

 

TÍTULO V.- TÍTULOS HABILITANTES

 

 

CAPÍTULO I.- Títulos habilitantes para la prestación de servicios de telecomunicaciones

 

Artículo 35.- Servicios de Telecomunicaciones.

Todos los servicios en telecomunicaciones son públicos por mandato constitucional.

Los prestadores de estos servicios están habilitados para la instalación de redes e infraestructura necesaria en la que se soportará la prestación de servicios a sus usuarios. Las redes se operarán bajo el principio de regularidad, convergencia y neutralidad tecnológica.

 

Artículo 36.- Tipos de Servicios.

Se definen como tales a los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión.

  1. Servicios de telecomunicaciones: Son aquellos servicios que se soportan sobre redes de telecomunicaciones con el fin de permitir y facilitar la transmisión y recepción de signos, señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza, para satisfacer las necesidades de telecomunicaciones de los abonados, clientes, usuarios.

Dentro de los servicios de telecomunicaciones en forma ejemplificativa y no limitativa, se citan a la telefonía fija y móvil, portadores y de valor agregado.

Los prestadores de servicios de telefonía fija o móvil podrán prestar otros servicios tales como portadores y de valor agregado que puedan soportarse en su red y plataformas, de conformidad con la regulación que se emita para el efecto.

 

  1. Servicios de radiodifusión: Son aquellos que pueden transmitir, emitir y recibir señales de imagen, sonido, multimedia y datos, a través de estaciones del tipo público, privado o comunitario, con base a lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación.

Los servicios de radiodifusión se clasifican en servicios de señal abierta y por suscripción.

 

2.1. Servicios de señal abierta, son los siguientes:

a) Radiodifusión sonora: Comprende toda transmisión de señales de audio y datos, que se destinan a ser recibidas por el público en general, de manera libre y gratuita; y,

b) Radiodifusión de televisión: Comprende toda transmisión de señales audiovisuales y datos, que se destinan para ser recibidas por el público en general, de manera libre y gratuita.

 

2.2. Servicios por suscripción: Son aquellos servicios de radiodifusión que solo pueden ser recibidos por usuarios que previamente hayan suscrito un contrato de adhesión.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá adoptar nuevas definiciones para otros servicios, en función a los avances tecnológicos; así también, la Agencia regulará los términos y condiciones de la prestación de los servicios antes definidos.

 

Artículo 37.- Títulos Habilitantes.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá otorgar los siguientes títulos habilitantes:

  1. Concesión: Para servicios tales como telefonía fija y servicio móvil avanzado así como para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, por empresas de economía mixta, por la iniciativa privada y la economía popular y solidaria.
  2. Autorizaciones: Para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, por las empresas públicas e instituciones del Estado. Para la prestación de servicios de audio y vídeo por suscripción, para personas naturales y jurídicas de derecho privado, la autorización se instrumentará a través de un permiso.
  3. Registro de servicios: Los servicios para cuya prestación se requiere el Registro, son entre otros los siguientes: servicios portadores, operadores de cable submarino, radioaficionados, valor agregado, de radiocomunicación, redes y actividades de uso privado y reventa.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, determinará los valores por el pago de derechos de concesión y registro así como los valores por el pago de autorizaciones, cuando se trate de títulos habilitantes emitidos a favor de empresas públicas o instituciones del Estado, no relacionados con la prestación de servicios de telecomunicaciones. De ser necesario determinará además, el tipo de habilitación para otros servicios, no definidos en esta Ley.

Los servicios cuyo título habilitante es el registro, en caso de requerir de frecuencias, deberán solicitar y obtener previamente la concesión o autorización, según corresponda.

Para el otorgamiento y renovación de los títulos habilitantes de radiodifusión y sistemas de audio y vídeo por suscripción, se estará a los requisitos y procedimientos previstos en la Ley Orgánica de Comunicación, su Reglamento General y la normativa que para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

Artículo 38.- Habilitación General.

Es el instrumento emitido a través de resolución por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, una vez que se han cumplido los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, en el que se establecerán los términos, condiciones y plazos aprobados, además incorporará, de ser el caso, el uso y explotación de las respectivas bandas de frecuencias esenciales del espectro radioeléctrico, necesarias para la prestación del servicio.

 

La habilitación general se otorgará para la prestación de servicios de telecomunicaciones tales como la telefonía fija y el servicio móvil avanzado y se instrumentará a través de concesiones o autorizaciones, según corresponda.

 

Los prestadores de servicios que cuenten con una habilitación general podrán prestar también otros servicios, tales como servicios portadores y de valor agregado, de manera ejemplificativa y no limitativa, para cuya prestación se requiere únicamente registro de servicios. Los servicios adicionales que se autoricen se incorporarán a través de anexos a la Habilitación General.

 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, a través de su Directorio, se reserva las potestades de interpretación, aclaración y terminación anticipada de los títulos habilitantes, para lo cual deberá motivar sus actuaciones.

 

Artículo 39.- Condiciones Generales de las empresas públicas para la prestación de servicios.

Se otorgan mediante autorización e instrumento de adhesión, a favor de las empresas públicas constituidas para la prestación de servicios de telecomunicaciones que cumplan con los requisitos establecidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Dicha autorización será suscrita por el Director Ejecutivo y aceptada por el representante legal de la empresa pública de que se trate. El título habilitante será inscrito en el Registro Público de Telecomunicaciones.

 

Las empresas públicas, a fin de garantizar el interés general y el cumplimiento de los principios del servicio público consagrado en la Constitución de la República, se someterán a esta Ley, su Reglamento General y a las regulaciones y acciones de control de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, tal como lo determina la Constitución de la República. Sin perjuicio de lo cual las empresas públicas gozarán de las exenciones, excepciones, exoneraciones y prerrogativas establecidas en las leyes.

 

Las empresas públicas y entidades públicas para la prestación de servicios de telecomunicaciones, estarán obligadas al pago de derechos, tarifas, contribuciones y demás obligaciones, establecidas en la presente Ley, excepto por lo siguiente:

 

  1. Por otorgamiento o renovación de títulos habilitantes.

 

  1. Por el otorgamiento o renovación de autorización de frecuencias para su uso y explotación.

 

No obstante de las exoneraciones indicadas, las empresas públicas de telecomunicaciones deberán cumplir con la política pública que emita el ente rector de las telecomunicaciones y con las obligaciones de carácter social, de servicio universal o de ejecución de políticas públicas que disponga la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones para devengar la asignación de espectro radioeléctrico realizada por el Estado. Estas obligaciones son independientes de las relacionadas con la contribución al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

 

Artículo 40.- Criterios de Otorgamiento y Renovación.

Para el otorgamiento y renovación de los títulos habilitantes para la prestación de servicios a empresas mixtas, organizaciones de economía popular y solidaria y empresas privadas, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones considerará la necesidad de atender: al desarrollo tecnológico, a la evolución de los mercados, al Plan Nacional de Telecomunicaciones, a las necesidades para el desarrollo sostenido del sector y del Estado y el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, así como a la satisfacción efectiva del interés público o general. Podrá negar el otorgamiento o renovación de tales títulos considerando la normativa, disposiciones o políticas que se emitan para tal fin, antes del trámite de solicitud de otorgamiento del título habilitante o su renovación.

 

Dada la naturaleza del otorgamiento de títulos habilitantes para la prestación de servicios de telecomunicaciones y uso del espectro radioeléctrico, así como su renovación, no se aplica la institución del silencio administrativo positivo.

 

Antes de la emisión de la decisión de renovación se evaluará el cumplimiento de los términos y condiciones del título habilitante que está por fenecer, para lo cual la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, emitirá el informe respectivo.

 

La renovación de los títulos habilitantes será por un período igual al originalmente otorgado y podrá realizarse en un régimen jurídico actualizado de acuerdo con la evolución tecnológica del servicio y situación del mercado.

 

En el caso de solicitudes para el otorgamiento de nuevos títulos habilitantes deberá evaluarse si alguna empresa o grupo de empresas vinculadas con el solicitante del título presta el mismo servicio o servicios semejantes y los efectos que pudiera tener en el mercado el otorgamiento del nuevo título habilitante requerido; para este efecto, deberá presentarse una declaración juramentada sobre vinculación.

 

Artículo 41.- Registro de Servicios.

El registro se otorgará mediante acto administrativo debidamente motivado, emitido por el Director Ejecutivo de conformidad con el procedimiento y los requisitos que se establezcan en la normativa que apruebe la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones para el otorgamiento de títulos habilitantes. En dicho registro se hará constar adicionalmente una declaración del prestador de sujeción al ordenamiento jurídico vigente y a la normativa correspondiente.

 

En todo caso, la tramitación de los procedimientos de registro deberá realizarse dentro de un término de veinte días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud, con todos los requisitos que al efecto correspondan.

 

Artículo 42.- Registro Público de Telecomunicaciones.

El Registro Público de Telecomunicaciones estará a cargo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, la que establecerá las normas para el procedimiento de registro, requisitos y cancelaciones.

En el Registro Público de Telecomunicaciones deberán inscribirse:

a) Las habilitaciones generales y las notificaciones de registro de prestación de servicios.

b) Las condiciones generales de las empresas públicas, las notificaciones de prestación de servicios y las autorizaciones emitidas a favor de las instituciones u organismos del Estado.

c) Las concesiones de uso y explotación del espectro.

d) Los actos administrativos otorgados como título habilitante de Registro de Servicios.

e) Los acuerdos y disposiciones de interconexión y conexión.

f) Los topes tarifarios de los servicios.

g) Los acuerdos y disposiciones de compartición de infraestructura.

h) Los acuerdos y disposiciones de operación virtual.

i) Los contratos de reventa de servicios.

j) Los modelos de contrato de adhesión de servicios.

k) El uso de espectro para investigación de nuevas tecnologías por parte del Estado.

l) Las redes universales de acceso a internet.

m) Todos los demás actos, autorizaciones, permisos y contratos que determine la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Además se inscribirán las modificaciones de los actos y contratos antes descritos, así como las modificaciones sustanciales de las redes e infraestructura de telecomunicaciones que hayan sido notificadas a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, de conformidad con lo que establezca la normativa.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones garantizará el acceso de los órganos y entes del Estado, así como de los ciudadanos, al Registro Público al que se refiere este artículo.

Los asuntos relacionados con la prestación de servicios de radiodifusión, televisión y sistemas de audio y vídeo por suscripción, deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Títulos Habilitantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación, su Reglamento General y la normativa que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

Artículo 43.- Duración.

Las concesiones y autorizaciones para la prestación de Servicios de Telecomunicaciones tendrán una duración de hasta quince años.

La duración de los demás títulos habilitantes será establecida en la normativa que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. En todo caso el plazo de duración no podrá exceder los quince años, salvo para los operadores de cable submarino y empresas públicas de telecomunicaciones.

 

Artículo 44.- Transferencia o Cesión.

Los títulos habilitantes no podrán enajenarse, cederse, transferirse, arrendarse o gravarse por ningún medio sin autorización de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Incurrir en esta prohibición, será causa suficiente para la terminación anticipada del título habilitante, sin perjuicio de las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico vigente.

 

Artículo 45.- Contenido de los Títulos Habilitantes.

El Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, establecerá el contenido mínimo de los diferentes títulos habilitantes, los requisitos y procedimientos para su otorgamiento, renovación y registro.

 

Artículo 46.- Extinción de los Títulos Habilitantes.

Los títulos habilitantes para la prestación de servicios de telecomunicaciones, con independencia de su clase o duración, se extinguirán por:

 

  1. Expiración del tiempo de su duración y que no se haya solicitado y resuelto la renovación, para lo cual se deberá tomar las medidas que garanticen la continuidad del servicio.

 

  1. Por incumplimiento en la instalación y operación dentro del plazo establecido, de conformidad con lo previsto en la normativa del servicio y título habilitante.

 

  1. Mutuo acuerdo entre las partes, siempre que no se afecte el interés general, la continuidad del servicio ni a terceros. Se entenderá por mutuo acuerdo la renuncia del titular de la habilitación, que haya sido aprobada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

  1. Muerte de su titular, en caso de personas naturales.

 

  1. Declaración anticipada y unilateral debidamente motivada, realizada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en los siguientes casos:

 

a) Cuando se declare la disolución, quiebra o liquidación, en caso de las personas jurídicas.

 

b) Por pérdida de la capacidad civil de su titular, en caso de personas naturales.

 

c) Por hechos o actos que impidan la continuidad del título habilitante.

 

  1. Por revocatoria del título declarada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, de conformidad con lo establecido en esta Ley.

 

  1. En caso de devolución voluntaria y total del espectro concesionado o autorizado, aceptada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, siempre y cuando se constate que no se efectúa la devolución con el propósito de evadir responsabilidades.

 

  1. Cualquier otra causal establecida en esta Ley, en el ordenamiento jurídico vigente y en los títulos habilitantes respectivos.

 

En los casos de fusión, la empresa resultante se subrogará en los derechos y obligaciones contenidos en los títulos habilitantes, previa autorización de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. De igual manera se procederá en los casos en los que una empresa habilitada se transforme en empresa pública.

 

A los fines de la extinción o revocatoria de un título habilitante, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones deberá emitir un acto administrativo motivado que la declare, previa sustanciación del procedimiento administrativo correspondiente en el cual se garantice el debido proceso y el derecho a la defensa del titular.

 

En todos los casos de extinción del título habilitante, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, deberá adoptar las medidas administrativas necesarias para garantizar la continuidad del servicio y los derechos de los usuarios, incluida la reversión de los bienes afectos a la prestación del servicio; la valoración de dichos bienes será realizada por una firma independiente de prestigio y experiencia en el sector de las Telecomunicaciones designada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. En caso de extinción por revocatoria, el pago se realizará conforme lo establecido en esta Ley.

 

Cuando la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones determine que no procede la reversión de los bienes, el prestador de servicios deberá a su costo retirar la infraestructura que haya instalado cumpliendo los mecanismos, condiciones y plazos que establezca la Agencia.

 

Artículo 47.- Extinción de los títulos habilitantes de servicios de radiodifusión.

Los títulos habilitantes otorgados a prestadores de servicios de radiodifusión y sistemas de audio y vídeo por suscripción terminan, además de las causales establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación, por los siguientes incumplimientos:

 

  1. Por incumplimiento en la instalación dentro del plazo, establecido para el efecto.

 

  1. Por incurrir en mora en el pago de sus obligaciones, por tres meses o más pensiones consecutivas.
  2. Los demás establecidos en el ordenamiento jurídico y títulos habilitantes correspondientes.

 

El procedimiento administrativo seguido para la terminación unilateral y anticipada del título habilitante será el que emita para el efecto la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

Artículo 48.- Derechos por el Otorgamiento de Títulos Habilitantes.

Las prestadoras de servicios de telecomunicaciones que actúen por delegación estatal deberán pagar al Estado los derechos por la obtención de títulos habilitantes que determine la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá reglamentar el pago de tarifas o derechos por trámites de otorgamiento de títulos habilitantes, renovación, modificaciones, registros u otras actividades.

 

Artículo 49.- Cambios de Control.

Sin perjuicio de cumplir con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, el prestador de servicios de telecomunicaciones no podrá realizar operaciones que impliquen un cambio de control, sin la respectiva autorización del Director de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, especialmente aquellas relacionadas con: cambios en la titularidad de las acciones de la empresa, cualesquier clase de contratos o convenios que incidan en el control operativo o real sobre la empresa o en la toma de decisiones sobre la misma, aunque no comporten un cambio en la titularidad de las acciones de la prestadora.

Previo a la realización de la operación que comporte un cambio de control, el prestador de servicios de telecomunicaciones deberá presentar ante la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones la solicitud correspondiente de conformidad con los requisitos y condiciones que establezca la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. En la solicitud se realizará la descripción de la operación a realizar, su naturaleza, características, agentes económicos participantes en la operación y los efectos que pudieran generarse con ocasión de su realización. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones deberá tramitar la solicitud y emitir el informe correspondiente, tal como queda establecido en esta Ley.

Para el caso de servicios de radiodifusión y televisión y audio y vídeo por suscripción, se observará lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación y su normativa de aplicación.

 

 

CAPÍTULO II.- Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico

 

Artículo 50.- Otorgamiento.

Se otorgará títulos habilitantes para el uso y explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico, conforme lo dispuesto en la presente Ley, sus reglamentos y los requisitos técnicos, económicos y legales exigidos a tales efectos.

A los fines del otorgamiento de títulos habilitantes de frecuencias del espectro radioeléctrico, el Estado atenderá al interés público, promoverá el uso racional y eficiente del referido recurso limitado, garantizará el acceso igualitario, equitativo y la asignación en condiciones de transparencia. Podrá negar el otorgamiento de títulos habilitantes de uso de espectro cuando prevalezca el interés público o general.

El Estado permitirá el acceso a bandas calificadas como de uso libre, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, esta Ley, su Reglamento General, el Plan Nacional de Frecuencias y las normas que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

La habilitación para el uso y explotación de frecuencias no esenciales para prestación de servicios de telecomunicaciones se instrumentará mediante marginación en el título habilitante inscrito en el Registro Público de Telecomunicaciones. Dicha marginación se realizará por disposición del Director de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y consecuentemente será parte integrante del título habilitante.

El otorgamiento de títulos habilitantes de frecuencias del espectro radioeléctrico, observando el principio rector de eficiencia técnica, social y económica, podrá realizarse a través de adjudicación directa, proceso (concurso) público competitivo de ofertas, de conformidad con lo que establezca el Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Dicho otorgamiento considerará la idoneidad técnica, económica y legal del solicitante.

Para el caso del otorgamiento de frecuencias de los servicios de radiodifusión, se observará lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación.

 

Artículo 51.- Adjudicación Directa.

Se otorgarán títulos habilitantes para su uso o explotación, por adjudicación directa, siempre y cuando cumplan con los requisitos correspondientes, en los siguientes casos:

 

  1. Frecuencias no esenciales.

 

  1. Frecuencias esenciales que se requieran para la introducción de nuevas tecnologías o mejoras en el servicio, cuando el poseedor del título habilitante se encuentre prestando el servicio o para ser otorgadas a un nuevo prestador de servicios que no sean de carácter masivo.

 

  1. Frecuencias para empresas públicas y entidades públicas.

 

  1. Bandas de uso compartido.

 

  1. Reasignación de frecuencias.

 

  1. Registro de Servicios.

 

  1. Renovación de títulos habilitantes, en los casos que se establezcan en el Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes o resoluciones de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

  1. Redes Privadas.

La Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones establecerá los parámetros y objetivos para la adjudicación directa, entre los cuales se considerará por lo menos, temas de: eficiencia técnica, social y económica, responsabilidad social, ofrecimientos de cobertura en zonas no servidas, ventajas para los usuarios y, en general, lo que beneficie al Buen Vivir.

 

Artículo 52.- Proceso Público Competitivo.

 

Se otorgarán concesiones para uso y explotación mediante proceso público competitivo de ofertas cuando:

 

  1. El número de solicitantes supere la cantidad de frecuencias disponibles para su otorgamiento.
  2. El número de concesiones de servicios o de uso y explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico que se prevea otorgar sea limitado, por razones de interés público, de desarrollo tecnológico o de evolución de los mercados.
  3. Las frecuencias o bandas de frecuencias a ser otorgadas a un nuevo prestador de servicios posean una alta valoración económica, de conformidad con las evaluaciones que realice la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones; o,
  4. Las frecuencias o bandas de frecuencia se destinen a la prestación de servicios de carácter masivo por un nuevo prestador.

 

Artículo 53.- Frecuencias para uso privado.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones reglamentará la asignación de frecuencias de uso privado.

 

Artículo 54.- Derechos y Tarifas por Uso de Espectro.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones fijará el valor de los derechos por el otorgamiento de títulos habilitantes, así como de las tarifas por el uso y explotación del espectro radioeléctrico. Los derechos se pagarán al Estado por el otorgamiento de títulos habilitantes. Las tarifas por el uso y explotación del referido recurso limitado, se fijarán de conformidad con el reglamento que a tal efecto dicte la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

La fijación de los parámetros y el establecimiento de modelos para la determinación de los referidos montos deberá atender al interés público; la valoración del espectro radioeléctrico; los ingresos estimados para los concesionarios; inversiones realizadas, o a realizar, por los concesionarios; índices de cobertura; estipulaciones contractuales; cumplimiento de obligaciones sociales o del

 

Servicio Universal; tipo de servicios y el carácter masivo que puedan tener éstos, así como la contribución del concesionario para el desarrollo de proyectos que promuevan la sociedad de la información y del conocimiento, entre otros.

 

Artículo 55.- Derecho Preferente de Empresas Públicas.

Las empresas públicas que presten servicios de telecomunicaciones tendrán derecho preferente para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, de conformidad con la disponibilidad existente.

 

Artículo 56.- Duración.

Los títulos habilitantes para el uso y explotación del espectro radioeléctrico tendrán la misma duración del título habilitante del servicio o los servicios a los cuales se encuentren asociados y se encontrarán integrados en un solo instrumento. De no estar asociados a servicio alguno su duración será de cinco años.

En el evento de que los concesionarios para la explotación de servicios de telecomunicaciones soliciten y se les otorguen frecuencias esenciales adicionales, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá disponer la readecuación de los términos, condiciones y plazos del título habilitante para la explotación del servicio, siempre y cuando se reúnan las siguientes condiciones:

  1. Que las frecuencias o bandas de frecuencias esenciales otorgadas posean una alta valoración económica.
  2. Que se trate de un servicio masivo.
  3. Que se justifique la necesidad de una ampliación del plazo del contrato de concesión para la explotación del servicio, a fin de que se cuente con el tiempo suficiente para la amortización de la inversión a ser realizada por el operador.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones analizará cada petición particular, y podrá negar la ampliación de plazo, considerando, entre otros aspectos, el interés general, las condiciones de mercado y el nivel de cumplimiento de obligaciones por parte del concesionario.

 

El concesionario deberá pagar los derechos de concesión y pago por uso de frecuencias respectivos que conlleve la ampliación del plazo.

 

En caso de extinción del título habilitante del servicio por las causales establecidas, se entenderá extinguida igualmente la habilitación para el uso de espectro radioeléctrico asociada a dicho título.

 

Artículo 57.- Reasignación.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá reasignar frecuencias o bandas de frecuencias previamente asignadas, cuando:

 

  1. Sea requerido en ejecución de los planes técnicos correspondientes.
  2. Sea para conseguir la eficiencia técnica, social y económica en el uso de las frecuencias del espectro.
  3. Lo exija el interés público.
  4. Se derive de la aplicación de tratados o convenios internacionales válidamente suscritos.
  5. Sea por razones de seguridad y defensa nacional.
  6. Sea para la introducción de nuevas tecnologías y/o servicios.
  7. Sea para evitar y solucionar interferencias.
  8. Para hacer más equitativa la redistribución del espectro radioeléctrico entre los sectores público, comunitario y privado, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación.

 

Artículo 58.- Indemnización.

Por regla general, la reasignación del espectro radioeléctrico no genera indemnización, excepto cuando no exista espectro disponible para la prestación del servicio que impida la reasignación y, en consecuencia, sea imposible la continuidad en la prestación de los servicios por parte del operador de que se trate. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones establecerá los parámetros para determinar el valor de las indemnizaciones en este caso particular. En el caso de empresas y entidades públicas no aplica compensación o indemnización de ninguna clase.

 

Artículo 59.- Uso y Explotación del espectro radioeléctrico para servicios de radiodifusión.

 

El otorgamiento de las frecuencias del espectro radioeléctrico para servicios de radiodifusión, se sujetará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación, su Reglamento General y normativa emitida por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

Artículo 60.- Tarifas por Adjudicación y Uso de Frecuencias para Servicios de Radiodifusión

 

Los poseedores de títulos habilitantes para servicios de radiodifusión de tipo comunitario y privado están obligados al pago de las tarifas por adjudicación y utilización de frecuencias, aun cuando estuviere suspenso su funcionamiento. Se exceptúan de estos pagos los servicios de radiodifusión del tipo públicos.

 

Artículo 61.- Aprobación de Tarifas por Adjudicación y Uso de Frecuencias para Servicios de Radiodifusión.

Las tarifas por derechos de adjudicación que deberán pagar los prestadores de servicios de radiodifusión al Estado serán las que apruebe mediante resolución la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones fijará las tarifas por adjudicación y uso de frecuencias para medios de comunicación social considerando para el efecto aspectos de carácter técnico, social o económico.

 

Para efecto del pago de las tarifas, los radio -enlaces estudio- transmisor, cuyas emisiones no son recibidas por el público se consideran como partes integrantes del canal principal, y, por consiguiente, no están sujetos a ningún recargo adicional. Las frecuencias auxiliares para enlaces adicionales deberán pagar los valores que para el efecto se establezcan.

 

Las modificaciones posteriores de las tarifas no obligan a la celebración de nuevo contrato.

 

 

TÍTULO VI.- RÉGIMEN TARIFARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 

 

CAPÍTULO ÚNICO.- Régimen y Regulación

 

Artículo 62.- Régimen tarifario.

Es deber constitucional del Estado central, a través de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, disponer que los precios y tarifas por la prestación de servicios sean equitativos, en tal virtud en ejercicio de su potestad de control y regulación, podrá, en cualquier momento, establecer techos tarifarios o modificar los existentes.

 

Artículo 63.- Regulación tarifaria.

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones podrán fijar libremente sus tarifas, siempre que no sobrepasen los techos tarifarios definidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

Para modificar los techos tarifarios que se encuentren en vigencia, se considerarán si existen o pueden existir distorsiones a la competencia en el mercado determinado, o que el nivel de tarifas o precios demuestre inexistencia de competencia efectiva, o cuando la calidad de los servicios no se ajuste a los niveles exigidos. Tal regulación, que puede incluir la modalidad de topes tarifarios u cualquier otra, podrá incluirse en los títulos habilitantes o ser aplicada en cualquier momento en que justificadamente se constate los supuestos antes mencionados.

 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá, justificadamente, regular las tarifas o imponer obligaciones especiales a los prestadores con poder de mercado, sobre la base de estudios e informes que demuestren tal poder.

 

Para favorecer el desarrollo del servicio universal, se podrán regular tarifas preferenciales para favorecer el desarrollo económico de regiones y grupos sociales de atención prioritaria.

 

Artículo 64.- Reglas aplicables.

Las tarifas y precios para todos los servicios de telecomunicaciones deberán tener en cuenta los siguientes preceptos generales:

  1. Los prestadores de los servicios podrán establecer planes tarifarios constituidos por uno o varios servicios o por uno o varios productos de un servicio, de conformidad con su o sus títulos habilitantes.
  2. La estructura tarifaria atenderá los principios de acceso universal y uso prioritario, de tal manera que se podrán incluir opciones tarifarias para usuarias o usuarios de menores ingresos.
  3. Las tarifas y precios deberán promover el uso y prestación eficiente de los servicios, tenderán a estimular la expansión eficiente de los servicios y a establecer la base para el establecimiento de un entorno competitivo.
  4. Ningún proveedor de servicios podrá discriminar a abonados o usuarios que se encuentren en circunstancias similares, en relación a tarifas o precios.
  5. En la tasación y facturación de los servicios, no se podrán redondear tiempos o unidades de tasación.
  6. Los prestadores de servicios publicarán en su página web sus planes, promociones, tarifas y precios en los formatos y condiciones que permitan a los abonados y usuarios disponer de información completa, comparable y oportuna. De igual manera, los prestadores de servicios deberán proporcionar la información de sus planes, promociones, tarifas y precios en los formatos y condiciones que se determine en las regulaciones correspondientes.
  7. Las tarifas y precios corresponderán a los servicios expresamente contratados y en ningún caso incorporarán valores de prestaciones, productos o servicios no solicitados por los usuarios.

 

Artículo 65.- Notificación y vigencia.

Las tarifas deberán ser notificadas a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha de entrada en vigencia de las mismas. Esta notificación podrá realizarse a través de medios electrónicos y bajo formatos y mecanismos previamente establecidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

La notificación oportuna de las tarifas no implica aceptación o aprobación de las mismas, y quedan a salvo las acciones de supervisión y control que correspondan.

 

 

TÍTULO VII.- INTERCONEXIÓN Y ACCESO

 

 

CAPÍTULO I .-Disposiciones comunes

 

Artículo 66.- Principios.

La interconexión y el acceso deberán realizarse de conformidad con principios de igualdad, nodiscriminación, neutralidad, buena fe, transparencia, publicidad y sobre la base de costos.

 

Artículo 67.- Interconexión.

A los efectos de esta Ley, se entiende por interconexión a la conexión o unión de dos o más redes públicas de telecomunicaciones, a través de medios físicos o radioeléctricos, mediante equipos o instalaciones que proveen líneas o enlaces de telecomunicaciones para el intercambio, tránsito o terminación de tráfico entre dos prestadores de servicios de telecomunicaciones, que permiten comunicaciones entre usuarios de distintos prestadores de forma continua o discreta.

 

Artículo 68.- Acceso.

A los efectos de esta Ley, se entiende por acceso, a la puesta a disposición de otro prestador, en condiciones definidas, no discriminatorias y transparentes, de recursos de red o servicios con fines de prestación de servicios de telecomunicaciones, incluyendo cuando se utilicen para servicios de radiodifusión, sujetos a la normativa que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, la misma que podría incluir entre otros los siguientes aspectos: el acceso a elementos y recursos de redes, así como a otros recursos y sistemas necesarios; las interfaces técnicas, protocolos u otras tecnologías que sean indispensables para la interoperabilidad de los servicios o redes.

 

Artículo 69.- Obligatoriedad.

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones que operen o controlen redes públicas de telecomunicaciones tienen la obligación de interconectarse con otras redes públicas de telecomunicaciones y permitir el acceso a otros prestadores de servicios de telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento General y las regulaciones correspondientes. A tal efecto, deberán poseer diseños de arquitectura de red abierta que permitan la interconexión y la interoperabilidad de sus redes y el acceso a las mismas.

 

 

CAPÍTULO II .-Procedimiento

 

Artículo 70.- Facultad de intervención.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en cualquier momento, podrá intervenir en las relaciones de interconexión y acceso, ya sea que estas se hayan establecido por acuerdo o disposición, a petición de cualquiera de las partes involucradas, o de oficio cuando esté justificado, con el objeto de fomentar y, en su caso, garantizar la interconexión y el acceso, la interoperabilidad de los servicios, la competencia o la consecución de los objetivos establecidos en esta Ley. La decisión adoptada será ejecutiva y vinculante, sin perjuicio de derecho a peticiones o impugnaciones administrativas y judiciales.

Las obligaciones y condiciones que se impongan de conformidad con este artículo serán objetivas, transparentes, proporcionales y no discriminatorias.

En caso de intervención, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones deberá considerar la viabilidad técnica y económica de utilizar o instalar

recursos que compitan entre sí, tomando en cuenta la naturaleza y el tipo de interconexión o acceso de que se trate y el desarrollo del mercado, la posibilidad de proporcionar el acceso propuesto, en relación con la capacidad disponible debidamente justificada, la inversión inicial del propietario del recurso, teniendo presentes los riesgos incurridos al efectuarla, la necesidad de salvaguardar la competencia a largo plazo; y, cuando proceda, los derechos pertinentes en materia de propiedad intelectual.

 

Artículo 71.- Regulación económica de la interconexión y el acceso.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones está facultada para imponer, entre otras, obligaciones en materia de separación de cuentas en relación con la interconexión o el acceso.

De igual manera está facultada para imponer condiciones económicas, incluyendo cargos de interconexión o precios mayoristas en relación con la interconexión o acceso. La Agencia podrá establecer un valor cero (0) como cargo de interconexión, en aplicación del artículo 32 de esta Ley.

Los cargos y precios mayoristas que se acuerden o impongan para la interconexión y el acceso deberán servir para fomentar la eficiencia y la competencia sostenible y potenciar al máximo los beneficios para los usuarios. La carga de la prueba respecto de los costos de la interconexión o el acceso, corresponde al prestador que los aplique o que los alegue.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá utilizar métodos o modelos de cálculo de costos distintos de los utilizados por la empresa o tomar en cuenta los costos de otros mercados comparables y podrá exigir a un prestador que justifique plenamente los cargos o precios que aplica y, cuando proceda, ordenarle que los modifique.

 

Artículo 72.- Negociación y acuerdo.

Cualquier prestador de servicios de telecomunicaciones podrá solicitar a otro la interconexión o el acceso según el caso. Las y los interesados podrán negociar libremente las condiciones de interconexión o acceso, dentro de lo establecido en esta Ley, su Reglamento General y las regulaciones respectivas.

No obstante, podrán requerir la intervención de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones con carácter de observador en la negociación.

La solicitud de interconexión o acceso deberá realizarse de forma escrita, con indicación de los aspectos técnicos, económicos y jurídicos requeridos. El interesado deberá remitir copia de la solicitud a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. El acuerdo deberá suscribirse dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud de interconexión o acceso.

 

Artículo 73.- Disposiciones de interconexión o acceso.

Cumplido el plazo señalado en el artículo anterior sin que se haya suscrito el acuerdo respectivo, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones intervendrá, de oficio o a instancia de parte, a fin ordenar la interconexión o el acceso solicitado y establecer sus condiciones técnicas, económicas y jurídicas. La decisión de la Agencia Regulación y Control de las Telecomunicaciones deberá expedirse en un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados desde la solicitud de uno o ambos interesados, cuando intervenga a instancia de parte o desde que notifique el inicio del procedimiento de emisión de la disposición de interconexión o acceso cuando actúe de oficio.

 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, cuando lo solicite un prestador y en aras de garantizar la prestación de los servicios de telecomunicaciones, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, antes de expedir la disposición de interconexión o acceso, podrá ordenar la interconexión o el acceso en forma inmediata, mientras se tramita la disposición respectiva.

 

Artículo 74.- Aprobación y modificación.

Los acuerdos de interconexión o acceso deberán presentarse, luego de su suscripción, ante la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones para su aprobación y posterior inscripción en el Registro Público de Telecomunicaciones como requisito para su entrada en vigor. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones aprobará el acuerdo dentro de veinte (20) días hábiles y, en caso de no emitir un pronunciamiento, se entenderá aprobado en todo lo que no resulte contrario al ordenamiento jurídico vigente. Las disposiciones de interconexión o acceso y sus modificaciones también deberán inscribirse en el Registro Público de Telecomunicaciones.

 

Artículo 75.- Prohibición.

En ningún caso podrá procederse a la desconexión, interrupción, suspensión, bloqueo, degradación de calidad, retiro de equipos o cierre de la interconexión o el acceso, de forma unilateral o de mutuo acuerdo, incluso cuando existan controversias pendientes de resolución entre las partes involucradas, autoridades administrativas o judiciales, sin haber obtenido previamente autorización de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y, siempre que se establezcan las medidas necesarias para proteger los derechos de los abonados o usuarios y la continuidad de los servicios.

 

 

TÍTULO VIII.- SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

 

 

CAPÍTULO I.- Secreto de las comunicaciones

 

Artículo 76.- Medidas técnicas de seguridad e invulnerabilidad.

Las y los prestadores de servicios ya sea que usen red propia o la de un tercero, deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la seguridad

de sus servicios y la invulnerabilidad de la red y garantizar el secreto de las comunicaciones y de la información transmitida por sus redes. Dichas medidas garantizarán un nivel de seguridad adecuado al riesgo existente.

En caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red, el prestador de servicios de telecomunicaciones deberá informar a sus abonados, clientes o usuarios sobre dicho riesgo y, si las medidas para atenuar o eliminar ese riesgo no están bajo su control, sobre las posibles soluciones.

 

Artículo 77.- Interceptaciones.

Únicamente se podrán realizar interceptaciones cuando exista orden expresa de la o el Juez competente, en el marco de una investigación de un delito o por razones de seguridad pública y del Estado, de conformidad con lo que establece la ley y siguiendo el debido proceso.

En caso de interceptación legal, las y los prestadores de servicios deberán proveer toda la información requerida en la orden de interceptación, incluso los datos de carácter personal de los involucrados en la comunicación, así como la información técnica necesaria y los procedimientos para la descomprensión, descifrado o decodificación en caso de que las comunicaciones objeto de la interceptación legal hayan estado sujetas a tales medidas de seguridad. Los contenidos de las comunicaciones y los datos personales que se obtengan como resultado de una orden de interceptación legal estarán sujetos a los protocolos y reglas de confidencialidad que establezca el ordenamiento jurídico vigente.

 

 

CAPÍTULO II Protección de los datos personales

Artículo 78.- Derecho a la intimidad.

Para la plena vigencia del derecho a la intimidad, establecido en el artículo 66, numeral 20 de la Constitución de la República, las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán garantizar, en el ejercicio de su actividad, la protección de los datos de carácter personal.

Para tal efecto, las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la seguridad de su red con el fin de garantizar la protección de los datos de carácter personal de conformidad con la ley. Dichas medidas incluirán, como mínimo:

 

  1. La garantía de que sólo el personal autorizado tenga acceso a los datos personales para fines autorizados por la ley.

 

  1. La protección de los datos personales almacenados o transmitidos de la destrucción accidental o ilícita, la pérdida o alteración accidentales o el almacenamiento, tratamiento, acceso o revelación no autorizados o ilícitos.

 

  1. La garantía de la aplicación efectiva de una política de seguridad con respecto al tratamiento de datos personales.

 

  1. La garantía de que la información suministrada por los clientes, abonados o usuarios no será utilizada para fines comerciales ni de publicidad, ni para cualquier otro fin, salvo que se cuente con el consentimiento previo y autorización expresa de cada cliente, abonado o usuario. El consentimiento deberá constar registrado de forma clara, de tal manera que se prohíbe la utilización de cualquier estrategia que induzca al error para la emisión de dicho consentimiento.

 

Artículo 79.- Deber de información.

En caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red pública o del servicio de telecomunicaciones, el prestador de servicios de telecomunicaciones informará a sus abonados, clientes y usuarios sobre dicho riesgo y sobre las medidas a adoptar.

 

En caso de violación de los datos de un abonado o usuario particular, el prestador notificará de tal violación al abonado o usuario particular en forma inmediata, describiendo al menos la naturaleza de la violación de los datos personales, los puntos de contacto donde puede obtenerse más información, las medidas recomendadas para atenuar los posibles efectos adversos de dicha violación y las medidas ya adoptadas frente a la violación de los datos personales.

 

La notificación de una violación de los datos personales a un abonado, cliente o usuario particular afectado no será necesaria si el prestador demuestra a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones que ha aplicado las medidas de protección tecnológica convenientes y que estas medidas se han aplicado a los datos afectados por la violación de seguridad. Unas medidas de protección de estas características convierten los datos en incomprensibles para toda persona que no esté autorizada a acceder a ellos.

 

A los efectos establecidos en este artículo, se entenderá como violación de los datos personales la violación de la seguridad que provoque la destrucción, accidental o ilícita, la pérdida, la alteración, la revelación o el acceso no autorizados, de datos personales transmitidos, almacenados o tratados en la prestación de un servicio de telecomunicaciones.

 

Artículo 80.- Procedimientos de revelación.

Las y los prestadores de servicios implementarán procedimientos internos para atender las solicitudes de acceso a los datos personales de sus abonados, clientes o usuarios por parte de las autoridades legalmente autorizadas. Los procedimientos internos que se implementen, para fines de supervisión y control, estarán a disposición de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

Artículo 81.- Guías telefónicas o de abonados en general.

Los abonados, clientes o usuarios tienen el derecho a no figurar en guías telefónicas o de abonados. Deberán ser informados de sus derechos con respecto a la utilización de sus datos personales en las guías telefónicas o de abonados

y, en particular, sobre el fin o los fines de dichas guías, así como sobre el derecho que tienen, en forma gratuita, a no ser incluidos, en tales guías.

 

Artículo 82.- Uso comercial de datos personales.

Las y los prestadores de servicios no podrán usar datos personales, información del uso del servicio, información de tráfico o el patrón de consumo de sus abonados, clientes o usuarios para la promoción comercial de servicios o productos, a menos que el abonado o usuario al que se refieran los datos o tal información, haya dado su consentimiento previo y expreso. Los usuarios o abonados dispondrán de la posibilidad clara y fácil de retirar su consentimiento para el uso de sus datos y de la información antes indicada. Tal consentimiento deberá especificar los datos personales o información cuyo uso se autorizan, el tiempo y su objetivo específico.

 

Sin contar con tal consentimiento y con las mismas características, las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones no podrán comercializar, ceder o transferir a terceros los datos personales de sus usuarios, clientes o abonados. Igual requisito se aplicará para la información del uso del servicio, información de tráfico o del patrón de consumo de sus usuarios, clientes y abonados.

 

Artículo 83.- Control técnico.

Cuando para la realización de las tareas de control técnico, ya sea para verificar el adecuado uso del espectro radioeléctrico, la correcta prestación de los servicios de telecomunicaciones, el apropiado uso y operación de redes de telecomunicaciones o para comprobar las medidas implementadas para garantizar el secreto de las comunicaciones y seguridad de datos personales, sea necesaria la utilización de equipos, infraestructuras e instalaciones que puedan vulnerar la seguridad e integridad de las redes, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones deberá diseñar y establecer procedimientos que reduzcan al mínimo el riesgo de afectar los contenidos de las comunicaciones.

 

Cuando, como consecuencia de los controles técnicos efectuados, quede constancia de los contenidos, los soportes en los que éstos aparezcan no podrán ser ni almacenados ni divulgados y serán inmediatamente destruidos y desechados.

 

Artículo 84.- Entrega de información.

Las y los prestadores de servicios, entregarán a las autoridades competentes la información que les sea requerida dentro del debido proceso, con el fin de investigación de delitos. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones establecerá los mecanismos y procedimientos que sean necesarios.

 

Artículo 85.- Obligaciones adicionales.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicación establecerá y reglamentará los mecanismos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones tanto de secreto de las comunicaciones como de seguridad de datos personales y, en su caso, dictará las instrucciones correspondientes, que serán vinculantes para las y los prestadores de servicios, con el fin de que adopten determinadas medidas relativas a la integridad y seguridad de las redes y servicios. Entre ellas, podrá imponer:

 

  1. La obligación de facilitar la información necesaria para evaluar la seguridad y la integridad de sus servicios y redes, incluidos los documentos sobre las políticas de seguridad.

 

  1. La obligación de someterse a costo del prestador, a una auditoría de seguridad realizada por un organismo público, autoridad competente o, de ser el caso, por una empresa privada o persona natural independiente.

 

 

TÍTULO IX.- EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

 

 

CAPÍTULO ÚNICO.- Homologación y Certificación

 

Artículo 86.- Obligatoriedad.

Los equipos terminales de telecomunicaciones que utilicen espectro radioeléctrico y se conecten a redes públicas de telecomunicaciones deberán contar con la homologación y certificación, realizadas de conformidad con las normas aplicables, a fin de prevenir daños a las redes, evitar la afectación de los servicios de telecomunicaciones, evitar la generación de interferencias perjudiciales y, garantizar los derechos de los usuarios y prestadores.

 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá establecer adicionalmente regulación vinculada con la homologación y certificación de otros equipos de telecomunicaciones.

 

Artículo 87.- Prohibiciones.

Queda expresamente prohibido:

 

  1. El uso y comercialización de equipos terminales que utilicen espectro radioeléctrico, que puedan impedir o interrumpir la prestación de los servicios, degradar su calidad, causar daños a usuarios o redes, generar interferencias perjudiciales o que de cualquier forma afecten la prestación de los servicios o los derechos de los usuarios.

 

  1. La comercialización de equipos terminales que utilicen espectro radioeléctrico y no hayan sido homologados y certificados.

 

  1. La comercialización de equipos terminales que utilicen espectro radioeléctrico y sean incompatibles con el Plan Nacional de Frecuencias.

 

  1. La comercialización de equipos terminales que hayan sido bloqueados y no puedan ser activados o utilizados por los usuarios en las distintas redes de las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones.
  2. La utilización en las redes públicas de telecomunicaciones, de equipos terminales que utilicen espectro radioeléctrico, que no hayan sido previamente homologados y certificados.

 

  1. Las demás que sean establecidas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

 

TÍTULO X.- SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO Y SERVICIO UNIVERSAL

 

 

CAPÍTULO ÚNICO.- Promoción de la Sociedad de la Información y Prestación del Servicio Universal

 

Artículo 88.- Promoción de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.

El Ministerio rector de las Telecomunicaciones promoverá la sociedad de la información y del conocimiento para el desarrollo integral del país. A tal efecto, dicho órgano deberá orientar su actuación a la formulación de políticas, planes, programas y proyectos destinados a:

 

  1. Garantizar el derecho a la comunicación y acceso a la Información.

 

  1. Promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones; en especial, en zonas urbano marginales o rurales, a fin de asegurar una adecuada cobertura de los servicios en beneficio de las y los ciudadanos ecuatorianos.

 

  1. Promover el establecimiento eficiente de infraestructura de telecomunicaciones, especialmente en zonas urbano marginales y rurales.

 

  1. Procurar el Servicio Universal.

 

  1. Promover el desarrollo y masificación del uso de las tecnologías de información y comunicación en todo el territorio nacional.

 

  1. Apoyar la educación de la población en materia de informática y tecnologías de la información, a fin de facilitar el uso adecuado de los servicios o equipos.

 

  1. Promover el desarrollo y liderazgo tecnológico del Ecuador que permitan la prestación de nuevos servicios a precios y tarifas equitativas.

 

Artículo 89.- Servicio universal.

El Servicio Universal constituye la obligación de extender un conjunto definido de servicios de telecomunicaciones, a todos los habitantes del territorio nacional, con condiciones mínimas de accesibilidad, calidad y a precios equitativos, con independencia de las condiciones económicas, sociales o la ubicación geográfica de la población.

 

El Estado promoverá la prestación del Servicio Universal para la reducción de las desigualdades y la accesibilidad de la población a los servicios y a las tecnologías de la información y las comunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos y el Plan de Servicio Universal.

 

Artículo 90.- Plan de Servicio Universal.

En el Plan de Servicio Universal, que será elaborado y aprobado por el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, se hará constar los servicios que conforman el servicio universal y las áreas geográficas para su prestación. Se dará atención prioritaria a las áreas geográficas de menos ingresos y con menor cobertura de servicios en el territorio nacional. El Plan de Servicio Universal deberá enmarcarse dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y armonizarse con este instrumento.

 

Artículo 91.- Ejecución de proyectos y programas de servicio universal.

Los proyectos y programas para la ejecución del Plan de Servicio Universal podrán ser ejecutados directamente por empresas públicas o contratados con empresas mixtas, privadas o de la economía popular y solidaria que cuenten con los respectivos títulos habilitantes, sobre la base de los parámetros de selección que determine el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y con sujeción a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

 

Sin perjuicio de lo anterior, en los títulos habilitantes se establecerán obligaciones específicas de servicio universal a través de los planes de expansión u otras modalidades.

 

Artículo 92.- Contribución.

Las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones, excepto los de radiodifusión, pagarán una contribución del 1% de los ingresos totales facturados y percibidos. Dicho aporte deberá ser realizado trimestralmente, dentro de los quince días siguientes a la terminación de cada trimestre de cada año calendario y la recaudación la realizará la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

TÍTULO XI.- RECURSOS ESCASOS Y OCUPACIÓN DE BIENES

 

CAPÍTULO I.- Asignación del espectro radioeléctrico

 

Artículo 93.- Gestión.

El Estado, a través de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, podrá asignar el espectro radioeléctrico en forma directa a empresas públicas o por delegación a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria, al sector privado y a empresas de la economía popular y solidaria en los casos previstos en la presente Ley.

 

Artículo 94.- Objetivos.

La administración, regulación, gestión, planificación y control del espectro radioeléctrico perseguirá los siguientes objetivos:

 

  1. Uso eficiente.- Al ser un recurso natural escaso, el espectro radioeléctrico, tanto desde el punto de vista técnico, como económico, debe ser administrado y gestionado en forma eficiente.

 

  1. Uso racional.- Las decisiones sobre el uso deben ser planificadas, ordenadas, adecuadas en lo técnico y económico y encaminadas a la satisfacción del interés público o general y la consecución del Buen Vivir, Sumak Kawsay.

 

  1. Maximización económica.- En la valoración para permitir el uso del espectro radioeléctrico, se debe procurar su máximo rendimiento económico a favor del Estado, para alcanzar el bienestar social, pero considerando los estímulos necesarios para la inversión.

 

  1. Desarrollo tecnológico e inversión.- Se debe promover el desarrollo y la utilización de nuevos servicios, redes y tecnologías de la información y las comunicaciones y su acceso universal a toda la población y fomentar la inversión pública y privada.

 

  1. Comunicación.- Se debe garantizar una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, así como la creación y fortalecimiento de medios de comunicación social públicos, privados y comunitarios y el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.

 

  1. Eliminación de interferencias.- Se debe garantizar el uso de las frecuencias sin interferencias perjudiciales, para lo cual se implementarán adecuados sistemas de monitoreo y control.

 

  1. Acceso equitativo y transparente.- El acceso al espectro radioeléctrico deberá realizarse en forma transparente y equitativa.

 

  1. Seguridad pública y del Estado.- El uso del espectro radioeléctrico deberá contribuir a la seguridad pública y del Estado.

 

  1. Flexibilización y convergencia.- La asignación del espectro radioeléctrico debe realizarse con procedimientos ágiles y flexibles y se debe promover y facilitar que las redes inalámbricas soporten varios servicios con diversas tecnologías.

 

La administración, regulación, gestión, planificación y control del espectro radioeléctrico deberá considerar los principios ambientales de prevención, precaución y desarrollo sostenible.

 

Artículo 95.- Planificación.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones planificará el uso del espectro radioeléctrico tanto para los servicios de telecomunicaciones como para los servicios de radiodifusión, considerando lo establecido en la Constitución de la República y buscando el desarrollo y acceso universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Deberá considerar además, las decisiones y recomendaciones de las conferencias internacionales competentes en materia de radiocomunicación.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones es competente para elaborar, aprobar, modificar y actualizar el Plan Nacional de Frecuencias, instrumento dinámico que contiene la atribución de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Toda asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico deberá realizarse con estricta sujeción a dicho plan.

 

Artículo 96.- Utilización.

El uso del espectro radioeléctrico, técnicamente distinguirá las siguientes aplicaciones:

 

  1. Espectro de uso libre: Son aquellas bandas de frecuencias que pueden ser utilizadas por el público en general, con sujeción a lo que establezca el ordenamiento jurídico vigente y sin necesidad de título habilitante, ni registro.

 

  1. Espectro para uso determinado en bandas libres: Son aquellas bandas de frecuencias denominadas libres que pueden ser utilizadas para los servicios atribuidos por la Agencia de Regulación y Control y tan sólo requieren de un registro.

 

  1. Espectro para usos determinados: Son aquellos establecidos por la Agencia de Regulación y Control; dentro de este grupo pueden existir asignaciones de uso privativo o compartido.

 

  1. Espectro para usos experimentales: Son aquellas bandas de frecuencias destinadas a la investigación científica o para pruebas temporales de equipo.

 

  1. Espectro reservado: Son aquellas bandas de frecuencias destinadas a la seguridad pública y del Estado.

 

 

CAPÍTULO II.- Recurso de Numeración

 

Artículo 97.- Administración y gestión del recurso.

La numeración constituye un recurso limitado cuya administración, control y asignación corresponde al Estado.

 

Las y los prestadores de servicios deberán cumplir con lo dispuesto en el Plan Técnico Fundamental de Numeración y las normas complementarias que se dicten para el efecto.

 

Artículo 98.- Asignación.

La asignación del recurso de numeración se realizará en condiciones de igualdad, transparencia, trato no discriminatorio y en atención al interés público.

La asignación no confiere derechos a las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones y la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones podrá realizar las modificaciones o reasignaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos en esta Ley. Se podrán establecer procedimientos de selección competitiva o comparativa para la asignación de números con valor económico excepcional.

 

Artículo 99.- Prohibición de cesión o transferencia.

Las y los prestadores de servicios no podrán transferir ni ceder los recursos de numeración que tengan asignados.

 

Artículo 100.- Conservación del número.

Las y los prestadores de servicios que usen números de identificación para sus abonados, tales como los servicios telefónicos, garantizarán que sus abonados puedan conservar los números que les hayan sido asignados con independencia del prestador que les provea el servicio, así como de los planes o modalidad de contratación de dicho servicio.

 

En todo caso, la ejecución de esta obligación no justificará afectaciones en la calidad del servicio y los costos iniciales y de mantenimiento que se generen con ocasión de su implementación deberán ser sufragados por las y los prestadores involucrados.

 

 

CAPÍTULO III.- Ocupación de bienes

 

Artículo 101.- Derecho de ocupación.

Las y los prestadores de servicios tendrán derecho, en los términos de esta Ley, su Reglamento General y las regulaciones que se dicten para el efecto, a la ocupación de la propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para la instalación de la red, de acuerdo con lo previsto en el proyecto técnico presentado y siempre que no existan otras alternativas económicamente viables. Dicha ocupación se hará mediante acuerdo, por declaración de utilidad pública y expropiación realizada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones o mediante la declaración de servidumbre forzosa de paso u ocupación, para la instalación de infraestructura de redes de telecomunicaciones. Las y los prestadores de servicios deberán asumir los costos que implique el proceso de expropiación u ocupación de bienes.

 

También tendrán derecho a ocupar los bienes de dominio público, tanto de uso público como aquellos afectados al servicio público, cumpliendo para tal efecto con las regulaciones expedidas por las autoridades competentes en materia de uso del suelo y de ocupación y uso de la franja subyacente, dentro del derecho de vía, de las carreteras y tramos que conforman la red vial estatal.

 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá disponer la ocupación compartida, por parte de varios prestadores, de torres, instalaciones, inmuebles o cualquier otro elemento que sea susceptible de uso compartido, si fuese técnicamente viable y con ello se contribuye a disminuir o atenuar la contaminación visual generada por el despliegue aéreo de redes físicas.

 

Artículo 102.- Potestad expropiatoria.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá declarar la utilidad pública y proceder con la expropiación de los bienes de propiedad privada necesarios para la instalación de redes de telecomunicaciones o para el cumplimiento de sus funciones. Cuando la expropiación se realice para la instalación de redes de telecomunicaciones, se podrá dar en arriendo o transferir el bien al operador u operadores que lo requieran justificadamente.

 

Artículo 103.- Procedimiento.

A la declaratoria se adjuntará el informe técnicoeconómico correspondiente, el certificado vigente del registrador de la propiedad del cantón respectivo y la certificación de fondos acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios para proceder con la expropiación. La expropiación se tramitará de conformidad con las reglas y el procedimiento previsto en la Ley aplicable.

 

Artículo 104.- Uso y Ocupación de Bienes de Dominio Público.

Los gobiernos autónomos descentralizados en todos los niveles deberán contemplar las necesidades de uso y ocupación de bienes de dominio público que establezca la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y, sin perjuicio de cumplir con las normas técnicas y políticas nacionales, deberán coordinar con dicha Agencia las acciones necesarias para garantizar el tendido e instalación de redes que soporten servicios de telecomunicaciones en un medio ambiente sano, libre de contaminación y protegiendo el patrimonio tanto natural como cultural.

 

En el caso de instalaciones en bienes privados, las tasas que cobren los gobiernos autónomos descentralizados no podrán ser otras que las directamente vinculadas con el costo justificado del trámite de otorgamiento de los permisos de instalación o construcción.

 

Los gobiernos autónomos descentralizados no podrán establecer tasas por el uso de espacio aéreo regional, provincial o municipal vinculadas a transmisiones de redes de radiocomunicación o frecuencias del espectro radioeléctrico.

 

Artículo 105.- Servidumbre de Paso u Ocupación.

Toda persona que posea o controle un bien o infraestructura física necesaria para la prestación de servicios deberá permitir su utilización por parte de las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones que lo requieran, de forma igualitaria, transparente y no discriminatoria, siempre que tales bienes o infraestructuras sean necesarias por razones técnicas, económicas o legales.

 

Artículo 106.- Compartición de Infraestructura.

Las y los interesados podrán negociar y acordar las condiciones técnicas, económicas y legales para el uso de la infraestructura física, mediante la suscripción de un convenio de uso compartido de infraestructura física o de constitución de la servidumbre, de conformidad con las normas que resulten aplicables. El plazo para la negociación directa es de treinta (30) días contados a partir de la fecha de la petición realizada por el interesado.

 

Para su perfeccionamiento y entrada en vigencia, los convenios de uso compartido de infraestructura física o de constitución de la servidumbre deberán ser aprobados por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones e inscritos en el Registro Público de Telecomunicaciones.

 

No obstante, si no se ha llegado a un acuerdo en el plazo indicado en el párrafo anterior, el interesado podrá solicitar la intervención de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, la cual podrá, mediante resolución expedida en un plazo máximo de treinta (30) días, imponer una servidumbre forzosa de paso, uso, o uso compartido del bien o la infraestructura física, determinando las condiciones técnicas, jurídicas y económicas.

 

 

CAPÍTULO IV.- Recursos orbitales y servicios satelitales

 

Artículo 107.- Gestión ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Corresponde al Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información gestionar la asignación de posiciones orbitales geoestacionarias o satelitales ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones u otros organismos internacionales a favor de la República de Ecuador.

 

Artículo 108.- Regulación y control.

El uso del espectro radioeléctrico asociado a redes satelitales, así como la prestación de servicios realizada a través de tales redes serán administrados, regulados y controlados por el Estado.

 

Artículo 109.- Régimen de uso y de los servicios.

La provisión de capacidad satelital, la prestación de servicios de comunicaciones directas por satélites, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones y uso del espectro radioeléctrico asociado a redes satelitales se regirán por lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos y las regulaciones respectivas.

 

La prestación de servicios realizada a través de redes satelitales y el uso del espectro radioeléctrico asociado a satélites requerirán la obtención de los títulos habilitantes de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y normativa que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

 

TÍTULO XII.- SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN

 

CAPÍTULO ÚNICO.- Instalación de Infraestructura y Características Técnicas

 

Artículo 110.- Plazo para Instalar.

El plazo para la instalación y operación será de un año contado a partir de la fecha de suscripción del título habilitante respectivo; de no efectuarse la instalación, el título habilitante se revertirá al Estado, cumpliendo para el efecto el procedimiento de terminación establecido para el efecto.

 

Artículo 111.- Cumplimiento de Normativa.

Los equipos e infraestructura de las estaciones radiodifusoras de onda media, corta, frecuencia modulada, televisión abierta y sistemas de audio y video por suscripción deberán instalarse y operar de conformidad con lo dispuesto en la normativa que para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

Artículo 112.- Modificación del Título Habilitante.

Toda modificación respecto del título habilitante será autorizada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones mediante acto administrativo, siempre que la misma no modifique el objeto del título habilitante. No se requerirá la suscripción de un título modificatorio.

 

Artículo 113.- Compartición de Infraestructura.

Las y los prestadores de servicios de radiodifusión y televisión, incluyendo audio y vídeo por suscripción tienen la obligación de compartir la infraestructura relacionada con la prestación de servicios con sujeción a la normativa que para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

Artículo 114.- Características Técnicas.

Las características técnicas para la operación de los servicios de radiodifusión serán las que apruebe la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones en los procesos de adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación

 

Artículo 115.- Clasificación.

Las estaciones de radiodifusión y televisión abierta se clasificarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación.

 

TÍTULO XIII.-RÉGIMEN SANCIONATORIO

 

CAPÍTULO I.- Infracciones

 

Artículo 116.- Ámbito subjetivo y definición de la responsabilidad.

El control y el régimen sancionador establecido en este Título se aplicarán a las personas naturales o jurídicas que cometan las infracciones tipificadas en la presente Ley.

La imposición de las sanciones establecidas en la presente Ley no excluye o limita otras responsabilidades administrativas, civiles o penales previstas en el ordenamiento jurídico vigente y títulos habilitantes.

Si las infracciones establecidas en la presente ley constituyen también abuso del poder del mercado y/o prácticas restrictivas a la competencia, éstas podrán también ser sancionadas de acuerdo a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. No obstante, no podrán imponerse dos sanciones por una misma conducta. En tal caso, el organismo competente de sustanciar e imponer la sanción respectiva, será quien prevenga en el conocimiento de la causa.

 

Artículo 117.- Infracciones de primera clase.

a) Son infracciones de primera clase aplicables a personas naturales o jurídicas, no poseedoras de títulos habilitantes comprendidos en el ámbito de la presente Ley, las siguientes:

 

  1. La comercialización o la utilización de equipos terminales que no hayan sido homologados o no cumplan con las condiciones técnicas autorizadas.

 

  1. Suministrar al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información o a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones información inexacta o incompleta sobre aspectos que estos hayan solicitado, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos.

 

  1. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y su Reglamento; los planes, normas técnicas y resoluciones emitidas por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

b) Son infracciones de primera clase aplicables a poseedores de títulos habilitantes comprendidos en el ámbito de la presente Ley las siguientes:

 

  1. No informar a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones o a los usuarios sobre modificaciones en las tarifas en los plazos establecidos en esta Ley.

 

  1. La comercialización, instalación o activación de equipos, aparatos o terminales bloqueados que no puedan ser utilizados por los usuarios cuando deseen contratar el servicio con otro prestador o no puedan ser activados o utilizados en las redes de estos.

 

  1. La falta de notificación sobre la interrupción total o parcial del servicio por causas programadas o no programadas, de conformidad con el procedimiento que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones a tal efecto o que consten en los títulos habilitantes.

 

  1. No remitir a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones el listado contentivo del inventario de infraestructura de telecomunicaciones instalada y autorizada en los plazos establecidos por la referida entidad.

 

  1. La comercialización o permitir la utilización de equipos terminales que no hayan sido homologados o no cumplan con las condiciones técnicas autorizadas.

 

  1. Si las y los prestadores no informan sobre los cambios en las condiciones económicas, legales o técnicas de la interconexión dentro de treinta días hábiles.

 

  1. Suministrar al Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información o a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones información inexacta o incompleta sobre aspectos que estos hayan solicitado, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos.

 

  1. La instalación de infraestructura de telecomunicaciones, sin contar con dispositivos de seguridad humana, señalización para navegación aérea y rótulos de identificación o sin los instrumentos de medición debidamente identificados.

 

  1. No observar las políticas o normas establecidas en materia de mimetización, ordenamiento y soterramiento de redes.

 

  1. No notificar a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, para el registro correspondiente, el cambio de representante legal de las personas jurídicas habilitadas para la prestación de servicios de radiodifusión.

 

  1. No notificar a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones sobre los cambios realizados a los estatutos de la compañía habilitada para la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

 

  1. La realización de cambios o modificaciones técnicas a las estaciones para la prestación de servicios de radiodifusión o a las redes de telecomunicaciones, cuando afecten a la prestación del servicio, sin notificar previamente a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y obtener la autorización pertinente.

 

  1. No atender, en los plazos establecidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, los pedidos de ampliación de capacidad realizados por las prestadoras interconectadas a su red.

 

  1. Instalar o cambiar, sin autorización previa, los estudios principales o secundarios o transmisores de una estación para la prestación de servicios de radiodifusión dentro del área autorizada.

 

  1. No informar a los usuarios las tarifas aplicadas en la tasación y facturación de consumo de los servicios de telecomunicaciones.

 

  1. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y su Reglamento, los planes, normas técnicas y resoluciones emitidas por el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y las obligaciones incorporadas en los títulos habilitantes que no se encuentren señaladas como infracciones en dichos instrumentos.

 

Artículo 118.- Infracciones de segunda clase.

 

a) Son infracciones de segunda clase aplicables a personas naturales o jurídicas, no poseedoras de títulos habilitantes comprendidos en el ámbito de la presente Ley, las siguientes:

 

  1. Obstaculizar el ejercicio de las potestades de control, auditoría y vigilancia, por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones o negar el acceso de su personal debidamente identificado a las instalaciones, equipos o documentación que dicho organismo considere necesarios para el ejercicio de dichas potestades.

 

  1. Causar interferencias perjudiciales.

 

  1. No suministrar información o documentos previstos en esta Ley y sus reglamentos o solicitados por el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información o la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones en los términos y plazos fijados por estos.

 

  1. No acatar las resoluciones que se encuentren en firme en la vía administrativa, emitidas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones en los procedimientos administrativos sancionadores.

 

  1. La reincidencia en la comisión de cualquier infracción de primera clase dentro de un período de seis meses, contados a partir de la declaración del incumplimiento por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones mediante Resolución.

 

b) Son infracciones de segunda clase aplicables a poseedores de títulos habilitantes comprendidos en el ámbito de la presente Ley, las siguientes:

 

  1. Interrumpir de forma total o parcial el servicio, sin autorización o por causas imputables al prestador de servicios, conforme con lo establecido en la normativa secundaria y en los títulos habilitantes.
  2. Obstaculizar el ejercicio de las potestades de control, auditoría y vigilancia, por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones o negar el acceso de su personal debidamente identificado a las instalaciones, equipos o documentación que dicho organismo considere necesarios para el ejercicio de dichas potestades.

 

  1. Causar interferencias perjudiciales.

 

  1. Cobrar tarifas superiores a las pactadas con el usuario.

 

  1. Cobrar por servicios no contratados o no prestados.

 

  1. No disponer de servicios de información y asistencia para la atención de reclamos, de acuerdo con la normativa vigente y obligaciones incorporadas en los títulos habilitantes.

 

  1. La carencia de planes de contingencia en casos de desastres naturales o conmoción interna o no cumplir con los servicios requeridos en casos de emergencia, tales como llamadas de emergencia gratuitas, provisión de servicios auxiliares para seguridad ciudadana y cualquier otro servicio definido como servicio social o de emergencia por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

  1. Interconectarse sin cumplir con lo establecido en los acuerdos de interconexión previamente suscritos o lo dispuesto por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

  1. Realizar la interconexión sin la aprobación del acuerdo, orden o disposición de interconexión por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

  1. La suscripción de contratos de servicios con usuarios, utilizando modelos que no se sujeten a las condiciones generales o modelos no aprobados por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

  1. El incumplimiento de los valores objetivos de los parámetros de calidad contenidos en los títulos habilitantes, planes, normas técnicas y resoluciones emitidas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

  1. El incumplimiento de la obligación de prestar la portabilidad numérica en los términos y condiciones establecidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

  1. No suministrar información o documentos previstos en esta Ley y sus reglamentos o solicitados por el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información o la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en los términos y plazos fijados por estos.

 

  1. Condicionar la prestación del servicio de telecomunicaciones a la compra, arrendamiento o uso de equipos terminales del operador que preste el servicio o la contratación obligatoria de otros servicios ofrecidos por el mismo u otro prestador.

 

  1. La activación de terminales reportados como robados, incluyendo las activaciones realizadas por distribuidores o cualquier otro tipo de comercializadores autorizados por una operadora de telecomunicaciones.

 

  1. Instalar infraestructura de transmisión de servicios de radiodifusión fuera del área de cobertura autorizada.

 

  1. La suspensión de las transmisiones de los servicios de radiodifusión por más de ocho días, sin la obtención previa de la autorización correspondiente.

 

  1. Modificar unilateralmente los términos de los contratos de servicios que se suscriben con sus usuarios, así como dejar espacios en blanco en los contratos suscritos.

 

  1. Por falta de inicio de operaciones conforme con el plazo fijado en el título habilitante o en el Reglamento. En caso de no haberse fijado una fecha de inicio, en el lapso de un año contado a partir del otorgamiento y registro del título habilitante, con excepción de los servicios de radiodifusión.

 

  1. No prestar acceso gratuito a los servicios públicos de emergencia.

 

  1. Suspender la prestación de servicios de telecomunicaciones sin causa justificada, o suspender el servicio mientras se encuentra en trámite una reclamación presentada por el usuario.

 

  1. Incumplir las disposiciones y recomendaciones de los informes de auditoría realizados por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

  1. No acatar las resoluciones que se encuentren en firme en la vía administrativa, emitidas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones en los procedimientos administrativos sancionadores.

 

  1. El incumplimiento de normas sobre radiaciones no ionizantes.

 

  1. Retardar u obstaculizar injustificadamente la interconexión con otros operadores, previa determinación de la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones.

 

  1. Retardar u obstaculizar injustificadamente la compartición de infraestructura con otros prestadores, previa determinación de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

  1. No acatar ni cumplir a cabalidad las disposiciones de interconexión o de compartición de infraestructura emitidas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones en los términos y plazos establecidos por esta.

 

  1. Realizar la facturación y tasación, utilizando el sistema de redondeo de tarifas, sin observar el tiempo efectivo de uso.

 

  1. La reincidencia en la comisión de cualquier infracción de primera clase, dentro de un período de seis meses, contados a partir de la declaración del incumplimiento por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, mediante Resolución, o cuando son de cumplimiento semestral o anual, en dos períodos continuos.

 

Artículo 119.- Infracciones de Tercera Clase.

a) Son infracciones de tercera clase aplicables a personas naturales o jurídicas, no poseedoras de títulos habilitantes comprendidos en el ámbito de la presente Ley, las siguientes:

 

  1. Explotación o uso de frecuencias, sin la obtención previa del título habilitante o concesión correspondiente, así como la prestación de servicios no autorizados, de los contemplados en la presente Ley.

 

  1. No acatar ni cumplir a cabalidad las disposiciones de compartición de infraestructura emitidas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones en los términos y plazos establecidos por esta.

 

  1. El incumplimiento de disposiciones emitidas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones destinadas al cese de interferencias perjudiciales.

 

  1. La reincidencia en la comisión de cualquier infracción de segunda clase dentro de un período de seis meses, contados a partir de la declaratoria de incumplimiento por parte del Organismo de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, mediante Resolución.

 

b) Son infracciones de tercera clase aplicables a poseedores de títulos habilitantes comprendidos en el ámbito de la presente Ley, las siguientes:

 

  1. Cobrar tarifas por encima de los topes tarifarios aprobados por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

  1. Explotación o uso de frecuencias sin la obtención previa del título habilitante o concesión correspondiente, así como la prestación de servicios no autorizados por prestadores que posean títulos habilitantes para otros servicios.

 

  1. El incumplimiento de disposiciones emitidas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones destinadas al cese de interferencias perjudiciales.

 

  1. Causar la interrupción de servicios prestados por otros prestadores de manera deliberada.

 

  1. La reincidencia en la comisión de cualquier infracción de segunda clase dentro de un período de seis meses, contados a partir de la declaratoria de incumplimiento por parte del Organismo de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, mediante Resolución, o cuando son de cumplimiento semestral o anual, en dos períodos continuos.

 

Artículo 120.- Infracciones cuarta clase.

Constituyen infracciones de este tipo las siguientes conductas, aplicables a poseedores de títulos habilitantes comprendidos en el ámbito de la presente Ley:

 

  1. Ceder, enajenar, gravar o transferir de cualquier forma el título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones.

 

  1. La realización de operaciones que, de cualquier forma, impliquen cambio de control sobre el titular de un título habilitante, sin haber solicitado ni obtenido previamente la autorización de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, único ente autorizado para el efecto en los casos que sea procedente.

 

  1. Cuando el prestador de servicios de telecomunicaciones no implemente, en el plazo establecido por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, las recomendaciones expresas emitidas o dispuestas por esta para evitar o minimizar el uso de sus redes y servicios de telecomunicaciones como medio para la comisión de delitos.

 

  1. La mora en el pago de más de tres meses consecutivos de los derechos, tarifas, contribuciones y demás obligaciones económicas con la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y con el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, así como aquellas relacionadas con el cumplimiento de obligaciones de Servicio Universal, exigibles de conformidad con esta Ley, sus reglamentos y lo estipulado en los títulos habilitantes o contratos de concesión.

 

  1. La prestación de servicios en contra de la seguridad nacional.

 

  1. La reincidencia en la comisión de cualquier infracción de tercera clase dentro de un período de seis meses, contados a partir de la declaratoria de incumplimiento por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones mediante Resolución.

 

  1. Por suspender emisiones, de una estación del servicio de radiodifusión por más de noventa días consecutivos, sin autorización de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

 

CAPÍTULO II.- Sanciones

 

Artículo 121.- Clases.

Las sanciones para las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, televisión y audio y vídeo por suscripción, se aplicarán de la siguiente manera:

  1. Infracciones de primera clase.- La multa será de entre el 0,001% y el 0,03% del monto de referencia.

 

  1. Infracciones de segunda clase.- La multa será de entre el 0,031% al 0,07% del monto de referencia.

 

  1. Infracciones de tercera clase.- La multa será de entre el 0,071% y el 0,1 % del monto de referencia.

 

  1. Infracciones de cuarta clase.- La sanción será la revocatoria del título habilitante, con excepción de aquellas que se originen en tercera clase y que por reincidencia se establezcan como de cuarta clase en la que la multa será del 1% del monto de referencia.

 

Artículo 122.- Monto de referencia.

Para la aplicación de las multas establecidas en esta Ley, el monto de referencia se obtendrá con base en los ingresos totales del infractor correspondientes a su última declaración de Impuesto a la Renta, con relación al servicio o título habilitante del que se trate.

 

Únicamente en caso de que no se pueda obtener la información necesaria para determinar el monto de referencia y se justifique tal imposibilidad, las multas serán las siguientes:

 

a) Para las sanciones de primera clase, hasta cien Salarios Básicos Unificados del trabajador en general.

 

b) Para las sanciones de segunda clase, desde ciento uno hasta trescientos Salarios Básicos Unificados del trabajador en general.

 

c) Para las sanciones de tercera clase, desde trescientos uno hasta mil quinientos Salarios Básicos Unificados del trabajador en general.

 

d) Para las sanciones de cuarta clase, desde mil quinientos uno hasta dos mil Salarios Básicos Unificados del trabajador en general.

 

En caso de que no se pueda obtener la información necesaria para determinar el monto de referencia y se justifique tal imposibilidad, para los servicios de telecomunicaciones cuyo título corresponda a un registro de actividades, así como los servicios de radiodifusión y televisión y audio y vídeo por suscripción, aplicará el 5% de las multas referidas en los literales anteriores.

 

Artículo 123.- Destino de las multas.

Los montos derivados de la imposición de las multas establecidas en la presente Ley ingresarán al Presupuesto General del Estado.

 

Cuando las empresas públicas prestadoras de servicios comprendidos en el ámbito de la presente Ley sean sancionadas por cualquiera de las infracciones prescritas, ejercerán el derecho de repetición en contra del servidor público responsable de la acción u omisión que generó la imposición de la sanción. El trámite para repetir será el establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

En todos los casos no se exonerará las responsabilidades administrativas, civiles o penales, de haberlas.

 

Artículo 124.- Clausura de estaciones de radiodifusión.

Las estaciones de radiodifusión sonora y televisión que se instalen y operen y usen frecuencias del espectro radioeléctrico con tales fines sin la correspondiente habilitación, y en igual forma, en el caso de sistemas de audio y video por suscripción, aun cuando estos últimos no hagan uso de espectro radioeléctrico, sin la correspondiente habilitación, serán clausuradas con el apoyo de la autoridad competente de Policía Nacional de la respectiva jurisdicción donde se encuentre instalada la estación o el sistema.

 

 

CAPÍTULO III .-Procedimiento Sancionador, Medidas y Prescripción

 

Artículo 125.- Potestad sancionadora.

Corresponde a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones iniciar de oficio o por denuncia, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo destinado a la determinación de una infracción y, en su caso, a la imposición de las sanciones establecidas en esta Ley. La Agencia deberá garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa en todas las etapas del procedimiento sancionador.

 

El procedimiento sancionador establecido en este Capítulo no podrá ser modificado o alterado mediante estipulaciones contenidas en los títulos habilitantes. En caso de que algún título habilitante contemple tales modificaciones, estas se entenderán nulas y sin ningún valor.

 

Artículo 126.- Apertura.

Cuando se presuma la comisión de cualquiera de las infracciones establecidas en esta Ley, el Organismo Desconcentrado de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones emitirá el acto de apertura del procedimiento sancionador. Dicho acto deberá indicar (i) los hechos que presuntamente constituyen la infracción, (ii) la tipificación de las infracciones de las que se trate y las disposiciones presuntamente vulneradas, (iii) las posibles sanciones que procederían en caso de comprobarse su existencia, así como (iv) el plazo para formular los descargos.

 

En este acto de apertura, se deberá adjuntar el informe técnico-jurídico que sustente el mismo.

 

Artículo 127.- Pruebas.

El presunto infractor podrá presentar sus alegatos y descargos y aportar y solicitar las pruebas que considere necesarias para su defensa, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del acto de apertura del procedimiento. Vencido este lapso, se abrirá un período de quince días hábiles para la evacuación de las pruebas solicitadas. En caso de necesidad comprobada para la evacuación de pruebas por parte del presunto infractor o del Organismo Desconcentrado de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, se podrá prorrogar el lapso de evacuación de pruebas mediante acto debidamente motivado.

 

Se admitirán las pruebas permitidas por el ordenamiento jurídico vigente con excepción de la confesión judicial. Podrán declararse improcedentes aquellas pruebas que no sean pertinentes por su falta de relación con los hechos o que no puedan alterar la resolución final a favor del presunto infractor.

 

Artículo 128.- Potestades de investigación.

El Organismo Desconcentrado de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones tendrá potestades de investigación durante el procedimiento sancionador y podrá solicitar toda clase de información, inclusive aquella sometida a sigilo bancario, o requerir la colaboración de entes u órganos públicos o privados para la determinación de los hechos o de la existencia de la infracción.

 

Artículo 129.- Resolución.

El Organismo Desconcentrado de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, emitirá la resolución del procedimiento administrativo sancionador dentro de los veinte días hábiles siguientes al vencimiento del lapso de evacuación de pruebas.

 

El plazo para resolver podrá ser prorrogado motivadamente por una vez por un período igual al señalado en el párrafo anterior.

 

Artículo 130.- Atenuantes.

Para los fines de la graduación de las sanciones a ser impuestas o su subsanación se considerarán las siguientes circunstancias atenuantes:

 

  1. No haber sido sancionado por la misma infracción, con identidad de causa y efecto en los nueve meses anteriores a la apertura del procedimiento sancionador.

 

  1. Haber admitido la infracción en la sustanciación del procedimiento administrativo sancionatorio. En este caso, se deberá presentar un plan de subsanación, el cual será autorizado por la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones.

 

  1. Haber subsanado integralmente la infracción de forma voluntaria antes de la imposición de la sanción.

 

  1. Haber reparado integralmente los daños causados con ocasión de la comisión de la infracción, antes de la imposición de la sanción.

 

En caso de concurrencia, debidamente comprobada, de las circunstancias atenuantes 1, 3 y 4, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en los casos en los que considere aplicable, y previa valoración de la afectación al mercado, al servicio o a los usuarios,

podrá abstenerse de imponer una sanción, en caso de infracciones de primera y segunda clase. Esta disposición no aplica para infracciones de tercera y cuarta clase.

 

Artículo 131.- Agravantes.

En el ejercicio de su potestad sancionatoria, igualmente se deberán valorar las siguientes circunstancias agravantes:

 

  1. La obstaculización de las labores de fiscalización, investigación y control, antes y durante la sustanciación del procedimiento sancionatorio de la infracción sancionada.

 

  1. La obtención de beneficios económicos con ocasión de la comisión de la infracción.

 

  1. El carácter continuado de la conducta infractora.

 

Artículo 132.- Legitimidad, ejecutividad y medidas correctivas.

Los actos administrativos que resuelvan los procedimientos administrativos sancionadores se presumen legítimos y tienen fuerza ejecutiva una vez notificados. El infractor deberá cumplirlos de forma inmediata o en el tiempo establecido en dichos actos. En caso de que el infractor no cumpla voluntariamente con el pago de la multa impuesta, la multa se recaudará mediante el procedimiento de ejecución coactiva, sin perjuicio de la procedencia de nuevas sanciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

 

La imposición de recursos administrativos o judiciales contra las resoluciones de los procedimientos administrativos sancionadores no suspende su ejecución.

 

Además de la sanción impuesta, se podrá ordenar el cumplimiento de las obligaciones cuyo incumplimiento generó la sanción o las medidas correctivas adecuadas y proporcionales a los incumplimientos. Para tal efecto, podrá incluso solicitar el auxilio y colaboración de la fuerza pública o de otras entidades públicas.

 

En caso de que el infractor, dentro del plazo ordenado, no cumpla con lo resuelto en el procedimiento sancionador, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá, subsidiariamente, ejecutar lo resuelto y recuperar, vía ejecución coactiva en contra del infractor, los gastos en los que haya incurrido en la ejecución subsidiaria.

 

Adicionalmente, se podrá ordenar la reparación de los daños y perjuicios a terceros, tales como la devolución de valores indebidamente cobrados con sus respectivos intereses o la compensación a los abonados, clientes o usuarios por suspensión, interrupción o mala calidad del servicio.

 

Artículo 133.- Medidas preventivas.

Antes o en cualquier estado del procedimiento administrativo sancionador, podrá adoptar medidas preventivas, tales como la orden de cese de una conducta, la orden de permitir el acceso, la interconexión, la ocupación o el uso compartido, la suspensión del cobro de una tarifa, la suspensión de un servicio, entre otras.

 

Las medidas preventivas deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades del daño que se pretenda evitar.

 

Cuando la medida preventiva se adopte antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, dicha medida caducará si no se inicia el referido procedimiento en un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de su notificación.

 

Artículo 134.- Apelación.

La resolución del Organismo Desconcentrado de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones en el procedimiento administrativo sancionador, podrá ser recurrida administrativamente en apelación ante el Director Ejecutivo de dicha Agencia dentro del plazo de quince días hábiles de notificada.

 

Dicho funcionario tendrá el plazo de sesenta días hábiles para resolver y lo hará en mérito de los autos, sin más trámite. La apelación no suspenderá la ejecución del acto ni de las medidas que se hubieran adoptado u ordenado, salvo que el Director lo disponga cuando la ejecución del acto o las medidas pudieran causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

 

Artículo 135.- Prescripción.

La potestad administrativa para imponer las sanciones previstas en esta Ley prescribirá en un plazo de cinco años, contados desde el cometimiento de la infracción, o en su caso, desde el día en el que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones haya tenido conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción por cualquier medio. La ejecución de las sanciones administrativas impuestas, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, prescribirá a los cinco años contados desde el momento en que hayan quedado en firme.

 

 

CAPÍTULO IV.- Intervención y Reversión de Bienes por Revocatoria

 

Artículo 136.- Intervención.

Dentro del procedimiento administrativo sancionador por infracciones de cuarta clase o en los casos previstos en los títulos habilitantes que impliquen la sanción de revocatoria, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá ordenar la intervención del título habilitante, a fin de precautelar el interés público y garantizar la continuidad del servicio.

 

Artículo 137.- Procedimiento de intervención.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones establecerá el procedimiento administrativo de la intervención, sus efectos y alcances, designando para ello a un interventor que, conjuntamente con el órgano de dirección de la empresa, se encargará del cumplimiento de las obligaciones cuyo incumplimiento provocó el inicio del procedimiento sancionador y adoptará las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio. La intervención durará hasta que, a criterio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, y sobre la base de los informes del interventor, se haya remediado el incumplimiento o se haya garantizado la continuidad de los servicios, caso contrario se procederá con la revocatoria del título habilitante.

 

Artículo 138.- Reversión de bienes por revocatoria del título habilitante

La revocatoria del título habilitante para la prestación de un servicio de telecomunicaciones conlleva la reversión de los activos afectos a la prestación del servicio en los casos que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones lo determine. La resolución de revocatoria incluirá la orden de reversión de los bienes afectos a la prestación del servicio, que constituirá título traslativo de dominio de los bienes.

 

Para la determinación del monto que el Estado pagará al prestador de servicios por concepto de la reversión de los bienes afectos a la prestación del servicio, se atenderá al valor original de los bienes depreciados y amortizados, según información contable declarada por el prestador para el pago del impuesto a la renta.

 

Artículo 139.- Inhabilitación.

Las personas naturales o jurídicas que hayan sido objeto de una sanción de cuarta clase, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, que implique la revocatoria del título habilitante no podrán solicitar ni obtener títulos habilitantes para prestar servicios de telecomunicaciones o usar el espectro radioeléctrico.

 

 

TÍTULO XIV.- INSTITUCIONALIDAD PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL

 

 

CAPÍTULO I Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

 

 

Artículo 140.- Rectoría del sector.

El Ministerio encargado del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es el órgano rector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información, informática, tecnologías de la información y las comunicaciones y de la seguridad de la información. A dicho órgano le corresponde el establecimiento de políticas, directrices y planes aplicables en tales áreas para el desarrollo de la sociedad de la información, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento General y los planes de desarrollo que se establezcan a nivel nacional.

 

Los planes y políticas que dicte dicho Ministerio deberán enmarcarse dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y serán de cumplimiento obligatorio tanto para el sector público como privado.

 

 

Artículo 141.- Competencias del Órgano Rector.

Corresponde al órgano rector del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información:

 

  1. Ejercer, a nivel internacional, la representación del Estado ecuatoriano en materia de telecomunicaciones, espectro radioeléctrico y tecnologías de la información y las comunicaciones. El Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información ejerce la Administración de las Telecomunicaciones del Ecuador ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y demás organismos internacionales.

 

  1. Formular, dirigir, orientar y coordinar las políticas, planes y proyectos para la promoción de las tecnologías de la información y la comunicación y el desarrollo de las telecomunicaciones, así como supervisar y evaluar su cumplimiento.

 

  1. Formular, dirigir, orientar y coordinar las políticas públicas para la adecuada administración y gestión del espectro radioeléctrico con sujeción a la presente Ley.

 

  1. Promover, en coordinación con instituciones públicas o privadas, la investigación científica y tecnológica en telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación, así como la ejecución de los proyectos que la apoyen.

 

  1. Aprobar el Plan de Servicio Universal y definir los servicios de telecomunicaciones que se incluyen en el Servicio Universal.

 

  1. Realizar las contrataciones y procedimientos que sean necesarios para el cumplimiento del Plan de Servicio Universal y sus proyectos y emitir las instrucciones necesarias a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones para la inclusión de obligación de servicio universal en los títulos habilitantes.

 

  1. Coordinar y liderar el uso efectivo de las tecnologías de la información y comunicación en los organismos públicos.

 

  1. Gestionar la asignación de posiciones orbitales geoestacionarias o satelitales ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones u otros organismos internacionales a favor de la República de Ecuador.

 

  1. Determinar, para fines de cumplimiento de sus competencias, la información sectorial a requerir a las y los prestadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones.

 

  1. Establecer políticas y normas técnicas para la fijación de tasas o contraprestaciones en aplicación de los artículos 9 y 11 de esta Ley.

 

  1. Las demás establecidas en la presente Ley, su Reglamento General y en general en el ordenamiento jurídico vigente.

 

 

CAPÍTULO II.- Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

 

Artículo 142.- Creación y naturaleza.

Créase la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones es la entidad encargada de la administración, regulación y control de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico y su gestión, así como de los aspectos técnicos de la gestión de medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen y operen redes.

 

Artículo 143.- Domicilio y desconcentración.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones tendrá su sede en el Distrito Metropolitano de Quito, sin perjuicio del establecimiento de oficinas para gestión desconcentrada a fin de la promoción de la desconcentración administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. No obstante lo dispuesto en este artículo, no podrán desconcentrarse las competencias normativas.

 

Artículo 144.- Competencias de la Agencia.

Corresponde a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones:

 

  1. Emitir las regulaciones, normas técnicas, planes técnicos y demás actos que sean necesarios en el ejercicio de sus competencias, para que la provisión de los servicios de telecomunicaciones cumplan con lo dispuesto en la Constitución de la República y los objetivos y principios previstos en esta Ley, de conformidad con las políticas que dicte el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

 

  1. Elaborar, aprobar, modificar y actualizar el Plan Nacional de Frecuencias.

 

  1. Elaborar las propuestas de valoración económica para la asignación y uso, aprovechamiento y/o explotación del espectro radioeléctrico, tarifas por uso de frecuencias y derechos por otorgamiento y renovación de títulos habilitantes.

 

  1. Ejercer el control de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, incluyendo el servicio de larga distancia internacional, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y a lo establecido en los correspondientes títulos habilitantes.

 

  1. Ejercer el control técnico de los medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen y operen redes, tales como los de audio y video por suscripción.

 

  1. Controlar y monitorear el uso del espectro radioeléctrico.

 

  1. Normar, sustanciar y resolver los procedimientos de otorgamiento, administración y extinción de los títulos habilitantes previstos en esta Ley.

 

  1. Implementar, organizar y administrar el Registro Público de Telecomunicaciones.

 

  1. Autorizar la cesión, transferencia o enajenación de los títulos habilitantes de conformidad con lo establecido en esta Ley. Lo señalado en este numeral no aplica para los títulos habilitantes otorgados al amparo de la Ley Orgánica de Comunicación y su normativa de desarrollo.

 

  1. Regular y controlar las tarifas por la prestación de los servicios de telecomunicaciones de conformidad con esta Ley.

 

  1. Establecer los requisitos, contenidos, condiciones, términos y plazos de los títulos habilitantes.

 

  1. Establecer regulaciones generales o particulares cuando existan distorsiones a la competencia en los servicios de telecomunicaciones o afectación a los derechos de los abonados o usuarios, incluyendo reglas especiales a aquellos prestadores que, individual o colectivamente, cuenten con poder de mercado.

 

  1. Aprobar y registrar los acuerdos de interconexión y acceso y ordenar su modificación cuando sea necesario, de conformidad con esta Ley.

 

  1. Regular la interconexión y el acceso e intervenir en tales relaciones, así como emitir las correspondientes disposiciones de conformidad con esta Ley.

 

  1. Establecer y recaudar los derechos económicos por la prestación de servicios de telecomunicaciones y demás valores establecidos en esta Ley en el marco de sus competencias.

 

  1. Recaudar la contribución para la ejecución del servicio universal.

 

  1. Homologar los equipos terminales de telecomunicaciones y calificar los laboratorios de certificación técnica correspondientes.

 

  1. Iniciar y sustanciar los procedimientos administrativos de determinación de infracciones e imponer en su caso, las sanciones previstas en esta Ley.

 

  1. Ejercer, de conformidad con la Ley, la jurisdicción coactiva en todos los casos de su competencia.

 

  1. Autorizar, en el ámbito de su competencia, las operaciones que, de cualquier forma, impliquen un cambio en el control de las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento General y las normas que emita.

 

  1. Sustanciar y normar los procedimientos de atención de reclamos por violación a los derechos de los abonados y usuarios de los servicios de telecomunicaciones.

 

  1. Inspeccionar y fiscalizar la instalación, establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones y los sistemas de los medios de comunicación social que usen el espectro radioeléctrico, así como las redes de audio y vídeo por suscripción.

 

  1. Requerir a las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones cualquier información que considere conveniente, producida como consecuencia de la prestación de los servicios y ejecución de los títulos habilitantes dentro del ámbito de sus competencias.

 

  1. Evaluar y regular el comportamiento del mercado de telecomunicaciones, determinar la existencia de distorsiones que afecten la competencia o que vulneren los derechos de los abonados y usuarios, así como determinar la existencia de prestadores que, individual o conjuntamente, ejerzan poder de mercado.

 

  1. Realizar estudios sobre el sector de telecomunicaciones y mantener y publicar las estadísticas de dicho sector.

 

  1. Regular la ocupación de bienes e infraestructuras de propiedad privada para la instalación de redes de telecomunicaciones y emitir servidumbres de paso y ocupación, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

 

  1. Coordinar con las autoridades públicas competentes el acceso y ocupación de bienes de dominio público para alcanzar los objetivos de esta Ley.

 

  1. Establecer las regulaciones necesarias para garantizar la seguridad de las comunicaciones y la protección de datos personales.

 

  1. Regular y controlar las actividades relacionadas con el comercio electrónico y firma electrónica, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

 

  1. Ejercer todas las otras competencias previstas en esta Ley y que no han sido atribuidas al Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información ni en el ordenamiento jurídico vigente.

 

 

Artículo 145.- Directorio.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones tendrá un Directorio conformado por tres miembros que no tendrán relación de dependencia con esta entidad. Estará integrado por:

 

a) El Ministro rector de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, o su delegado permanente, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente;

 

b) El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado permanente; y,

 

c) Un miembro designado por el Presidente de la República.

 

La o el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones actuará como Secretario del Directorio y participará con voz pero sin voto.

 

Los miembros del Directorio o sus delegados permanentes y la o el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones deberán reunir las siguientes condiciones:

 

  1. Ser ecuatorianos o ecuatorianas.

 

  1. Tener título profesional de tercer nivel.

 

  1. No estar incursos en una prohibición para el ejercicio de un puesto o cargo público.

 

  1. Tener probada experiencia e idoneidad técnica y profesional en el sector de las telecomunicaciones.

 

Los miembros del Directorio o sus delegados permanentes y la o el Director Ejecutivo, para iniciar sus funciones deberán presentar una declaración juramentada de no mantener conflictos de intereses con prestadores de servicios de carácter privado, en los términos previstos en el artículo 232 de la Constitución de la República.

 

El Directorio sesionará en forma ordinaria al menos una vez al mes y en forma extraordinaria, cuando cualquiera de sus miembros o el Director Ejecutivo, en forma justificada lo solicite. La convocatoria la hará el Presidente del Directorio, quien además determinará los puntos a tratarse en las sesiones. Durante las sesiones, cualquiera de los miembros y la o el Director Ejecutivo podrán, motivadamente, solicitar el tratamiento de un asunto. Las demás normas relativas al funcionamiento del Directorio constarán en el Reglamento General de esta ley.

 

Artículo 146.- Atribuciones del Directorio.

Corresponde al Directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones:

 

  1. Aprobar las normas generales para el otorgamiento y extinción de los títulos habilitantes contemplados en esta Ley.

 

  1. Aprobar, modificar y actualizar el Plan Nacional de Frecuencias.

 

  1. Aprobar la valoración económica para la asignación y uso, aprovechamiento y/o explotación del espectro radioeléctrico, tarifas y derechos por otorgamiento y renovación de títulos habilitantes.

 

  1. Limitar, en cualquier momento, el número de concesiones a otorgarse para el uso, aprovechamiento y/o explotación del espectro radioeléctrico para telecomunicaciones, con el objeto de garantizar el uso racional o eficiente del espectro radioeléctrico, por razones económicas o para alcanzar un objetivo de interés público, en cuyo caso la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico deberá realizarse mediante procedimiento público competitivo.

 

  1. Aprobar la proforma presupuestaria e informe anual de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

  1. Aprobar el Plan Estratégico y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

  1. Aprobar los reglamentos previstos en esta Ley o los necesarios para su cumplimiento y los reglamentos internos para el funcionamiento de la Agencia.

 

  1. Designar a la Directora o Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones de una terna que presente el Presidente del Directorio, y removerlo de ser necesario.

 

  1. Aprobar los derechos económicos para el otorgamiento de títulos habilitantes para la prestación de servicios y por el uso, aprovechamiento y/o explotación del espectro radioeléctrico, así como las tasas por trámite establecidas en esta Ley; y,

 

  1. Las demás que consten en la presente Ley y en el ordenamiento jurídico vigente.

 

Artículo 147.- Director Ejecutivo.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones será dirigida y administrada por la o el Director Ejecutivo, de libre nombramiento y remoción del Directorio.

 

Con excepción de las competencias expresamente reservadas al Directorio, la o el Director Ejecutivo tiene plena competencia para expedir todos los actos necesarios para el logro de los objetivos de esta Ley y el cumplimiento de las funciones de administración, gestión, regulación y control de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico, así como para regular y controlar los aspectos técnicos de la gestión de medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen y operen redes, tales como los de audio y vídeo por suscripción.

Ejercerá sus competencias de acuerdo con lo establecido en esta Ley, su Reglamento General y las normas técnicas, planes generales y reglamentos que emita el Directorio y, en general, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

 

Artículo 148.- Atribuciones del Director Ejecutivo.

Corresponde a la Directora o Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones:

 

  1. Ejercer la dirección, administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia.

 

  1. Aprobar la planificación institucional de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

  1. Dirigir el procedimiento de sustanciación y resolver sobre el otorgamiento y extinción de los títulos habilitantes contemplados en esta Ley, tanto en otorgamiento directo como mediante concurso público, así como suscribir los correspondientes títulos habilitantes, de conformidad con esta Ley, su Reglamento General y los reglamentos expedidos por el Directorio.

 

  1. Aprobar la normativa para la prestación de cada uno de los servicios de telecomunicaciones, en los que se incluirán los aspectos técnicos, económicos, de acceso y legales, así como los requisitos, contenido, términos, condiciones y plazos de los títulos habilitantes y cualquier otro aspecto necesario para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

 

  1. Aprobar los planes técnicos fundamentales y sus posteriores modificaciones.

 

  1. Autorizar la cesión, transferencia o enajenación de los títulos habilitantes de conformidad con lo establecido en esta Ley y en el ordenamiento jurídico vigente.

 

  1. Autorizar las operaciones que, de cualquier forma, impliquen un cambio en el control de las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento General y las normas que emita.

 

  1. Conocer y resolver sobre los recursos de apelación presentados en contra de los actos emitidos por el Organismo Desconcentrado de la Agencia, dentro del procedimiento sancionador.

 

  1. Nombrar, contratar, suspender y remover el personal de la Agencia.

 

  1. Presentar la proforma presupuestaria e informe anual de la Agencia y someterlo a la aprobación del Directorio.

 

  1. Aprobar la normativa interna, suscribir los contratos y emitir los actos administrativos necesarios para el funcionamiento de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

  1. Delegar una o más de sus competencias a los funcionarios de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

  1. Recaudar los derechos económicos para el otorgamiento de títulos habilitantes para la prestación de servicios y por el uso, aprovechamiento y/o explotación del espectro radioeléctrico, así como las tasas por trámite establecidas en esta Ley.

 

  1. Recaudar la contribución para la ejecución del servicio universal.

 

  1. Presentar para aprobación del Directorio los proyectos de plan estratégico institucional y de estatuto orgánico por procesos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

  1. Ejercer las demás competencias establecidas en esta Ley o en el ordenamiento jurídico no atribuidas al Directorio.

 

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

Primera.- Procedimiento de consulta pública.

Para la emisión o modificación de planes o actos de contenido normativo, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones deberá realizar consultas públicas para recibir opiniones, recomendaciones y comentarios de las y los afectados o interesados, en forma física o por medios electrónicos. Las opiniones, sugerencias o recomendaciones que se formulen en el procedimiento de consulta pública no tendrán carácter vinculante.

 

En todos los casos para la expedición de actos normativos, se contará con estudios o informes que justifiquen su legitimidad y oportunidad.

 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones normará el procedimiento de consulta pública previsto en este artículo.

 

Segunda.- Consejo Consultivo.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, creará un Consejo Consultivo para la defensa de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones; su organización y funcionamiento estará sujeto a la normativa que para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Este Consejo está integrado por:

 

a) Un delegado del Directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, quien lo presidirá.

 

b) Un delegado de la Defensoría del Pueblo.

 

c) Un delegado de las empresas públicas, prestadoras de servicios de telecomunicaciones.

 

d) Un delegado de las empresas privadas, prestadoras de servicios de telecomunicaciones.

 

e) Un delegado de los usuarios de servicios de telecomunicaciones.

 

Los delegados mencionados en las letras c), d) y e) serán designados mediante colegios electorales, organizados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no percibirán remuneraciones ni dietas y durarán dos años en funciones.

 

Las recomendaciones que emita el Consejo Consultivo no tendrán el carácter de vinculante y se limitarán al ámbito de defensa de los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones.

 

Tercera.- Destino de los ingresos.

Los ingresos derivados del pago de derechos generados por el otorgamiento de títulos habilitantes en materia de telecomunicaciones y por el uso del espectro radioeléctrico, así como las contribuciones establecidas en esta Ley, ingresarán al Presupuesto General del Estado, con excepción de las tasas por servicios administrativos.

 

De igual manera, los saldos remanentes de los abonados o clientes, provenientes de las recargas, cuya devolución no haya sido solicitada en el plazo de noventa días contados a partir de la generación de la causal de devolución, serán transferidos por el prestador del servicio al Presupuesto General del Estado, cuando concluya la relación contractual de prestación del servicio, de conformidad con el procedimiento que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones para el efecto.

 

Cuarta.- Construcción y despliegue de infraestructura.

El Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información establecerá las políticas, disposiciones, cronogramas y criterios para el soterramiento de redes e infraestructura de telecomunicaciones.

 

Toda construcción de obras públicas o proyectos en los que el Gobierno Central solicite la remoción y reubicación de facilidades de utilidades públicas y que tenga como zona de incidencia o afectación las áreas incluidas en el plan de soterramiento y ordenamiento de redes e infraestructura de telecomunicaciones, deberá soterrarse u ordenarse.

 

A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, todos los proyectos viales y de desarrollo urbano y vivienda deberán prever obligatoriamente la construcción de ductos y cámaras para el soterramiento de las redes e infraestructura de telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD) y esta Ley.

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

Primera.- Los títulos habilitantes para la prestación de servicios de telecomunicaciones otorgados antes de la expedición de la presente Ley se mantendrán vigentes hasta el vencimiento del plazo de su duración sin necesidad de la obtención de un nuevo título. No obstante, las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán cumplir con todas las obligaciones y disposiciones contenidas en esta Ley, su Reglamento General, los planes, normas, actos y regulaciones que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. En caso de contradicción o divergencia entre lo estipulado en los títulos habilitantes y las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento General, incluyendo los actos derivados de su aplicación, prevalecerán estas disposiciones.

 

Segunda.- Los títulos habilitantes cuyo otorgamiento se encuentren en curso al momento de la promulgación de la presente Ley se tramitarán siguiendo los procedimientos previstos en la legislación anterior ante la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. No obstante, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones establecerá los contenidos, condiciones, términos y plazos de dichos títulos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.

 

Tercera.- Los juzgamientos administrativos iniciados con anterioridad al momento de la promulgación de esta Ley se tramitarán por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones siguiendo los procedimientos previstos en la legislación anterior y se aplicarán las sanciones vigentes a la fecha de la comisión de la infracción.

 

Cuarta.- El Presidente de la República, en el plazo de ciento ochenta días, expedirá el Reglamento General de la presente Ley.

 

Quinta.- La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, dentro del plazo de ciento ochenta días contados a partir de la publicación en el Registro Oficial de la presente Ley, adecuará formal y materialmente la normativa secundaria que haya emitido el CONATEL o el extinto CONARTEL y expedirá los reglamentos, normas técnicas y demás regulaciones previstas en esta Ley. En aquellos aspectos que no se opongan a la presente Ley y su Reglamento General, los reglamentos emitidos por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones se mantendrán vigentes, mientras no sean expresamente derogados por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

Sexta.- El Directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, con el propósito de mantener la continuidad de las actividades de regulación, administración, gestión y control, aprobará una estructura temporal de la Agencia, bajo las denominaciones que correspondan a la nueva institucionalidad.

Hasta que se designe a la o el Director Ejecutivo de la Agencia, el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información ejercerá dichas competencias.

 

Séptima.- Los servidores y trabajadores que venían prestando servicios en la Superintendencia de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones pasan a formar parte de la nómina de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, conservando sus derechos de conformidad con la ley. En ciento ochenta días hábiles, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones realizará un proceso de evaluación, racionalización y selección de talento humano y, de ser el caso, suprimirá puestos innecesarios y realizará la acciones necesarias de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Público, su Reglamento General y las normas aplicables.

 

Octava.- Dentro del plazo de hasta ciento ochenta días, contados a partir de la publicación de esta ley en el Registro Oficial las personas naturales poseedoras de títulos habilitantes del servicio de audio y vídeo por suscripción, podrán constituirse en una compañía mercantil la cual, previa autorización de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, pasará a ser titular de dicha habilitación en los términos y plazos previstos en el título original a nombre de la persona natural, para tales efectos, la Agencia elaborará el reglamento respectivo.

 

Novena.- Las empresas operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A., dentro del plazo de noventa días contados a partir de la fecha de publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, teniendo como antecedente las resoluciones emitidas por la extinguida Superintendencia de Telecomunicaciones relacionadas con las sanciones impuestas por “cobrar a sus abonados por la prestación del servicio de telefonía móvil celular, tarifas con facturación redondeada al minuto inmediatamente superior, esto es, por el tiempo no utilizado realmente por los usuarios” y frente a la imposibilidad de devolver a pedido de cada abonado lo cobrado indebidamente, deberán transferir dichos valores más los intereses legales a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, a fin de que los mismos ingresen al Presupuesto General del Estado.

 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones arbitrará las medidas que sean necesarias a fin de que la presente disposición se cumpla sin dilaciones.

 

 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

 

Primera.- Se deroga la Ley Especial de Telecomunicaciones y todas sus reformas y el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, la Ley de Radiodifusión y Televisión y su Reglamento General, así como las disposiciones contenidas en reglamentos, ordenanzas y demás normas que se opongan a la presente Ley.

 

Segunda.- Se deroga el Mandato Constituyente No. 10, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 348, de 29 de mayo de 2008, y la Ley Orgánica Reformatoria al Mandato Constituyente No. 10, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 37, de 30 de septiembre de 2009.

 

 

DISPOSICIONES FINALES

 

Primera.- Se suprime la Superintendencia de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y la Secretaría Nacional  de Telecomunicaciones. Las partidas presupuestarias, los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos, así como los derechos y obligaciones derivados de contratos, convenios e instrumentos nacionales e internacionales correspondientes a dichas entidades, pasan a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Los derechos y obligaciones derivados de contratos, convenios e instrumentos nacionales e internacionales relacionados con la planificación del uso del espectro radioeléctrico, así como la elaboración del Plan Nacional de Frecuencias, son asumidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

Segunda.- El Superintendente de Telecomunicaciones y la o el Secretario Nacional de Telecomunicaciones, en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Final Primera, cesarán en funciones a partir de la publicación de la presente Ley en el Registro Oficial; en tal razón, se declara concluido el período para el cual fueron designados.

 

Tercera.- La representación del Estado ecuatoriano ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es asumida por el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la que contará con el asesoramiento técnico–regulatorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, a cuyo efecto se realizarán las coordinaciones pertinentes.

 

Cuarta.- La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ejercerá las funciones de regulación, control y administración atribuidas al Consejo              Nacional de Telecomunicaciones, Superintendencia de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Telecomunicaciones en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, su Reglamento General y demás normativa.

 

Quinta.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los diez días del mes de febrero de dos mil quince.

 

 

GABRIELA RIVADENEIRA BURBANO, Presidenta.

 

 

DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ, Secretaria General.

12Sep/16

Ley 170 Acuerdo “La Organización Mundial del Comercio Electrónico”

Ley 170, de 15 de diciembre de 1994 por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se establece “La Organización Mundial del Comercio Electrónico” suscrito en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994.

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

RONDA URUGUAY

ACTA FINAL

MARRAKECH, 15 DE ABRIL DE 1994

NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES

Comité de Negociaciones Comerciales

ACTA FINAL EN QUE SE INCORPORAN LOS RESULTADOS
DE LA RONDA URUGUAY DE NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES

Marrakech, 15 de abril de 1994

LISTA DE ABREVIATURAS

Acuerdo sobre la OMC:
Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio
ADPIC:
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio
AGCS:
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios AMF: Acuerdo relativo al
Comercio Internacional de los Textiles
Banco Mundial:
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
CCA:
Consejo de Cooperación
Aduanera Entendimiento sobre Solución de Diferencias/
ESD:
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige
la solución de diferencias
FAO:
Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FMI:
Fondo Monetario Internacional
GATT:
de 1994 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
GPE:
Grupo Permanente de Expertos (en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias)
IBDD:
Instrumentos Básicos y
Documentos Diversos (serie publicada por el GATT)
ISO:
Organización Internacional de Normalización
ISO/CEI:
ISO/Comisión Electrotécnica Internacional
MEPC:
Mecanismo de Examen de las
Políticas Comerciales
MGA:
Medida Global de la Ayuda (en
el Acuerdo sobre la Agricultura)

MIC:
Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio

OEPC:
Órgano de Examen de las
Políticas Comerciales
OMC:
Organización Mundial del Comercio
OSD:
Órgano de Solución de Diferencias
OST:
Órgano de Supervisión de los Textiles
OVT:
Órgano de Vigilancia de los
Textiles
SA:
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
SGE:
Salvaguardia especial (en el Acuerdo sobre la Agricultura)
Secretaría:
Secretaría de la Organización Mundial del Comercio
Secretaría del CCA:
Secretaría del Consejo de Cooperación Aduanera
SMC:
Subvenciones y Medidas Compensatorias
TE:
Trato especial (en el Anexo 5 del Acuerdo sobre la Agricultura)

ACTA FINAL EN QUE SE INCORPORAN LOS RESULTADOS
DE LA RONDA URUGUAY DE NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES

1. Habiéndose reunido con objeto de concluir la Ronda
Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, los representantes
de los gobiernos y de las Comunidades Europeas, miembros del Comité de
Negociaciones Comerciales, convienen en que el Acuerdo por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio (denominado en la
presente Acta Final “Acuerdo sobre la OMC”), las Declaraciones y
Decisiones Ministeriales y el Entendimiento relativo a los compromisos
en materia de servicios financieros, anexos a la presente Acta,
contienen los resultados de sus negociaciones y forman parte integrante
de esta Acta Final.

2. Al firmar la presente Acta Final, los
representantes acuerdan:

a. someter, según corresponda, el Acuerdo sobre la OMC
a la consideración de sus respectivas autoridades competentes con el fin
de recabar de ellas la aprobación de dicho Acuerdo de conformidad con
los procedimientos que correspondan; y

b. adoptar las Declaraciones y Decisiones
Ministeriales.

3. Los representantes convienen en que es deseable que
todos los participantes en la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales
Multilaterales (denominados en la presente Acta Final “participantes”)
acepten el Acuerdo sobre la OMC con miras a que entre en vigor el 1º de
enero de 1995, o lo antes posible después de esa fecha. No más tarde de
finales de 1994, los Ministros se reunirán, de conformidad con el
párralo final de la Declaración Ministerial de Punta del Este, para
decidir acerca de la aplicación internacional de los resultados y la
fecha de su entrada en vigor.

4. Los representantes convienen en que el Acuerdo
sobre la OMC estará abierto a la aceptación corno un todo, mediante
firma o formalidad de otra clase, de todos los participantes, de
conformidad con su artículo XIV. La aceptación y entrada en vigor de los
Acuerdos Comerciales Plurilaterales incluidos en el Anexo 4 del Acuerdo
sobre la OMC se regirán por las disposiciones de cada Acuerdo Comercial
Plurilateral.

5. Antes de aceptar el Acuerdo sobre la OMC, los
participantes que no sean partes contratantes del Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio deberán haber concluido las negociaciones para su
adhesión al Acuerdo General y haber pasado a ser partes contratantes del
mismo. En el caso dé los participantes que no sean partes contratantes
del Acuerdo General en la fecha del Acta Final, las Listas no se
consideran definitivas y se completarán posteriormente a efectos de la
adhesión de dichos participantes al Acuerdo General y de la aceptación
por ellos del Acuerdo sobre la OMC.

6. La presente Acta Final y los textos anexos a la
misma quedarán depositados en poder del Director General de las partes
contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio,
que remitirá con prontitud copia autenticada de los mismos a cada
participante.

HECHA en Marrakech
el quince de abril de mil novecientos noventa y cuatro

en un solo ejemplar y en los idiomas español, francés e inglés, siendo
cada texto igualmente auténtico.

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO

Las Partes en el presente Acuerdo,

Reconociendo que sus relaciones en la esfera de la
actividad comercial y económica deben tender a elevar los niveles de
vida, a lograr el pleno empleo y un volumen considerable y en constante
aumento de ingresos reales y demanda efectiva y a acrecentar la
producción y el comercio de bienes y servicios, permitiendo al mismo
tiempo la utilización óptima de los recursos mundiales de conformidad
con el objetivo de un desarrollo sostenible y procurando proteger y
preservar el medio ambiente e incrementar los medios para hacerlo, de
manera compatible con sus respectivas necesidades e intereses según los
diferentes niveles de desarrollo económico,

Reconociendo además que es necesario realizar
esfuerzos positivos para que los países en desarrollo, y especialmente
los menos adelantados, obtengan una parte del incremento del comercio
internacional que corresponda a las necesidades de su desarrollo
económico,

Deseosas de contribuir al logro de estos objetivos
mediante la celebración de acuerdos encaminados a obtener, sobre la base
de la reciprocidad y de mutuas ventajas, la reducción sustancial de los
aranceles aduaneros y de los demás obstáculos al comercio, así como la
eliminación del trato discriminatorio en las relaciones comerciales
internacionales,

Resueltas, por consiguiente, a desarrollar un sistema
multilateral de comercio integrado, más viable y duradero que abarque el
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, los resultados de
anteriores esfuerzos de liberalización del comercio y los resultados
integrales de las Negociaciones Comerciales Multilaterales de la Ronda
Uruguay,

Decididas a preservar los principios fundamentales y a
favorecer la consecución de los objetivos que informan este sistema
multilateral de comercio,

Acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO I. – ESTABLECIMIENTO DE LA
ORGANIZACIÓN.

Se establece por el presente Acuerdo la Organización
Mundial del Comercio (denominada en adelante “OMC”).

ARTÍCULO II.- AMBITO DE LA OMC.

1. La OMC constituirá el marco institucional común
para el desarrollo de las relaciones comerciales entre sus Miembros en
los asuntos relacionados con los acuerdos e instrumentos jurídicos
conexos incluidos en los Anexos del presente Acuerdo.

2. Los acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos
incluidos en los Anexos 1, 2 y 3 (denominados en adelante ” Acuerdos
Comerciales Multilaterales”) forman parte integrante del presente
Acuerdo y son vinculantes para todos sus Miembros.

3. Los acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos
incluidos en el Anexo 4 (denominados en adelante “Acuerdos Comerciales
Plurilaterales”) también forman parte del presente Acuerdo para los
Miembros que los hayan aceptado, y son vinculantes para éstos. Los
Acuerdos Comerciales Plurilaterales no crean obligaciones ni derechos
para los Miembros que no los hayan aceptado.

4. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994 según se especifica en el Anexo 1A (denominado en
adelante “GATT de 1994”) es jurídicamente distinto del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de fecha 30 de octubre de 1947,
anexo al Acta Final adoptada al término del segundo período de sesiones
de la Comisión Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Empleo, posteriormente rectificado, enmendado o
modificado (denominado en adelante “GATT de 1947”).

ARTÍCULO III.- FUNCIONES DE LA OMC.

1. La OMC facilitará la aplicación, administración y
funcionamiento del presente Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales
Multilaterales y favorecerá la consecución de sus objetivos, y
constituirá también el marco para la aplicación, administración y
funcionamiento de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales.

2. La OMC será el foro para las negociaciones entre
sus Miembros acerca de sus relaciones comerciales multilaterales en
asuntos tratados en el marco de los acuerdos incluidos en los Anexos del
presente Acuerdo. La OMC podrá también servir de foro para ulteriores
negociaciones entre sus Miembros acerca de sus relaciones comerciales
multilaterales, y de marco para la aplicación de los resultados de esas
negociaciones, según decida la Conferencia Ministerial.

3.  La OMC administrará el Entendimiento relativo a
las normas y procedimientos por los que se rige la solución de
diferencias (denominado en adelante “Entendimiento sobre Solución de
Diferencias” o “ESD”) que figura en el Anexo 2 del presente Acuerdo.

4. La OMC administrará el Mecanismo de Examen de las
Políticas Comerciales (denominado en adelante “MEPC”) establecido en el
Anexo 3 del presente Acuerdo.

5. Con el fin de lograr una mayor coherencia en la
formulación de las políticas económicas a escala mundial, la OMC
cooperará, según proceda, con el Fondo Monetario Internacional y con el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y sus organismos
conexos.

ARTÍCULO IV.- ESTRUCTURA DE LA OMC.

1. Se establecerá una Conferencia Ministerial,
compuesta por representantes de todos los Miembros, que se reunirá por
lo menos una vez cada dos años. La Conferencia Ministerial desempeñará
las funciones de la OMC y adoptará las disposiciones necesarias a tal
efecto. La Conferencia Ministerial tendrá la facultad de adoptar
decisiones sobre todos los asuntos comprendidos en el ámbito de
cualquiera de los Acuerdos
Comerciales Multilaterales, si así se lo pide un Miembro, de conformidad
con las prescripciones concretas que en materia de adopción de
decisiones se establecen en el presente Acuerdo y en el Acuerdo
Comercial Multilateral correspondiente.

2. Se establecerá un Consejo General, compuesto por
representantes de todos los Miembros, que se reunirá según proceda. En
los intervalos entre reuniones de la Conferencia Ministerial,
desempeñará las funciones de ésta el Consejo General. El Consejo General
cumplirá también las funciones que se le atribuyan en el presente
Acuerdo. El Consejo General establecerá sus normas de procedimiento y
aprobará las de los Comités previstos en el párrafo 7.

3. El Consejo General se reunirá según proceda para
desempeñar las funciones del Órgano de Solución de Diferencias
establecido en el Entendimiento sobre Solución de Diferencias. El Órgano
de Solución de
Diferencias podrá tener su propio presidente y establecerá las normas de
procedimiento que considere necesarias para el cumplimiento de dichas
funciones.

4. El Consejo General se reunirá según proceda para
desempeñar las funciones del Órgano de Examen de las Políticas
Comerciales establecido en el MEPC. El Órgano de Examen de las Políticas
Comerciales podrá tener su propio presidente y establecerá las normas de
procedimiento que considere necesarias para el cumplimiento de dichas
funciones.

5. Se establecerán un Consejo del Comercio de
Mercancías, un Consejo del Comercio de Servicios y un Consejo de los
Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el
Comercio (denominado en adelante “Consejo de los ADPIC”), que
funcionarán bajo la orientación general del Consejo General. El Consejo
del Comercio de Mercancías supervisará el funcionamiento de los Acuerdos
Comerciales Multilaterales del Anexo 1A. El Consejo del Comercio de
Servicios supervisará el funcionamiento del Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios (denominado en adelante “AGCS”).  El Consejo
de los ADPIC supervisará el funcionamiento del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (denominado en adelante “Acuerdo
sobre los ADPIC
“). Estos
Consejos desempeñarán las funciones a ellos atribuidas en los
respectivos Acuerdos y por el Consejo General. Establecerán sus
respectivas normas de procedimiento, a reserva de aprobación por el
Consejo General. Podrán formar parte de estos Consejos representantes de
todos los Miembros. Estos Consejos se reunirán según sea necesario para
el desempeño de sus funciones.

6. El Consejo del Comercio de Mercancías, el Consejo
del Comercio de Servicios y el Consejo de los ADPIC establecerán los
órganos subsidiarios que sean necesarios. Dichos órganos subsidiarios
establecerán sus respectivas normas de procedimiento a reserva de
aprobación por los Consejos correspondientes.

7. La Conferencia Ministerial establecerá un Comité de
Comercio y Desarrollo, un Comité de Restricciones por Balanza de Pagos y
un Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos, que
desempeñarán las funciones a ellos atribuidas en el presente Acuerdo y
en los Acuerdos Comerciales Multilaterales, así como las funciones
adicionales que les atribuya el Consejo General, y podrá establecer
Comités adicionales con las funciones que estime apropiadas. El Comité
de Comercio y Desarrollo examinara periódicamente, como parte de sus
funciones, las disposiciones especiales en favor de los países menos
adelantados Miembros contenidas en los Acuerdos Comerciales
Multilaterales y presentará informe al Consejo General para la adopción
de disposiciones apropiadas. Podrán formar parte de estos Comités
representantes de todos los Miembros.

8. Los órganos establecidos en virtud de los Acuerdos
Comerciales Plurilaterales desempeñarán las funciones a ellos atribuidas
en virtud de dichos Acuerdos y funcionarán dentro del marco
institucional de la OMC. Dichos órganos informarán regularmente al
Consejo General sobre sus respectivas actividades.

ARTÍCULO V.- RELACIONES CON OTRAS
ORGANIZACIONES.

1. El Consejo General concertará acuerdos apropiados
de cooperación efectiva con otras organizaciones intergubernamentales
que tengan responsabilidades afines a las de la OMC.

2. El Consejo General podrá adoptar disposiciones
apropiadas para la celebración de consultas y la cooperación con
organizaciones no gubernamentales que se ocupen de cuestiones afines a
las de la OMC.

ARTÍCULO VI.- LA SECRETARÍA

1. Se establecerá una Secretaría de la OMC (denominada
en adelante la “Secretaria”) dirigida por un Director General.

2. La Conferencia Ministerial nombrará al Director
General y adoptará un reglamento que estipule las facultades, los
deberes, las condiciones de servicio y la duración del mandato del
Director General.

3. El Director General nombrará al personal de la
Secretaria y determinará sus deberes y condiciones de servicio de
conformidad con los reglamentos que adopte la Conferencia Ministerial.

4. Las funciones del Director General y del personal
de la Secretaria serán de carácter exclusivamente internacional. En el
cumplimiento de sus deberes, el Director General y el personal de la
Secretaria no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno
ni de ninguna otra autoridad ajena a la OMC y se abstendrán de realizar
cualquier acto que pueda ser incompatible con su condición de
funcionarios internacionales. Los Miembros de la OMC respetarán el
carácter internacional de las funciones del Director General y del
personal de la Secretaria y no tratarán de influir sobre ellos en el
cumplimiento de sus deberes.

ARTÍCULO VII.- PRESUPUESTO Y CONTRIBUCIONES

1. El Director General presentará al Comité de Asuntos
Presupuestarios, Financieros y Administrativos el proyecto de
presupuesto y el estado financiero anuales de la OMC. El Comité de
Asuntos Presupuestarios,
Financieros y Administrativos examinará el proyecto de presupuesto y el
estado financiero anuales presentados por el Director General y
formulará al respecto recomendaciones al Consejo General. El proyecto de
presupuesto anual estará sujeto a la aprobación del Consejo General.

2. El Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y
Administrativos propondrá al Consejo General un reglamento financiero
que comprenderá disposiciones en las que se establezcan:

a) la escala de contribuciones por la que se
prorrateen los gastos de la OMC entre sus Miembros; y

b) las medidas que habrán de adoptarse con respecto a
los Miembros con atrasos en el pago.

El reglamento financiero se basará, en la medida en
que sea factible, en las disposiciones y prácticas del GATT de 1947.

3. El Consejo General adoptará el reglamento
financiero y el proyecto de presupuesto anual por una mayoría de dos
tercios que comprenda más de la mitad de los Miembros de la OMC.

4. Cada Miembro aportará sin demora a la OMC la parte
que le corresponda en los gastos de la Organización de conformidad con
el reglamento financiero adoptado por el Consejo General.

ARTÍCULO VIII.- CONDICIÓN JURÍDICA DE LA OMC.

1. La OMC tendrá personalidad jurídica, y cada uno de
sus Miembros le conferirá la capacidad jurídica necesaria para el
ejercicio de sus funciones.

2. Cada uno de los Miembros conferirá a la OMC los
privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio de sus funciones.

3. Cada uno de los Miembros conferirá igualmente a los
funcionarios de la OMC y a los representantes de los Miembros los
privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio independiente de
sus funciones
en relación con la OMC.

4. Los privilegios e inmunidades que ha de otorgar un
Miembro a la OMC, a sus funcionarios y a los representantes de sus
Miembros serán similares a los privilegios e inmunidades estipulados en
la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos
Especializados, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 21 de noviembre de 1947.

5. La OMC podrá celebrar un acuerdo relativo a la
sede.

ARTÍCULO IX.- ADOPCIÓN DE DECISIONES.

1. La OMC mantendrá la práctica de adopción de
decisiones por consenso seguida en el marco del GATT de 1947.
(1)

Salvo disposición en contrario, cuando no se pueda
llegar a una decisión por consenso la cuestión objeto de examen se
decidirá mediante votación. En las reuniones de la Conferencia
Ministerial y del Consejo General, cada Miembro de la OMC tendrá un
voto. Cuando las Comunidades Europeas ejerzan su derecho de voto,
tendrán un número de votos igual al número de sus Estados miembros
(2)

que sean Miembros de la OMC. Las decisiones de la
Conferencia Ministerial y del Consejo General se adoptarán por mayoría
de los votos emitidos, salvo que se disponga lo contrario en el presente
Acuerdo o en el A cuerdo Comercial Multilateral correspondiente.
(3)

2. La Conferencia Ministerial y el Consejo General tendrán la facultad
exclusiva de adoptar interpretaciones del presente Acuerdo y de los
Acuerdos Comerciales Multilaterales. En el caso de una interpretación de
un Acuerdo Comercial Multilateral del Anexo 1, ejercerán dicha facultad
sobre la base de una recomendación del Consejo encargado de supervisar
el funcionamiento de ese Acuerdo. La decisión de adoptar una
interpretación se tomará por mayoría de tres cuartos de los Miembros. El
presente párrafo no se aplicará de manera que menoscabe las
disposiciones en materia de enmienda establecidas en el artículo X.

3. En circunstancias excepcionales, la Conferencia Ministerial podrá
decidir eximir a un Miembro de una obligación impuesta por el presente
Acuerdo o por cualquiera de los Acuerdos Comerciales Multilaterales, a
condición de que tal decisión sea adoptada por tres cuartos
(4)

de los Miembros, salvo que se disponga lo contrario
en el presente párrafo.

a) Las solicitudes de exención con respecto al
presente Acuerdo se presentarán a la Conferencia Ministerial para que
las examine con arreglo a la práctica de adopción de decisiones por
consenso. La Conferencia Ministerial establecerá un plazo, que no
excederá de 90 días, para examinar la solicitud. Si durante dicho plazo
no se llegara a un consenso, toda decisión de conceder una exención se
adoptará por tres cuartos (4)
de los Miembros.

b) Las solicitudes de exención con respecto a los
Acuerdos Comerciales Multilaterales de los Anexos 1A, 1B o 1C y a sus
Anexos se presentarán inicialmente al Consejo del Comercio de
Mercancías, al Consejo del
Comercio de Servicios o al Consejo de los ADPIC, respectivamente, para
que las examinen dentro de un plazo que no excederá de 90 días. Al final
de dicho plazo, el Consejo correspondiente presentará un informe a la
Conferencia Ministerial.

4. En toda decisión de la Conferencia Ministerial por
la que se otorgue una exención se indicarán las circunstancias
excepcionales que justifiquen la decisión, los términos y condiciones
que rijan la aplicación de la exención y la fecha de expiración de ésta.
Toda exención otorgada por un período de más de un año será objeto de
examen por la Conferencia Ministerial a más tardar un año después de
concedida, y posteriormente una vez al año hasta que quede sin efecto.
En cada examen, la Conferencia Ministerial comprobará si subsisten las
circunstancias excepcionales que justificaron la exención y si se han
cumplido los términos y condiciones a que está sujeta. Sobre la base del
examen anual, la Conferencia Ministerial podrá prorrogar, modificar o
dejar sin efecto la exención.

5. Las decisiones adoptadas en el marco de un Acuerdo
Comercial Plurilateral, incluidas las relativas a interpretaciones y
exenciones, se regirán por las disposiciones de ese Acuerdo.

ARTÍCULO X.- ENMIENDAS.

1. Todo Miembro de la OMC podrá promover una propuesta
de enmienda de las disposiciones del presente Acuerdo o de los Acuerdos
Comerciales Multilaterales del Anexo 1 presentándola a la Conferencia
Ministerial. Los Consejos enumerados en el párrafo 5 del artículo IV
podrán también presentar a la Conferencia Ministerial propuestas de
enmienda de las disposiciones de los correspondientes Acuerdos
Comerciales Multilaterales del Anexo 1 cuyo funcionamiento supervisen.
Salvo que la Conferencia Ministerial decida un período más extenso,
durante un período de 90 días contados a partir de la presentación
formal de la propuesta en la Conferencia Ministerial toda decisión de la
Conferencia Ministerial de someter a la aceptación de los Miembros la
enmienda propuesta se adoptará por consenso. A menos que sean aplicables
las disposiciones de los párrafos 2, 5 ó 6, en esa decisión se
especificará si se aplicarán las disposiciones de los párrafos 3 ó 4. Si
se llega a un consenso, la Conferencia Ministerial someterá de inmediato
a la aceptación de los Miembros la enmienda propuesta. De no llegarse a
un consenso en una reunión celebrada por la Conferencia Ministerial
dentro del periodo establecido, la Conferencia Ministerial decidirá por
mayoría de dos tercios de los Miembros si someterá o no a la aceptación
de los Miembros la enmienda propuesta. A reserva de lo dispuesto en los
párrafos 2, 5 y 6, serán aplicables a la enmienda propuesta las
disposiciones del párrafo 3, a menos que la Conferencia Ministerial
decida por mayoría de tres cuartos de los Miembros que se aplicarán las
disposiciones del párrafo 4.

2. Las enmiendas de las disposiciones del presente
articulo y de las disposiciones de los artículos que se enumeran a
continuación surtirán efecto únicamente tras su aceptación por todos los
Miembros:
Articulo IX del presente Acuerdo;
Artículos I y II del GATT de 1994;
Artículo II, párrafo 1, del AGCS;
Articulo 4 del

Acuerdo sobre los ADPIC

3. Las enmiendas de las disposiciones del presente
Acuerdo o de los Acuerdos Comerciales Multilaterales de los Anexos IA y
1C no comprendidas entre las enumeradas en los párrafos 2 y 6, que por
su naturaleza
puedan alterar los derechos y obligaciones de los Miembros, surtirán
efecto para los Miembros que las hayan aceptado tras su aceptación por
dos tercios de los Miembros, y después, para cada uno de los demás
Miembros, tras su aceptación por él. La Conferencia Ministerial podrá
decidir, por mayoría de tres cuartos de los Miembros, que una enmienda
hecha efectiva en virtud del presente párrafo es de tal naturaleza que
todo Miembro que no la haya aceptado dentro del plazo fijado en cada
caso por la Conferencia Ministerial podrá retirarse de la OMC o seguir
siendo Miembro con el consentimiento de la Conferencia Ministerial.

4. Las enmiendas de las disposiciones del presente
Acuerdo o de los Acuerdos Comerciales Multilaterales de los Anexos 1A y
1C no comprendidas entre las enumeradas en los párrafos 2 y 6, que por
su naturaleza
no puedan alterar los derechos y obligaciones de los Miembros, surtirán
efecto para todos los Miembros tras su aceptación por dos tercios de
éstos.

5. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2 supra,
las enmiendas de las Partes I, II y III del AGCS y de los
correspondientes Anexos surtirán efecto para los Miembros que las hayan
aceptado tras su aceptación por DOS tercios de los Miembros, y después,
para cada Miembro, tras su aceptación por él. La Conferencia Ministerial
podrá decidir, por mayoría de tres cuartos de los Miembros, que una
enmienda hecha efectiva en virtud de la precedente disposición es de tal
naturaleza que todo Miembro que no la haya aceptado dentro del plazo
fijado en cada caso por la Conferencia Ministerial podrá retirarse de la
OMC o seguir siendo Miembro con el consentimiento de la Conferencia
Ministerial. Las enmiendas de las Partes IV, V y VI del AGCS y de los
correspondientes Anexos surtirán efecto para todos los Miembros tras su
aceptación por dos tercios de éstos.

6. No obstante las demás disposiciones del presente
artículo, las enmiendas del

Acuerdo sobre los ADPIC
que satisfagan los
requisitos establecidos en el párrafo 2 del articulo 71 de dicho Acuerdo
podrán ser adoptadas por la Conferencia Ministerial sin otro proceso de
aceptación formal.

7. Todo Miembro que acepte una enmienda del presente
Acuerdo o de un Acuerdo Comercial Multilateral del Anexo 1 depositará un
instrumento de aceptación en poder del Director General de la OMC dentro
del
plazo de aceptación fijado por la Conferencia Ministerial.

8. Todo Miembro de la OMC podrá promover una propuesta
de enmienda de las disposiciones de los Acuerdos Comerciales
Multilaterales de los Anexos 2 y 3 presentándola a la Conferencia
Ministerial. La decisión de aprobar enmiendas del Acuerdo Comercial
Multilateral del Anexo 2 se adoptará por consenso y estas enmiendas
surtirán efecto para todos los Miembros tras su aprobación por la
Conferencia Ministerial. Las decisiones de aprobar enmiendas del Acuerdo
Comercial Multilateral del Anexo 3 surtirán efecto para todos los
Miembros tras su aprobación por la Conferencia Ministerial.

9. La Conferencia Ministerial, previa petición de los
Miembros partes en un acuerdo comercial, podrá decidir, exclusivamente
por consenso, que se incorpore ese acuerdo al Anexo 4. La Conferencia
Ministerial, previa petición de los Miembros partes en un Acuerdo
Comercial Plurilateral, podrá decidir que se suprima ese Acuerdo del
Anexo 4.

10. Las enmiendas de un Acuerdo Comercial Plurilateral
se regirán por las disposiciones de ese Acuerdo.

ARTÍCULO XI.- MIEMBROS INICIALES.

1. Las partes contratantes del GATT de 1947 en la
fecha de la entrada en vigor del presente Acuerdo, y las Comunidades
Europeas, que acepten el presente Acuerdo y los Acuerdos Comerciales
Multilaterales y para las cuales se anexen Listas de Concesiones y
Compromisos al GATT de 1994, y para las cuales se anexen Listas de
Compromisos Específicos al AGCS, pasarán a ser Miembros iniciales de la
OMC.

2. Los países menos adelantados reconocidos como tales
por las Naciones Unidas sólo deberán asumir compromisos y hacer
concesiones en la medida compatible con las necesidades de cada uno de
ellos en materia de desarrollo, finanzas y comercio o con sus
capacidades administrativas e institucionales.

ARTÍCULO XII.- ADHESIÓN.

1. Todo Estado o territorio aduanero distinto que
disfrute de plena autonomía en la conducción de sus relaciones
comerciales exteriores y en las demás cuestiones tratadas en el presente
Acuerdo y en los Acuerdos Comerciales Multilaterales podrá adherirse al
presente Acuerdo en condiciones que habrá de convenir con la OMC. Esa
adhesión será aplicable al presente Acuerdo y a los Acuerdos Comerciales
Multilaterales anexos al mismo.

2. Las decisiones en materia de adhesión serán
adoptadas por la Conferencia Ministerial, que aprobará el acuerdo sobre
las condiciones de adhesión por mayoría de dos tercios de los Miembros
de la OMC.

3. La adhesión a un Acuerdo Comercial Plurilateral se
regirá por las disposiciones de ese Acuerdo.

ARTÍCULO XIII.- NO APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS
COMERCIALES MULTILATERALES ENTRE MIEMBROS.

1. El presente Acuerdo y los Acuerdos Comerciales
Multilaterales enumerados en los Anexos 1 y 2 no se aplicarán entre dos
Miembros si uno u otro no consiente en dicha aplicación en el momento en
que pase a ser Miembro cualquiera de ellos.

2. Se podrá recurrir al párrafo 1 entre Miembros
iniciales de la OMC que hayan sido partes contratantes del GATT de 1947
únicamente en caso de que se hubiera recurrido anteriormente al artículo
XXXV de ese
Acuerdo y de que dicho artículo estuviera vigente entre esas partes
contratantes en el momento de la entrada en vigor para ellas del
presente Acuerdo.

3. El párrafo 1 se aplicará entre un Miembro y otro
Miembro que se haya adherido al amparo del artículo XII únicamente si el
Miembro que no consienta en la aplicación lo hubiera notificado a la
Conferencia
Ministerial antes dé la aprobación por ésta del acuerdo sobre las
condiciones de adhesión.

4. A petición de cualquier Miembro, la Conferencia
Ministerial podrá examinar la aplicación del presente articulo en casos
particulares y formular recomendaciones apropiadas.

5. La no aplicación de un Acuerdo Comercial
Plurilateral entre partes en el mismo se regirá por las disposiciones de
ese Acuerdo.

ARTÍCULO XIV.- ACEPTACIÓN, ENTRADA EN VIGOR Y
DEPÓSITO.

1. El presente Acuerdo estará abierto a la aceptación,
mediante firma o formalidad de otra clase, de las partes contratantes
del GATT de 1947, y de las Comunidades Europeas, que reúnan las
condiciones estipuladas en el artículo XI del presente Acuerdo para ser
Miembros iniciales de la OMC. Tal aceptación se aplicará al presente
Acuerdo y a los Acuerdos Comerciales Multilaterales a él anexos. El
presente Acuerdo y los Acuerdos Comerciales Multilaterales a él anexos
entrarán en vigor en la fecha que determinen los Ministros según lo
dispuesto en el párrafo 3 del Acta Final en que se incorporan los
resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales
Multilaterales y quedarán abiertos a la aceptación durante un período de
dos años a partir de esa fecha, salvo decisión en contrario de los
Ministros. Toda aceptación posterior a la entrada en vigor del presente
Acuerdo surtirá efecto el 30º día siguiente a la fecha de la aceptación.

2. Los Miembros que acepten el presente Acuerdo con
posterioridad a su entrada en vigor pondrán en aplicación las
concesiones y obligaciones establecidas en los Acuerdos Comerciales
Multilaterales que hayan de aplicarse a lo largo de un plazo contado a
partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo como si hubieran
aceptado este instrumento en la fecha de su entrada en vigor.

3. Hasta la entrada en vigor del presente Acuerdo, su
texto y el de los Acuerdos Comerciales Multilaterales serán depositados
en poder del Director General de las partes contratantes del GATT de
1947. El Director General remitirá sin dilación a cada uno de los
gobiernos, y a las Comunidades Europeas, que hayan aceptado el presente
Acuerdo, copia autenticada de este instrumento y de los Acuerdos
Comerciales Multilaterales, y notificación de cada aceptación de los
mismos. En la fecha de su entrada en vigor, el presente Acuerdo y los
Acuerdos Comerciales Multilaterales, al igual que toda enmienda de los
mismos, quedarán depositados en poder del Director General de la OMC.

4. La aceptación y la entrada en vigor de un Acuerdo
Comercial Plurilateral se regirán por las disposiciones de ese Acuerdo.
Tales Acuerdos quedaran depositados en poder del Director General de las
partes contratantes del GATT de 1947. Cuando entre en vigor el presente
Acuerdo, esos Acuerdos se depositarán en poder del Director General de
la OMC.

ARTÍCULO XV.-DENUNCIA.

1. Todo Miembro podrá denunciar el presente Acuerdo.
Esa denuncia se aplicará al presente Acuerdo y a los Acuerdos
Comerciales Multilaterales y surtirá efecto a la expiración de un plazo
de seis meses contado
a partir de la fecha en que haya recibido notificación escrita de la
misma el Director General de la OMC.

2. La denuncia de un Acuerdo Comercial Plurilateral se
regirá por las disposiciones de ese Acuerdo.

ARTÍCULO XVI.- DISPOSICIONES VARIAS

Salvo disposición en contrario en el presente Acuerdo
o en los Acuerdos Comerciales Multilaterales, la OMC se regirá por las
decisiones, procedimientos y práctica consuetudinaria de las partes
contratantes del GATT de 1947 y los órganos establecidos en el marco del
mismo.

2. En la medida en que sea factible, la Secretaría del
GATT de 1947 pasará a ser la Secretaría de la OMC y el Director General
de las partes contratantes del GATT de 1947 actuará como Director
General de la OMC hasta que la Conferencia Ministerial nombre un
Director General de conformidad con lo previsto en el párrafo 2 del
artículo VI del presente Acuerdo.

3. En caso de conflicto entre una disposición del
presente Acuerdo y una disposición de cualquiera de los Acuerdos
Comerciales Multilaterales, prevalecerá, en el grado en que haya
conflicto, la disposición del presente Acuerdo.

4. Cada Miembro se asegurará de la conformidad de sus
leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones
que le impongan los Acuerdos anexos.

5. No podrán formularse reservas respecto de ninguna
disposición del presente Acuerdo. Las reservas respecto de cualquiera de
las disposiciones de los Acuerdos Comerciales Multilaterales sólo podrán
formularse en la medida prevista en los mismos. Las reservas respecto de
una disposición de un Acuerdo Comercial Plurilateral se regirán por las
disposiciones de ese Acuerdo.

6. El presente Acuerdo será registrado de conformidad
con las disposiciones del Artículo 102 de la
Carta de las
Naciones Unidas
.

HECHO en Marrakech el quince de abril de mil
novecientos noventa y cuatro, en un solo ejemplar y en los idiomas
español, francés e inglés, siendo cada uno de los textos igualmente
auténtico.

Notas explicativas:

Debe entenderse que los términos “país” y “países” utilizados en el
presente Acuerdo y en los Acuerdos Comerciales Multilaterales incluyen
todo territorio aduanero distinto, Miembro de la OMC. En el caso de un
territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, cuando una expresión que
figure en el presente Acuerdo y en los Acuerdos Comerciales
Multilaterales esté calificada por el término “nacional” se entenderá
que dicha expresión se refiere a ese territorio aduanero, salvo
estipulación en contrario.

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1

ANEXO 1A: Acuerdos Multilaterales sobre el
Comercio de Mercancías

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994

Acuerdo sobre la Agricultura

Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias
y Fitosanitarios

Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio

Acuerdo sobre las Medidas en materia de
Inversiones relacionadas con el Comercio

Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994

Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994

Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición

Acuerdo sobre Normas de Origen

Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de
Licencias de Importación

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias

Acuerdo sobre Salvaguardias

ANEXO 1B Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios y Anexos.

ANEXO IC Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

ANEXO 2

Entendimiento relativo a las normas y
procedimientos por los que se rige la solución de diferencias

ANEXO 3

Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales

ANEXO 4

Acuerdos Comerciales Plurilaterales

Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles

Acuerdo sobre Contratación Pública

Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos

Acuerdo Internacional de la Carne de Bovino

 

 

ANEXO 1

ANEXO 1A.

ACUERDOS MULTILATERALES SOBRE EL COMERCIO
DE MERCANCIAS.


Nota interpretativa general al Anexo 1A:

En caso de conflicto entre una disposición del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y una
disposición de otro Acuerdo incluido en el Anexo 1A del Acuerdo por el
que se establece la Organización Mundial del Comercio (denominado en los
Acuerdos del Anexo IA “Acuerdo sobre la OMC”) prevalecerá, en el grado
en que haya conflicto, la disposición del otro Acuerdo.

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y
COMERCIO DE 1994

1. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994 (“GATT de 1994”) comprenderá:

a) las disposiciones del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio, de fecha 30 de octubre de 1947, anexo al
Acta Final adoptada al término del segundo período de sesiones de la
Comisión Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Empleo (excluido el Protocolo de Aplicación Provisional),
rectificadas, enmendadas o modificadas por los términos de los
instrumentos jurídicos que hayan entrado en vigor con anterioridad a la
fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC;

b) las disposiciones de los instrumentos jurídicos
indicados a continuación que hayan entrado en vigor en el marco del GATT
de 1947 con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OMC:

i) protocolos y certificaciones relativos a las
concesiones arancelarias;

ii) protocolos de adhesión (excluidas las
disposiciones: a) relativas a la aplicación provisional y a la cesación
de la aplicación provisional; y b) por las que se establece que la Parte
II del GATT de 1947 se aplicará provisionalmente en toda la medida
compatible con la legislación existente en la fecha del Protocolo);

iii)
decisiones sobre exenciones otorgadas al amparo del artículo XXV del
GATT de 1947 aún vigentes en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OMC (5);

iv) las demás decisiones de las partes
contratantes del GATT de 1947;

c) los Entendimientos indicados a continuación:

i) Entendimiento relativo a la interpretación del
párrafo1 b) del artículo II del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994

ii) Entendimiento relativo a la interpretación del
artículo XVI I del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
de 1994;

iii) Entendimiento relativo a las disposiciones
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 en
materia de balanza de pagos;

iv) Entendimiento relativo a la interpretación del
artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
de 1994;

v) Entendimiento relativo a las exenciones de
obligaciones dimanantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994;

vi) Entendimiento relativo a la interpretación del
artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
de 1994; y

d) el Protocolo de Marrakech anexo al GATT de
1994.

2. Notas explicativas

a) Las referencias que en las disposiciones del
GATT de 1994 se hacen a una “parte contratante” se entenderán hechas a
un “Miembro”. Las referencias a una “parte contratante poco
desarrollada” y a una “parte contratante desarrollada” se entenderán
hechas a un “país en desarrollo Miembro” y un “país desarrollado
Miembro”. Las referencias al “Secretario Ejecutivo” se entenderán hechas
al “Director General de la OMC”.

b) Las referencias que se hacen a las partes
contratantes actuando colectivamente en los párrafos 1, 2 y 8 del
artículo XV, en el artículo XXXVIII y en las notas a los artículos XII y
XVIII, así como en las disposiciones sobre acuerdos especiales de cambio
de los párrafos 2, 3, 6, 7 y 9 del artículo XV del GATT de 1994 se
entenderán hechas a la OMC. Las demás funciones que en las disposiciones
del GATT de 1994 se atribuyen a las partes contratantes actuando
colectivamente serán asignadas por la Conferencia Ministerial.

c) i) El texto del GATT de 1994 será auténtico en
español, francés e inglés.

ii) El texto del GATT de 1994 en francés será
objeto de las rectificaciones terminológicas que se indican en el Anexo
A al documento MTN.TNC/41.

iii) El texto auténtico del GATT de 1994 en
español será el del Volumen IV de la serie de Instrumentos Básicos y
Documentos Diversos, con las rectificaciones terminológicas que se
indican en el Anexo B al documento MTN.TNC/41.

3.

a) Las disposiciones de la Parte II del GATT de
1994 no se aplicarán a las medidas adoptadas por un Miembro en virtud de
una legislación imperativa específica promulgada por ese Miembro antes
de pasar a ser parte contratante del GATT de 1947 que prohíba la
utilización, venta o alquiler de embarcaciones construidas o
reconstruidas en el extranjero para aplicaciones comerciales entre
puntos situados en aguas nacionales o en las aguas de una zona económica
exclusiva. Esta exención se aplica: a) a la continuación o pronta
renovación de una disposición no conforme de tal legislación; y b) a la
enmienda de una disposición no conforme de tal legislación en la medida
en que la enmienda no disminuya la conformidad de la disposición con la
Parte II del GATT de 1947. Esta exención queda circunscrita a las
medidas adoptadas en virtud de una legislación del tipo descrito supra
que se haya notificado y especificado con anterioridad a la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Si tal legislación se
modificara después de manera que disminuyera su conformidad con la Parte
II del GATT de 1994, no podrá quedar ya amparada por el presente
párrafo.

b) La Conferencia Ministerial examinará esta
exención a más tardar cinco años después de la fecha de entrada en vigor
del Acuerdo sobre la OMC y después, en tanto que la exención siga en
vigor, cada dos años, con el fin de comprobar si subsisten las
condiciones que crearon la necesidad de la exención.

c) Un Miembro cuyas medidas estén amparadas por
esta exención presentará anualmente una notificación estadística
detallada, que comprenderá un promedio quinquenal móvil de las entregas
efectivas y previstas de las embarcaciones pertinentes e información
adicional sobre la utilización, venta, alquiler o reparación de las
embarcaciones pertinentes abarcadas por esta exención.

d) Un Miembro que considere que esta exención se
aplica de manera tal que justifica una limitación recíproca y
proporcionada a la utilización, venta, alquiler o reparación de
embarcaciones construidas en el territorio del Miembro que se haya
acogido a la exención tendrá libertad para establecer tal limitación
previa notificación a la Conferencia Ministerial.

e) Esta exención se entiende sin perjuicio de las
soluciones relativas a aspectos específicos de la legislación por ella
amparada negociadas en acuerdos sectoriales o en otros foros.

ENTENDIMIENTO RELATIVO A LA INTERPRETACION
DEL PARRAFO 1 B) DEL ARTICULO II DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES
ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994

Los Miembros convienen en lo siguiente:

1. Con objeto de asegurar la transparencia de los
derechos y obligaciones legales dimanantes del párrafo 1 b) del artículo
II, la naturaleza y el nivel de cualquiera de los “demás derechos o
cargas” percibidos sobre las partidas arancelarias consolidadas, a que
se refiere la citada disposición, se registrarán en las Listas de
concesiones anexas al GATT de 1994, en el lugar correspondiente a la
partida arancelaria a que se apliquen. Queda entendido que este registro
no modifica el carácter jurídico de los “demás derechos o cargas”.

2. La fecha a partir de la cual quedarán
consolidados los “demás derechos o cargas” a los efectos del artículo II
será el 15 de abril de 1994. Los “demás derechos o cargas” se
registrarán, por lo tanto, en las Listas a los niveles aplicables en esa
fecha. Posteriormente, en cada renegociación de una concesión, o
negociación de una nueva concesión, la fecha aplicable para la partida
arancelaria de que se trate será la fecha en que se incorpore la nueva
concesión a la Lista correspondiente. Sin embargo, también se seguirá
registrando en la columna 6 de las Listas en hojas amovibles la fecha
del instrumento por el cual se incorporó por primera vez al GATT de
19470 al GATT de 1994 una concesión sobre una partida arancelaria
determinada.

3. Se registrarán los “demás derechos o cargas”
correspondientes a todas las consolidaciones arancelarias.

4. Cuando una partida arancelaria haya sido
anteriormente objeto de una concesión, el nivel de los “demás derechos o
cargas” registrados en la Lista correspondiente no será más elevado que
el aplicable en la fecha de la primera incorporación de la concesión a
esa Lista. Todo Miembro podrá, dentro de un plazo de tres años contados
a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC o
dentro de un plazo de tres años contados a partir de la fecha de
depósito en poder del Director General de la OMC del instrumento por el
que se incorpora la Lista de que se trate al GATT de 1994, si esta fecha
es posterior, impugnar la existencia de un “derecho o carga” de esa
naturaleza, fundándose en que no existía en la fecha de la primera
consolidación de la partida de que se trate, así como la compatibilidad
del nivel registrado de cualquier “derecho o carga” con el nivel
previamente consolidado.

5. El registro de los “demás derechos o cargas” en
las Listas no prejuzgará la cuestión de su compatibilidad con los
derechos y obligaciones dimanantes del GATT de 1994 que no sean aquellos
afectados por el párrafo 4. Todos los Miembros conservan el derecho a
impugnar, en cualquier momento, la compatibilidad de cualquiera de los
“demás derechos o cargas” con esas obligaciones.

6. A los efectos del presente Entendimiento, se
aplicarán las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de
1994 desarrolladas y aplicadas en virtud del Entendimiento sobre
Solución de Diferencias.

7. Los “demás derechos o cargas” no incluidos en
una Lista en el momento del depósito del instrumento por el que se
incorpora la Lista de que se trate al GATT de 1994 en poder, hasta la
fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, del Director General
de las partes contratantes del GATT de 1947 o, posteriormente, del
Director General de la OMC, no se añadirán ulteriormente a dicha Lista,
y ninguno de los “demás derechos o cargas” registrados a un nivel
interior al vigente en la fecha aplicable se elevará de nuevo a dicho
nivel, a menos que estas adiciones o cambios se hagan dentro de un plazo
de seis meses contados a partir de la fecha de depósito del instrumento.

8. La decisión que figura en el párrafo 2 acerca
de la fecha aplicable a cada concesión a los efectos del párrafo 1 b)
del artículo II del GATT de 1994 sustituye a la decisión concerniente a
la techa aplicable adoptada el 26 de marzo de 1980 (IBDD 27S/25).

ENTENDIMIENTO RELATIVO A LA INTERPRETACION
DEL ARTICULO XVII DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y
COMERCIO DE 1994

Los Miembros,

Tomando nota de que el artículo XVI I impone
obligaciones a los Miembros en lo que respecta a las actividades de las
empresas comerciales del Estado mencionadas en el párrafo 1 de dicho
artículo, exigiendo que éstas se ajusten a los principios generales de
no discriminación prescritos en el GATT de 1994 para las medidas
gubernamentales concernientes a las importaciones o las exportaciones
efectuadas por comerciantes privados;

Tomando nota además de que los Miembros están
sujetos a las obligaciones que les impone el GATT de 1994 con respecto a
las medidas gubernamentales que afectan a las empresas comerciales del
Estado;

Reconociendo que el presente Entendimiento es sin
perjuicio de las disciplinas sustantivas prescritas en el artículo XVII;

Convienen en lo siguiente:

1. Con objeto de asegurarse de la transparencia de
las actividades de las empresas comerciales del Estado, los Miembros
notificarán dichas empresas al Consejo del Comercio de Mercancías, para
su examen por el grupo de trabajo que se ha de establecer en virtud del
párrafo 5, con arreglo a la siguiente definición de trabajo:

“Las empresas gubernamentales y no
gubernamentales, incluidas las entidades de comercialización, a las que
se hayan concedido derechos o privilegios exclusivos o especiales, con
inclusión de facultades legales o constitucionales, en el ejercicio de
los cuales influyan por medio de sus compras o ventas sobre el nivel o
la dirección de las importaciones o las exportaciones.”

Esta prescripción de notificación no se aplica a
las importaciones de productos destinados a ser utilizados inmediata o
finalmente por los poderes públicos o por una de las empresas
especificadas supra y no destinados a ser revendidos o utilizados en la
producción de mercancías para la venta.

2. Cada Miembro realizará un examen de su política
con respecto a la presentación de notificaciones sobre las empresas
comerciales del Estado al Consejo del Comercio de Mercancías, teniendo
en cuenta las disposiciones del presente Entendimiento. Al llevar a cabo
ese examen, cada Miembro deberá tomar en consideración la necesidad de
conseguir la máxima transparencia posible en sus notificaciones, a fin
de permitir una apreciación clara del modo de operar de las empresas
notificadas y de los efectos de sus operaciones sobre el comercio
internacional.

3. Las notificaciones se harán con arreglo al
cuestionario sobre el comercio de Estado aprobado el 24 de mayo de 1960
(IBDD9S/197-198), quedando entendido que los Miembros notificarán las
empresas a que se refiere el párrafo 1 independientemente del hecho de
que se hayan efectuado o no importaciones o exportaciones.

4. Todo Miembro que tenga razones para creer que
otro Miembro no ha cumplido debidamente su obligación de notificación
podrá plantear la cuestión al Miembro de que se trate. Si la cuestión no
se resuelve de manera satisfactoria, podrá presentar una contra
notificación al Consejo del Comercio de Mercancías, para su
consideración por el grupo de trabajo establecido en virtud del párrafo
5, informando simultáneamente al Miembro de que se trate.

5. Se establecerá un grupo de trabajo, dependiente
del Consejo del Comercio de Mercancías, para examinar las notificaciones
y contra notificaciones. A la luz de este examen y sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo 4 c) del artículo XVII, el Consejo del Comercio
de Mercancías podrá formular recomendaciones con respecto a la
suficiencia de las notificaciones y a la necesidad de más información.
El grupo de trabajo examinará también, a la luz de las notificaciones
recibidas, la idoneidad del mencionado cuestionario sobre el comercio de
Estado y la cobertura de las empresas comerciales del Estado notificadas
en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1. Así mismo, elaborará una
lista ilustrativa en la que se indiquen los tipos de relaciones
existentes entre los gobiernos y las empresas, y los tipos de
actividades realizadas por estas últimas que puedan ser pertinentes a
efectos de lo dispuesto en el artículo XVII. Queda entendido que la
Secretaría facilitará al grupo de trabajo un documento general de base
sobre las operaciones de las empresas comerciales del Estado que guarden
relación con el comercio internacional.

Podrán
formar parte del grupo de trabajo todos los Miembros que lo deseen. El
grupo de trabajo se reunirá en el año siguiente a la techa de la entrada
en vigor del Acuerdo sobre la OMC y celebrará después una reunión al año
como mínimo. El grupo de trabajo presentará anualmente un informe al
Consejo del Comercio de Mercancías. (6)

ENTENDIMIENTO RELATIVO A LAS DISPOSICIONES
DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994 EN
MATERIA DE BALANZA DE PAGOS

Los Miembros,

Reconociendo las disposiciones del artículo XII y la sección B del
artículo XVIII del GATT de 1994 y de la Declaración sobre las medidas
comerciales adoptadas por motivos de balanza de pagos, adoptada el 28 de
noviembre de 1979 (IBDD 26S/223-227, denominada en el presente
Entendimiento “Declaración de 1979”), y con el propósito de aclarar esas
disposiciones (7);

Convienen en lo siguiente:

Aplicación de las medidas

1. Los Miembros confirman su compromiso de
anunciar públicamente lo antes posible los calendarios previstos para la
eliminación de las medidas de restricción de las importaciones adoptadas
por motivos de balanza de pagos. Queda entendido que tales calendarios
podrán modificarse, según proceda, para tener en cuenta las variaciones
de la situación de la balanza de pagos. Cuando un Miembro no anuncie
públicamente un calendario, ese Miembro dará a conocer las razones que
lo justifiquen.

2. Los Miembros confirman asimismo su compromiso
de dar preferencia a las medidas que menos perturben el comercio. Se
entenderá que tales medidas (denominadas en el presente Entendimiento
“medidas basadas en los precios”) comprenden los recargos a la
importación, las prescripciones en materia de depósito previo a la
importación u otras medidas comerciales equivalentes que repercutan en
el precio de las mercancías importadas. Queda entendido que, no obstante
las disposiciones del artículo II, cualquier Miembro podrá aplicar las
medidas basadas en los precios adoptadas por motivos de balanza de pagos
además de los derechos consignados en la Lista de ese Miembro. Además,
ese Miembro indicará claramente y por separado, con arreglo al
procedimiento de notificación que se establece en el presente
Entendimiento, la cuantía en que la medida basada en los precios exceda
del derecho consolidado.

3. Los Miembros tratarán de evitar la imposición
de nuevas restricciones cuantitativas por motivos de balanza de pagos a
menos que, debido a una situación crítica de la balanza de pagos, las
medidas basadas en los precios no puedan impedir un brusco empeoramiento
del estado de los pagos exteriores. En los casos en que un Miembro
aplique restricciones cuantitativas, dará a conocer las razones que
justifiquen que las medidas basadas en los precios no constituyen un
instrumento adecuado para hacer frente a la situación de la balanza de
pagos. Todo Miembro que mantenga restricciones cuantitativas indicará en
sucesivas consultas los progresos realizados en la reducción sustancial
de la incidencia y de los efectos restrictivos de tales medidas. Queda
entendido que no podrá aplicarse más de un tipo de medidas de
restricción de las importaciones adoptadas por motivos de balanza de
pagos al mismo producto.

4. Los Miembros confirman que las medidas de
restricción de las importaciones adoptadas por motivos de balanza de
pagos únicamente podrán aplicarse para controlar el nivel general de las
importaciones y no podrán exceder de lo necesario para corregir la
situación de la balanza de pagos. Con el fin de reducir al mínimo los
efectos de protección que incidentalmente pudieran producirse, cada
Miembro aplicará las restricciones de manera transparente. Las
autoridades del Miembro importador justificarán de manera adecuada los
criterios aplicados para determinar qué productos quedan sujetos a
restricción. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del
artículo XII y en el párrafo 10 del artículo XVIII, los Miembros podrán
excluir a algunos productos esenciales de recargos de aplicación general
u otras medidas aplicadas por motivos de balanza de pagos, o limitar en
su caso dicha aplicación. Por “productos esenciales” se entenderá
productos que satisfagan necesidades básicas de consumo o que
contribuyan a los esfuerzos del Miembro para mejorar la situación de su
balanza de pagos: por ejemplo, bienes de capital o insumos necesarios
para la producción. En la aplicación de restricciones cuantitativas, un
Miembro utilizará los regímenes de licencias discrecionales únicamente
cuando sea inevitable hacerlo y los eliminará progresivamente. Se
justificarán de manera apropiada los criterios aplicados para determinar
la cantidad o el valor de las importaciones permisibles.

Procedimientos para la celebración de consultas
sobre las restricciones impuestas por motivos de balanza de pagos.

5. El Comité de Restricciones por Balanza de Pagos
(denominado en el presente Entendimiento el” Comité”) llevará a cabo
consultas con el fin de examinar todas las medidas de restricción de las
importaciones adoptadas por motivos de balanza de pagos. Pueden formar
parte del Comité todos los Miembros que indiquen su deseo de hacerlo. El
Comité seguirá el procedimiento para la celebración de consultas sobre
restricciones impuestas por motivos de balanza de pagos aprobado el 28
de abril de 1970 (IBDD 18S/51-57, denominado en el presente
Entendimiento “procedimiento de consulta plena”), con sujeción a las
disposiciones que figuran a continuación.

6. Todo Miembro que aplique nuevas restricciones o
eleve el nivel general de las existentes mediante una intensificación
sustancial de las medidas entablará consultas con el Comité dentro de un
plazo de cuatro meses a partir de la adopción de esas medidas. El
Miembro que adopte tales medidas podrá solicitar que se celebre una
consulta con arreglo al párrafo 4 a) del artículo XII o al párrafo 12 a)
del artículo XVIII, según proceda. Si no se hubiera presentado esa
solicitud, el Presidente del Comité invitará al Miembro de que se trate
a celebrar tal consulta. Entre los factores que podrán examinarse en la
consulta figurarán el establecimiento de nuevos tipos de medidas
restrictivas por motivos de balanza de pagos o el aumento del nivel de
las restricciones o del número de productos por ellas abarcados.

7. Todas las restricciones aplicadas por motivos
de balanza de pagos serán objeto de examen periódico en el Comité con
arreglo al párrafo 4 b) del artículo XII o al párrafo 12 b) del artículo
XVIII, a reserva de la posibilidad de alterar la periodicidad de las
consultas de acuerdo con el Miembro objeto de las mismas o en
cumplimiento de algún procedimiento específico de examen que pueda
recomendar el Consejo General.

8. Las consultas podrán celebrarse siguiendo el
procedimiento simplificado aprobado el 19 de diciembre de1972 (IBDD
20S/53-55, denominado en el presente Entendimiento “procedimiento de
consulta simplificada”) en el caso de los Miembros que sean países menos
adelantados o en el de países en desarrollo Miembros que estén
realizando esfuerzos de liberalización de conformidad con el calendario
presentado al Comité en anteriores consultas. El procedimiento de
consulta simplificada podrá utilizarse también cuando el examen de las
políticas comerciales de un país en desarrollo Miembro esté programado
para el mismo año civil en que se haya fijado la lecha de las consultas.
En tales casos, la decisión en cuanto a si deberá utilizarse el
procedimiento de consulta plena se basará en los factores enumerados en
el párrafo 8 de la Declaración de 1979. Excepto en el caso de países
menos adelantados Miembros, no podrán celebrarse más de dos consultas
sucesivas siguiendo el procedimiento de consulta simplificada.

Notificación y documentación

9. Todo Miembro notificará al Consejo General el
establecimiento de medidas de restricción de las importaciones adoptadas
por motivos de balanza de pagos o los cambios que puedan introducirse en
su aplicación, así como las modificaciones que puedan hacerse en los
calendarios previstos para la eliminación de esas medidas, que hayan
anunciado conforme a lo dispuesto en el párrafo 1.Los cambios
importantes se notificarán al Consejo General previamente a su anuncio o
no más tarde de 30 días después de éste. Anualmente cada Miembro
facilitará a la Secretaría, para su examen por los Miembros, una
notificación refundida en la que se indicarán todas las modificaciones
de las leyes, reglamentos, declaraciones de política o avisos públicos.
Las notificaciones contendrán, en la medida de lo posible, información
completa, a nivel de línea arancelaria, sobre el tipo de medidas
aplicadas, los criterios utilizados para su aplicación, los productos
abarcados y las corrientes comerciales afectadas.

10. A petición de un Miembro, las notificaciones
podrán ser objeto de examen por el Comité. Tales exámenes quedarán
circunscritos a aclarar cuestiones específicas planteadas por una
notificación o a considerar si es necesario celebrar una consulta con
arreglo al párrafo 4 a) del artículo XII o al párrafo 12 a) del artículo
XVIII. Cualquier Miembro que tenga razones para creer que una medida de
restricción de las importaciones aplicada por otro Miembro se ha
adoptado por motivos de balanza de pagos, podrá someter el asunto a la
consideración del Comité. El Presidente del Comité recabará información
sobre la medida y la facilitará a todos los Miembros. Si perjuicio del
derecho de todo miembro del Comité a pedir las aclaraciones oportunas en
el curso de las consultas, podrán formularse preguntas por anticipado
para que la examine el Miembro objeto de la consulta.

11. El Miembro objeto de la consulta preparará al
efecto un Documento Básico que, además de cualquier otra información que
se considere pertinente, contendrá a) un resumen general de la situación
y perspectivas de 1 balanza de pagos, con consideración de los factores
internos y externos que influyan en dicha situación y de la medidas de
política interna adoptadas para restablecer e equilibrio sobre una base
sana y duradera; b) una descripción completa de las restricciones
aplicadas por motivos de balanza de pagos, su fundamento jurídico y las
disposiciones adoptadas para reducir los efectos de protección
incidentales; c) una indicación de las medidas adoptadas desde la última
consulta para liberalizar las restricciones de las importaciones, a la
luz de las conclusiones del Comité; y d) un plan para la eliminación y
la atenuación progresiva de las restricciones subsistentes. Podrá
hacerse referencia, cuando proceda, a la información facilitada en otras
notificaciones o informes presentados a la OMC. En el procedimiento de
consulta simplificada, el Miembro objeto de la consulta presentará una
declaración por escrito que contenga información esencial sobre los
elementos abarcados por el Documento Básico.

12. Con objeto de facilitar las consultas en el
Comité, la Secretaría preparará un documento de información fáctico
sobre los diferentes aspectos del plan de las consultas. En el caso de
los países en desarrollo Miembros, el documento de la Secretaria
incluirá información de base e información analítica pertinente sobre la
incidencia del clima comercial externo en la situación y perspectivas de
la balanza de pagos del Miembro objeto de la consulta. A petición de un
país en desarrollo Miembro, los servicios de asistencia técnica de la
Secretaria ayudarán a preparar la documentación para las consultas.

Conclusiones de las consultas sobre las
restricciones impuestas por motivos de balanza de pagos

13. El Comité informará al Consejo General de sus
consultas. Cuando se haya utilizado el procedimiento de consulta plena,
deberán indicarse en el informe las conclusiones del Comité sobre los
diferentes elementos del plan de las consultas, así como los hechos y
razones en que se basan. El Comité procurará incluir en sus conclusiones
propuestas de recomendaciones encaminadas a promoverla aplicación del
artículo XII, la sección B del artículo XVIII, la Declaración de 1979 y
el presente Entendimiento. En los casos en que se haya presentado un
calendario para la eliminación de las medidas restrictivas adoptadas por
motivos de balanza de pagos, el Consejo General podrá recomendar que se
considere que un Miembro cumple sus obligaciones en el marco del GATT de
1994 si respeta tal calendario. Cuando el Consejo General haya formulado
recomendaciones específicas, se evaluarán los derechos y obligaciones de
los Miembros a la luz de tales recomendaciones. A falta de propuestas
específicas de recomendación del Consejo General, en las conclusiones
deberán recogerse las diferentes opiniones expresadas en el Comité.
Cuando se haya utilizado el procedimiento de consulta simplificada, el
informe contendrá un resumen de los principales elementos examinados en
el Comité y una decisión sobre si es o no necesario el procedimiento de
consulta plena.

ENTENDIMIENTO RELATIVO A LA INTERPRETACION
DEL ARTICULO XXIV DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y
COMERCIO DE 1994

Los Miembros,

Teniendo en cuenta las disposiciones del artículo
XXIV del GATT de 1994;

Reconociendo que las uniones aduaneras y zonas de
libre comercio han crecido considerablemente en número e importancia
desde el establecimiento del GATT de 1947 y que abarcan actualmente una
proporción importante del comercio mundial;

Reconociendo la contribución a la expansión del
comercio mundial que puede hacerse mediante una integración mayor de las
economías de los países que participaren tales acuerdos;

Reconociendo asimismo que esa contribución es
mayor si la eliminación de los derechos de aduana y las demás
reglamentaciones comerciales restrictivas entre los territorios
constitutivos se extiende a todo el comercio, y menor si queda excluido
de ella alguno de sus sectores importantes;

Reafirmando que el objeto de esos acuerdos debe
ser facilitar el comercio entre los territorios constitutivos y no
erigir obstáculos al comercio de otros Miembros con esos territorios; y
que las partes en esos acuerdos deben evitar, en toda la medida posible,
que su establecimiento o ampliación tenga efectos desfavorables en el
comercio de otros Miembros;

Convencidos también de la necesidad de reforzar la
eficacia de la función del Consejo del Comercio de Mercancías en el
examen de los acuerdos notificados en virtud del artículo XXIV, mediante
la aclaración de los criterios y procedimientos de evaluación de los
acuerdos, tanto nuevos como ampliados, y la mejora de la transparencia
de todos los acuerdos concluidos al amparo de dicho artículo;

Reconociendo la necesidad de llegar a un común
entendimiento de las obligaciones contraídas por los Miembros en virtud
del párrafo 12 del artículo XXIV;

Convienen en lo siguiente:

1. Para estar en conformidad con el artículo XXIV,
las uniones aduaneras, las zonas de libre comercio y los acuerdos
provisionales tendientes al establecimiento de una unión aduanera o una
zona de libre comercio deberán cumplir, entre otras, las disposiciones
de los párrafos 5,6, 7 y 8 de dicho artículo.

Párrafo 5 del artículo XXIV

2. La evaluación en el marco del párrafo 5 a) del
artículo XXI V de la incidencia general de los derechos de aduana y
demás reglamentaciones comerciales vigentes antes y después del
establecimiento de una unión aduanera se basará, en lo que respecta a
los derechos y cargas, en el cálculo global del promedio ponderado de
los tipos arancelarios y los derechos de aduana percibidos. Este cálculo
se basará a su vez en las estadísticas de importación de un período
representativo anterior que facilitará la unión aduanera, expresadas a
nivel de línea arancelaria y en valor y volumen, y desglosadas por
países de origen miembros de la OMC. La Secretaría calculará los
promedios ponderados de los tipos arancelarios y los derechos de aduana
percibidos siguiendo la metodología utilizada para la evaluación de las
ofertas arancelarias en la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales
Multilaterales. Para ello, los derechos y cargas que se tomarán en
consideración serán los tipos aplicados. Se reconoce que, a efectos de
la evaluación global de la incidencia de las demás reglamentaciones
comerciales, cuya cuantificación y agregación son difíciles, quizá sea
preciso el examen de las distintas medidas, reglamentaciones, productos
abarcados y corrientes comerciales afectadas.

3. El “plazo razonable” al que se refiere el
párrafo 5 c) del artículo XXIV no deberá ser superior a 10 años salvo en
casos excepcionales. Cuando los Miembros que sean partes en un acuerdo
provisional consideren que 10 años serían un plazo insuficiente, darán
al Consejo del Comercio de Mercancías una explicación completa de la
necesidad de un plazo mayor.

Párrafo 6 del artículo XXIV

4. En el párrafo 6 del artículo XXIV se establece
el procedimiento que debe seguirse cuando un Miembro que esté
constituyendo una unión aduanera tenga el propósito de aumentar el tipo
consolidado de un derecho. A este respecto, los Miembros reafirman que
el procedimiento establecido en el artículo XXVIII, desarrollado en las
directrices adoptadas el 10 de noviembre de 1980 (IBDD 27S/27-28) y en
el Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XXVIII del
GATT de 1994, debe iniciarse antes de que se modifiquen o retiren
concesiones arancelarias a raíz del establecimiento de una unión
aduanera o de la conclusión de un acuerdo provisional tendiente al
establecimiento de una unión aduanera.

5. Esas negociaciones se entablaran de buena fe
con miras a, conseguir un ajuste compensatorio mutuamente satisfactorio.
En esas negociaciones, conforme a lo estipulado en el párrafo 6 del
artículo XXIV, se tendrán debidamente en cuenta las reducciones de
derechos realizadas en la misma línea arancelaria por otros
constituyentes de la unión aduanera al establecerse ésta. En caso de que
esas reducciones no sean suficientes para facilitar el necesario ajuste
compensatorio, la unión aduanera ofrecerá una compensación, que podrá
consistir en reducciones de derechos aplicables a otras líneas
arancelarias. Esa oferta será tenida en cuenta por los Miembros que
tengan derechos de negociador respecto de la consolidación modificada o
retirada. En caso de que el ajuste compensatorio siga resultando
inaceptable, deberán proseguir las negociaciones. Si, a pesar de esos
esfuerzos, no puede alcanzarse en las negociaciones un acuerdo sobre el
ajuste compensatorio de conformidad con el artículo XXVIII, desarrollado
en el Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XXVIII del
GATT de 1994, en un plazo razonable contado desde la fecha de iniciación
de aquéllas, la unión aduanera podrá, a pesar de ello, modificar o
retirar las concesiones, y los Miembros afectados podrán retirar
concesiones sustancialmente equivalentes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo XXVIII.

6. El GATT de 1994 no impone a los Miembros que se
beneficien de una reducción de derechos resultante del establecimiento
de una unión aduanera, o de la conclusión de un acuerdo provisional
tendiente al establecimiento de una unión aduanera, obligación alguna de
otorgar un ajuste compensatorio a sus constituyentes.

Examen de las uniones aduaneras y zonas de libre
comercio

7. Todas las notificaciones presentadas en virtud
del párrafo 7 a) del artículo XXIV serán examinadas por un grupo de
trabajo a la luz de las disposiciones pertinentes del GATT de 1994 y del
párrafo 1 del presente Entendimiento. Dicho grupo de trabajo presentará
un informe sobre sus conclusiones al respecto al Consejo del Comercio de
Mercancías, que podrá hacer a los Miembros las recomendaciones que
estime apropiadas.

8. En cuanto a los acuerdos provisionales, el
grupo de trabajo podrá formular en su informe las oportunas
recomendaciones sobre el marco temporal propuesto y sobre las medidas
necesarias para ultimar el establecimiento de la unión aduanera o zona
de libre comercio. De ser preciso, podrá prever un nuevo examen del
acuerdo.

9. Los Miembros que sean partes en un acuerdo
provisional notificarán todo cambio sustancial que se introduzca en el
plan y el programa comprendidos en ese acuerdo al Consejo del Comercio
de Mercancías, que lo examinará si así se le solicita.

10. Si en un acuerdo provisional notificado en
virtud del párrafo 7 a) del artículo XXIV no figurara un plan y un
programa, en contra de lo dispuesto en el párrafo 5 c) del artículo
XXIV, el grupo de trabajo los recomendará en su informe. Las partes no
mantendrán o pondrán en vigor, según el caso, el acuerdo si no están
dispuestas a modificarlo de conformidad con esas recomendaciones. Se
preverá la ulterior realización de un examen de la aplicación de las
recomendaciones.

11. Las uniones aduaneras y los constituyentes de
zonas de libre comercio informarán periódicamente al consejo del
Comercio de Mercancías, según lo previsto por las partes contratantes
del GATT de 1947en sus instrucciones al Consejo del GATT de 1947 con
respecto a los informes sobre acuerdos regionales (IBDD 18S/42), sobre
el funcionamiento del acuerdo correspondiente. Deberán comunicarse, en
el momento en que se produzcan, todas las modificaciones y/o
acontecimientos importantes que afecten a los acuerdos.

Solución de diferencias

12. Podrá recurrirse a las disposiciones de los
artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas en
virtud del Entendimiento sobre Solución de Diferencias, con respecto a
cualesquiera cuestiones derivadas de la aplicación de las disposiciones
del artículo XXIV referentes a uniones aduaneras, zonas de libre
comercio o acuerdos provisionales tendientes al establecimiento de una
unión aduanera o de una zona de libre comercio.

Párrafo 12 del artículo XXIV

13. En virtud del GATT de 1994, cada Miembro es
plenamente responsable de la observancia de todas las disposiciones de
ese instrumento, y tomará las medidas razonables que estén a su alcance
para garantizar su observancia por los gobiernos y autoridades
regionales y locales dentro de su territorio.

14. Podrá recurrirse a las disposiciones de los
artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas en
virtud del Entendimiento sobre Solución de Diferencias, con respecto a
las medidas que afecten a su observancia adoptadas por los gobiernos o
autoridades regionales o locales dentro del territorio de un Miembro.
Cuando el Órgano de Solución de Diferencias haya resuelto que no se ha
respetado una disposición del GATT de 1994, el Miembro responsable
deberá tomar las medidas razonables que estén a su alcance para lograr
su observancia. En los casos en que no haya sido posible lograrla, serán
aplicables las disposiciones relativas a la compensación y a la
suspensión de concesiones o de otras obligaciones.

15. Cada Miembro se compromete a examinar con
comprensión las representaciones que le formule otro Miembro con
respecto a medidas adoptadas dentro de su territorio que afecten al
funcionamiento del GATT de 1994 y a brindar oportunidades adecuadas para
la celebración de consultas sobre dichas representaciones.

ENTENDIMIENTO RELATIVO A LAS EXENCIONES DE
OBLIGACIONES DIMANANTES DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y
COMERCIO DE 1994

Los Miembros convienen en lo siguiente:

1. En las solicitudes de exención o de prórroga de
una exención vigente se expondrán las medidas que el Miembro se propone
adoptar, los objetivos concretos de política que el Miembro trata de
perseguir y las razones que impiden al Miembro alcanzar sus objetivos de
política utilizando medidas compatibles con las obligaciones contraídas
en virtud del GATT de 1994.

2. Toda exención vigente en la fecha de entrada en
vigor del Acuerdo sobre la OMC quedara sin efecto, a menos que se
prorrogue de conformidad con el procedimiento indicado supra y el
previsto en el articulo IX de dicho Acuerdo, en la fecha de su
expiración o dos años después de la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC, si este plazo venciera antes.

3. Todo Miembro que considere que una ventaja
resultante para él del GATT de 1994 se halla anulada o menoscabada como
consecuencia de:

a) el incumplimiento de los términos o condiciones
de una exención por el Miembro a la que ésta ha sido concedida, o

b) la aplicación de una medida compatible con los
términos y condiciones de la exención, podrá acogerse a las
disposiciones del artículo XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y
aplicadas en virtud del Entendimiento sobre Solución de Diferencias.

ENTENDIMIENTO RELATIVO A LA INTERPRETACION
DEL ARTICULO XXVIII DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y
COMERCIO DE 1994

Los Miembros convienen en lo siguiente:

1. A los efectos de la modificación o retirada de
una concesión, se reconocerá un interés como abastecedor principal al
Miembro que tenga la proporción más alta de exportaciones afectadas por
la concesión (es decir, de exportaciones del producto al mercado del
Miembro que modifica o retira la concesión) en relación con sus
exportaciones totales, si no posee ya un derecho de primer negociador o
un interés como abastecedor principal a tenor de lo dispuesto en el
párrafo 1 del articulo XXVIII. Sin embargo, se acuerda que el Consejo
del Comercio de Mercancías examinará el presente párrafo cinco años
después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a fin
de decidir si este criterio ha funcionado satisfactoriamente para
garantizar una redistribución de los derechos de negociación en favor de
los Miembros exportadores pequeños y medianos. De no ser así se
considerará la posibilidad de introducir mejoras, incluida, en función
de la disponibilidad de datos adecuados, la adopción de un criterio
basado en la relación entre las exportaciones afectadas por la concesión
y las exportaciones totales del producto de que se trate.

2. Cuando un Miembro considere que tiene interés
como abastecedor principal a tenor del párrafo 1 comunicará por escrito
su pretensión, apoyada por pruebas, al Miembro que se proponga modificar
o retirar una concesión, e informará al mismo tiempo a la Secretaria.
Será de aplicación en estos casos el párrafo 4 del “Procedimiento para
las negociaciones en virtud del articulo XXVIII” adoptado el 10 de
noviembre de 1980 (IBDD 27S/27-28).

3. Para determinar qué Miembros tienen interés
como abastecedor principal (ya sea en virtud del párrafo 1 supra o del
párrafo 1 del articulo XXVIII) y los que tienen un interés sustancial,
sólo se tomará en consideración el comercio del producto afectado
realizado sobre una base NMF. No obstante, se tendrá también en cuenta
el comercio del producto afectado realizado en el marco de preferencias
no contractuales si, en el momento de la negociación para la
modificación o retirada de la concesión o al concluir dicha negociación,
el comercio en cuestión hubiera dejado de beneficiarse de ese trato
preferencial, pasando a convertirse en comercio NMF.

4. Cuando se modifique o retire una concesión
arancelaria sobre un nuevo producto (es decir, un producto respecto del
cual no se disponga de estadísticas del comercio correspondientes a un
periodo de tres años) se considerará que tiene un derecho de primer
negociador de la concesión de que se trate el Miembro titular de
derechos de primer negociador sobre la línea arancelaria en la que el
producto esté clasificado o lo haya estado anteriormente. Para
determinar el interés como abastecedor principal y el interés sustancial
y calcular la compensación se tomarán en cuenta, entre otras cosas, la
capacidad de producción y las inversiones en el Miembro exportador
respecto del producto afectado y las estimaciones del crecimiento de las
exportaciones, así como las previsiones de la demanda del producto en el
Miembro importador. A los fines del presente párrafo se entenderá que el
concepto de “nuevo producto” abarca las partidas arancelarias
resultantes del desglose de una línea arancelaria ya existente.

5. Cuando un Miembro considere que tiene interés
como abastecedor principal o un interés sustancial a tenor del párrafo
4, comunicará por escrito su pretensión, apoyada por pruebas, al Miembro
que se proponga modificar o retirar una concesión, e informará al mismo
tiempo a la Secretaria. Será de aplicación en esos casos el párrafo 4
del “Procedimiento para las negociaciones en virtud del artículo XXVIII”
mencionado supra.

6. Cuando se sustituya una concesión arancelaria
sin limitación por un contingente arancelario, la cuantía de la
compensación que se brinde deberá ser superior a la cuantía del comercio
efectivamente afectado por la modificación de la concesión. La base para
el cálculo de la compensación deberá ser la cuantía en que las
perspectivas del comercio futuro excedan del nivel del contingente.
Queda entendido que el cálculo de las perspectivas del comercio futuro
deberá basarse en la mayor de las siguientes cantidades:

a) la media del comercio anual del trienio
representativo más reciente, incrementada en la tasa media de
crecimiento anual de las importaciones en ese mismo periodo, o en el 10
por ciento, si este último porcentaje fuera superior a dicha tasa; o

b) el comercio del año más reciente incrementado
en el 10 por ciento.

La obligación de compensación que incumba a un
Miembro no deberá ser en ningún caso superior a la que correspondería si
se retirase por entero la concesión.

7. Cuando se modifique o retire una concesión, se
otorgará a todo Miembro que tenga interés como abastecedor principal en
ella, ya sea en virtud del párrafo 1 supra o del párrafo 1 del artículo
XXVIII, un derecho de primer negociador respecto de las concesiones
compensatorias, a menos que los Miembros interesados acuerden otra forma
de compensación.

PROTOCOLO DE MARRAKECH ANEXO AL ACUERDO
GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994

Los Miembros,

Habiendo llevado a cabo negociaciones en el marco
del GATT de 1947, en cumplimiento de la Declaración Ministerial sobre la
Ronda Uruguay,

Convienen en lo siguiente:

1. La lista de concesiones relativa a un Miembro
anexa al presente Protocolo pasará a ser la Lista relativa a ese Miembro
anexa al GATT de 1994 en la fecha en que entre en vigor para él el
Acuerdo sobre la OMC. Toda lista presentada de conformidad con la
Decisión Ministerial sobre las medidas en favor de los países menos
adelantados se considerará anexa al presente Protocolo.

2. Las reducciones arancelarias acordadas por cada
Miembro se aplicarán mediante cinco reducciones iguales de los tipos,
salvo que se indique lo contrario en la Lista del Miembro. La primera de
esas reducciones se hará efectiva en la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC; cada una de las reducciones sucesivas se llevará a
efecto el 1o. de enero de cada uno de los años siguientes, y el tipo
final se hará efectivo, a más tardar, a los cuatro años de la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, salvo indicación en contrario
en la Lista del Miembro. Todo Miembro que acepte el Acuerdo sobre la OMC
después de su entrada en vigor hará efectivas, en la fecha en que dicho
Acuerdo entre en vigor para él, todas las reducciones que ya hayan
tenido lugar, junto con las reducciones que, de conformidad con la
cláusula precedente, hubiera estado obligado a llevar a efecto el 1o. de
enero del año siguiente, y hará efectivas todas las reducciones
restantes con arreglo al calendario previsto en la cláusula precedente,
salvo indicación en contrario en su Lista. El tipo reducido deberá
redondearse en cada etapa al primer decimal. Con respecto a los
productos agropecuarios, tal como se definen en el artículo 2 del
Acuerdo sobre la Agricultura, el escalonamiento de la s reducciones se
aplicará en la forma especificada en las partes pertinentes de las
listas.

3. La aplicación de las concesiones y compromisos
recogidos en las listas anexas al presente Protocolo será sometida,
previa petición, a un examen multilateral por los Miembros. Esta
disposición se entenderá sin perjuicio de los derechos y obligaciones
que corresponden a los Miembros en virtud de los Acuerdos contenidos en
el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC.

4. Una vez que la lista de concesiones relativa a
un Miembro anexa al presente Protocolo haya pasado a ser Lista anexa al
GATT de 1994 de conformidad con las disposiciones del párrafo 1, ese
Miembro tendrá en todo momento la libertad de suspender o retirar, en
todo o en parte, la concesión contenida en esa Lista con respecto a
cualquier producto del que el abastecedor principal sea otro
participante en la Ronda Uruguay cuya lista todavía no haya pasado a ser
Lista anexa al GATT de 1994. Sin embargo, sólo se podrá tomar tal medida
después de haber notificado por escrito al Consejo del Comercio de
Mercancías esa suspensión o retiro de una concesión y después de haber
celebrado consultas, previa petición, con cualquier Miembro para el que
la lista pertinente relativa a él haya pasado a ser una Lista anexa al
GATT de 1994 y que tenga un interés sustancial en el producto de que se
trate. Toda concesión así suspendida o retirada será aplicada a partir
del mismo día en que la lista del participante que tenga un interés de
abastecedor principal pase a ser Lista anexa al GATT de 1994.

5. a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura, a los efectos de la
referencia que se hace a la fecha del GATT de 1994 en los apartados b) y
c) del párrafo 1 de su artículo II, la fecha aplicable para cada
producto que sea objeto de una concesión comprendida en una lista de
concesiones anexa al presente Protocolo será la fecha de éste.

b) A los efectos de la referencia que se hace a la
fecha del GATT de 1994 en el apartado a) del párrafo 6 de su artículo
II, la fecha aplicable para una lista de concesiones anexa al presente
Protocolo será la fecha de éste.

6. En casos de modificación o retiro de
concesiones relativas a medidas no arancelarias que figuren en la Parte
III de las Listas, serán de aplicación las disposiciones del artículo
XXVIII del GATT de 1994 y el “Procedimiento para las negociaciones en
virtud del artículo XXVIII” aprobado el 10 de noviembre de 1980 (IBDD
27S/27-28), sin perjuicio de los derechos y obligaciones que
corresponden a los Miembros en virtud del GATT de 1994.

7. En cada caso en que de una lista anexa al
presente Protocolo resulte para determinado producto un trato menos
favorable que el previsto para ese producto en las Listas anexas al GATT
de 1947 antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, se
considerará que el Miembro al que se refiere la Lista ha adoptado las
medidas apropiadas que en otro caso habrían sido necesarias de
conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo XXVIII del
GATT de 1947 o del GATT de 1994. Las disposiciones del presente párrafo
serán aplicables únicamente a Egipto, Perú, Sudáfrica y Uruguay.

8. El texto auténtico de las Listas anexas al
presente Protocolo, en español, en francés o en inglés, es el que se
indica en cada Lista.

9. La fecha del presente Protocolo es la del 15 de
abril de 1994.

ACUERDO SOBRE LA AGRICULTURA

Los Miembros,

Habiendo decidido establecer la base para la
iniciación de un proceso de reforma del comercio de productos
agropecuarios en armonía con los objetivos de las negociaciones fijados
en la Declaración de Punta del Este;

Recordando que su objetivo a largo plazo,
convenido en el Balance a Mitad de Período de la Ronda Uruguay, “es
establecer un sistema de comercio agropecuario equitativo y orientado al
mercado, y que deberá iniciarse un proceso de reforma mediante la
negociación de compromisos sobre la ayuda y la protección y mediante el
establecimiento de normas y disciplinas del GATT reforzadas y de un
funcionamiento más eficaz”;

Recordando además que “el objetivo a largo plazo
arriba mencionado consiste en prever reducciones progresivas
sustanciales de la ayuda y la protección a la agricultura, que se
efectúen de manera sostenida a lo largo de un período acordado, como
resultado de las cuales se corrijan y prevengan las restricciones y
distorsiones en los mercados agropecuarios mundiales”;

Resueltos a lograr compromisos vinculantes
específicos en cada una de las siguientes esferas: acceso a los
mercados, ayuda interna y competencia de las exportaciones; y a llegar a
un acuerdo sobre las cuestiones sanitarias y fitosanitarias;

Habiendo acordado que, al aplicar sus compromisos
en materia de acceso a los mercados, los países desarrollados Miembros
tengan plenamente en cuenta las necesidades y condiciones particulares
de los países en desarrollo Miembros y prevean una mayor mejora de las
oportunidades y condiciones de acceso para los productos agropecuarios
de especial interés para estos Miembros con inclusión de la más completa
liberalización del comercio de productos agropecuarios tropicales, como
se acordó en el Balance a Mitad de Período- y para los productos de
particular importancia para una diversificación de la producción que
permita abandonar los cultivos de los que se obtienen estupefacientes
ilícitos;

Tomando nota de que los compromisos en el marco
del programa de reforma deben contraerse de manera equitativa entre
todos los Miembros, tomando en consideración las preocupaciones no
comerciales, entre ellas la seguridad alimentaria y la necesidad de
proteger el medio ambiente; tomando asimismo en consideración el acuerdo
de que el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo es
un elemento integrante de las negociaciones, y teniendo en cuenta los
posibles efectos negativos de la aplicación del proceso de reforma en
los países menos adelantados y los países en desarrollo importadores
netos de productos alimenticios;

Convienen en lo siguiente:

Parte I

ARTÍCULO 1.-DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS.

En el presente Acuerdo, salvo que el contexto exija
otro significado,

a) por “Medida Global de la Ayuda” y “MGA” se
entiende el nivel anual, expresado en términos monetarios, de ayuda
otorgada con respecto a un producto agropecuario a los productores del
producto agropecuario de base o de ayuda no referida a productos
específicos otorgada a los productores agrícolas en general, excepto la
ayuda prestada en el marco de programas que puedan considerarse eximidos
de la reducción con arreglo al Anexo 2 del presente Acuerdo, que:

i) con respecto a la ayuda otorgada durante el
período de base, se especifica en los cuadros pertinentes de
documentación justificante incorporados mediante referencia en la Parte
IV de la Lista de cada Miembro; y

ii) con respecto a la ayuda otorgada durante
cualquier año del período de aplicación y años sucesivos, se calcula de
conformidad con las disposiciones del Anexo 3 del presente Acuerdo y
teniendo en cuenta los datos constitutivos y la metodología utilizados
en los cuadros de documentación justificante incorporados mediante
referencia en la Parte IV de la Lista de cada Miembro;

b) por “producto agropecuario de base”, en
relación con los compromisos en materia de ayuda interna, se entiende el
producto en el punto más próximo posible al de la primera venta, según
se especifique en la Lista de cada Miembro y en la documentación
justificante conexa;

c) los “desembolsos presupuestarios” o
“desembolsos” comprenden los ingresos fiscales sacrificados;

d) por “Medida de la Ayuda Equivalente” se
entiende el nivel anual, expresado en términos monetarios, de ayuda
otorgada a los productores de un producto agropecuario de base mediante
la aplicación de una o más medidas cuyo cálculo con arreglo a la
metodología de la MGA no es factible, excepto la ayuda prestada en el
marco de programas que puedan considerarse eximidos de la reducción con
arreglo al Anexo 2 del presente Acuerdo, y que:

i) con respecto a la ayuda otorgada durante el
período de base, se especifica en los cuadros pertinentes de
documentación justificante incorporados mediante referencia en la Parte
IV de la Lista de cada Miembro; y

ii) con respecto a la ayuda otorgada durante
cualquier año del período de aplicación y años sucesivos, se calcula de
conformidad con las disposiciones del Anexo 4 del presente Acuerdo y
teniendo en cuenta los datos constitutivos y la metodología utilizados
en los cuadros de documentación justificante incorporados mediante
referencia en la Parte IV de la Lista de cada Miembro;

e) por “subvenciones a la exportación” se entiende
las subvenciones supeditadas a la actuación exportadora, con inclusión
de las enumeradas en el artículo 9 del presente Acuerdo;

f) por “período de aplicación” se entiende el
período de seis años que se inicia en el año 1995, salvo a los efectos
del artículo 13, en cuyo caso se entiende el período de nueve años que
se inicia en 1995;

g) las “concesiones sobre acceso a los mercados”
comprenden todos los compromisos en materia de acceso a los mercados
contraídos en el marco del presente Acuerdo;

h) por “Medida Global de la Ayuda Total” y “MGA
Total” se entiende la suma de toda la ayuda interna otorgada a los
productores agrícolas, obtenida sumando todas las medidas globales de la
ayuda correspondientes a productos agropecuarios de base, todas las
medidas globales de la ayuda no referida a productos específicos y todas
las medidas de la ayuda equivalentes con respecto a productos
agropecuarios, y que:

i) con respecto a la ayuda otorgada durante el
período de base (es decir, la “MGA Total de Base”) y a la ayuda máxima
permitida durante cualquier año del período de aplicación o años
sucesivos (es decir, los “Niveles de Compromiso Anuales y Final
Consolidados”), se especifica en la Parte IV de la Lista de cada
Miembro; y

ii) con respecto al nivel de ayuda efectivamente
otorgada durante cualquier año del período de aplicación y años
sucesivos (es decir, la “MGA Total Corriente”), se calcula de
conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo, incluido el
artículo 6, y con los datos constitutivos y la metodología utilizados en
los cuadros de documentación justificante incorporados mediante
referencia en la Parte IV de la Lista de cada Miembro;

i) por “año”, en el párrafo f) supra, y en
relación con los compromisos específicos de cada Miembro, se entiende el
año civil, ejercicio financiero o campaña de comercialización
especificados en la Lista relativa a ese Miembro.

ARTÍCULO 2.- PRODUCTOS COMPRENDIDOS.

El presente Acuerdo se aplica a los productos
enumerados en el Anexo 1 del presente Acuerdo, denominados en adelante”
productos agropecuarios”.

Parte II

ARTÍCULO 3.- INCORPORACION DE LAS
CONCESIONES Y LOS COMPROMISOS.

1. Los compromisos en materia de ayuda interna y de
subvenciones a la exportación consignados en la Parte IV de la Lista de
cada Miembro constituyen compromisos de limitación de las subvenciones y
forman parte integrante del GATT de 1994.

2. A reserva de las disposiciones del artículo 6,
ningún Miembro prestará ayuda a los productores nacionales por encima de
los niveles de compromiso especificados en la Sección I de la Parte IV
de su Lista.

3. A reserva de las disposiciones de los párrafos
2 b) y 4 del artículo 9, ningún Miembro otorgará subvenciones a la
exportación de las enumeradas en el párrafo 1 del artículo 9 con
respecto a los productos o grupos de productos agropecuarios
especificados en la Sección II de la Parte IV de su Lista por encima de
los niveles de compromiso en materia de desembolsos presupuestarios y
cantidades especificados en la misma ni otorgará tales subvenciones con
respecto a un producto agropecuario no especificado en esa Sección de su
Lista.

Parte III

ARTÍCULO 4.- ACCESO A LOS MERCADOS.

1. Las concesiones sobre acceso a los mercados
consignadas en las Listas se refieren a consolidaciones y reducciones de
los aranceles y a otros compromisos en materia de acceso a los mercados,
según se especifique en ellas.

2. Salvo disposición en
contrario en el artículo 5 y en el Anexo 5, ningún Miembro mantendrá,
adoptará ni restablecerá medidas del tipo de las que se ha prescrito se
conviertan en derechos de aduana propiamente dichos. (8)

ARTÍCULO 5.- DISPOSICIONES DE SALVAGUARDIA
ESPECIAL.

1. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 b) del
artículo II del GATT de 1994, todo Miembro podrá recurrir a las
disposiciones de los párrafos 4 y 5 infra en relación con la importación
de un producto agropecuario con respecto al cual se hayan convertido en
un derecho de aduana propiamente dicho medidas del tipo a que se refiere
el párrafo 2 del artículo 4 del presente Acuerdo y que se designe en su
Lista con el símbolo “SGE” indicativo de que es objeto de una concesión
respecto de la cual pueden invocarse las disposiciones del presente
artículo, en los siguientes casos:

a) si el volumen de las importaciones de ese
producto que entren durante un año en el territorio aduanero del Miembro
que otorgue la concesión excede de un nivel de activación establecido en
función de las oportunidades existentes de acceso al mercado con arreglo
al párrafo 4; o, pero no simultáneamente,

b) si el precio al que las
importaciones de ese producto puedan entrar en el territorio aduanero
del Miembro que otorgue la concesión, determinado sobre la base del
precio de importación c.f. del envío de que se trate expresado en su
moneda nacional, es inferior a un precio de activación igual al precio
de referencia medio del producto en cuestión en el período 1986-1988.
(9)

2. Las importaciones realizadas en el marco de
compromisos de acceso actual y acceso mínimo establecidos como parte de
una concesión del tipo a que se refiere el párrafo 1 supra se computarán
a efectos de la determinación del volumen de importaciones requerido
para invocar las disposiciones del apartado a) del párrafo 1 y del
párrafo 4, pero las importaciones realizadas en el marco de dichos
compromisos no se verán afectadas por ningún derecho adicional impuesto
al amparo del apartado a) del párrafo 1 y del párrafo 4 o del apartado
b) del párrafo 1 y del párrafo 5 infra.

3. Los suministros del producto en cuestión que
estén en camino sobre la base de un contrato establecido antes de la
imposición del derecho adicional con arreglo al apartado a) del párrafo
1 y al párrafo 4 quedarán exentos de tal derecho adicional; no obstante,
podrán computarse en el volumen de importaciones del producto en
cuestión durante el siguiente año a efectos de la activación de las
disposiciones del apartado a) del párrafo 1 en ese año.

4. Los derechos
adicionales impuestos con arreglo al apartado a) del párrafo 1 se
mantendrán únicamente hasta el final del año en el que se hayan impuesto
y sólo podrán fijarse a un nivel que no exceda de un tercio del nivel
del derecho de aduana propiamente dicho vigente en el año en el que se
haya adoptado la medida. El nivel de activación se establecerá con
arreglo a la siguiente escala, basada en las oportunidades de acceso al
mercado, definidas como porcentaje de importaciones con relación al
correspondiente consumo interno (10) durante los
tres años anteriores sobre los que se disponga de datos:

a) cuando esas oportunidades de acceso al mercado
de un producto sean iguales o inferiores al 10 por ciento, el nivel de
activación de base será igual al 125 por ciento;

b) cuando esas oportunidades de acceso al mercado
de un producto sean superiores al 10 por ciento pero iguales o
inferiores al 30 por ciento, el nivel de activación de base será igual
al 110 por ciento;

c) cuando esas oportunidades de acceso al mercado
de un producto sean superiores al 30 por ciento, el nivel de activación
de base será igual al 105 por ciento.

En todos los casos, podrá imponerse el derecho
adicional en cualquier año en el que el volumen absoluto de
importaciones del producto de que se trate que entre en el territorio
aduanero del Miembro que otorgue la concesión exceda de la suma de x) el
nivel de activación de base establecido supra multiplicado por la
cantidad media de importaciones realizadas durante los tres años
anteriores sobre los que se disponga de datos más) la variación del
volumen absoluto del consumo interno del producto de que se trate en el
último año respecto del que se disponga de datos con relación al año
anterior; no obstante, el nivel de activación no será inferior al 105
por ciento de la cantidad media de importaciones indicada en x) supra.

5. El derecho adicional impuesto con arreglo al
apartado b) del párrafo 1 se establecerá según la escala siguiente:

a) si la diferencia entre el precio de importación
c.f.: del envío de que se trate expresado en moneda nacional (denominado
en adelante “precio de importación”) y el precio de activación definido
en dicho apartado es igual o inferior al 10 por ciento del precio de
activación, no se impondrá ningún derecho adicional;

b) si la diferencia entre el precio de importación
y el precio de activación (denominada en adelante la “diferencia”) es
superior al 10 por ciento pero igual o inferior al 40 por ciento del
precio de activación, el derecho adicional será igual al 30 por ciento
de la cuantía en que la diferencia exceda del 10 por ciento;

c) si la diferencia es superior al 40 por ciento
pero inferior o igual al 60 por ciento del precio de activación el
derecho adicional será igual al 50 por ciento de la cuantía en que la
diferencia exceda del 40 por ciento, más el derecho adicional permitido
en virtud del apartado b);

d) si la diferencia es superior al 60 por ciento
pero interior o igual al 75 por ciento, el derecho adicional será igual
al 70 por ciento de la cuantía en que la diferencia exceda del 60 por
ciento del precio de activación, más los derechos adicionales permitidos
en virtud de los apartados b) y c);

e) si la diferencia es superior al 75 por ciento
del precio de activación, el derecho adicional será igual al 90 por
ciento de la cuantía en que la diferencia exceda del 75 por ciento, más
los derechos adicionales permitidos en virtud de los apartados b), c) y
d).

6. Cuando se trate de productos perecederos o de
temporada, las condiciones establecidas supra se aplicarán de manera que
se tengan en cuenta las características específicas de tales productos.
En particular, podrán utilizarse períodos más cortos en el marco del
apartado a) del párrafo 1 y del párrafo 4 con referencia a los plazos
correspondientes del período de base y podrán utilizarse en el marco del
apartado b) del párrafo 1 diferentes precios de referencia para
diferentes períodos.

7. La aplicación de la salvaguardia especial se
realizará de manera transparente. Todo Miembro que adopte medidas con
arreglo al apartado a) del párrafo 1 supra avisará de ello por escrito
-incluyendo los datos pertinentes- al Comité de Agricultura con la mayor
antelación posible y, en cualquier caso, dentro de los 10 días
siguientes a la aplicación de las medidas. En los casos en que deban
atribuirse variaciones de los volúmenes de consumo a líneas arancelarias
sujetas a medidas adoptadas con arreglo al párrafo 4, entre los datos
pertinentes figurarán la información y los métodos utilizados para
atribuir esas variaciones. Un Miembro que adopte medidas con arreglo al
párrafo 4 brindará a los Miembros interesados la oportunidad de celebrar
consultas con él acerca de las condiciones de aplicación de tales
medidas. Todo Miembro que adopte medidas con arreglo al apartado b) del
párrafo 1 supra, avisará de ello por escrito -incluyendo los datos
pertinentes- al Comité de Agricultura dentro de los 10 días siguientes a
la aplicación de la primera de tales medidas, o de la primera medida de
cualquier periodo si se trata de productos perecederos o de temporada.
Los Miembros se comprometen, en la medida posible, a no recurrir a las
disposiciones del apartado b) del párrafo 1 cuando esté disminuyendo el
volumen de las importaciones de los productos en cuestión. En uno u otro
caso, todo Miembro que adopte tales medidas brindará a los Miembros
interesados la oportunidad de celebrar consultas con él acerca de las
condiciones de aplicación de las medidas.

8. Cuando se adopten medidas en conformidad con
las disposiciones de los párrafos 1 a 7 supra, los Miembros se
comprometen a no recurrir, respecto de tales medidas, a las
disposiciones de los párrafos 1 a) y 3 del artículo XIX del GATT de 1994
o del párrafo 2 del artículo 8 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

9. Las disposiciones del presente artículo
permanecerán en vigor por la duración del proceso de reforma,
determinada con arreglo al artículo 20.

Parte IV

ARTÍCULO 6.- COMPROMISOS EN MATERIA DE
AYUDA INTERNA.

1. Los compromisos de reducción de la ayuda interna
de cada Miembro consignados en la Parte IV de su Lista se aplicarán a la
totalidad de sus medidas de ayuda interna en favor de los productores
agrícolas, salvo las medidas internas que no estén sujetas a reducción
de acuerdo con los criterios establecidos en el presente artículo y en
el Anexo 2 del presente Acuerdo. Estos compromisos se expresan en Medida
Global de la Ayuda Total y “Niveles de Compromiso Anuales y Final
Consolidados”.

2. De conformidad con el acuerdo alcanzado en el
Balance a Mitad de Periodo de que las medidas oficiales de asistencia,
directa o indirecta, destinadas a fomentar el desarrollo agrícola y
rural forman parte integrante de los programas de desarrollo de los
países en desarrollo, las subvenciones a la inversión que sean de
disponibilidad general para la agricultura en los países en desarrollo
Miembros y las subvenciones a los insumos agrícolas que sean de
disponibilidad general para los productores con ingresos bajos o pobres
en recursos de los países en desarrollo Miembros quedarán eximidas de
los compromisos de reducción de la ayuda interna que de lo contrario
serian aplicables a esas medidas, como lo quedará también la ayuda
interna dada a los productores de los países en desarrollo Miembros para
estimular la diversificación con objeto de abandonar los cultivos de los
que se obtienen estupefacientes ilícitos. La ayuda interna que se ajuste
a los criterios enunciados en el presente párrafo no habrá de quedar
incluida en el cálculo de la MGA Total Corriente del Miembro de que se
trate.

3. Se considerará que un Miembro ha cumplido sus
compromisos de reducción de la ayuda interna en todo año en el que su
ayuda interna a los productores agrícolas, expresada en MGA Total
Corriente, no exceda del correspondiente nivel de compromiso anual o
final consolidado especificado en la Parte IV de su Lista.

4. a) Ningún Miembro tendrá obligación de incluir
en el cálculo de su MGA Total Corriente ni de reducir:

i) la ayuda interna otorgada a productos
específicos que de otro modo tendría obligación de incluir en el cálculo
de su MGA Corriente cuando tal ayuda no exceda del 5 por ciento del
valor total de su producción de un producto agropecuario de base durante
el año correspondiente; y

ii) la ayuda interna no referida a productos
específicos que de otro modo tendría obligación de incluir en el cálculo
de su MGA Corriente cuando tal ayuda no exceda del 5 por ciento del
valor de su producción agropecuaria total.

b) En el caso de Miembros que sean países en
desarrollo, el porcentaje de minimis establecido en el presente párrafo
será del 10 por ciento.

5. a) Los pagos directos realizados en el marco de
programas de limitación de la producción no estarán sujetos al
compromiso de reducción de la ayuda interna:

i) si se basan en superficies y rendimientos
fijos; o

ii) si se realizan con respecto al 85 por ciento o
menos del nivel de producción de base; o

iii) si, en el caso de pagos relativos al ganado,
se realizan con respecto a un número de cabezas fijo.

b) La exención de los pagos directos que se
ajusten a los criterios enunciados supra del compromiso de reducción
quedará reflejada en la exclusión del valor de dichos pagos directos del
cálculo de la MGA Total Corriente del Miembro de que se trate.

ARTÍCULO 7.- DISCIPLINAS GENERALES EN
MATERIA DE AYUDA INTERNA.

1. Cada Miembro se asegurará de que las medidas de
ayuda interna en favor de los productores agrícolas que no estén sujetas
a compromisos de reducción, por ajustarse a los criterios enunciados en
el Anexo 2 del presente Acuerdo, se mantengan en conformidad con dichos
criterios.

2.

a) Quedarán comprendidas en el cálculo de la MGA
Total Corriente de un Miembro cualesquiera medidas de ayuda interna
establecidas en favor de los productores agrícolas, incluidas las
posibles modificaciones de las mismas, y cualesquiera medidas que se
establezcan posteriormente de las que no pueda demostrarse que cumplen
los criterios establecidos en el Anexo 2 del presente Acuerdo o están
exentas de reducción en virtud de cualquier otra disposición del mismo.

b) Cuando en la Parte IV de la Lista de un Miembro
no figure compromiso alguno en materia de MGA Total, dicho Miembro no
otorgará ayuda a los productores agrícolas por encima del
correspondiente nivel de minimis establecido en el párrafo 4 del
artículo 6.

Parte V

ARTÍCULO 8.- COMPROMISOS EN MATERIA DE
COMPETENCIA DE LAS EXPORTACIONES.

Cada Miembro se compromete a no conceder
subvenciones a la exportación más que de conformidad con el presente
Acuerdo y con los compromisos especificados en su Lista.

ARTÍCULO 9.- COMPROMISOS EN MATERIA DE
SUBVENCIONES Y LA EXPORTACIÓN.

1. Las subvenciones a la exportación que se
enumeran a continuación están sujetas a los compromisos de reducción
contraídos en virtud del presente Acuerdo:

a) el otorgamiento, por los gobiernos o por
organismos públicos, a una empresa, a una rama de producción, a los
productores de un producto agropecuario, a una cooperativa u otra
asociación de tales productores, o a una entidad de comercialización, de
subvenciones directas, con inclusión de pagos en especie, supeditadas a
la actuación exportadora;

b) la venta o colocación para la exportación por
los gobiernos o por los organismos públicos de existencias no
comerciales de productos agropecuarios a un precio inferior al precio
comparable cobrado a los compradores en el mercado interno por el
producto similar;

c) los pagos a la exportación de productos
agropecuarios financiados en virtud de medidas gubernamentales, entrañen
o no un adeudo en la contabilidad pública, incluidos los pagos
financiados con ingresos procedentes de un gravamen impuesto al producto
agropecuario de que se trate o a un producto agropecuario del que se
obtenga el producto exportado;

d) el otorgamiento de subvenciones para reducir
los costos de comercialización de las exportaciones de productos
agropecuarios (excepto los servicios de asesoramiento y promoción de
exportaciones de amplia disponibilidad) incluidos los costos de
manipulación, perfeccionamiento y otros gastos de transformación, y los
costos de los transportes y fletes internacionales;

e) las tarifas de los transportes y fletes
internos de los envíos de exportación establecidas o impuestas por los
gobiernos en condiciones más favorables que para los envíos internos;

f) las subvenciones a productos agropecuarios
supeditadas a su incorporación a productos exportados.

2. a) Con la excepción prevista en el apartado b),
los niveles de compromiso en materia de subvenciones a la exportación
correspondientes a cada año del período de aplicación, especificados en
la Lista de un Miembro, representan, con respecto a las subvenciones a
la exportación enumeradas en el párrafo 1 del presente artículo, lo
siguiente:

i) en el caso de los compromisos de reducción de
los desembolsos presupuestarios, el nivel máximo de gasto destinado a
tales subvenciones que se podrá asignar o en que se podrá incurrir ese
año con respecto al producto agropecuario o grupo de productos
agropecuarios de que se trate; y

ii) en el caso de los compromisos de reducción de
la cantidad de exportación, la cantidad máxima de un producto
agropecuario, o de un grupo de productos, respecto a la cual podrán
concederse en ese año tales subvenciones.

b) En cualquiera de los años segundo a quinto del
periodo de aplicación, un Miembro podrá conceder subvenciones a la
exportación de las enumeradas en el párrafo 1 supra en un año dado por
encima de los correspondientes niveles de compromiso anuales con
respecto a los productos o grupos de productos especificados en la Parte
IV de la Lista de ese Miembro, a condición de que:

i) las cuantías acumuladas de los desembolsos
presupuestarios destinados a dichas subvenciones desde el principio del
período de aplicación hasta el año de que se trate no sobrepasen las
cantidades acumuladas que habrían resultado del pleno cumplimiento de
los correspondientes niveles anuales de compromiso en materia de
desembolsos especificados en la Lista del Miembro en más del 3 por
ciento del nivel de esos desembolsos presupuestarios en el período de
base;

ii) las cantidades acumuladas exportadas con el
beneficio de dichas subvenciones a la exportación desde el principio del
periodo de aplicación hasta el año de que se trate no sobrepasen las
cantidades acumuladas que habrían resultado del pleno cumplimiento de
los correspondientes niveles anuales de compromiso en materia de
cantidades especificados en la Lista del Miembro en más del 1,75 por
ciento de las cantidades del período de base;

iii) las cuantías acumuladas totales de los
desembolsos presupuestarios destinados a tales subvenciones a la
exportación y las cantidades que se beneficien de ellas durante todo el
periodo de aplicación no sean superiores a los totales que habrían
resultado del pleno cumplimiento de los correspondientes niveles anuales
de compromiso especificados en la Lista del Miembro; y

iv) los desembolsos presupuestarios del Miembro
destinados a las subvenciones a la exportación y las cantidades que se
beneficien de ellas al final del período de aplicación no sean
superiores al 64 por ciento y el 79 por ciento, respectivamente, de los
niveles del periodo de base 1986-1990. En el caso de Miembros que sean
países en desarrollo, esos porcentajes serán del 76 y el 86 por ciento,
respectivamente.

3. Los compromisos relativos a las limitaciones a
la ampliación del alcance de las subvenciones a la exportación son los
que se especifican en las Listas.

4. Durante el período de aplicación, los países en
desarrollo Miembros no estarán obligados a contraer compromisos respecto
de las subvenciones a la exportación enumeradas en los apartados d) y e)
del párrafo 1 supra, siempre que dichas subvenciones no se apliquen de
manera que se eludan los compromisos de reducción.

ARTÍCULO 10.- PREVENCIÓN DE LA ELUSIÓN DE
LOS COMPROMISOS EN MATERIA DE SUBVENCIONES A LA EXPORTACIÓN.

1. Las subvenciones a la exportación no enumeradas
en el párrafo 1 del artículo 9 no serán aplicadas de forma que
constituya, o amenace constituir, una elusión de los compromisos en
materia de subvenciones a la exportación; tampoco se utilizarán
transacciones no comerciales para eludir esos compromisos.

2. Los Miembros se comprometen a esforzarse en
elaborar disciplinas internacionalmente convenidas por las que se rija
la concesión de créditos a la exportación, garantías de créditos a la
exportación o programas de seguro y, una vez convenidas tales
disciplinas, a otorgar los créditos a la exportación, garantías de
créditos a la exportación o programas de seguro únicamente de
conformidad con las mismas.

3.Todo Miembro que alegue que una cantidad
exportada por encima del nivel de compromiso de reducción no está
subvencionada deberá demostrar que para la cantidad exportada en
cuestión no se ha otorgado ninguna subvención a la exportación, esté o
no enumerada en el artículo 9.

4. Los Miembros donantes de ayuda alimentaria
internacional se asegurarán:

a) de que el suministro de ayuda alimentaria
internacional no esté directa o indirectamente vinculado a las
exportaciones comerciales de productos agropecuarios a los países
beneficiarios;

b) de que todas las operaciones de ayuda
alimentaria internacional, incluida la ayuda alimentaria bilateral
monetizada, se realicen de conformidad con los “Principios de la FAO
sobre colocación de excedentes y obligaciones de consulta”, con
inclusión, según proceda, del sistema de Requisitos de Mercadeo Usual
(RMU); y

c) de que esa ayuda se suministre en la medida de
lo posible en forma de donación total o en condiciones no menos
favorables que las previstas en el artículo IV del Convenio sobre la
Ayuda Alimentaria de 1986.

ARTÍCULO 11.- PRODUCTOS INCORPORADOS.

La subvención unitaria pagada respecto de un
producto agropecuario primario incorporado no podrá en ningún caso
exceder de la subvención unitaria a la exportación que sería pagadera
con respecto a las exportaciones del producto primario como tal.

Parte VI

ARTÍCULO 12.- DISCIPLINAS EN MATERIA DE
PROHIBICIONES Y RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN.


1. Cuando un Miembro establezca una nueva
prohibición o restricción a la exportación de productos alimenticios de
conformidad con el párrafo 2 a) del artículo XI del GATT de 1994,
observará las siguientes disposiciones:

a) el Miembro que establezca la prohibición o
restricción a la exportación tomará debidamente en consideración los
efectos de esa prohibición o restricción en la seguridad alimentaria de
los Miembros importadores;

b) antes de establecer la prohibición o
restricción a la exportación, el Miembro que la establezca la notificará
por escrito, con la mayor antelación posible, al Comité de Agricultura,
al que facilitará al mismo tiempo información sobre aspectos tales como
la naturaleza y duración de esa medida, y celebrará consultas, cuando
así se solicite, con cualquier otro Miembro que tenga un interés
sustancial como importador con respecto a cualquier cuestión relacionada
con la medida de que se trate. El Miembro que establezca la prohibición
o restricción a la exportación facilitará, cuando así se solicite, la
necesaria información a ese otro Miembro.

2. Las disposiciones del presente artículo no
serán aplicables a ningún país en desarrollo Miembro, a menos que adopte
la medida un país en desarrollo Miembro que sea exportador neto del
producto alimenticio especifico de que se trate.

Parte VII


ARTÍCULO 13.-
DEBIDA MODERACIÓN.


No obstante las disposiciones del GATT de 1994 y
del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (al que se hace
referencia en el presente artículo como “Acuerdo sobre Subvenciones”),
durante el período de aplicación

a) las medidas de ayuda interna que estén en plena
conformidad con las disposiciones del Anexo 2 del presente Acuerdo.

i) serán subvenciones no
recurribles a efectos de la imposición de derechos compensatorios
(11)
;

ii) estarán exentas de medidas basadas en el
artículo XVI del GATT de 1994 y en la Parte III del Acuerdo sobre
Subvenciones; y

iii) estarán exentas de medidas basadas en la
anulación o menoscabo, sin infracción, de las ventajas en materia de
concesiones arancelarias resultantes para otro Miembro del artículo II
del GATT de 1994, en el sentido del párrafo 1 b) del artículo XXIII del
GATT de 1994;

b)las medidas de ayuda interna que estén en plena
conformidad con las disposiciones del artículo 6 del presente Acuerdo,
incluidos los pagos directos que se ajusten a los criterios enunciados
en el párrafo 5 de dicho artículo, reflejadas en la Lista de cada
Miembro, así como la ayuda interna dentro de niveles de minimis y en
conformidad con las disposiciones del párrafo 2 del artículo 6:

i) estarán exentas de la imposición de derechos
compensatorios, a menos que se llegue a una determinación de la
existencia de daño o amenaza de daño de conformidad con el artículo VI
del GATT de 1994 y con la Parte V del Acuerdo sobre Subvenciones, y se
mostrará la debida moderación en la iniciación de cualesquiera
investigaciones en materia de derechos compensatorios;

ii) estarán exentas de medidas basadas en el
párrafo 1 del artículo XVI del GATT de 1994 o en los artículos 5 y 6 del
Acuerdo sobre Subvenciones, a condición de que no otorguen ayuda a un
producto básico especifico por encima de la decidida durante la campaña
de comercialización de 1992; y

iii) estarán exentas de medidas basadas en la
anulación o menoscabo, sin infracción, de las ventajas en materia de
concesiones arancelarias resultantes para otro Miembro del artículo II
del GATT de 1994, en el sentido del párrafo 1 b) del artículo XXIII del
GATT de 1994, a condición de que no otorguen ayuda a un producto básico
especifico por encima de la decidida durante la campaña de
comercialización de 1992;

c) las subvenciones a la exportación que estén en
plena conformidad con las disposiciones de la Parte V del presente
Acuerdo, reflejadas en la Lista de cada Miembro:

i) estarán sujetas a derechos compensatorios
únicamente tras una determinación de la existencia de daño o amenaza de
daño basada en el volumen, el efecto en los precios, o la consiguiente
repercusión, de conformidad con el artículo VI del GATT de 1994 y con la
Parte V del Acuerdo sobre Subvenciones, y se mostrará la debida
moderación en la iniciación de cualesquiera investigaciones en materia
de derechos compensatorios; y

ii) estarán exentas de medidas basadas en el
artículo XVI del GATT de 1994 o en los artículos 3, 5 y 6 del Acuerdo
sobre Subvenciones.

Parte VIII


ARTÍCULO 14.-
MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS.


Los Miembros acuerdan poner en vigor el Acuerdo
sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarios.

Parte IX


ARTÍCULO 15.-
TRATA ESPECIAL Y DIFERENCIADO.


1. Habiéndose reconocido que el trato diferenciado
y más favorable para los países en desarrollo Miembros forma parte
integrante de la negociación, se otorgará trato especial y diferenciado
con respecto a los compromisos, según se establece en las disposiciones
pertinentes del presente Acuerdo y según quedará incorporado en las
Listas de concesiones y compromisos.

2. Los países en desarrollo Miembros tendrán
flexibilidad para aplicar los compromisos de reducción a lo largo de un
periodo de hasta 10 años. No se exigirá a los países menos adelantados
Miembros que contraigan compromisos de reducción.

Parte X


ARTÍCULO 16.-
PAÍSES MENOS ADELANTADOS Y PAÍSES EN DESARROLLO
IMPORTADORES NETOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.


1. Los países desarrollados Miembros tomarán las
medidas previstas en el marco de la Decisión sobre medidas relativas a
los posibles efectos negativos del programa de reforma en los países
menos adelantados y en los países en desarrollo importadores netos de
productos alimenticios.

2. El Comité de Agricultura vigilará, según
proceda, el seguimiento de dicha Decisión.

Parte XI


ARTÍCULO 17.-
COMITÉ DE AGRICULTURA.


En virtud del presente Acuerdo se establece un
Comité de Agricultura.


ARTÍCULO 18.-
EXAMEN DE LA APLICACIÓN DE LOS COMPROMISOS.


1. El Comité de Agricultura examinará los progresos
realizados en la aplicación de los compromisos negociados en el marco
del programa de reforma de la Ronda Uruguay.

2. Este proceso de examen se realizará sobre la
base de las notificaciones presentadas por los Miembros acerca de las
cuestiones y con la periodicidad que se determinen, y sobre la base de
la documentación que se pida a la Secretaria que prepare con el fin de
facilitar el proceso de examen.

3. Además de las notificaciones que han de
presentarse de conformidad con el párrafo 2, se notificará prontamente
cualquier nueva medida de ayuda interna, o modificación de una medida
existente, respecto de la que se alegue que está exenta de reducción.
Esta notificación incluirá detalles sobre la medida nueva o modificada y
su conformidad con los criterios convenidos, según se establece en el
artículo 6 o en el Anexo 2.

4. En el proceso de examen los Miembros tomarán
debidamente en consideración la influencia de las tasas de inflación
excesivas sobre la capacidad de un Miembro para cumplir sus compromisos
en materia de ayuda interna.

5. Los Miembros convienen en celebrar anualmente
consultas en el Comité de Agricultura con respecto a su participación en
el Crecimiento normal del comercio mundial de productos agropecuarios en
el marco de los compromisos en materia de subvenciones a la exportación
contraídos en virtud del presente Acuerdo.

6. El proceso de examen brindará a los Miembros la
oportunidad de plantear cualquier cuestión relativa a la aplicación de
los compromisos contraídos en el marco del programa de reforma
establecido en el presente Acuerdo.

7. Todo Miembro podrá señalar a la atención del
Comité de Agricultura cualquier medida que a su juicio debiera haber
sido notificada por otro Miembro.


ARTÍCULO 19.-
CONSULTAS Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS.


Serán aplicables a la celebración de consultas y a
la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo las
disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994,
desarrolladas y aplicadas en virtud del Entendimiento sobre Solución de
Diferencias.

Parte XII


ARTÍCULO 20.-
CONTINUACIÓN DEL PROCESO DE REFORMA.


Reconociendo que el logro del objetivo a largo
plazo de reducciones sustanciales y progresivas de la ayuda y la
protección que se traduzcan en una reforma fundamental es un proceso
continuo, los Miembros acuerdan que las negociaciones para proseguir ese
proceso se inicien un año antes del término del periodo de aplicación,
teniendo en cuenta:

a) la experiencia adquirida hasta esa fecha en la
aplicación de los compromisos de reducción;

b) los efectos de los compromisos de reducción en
el comercio mundial en el sector de la agricultura;

c) las preocupaciones no comerciales, el trato
especial y diferenciado para los países en desarrollo Miembros y el
objetivo de establecer un sistema de comercio agropecuario equitativo y
orientado al mercado, así como los demás objetivos y preocupaciones
mencionados en el preámbulo del presente Acuerdo; y

d) qué nuevos compromisos son necesarios para
alcanzar los mencionados objetivos a largo plazo.

Parte XIII


ARTÍCULO 21.-
DISPOSICIONES FINALES.


1. Se aplicarán las disposiciones del GATT de 1994
y de los otros Acuerdos Comerciales Multilaterales incluidos en el Anexo
1A del Acuerdo sobre la OMC, a reserva de las disposiciones del presente
Acuerdo.

2. Los Anexos del presente Acuerdo forman parte
integrante del mismo.


ANEXO 1.-
PRODUCTOS COMPRENDIDOS


1.El presente Acuerdo abarcará los siguientes
productos:

i) Capítulos 1 a 24 del SA menos el pescado y los
productos de pescado, más*:

ii)Código del SA2905.43 (manitol)
Código del SA2905.44 (sorbitol)
Partida del SA33.01 (aceites esenciales)
Partidas del SA35.01 a 35.05 (materia albuminoideas, productos a base
de almidón o de fécula modificados, colas)
Código del SA3809.10 (aprestos y productos de acabado)
Código del SA3823.60 (sorbitol n.e.p.)
Partidas del SA41.01 a 41.03 (cueros y pieles)
Partida del SA43.01 (peletería en bruto)
Partidas del SA50.01 a 50.03 (seda cruda y desperdicios de seda)
Partidas del SA51.01 a 51.03 (lana y pelo)
Partidas del SA52.01 a 52.03 (algodón en rama, desperdicios de algodón
y algodón cardado o peinado)
Partida del SA53.01 (lino en bruto)
Partida del SA53.02 (cáñamo en bruto)

2. Lo que antecede no limitará los productos
comprendidos en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarios.

*Las designaciones de productos que figuran entre
paréntesis no son necesariamente exhaustivas.


ANEXO 2.-
AYUDA INTERNA: BASE PARA LA EXENCION DE LOS COMPROMISOS
DE REDUCCION

1. Las medidas de ayuda interna que se pretenda
queden eximidas de los compromisos de reducción satisfarán el requisito
fundamental de no tener efectos de distorsión del comercio ni efectos en
la producción, o, a lo sumo, tenerlos en grado mínimo. Por consiguiente,
todas las medidas que se pretenda queden eximidas se ajustarán a los
siguientes criterios básicos:

a) la ayuda en cuestión se prestará por medio de
un programa gubernamental financiado con fondos públicos (incluidos
ingresos fiscales sacrificados) que no implique transferencias de los
consumidores; y

b) la ayuda en cuestión no tendrá el efecto de
prestar ayuda en materia de precios a los productores;

y, además, a los criterios y condiciones relativos
a políticas especificas que se exponen a continuación.

Programas gubernamentales de servicios

2. Servicios generales

Las políticas pertenecientes a esta categoría
comportan gastos (o ingresos fiscales sacrificados) en relación con
programas de prestación de servicios o ventajas a la agricultura o a la
comunidad rural. No implicarán pagos directos a los productores o a las
empresas de transformación. Tales programas -entre los que figuran los
enumerados en la siguiente lista, que no es sin embargo exhaustiva-
cumplirán los criterios generales mencionados en el párrafo 1 supra y
las condiciones relativas a políticas específicas en los casos indicados
infra:

a) investigación, con inclusión de investigación
de carácter general, investigación en relación con programas
ambientales, y programas de investigación relativos a determinados
productos;

b) lucha contra plagas y enfermedades, con
inclusión de medidas de lucha contra plagas y enfermedades tanto de
carácter general como relativas a productos específicos: por ejemplo,
sistemas de alerta inmediata, cuarentena y erradicación;

c) servicios de formación, con inclusión de
servicios de formación tanto general como especializada;

d) servicios de divulgación y asesoramientos con
inclusión del suministro de medios para facilitar la transferencia de
información y de los resultados de la investigación a productores y
consumidores;

e) servicios de inspección, con inclusión de
servicios generales de inspección y la inspección de determinados
productos a efectos de sanidad, seguridad, clasificación o
normalización;

f) servicios de comercialización y promoción, con
inclusión de información de mercado, asesoramiento y promoción en
relación con determinados productos pero con exclusión de desembolsos
para fines sin especificar que puedan ser utilizados por los vendedores
para reducir su precio de venta o conferir un beneficio económico
directo a los compradores; y

g) servicios de infraestructura, con inclusión de:
redes de suministro de electricidad, carreteras y otros medios de
transporte, instalaciones portuarias y de mercado, servicios de
abastecimiento de agua, embalses y sistemas de avenamiento, y obras de
infraestructura asociadas con programas ambientales. En todos los casos
los desembolsos se destinarán al suministro o construcción de obras de
infraestructura únicamente y excluirán el suministro subvencionado de
instalaciones terminales a nivel de explotación agrícola que no sean
para la extensión de las redes de servicios públicos de disponibilidad
general. Tampoco abarcarán subvenciones relativas a los insumos o gastos
de explotación, ni tarifas de usuarios preferenciales.

3. Constitución de
existencias públicas con fines de seguridad alimentaria (12)

El gasto (o los ingresos fiscales sacrificados) en
relación con la acumulación y mantenimiento de existencias de productos
que formen parte integrante de un programa de seguridad alimentaria
establecido en la legislación nacional. Podrá incluir ayuda
gubernamental para el almacenamiento de productos por el sector privado
como parte del programa.

El volumen y acumulación de las existencias
responderán a objetivos preestablecidos y relacionados únicamente con la
seguridad alimentaria. El proceso de acumulación y colocación de las
existencias será transparente desde un punto de vista financiero. Las
compras de productos alimenticios por el gobierno se realizarán a los
precios corrientes del mercado y las ventas de productos procedentes de
las existencias de seguridad alimentaria se harán a un precio no
inferior al precio corriente del mercado interno para el producto y la
calidad en cuestión.

4. Ayuda alimentaria
interna (13)

El gasto (o los ingresos fiscales sacrificados) en
relación con el suministro de ayuda alimentaria interna a sectores de la
población que la necesiten.

El derecho a recibir la ayuda alimentaria estará
sujeto a criterios claramente definidos relativos a los objetivos en
materia de nutrición. Tal ayuda revestirá la forma de abastecimiento
directo de productos alimenticios a los interesados o de suministro de
medios que permitan a los beneficiarios comprar productos alimenticios a
precios de mercado o a precios subvencionados. Las compras de productos
alimenticios por el gobierno se realizarán a los precios corrientes del
mercado, y la financiación y administración de la ayuda serán
transparentes.

5. Pagos directos a los productores

La ayuda concedida a los productores mediante
pagos directos (o ingresos fiscales sacrificados, con inclusión de pagos
en especie) que se pretenda quede eximida de los compromisos de
reducción se ajustará a los criterios básicos enunciados en el párrafo 1
supra y a los criterios específicos aplicables a los distintos tipos de
pagos directos a que se refieren los párrafos 6 a 13 infra. Cuando se
pretenda que quede eximido de reducción algún tipo de pago directo,
existente o nuevo, distinto de los que se especifican en los párrafos 6
a 13, ese pago se ajustará a los criterios enunciados en los apartados
b) a e) del párrafo 6, además de los criterios generales establecidos en
el párrafo 1.

6. Ayuda a los ingresos desconectada

a) El derecho a percibir estos pagos se
determinará en función de criterios claramente definidos, como los
ingresos, la condición de productor o de propietario de la tierra, la
utilización de los factores o el nivel de la producción en un período de
base definido y establecido.

b) La cuantía de esos pagos en un año dado no
estará relacionada con, ni se basará en, el tipo o el volumen de la
producción (incluido el número de cabezas de ganado) emprendida por el
productor en cualquier año posterior al periodo de base.

c) La cuantía de esos pagos en un año dado no
estará relacionada con, ni se basará en, los precios internos o
internacionales aplicables a una producción emprendida en cualquier año
posterior al periodo de base.

d) La cuantía de esos pagos en un año dado no
estará relacionada con, ni se basará en, los factores de producción
empleados en cualquier año posterior al periodo de base.

e) No se exigirá producción alguna para recibir
esos pagos.

7. Participación financiera del gobierno en los
programas de seguro de los ingresos y de red de seguridad de los
ingresos

a) El derecho a percibir estos pagos se
determinará en función de que haya una pérdida de ingresos -teniendo en
cuenta únicamente los ingresos derivados de la agricultura -superior al
30 por ciento de los ingresos brutos medios o su equivalente en ingresos
netos (con exclusión de cualesquiera pagos obtenidos de los mismos
planes o de otros similares) del trienio anterior o de un promedio
trienal de los cinco años precedentes de los que se hayan excluido el de
mayores y el de menores ingresos. Todo productor que cumpla esta
condición tendrá derecho a recibir los pagos.

b) La cuantía de estos pagos compensará menos del
70 por ciento de la pérdida de ingresos del productor en el año en que
éste tenga derecho a recibir esta asistencia.

c) La cuantía de todo pago de este tipo estará
relacionada únicamente con los ingresos; no estará relacionada con el
tipo o el volumen de la producción (incluido el número de cabezas de
ganado) emprendida por el productor; ni con los precios, internos o
internacionales, aplicables a tal producción; ni con los factores de
producción empleados.

d) Cuando un productor reciba en el mismo año
pagos en virtud de lo dispuesto en el presente párrafo y en el párrafo 8
(socorro en casos de desastres naturales), el total de tales pagos será
inferior al 100 por ciento de la pérdida total del productor.

8. Pagos (efectuados directamente o a través de la
participación financiera del gobierno en planes de seguro de las
cosechas) en concepto de socorro en casos de desastres naturales

a) El derecho a percibir estos pagos se originará
únicamente previo reconocimiento oficial por las autoridades
gubernamentales de que ha ocurrido o está ocurriendo un desastre natural
u otro fenómeno similar (por ejemplo, brotes de enfermedades,
infestación por plagas, accidentes nucleares o guerra en el territorio
del Miembro de que se trate) y vendrá determinado por una pérdida de
producción superior al 30 por ciento de la producción media del trienio
anterior o de un promedio trienal de los cinco años precedentes de los
que se hayan excluido el de mayor y el de menor producción.

b) Los pagos efectuados a raíz de un desastre se
aplicarán únicamente con respecto a las pérdidas de ingresos, cabezas de
ganado (incluidos los pagos relacionados con el tratamiento veterinario
de los animales), tierras u otros factores de producción debidas al
desastre natural de que se trate.

c) Los pagos no compensarán más del costo total de
sustitución de dichas pérdidas y no se impondrá ni especificará el tipo
o cantidad de la futura producción.

d) Los pagos efectuados durante un desastre no
excederán del nivel necesario para prevenir o aliviar ulteriores
pérdidas de las definidas en el criterio enunciado en el apartado b)
supra.

e) Cuando un productor reciba en el mismo año
pagos en virtud de lo dispuesto en el presente párrafo y en el párrafo 7
(programas de seguro de los ingresos y de red de seguridad de los
ingresos), el total de tales pagos será inferior al 100 por ciento de la
pérdida total del productor.

9. Asistencia para el reajuste estructural
otorgada mediante programas de retiro de productores

a) El derecho a percibir estos pagos se
determinará en función de criterios claramente definidos en programas
destinados a facilitar el retiro de personas dedicadas a la producción
agrícola comercializable o su paso a actividades no agrícolas.

b) Los pagos estarán condicionados a que los
beneficiarios se retiren de la producción agrícola comercializable de
manera total y definitiva.

10. Asistencia para cl reajuste estructural
otorgada mediante programas de detracción de recursos

a) El derecho a percibir estos pagos se
determinará en función de criterios claramente definidos en programas
destinados a detraer tierras u otros recursos, con inclusión del ganado,
de la producción agrícola comercializable.

b) Los pagos estarán condicionados al retiro de
las tierras de la producción agrícola comercializable durante tres años
como mínimo y, en el caso del ganado, a su sacrificio o retiro
permanente y definitivo.

c) Los pagos no conllevarán la imposición o
especificación de ninguna otra utilización de esas tierras o recursos
que entrañe la producción de bienes agropecuarios comercializables.

d) Los pagos no estarán relacionados con el tipo o
cantidad de la producción ni con los precios, internos o
internacionales, aplicables a la producción a que se destine la tierra u
otros recursos que se sigan utilizando en una actividad productiva.

11. Asistencia para el reajuste estructural
otorgada mediante ayudas a la inversión

a) El derecho a percibir estos pagos se
determinará en función de criterios claramente definidos en programas
gubernamentales destinados a prestar asistencia para la reestructuración
financiera o física de las operaciones de un productor en respuesta a
desventajas estructurales objetivamente demostradas. El derecho a
beneficiarse de esos programas podrá basarse también en un programa
gubernamental claramente definido de reprivatización de las tierras
agrícolas.

b) La cuantía de estos pagos en un año dado no
estará relacionada con, ni se basará en, el tipo o el volumen de la
producción (incluido el número de cabezas de ganado) emprendida por el
productor en cualquier año posterior al periodo de base, a reserva de lo
previsto en el criterio e) infra.

c) La cuantía de estos pagos en un año dado no
estará relacionada con, ni se basará en, los precios internos o
internacionales aplicables a una producción emprendida en cualquier año
posterior al período de base.

d) Los pagos se efectuarán solamente durante el
periodo necesario para la realización de la inversión con la que estén
relacionados.

e) Los pagos no conllevarán la imposición ni la
designación en modo alguno de los productos agropecuarios que hayan de
producir los beneficiarios, excepto la prescripción de no producir un
determinado producto.

f) Los pagos se limitarán a la cuantía necesaria
para compensar la desventaja estructural.

12. Pagos en el marco de programas ambientales

a) El derecho a percibir estos pagos se
determinará como parte de un programa gubernamental ambiental o de
conservación claramente definido y dependerá del cumplimiento de
condiciones especificas’ establecidas en el programa gubernamental, con
inclusión de condiciones relacionadas con los métodos de producción o
los insumos.

b) La cuantía del pago se limitará a los gastos
extraordinarios o pérdidas de ingresos que conlleve el cumplimiento del
programa gubernamental.

13. Pagos en el marco de programas de asistencia
regional

a) El derecho a percibir estos pagos estará
circunscrito a los productores de regiones desfavorecidas. Cada una de
estas regiones debe ser una zona geográfica continua claramente
designada, con una identidad económica y administrativa definible, que
se considere desfavorecida sobre la base de criterios imparciales y
objetivos claramente enunciados en una ley o reglamento que indiquen que
las dificultades de la región provienen de circunstancias no meramente
temporales.

b) La cuantía de estos pagos en un año dado no
estará relacionada con, ni se basará en, el tipo o el volumen de la
producción (incluido el número de cabezas de ganado) emprendida por el
productor en cualquier año posterior al periodo de base, excepto si se
trata de reducir esa producción.

c) La cuantía de estos pagos en un año dado no
estará relacionada con, ni se basará en, los precios internos o
internacionales aplicables a una producción emprendida en cualquier año
posterior al período de base.

d) Los pagos serán accesibles únicamente para los
productores de las regiones con derecho a los mismos, pero lo serán en
general para todos los productores situados en esas regiones.

e) Cuando estén relacionados con los factores de
producción, los pagos se realizarán a un ritmo degresivo por encima de
un nivel de umbral del factor de que se trate.

f) Los pagos se limitarán a los gastos
extraordinarios o pérdidas de ingresos que conlleve la producción
agrícola emprendida en la región designada.


ANEXO 3.-
AYUDA INTERNA: CALCULO DE LA MEDIDA GLOBAL DE LA AYUDA


1. A reserva de las disposiciones del artículo 6,
se calculará una Medida Global de la Ayuda (MGA) por productos
específicos con respecto a cada producto agropecuario de base que sea
objeto de sostenimiento de los precios del mercado, de pagos directos no
exentos o de cualquier otra subvención no exenta del compromiso de
reducción (“otras políticas no exentas”). La ayuda no referida a
productos específicos se totalizará en una MGA no referida a productos
específicos expresada en valor monetario total.

2. Las subvenciones a que se refiere el párrafo 1
comprenderán tanto los desembolsos presupuestarios como los ingresos
fiscales sacrificados por el gobierno o los organismos públicos.

3. Se incluirá la ayuda prestada a nivel tanto
nacional como subnacional.

4. Se deducirán de la MGA los gravámenes o
derechos específicamente agrícolas pagados por los productores.

5. La MGA calculada como se indica a continuación
para el período de base constituirá el nivel de base para la aplicación
del compromiso de reducción de la ayuda interna.

6. Para cada producto agropecuario de base se
establecerá una MGA específica expresada en valor monetario total.

7. La MGA se calculará en el punto más próximo
posible al de la primera venta del producto agropecuario de base de que
se trate. Las medidas orientadas a las empresas de transformación de
productos agropecuarios se incluirán en la medida en que beneficien a
los productores de los productos agropecuarios de base.

8. Sostenimiento de los precios del mercado: la
ayuda destinada al sostenimiento de los precios del mercado se calculará
multiplicando la diferencia entre un precio exterior de referencia fijo
y el precio administrado aplicado por la cantidad de producción con
derecho a recibir este último precio. Los pagos presupuestarios
efectuados para mantener esa diferencia, tales como los destinados a
cubrir los costos de compra o de almacenamiento, no se incluirán en la
MGA.

9. El precio exterior de referencia fijo se basará
en los años 1986 a 1988 y será generalmente el valor unitario f.o.b.
medio del producto agropecuario de base de que se trate en un país
exportador neto y el valor unitario c.i.f. medio de ese producto
agropecuario de base en un país importador neto durante el período de
base. El precio de referencia fijo podrá ajustarse en función de las
diferencias de calidad, según sea necesario.

10. Pagos directos no exentos: los pagos directos
no exentos que dependan de una diferencia de precios se calcularán
multiplicando la diferencia entre el precio de referencia fijo y el
precio administrado aplicado por la cantidad de producción con derecho a
recibir este último precio, o utilizando los desembolsos
presupuestarios.

11. El precio de referencia fijo se basará en los
años 1986 a 1988 y será generalmente el precio real utilizado para
determinar las tasas de los pagos.

12. Los pagos directos no exentos que se basen en
factores distintos del precio se medirán utilizando los desembolsos
presupuestarios.

13. Otras medidas no exentas, entre ellas las
subvenciones a los insumos y otras medidas tales como las medidas de
reducción de los costos de comercialización: el valor de estas medidas
se medirá utilizando los desembolsos presupuestarios; cuando este método
no refleje toda la magnitud de la subvención de que se trate, la base
para calcular la subvención será la diferencia entre el precio del
producto o servicio subvencionado y un precio de mercado representativo
de un producto o servicio similar multiplicada por la cantidad de ese
producto o servicio.


ANEXO 4.-
AYUDA INTERNA: CALCULO DE LA MEDIDA DE LA AYUDA
EQUIVALENTE


1. A reserva de las disposiciones del artículo 6,
se calcularán medidas de la ayuda equivalentes con respecto a todos los
productos agropecuarios de base para los cuales exista sostenimiento de
los precios del mercado, según se define en el Anexo 3, pero para los
que no sea factible el cálculo de este componente de la MGA. En el caso
de esos productos, el nivel de base para la aplicación de los
compromisos de reducción de la ayuda interna estará constituido por un
componente de sostenimiento de los precios del mercado, expresado en
medidas de la ayuda equivalentes calculadas de conformidad con lo
establecido en el párrafo 2 infra, y por cualesquiera pagos directos no
exentos y demás medidas de ayuda no exentas, que se evaluarán según lo
dispuesto en el párrafo 3 infra. Se incluirá la ayuda prestada a nivel
tanto nacional como subnacional.

2. Las medidas de la ayuda equivalentes previstas
en el párrafo 1 se calcularán por productos específicos con respecto a
todos los productos agropecuarios de base en el punto más próximo
posible al de la primera venta que se beneficien de un sostenimiento de
los precios del mercado y para los que no sea factible el cálculo del
componente de sostenimiento de los precios del mercado de la MGA. En el
caso de esos productos agropecuarios de base, las medidas equivalentes
de la ayuda destinada al sostenimiento de los precios del mercado se
calcularán utilizando el precio administrado aplicado y la cantidad de
producción con derecho a recibir ese precio o, cuando ello no sea
factible, los desembolsos presupuestarios destinados a mantener el
precio al productor.

3. En los casos en que los productos agropecuarios
de base comprendidos en el ámbito del párralo 1 sean objeto de pagos
directos no exentos o de cualquier otra subvención por productos
específicos no exenta del compromiso de reducción, las medidas de la
ayuda equivalentes relativas a esas medidas se basarán en los cálculos
previstos para los correspondientes componentes de la MGA (especificados
en los párrafos 10 a 13 del Anexo 3).

4. Las medidas de la ayuda equivalentes se
calcularán basándose en la cuantía de la subvención en el punto más
próximo posible al de la primera venta del producto agropecuario de base
de que se trate. Las medidas orientadas a las empresas de transformación
de productos agropecuarios se incluirán en la medida en que beneficien a
los productores de los productos agropecuarios de base. Los gravámenes o
derechos específicamente agrícolas pagados por los productores reducirán
las medidas de la ayuda equivalentes en la cuantía correspondiente.


ANEXO 5.-
TRATO ESPECIAL CON RESPECTO AL PARRAFO 2 DEL ARTICULO 4


Sección A

1. Las disposiciones del párralo 2 del artículo 4
no se aplicarán con efecto a partir de la entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OMC a los productos agropecuarios primarios y los productos con
ellos elaborados y/o preparados(“productos designados”) respecto de los
cuales se cumplan las siguientes condiciones (trato denominado en
adelante “trato especial”):

a) que las importaciones de los productos
designados representen menos del 3 por ciento del consumo interno
correspondiente del período de base 1986-1988 (“período de base”);

b) que desde el comienzo del período de base no se
hayan concedido subvenciones a la exportación de los productos
designados;

c) que se apliquen al producto agropecuario
primario medidas efectivas de restricción de la producción;

d) que esos productos se designen en la sección
I-B de la Parte I de la Lista de un Miembro anexa al Protocolo de
Marrakech con el símbolo “TE-Anexo 5”, indicativo de que están sujetos a
trato especial atendiendo a factores de interés no comercial tales como
la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente; y

e) que las oportunidades de acceso mínimo para los
productos designados, especificadas en la sección I-B de la Parte I de
la Lista del Miembro de que se trate correspondan al 4 por ciento del
consumo interno en el período de base de los productos designados desde
el comienzo del primer año del período de aplicación y se incrementen
después anualmente durante el resto del período de aplicación en un 0,8
por ciento del consumo interno correspondiente del período de base.

2. Al comienzo de cualquier año del período de
aplicación un Miembro podrá dejar de aplicar el trato especial respecto
de los productos designados dando cumplimiento a las disposiciones del
párrafo 6. En ese caso el Miembro de que se trate mantendrá las
oportunidades de acceso mínimo que ya estén en vigor en ese momento y
las incrementará anualmente durante el resto del periodo de aplicación
en un 0,4 por ciento del consumo interno correspondiente del periodo de
base. Después se mantendrá en la Lista del Miembro de que se trate el
nivel de oportunidades de acceso mínimo que haya resultado de esa
fórmula en el último año del periodo de aplicación.

3. Toda negociación sobre la cuestión de si podrá
continuar el trato especial establecido en el párrafo 1 una vez
terminado el periodo de aplicación se concluirá dentro del marco
temporal del propio período de aplicación como parte de las
negociaciones previstas en el artículo 20 del presente Acuerdo teniendo
en cuenta los factores de interés no comercial.

4. En caso de que, como resultado de la
negociación a que se hace referencia en el párrafo 3 se acuerde que un
Miembro podrá continuar aplicando el trato especial dicho Miembro hará
concesiones adicionales y aceptables con arreglo a lo que se haya
determinado en esa negociación.

5. Cuando el trato especial no haya de continuar
una vez acabado el periodo de aplicación, el Miembro de que se trate
aplicará las disposiciones del párrafo 6. En ese caso una vez terminado
el periodo de aplicación se mantendrán en la Lista de dicho Miembro las
oportunidades de acceso mínimo para los productos designados al nivel
del X por ciento del consumo interno correspondiente del periodo de
base.

6. Las medidas en frontera que no sean derechos de
aduana propiamente dichos mantenidas con respecto a los productos
designados quedarán sujetas a las disposiciones del párrafo 2 del
artículo 4 con efecto a partir del comienzo del año en que cese de
aplicarse el trato especial. Dichos productos estarán sujetos a derechos
de aduana propiamente dichos que se consolidarán en la Lista del Miembro
de que se trate y se aplicarán a partir del comienzo del año en que cese
el trato especial y en años sucesivos a los tipos que habrían sido
aplicables si durante el periodo de aplicación se hubiera hecho efectiva
una reducción de un 15 por ciento como mínimo en tramos anuales iguales.
Esos derechos se establecerán sobre la base de equivalentes arancelarios
que se calcularán con arreglo a las directrices prescritas en el
Apéndice del presente Anexo.

Sección B

7. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 4
tampoco se aplicarán con efecto a partir de la entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC a un producto agropecuario primario que sea el
producto esencial predominante en la dieta tradicional de un país en
desarrollo Miembro y respecto del cual se cumplan, además de las
condiciones estipuladas en los apartados a) a d) del párrafo 1, en la
medida en que sean aplicables a los productos en cuestión, las
condiciones siguientes:

a) que las oportunidades de acceso mínimo para los
productos en cuestión, especificadas en la sección I-B de la Parte I de
la Lista del país en desarrollo Miembro de que se trate, correspondan al
1 por ciento del consumo interno de dichos productos durante el periodo
de base desde el comienzo del primer año del periodo de aplicación y se
incrementen en tramos anuales iguales de modo que sean del 2 por ciento
del consumo interno correspondiente del periodo de base al principio del
quinto año del periodo de aplicación, y que desde el comienzo del sexto
año del periodo de aplicación las oportunidades de acceso mínimo para
los productos en cuestión correspondan al 2 por ciento del consumo
interno correspondiente del periodo de base y se incrementen en tramos
anuales iguales hasta el comienzo del 10o. año al 4 por ciento del
consumo interno correspondiente del periodo de base. Posteriormente, se
mantendrá en la Lista del país en desarrollo Miembro de que se trate el
nivel de oportunidades de acceso mínimo que haya resultado de esa
fórmula en el 10o. año;

b) que se hayan establecido oportunidades
adecuadas de acceso al mercado con respecto a otros productos abarcados
por el presente Acuerdo.

8. Toda negociación sobre la cuestión de si el
trato especial previsto en el párrafo 7 podrá continuar una vez
terminado el 10º año contado a partir del principio del periodo de
aplicación se iniciará y completará dentro de ese 10o. año contado a
partir del comienzo del periodo de aplicación.

9. En caso de que, como resultado de la
negociación a que se hace referencia en el párrafo 8 se acuerde que un
Miembro podrá continuar aplicando el trato especial, dicho Miembro hará
concesiones adicionales y aceptables con arreglo a lo que se haya
determinado en esa negociación.

10. En caso de que el trato especial previsto en
el párrafo 7 no haya de mantenerse una vez terminado el 10º año contado
a partir del principio del periodo de aplicación, los productos en
cuestión quedarán sujetos a derechos de aduana propiamente dichos,
establecidos sobre la base de un equivalente arancelario calculado con
arreglo a las directrices prescritas en el Apéndice del presente Anexo,
que se consolidarán en la Lista del Miembro de que se trate. En otros
aspectos, se aplicarán las disposiciones del párrafo 6 modificadas por
el trato especial y diferenciado pertinente otorgado a los países en
desarrollo Miembros en virtud del presente Acuerdo.


APÉNDICE DEL ANEXO 5

Directrices para el cálculo de los equivalentes
arancelarios con el fin específico indicado en los párrafos 6 y 10 del
presente Anexo

1. El cálculo de los equivalentes arancelarios, ya
se expresen en tipos ad valorem o en tipos específicos, se hará de
manera transparente, utilizando la diferencia real entre los precios
interiores y los exteriores. Se utilizarán los datos correspondientes a
los años 1986 a 1988. Los equivalentes arancelarios:

a) se establecerán fundamentalmente a nivel de
cuatro dígitos del SA;

b) se establecerán a nivel de seis dígitos o a un
nivel más detallado del SA cuando proceda;

c) en el caso de los productos elaborados y/o
preparados, se establecerán en general multiplicando el o los
equivalentes arancelarios específicos correspondientes al o a los
productos agropecuarios primarios por la o las proporciones en términos
de valor o en términos físicos, según proceda, del o de los productos
agropecuarios primarios contenidos en los productos elaborados y/o
preparados, y se tendrán en cuenta, cuando sea necesario, cualesquiera
otros elementos que presten en ese momento protección a la rama de
producción.

2. Los precios exteriores serán, en general, los
valores unitarios c.i.f. medios efectivos en el país importador. Cuando
no se disponga de valores unitarios c.i.f. medios o éstos no sean
apropiados, los precios exteriores serán:

a) los valores unitarios c.i.f. medios apropiados
de un país vecino; o

b) los estimados a partir de los valores unitarios
f.o.b. medios de uno o varios exportadores importantes apropiados,
ajustados mediante la adición de una estimación de los gastos de seguro
y flete y demás gastos pertinentes en que incurra el país importador.

3. Los precios exteriores se convertirán en
general a la moneda nacional utilizando el tipo de cambio medio anual
del mercado correspondiente al mismo periodo al que se refieran los
datos de los precios.

4. El precio interior será en general un precio al
por mayor representativo vigente en el mercado interno o, cuando no se
disponga de datos adecuados, una estimación de ese precio.

5. Los equivalentes arancelarios iniciales podrán
ajustarse, cuando sea necesario, para tener en cuenta las diferencias de
calidad o variedad, utilizando para ello un coeficiente apropiado.

6. Cuando el equivalente arancelario resultante de
estas directrices sea negativo o inferior al tipo consolidado vigente,
podrá establecerse un equivalente arancelario inicial igual al tipo
consolidado vigente o basado en las ofertas nacionales sobre el producto
de que se trate.

7. Cuando se ajuste el nivel del equivalente
arancelario que haya resultado de la aplicación de las directrices
establecidas supra, el Miembro de que se trate brindará, previa
solicitud, oportunidades plenas para la celebración de consultas con
miras a negociar soluciones apropiadas.


ACUERDO SOBRE LA
APLICACION DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

Los Miembros,

Reafirmando que no debe impedirse a ningún Miembro
adoptar ni aplicar las medidas necesarias para proteger la vida y la
salud de las personas y los animales o para preservar los vegetales, a
condición de que esas medidas no se apliquen de manera que constituya un
medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los Miembros
en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta
del comercio internacional;

Deseando mejorar la salud de las personas y de los
animales y la situación fitosanitaria en el territorio de todos los
Miembros;

Tomando nota de que las medidas sanitarias y
fitosanitarias se aplican con frecuencia sobre la base de acuerdos o
protocolos bilaterales;

Deseando que se establezca un marco multilateral
de normas y disciplinas que sirvan de guía en la elaboración, adopción y
observancia de las medidas sanitarias y fitosanitarias para reducir al
mínimo sus efectos negativos en el comercio;

Reconociendo la importante contribución que pueden
hacer a este respecto las normas, directrices y recomendaciones
internacionales;

Deseando fomentar la utilización de medidas
sanitarias y fitosanitarias armonizadas entre las Miembros sobre la base
de normas directrices y recomendaciones internacionales elaboradas por
las organizaciones internacionales competentes entre ellas la Comisión
del Codex Alimentarius la Oficina Internacional de Epizootias y las
organizaciones internacionales y regionales competentes que operan en el
marco de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria sin que
ello requiera que los Miembros modifiquen su nivel adecuado de
protección de la vida o la salud de las personas y de los animales o de
preservación de los vegetales;

Reconociendo que los países en desarrollo Miembros
pueden tropezar con dificultades especiales para cumplir las medidas
sanitarias o fitosanitarias de los Miembros importadores y como
consecuencia para acceder a los mercados así como para formular y
aplicar medidas sanitarias o fitosanitarias en sus propios territorios y
deseando ayudarles en los esfuerzos que realicen en esta esfera;

Deseando, por consiguiente
elaborar normas para la aplicación de las disposiciones del GATT de 1994
relacionadas con el empleo de las medidas sanitarias o fitosanitarias,
en particular las disposiciones del apartado b) del artículo XX
(14);

Convienen en lo siguiente:


ARTÍCULO 1..-
DISPOSICIONES GENERALES.


1. El presente Acuerdo es aplicable a todas las
medidas sanitarias y fitosanitarias que puedan afectar, directa o
indirectamente, al comercio internacional. Tales medidas se elaborarán y
aplicarán de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo.

2. A los efectos del presente Acuerdo, se
aplicarán las definiciones que figuran en el Anexo A.

3. Los Anexos forman parte integrante del presente
Acuerdo.

4. Ninguna disposición del presente Acuerdo
afectará a los derechos que correspondan a los Miembros en virtud del
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio con respecto a las medidas
no comprendidas en el ámbito del presente Acuerdo.


ARTÍCULO 2.-
DERECHOS Y OBLIGACIONES BÁSICOS.


1. Los Miembros tienen derecho a adoptar las
medidas sanitarias y fitosanitarias necesarias para proteger la salud y
la vida de las personas y de los animales o para preservar los
vegetales, siempre que tales medidas no sean incompatibles con las
disposiciones del presente Acuerdo.

2. Los Miembros se asegurarán de que cualquier
medida sanitaria o fitosanitaria sólo se aplique en cuanto sea necesaria
para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o
para preservar los vegetales, de que esté basada en principios
científicos y de que no se mantenga sin testimonios científicos
suficientes, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 5.

3. Los Miembros se asegurarán de que sus medidas
sanitarias y fitosanitarias no discriminen de manera arbitraria o
injustificable entre Miembros en que prevalezcan condiciones idénticas o
similares, ni entre su propio territorio y el de otros Miembros. Las
medidas sanitarias y fitosanitarias no se aplicarán de manera que
constituyan una restricción encubierta del comercio internacional.

4. Se considerará que las medidas sanitarias o
fitosanitarias conformes a las disposiciones pertinentes del presente
Acuerdo están en conformidad con las obligaciones de los Miembros en
virtud de las disposiciones del GATT de 1994 relacionadas con el empleo
de las medidas sanitarias o fitosanitarias, en particular las del
apartado b) del artículo XX.


ARTÍCULO 3.-
ARMONIZACIÓN.


1. Para armonizar en el mayor grado posible las
medidas sanitarias y fitosanitarias, los Miembros basarán sus medidas
sanitarias o fitosanitarias en normas, directrices o recomendaciones
internacionales, cuando existan, salvo disposición en contrario en el
presente Acuerdo y en particular en el párrafo 3.

2. Se considerará que las medidas sanitarias o
fitosanitarias que estén en conformidad con normas directrices o
recomendaciones internacionales son necesarias para proteger la salud y
la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales
y se presumirá que son compatibles con las disposiciones pertinentes del
presente Acuerdo y del GATT de 1994.

3. Los Miembros podrán
establecer o mantener medidas sanitarias o fitosanitarias que
representen un nivel de protección sanitaria o fitosanitaria más elevado
que el que se lograría mediante medidas basadas en las normas,
directrices o recomendaciones internacionales pertinentes, si existe una
justificación científica o si ello es consecuencia del nivel de
protección sanitaria o fitosanitaria que el Miembro de que se trate
determine adecuado de conformidad con las disposiciones pertinentes de
los párrafos 1 a 8 del artículo 5.(15) Ello no obstante, las
medidas que representen un nivel de protección sanitaria o fitosanitaria
diferente del que se lograría mediante medidas basadas en normas,
directrices o recomendaciones internacionales no habrán de ser
incompatibles con ninguna otra disposición del presente Acuerdo.

4. Los Miembros participarán plenamente, dentro de
los límites de sus recursos, en las organizaciones internacionales
competentes y sus órganos auxiliares, en particular la Comisión del
Codex Alimentarius y la Oficina Internacional de Epizootias, y en las
organizaciones internacionales y regionales que operan en el marco de la
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, para promover en
esas organizaciones la elaboración y el examen periódico de normas,
directrices y recomendaciones relativas a todos los aspectos de las
medidas sanitarias y fitosanitarias.

5. El Comité de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarios al que se refieren los párrafos 1 y 4 del artículo 12
(denominado en el presente Acuerdo el “Comité”) elaborará un
procedimiento para vigilar el proceso de armonización internacional y
coordinar con las organizaciones internacionales competentes las
iniciativas a este respecto.


ARTÍCULO 4.-
EQUIVALENCIA.


1. Los Miembros aceptarán como equivalentes las
medidas sanitarias o fitosanitarias de otros Miembros, aun cuando
difieran de las suyas propias o de las utilizadas por otros Miembros que
comercien con el mismo producto, si el Miembro exportador demuestra
objetivamente al Miembro importador que sus medidas logran el nivel
adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria del Miembro importador.
A tales efectos, se facilitará al Miembro importador que lo solicite un
acceso razonable para inspecciones, pruebas y demás procedimientos
pertinentes.

2. Los Miembros entablarán, cuando reciban una
solicitud a tales efectos, consultas encaminadas a la conclusión de
acuerdos bilaterales y multilaterales de reconocimiento de la
equivalencia de medidas sanitarias o fitosanitarias concretas.


ARTÍCULO 5.-
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DEL NIVEL ADECUADO DE PROTECCIÓN
SANITARIA O FITOSANITARIA.


1. Los Miembros se asegurarán de que sus medidas
sanitarias o fitosanitarias se basen en una evaluación, adecuada a las
circunstancias, de los riesgos existentes para la vida y la salud de las
personas y de los animales o para la preservación de los vegetales,
teniendo en cuenta las técnicas de evaluación del riesgo elaboradas por
las organizaciones internacionales competentes.

2. Al evaluar los riesgos, los Miembros tendrán en
cuenta: los testimonios científicos existentes; los procesos y métodos
de producción pertinentes; los métodos pertinentes de inspección,
muestreo y prueba; la prevalencia de enfermedades o plagas concretas; la
existencia de zonas libres de plagas o enfermedades; las condiciones
ecológicas y ambientales pertinentes; y los regímenes de cuarentena y
otros.

3.Al evaluar el riesgo para la vida o la salud de
los animales o la preservación de los vegetales y determinar la medida
que habrá de aplicarse para lograr el nivel adecuado de protección
sanitaria fitosanitaria contra ese riesgo, los Miembros tendrán en
cuenta como factores económicos pertinentes: el posible perjuicio por
pérdida de producción o de ventas en caso de entrada, radicación o
propagación de una plaga o enfermedad; los costos de control o
erradicación en el territorio del Miembro importador; y la relación
costo-eficacia de otros posibles métodos para limitar los riesgos.

4. Al determinar el nivel adecuado de protección
sanitaria o fitosanitaria, los Miembros deberán tener en cuenta el
objetivo de reducir al mínimo los efectos negativos sobre el comercio.

5. Con objeto de lograr coherencia en la
aplicación del concepto de nivel adecuado de protección sanitaria o
fitosanitaria contra los riesgos tanto para la vida y la salud de las
personas como para las de los animales o la preservación de los
vegetales, cada Miembro evitará distinciones arbitrarias o
injustificables en los niveles que considere adecuados en diferentes
situaciones, si tales distinciones tienen por resultado una
discriminación o una restricción encubierta del comercio internacional.
Los Miembros colaborarán en el Comité, de conformidad con los párrafos
1,2 y 3 del artículo 12, para elaborar directrices que fomenten la
aplicación práctica de la presente disposición. Al elaborar esas
directrices el Comité tendrá en cuenta todos los factores pertinentes,
con inclusión del carácter excepcional de los riesgos para la salud
humana a los que las personas se exponen por su propia voluntad.

6. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3, cuando se establezcan o
mantengan medidas sanitarias o fitosanitarias para lograr el nivel
adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria, los Miembros se
asegurarán de que tales medidas no entrañen un grado de restricción del
comercio mayor del requerido para lograr su nivel adecuado de protección
sanitaria o fitosanitaria, teniendo en cuenta su viabilidad técnica y
económica. (16)

7. Cuando los testimonios científicos pertinentes
sean insuficientes, un Miembro podrá adoptar provisionalmente medidas
sanitarias o fitosanitarias sobre la base de la información pertinente
de que disponga, con inclusión de la procedente de las organizaciones
internacionales competentes y de las medidas sanitarias o fitosanitarias
que apliquen otras partes contratantes. En tales circunstancias, los
Miembros tratarán de obtener la información adicional necesaria para una
evaluación más objetiva del riesgo y revisarán en consecuencia la medida
sanitaria o fitosanitaria en un plazo razonable.

8. Cuando un Miembro tenga motivos para creer que
una determinada medida sanitaria o fitosanitaria establecida o mantenida
por otro Miembro restringe o puede restringir sus exportaciones y esa
medida no esté basada en las normas, directrices o recomendaciones
internacionales pertinentes, o no existan tales normas, directrices o
recomendaciones, podrá pedir una explicación de los motivos de esa
medida sanitaria o fitosanitaria y el Miembro que mantenga la medida
habrá de darla.


ARTÍCULO 6.-
ADAPTACIÓN A LAS CONDICIONES REGIONALES, CON INCLUSIÓN DE
LAS ZONAS LIBRES DE PLAGAS O ENFERMEDADES Y LAS ZONAS DE ESCASA
PREVALENCIA DE PLAGAS O ENFERMEDADES.


1. Los Miembros se asegurarán de que sus medidas
sanitarias o fitosanitarias se adapten a las características sanitarias
o fitosanitarias de las zonas de origen y de destino del producto, ya se
trate de todo un país, de parte de un país o de la totalidad o partes de
varios países. Al evaluar las características sanitarias o
fitosanitarias de una región, los Miembros tendrán en cuenta, entre
otras cosas, el nivel de prevalencia de enfermedades o plagas concretas,
la existencia de programas de erradicación o de control, y los criterios
o directrices adecuados que puedan elaborar las organizaciones
internacionales competentes.

2. Los Miembros reconocerán, en particular, los
conceptos de zonas libres de plagas o enfermedades y zonas de escasa
prevalencia de plagas o enfermedades. La determinación de tales zonas se
basará en factores como la situación geográfica, los ecosistemas, la
vigilancia epidemiológica y la eficacia de los controles sanitarios o
fitosanitarios.

3. Los Miembros exportadores que afirmen que zonas
situadas en sus territorios son zonas libres de plagas o enfermedades o
de escasa prevalencia de plagas o enfermedades aportarán las pruebas
necesarias para demostrar objetivamente al Miembro importador que esas
zonas son zonas libres de plagas o enfermedades o de escasa prevalencia
de plagas o enfermedades, respectivamente, y no es probable que varíen.
A tales efectos, se facilitará al Miembro importador que lo solicite un
acceso razonable para inspecciones, pruebas y demás procedimientos
pertinentes.


ARTÍCULO 7.-
TRANSPARENCIA.


Los Miembros notificaran las modificaciones de sus
medidas sanitarias o fitosanitarias y facilitarán información sobre sus
medidas sanitarias o fitosanitarias de conformidad con las disposiciones
del Anexo B.


ARTÍCULO 8.-
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL, INSPECCIÓN Y APROBACIÓN.


Los Miembros observarán las disposiciones del Anexo
C al aplicar procedimientos de control, inspección y aprobación, con
inclusión de los sistemas nacionales de aprobación del uso de aditivos o
de establecimiento de tolerancias de contaminantes en los productos
alimenticios, en las bebidas o en los piensos, y se asegurarán en lo
demás de que sus procedimientos no sean incompatibles con las
disposiciones del presente Acuerdo.


ARTÍCULO 9.-
ASISTENCIA TÉCNICA.


1. Los Miembros convienen en facilitar la
prestación de asistencia técnica a otros Miembros, especialmente a los
países en desarrollo Miembros, de forma bilateral o por conducto de las
organizaciones internacionales competentes. Tal asistencia podrá
prestarse, entre otras, en las esferas de tecnologías de elaboración,
investigación e infraestructura -con inclusión del establecimiento de
instituciones normativas nacionales- y podrá adoptar la forma de
asesoramiento, créditos, donaciones y ayudas a efectos, entre otros, de
procurar conocimientos técnicos, formación y equipo para que esos países
puedan adaptarse y atenerse a las medidas sanitarias o fitosanitarias
necesarias para lograr el nivel adecuado de protección sanitaria o
fitosanitaria en sus mercados de exportación.

2. Cuando sean necesarias inversiones sustanciales
para que un país en desarrollo Miembro exportador cumpla las
prescripciones sanitarias o fitosanitarias de un Miembro importador,
este último considerará la posibilidad de prestar la asistencia técnica
necesaria para que el país en desarrollo Miembro pueda mantener y
aumentar sus oportunidades de acceso al mercado para el producto de que
se trate.


ARTÍCULO 10.-
TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO.


1. Al elaborar y aplicar las medidas sanitarias o
fitosanitarias, los Miembros tendrán en cuenta las necesidades
especiales de los países en desarrollo Miembros, y en particular las de
los países menos adelantados Miembros.

2. Cuando el nivel adecuado de protección
sanitaria o fitosanitaria permita el establecimiento gradual de nuevas
medidas sanitarias o fitosanitarias, deberán concederse plazos más
largos para su cumplimiento con respecto a los productos de interés para
los países en desarrollo Miembros, con el fin de mantener sus
oportunidades de exportación.

3. Con objeto de asegurarse de que los países en
desarrollo Miembros puedan cumplir las disposiciones del presente
Acuerdo, se faculta al Comité para autorizar a tales países, previa
solicitud, excepciones especificadas y de duración limitada, totales o
parciales, al cumplimiento de las obligaciones dimanantes del presente
Acuerdo, teniendo en cuenta sus necesidades en materia de finanzas,
comercio y desarrollo.

4. Los Miembros deberán fomentar y facilitar la
participación activa de los países en desarrollo Miembros en las
organizaciones internacionales competentes.


ARTÍCULO 11.-
CONSULTAS Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS.


1. Las disposiciones de los artículos XXII y XXIII
del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas en virtud del Entendimiento
sobre Solución de Diferencias, serán aplicables a la celebración de
consultas y a la solución de diferencias en el marco del presente
Acuerdo, salvo que en éste se disponga expresamente lo contrario.

2. En una diferencia examinada en el marco del
presente Acuerdo en la que se planteen cuestiones de carácter científico
o técnico, el grupo especial correspondiente deberá pedir asesoramiento
a expertos por él elegidos en consulta con las partes en la diferencia.
A tal fin, el grupo especial podrá, cuando lo estime apropiado,
establecer un grupo asesor de expertos técnicos o consultar a las
organizaciones internacionales competentes, a petición de cualquiera de
las partes en la diferencia o por propia iniciativa.

3. Ninguna disposición del presente Acuerdo
menoscabará los derechos que asistan a los Miembros en virtud de otros
acuerdos internacionales, con inclusión del derecho de recurrir a los
buenos oficios o a los mecanismos de solución de diferencias de otras
organizaciones internacionales o establecidos en virtud de un acuerdo
internacional.


ARTÍCULO 12.-
ADMINISTRACIÓN.


1. Se establece en virtud del presente Acuerdo un
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarios que servirá regularmente
de foro para celebrar consultas. Desempeñará las funciones necesarias
para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo y para la
consecución de sus objetivos, especialmente en materia de armonización.
El Comité adoptará sus decisiones por consenso.

2. El Comité fomentará y facilitará la celebración
entre los Miembros de consultas o negociaciones ad hoc sobre cuestiones
sanitarias o fitosanitarias concretas. El Comité fomentará la
utilización por todos los Miembros de normas, directrices o
recomendaciones internacionales y, a ese respecto, auspiciará consultas
y estudios técnicos con objeto de aumentar la coordinación y la
integración entre los sistemas y métodos nacionales e internacionales
para la aprobación del uso de aditivos alimentarios o el establecimiento
de tolerancias de contaminantes en los productos alimenticios, las
bebidas o los piensos.

3. El Comité se mantendrá en estrecho contacto con
las organizaciones internacionales competentes en materia de protección
sanitaria y fitosanitaria, en particular la Comisión del Codex
Alimentarius, la Oficina Internacional de Epizootias y la Secretaria de
la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, con objeto de
lograr el mejor asesoramiento científico y técnico que pueda obtenerse a
efectos de la administración del presente Acuerdo, y de evitar toda
duplicación innecesaria de la labor.

4. El Comité elaborará un procedimiento para
vigilar el proceso de armonización internacional y la utilización de
normas, directrices o recomendaciones internacionales. A tal fin, el
Comité, conjuntamente con las organizaciones internacionales
competentes, deberá establecer una lista de las normas, directrices o
recomendaciones internacionales relativas a las medidas sanitarias o
fitosanitarias que el Comité determine tienen una repercusión importante
en el comercio. En la lista deberá figurar también una indicación por
los Miembros de las normas, directrices o recomendaciones
internacionales que aplican como condiciones para la importación o sobre
cuya base pueden gozar de acceso a sus mercados los productos importados
que sean conformes a tales normas. En los casos en que un Miembro no
aplique una norma, directriz o recomendación internacional como
condición para la importación, dicho Miembro deberá indicar los motivos
de ello y, en particular, si considera que la norma no es lo bastante
rigurosa para proporcionar el nivel adecuado de protección sanitaria o
fitosanitaria. Si, tras haber indicado la utilización de una norma,
directriz o recomendación como condición para la importación, un Miembro
modificara su posición, deberá dar una explicación de esa modificación e
informar al respecto a la Secretaria y a las organizaciones
internacionales competentes, a no ser que se haya hecho tal notificación
y dado tal explicación de conformidad con el procedimiento previsto en
el Anexo B.

5. Con el fin de evitar duplicaciones
innecesarias, el Comité podrá decidir, cuando proceda, utilizar la
información generada por los procedimientos -especialmente en materia de
notificación- vigentes en las organizaciones internacionales
competentes.

6. A iniciativa de uno de los Miembros, el Comité
podrá invitar por los conductos apropiados a las organizaciones
internacionales competentes o sus órganos auxiliares a examinar
cuestiones concretas con respecto a una determinada norma, directriz o
recomendación, con inclusión del fundamento de la explicación dada, de
conformidad con el párrafo 4, para no utilizarla.

7. El Comité examinará el funcionamiento y
aplicación del presente Acuerdo a los tres años de la fecha de entrada
en vigor del Acuerdo sobre la OMC y posteriormente cuando surja la
necesidad. Cuando proceda, el Comité podrá someter al Consejo del
Comercio de Mercancías propuestas de modificación del texto del presente
Acuerdo teniendo en cuenta, entre otras cosas, la experiencia adquirida
con su aplicación.


ARTÍCULO 13.-
APLICACIÓN.


En virtud del presente Acuerdo, los Miembros son
plenamente responsables de la observancia de todas las obligaciones en
él estipuladas. Los Miembros elaborarán y aplicarán medidas y mecanismos
positivos que favorezcan la observancia de las disposiciones del
presente Acuerdo por las instituciones que no sean del gobierno central.
Los Miembros tomarán las medidas razonables que estén a su alcance para
asegurarse de que las entidades no gubernamentales existentes en su
territorio, así como las instituciones regionales de que sean miembros
las entidades competentes existentes en su territorio, cumplan las
disposiciones pertinentes del presente Acuerdo. Además, los Miembros no
adoptarán medidas que tengan por efecto obligar o alentar directa o
indirectamente a esas instituciones regionales o entidades no
gubernamentales, o a las instituciones públicas locales, a actuar de
manera incompatible con las disposiciones del presente Acuerdo. Los
Miembros se asegurarán de que sólo se recurra para la aplicación de las
medidas sanitarias o fitosanitarias a los servicios de entidades no
gubernamentales si éstas se atienen a las disposiciones del presente
Acuerdo.


ARTÍCULO 14.-
DISPOSICIONES FINALES.


Los países menos adelantados Miembros podrán
diferir la aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo hasta
cinco años después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la
OMC con respecto a sus medidas sanitarias o fitosanitarias que afecten a
la importación o a los productos importados. Los demás países en
desarrollo Miembros podrán diferir la aplicación de las disposiciones
del presente Acuerdo, salvo las contenidas en el párrafo 8 del artículo
5 y en el artículo 7, hasta dos años después de la fecha de entrada en
vigor del Acuerdo sobre la OMC con respecto a sus actuales medidas
sanitarias o fitosanitarias que afecten a la importación o a los
productos importados, en caso de que tal aplicación se vea impedida por
la falta de conocimientos técnicos especializados, infraestructura
técnica o recursos.


ANEXO A.-

DEFINICIONES
 (17)

1. Medida sanitaria o fitosanitaria – Toda medida
aplicada:

a) para proteger la salud y la vida de los
animales o para preservar los vegetales en el territorio del Miembro de
los riesgos resultantes de la entrada, radicación o propagación de
plagas, enfermedades y organismos patógenos o portadores de
enfermedades;

b) para proteger la vida y la salud de las
personas y de los animales en el territorio del Miembro de los riesgos
resultantes de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u
organismos patógenos en los productos alimenticios, las bebidas o los
piensos;

c) para proteger la vida y la salud de las
personas en el territorio del Miembro de los riesgos resultantes de
enfermedades propagadas por animales, vegetales o productos de ellos
derivados, o de la entrada, radicación o propagación de plagas; o

d) para prevenir o limitar otros perjuicios en el
territorio del Miembro resultantes de la entrada, radicación o
propagación de plagas.

Las medidas sanitarias o fitosanitarias comprenden
todas las leyes, decretos, reglamentos, prescripciones y procedimientos
pertinentes, con inclusión, entre otras cosas, de: criterios relativos
al producto final; procesos y métodos de producción; procedimientos de
prueba, inspección, certificación y aprobación; regímenes de cuarentena,
incluidas las prescripciones pertinentes asociadas al transporte de
animales o vegetales, o a los materiales necesarios para su subsistencia
en el curso de tal transporte; disposiciones relativas a los métodos
estadísticos, procedimientos de muestreo y métodos de evaluación del
riesgo pertinentes; y prescripciones en materia de embalaje y etiquetado
directamente relacionadas con la inocuidad de los alimentos.

2. Armonización – Establecimiento, reconocimiento
y aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias comunes por
diferentes Miembros.

3. Normas, directrices y recomendaciones
internacionales

a) en materia de inocuidad de los alimentos, las
normas, directrices y recomendaciones establecidas por la Comisión del
Codex Alimentarius sobre aditivos alimentarios, residuos de medicamentos
veterinarios y plaguicidas, contaminantes, métodos de análisis y
muestreo, y códigos y directrices sobre prácticas en materia de higiene;

b) en materia de sanidad animal y zoonosis, las
normas, directrices y recomendaciones elaboradas bajo los auspicios de
la Oficina Internacional de Epizootias;

c) en materia de preservación de los vegetales,
las normas, directrices y recomendaciones internacionales elaboradas
bajo los auspicios de la Secretaria de la Convención Internacional de
Protección Fitosanitaria en colaboración con las organizaciones
regionales que operan en el marco de dicha Convención Internacional; y

d) en lo que se refiere a cuestiones no abarcadas
por las organizaciones mencionadas supra, las normas, recomendaciones y
directrices apropiadas promulgadas por otras organizaciones
internacionales competentes, en las que puedan participar todos los
Miembros, identificadas por el Comité.

4. Evaluación del riesgo – Evaluación de la
probabilidad de entrada, radicación o propagación de plagas o
enfermedades en el territorio de un Miembro importador según las medidas
sanitarias o fitosanitarias que pudieran aplicarse, así como de las
posibles consecuencias biológicas y económicas conexas; o evaluación de
los posibles efectos perjudiciales para la salud de las personas y de
los animales de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u
organismos patógenos en los productos alimenticios, las bebidas o los
piensos.

5. Nivel adecuado de protección sanitaria o
fitosanitaria – Nivel de protección que estime adecuado el Miembro que
establezca la medida sanitaria o fitosanitaria para proteger la vida o
la salud de las personas y de los animales o para preservar los
vegetales en su territorio.

NOTA: Muchos Miembros se refieren a este concepto
utilizando la expresión “nivel de riesgo aceptable”.

6. Zona libre de plagas o enfermedades – Zona
designada por las autoridades competentes, que puede abarcar la
totalidad de un país, parte de un país o la totalidad o partes de varios
países, en la que no existe una determinada plaga o enfermedad.

NOTA: Una zona libre de plagas o enfermedades
puede rodear, estar rodeada por o ser adyacente a una zona -ya sea
dentro de una parte de un país o en una región geográfica que puede
comprender la totalidad o partes de varios países- en la que se sepa que
existe una determinada plaga o enfermedad pero que esté sujeta a medidas
regionales de control tales como el establecimiento de zonas de
protección, vigilancia y amortiguamiento que aíslen o erradiquen la
plaga o enfermedad en cuestión.

7. Zona de escasa prevalencia de plagas o
enfermedades Zona designada por las autoridades competentes, que puede
abarcar la totalidad de un país, parte de un país o la totalidad o
partes de varios países, en la que una determinada plaga o enfermedad no
existe más que en escaso grado y que está sujeta a medidas eficaces de
vigilancia, lucha contra la plaga o enfermedad o erradicación de la
misma.


ANEXO B.-
TRANSPARENCIA DE LAS REGLAMENTACIONES SANITARIAS Y
FITOSANITARIAS

Publicación de las reglamentaciones

1. Los Miembros se
asegurarán de que todas las reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias
(18) que hayan sido adoptadas se publiquen prontamente de
manera que los Miembros interesados puedan conocer su contenido.

2. Salvo en circunstancias de urgencia, los
Miembros preverán un plazo prudencial entre la publicación de una
reglamentación sanitaria o fitosanitaria y su entrada en vigor, con el
fin de dar tiempo a los productores de los Miembros exportadores, y en
especial de los países en desarrollo Miembros, para adaptar sus
productos y sus métodos de producción a las prescripciones del Miembro
importador.

Servicios de información

3. Cada Miembro se asegurará de que exista un
servicio encargado de responder a todas las peticiones razonables de
información formuladas por los Miembros interesados y de facilitar los
documentos pertinentes referentes a:

a) las reglamentaciones sanitarias o
fitosanitarias que se hayan adoptado o se proyecte adoptar dentro de su
territorio;

b) los procedimientos de control e inspección,
regímenes de producción y cuarentena, y procedimientos relativos a las
tolerancias de plaguicidas y de aprobación de aditivos alimentarios, que
se apliquen en su territorio;

c) los procedimientos de evaluación del riesgo,
factores tomados en consideración y determinación del nivel adecuado de
protección sanitaria o fitosanitaria;

d) la condición de integrante o participante del
Miembro, o de las instituciones competentes dentro de su territorio, en
organizaciones y sistemas sanitarios y fitosanitarios internacionales y
regionales, así como en acuerdos bilaterales y multilaterales dentro del
alcance del presente Acuerdo, junto con los textos de esos acuerdos.

4. Los Miembros se
asegurarán de que, cuando los Miembros interesados pidan ejemplares de
documentos, se faciliten esos ejemplares (cuando no sean gratuitos) al
mismo precio, aparte del costo de su envío, que a los nacionales (19) del
Miembro de que se trate.

Procedimientos de notificación

5. En todos los casos en que no exista una norma,
directriz o recomendación internacional, o en que el contenido de una
reglamentación sanitaria o fitosanitaria en proyecto no sea en sustancia
el mismo que el de una norma, directriz o recomendación internacional, y
siempre que esa reglamentación pueda tener un efecto significativo en el
comercio de otros Miembros, los Miembros:

a) publicarán un aviso, en una etapa temprana, de
modo que el proyecto de establecer una determinada reglamentación pueda
llegar a conocimiento de los Miembros interesados;

b) notificarán a los demás Miembros, por conducto
de la Secretaría, cuáles serán los productos abarcados por la
reglamentación, indicando brevemente el objetivo y la razón de ser de la
reglamentación en proyecto. Estas notificaciones se harán en una etapa
temprana, cuando puedan aún introducirse modificaciones y tenerse en
cuenta las observaciones que se formulen;

c) facilitarán a los demás Miembros que lo
soliciten el texto de la reglamentación en proyecto y señalarán, siempre
que sea posible, las partes que en sustancia difieran de las normas,
recomendaciones o directrices internacionales;

d) sin discriminación alguna, preverán un plazo
prudencial para que los demás Miembros puedan formular observaciones por
escrito, mantendrán conversaciones sobre esas observaciones si así se
les solicita y tomarán en cuenta las observaciones y los resultados de
las conversaciones.

6. No obstante, si a un Miembro se le planteasen o
amenazaran planteársele problemas urgentes de protección sanitaria,
dicho Miembro podrá omitir los trámites enumerados en el párrafo 5 del
presente Anexo según considere necesario, a condición de que:

a) notifique inmediatamente a los demás Miembros,
por conducto de la Secretaria, la reglamentación y los productos de que
se trate, indicando brevemente el objetivo y la razón de ser de la
reglamentación, así como la naturaleza del problema o problemas
urgentes;

b) facilite a los demás Miembros que lo soliciten
el texto de la reglamentación;

c) dé a los demás Miembros la posibilidad de
formular observaciones por escrito, mantenga conversaciones sobre esas
observaciones si así se le solicita y tome en cuenta las observaciones y
los resultados de las conversaciones.

7. Las notificaciones dirigidas a la Secretaria se
harán en español, francés o inglés.

8. A petición de otros Miembros, los países
desarrollados Miembros facilitarán, en español, francés o inglés,
ejemplares de los documentos o, cuando sean de gran extensión, resúmenes
de los documentos correspondientes a una notificación determinada.

9. La Secretaría dará prontamente traslado de la
notificación a todos los Miembros y a las organizaciones internacionales
interesadas y señalará a la atención de los países en desarrollo
Miembros cualquier notificación relativa a productos que ofrezcan un
interés particular para ellos.

10. Los Miembros designarán un solo organismo del
gobierno central que será el responsable de la aplicación, a nivel
nacional, de las disposiciones relativas al procedimiento de
notificación que figura en los párrafos 5,6,7 y 8 del presente Anexo.

Reservas de carácter general

11. Ninguna disposición del presente Acuerdo se
interpretará en el sentido de imponer:

a) la comunicación de detalles o del texto de
proyectos o la publicación de textos en un idioma distinto del idioma
del Miembro, excepto en el caso previsto en el párrafo 8 del presente
Anexo; o

b) la comunicación por los Miembros de información
confidencial cuya divulgación pueda constituir un obstáculo para el
cumplimiento de la legislación sanitaria o fitosanitaria o lesionar los
intereses comerciales legítimos de determinadas empresas.


ANEXO C.-

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL, INSPECCION Y APROBACION
 (20)


1. Con respecto a todos los procedimientos para
verificar y asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias y
fitosanitarias, los Miembros se asegurarán:

a) de que esos procedimientos se inicien y ultimen
sin demoras indebidas y de manera que no sea menos favorable para los
productos importados que para los productos nacionales similares;

b) de que se publique el período normal de
tramitación de cada procedimiento o se comunique al solicitante, previa
petición, el periodo de tramitación previsto; de que, cuando reciba una
solicitud, la institución competente examine prontamente si la
documentación está completa y comunique al solicitante todas las
deficiencias de manera precisa y completa; de que la institución
competente transmita al solicitante lo antes posible los resultados del
procedimiento de una manera precisa y completa, de modo que puedan
tomarse medidas correctivas si fuera necesario; de que, incluso cuando
la solicitud presente deficiencias, la institución competente siga el
procedimiento hasta donde sea viable, si así lo pide el solicitante; y
de que, previa petición, se informe al solicitante de la fase en que se
encuentra el procedimiento, explicándole los eventuales retrasos;

c) de que no se exija más información de la
necesaria a efectos de los procedimientos de control, inspección y
aprobación apropiados, incluidos los relativos a la aprobación del uso
de aditivos o al establecimiento de tolerancias de contaminantes en
productos alimenticios, bebidas o piensos;

d) de que el carácter confidencial de las
informaciones referentes a los productos importados, que resulten del
control, inspección y aprobación o hayan sido facilitadas con motivo de
ellos, se respete de la misma manera que en el caso de los productos
nacionales y de manera que se protejan los intereses comerciales
legítimos;

e) de que las prescripciones que puedan
establecerse para el control, inspección y aprobación de muestras
individuales de un producto se limiten a lo que sea razonable y
necesario;

f) de que los derechos que puedan imponerse por
los procedimientos a los productos importados sean equitativos en
comparación con los que se perciban cuando se trate de productos
nacionales similares u originarios de cualquier otro Miembro, y no sean
superiores al costo real del servicio;

g) de que se apliquen los mismos criterios en
cuanto al emplazamiento de las instalaciones utilizadas en los
procedimientos y la selección de muestras a los productos importados que
a los productos nacionales, con objeto de reducir al mínimo las
molestias que se causen a los solicitantes, los importadores, los
exportadores o sus agentes;

h) de que cuando se modifiquen las
especificaciones de un producto tras su control e inspección con arreglo
a la reglamentación aplicable, el procedimiento prescrito para el
producto modificado se circunscriba a lo necesario para determinar si
existe la debida seguridad de que el producto sigue ajustándose a la
reglamentación de que se trate; e

i) de que exista un procedimiento para examinar
las reclamaciones relativas al funcionamiento de tales procedimientos y
tomar medidas correctivas cuando la reclamación esté justificada.

Cuando un Miembro importador aplique un sistema de
aprobación del uso de aditivos alimentarios o de establecimiento de
tolerancias de contaminantes en los productos alimenticios, las bebidas
o los piensos que prohíba o restrinja el acceso de productos a su
mercado interno por falta de aprobación, dicho Miembro importador
considerará el recurso a una norma internacional pertinente como base
del acceso hasta que se tome una determinación definitiva.

2. Cuando en una medida sanitaria o fitosanitaria
se especifique un control en la etapa de producción, el Miembro en cuyo
territorio tenga lugar la producción prestará la asistencia necesaria
para facilitar ese control y la labor de las autoridades encargadas de
realizarlo.

3. Ninguna disposición del presente Acuerdo
impedirá a los Miembros la realización de inspecciones razonables dentro
de su territorio.


ACUERDO SOBRE LOS
TEXTILES Y EL VESTIDO

Los Miembros,

Recordando que los Ministros acordaron en Punta
del Este que “las negociaciones en el área de los textiles y el vestido
tendrán por finalidad definir modalidades que permitan integrar
finalmente este sector en el GATT sobre la base de normas y disciplinas
del GATT reforzadas, con lo que se contribuiría también a la consecución
del objetivo de una mayor liberalización del comercio”;

Recordando asimismo que en la Decisión tomada por
el Comité de Negociaciones Comerciales en abril de 1989 se acordó que el
proceso de integración debería iniciarse después de concluida la Ronda
Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y debería ser de
carácter progresivo;

Recordando además que se acordó que debería
otorgarse un trato especial a los países menos adelantados Miembros;

Convienen en lo siguiente:


ARTÍCULO I.

1. En el presente Acuerdo se estipulan las
disposiciones que han de aplicar los Miembros durante un período de
transición para la integración del sector de los textiles y el vestido
en el GATT de 1994.

2. Los Miembros convienen
en aplicar las disposiciones del párrafo 18 del artículo 2 y del párrafo
6 b) del artículo 6 de una manera que permita aumentos significativos de
las posibilidades de acceso de los pequeños abastecedores y el
desarrollo de oportunidades de mercado comercialmente importantes para
los nuevos exportadores en la esfera del comercio de textiles y vestido.
(21)

3. Los Miembros tomarán debidamente en
consideración la situación de los Miembros que no hayan aceptado los
Protocolos de prórroga del Acuerdo relativo al Comercio Internacional de
los Textiles (denominado en el presente Acuerdo “el AMF”) desde 1986 y,
en la medida posible, les otorgarán un trato especial al aplicar las
disposiciones del presente Acuerdo.

4. Los Miembros convienen en que los intereses
particulares de los Miembros exportadores que son productores de algodón
deben, en consulta con ellos, quedar reflejados en la aplicación de las
disposiciones del presente Acuerdo.

5. Con objeto de facilitar la integración del
sector de los textiles y el vestido en el GATT de 1994, los Miembros
deberán prever un continuo reajuste industrial autónomo y un aumento de
la competencia en sus mercados.

6. Salvo estipulación en contrario en el presente
Acuerdo, sus disposiciones no afectarán a los derechos y obligaciones
que correspondan a los Miembros en virtud de las disposiciones del
Acuerdo sobre la OMC y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales.

7. En el Anexo se indican los productos textiles y
prendas de vestir a los que es aplicable el presente Acuerdo.


ARTÍCULO 2

1. Dentro de los 60 días siguientes a la entrada
en vigor del Acuerdo sobre la OMC, todas las restricciones cuantitativas
contenidas en acuerdos bilaterales y mantenidas en virtud del artículo 4
o notificadas en virtud de los artículos 7 u 8 del AMF que estén
vigentes el día anterior a dicha entrada en vigor, serán notificadas en
detalle por los Miembros que las mantengan, con inclusión de los niveles
de limitación, los coeficientes de crecimiento y las disposiciones en
materia de flexibilidad, al Órgano de Supervisión de los Textiles
previsto en el artículo 8 (denominado en el presente Acuerdo el “OST”).
Los Miembros acuerdan que a partir de la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC todas esas restricciones mantenidas entre partes
contratantes del GATT de 1947, y vigentes el día anterior a dicha
entrada en vigor, se regirán por las disposiciones del presente Acuerdo.

2. El OST distribuirá estas notificaciones a todos
los Miembros para su información. Cualquier Miembro podrá señalar a la
atención del OST, dentro de los 60 días siguientes a la distribución de
las notificaciones, toda observación que considere apropiada con
respecto a tales notificaciones. Estas observaciones se distribuirán a
los demás Miembros para su información. El OST podrá hacer
recomendaciones, según proceda, a los Miembros interesados.

3.Cuando el período de 12
meses de las restricciones que se han de notificar de conformidad con el
párrafo 1 no coincida con el período de los 12 meses inmediatamente
anteriores a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, los
Miembros interesados deberán convenir por mutuo acuerdo las
disposiciones requeridas para ajustar el período de las restricciones al
período anual de vigencia del Acuerdo (22) y para establecer
los niveles de base teóricos de tales restricciones a los efectos de la
aplicación de lo dispuesto en el presente artículo. Los Miembros
interesados convienen en entablar prontamente las consultas que se les
pidan con vistas a alcanzar tal acuerdo mutuo. Las disposiciones
mencionadas deberán tener en cuenta, entre otros factores, las pautas
estacionales de los envíos de los últimos años. Los resultados de esas
consultas se notificarán al OST, el cual hará las recomendaciones que
estime apropiadas a los Miembros interesados.

4. Se considerará que las
restricciones notificadas de conformidad con el párrafo 1 constituyen la
totalidad de tales restricciones aplicadas por los Miembros respectivos
el día anterior a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.
No se introducirá ninguna nueva restricción en términos de productos de
Miembros, salvo en virtud de las disposiciones del presente Acuerdo o de
las disposiciones pertinentes del GATT de 1994.(23) Las
restricciones que no se hayan notificado dentro de los 60 días
siguientes a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC se
dejarán sin efecto inmediatamente.

5. Toda medida unilateral tomada al amparo de
artículo 3 del AMF con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC podrá seguir en vigor durante el plazo en él
establecido, pero no por más de 12 meses, si la ha examinado el Órgano
de Vigilancia de los Textiles (denominado en el presente Acuerdo “el
OVT”) establecido en virtud del AMF. Si el OVT no hubiera tenido la
oportunidad de examinar tal medida unilateral, el OST la examinará de
conformidad con las normas y procedimientos que rigen en el marco del
AMF las medidas tomadas al amparo del artículo 3. Toda medida aplicada
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC
en virtud de un acuerdo regido por el artículo 4 del AMF y que sea
objeto de una diferencia que el OVT no haya tenido oportunidad de
examinar será también examinada por el OST de conformidad con las normas
y procedimientos del AMF aplicables a tal examen.

6. En la fecha en que entre en vigor el Acuerdo
sobre la OMC, cada Miembro integrará en el GATT de 1994 productos que
hayan representado no menos del 16 por ciento del volumen total de las
importaciones realizadas en 1990 por el Miembro de que se trate de los
productos enumerados en el anexo, en términos de líneas del SA o de
categorías. Los productos que han de integrarse abarcarán productos de
cada uno de los cuatro grupos siguientes: “tops” e hilados, tejidos,
artículos textiles confeccionados y prendas de vestir.

7. Los Miembros interesados notificarán con
arreglo a los criterios que siguen los detalles completos de las medidas
que habrán de adoptar de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6:

a) los Miembros que mantengan restricciones
comprendidas en el párrafo 1 se comprometen, no obstante la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a notificar dichos detalles a
la Secretaría del GATT a más tardar en la fecha fijada por la Decisión
Ministerial de 15 de abril de 1994. La Secretaría del GATT distribuirá
prontamente las notificaciones a los demás participantes para su
información. Estas notificaciones se transmitirán al OST, cuando se
establezca, a los fines del párrafo 21;

b) los Miembros que de conformidad con el párrafo
1 del artículo 6 se hayan reservado el derecho de recurrir a las
disposiciones del artículo 6 notificarán dichos detalles al OST a más
tardar 60 días después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre
la OMC o, en el caso de los Miembros comprendidos en el ámbito del
párrafo 3 del artículo 1, a más tardar al finalizar el 12o. mes de
vigencia del Acuerdo sobre la OMC. El OST distribuirá estas
notificaciones a los demás Miembros para su información y las examinará
con arreglo a lo previsto en el párrafo 21.

8. Los productos restantes, es decir, los
productos que no se hayan integrado en el GATT de 1994 de conformidad
con el párrafo 6, se integrarán, en términos de líneas del SA o de
categorías, en tres etapas, a saber:

a) el primer día del 37o. mes de vigencia del
Acuerdo sobre la OMC, productos que hayan representado no menos del 17
por ciento del volumen total de las importaciones realizadas en 1990 por
el Miembro de que se trate de los productos enumerados en el anexo. Los
productos que los Miembros han de integrar abarcarán productos de cada
uno de los cuatro grupos siguientes: “tops” e hilados, tejidos,
artículos textiles confeccionados y prendas de vestir;

b) el primer día del 85o. mes de vigencia del
Acuerdo sobre la OMC, productos que hayan representado no menos del 18
por ciento del volumen total de las importaciones realizadas en 1990 por
el Miembro de que se trate de los productos enumerados en el anexo. Los
productos que los Miembros han de integrar abarcarán productos de cada
uno de los cuatro grupos siguientes: “tops” e hilados tejidos, artículos
textiles confeccionados y prendas de vestir;

c) el primer día del 121o. mes de vigencia del
Acuerdo sobre la OMC, el sector de los textiles y el vestido quedará
integrado en el GATT de 1994 al haberse eliminado todas las
restricciones aplicadas al amparo del presente Acuerdo.

9. A los efectos del presente Acuerdo se
considerará que los Miembros que hayan notificado de conformidad con el
párrafo 1 del artículo 6 su intención de no reservarse el derecho de
recurrir a las disposiciones del artículo 6 han integrado sus productos
textiles y de vestido en el GATT de 1994. Por consiguiente, esos
Miembros estarán exentos del cumplimiento de las disposiciones de los
párrafos 6 a 8 y del párrafo 11.

10. Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo
impedirá que un Miembro que haya presentado un programa de integración
según lo dispuesto en los párrafos 6 u 8 integre productos en el GATT de
1994 antes de lo previsto en ese programa. Sin embargo, tal integración
de productos surtirá efecto al comienzo de un período anual de vigencia
del Acuerdo, y los detalles se notificarán al OST por lo menos con tres
meses de antelación, para su distribución a todos los Miembros.

11. Los respectivos programas de integración de
conformidad con el párrafo 8 se notificarán en detalle al OST por lo
menos 12 meses antes de su entrada en vigor, y el OST los distribuirá a
todos los Miembros.

12. Los niveles de base de las restricciones
aplicadas a los productos restantes, mencionados en el párrafo 8, serán
los niveles de limitación a que se hace referencia en el párrafo 1.

13. En la etapa 1 del presente Acuerdo (desde la
fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC hasta el 36º mes de
vigencia del mismo inclusive), el nivel de cada restricción contenida en
los acuerdos bilaterales concertados al amparo del AMF y en vigor en el
período de los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de entrada
en vigor del Acuerdo sobre la OMC se aumentará anualmente en un
porcentaje no inferior al del coeficiente de crecimiento establecido
para las respectivas restricciones, aumentado en un 16 por ciento.

14. Salvo en los casos en que el Consejo del
Comercio de Mercancías o el Órgano de Solución de Diferencias decidan lo
contrario en virtud del párrafo 12 del artículo 8, el nivel de cada
restricción restante se aumentará anualmente en las etapas siguientes
del presente Acuerdo en un porcentaje no inferior al siguiente:

a) para la etapa 2 (del 37º al 84º mes de vigencia
del Acuerdo sobre la OMC inclusive), el coeficiente de crecimiento
aplicable a las respectivas restricciones durante la etapa 1, aumentado
en un 25 por ciento;

b) para la etapa 3 (del 85º al 120º mes de
vigencia del Acuerdo sobre la OMC inclusive), el coeficiente de
crecimiento aplicable a las respectivas restricciones durante la etapa
2, aumentado en un 27 por ciento.

15. Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo
impedirá que un Miembro elimine cualquier restricción mantenida de
conformidad con el presente artículo, con efecto a partir del comienzo
de cualquier período anual de vigencia del Acuerdo durante el período de
transición, a condición de que ello se notifique al Miembro exportador
interesado y al OST por lo menos tres meses antes de que la eliminación
surta efecto. El plazo estipulado para la notificación previa podrá
reducirse a 30 días con el acuerdo del Miembro objeto de la limitación.
El OST. distribuirá esas notificaciones a todos los Miembros. Al
considerar la eliminación de restricciones según lo previsto en el
presente párrafo, los Miembros interesados tendrán en cuenta el trato de
las exportaciones similares procedentes de otros Miembros.

16. Las disposiciones en materia de flexibilidad,
es decir, la compensación, la transferencia del remanente y la
utilización anticipada, aplicables a todas las restricciones mantenidas
de conformidad con el presente artículo, serán las mismas que se prevén
para el período de los 12 meses inmediatamente anteriores a la entrada
en vigor del Acuerdo sobre la OMC en los acuerdos bilaterales concluidos
en el marco del AMF. No se impondrán ni mantendrán límites cuantitativos
a la utilización combinada de la compensación, la transferencia del
remanente y la utilización anticipada.

17. Las disposiciones administrativas que se
consideren necesarias en relación con la aplicación de cualquier
disposición del presente artículo serán objeto de acuerdo entre los
Miembros interesados. Esas disposiciones se notificarán al OST.

18. En cuanto a los Miembros cuyas exportaciones
estén sujetas el día anterior a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OMC a restricciones que representen el 1,2 por ciento o menos
del volumen total de las restricciones aplicadas por un Miembro
importador al 31 de diciembre de 1991 y notificadas en virtud del
presente artículo, se establecerá, a la entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OMC y para el período de vigencia del presente Acuerdo, una
mejora significativa del acceso, avanzando una etapa los coeficientes de
crecimiento establecidos en los párrafos 13 y 14 o mediante los cambios,
como mínimo equivalentes, que puedan convenirse de común acuerdo en
relación con una combinación diferente de los niveles de base, los
coeficientes de crecimiento y las disposiciones en materia de
flexibilidad. Esas mejoras se notificarán al OST.

19. Cada vez que, durante el período de vigencia
del presente Acuerdo, un Miembro adopte en virtud del artículo XIX del
GATT de 1994 una medida salvaguardia con respecto a un determinado
producto en el año inmediatamente siguiente a la integración de éste en
el GATT de 1994 de conformidad con las disposiciones del presente
artículo, serán aplicables, a reserva de lo estipulado en el párrafo 20,
las disposiciones de dicho artículo XIX, según se interpretan en el
Acuerdo sobre Salvaguardias.

20. Cuando esa medida sea aplicada utilizando
medios no arancelarios, el Miembro importador de que se trate la
aplicará de la manera indicada en el párrafo 2 d) del artículo XIII del
GATT de 1994, a petición de un Miembro exportador cuyas exportaciones de
los productos en cuestión hayan estado sujetas a restricciones al amparo
del presente Acuerdo en cualquier momento del año inmediatamente
anterior a la adopción de la medida de salvaguardia. El Miembro
exportador interesado administrará la medida. El nivel aplicable no
reducirá las exportaciones de dicho producto por debajo del nivel de un
período representativo reciente, que corresponderá normalmente al
promedio de las exportaciones realizadas por el Miembro afectado en los
tres últimos años representativos sobre los que se disponga de
estadísticas. Además, cuando la medida de salvaguardia se aplique por
más de un año, el nivel aplicable se liberalizará progresivamente, a
intervalos regulares, durante el período de aplicación. En tales casos,
el Miembro exportador de que se trate no ejercerá el derecho que le
asiste en virtud del párrafo 3 a) del artículo XIX del GATT de 1994 de
suspender concesiones u otras obligaciones sustancialmente equivalentes.

21. El OST examinará constantemente la aplicación
del presente artículo. A petición de cualquier Miembro, examinará toda
cuestión concreta relacionada con la aplicación de sus disposiciones. El
OST dirigirá recomendaciones o conclusiones apropiadas en un plazo de 30
días al Miembro o a los Miembros interesados, después de haberlos
invitado a participar en sus trabajos.


ARTÍCULO 3

1. Dentro de los 60 días
siguientes a la fecha de en vigor del Acuerdo sobre la OMC, los Miembro
que mantengan restricciones (24) a los productos textiles y de
vestido (distintas de las mantenidas al amparo del AMF y comprendidas en
el ámbito de las disposiciones del artículo 2), sean o no compatibles
con el GATT de 1994: a) las notificaran en detalle al OST; o b)
facilitarán a éste notificaciones relativas a las mismas que hayan sido
presentadas a cualquier otro órgano de la OMC. Siempre que así proceda,
las notificaciones deberán suministrar información sobre la
justificación de las restricciones en el marco del GATT de 1994, con
inclusión de las disposiciones del GATT de 1994 en que se basen.

2. Los Miembros que mantengan restricciones
comprendidas en el ámbito del párrafo 1, salvo las que se justifiquen en
virtud de una disposición del GATT de 1994:

a) las pondrán en conformidad con el GATT de 1994
en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC, y lo notificarán al OST para su información; o

b) las suprimirán gradualmente con arreglo a un
programa que han de presentar al OST a más tardar seis meses después de
la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. En ese programa
se preverá la supresión gradual de todas las restricciones en un plazo
no superior a la duración del presente Acuerdo. El OST podrá hacer
recomendaciones sobre dicho programa al Miembro de que se trate.

3. Durante el período de vigencia del presente
Acuerdo, los Miembros facilitarán al OST, para información de éste, las
notificaciones que hayan presentado a cualquier otro órgano de la OMC en
relación con toda la nueva restricción o toda modificación de las
restricciones existentes sobre los productos textiles y de vestido que
haya sido adoptada al amparo de cualquier disposición del GATT de 1994,
dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que haya entrado en
vigor.

4. Todo Miembro podrá hacer notificaciones
inversas al OST, para información de éste, con respecto a la
justificación en virtud del GATT de 1994 o con respecto a cualquier
restricción que pueda no haber sido notificada de conformidad con las
disposiciones del presente artículo. En relación con esas
notificaciones, cualquiera de los Miembros podrá entablar acciones de
conformidad con las disposiciones o procedimientos pertinentes del GATT
de 1994 en el órgano competente de la OMC.

5. El OST distribuirá a todos los Miembros, para
su información, las notificaciones presentadas de conformidad con el
presente artículo.


ARTÍCULO 4

1. Las restricciones a que se hace referencia en
el artículo 2 y las aplicadas de conformidad con el artículo 6 serán
administradas por los Miembros exportadores. Los Miembros importadores
no estarán obligados a aceptar envíos que excedan de las restricciones
notificadas en virtud del artículo 2 o de las restricciones aplicadas de
conformidad con el artículo 6.

2.Los Miembros convienen en que la introducción de
modificaciones en la aplicación o administración de las restricciones
notificadas o aplicadas de conformidad con el presente Acuerdo, como las
modificaciones de las prácticas, las normas, los procedimientos y la
clasificación de los productos textiles y de vestido por categorías,
incluidos los cambios relativos al Sistema Armonizado, no deberá alterar
el equilibrio de derechos y obligaciones entre los Miembros afectados en
el marco del presente Acuerdo, tener efectos desfavorables sobre el
acceso de que pueda beneficiarse un Miembro, impedir la plena
utilización de ese acceso ni desorganizar el comercio abarcado por el
presente Acuerdo.

3. Los Miembros convienen en que, si se notifica
para su integración con arreglo a las disposiciones del artículo 2 un
producto que no sea el único objeto de una restricción, ninguna
modificación del nivel de esa restricción alterará el equilibrio de
derechos y obligaciones entre los Miembros afectados en el marco del
presente Acuerdo.

4. Los Miembros convienen en que, cuando sea
necesario introducir las modificaciones a que se refieren los párrafos 2
y 3, el Miembro que se proponga introducirlas informará al Miembro o a
los Miembros afectados y, siempre que sea posible, iniciará consultas
con ellos antes de aplicarlas, con objeto de llegar a una solución
mutuamente aceptable sobre un ajuste adecuado y equitativo. Los Miembros
convienen además en que, cuando no sea factible entablar consultas antes
de introducir las modificaciones, el Miembro que se proponga
introducirlas entablará consultas, a petición del Miembro afectado, y en
un plazo de 60 días si es posible, con los Miembros interesados, a fin
de llegar a una solución mutuamente satisfactoria sobre los ajustes
adecuados y equitativos. De no llegarse a una solución mutuamente
satisfactoria, cualquiera de los Miembros intervinientes podrá someter
la cuestión al OST para que éste haga recomendaciones con arreglo a lo
previsto en el artículo 8. En caso de que el OVT no haya tenido
oportunidad de examinar una diferencia relativa a modificaciones de esa
índole introducidas con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OMC, esa diferencia será examinada por el OST de conformidad
con las normas y procedimientos del AMF aplicables a tal examen.


ARTÍCULO 5

1. Los Miembros convienen en que la elusión,
mediante reexpedición, desviación, declaración falsa sobre el país o
lugar de origen o falsificación de documentos oficiales, frustra el
cumplimiento del presente Acuerdo para la integración del sector de los
textiles y el vestido en el GATT de 1994. Por consiguiente, los Miembros
deberán establecer las disposiciones legales y/o procedimientos
administrativos necesarios para tratar dicha elusión y adoptar medidas
para combatirla. Los Miembros convienen además en que, en conformidad
con sus leyes y procedimientos internos, colaborarán plenamente para
resolver los problemas resultantes de la elusión.

2. Cuando un Miembro considere que se está
eludiendo el presente Acuerdo mediante reexpedición, desviación,
declaración falsa sobre el país o lugar de origen o falsificación de
documentos oficiales, y que no se aplican medidas para tratar esa
elusión y/o combatirla, o que las que se aplican son inadecuadas, deberá
entablar consultas con el Miembro o Miembros afectados a fin de buscar
una solución mutuamente satisfactoria. Se deberán celebrar esas
consultas con prontitud y, siempre que sea posible, en un plazo de 30
días. De no llegarse a una solución mutuamente satisfactoria, cualquiera
de los Miembros intervinientes podrá someter la cuestión al OST para que
éste haga recomendaciones.

3. Los Miembros convienen en hacer lo necesario,
en conformidad con sus leyes y procedimientos nacionales, para impedir e
investigar las prácticas de elusión en su territorio y, cuando así
convenga, adoptar disposiciones legales y/o administrativas contra
ellas. Los Miembros convienen en colaborar plenamente, de conformidad
con sus leyes y procedimientos internos, en los casos de elusión o
supuesta elusión del presente Acuerdo, con el fin de establecer los
hechos pertinentes en los lugares de importación, de exportación y,
cuando corresponda, de reexpedición. Queda convenido que dicha
colaboración, en conformidad con las leyes y procedimientos internos,
incluirá: la investigación de las prácticas de elusión que aumenten las
exportaciones objeto de limitación destinadas al Miembro que mantiene
las limitaciones; el intercambio de documentos, correspondencia,
informes y demás información pertinente, en la medida en que esté
disponible; y facilidades para realizar visitas a instalaciones y
entablar contactos, previa petición y caso por caso. Los Miembros
procuraran aclarar las circunstancias de esos casos de elusión o
supuesta elusión, incluidas las respectivas funciones de los
exportadores o importadores afectados.

4. Los Miembros convienen en que, cuando a
resultas de una investigación haya pruebas suficientes de que se ha
producido una elusión (por ejemplo cuando se disponga de pruebas sobre
el país o lugar de origen verdadero y las circunstancias de dicha
elusión), deberán adoptarse las disposiciones oportunas en la medida
necesaria para resolver el problema. Entre dichas disposiciones podrá
incluirse la denegación de entrada a mercancías o, en caso de que las
mercancías hubieran ya entrado, el reajuste de las cantidades computadas
dentro de los niveles de limitación con objeto de que reflejen el
verdadero país o lugar de origen, teniendo debidamente en cuenta las
circunstancias reales y la intervención del país o lugar de origen
verdadero. Además, cuando haya pruebas de la intervención de los
territorios de los Miembros a través de los cuales hayan sido
reexpedidas las mercancías, podrá incluirse entre las disposiciones la
introducción de limitaciones para esos Miembros. Esas disposiciones, así
como su calendario de aplicación y alcance, podrán adoptarse una vez
celebradas consultas entre los Miembros afectados a fin de llegar a una
solución mutuamente satisfactoria, y se notificarán al OST con su
justificación plena. Los Miembros afectados podrán acordar, mediante
consultas, otras soluciones. Todo acuerdo al que así lleguen será
también notificado al OST y éste podrá hacer las recomendaciones que
considere adecuadas a los Miembros afectados. De no llegarse a una
solución mutuamente satisfactoria, cualquiera de los Miembros afectados
podrá someter la cuestión al OST para que éste proceda con prontitud a
examinarla y a hacer recomendaciones.

5. Los Miembros toman nota de que algunos casos de
elusión pueden suponer el tránsito de envíos a través de países. o
lugares sin que en los lugares de tránsito se introduzcan cambios o
alteraciones en las mercancías incluidas en los envíos. Los Miembros
toman nota de que no siempre puede ser factible ejercer en esos lugares
de tránsito un control sobre dichos envíos.

6. Los Miembros convienen en que las declaraciones
falsas sobre el contenido en fibras, cantidades, designación o
clasificación de las mercancías frustran también el objetivo del
presente Acuerdo. Los Miembros convienen en que, cuando haya pruebas de
que se ha realizado una declaración falsa a ese respecto con fines de
elusión, deberán adoptarse contra los exportadores o importadores de que
se trate las medidas adecuadas, en conformidad con las leyes y
procedimientos internos. En caso de que cualquiera de los Miembros
considere que se está eludiendo el presente Acuerdo mediante dicha
declaración falsa y que no están aplicándose medidas administrativas
para tratar esa elusión y/o combatirla o que las medidas que se aplican
son inadecuadas, dicho Miembro deberá entablar consultas, con prontitud,
con el Miembro afectado a fin de buscar una solución mutuamente
satisfactoria. De no llegarse a tal solución, cualquiera de los Miembros
intervinientes podrá someter la cuestión al OST para que éste haga
recomendaciones. El propósito de esta disposición no es impedir que los
Miembros realicen ajustes técnicos cuando por inadvertencia se hayan
cometido errores en las declaraciones.


ARTÍCULO 6

1. Los Miembros reconocen que durante el período
de transición puede ser necesario aplicar un mecanismo de salvaguardia
específico de transición (denominado en el presente Acuerdo
“salvaguardia de transición”). Todo Miembro podrá aplicar la
salvaguardia de transición a todos los productos comprendidos en el
Anexo, con excepción de los integrados en el GATT de 1994 en virtud de
las disposiciones del artículo 2. Los Miembros que no mantengan
restricciones comprendidas en el artículo 2 notificarán al OST, dentro
de los 60 días siguientes a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OMC, si desean o no reservarse el derecho de acogerse a las
disposiciones del presente artículo. Los Miembros que no hayan aceptado
los Protocolos de prórroga del AMF desde 1986 harán esa notificación
dentro de los seis meses siguiente sala entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OMC. La salvaguardia de transición deberá aplicarse con la
mayor moderación posible y de manera compatible con las disposiciones
del presente artículo y con la realización efectiva del proceso de
integración previsto en el presente Acuerdo.

2. Podrán adoptarse
medidas de salvaguardia al amparo del presente artículo cuando, sobre la
base de una determinación formulada por un Miembro (25), se
demuestre que las importaciones de un determinado producto en su
territorio han aumentado en tal cantidad que causan o amenazan realmente
causar un perjuicio grave a la rama de producción nacional que produce
productos similares y/o directamente competidores. Deberá poder
demostrarse que la causa del perjuicio grave o de la amenaza real de
perjuicio grave es ese aumento de cantidad de las importaciones totales
del producto de que se trata y no otros factores tales como innovaciones
tecnológicas o cambios en las preferencias de los consumidores.

3. Al formular una determinación de la existencia
del perjuicio grave o de la amenaza real de perjuicio grave a que hace
referencia el párrafo 2, el Miembro examinará los efectos de esas
importaciones en el estado de la rama de producción en cuestión que se
reflejen en cambios en las variables económicas pertinentes, tales como
la producción, la productividad, la utilización de la capacidad, las
existencias, la participación en el mercado, las exportaciones, los
salarios, el empleo, los precios internos, los beneficios y las
inversiones; ninguno de estos factores por sí solo ni en combinación con
otros constituye necesariamente un criterio decisivo.

4. Toda medida a que se
recurra al amparo de las disposiciones del presente artículo se aplicará
Miembro por Miembro. Se determinará a qué Miembro o Miembros debe
atribuirse el perjuicio grave o la amenaza real de perjuicio grave a que
se refieren los párrafos 2 y 3 sobre la base de un incremento brusco y
sustancial, real o inminente (26), de las importaciones
procedentes de ese Miembro o Miembros considerados individualmente, y
sobre la base del nivel de esas importaciones en comparación con las
procedentes de otras fuentes, la cuota de mercado y los precios de
importación e internos en una etapa comparable de la transacción
comercial; ninguno de estos factores por sí solo ni en combinación con
otros constituye necesariamente un criterio decisivo. Estas medidas de
salvaguardia no se aplicarán a las exportaciones de un Miembro cuyas
exportaciones del producto en cuestión estén sometidas ya a limitaciones
en virtud del presente Acuerdo.

5. El período de validez de toda determinación de
existencia de perjuicio grave o de amenaza real de perjuicio grave a
efectos del recurso a medidas de salvaguardia no será superior a 90 días
contados a partir de la fecha de la notificación inicial prevista en el
párrafo 7.

6. En la aplicación de la salvaguardia de
transición deberán tenerse especialmente en cuenta los intereses de los
Miembros exportadores, en los siguientes términos:

a) se concederá a los países menos adelantados
Miembros un trato considerablemente más favorable que el otorgado a los
demás grupos de Miembros a que se hace referencia en el presente
párrafo, preferiblemente en todos sus elementos, pero, por lo menos, en
términos generales;

b) al fijar las condiciones económicas previstas
en los párrafos 8, 13 y 14, se concederá un trato diferenciado y más
favorable a los Miembros cuyo volumen total de exportaciones de textiles
y vestido sea pequeño en comparación con el volumen total de las
exportaciones de otros Miembros, y a los que corresponda sólo un pequeño
porcentaje del volumen total de las importaciones de ese producto
realizadas por el Miembro importador. Con respecto a esos abastecedores,
se tendrán debidamente en cuenta, de conformidad con lo dispuesto en los
párrafos 2 y 3 del artículo 1, las posibilidades futuras de desarrollo
de su comercio y la necesidad de admitir importaciones procedentes de
ellos en cantidades comerciales:

c) en cuanto a los productos de lana procedentes
de los países en desarrollo productores de lana Miembros cuya economía y
cuyo comercio de textiles y vestido dependan del sector de la lana,
cuyas exportaciones totales de textiles y vestido consistan casi
exclusivamente en productos de lana y cuyo volumen de comercio de
textiles y vestido en los mercados de los Miembros importadores sea
comparativamente pequeño, se prestará especial atención a las
necesidades de exportación de esos Miembros al examinar el nivel de los
contingentes, los coeficientes de crecimiento y la flexibilidad;

d) se concederá un trato más favorable a las
reimportaciones por un Miembro de productos textiles y de vestido que
ese Miembro haya exportado a otro Miembro para su elaboración y
subsiguiente reimportación, según sea ésta definida por las leyes y
prácticas del Miembro importador y con sujeción a procedimientos
adecuados de control y certificación, siempre que esos productos hayan
sido importados de un Miembro para el cual este tipo de comercio
represente un porcentaje significativo de sus exportaciones totales de
textiles y vestido.

7. Los Miembros que se propongan adoptar medidas
de salvaguardia procuraran entablar consultas con el Miembro o Miembros
que vayan a resultar afectados por tales medidas. La solicitud de
consultas habrá de ir acompañada de información concreta y pertinente
sobre los hechos y lo más actualizada posible, en especial en lo que
respecta a: a) los factores a que se hace referencia en el párrafo 3
sobre los que el Miembro que recurra a las medidas haya basado su
determinación de la existencia de un perjuicio grave o de una amenaza
real de perjuicio grave; y b) los factores a que se hace referencia en
el párrafo 4, sobre la base de los cuales se proponga recurrir a medidas
de salvaguardia contra el Miembro o Miembros de que se trate. La
información que acompañe a las solicitudes presentadas en virtud del
presente párrafo deberá guardar la relación más estrecha posible con
segmentos identificables de la producción y con el período de referencia
fijado en el párrafo 8. El Miembro que recurra a las medidas indicará
además el nivel concreto al que se proponga restringir las importaciones
del producto en cuestión procedentes del Miembro o Miembros afectados;
este nivel no será inferior al nivel al que se hace referencia en el
párrafo 8. Al mismo tiempo, el Miembro que pida la celebración de
consultas comunicará al Presidente del OST la solicitud de consultas,
con inclusión de todos los datos fácticos pertinentes a que se hace
referencia en los párrafos 3 y 4, junto con el nivel de limitación
propuesto. El Presidente informará a los miembros del OST sobre la
solicitud de consultas, indicando el Miembro solicitante, el producto de
que se trata y el Miembro a que se ha dirigido la solicitud. El Miembro
o Miembros afectados responderán a esa solicitud prontamente, y las
consultas se celebrarán sin demora y normalmente deberán haber
finalizado en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha en que
se haya recibido la solicitud.

8. Cuando en las consultas se llegue al
entendimiento mutuo de que la situación exige la limitación de las
exportaciones del producto de que se trate del Miembro o Miembros
afectados, se fijará para esas limitaciones un nivel que no será
inferior al nivel efectivo de las exportaciones o importaciones
procedentes del Miembro afectado durante el período de 12 meses que
finalice dos meses antes del mes en que se haya hecho la solicitud de
consultas.

9. Los pormenores de la medida de limitación
acordada se comunicaran al OST en un plazo de 60 días contados a partir
de la fecha de conclusión del acuerdo. El OST determinará si el acuerdo
está justificado de conformidad con las disposiciones del presente
artículo. Para formular su determinación, el OST tendrá a su disposición
los datos fácticos facilitados a su Presidente, a los que se hace
referencia en el párrafo 7, así como las demás informaciones pertinentes
que hayan proporcionado los Miembros interesados. El OST podrá hacer a
los Miembros interesados las recomendaciones que estime apropiadas.

10. Sin embargo, si tras la expiración del período
de 60 días a partir de la fecha de recepción de la solicitud de
celebración de consultas los Miembros no han llegado aun acuerdo, el
Miembro que se proponga adoptar medidas de salvaguardia podrá aplicar la
limitación en función de la fecha de importación o de exportación, de
conformidad con las disposiciones del presente artículo, dentro de los
30 días siguientes al período de 60 días previsto para la celebración de
consultas y someter al mismo tiempo la cuestión al OST. Cualquiera de
los Miembros podrá someter la cuestión al OST antes de la expiración del
período de 60 días. Tanto en uno como en otro caso, el OST procederá con
prontitud a un examen de la cuestión, incluida la determinación de la
existencia de perjuicio grave o amenaza real de perjuicio grave y de sus
causas, y formulará las recomendaciones apropiadas a los Miembros
interesados en un plazo de 30 días. Para realizar ese examen, el OST
tendrá a su disposición los datos fácticos facilitados a su Presidente,
a los que se hace referencia en el párrafo 7, así como las demás
informaciones pertinentes que hayan proporcionado los Miembros
interesados.

11. En circunstancias muy excepcionales y
críticas, en las que cualquier demora entrañaría un perjuicio
difícilmente reparable, podrán adoptarse provisionalmente medidas con
arreglo al párrafo 10, a condición de que no más de cinco días hábiles
después de adoptarse se presenten al OST la solicitud de consultas y la
notificación. En caso de que no se llegue a un acuerdo en las consultas,
se hará la correspondiente notificación al OST al término de las mismas
y en todo caso no más tarde de 60 días después de la fecha de aplicación
de la medida. El OST procederá con prontitud a un examen de la cuestión
y formulará recomendaciones apropiadas a los Miembros interesados, en un
plazo de 30 días. En caso de que se llegue aun acuerdo en las consultas,
los Miembros lo notificarán al OST al término de las mismas y en todo
caso no más tarde de 90 días después de la fecha de aplicación de la
medida. El OST podrá hacer a los Miembros interesados las
recomendaciones que estime apropiadas.

12. Cualquier Miembro podrá mantener en vigor las
medidas adoptadas de conformidad con las disposiciones del presente
artículo: a) por un plazo de hasta tres años, sin prórroga; o b) hasta
que el producto quede integrado en el GATT de 1994, si ello tuviera
lugar antes.

13. Si la medida de limitación permaneciera en
vigor por un período superior a un año, el nivel de los años siguientes
será igual al nivel especificado para el primer año incrementado con la
aplicación de un coeficiente de crecimiento de no menos del 6 por ciento
anual, salvo que se justifique otro coeficiente ante el OST. El nivel de
limitación aplicable al producto de que se trate podrá rebasarse en uno
u otro de dos años sucesivos, mediante la utilización anticipada y/o la
transferencia del remanente, en un 10 por ciento, no debiendo
representar la utilización anticipada más del 5 por ciento. No se
impondrán límites cuantitativos a la utilización combinada de la
transferencia del remanente, la utilización anticipada y la disposición
objeto del párrafo 14.

14. Cuando un Miembro, al amparo del presente
artículo, someta a limitación más de un producto procedente de otro
Miembro, el nivel de limitación convenido con arreglo a lo dispuesto en
el presente artículo para cada uno de esos productos podrá rebasarse en
un 7 por ciento, a condición de que el total de las exportación objeto
de limitación no exceda del total de los niveles fijados para todos los
productos limitados de es forma en virtud del presente artículo, sobre
la base de unidades comunes convenidas. Si los períodos de aplicación de
las limitaciones de esos productos no coinciden, se aplicará esta
disposición pro rata a todo período en que haya superposición.

15. En caso de que se aplique una medida de
salvaguardia en virtud del presente artículo a un producto al que se
haya aplicado previamente una limitación al amparo del AMF durante el
período de los 12 meses anteriores a la entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OMC o de conformidad con las disposiciones de los artículos 2 ó
6, el nivel de la nueva limitación será el previsto en el párrafo 8, a
menos que la nueva limitación entre en vigor en el plazo de un año
contado a partir de:

a) la fecha de la notificación a que se hace
referencia en el párrafo 15 del artículo 2 a efectos de la eliminación
de la limitación anterior; o

b) la fecha de la supresión de la limitación
anterior impuesta con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo o
en el AMF

en cuyo caso el nivel no será inferior al más alto
de los siguientes: i) el nivel de limitación correspondiente al último
periodo de 12 meses durante el cual el producto estuvo sujeto a
limitación; o ii) el nivel de limitación previsto en el párrafo 8.

16. Cuando un Miembro que no mantenga una
limitación en virtud del artículo 2 decida aplicar una limitación con
arreglo a lo dispuesto en el presente artículo, dicho Miembro adoptará
disposiciones apropiadas que: a) tengan plenamente en cuenta factores
tales como la clasificación arancelaria establecida y las unidades
cuantitativas basadas en prácticas comerciales normales en transacciones
de exportación e importación, tanto por lo que se refiere a la
composición en fibras como desde el punto de vista de la competencia por
el mismo segmento de su mercado interno; y b) eviten una categorización
excesiva. La solicitud de consultas a que se refieren los párrafos 7 u
11 contendrá una información completa acerca de esas disposiciones.


ARTÍCULO 7

1. Como parte del proceso de integración y en
relación con los compromisos específicos contraídos por los Miembros
como resultado de la Ronda Uruguay, todos los Miembros tomarán las
medidas que sean necesarias para respetar las normas y disciplinas del
GATT de 1994 con objeto de:

a) lograr un mejor acceso a los mercados para los
productos textiles y de vestido por medio de medidas tales como la
reducción y la consolidación de los aranceles, la reducción o la
eliminación de los obstáculos no arancelarios y la facilitación de los
trámites aduaneros, administrativos y de concesión de licencias;

b). garantizar la aplicación de las políticas
sobre condiciones de comercio leal y equitativo en lo relativo a los
textiles y el vestido en esferas tales como el dumping y las normas y
procedimientos antidumping, las subvenciones y las medidas
compensatorias y la protección de los derechos de propiedad intelectual;
y

c) evitar la discriminación en contra de las
importaciones en el sector de los textiles y el vestido al adoptar
medidas por motivos de política comercial general.

Esas medidas se tomarán sin perjuicio de los
derechos y obligaciones que corresponden a los Miembros en virtud del
GATT de 1994.

2. Los Miembros notificaran al OST las medidas a
que se refiere el párrafo 1 que tengan una incidencia en la aplicación
del presente Acuerdo. En la medida en que se hayan notificado a otros
órganos de la OMC, bastará, para cumplir las obligaciones derivadas del
presente párrafo, un resumen en el que se haga referencia a la
notificación inicial. Todo Miembro podrá presentar notificaciones
inversas al OST.

3. Todo Miembro que considere que otro Miembro no
ha adoptado las medidas a que se refiere el párrafo 1, y que se ha
alterado el equilibrio de los derechos y obligaciones dimanantes del
presente Acuerdo, podrá someter la cuestión a los órganos pertinentes de
la OMC e informar al OST. Las eventuales constataciones o conclusiones
de esos órganos de la OMC formarán parte del informe completo del OST.


ARTÍCULO 8

1. Por el presente Acuerdo se establece el Órgano
de Supervisión de los Textiles (“OST”), encargado de supervisar la
aplicación del presente Acuerdo, de examinar todas las medidas adoptadas
en el marco del mismo y la conformidad con él de tales medidas, y de
tomar las medidas que le exija expresamente el presente Acuerdo. El OST
constará de un Presidente y 10 miembros. Su composición será equilibrada
y ampliamente representativa de los Miembros y se preverá la rotación de
sus miembros a intervalos apropiados. Éstos serán nombrados para
integrar el OST por los Miembros que designe el Consejo del Comercio de
Mercancías y desempeñarán sus funciones a título personal.

2. El OST establecerá sus propios procedimientos
de trabajo. Sin embargo, queda entendido que el consenso en él no
requerirá el asentimiento o acuerdo de los miembros nombrados por los
Miembros que intervengan en un asunto no resuelto que el OST tenga en
examen.

3. El OST tendrá el carácter de órgano permanente
y se reunirá con la frecuencia que sea necesaria para desempeñar las
funciones que se le encomiendan en el presente Acuerdo. Se basará en las
notificaciones e informaciones presentadas por los Miembros en virtud de
los artículos pertinentes del presente Acuerdo, complementadas por las
informaciones adicionales o los datos necesarios que los Miembros le
presenten o que decida recabar de ellos. Podrá también basarse en las
notificaciones hechas a otros órganos de la OMC y en los informes de
éstos, así como en los provenientes de otras fuentes que considere
apropiadas.

4. Los Miembros se brindarán recíprocamente
oportunidades adecuadas para la celebración de consultas con respecto a
toda cuestión que afecte al funcionamiento del presente Acuerdo.

5. De no llegarse a una solución mutuamente
convenida en las consultas bilaterales previstas en el presente Acuerdo,
el OST, a petición de uno u otro Miembro, y después de examinar a fondo
y prontamente la cuestión, hará recomendaciones a los Miembros
interesados.

6. A petición de cualquier Miembro, el OST
examinará con prontitud toda cuestión concreta que ese Miembro considere
perjudicial pata sus intereses en el marco del presente Acuerdo, cuando
no se haya podido llegar a una solución mutuamente satisfactoria en las
consultas por él entabladas con el Miembro o Miembros interesados. Por
lo que se refiere a esas cuestiones, el OST podrá formular las
observaciones que estime oportunas a los Miembros interesados y a los
efectos del examen previsto en el párrafo 11.

7. Antes de formular sus recomendaciones u
observaciones, el OST invitará a participar en el procedimiento a los
Miembros que puedan verse directamente afectados por el asunto de que se
trate.

8. Siempre que el OST haya de formular
recomendaciones o conclusiones, las formulará de preferencia dentro de
un plazo de 30 días, a menos que se especifique otro plazo en el
presente Acuerdo. Todas las recomendaciones o conclusiones serán
comunicadas a los Miembros directamente interesados. Serán comunicados
también al Consejo del Comercio de Mercancías pata su información.

9. Los Miembros procurarán aceptar enteramente las
recomendaciones del OST, que ejercerá la debida vigilancia de la
aplicación de sus recomendaciones.

10. Si un Miembro se considera en la imposibilidad
de ajustarse a las recomendaciones del OST, presentará a éste sus
razones a más tardar un mes después de haber recibido dichas
recomendaciones. Después de estudiar a fondo las razones aducidas, el
OST emitirá sin demora las nuevas recomendaciones que estime oportunas.
Si después de esas nuevas recomendaciones la cuestión sigue sin
resolver, cualquiera de los Miembros podrá someterla al Órgano de
Solución de Diferencias y recurrir al párrafo 2 del artículo XXIII del
GATT de 1994 y a las disposiciones pertinentes del Entendimiento sobre
Solución de Diferencias.

11. Con objeto de supervisar la aplicación del
presente Acuerdo, el Consejo del Comercio de Mercancías llevará a cabo
un examen general antes del final de cada etapa del proceso de
integración. Para facilitar ese examen, el OST elevará al Consejo del
Comercio de Mercancías, a más tardar cinco meses antes del final de cada
etapa, un informe completo sobre la aplicación del presente Acuerdo
durante la etapa objeto de examen, en particular respecto de las
cuestiones relacionadas con el proceso de integración, la aplicación del
mecanismo de salvaguardia de transición y la aplicación de las normas y
disciplinas del GATT de 1994 que se definen, respectivamente, en los
artículos 2,3,6 y 7. El informe completo del OST podrá incluir las
recomendaciones que éste considere oportuno hacer al Consejo del
Comercio de Mercancías.

12. A la luz de su examen, el Consejo del Comercio
de Mercancías tomará por consenso las decisiones que estime oportunas
para garantizar que no se menoscabe el equilibrio de derechos y
obligaciones consagrado en el presente Acuerdo. A los efectos de la
solución de cualquier diferencia que pueda plantearse en relación con
las cuestiones a que hace referencia el artículo 7, el Órgano de
Solución de Diferencias podrá autorizar, sin perjuicio de la fecha final
fijada en el artículo 9, un ajuste de lo dispuesto en el párrafo 14 del
artículo 2, durante la etapa siguiente al examen, respecto de cualquier
Miembro que, según se haya constatado, no cumpla las obligaciones por él
asumidas en virtud del presente Acuerdo.


ARTÍCULO 9

El presente Acuerdo quedará sin efecto, junto con
todas las restricciones aplicadas en su marco, el primer día del 121 o.
mes de vigencia del Acuerdo sobre la OMC, fecha en que el sector de los
textiles y el vestido quedará plenamente integrado en el GATT de 1994.
El presente Acuerdo no será prorrogable.


ANEXO.-
LISTA DE PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN EL PRESENTE ACUERDO


1. Se enumeran en este anexo los productos textiles
y de vestido definidos por sus códigos del Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías (SA) en el nivel de seis
dígitos.

2. Las medidas que se adopten en virtud de las
disposiciones de salvaguardia estipuladas en el artículo 6 se aplicarán
respecto de productos textiles y prendas de vestir determinados y no
sobre la base de las líneas del SA per se.

3. Las medidas que se adopten en virtud de las
disposiciones de salvaguardia estipuladas en el artículo 6 del presente
Acuerdo no se aplicarán:

a) a las exportaciones efectuadas por países en
desarrollo Miembros de Tejidos de fabricación artesanal hechos en
telares manuales o de productos de fabricación artesanal hechos a mano
con esos tejidos, ni a las de productos textiles y de vestido
artesanales propios del folklore tradicional, siempre que tales
productos sean objeto de una certificación apropiada conforme a
disposiciones establecidas entre los Miembros interesados;

b) a los productos textiles históricamente objeto
de comercio que antes de 1982 entraban en el comercio internacional en
cantidades comercialmente significativas, tales como sacos y bolsas,
talegas, tejidos de fondo, cordajes, bolsos de viaje, esteras,
esterillas, alfombras y tapices fabricados normalmente con fibras como
yute, bonote, sisal, abacá, maguey y henequén;

c) a los productos fabricados con seda pura.

Serán aplicables en el caso de esos productos las
disposiciones del artículo XIX del GATT de 1994, interpretadas por el
Acuerdo sobre Salvaguardias.

Productos de la Sección XI (Materias textiles y
sus manufacturas) de la Nomenclatura del Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías (SA)

nº del SADesignación de los productos
Cap. 50Seda
5004.00Hilados seda (excepto hdos. Desperd. seda)
sin acond. pa. venta p. menor
5005.00Hilados desperd. seda sin acond. Pa. venta
p. Menor
5006.00Hilados seda o desperd. seda, acond. pa.
venta p. menor; pelo Mesina (crin Florencia)
5007.10Tejidos de borrilla
5007.2Tejidos seda o desperd. seda, distintos de
la borrilla, con 85% o más de esas fibras
5007.90Tejidos de seda, n.e.p.
Cap.51Lana, pelo fino u ordinario; Hilados y
Tejidos de crin
5105.10Lana cardada
5105.21Lana peinada a granel
5105.29Lana peinada, excepto a granel
5105.30Pelo fino, cardado o peinado
5106.10Hilados lana cardada, con >/= 85% de lana
en peso, sin acond. pa. venta p. menor
5106.20Hilados lana cardada, con < 85% de lana en
peso, sin acond. pa. venta p. menor
5107.10Hilados lana peinada, con >/= 85% de lana
en peso, sin cond. pa. venta p. menor
5107.20Hilados lana peinada, con < 85% de lana en
peso, sin acond. pa. venta p. menor
5108.10Hilados pelo fino cardado, sin acond. pa.
venta p. menor
5108.20Hilados pelo fino peinado, sin acond. pa.
venta p. menor
5109.10Hilados lana o pelo fino, con >/= 85% de
tales fibras en peso, acond. pa. venta p. menor
5109.90Hilados lana o pelo fino, con < 85% de
tales fibras en peso, acond. pa. venta p. menor
5110.00Hilados pelo ordinario o crin
5111.11Tejidos lana o pelo fino cardados, con >/=
85% de lana/ pelo fino en peso, </= 300 g/m²
5111.19Tejidos lana o pelo fino cardados, con >/=
85% de lana/ pelo fino en peso, > 300 g/m²
5111.20Tejidos lana o pelo fino cardados, con >/=
85% de lana/ pelo fino en peso, mezcl. con fil. sint. o artit:
5111.30Tejidos lana o pelo fino cardados, con >/=
85% de lana/ pelo fino en peso, mezcl. con fibras sint. o artif
5111.90Tejidos lana o pelo fino cardados, con >/=
85% de lana/ pelo fino en peso, n.e.p.
5112.11Tejidos lana o pelo fino peinados, con >/=
85% de lana/ pelo fino en peso, </= 200 g/m²
5112.19Tejidos lana o pelo fino peinados, con >/=
85% de lana/ pelo fino en peso, > 200 g/m²
5112.20Tejidos lana o pelo fino peinados, con
< 85% de lana/pelo fino en peso, mezcl. con fibras sint. o artif.
5112.30Tejidos lana o pelo fino peinados, con
< 85% de lana/pelo fino en peso, mezcl con fibras sint. o artif.
5112.90Tejidos lana o pelo fino peinados, con
<85% de lana/pelo fino en peso,n.e.p.
5113.00Tejido de pelo ordinario o de crin
Cap, 52Algodón
5204.11Hilo de coser de algodón, con >/=85% de
algodón en peso, sin acond. pa. venta p. Menor
5204.19Hilo de coser de algodón, con < 85% de
algodón en peso, sin acond. pa venta p. menor
5204.20Hilo de coser de algodón, acond. Pa. venta
p. menor
5205.11Hilados algodón, >/= 85%, sencillos, sin
peinar, >/= 714,29 dtex, sin acond. pa. venta p. menor
5205.12Hilados algodón ,>/=85%, sencillos sin
peinar, 714,29> dtex >/= 232,56,sin acond. pa. venta p. menor
5205.13Hilados algodón, >/= 85%, sencillos, sin
peinar, 232,56 > dtex >/=192,31, sin acond. pa. venta p. menor
5205.14Hilados algodón, >/=85%, sencillos, sin
peinar, 192,31 > dtex >/= 125, sin acond. pa. venta p. menor
5205.15Hilados algodón, >/= 85%, sencillos, sin
peinar, < 125 dtex, sin acond. pa. venta p. menor
5205.21Hilados algodón, >/=85%, sencillos,
peinados, >/=714,29 dtex, sin acond. pa. venta p. menor
5205.22Hilados algodón, >/= 85%, sencillos,
peinados, 714,29 >dtex >/= 232,56, sin acond. pa. venta p. menor
5205.23Hilados algodón. >/= 85%, sencillos,
peinados, 232,56 > dtex >/= 192,31, sin acond. pa. venta p.
Menor
5205.24Hilados algodón, >/= 85%, sencillos,
peinados, 192,31 > dtex >/= 125, sin acond. pa. venta p. menor
5205.25Hilados algodón, >/= 85%, sencillos,
peinados, < 125 dtex, sin acond. pa. venta p. menor
5205.31Hilados algodón, >/= 85%,
retorcidos/cableados, sin peinar, >/= 714,29 dtex, sinacond. pa.
venta p. menor, n.e.p.
5205.32Hilados algodón, >/= 85%,
retorcidos/cableados, sin peinar, 714,29 > dtex >/= 232,56, sin
acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
5205.33Hilados algodón, >/= 85%,
retorcidos/cableados, sin peinar, 232,56 > dtex >/=192,31, sin
acond. Pa. Venta p. menor, n.e.p.
5205.34Hilados algodón, >/- 85%,
retorcidos/cableados, sin peinar, 192,31 > dtex >/= 125, sin
acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
5205.35Hilados algodón, >/= 85%,
retorcidos/cableados, sin peinar,< 125 dtex, sin acond. pa.
venta p. menor, n.e.p.
5205.41Hilados algodón, >/= 85%, retorcidos/cableados, peinados, >/=
714,29 dtex, sin acond. pa. venta p. menor, n.e.p,
5205.42Hilados algodón, >/= 85%,
retorcidos/cableados peinados,714,29 > dtex >/= 232,56, sin
acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
5205.43Hilados algodón. >/= 85%,
retorcidos/cableados, peinados, 232,56 > dtex >/= 192,31, sin
acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
5205.44Hilados algodón, >/= 85%,
retorcidos/cableados, peinados, 192,31 > dtex >/= 125, sin acond.
pa. venta p. menor, n.e.p.
5205.45Hilados algodón, >/= 85%,
retorcidos/cableados, peinados,< 125 dtex, sin acond. pa. venta
p. menor, n.e.p.
5206.11Hilados algodón, >85%, sencillos, sin
peinar, >/=714,29 dtex, sin acond.pa. venta p. menor
5206.12Hilados algodón, < 85%, sencillos, sin
peinar, 714,29 > dtex >/= 232,56, sin acond. pa. venta p. menor
5206.13Hilados algodón, < 85%, sencillos, sin
peinar, 232,56 > dtex >/= 192,31, sin acond. pa. venta p. menor
5206.14Hilados algodón, < 85%, sencillos, sin
peinar, 192,31 > dtex >/= 125, sin acond. pa. venta p. Menor
5206.15Hilados algodón, < 85%, sencillos, sin
peinar, < 125 dtex, sin acond. pa. venta p. menor
5206.21Hilados algodón, < 85%, sencillos,
peinados, >/= 714,29 dtex, sin acond. pa. venta p. menor
5206.22Hilados algodón, < 85%, sencillos,
peinados, 714,29 > dtex >/= 232.56. sin acond. na. venta D.
Menor
5206.23Hilados algodón, < 85%, sencillos,
peinados, 232,56 > dtex >/= 192,31, sin acond. pa. venta p.
menor
5206.24Hilados algodón, < 85%, sencillos,
peinados, 192,31 > dtex >/= 125, sin acond. pa. venta p. menor
5206.25Hilados algodón, < 85%, sencillos,
peinados, < 125, sin acond. pa. venta p. menor
5206.31Hilados algodón, < 85%,
retorcidos/cableados, sin peinar, >/= 714,29 dtex sin acond. pa.
venta p. menor, n.e.p.
5206.32Hilados algodón, < 85%,
retorcidos/cableados, sin peinar, 714,29 > dtex >/= 232,56, sin
acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
5206.33Hilados algodón, < 85%,
retorcidos/cableados, sin peinar, 232,56 > dtex >/= 192,31, sin
acond. pa. venta p: menor, n.e.p.
5206.34Hilados algodón, < 85°/n,
retorcidos/cableados, sin peinar, 192,31 > dtex >/= 125, sin
acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
5206.35Hilados algodón, <85%,
retorcidos/cableados, sin peinar, < 125 dtex, sin acond. pa.
venta p. menor, n.e.p.
5206.41Hilados algodón, < 85%,
retorcidos/cableados, peinados, >/= 714,29 dtex, sin acond. pa.
venta p. menor, n.e.p.
5206.42Hilados algodón, < 85%,
retorcidos/cableados, peinados, 714,29 > dtex >/= 232,56 sin
acond. pa. venta p. menor, n.e.p:
5206.43Hilados algodón, < 85%.
Retorcidos/cableados, peinados, 232,56 > dtex >/= 192,31, sin
acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
5206.44Hilados algodón, < 85%,
retorcidos/cableados, peinados, 192,31 > dtex >/=125, sin acond.
pa. venta p. menor, n.e.p.
5206.45Hilados algodón, < 85%,
retorcidos/cableados, peinados, < 125 dtex, sin acond. pa. venta
p. menor, n.e.p.
5207.10Hilados algodón (excepto hilo de coser),
con >/= 85% de algodón en peso, acond. pa. venta p. menor
5207.90Hilados algodón (excepto hilo de coser),
con < 85% de algodón en peso, cond. pa. venta p. menor
5208.11Tejidos algodón de ligamento tafetán, >/=
85%, no mas de 100 g/m², crudos
5208.12Tejidos algodón de ligamento tafetán, >/=
85%, > 100 g/ m2, hasta 200 g/m², crudos
5208.13Tejidos algodón de ligamento sarga, >/=
85%, no más de 200 g/m², crudos
5208.19Tejidos algodón. >/= 85%, no más de 200
g/m², crudos, n.e.p.
5208.21Tejidos algodón de ligamento tafetan,
>/=85%, no más de 100 g/m², blanqueados
5208.22Tejidos algodón de ligamento tafetán, >/=
85%, > 100 g/ m2, hasta 200 g/m² blanqueados
5208.23Tejidos algodón de ligamento sarga, >/=
85%, no más de 200 g/m², blanqueados
5208.29Tejidos algodón, >/= 85%, no más de 200
g/m², blanqueados, n.e.p.
5208.31Tejidos algodón de ligamento tafetán,
>/=85%, no más de 100 g/m², teñidos
5208.32Tejidos algodón de ligamento tafetán, >/=
85%, > 100 g/ m2, hasta 200 g/m², teñidos
5208.33Tejidos algodón de ligamento sarga, >/=
85%, no mas de 200 g/m², teñidos
5208.39Tejidos algodón, >/= 85%, no más de 200
g/m², teñidos, n.e.p.
5208.41Tejidos algodón de ligamento tafetán,
>/=85%, no mas de 100 g/m², hilados distintos colores
5208.42Tejidos algodón de ligamento tafetán, >/=
85%, > 100 g/ m2 hasta 200 g/m², hilados distintos colores
5208.43Tejidos algodón de ligamento sarga, >/=
85%, no más de 200 g/m², hilados distintos colores
5208.49Tejidos algodón, >/= 85%, no más de 200
g/m², hilados distintos colores, n.e.p.
5208.51Tejidos algodón de ligamento tafetán,
>/=85%,no más de 100 g/m², estampados
5208.52Tejidos algodón de ligamento tafetán, >/=
85%, > 100 g/ m2, hasta 200 g/m², estampados
5208.53Tejidos algodón de ligamento sarga, >/=
85%, no mas de 200 g/m², estampados
5208.59Tejidos algodón, >/= 85%, no más de 200
g/m², estampados, n.e.p.
5209.11Tejidos algodón de ligamento tafetán, >/=
85%, más de 200 g/m², crudos
5209.12Tejidos algodón de ligamento sarga, >/=85%, más de 200 g/m²,
crudos
5209.19Tejidos algodón, >/=85%, mas de 200 g/m²,
crudos, n.e.p.
5209.21Tejidos algodón de ligamento tafetán, >/=
85%, más de g/m², blanqueados
5209.22Tejidos algodón de ligamento sarga, >1=
85%, más de 200 g/m², blanqueados
5209.29Tejidos algodón, >/=85%, mas de 200 g/m²,
blanqueados, n.e.p.
5209.31Tejidos algodón de ligamento tafetán, >/=
85%, más de 200 g/m², teñidos
5209.32Tejidos algodón de ligamento sarga, >/=
85%, más de 200 g/m², teñidos
5209.39Tejidos algodón, >/=85%, más de 200 g/m²,
teñidos, n.e.p.
5209.41Tejidos algodón de ligamento tafetán, >/=
85%, más de 200 g/m², hilados distintos colores
5209.42Tejidos de mezclilla (“denim”) de algodón,
>/= 85%, mas de 200 g/m²
5209.43Tejidos algodón de ligamento sarga excepto
de mezclilla, >/= 85%, más de 200 g/m², hilados distintos
colores
5209.49Tejidos algodón, >/= 85%, más de 200 g/m²,
hilados distintos colores, n.e.p.
5209.51Tejidos algodón de ligamento tafetán, >/=
85%, mas de 200 g/m², estampados
5209.52Tejidos algodón de ligamento sarga, >/=
85%. más de 200 g/m², estampados
5209.59Tejidos algodón, >/= 85%, más de 200 g/m²,
estampados, n.e.p.
5210.11Tejidos algodón de ligamento tafetán,
< 85%, mezc, con fibras sint. o artif, no más de 200 g/m²,
crudos
521012Tejidos de algodón de ligamento sarga,
<85%, mezcl . con fibras sint. o artit:, no más de 200 g/m²,
crudos, n.e.p.
5210.19Tejidos algodón, < 85%, mezcl . con fibras
sint. o artif, </ = 200 g/m², crudos, n.e.p.
5210.21Tejidos de algodón de ligamento tafetán,
< 85%, mezcl. con fibras sint. o artif., no más de 200 g/m²,
blanqueados
5210.22Tejidos algodón de ligamento sarga, < 85%,
mezcl. con Fibras sint. o artif, no más de 200 g/m², blanqueados
5210.29Tejidos algodón, < 85%, mezcl . con fibras
sint. o artif, </ = 200 g/m², blanqueados, n.e.p.
5210.31Tej idos algodón de ligamento tafetán,
< 85n/o, mezcl . con fibras sint. o artit:, no más de 200 g/m²,
teñidos
5210.39Tejidos algodón de ligamento sarga, < 85%,
mezcl. con Fibras sint. O artif, no mas de 200 g/m², teñidos
5210.39Tejidos algodón, < 85%, mezcl . con fibras
sint. o artif, </ = 200 g/m², tejidos, n.e.p.
5210.41Tejidos algodón de ligamento tafetán,
< 85%, mezcl . con fibras sint. o artif, no más de 200 g/m²,
hilados destintos colores
5210.42Tejidos algodón de ligamento sarga, < 85%,
mezcl, con fibras sint. o artif, no mas de 200 g/m², hilados
distintos colores
5210.49Tejidos algodón, < 85%, mezcl. Con fibras
sint. o artif, </ = 200 g/m², hilados distintos colores, n.e.p.
5210.51Tejidos algodón de ligamento tafetán, <85%
mezcl. con fibras sint. o artif, no mas de 200 g/m², estampados
5210.52Tejidos algodón de ligamento, sarga, < 85%
mezcl. con fibras sint. o artif, no más de 200 g/m², estampados
5210.59Tejidos algodón, < 85%, mezcl . con fibras
sint. o artit:, </ = 200 g/m², estampados, n.e.p.
5211.11Tejidos algodón de ligamento tafetán,
< 85%, mezcl. con fibras sint. o artif, más de 200 g/m², crudos
5211.12Tejidos algodón de ligamento sarga, < 85%,
mezcl. con fibras sint. o artit:, mas de 200 g/m², crudos
5211.19Tejidos algodón, 85%, mezcl. con fibras
sint, o artit:, mas de 200 g/m², crudos, n.e.p.
5211.21Tejidos algodón de ligamento tafetán,
< 85% mezcl. con fibras sint. o artif, más de 200 g/m²,
blanqueados
5211.22Tejidos algodón de ligamento sarga, < 85%,
mezcl, con fibras sint. o artif, más de 200 g/m², blanqueados
5211.29Tejidos algodón, <85%, mezcl. Con fibras
sint, o artif, más de 200 g/m², blanqueados, n.e.p.
5211.31Tejidos algodón de ligamento tafetán,
< 85% mezcl. con fibras sint. o artif, más de 200 g/m², teñidos
5211.32Tejidos algodón de ligamento sarga, < 85%
mezcl. con fibras sint. o artit:, mas de 200 g/m², teñidos
5211.39Tejidos algodón, <85%, mezcl. Con fibras
sint o artif, más de.200 g/m², teñidos, n.e.p.
5211.41Tejidos algodón de ligamento tafetán,
< 85%1 mezcl, con fibras sint. o artif, mas de 200 g/m², hilados
distintos colores
5211.42Tejidos de mezclilla (“denim”) de algodón,
<85%, mezcl. con fibras sint. o artif:, mas de 200 g/m²
5211.43Tejidos algodón de ligamento sarga,
excepto de mezclilla, < 85%, mezcl. con fibras sint. o artif,
> 200 glm2, hilados distintos colores
5211.49Tejidos algodón, < 85%, mezcl. Con fibras
sirlt. o artit:, > 200 g/m², hilados distintos colores, n.e.p.
5211.51Tejidos de algodón de ligamento tafetán,
< 85%, mezcl: con fibras sint. o artif, más de 200 g/m²,
estampados
5211.52Tejidos algodón de ligamento sarga, < 85%,
mezcl, con fibras sint. o artif, más de 200 g/m², estampados.
5211.59Tejidos algodón <85% mezcla con fibras
sint o artif: más de 200 g/m², estampados, n.e.p.
5212.11Tejidos algodón, de gramaje inf o igual a
200 g/m²,crudos, n.e.p.
5212.12Tejidos algodón, de gramaje int: o igual a
200 g/m², blanqueados, n.e.p
5212.13Tejidos algodón, de gramaje inf o igual a
200 g/m², teñidos, n.e.p.
5212.14Tejidos algodhn, </= 200 g/m², con hilados de distintos colores,
n.e.p.
5212.15Tejidos algodón, de gramaje int: o igual a
200 g/m², estampados, n.e.p.
5212.21Tejidos algodón, de gramaje sup. A200
g/m², crudos, n.e. p.
5212.22Tejidos algodón, de gramaje sup. A 200
g/m², blanqueados, n.e.p.
5212.23Tejidos algodón, de gramaje sup. A 200
g/m², tejidos, n.e.p.
5212.24Tejidos algodón, > 200 g/m², con hilados
de distintos colores, n.e.p.
5212.25Tejidos algodón, de gramajes up.a 200
g/m², estampados, n.e.p.
Cap. 53Demás fibras text. vegetales; hilados de
papel y tejidos de hdos. papel
5306.10Hilados de lino, sencillos
5306.20Hilados de lino, torcidos o cableados
5307.10Hilados de yute y demás fibras text. dd
liber, sencillos
5307.20Hilados de yute y demás tibras text. del
líber, torcidos o cableados
5308.20Hilados de cáñamo
5308.90Hilados de las demás fibras vegetales
5308.11Tejidos de lino, con 85% o mas de fino en
peso, crudos o blanqueado
5309.19Los demás tejidos de fino, con 85% o mas
de lino en peso
5309.21Tejidos de lino, con < 85% de lino en
peso, crudos o blanqueados
5309.29Los demas tejidos de lino, con < 85% de
lino en peso
5310.10Tejidos de yute y demás fibras text. del
liber, crudos
5310.90Los demás tejidos de yute y demas fibras
text. del líber
5311.00Tejidos de las demás fibras text. Veget.;
tejidos de hilados de papel
Cap. 54Filamentos sinteticos o artificiales
5401.10Hilo de coser de filarnentos sinteticos
5401.20Hilo de coser de filamentos artificiales
5402.10Hilados alta tenacidad (excepto hilo de
coser), de filamentos de naylon/otras poliamidas, sin acond. pa.
venta p. menor
5402.20Hilados alta tenacidad (excepto hilo de
coser), de filamentos de poliéster, sin acond. pa. venta p.
menor
5402.31Hilados texturados n.e.p. de fil.
Naylon/otras poliamidas, </= 50 tex/hdo sencillo, sin acond. pa.
venta p. menor
5402.32Hilados texturados n.e.p. de fil .
naylon/otras poliamidas, 50 tex/hdo sencillo, sin acond. pa.
venta p. menor
5402.33Hilados texturados n.e.p. de fil. de
poliéster, sin acond. pa.venta p. Menor
5402.39Hilados texturados n.e.p. de filamentos
sintéticos, n.e.p., sin acond. pa. venta p. menor
5402.41Hilados de filamentos naylon/otras polian
idas, sencillos, sin torsión, n.e.p., sin acond. pa. venta p.
menor
5402.42Hilados de filamentos poliéster, parcial.
orientados, sencillos,n.e.p., sin acond. pa. venta p. menor
5402.43Hilados de filamentos poliéster,
sencillos, sin torsión, n.e.p., sin acond. pa. venta p. menor
5402.49Hilados de filamentos sinteticos,
sencillos, sin torsion, n.e.p., sin acond. pa. venta p.menor
5402.51Hilados de filamentos naylon/otras pol
iamidas, sencillos, > 50 vueltas/m, n.e.p., sin acond. pa. venta
p. menor
5402.52Hilados de filamentos poliéster,
sencillos, > 50 vueltas/m, n.e.p., sin acond. pa. venta p. menor
5402.59Hilados de filamentos sintéticos,
sencillos, > 50 vueltas/m, n.e.p., sin acond. pa. venta p. menor
5402.61Hilados de filamentos naylon/otras
poliamidas, torcidos/ cableados, n.e.p., sin acond. pa. venta p.
menor
5402.62Hilados de filamentos poliéster,
torcidos/cableados, n.e.p sin acond. pa. venta p. menor
5402.69Hilados de filamentos sintéticos,
torcidos/cableados, n.e.p., sin acond. pa. venta p.menor
5403.10Hilados alta tenacidad (excepto hilo de
coser), de fil. de rayón viscosa, sin acond. pa. venta p. menor
5403.20Hilados texturados, n.e.p., de filamentos
artif sin acond. pa. venta p. menor
5403.31Hilados de fil. de rayón viscosa
sencillos, sin torsión, n.e.p., sin acond. pa. venta p. menor
5403.32Hilados de fil. de rayón viscosa,
sencillos, > 120 vueltas/ m. n.e.p., sin acond. pa. venta p.
Menor
5403.33Hilados de fil. de acetato de celulosa,
sencillos, n.e.p., sin acond. pa. venta p. menor
5403.39Hilados de fil. artificiales, sencillos,
n.e.p., sin acond. pa. venta p. menor
5403.41Hilados de fil. de rayón viscosa
torcidos/cableados, n.e.p., sin acond. pa. venta p. menor
5403.42Hilados de fil. de acetato de celulosa
torcidos/cableados, n.e.p., sin acond. pa. venta p. Menor
5403.49Hilados de fil. artificiales,
torcidos/cableados, n.e.p., sin acond. pa. venta p. menor.
5404.10Monofil, sintéticos, >/= 67 dtex, cuya
mayor dimensión sección transversal no exceda de 1 mm
5404.90Tiras de mat. text. sintét., cuya anchura
aparente no exceda de 5 mm
5405.00Monofil . artificiales,67 dtex, sección
trasv. > 1 mm, tiras mat. text. artif. anchura </= 5 mm
5406.10Hilados filamentos sintéticos (excepto
hilos de coser), acond. pa. venta p. menor
5406.20Hilados filamentos artificiales (excepto
hilos de coser), acond. pa. venta p. menor
5407.10Tejidos de hdos. de alta tenacidad de fil.
de nylon/otras poliamidas/poliésteres
5407.20Tejidos fabricados con tiras o similares, de mat. text.
sintéticas
5407.30Tejidos” citados en la nota 9 de la
sección XI (napias de hilados text. sint. paralelizados)
5407.41Tejidos, con >/= 85% de filamentos
nylon/otras poliamidas, crudos o blanqueados, n.e.p.
5407.42Tejidos, con >/= 85% de filamento
nylon/otras poliamidas, teñidos, n.e.p.
5407.43Tejidos, con >/= 85% de filamento
nylon/otras poliamidas, hilados distintos colores, n.e,p,
5407.44Tejidos, con >/= 85% de filamentos
nylon/otras poliamidas, estampados, n.e.p.
5407.51Tejidos, con >/= 85% de filamentos
poliéster texturados, crudos o blanqueados, n.e.p.
5407.52Tejidos, con >/= 85% de filamentos
poliéster texturados, teñidos, n.e.p.
5407.53Tejidos, con >/= 85% de filamentos
poliéster texturados, hilados distintos colores, n.e.p.
5407.54Tejidos, con >/= 85% de filamentos
poliéster texturados, estampados, n.e.p.
5407.60Tejidos, con >/= 85% de filamentos
poliéster sin texturar, n.e.p.
5407.71Tejidos, con >/= 85% de filamentos
sintéticos, crudos o blanqueados, n.e.p.
5407.72Tejidos, con >/= 85% de filamentos
sintéticos, teñidos, n.e.p.
5407.73Tejidos, con >/= 85% de filamentos
sintéticos, hilados distintos colores, n.e.p.
5407.74Tejidos, con >/=85%de filamentos
sintéticos, estampados, n.e.p.
5407.81Tejidos, de filamentos sintéticos, <85%,
mezclados con algodón, crudos o blanqueados, n.e.p.
5407.82Tejidos de filamentos sintéticos, < 85%,
mezclados con algodón, crudos o blanqueados, n.e.p,
5407.83Tejidos de filamentos sintéticos, < 85%,
mezclados con algodón, hilados distintos colores, n.e,p.
5407.84Tejidos de filamentos sinteticos, < 85%,
mezclados con algodón, estampados, n.e.p.
5407.91Tejidos de filamentos sintéticos, crudos o
blanqueados, n.e.p.
5407.92Tejidos de filamentos sintéticos, teñidos,
n.e.p.
5407.93Tejidos de filamentos sintéticos, hilados
distintos colores, n.e.p.
5407.94Tejidos de filamentos sintéticos,
estampados, n.e.p.
5408.10Tejidos de hilados de alta tenacidad de
filamentos de rayón viscosa
5408.21Tejidos con >/=85% de fil. artit: o tiras
de mat. text. artif, crudos/blanqueados, n.e.p.
5408.22Tejidos con >/= 85% de fil. artif. o tiras
de mat. text. artif, teñidos, n.e.p.
5408.23Tejidos con >/= 85% de fil. artif. o tiras
de mat. text. artif, Hilados distintos colores, n.e.p.
5408.24Tejidos con >/= 85% de fil . artit: o
tiras de mat, text. artif, estampados, n.e.p.
5408.31Tejidos de filamentos artificiales, crudos
o blanqueados, n.e.p.
5408.32Tejidos de filamentos artificiales,
teñidos, n.e.p.
5408.33Tejidos de filamentos artificiales,
hilados distintos colores, n.e.p.
5408.34Tejidos de filamentos artificiales,
estampados, n.e.p.
Cap. 55Fibras sintéticas o artificiales
discontinuas
5501.10Cables de filamentos de naylon o de otras
poliamidas
5501.20Cables de filamentos de poliésteres
5501.30Cables de filamentos acrllicos o
modacrilicos
5501 90Cables de filamentos sintéticos, n.e.p.
5502.00Cables de filamentos artificiales
5503.10Fibras discontinuas de naylon o de otras
poliamidas, sin cardar ni peinar
5503.20Fibras discontinuas de poliésteres, sin
cardar ni peinar
5503.30Fibras discontinuas acrilicas o
modacrilicas, sin cardar ni peinar
5503.40Fibras discontinuas de pollpropiieno, sin
cardar ni peinar
5503.90Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar
ni peinar, n.e.p.
5504.10Fibras discontinuas de viscosa, sin cardar
ni peinar
5504.90Fibras artificiales discontinuas, excepto
de viscosa, sin cardar ni peinar
5505.10Desperdicios de fibras sintéticas
5505.20Desperdicios de fibras artificiales
5506.10Fibras discontinuas de naylon o de otras
poliamidas, cardadas o peinadas
5506.20Fibras discontinuas de poliésteres,
cardadas o peinadas
5506.30Fibras discontinuas acrílicas o
modacrílicas, cardadas o peinadas
5506.90Fibras sintéticas discontinuas, cardadas o
peinadas, n.e.p.
5507.00Fibras artificiales discontinuas, cardadas
o peinadas
5508.10Hilo de coser de fibras sintéticas
discontinuas
5508.20Hilo de coser de fibras artificiales
discontinuas
5509.11Hilados, con >/= 85% de fibras disc. de
nylon/otras poliamidas, sencillos, sin acond. pa. venta p. menor
5509.12Hilados, con >/= 85% de fibras disc. de
nylon/otras poliamidas, retorcido. s/cableados, sin acond. pa.
venta p. menor, n.e.p.
5509.21Hilados, con >/= 85% de fibras disc. de poliéster, sencillos,
sin acond. pa. venta p. menor
5509.22Hilados, con >/= 85% de fibras disc. de
poliéster, retorcidos/cableados, sin acond. pa. venta p. menor,
n.e.p.
5509.31Hilados, con >/= 85% de fibras disc.
acril/modacril, sencillos, sin acond. pa. venta p. menor
5509.32Hilados, con >/= 85% de fibras disc.
acril/modacril, retorcidos/cableados, sin acond. pa. venta p.
menor, n.e.p.
5509.41Hilados, con>/= 85% de otras fibras
sintéticas discontinuas, sencillos, sin acond. pa. venta p.
menor
5509.42Hilados, con >/= 85% de otras fibras
sintéticas discontinuas, retorcidos/cableados, sin acond. pa.
venta p. menor, n.e.p.
5509.51Hilados fibras poliéster disc. mezcl. con
fibras artif. disc., sin acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
5509.52Hilados fibras poliéster disc. Mezcl . con
lana/pelo fino, sin acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
5509.53Hilados fibras poliéster disc. mezcl. con
algodón, sin acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
5509.59Hilados fibras poliéster disc., sin acond.
pa. venta p. menor, n.e.p.
5509.61Hilados fibras acrílicas disc. Mezcl. con
lana/pelo fino, sin acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
5509.62Hilados fibras acrílicas disc. mezcl. con
algodón, sin cond. pa. venta p. menor, n.e.p.
5509.69Hilados fibras acrílicas, sin acond. pa.
venta p. menor, n.e.p.
5509.91Hilados otras fibras sint. disc. Mezcl.
con lana/pelo fino, n.e.p.
5509.92Hilados otras fibras sint. disc. Mezcl.
con algodón, sin acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
5509.99Hilados otras fibras sint. disc., sin
acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
5510.11Hilados, con >/=85%de fibras artif. Disc.
Sencillos, sin acond. Pa. Venta p. menor .
5510.12Hilados de fibras artif. disc. Mezcl. con
lana/pelo fino, sin acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
5510.20Hilados de fibras artif disc. mezcl. con
algodón, sin acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
5510.30Hilados de fibras artif: disc. Mezcl. con
algodón, sin acond. pa. Venta p. menor, n.e.p.
5510.90Hilados, de fibras artif. Disc., sin
acond. pa. Venta p. n.e.p.
5511.10Hilados, con >/= 85% de fibras sint.
disc., excepto hilo de coser, acond. pa. venta p. menor.
5511.20Hilados, con <85% de fibras sint. Disc.,
acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
5511.30Hilados de fibras artificiales(excepto
hilo de coser),acond. pa. venta p. menor
5512.11Tejidos, con >/= 85% de fibras disc.
acrílicas, crudos o blanqueados
5512.19Los demás tejidos, con >/= 85% de fibras
disc. de poliéster
5512.21Tejidos, con >/= 85% de otras fibras sint.
disc., crudos o blanqueados
5512.29Los demás tejidos. con >/=85% de fibras
disc. acrílicas
5512.91Tejidos, con >/=85% de otras fibras sint.
disc. crudos o blanqueados
5512.99Los demás tejidos, con >/=85% de otras
fibras sint. disc.
5513.11Tejidos de ligamento tafetán, de fibras
disc. de poliéster, <85%, mezcl. con algodón, </= 170 g/m²,
crudos o blanqueados.
5513.12Tejidos de ligamento sarga, de fibras
disc. de poliéster, <85%, mezcl. con algodón, </=170 g/m²,
crudos o blanqueados.
5513.13Tejidos de fibras disc. de poliéster,
< 85%, mezcl. con algodón, </=170 g/m², crudos o blanqueados,
n.e.p.
5513.19Tejidos otras fibras sint. disc. , < 85%,
mezcl. con algodón, </= 170 g/m², crudos o blanqueados.
5513 21Tejidos de ligamentos tafetán, de fibras
disc. de poliéster, < 85%, mezcl. con algodón, </=170 g/m²,
teñidos
5513.22Tejidos de ligamento sarga, de fibras
disc. de poliester, <85% mezcl. con algodón, </==170 g/m²,
teñidos
5513.23Tejidos fibras disc. de poliester, <85%,
mezcl. con algodón, </=170 g/m², teñidos, n.e.p.
5513.29Tejidos otras fibras sint. disc., <85%,
mezcl. -con algodón, </= 170 g/m², teñidos.
5513.31Tejidos de ligamento tafetan. de fibras
disc. de poliéster,< 85%, mezcl. con algod(in.</= 170 g/m²,
hilados distintos colores
5513.32Tejidos de ligamento sarga, de fihras
disc. de poliester, < 85%, mezcl . con algodón, </= 170 g/m²,
hilados distintos colores
5513.33Tejidos de fibras disc. de poliéster,
<85%, mezcl. con algodón, </= 170 g/m², teñidos, n.e.p.
5513.39Tejidos otras fibras sint. disc., < 85%,
mezcl . con algodón, </= 170 g/m², hilados distintos colores
5513.41Tejidos de ligamento tafetán, de fibras
disc., poliéster, < %, mezcl. con algodón, </= 170 g/m²,
estampados
5513.42Tejidos de ligamento sarga, de fibras
disc., poliéster,%, mezcl. con algodón, </= 170 g/m², estampados
5513.43Tejidos de fibras disc., poliéster, < 85%,
mezcl. con algodón, </= 170 g/m², estampados, n.e.p.
5513.49Tejidos otras fibras sint, disc., <85%,
mezcl, con algodón, </= 170 g/m², estampados
5514.11Tejidos de ligamento tafetán, de fihras
disc. poliéster, < %, mezcl. con algodón, > 170 g/m²,
crudos/blanq.
5514.12Tejidos de ligamento sarga, de fibras
disc. poliester, < mezcl. con algodón, > 170 g/m², crudos/blanq.
5514.13Tejidos de fibras disc. poliéster, < 85%,
mezcl. con algodón, > 170 g/m², crudos/blanq., n.e.p.
5514.19Tejidos otras fibras sint. disc., <85%,
mezcl. con algodón, > 170 g/m², crudos/blanq.
5514.21Tejidos de ligamento tafetan, de fibras
disc. poliéster < %, mezcl. con algodón, > 170 g/m², teñidos
5514.22Tejidos de ligamento sarga, de fibras disc, poliéster <85%,
mezcl. con algodón. > 170 g/m², teñidos
5514.23Tejidos de fibras disc. de poliéster
< 85%, mezcl. con > 170 g/m², teñidos
5514.29Tejidos otras fibras sint. disc., <85%,
mezcl. con algodón, > 170 g/m², teñidos
5514.31Tejidos de ligamento tafetán, de fibras
disc., poliéster, <%, mezcl. con algodón, > 170 g/m², hilados
distintos colores
5514.32Tejidos de ligamento sarga, de fibras
disc., poliéster, < %, mezcl. con algodón, > 170 g/m², hilados
distintos colores
5514.33Tejidos de fibras disc., poliéster, < 85%,
mezcl. con algodón, > 170 g/m², hilados distintos colores,
n.e.p.
5514.39Tejidos otras fibras sint. disc., <85%,
mezcl. con algodón, > 170 g/m², hilados distintos colores
5514.41Tejidos de ligamento tafetán, de fibras
disc., poliéster.< 85%, mezcl. con algodón, > 170 g/m²,
estampados
5514.42Tejidos de ligamento sarga, de fibras
disc., poliéster, < X5%, mezcl. con algodón, > 170 g/m²,
estampados
5514.43Tejidos de fibras disc., poliéster, < 85%,
mezcl. con algodón, > 170 g/m², estampados, n.e.p.
5515.49Tejidos otras fibras sint. disc. < 85%,
mezcl . con algodón, > 170 g/m², estampados
5515.11Tejidos de fibras disc. poliéster mezcl.
con fibras disc. rayón viscosa, n.e.p.
5515.12Tejidos de fibras disc. poliéster mezcl.
con filamentos sint. o artif:, n.e.p.
5515.13Tejidos de fibra disc. poliéster mezcl.
con lana/pelo fino. n.e.p.
5515.19Tejidos de fibras disc. poliéster, n.e.p.
5515.21Tejidos fibras disc. acrílicas, mezcl. con
filamentos sint. o artif, n.e.p.
5515.22Tejidos fibras disc. acrílicas, mezcl. con
lana/pelo fino, n.e.p.
5515.29Tejidos fibras disc. acrílicas o
modacrilicas, n.e.p.
5515.91Tejidos otras fibras sint. disc., mezcl.
con filamentos, n.e.p.
5515.92Tejidos otras fibras sint. disc., mezcl.
con lana/pelo fino, n.e.p.
5515.99Tejidos fibras sint. disc., n.e.p.
5516.11Tejidos, con >/= 85% de fibras artif.
disc., crudos/blanqueados
5516.12Tejidos, con >/= 85% de fibras artif.
disc., teñidos
5516.13Tejidos, con >/= 85% de fibras artif.
disc., hilados distintos colores
5516.14Tejidos, con >/= 85% de fibras artif.
disc., estampados
5516.21Tejidos de fibras artif disc,, <85%,
mezcl. con filamentos sint. o artif, crudos/blanq.
5516.22Tejidos de fibras artif disc., <85%,
mezcl. con filamentos sint. o artif, teñidos
5516.23Tejidos de fibras artif. disc., <85%,
mezcl. con filamentos sint. o artit:, hilados distintos colores
5516.24Tejidos de fibras artit: disc., < 85%,
mezcl . con filamentos sint. o artif, estampados
5516.31Tejidos de fibras artif. disc., < 85%,
mezcl. con lana/pelo fino, crudos/blanqueados
5516.32Tejidos de fibras artif disc., < 85%,
mezcl. con lana/pelo fino, teñidos
5516.33Tejidos de fibras artif disc., < 85%,
mezcl. con lana/pelo fino, hilados distintos colores
5516.34Tejidos de fibras artif disc., < 85%,
mezcl . con lana/pelo fino, estampados
5516.41Tejidos de fibras artif disc., < 85%,
mezcl. con algodón, crudos/blanqueados
5516.42Tejidos de fibras arbt disc., < 85%,
mezcl. con algodón, teñidos
5516.43Tejidos de fibras artit disc., < 85%,
mezcl . con algodón, hilados distintos colores
5516.44Tejidos de fibras artif disc., < 85%,
mezcl. con algodon. estampados
5516.91Tejidos de fibras artif disc., crudos o
blanqueados, n.e.p.
5516.92Tejidos de fibras artit: disc., teñidos,
n.e.p.
5516.93Tejidos de fibras artif. disc., con
hilados de distintos colores, n.e.p.
5516.94Tejidos de fibras artit: disc.,
estampados, n.e.p.
Cap. 56Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados,
cordeles. cuerdas, etc.
5601.10Artículos higiénicos de guata de mat.
text., p. ej ., toallas y tampones higiénicos
5601.21Guata de algodón y artículos de esta
guata, excepto artículos higiénicos
5601.22Guata de fibras sint. o artit. y artículos
de esta guata excepto artículos higiénicos
5601.29Guata de mat. textiles y arts de esta
guata, excepto arts. sanitarios
5601.30Tundiznos, nudos y motas, de materias
textiles
5602.10Fieltro punzonado y productos obts.
mediante costura por cadeneta
5602.21Los demás fieltros no punzonados, de lana
o de pelos finos, sin impreg. recub., revest. etc.
5602.29Los demás fieltros no punzonados de las
demás mat. textiles, sin impreg., recub., revest. etc.
5602.90Fieltro de mat. textiles, n.e.p.
5603.00Tela sin tejer, incluso impregnada,
recubierta, revestida estratificada hilos y cuerdas de caucho,
recubiertos de textiles
5604.20Hilados de alta tenacidad de poliésts.,
naylon u otras poliamidas, rayón viscosa recub. etc.
5604.90Hilados textiles, tiras o sim., impreg., recub., rev. con caucho
o plásticos, n.e.p.
5605.00Hilados metálicos, const. por hilados
textiles, comb. con hilos, tiras o polvo de metal
5606.00Hilados entordados, n.e.p., hilados de
chenille ” hilados de cadeneta”
5607.10Cordeles, cuerdas y cordajes, de yute o de
otras fibras textiles del liber
5607.21Cuerdas para atadoras o cevilladoras, de
sisal o de otras fib. textiles del gén. Agave
5607.29Cordeles n.e.p., cuerdas y cordajes, de
fihras textiles sisal
5607.30Cordeles, cuerdas y cordajes, de ahaca o
de las demas fib. text. duras (de las hojas)
5607.41Cuerdas para atadoras o gavilladoras, de
polietileno, o de polipropileno
5607.49Cordeles n.e.p., cuerdas y cordajes, de
polietileno, o de polipropileno
5607.50Cordeles, cuerdas y cordajes, de las demás
fibras sintéticas
5607.90Cordeles, cuerdas y cordajes, de otras
materias
5608.11Redes confec. para la pesca, de mat.
textiles, sintéticos o artificiales
5608.19Redes de mallas Mudadas. tahric. con
cordeles, cuerdas o cordajes, n.e.p. y redes conf de mat. text.
5608.90Redes de mallas anudadas, tahric. con
cordeles, cuerdas o cordajes, n.e.p., y otras redes conf de
otras mat. text.
5609.00Artículos de hilados, tiras, cordeles,
cuerdas o cordajes, n.e.p.
Cap, 57Alfombras y demás revestimientos del suelo
de mat, textiles
5701.10Alfombras de nudo de IMa o de pelos finos
5701.90Alfombras de nudo de las demás mat.
textiles
5702.10Tejidos, llam. “Kelim”, “Soumak”,
“Karumunie” y tejidos text. sim. hechos a mano
5702.20Revestimientos de fibras de coco para el
suelo
5702.31Alfombras de lana o de pelos finos, de
tejidos a terciopelados, sin confeccionu, n.e.p.
5702.32Alfombras de mat. text. Sintéticas o
utit:, de tejidos aterciopelados, sin confeccionu, n.e.p.
5702.39Alfombras de las demás mat. text., de
tejidos a terciopelados, sin confeccionar, n.e.p.
5702.41Alfombras de lana o de pelos finos, de
tejidos a terciopelados, confeccionadas, n.e.p.
5702.42Alfombras de mat. text. Sintéticas o
artificiales, de tejidos aterciopelados, conteccionadas, n.e.p.
5702.49Alfombras de las demas mat. Textiles, de
tejidos aterciopelados, confeccionadas, n.e.p.
5702.51Alfombras de lana o de pelos finos,
tejidas, sin confeccionar, n.e.p.
5702.52Alfombras de mat. text. sintéticas o
artificiales, tejidas, sin confeccionar, n.e.p.
5702.59Alfombras de las demás mat. Textiles,
tejidas, sin conteccionar, n.e.p.
5702.91Alfombras de lana o de pelos finos,
tejidas, confeccionadas, n.e.p.
5702.92Alfomhras de mat. textiles sintéticas o
artificiales, tejidas, confeccionadas, n.e.p.
5702.99Alfombras de las demás mat. Textiles,
tejidas, confeccionadas, n.e.p.
5703.10Alfombras de luna o de pelos finos, de
pelo insertado
5703.20Alfombras de nylon o de otras poliamidas,
de pelo insertado
5703.30Alfombras de las demás mat. text.
artificiales, de pelo insertado
5703.90Alfombras de las demás mat. text. de pelo
insertado
5704.10Revestimientos de fieltro de mat. Text.,
de sup. no superior a 0,3 m²
5704.90Alfombras de fieltro de mat. text., n.e.p.
5705.00Alfombras y demás revestimientos del suelo
de mat. textiles, n.e.p.
Cap. 58Tejidos especiales; superficies textiles
con pelo insertado; encajes; tapicería; etc.
5801.10Terciopelo tejido de lana/pelos finos,
excepto tejidos con bucles/cintas
5801.21Terciopelos y felpas tejidos por trama,
sin cortu, de algodón, excepto tejidos con bucles/cintas
5801.22Tejidos de pana rayada de algodón, excepto
cintas
5801.23Terciopelos y felpas tejidos por tramas,
de algodón, n.e.p.
5801.24Terciopelos y felpas tejidos por urdimbre
(sin cortar),rizados de algodón, excepto tej..con bucles/cintas
5801.25Terciopelos y felpas tejidos por urdimbre,
cortados, rizados de algodón, excepto tej. con bucles/cintas
5801.26Tejidos de chenille, de algodón, excepto
cintas
5801.31Terciopelos y felpas por trama tejidos,
por trama, sin cortar de fib. sint. o art. excep. tej. con
bucles/cintas
5801.32Terciopelos y felpas por trama, cortados,
rayados (panas),de fib. art., excepto cintas
5801.33Terciopelos y felpas por trama, tejidos,
de fibras sint. oart., n.e.p.
5801.34Terciopelos y felpas tejidos por urdimbres
de fib. sint. o art. (sin cortar) rizados, except. con
bucles/cintas
5801.35Terciopelos y felpas tejidos por urdimbres
de fib. sint. o art., cortados, except. con bucles/cintas
5801.36Tejidos de chenilla de fibras sint. o
art., excepto cintas
5801.90Terciopelos y felpas y tejidos de
chenilla, de otras mat. text., excepto con bucles/cintas
5802.11Tejidos con bucles para toallas y tej. con
bucles de algodón sim., excepto cintas, crudos
5802.19Tejidos con bucles para toallas y tej. con
bucles de algodón sim., excepto crudos y cintas
5802.20Tejidos con bucles para toallas y tej. con
bucles de otras mat. textiles, excepto cintas
5802.30Sup. text. con pelo insertado, excepto los
prod. de la partida 57.03
5803.10Tejidos de gasa de vuelta, excepto cintas
5803.90Tejidos de gasa de otras materias
textiles, excepta cintas
5804.10Tules, tules bobinos y tejidos de mallas
anudadas, excepto tejidos o de punto
5804.21Encajes fabricados a máquina de fib. sint.
o artif, en piezas, tiras o motivos
5804.29Encajes fabricados a máquina de otras mat.
text., en piezas, tiras o motivos
5804.30Encajes hechos a mano, en piezas, tiras o
motivos
5805.00Tapicería tej. a mano y tap. de aguja,
incluso confeccionadas
5806.10Cintas de terciopelo, de felpa y de
tejidos de chenilla
5806.20Cintas que contengan en peso 5% o más de
hilos de elast. o de hilos de caucho
5806.31Cintas de algodón, n.e.p.
5806.32Cintas de fibras sint. o art., n.e.p.
5806.39Cintas de las demás mat. textiles, h e.p.
5806.40Cintas sin trama de hilados o fibras
paralelizadas y aglomeradas
5807.10Etiquetas, escudos y a rtículos tejidos
sim. de mat. text.
5807.90Etiquetas, escudos y artículos sim., no
tejidos, de mat. Text., n.e.p.
5808.10Trenzas en pieza
5808.90Artículos de pasamanería y ornamentales en
pieza, excep. los de punto bell, pomp. y sim.
5809.00Tejidos de hilo de metal/de hilados
metálicos, utilizados para prendas, etc., n.e.p.
5810.10Bordados químicos o aéreos y bor. con
fondo sec ., en pieza, tiras o motivos
5810.91Bordados de algodón, en pieza, tiras o
motivos, n.e.p.
5810.92Bordados de fibras sint. o art., en pieza,
tiras o motivos, n.e.p
5810.99Bordados de las demás mat. Textiles, en
pieza, tiras o motivos
5811.00Productos textiles en pieza
Cap. 59Tejidos imp” recubiertos. Revestidos o
estratificados, etc.
5901.10Tejidos recubiertos de cola, de los tipos
util. para la encuadernación
5901.90Telas para calcar o transp. para dibujar;
lienzos prep. Para pintu tej. rig. para sombrería
5902.10Napas tramadas para neum., de nylon o de
otras poliamidas fab. con hilados de alta tenacidad
5902.20Napas tramadas para neum., fab. Con
hilados de altatenac. de poliésteres
5902.90Napas tramadas para neum., fab. Con
hilados de alta tenac. de rayón viscosa
5903.10Tejidos imp., recubiertos, revestidos o
estratif. con policloruro de vinilo, n.e.p,
5903.20Tejidos imp., recubiertos, revestidos o
estratif. con poliuretano, n.e.p.
5903.90Tejidos imp., recubiertos, revestidos o
estratif. con plástico, n.e.p.
5904.10Linóleo, incluso cortado.
5904.91Revest. del suelo, excep. linoleo, con
soporte de fieltro punzonado o telas sin tejer
5904.92Revest. del suelo, excep. lino leo, con
otros soportes textiles
5905.00Revest. de mat. textiles para paredes
5906.10Cintas adhesivas de tejidos cauchutados de
20 cm de anchura maxima
5906.91Tejidos cauchutados de punto, n.e.p.
5906.99Tejidos cauchutados, n.e.p.
5907.00Tej. imp., recub. o revestidos, lienzos
pintados (ejem. Deco. teatro)
5908.00Mechas de mat. textiles para lámparas,
homillos, etc.; mang. de inconol y tej. de punto ut. para su
fab.
5909.00Mangueras para bombas y tubos similues de
mat. textiles
5910.00Correas trunsp. o de transmisión de mat.
textiles
5911.10Tejidos utilizados para la fab. de guun.
de cudas y prod. Sim. para otros usos téc.
5911.20Gasas y telas para cernes, incl.
Confeccionadas
5911.31Tejidos utilizados en las maq. de tab,
papel o en maq. Sim., de peso inf a 650 g/m
5911.32Tejidos utilizados en las máq. de fab.
papel o en máq. Sim., de peso >/= 650 g/m²
5911.40Capachos y tejidos gruesos utilizados en
prensas de aceite o usos análogos, incluso los de cabello
5911.90Productos y artículos textiles para usos
técnicos, n.e.p.
Cap. 60Tejidos de punto
6001.10Tejidos de punto de pelo lugo
6001.21Tejidos de punto con bucles, de algodón
6001.22Tejidos de punto con bucles, de fibras
sintéticas o artificiales
6001.29Tejidos de punto con bucles, de las demás
materias textiles
6001.91Tejidos de punto de terciopelo, de
algodón, n.e.p.
6001.92Tejidos de punto de terciopelo, de fibras
sintéticas o artificiales, n.e.p.
6001.99Tejidos de punto de terciopelo, de las
demás materias textiles, n.e.p.
6002.10Tejidos de punto de anchura </=30cm, >/=5%
elastómeros/ caucho, n.e.p.
6002.20Tejidos de punto de anchura interior a 30
cm, n.e.p.
6002.30Tejidos de punto de anchura >30cm, >/=5%
de elastómeros/ caucho, n.e.p.
6002.41Tejidos de punto por urdimbre, de lana o
de pelo fino, n.e,p.
6002.42Tejidos de punto por urdimbre de algodón,
n.e.p.
6002.43Tejidos de punto por urdimbre de fibras
sintéticas o artificiales, n.e.p.
6002.49Tejidos de punto por urdimbre, los demás,
n.e.p.
6002.91Tejidos de punto de luna o de pelo fino,
n.e.p.
6002.92Tejidos de punto de algodón, n.e.p.
6002.93Tejidos de punto de fibras sintéticas o
artificiales, n.e.p.
6002.99Tejidos de punto, los demás, n.e.p.
Cap 61Prendas y complementos de vestir, de punto
6101.10Abrigos, anoraks, etc., de punto, para
hombres o niños, de lana o de pelo fino
6101.20Abrigos, anoraks, etc., de punlo, para
hombres o niños, de algodón
6101.30Abrigos, anoraks, etc., de punto, para
hombres o niños, de fibras sintéticas o artificiales
6101.90Abrigos, anoraks, etc., de punto, para
hombres o niños, de las demás materias textiles
6102.10Abrigos, anoraks, etc., de punto, para
mujeres o niñas, de lana o de pelo fino
6102.20Abrigos, anoraks, etc., de punto, para
mujeres o niñas, de algodón
6102.30Abrigos, anoraks, etc., de punto, para
mujeres o niñas, de fibras sintéticas o artificiales
6102.90Abrigos, anoraks, etc., de punto, para
mujeres o niñas, de las demás materias textiles
6103.11Trajes o ternos de punto para hombres o
niños, de lana o de pelo fino
6103.12Trajes o ternos de punto para hombres o
niños, de fibras sintéticas
6103.19Trajes o ternos de punto para hombres o
niños, de las demás materias textiles
6103.21Conjuntos de punto para hombres o niños,
de luna o de pelo fino
6103.22Conjuntos de punto para hombres o niños,
de algodón
6103.23Conjuntos de punto para hombres o niños,
de fibras sintéticas
6103.29Conjuntos de punto para hombres o niños,
de las demás materias textiles
6103.31Chaquetas (sacos) de punto para hombres o
niños, de luna o de pelo fino
6103.32Chaquetas (sacos) de punto para hombres o
niños, de algodón
6103.33Chaquetas (sacos) de punto para hombres o
niños, de fibras sintéticas
6103.39Chaquetas (sacos) de punto para hombres o
niños, de las demás materias textiles
6103.41Pantalones y pantalones cortos de punto
para hombres o niños, de lana o de pelo fino
6103.42Pantalones y pantalones cortos de punto
para hombres o niños, de algodón
6103.43Pantalones y pantalones cortos de punto
para hombres o niños, de fibras sintéticas
6103.49Pantalones y pantalones cortos de punto
para hombres o niños, de las demás materias texbles
6104.11Trajes sastre de punto para mujeres o
niñas, de luna o de pelo fino
6104.12Trajes-sastre de punto para mujeres o
niñas, de algodón
6104.13Trajes-sastre de punto para mujeres o
niñas, de fibras sintéticas
6104.19Trajes-sastre de punto para mujeres o
niñas, de las demás materias textiles
6104.21Conjuntos de punto para mujeres o niñas,
de lana o de pelo fino
6104.22Conjuntos de punto para mujeres o niñas,
de algodón
6104.23Conjuntos de punto para mujeres o niñas,
de fibras sintéticas
6104.29Conjuntos de punto para mujeres o niñas,
de las demás materias textiles
6104.31Chaquetas (sacos) de punto para mujeres o
niñas, de lana o de pelo fino
6104.32Chaquetas (sacos) de punto para mujeres o
niñas, de algodón
6104.33Chaquetas (sacos) de punto para mujeres o
niñas, de fibras sintéticas
6104.39Chaquetas (sacos) de punto para mujeres o
niñas, de las demás materias textiles
6104.41Vestidos de punto para mujeres o niñas, de
luna o de pelo fino
6104.42Vestidos de punto para mujeres o niñas, de
algodón
6104.43Vestidos de punto para mujeres o niñas, de
fibras sintéticas
6104.44Vestidos de punto para mujeres o niñas, de
fibras artificiales
6104.49Vestidos de punto para mujeres o niñas, de
las demás materias textiles
6104.51Faldas de punto para mujeres o niñas, del
una o de pelo fino
6104.52Faldas de punto para mujeres o niñas, de
algodón
6104.53Faldas de punto para mujeres o niñas, de
fibras sintéticas
6104.59Faldas de punto para mujeres o niñas, de
las demás materias textiles
6104.61Pantalones y pantalones cortos de punto
para mujeres o niñas, de luna o de pelo fino
6104.62Pantalones y pantalones cortos de punto
para mujeres o niñas, de algodón
6104.63Pantalones y pantalones cortos de punto
para mujeres o niñas, de fibras sintéticas
6104.69Pantalones y pantalones cortos de punto
para mujeres o niñas, de las demás materias textiles
6105.10Camisas de punto para hombres o niños, de
algodón
6105.20Camisas de punto para hombres y niños, de
fibras sintéticas o artificiales
6105.90Camisas de punto para hombres o niños, de
las demás materias textiles
6106.10Blusas y camisas de punto para mujeres o
niñas de algodón
6106.20Blusas y camisas de punto para mujeres o
niñas de fibras sintéticas o artificiales
6106.90Blusas y camisas de punto para mujeres o
niñas, de las demás materias textiles
6107.11Calzoncillos de punto para hombres o
niños, de algodón
6107.12Calzoncillos de punto para hombres o
niños, de fibras sintéticas o artificiales
6107.19Calzoncillos de punto para hombres o
niños, de las demás materias textiles
6107.21Camisones y pijamas de punto para hombres
o niños, de algodón
6107.22Camisones y pijamas de punto para hombres
o niños, de fibras sintéticas o artificiales
6107.29Camisones y pijamas de punto para hombres
o niños de las demás materias textiles
6107.91Albornoces, batas, etc. de punto para
hombres o niños, de algodón
6107.92Albornoces, batas, etc. de punto para
hombres o niños, de fibras sintéticas o artificiales
6107.99Albornoces batas, etc. de punto para
hombres o niños, de las demás materias textiles
6108.11Combinaciones y enaguas de punto para
mujeres o niñas, de fibras sintéticas o artificiales
6108.19Combinaciones y enaguas de punto para
mujeres o niñas, de las demás materias textiles
6108.21Bragas de punto para mujeres o niñas, de
algodón
6108.22Bragas de punto para mujeres o niñas, de
fibras sintéticas o artificiales
6108.29Bragas de punto para mujeres o niñas, de
las demás materias textiles
6108.31Camisones y pijamas de punto para mujeres
o niñas, de algodón
6108.32Camisones y pijamas de punto para mujeres
o niñas, de fibras sintéticas o artificiales
6108.39Camisones y pijamas de punto para mujeres
o niñas de las demás materias textiles
6108.91Albornoces, batas, etc. de punto para
mujeres o niñas, de algodón
6108.92Albornoces, batas, etc. de punto para
mujeres o niñas, de fibras sintéticas o artificiales
6108.99Albornoces, batas, etc. de punto para
mujeres o niñas, de las demás materias textiles
6109.10Camisetas de punto, de algodón
6109.90Camisetas de punto, de las demás materias
textiles
6110.10“Pullovers”, “cardigans” y artículos
similares de punto, de lana o de pelo fino
6110.20“Pullovers”, “cardigans” y artículos
similares de punto, de algodón
6110.30“Pullovers”, “cardigans” y artículos
similares de punto, de fibras sintéticas
6110.90“Pullovers”, “cardigans” y artículos
similares de punto, de las demás materias textiles
6111.10Prendas y complementos de vestir, de
punto, para bebes, de lana o de pelo fino
6111.20Prendas y complementos de vestir, de
punto, para bebes, de algodón
6111.30Prendas y complementos de vestir, de
punto, para bebés, de fibras sintéticas
6111.90Prendas y complementos de vestir, de
punto, para bebés, de las demás materias textiles
6112.11Prendas de deporte (de entrenamiento) de
punto, de algodón
6112.12Prendas de deporte (de entrenamiento) de
punto, de fibras sintéticas
6112.19Prendas de deporte (de entrenamiento) de
punto, de las demás materias textiles
6112.20Monos (overoles) y conjuntos de esquí, de
punto
6112.31Trajes y pantalones de artículo baño, de
punto, para hombres o niños, de fibras sintéticas
6112.39Trajes y pantalones de artículo baño, de
punto, para hombres o niños, de las demás materias textiles
6112.41Trajes de artículo baño, de punto, para
mujeres o niñas, de fibras sintéticas
6112.49Trajes de artículo baño, de punto, para
mujeres o niñas, de las demás materias textiles
6113.00Prendas de tejidos de punto impregnados,
recubiertos, revestidos o estratificados
6114.10Prendas de vestir de punto, n.e.p., de
lana o de pelo fino
6114.20Prendas de vestir de punto, n.e.p., de
algodón
6114.30Prendas de vestir de punto, n.e.p., de
fibras sintéticas o artificiales
6114.90Prendas de vestir de punto, n.e.p., de las demás materias
textiles
6115.11Calzas (panty-medias) de punto, de fibras
sint. con título de hilado a un cabo < 67 decitex
6115.12Calzas (panty-medias) de punto, de fibras
sint. con título de hilado a un cabo >/= 67 decitex
6115.19Calzas (panty-medias) de punto, de las
demás materias textiles
6115.20Medias de punto, de mujer, con título de
hilado a un cabo < 67 dtex
6115.91Otros artículos de punto similares, de
lana o de pelo fino
6115.92Otros artículos de punto similares, de
algodón
6115.93Otros artículos de punto similares, de
fibras sintéticas
6115.99Otros artículos de punto similares, de las
demás materias textiles
6116.10Guantes de punto, impregnados, recubiertos
o revestidos con plástico o caucho
6116.91Guantes y similares, de punto, n.e.p., de
lana o de pelo fino
6116.92Guantes y similares, de punto, n.e.p., de
algodón
6116.93Guantes y similares, de punto, n.e.p., de
fibras sintéticas
6116.99Guantes y similares, de punto, n.e.p., de
las demás materias textiles
6117.10Chales, pañuelos para el cuello, velos y
artículos similares, de punto, de materias textiles
6117.20Corbatas y lazos similares, de punto, de
materias textiles
6117.80Complementos de vestir de punto, n.e.p.,
de materias textiles
6117.90Partes de prendas o de complementos de
vestir de punto, de materias textiles
Cap.62Prendas y complementos de vestir, excepto
los de punto
6201.11Abrigos y artículos similares, exc. Punto,
para hombres/ niños, de lana o de pelo fino
6201.12Abrigos y artículos similares, exc. Punto,
para hombres/ niños, de algodón
6201.12Abrigos y artículos similares, exc. punto,
para hombres/ niños, de fibras sintéticas o artificiales
6201.13Abrigos y artículos similares, exc. punto,
para hombres/ niños, de las demás materias textiles
6201.19Anoraks y artículos similares, exc. punto,
para hombres/ niños, de lana o de pelo fino
6201.91Anoraks y artículos similares, exc. punto,
para hombres/ niños, de algodón
6201.92Anoraks y artículos similares, exc. punto,
para hombres/ niños, de fibras sintéticas o artificiales
6201.93Anoraks y artículos similares, exc, punto,
para hombres/ niños, de las demás materias textiles
6201.99Abrigos y artículos similares, exc. Punto,
para mujeres/ niñas, de lana o de pelo fino
6202.11Abrigos y artículos similares, exc. Punto,
para mujeres/ niñas, de algodón
6202.12Abrigos y artículos similares, exc. punto,
para mujeres/ niñas, de fibras sintéticas o artificiales
6202.13Abrigos y artículos similares, exc. punto,
para mujeres/ niñas, de las demás materias textiles
6202.19Anoraks y artículos similares, exc. punto,
para mujeres/ niñas, de lana o de pelo fino
6202.92Anoraks y artículos similares, exc. punto,
para mujeres/ niñas, de algodón
6202.93Anoraks y artículos similares, exc. punto,
para mujeres/ niñas, de fibras sintéticas o artificiales
6202.99Anoraks y artículos similares, exc. punto,
para mujeres/ niñas, de las demás materias textiles
6203.11Trajes o ternos, exc. punto, para
hombres/niños, de lana o de pelo fino
6203.12Trajes o ternos, exc. punto, para
hombres/niños, de fibras sintéticas
6203.19Trajes o ternos, exc. punto, para
hombres/niños, de las demás materias textiles
6203.21Conjuntos, exc. punto, para hombres/niños,
de lana o de pelo fino
6203.22Conjuntos, exc. punto, para hombres/niños,
de algodón
6203.23Conjuntos, exc. punto, para hombres/niños,
de fibras sintéticas
6203.29Conjuntos, exc. punto, para hombres/niños,
de las demás materias textiles
6203.31Chaquetas (sacos), exc. punto, para
hombres/niños, de lana o de pelo fino
6203.32Chaquetas (sacos), exc. punto, para
hombres/niños, de algodón
6203.33Chaquetas (sacos), exc. punto, para
hombres/niños, de fibras sintéticas
6203.39Chaquetas (sacos), exc. punto, para
hombres/niños, de las demás materias textiles
6203.41Pantalones y pantalones cortos, exc.
punto, para hombres/ niños, de lana o de pelo fino
6203.42Pantalones y pantalones cortos, exc.
punto, para hombres/ niños, de algodón
6203.43Pantalones y pantalones cortos, exc.
punto, para hombres/ niños, de fibras sintéticas
6203.49Pantalones y pantalones cortos, exc.
punto, para hombres/ niños, de las demás materias textiles
6204.11Trajes-sastre, exc. punto, para
mujeres/niñas, de lana o de pelo fino
6204.12Trajes-sastre, exc. punto, para
mujeres/niñas, de algodón
6204.13Trajes-sastre, exc. punto, para
mujeres/niñas, de fibras sintéticas
6204.19Trajes-sastre, exc. punto, para mujeres/niñas, de las demás
materias textiles
6204.21Conjuntos, exc. punto, para mujeres/niñas,
de lana o de pelo fino
6204.22Conjuntos, exc. punto, para mujeres/niñas,
de algodón
6204.23Con juntos, exc. punto, para
mujeres/niñas, de fibras sintéticas
6204.29Conjuntos, exc. punto, para mujeres/niñas,
de las demás materias textiles
6204.31Chaquetas (sacos), exc. punto, para
mujeres/niñas, de lana o de pelo fino
6204.32Chaquetas (sacos), exc. punto, para
mujeres/niñas, de algodón
6204.33Chaquetas (sacos), exc. punto, para
mujeres/niñas, de fibras sintéticas ‘
6204.39Chaquetas (sacos), exc. punto, para
mujeres/niñas, de las demás materias textiles
6204.41Vestidos, exc . punto, para mujeres/niñas,
de lana o de pelo fino
6204.42Vestidos, exc. punto, para mujeres/niñas,
de algodón
6204.43Vestidos, exc. punto, para mujeres/niñas,
de fibras sintéticas
6204.44Vestidos, exc. punto, para mujeres/niñas,
de fibras artificiales
6204.49Vestidos, exc. punto, para mujeres/niñas,
de las demás materias textiles
6204.51Faldas mujeres/niñas, de lana o de pelos
finos, excepto de punto
6204.52Faldas mujeres/niñas, de algodón, excepto
de punto
6204.53Faldas mujeres/niñas, de fibras
sintéticas, excepto de punto
6204.59Faldas mujeres/niñas, de las demás mat.
textiles, excepto de punto
6204.61Pantalones y pantalones cortos
mujeres/niñas, de lana o de pelos finos, excepto de punto
6204.62Pantalones y pantalones cortos
mujeres/niñas, de algodón, excepto de punto
6204.63Pantalones y pantalones cortos
mujeres/niñas, de fibras sintéticas o artificiales, excepto de
punto
6204.69Pantalones y pantalones cortos
mujeres/niñas, de las de más mat. textiles, excepto de punto
6205.10Camisas hombres/niños, de lana o de pelos
finos, excepto de punto
6205.20Camisas hombres/niños, de algodón, excepto
de punto
6205.30Camisas hombres/niños, de fibras
sintéticas o artificiales, excepto de punto
6205.90Camisas hombres/niños, de las demás mat.
textiles, excepto de punto
6206.10Camisas y blusas mujeres/niñas, de seda o
desperdicios de seda, excepto de punto
6206.20Camisas y blusas mujeres/niñas, de lana o
pelos finos, excepto de punto
6206.30Camisas y blusas mujeres/niñas, de
algodón, excepto de punto
6206.40Camisas y blusas mujeres/niñas, de fibras
sintéticas o artificiales, excepto de punto
6206.90Camisas y blusas mujeres/niñas, de las
demás mat. Textiles, excepto de punto
6207.11Calzoncillos hombres/niños, de algodón,
excepto de punto
6207.19Calzoncillos hombres/niños, de las demás
materias textiles, excepto de punto
6207.21Camisones y pijamas hombres/niños, de
algodón, excepto de punto
6207.22Camisones y pijamas hombres/niños, de
fibras sintéticas o artificiales, excepto de punto
6207.29Camisones y pijamas hombres/niños, de las
demás mat. Textiles, excepto de punto
6207.91Albornoces, batas y similares
hombres/niños, de algodón, excepto de punto
6207.92Albornoces, batas y similares
hombres/niños, de fibras sintéticas o artificiales, excepto de
punto
6207.99Albornoces, batas y similares
hombres/niños, de las demás materias textiles, excepto de punto
6208.11Combinaciones y enaguas mujeres/niñas, de
fibras sintéticas o artificiales, excepto de punto
6208.19Combinaciones y enaguas mujeres/niñas, de
las demás materias textiles, excepto de punto
6208.21Camisones y pijamas mujeres/niñas, de
algodón, excepto de punto
6208.22Camisones y pijamas mujeres/niñas, de
fibras sintéticas o artificiales, excepto de punto
6208.29Camisones y pijamas mujeres/niñas, de las
demás materias textiles, excepto de punto
6208.91Bragas, Albornoces, etc. mujeres/niñas, de
algodón excepto de punto
6208.92Bragas, Albornoces, etc. mujeres/niñas, de
fibras sintéticas o artificiales, excepto de punto
6208.99Bragas, Albornoces, etc. mujeres/niñas, de
las demás materias textiles, excepto de punto
6209.10Prendas y complementos de vestir para
bebes, de lana o de pelos finos, excepto de punto
6209.20Prendas y complementos de vestir para
bebés, de algodón, excepto de punto
6209.30Prendas y complementos de vestir para
bebes de fibras sintéticas o artificiales, excepto de punto
6209.90Prendas y complementos de vestir para
bebés, de las demás materias textiles, excepto de punto
6210.10Prendas de fieltro y telas sin tejer
6210.20Abrigos y similares hombres/niños, de
tejidos impregnados, recubiertos, revestidos, etc.
6210.30Abrigos y similares mujeres/niñas, de
tejidos impregnados, recubiertos. revestidos, etc.
6210.40Prendas n.e.p. hombres/niños, de tejidos
impregnados, recubiertos, revestidos, etc.
6210.50Prendas n.e.p. mujeres/niñas, de tejidos
impregnados, recubiertos, revestidos, etc.
6211.11Trajes y pantalones de artículo baño
hombres/niños. De materias textiles, excepto de punto
6211.12Trajes y pantalones de artículo baño
mujeres/niñas, de materias textiles, excepto de punto
6211.20Monos y conjuntos de esquí, de materias
textiles, excepto de punto
6211.31Prendas n.e.p. hombres/niños, de lana o de
pelos finos, excepto de punto
6211.32Prendas n.e.p. hombres/niños, de algodón,
excepto de punto
6211.33Prendas n.e.p. hombres/niños, de fibras
sintéticas o artificiales, excepto de punto
6211.39Prendas n.e.p. hombres/niños, de las demás
mat. textiles, excepto de punto
6211.41Prendas n.e.p. mujeres/niñas, de lana o de
pelos finos, excepto de punto
6211.42Prendas n.e.p. mujeres/niñas, de algodón,
excepto de punto
6211.13Prendas n.e.p. mujeres/niñas, de fibras
sintéticas o artificiales, excepto de punto
6211.49Prendas n.e.p. mujeres/niñas, de las demás
mat, textiles, excepto de punto
6212.10Sostenes y sus partes, de materias
textiles
6212.20Fajas, fajas braga y sus partes de
materias textiles
6212.30Fajas-sostén y similares y sus partes, de
materias textiles
6212.90Corsés tirantes y similares y sus partes
de materias textiles
6213.10Pañuelos de bolsillo, de seda o
desperdicios de seda, excepto de punto
6213.20Pañuelos de bolsillo, de algodón, excepto
de punto
6213.90Pañuelos de bolsillo, de las otras
materias textiles, excepto de punto
6214.10Chales, Pañuelos, velos y similares, de
seda o desperdicios de seda, excepto de punto
6214.20Chales, pañuelos, velos y similares, de
lana o pelos finos, excepto de punto
6214.30Chales, pañuelos, velos y similares, de
fibras sintéticas, excepto de punto
6214.40Chales, pañuelos, velos y similares, de
fibras artificiales, excepto de punto
6214.90Chales, pañuelos, velos y similares, de
las demás materias textiles, excepto de punto
6215.10Corbatas y lazos de pajarita, de seda o
desperdicios de seda, excepto de punto
6215.20Corbatas y lazos de pajarita, de fibra
sintéticas o artificia- les, excepto de punto
6215.90Corbatas y lazos de pajarita, de las demás
materias textiles, excepto de punto
6216.00Guantes, de materias textiles, excepto de
punto
6217.10Complementos de vestir n.e.p., de materias
textiles excepto de punto
6217.90Partes de prendas o complementos de
vestir, de materias textiles, excepto de punto
Cap. 63Los demás artículos textiles
confeccionados, surtidos, prendería, etc.
6301.10Mantas eléctricas de materias textiles
6301.20Mantas de lana o de pelos finos (excepto
las eléctricas)
6301.30Mantas de algodón (excepto las eléctricas)
6301.40Mantas de fibras sintéticas (excepto las
eléctricas)
6301.90Mantas de las demás materias textiles
(excepto las eléctricas)
6302.10Ropa de cama de materias textiles, de
punto
6302.21Ropa de cama de algodón. Estampada excepto
de punto
6302.22Ropa de cama de fibras sintéticas,
estampada, excepto de punto
6302.29Ropa de cama de las demás mat. Textiles,
estampada, excepto de punto
6302.31Ropa de cama de algodón, n.e.p.
6302.32Ropa de cama, de fibras sintéticas o
artificiales, n.e.p.
6302.39Ropa de cama, de las demás materias
textiles, n.e,p,
6302.40Ropa de mesa, de materias textiles, de
punto
6302.51Ropa de mesa, de algodón, excepto de punto
6302.52Ropa de mesa, de lino, excepto de punto
6302.53Ropa de mesa, de fibras sintéticas o
artificiales, excepto de punto
6302.59Ropa de mesa, de las demás materias
textiles, excepto de punto
6302.60Ropa de tocador o de cocina, de tejido de
toalla con bucles, de algodón
6302.91Ropa de tocador o de cocina de algodón,
n.e.p.
6302.92Ropa de tocador o de cocina, de lino
6302.93Ropa de tocador o de cocina, de fibras
sintéticas o artificiales
6302.99Ropa de tocador o de cocina, de las demás
materias textiles
6303.11Visillos, cortinas, estores y
guardamalletas, de algodón, de punto
6303.12Visillos, cortinas, estores y
guardamalletas, de fibras sintéticas, de punto
6303.11Visillos, cortinas, estores y guardamalletas, de las demás mat.
textiles, de punto
6303.91Visillos, cortinas, estores y
guardamalletas, de algodón, excepto de punto
6303.92Visillos, cortinas, estores y
guardamalletas, de fibras sintéticas, excepto de punto
6303.99Visillos, cortinas, estores y
guardamalletas, de las demás mat. textiles, excepto de punto
6304.11Colchas de materias textiles, n.e.p., de
punto
6304.19Colchas de materias textiles, n.e.p.,
excepto de punto
6304.91Artículos de moblaje n.e.p., de mat.
textiles, de punto
6304.92Artículos de moblaje n.e.p., de algodón,
excepto de punto
6304.93Artículos de moblaje n.e.p., de fibras
sintéticas, excepto de punto
6304.99Artículos de moblaje n.e.p., de las demás
mat. textiles, excepto de punto
6305.10Sacos y talegas, para envasar, de yute o
de otras fibras textiles del liber
6305.20Sacos y talegas, para envasar, de algodón
6305.31Sacos y talegas, para envasar, de tiras de
polietileno o de polipropileno
6305.39Sacos y talegas, para envasar, de las
demás materias textiles artificiales
6305.90Sacos y talegas, para envasar, de las
demás materias textiles
6306.11Toldos de cualquier clase, de algodón
6306.12Toldos de cualquier clase, de fibras
sintéticas
6306.19Toldos de cualquier clase, de las demás
mat. Textiles
6306.21Tiendas, de algodón
6306.22Tiendas, de fibras sintéticas
6306.29Tiendas, de las demás materias textiles
6306.31Velas, de fibras sintéticas
6306.39Velas, de las demás materias textiles
6306.41Colchones neumáticos, de algodón
6306.49Colchones neumáticos, de las demás
materias textiles
6306.91Artículos de acampar n.e.p. de algodón
6306.99Artículos de acampar n.e.p. de las demás
materias textiles
6307.10Aspilleras, bayetas, franelas y artículos
de limpieza similares, de materias textiles
6307.20Cinturones y chalecos salvavidas, de
materias textiles
6307.90Artículos confeccionados de mat. Textiles,
n.e.p., incluidos los patrones para prendas
6308.00Surtidos const. por piezas de tejido e
hilados, para la confección de alfombras, tapicería, etc.
6309.00Artículos de prendería

Productos textiles y prendas de vestir
comprendidos en los capitulos 30-49, 64-96

3005.90Guatas,
gasas, vendas y artículos análogos
ex 3921.12}{
{ex 3921.13}{ Telas
tejidas, de punto o sin tejer, recubiertas, revestidas o
estratificadas con plástico
ex 3921.90}{
ex 4202.12}{
ex 4202.22}{Bolsos de
viaje, bolsos de mano y productos planos con superf. recubrim.
ext. ppalment.{de mat. tex.
ex 4202.32}{
ex 4202.92}{
ex 6405.20Calzado con
suela y parte superior de fieltro de lana
ex 6406.10Parte
superior de calzado con 50% o más, con superf, recubrim. ext.
mat. text.
ex 6406.99Polainas,
botines
6501.00Cascos,
platos (discos) y handas (cilindros), de fieltro para sombreros
6502.00Cascos para
sombreros, trenzados o fabricados por unión de bandas de
cualquier materia
6503.00Sombreros y
demás tocados de fieltro
6504.00Sombreros y
demás tocados, trenzados o fabricados por unión de bandas de
cualquier materia
6505.90Sombreros y
demás tocados, de punto de encaje o de otra materia textil
6601.10Paraguas,
sombrillas y quitasoles de jardín
6601.91Otros tipos
de paraguas, sombrillas y quitasoles, con mástil o mango
telescópico
6601.99Los demás
paraguas, sombrillas y quitasoles
ex 7019.10Hilados de
fibra de vidrio
ex 7019.20Tejidos de
fibra de vidrio
8708.21Cinturones
de seguridad para vehículos automóviles
8804.00Paracaídas,
partes y accesorios
9113.90Pulseras de
materias textiles para relojes
ex 9404.90Almohadas y
cojines de algodón: cubrepiés; edredones y artículos análogos de
mat. text.
9502.91Prendas de
vestir para muñecas
ex 9612.10Cintas
tejidas de fibras sint. o artif, excepto de anchura interior a
30 mm, acond. perm. En recambios
3005.90Guatas, gasas, vendas y artículos análogos
ex 3921.12}{
{ex 3921.13}{ Telas tejidas, de punto o sin tejer,
recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico
ex 3921.90}{
ex 4202.12}{
ex 4202.22}{Bolsos de viaje, bolsos de mano y
productos planos con superf. recubrim. ext. ppalment.{de mat.
tex.
ex 4202.32}{
ex 4202.92}{
ex 6405.20Calzado con suela y parte superior de
fieltro de lana
ex 6406.10Parte superior de calzado con 50% o más,
con superf, recubrim. ext. mat. text.
ex 6406.99Polainas, botines
6501.00Cascos, platos (discos) y handas
(cilindros), de fieltro para sombreros
6502.00Cascos para sombreros, trenzados o
fabricados por unión de bandas de cualquier materia
6503.00Sombreros y demás tocados de fieltro
6504.00Sombreros y demás tocados, trenzados o
fabricados por unión de bandas de cualquier materia
6505.90Sombreros y demás tocados, de punto de
encaje o de otra materia textil
6601.10Paraguas, sombrillas y quitasoles de
jardín
6601.91Otros tipos de paraguas, sombrillas y
quitasoles, con mástil o mango telescópico
6601.99Los demás paraguas, sombrillas y
quitasoles
ex 7019.10Hilados de fibra de vidrio
ex 7019.20Tejidos de fibra de vidrio
8708.21Cinturones de seguridad para vehículos
automóviles
8804.00Paracaídas, partes y accesorios
9113.90Pulseras de materias textiles para relojes
ex 9404.90Almohadas y cojines de algodón: cubrepiés;
edredones y artículos análogos de mat. text.
9502.91Prendas de vestir para muñecas
ex 9612.10Cintas tejidas de fibras sint. o artif,
excepto de anchura interior a 30 mm, acond. perm. en recambios


ACUERDO SOBRE OBSTACULOS TECNICOS AL
COMERCIO

Los Miembros,

Habida cuenta de la Ronda Uruguay de Negociaciones
Comerciales Multilaterales;

Deseando promover la realización de los objetivos
del GATT de 1994;

Reconociendo la importancia de la contribución que
las normas internacionales y los sistemas internacionales de evaluación
de la conformidad pueden hacer a ese respecto al aumentar la eficacia de
la producción y facilitar el comercio internacional;

Deseando, por consiguiente, alentar la elaboración
de normas internacionales y de sistemas internacionales de evaluación de
la conformidad;

Deseando, sin embargo, asegurar que los
reglamentos técnicos y normas, incluidos los requisitos de envase y
embalaje, marcado y etiquetado, y los procedimientos de evaluación de la
conformidad con los reglamentos técnicos y las normas, no creen
obstáculos innecesarios al comercio internacional;

Reconociendo que no debe impedirse a ningún país
que adopte las medidas necesarias para asegurar la calidad de sus
exportaciones, o para la protección de la salud y la vida de las
personas y de los animales o la preservación de los vegetales, para la
protección del medio ambiente, o para la prevención de prácticas que
puedan inducir a error, a los niveles que considere apropiados, a
condición de que; no las aplique en forma tal que constituyan un medió
de discriminación arbitrario o injustificado entre los países en que
prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta del
comercio internacional, y de que en lo demás sean conformes a las
disposiciones del presente Acuerdo;

Reconociendo que no debe impedirse a ningún país
que adopte las medidas necesarias para la protección de sus intereses
esenciales en materia de seguridad;

Reconociendo la contribución que la normalización
internacional puede hacer a la transferencia de tecnología de los países
desarrollados hacia los países en desarrollo;

Reconociendo que los países en desarrollo pueden
encontrar dificultades especiales en la elaboración y la aplicación de
reglamentos técnicos y de normas, así como de procedimientos de
evaluación de la conformidad con los reglamentos técnicos y las normas,
y deseando ayudar a esos países en los esfuerzos que realicen en esta
esfera;

Convienen en lo siguiente:


ARTÍCULO I.-
DISPOSICIONES GENERALES.


1.1 Los términos generales relativos a
normalización y procedimientos de evaluación de la conformidad tendrán
generalmente el sentido que les dan las definiciones adoptadas dentro
del sistema de las Naciones Unidas y por las instituciones
internacionales con actividades de normalización, teniendo en cuenta su
contexto y el objeto y fin del presente Acuerdo.

1.2 Sin embargo, a los efectos del presente
Acuerdo el sentido de los términos definidos en el Anexo 1 será el que
allí se precisa.

1.3 Todos los productos, comprendidos los
industriales y los agropecuarios, quedarán sometidos a las disposiciones
del presente Acuerdo.

1.4 Las especificaciones de compra establecidas
por instituciones gubernamentales para las necesidades de producción o
de consumo de instituciones gubernamentales no estarán sometidas a las
disposiciones del presente Acuerdo, sino que se regirán por el Acuerdo
sobre Contratación Pública, en función del alcance de éste.

1.5 Las disposiciones del presente Acuerdo no son
aplicables a las medidas sanitarias y fitosanitarias definidas en el
Anexo A del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias.

1.6 Se considerará que todas las referencias
hechas en el presente Acuerdo a los reglamentos técnicos, a las normas y
a los procedimientos de evaluación de la conformidad se aplican
igualmente a cualquier enmienda a los mismos, así como a cualquier
adición a sus reglas o a la lista de los productos a que se refieran,
con excepción de las enmiendas y adiciones de poca importancia.

REGLAMENTOS TÉCNICOS Y NORMAS


ARTÍCULO 2.-
ELABORACIÓN, ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE REGLAMENTOS
TÉCNICOS POR INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL.

Por lo que se refiere a las instituciones de su
gobierno central:

2.1 Los Miembros se asegurarán de que, con
respecto a los reglamentos técnicos, se dé a los productos importados
del territorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos favorable
que el otorgado a productos similares de origen nacional y a productos
similares originarios de cualquier otro país.

2.2 Los Miembros se asegurarán de que no se
elaboren, adopten o apliquen reglamentos técnicos que tengan por objeto
o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio internacional. A tal
fin, los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo
necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los
riesgos que crearía no alcanzarlo. Tales objetivos legítimos son, entre
otros: los imperativos de la seguridad nacional; la prevención de
prácticas que puedan inducir a error; la protección de la salud o
seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio
ambiente. Al evaluar esos riesgos, los elementos que es pertinente tomar
en consideración son, entre otros: la información disponible científica
y técnica, la tecnología de elaboración conexa o los usos finales a que
se destinen los productos.

2.3 Los reglamentos técnicos no se mantendrán si
las circunstancias u objetivos que dieron lugar a su adopción ya no
existen o si las circunstancias u objetivos modificados pueden atenderse
de una manera menos restrictiva del comercio.

2.4 Cuando sean necesarios reglamentos técnicos y
existan normas internacionales pertinentes o sea inminente su
formulación definitiva, los Miembros utilizarán esas normas
internacionales, o sus elementos pertinentes, como base de sus
reglamentos técnicos, salvo en el caso de que esas normas
internacionales o esos elementos pertinentes sean un medio ineficaz o
inapropiado para el logro de los objetivos legítimos perseguidos, por
ejemplo a causa de factores climáticos o geográficos fundamentales o
problemas tecnológicos fundamentales.

2.5 Todo Miembro que elabore, adopte o aplique un
reglamento técnico que pueda tener un efecto significativo en el
comercio de otros Miembros explicará, a petición de otro Miembro, la
justificación del mismo a tenor de las disposiciones de los párrafos 2 a
4 del presente artículo. Siempre que un reglamento técnico se elabore,
adopte o aplique para alcanzar uno de los objetivos legítimos
mencionados expresamente en el párrafo 2, y esté en conformidad con las
normas internacionales pertinentes, se presumirá, a reserva de
impugnación, que no crea un obstáculo innecesario al comercio
internacional.

2.6 Con el fin de armonizar sus reglamentos
técnicos en el mayor grado posible, los Miembros participarán
plenamente, dentro de los límites de sus recursos, en la elaboración,
por las instituciones internacionales competentes con actividades de
normalización, de normas internacionales referentes a los productos para
los que hayan adoptado, o prevean adoptar, reglamentos técnicos.

2.7 Los Miembros considerarán favorablemente la
posibilidad de aceptar como equivalentes reglamentos técnicos de otros
Miembros aun cuando difieran de los suyos, siempre que tengan la
convicción de que esos reglamentos cumplen adecuadamente los objetivos
de sus propios reglamentos.

2.8 En todos los casos en que sea procedente, los
reglamentos técnicos basados en prescripciones para los productos serán
definidos por los Miembros en función de las propiedades de uso y empleo
de los productos más bien que en función de su diseño o de sus
características descriptivas.

2.9 En todos los casos en que no existan una norma
internacional pertinente o en que el contenido técnico de un reglamento
técnico en proyecto no esté en conformidad con el contenido técnico de
las normas internacionales pertinentes, y siempre que dicho reglamento
técnico pueda tener un efecto significado en el comercio de otros
Miembros, los Miembros.

2.9.1 Anunciarán mediante un aviso en una
publicación, en una etapa convenientemente temprana, de modo que pueda
llegar a conocimiento de las partes interesadas de los demás Miembros,
que proyectan introducir un determinado reglamento técnico;

2.9.2 notificaran a los demás Miembros, por
conducto de la Secretaría, cuáles serán los productos abarcados por el
reglamento técnico en proyecto, indicando brevemente su objetivo y razón
de ser. Tales notificaciones se harán en una etapa convenientemente
temprana, cuando puedan aún introducirse modificaciones y tenerse en
cuenta las observaciones que se formulen;

2.9.3 previa solicitud, facilitarán a los demás
Miembros detalles sobre el reglamento técnico en proyecto o el texto del
mismo y señalarán, siempre que sea posible, las partes que en sustancia
difieran de las normas internacionales pertinentes;

2.9.4 sin discriminación alguna, preverán un plazo
prudencial para que los demás Miembros puedan formular observaciones por
escrito, mantendrán conversaciones sobre esas observaciones si así se
les solicita, y tomarán en cuenta dichas observaciones escritas y los
resultados de dichas conversaciones.

2.10 Sin perjuicio de lo dispuesto en la
introducción del párrafo 9, si a algún Miembro se le planteasen o
amenazaran planteársele problemas urgentes de seguridad, sanidad,
protección del medio ambiente o seguridad nacional, dicho Miembro podrá
omitir los trámites enumerados en el párrafo 9 según considere
necesario, a condición de que al adoptar el reglamento técnico cumpla
con lo siguiente:

2.10.1 notificar inmediatamente a los demás
Miembros, por conducto de la Secretaría, el reglamento técnico y los
productos de que se trate, indicando brevemente el objetivo y la razón
de ser del reglamento técnico, así como la naturaleza de los problemas
urgentes;

2.10.2 previa solicitud, facilitar a los demás
Miembros el texto del reglamento técnico;.

2.10.3 dar sin discriminación a los demás Miembros
la posibilidad de formular observaciones por escrito, mantener
conversaciones sobre ellas si así se le solicita, y tomar en cuenta
estas observaciones escritas y los resultados de dichas conversaciones.

2.11 Los Miembros se asegurarán de que todos los
reglamentos técnicos que hayan sido adoptados se publiquen prontamente o
se pongan de otra manera a disposición de las partes interesadas de los
demás Miembros para que éstas puedan conocer su contenido.

2.12 Salvo en las circunstancias urgentes
mencionadas en el párrafo 10, los Miembros preverán un plazo prudencial
entre la publicación de los reglamentos técnicos y su entrada en vigor,
con el fin de dar tiempo a los productores de los Miembros exportadores,
y en especial de los países en desarrollo Miembros, para adaptar sus
productos o sus métodos de producción a las prescripciones del Miembro
importador.


ARTÍCULO 3.-
ELABORACIÓN, ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS POR
INSTITUCIONES PÚBLICA LOCALES Y POR INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES
.

En lo que se refiere a sus instituciones públicas
locales y a las instituciones no gubernamentales existentes en su
territorio:

3.1 Los Miembros tomarán las medidas razonables
que estén a su alcance para lograr que dichas instituciones cumplan las
disposiciones del artículo 2, a excepción de la obligación de notificar
estipulada en los apartados 9.2 y 10.1 del artículo 2.

3.2 Los Miembros se asegurarán de que los
reglamentos técnicos de los gobiernos locales del nivel inmediatamente
inferior al del gobierno central de los Miembros se notifiquen de
conformidad con las disposiciones de los apartados 9.2 y 10.1 del
artículo 2, quedando entendido que no se exigirá notificar los
reglamentos técnicos cuyo contenido técnico sea en sustancia el mismo
que el de los reglamentos técnicos ya notificados de instituciones del
gobierno central del Miembro interesado.

3.3 Los Miembros podrán exigir que los contactos
con otros Miembros, incluidas las notificaciones, el suministro de
información, la formulación de observaciones y la celebración de
discusiones objeto de los párrafos 9 y 10 del artículo 2, se realicen
por conducto del gobierno central.

3.4 Los Miembros no adoptarán medidas que obliguen
o alienten a las instituciones públicas locales o a las instituciones no
gubernamentales existentes en su territorio a actuar de manera
incompatible con las disposiciones del artículo 2.

3.5 En virtud del presente Acuerdo, los Miembros
son plenamente responsables de la observancia de todas las disposiciones
del artículo 2. Los Miembros elaborarán y aplicarán medidas y mecanismos
positivos que favorezcan la observancia de las disposiciones del
artículo 2 por las instituciones que no sean del gobierno central.


ARTÍCULO 4.-
ELABORACIÓN, ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE NORMAS.


4.1 Los Miembros se asegurarán de que las
instituciones de su gobierno central con actividades de normalización
acepten y cumplan el Código de Buena Conducta para la Elaboración,
Adopción y Aplicación de Normas (denominado en el presente Acuerdo
“Código de Buena Conducta”) que figura en el Anexo 3 del presente
Acuerdo. También tomarán las medidas razonables que estén a su alcance
para lograr que las instituciones públicas locales y las instituciones
no gubernamentales con actividades de normalización existentes en su
territorio, así como las instituciones regionales con actividades de
normalización de las que sean miembros ellos mismos o una o varias
instituciones de su territorio, acepten y cumplan el Código de Buena
Conducta. Además, los Miembros no adoptarán medidas que tengan por
efecto obligar o alentar directa o indirectamente a dichas instituciones
con actividades de normalización a actuar de manera incompatible con el
Código de Buena Conducta. Las obligaciones de los Miembros con respecto
al cumplimiento de las disposiciones del Código de Buena Conducta por
las instituciones con actividades de normalización se aplicarán con
independencia de que una institución con actividades de normalización
haya aceptado o no el Código de Buena Conducta.

4.2 Los Miembros reconocerán que las instituciones
con actividades de normalización que hayan aceptado y cumplan el Código
de Buena Conducta cumplen los principios del presente Acuerdo.

CONFORMIDAD CON LOS REGLAMENTOS TECNICOS Y LAS
NORMAS


ARTÍCULO 5.-
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD APLICADOS
POR LAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL.

5.1 En los casos en que se exija una declaración
positiva de conformidad con los reglamentos técnicos o las normas, los
Miembros se asegurarán de que las instituciones de su gobierno central
apliquen a los productos originarios de los territorios de otros
Miembros las disposiciones siguientes:

5.1.1 los procedimientos de evaluación de la
conformidad se elaborarán, adoptarán y aplicarán de manera que se
conceda acceso a los proveedores de productos similares originarios de
los territorios de otros Miembros en condiciones no menos favorables que
las otorgadas a los proveedores de productos similares de origen
nacional u originarios de cualquier otro país, en una situación
comparable; el acceso implicará el derecho de los proveedores a una
evaluación de la conformidad según las reglas del procedimiento,
incluida, cuando este procedimiento la prevea, la posibilidad de que las
actividades de evaluación de la conformidad se realicen en el
emplazamiento de las instalaciones y de recibir la marca del sistema;

5.1.2 no se elaborarán, adoptarán o aplicarán
procedimientos de evaluación de la conformidad que tengan por objeto o
efecto crear obstáculos innecesarios al comercio internacional. Ello
significa, entre otras cosas, que los procedimientos de evaluación de la
conformidad no serán más estrictos ni se aplicarán de forma más rigurosa
de lo necesario para dar al Miembro importador la debida seguridad de
que los productos están en conformidad con los reglamentos técnicos o
las normas aplicables, habida cuenta de los riesgos que provocaría el
hecho de que no estuvieran en conformidad con ellos.

5.2 Al aplicar las disposiciones del párrafo 1,
los Miembros se asegurarán de que:

5.2.1 los procedimientos de evaluación de la
conformidad se inicien y ultimen con la mayor rapidez posible y en un
orden no menos favorable para los productos originarios de los
territorios de otros Miembros que para los productos nacionales
similares;

5.2.2 se publique el período normal de tramitación
de cada procedimiento de evaluación de la conformidad o se comunique al
solicitante, previa petición, el período de tramitación previsto; de
que, cuando reciba una solicitud, la institución competente examine
prontamente si la documentación está completa y comunique al solicitante
todas las deficiencias de manera precisa y completa; de que la
institución competente transmita al solicitante lo antes posible los
resultados de la evaluación de una manera precisa y completa, de modo
que puedan tomarse medidas correctivas si fuera necesario; de que,
incluso cuando la solicitud presente deficiencias, la institución
competente siga adelante con la evaluación de la conformidad hasta donde
sea viable, si así lo pide el solicitante; y de que, previa petición, se
informe al solicitante de la fase en que se encuentra el procedimiento,
explicándole los eventuales retrasos;

5.2.3 no se exija más información de la necesaria
para evaluar la conformidad y calcular los derechos;

5.2.4 el carácter confidencial de las
informaciones referentes a los productos originarios de los territorios
de otros Miembros, que resulten de tales procedimientos de evaluación de
la conformidad o hayan sido facilitadas con motivo de ellos, se respete
de la misma manera que en el caso de los productos nacionales y de
manera que se protejan los intereses comerciales legítimos;

5.2.5 los derechos que puedan imponerse por
evaluar la conformidad de los productos originarios de los territorios
de otros Miembros sean equitativos en comparación con los que se
percibirían por evaluar la conformidad de productos similares de origen
nacional u originarios de cualquier otro país, teniendo en cuenta los
gastos de las comunicaciones, el transporte y otros gastos derivados de
las diferencias de emplazamiento de las instalaciones del solicitante y
las de la institución de evaluación de la conformidad;

5.2.6 el emplazamiento de las instalaciones
utilizadas en los procedimientos de evaluación de la conformidad y los
procedimientos de selección de muestras no causen molestias innecesarias
a los solicitantes, o sus agentes;

5.2.7 cuando se modifiquen las especificaciones de
un producto tras haberse declarado su conformidad con los reglamentos
técnicos o las normas aplicables, el procedimiento de evaluación de la
conformidad del producto modificado se circunscriba a lo necesario para
determinar si existe la debida seguridad de que el producto sigue
ajustándose a los reglamentos técnicos o a las normas aplicables;

5.2.8 exista un procedimiento para examinar las
reclamaciones relativas al funcionamiento de un procedimiento de
evaluación de la conformidad y tomar medidas correctivas cuando la
reclamación esté justificada.

5.3 Ninguna disposición de los párrafos 1 y 2
impedirá a los Miembros la realización en su territorio de controles
razonables por muestreo.

5.4 En los casos en que se exija una declaración
positiva de que los productos están en conformidad con los reglamentos
técnicos o las normas, y existan o estén a punto de publicarse
orientaciones o recomendaciones pertinentes de instituciones
internacionales con actividades de normalización, los Miembros se
asegurarán de que las instituciones del gobierno central utilicen esas
orientaciones o recomendaciones, o las partes pertinentes de ellas, como
base de sus procedimientos de evaluación de la conformidad, excepto en
el caso de que, según debe explicarse debidamente previa petición, esas
orientaciones o recomendaciones o las partes pertinentes de ellas no
resulten apropiadas para los Miembros interesados par razones tales como
imperativos de seguridad nacional, la prevención de prácticas que puedan
inducir a error, protección de la salud o seguridad humanas, de la vida
o salud animal o vegetal o del medio ambiente, factores climáticas u
otros factores geográficos fundamentales o problemas tecnológicos o de
infraestructura fundamentales.

5.5 Con el fin de armonizar sus procedimientos de
evaluación de la conformidad en el mayor grado posible, los Miembros
participarán plenamente, dentro de los límites de sus recursos, en la
elaboración por las instituciones internacionales competentes con
actividades de normalización de orientaciones o recomendaciones
referentes a los procedimientos de evaluación de la conformidad.

5.6 En todos los casos en que no exista una
orientación o recomendación pertinente de una institución internacional
con actividades de normalización o en que el contenido técnico de un
procedimiento de evaluación de la conformidad en proyecto no esté en
conformidad con las orientaciones o recomendaciones pertinentes de
instituciones internacionales con actividades de normalización, y
siempre que el procedimiento de evaluación de la conformidad pueda tener
un efecto significativo en el comercio de otros Miembros, los Miembros:

5.6.1 anunciarán mediante un aviso en una
publicación, en una etapa convenientemente temprana, de modo que pueda
llegar a conocimiento de las partes interesadas de los demás Miembros,
que proyectan introducir un determinado procedimiento de evaluación de
la conformidad;

5.6.2 notificarán a los demás Miembros, por
conducto de la Secretaría, cuáles serán los productos abarcados por el
procedimiento de evaluación de la conformidad en proyecto, indicando
brevemente su objetivo y razón de ser. Tales notificaciones se harán en
una etapa convenientemente temprana, cuando puedan aún introducirse
modificaciones y tenerse en cuenta las observaciones que se formulen;

5.6.3 previa solicitud, facilitarán a los demás
Miembros detalles sobre el procedimiento en proyecto o el texto del
mismo y señalarán, siempre que sea posible, las partes que en sustancia
difieran de las orientaciones o recomendaciones pertinentes de
instituciones internacionales con actividades de normalización;

5.6.4 sin discriminación alguna, preverán un plazo
prudencial para que los demás Miembros puedan formular observaciones por
escrito, mantendrán conversaciones sobre esas observaciones si así se
les solicita y tomarán en cuenta dichas observaciones escritas y los
resultados de dichas conversaciones.

5.7 Sin perjuicio de lo dispuesto en la
introducción del párrafo 6, si a algún Miembro se le planteasen o
amenazaran planteársele problemas urgentes de seguridad, sanidad,
protección del medio ambiente o seguridad nacional, dicho Miembro podrá
omitir los trámites enumerados en el párrafo 6 según considere
necesario, a condición de que al adoptar el procedimiento cumpla con lo
siguiente:

5.7.1 notificar inmediatamente a los demás
Miembros, por conducto de la Secretaría, el procedimiento y los
productos de que se trate, indicando brevemente el objetivo y la razón
de ser del procedimiento, así como la naturaleza de los problemas
urgentes;

5.7.2 previa solicitud, facilitar a los demás
Miembros el texto de las reglas del procedimiento;

5.7.3 dar sin discriminación a los demás Miembros
la posibilidad de formular observaciones por escrito, mantener
conversaciones sobre esas observaciones si así se le solicita y tomar en
cuenta dichas observaciones escritas y los resultados de dichas
conversaciones.

5.8 Los Miembros se asegurarán de que todos los
procedimientos de evaluación de la conformidad que se hayan adoptado se
publiquen prontamente o se pongan de otra manera a disposición de las
partes interesadas de los demás Miembros para que éstas puedan conocer
su contenido.

5.9 Salvo en las circunstancias urgentes
mencionadas en el párrafo 7, los Miembros preverán un plazo prudencial
entre la publicación de las prescripciones relativas a los
procedimientos de evaluación de la conformidad y su entrada en vigor,
con el fin de dar tiempo a los productores de los Miembros exportadores,
y en especial de los países en desarrollo Miembros, para adaptar sus
productos o sus métodos de producción a las prescripciones del Miembro
importador.


ARTÍCULO 6.-
RECONOCIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD POR LAS
INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL.

Por lo que se refiere a las instituciones de su
gobierno central:

6.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos
3 y 4, los Miembros se asegurarán de que, cada vez que sea posible, se
acepten los resultados de los procedimientos de evaluación de la
conformidad de los demás Miembros, aun cuando esos procedimientos
difieran de los suyos, siempre que tengan el convencimiento de que se
trata de procedimientos que ofrecen un grado de conformidad con los
reglamentos técnicos o normas pertinentes equivalente al de sus propios
procedimientos. Se reconoce que podrá ser necesario proceder previamente
a consultas para llegar a un entendimiento mutuamente satisfactorio por
lo que respecta, en particular, a:

6.1.1 la competencia técnica suficiente y
continuada de las instituciones pertinentes de evaluación de la
conformidad del Miembro exportador, con el fin de que pueda confiarse en
la sostenida fiabilidad de los resultados de su evaluación de la
conformidad; a este respecto, se tendrá en cuenta como exponente de una
competencia técnica suficiente el hecho de que se haya verificado, por
ejemplo mediante acreditación, que esas instituciones se atienen a las
orientaciones o recomendaciones pertinentes de instituciones
internacionales con actividades de normalización;

6.1.2 la limitación de la aceptación de los
resultados de la evaluación de la conformidad a los obtenidos por las
instituciones designadas del Miembro exportador.

6.2 Los Miembros se asegurarán de que sus
procedimientos de evaluación de la conformidad permitan, en la medida de
lo posible, la aplicación de las disposiciones del párrafo 1.

6.3 Se insta a los Miembros a que acepten, a
petición de otros Miembros, entablar negociaciones encaminadas a la
conclusión de acuerdos de mutuo reconocimiento de los resultados de sus
respectivos procedimientos de evaluación de la conformidad. Los Miembros
podrán exigir que esos acuerdos cumplan los criterios enunciados en el
párrafo 1 y sean mutuamente satisfactorios desde el punto de vista de
las posibilidades que entrañen de facilitar el comercio de los productos
de que se trate.

6.4 Se insta a los Miembros a que autoricen la
participación de las instituciones de evaluación de la conformidad
ubicadas en los territorios de otros Miembros en sus procedimientos de
evaluación de la conformidad en condiciones no menos favorables que las
otorgadas a las instituciones ubicadas en su territorio o en el de
cualquier otro país.


ARTÍCULO 7.-
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD APLICADOS
POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS LOCALES.

Por lo que se refiere a las instituciones públicas
locales existentes en su territorio:

7.1 Los Miembros tomarán las medidas razonables
que estén a su alcance para lograr que dichas instituciones cumplan las
disposiciones de los artículos 5 y 6, a excepción de la obligación de
notificar estipulada en los apartados 6.2 y 7.1 del artículo 5.

7.2 Los Miembros se asegurarán de que los
procedimientos de evaluación de la conformidad aplicados por los
gobiernos locales del nivel inmediatamente inferior al del gobierno
central de los Miembros se notifiquen de conformidad con las
disposiciones de los apartados 6.2 y 7.1 del artículo 5, quedando
entendido que no se exigirá notificar los procedimientos de evaluación
de la conformidad cuyo contenido técnico sea en sustancia el mismo que
el de los procedimientos ya notificados de evaluación de la conformidad
por las instituciones del gobierno central de los Miembros interesados.

7.3 Los Miembros podrán exigir que los contactos
con otros Miembros, incluidas las notificaciones, el suministro de
información, la formulación de observaciones y la celebración de
conversaciones objeto de los párrafos 6 y 7 del artículo 5 se realicen
por conducto del gobierno central.

7.4 Los Miembros no adoptarán medidas que obliguen
o alienten a las instituciones públicas locales existentes en sus
territorios a actuar de manera incompatible con las disposiciones de los
artículos 5 y 6.

7.5 En virtud del presente Acuerdo, los miembros
son plenamente responsables de la observancia de todas las disposiciones
de los artículos 5 y 6. Los Miembros elaborarán y aplicarán medidas y
mecanismos positivos que favorezcan la observancia de las disposiciones
de los artículos 5 y 6 por las instituciones que no sean del gobierno
central.


ARTÍCULO 8.-
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD APLICADOS
POR LAS INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES.

8.1 Los Miembros tomarán las medidas razonables
que estén a su alcance para asegurarse de que las instituciones no
gubernamentales existentes en su territorio que apliquen procedimientos
de evaluación de la conformidad cumplan las disposiciones de los
artículos 5 y 6, a excepción de la obligación de notificar los
procedimientos de evaluación de la conformidad en proyecto. Además, los
Miembros no adoptarán medidas que tengan por efecto obligar o alentar
directa o indirectamente a esas instituciones a actuar de manera
incompatible con las disposiciones de los artículos 5 y 6.

8.2 Los Miembros se asegurarán de que las
instituciones de su gobierno central sólo se atengan a los
procedimientos de evaluación de la conformidad aplicados por
instituciones no gubernamentales si éstas cumplen las disposiciones de
los artículos 5 y 6, a excepción de la obligación de notificar los
procedimientos de evaluación de la conformidad en proyecto.


ARTÍCULO 9.-
SISTEMAS INTERNACIONALES Y REGIONALES.


9.1 Cuando se exija una declaración positiva de
conformidad con un reglamento técnico o una norma, los Miembros
elaborarán y adoptarán, siempre que sea posible, sistemas
internacionales de evaluación de la conformidad y se harán miembros de
esos sistemas o participarán en ellos.

9.2 Los Miembros tomarán las medidas razonables
que estén a su alcance para lograr que los sistemas internacionales y
regionales de evaluación de la conformidad de los que las instituciones
competentes de su territorio sean miembros o participantes cumplan las
disposiciones de los artículos 5 y 6. Además, los Miembros no adoptarán
medidas que tengan por efecto obligar o alentar directa o indirectamente
a esos sistemas a actuar de manera incompatible con alguna de las
disposiciones de los artículos 5 y 6.

9.3 Los Miembros se asegurarán de que las
instituciones de su gobierno central sólo se atengan a los sistemas
internacionales o regionales de evaluación de la conformidad en la
medida en que éstos cumplan las disposiciones de los artículos 5 y 6,
según proceda.

INFORMACION Y ASISTENCIA


ARTÍCULO 10.-
INFORMACIÓN SOBRE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS, LAS
NORMAS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD.

10.1 Cada Miembro se asegurará de que exista un
servicio que pueda responder a todas las peticiones razonables de
información formuladas por otros Miembros y por partes interesadas de
los demás Miembros y facilitar los documentos pertinentes referentes a:

10.1.1 los reglamentos técnicos que hayan adoptado
o proyecten adoptar dentro de su territorio las instituciones del
gobierno central, las instituciones públicas locales, las instituciones
no gubernamentales legalmente habilitadas para hacer aplicar un
reglamento técnico o las instituciones regionales con actividades de
normalización de las que aquellas instituciones sean miembros o
participantes;

10.1.2 Las normas que hayan adoptado o proyecten
adoptar dentro de su territorio las instituciones del gobierno central,
las instituciones públicas locales o las instituciones regionales con
actividades de normalización de las que aquellas instituciones sean
miembros o participantes;

10.1.3 los procedimientos de evaluación de la
conformidad existentes o en proyecto que sean aplicados dentro de su
territorio por instituciones del gobierno central, instituciones
públicas locales o instituciones no gubernamentales legalmente
habilitadas para hacer aplicar un reglamento técnico, o por
instituciones regionales de las que aquellas instituciones sean miembros
o participantes;

10.1.4 la condición de integrante o participante
del Miembro, o de las instituciones del gobierno central o las
instituciones públicas locales competentes dentro de su territorio, en
instituciones internacionales y regionales con actividades de
normalización y en sistemas de evaluación de la conformidad, así como en
acuerdos bilaterales y multilaterales dentro del alcance del presente
Acuerdo; dicho servicio también habrá de poder facilitar la información
que razonablemente pueda esperarse sobre las disposiciones de esos
sistemas y acuerdos;

10.1.5 los lugares donde se encuentren los avisos
publicados de conformidad con el presente Acuerdo, o la indicación de
dónde se pueden obtener esas informaciones; y

10.1.6 los lugares donde se encuentren los
servicios a que se refiere el párrafo 3.

10.2 No obstante, si por razones jurídicas o
administrativas un Miembro establece más de un servicio de información,
ese Miembro suministrará a los demás Miembros información completa y
precisa sobre la esfera de competencia asignada a cada uno de esos
servicios. Además, ese Miembro velará por que toda petición dirigida por
error a un servicio se transmita prontamente al servicio que
corresponda.

10.3 Cada Miembro tomará las medidas razonables
que estén a su alcance para asegurarse de que existan uno o varios
servicios que puedan responder a todas las peticiones razonables de
información formuladas por otros Miembros y por partes interesadas de
los demás Miembros así como facilitar o indicar dónde pueden obtenerse
los documentos pertinentes referentes a:

10.3.1 Las normas que hayan adoptado o proyecten
adoptar dentro de su territorio las instituciones no gubernamentales con
actividades de normalización o las instituciones regionales con
actividades de normalización de las que aquellas instituciones sean
miembros o participantes; y

10.3.2 Los procedimientos de evaluación de la
conformidad existentes o en proyecto que sean aplicados dentro de su
territorio por instituciones no gubernamentales, o por instituciones
regionales de las que aquellas instituciones sean miembros o
participantes;

10.3.3 la condición de integrante o participante
de las instituciones no gubernamentales pertinentes dentro de su
territorio en instituciones internacionales y regionales con actividades
de normalización y en sistemas de evaluación de la conformidad, así como
en acuerdos bilaterales y multilaterales dentro del alcance del presente
Acuerdo; dichos servicios también habrán de poder facilitar la
información que razonablemente pueda esperarse sobre las disposiciones
de esos sistemas y acuerdos.

10.4 Los Miembros tomarán
las medidas razonables que estén a su alcance para asegurarse de que,
cuando otros Miembros o partes interesadas de otros Miembros pidan
ejemplares de documentos con arreglo a las disposiciones del presente
Acuerdo, se faciliten esos ejemplares a un precio equitativo (cuando no
sean gratuitos) que, aparte del costo real de su envío, será el mismo
para los nacionales (26) del Miembro interesado o de cualquier
otro Miembro.

10.5 A petición de otros Miembros, los países
desarrollados Miembros facilitarán traducciones, en español, francés o
inglés, de los documentos a que se refiera una notificación concreta, o
de resúmenes de ellos cuando se trate de documentos de gran extensión.

10.6 Cuando la Secretaría reciba notificaciones
con arreglo a las disposiciones del presente Acuerdo, dará traslado de
las notificaciones a todos los Miembros y a las instituciones
internacionales con actividades de normalización o de evaluación de la
conformidad interesadas, y señalará a la atención de los países en
desarrollo Miembros cualquier notificación relativa a productos que
ofrezcan un interés particular para ellos.

10.7 En cada caso en que un Miembro llegue con
algún otro país o países a un acuerdo acerca de cuestiones relacionadas
con reglamentos técnicos, normas o procedimientos de evaluación de la
conformidad que puedan tener un efecto significativo en el comercio, por
lo menos uno de los Miembros parte en el acuerdo notificará por conducto
de la Secretaría a los demás Miembros los productos abarcados por el
acuerdo y acompañará a esa notificación una breve descripción de éste.
Se insta a los Miembros de que se trate a que entablen consultas con
otros Miembros, previa petición, para concluir acuerdos similares o
prever su participación en esos acuerdos.

10.8 Ninguna disposición del presente Acuerdo se
interpretará en el sentido de imponer:

10.8.1 la publicación de textos en un idioma
distinto del idioma del Miembro;

10.8.2 la comunicación de detalles o del texto de
proyectos en un idioma distinto del idioma del Miembro, excepto en el
caso previsto en el párrafo 5; o

10.8.3 la comunicación por los Miembros de
cualquier información cuya divulgación consideren contraria a los
intereses esenciales de su seguridad.

10.9 Las notificaciones dirigidas a la Secretaría
se harán en español, Francés o inglés.

10.10 Los Miembros designarán un solo organismo
del gobierno central que será el responsable de la aplicación a nivel
nacional de las disposiciones relativas a los procedimientos de
notificación que se establecen en el presente Acuerdo, a excepción de
las contenidas en el Anexo 3.

10.11 No obstante, si por razones jurídicas o
administrativas la responsabilidad en materia de procedimientos de
notificación está dividida entre dos o más autoridades del gobierno
central, el Miembro de que se trate suministrará a los otros Miembros
información completa y precisa sobre la esfera de competencia de cada
una de esas autoridades.


ARTÍCULO 11.-
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS DEMÁS MIEMBROS.


11.1 De recibir una petición a tal efecto, los
Miembros asesorarán a los demás Miembros, en particular a los países en
desarrollo Miembros, sobre la elaboración de reglamentos técnicos.

11.2 De recibir una petición a tal efecto, los
Miembros asesorarán a los demás Miembros, en particular a los países en
desarrollo Miembros, y les prestarán asistencia técnica según las
modalidades y en las condiciones que se decidan de común acuerdo, en lo
referente a la creación de instituciones nacionales con actividades de
normalización y su participación en la labor de las instituciones
internacionales con actividades de normalización.

Asimismo, alentarán a sus instituciones nacionales
con actividades de normalización a hacer lo mismo.

1 1.3 De recibir una petición a tal efecto, los
Miembros tomarán las medidas razonables que estén a su alcance para que
las instituciones de reglamentación existentes en su territorio asesoren
a los demás Miembros, en particular a los países en desarrollo Miembros,
y les prestarán. asistencia técnica según las modalidades y en las
condiciones que se decidan de común acuerdo, en lo referente a:

11.3.1. la creación de instituciones de
reglamentación, o de instituciones de evaluación de la conformidad con
los reglamentos técnicos, y

11.3.2 los métodos que mejor permitan cumplir con
sus reglamentos técnicos.

11.4 De recibir una petición a tal efecto, los
Miembros tomarán las medidas razonables que estén a su alcance para que
se preste asesoramiento a los demás Miembros, en particular a los países
en desarrollo Miembros, y les prestarán asistencia técnica, según las
modalidades y en las condiciones que se decidan de común acuerdo, en lo
referente a la creación de instituciones de evaluación de la conformidad
con las normas adoptadas en el territorio del Miembro peticionario.

11.5 De recibir una petición a tal efecto, los
Miembros asesorarán a los demás Miembros, en particular a los países en
desarrollo Miembros, y les prestarán asistencia técnica, según las
modalidades y en las condiciones que se decidan de común acuerdo, en lo
referente a las medidas que sus productores tengan que adoptar si
quieren tener acceso a los sistemas de evaluación de la conformidad
aplicados por instituciones gubernamentales o no gubernamentales
existentes en el territorio del Miembro al que se dirija la petición.

11.6 De recibir una petición a tal efecto, los
Miembros que sean miembros o participantes en sistemas internacionales o
regionales de evaluación de la conformidad asesorarán a los demás
Miembros, en particular a los países en desarrollo Miembros, y les
prestarán asistencia técnica, según las modalidades y en las condiciones
que se decidan de común acuerdo, en lo referente a la creación de las
instituciones y del marco jurídico que les permitan cumplir las
obligaciones dimanantes de la condición de miembro o de participante en
esos sistemas.

11.7 De recibir una petición a tal efecto, los
Miembros alentarán a las instituciones existentes en su territorio, que
sean miembros o participantes en sistemas internacionales o regionales
de evaluación de la conformidad, a asesorar a los demás Miembros, en
particular a los países en desarrollo Miembros, y deberán examinar sus
peticiones de asistencia técnica en lo referente a la creación de los
medios institucionales que permitan a las instituciones competentes
existentes en su territorio el cumplimiento de las obligaciones
dimanantes de la condición de miembro o de participante en esos
sistemas.

11.8 Al prestar asesoramiento y asistencia técnica
a otros Miembros, según lo estipulado en los párrafos 1 a 7, los
Miembros concederán prioridad a las necesidades de los países menos
adelantados Miembros.


ARTÍCULO 12.- TRATO
ESPECIAL Y DIFERENCIADO PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO MIEMBROS.


12.1 Los Miembros otorgarán a los países en
desarrollo Miembros del presente Acuerdo un trato diferente y más
favorable, tanto en virtud de las disposiciones siguientes como de las
demás disposiciones pertinentes contenidas en otros artículos del
presente Acuerdo.

12.2 Los Miembros prestarán especial atención a
las disposiciones del presente Acuerdo que afecten a los derechos y
obligaciones de los países en desarrollo Miembros y tendrán en cuenta
las necesidades especiales de éstos en materia de desarrollo, finanzas y
comercio al aplicar el presente Acuerdo, tanto en el plano nacional como
en la aplicación de las disposiciones institucionales en él previstas.

12.3 Los Miembros, cuando preparen o apliquen
reglamentos técnicos, normas y procedimientos para la evaluación de la
conformidad, tendrán en cuenta las necesidades especiales que en materia
de desarrollo, finanzas y comercio tengan los países en desarrollo
Miembros, con el fin de asegurarse de que dichos reglamentos técnicos,
normas y procedimientos para la determinación de la conformidad no creen
obstáculos innecesarios para las exportaciones de los países en
desarrollo Miembros.

12.4 Los Miembros admiten que, aunque puedan
existir normas, guías o recomendaciones internacionales, los países en
desarrollo Miembros, dadas sus condiciones tecnológicas y
socioeconómicas particulares, adopten determinados reglamentos técnicos,
normas o procedimientos de evaluación de la conformidad encaminados a
preservar la tecnología y los métodos y procesos de producción
autóctonos y compatibles con sus necesidades de desarrollo. Los Miembros
reconocen por tanto que no debe esperarse de los países en desarrollo
Miembros que utilicen como base de sus reglamentos técnicos o normas,
incluidos los métodos de prueba, normas internacionales inadecuadas a
sus necesidades en materia de desarrollo, finanzas y comercio.

12.5 Los Miembros tomarán las medidas razonables
que estén a su alcance para asegurarse de que las instituciones
internacionales con actividades de normalización y los sistemas
internacionales de evaluación de la conformidad estén organizados y
funcionen de modo que faciliten la participación activa y representativa
de las instituciones competentes de todos los Miembros, teniendo en
cuenta los problemas especiales de los países en desarrollo Miembros.

12.6 Los Miembros tomarán las medidas razonables
que estén a su alcance para asegurarse de que las instituciones
internacionales con actividades de normalización, cuando así lo pidan
los países en desarrollo Miembros, examinen la posibilidad de elaborar
normas internacionales referentes a los productos que presenten especial
interés para estos Miembros y, de ser factible, las elaboren.

12.7 De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11, los Miembros proporcionarán asistencia técnica a los países
en desarrollo Miembros a fin de asegurarse de que la elaboración y
aplicación de los reglamentos técnicos, normas y procedimientos para la
evaluación de la conformidad no creen obstáculos innecesarios a la
expansión y diversificación de las exportaciones de estos Miembros. En
la determinación de las modalidades y condiciones de esta asistencia
técnica se tendrá en cuenta la etapa de desarrollo en que se halle el
Miembro solicitante, especialmente en el caso de los países menos
adelantados Miembros.

12.8 Se reconoce que los países en desarrollo
Miembros pueden tener problemas especiales, en particular de orden
institucional y de infraestructura, en lo relativo a la elaboración y a
la aplicación de reglamentos técnicos, normas y procedimientos para la
evaluación de la conformidad. Se reconoce, además, que las necesidades
especiales de estos Miembros en materia de desarrollo y comercio, así
como la etapa de desarrollo tecnológico en que se encuentren, pueden
disminuir su capacidad para cumplir íntegramente las obligaciones
dimanantes del presente Acuerdo. Los Miembros tendrán pues plenamente en
cuenta esa circunstancia. Por consiguiente, con objeto de que los países
en desarrollo Miembros puedan cumplir el presente Acuerdo, se faculta al
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio previsto en el artículo 13
(denominado en el presente Acuerdo el “Comité”) para que conceda, previa
solicitud, excepciones especificadas y limitadas en el tiempo, totales o
parciales, al cumplimiento de obligaciones dimanantes del presente
Acuerdo. Al examinar dichas solicitudes, el Comité tomará en cuenta los
problemas especiales que existan en la estera de la elaboración y la
aplicación de reglamentos técnicos, normas y procedimientos para la
evaluación de la conformidad, y las necesidades especiales del país en
desarrollo Miembro en materia de desarrollo y de comercio, así como la
etapa de adelanto tecnológico en que se encuentre, que puedan disminuir
su capacidad de cumplir íntegramente las obligaciones dimanantes del
presente Acuerdo. En particular, él Comité tomará en cuenta los
problemas especiales de los países menos adelantados Miembros.

12.9 Durante las consultas, los países
desarrollados Miembros tendrán presentes las dificultades especiales de
los países en desarrollo Miembros para la elaboración y aplicación de
las normas, reglamentos técnicos y los procedimientos para la evaluación
de la conformidad, y cuando se propongan ayudar a los países en
desarrollo Miembros en los esfuerzos que realicen en esta estera, los
países desarrollados Miembros tomarán en cuenta las necesidades
especiales de los países en desarrollo Miembros en materia de finanzas,
comercio y desarrollo.

12.10 El Comité examinará periódicamente el trato
especial y diferenciado que, conforme a lo previsto en el presente
Acuerdo, se otorgue a los países en desarrollo Miembros tanto en el
plano nacional como en el internacional.

INSTITUCIONES, CONSULTAS Y SOLUCION DE DIFERENCIAS


ARTÍCULO 13.-
COMITÉ DE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO

13.1 En virtud del presente Acuerdo se establece
un Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, que estará compuesto de
representantes de cada uno de los Miembros. El Comité elegirá a su
Presidente y se reunirá cuando proceda, pero al menos una vez al año,
para dar a los Miembros la oportunidad de consultarse sobre cualquier
cuestión relativa al funcionamiento del presente Acuerdo o la
consecución de sus objetivos, y desempeñará las funciones que le sean
asignadas en virtud del presente Acuerdo o por los Miembros.

13.2 El Comité establecerá grupos de trabajo u
otros órganos apropiados que desempeñarán las funciones que el Comité
les encomiende de conformidad con las disposiciones pertinentes del
presente Acuerdo.

13.3 Queda entendido que deberá evitarse toda
duplicación innecesaria de la labor que se realice en virtud del
presente Acuerdo y la que lleven a cabo los gobiernos en otros
organismos técnicos. El Comité examinará este problema con el fin de
reducir al mínimo esa duplicación.


ARTÍCULO 14.-
CONSULTAS Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS.


14.1 Las consultas y la solución de diferencias con
respecto a cualquier cuestión relativa al funcionamiento del presente
Acuerdo se llevarán a cabo bajo los auspicios del Órgano de Solución de
Diferencias y se ajustarán mutatis mutandi a las disposiciones de los
artículos XXII y XXII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas en
virtud del Entendimiento sobre Solución de Diferencias.

14.2 A petición de una parte en una diferencia, o
por iniciativa propia, un grupo especial podrá establecer un grupo de
expertos técnicos que preste asesoramiento en cuestiones de naturaleza
técnica que exijan una detallada consideración por expertos.

14.3 Los grupos de expertos técnicos se regirán
por el procedimiento del Anexo 2.

14.4 Todo Miembro podrá invocar las disposiciones
de solución de diferencias previstas en los párrafos anteriores cuando
considere insatisfactorios los resultados obtenidos por otro Miembro en
aplicación de las disposiciones de los artículos 3, 4, 7, 8 y 9 y que
sus intereses comerciales se ven significativamente afectados. A este
respecto, dichos resultados tendrán que ser equivalentes a los
previstos, como si la institución de que se trate fuese un Miembro.

DISPOSICIONES FINALES


ARTÍCULO 15.-
DISPOSICIONES FINALES.


Reservas

15.1 No podrán formularse reservas respecto de
ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo sin el consentimiento
de los demás Miembros.

Examen

15.2 Cada Miembro informará al Comité con
prontitud, después de la fecha en que entre en vigor para él el Acuerdo
sobre la OMC, de las medidas que ya existan o que se adopten para la
aplicación y administración del presente Acuerdo. Notificara igualmente
al Comité cualquier modificación ulterior de tales medidas.

15.3 El Comité examinará anualmente la aplicación
y funcionamiento del presente Acuerdo habida cuenta de sus objetivos.

15.4 A más tardar al final del tercer año de la
fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, y posteriormente con
periodicidad trienal, el Comité examinará el funcionamiento y aplicación
del presente Acuerdo, con inclusión de las disposiciones relativas a la
transparencia, con objeto de recomendar que se ajusten los derechos y
las obligaciones dimanantes del mismo cuando ello sea menester para la
consecución de ventajas económicas mutuas y del equilibrio de derechos y
obligaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12. Teniendo
en cuenta, entre otras cosas, la experiencia adquirida en la aplicación
del presente Acuerdo, el Comité, cuando corresponda, presentará
propuestas de enmiendas del texto del Acuerdo al Consejo del Comercio de
Mercancías.

Anexos

15.5 Los Anexos del presente Acuerdo constituyen
parte integrante del mismo.


ANEXO 1.-
TÉRMINOS Y SU DEFINICION A LOS EFECTOS DEL PRESENTE ACUERDO


Cuando se utilicen en el presente Acuerdo, los
términos presentados en la sexta edición de la Guía 2: de la ISO/ CEI,
de 1991, sobre términos generales y sus definiciones en relación con la
normalización y las actividades conexas tendrán el mismo significado que
se les da en las definiciones recogidas en la mencionada Guía teniendo
en cuenta que los servicios están excluidos del alcance del presente
Acuerdo.

Sin embargo, a los efectos del presente Acuerdo
serán de aplicación las definiciones siguientes:

1. Reglamento técnico

Documento en el que se establecen las
características de un producto o los procesos y métodos de producción
con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones
administrativas aplicables, y cuya observancia es obligatoria. También
puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos,
embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o
método de producción, o tratar exclusivamente de ellas.

Nota explicativa

La definición que figura en la Guía 2 de la I
SO/CEI no es independiente, pues está basada en el sistema denominado de
los “bloques de construcción”.

2. Norma

Documento aprobado por una institución reconocida,
que prevé, para un uso común y repetido, reglas, directrices o
características para los productos o los procesos y métodos de
producción conexos, y cuya observancia no es obligatoria. También puede
incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje,
marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de
producción, o tratar exclusivamente de ellas.

Nota explicativa

Los términos definidos en la Guía 2 de la ISO/CEI
abarcan los productos, procesos y servicios. El presente Acuerdo sólo
trata de los reglamentos técnicos, normas y procedimientos para la
evaluación de la conformidad relacionados con los productos o los
procesos y métodos de producción. Las normas definidas en la Guía 2 de
la ISO/CEI pueden ser obligatorias o de aplicación voluntaria. A los
efectos del presente Acuerdo, las normas se definen como documentos de
aplicación voluntaria, y los reglamentos técnicos, como documentos
obligatorios. Las normas elaboradas por la comunidad internacional de
normalización se basan en el consenso. El presente Acuerdo abarca
asimismo documentos que no están basados en un consenso.

3. Procedimiento para la evaluación de la
conformidad.

Todo procedimiento utilizado, directa o
indirectamente, para determinar que se cumplen las prescripciones
pertinentes de los reglamentos técnicos o normas.

Nota explicativa

Los procedimientos para la evaluación de la
conformidad comprenden, entre otros, los de muestreo, prueba e
inspección; evaluación, verificación y garantía de la conformidad;
registro, acreditación y aprobación, separadamente o en distintas
combinaciones.

4. Institución o sistema internacional

Institución o sistema abierto a las instituciones
competentes de por lo menos todos los Miembros.

5. Institución o sistema regional

Institución o sistema abierto sólo a las
instituciones competentes de algunos de los Miembros.

6. Institución del gobierno central

El gobierno central, sus ministerios o
departamentos y cualquier otra institución sometida al control del
gobierno central en lo que atañe a la actividad de que se trata.

Nota explicativa

En el caso de las Comunidades Europeas son
aplicables las disposiciones que regulan las instituciones de los
gobiernos centrales. Sin embargo, podrán establecerse en las Comunidades
Europeas instituciones regionales o sistemas regionales de evaluación de
la conformidad, en cuyo caso quedarían sujetos a las disposiciones del
presente Acuerdo en materia de instituciones regionales o sistemas
regionales de evaluación de la conformidad.

7. Institución pública local

Poderes públicos distintos del gobierno central
(por ejemplo, de los Estados, provincias, Lander, cantones, municipios,
etc.), sus ministerios o departamentos, o cualquier otra institución
sometida al control de tales poderes en lo que atañe a la actividad de
que se trata.

8. Institución no gubernamental

Institución que no sea del gobierno central ni
institución pública local, con inclusión de cualquier institución no
gubernamental legalmente habilitada para hacer respetar un reglamento
técnico.


ANEXO 2.-
GRUPOS DE EXPERTOS TÉCNICOS


El siguiente procedimiento será de aplicación a los
grupos de expertos técnicos que se establezcan de conformidad con las
disposiciones del artículo 14.

1. Los grupos de expertos técnicos están bajo la
autoridad del grupo especial. Este establecerá el mandato y los detalles
del procedimiento de trabajo de los grupos de expertos técnicos, que le
rendirán informe.

2. Solamente podrán formar parte de los grupos de
expertos técnicos solamente personas profesionalmente acreditadas y con
experiencia en la esfera de que se trate.

3. Los nacionales de los países que sean partes en
la diferencia no podrán ser miembros de un grupo de expertos técnicos
sin el asentimiento conjunto de las partes en la diferencia, salvo en
circunstancias excepcionales en que el grupo especial considere
imposible satisfacer de otro modo la necesidad de conocimientos
científicos especializados. No podrán formar parte de un grupo de
expertos técnicos los funcionarios gubernamentales de las partes en la
diferencia. Los miembros de un grupo de expertos técnicos actuarán a
título personal y no como representantes de un gobierno o de una
organización. Por tanto, ni los gobiernos ni las organizaciones podrán
darles instrucciones con respecto a los asuntos sometidos al grupo de
expertos técnicos.

4. Los grupos de expertos técnicos podrán
dirigirse a cualquier fuente que estimen conveniente para hacer
consultas y recabar información y asesoramiento técnico. Antes de
recabar dicha información o asesoramiento de una fuente sometida a la
jurisdicción de un Miembro, el grupo de expertos lo notificará al
gobierno de ese Miembro. Los Miembros darán una respuesta pronta y
completa a toda solicitud que les dirija un grupo de expertos técnicos
para obtener la información que considere necesaria y pertinente.

5. Las partes en la diferencia tendrán acceso a
toda la información pertinente que se haya facilitado al grupo de
expertos técnicos, a menos que sea de carácter confidencial. La
información confidencial que se proporcione al grupo de expertos
técnicos no será revelada sin la autorización formal del gobierno,
organización o persona que la haya facilitado. Cuando se solicite dicha
información del grupo de expertos técnicos y éste no sea autorizado a
comunicarla, el gobierno, organización o persona que haya facilitado la
información suministrará un resumen no confidencial de ella.

6. El grupo de expertos técnicos presentará un
proyecto de informe a los Miembros interesados para que hagan sus
observaciones, y las tendrá en cuenta, según proceda, en el informe
final, que también se distribuirá a dichos Miembros cuando sea sometido
al grupo especial.


ANEXO 3.-
CODIGO DE BUENA CONDUCTA PARA LA ELABORACION, ADOPCION Y
APLICACION DE NORMAS

Disposiciones generales

A. A los efectos del presente Código, se aplicarán
las definiciones del Anexo 1 del presente Acuerdo.

B. El presente Código está abierto a la aceptación
por todas las instituciones con actividades de normalización del
territorio de los Miembros de la OMC, tanto si se trata de instituciones
del gobierno central como de instituciones públicas locales o
instituciones no gubernamentales; por todas las instituciones regionales
gubernamentales con actividades de normalización, de las que uno o más
miembros sean Miembros de la OMC; y por todas las instituciones
regionales no gubernamentales con actividades de normalización, de las
que uno o más miembros estén situados en el territorio de un Miembro de
la OMC (denominadas en el presente Código colectivamente “instituciones
con actividades de normalización” e individualmente “la institución con
actividades de normalización”).

C. Las instituciones con actividades de
normalización que hayan aceptado o denunciado el presente Código
notificarán este hecho al Centro de Información de la ISO/ CEI en
Ginebra. En la notificación se incluirá el nombre y dirección de la
institución en cuestión y el ámbito de sus actividades actuales y
previstas de normalización. La notificación podrá enviarse bien
directamente al Centro de Información de la ISO/CEI, bien por conducto
de la institución nacional miembro de la ISO/CEI o bien,
preferentemente, por conducto del miembro nacional pertinente o de una
filial internacional de la ISONET, según proceda.


DISPOSICIONES
SUSTANTIVAS

D. En relación con las normas, la institución con
actividades de normalización otorgará a los productos originarios del
territorio de cualquier otro Miembro de la OMC un trato no menos
favorable que el otorgado a los productos similares de origen nacional y
a los productos similares originarios de cualquier otro país.

E. La institución con actividades de normalización
se asegurará de que no se preparen, adopten o apliquen normas que tengan
por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio
internacional.

F. Cuando existan normas internacionales o sea
inminente su formulación definitiva, la institución con actividades de
normalización utilizará esas normas, o sus elementos pertinentes, como
base de las normas que elabore salvo en el caso de que esas normas
internacionales o esos elementos no sean eficaces o apropiados, por
ejemplo, por ofrecer un nivel insuficiente de protección o por factores
climáticos u otros factores geográficos fundamentales, o por problemas
tecnológicos fundamentales.

G. Con el fin de armonizar las normas en el mayor
grado posible, la institución con actividades de normalización
participará plena y adecuadamente, dentro de los límites de sus
recursos, en la elaboración, por las instituciones internacionales con
actividades de normalización competentes, de normas internacionales
referentes a la materia para la que haya adoptado, o prevea adoptar,
normas. La participación de las instituciones con actividades de
normalización existentes en el territorio de un Miembro en una actividad
internacional de normalización determinada deberá tener lugar, siempre
que sea posible, a través de una delegación que represente a todas las
instituciones con actividades de normalización en el territorio que
hayan adoptado, o prevean adoptar, normas para la materia a la que se
refiere la actividad internacional de normalización.

H. La institución con actividades de normalización
existente en el territorio de un Miembro procurará por todos los medios
evitar la duplicación o repetición del trabajo realizado por otras
instituciones con actividades de normalización dentro del territorio
nacional o del trabajo de las instituciones internacionales o regionales
de normalización competentes. Esas instituciones harán también todo lo
posible por lograr un consenso nacional sobre las normas que elaboren.
Asimismo, la institución regional con actividades de normalización
procurará por todos los medios evitar la duplicación o repetición del
trabajo de las instituciones internacionales con actividades de
normalización competentes.

1. En todos los casos en que sea procedente, las
normas basadas en prescripciones para los productos serán definidas por
la institución, con actividades de normalización en función de las
propiedades de uso y empleo de los productos más que en función de su
diseño o de sus características descriptivas.

J. La institución con actividades de normalización
dará a conocer al menos una vez cada seis meses un programa de trabajo
que contenga su nombre y dirección, las normas que esté preparando en
ese momento y las normas que haya adoptado durante el período
precedente. Se entiende que una norma está en proceso de preparación
desde el momento en que se ha adoptado la decisión de elaborarla hasta
que ha sido adoptada. Los títulos de los proyectos específicos de normas
se facilitarán; previa solicitud, en español, francés o inglés. Se dará
a conocer la existencia del programa de trabajo en una publicación
nacional o, en su caso, regional, de actividades de normalización.

Respecto a cada una de las normas, el programa de
trabajo indicará, de conformidad con cualquier regla aplicable de la
ISONET, la clasificación correspondiente a la materia, la etapa en que
se encuentra la elaboración de la norma y las referencias a las normas
internacionales que se hayan podido utilizar como base de la misma. A
más tardar en la fecha en que dé a conocer su programa de trabajo, la
institución con actividades de normalización notificará al Centro de
Información de la ISO/CEI en Ginebra la existencia del mismo.

En la notificación figurarán el nombre y la
dirección de la institución con actividades de normalización, el título
y número de la publicación en que se ha dado a conocer el programa de
trabajo, el período al que éste corresponde y su precio (de haberlo), y
se indicará cómo y dónde se puede obtener. La notificación podrá
enviarse directamente al Centro de Información de la ISO/CEI o,
preferentemente, por conducto del miembro nacional pertinente o de una
filial internacional de la ISONET, según proceda.

K. El miembro nacional de la ISO/CEI procurará por
todos los medios pasar a ser miembro de la ISONET o designar a otra
institución para que pase a ser miembro y adquiera la categoría más
avanzada posible como miembro de la ISON ET. Las demás instituciones con
actividades de normalización procurarán por todos los medios asociarse
con el miembro de la ISONET.

L. Antes de adoptar una norma, la institución con
actividades de normalización concederá, como mínimo, un plazo de 60 días
para que las partes interesadas dentro del territorio de un Miembro de
la OMC puedan presentar observaciones sobre el proyecto de norma. No
obstante, ese plazo podrá reducirse en los casos en que surjan o
amenacen surgir problemas urgentes de seguridad, sanidad o medio
ambiente. A más tardar en la fecha en que comience el período de
presentación de observaciones, la institución con actividades de
normalización dará a conocer mediante un aviso en la publicación a que
se hace referencia en el párrafo J el plazo para la presentación de
observaciones. En dicho aviso se indicará, en la medida de lo posible,
si el proyecto de norma difiere de las normas internacionales
pertinentes.

M. A petición de cualquier parte interesada dentro
del territorio de un Miembro de la OMC, la institución con actividades
de normalización facilitará o hará que se facilite sin demora el texto
del proyecto de norma que ha sometido a la formulación de observaciones:
Podrá cobrarse por este servicio un derecho que será, independientemente
de los gastos reales de envío, el mismo para las partes extranjeras que
para las partes nacionales.

N. En la elaboración ulterior de la norma, la
institución con actividades de normalización tendrá en cuenta las
observaciones que se hayan recibido durante el período de presentación
de observaciones. Previa solicitud, se responderá lo antes posible a las
observaciones recibidas por conducto de las instituciones con
actividades de normalización que hayan aceptado el presente Código de
Buena Conducta. En la respuesta se explicará por qué la norma debe
diferir de las normas internacionales pertinentes.

O. Una vez adoptada, la norma será publicada sin
demora.

P. A petición de cualquier parte interesada dentro
del territorio de un Miembro de la OMC, la institución con actividades
de normalización facilitará o hará que se facilite sin demora un
ejemplar de su programa de trabajo más reciente o de una norma que haya
elaborado. Podrá cobrarse por este servicio un derecho que será,
independientemente de los gastos reales de envío, el mismo para las
partes extranjeras que para las partes nacionales.

Q. La institución con actividades de normalización
examinará con comprensión las representaciones que le hagan las
instituciones con actividades de normalización que hayan aceptado el
presente Código de Buena Conducta en relación con el funcionamiento del
mismo, y se prestará a la celebración de consultas sobre dichas
representaciones. Dicha institución hará un esfuerzo objetivo por
atender cualquier queja.


ACUERDO SOBRE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE
INVERSIONES RELACIONADAS CON EL COMERCIO

Los Miembros,

Considerando que, en la Declaración de Punta del
Este, los Ministros convinieron en que “A continuación de un examen del
funcionamiento de los artículos del Acuerdo General relativos a los
efectos de restricciones y distorsiones del comercio resultantes de las
medidas en materia de inversiones, a través de las negociaciones deberán
elaborarse, según proceda, las disposiciones adicionales que pudieran
ser necesarias para evitar tales efectos negativos sobre el comercio”;

Deseando promover la expansión y la liberalización
progresiva del comercio mundial y facilitar las inversiones a través de
las fronteras internacionales para fomentar el crecimiento económico de
todos los interlocutores comerciales, en particular de los países en
desarrollo Miembros, asegurando al mismo tiempo la libre competencia;

Tomando en consideración las particulares
necesidades comerciales, de desarrollo y financieras de los países en
desarrollo Miembros, especialmente las de los países menos adelantados
Miembros;

Reconociendo que ciertas medidas en materia de
inversiones pueden causar efectos de restricción y distorsión del
comercio;

Convienen en lo siguiente:

ARTÍCULO 1.- AMBITO DE APLICACIÓN.


El presente Acuerdo se aplica únicamente a las
medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio de
mercancías (denominadas en el presente Acuerdo “MIC”).


ARTÍCULO 2.- TRATO
NACIONAL Y RESTRICCIONES CUANTITATIVAS.


1. Sin perjuicio de los demás derechos y
obligaciones dimanantes del GATT de 1994, ningún Miembro aplicará
ninguna MIC que sea incompatible con las disposiciones de los artículos
III u XI del GATT de 1994.

2. En el Anexo del presente Acuerdo figura una
lista ilustrativa de las MIC que son incompatibles con la obligación de
trato nacional, prevista en el párrafo 4 del artículo III del GATT de
1994, y con la obligación de eliminación general de las restricciones
cuantitativas, prevista en el párrafo I del artículo XI del mismo GATT
de 1994.


ARTÍCULO 3.-
EXCEPCIONES.


Todas las excepciones amparadas en el GATT de 1994
serán de aplicación, según proceda, a las disposiciones del presente
Acuerdo.


ARTÍCULO 4.- PAÍSES
EN DESARROLLO MIEMBROS.


Cualquier país en desarrollo Miembro tendrá
libertad para desviarse temporalmente de lo dispuesto en el artículo 2
en la medida y de la manera en que el artículo XVIII del GATT de 1994,
el Entendimiento relativo a las disposiciones del GATT de 1994 en
materia de balanza de pagos y la Declaración sobre las medidas
comerciales adoptadas por motivos de balanza de pagos, tomada el 28 de
noviembre de 1979 (IBDD 26S/223-227), permitan al Miembro de que se
trate desviarse de las disposiciones de los artículos III y XI del mismo
GATT de 1994.


ARTÍCULO 5.-
NOTIFICACIÓN Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS.


1. Dentro de los 90 días
siguientes a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, los
Miembros notificarán al Consejo del Comercio de Mercancías todas las MIC
que tengan en aplicación y que no estén en conformidad con las
disposiciones del presente Acuerdo. Se notificarán dichas MIC, sean de
aplicación general o especifica, con indicación de sus características
principales. (28)

2. Cada Miembro eliminará todas las MIC que haya
notificado en virtud del párrafo 1, en un plazo de dos años contados a
partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC en el
caso de los países desarrollados Miembros, de cinco años en el caso de
los países en desarrollo Miembros y de siete años en el caso de los
países menos adelantados Miembros.

3. El Consejo del Comercio de Mercancías podrá,
previa petición, prorrogar el periodo de transición para la eliminación
de las MIC notificadas en virtud del párrafo 1 en el caso de los países
en desarrollo Miembros, con inclusión de los países menos adelantados
Miembros, que demuestren que tropiezan con particulares dificultades
para la aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo. Al
examinar una petición a tal efecto, el Consejo del Comercio de
Mercancías tomará en consideración las necesidades individuales del
Miembro de que se trate en materia de desarrollo, finanzas y comercio.

4. Durante el período de transición, ningún
Miembro modificará los términos vigentes en la fecha de entrada en vigor
del Acuerdo sobre la OMC de cualquier MIC que haya notificado en virtud
del párrafo 1 de manera que aumente el grado de incompatibilidad de la
medida con las disposiciones del artículo 2. Las disposiciones
transitorias establecidas en el párrafo 2 no ampararán a las MIC
introducidas menos de 180 días antes de la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC.

5. No obstante las disposiciones del artículo 2, y
con objeto de que no queden en desventaja las empresas establecidas que
estén sujetas a una MIC notificada en virtud del párrafo 1, un Miembro
podrá aplicar durante el periodo de transición la misma MIC a una nueva
inversión: i) cuando los productos de dicha inversión sean similares a
los de las empresas establecidas, y ii) cuando ello sea necesario para
evitar la distorsión de las condiciones de competencia entre la nueva
inversión y las empresas establecidas. Se notificará al Consejo del
Comercio de Mercancías toda MIC aplicada de ese modo a una nueva
inversión. Los términos de dicha MIC serán equivalentes, en cuanto a su
efecto sobre la competencia, a los aplicables a las empresas
establecidas, y su vigencia cesará al mismo tiempo.


ARTÍCULO 6.-
TRANSPARENCIA.


1. Los Miembros reafirman, con respecto a las MIC,
su compromiso de cumplir las obligaciones sobre transparencia y
notificación estipuladas en el artículo X del GATT de 1994, en el
compromiso sobre “Notificación” recogido en el Entendimiento relativo a
las notificaciones, las consultas, la solución de diferencias y la
vigilancia adoptado el 28 de noviembre de 1979 y en la Decisión
Ministerial sobre Procedimientos de Notificación adoptada el 15 de abril
de 1994.

2. Cada Miembro notificará a la Secretaría las
publicaciones en que figuren las MIC, incluso las aplicadas por los
gobiernos o autoridades regionales y locales dentro de su territorio.

Cada Miembro examinará con comprensión las
solicitudes de información sobre cualquier cuestión derivada del
presente Acuerdo que plantee otro Miembro y brindará oportunidades
adecuadas para la celebración de consultas al respecto. De conformidad
con el artículo X del GATT de 1994, ningún Miembro estará obligado a
revelar informaciones cuya divulgación pueda constituir un obstáculo
para el cumplimiento de las leyes o ser de otra manera contraria al
interés público o pueda lesionar intereses comerciales legítimos de
empresas públicas o privadas.


ARTÍCULO 7.-
COMITÉ DE MEDIDAS EN MATERIA DE INVERSIONES RELACIONADAS
CON EL COMERCIO.


1. En virtud del presente Acuerdo se establece un
Comité de Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio
(denominado en el presente Acuerdo el “Comité”), del que podrán formar
parte todos los Miembros. El Comité elegirá a su Presidente y a su
Vicepresidente y se reunirá por lo menos una vez al año, así como cuando
lo pida cualquier Miembro.

2. El Comité desempeñará las funciones que le
atribuya el Consejo del Comercio de Mercancías y brindará a los Miembros
la oportunidad de consultarse sobre cualquier cuestión relativa al
funcionamiento y la aplicación del presente Acuerdo.

3. El Comité vigilará el funcionamiento y la
aplicación del presente Acuerdo y rendirá anualmente el correspondiente
informe al Consejo del Comercio de Mercancías.


ARTÍCULO 8.-
CONSULTAS Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS.


Serán aplicables a las consultas y la solución de
diferencias en el marco del presente Acuerdo las disposiciones de los
artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas en
virtud del Entendimiento sobre Solución de Diferencias.


ARTÍCULO 9.- EXAMEN
POR EL CONSEJO DEL COMERCIO DE MERCANCÍAS.


A más tardar cinco años después de la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, el Consejo del Comercio de
Mercancías examinará el funcionamiento del presente Acuerdo y cuando
proceda, propondrá a la Conferencia Ministerial modificaciones de su
texto. En el curso de este examen, el Consejo del Comercio de Mercancías
estudiará si el Acuerdo debe complementarse con disposiciones relativas
a la política en materia de inversiones y competencia.


ANEXO.- LISTA
ILUSTRATIVA

1. Las MIC incompatibles con la obligación de
trato nacional establecida en el párrafo 4 del artículo III del GATT de
1994 comprenden las que sean obligatorias o exigibles en virtud de la
legislación nacional o de resoluciones administrativas, o cuyo
cumplimiento sea necesario para obtener una ventaja, y que prescriban:

a. la compra o la utilización por una empresa de
productos de origen nacional o de fuentes nacionales, ya se especifiquen
en términos de productos determinados, en términos de volumen o valor de
los productos, o como proporción del volumen o del valor de su
producción local; o

b. que las compras o la utilización de productos
de importación por una empresa se limite a una cantidad relacionada con
el volumen o el valor de los productos locales que la empresa exporte.

2. Las MIC incompatibles con la obligación de
eliminación general de las restricciones cuantitativas establecida en el
párrafo 1 del artículo X! del GATT de 1994 comprenden las que sean
obligatorias o exigibles en virtud de la legislación nacional o de
resoluciones administrativas, o cuyo cumplimiento sea necesario para
obtener una ventaja, y que restrinjan:

a) la importación por una empresa de los productos
utilizados en su producción local o relacionados con ésta, en general o
a una cantidad relacionada con el volumen o el valor de la producción
local que la empresa exporte;

b) la importación por una empresa de productos
utilizados en su producción local o relacionados con ésta, limitando el
acceso de la empresa a las divisas, a una cantidad relacionada con las
entradas de divisas atribuibles a esa empresa; o

c) la exportación o la venta para la exportación
de productos por una empresa, ya se especifiquen en términos de
productos determinados, en términos de volumen o valor de los productos
o como proporción del volumen o valor de su producción local.


ACUERDO RELATIVO A LA APLICACION DEL
ARTICULO VI DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE
1994

Los Miembros convienen en lo siguiente:

PARTE I


ARTÍCULO I. PRINCIPIOS.

Sólo se aplicarán medidas
antidumping en las circunstancias previstas en el artículo VI del GATT
de 1994 y en virtud de investigaciones iniciadas  (29)
y realizadas de conformidad con las disposiciones del presente
Acuerdo. Las siguientes disposiciones regirán la aplicación del artículo
VI del GATT de 1994 siempre que se tomen medidas de conformidad con las
leyes o reglamentos antidumping.


ARTÍCULO 2. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA
DE DUMPING.

2.1 A los efectos del presente Acuerdo, se
considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, que se
introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor
normal, cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro
sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones
comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el
país exportador.

2.2 Cuando el producto
similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales
normales en el mercado interno del país exportador o cuando, a causa de
una situación especial del mercado o del bajo volumen de las ventas en
el mercado interno del país exportador (30), tales ventas no
permitan una comparación adecuada, el margen de dumping se determinará
mediante comparación con un precio comparable del producto similar
cuando éste se exporte a un tercer país apropiado, a condición de que
este precio sea representativo, o con el costo de producción en el país
de origen más una cantidad razonable por concepto de gastos
administrativos, de venta y de carácter general así como por concepto de
beneficios.

2.2.1 Las ventas del
producto similar en el mercado interno del país exportador o las ventas
a un tercer país a precios inferiores a los costos unitarios (fijos y
variables) de producción más los gastos administrativos, de venta y de
carácter general podrán considerarse no realizadas en el curso de
operaciones comerciales normales por razones de precio y podrán no
tomarse en cuenta en el cálculo del valor normal únicamente si las
autoridades (31) determinan que esas ventas se han efectuado
durante un periodo prolongado (32) en cantidades (33) sustanciales
y a precios que no permiten recuperar todos los costos dentro de un
plazo razonable. Si los precios inferiores a los costos unitarios en el
momento de la venta son superiores a los costos unitarios medios
ponderados correspondientes al periodo objeto de investigación, se
considerará que esos precios permiten recuperar los costos dentro de un
plazo razonable.

2.2.1.1 A los efectos del
párrafo 2, los costos se calcularán normalmente sobre la base de los
registros que lleve el exportador o productor objeto de investigación,
siempre que tales registros estén en conformidad con los principios de
contabilidad generalmente aceptados del país exportador y reflejen
razonablemente los costos asociados a la producción y venta del producto
considerado. Las autoridades tomarán en consideración todas las pruebas
disponibles de que la imputación de los costos ha sido la adecuada,
incluidas las que presente el exportador o productor en el curso de la
investigación, siempre que esas imputaciones hayan sido utilizadas
tradicionalmente por el exportador o productor, sobre todo en relación
con el establecimiento de períodos de amortización y depreciación
adecuados y deducciones por concepto de gastos de capital y otros costos
de desarrollo. A menos que se reflejen ya en las imputaciones de los
costos a que se refiere este apartado, los costos sé ajustarán
debidamente para tener en cuenta las partidas de gastos no recurrentes
que beneficien a la producción futura y/o actual, o para tener en cuenta
las circunstancias en que los costos correspondientes al periodo objeto
de investigación han resultado afectados por operaciones de puesta en
marcha. (34)

2.2.2 A los efectos del párrafo 2, las cantidades
por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general,
así como por concepto de beneficios, se basarán en datos reales
relacionados con la producción y ventas del producto similar en el curso
de operaciones comerciales normales, realizadas por el exportador o el
productor objeto de investigación. Cuando esas cantidades no puedan
determinarse sobre esta base, podrán determinarse sobre la base de:

i) las cantidades reales gastadas y obtenidas por
el exportador o productor en cuestión en relación con la producción y
las ventas en el mercado interno del país de origen de la misma
categoría general de productos;

ii) la media ponderada de las cantidades reales
gastadas y obtenidas por otros exportadores o productores sometidos a
investigación en relación con la producción y las ventas del producto
similar en el mercado interno del país de origen;

iii) cualquier otro método razonable, siempre que
la cantidad por concepto de beneficios establecida de este modo no
exceda del beneficio obtenido normalmente por otros exportadores o
productores en las ventas de productos de la misma categoría general en
el mercado interno del país de origen.

2.3 Cuando no exista precio de exportación, o
cuando, a juicio de la autoridad competente, el precio de exportación no
sea fiable por existir una asociación o un arreglo compensatorio entre
el exportador y el importador o un tercero, el precio de exportación
podrá reconstruirse sobre la base del precio al que los productos
importados se revendan por vez primera a un comprador independiente o,
si los productos no se revendiesen a un comprador independiente o no lo
fueran en el mismo estado en que se importaron, sobre una base razonable
que la autoridad determine.

2.4. Se realizará una
comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal.
Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el
nivel “ex fábrica”, y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo
más próximas posible. Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso,
según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en
la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las
condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles
comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y
cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que
influyen en la comparabilidad de los precios. (35) En los casos
previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los
gastos, con inclusión de los derechos e impuestos, en que se incurra
entre la importación y la reventa, así como los beneficios
correspondientes. Cuando, en esos casos, haya resultado afectada la
comparabilidad de los precios, las autoridades establecerán el valor
normal en un nivel comercial equivalente al correspondiente al precio de
exportación reconstruido o tendrán debidamente en cuenta los elementos
que el presente párrafo permite tomar en consideración. Las autoridades
indicarán a las partes afectadas qué información se necesita para
garantizar una comparación equitativa y no les impondrán una carga
probatoria que no sea razonable.

2.4.1 Cuando la
comparación con arreglo al párrafo 4 exija una conversión de monedas,
ésta deberá efectuarse utilizando el tipo de cambio de la fecha de venta
(36), con la salvedad de que cuando una venta de divisas en los
mercados a término esté directamente relacionada con la venta de
exportación de que se trate, se utilizará el tipo de cambio de la venta
a término. No se tendrán en cuenta las fluctuaciones de los tipos de
cambio y, en una investigación, las autoridades concederán a los
exportadores un plazo de 60 días, como mínimo, para que ajusten sus
precios de exportación de manera que reflejen movimientos sostenidos de
los tipos de cambio durante el período objeto de investigación.

2.4.2 A reserva de las disposiciones del párrafo 4
que rigen la comparación equitativa, la existencia de márgenes de
dumping durante la etapa de investigación se establecerá normalmente
sobre la base de una comparación entre un promedio ponderado del valor
normal y un promedio ponderado de los precios de todas las transacciones
de exportación comparables o mediante una comparación entre el valor
normal y los precios de exportación transacción por transacción. Un
valor normal establecido sobre la base del promedio ponderado podrá
compararse con los precios de transacciones de exportación individuales
si las autoridades constatan una pauta de precios de exportación
significativamente diferentes según los distintos compradores, regiones
o períodos, y si se presenta una explicación de por qué esas diferencias
no pueden ser tomadas debidamente en cuenta mediante una comparación
entre promedios ponderados o transacción por transacción.

2:5 En caso de que los productos no se importen
directamente del país de origen, sino que se exporten al Miembro
importador desde un tercer país, el precio á que se vendan los productos
desde el país de exportación al Miembro importador se comparará,
normalmente, con el precio comparable en el país de exportación. Sin
embargo, podrá hacerse la comparación con el precio del país de origen
cuando, por ejemplo, los productos transiten simplemente por el país de
exportación, o cuando esos productos no se produzcan o no exista un
precio comparable para ellos en el país de exportación.

2.6 En todo el presente Acuerdo se entenderá que
la expresión “producto similar” (“like product”) significa un producto
que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de
que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto, que,
aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy
parecidas a las del producto considerado.

2.7 El presente artículo se entiende sin perjuicio
de lo establecido en la segunda disposición suplementaria del párrafo 1
del artículo VI del GATT de 1994, contenida en su Anexo 1.


ARTÍCULO 3. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA
DE DAÑOS.
(37)

3.1 La determinación de la existencia de daño a
los efectos del artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas
positivas y comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las
importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios de
productos similares en el mercado interno y b) de la consiguiente
repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales de
tales productos.

3.2 En lo que respecta al volumen de las
importaciones objeto de dumping, la autoridad investigadora tendrá en
cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en términos
absolutos o en relación con la producción o el consumo del Miembro
importador. En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de
dumping sobre los precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta
si ha habido una significativa subvaloración de precios de las
importaciones objeto de dumping en comparación con el precio de un
producto similar del Miembro importador, o bien si el efecto de tales
importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en medida
significativa o impedir en medida significativa la subida que en otro
caso se hubiera producido. Ninguno de estos factores aisladamente ni
varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una
orientación decisiva.

3.3 Cuando las importaciones de un producto
procedentes de más de un país sean objeto simultáneamente de
investigaciones antidumping, la autoridad investigadora sólo podrá
evaluar acumulativamente los efectos de esas importaciones si determina
que a) el margen de dumping establecido en relación con las
importaciones de cada país proveedor es más que de minimis, según la
definición que de ese término figura en el párrafo 8 del artículo 5, y
el volumen de las importaciones procedentes de cada país no es
insignificante y b) procede la evaluación acumulativa de los efectos de
las importaciones a la luz de las condiciones de competencia entre los
productos importados y el producto nacional similar.

3.4 El examen de la repercusión de las
importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional de
que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices
económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de
producción, incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los
beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la
productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la
capacidad; los factores que afecten a los precios internos; la magnitud
del margen de dumping; los efectos negativos reales o potenciales en el
flujo de caja (“cash flow”), las existencias, el empleo, los salarios,
el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión. Esta
enumeración no es exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente
ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una
orientación decisiva.

3.5 Habrá de demostrarse que, por los efectos del
dumping que se mencionan en los párrafos 2 y 4, las importaciones objeto
de dumping causan daño en el sentido del presente Acuerdo. La
demostración de una relación causal entre las importaciones objeto de
dumping y el daño a la rama de producción nacional se basará en un
examen de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las
autoridades. Éstas examinarán también cualesquiera otros factores de que
tengan conocimiento, distintos de las importaciones objeto de dumping,
que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción nacional, y los
daños causados por esos otros factores no se habrán de atribuir a las
importaciones objeto de dumping. Entre los factores que pueden ser
pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las
importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción de la
demanda o variaciones de la estructura del consumo, las prácticas
comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y
la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología y los
resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de
producción nacional.

3.6 El efecto de las importaciones objeto de
dumping se evaluará en relación con la producción nacional del producto
similar cuando los datos disponibles permitan identificarla
separadamente con arreglo a criterios tales como el proceso de
producción, las ventas de los productores y sus beneficios. Si no es
posible efectuar tal identificación separada de esa producción, los
efectos de las importaciones objeto de dumping se evaluarán examinando
la producción del grupo o gama más restringido de productos que incluya
el producto similar y a cuyo respecto pueda proporcionarse la
información necesaria.

3.7 La determinación de la existencia de una
amenaza de daño importante se basará en hechos y no simplemente en
alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. La modificación de las
circunstancias que daría lugar a una situación en la cual el dumping
causaría un daño deberá ser claramente prevista e inminente.(38)
Al llevar a cabo una determinación referente a la existencia de una
amenaza de daño importante, las autoridades deberán considerar, entre
otros, los siguientes factores:

i) una tasa significativa de incremento de las
importaciones objeto de dumping en el mercado interno que indique la
probabilidad de que aumenten sustancialmente las importaciones;

ii) una suficiente capacidad libremente disponible
del exportador o un aumento inminente y sustancial de la misma que
indique la probabilidad de un aumento sustancial de las exportaciones
objeto de dumping al mercado del Miembro importador, teniendo en cuenta
la existencia de otros mercados de exportación que puedan absorber el
posible aumento de las exportaciones;

iii) el hecho de que las importaciones se realicen
a precios que tendrán en los precios internos el efecto de hacerlos
bajar o contener su subida de manera significativa, y que probablemente
hagan aumentar la demanda de nuevas importaciones; y

iv) las existencias del producto objeto de la
investigación.

Ninguno de estos factores por sí solo bastará
necesariamente para obtener una orientación decisiva, pero todos ellos
juntos han de llevar a la conclusión de la inminencia de nuevas
exportaciones a precios de dumping y de que, a menos que se adopten
medidas de protección, se producirá un daño importante.

3.8 Por lo que respecta a los casos en que las
importaciones objeto de dumping amenacen causar un daño, la aplicación
de las medidas antidumping se examinará y decidirá con especial cuidado.


ARTÍCULO 4. DEFINICIÓN DE RAMA DE
PRODUCCIÓN NACIONAL.

A los efectos del presente Acuerdo, la expresión
“rama de producción nacional” se entenderá en el sentido de abarcar el
conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o
aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una
proporción importante de la producción nacional total de dichos
productos. No obstante:

i) cuando unos productores
estén vinculados (39) a los exportadores o a los importadores o
sean ellos mismos importadores del producto objeto del supuesto dumping,
la expresión “rama de producción nacional” podrá interpretarse en el
sentido de referirse al resto de los productores;

ii) en circunstancias excepcionales, el territorio
de un Miembro podrá estar dividido, a los efectos de la producción de
que se trate, en dos o más mercados competidores y los productores de
cada mercado podrán ser considerados como una rama de producción
distinta si: a) los productores de ese mercado venden la totalidad o la
casi totalidad de su producción del producto de que se trate en ese
mercado, y b) en ese mercado la demanda no está cubierta en grado
sustancial por productores del producto de que se trate situados en otro
lugar del territorio. En estas circunstancias, se podrá considerar que
existe daño incluso cuando no resulte perjudicada una porción importante
de la rama de producción nacional total siempre que haya una
concentración de importaciones objeto de dumping en ese mercado aislado
y que, además, las importaciones objeto de dumping causen daño a los
productores de la totalidad o la casi totalidad de la producción en ese
mercado.

4.2 Cuando se haya
interpretado que “rama de producción nacional” se refiere a los
productores de cierta zona, es decir, un mercado según la definición del
párrafo 1, apartado ii), los derechos antidumping sólo se percibirán
(40)
 sobre los productos de que se trate que vayan consignados a
esa zona para consumo final. Cuando el derecho constitucional del
Miembro importador no permita la percepción de derechos antidumping en
estas condiciones, el Miembro importador podrá percibir sin limitación
los derechos antidumping solamente si: a) se ha dado a los exportadores
la oportunidad de dejar de exportar a precios de dumping a la zona de
que se trate o de dar seguridades con arreglo al artículo 8 y no se han
dado prontamente seguridades suficientes a este respecto, y si b) dichos
derechos no se pueden percibir únicamente sobre los productos de
productores determinados que abastezcan la zona en cuestión.

4.3 Cuando dos o más países hayan alcanzado, de
conformidad con las disposiciones del apartado a) del párrafo 8 del
artículo XXIV del GATT de 1994, un grado de integración tal que ofrezcan
las características de un solo mercado unificado, se considerará que la
rama de producción de toda la zona integrada es la rama de producción
nacional a que se refiere el párrafo 1.

4.4 Las disposiciones del párrafo 6 del artículo 3
serán aplicables al presente artículo.


ARTÍCULO 5. INICIACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE
LA INVESTIGACIÓN.

5.1 Salvo en el caso previsto en el párrafo 6, las
investigaciones encaminadas a determinar la existencia, el grado y los
efectos de un supuesto dumping se iniciarán previa solicitud escrita
hecha por la rama de producción nacional o en nombre de ella.

5.2 Con la solicitud a que se hace referencia en
el párrafo 1 se incluirán pruebas de la existencia de: a) dumping; b) un
daño en el sentido del artículo VI del GATT de 1994 según se interpreta
en el presente Acuerdo y c) una relación causal entre las importaciones
objeto de dumping y el supuesto daño. No podrá considerarse que para
cumplir los requisitos fijados en el presente párrafo basta una simple
afirmación no apoyada por las pruebas pertinentes. La solicitud
contendrá la información que razonablemente tenga a su alcance el
solicitante sobre los siguientes puntos:

i) identidad del solicitante y descripción
realizada por el mismo del volumen y valor de la producción nacional del
producto similar. Cuando la solicitud escrita se presente en nombre de
la rama de producción nacional, en ella se identificará la rama de
producción en cuyo nombre se haga la solicitud por medio de una lista de
todos los productores nacionales del producto similar conocidos (o de
las asociaciones de productores nacionales del producto similar) y, en
la medida posible, se facilitará una descripción del volumen y valor de
la producción nacional del producto similar que representen dichos
productores;

ii) una descripción completa del producto
presuntamente objeto de dumping, los nombres del país o países de origen
o exportación de que se trate, la identidad de cada exportador o
productor extranjero conocido y una lista de las personas que se sepa
importan el producto de que se trate;

iii) datos sobre los precios a los que se vende el
producto de que se trate cuando se destina al consumo en los mercados
internos del país o países de origen o de exportación (o, cuando
proceda, datos sobre los precios a los que se venda el producto desde el
país o países de origen o de exportación a un tercer país o a terceros
países, o sobre el valor reconstruido del producto) así como sobre los
precios de exportación o, cuando proceda, sobre los precios a los que el
producto se revenda por primera vez a un comprador independiente en el
territorio del Miembro importador;

iv) datos sobre la evolución del volumen de las
importaciones supuestamente objeto de dumping, el efecto de esas
importaciones en los precios del producto similar en el mercado interno
y la consiguiente repercusión de las importaciones en la rama de
producción nacional, según vengan demostrados por los factores e índices
pertinentes que influyan en el estado de la rama de producción nacional,
tales como los enumerados en los párrafos 2 y 4 del artículo 3.

5.3 Las autoridades examinarán la exactitud y
pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud para determinar
si existen pruebas suficientes que justifiquen la iniciación de una
investigación.

5.4 No se iniciará una
investigación de conformidad con el párrafo 1 si las autoridades no han
determinado, basándose en el examen del grado de apoyo o de oposición a
la solicitud expresado (41) por los productores nacionales del
producto similar, que la solicitud ha sido hecha por o en nombre de la
rama de producción nacional. (42) La solicitud se considerará
hecha “por la rama de producción nacional o en nombre de ella” cuando
esté apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta
represente más del 50 por ciento de la producción total del producto
similar producido por la parte de la rama de producción nacional que
manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud; No obstante, no se
iniciará ninguna investigación cuando los productores nacionales que
apoyen expresamente la solicitud representen menos del 25 por ciento de
la producción total del producto similar producido por la rama de
producción nacional.

5.5 A menos que se haya adoptado la decisión de
iniciar una investigación, las autoridades evitarán toda publicidad
acerca de la solicitud de iniciación de una investigación. No obstante,
después de recibir una solicitud debidamente documentada y antes de
proceder a iniciar la investigación, las autoridades lo notificarán al
gobierno del Miembro exportador interesado.

5.6 Si, en circunstancias especiales, la autoridad
competente decidiera iniciar una investigación sin haber recibido una
solicitud escrita hecha por la rama de producción nacional o en nombre
de ella para que se inicie dicha investigación, sólo la llevará adelante
cuando tenga pruebas suficientes del dumping, del daño y de la relación
causal, conforme a lo indicado en el párrafo 2, que justifiquen la
iniciación de una investigación.

5.7 Las pruebas de la existencia del dumping y del
daño se examinarán simultáneamente: a) en el momento de decidir si se
inicia o no una investigación y b) posteriormente, en el curso de la
investigación, a partir de una fecha que no será posterior al primer día
en que, de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo,
puedan aplicarse medidas provisionales.

5.8 La autoridad competente rechazará la solicitud
presentada con arreglo al párrafo 1 y pondrá fin a la investigación sin
demora en cuanto se haya cerciorado de que no existen pruebas
suficientes del dumping o del daño que justifiquen la continuación del
procedimiento relativo al caso. Cuando la autoridad determine que el
margen de dumping es de minimis, o que el volumen de las importaciones
reales o potenciales objeto de dumping o el daño son insignificantes, se
pondrá inmediatamente fin a la investigación. Se considerará de minimis
el margen de dumping cuando sea inferior al 2 por ciento, expresado como
porcentaje del precio de exportación. Normalmente se considerará
insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping cuando
se establezca que las procedentes de un determinado país representan
menos del 3 por ciento de las importaciones del producto similar en el
Miembro importador, salvo que los países que individualmente representan
menos del 3 por ciento de las importaciones del producto similar en el
Miembro importador representen en conjunto más del 7 por ciento de esas
importaciones.

5.9 El procedimiento antidumping no será obstáculo
para el despacho de aduana.

5.10 Salvo en circunstancias excepcionales, las
investigaciones deberán haber concluido dentro de un año, y en todo caso
en un plazo de 18 meses, contados a partir de su iniciación.


ARTÍCULO 6. PRUEBAS.

6.1 Se dará a todas las partes interesadas en una
investigación antidumping aviso de la información que exijan las
autoridades y amplia oportunidad para presentar por escrito todas las
pruebas que consideren pertinentes por lo que se refiere a la
investigación de que se trate.

6.1.1 Se dará a los
exportadores o a los productores extranjeros a quienes se envíen los
cuestionarios utilizados en una investigación antidumpingun plazo de 30
días como mínimo para la respuesta.(43) Se deberá atender
debidamente toda solicitud de prórroga del plazo de 30 días y, sobre la,
base de la justificación aducida, deberá concederse dicha prórroga cada
vez que sea factible.

6.1.2 A reserva de lo prescrito en cuanto a la
protección de la información de carácter confidencial, las pruebas
presentadas por escrito por una parte interesada se pondrán
inmediatamente a disposición de las demás partes interesadas que
intervengan en la investigación.

6.1.3 Tan pronto como se
haya iniciado la investigación, las autoridades facilitarán a los
exportadores que conozcan  (44) y a las autoridades del
país exportador el texto completo de la solicitud escrita presentada de
conformidad con el párrafo I del artículo 5 y lo pondrán a disposición
de las otras partes interesadas intervinientes que lo soliciten. Se
tendrá debidamente en cuenta lo prescrito en cuanto a la protección de
la información confidencial, de conformidad con las disposiciones del
párrafo 5.

6.2 Durante toda la investigación antidumping,
todas las partes interesadas tendrán plena oportunidad de defender sus
intereses. A este fin, las autoridades darán a todas las partes
interesadas, previa solicitud, la oportunidad de reunirse con aquellas
partes que tengan intereses contrarios para que puedan exponerse tesis
opuestas y argumentos refutatorios. Al proporcionar esa oportunidad, se
habrán de tener en cuenta la necesidad de salvaguardar el carácter
confidencial de la información y la conveniencia de las partes. Ninguna
parte estará obligada a asistir a una reunión, y su ausencia no irá en
detrimento de su causa. Las partes interesadas tendrán también derecho,
previa justificación, a presentar otras informaciones oralmente.

6.3 Las autoridades sólo tendrán en cuenta la
información que se facilite oralmente a los efectos del párrafo 2 si a
continuación ésta se reproduce por escrito y se pone a disposición de
las demás partes interesadas, conforme a lo establecido en el apartado
1.2.

6.4 Las autoridades, siempre que sea factible,
darán a su debido tiempo a todas las partes interesadas la oportunidad
de examinar toda la información pertinente para la presentación de sus
argumentos que no sea confidencial conforme a los términos del párrafo 5
y que dichas autoridades utilicen en la investigación antidumping, y de
preparar su alegato sobre la base de esa información.

6.5 Toda información que,
por su naturaleza, sea confidencial (por ejemplo, porque su divulgación
implicaría una ventaja significativa para un competidor o tendría un
efecto significativamente desfavorable para la persona que proporcione
la información o para un tercero del que la haya recibido) o que las
partes en una investigación antidumping faciliten con carácter
confidencial será, previa justificación suficiente al respecto, tratada
como tal por las autoridades. Dicha información no será revelada sin
autorización expresa de la parte que la haya, facilitado. (45)

6.5.1 Las autoridades exigirán a las partes
interesadas que faciliten información confidencial que suministren
resúmenes no confidenciales de la misma. Tales resúmenes serán lo
suficientemente detallados para permitir una comprensión razonable del
contenido sustancial de la información facilitada con carácter
confidencial. En circunstancias excepcionales, esas partes podrán
señalar que dicha información no puede ser resumida. En tales
circunstancias excepcionales, deberán exponer las razones por las que no
es posible resumirla.

6.5.2 Si las autoridades
concluyen que una petición de que se considere confidencial una
información no está justificada, y si la persona que la haya
proporcionado no quiere hacerla pública ni autorizar su divulgación en
términos generales o resumidos, las autoridades podrán no tener en
cuenta esa información, a menos que se les demuestre de manera
convincente, de fuente apropiada, que la información es correcta.
(46)

6.6 Salvo en las circunstancias previstas en el
párrafo 8, las autoridades, en el curso de la investigación, se
cerciorarán de la exactitud de la información presentada por las partes
interesadas en la que basen sus conclusiones.

6.7 Con el fin de verificar la información
recibida, o de obtener más detalles, las autoridades podrán realizar
investigaciones en el territorio de otros Miembros según sea necesario,
siempre que obtengan la conformidad de las empresas interesadas y que lo
notifiquen a los representantes del gobierno del Miembro de que se
trate, y a condición de que este Miembro no se oponga a la
investigación. En las investigaciones realizadas en el territorio de
otros Miembros se seguirá el procedimiento descrito en el Anexo 1. A
reserva de lo prescrito en cuanto a la protección de la información
confidencial, las autoridades pondrán los resultados de esas
investigaciones a disposición de las empresas a las que se refieran, o
les facilitarán información sobre ellos de conformidad con el párrafo 9,
y podrán ponerlos a disposición de los solicitantes.

6.8 En los casos en que una parte interesada
niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite dentro de
un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación,
podrán formularse determinaciones preliminares o definitivas, positivas
o negativas, sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento.
Al aplicar el presente párrafo se observará lo dispuesto en el Anexo
II..

6.9 Antes de formular una determinación
definitiva, las autoridades informarán a todas las partes interesadas de
los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión
de aplicar o no medidas definitivas. Esa información deberá facilitarse
a las partes con tiempo suficiente para que puedan defender sus
intereses.

6.10 Por regla general, las autoridades
determinarán el margen de dumping que corresponda a cada exportador o
productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga
conocimiento. En los casos en que el número de exportadores,
productores, importadores o tipos de productos sea tan grande que
resulte imposible efectuar esa determinación, las autoridades podrán
limitar su examen a un número prudencial de partes interesadas o de
productos, utilizando muestras que sean estadísticamente válidas sobre
la base de la información de que dispongan en el momento de la
selección, o al mayor porcentaje del volumen de las exportaciones del
país en cuestión que pueda razonablemente investigarse.

6.10.1 Cualquier selección de exportadores,
productores, importadores o tipos de productos con arreglo al presente
párrafo se hará de preferencia en consulta con los exportadores,
productores o importadores de que se trate y con su consentimiento.

6.10.2 En los casos en que hayan limitado su
examen de conformidad con lo dispuesto en el presente párrafo, las
autoridades determinarán, no obstante, el margen de dumping
correspondiente a todo exportador o productor no seleccionado
inicialmente que presente la información necesaria a tiempo para que sea
considerada en el curso de la investigación, salvo que el número de
exportadores o productores sea tan grande que los exámenes individuales
resulten excesivamente gravosos para las autoridades e impidan concluir
oportunamente la investigación. No se pondrán trabas a la presentación
de respuestas voluntarias.

6.11 A los efectos del presente Acuerdo, se
considerarán “partes interesadas”:

i) los exportadores, los productores extranjeros o
los importadores de un producto objeto de investigación, o las
asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en las que la
mayoría de los miembros sean productores, exportadores o importadores de
ese producto;

ii) el gobierno del Miembro exportador; y

iii) los productores del producto similar en el
Miembro importador o las asociaciones mercantiles, gremiales o
empresariales en las que la mayoría de los miembros sean productores del
producto similar en el territorio del Miembro importador.

Esta enumeración no impedirá que los Miembros
permitan la inclusión como partes interesadas de partes nacionales o
extranjeras distintas de las indicadas supra.

6.12 Las autoridades darán a los usuarios
industriales del producto objeto de investigación, y a las
organizaciones de consumidores representativas en los casos en los que
el producto se venda normalmente al por menor, la oportunidad de
facilitar cualquier información que sea pertinente para la investigación
en relación con el dumping, el daño y la relación de causalidad entre
uno y otro.

6.13 Las autoridades tendrán debidamente en cuenta
las dificultades con que puedan tropezar las partes interesadas, en
particular las pequeñas empresas, para facilitar la información
solicitada y les prestarán toda la asistencia factible.

6.14 El procedimiento establecido supra no tiene
por objeto impedir a las autoridades de ningún Miembro proceder con
prontitud a la iniciación de una investigación o a la formulación de
determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, ni
impedirles aplicar medidas provisionales o definitivas, de conformidad
con las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo.


ARTÍCULO 7. MEDIDAS PROVISIONALES.

7.1 Sólo podrán aplicarse medidas provisionales
si:

i) se ha iniciado una investigación de conformidad
con las disposiciones del artículo 5, se ha dado un aviso público a tal
efecto y se han dado a las partes interesadas oportunidades adecuadas de
presentar información y hacer observaciones;

ii) se ha llegado a una determinación preliminar
positiva de la existencia de dumping y del consiguiente daño a una rama
de producción nacional; y

iii) la autoridad competente juzga que tales
medidas son necesarias para impedir que se cause daño durante la
investigación.

7.2 Las medidas provisionales podrán tomar la
forma de un derecho provisional o, preferentemente, una garantía
mediante depósito en efectivo o fianza igual a la cuantía
provisionalmente estimada del derecho antidumping, que no podrá exceder
del margen de dumping provisionalmente estimado. La suspensión de la
valoración en aduana será una medida provisional adecuada, siempre que
se indiquen el derecho normal y la cuantía estimada del derecho
antidumping y que la suspensión de la valoración se someta a las mismas
condiciones que las demás medidas provisionales.

7.3 No se aplicarán medidas provisionales antes de
transcurridos 60 días desde la techa de iniciación de la investigación.

7.4 Las medidas provisionales se aplicarán por el
período más breve posible, que no podrá exceder de cuatro meses, o, por
decisión de la autoridad competente, a petición de exportadores que
representen un porcentaje significativo del comercio de que se trate,
por un periodo que no excederá de seis meses. Cuando las autoridades, en
el curso de una investigación, examinen si bastaría un derecho interior
al margen de dumping para eliminar el daño, esos períodos podrán ser de
seis y nueve meses respectivamente.

7.5 En la aplicación de medidas provisionales se
seguirán las disposiciones pertinentes del artículo 9.


ARTÍCULO 8. COMPROMISOS RELATIVOS A LOS
PRECIOS.

Se podrán (47) suspender o dar por
terminados los procedimientos sin imposición de medidas provisionales o
derechos antidumping si el exportador comunica que asume voluntariamente
compromisos satisfactorios de revisar sus precios o de poner fin a las
exportaciones a la zona en cuestión a precios de dumping, de modo que
las autoridades queden convencidas de que se elimina el efecto
perjudicial del dumping. Los aumentos de precios estipulados en dichos
compromisos no serán superiores a lo necesario para compensar el margen
de dumping. Es deseable que los aumentos de precios sean interiores al
margen de dumping si así bastan para eliminar el daño a la rama de
producción nacional.

8.2 No se recabarán ni se aceptarán de los
exportadores compromisos en materia de precios excepto en el caso de que
las autoridades del Miembro importador hayan formulado una determinación
preliminar positiva de la existencia de dumping y de daño causado por
ese dumping.

8.3 No será necesario aceptar los compromisos
ofrecidos si las autoridades consideran que no sería realista tal
aceptación, por ejemplo, porque el número de los exportadores reales o
potenciales sea demasiado grande, o por otros motivos, entre ellos
motivos de política general. En tal caso, y siempre que sea factible,
las autoridades expondrán al exportador los motivos que las hayan
inducido a considerar inadecuada la aceptación de un compromiso y, en la
medida de lo posible, darán al exportador la oportunidad de formular
observaciones al respecto.

8.4 Aunque se acepte un compromiso, la
investigación de la existencia de dumping y daño se llevará a término
cuando así lo desee el exportador o así lo decidan las autoridades. En
tal caso, si se formula una determinación negativa de la existencia de
dumping o de daño, el compromiso quedará extinguido automáticamente,
salvo en los casos en que dicha determinación se base en gran medida en
la existencia de un compromiso en materia de precios. En tales casos,
las autoridades podrán exigir que se mantenga el compromiso durante un
período prudencial conforme a las disposiciones del presente Acuerdo. En
caso de que se formule una determinación positiva de la existencia de
dumping y de daño, el compromiso se mantendrá conforme a sus términos y
a las disposiciones del presente Acuerdo.

8.5 Las autoridades del Miembro importador podrán
sugerir compromisos en materia de precios, pero no se obligará a ningún
exportador a aceptarlos. El hecho de que un exportador no ofrezca tales
compromisos o no acepte la invitación a hacerlo no prejuzgará en modo
alguno el examen del asunto. Sin embargo, las autoridades tendrán la
libertad de determinar que es más probable que una amenaza de daño
llegue a materializarse si continúan las importaciones objeto de
dumping.

8.6 Las autoridades de un Miembro importador
podrán pedir a cualquier exportador del que se haya aceptado un
compromiso que suministre periódicamente información relativa al
cumplimiento de tal compromiso y que permita la verificación de los
datos pertinentes. En caso de incumplimiento de un compromiso, las
autoridades del Miembro importador podrán, en virtud del presente
Acuerdo y de conformidad con lo estipulado en él, adoptar con prontitud
disposiciones que podrán consistir en la aplicación inmediata de medidas
provisionales sobre la base de la mejor información disponible. En tales
casos podrán percibirse derechos definitivos al amparo del presente
Acuerdo sobre los productos declarados a consumo 90 días como máximo
antes de la aplicación de tales medidas provisionales, con la salvedad
de que esa retroactividad no será aplicable a las importaciones
declaradas antes del incumplimiento del compromiso.


ARTÍCULO 9. ESTABLECIMIENTO Y PERCEPCIÓN DE
DERECHOS ANTIDUMPING
.

9.1 La decisión de establecer o no un derecho
antidumping en los casos en que se han cumplido todos los requisitos
para su establecimiento, y la decisión de fijar la cuantía del derecho
antidumping en un nivel igual o inferior a la totalidad del margen de
dumping, habrán de adoptarlas las autoridades del Miembro importador. Es
deseable que el establecimiento del derecho sea facultativo en el
territorio de todos los Miembros y que el derecho sea inferior al margen
si ese derecho interior basta para eliminar el daño a la rama de
producción nacional.

9.2 Cuando se haya establecido un derecho
antidumping con respecto a un producto, ese derecho se percibirá en la
cuantía apropiada en cada caso y sin discriminación sobre las
importaciones de ese producto, cualquiera que sea su procedencia,
declaradas objeto de dumping y causantes de daño, a excepción de las
importaciones procedentes de fuentes de las que se hayan aceptado
compromisos en materia de precios en virtud de lo establecido en el
presente Acuerdo. Las autoridades designarán al proveedor o proveedores
del producto de que se trate. Sin embargo, si estuviesen implicados
varios proveedores pertenecientes a un mismo país y resultase imposible
en la práctica designar a todos ellos, las autoridades podrán designar
al país proveedor de que se trate. Si estuviesen implicados varios
proveedores pertenecientes a más de un país, las autoridades podrán
designar a todos los proveedores implicados o, en caso de que esto sea
impracticable, todos los países proveedores implicados.

9.3 La cuantía del derecho antidumping no excederá
del margen de dumping establecido de conformidad con el artículo 2.

9.3.1 Cuando la cuantía
del derecho antidumping se fije de forma retrospectiva, la determinación
de la cantidad definitiva que deba satisfacerse en concepto de derechos
antidumping se efectuará lo antes posible, normalmente en un plazo de 12
meses, y en ningún caso de más de 18 meses, a contar de la techa en que
se haya formulado una petición de fijación definitiva de la cuantía del
derecho antidumping. (48) Toda devolución se hará con prontitud
y normalmente no más de 90 días después de la determinación, de
conformidad con el presente apartado, de la cantidad definitiva que deba
satisfacerse. En cualquier caso, cuando no se haya hecho la devolución
en un plazo de 90 días, las autoridades darán una explicación a
instancia de parte.

9.3.2 Cuando la cuantía del derecho antidumping se
fije de forma prospectiva, se preverá la pronta devolución, previa
petición, de todo derecho pagado en exceso del margen de dumping. La
devolución del derecho pagado en exceso del margen real de dumping se
efectuará normalmente en un plazo de 12 meses, y en ningún caso de más
de 18 meses, a contar de la techa en que el importador del producto
sometido al derecho antidumping haya presentado una petición de
devolución debidamente apoyada por pruebas. Normalmente la devolución
autorizada se hará en un plazo de 90 días contados a partir de la
decisión a que se hace referencia supra.

9.3.3 Cuando el precio de exportación se
reconstruya de conformidad con las disposiciones del párrafo 3 del
artículo 2, al determinar si se debe hacer una devolución, y el alcance
de ésta, las autoridades deberán tener en cuenta los cambios que se
hayan producido en el valor normal o en los gastos habidos entre la
importación y la reventa y los movimientos del precio de reventa que se
hayan reflejado debidamente en los precios de venta posteriores, y
deberán calcular el precio de exportación sin deducir la cuantía de los
derechos antidumping si se aportan pruebas concluyentes de lo anterior.

9.4 Cuando las autoridades hayan limitado su
examen de conformidad con la segunda frase del párrafo 10 del artículo
6, los derechos que se apliquen a las importaciones procedentes de
exportadores o productores no abarcados por el examen no serán
superiores:

i) al promedio ponderado del margen de dumping
establecido con respecto a los exportadores o productores seleccionados,
o

ii) cuando las cantidades que deban satisfacerse
en concepto de derechos antidumping se calculen sobre la base del valor
normal prospectivo, a la diferencia entre el promedio ponderado del
valor normal correspondiente a los exportadores o productores
seleccionados y los precios de exportación de los exportadores o
productores que no hayan sido examinados individualmente, con la
salvedad de que las autoridades no tomarán en cuenta a los efectos del
presente párrafo los márgenes nulos y de minimis ni los márgenes
establecidos en las circunstancias a que hace referencia el párrafo 8
del artículo 6. Las autoridades aplicarán derechos o valores normales
individuales a las importaciones procedentes de los exportadores o
productores no incluidos en el examen y que hayan proporcionado la
información necesaria en el curso de la investigación, de conformidad
con lo previsto en el apartado 10.2 del artículo 6.

9.5 Si un producto es objeto de derechos
antidumping en un Miembro importador, las autoridades llevarán a cabo
con prontitud un examen para determinar los márgenes individuales de
dumping que puedan corresponder a los exportadores, o productores del
país exportador en cuestión que no hayan exportado ese producto al
Miembro importador durante el período objeto de investigación, a
condición de que dichos exportadores o productores puedan demostrar que
no están vinculados a ninguno de los exportadores o productores del país
exportador que son objeto de derechos antidumping sobre el producto. Ese
examen se iniciará y realizará de forma acelerada en comparación con los
procedimientos normales de fijación de derechos y de examen en el
Miembro importador. Mientras se esté procediendo al examen no se
percibirán derechos antidumping sobre las importaciones procedentes de
esos exportadores o productores. No obstante, las autoridades podrán
suspender la valoración en aduana y/ o solicitar garantías para
asegurarse de que, si ese examen condujera a una determinación de
existencia de dumping con respecto a tales productores o exportadores,
podrán percibirse derechos antidumping con efecto retroactivo desde la
techa de iniciación del examen.


ARTÍCULO 10. RETROACTIVIDAD.

10.1 Sólo se aplicarán medidas provisionales o
derechos antidumping a los productos que se declaren a consumo después
de la fecha en que entre en vigor la decisión adoptada de conformidad
con el párrafo 1 del artículo 7 o el párrafo 1 del artículo 9,
respectivamente, con las excepciones que se indican en el presente
artículo.

10.2 Cuando se formule una determinación
definitiva de la existencia de daño (pero no de amenaza de daño o de
retraso importante en la creación de una rama de producción) o, en caso
de formularse una determinación definitiva de la existencia de amenaza
de daño, cuando el efecto de las importaciones objeto de dumping sea tal
que, de no haberse aplicado medidas provisionales, hubiera dado lugar a
una determinación de la existencia de daño, se podrán percibir
retroactivamente derechos antidumping por el período en que se hayan
aplicado medidas provisionales.

10.3 Si el derecho antidumping definitivo es
superior al derecho provisional pagado o por pagar, o a la cantidad
estimada a efectos de la garantía, no se exigirá la diferencia. Si el
derecho definitivo es interior al derecho provisional pagado o por
pagar, o a la cuantía estimada a efectos de la garantía, se devolverá la
diferencia o se calculará de nuevo el derecho, según sea el caso.

10.4 A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2,
cuando se formule una determinación de la existencia de amenaza de daño
o retraso importante (sin que se haya producido todavía el daño) sólo se
podrá establecer un derecho antidumping definitivo a partir de la techa
de la determinación de existencia de amenaza de daño o retraso
importante y se procederá con prontitud a restituir todo depósito en
efectivo hecho durante el período de aplicación de las medidas
provisionales y a liberar toda fianza prestada.

10.5 Cuando la determinación definitiva sea
negativa, se procederá con prontitud a restituir todo depósito en
efectivo hecho durante el período de aplicación de las medidas
provisionales y a liberar toda fianza prestada.

10.6 Podrá percibirse un derecho antidumping
definitivo sobre los productos que se hayan declarado a consumo 90 días
como máximo antes de la techa de aplicación de las medidas provisionales
cuando, en relación con el producto objeto de dumping considerado, las
autoridades determinen:

i) que hay antecedentes de dumping causante de
daño, o que el importador sabía o debía haber sabido que el exportador
practicaba el dumping y que éste causaría daño, y

ii) que el daño se debe a importaciones masivas de
un producto objeto de dumping, efectuadas en un lapso de tiempo
relativamente corto que, habida cuenta del momento en que se han
efectuado las importaciones objeto de dumping, su volumen y otras
circunstancias (tales como una rápida acumulación de existencias del
producto importado), es probable socaven gravemente el efecto reparador
del derecho antidumping definitivo que deba aplicarse, a condición de
que se haya dado a los importadores interesados la oportunidad de
formular observaciones.

10.7 Tras el inicio de una investigación, las
autoridades podrán adoptar las medidas que puedan ser necesarias, como
la suspensión de la valoración en aduana o de la liquidación de los
derechos, para percibir retroactivamente derechos antidumping según lo
previsto en el párrafo 6, una vez que dispongan de pruebas suficientes
de que se cumplen las condiciones establecidas en dichos párrafos.

10.8 No se percibirán retroactivamente derechos de
conformidad con el párrafo 6 sobre los productos declarados a consumo
antes de la fecha de iniciación de la investigación.


ARTÍCULO 11. DURACIÓN Y EXAMEN DE LOS
DERECHO ANTIDUMPING Y DE LOS COMPROMISOS RELATIVOS A LOS PRECIOS.

11.1 Un derecho antidumping sólo permanecerá en
vigor durante el tiempo y en la medida necesarios para contrarrestar el
dumping que esté causando daño.

11.2 Cuando ello esté
justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el
derecho, por propia iniciativa o, siempre que haya transcurrido un
período prudencial desde el establecimiento del derecho antidumping
definitivo, a petición de cualquier parte interesada que presente
informaciones positivas probatorias de la necesidad del examen. (49) Las
partes interesadas tendrán derecho a pedir a las autoridades que
examinen si es necesario mantener el derecho para neutralizar el
dumping, si sería probable que el daño siguiera produciéndose o volviera
a producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o modificado, o
ambos aspectos. En caso de que, a consecuencia de un examen realizado de
conformidad con el presente párrafo, las autoridades determinen que el
derecho antidumping no está ya justificado, deberá suprimirse
inmediatamente.

11.3 No obstante lo
dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo
será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde
la techa de su imposición (o desde la techa del último examen, realizado
de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el
dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente
párrafo), salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes de esa
techa por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente
fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con
una antelación prudencial a dicha techa, determinen que la supresión del
derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del
dumping. (50) El derecho podrá seguir aplicándose a la espera
del resultado del examen.

11.4 Las disposiciones del artículo 6 sobre
pruebas y procedimiento serán aplicables a los exámenes realizados de
conformidad con el presente artículo. Dichos exámenes se realizarán
rápidamente, y normalmente se terminarán dentro de los 12 meses
siguientes a la techa de su iniciación.

11.5 Las disposiciones del presente artículo serán
aplicables mutatis mutandis a los compromisos en materia de precios
aceptados de conformidad con el artículo 8.


ARTÍCULO 12. AVISO PÚBLICO Y EXPLICACIÓN DE
LAS DETERMINACIONES.

12.1 Cuando las autoridades se hayan cerciorado de
que existen pruebas suficientes para justificar la iniciación de una
investigación antidumping con arreglo al artículo 5, lo notificarán al
Miembro o Miembros cuyos productos vayan a ser objeto de tal
investigación y a las demás partes interesadas de cuyo interés tenga
conocimiento la autoridad investigadora, y se dará el aviso público
correspondiente.

12.1.1 En los avisos
públicos de iniciación de una investigación figurará, o se hará constar
de otro modo mediante un informe separado (51), la debida
información sobre lo siguiente:

i) el nombre del país o países exportadores y el
producto de que se trate;

ii) la fecha de iniciación de la investigación;

iii) la base de la alegación de dumping formulada
en la solicitud;

iv) un resumen de los factores en los que se basa
la alegación de daño;

v) la dirección a la cual han de dirigirse las
representaciones formuladas por las partes interesadas;

vi) los plazos que se den a las partes interesadas
para dar a conocer sus opiniones.

12.2 Se dará aviso público de todas las
determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, de
toda decisión de aceptar un compromiso en aplicación del artículo 8, de
la terminación de tal compromiso y de la terminación de un derecho
antidumping definitivo. En cada uno de esos avisos figurarán, o se harán
constar de otro modo mediante un informe separado, con suficiente
detalle las constataciones y conclusiones a que se haya llegado sobre
todas las cuestiones de hecho y de derecho que la autoridad
investigadora considere pertinentes. Todos esos avisos e informes se
enviarán al Miembro o Miembros cuyos productos sean objeto de la
determinación o compromiso de que se trate, así como a las demás partes
interesadas de cuyo interés se tenga conocimiento.

12.2.1 En los avisos públicos de imposición de
medidas provisionales figurarán, o se harán constar de otro modo
mediante un informe separado, explicaciones suficientemente detalladas
de las determinaciones preliminares de la existencia de dumping y de
daño y se hará referencia a las cuestiones de hecho y de derecho en que
se base la aceptación o el rechazo de los argumentos. En dichos avisos o
informes, teniendo debidamente en cuenta lo prescrito en cuanto a la
protección de la información confidencial, se indicará en particular:

i) los nombres de los proveedores, o, cuando esto
no sea factible, de los países abastecedores de que se trate;

ii) una descripción del producto que sea
suficiente a efectos aduaneros;

iii) los márgenes de dumping establecidos y una
explicación completa de las razones que justifican la metodología
utilizada en la determinación y comparación del precio de exportación y
el valor normal con arreglo al artículo 2;

iv) las consideraciones relacionadas con la
determinación de la existencia de daño según se establece en el artículo
3;

v) las principales razones en que se base la
determinación.

12.2.2 En los avisos públicos de conclusión o
suspensión de una investigación en la cual se haya llegado a una
determinación positiva que prevea la imposición de un derecho definitivo
o la aceptación de un compromiso en materia de precios, figurará, o se
hará constar de otro modo mediante un informe separado, toda la
información pertinente sobre las cuestiones de hecho y de derecho y las
razones que hayan llevado a la imposición de medidas definitivas o a la
aceptación de compromisos en materia de precios, teniendo debidamente en
cuenta lo prescrito en cuanto a la protección de la información
confidencial. En el aviso o informe figurará en particular la
información indicada en el apartado 2.1, así como los motivos de la
aceptación o rechazo de los argumentos o alegaciones pertinentes de los
exportadores e importadores, y la base de toda decisión adoptada en
virtud del apartado 10.2 del artículo 6.

12.2.3 En los avisos públicos de terminación o
suspensión de una investigación a raíz de la aceptación de un compromiso
conforme a lo previsto en el artículo 8, figurará, o se hará constar de
otro modo mediante un informe separado, la parte no confidencial del
compromiso.

12.3 Las disposiciones del presente artículo se
aplicarán mutatis mutandis a la iniciación y terminación de los exámenes
previstos en el artículo 11 y a las decisiones de aplicación de derechos
con efecto retroactivo previstas en el artículo 10.


ARTÍCULO 13. REVISIÓN JUDICIAL.

Cada Miembro en cuya legislación nacional existan
disposiciones sobre medidas antidumping mantendrá tribunales o
procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados,
entre otros fines, a la pronta revisión de las medidas administrativas
vinculadas a las determinaciones definitivas y a los exámenes de las
determinaciones en el sentido del artículo 11. Dichos tribunales o
procedimientos serán independientes de las autoridades encargadas de la
determinación o examen de que se trate.


ARTÍCULO 14. MEDIDAS ANTIDUMPING A FAVOR DE
UN TERCER PAÍS.

14.1 La solicitud de que se adopten medidas
antidumping a favor de un tercer país habrán de presentarla las
autoridades del tercer país que solicite la adopción de esas medidas.

14.2 Tal solicitud habrá de ir apoyada con datos
sobre los precios que muestren que las importaciones son objeto de
dumping y con información detallada que muestre que el supuesto dumping
causa daño a la rama de producción nacional de que se trate del tercer
país. El gobierno del tercer país prestará todo su concurso a las
autoridades del país importador para obtener cualquier información
complementaria que aquéllas puedan necesitar.

14.3 Las autoridades del país importador, cuando
examinen una solicitud de este tipo, considerarán los efectos del
supuesto dumping en el conjunto de la rama de producción de que se trate
del tercer país; es decir, que el daño no se evaluará en relación
solamente con el efecto del supuesto dumping en las exportaciones de la
rama de producción de que se trate al país importador ni incluso en las
exportaciones totales de esta rama de producción.

14.4 La decisión de dar o no dar curso a la
solicitud corresponderá al país importador. Si éste decide que está
dispuesto a adoptar medidas, le corresponderá tomar la iniciativa de
dirigirse al Consejo del Comercio de Mercancías para pedir su
aprobación.


ARTÍCULO 15. PAÍSES EN DESARROLLO MIEMBROS.

Se reconoce que los países desarrollados Miembros
deberán tener particularmente en cuenta la especial situación de los
países en desarrollo, Miembros cuando contemplen la aplicación de
medidas antidumping en virtud del presente Acuerdo. Antes de la
aplicación de derechos antidumping se explorarán las posibilidades de
hacer uso de las soluciones constructivas previstas por este Acuerdo
cuando dichos derechos puedan afectar a los intereses fundamentales de
los países en desarrollo Miembros.

PARTE II

 

ARTÍCULO 16.
COMITÉ DE PRÁCTICAS ANTIDUMPING.

16.1 En virtud del presente Acuerdo se establece
un Comité de Prácticas Antidumping (denominado en este Acuerdo el
“Comité”) compuesto de representantes de cada uno de los Miembros. El
Comité elegirá a su Presidente y se reunirá por lo menos dos veces al
año y siempre que lo solicite un Miembro según lo previsto en las
disposiciones pertinentes del presente Acuerdo. El Comité desempeñará
las funciones que le sean atribuidas en virtud del presente Acuerdo o
por los Miembros, y dará a éstos la oportunidad de celebrar consultas
sobre cualquier cuestión relacionada con el funcionamiento del Acuerdo o
la consecución de sus objetivos. Los servicios de secretaría del Comité
serán prestados por la Secretaría de la OMC.

16.2 El Comité podrá establecer los órganos
auxiliares apropiados.

16.3 En el desempeño de sus funciones, el Comité y
los órganos auxiliares podrán consultar a cualquier fuente que
consideren conveniente y recabar información de ésta. Sin embargo, antes
de recabar información de una fuente que se encuentre bajo la
jurisdicción de un Miembro, el Comité o, en su caso, el órgano auxiliar
lo comunicará al Miembro interesado. Habrá de obtener el consentimiento
del Miembro y de toda empresa que haya de consultar.

16.4 Los Miembros informarán sin demora al Comité
de todas las medidas antidumping que adopten, ya sean preliminares o
definitivas. Esos informes estarán a disposición en la Secretaría para
que puedan examinarlos los demás Miembros. Los Miembros presentarán
también informes semestrales sobre todas las medidas antidumping que
hayan tomado durante los seis meses precedentes. Los informes
semestrales se presentarán con arreglo a un modelo uniforme convenido.

16.5 Cada Miembro notificará al Comité: a) cuál es
en él la autoridad competente para iniciar y llevar a cabo las
investigaciones a que se refiere el artículo 5 y b) los procedimientos
internos que en él rigen la iniciación y desarrollo de dichas
investigaciones.


ARTÍCULO 17. CONSULTAS Y SOLUCIÓN DE
DIFERENCIAS.

17.1 Salvo disposición en contrario en el presente
artículo, será aplicable a las consultas y a la solución de diferencias
en el marco del presente Acuerdo el Entendimiento sobre Solución de
Diferencias.

17.2 Cada Miembro examinará con comprensión las
representaciones que le formule otro Miembro con respecto a toda
cuestión que afecte al funcionamiento del presente Acuerdo y brindará
oportunidades adecuadas para la celebración de consultas sobre dichas
representaciones.

17.3 Si un Miembro considera que una ventaja
resultante para él directa o indirectamente del presente Acuerdo se
halla anulada o menoscabada, o que la consecución de uno de los
objetivos del mismo se ve comprometida, por la acción de otro u otros
Miembros, podrá, con objeto de llegar a una solución mutuamente
satisfactoria de la cuestión, pedir por escrito la celebración de
consultas con el Miembro o Miembros de que se trate. Cada Miembro
examinará con comprensión toda petición de consultas que le dirija otro
Miembro.

17.4 Si el Miembro que haya pedido las consultas
considera que las consultas celebradas en virtud del párrafo 3 no han
permitido hallar una solución mutuamente convenida, y si la autoridad
competente del Miembro importador ha adoptado medidas definitivas para
percibir derechos antidumping definitivos o aceptar compromisos en
materia de precios, podrá someter la cuestión al Órgano de Solución de
diferencias (“OSD”). Cuando una medida provisional tenga una repercusión
significativa y el Miembro que haya pedido las consultas estime que la
medida ha sido adoptada en contravención de lo dispuesto en el párrafo 1
del artículo 7, ese Miembro podrá también someter la cuestión al OSD.

17.5 El OSD, previa petición de la parte
reclamante, establecerá un grupo especial para que examine el asunto
sobre la base de:

i) una declaración por escrito del Miembro que ha
presentado la petición, en la que indicará de qué modo ha sido anulada o
menoscabada una ventaja resultante para él directa o indirectamente del
presente Acuerdo, o bien que está comprometida la consecución de los
objetivos del Acuerdo, y

ii) los hechos comunicados de conformidad con los
procedimientos internos apropiados a las autoridades del Miembro
importador.

17.6 El grupo especial, en el examen del asunto al
que se hace referencia en el párrafo 5:

i) al evaluar los elementos de hecho del asunto,
determinará si las autoridades han establecido adecuadamente los hechos
y si han realizado una evaluación imparcial y objetiva de ellos. Si se
han establecido adecuadamente los hechos y se ha realizado una
evaluación imparcial y objetiva, no se invalidará la evaluación, aun en
el caso de que el grupo especial haya llegado a una conclusión distinta;

ii) interpretará las disposiciones pertinentes del
Acuerdo de conformidad con las reglas consuetudinarias de interpretación
del derecho internacional público. Si el grupo especial llega a la
conclusión de que una disposición pertinente del Acuerdo se presta a
varias interpretaciones admisibles, declarará que la medida adoptada por
las autoridades está en conformidad con el Acuerdo si se basa en alguna
de esas interpretaciones admisibles.

17.7 La información confidencial que se
proporcione al grupo especial no será revelada sin la autorización
formal de la persona, organismo o autoridad que la haya facilitado.
Cuando se solicite dicha información del grupo especial y éste no sea
autorizado a comunicarla, se suministrará un resumen no confidencial de
la misma, autorizado por la persona, organismo o autoridad que la haya
facilitado.

PARTE III


ARTÍCULO 18. DISPOSICIONES FINALES.

18.1 No podrá adoptarse
ninguna medida específica contra el dumping de las exportaciones de otro
Miembro si no es de conformidad con las disposiciones del GATT de 1994,
según se interpretan en el presente Acuerdo. (52)

18.2 No podrán formularse reservas respecto de
ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo sin el consentimiento
de los demás Miembros.

18.3 A reserva de lo dispuesto en los apartados
3.1 y 3.2, las disposiciones del presente Acuerdo serán aplicables a las
investigaciones y a los exámenes de medidas existentes iniciados como
consecuencia de solicitudes que se hayan presentado en la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC para el Miembro de que se
trate o con posterioridad a esa fecha.

18.3.1 En lo que respecta al cálculo de los
márgenes de dumping en el procedimiento de devolución previsto en el
párrafo 3 del artículo 9, se aplicaran las reglas utilizadas en la
última determinación o reexamen de la existencia de dumping.

18.3.2 A los efectos del párrafo 3 del artículo
11, se considerará que las medidas antidumping existentes se han
establecido en una fecha no posterior a la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC para el Miembro de que se trate, salvo en caso de
que la legislación nacional de ese Miembro en vigor en esa fecha ya
contuviese una cláusula del tipo previsto en el párrafo mencionado.

18.4 Cada Miembro adoptará todas las medidas
necesarias, de carácter general o particular, para asegurarse de que, a
más tardar en la fecha en que el Acuerdo sobre la OMC entre en vigor
para él, sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos estén
en conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo según se
apliquen al Miembro de que se trate.

18.5 Cada Miembro informará al Comité de toda
modificación de sus leyes y reglamentos relacionados con el presente
Acuerdo y de la aplicación de dichas leyes y reglamentos.

18.6 El Comité examinará anualmente la aplicación
y funcionamiento del presente Acuerdo habida cuenta de sus objetivos. El
Comité informará anualmente al Consejo del Comercio de Mercancías sobre
las novedades registradas durante los períodos que abarquen los
exámenes.

18.7 Los anexos del presente Acuerdo forman parte
integrante del mismo.


ANEXO I.-
PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE EN LAS INVESTIGACIONES IN SITU
REALIZADAS CONFORME AL PARRAFO 7 DEL ARTICULO 6.

1. Al iniciarse una investigación, se deberá
informar a las autoridades del Miembro exportador y a las empresas de
las que se sepa están interesadas de la intención de realizar
investigaciones in situ.

2. Cuando, en circunstancias excepcionales, se
prevea incluir en el equipo investigador a expertos no gubernamentales,
se deberá informar de ello a las empresas y autoridades del Miembro
exportador. Esos expertos no gubernamentales deberán ser pasibles de
sanciones eficaces si incumplen las prescripciones relacionadas con el
carácter confidencial de la información.

3. Se deberá considerar práctica normal la
obtención del consentimiento expreso de las empresas interesadas del
Miembro exportador antes de programar definitivamente la visita.

4. En cuanto se haya obtenido el consentimiento de
las empresas interesadas, la autoridad investigadora deberá comunicar a
las autoridades del Miembro exportador los nombres y direcciones de las
empresas que han de visitarse y las fechas convenidas.

5. Se deberá advertir de la visita a las empresas
de que se trate con suficiente antelación.

6. Únicamente deberán hacerse visitas para
explicar el cuestionario cuando lo solicite una empresa exportadora. Tal
visita sólo podrá realizarse si a) las autoridades del Miembro
importador lo notifican a los representantes del Miembro de que se trate
y b) éstos no se oponen a la visita.

7. Como la finalidad principal de la investigación
in situ es verificar la información recibida u obtener más detalles, esa
investigación se deberá realizar después de haberse recibido la
respuesta al cuestionario, a menos que la empresa esté de acuerdo en lo
contrario y la autoridad investigadora informe de la visita prevista al
gobierno del Miembro exportador y éste no se oponga a ella; además, se
deberá considerar práctica normal indicar a las empresas interesadas,
con anterioridad a la visita, la naturaleza general de la información
que se trata de verificar y qué otra información es preciso suministrar,
si bien esto no habrá de impedir que durante la visita, y a la luz de la
información obtenida, se soliciten más detalles.

8. Siempre que sea posible, las respuestas a las
peticiones de información o a las preguntas que hagan las autoridades o
las empresas de los Miembros exportadores y que sean esenciales para el
buen resultado de la investigación in situ deberán darse antes de que se
efectúe la visita.


ANEXO II.-
MEJOR INFORMACION DISPONIBLE EN EL SENTIDO DEL PARRAFO 8 DEL
ARTICULO 6

1. Lo antes posible después de haber iniciado la
investigación, la autoridad investigadora deberá especificar en detalle
la información requerida de cualquier parte directamente interesada y la
manera en que ésta deba estructurarla en su respuesta. Deberá además
asegurarse de que la parte sabe que, si no facilita esa información en
un plazo prudencial, la autoridad investigadora quedará en libertad para
basar sus decisiones en los hechos de que tenga conocimiento, incluidos
los que figuren en la solicitud de iniciación de una investigación
presentada por la rama de producción nacional.

2. Las autoridades podrán pedir además que una
parte interesada facilite su respuesta en un medio determinado (por
ejemplo, en cinta de computadora) o en un lenguaje informático
determinado. Cuando hagan esa petición, las autoridades deberán tener en
cuenta si la parte interesada tiene razonablemente la posibilidad de
responder en el medio o en el lenguaje informático preferidos y no
deberán pedir a la parte que, para dar su respuesta, utilice un sistema
de computadora distinto del usado por ella. Las autoridades no deberán
mantener una petición de respuesta informatizada si la parte interesada
no lleva una contabilidad informatizada y si la presentación de la
respuesta en la forma pedida fuese a dar lugar a una carga adicional
fuera de razón para la parte interesada, como puede ser un aumento
desproporcionado de los costos y molestias. Las autoridades no deberán
mantener una petición de respuesta en un determinado medio o lenguaje
informático si la parte interesada no lleva una contabilidad
informatizada en ese medio o lenguaje informático y si la presentación
de la respuesta en la forma pedida fuese a dar lugar a una carga
adicional fuera de razón para la parte interesada, como puede ser un
aumento desproporcionado de los costos y molestias.

3. Al formular las determinaciones deberá tenerse
en cuenta toda la información verificable, presentada adecuadamente de
modo que pueda utilizarse en la investigación sin dificultades
excesivas, facilitada a tiempo y, cuando proceda, en un medio o lenguaje
informático que hayan solicitado las autoridades. Cuando una parte no
responda en el medio o lenguaje informático preferidos pero las
autoridades estimen que concurren las circunstancias a que hace
referencia el párrafo 2 supra, no deberá considerarse que el hecho de
que no se haya respondido en el medio o lenguaje informático preferidos
entorpece significativamente la investigación.

4. Cuando las autoridades no puedan procesar la
información si ésta viene facilitada en un medio determinado (por
ejemplo, en cinta de computadora), la información deberá facilitarse en
forma de material escrito o en cualquier otra forma aceptable por las
mismas.

5. Aunque la información que se facilite no sea
óptima en todos los aspectos, ese hecho no será justificación para que
las autoridades la descarten, siempre que la parte interesada haya
procedido en toda la medida de sus posibilidades.

6. Si no se aceptan pruebas o informaciones, la
parte que las haya facilitado deberá ser informada inmediatamente de las
razones que hayan inducido a ello y deberá tener oportunidad de
presentar nuevas explicaciones dentro de un plazo prudencial, teniendo
debidamente en cuenta los plazos fijados para la investigación. Si las
autoridades consideran que las explicaciones no son satisfactorias, en
cualesquiera determinaciones que se publiquen se expondrán las razones
por las que se hayan rechazado las pruebas o las informaciones.

7. Si las autoridades tienen que basar sus
conclusiones, entre ellas las relativas al valor normal, en información
procedente de una fuente secundaria, incluida la información que figure
en la solicitud de iniciación de la investigación, deberán actuar con
especial prudencia. En tales casos, y siempre que sea posible, deberán
comprobar la información a la vista de la información de otras fuentes
independientes de que dispongan -tales, como listas de precios
publicadas, estadísticas oficiales de importación y estadísticas de
aduanas- y de la información obtenida de otras partes interesadas
durante la investigación. Como quiera que sea, es evidente que si una
parte interesada no coopera, y en consecuencia dejan de comunicarse a
las autoridades informaciones pertinentes, ello podría conducir a un
resultado menos favorable para esa parte que si hubiera cooperado.


ACUERDO RELATIVO A LA APLICACION DEL
ARTICULO VII DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE
1994


INTRODUCCION GENERAL

1. El “valor de transacción”, tal como se define
en el artículo 1, es la primera base para la determinación del valor en
aduana de conformidad con el presente Acuerdo. El artículo 1 debe
considerarse en conjunción con el artículo 8, que dispone, entre otras
cosas, el ajuste del precio realmente pagado o por pagar en los casos en
que determinados elementos, que se considera forman parte del valor en
aduana, corran a cargo del comprador y no estén incluidos en el precio
realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas. El artículo
8 prevé también la inclusión en el valor de transacción de determinadas
prestaciones del comprador en favor del vendedor, que revistan más bien
la forma de bienes o servicios que de dinero. Los artículos 2 a 7
inclusive establecen métodos para determinar el valor en aduana en todos
los casos en que no pueda determinarse con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 1.

2. Cuando el valor en aduana no pueda determinarse
en virtud de lo dispuesto en el artículo 1, normalmente deberán
celebrarse consultas entre la Administración de Aduanas y el importador
con objeto de establecer una base de valoración con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 2 ó 3. Puede ocurrir, por ejemplo, que el
importador posea información acerca del valor en aduana de mercancías
idénticas o similares importadas y que la Administración de Aduanas no
disponga de manera directa de esta información en el lugar de
importación. También es posible que la Administración de Aduanas
disponga de información acerca del valor en aduana de mercancías
idénticas o similares importadas y que el importador no conozca esta
información. La celebración de consultas entre las dos partes permitirá
intercambiar la información, a reserva de las limitaciones impuestas por
el secreto comercial, a fin de determinar una base apropiada de
valoración en aduana.

3. Los artículos 5 y 6 proporcionan dos bases para
determinar el valor en aduana cuando éste no pueda determinarse sobre la
base del valor de transacción de las mercancías importadas o de
mercancías idénticas o similares importadas. En virtud del párrafo 1 del
artículo 5, el valor en aduana se determina sobre la base del precio a
que se venden las mercancías, en el mismo estado en que son importadas,
a un comprador no vinculado con el vendedor y en el país de importación.
Asimismo, el importador, si así lo solicita, tiene derecho a que las
mercancías que son objeto de transformación después de la importación se
valoren con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5. En virtud del
artículo 6, el valor en aduana se determina sobre la base del valor
reconstruido. Ambos métodos presentan dificultades y por esta causa el
importador tiene derecho, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, a
elegir el orden de aplicación de los dos métodos.

4. El artículo 7 establece cómo determinar el
valor en aduana en los casos en que no pueda determinarse con arreglo a
ninguno de los artículos anteriores.

Los Miembros,

Habida cuenta de las Negociaciones Comerciales
Multilaterales;

Deseando fomentar la consecución de los objetivos
del GATT de 1994 y lograr beneficios adicionales para el comercio
internacional de los países en desarrollo;

Reconociendo la importancia de lo dispuesto en el
artículo VII del GATT de 1994 y deseando elaborar normas para su
aplicación con objeto de conseguir a este respecto una mayor uniformidad
y certidumbre;

Reconociendo la necesidad de un sistema
equitativo, uniforme y neutro de valoración en aduana de las mercancías
que excluya la utilización de valores arbitrarios o ficticios;

Reconociendo que la base para la valoración en
aduana de las mercancías debe ser en la mayor medida posible su valor de
transacción;

Reconociendo que la determinación del valor en
aduana debe basarse en criterios sencillos y equitativos que sean
conformes con los usos comerciales y que los procedimientos de
valoración deben ser de aplicación general, sin distinciones por razón
de la fuente de suministro;

Reconociendo que los procedimientos de valoración
no deben utilizarse para combatir el dumping;

Convienen en lo siguiente:


PARTE I.-
NORMAS DE VALORACION EN ADUANA.


ARTÍCULO I.

1. El valor en aduana de las mercancías importadas
será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o por
pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al
país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 8, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) que no existan restricciones a la cesión o
utilización de las mercancías por el comprador, con excepción de las
que:

i) impongan o exijan la ley o las autoridades del
país de importación;

ii) limiten el territorio geográfico donde puedan
revenderse las mercancías; o

iii) no afecten sustancialmente al valor de las
mercancías;

b) que la venta o el precio no dependan de ninguna
condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse con
relación a las mercancías a valorar;

c) que no revierta directa ni indirectamente al
vendedor parte alguna del producto de la reventa o de cualquier cesión o
utilización ulteriores de las mercancías por el comprador, a menos que
pueda efectuarse el debido ajuste de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 8; y

d) que no exista una vinculación entre el
comprador y el vendedor o que, en caso de existir, el valor de
transacción sea aceptable a efectos aduaneros en virtud de lo dispuesto
en el párrafo 2.

2. a) Al determinar si el valor de transacción es
aceptable a los efectos del párrafo 1, el hecho de que exista una
vinculación entre el comprador y el vendedor en el sentido de lo
dispuesto en el artículo 15 no constituirá en sí un motivo suficiente
para considerar inaceptable el valor de transacción. En tal caso se
examinarán las circunstancias de la venta y se aceptará el valor de
transacción siempre que la vinculación no haya influido en el precio.
Si, por la información obtenida del importador o de otra fuente, la
Administración de Aduanas tiene razones para creer que la vinculación ha
influido en el precio, comunicará esas razones al importador y le dará
oportunidad razonable para contestar. Si el importador lo pide, las
razones se le comunicarán por escrito.

b) En una venta entre personas vinculadas, se
aceptará el valor de transacción y se valorarán las mercancías de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 cuando el importador
demuestre que dicho valor se aproxima mucho a alguno de los precios o
valores que se señalan a continuación, vigentes en el mismo momento o en
uno aproximado:

i) el valor de transacción en las ventas de
mercancías idénticas o similares efectuadas a compradores no vinculados
con el vendedor, para la exportación al mismo país importador;

ii) el valor en aduana de mercancías idénticas o
similares, determinado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5;

iii) el valor en aduana de mercancías idénticas o
similares, determinado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6;

Al aplicar los criterios precedentes, deberán
tenerse debidamente en cuenta las diferencias demostradas de nivel
comercial y de cantidad, los elementos enumerados en el artículo 8 y los
costos que soporte el vendedor en las ventas a compradores con los que
no esté vinculado, y que no soporte en las ventas a compradores con los
que tiene vinculación.

c) Los criterios enunciados en el apartado b) del
párrafo 2 habrán de utilizarse por iniciativa del importador y sólo con
fines de comparación. No podrán establecerse valores de sustitución al
amparo de lo dispuesto en dicho apartado.


ARTÍCULO 2.

1. a) Si el valor en aduana de las mercancías
importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 1, el valor en aduana será el valor de transacción de
mercancías idénticas vendidas para la exportación al mismo país de
importación y exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto
de valoración, o en un momento aproximado.

b) Al aplicar el presente artículo, el valor en
aduana se determinará utilizando el valor de transacción de mercancías
idénticas vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en las
mismas cantidades que las mercancías objeto de la valoración. Cuando no
exista tal venta, se utilizará el valor de transacción de mercancías
idénticas vendidas a un nivel comercial diferente y/o en cantidades
diferentes, ajustado para tener en cuenta las diferencias atribuibles al
nivel comercial y/o a la cantidad, siempre que estos ajustes puedan
hacerse sobre la base de datos comprobados que demuestren claramente que
aquéllos son razonables y exactos, tanto si suponen un aumento como una
disminución del valor.

2. Cuando los costos y gastos enunciados en el
párrafo 2 del artículo 8 estén incluidos en el valor de transacción, se
efectuará un ajuste de dicho valor para tener en cuenta las diferencias
apreciables de esos costos y gastos entre las mercancías importadas y
las mercancías idénticas consideradas que resulten de diferencias de
distancia y de forma de transporte.

3. Si al aplicar el presente artículo se dispone
de más de un valor de transacción de mercancías idénticas, para
determinar el valor en aduana de las mercancías importadas se utilizará
el valor de transacción más bajo.


ARTÍCULO 3.

1. a) Si el valor en aduana de las mercancías
importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 1 y 2, el valor en aduana será el valor de transacción de
mercancías similares vendidas para la exportación al mismo país de
importación y exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto
de valoración, o en un momento aproximado.

b) Al aplicar el presente artículo, el valor en
aduana se determinará utilizando el valor de transacción de mercancías
similares vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en las
mismas cantidades que las mercancías objeto de la valoración. Cuando no
exista tal venta, se utilizará el valor de transacción de mercancías
similares vendidas a un nivel comercial diferente y/o en cantidades
diferentes, ajustado para tener en cuenta las diferencias atribuibles al
nivel comercial y/o a la cantidad, siempre que estos ajustes puedan
hacerse sobre la base de datos comprobados que demuestren claramente que
aquéllos son razonables y exactos, tanto si suponen un aumento como una
disminución del valor.

2. Cuando los costos y gastos enunciados en el
párrafo 2 del artículo 8 estén incluidos en el valor de transacción, se
efectuará un ajuste de dicho valor para tener en cuenta las diferencias
apreciables de esos costos y gastos entre las mercancías importadas y
las mercancías similares consideradas que resulten de diferencias de
distancia y de forma de transporte.

3. Si al aplicar el presente artículo se dispone
de más de un valor de transacción de mercancías similares, para
determinar el valor en aduana de las mercancías importadas se utilizará
el valor de transacción más bajo.


ARTÍCULO 4.

Si el valor en aduana de las mercancías importadas
no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1, 2 y
3, se determinará según el artículo 5, y cuando no pueda determinarse
con arreglo a él, según el artículo 6, si bien a petición del importador
podrá invertirse el orden de aplicación de los artículos 5 y 6.


ARTÍCULO 5.

1. a) Si las mercancías importadas, u otras
idénticas o similares importadas, se venden en el país de importación en
el mismo estado en que son importadas, el valor en aduana determinado
según el presente artículo se basará en el precio unitario, a que se
venda en esas condiciones la mayor cantidad total de las mercancías
importadas o de otras mercancías importadas que sean idénticas o
similares a ellas, en el momento de la importación de las mercancías
objeto de valoración, o en un momento aproximado, a personas que no
estén vinculadas con aquellas a las que compren dichas mercancías, con
las siguientes deducciones:

i) las comisiones pagadas o convenidas usualmente,
o los suplementos por beneficios y gastos generales cargados
habitualmente, en relación con las ventas en dicho país de mercancías
importadas de la misma especie o clase;

ii) los gastos habituales de transporte y de
seguros, así como los gastos conexos en que se incurra en el país
importador;

iii) cuando proceda, los costos y gastos a que se
refiere el párrafo 2 del artículo 8; y

iv) los derechos de aduana y otros gravámenes
nacionales pagaderos en el país importador por la importación o venta de
las mercancías.

b) Si en el momento de la importación de las
mercancías a valorar o en un momento aproximado, no se venden las
mercancías importadas, ni mercancías idénticas o similares importadas,
el valor se determinará, con sujeción por lo demás a lo dispuesto en el
apartado a) del párrafo 1 de este artículo, sobre la base del precio
unitario a que se vendan en el país de importación las mercancías
importadas, o mercancías idénticas o similares importadas en el mismo
estado en que son importadas, en la fecha más próxima después de la
importación de las mercancías objeto de valoración pero antes de pasados
90 días desde dicha importación.

2. Si ni las mercancías importadas, ni otras
mercancías importadas que sean idénticas o similares a ellas, se venden
en el país de importación en el mismo estado en que son importadas, y si
el importador lo pide, el valor en aduana se determinará sobre la base
del precio unitario a que se venda la mayor cantidad total de las
mercancías importadas, después de su transformación, a personas del país
de importación que no tengan vinculación con aquellas de quienes compren
las mercancías, teniendo debidamente en cuenta el valor añadido en ésa
transformación y las deducciones previstas en el apartado a) del párrafo
1.


ARTÍCULO 6.

1. El valor en aduana de las mercancías importadas
determinado según el presente artículo se basará en un valor
reconstruido. El valor reconstruido será igual a la suma de los
siguientes elementos:

a) el costo o valor de los materiales y de la
fabricación u otras operaciones efectuadas para producir las mercancías
importadas;

b) una cantidad por concepto de beneficios y
gastos generales igual a la que suele añadirse tratándose de ventas de
mercancías de la misma especie o clase que las mercancías objeto de la
valoración efectuadas por productores del país de exportación en
operaciones de exportación al país de importación;

c) el costo o valor de todos los demás gastos que
deban tenerse en cuenta para aplicar la opción de valoración elegida por
el Miembro en virtud del párrafo 2 del artículo 8.

2. Ningún Miembro podrá solicitar o exigir a una
persona no residente en su propio territorio que exhiba, para su examen,
un documento de contabilidad o de otro tipo, o que permita el acceso a
ellos, con el fin de determinar un valor reconstruido. Sin embargo, la
información proporcionada por el productor de las mercancías al objeto
de determinar el valor en aduana con arreglo a las disposiciones de este
artículo podrá ser verificada en otro país por las autoridades del país
de importación, con la conformidad del productor y siempre que se
notifique con suficiente antelación al gobierno del país de que se trate
y que éste no tenga nada que objetar contra la investigación.


ARTÍCULO 7.

1. Si el valor en aduana de las mercancías
importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 1 a 6 inclusive, dicho valor se determinará según criterios
razonables, compatibles con los principios y las disposiciones generales
de este Acuerdo y el artículo VII del GATT de 1994, sobre la base de los
datos disponibles en el país de importación.

2. El valor en aduana determinado según el
presente artículo no se basará en:

a) el precio de venta en el país de importación de
mercancías producidas en dicho país;

b) un sistema que prevea la aceptación, a efectos
de valoración en aduana, del más alto de dos valores posibles;

c) el precio de mercancías en el mercado nacional
del país exportador;

d) un costo de producción distinto de los valores
reconstruidos que se hayan determinado para mercancías idénticas o
similares de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6;

e) el precio de mercancías vendidas para
exportación a un país distinto del país de importación;

f) valores en aduana mínimos;

g) valores arbitrarios o ficticios.

3. Si así lo solicita, el importador será
informado por escrito del valor en aduana determinado de acuerdo con lo
dispuesto en el presente artículo y del método utilizado a este efecto.


ARTÍCULO 8.

1. Para determinar el valor en aduana de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, se añadirán al precio
realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas:

a) los siguientes elementos, en la medida en que
corran a cargo del comprador y no estén incluidos en el precio realmente
pagado o por pagar de las mercancías:

i) las comisiones y los gastos de corretaje, salvo
las comisiones de compra;

ii) el costo de los envases o embalajes que, a
efectos aduaneros, se consideren como formando un todo con las
mercancías de que se trate;

iii) los gastos de embalaje, tanto por concepto de
mano de obra como de materiales;

b) el valor, debidamente repartido, de los
siguientes bienes y servicios, siempre que el comprador. de manera
directa o indirecta, los haya suministrado gratuitamente o a precios
reducidos para que se utilicen en la producción y venta para la
exportación de las mercancías importadas y en la medida en que dicho
valor no esté incluido en el precio realmente pagado o por pagar:

i) los materiales, piezas y elementos, partes y
artículos análogos incorporados a las mercancías importadas;

ii) las herramientas, matrices, moldes y elementos
análogos utilizados para la producción de las mercancías importadas;

iii) los materiales consumidos en la producción de
las mercancías importadas;

iv) ingeniería, creación y perfeccionamiento,
trabajos artísticos, diseños, y planos y croquis realizados fuera del
país de importación y necesarios para la producción de las mercancías
importadas;

c) los cánones y derechos de licencia relacionados
con las mercancías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar
directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías en
la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos
en el precio realmente pagado o por pagar;

d) el valor de cualquier parte del producto de la
reventa, cesión o utilización posterior de las mercancías importadas que
revierta directa o indirectamente al vendedor.

2. En la elaboración de su legislación cada
Miembro dispondrá que se incluya en el valor en aduana, o se excluya del
mismo, la totalidad o una parte de los elementos siguientes:

a) los gastos de transporte de las mercancías
importadas hasta el puerto o lugar de importación;

b) los gastos de carga, descarga y manipulación
ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el
puerto o lugar de importación; y

c) el costo del seguro.

3. Las adiciones al precio realmente pagado o por
pagar previstas en el presente artículo sólo podrán hacerse sobre la
base de datos objetivos y cuantificables.

4. Para la determinación del valor en aduana, el
precio realmente pagado o por pagar únicamente podrá incrementarse de
conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.


ARTÍCULO 9.

1. En los casos en que sea necesaria la conversión
de una moneda para determinar el valor en aduana, el tipo de cambio que
se utilizará será el que hayan publicado debidamente las autoridades
competentes del país de importación de que se trate, y deberá reflejar
con la mayor exactitud posible, para cada período que cubra tal
publicación, el valor corriente de dicha moneda en las transacciones
comerciales expresado en la moneda del país de importación.

2. El tipo de cambio aplicable será el vigente en
el momento de la exportación o de la importación, según estipule cada
uno de los Miembros.


ARTÍCULO 10. 

Toda información que por su naturaleza sea
confidencial o que se suministre con carácter de tal a los efectos de la
valoración en aduana será considerada como estrictamente confidencial
por las autoridades pertinentes, que no la revelarán sin autorización
expresa de la persona o del gobierno que haya suministrado dicha
información, salvo en la medida en que pueda ser necesario revelarla en
el contexto de un procedimiento judicial.


ARTÍCULO 11.

1. En relación con la determinación del valor en
aduana, la legislación de cada Miembro deberá reconocer un derecho de
recurso, sin penalización, al importador o a cualquier otra persona
sujeta al pago de los derechos.

2. Aunque en primera instancia el derecho de
recurso sin penalización se ejercite ante un órgano de la Administración
de Aduanas o ante un órgano independiente, en la legislación de cada
Miembro se preverá un derecho de recurso sin penalización ante una
autoridad judicial.

3. Se notificará al apelante el fallo del recurso
y se le comunicarán por escrito las razones en que se funde aquél.
También se le informará de los derechos que puedan corresponderle a
interponer otro recurso.


ARTÍCULO 12.

Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y
disposiciones administrativas de aplicación general destinados a dar
efecto al presente Acuerdo serán publicados por el país de importación
de que se trate con arreglo al artículo X del GATT de 1994.


ARTÍCULO 13.

Si en el curso de la determinación del valor en
aduana de las mercancías importadas resultase necesario demorar la
determinación definitiva de ese valor, el importador de las mercancías
podrá no obstante retirarlas de la Aduana si, cuando así se le exija,
presta una garantía suficiente en forma de fianza, depósito u otro medio
apropiado que cubra el pago de los derechos de aduana a que puedan estar
sujetas en definitiva las mercancías. Esta posibilidad deberá preverse
en la legislación de cada Miembro.


ARTÍCULO 14. 

Las notas que figuran en el Anexo I del presente
Acuerdo forman parte integrante de éste, y los artículos del Acuerdo
deben interpretarse y aplicarse conjuntamente con sus respectivas notas.
Los Anexos II y III forman asimismo parte integrante del presente
Acuerdo.


ARTÍCULO 15.

1. En el presente Acuerdo:

a) por “valor en aduana de las mercancías
importadas” se entenderá el valor de las mercancías a los efectos de
percepción de derechos de aduana ad valorem sobre las mercancías
importadas;

b) por “país de importación” se entenderá el país
o el territorio aduanero en que se efectúe la importación;

c) por “producidas” se entenderá asimismo
cultivadas, manufacturadas o extraídas.

2. En el presente Acuerdo:

a) se entenderá por “mercancías idénticas” las que
sean iguales en todo, incluidas sus características físicas, calidad y
prestigio comercial. Las pequeñas diferencias de aspecto no impedirán
que se consideren como idénticas las mercancías que en todo lo demás se
ajusten a la definición;

b) se entenderá por “mercancías similares” las
que, aunque no sean iguales en todo, tienen características y
composición semejantes, lo que les permite cumplir las mismas funciones
y ser comercialmente intercambiables. Para determinar si las mercancías
son similares habrán de considerarse, entre otros factores, su calidad,
su prestigio comercial y la existencia de una marca comercial;

c) las expresiones “mercancías idénticas” y
“mercancías similares” no comprenden las mercancías que lleven
incorporados o contengan, según el caso, elementos de ingeniería,
creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, y planos y
croquis por los cuales no se hayan hecho ajustes en virtud del párrafo 1
b) iv) del artículo 8 por haber sido realizados tales elementos en el
país de importación;

d) sólo se considerarán “mercancías idénticas” o
“mercancías similares” las producidas en el mismo país que las
mercancías objeto de valoración;

e) sólo se tendrán en cuenta las mercancías
producidas por una persona diferente cuando no existan mercancías
idénticas o mercancías similares, según el caso, producidas por la misma
persona que las mercancías objeto de valoración.

3. En el presente Acuerdo, la expresión
“mercancías de la misma especie o clase” designa mercancías
pertenecientes a un grupo o gama de mercancías producidas por una rama
de producción determinada, o por un sector de la misma, y comprende
mercancías idénticas o similares.

4. A los efectos del presente Acuerdo se
considerará que existe vinculación entre las personas solamente en los
casos siguientes:

a) si una de ellas ocupa cargos de responsabilidad
o dirección en una empresa de la otra;

b) si están legalmente reconocidas como asociadas
en negocios;

c) si están en relación de empleador y empleado;

d) si una persona tiene, directa o indirectamente,
la propiedad, el control o la posesión del 5 por ciento o más de las
acciones o títulos en circulación y con derecho a voto de ambas;

e) si una de ellas controla directa o
indirectamente a la otra;

í) si ambas personas están controladas directa o
indirectamente por una tercera;

g) si juntas controlan directa o indirectamente a
una tercera persona; o

h) si son de la misma familia.

5. Las personas que están asociadas en negocios
porque una es el agente, distribuidor o concesionario exclusivo de la
otra, cualquiera que sea la designación utilizada, se considerarán como
vinculadas, a los efectos del presente Acuerdo, si se les puede aplicar
alguno de los criterios enunciados en el párrafo 4.


ARTÍCULO 16.

Previa solicitud por escrito, el importador tendrá
derecho a recibir de la Administración de Aduanas del país de
importación una explicación escrita del método según el cual se haya
determinado el valor en aduana de sus mercancías.


ARTÍCULO 17. Ninguna de las
disposiciones del presente Acuerdo podrá interpretarse en un sentido que
restrinja o ponga en duda el derecho de las Administraciones de Aduanas
de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento
o declaración presentados a efectos de valoración en aduana.


PARTE II.-
ADMINISTRACION DEL
ACUERDO, CONSULTAS Y SOLUCION DE DIFERENCIAS. 
(53)


ARTÍCULO 18. INSTITUCIONES.

1. En virtud del presente Acuerdo se establece un
Comité de Valoración en Aduana (denominado en el presente Acuerdo el
“Comité”) compuesto de representantes de cada uno de los Miembros. El
Comité elegirá a su presidente y se reunirá normalmente una vez al año,
o cuando lo prevean las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo,
para dar a los Miembros la oportunidad de consultarse sobre cuestiones
relacionadas con la administración del sistema de valoración en aduana
por cualquiera de los Miembros en la medida en que esa administración
pudiera afectar al funcionamiento del presente Acuerdo o a la
consecución de sus objetivos y con el fin de desempeñar las demás
funciones que le encomienden los Miembros Los servicios de secretaría
del Comité serán prestados dos por la Secretaría de la OMC.

2. Se establecerá un Comité Técnico de Valoración
en Aduana (denominado en el presente Acuerdo el ” Comité Técnico”), bajo
los auspicios del Consejo de Cooperación Aduanera (denominado en el
presente Acuerdo “CCA”), que desempeñará las funciones enunciadas en el
Anexo 11 del presente Acuerdo y actuará de conformidad con las normas de
procedimiento contenidas en dicho Anexo.


ARTÍCULO 19. CONSULTAS Y SOLUCIÓN DE
DIFERENCIAS.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente
Acuerdo, el Entendimiento sobre Solución de Diferencias será aplicable a
las consultas y a la solución de diferencias al amparo del presente
Acuerdo.

2. Si un Miembro considera que una ventaja
resultante para él directa o indirectamente del presente Acuerdo queda
anulada o menoscabada, o que la consecución de uno de los objetivos del
mismo se ve comprometida, por la acción de otro u otros Miembros, podrá,
con objeto de negar a una solución mutuamente satisfactoria de la
cuestión, pedir la celebración de consultas con el Miembro o Miembros de
que se trate. Cada Miembro examinará con comprensión toda petición de
consultas que le dirija otro Miembro.

3. Cuando así se le solicite, el Comité Técnico
prestará asesoramiento y asistencia a los Miembros que haya entablado
consultas.

4. A petición de cualquier a de las partes en la
diferencia, o por propia iniciativa, el grupo especial establecido para
examinar una diferencia relacionada con las disposiciones del presente
Acuerdo podrá pedir al Comité Técnico que haga Un examen de cualquier
cuestión que deba ser objeto de un estudio técnico. El grupo especial
determinará el mandato del Comité Técnico para la diferencia de que se
trate y fijara un plazo para la recepción del informe del Comité
Técnico. El grupo especial tomará en consideración el informe del Comité
técnico. En caso de que el Comité Técnico no pueda negar a un consenso
sobre la cuestión que se le ha sometido en conformidad con el presente
párrafo el grupo especial dará a las partes en la diferencia la
oportunidad de exponerle sus puntos de vista sobre la cuestión.

5. La información confidencial que se proporcione
al grupo especial no será revelada sin la autorización formal de la
persona, entidad o autoridad que la haya facilitado. Cuando se solicite
dicha información del grupo especial y éste no sea autorizado a
comunicarla la, se suministrará un resumen no confidencial de la
información autorizado por la persona entidad o autoridad que la haya
facilitado.


PARTE III.-
TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO.



ARTÍCULO 20.

1 Los países en desarrollo Miembros que no sean
Partes en el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio hecho el 12 de
abril de 1979 podrán retrasar la aplicación de las disposiciones del
presente Acuerdo por un período que no exceda de cinco años contados
desde la techa de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC para dichos
Miembros. Los países en desarrollo Miembros que decidan retrasar la
aplicación del presente Acuerdo lo notificarán al Director General de la
OMC.

2. Además de lo dispuesto en el párrafo 1 del
presente artículo, los países en desarrollo Miembros que no sean Partes
en el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio hecho el 12 de abril de
1979 podrán retrasar la aplicación del párrafo 2 b) iii) del artículo 1
y del artículo 6 por un período que no exceda de tres años contados
desde la techa en que hayan puesto en aplicación todas las demás
disposiciones del presente Acuerdo. Los países en desarrollo Miembros
que decidan retrasar la aplicación de las disposiciones mencionadas en
este párrafo lo notificarán al Director General de la OMC.

3. Los países desarrollados Miembros
proporcionarán, en condiciones mutuamente convenidas, asistencia técnica
a los países en desarrollo Miembros que lo soliciten sobre esta base,
los países desarrollados Miembros elaborarán programas de asistencia
técnica que podrán comprender, entre otras cosas, capacitación de
personal, asistencia para preparar las medidas de aplicación, acceso a
las fuentes de información relativa a los métodos de valoración en
aduana y asesoramiento sobre la aplicación de las disposiciones del
presente Acuerdo.


PARTE IV.-
DISPOSICIONES FINALES.



ARTÍCULO 21.-
RESERVAS.

No podrán formularse reservas respecto de ninguna
de las disposiciones del presente Acuerdo sin el consentimiento de los
demás Miembros.


ARTÍCULO 22.- LEGISLACIÓN NACIONAL.

1. Cada Miembro se asegurará de que, a más tardar
en la lecha de aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo para
él, sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos estén en
conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo.

2. Cada Miembro informará al Comité de las
modificaciones introducidas en aquellas de sus leyes y reglamentos tos
que tengan relación con el presente Acuerdo y en la aplicación de dichas
leyes y reglamentos.

ARTÍCULO 23.- EXAMEN.

El Comité examinará anualmente la aplicación y
funcionamiento del presente Acuerdo habida cuenta de sus objetivos. El
Comité informará anualmente al Consejo del Comercio de Mercancías de las
novedades registradas durante los períodos que abarquen dichos exámenes.


ARTÍCULO 24.- SECRETARÍA.

Los servicios de secretaría del presente Acuerdo
serán prestados por la Secretaría de la OMC excepto en lo referente a
las funciones específicamente encomendadas al Comité Técnico, cuyos
servicios de secretaría correrá a cargo de la Secretaría del CCA.


ANEXO I.-
NOTAS INTERPRETATIVAS.


Nota general

Aplicación sucesiva de los métodos de valoración

1. En los artículos 1 a 7 se establece la manera
en que el valor en aduana de las mercancías importadas se determine de
conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo. Los métodos de
valoración se enuncian según su orden de aplicación. El primer método de
valoración en aduana se define en el artículo 1 y las mercancías
importadas se tendrán que valorar según las disposiciones de dicho
artículo siempre que concurran las condiciones en él prescritas.

2. Cuando el valor en aduana no se pueda
determinar según las disposiciones del artículo 1, se determinará
recurriendo sucesivamente a cada uno de los artículos siguientes hasta
hallar el primero que permita determinarlo Salvo lo dispuesto en el
artículo 4, solamente cuando el valor en aduana no se pueda determinar
según las disposiciones de un artículo dado se podrá recurrir a las del
artículo siguiente.

3. Si el importador no pide que se invierta el
orden de los artículos 5 y 6, se seguirá el orden normal. Si el
importador solicita esa inversión, pero resulta imposible determinar el
valor en aduana según las disposiciones del artículo 6, dicho valor se
deberá determinar de conformidad con las disposiciones del artículo 5,
si ello es posible.

4. Cuando el valor en aduana no se pueda
determinar según las disposiciones de los artículos 1 a 6, se aplicará a
ese electo el artículo 7.

Aplicación de principios de contabilidad
generalmente aceptados.

1. Se entiende por “principios de contabilidad
generalmente aceptados” aquellos sobre los que hay un consenso
reconocido o que gozan de un apoyo substancial y autorizado, en un país
y un momento dados, para la determinación de que recursos y obligaciones
económicos deben registrarse como activo y pasivo, qué cambios del
activo y el pasivo deben registrarse, cómo deben medirse los activos y
pasivos y sus variaciones, qué información debe revelarse y en qué
forma, y qué estados financieras se deben preparar. Estas normas pueden
consistir en orientaciones amplias de aplicación general o en usos y
procedimientos detallados.

2. A los efectos del presente Acuerdo, la
Administración de Aduanas de cada Miembro utilizará datos preparados de
manera conforme con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en el país que corresponda según el artículo de que se trate.
Por ejemplo, para determinar los suplementos por beneficios y gastos
generales habituales a que se refiere el artículo 5, se utilizarán datos
preparados de manera conforme con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en el país importador. Por otra parte, para
determinar los beneficios y gastos generales habituales a que se refiere
el artículo 6, se utilizarán datos preparados de manera conforme con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en el país productor.
Otro ejemplo podría ser la determinación de uno de los elementos
previstos en el párrafo 1 b) ii) del artículo 8 realizado en el país de
importación, que se efectuaría utilizando datos conformes con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en dicho país.

Nota al artículo I

Precio realmente pagado o por pagar

1. El precio realmente pagado o por pagar es el
pago total que por las mercancías importadas haya hecho o vaya a hacer
el comprador al vendedor o en beneficio de este. Dicho pago no tiene que
tomar necesariamente la forma de una transferencia de dinero. El pago
puede efectuarse por medio de cartas de crédito o instrumentos
negociables. El pago puede hacerse de manera directa o indirecta. Un
ejemplo de pago indirecto seria la cancelación por el comprador, ya sea
en su totalidad o en parte, de una deuda a cargo del vendedor.

2. Se considerará que las actividades que por
cuenta propia emprenda el comprador, salvo aquellos respecto de las
cuales deba efectuarse un ajuste conforme a lo dispuesto en el artículo
8, no constituyen Un pago indirecto al vendedor, aunque se pueda estimar
que benefician a éste. Por lo tanto, los costos de tales actividades no
se añadirán al precio realmente pagado o por pagar a los efectos de la
determinación del valor en aduana.

3. El valor en aduana no comprenderá los
siguientes gastos o costos, siempre que se distingan del precio
realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas:

a) los gastos de construcción, armado, montaje,
entretenimiento o asistencia técnica realizados después de la
importación, en relación con mercancías importadas tales como una
instalación, maquinaria o equipo industrial;

b) el costo del transporte ulterior a la
importación;

c) los derechos e impuestos aplicables en el país
de importación.

4. El precio realmente pagado o por pagar es el
precio de las mercancías importadas. Así pues, los pagos por dividendos
u otros conceptos del comprador al vendedor que no guarden relación con
las mercancías importadas no forman parte del valor en aduana.

Párrafo 1 a) iii)

Entre las restricciones que no hacen que sea
inaceptable un precio realmente pagado o por pagar figuran las que no
afecten sustancialmente al valor de las mercancías. Un ejemplo de
restricciones de esta clase es el caso de un vendedor de automóviles que
exige al comprador que no los venda ni exponga antes de cierta fecha,
que marca el comienzo del año para el modelo.

Párrafo 1 b)

1. Si la venta o el precio dependen de alguna
condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse con
relación a las mercancías objeto de valoración, el valor de transacción
no será aceptable a efectos aduaneros. He aquí algunos ejemplos:

a) el vendedor establece el precio de las
mercancías importadas a condición de que el comprador adquiera también
cierta cantidad de otras mercancías;

b) el precio de las mercancías importadas depende
del precio o precios a que el comprador de las mercancías importadas
vende otras mercancías al vendedor de las mercancías importadas;

c) el precio se establece condicionándolo a una
forma de pago ajena a las mercancías importadas, por ejemplo, cuando
éstas son mercancías semiacabadas suministradas por el vendedor a
condición de recibir cierta cantidad de las mercancías acabadas.

2. Sin embargo, otras condiciones o
contraprestaciones relacionadas con la producción o la comercialización
de las mercancías importadas no conducirán a descartar el valor de
transacción. Por ejemplo, si el comprador suministra al vendedor
elementos de ingeniería o planos realizados en el país de importación,
ello no conducirá a descartar el valor de transacción a los efectos del
artículo 1. Análogamente, si el comprador emprende por cuenta propia,
incluso mediante acuerdo con el vendedor, actividades relacionadas con
la comercialización de las mercancías importadas, el valor de esas
actividades no forma parte del valor en aduana y el hecho de que se
realicen no conducirá a descartar el valor de transacción.

Párrafo 2

1. En los apartados a) y b) del párrafo 2 se
prevén diferentes medios de establecer la aceptabilidad del valor de
transacción.

2. En el apartado a) se estipula que, cuando
exista una vinculación entre el comprador y el vendedor, se examinarán
las circunstancias de la venta y se aceptará el valor de transacción
como valor en aduana siempre que la vinculación no haya influido en el
precio. No se pretende que se haga un examen de tales circunstancias en
todos los casos en que exista una vinculación entre el comprador y el
vendedor. Sólo se exigirá este examen cuando existan dudas en cuanto a
la aceptabilidad del precio. Cuando la Administración de Aduanas no
tenga dudas acerca de la aceptabilidad del precio, debe aceptarlo sin
solicitar información adicional al importador. Por ejemplo, puede que la
Administración de Aduanas haya examinado anterior mente tal vinculación,
o que ya disponga de información detallada respecto del comprador y el
vendedor, y estime suficiente tal examen o información para considerar
que la vinculación no ha influido en el precio.

3. En el caso de que la Administración de Aduanas
no pueda aceptar el valor de transacción sin recabar otros datos, deberá
dar al importador la oportunidad de suministrar la información detallada
adicional que pueda ser necesaria para que aquélla examine las
circunstancias de la venta. A este respecto, y con objeto de determinar
si la vinculación ha influido en el precio, la Administración de Aduanas
debe estar dispuesta a examinar los aspectos pertinentes de la
transacción, entre ellos la manera en que el comprador y el vendedor
tengan organizadas sus relaciones comercial es y la manera en que se
haya fijado el precio de que se trate. En los casos en que pueda
demostrarse que, pese a estar vinculados en el sentido de lo dispuesto
en el artículo 15, el comprador compra al vendedor y éste vende al
comprador como si no existiera entre ellos vinculación alguna, quedaría
demostrado que el hecho de estar vinculados no ha influido en el precio.
Por ejemplo, si el precio se hubiera ajustado de manera conforme con las
prácticas normales de fijación de precios seguidas por la rama de
producción de que se trate o con el modo en que el vendedor ajuste los
precios de venta a compradores no vinculados con él, quedaría demostrado
que la vinculación no ha influido en el precio. Otro ejemplo sería que
se demostrara que con el precio se alcanza a recuperar todos los costos
y se logra un beneficio que está en consonancia con los beneficios
globales realizados por la empresa en un periodo de tiempo
representativo (calculado, por ejemplo, sobre una base anual) en las
ventas de mercancías de la misma especie o clase, con lo cual quedaría
demostrado que el precio no ha sufrido influencia.

4. El apartado b) ofrece al importador la
oportunidad de demostrar que el valor de transacción se aproxima mucho a
un valor previamente aceptado como criterio de valoración por la aduana
y que, por lo tanto, es aceptable a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 1. Cuando se satisface uno de los criterios previstos en el
apartado b) no es necesario examinar la cuestión de la influencia de la
vinculación con arreglo al apartado a). Si la Administración de Aduanas
dispone ya de información suficiente para considerar, sin emprender un
examen más detallado, que se ha satisfecho uno de los criterios
establecidos en el apartado b), no hay razón para que pida al importador
que demuestre la satisfacción de tal criterio. En el apartado b) la
expresión “compradores no vinculados con el vendedor” se refiere a los
compradores que no estén vinculados con el vendedor en ningún caso
determinado.

Párrafo 2 b)

Para determinar si un valor “se aproxima mucho” a
otro valor se tendrán que tomar en consideración cierto número de
factores. Figuran entre ellos la naturaleza de las mercancías
importadas, la naturaleza de la rama de producción, la temporada durante
la cual se importan las mercancías y si la diferencia de valor es
significativa desde el punto de vista comercial. Como estos factores
pueden ser distintos de un caso a otro, seria imposible aplicar en todos
los casos un criterio uniforme, tal como un porcentaje fijo. Por
ejemplo, una pequeña diferencia de valor podría ser inaceptable en el
caso de un tipo de mercancías mientras que en el caso de otro tipo de
mercancías una gran diferencia podría ser aceptable para determinar si
el valor de transacción se aproxima mucho a los valores que se señalan
como criterios en el párrafo 2 b) del artículo 1.

Nota al artículo 2

1. Para la aplicación del artículo 2, siempre que
sea posible, la Administración de Aduanas utilizará el valor de
transacción de mercancías idénticas vendidas al mismo nivel comercial y
sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías objeto de
valoración. Cuando no exista tal venta, se podrá utilizar una venta de
mercancías idénticas que se realice en cualquiera de las tres
condiciones siguientes.

a) una venta al mismo nivel comercial pero en
cantidades diferentes;

b) una venta a un nivel comercial diferente pero
sustancialmente en las mismas cantidades; o

c) una venta a un nivel comercial diferente y en
cantidades diferentes.

2. Cuando exista una venta en la que concurra una
cualquiera de lastres condiciones indicadas, se efectuarán los ajustes
del caso en función de:

a. factores de cantidad únicamente;

b. factores de nivel comercial únicamente; o

c. factores de nivel comercial y factores de
cantidad.

3. La expresión “y/o” confiere flexibilidad para
utilizar las ventas e introducir los ajustes necesarios en cualquiera de
las tres condiciones enunciadas.

4. A los efectos del artículo 2, se entenderá que
el valor de transacción de mercancías importadas idénticas es un valor
en aduana, ajustado con arreglo a las disposiciones de los párrafos 1 b)
y 2, que ya haya sido aceptado con arreglo al artículo 1.

5. Será condición para efectuar el ajuste por
razón de la diferencia en los niveles comerciales o en las cantidades el
que dicho ajuste, tanto si supone un incremento como una disminución del
valor, se haga sólo sobre la base de datos comprobados que demuestren
claramente que es razonable y exacto, por ejemplo, listas de precios
vigentes en las que se indiquen los precios correspondientes a
diferentes niveles o cantidades. Como ejemplo de lo que antecede, en el
caso de que las mercancías importadas objeto de la valoración consistan
en un envío de 10 unidades y las únicas mercancías importadas idénticas
respecto de las cuales exista un valor de transacción correspondan a una
venta de 500 unidades, y se haya comprobado que el vendedor otorga
descuentos por cantidad, el ajuste necesario podrá realizarse
consultando la lista de precios del vendedor y utilizando el precio
aplicable a una venta de 10 unidades. La venta no tiene necesariamente
que haberse realizado por una cantidad de 10 unidades, con tal de que se
haya comprobado, por las ventas de otras cantidades, que la lista de
precios es fidedigna. Si no existe tal medida objetiva de comparación,
no será apropiado aplicar el artículo 2 para la determinación del valor
en aduana.

Nota al artículo 3

1. Para la aplicación del artículo 3, siempre que
sea posible, la Administración de Aduanas utilizará el valor de
transacción de mercancías similares vendidas al mismo nivel comercial y
sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías objeto de
valoración. Cuando no exista tal venta, se podrá utilizar una venta de
mercancías similares que se realice en cualquiera de las tres
condiciones siguientes:

a) una venta al mismo nivel comercial pero en
cantidades diferentes;

b) una venta a un nivel comercial diferente pero
sustancialmente en las mismas cantidades; o

c) una venta a un nivel comercial diferente y en
cantidades diferentes.

2. Cuando exista una venta en la que concurra una
cualquiera de las tres condiciones indicadas, se efectuarán los ajustes
del caso en función de:

a. factores de cantidad únicamente;

b. factores de nivel comercial únicamente; o

c. factores de nivel comercial y factores de
cantidad.

3. La expresión “y/o” confiere flexibilidad para
utilizar las ventas e introducir los ajustes necesarios en cualquiera de
las tres condiciones enunciadas.

4. A los efectos del artículo 3, se entenderá que
el valor de transacción de mercancías importadas similares es un valor
en aduana, ajustado con arreglo a las disposiciones de los párrafos 1 b)
y 2, que ya haya sido aceptado con arreglo al artículo 1.

5. Será condición para efectuar el ajuste por
razón de la diferencia en los niveles comerciales o en las cantidades el
que dicho ajuste, tanto si supone Un incremento como una disminución del
valor, se haga sólo sobre la base de datos comprobados que demuestren
claramente que es razonable y exacto, por ejemplo, listas de precios
vigentes en las que se indiquen los precios correspondientes a
diferentes niveles o cantidades. Como ejemplo de lo que antecede, en el
caso de que las mercancías importadas objeto de la valoración consistan
en un envío de 10 unidades y las únicas mercancías importadas similares
respecto de las cuales exista un valor de transacción correspondan a una
venta de 500 unidades, y se haya comprobado que el vendedor otorga
descuentos por cantidad, el ajuste necesario podrá realizarse
consultando la lista de precios del vendedor y utilizando el precio
aplicable a una venta de 10 unidades. La venta no tiene necesariamente
que haberse realizado por una cantidad de 10 unidades, con tal de que se
haya comprobado, por las ventas de otras cantidades, que la lista de
precios es fidedigna. Si no existe tal medida objetiva de comparación,
no será apropiado aplicar el artículo 3 para la determinación del valor
en aduana.

Nota al artículo 5

1. Se entenderá por “el precio unitario a que se
venda.. la mayor cantidad total de las mercancías” el precio a que se
venda el mayor número de unidades, en ventas a personas que no estén
vinculadas con aquellas a las que compren dichas mercancías, al primer
nivel comercial después de la importación al que se efectúen dichas
ventas.

2. Por ejemplo, se venden mercancías con arreglo a
una lista de precios que establece precios unitarios favorables para las
compras en cantidades relativamente grandes.

Cantidad vendidaPrecio unitarioNúmero de ventas Cantidad total vendida a cada uno de los
precios
de 1 a 10 unid.10010 ventas de 5 unidades 65
  5 ventas de 3 unid.  
de 11 a 25 unid955 ventas de 11 unidades 55
Más de 25 unid.901 venta de 30 unidades 80
  1 venta de 50 unid.  

El mayor número de unidades vendidas a cierto
precio es 80; por consiguiente, el precio unitario al que se vende la
mayor cantidad total es 90.

3. Otro ejemplo, con la realización de dos ventas.
En la primera se venden 500 unidades al precio de 95 unidades monetarias
cada una. En la segunda se venden 400 unidades al precio de 90 unidades
monetarias cada una. En ese caso, el mayor número de unidades vendidas a
cierto precio es 500; por consiguiente, el precio unitario al que se
vende la mayor cantidad total es 95.

4. Un tercer ejemplo es el del caso siguiente, en
que se venden diversas cantidades a diversos precios.

a) Ventas.

Cantidad
vendida
Precio
unitario
40 unidades100
30 unidades90
15 unidades100
50 unidades95
25 unidades105
35 unidades90
5 unidades100
Cantidad vendidaPrecio unitario
40 unidades100
30 unidades90
15 unidades100
50 unidades95
25 unidades105
35 unidades90
5 unidades100

b)Totales

Cantidad total vendidaPrecio unitario
6590
5095
60100
25105

En el presente ejemplo, el mayor número de
unidades vendidas a cierto precio es 65; por consiguiente, el precio
unitario al que se vende la mayor cantidad total es 90.

5. No deberá tenerse en cuenta, para determinar el
precio unitario a los efectos del artículo 5, ninguna venta que se
efectúe en las condiciones previstas en el párrafo 1 supra en el país de
importación a una persona que suministre directa o indirectamente, a
titulo gratuito o a un precio reducido, alguno de los elementos
especificados en el párrafo 1 b) del artículo 8 para que se utilicen en
relación con la producción de las mercancías importadas o con la venta
de éstas para exportación.

6. Conviene señalar que los “beneficios y gastos
generales” que figuran en el párrafo 1del artículo 5 se han de
considerar como un todo. A los efectos de esta deducción, la cifra
deberá determinarse sobre la base de las informaciones comunicadas por
el importador o en nombre de éste, a menos que las cifras del importador
no concuerden con las relativas a las ventas en el país de importación
de mercancías importadas de la misma especie o clase, en cuyo caso la
cantidad correspondiente a los beneficios y gastos generales podrá
basarse en informaciones pertinentes, distintas de las comunicadas por
el importador o en nombre de éste.

7. Los “gastos generales” comprenden los gastos
directos e indirectos de comercialización de las mercancías.

8. Los impuestos pagaderos en el país con motivo
de la venta de las mercancías por los que no se haga una deducción según
lo dispuesto en el inciso iv) del párrafo I a) del artículo 5 se
deducirán de conformidad con lo estipulado en el inciso i) de dicho
párrafo.

9. Para determinar las comisiones o los beneficios
y gastos generales habituales a los efectos del párrafo 1 del artículo
5, la cuestión de si ciertas mercancías son “de la misma especie o
clase” que otras mercancías se resolverá caso por caso teniendo en
cuenta las circunstancias. Se examinarán las ventas que se hagan en el
país de importación del grupo o gama más restringidos de mercancías
importadas de la misma especie o clase que incluya las mercancías objeto
de valoración y a cuyo respecto puedan suministrarse las informaciones
necesarias. A los efectos del artículo 5, las “mercancías de la misma
especie o clase” podrán ser mercancías importadas del mismo país que las
mercancías objeto de valoración o mercancías importadas de otros países.

10. A los efectos del párrafo 1 b) del artículo 5,
la “fecha más próxima” será aquella en que se hayan vendido las
mercancías importadas, o mercancías idénticas o similares importadas, en
cantidad suficiente para determinar el precio unitario.

11.Cuando se utilice el método expuesto en el
párrafo 2 del artículo 5, la deducción del valor añadido por la
transformación ulterior se basará en datos objetivos y cuantificables
referentes al costo de esa operación. El cálculo se basará en las
fórmulas, recetas, métodos de cálculo y prácticas aceptadas de la rama
de producción de que se trate.

12. Se reconoce que el método de valoración
definido en el párrafo 2 del artículo 5 no será normalmente aplicable
cuando, como resultado de la transformación ulterior, las mercancías
importadas pierdan su identidad. Sin embargo, podrá haber casos en que,
aunque se pierda la identidad de las mercancías importadas, el valor
añadido por la transformación se pueda determinar con precisión y sin
excesiva dificultad. Por otra parte, puede haber también casos en que
las mercancías importadas mantengan su identidad, pero constituyan en
las mercancías vendidas en el país de importación un elemento de tan
reducida importancia que no esté justificado el empleo de este método de
valoración. Teniendo presentes las anteriores consideraciones, esas
situaciones se habrán de examinar caso por caso.

Nota al artículo 6

1. Por regla general, el valor en aduana se
determina según el presente Acuerdo sobre la base de la información de
que se pueda disponer fácilmente en el país de importación. Sin embargo,
para determinar un valor reconstruido podrá ser necesario examinar los
costos de producción de las mercancías objeto de valoración y otras
informaciones que deban obtenerse fuera del país de importación. En
muchos casos, además, el productor de las mercancías estará fuera de la
jurisdicción de las autoridades del país de importación. La utilización
del método del valor reconstruido se limitará, en general, a aquellos
casos en que el comprador y el vendedor estén vinculados entre si, y en
que el productor esté dispuesto a proporcionar a las autoridades del
país de importación los datos necesarios sobre los costos y a dar
facilidades para cualquier comprobación ulterior que pueda ser
necesaria.

2. El “costo o valor” a que se refiere el párrafo
1 a) del artículo 6 se determinará sobre la base de la información
relativa a la producción de las mercancías objeto de valoración,
proporcionada por el productor o en nombre suyo. El costo o valor deberá
basarse en la contabilidad comercial del productor, siempre que dicha
contabilidad se lleve de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados que se apliquen en el país en que, se produce la
mercancía.

3. El “costo o valor” comprenderá el costo de los
elementos especificados en los incisos ii) y iii) del párrafo 1 a) del
artículo 8. Comprenderá también el valor, debidamente repartido según
las disposiciones de la correspondiente nota al artículo 8, de
cualquiera de los elementos especificados en el párrafo 1 b) de dicho
artículo que haya sido suministrado directa o indirectamente por el
comprador para que se utilice en relación con la producción de las
mercancías importadas. El valor de los elementos especificados en el
inciso iv) del párrafo 1 b) del artículo 8 que hayan sido realizados en
el país de importación sólo quedará comprendido en la medida en que
corran a cargo del productor. Queda entendido que en la determinación
del valor reconstruido no se podrá contar dos veces el costo o valor de
ninguno de los elementos mencionados en ese párrafo.

4. La “cantidad por concepto de beneficios y
gastos generales” a que se refiere el párrafo 1 b) del artículo 6 se
determinará sobre la base de la información proporcionada por el
productor o en nombre suyo, a menos que las cifras del productor no
concuerden con las que sean usuales en las ventas de mercancías de la
misma especie o clase que las mercancías objeto de valoración,
efectuadas por los productores del país de exportación en operaciones de
exportación al país de importación.

5. Conviene observar en este contexto que la
“cantidad por concepto de beneficios y gastos generales” debe
considerarse como un todo. De ahí se deduce que si, en un determinado
caso, el importe del beneficio del productor es bajo y sus gastos
generales son altos, sus beneficios y gastos generales considerados en
conjunto pueden no obstante concordar con los que son usuales en las
ventas de mercancías de la misma especie o clase. Esa situación puede
darse, por ejemplo, en el caso de un producto que se ponga por primera
vez a la venta en el país de importación y en que el productor esté
dispuesto a no obtener beneficios o a que éstos sean bajos para
compensar los fuertes gastos generales inherentes al lanzamiento del
producto al mercado. Cuando el productor pueda demostrar unos beneficios
bajos en las ventas de las mercancías importadas en razón de
circunstancias comerciales especiales, deberá tenerse en cuenta el
importe de sus beneficios reales, a condición de que el productor tenga
razones comerciales válidas que los justifiquen y de que su política de
precios refleje las políticas habituales de precios seguidas en la rama
de producción de que se trate. Esa situación puede darse, por ejemplo,
en los casos en que los productores se hayan visto forzados a fijar
temporalmente precios bajos a causa de una disminución imprevisible de
la demanda o cuando vendan mercancías para complementar una gama de
mercancías producidas en el país de importación y estén dispuestos a
aceptar bajos márgenes de beneficio para mantener la competitividad.
Cuando la cantidad indicada por el productor por concepto de beneficios
y gastos generales no concuerde con las que sean usuales en las ventas
de mercancías de la misma especie o clase que las mercancías objeto de
valoración efectuadas por los productores del país de exportación en
operaciones de exportación al país de importación, la cantidad por
concepto de beneficios y gastos generales podrá basarse en otras
informaciones pertinentes que no sean las proporcionadas por el
productor de las mercancías o en nombre suyo.

6. Si para determinar un valor reconstruido se
utiliza una información distinta de la proporcionada por el productor o
en nombre suyo, las autoridades del país de importación informarán al
importador, si éste así lo solicita, de la fuente de dicha información,
los datos utilizados y los cálculos efectuados sobre la base de dichos
datos, a reserva de lo dispuesto en el artículo 10.

7. Los “gastos generales” a que se refiere el
párrafo 1 b) del artículo 6 comprenden los costos directos e indirectos
de producción y venta de las mercancías para la exportación que no
queden incluidos en el apartado a) del mismo párrafo y artículo.

8. La determinación de que ciertas mercancías son
“de la misma especie o clase” que otras se hará caso por caso, de
acuerdo con las circunstancias particulares que concurran. Para
determinar los beneficios y gastos generales usuales con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 6 se examinarán las ventas que se hagan para
exportación al país de importación del grupo o gama más restringidos de
mercancías que incluya las mercancías objeto de valoración, y a cuyo
respecto pueda proporcionarse la información necesaria. A los efectos
del artículo 6, las “mercancías de la misma especie o clase” deben ser
del mismo país que las mercancías objeto de valoración.

Nota al artículo 7

1. En la mayor medida posible, los valores en
aduana que se determinen de conformidad con lo dispuesto en el artículo
7 deberán basarse en los valores en aduana determinados anteriormente.

2. Los métodos de valoración que deben utilizarse
para el artículo 7 son los previstos en los artículos 1 a 6 inclusive,
pero se considerará que una flexibilidad razonable en la aplicación de
tales métodos es conforme a los objetivos y disposiciones del artículo
7.

3. Por flexibilidad razonable se entiende, por
ejemplo:

a) Mercancías idénticas: el requisito de que las
mercancías idénticas hayan sido exportadas en el mismo momento que las
mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado, podría
interpretarse de manera flexible; la base para la valoración en aduana
podría estar constituida por mercancías importadas idénticas, producidas
en un país distinto del que haya exportado las mercancías objeto de
valoración; podrían utilizarse los valores en aduana ya determinados
para mercancías idénticas importadas conforme a lo dispuesto en los
artículos 5 y 6.

b) Mercancías similares: el requisito de que las
mercancías similares hayan sido exportadas en el mismo momento que las
mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado, podría
interpretarse de manera flexible; la base para la valoración en aduana
podría estar constituida por mercancías importadas similares, producidas
en un país distinto del que haya exportado las mercancías objeto de
valoración; podrían utilizarse los valores en aduana ya determinados
para mercancías similares importadas conforme a lo dispuesto en los
artículos 5 y 6.

c) Método deductivo: el requisito previsto en el
artículo 5, párrafo 1 a), de que las mercancías deban haberse vendido
“en el mismo estado en que son importadas” podría interpretarse de
manera flexible; el requisito de los “90 días” podría exigirse con
flexibilidad.

Nota al artículo 8

Párrafo 1 a). inciso i)

La expresión “comisiones de compra” comprende la
retribución pagada por un importador a su agente por los servicios que
le presta al representarlo en el extranjero en la compra de las
mercancías objeto de valoración.

Párrafo 1 b), inciso ii)

1. Para repartir entre las mercancías importadas
los elementos especificados en el inciso ii) del párrafo 1 b) del
artículo 8, deben tenerse en cuenta dos factores: el valor del elemento
en si y la manera en que dicho valor deba repartirse entre las
mercancías importadas. El reparto de estos elementos debe hacerse de
manera razonable, adecuada a las circunstancias y de conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados.

2. Por lo que se refiere al valor del elemento, si
el importador lo adquiere de un vendedor al que no esté vinculado y paga
por él un precio determinado, este precio será el valor del elemento. Si
el elemento fue producido por el importador o por una persona vinculada
a él, su valor será el costo de producción. Cuando el importador haya
utilizado el elemento con anterioridad, independientemente de que lo
haya adquirido o lo haya producido, se efectuará un ajuste para reducir
el costo primitivo de adquisición o de producción del elemento a fin de
tener en cuenta su utilización y determinar su valor.

3. Una vez determinado el valor del elemento, es
preciso repartirlo entre las mercancías importadas. Existen varias
posibilidades. Por ejemplo, el valor podrá asignarse al primer envío si
el importador desea pagar de una sola vez los derechos por el valor
total. O bien el importador podrá solicitar que se reparta el valor
entre el número de unidades producidas hasta el momento del primer
envío. O también es posible que solicite que el valor se reparta entre
el total de la producción prevista cuando existan contratos o
compromisos en firme respecto de esa producción. El método de reparto
que se adopte dependerá de la documentación presentada por el
importador.

4. Supóngase por ejemplo que un importador
suministra al productor un molde para la fabricación de las mercancías
que se han de importar y se compromete a comprarle 10.000 unidades, y
que, cuando llegue la primera remesa de 1.000 unidades, el productor
haya fabricado ya 4.000. El importador podrá pedir a la Administración
de Aduanas que reparta el valor del molde entre 1.000, 4.000 o 10.000
unidades.

Párrafo 1 b), inciso iv)

1. Las adiciones correspondientes a los elementos
especificados en el inciso iv) del párrafo 1 b) del artículo 8 deberán
basarse en datos objetivos y cuantificables. A fin de disminuir la carga
que representa tanto para el importador como para la Administración de
Aduanas la determinación de los valores que proceda añadir, deberá
recurrirse en la medida de lo posible a los datos que puedan obtenerse
fácilmente de los libros de comercio que lleve el comprador.

2. En el caso de los elementos proporcionados por
el comprador que hayan sido comprados o alquilados por éste, la cantidad
a añadir será el valor de la compra o del alquiler. No procederá
efectuar adición alguna cuando se trate de elementos que sean del
dominio público, salvo la correspondiente al costo de la obtención de
copias de los mismos.

3. La facilidad con que puedan calcularse los
valores que deban añadirse dependerá de la estructura y de las prácticas
de gestión de la empresa de que se trate, así como de sus métodos de
contabilidad.

4. Por ejemplo, es posible que una empresa que
importa diversos productos de distintos países lleve la contabilidad de
su centro de diseño situado fuera del país de importación de una manera
que permita conocer exactamente los costos correspondientes a un
producto dado. En tales casos, puede efectuarse directamente el ajuste
apropiado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.

5. En otros casos, es posible que una empresa
registre los costos del centro de diseño situado fuera del país de
importación como gastos generales y sin asignarlos a los distintos
productos. En ese supuesto, puede efectuarse el ajuste apropiado de
conformidad con las disposiciones del artículo 8 respecto de las
mercancías importadas, repartiendo los costos totales del centro de
diseño entre la totalidad de los productos para los que se utiliza y
cargando el costo unitario resultante a los productos importados.

6. Naturalmente, las modificaciones de las
circunstancias señaladas anteriormente exigirán que se consideren
factores diferentes para la determinación del método adecuado de
asignación.

7. En los casos en que la producción del elemento
de que se trate suponga la participación de diversos países durante
cierto tiempo, el ajuste deberá limitarse al valor efectivamente añadido
a dicho elemento fuera del país de importación.

Párrafo I c)

1. Los cánones y derechos de licencia que se
mencionan en el párrafo 1 c) del artículo 8 podrán comprender, entre
otras cosas, los pagos relativos a patentes, marcas comerciales y
derechos de autor. Sin embargo, en la determinación del valor en aduana
no se añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías
importadas los derechos de reproducción de dichas mercancías en el país
de importación.

2. Los pagos que efectúe el comprador por el
derecho de distribución o reventa de las mercancías importadas no se
añadirán al precio realmente pagado o por pagar cuando no constituyan
una condición de la venta de dichas mercancías para su exportación al
país importador.

Párrafo 3

En los casos en que no haya datos objetivos y
cuantificables respecto de los incrementos que deban realizarse en
virtud de lo estipulado en el artículo 8, el valor de transacción no
podrá determinarse mediante la aplicación de lo dispuesto en el artículo
1. Supóngase, por ejemplo, que se paga un canon sobre la base del precio
de venta en el país importador de un litro de un producto que fue
importado por kilos y fue transformado posteriormente en una solución.
Si el canon se basa en parte en la mercancía importada y en parte en
otros factores que no tengan nada que ver con ella (como en el caso de
que la mercancía importada se mezcle con ingredientes nacionales y ya no
pueda ser identificada separadamente, o el de que el canon no pueda ser
distinguido de unas disposiciones financieras especiales que hayan
acordado el comprador y el vendedor) no será apropiado proceder a un
incremento por razón del canon. En cambio, si el importe de éste se basa
únicamente en las mercancías importadas y puede cuantificarse sin
dificultad, se podrá incrementar el precio realmente pagado o por pagar.

Nota al artículo 9

A los efectos del artículo 9, la expresión
“momento…. de la importación” podrá comprender el momento de la
declaración en aduana.

Nota al artículo 11

1. En el artículo 11 se prevé el derecho del
importador a recurrir contra una determinación de valor hecha por la
Administración de Aduanas para las mercancías objeto de valoración
Aunque en primera instancia el recurso se pueda interponer ante un
órgano superior de la Administración de Aduanas, en última instancia el
importador tendrá el derecho de recurrir ante una autoridad judicial.

2. Por” sin penalización” se entiende que el
importador no estará sujeto al pago de una multa o a la amenaza de su
imposición por el solo hecho de que haya decidido ejercitar el derecho
de recurso. No se considerará como multa el pago de las costas
judiciales normales y los honorarios de los abogados.

3. Sin embargo, las disposiciones del artículo 11
no impedirán a ningún Miembro exigir el pago íntegro de los derechos de
aduana antes de la interposición de un recurso.

Nota al título 15

Párrafo 4

A los efectos del artículo 15, el término
“personas” comprende las personas jurídicas, en su caso.

Párrafo 4 e)

A los efectos del presente Acuerdo, se entenderá
que una persona controla a otra cuando la primera se halla de hecho o de
derecho en situación de imponer limitaciones o impartir directivas a la
segunda.


ANEXO II.-
COMITÉ TECNICO DE VALORACION EN ADUANA.

1. De conformidad con el artículo 18 del presente
Acuerdo, se establecerá el Comité Técnico bajo los auspicios del CCA,
con objeto de asegurar, a nivel técnico, la uniformidad de la
interpretación y aplicación del presente Acuerdo.

2. Serán funciones del Comité Técnico:

a) examinar los problemas técnicos concretos que
surjan en la administración cotidiana de los sistemas de valoración en
aduana de los Miembros y emitir opiniones consultivas acerca de las
soluciones pertinentes sobre la base de los hechos expuestos;

b) estudiar, si así se le solicita, las leyes,
procedimientos y prácticas en materia de valoración en la medida en que
guarden relación con el presente Acuerdo, y preparar informes sobre los
resultados de dichos estudios;

c) elaborar y distribuir informes anuales sobre
los aspectos técnicos del funcionamiento y status del presente Acuerdo;

d) suministrar la información y asesoramiento
sobre toda cuestión relativa a la valoración en aduana de mercancías
importadas que solicite cualquier Miembro o el Comité. Dicha información
y asesoramiento podrá revestir la forma de opiniones consultivas,
comentarios o notas explicativas;

e) facilitar, si así se le solicita, asistencia
técnica a los Miembros con el fin de promover la aceptación
internacional del presente Acuerdo;

f) hacer el examen de la cuestión que le someta un
grupo especial en conformidad con el artículo 19 del presente Acuerdo; y

g) desempeñar las demás funciones que le asigne el
Comité.

Disposiciones generales

3. El Comité Técnico procurará concluir en un
plazo razonablemente breve sus trabajos sobre cuestiones concretas, en
especial las que le sometan los Miembros, el Comité o un grupo especial.
Este último, según lo estipulado en el párrafo 4 del artículo 19, fijará
un plazo preciso para la recepción del informe del Comité Técnico, el
cual deberá presentarlo dentro de ese plazo.

4. La Secretaría del CCA ayudará según proceda al
Comité Técnico en sus actividades.

Representación

5. Todos los Miembros tendrán derecho a estar
representados en el Comité Técnico. Cada Miembro podrá nombrar a un
delegado y a uno O más suplentes para que le representen en el Comité
Técnico. Los Miembros así representados en el Comité Técnico se
denominan en el presente Anexo “miembros del Comité Técnico”. Los
representantes de miembros del Comité Técnico podrán contar con la ayuda
de asesores. La Secretaría de la OMC podrá asistir también a dichas
reuniones en calidad de observador.

6. Los miembros del CCA que no sean Miembros de la
OMC podrán estar representados en las reuniones del Comité Técnico por
un delegado y uno o más suplentes. Dichos representantes asistirán a las
reuniones del Comité Técnico como observadores.

7. A reserva de la aprobación del Presidente del
Comité Técnico, el Secretario General del CCA (denominado en el presente
Anexo “Secretario General”) podrá invitar a representantes de gobiernos
que no sean ni Miembros de la OMC ni miembros del CCA, ya representantes
de organizaciones internacionales gubernamentales y comerciales, a
asistir a las reuniones del Comité Técnico como observadores.

8. Los nombramientos de delegados, suplentes y
asesores para las reuniones del Comité Técnico se dirigirán al
Secretario General.

Reuniones del Comité Técnico

9. El Comité Técnico se reunirá cuando sea
necesario y, por lo menos, dos veces al año. El Comité Técnico fijará la
fecha de cada reunión en la precedente. La fecha de una reunión podrá
ser cambiada a petición de cualquier miembro del Comité Técnico con el
acuerdo de la mayoría simple de los miembros del mismo o bien, cuando se
trate de casos que requieran atención urgente, a petición del
Presidente. Sin perjuicio de lo dispuesto en la primera oración del
presente párrafo, el Comité Técnico se reunirá cuando sea necesario para
hacer el examen de las cuestiones que le someta un grupo especial en
conformidad con el artículo 19 del presente Acuerdo.

10. Las reuniones del Comité Técnico se celebrarán
en la sede del CCA, salvo decisión en contrario.

11. El Secretario General comunicará la fecha de
apertura de cada reunión del Comité Técnico a todos los miembros del
mismo y a los representantes que se mencionan en los párrafos 6 y 7 con
una antelación mínima de 30 días, excepto en los casos urgentes.

Orden del día

12. El Secretario General establecerá un Orden del
día provisional para cada reunión y lo distribuirá a los miembros del
Comité Técnico y a los representantes que se mencionan en los párrafos 6
y 7 con una antelación mínima de 30 días, excepto en los casos urgentes.
En el Orden del día figurarán todos los puntos cuya inclusión haya
aprobado el Comité Técnico en su reunión anterior, todos los puntos que
incluya el Presidente por iniciativa propia, y todos los puntos cuya
inclusión haya solicitado el Secretario General, el Comité o cualquiera
de los miembros del Comité Técnico.

13. El Comité Técnico aprobará su Orden del día al
comienzo de cada reunión. Durante ella el Comité Técnico podrá modificar
el Orden del día en todo momento.

Mesa y dirección de los debates

14. El Comité Técnico elegirá entre los delegados
de sus miembros a un Presidente y a uno o más Vicepresidentes. El
Presidente y los Vicepresidentes desempeñarán su cargo por un período de
un año. El Presidente y los Vicepresidentes salientes podrán ser
reelegidos. El mandato de un Presidente o Vicepresidente que ya no
represente a un miembro del Comité Técnico expirará automáticamente.

15. Cuando el Presidente esté ausente de una
reunión o de parte de ella, presidirá la reunión un Vicepresidente. En
tal caso, este Vicepresidente tendrá las mismas facultades y
obligaciones que el Presidente.

16. El Presidente de la reunión participará en los
debates del Comité Técnico en su calidad de Presidente y no como
representante de un miembro del Comité Técnico.

17. Además de ejercer las demás facultades que le
confieren las presentes normas, el Presidente abrirá y levantará la
sesión, actuará de moderador de los debates, concederá la palabra y, de
conformidad con las presentes normas, dirigirá la reunión. El Presidente
podrá también llamar al orden a un orador si las observaciones de éste
no fueran pertinentes.

18. Toda delegación podrá plantear una moción de
orden en el curso de cualquier debate. En dicho caso el Presidente
decidirá inmediatamente la cuestión. Si su decisión provocara
objeciones, la someterá enseguida a votación y dicha decisión será
válida si la mayoría no la rechaza.

19. Los trabajos de secretaría de las reuniones
del Comité Técnico serán realizados por el Secretario General o por los
miembros de la Secretaría del CCA que éste designe.

Quórum y votación

20. El quórum estará constituido por los
representantes de la mayoría simple de los miembros del Comité Técnico.

21. Cada miembro del Comité Técnico tendrá un
voto. Para que el Comité Técnico pueda adoptar una decisión se
requerirán, como mínimo, los dos tercios de los votos de los miembros
presentes. Cualquiera que sea el resultado de la votación sobre un
asunto determinado, el Comité Técnico podrá presentar un informe
completo sobre ese asunto al Comité y al CCA, indicando las diferentes
opiniones expresadas en el correspondiente debate. Sin perjuicio de lo
dispuesto supra en el presente párralo, el Comité Técnico adoptará sus
decisiones por consenso en el caso de las cuestiones que le someta un
grupo especial. Si en el caso de esas cuestiones no se llega a un
acuerdo en el Comité Técnico, éste presentará un informe en que expondrá
los pormenores del caso y hará constar los puntos de vista de los
miembros.

Idiomas y acta.

22. Los idiomas oficiales del Comité Técnico serán
el español, el francés y el inglés. Las intervenciones o declaraciones
hechas en cualquiera de estos tres idiomas serán traducidas
inmediatamente a los demás idiomas oficiales, salvo que todas las
delegaciones estén de acuerdo en prescindir de la traducción. Las
intervenciones o declaraciones hechas en cualquier otro idioma serán
traducidas al español, al francés y al inglés, con sujeción a las mismas
condiciones, aunque en ese caso la delegación interesada presentará la
traducción al español, al francés o al inglés. En los documentos
oficiales del Comité Técnico se empleará únicamente el español, el
francés y el inglés. Los memorándum y la correspondencia destinados al
Comité Técnico deberán estar escritos en uno de los idiomas oficiales.

23. El Comité Técnico elaborará un informe de cada
una de sus reuniones y, si el Presidente lo considera necesario, se
redactarán minutas o actas resumidas de sus reuniones. El Presidente o
la persona que él designe presentará un informe sobre las actividades
del Comité Técnico en cada reunión del Comité y en cada reunión del CCA.


ANEXO III

1. La moratoria de cinco años prevista en el
párrafo 1 del artículo 20 para la aplicación de las disposiciones del
Acuerdo por los países en desarrollo Miembros puede resultar
insuficiente en la práctica para ciertos países en desarrollo Miembros.
En tales casos, un país en desarrollo Miembro podrá solicitar, antes del
final del periodo mencionado en el párrafo 1 del artículo 20, una
prórroga del mismo, quedando entendido que los Miembros examinarán con
comprensión esta solicitud en los casos en que el país en desarrollo
Miembro de que se trate pueda justificarla.

2. Los países en desarrollo que normalmente
determinan el valor de las mercancías sobre la base de valores mínimos
oficialmente establecidos pueden querer formular una reserva que les
permita mantener esos valores, de manera limitada y transitoria, en las
condiciones que acuerden los Miembros.

3. Los países en desarrollo que consideren que la
inversión del orden de aplicación a petición del importador, prevista en
el artículo 4 del Acuerdo, puede dar origen a dificultades reales para
ellos, querrán tal vez formular una reserva en los términos siguientes

“El Gobierno de. se reserva el derecho de
establecer que la disposición pertinente del artículo 4 del Acuerdo sólo
será aplicable cuando la Administración de Aduanas acepte la petición de
invertir el orden de aplicación de los artículos 5 y 6.”

Si los países en desarrollo formulan esa reserva,
los Miembros consentirán en ella según lo prevé el artículo 21 del
Acuerdo.

4. Los países en desarrollo querrán tal vez
formular una reserva respecto del párrafo 2 del artículo 5 en los
términos siguientes:

“El Gobierno de. se reserva el derecho de
establecer que el párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo se aplique de
conformidad con las disposiciones de la correspondiente nota a dicho
párrafo, lo solicite o no el importador.”

Si los países en desarrollo formulan esa reserva,
los Miembros consentirán en ella según lo prevé el artículo 21 del
Acuerdo.

5. Ciertos países en desarrollo pueden tener
problemas en la aplicación del artículo 1 del Acuerdo en lo relacionado
con las importaciones efectuadas en sus países por agentes,
distribuidores y concesionarios exclusivos. Si en la práctica se
presentan tales problemas en los países en desarrollo Miembros que
apliquen el Acuerdo, se realizará un estudio sobre la cuestión, a
petición de dichos Miembros, con miras a encontrar soluciones
apropiadas.

6. El artículo 17 reconoce que, al aplicar el
Acuerdo, podrá ser necesario que las Administraciones de Aduanas
procedan a efectuar investigaciones sobre la veracidad o la exactitud de
toda información, documento o declaración que les sean presentados a
efectos de valoración en aduana. El artículo reconoce por tanto que
pueden realizarse investigaciones con objeto, por ejemplo, de comprobar
si los elementos del valor declarados o presentados a las autoridades
aduaneras en relación con la determinación del valor en aduana son
completos y exactos. Los Miembros, con sujeción a sus leyes y
procedimientos nacionales, tienen el derecho de contar con la plena
cooperación de los importadores en esas investigaciones.

7. El precio realmente pagado o por pagar
comprende todos los pagos realmente efectuados o por efectuarse, como
condición de la venta de las mercancías importadas, por el comprador al
vendedor, o por el comprador a un tercero para satisfacer una obligación
del vendedor.


ACUERDO SOBRE INSPECCION PREVIA A LA
EXPEDICION

Los Miembros,

Observando que el 20 de septiembre de 1986 los
Ministros acordaron que la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales
Multilaterales tendría por finalidad “aportar una mayor liberalización y
expansión del comercio mundial”, “potenciar la función del GATT” e
“incrementar la capacidad de respuesta del sistema del GATT ante los
cambios del entorno económico internacional”;

Observando que cierto número de países en
desarrollo Miembros recurren a la inspección previa a la expedición;

Reconociendo la necesidad para los países en
desarrollo de hacerlo en tanto y en la medida que sea preciso para
verificar la calidad, la cantidad o el precio de las mercancías
importadas;

Teniendo presente que tales programas deben
llevarse a cabo sin dar lugar a demoras innecesarias o a un trato
desigual;

Observando que esta inspección se lleva a cabo,
por definición, en el territorio de los Miembros exportadores;

Reconociendo la necesidad de establecer un marco
internacional convenido de derechos y obligaciones tanto de los Miembros
usuarios como de los Miembros exportadores;

Reconociendo que los principios y obligaciones del
GATT de 1994 son aplicables a aquellas actividades de las entidades de
inspección previa a la expedición que se realizan por prescripción de
los gobiernos que son Miembros de la OMC;

Reconociendo la conveniencia de dotar de
transparencia al funcionamiento de las entidades de inspección previa a
la expedición y a las leyes y reglamentos relativos a la inspección
previa a la expedición;

Deseando asegurar la solución rápida, eficaz y
equitativa de las diferencias entre exportadores y entidades de
inspección previa a la expedición que puedan surgir en el marco del
presente Acuerdo;

Convienen en lo siguiente:


ARTÍCULO I. ALCANCE DEFINICIONES.

1. El presente Acuerdo será aplicable a todas las
actividades de inspección previa a la expedición realizadas en el
territorio de los Miembros, ya se realicen bajo contrato o por
prescripción del gobierno o de un órgano gubernamental del Miembro de
que se trate.

2. Por “Miembro usuario” se entiende un Miembro
cuyo gobierno o cualquier órgano gubernamental contrate actividades de
inspección previa a la expedición o prescriba su uso.

3. Las actividades de inspección previa a la
expedición son todas las actividades relacionadas con la verificación de
la calidad, la cantidad, el precio incluidos el tipo de cambio de la
moneda correspondiente y las condiciones financieras y/o la
clasificación aduanera de las mercancías que vayan a exportarse al
territorio del Miembro usuario.

4. Se entiende por
“entidad de inspección previa a la expedición” toda entidad encargada,
bajo contrato o por prescripción de un Miembro, de realizar actividades
de inspección previa a la expedición. (54)


ARTÍCULO 2. OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS
USUARIOS.

No discriminación

1. Los Miembros usuarios se asegurarán de que las
actividades de inspección previa a la expedición se realicen de manera
no discriminatoria y de que los procedimientos y criterios empleados en
el desarrollo de dichas actividades sean objetivos y se apliquen sobre
una base de igualdad a todos los exportadores por ellas afectados. Se
asegurarán asimismo de que todos los inspectores de las entidades de
inspección previa a la expedición cuyos servicios contraten o cuya
utilización prescriban realicen la inspección de manera uniforme.

Prescripciones de los gobiernos

2. Los Miembros usuarios se asegurarán de que en
el curso de las actividades de inspección previa a la expedición
relacionadas con sus leyes, reglamentos y prescripciones se respeten las
disposiciones del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 en la
medida en que sean aplicables.

Lugar de la inspección

3. Los Miembros usuarios se asegurarán de que
todas las actividades de inspección previa a la expedición, incluida la
emisión de un informe de verificación sin objeciones o de una nota de no
emisión, se realicen en el territorio aduanero desde el cual se exporten
las mercancías o, si la inspección no pudiera realizarse en ese
territorio aduanero por la compleja naturaleza de los productos de que
se trate o si ambas partes convinieran en ello, en el territorio
aduanero en el que se fabriquen las mercancías.

Normas

4. Los Miembros usuarios
se asegurarán de que las inspecciones en cuanto a cantidad y calidad se
realicen de conformidad con las normas determinadas por el vendedor y el
comprador en el contrato de compra y de que, a falta de tales normas, se
apliquen las normas internacionales pertinentes. (55)

Transparencia

5. Los Miembros usuarios se asegurarán de que las
actividades de inspección previa a la expedición se realicen de manera
transparente.

6. Los Miembros usuarios se asegurarán de que las
entidades de inspección previa a la expedición, cuando los exportadores
se pongan en contacto con ellas por primera vez, suministren a éstos una
lista de toda la información que les es precisa para cumplir las
prescripciones relativas a la inspección. Las entidades de inspección
previa a la expedición suministrarán la información propiamente dicha
cuando la pidan los exportadores. Esta información comprenderá una
referencia a las leyes y reglamentos de los Miembros usuarios relativos
a las actividades de inspección previa a la expedición, así como los
procedimientos y criterios utilizados a efectos de la inspección y de la
verificación de los precios y del tipo de cambio de la moneda
correspondiente, los derechos de los exportadores con respecto a las
entidades de inspección, y los procedimientos de recurso establecidos en
el párrafo 21. No se aplicarán a una expedición disposiciones de
procedimiento adicionales o modificaciones de los procedimientos
existentes a menos que se haya informado al exportador interesado de
esas modificaciones en el momento de establecer la fecha de la
inspección. Sin embargo, en situaciones de emergencia del tipo de las
mencionadas en los artículos XX y XXI del GATT de 1994, podrán aplicarse
a una expedición tales disposiciones adicionales o modificaciones antes
de haberse informado al exportador. No obstante, esta asistencia no
eximirá a los exportadores de sus obligaciones con respecto al
cumplimiento de los reglamentos de importación de los Miembros usuarios.

7. Los Miembros usuarios se asegurarán de que la
información a que se hace referencia en el párrafo 6 se ponga a
disposición de los exportadores de manera conveniente, y de que las
oficinas de inspección previa a la expedición que mantengan las
entidades de inspección previa a la expedición sirvan de puntos de
información donde pueda obtenerse dicha información.

8. Los Miembros usuarios publicarán prontamente
todas las leyes y reglamentos aplicables en relación con las actividades
de inspección previa a la expedición a fin de que los demás gobiernos y
los comerciantes tengan conocimiento de ellos.

Protección de la información comercial
confidencial

9. Los Miembros usuarios se asegurarán de que las
entidades de inspección previa a la expedición traten toda la
información recibida en el curso de la inspección previa a la expedición
como información comercial confidencial en la medida en que tal
información no se haya publicado ya, esté en general a disposición de
terceras partes o sea de otra manera de dominio público. Los Miembros
usuarios se asegurarán de que las entidades de inspección previa a la
expedición mantengan procedimientos destinados a este fin.

10. Los Miembros usuarios facilitarán a los
Miembros que lo soliciten información sobre las medidas que adopten para
llevar a efecto las disposiciones del párrafo 9. Las disposiciones del
presente párrafo no obligarán a ningún Miembro a revelar información de
carácter confidencial cuya divulgación pueda comprometer la eficacia de
los programas de inspección previa a la expedición o lesionar los
intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas.

11. Los Miembros usuarios se asegurarán de que las
entidades de inspección previa a la expedición no divulguen información
comercial confidencial a terceros; sin embargo, las entidades de
inspección previa a la expedición podrán compartir esa información con
los organismos gubernamentales que hayan contratado sus servicios o
prescrito su utilización. Los Miembros usuarios se asegurarán de que la
información comercial confidencial que reciban de las entidades de
inspección previa a la expedición cuyos servicios contraten o cuya
utilización prescriban se proteja de manera adecuada. Las entidades de
inspección previa a la expedición no compartirán la información
comercial confidencial con los gobiernos que hayan contratado sus
servicios o prescrito su utilización más que en la medida en que tal
información se requiera habitualmente para las cartas de crédito u otras
formas de pago, a efectos aduaneros, para la concesión de licencias de
importación o para el control de cambios.

12. Los Miembros usuarios se asegurarán de que las
entidades de inspección previa a la expedición no pidan a los
exportadores que faciliten información respecto de:

a) datos de fabricación relativos a procedimientos
patentados, bajo licencia o reservados, o a procedimientos cuya patente
este en tramitación;

b) datos técnicos no publicados que no sean los
necesarios para comprobar la observancia de los reglamentos técnicos o
normas;

c) la fijación de los precios internos, incluidos
los costos de fabricación;

d) los niveles de beneficios;

e) las condiciones de los contratos entre los
exportadores y sus proveedores, a menos que la entidad no pueda de otra
manera proceder a la inspección en cuestión. En tales casos, la entidad
no pedirá más que la información necesaria a tal fin.

13. Para ilustrar una caso concreto, el exportador
podrá revelar por iniciativa propia la información a que se refiere el
párrafo 12, que las entidades de inspección previa a la expedición no
pedirán de otra manera.

Conflictos de intereses.

14. Los Miembros usuarios se asegurarán de que las
entidades de inspección previa a la expedición, teniendo asimismo en
cuenta las disposiciones relativas a la protección de la información
comercial confidencial enunciadas en los párrafos 9 a 13, mantengan
procedimientos para evitar conflictos de intereses:

a) entre las entidades de inspección previa a la
expedición y cualesquiera entidades vinculadas a las entidades de
inspección previa a la expedición en cuestión, incluida toda entidad en
la que estas últimas tengan un interés financiero o comercial o toda
entidad que tenga un interés financiero en las entidades de inspección
previa a la expedición en cuestión y cuyos envíos deban inspeccionar las
entidades de inspección previa a la expedición;

b) entre las entidades de inspección previa a la
expedición y cualesquiera otras entidades. incluidas otras entidades
sujetas a inspección previa a la expedición, con excepción de los
organismos gubernamentales que contraten las inspecciones o las
prescriban;

c) con las dependencias de las entidades de
inspección previa a la expedición encargadas de otras actividades que
las requeridas para realizar el proceso de inspección.

Demoras

15. Los Miembros usuarios
se asegurarán de que las entidades de inspección previa a la expedición
eviten demoras irrazonables en la inspección de los envíos. Los Miembros
usuarios se asegurarán de que, una vez que una entidad de inspección
previa a la expedición y un exportador convengan en una fecha para la
inspección, la entidad realice la inspección en esa fecha, a menos que
ésta se modifique de común acuerdo entre el exportador y la entidad de
inspección previa a la expedición o que la entidad no pueda realizar la
inspección en la fecha convenida por impedírselo el exportador o por
razones de fuerza mayor. (56)

16. Los Miembros usuarios se asegurarán de que,
tras la recepción de los documentos finales y la conclusión de la
inspección, las entidades de inspección previa a la expedición, dentro
de un plazo de cinco días hábiles, emitan un informe de verificación
sin, objeciones o den por escrito una explicación detallada de las
razones por las cuales no se emite tal documento. Los Miembros usuarios
se asegurarán de que, en este último caso, las entidades de inspección
previa a la expedición den a los exportadores la oportunidad de exponer
por escrito sus opiniones y, en caso de solicitarlo éstos; adopten las
disposiciones necesarias para realizar una nueva inspección lo más
pronto posible, en una fecha conveniente para ambas partes.

17. Los Miembros usuarios se asegurarán de que,
cuando así lo pidan los exportadores, las entidades de inspección previa
a la expedición realicen, antes de la fecha de la inspección material,
una verificación preliminar de los precios y, cuando proceda, del tipo
de cambio de la moneda correspondiente, sobre la base del contrato entre
el exportador y el importador, de la factura proforma y, cuando proceda,
de la solicitud de autorización de la importación. Los Miembros usuarios
se asegurarán de que un precio o un tipo de cambio que haya sido
aceptado por una entidad de inspección previa a la expedición sobre la
base de tal verificación preliminar no se ponga en cuestión, a condición
de que las mercancías estén en conformidad con la documentación de
importación y/o la licencia de importación. Se asegurarán asimismo de
que, una vez realizada esa verificación preliminar, las entidades de
inspección previa a la expedición informen inmediatamente a los
exportadores, por escrito, ya sea de su aceptación del precio y/o el
tipo de cambio o de sus razones detalladas para no aceptarlos.

18. Los Miembros usuarios se asegurarán de que, a
fin de evitar demoras en el pago, las entidades de inspección previa a
la expedición envíen a los exportadores o a los representantes por ellos
designados, lo más rápidamente posible, un informe de verificación sin
objeciones.

19. Los Miembros usuarios se asegurarán de que, en
caso de error de escritura en el informe de verificación sin objeciones,
las entidades de inspección previa a la expedición corrijan el error y
transmitan la información corregida a las partes interesadas lo más
rápidamente posible.

Verificación de precios

20. Los Miembros usuarios
se asegurarán de que, a fin de evitar la facturación en exceso o en
defecto y el fraude, las entidades de inspección previa a la expedición
efectúen una verificación de precios (56) con
arreglo a las siguientes directrices:

a) las entidades de inspección previa a la
expedición no rechazarán un precio contractual convenido entre un
exportador y un importador más que en el caso de que puedan demostrar
que sus conclusiones de que el precio no es satisfactorio se basan en un
proceso de verificación conforme a los criterios establecidos en los
apartados b) a e);

b) las entidades de inspección previa a la
expedición basarán su comparación de precios a afectos de la
verificación del precio de exportación en el(los) precio(s) al(a los)
que se ofrezcan para la exportación mercancías idénticas o similares en
el mismo país de exportación, al mismo tiempo o aproximadamente al mismo
tiempo, en condiciones competitivas y en condiciones de venta
comparables, de conformidad con la práctica comercial habitual, y
deducida toda rebaja normalmente aplicable. Tal comparación se basará en
lo siguiente:

i) únicamente se utilizarán los precios que
ofrezcan una base válida de comparación, teniendo en cuenta los factores
económicos pertinentes correspondientes al país de importación y al país
o países utilizados para la comparación de precios;

ii) las entidades de inspección previa a la
expedición no se basarán en el precio al que se ofrezcan mercancías para
la exportación a diferentes países de importación para imponer
arbitrariamente a la expedición el precio más bajo;

iii) las entidades de inspección previa a la
expedición tendrán en cuenta los elementos específicos enumerados en el
apartado c);

iv) en cualquier etapa del proceso descrito supra,
las entidades de inspección previa a la expedición brindarán al
exportador la oportunidad de explicar el precio;

c) al proceder a la verificación de precios, las
entidades de inspección previa a la expedición tendrán debidamente en
cuenta las condiciones del contrato de venta y los factores de ajuste
generalmente aplicables propios de la transacción; estos factores
comprenderán, si bien no exclusivamente, el nivel comercial y la
cantidad de la venta, los períodos y condiciones de entrega, las
cláusulas de revisión de los precios, las especificaciones de calidad,
las características especiales del modelo, las condiciones especiales de
expedición o embalaje, la magnitud del pedido, las ventas al contado,
las influencias estacionales, los derechos de licencia u otras tasas por
concepto de propiedad intelectual, y los servicios prestados como parte
del contrato si no se facturan habitualmente por separado; comprenderán
también determinados elementos relacionados con el precio del
exportador, tales como la relación contractual entre este último y el
importador;

d) la verificación de los gastos de transporte se
referirá únicamente al precio convenido del modo de transporte utilizado
en el país de exportación indicado en el contrato de venta;

e) no se utilizarán a efectos de la verificación
de precios los siguientes factores:

i) el precio de venta en el país de importación de
mercancías producidas en dicho país;

ii) el precio de mercancías vendidas para
exportación en un país distinto del país de exportación;

iii) el costo de producción;

iv) precios o valores arbitrarios o ficticios.

Procedimientos de recurso

21. Los Miembros usuarios se asegurarán de que las
entidades de inspección previa a la expedición establezcan
procedimientos que permitan recibir y examinar las quejas formuladas por
los exportadores y tomar decisiones al respecto, y de que la información
relativa a tales procedimientos se ponga a disposición de los
exportadores de conformidad con las disposiciones de los párrafos 6 y 7.
Los Miembros usuarios se asegurarán de que los procedimientos se
establezcan y mantengan de conformidad con las siguientes directrices:

a) las entidades de inspección previa a la
expedición designarán uno o varios agentes que estarán disponibles,
durante las horas normales de oficina, en cada ciudad o puerto en que
mantengan una oficina administrativa de inspección previa a la
expedición para recibir y examinar los recursos o quejas de los
exportadores y tomar decisiones al respecto;

b) los exportadores facilitarán por escrito al(a
los) agente(s) designado(s) los datos relativos a la transacción
específica de que se trate, la naturaleza de la queja y una propuesta de
solución;

c) el(los) agente(s) designado(s) examinará(n) con
comprensión las quejas de los exportadores y tomará(n) una decisión lo
antes posible después de recibir la documentación a que se hace
referencia en el apartado b).

Excepción

22. Como excepción a las disposiciones del
presente artículo, los Miembros usuarios preverán que, salvo en el caso
de envíos parciales, no se inspeccionarán los envíos cuyo valor sea
inferior a un valor mínimo aplicable a tales envíos según lo establecido
por el Miembro usuario, salvo en circunstancias excepcionales. Ese valor
mínimo formará parte de la información facilitada a los exportadores con
arreglo a las disposiciones del párrafo 6.


ARTÍCULO 3. OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS
EXPORTADORES.

No discriminación

1.Los Miembros exportadores se asegurarán de que
sus leyes y reglamentos en relación con las actividades de inspección
previa a la expedición se apliquen de manera no discriminatoria.
Transparencia.

Transparencia

2. Los Miembros exportadores publicarán
prontamente todas las leyes y reglamentos aplicables en relación con las
actividades de inspección previa a la expedición a fin de que los demás
gobiernos y los comerciantes tengan conocimiento de ellos.

Asistencia técnica

3. Los Miembros
exportadores se ofrecerán a prestar a los Miembros usuarios que la
soliciten asistencia técnica encaminada a la consecución de los
objetivos del presente Acuerdo en condiciones convenidas de mutuo
acuerdo. (58)


ARTÍCULO 4. PROCEDIMIENTO DE EXAMEN
INDEPENDIENTE.

Los Miembros animarán a las entidades de
inspección previa a la expedición y a los exportadores a resolver de
mutuo acuerdo sus diferencias. No obstante, transcurridos dos días
hábiles después de la presentación de una queja de conformidad con las
disposiciones del párrafo 21 del artículo 2, cualquiera de las partes
podrá someter la diferencia a un examen independiente. Los Miembros
tomarán las medidas razonables que estén a su alcance para lograr que se
establezca y mantenga a tales efectos el siguiente procedimiento:

a) administrará el procedimiento una entidad
independiente constituida conjuntamente por una organización que
represente a las entidades de inspección previa a la expedición y una
organización que represente a los exportadores a los efectos del
presente Acuerdo;

b) la entidad independiente a que se refiere el
apartado a) establecerá una lista de expertos que contendrá:

i) una sección de miembros nombrados por la
organización que represente a las entidades de inspección previa a la
expedición;

ii) una sección de miembros nombrados por la
organización que represente a los exportadores;

iii) una sección de expertos comerciales
independientes nombrados por la entidad independiente a que se refiere
el apartado a).

La distribución geográfica de los expertos que
figuren en esa lista será tal que permita tratar rápidamente las
diferencias planteadas en el marco de este procedimiento. La lista se
confeccionará dentro de un plazo de dos meses a partir de la entrada en
vigor del Acuerdo sobre la OMC y se actualizará anualmente. Estará a
disposición del público. Se notificará a la Secretaría y se distribuirá
a todos los Miembros;

c) el exportador o la entidad de inspección previa
a la expedición que desee plantear una diferencia se pondrá en contacto
con la entidad independiente a que se refiere el apartado a) y
solicitará el establecimiento de un grupo especial. La entidad
independiente se encargará de establecer dicho grupo especial. Éste se
compondrá de tres miembros, que se elegirán de manera que se eviten
gastos y demoras innecesarios. El primer miembro lo elegirá, entre los
de la sección i) de la lista mencionada supra, la entidad de inspección
previa a la expedición interesada, a condición de que ese miembro no
esté asociado a dicha entidad. El segundo miembro lo elegirá, entre los
de la sección ii) de la lista mencionada supra, el exportador
interesado, a condición de que ese miembro no esté asociado a dicho
exportador. El tercer miembro lo elegirá, entre los de la sección iii)
de la lista mencionada supra, la entidad independiente a que se refiere
el apartado a). No se harán objeciones a ningún experto comercial
independiente elegido entre los de la sección iii) de la lista
mencionada supra;

d) el experto comercial independiente elegido
entre los de la sección iii) de la lista mencionada supra actuará como
presidente del grupo especial. Adoptará las decisiones necesarias para
lograr que el grupo especial resuelva rápidamente la diferencia: por
ejemplo, decidirá si los hechos del caso requieren o no que los miembros
del grupo especial se reúnan y, en la afirmativa, dónde tendrá lugar la
reunión, teniendo en cuenta el lugar de la inspección en cuestión;

e) si las partes en la diferencia convinieran en
ello, la entidad independiente a que se refiere el apartado a) podría
elegir un experto comercial independiente entre los de la sección iii)
de la lista mencionada supra para examinar la diferencia de que se
trate. Dicho experto adoptará las decisiones necesarias para lograr una
rápida solución de la diferencia, por ejemplo teniendo en cuenta el
lugar de la inspección en cuestión;

f) el objeto del examen será establecer si, en el
curso de la inspección objeto de la diferencia, las partes en la
diferencia han cumplido las disposiciones del presente Acuerdo. El
procedimiento será rápido y brindará a ambas partes la oportunidad de
exponer sus opiniones personalmente o por escrito;

g) las decisiones del grupo especial compuesto de
tres miembros se adoptarán por mayoría de votos. La decisión sobre la
diferencia se emitirá dentro de un plazo de ocho días hábiles a partir
de la solicitud del examen independiente y se comunicará a las partes en
la diferencia. Este plazo podría prorrogarse si así lo convinieran las
partes en la diferencia. El grupo especial o el experto comercial
independiente repartirá los costos, basándose en las circunstancias del
caso;

h) la decisión del grupo especial será vinculante
para la entidad de inspección previa a la expedición y el exportador
partes en la diferencia.


ARTÍCULO 5. NOTIFICACIÓN.

Los Miembros facilitarán a la Secretaria los
textos de las leyes y reglamentos mediante los cuales pongan en vigor el
presente Acuerdo, así como los textos de cualesquiera otras leyes y
reglamentos en relación con la inspección previa a la expedición, cuando
el Acuerdo sobre la OMC entre en vigor con respecto al Miembro de que se
trate. Ninguna modificación de las leyes y reglamentos relativos a la
inspección previa a la expedición se aplicará antes de haberse publicado
oficialmente. Las modificaciones se notificarán a la Secretaria
inmediatamente después de su publicación. La Secretaria informará a los
Miembros de la posibilidad de disponer de dicha información


ARTÍCULO 6. EXAMEN.

Al final del segundo año de la fecha de entrada en
vigor del Acuerdo sobre la OMC, y posteriormente con periodicidad
trienal, la Conferencia Ministerial examinará las disposiciones, la
aplicación y el funcionamiento del presente Acuerdo, habida cuenta de
sus objetivos y de la experiencia adquirida en su funcionamiento. Como
consecuencia de tal examen, la Conferencia Ministerial podrá modificar
las disposiciones del Acuerdo.


ARTÍCULO 7. CONSULTAS.

Los Miembros entablarán consultas con otros
Miembros que lo soliciten con respecto a cualquier cuestión relativa al
funcionamiento del presente Acuerdo. En tales casos, serán aplicables al
presente Acuerdo las disposiciones del artículo XXII del GATT de 1994,
desarrolladas y aplicadas en virtud del Entendimiento sobre Solución de
Diferencias.


ARTÍCULO 8. SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS.

Toda diferencia que surja entre los Miembros con
respecto al funcionamiento del presente Acuerdo estará sujeta a las
disposiciones del artículo XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y
aplicadas en virtud del Entendimiento sobre Solución de Diferencias.


ARTÍCULO 9. DISPOSICIONES FINALES.

1. Los Miembros tomarán las medidas necesarias
para la aplicación del presente Acuerdo.

2. Los Miembros se asegurarán de que sus leyes y
reglamentos no sean contrarios a las disposiciones del presente Acuerdo.


ACUERDO SOBRE NORMAS DE ORIGEN

Los Miembros,

Observando que los Ministros acordaron el 20 de
septiembre de 1986 que la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales
Multilaterales tendría por finalidad “aportar una mayor liberalización y
expansión del comercio mundial”, “potenciar la función del GATT” e
“incrementar la capacidad de respuesta del sistema del GATT ante los
cambios del entorno económico internacional”;

Deseando promover la realización de los objetivos
del GATT de 1994;.

Reconociendo que el establecimiento y la
aplicación de normas de origen claras y previsibles facilitan las
corrientes de comercio internacional;

Deseando asegurar que las normas de origen no
creen por sí mismas obstáculos innecesarios al comercio;

Deseando asegurar que las normas de origen no
anulen ni menoscaben los derechos que confiere a los Miembros del GATT
de 1994;

Reconociendo la conveniencia de dotar de
transparencia a las leyes, reglamentos y prácticas relativos a las
normas de origen;

Deseando asegurar que las normas de origen se
elaboren y apliquen de manera imparcial, transparente, previsible,
coherente y que no tenga efectos en el comercio;

Reconociendo la existencia de un mecanismo
consultivo y de procedimientos para la solución rápida, eficaz y
equitativa de las diferencias que puedan surgir en el marco del presente
Acuerdo;

Deseando armonizar y clarificar las normas de
origen;

Convienen en lo siguiente:


PARTE I.-
DEFINICIONES Y AMBITO DE APLICACION.



ARTÍCULO I.-
NORMAS DE ORIGEN.


1. A los efectos de las Partes I a IV del presente
Acuerdo, se entenderá por normas de origen las leyes, reglamentos y
decisiones administrativas de aplicación general aplicados por un
Miembro para determinar el país de origen de los productos siempre que
tales normas de origen no estén relacionadas con regímenes de comercio
contractuales o autónomos conducentes al otorgamiento de preferencias
arancelarias que sobrepasen la aplicación del párrafo 1 del artículo I
del GATT de 1994.

2. Las normas de origen a
que se refiere el párrafo 1 comprenderán todas las normas de origen
utilizadas en instrumentos de política comercial no preferenciales,
tales como en la aplicación: del trato de nación más favorecida en
virtud de los artículos I, II, III, XI y XIII del GATT de 1994; de los
derechos antidumping y de los derechos compensatorios establecidos al
amparo del artículo VI del GATT de 1994; de las medidas de salvaguardia
establecidas al amparo del artículo XIX del GATT de 1994; de las
prescripciones en materia de marcas de origen previstas en el artículo
IX del GATT de 1994; y de cualesquiera restricciones cuantitativas o
contingentes arancelarios discriminatorios. Comprenderán también las
normas de origen utilizadas para las compras del sector público y las
estadísticas comerciales. (59)


PARTE II.-
DISCIPLINAS QUE HAN DE REGIR LA APLICACION DE LAS NORMAS DE
ORIGEN.



ARTÍCULO 2.
DISCIPLINAS DURANTE EL PERÍODO DE TRANSICIÓN.

Hasta que se lleve a término el programa de
trabajo para la armonización de las normas de origen establecido en la
Parte IV, los Miembros se asegurarán de que:

a) cuando dicten decisiones administrativas de
aplicación general, se definan claramente las condiciones que hayan de
cumplirse. En particular:

i) cuando se aplique el criterio de cambio de la
clasificación arancelaria, en esa norma de origen y en las excepciones
que puedan hacerse a la misma deberán especificarse claramente las
subpartidas o partidas de la nomenclatura arancelaria a que se refiera
la norma;

ii) cuando se aplique el criterio del porcentaje
ad valorem, se indicará también en las normas de origen el método de
cálculo de dicho porcentaje;

iii) cuando se prescriba el criterio de la
operación de fabricación o elaboración, deberá especificarse con
precisión la operación que confiera origen al producto;

b) sea cual fuere la medida o el instrumento de
política comercial a que estén vinculadas, sus normas de origen no se
utilicen como instrumentos para perseguir directa o indirectamente
objetivos comerciales;

c) las normas de origen no surtan por si mismas
efectos de restricción, distorsión o perturbación del comercio
internacional. No impondrán condiciones indebidamente estrictas ni
exigirán el cumplimiento de una determinada condición no relacionada con
la fabricación o elaboración como requisito previo para la determinación
del país de origen. Sin embargo, podrán incluirse los costos no
directamente relacionados con la fabricación o elaboración a efectos de
la aplicación de un criterio basado en e porcentaje ad valorem que sea
conforme a lo dispuesto en el apartado a);

d) las normas de origen
que apliquen a las importaciones y a las exportaciones no sean más
rigurosas que las que apliquen para determinar si un producto es o no de
producción nacional, ni discriminen entre otros Miembros, sea cual fuere
la afiliación de los fabricantes del producto afectado (60);

e) sus normas de origen se administren de manera
coherente, uniforme, imparcial y razonable;

f) sus normas de origen se basen en un criterio
positivo. Las normas de origen que establezcan lo que no confiere origen
(criterio negativo) podrán permitirse como elemento de aclaración de un
criterio positivo o en casos individuales en que no sea necesaria una
determinación positiva de origen;

g) sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y
disposiciones administrativas de aplicación general en relación con las
normas de origen se publiquen como si estuvieran sujetas a las
disposiciones del párrafo I del artículo X del GATT de 1994 y en
conformidad con las mismas;

h) a petición de un
exportador, de un importador o de cualquier persona que tenga motivos
justificados para ello, los dictámenes del origen que atribuyan a un
producto se emitan lo antes posible y nunca después de los 150 días
(61)
 siguientes a la petición de tal dictamen, siempre que se hayan
presentado todos los elementos necesarios. Las solicitudes de esos
dictámenes se aceptarán cuando se presenten antes de que se inicie el
comercio del producto en cuestión y podrán aceptarse en cualquier
momento posterior. Tales dictámenes conservarán su validez por tres
años, siempre que subsistan hechos y condiciones, con inclusión de las
normas de origen, comparables a los existentes en el momento en que se
emitieron. A condición de que se informe con antelación a las partes
interesadas, esos dictámenes dejarán de ser válidos cuando se adopte una
decisión contraria a ellos al proceder a una revisión de las previstas
en el apartado j). Tales dictámenes se pondrán a disposición del
público, a reserva de las disposiciones del apartado k);

i) cuando introduzcan modificaciones en sus normas
de origen o establezcan nuevas normas de origen, tales cambios no se
apliquen con efectos retroactivos según lo determinado en sus leyes o
reglamentos y sin perjuicio de éstos;

j) toda medida administrativa que adopten en
relación con la determinación de origen sea susceptible de pronta
revisión por tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o
administrativos -independientes de la autoridad que haya emitido la
determinación- que puedan modificar o anular dicha determinación;

k) toda información que sea de carácter
confidencial, o que se haya facilitado confidencialmente a efectos de la
aplicación de normas de origen, sea considerada estrictamente
confidencial por las autoridades competentes, que no la revelarán sin
autorización expresa de la persona o del gobierno que la haya
facilitado, excepto en la medida en que pueda ser necesario en el
contexto de procedimientos judiciales.


ARTÍCULO 3. DISCIPLINAS DESPUÉS DEL PERÍODO
DE TRANSICIÓN.

Teniendo en cuenta el objetivo de todos los
Miembros de lograr como resultado del programa de trabajo en materia de
armonización establecido en la Parte IV el establecimiento de normas de
origen armonizadas, los Miembros, al aplicar los resultados del programa
de trabajo en materia de armonización, se asegurarán de que:

a) las normas de origen se apliquen por igual a
todos los fines establecidos en el artículo 1;

b) con arreglo a sus normas de origen, el país que
se determine país de origen de un determinado producto sea aquel en el
que se haya obtenido totalmente el producto o, cuando en su producción
estén implicados varios países, aquel en el que se haya efectuado la
última transformación sustancial;

c) las normas de origen que apliquen a las
importaciones y a las exportaciones no sean más rigurosas que las que
apliquen para determinar si un producto es o no de producción nacional,
ni discriminen entre otros Miembros, sea cual fuere la afiliación de los
fabricantes del producto afectado;

d) las normas de origen se administren de manera
coherente, uniforme, imparcial y razonable;

e) sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y
disposiciones administrativas de aplicación general en relación con las
normas de origen se publiquen como si estuvieran sujetas a las
disposiciones del párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 y en
conformidad con las mismas;

f) a petición de un exportador, de un importador o
de cualquier persona que tenga motivos justificados para ello, los
dictámenes del origen que atribuyan a un producto se emitan lo antes
posible y nunca después de los 150 días siguientes a la petición de tal
dictamen, siempre que se hayan presentado todos los elementos
necesarios. Las solicitudes de esos dictámenes se aceptarán cuando se
presenten antes de que se inicie el comercio del producto en cuestión y
podrán aceptarse en cualquier momento posterior. Tales dictámenes
conservaran su validez por tres años, siempre que subsistan hechos y
condiciones, con inclusión de las normas de origen, comparables a los
existentes en el momento en que se emitieron. A condición de que se
informe con antelación a las partes interesadas, esos dictámenes dejarán
de ser válidos cuando se adopte una decisión contraria a ellos al
proceder a una revisión de las previstas en el apartado h). Tales
dictámenes se pondrán a disposición del público, a reserva de las
disposiciones del apartado i);

g) cuando introduzcan modificaciones en sus normas
de origen o establezcan nuevas normas de origen, tales cambios no se
apliquen con efectos retroactivos según lo determinado en sus leyes o
reglamentos y sin perjuicio de éstos;

h) toda medida administrativa que adopten en
relación con la determinación de origen sea susceptible de pronta
revisión por tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o
administrativos -independientes de la autoridad que haya emitido la
determinación- que puedan modificar o anular dicha determinación;

i) toda información que sea de carácter
confidencial, o que se haya facilitado confidencialmente a efectos de la
aplicación de normas de origen, sea considerada estrictamente
confidencial por las autoridades competentes, que no la revelarán sin
autorización expresa de la persona o del gobierno que la haya
facilitado, excepto en la medida en que pueda ser necesario en el
contexto de procedimientos judiciales.


PARTE III.-
DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE NOTIFICACION,
EXAMEN, CONSULTAS Y SOLUCION DE DIFERENCIAS.


ARTÍCULO 4. INSTITUCIONES.

1. En virtud del presente Acuerdo se establece un
Comité de Normas de Origen (denominado en el presente Acuerdo el
“Comité”) que estará integrado por representantes de cada uno de los
Miembros. El propio Comité elegirá su presidente y se reunirá cuando sea
necesario, pero al menos una vez al año, para dar a los Miembros
oportunidad de consultarse sobre las cuestiones relativas al
funcionamiento de las Partes I, II, III y IV o a la consecución de los
objetivos establecidos en dichas Partes, y desempeñar las demás
funciones que le sean asignadas en virtud del presente Acuerdo o que le
encomiende el Consejo del Comercio de Mercancías. Siempre que sea
apropiado, el Comité pedirá información y asesoramiento al Comité
Técnico al que se refiere el párrafo 7 sobre cuestiones relacionadas con
el presente Acuerdo. El Comité podrá pedir también al Comité Técnico que
realice cualquier otra labor que considere apropiada para la consecución
de los objetivos del presente Acuerdo. Los servicios de secretaría del
Comité serán prestados por la Secretaría de la OMC;

2. Se establecerá un Comité Técnico de Normas de
Origen (denominado en el presente Acuerdo el “Comité Técnico”), bajo los
auspicios del Consejo de Cooperación Aduanera (CCA), según lo dispuesto
en el Anexo 1. El Comité Técnico realizará la labor técnica prevista en
la Parte IV y las funciones prescritas en el Anexo I. Siempre que sea
apropiado, el Comité Técnico pedirá información y asesoramiento al
Comité sobre cuestiones relacionadas con el presente Acuerdo. El Comité
Técnico podrá pedir también al Comité que realice cualquier otra labor
que considere apropiada para la consecución de los objetivos del
presente Acuerdo. Los servicio, de secretaría del Comité Técnico serán
prestados por la Secretaría del CCA.


ARTÍCULO 5. INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE
MODIFICACIÓN Y DE ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS NORMAS DE ORIGEN.

1. Cada Miembro comunicará a la Secretaría en un
plazo de 90 días contado a partir de la techa de entrada en vigor para
él del Acuerdo sobre la OMC, sus normas de origen, decisiones judiciales
y disposiciones administrativas de aplicación general en relación con
las normas de origen, que se hallen en vigor en esa fecha. Si, por
inadvertencia, se omitiera comunicar una norma de origen, el Miembro de
que se trate la comunicará inmediatamente después de que advierta la
omisión. La Secretaría distribuirá a los Miembros listas de la
información que haya recibido y que conservará a disposición de los
Miembros.

2. Durante el período a que se refiere el artículo
2, los Miembros que introduzcan modificaciones que no constituyan
cambios insignificantes en sus normas de origen o que establezcan nuevas
normas de origen -en las que, a los efectos del presente artículo,
estarán incluidas las normas de origen a que se refiere el párrafo I que
no se hayan comunicado a la Secretaría- publicarán un aviso al efecto
con una antelación mínima de 60 días a la fecha de entrada en vigor de
la norma modificada o de la nueva norma, de manera que las partes
interesadas puedan tener conocimiento de la intención de modificar una
norma de origen o de establecer una nueva, a menos que surjan o haya
peligro de que surjan circunstancias excepcionales respecto de un
Miembro. En estos casos excepcionales, el Miembro publicará la norma
modificada o la nueva norma lo antes posible.


ARTÍCULO 6. EXAMEN.

1. El Comité examinará anualmente la aplicación y
el funcionamiento de las Partes II y III del presente Acuerdo habida
cuenta de sus objetivos. El Comité informará anualmente al Consejo del
Comercio de Mercancías de las novedades registradas durante los períodos
que abarquen dichos exámenes.

2. El Comité examinará las disposiciones de las
Partes I, II y III y propondrá las modificaciones que sean necesarias
teniendo en cuenta los resultados del programa de trabajo en materia de
armonización.

3. El Comité, en colaboración con el Comité
Técnico, establecerá un mecanismo para examinar los resultados del
programa de trabajo en materia de armonización y proponer la
introducción de modificaciones, teniendo en cuenta los objetivos y
principios enunciados en el artículo 9. Ello podrá incluir casos en que
sea necesario hacer más operativas las normas o actualizarlas teniendo
en cuenta los nuevos procesos de producción como consecuencia de cambios
tecnológicos.


ARTÍCULO 7. CONSULTAS.

Serán aplicables al presente Acuerdo las
disposiciones del artículo XXII del GATT de 1994, desarrolladas y
aplicadas en virtud del Entendimiento sobre Solución de Diferencias.


ARTÍCULO 8. SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS.

Serán aplicables al presente Acuerdo las
disposiciones del artículo XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y
aplicadas en virtud del Entendimiento sobre Solución de Diferencias.


PARTE IV.-
ARMONIZACION DE LAS NORMAS DE ORIGEN.



ARTÍCULO 9. OBJETIVOS
Y PRINCIPIOS.

1. Teniendo como objetivos la armonización de las
normas de origen y, en particular, una mayor seguridad en el desarrollo
del comercio mundial, la Conferencia Ministerial emprenderá el programa
de trabajo expuesto infra, conjuntamente con el CCA, sobre la base de
los siguientes principios:

a) las normas de origen deberán aplicarse por
igual a todos los fines establecidos en el artículo 1;

b) las normas de origen deberán prever que el país
que se determine como país de origen de un determinado producto sea
aquél en el que se haya obtenido totalmente el producto o, cuando en su
producción estén implicados más de un país, aquel en el que se haya
llevado a cabo la última transformación sustancial;

c) las normas de origen deberán ser objetivas,
comprensibles y previsibles;

d) sea cual fuere la medida o el instrumento al
que puedan estar vinculadas, las normas de origen no deberán utilizarse
como instrumentos para perseguir directa o indirectamente objetivos
comerciales. No deberán surtir por sí mismas efectos de restricción,
distorsión o perturbación del comercio internacional. No deberán imponer
condiciones indebidamente estrictas ni exigir el cumplimiento de una
determinada condición no relacionada con la fabricación o elaboración
como requisito previo para la determinación del país de origen. Sin
embargo, podrán incluirse los costos no directamente relacionados con la
fabricación o elaboración a efectos de la aplicación de un criterio
basado en el porcentaje ad valorem;

e) las normas de origen deberán administrarse de
manera coherente, uniforme, imparcial y razonable;

f) las normas de origen deberán ser coherentes;

g) las normas de origen deberán basarse en un
criterio positivo. Podrán utilizarse criterios negativos para aclarar un
criterio positivo.

Programa de trabajo

2.

a) El programa de trabajo se iniciará tan pronto
como sea posible después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC
y se llevará a término en un plazo de tres años a partir de su
iniciación.

b) El Comité y el Comité Técnico previstos en el
artículo 4 serán los órganos apropiados para desarrollar esta labor.

c) A fin de obtener una información detallada del
CCA, el Comité pedirá al Comité Técnico que facilite sus
interpretaciones y opiniones resultantes de la labor descrita infra
sobre la base de los principios enumerados en el párrafo 1. Para
asegurar la finalización a tiempo del programa de trabajo encaminado a
la armonización, ese trabajo se realizará por sectores de productos, tal
como se presentan en los diversos capítulos o secciones de la
nomenclatura del Sistema Armonizado (SA).

i) Productos obtenidos totalmente y operaciones o
procesos mínimos

El Comité Técnico elaborará definiciones
armonizadas de:

– los productos que han de considerarse obtenidos
totalmente en un país. Esta labor será lo más detallada posible;

– las operaciones o procesos mínimos que de por sí
no confieren origen a un producto.

Los resultados de esta labor se presentarán al
Comité en un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de su
solicitud.

ii) Transformación sustancial-Cambio de la
clasificación arancelaria

– El Comité Técnico considerará, sobre la base del
criterio de la transformación sustancial, la utilización del cambio de
subpartida o partida arancelaria al elaborar normas de origen para
determinados productos o para un sector de productos y, cuando sea
apropiado, el cambio mínimo dentro de la nomenclatura suficiente para
satisfacer este criterio, y desarrollará la cuestión.

– El Comité Técnico dividirá la labor mencionada
supra por productos, teniendo en cuenta los capítulos o secciones de la
nomenclatura del SA, con el fin de presentar los resultados de su labor
al Comité por lo menos trimestralmente. El Comité Técnico llevará a
término la labor mencionada supra en un plazo de 15 meses a partir de la
fecha de recepción de la solicitud del Comité.

iii) Transformación sustancial – Criterios
complementarios

Tras llevar a término la labor mencionada en el
apartado ii), con respecto a cada sector de productos o categoría
individual de productos en los que el solo uso de la nomenclatura del SA
no permita decir que hay transformación sustancial, el Comité Técnico:

-considerará, sobre la
base del criterio de la transformación sustancial, la utilización, de
manera complementaria o exclusiva, de otros elementos -entre ellos
porcentajes ad valorem (62) y/u operaciones de fabricación o
elaboración  (63)– al elaborar. normas de origen
para determinados productos o para un sector de productos, y
desarrollará la cuestión;

-podrá dar explicaciones de sus propuestas;

-dividirá la labor mencionada supra por productos,
teniendo en cuenta los capítulos o secciones de la nomenclatura del SA,
con el fin de presentar los resultados de su labor al Comité por lo
menos trimestralmente. El Comité Técnico llevará a término la labor
mencionada supra en un plazo de dos años y tres meses a partir de la
techa de recepción de la solicitud del Comité.

Función del Comité

3. Sobre la base de los principios enumerados en
el párrafo 1:

a. el Comité examinará periódicamente las
interpretaciones y opiniones del Comité Técnico, de conformidad con los
plazos previstos en los apartados i), ii) y iii) del párrafo 2 c), con
miras a suscribir esas interpretaciones y opiniones. El Comité podrá
pedir al Comité Técnico que perfeccione o amplíe su labor y/o establezca
nuevos enfoques. Para ayudar al Comité Técnico, el Comité deberá dar a
conocer las razones que le muevan a pedir ese trabajo adicional y,
cuando sea apropiado, sugerirá otros posibles enfoques;

b) una vez finalizada toda la labor mencionada en
los apartados i), ii) y iii) del párrafo 2 c), el Comité examinará los
resultados por lo que respecta a su coherencia global.

Resultados del programa de trabajo en materia de
armonización y labor subsiguiente

4. La Conferencia Ministerial establecerá los
resultados del programa de trabajo en materia de armonización en un
anexo que formará parte integrante del presente Acuerdo.(64) La
Conferencia Ministerial fijará un marco temporal para la entrada en
vigor de dicho anexo.


ANEXO I. –
COMITÉ TÉCNICO DE NORMAS DE ORIGEN.
Funciones

1. Serán funciones permanentes del Comité Técnico:

a) a petición de cualquiera de sus miembros,
examinar los problemas técnicos concretos que surjan de la
administración cotidiana de las normas de origen de los Miembros y
emitir opiniones consultivas sobre soluciones apropiadas basadas en los
hechos expuestos;

b) facilitar la información y el asesoramiento
sobre cuestiones relativas a la determinación del origen de los
productos que soliciten los Miembros o el Comité;

c) elaborar y distribuir informes periódicos sobre
los aspectos técnicos del funcionamiento y condición del presente
Acuerdo; y

d) examinar anualmente los aspectos técnicos de la
aplicación y el funcionamiento de las Partes II y III.

2. El Comité Técnico desempeñará las demás
funciones que pueda encomendarle el Comité.

3. El Comité Técnico procurará concluir en un
plazo razonablemente breve sus trabajos sobre cuestiones concretas, en
especial las que le sometan los Miembros o el Comité.

Representación

4. Todos los Miembros tendrán derecho a estar
representados en el Comité Técnico. Cada Miembro podrá nombrar a un
delegado y a uno o más suplentes para que lo representen en el Comité
Técnico. Los Miembros así representados en el Comité Técnico se
denominan en adelante “miembros” del Comité Técnico. Los representantes
de los miembros del Comité Técnico podrán contar con la ayuda de
asesores en las reuniones del Comité Técnico. La Secretaría de la OMC
podrá asistir también a dichas reuniones en calidad de observador.

5. Los miembros del CCA que no sean Miembros de la
OMC podrán estar representados en las reuniones del Comité Técnico por
un delegado y uno o más suplentes. Dichos representantes asistirán a las
reuniones del Comité Técnico como observadores.

6. A reserva de la aprobación del Presidente del
Comité Técnico, el Secretario General del CCA (denominado en adelante
“el Secretario General”) podrá invitar a representantes de gobiernos que
no sean Miembros de la OMC ni miembros del CCA, y a representantes de
organizaciones internacionales gubernamentales y comerciales, a asistir
a las reuniones del Comité Técnico como observadores.

7. Los nombramientos de delegados, suplentes y
asesores para las reuniones del Comité Técnico se dirigirán al
Secretario General.

Reuniones

8. El Comité Técnico se reunirá cuando sea
necesario, y por lo menos una vez al año.

Procedimientos

9. El Comité Técnico elegirá su Presidente y
establecerá sus propios procedimientos.


ANEXO II.-
DECLARACION COMUN ACERCA DE LAS NORMAS DE ORIGEN PREFERENCIALES.

1. Los Miembros, reconociendo que algunos de ellos
aplican normas de origen preferenciales, en vez de normas de origen no
preferenciales, convienen por la presente en lo que sigue.

2. A los efectos de la presente Declaración Común,
se entenderá por normas de origen preferenciales las leyes, reglamentos
y decisiones administrativas de aplicación general aplicados por un
Miembro para determinar si a un producto le corresponde recibir el trato
preferencial previsto en virtud de regímenes de comercio contractuales o
autónomos conducentes al otorgamiento de preferencias arancelarias que
sobrepasen la aplicación del párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994.

3. Los Miembros convienen en asegurarse de que:

a) cuando dicten decisiones administrativas de
aplicación general, se definan claramente las condiciones que hayan de
cumplirse. En particular:

i) cuando se aplique el criterio de cambio de la
clasificación arancelaria, en esa norma de origen preferencial -y en las
excepciones que puedan hacerse a la misma deberán especificarse
claramente las subpartidas o partidas de la nomenclatura arancelaria a
que se refiera la norma;

ii) cuando se aplique el criterio del porcentaje
ad valorem, se indicará también en las normas de origen preferenciales
el método de cálculo de dicho porcentaje;

iii) cuando se prescriba el criterio de la
operación de fabricación o elaboración, deberá especificarse con
precisión la operación que confiera el origen preferencial;

b) sus normas de origen preferenciales se basen en
un criterio positivo. Las normas de origen preferenciales que
establezcan lo que no confiere origen preferencial (criterio negativo)
podrán permitirse como elemento de aclaración de un criterio positivo o
en casos individuales en que no sea necesaria una determinación positiva
del origen preferencial;

c) sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y
disposiciones administrativas de aplicación general en relación con las
normas de origen preferenciales se publiquen como si estuvieran sujetos
a las disposiciones del párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 y en
conformidad con las mismas;

d) a petición de un
exportador, de un importador o de cualquier persona que tenga motivos
justificados para ello, los dictámenes del origen preferencial que
atribuyan a un producto se emitan lo antes posible y nunca después de
los 150 días (65) siguientes a la petición de tal dictamen,
siempre que se hayan presentado todos los elementos necesarios. Las
solicitudes de esos dictámenes se aceptarán cuando se presenten antes de
que se inicie el comercio del producto en cuestión y podrán aceptarse en
cualquier momento posterior. Tales dictámenes conservarán su validez por
tres años, siempre que subsistan hechos y condiciones, con inclusión de
las normas de origen preferenciales, comparables a los existentes en el
momento en que se emitieron. A condición de que se informe con
antelación a las partes interesadas, esos dictámenes dejarán de ser
válidos cuando se adopte una decisión contraria a ellos al proceder a
una revisión de las previstas en el apartado t). Tales dictámenes se
pondrán a disposición del público, a reserva de las disposiciones del
apartado g);

e) cuando introduzcan modificaciones en sus normas
de origen preferenciales o establezcan nuevas normas de origen
preferenciales, tales cambios no se apliquen con efecto retroactivo
según lo determinado en sus leyes o reglamentos y sin perjuicio de
éstos;

f) toda medida administrativa que adopten en
relación con la determinación del origen preferencial sea susceptible de
pronta revisión por tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o
administrativos -independientes de la autoridad que haya emitido la
determinación- que puedan modificar o anular dicha determinación;

g) toda información que sea de carácter
confidencial, o que se haya facilitado confidencialmente a efectos de la
aplicación de normas de origen preferenciales, sea considerada
estrictamente confidencial por las autoridades competentes, que no la
revelarán sin autorización expresa de la persona o del gobierno que la
haya facilitado, excepto en la medida en que pueda ser necesario en el
contexto de procedimientos judiciales.

4. Los Miembros convienen en facilitar prontamente
a la Secretaría sus normas de origen preferenciales, con una lista de
los acuerdos preferenciales correspondientes, las decisiones judiciales
y las disposiciones administrativas de aplicación general en relación
con sus normas de origen preferenciales vigentes en la fecha de entrada
en vigor del Acuerdo sobre la OMC para el Miembro de que se trate.
Además, los Miembros convienen en comunicar lo antes posible a la
Secretaría las modificaciones de sus normas de origen preferenciales o
sus nuevas normas de origen preferenciales. La Secretaría distribuirá a
los Miembros listas de la información que haya recibido y que conservará
a disposición de los mismos.


ACUERDO SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA EL
TRAMITE DE LICENCIAS DE IMPORTACION


Los Miembros,

Habida cuenta de las Negociaciones Comerciales
Multilaterales;

Deseando promover la realización de los objetivos
del GATT de 1994;

Teniendo en cuenta las necesidades especiales de
los países en desarrollo Miembros por lo que respecta a su comercio, su
desarrollo y sus finanzas;

Reconociendo que los sistemas de licencias
automáticas de importación son útiles para ciertos fines, pero no deben
utilizarse para restringir el comercio;

Reconociendo que los sistemas de licencias de
importación pueden emplearse para la administración de medidas tales
como las adoptadas con arreglo a las disposiciones pertinentes del GATT
de 1994;

Reconociendo las disposiciones del GATT de 1994
aplicables a los procedimientos para el trámite de licencias de
importación;

Deseando asegurarse de que no se haga de los
procedimientos para el trámite de licencias de importación una
utilización contraria a los principios y obligaciones dimanantes del
GATT de 1994;

Reconociendo que las corrientes de comercio
internacional podrían verse obstaculizadas por la utilización inadecuada
de los procedimientos para el trámite de licencias de importación;

Persuadidos de que los sistemas de licencias de
importación, especialmente los de licencias de importación no
automáticas, deben aplicarse de forma transparente y previsible;

Reconociendo que los procedimientos para el
trámite de licencias no automáticas no deben entrañar más cargas
administrativas que las absolutamente necesarias para administrar la
medida pertinente;

Deseando simplificar los procedimientos y
prácticas administrativas que se siguen en el comercio internacional y
darles transparencia, y garantizar la aplicación y administración justas
y equitativas de esos procedimientos y prácticas;

Deseando establecer un mecanismo consultivo y
prever disposiciones para la solución rápida, eficaz y equitativa de las
diferencias que puedan surgir en el marco del presente Acuerdo;

Convienen en lo siguiente:


ARTÍCULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

1. A los efectos del presente Acuerdo, se entiende
por trámite de licencias de importación el procedimiento administrativo
(66)

utilizado para la aplicación de los regímenes de licencias de
importación que requieren la presentación de una solicitud u otra
documentación (distinta de la necesaria a efectos aduaneros) al órgano
administrativo pertinente, como condición previa para efectuar la
importación en el territorio aduanero del Miembro importador.

2. Los Miembros se
asegurarán de que los procedimientos administrativos utilizados para
aplicar los regímenes de licencias de importación estén en conformidad
con las disposiciones pertinentes del GATT de 1994, incluidos sus anexos
y protocolos, según se interpretan en el presente Acuerdo, con miras a
evitar las distorsiones del comercio que puedan derivarse de una
aplicación impropia de esos procedimientos, teniendo en cuenta los
objetivos de desarrollo económico y las necesidades financieras y
comerciales de los países en desarrollo Miembros.(67)

3. Las reglas a que se sometan los procedimientos
de trámite de licencias de importación se aplicarán de manera neutral y
se administrarán justa y equitativamente.

4. a) Las reglas y toda la
información relativa a los procedimientos para la presentación de
solicitudes, incluidas las condiciones que deban reunir las personas,
empresas e instituciones para poder presentar esas solicitudes, el
órgano u órganos administrativos a los que haya que dirigirse, así como
las listas de los productos sujetos al requisito de licencias, se
publicarán en las fuentes de información notificadas al Comité de
Licencias de Importación previsto en el artículo 4 (denominado en el
presente Acuerdo el “Comité”) de modo que los gobiernos
(68)
 y los comerciantes puedan tomar conocimiento de ellas. Tal
publicación tendrá lugar, cuando sea posible, 21 días antes de la fecha
en que se haga efectivo el requisito y nunca después de esa fecha.
Cualesquiera excepciones, exenciones o modificaciones que se introduzcan
en o respecto de las reglas relativas a los procedimientos de trámite de
licencias o la lista de productos sujetos al tramite de licencias de
importación se publicarán también de igual modo y dentro de los mismos
plazos especificados supra. Asimismo, se pondrán a disposición de la
Secretaria ejemplares de esas publicaciones.

b) Se dará a los Miembros que deseen formular
observaciones por escrito la oportunidad de celebrar conversaciones al
respecto, cuando así lo soliciten. El Miembro interesado tendrá
debidamente en cuenta esas observaciones y los resultados de esas
conversaciones.

5. Los formularios de solicitud y, en su caso, de
renovación, serán de la mayor sencillez posible. Al presentarse la
solicitud podrán exigirse los documentos y la información que se
consideren estrictamente necesarios para el buen funcionamiento del
régimen de licencias.

6. El procedimiento para la solicitud y, en su
caso, la renovación, será de la mayor sencillez posible. Los
solicitantes deberán disponer de un periodo razonable para la
presentación de solicitudes de licencias. Cuando se haya fijado una
fecha de clausura, este periodo deberá ser por lo menos de 21 días, con
posibilidad de prorrogarlo en circunstancias en que se haya recibido un
número insuficiente de solicitudes dentro de ese plazo. El solicitante
sólo tendrá que dirigirse a un órgano administrativo en relación con su
solicitud. Cuando sea estrictamente indispensable dirigirse a más de un
órgano administrativo, el solicitante no tendrá que dirigirse a más de
tres.

7. Ninguna solicitud se rechazará por errores
leves de documentación que no alteren los datos básicos contenidos en la
misma. No se impondrá, por causa de omisiones o errores de documentación
o procedimiento en los que sea evidente que no existe intención
fraudulenta ni negligencia grave, ninguna sanción superior a la
necesaria para servir simplemente de advertencia.

8. Las importaciones amparadas en licencias no se
rechazarán por variaciones de poca importancia de su valor, cantidad o
peso en relación con los expresados en la licencia, debidas a
diferencias ocurridas durante el transporte, diferencias propias de la
carga a granel u otras diferencias menores compatibles con la práctica
comercial normal.

9. Se pondrán a disposición de los titulares de
licencias las divisas necesarias para pagar las importaciones por ellas
amparadas, con el mismo criterio que se siga para los importadores de
mercancías que no requieran licencias.

10. En lo concerniente a las excepciones relativas
a la seguridad, serán de aplicación las disposiciones del artículo XXI
del GATT de 1994.

11. Las disposiciones del presente Acuerdo no
obligarán a ningún Miembro a revelar información confidencial cuya
divulgación pueda constituir un obstáculo para el cumplimiento de las
leyes o ser de otra manera contraria al interés público o pueda lesionar
los intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas.


ARTÍCULO 2.
TRÁMITE DE LICENCIAS AUTOMÁTICAS DE IMPORTACIÓN
.(69)

1. Se entiende por trámite de licencias
automáticas de importación un sistema de licencias de importación en
virtud del cual se aprueben las solicitudes en todos los casos y que sea
conforme a las prescripciones del apartado a) del párrafo 2.

2. Además de lo dispuesto
en los párrafos 1 a 11 del artículo 1 y en el párrafo 1 de este
artículo, se aplicarán a los procedimientos de trámite de licencias
automáticas de importación las siguientes disposiciones (70):

a) los procedimientos de trámite de licencias
automáticas no se administrarán de manera que tengan efectos
restrictivos en las importaciones sujetas a tales licencias. Se
considerará que los procedimientos de trámite de licencias automáticas
tienen efectos de restricción del comercio salvo que, entre otras cosas:

i. todas las personas, empresas o instituciones
que reúnan las condiciones legales impuestas por el Miembro importador
para efectuar operaciones de importación referentes a productos sujetos
al trámite de licencias automáticas tengan igual derecho a solicitar y
obtener licencias de importación;

ii) las solicitudes de licencias puedan ser
presentadas en cualquier día hábil con anterioridad al despacho aduanero
de las mercancías;

iii) las solicitudes de licencias que se presenten
en forma adecuada y completa se aprueben en cuanto se reciban, en la
medida en que sea administrativamente factible, y en todo caso dentro de
un plazo máximo de 10 días hábiles;

b) los Miembros reconocen que el trámite de
licencias automáticas de importación puede ser necesario cuando no se
disponga de otros procedimientos adecuados. El trámite de licencias
automáticas de importación podrá mantenerse mientras perduren las
circunstancias que originaron su implantación y mientras los fines
administrativos que son su fundamento no puedan conseguirse de manera
más adecuada.


ARTÍCULO 3. TRÁMITE DE LICENCIA. NO
AUTOMÁTICA DE IMPORTACIÓN.

1. Además de lo dispuesto en los párrafos 1a 11
del artículo 1, se aplicarán a los procedimientos de trámite de
licencias no automáticas de importación las siguientes disposiciones. Se
entiende por procedimientos de trámite de licencias no automáticas de
importación un sistema de licencias de importación no comprendido en la
definición que figura en el párrafo 1 del artículo 2.

2. El trámite de licencias no automáticas no
tendrá en las importaciones efectos de restricción o distorsión
adicionales a los resultantes del establecimiento de la restricción. Los
procedimientos de trámite de licencias no automáticas guardarán
relación, en cuanto a su alcance y duración, con la medida a cuya
aplicación estén destinados, y no entrañarán más cargas administrativas
que las absolutamente necesarias para administrar la medida.

3. En el caso de prescripciones en materia de
licencias destinadas a otros fines que la aplicación de restricciones
cuantitativas, los Miembros publicarán información suficiente para que
los demás Miembros y los comerciantes conozcan las bases de otorgamiento
y/o asignación de las licencias.

4. Cuando un Miembro brinde a las personas,
empresas o instituciones la posibilidad de solicitar excepciones o
exenciones del cumplimiento de una prescripción en materia de licencias,
lo indicará en la información publicada en virtud del párrafo 4 del
artículo 1, e indicará también la manera de hacer esas solicitudes y, en
la medida que sea posible, las circunstancias en las que se tomarían en
consideración.

5.a) Los Miembros proporcionarán, previa petición
de cualquier Miembro que tenga interés en el comercio del producto de
que se trate, toda la información pertinente sobre:

i) la administración de las restricciones;

ii) las licencias de importación concedidas
durante un periodo reciente;

iii) la repartición de esas licencias entre los
países abastecedores;

iv) cuando sea factible, estadísticas de
importación (en valor y/o volumen) de los productos sujetos al trámite
de licencias de importación. No se esperará de los países en desarrollo
Miembros que asuman cargas administrativas o financieras adicionales por
ese concepto;

b) los Miembros que administren contingentes
mediante licencias publicarán el volumen total y/o el valor total de los
contingentes que vayan a aplicarse, sus techas de apertura y cierre, y
cualquier cambio que se introduzca al respecto, dentro de los plazos
especificados en el párrafo 4 del artículo 1 y de manera que los
gobiernos y los comerciantes puedan tener conocimiento de ello;

c) cuando se trate de contingentes repartidos
entre los países abastecedores, el Miembro que aplique la restricción
informará sin demora a todos los demás Miembros interesados en el
abastecimiento del producto de que se trate acerca de la parte del
contingente, expresada en volumen o en valor, que haya sido asignada,
para el período en curso, a los diversos países abastecedores, y
publicará esa información dentro de los plazos especificados en el
párrafo 4 del artículo 1 y de manera que los gobiernos y los
comerciantes puedan tener conocimiento de ella;

d) cuando surjan situaciones en las que sea
necesario fijar una fecha temprana de apertura de los contingentes, la
información a que se refiere el párrafo 4 del artículo 1 se publicará
dentro de los plazos especificados en dicho párrafo y de manera que los
gobiernos y los comerciantes puedan tener conocimiento de ella;

e) todas las personas, empresas o instituciones
que reúnan las condiciones legales y administrativas impuestas por el
Miembro importador tendrán igual derecho a solicitar una licencia y a
que se tenga en cuenta su solicitud. Si la solicitud de licencia no es
aprobada, se darán, previa petición, al solicitante las razones de la
denegación, y éste tendrá derecho a recurso o revisión con arreglo a la
legislación o los procedimientos internos del Miembro importador;

f) excepto cuando ello sea imposible por razones
que no dependan del Miembro, el plazo de tramitación de las solicitudes
no será superior a 30 días si las solicitudes se examinan a medida que
se reciban, es decir, por orden cronológico de recepción, ni será
superior a 60 días si todas las solicitudes se examinan simultáneamente.
En este último caso, se considerará que el plazo de tramitación de las
solicitudes empieza el día siguiente al de la fecha de cierre del
período anunciado para presentar las solicitudes;

g) el período de validez de la licencia será de
duración razonable y no tan breve que impida las importaciones. El
período de validez de la licencia no habrá de impedir las importaciones
procedentes de fuentes alejadas, salvo en casos especiales en que las
importaciones sean precisas para hacer frente a necesidades a corto
plazo de carácter imprevisto;

h) al administrar los contingentes, los Miembros
no impedirán que se realicen las importaciones de conformidad con las
licencias expedidas, ni desalentarán la utilización íntegra de los
contingentes;

i) al expedir las licencias, los Miembros tendrán
en cuenta la conveniencia de que estas se expidan para cantidades de
productos que presenten un interés económico;

j) al asignar las licencias, el Miembro deberá
tener en cuenta las importaciones realizadas por el solicitante. A este
respecto, deberá tenerse en cuenta si, durante un período representativo
reciente, los solicitantes han utilizado en su integridad las licencias
anteriormente obtenidas. En los casos en que no se hayan utilizado en su
integridad las licencias, el Miembro examinará las razones de ello y
tendrá en cuenta esas razones al asignar nuevas licencias. Se procurará
asimismo asegurar una distribución razonable de licencias a los nuevos
importadores, teniendo en cuenta la conveniencia de que las licencias se
expidan para cantidades de productos que presenten un interés económico.
A este respecto, deberá prestarse especial consideración a IQS
importadores que importen productos originarios de países en desarrollo
Miembros, en particular de los países menos adelantados Miembros;

k) en el caso de contingentes administrados por
medio de licencias que no se repartan entre países abastecedores, los
titulares de las licencias (71) podrán elegir libremente las
fuentes de las importaciones. En el caso de contingentes repartidos
entre países abastecedores, se estipulará claramente en la licencia el
país o los países;

l) al aplicar las disposiciones del párrafo 8 del
artículo 1, se podrán hacer en las nuevas distribuciones de licencias
ajustes compensatorios en caso de que las importaciones hayan rebasado
el nivel de las licencias anteriores.


ARTÍCULO 4. INSTITUCIONES.

Se establece en virtud del presente Acuerdo un
Comité de Licencias de Importación, compuesto de representantes de cada
uno de los Miembros. El Comité elegirá su Presidente y Vicepresidente y
se reunirá cuando proceda con el fin de dar a los Miembros la
oportunidad de celebrar consultas sobre cualquier cuestión relacionada
con el funcionamiento del presente Acuerdo o la consecución de sus
objetivos.


ARTÍCULO 5. NOTIFICACIÓN.

1. Los Miembros que establezcan procedimientos
para el trámite de licencias de importación o modifiquen esos
procedimientos lo notificarán al Comité dentro de los 60 días siguientes
a su publicación.

2. Las notificaciones de establecimiento de
procedimientos para el trámite de licencias de importación contendrán
los siguientes datos:

a) la lista de los productos sujetos a los
procedimientos para el trámite de licencias de importación;

b) el servicio del que pueda recabarse información
sobre las condiciones requeridas para obtener las licencias;

c) el órgano u órganos administrativos para la
presentación de las solicitudes;

d) la fecha y el nombre de la publicación en que
se den a conocer los procedimientos para el trámite de licencias;

e) indicación de si el procedimiento para el
trámite de licencias es automático o no automático con arreglo a las
definiciones que figuran en los artículos 2 y 3;

f) en el caso de los procedimientos automáticos
para el trámite de licencias, su finalidad administrativa;

g) en el caso de los procedimientos no automáticos
para el trámite de licencias de importación, indicación de la medida que
se aplica mediante el procedimiento para el trámite de licencias; y

h) la duración prevista del procedimiento para el
trámite de licencias, si puede estimarse con cierta probabilidad y, de
no ser así, la razón por la que no puede proporcionarse esta
información.

3. En las notificaciones de modificaciones de los
procedimientos para el trámite de licencias de importación se indicarán
los datos mencionados supra si hubieran sufrido variaciones.

4. Los Miembros notificarán al Comité la
publicación o las publicaciones en que aparecerá la información
requerida en el párrafo 4 del artículo 1.

5. Todo Miembro interesado que considere que otro
Miembro no ha notificado el establecimiento de un procedimiento para el
trámite de licencias o las modificaciones del mismo de conformidad con
las disposiciones de los párrafos 1 a 3 podrá señalar la cuestión a la
atención de ese otro Miembro. Si después de ello no se hiciera
inmediatamente la notificación, el primer Miembro podrá hacerla él
mismo, incluyendo toda la información pertinente de que disponga.


ARTÍCULO 6.
CONSULTAS Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS.
(72)

Las consultas y la solución de diferencias con
respecto a toda cuestión que afecte al funcionamiento del presente
Acuerdo se regirán por las disposiciones de los artículos XXII y XXIII
del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas en virtud del Entendimiento
sobre Solución de Diferencias.


ARTÍCULO 7. EXAMEN.

1. El Comité examinará cuando sea necesario, y por
lo menos una vez cada dos años, la aplicación y funcionamiento del
presente Acuerdo habida cuenta de sus objetivos y de los derechos y
obligaciones en él estipulados.

2. Como base para el
examen del Comité, la Secretaría preparará un informe táctico basado en
la información facilitada en virtud del artículo 5, en las respuestas al
cuestionario anual sobre procedimientos para el trámite de licencias de
importación (73), y en otras informaciones pertinentes y
fiables de que disponga. En ese informe, en el que se facilitará un
resumen de dicha información, se indicarán en particular los cambios o
novedades registrados durante el período objeto de examen y se incluirán
todas las demás informaciones que acuerde el Comité.

3. Los Miembros se comprometen a cumplimentar
íntegra y prontamente el cuestionario anual sobre procedimientos para el
trámite de licencias de importación.

4. El Comité informará al Consejo del Comercio de
Mercancías de las novedades registradas durante los períodos que
abarquen dichos exámenes.


ARTÍCULO 8. DISPOSICIONES FINALES.

Reservas

1. No podrán formularse reservas respecto de
ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo sin el consentimiento
de los demás Miembros.

Legislación interna

2.a) Cada Miembro se asegurará de que, a más
tardar en la techa en que el Acuerdo sobre la OMC entre en vigor para
él, sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos estén en
conformidad con las disposiciones del mismo.

b) Cada Miembro informará al Comité de las
modificaciones introducidas en aquellas de sus leyes y reglamentos que
tengan relación con el presente Acuerdo y en la aplicación de dichas
leyes y reglamentos.


ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES Y MEDIDAS
COMPENSATORIAS

Los Miembros convienen en lo siguiente:


PARTE I.-
DISPOSICIONES GENERALES.



ARTÍCULO I.
DEFINICIÓN DE SUBVENCIÓN.

1.1 A los efectos del presente Acuerdo, se
considerará que existe subvención:

a) 1) cuando haya una contribución financiera de
un gobierno o de cualquier organismo público en el territorio de un
Miembro (denominados en el presente Acuerdo “gobierno”), es decir:

i) cuando la práctica de un gobierno implique una
transferencia directa de fondos (por ejemplo, donaciones, préstamos y
aportaciones de capital) o posibles transferencias directas de fondos o
de pasivos (por ejemplo, garantías de préstamos);

ii) cuando se condonen o
no se recauden ingresos públicos que en otro caso se percibirían (por
ejemplo, incentivos tales como bonificaciones fiscales) (74) ;

iii) cuando un gobierno proporcione bienes o
servicios -que no sean de infraestructura general- o compre bienes;

iv) cuando un gobierno realice pagos a un
mecanismo de financiación, o encomiende a una entidad privada una o
varias de las funciones descritas en los incisos i) a iii) supra que
normalmente incumbirían al gobierno, o le ordene que las lleve a cabo, y
la práctica no difiera, en ningún sentido real, de las prácticas
normalmente seguidas por los gobiernos;

o

a) 2) cuando haya alguna forma de sostenimiento de
los ingresos o de los precios en el sentido del artículo XVI del GATT de
1994;

y

b) con ello se otorgue un beneficio.

1.2 Una subvención, tal como se define en el
párrafo 1, sólo estará sujeta a las disposiciones de la Parte II o a las
disposiciones de las Partes III o V cuando sea específica con arreglo a
las disposiciones del artículo 2.


ARTÍCULO 2. ESPECIFICIDAD.

2.1 Para determinar si una subvención, tal como se
define en el párrafo I del artículo 1, es específica para una empresa o
rama de producción o un grupo de empresas o ramas de producción
(denominados en el presente Acuerdo “determinadas empresas”) dentro de
la jurisdicción de la autoridad otorgante, se aplicarán los principios
siguientes:

a) Cuando la autoridad otorgante, o la legislación
en virtud de la cual actúe la autoridad otorgante, limite explícitamente
el acceso a la subvención a determinadas empresas, tal subvención se
considerará específica.

b) Cuando la autoridad
otorgante, o la legislación en virtud de la cual actúe la autoridad
otorgante, establezca criterios o condiciones objetivos (75) que
rijan el derecho a obtener la subvención y su cuantía, se considerará
que no existe especificidad, siempre que el derecho sea automático y que
se respeten estrictamente tales criterios o condiciones. Los criterios o
condiciones deberán estar claramente estipulados en una ley, reglamento
u otro documento oficial de modo que se puedan verificar.

c) Si hay razones para
creer que la subvención puede en realidad ser específica aun cuando de
la aplicación de los principios enunciados en los apartados a) y b)
resulte una apariencia de no especificidad, podrán considerarse otros
factores. Esos factores son los siguientes: la utilización de un
programa de subvenciones por un número limitado de determinadas
empresas, la utilización predominante por determinadas empresas, la
concesión de cantidades desproporcionadamente elevadas de subvenciones a
determinadas empresas, y la forma en que la autoridad otorgante haya
ejercido facultades discrecionales en la decisión de conceder una
subvención. (76) Al aplicar este apartado, se tendrá en cuenta
el grado de diversificación de las actividades económicas dentro de la
jurisdicción de la autoridad otorgante, así como el período durante el
que se haya aplicado el programa de subvenciones.

2.2 Se considerarán específicas las subvenciones
que se limiten a determinadas empresas situadas en una región geográfica
designada de la jurisdicción de la autoridad otorgante. Queda entendido
que no se considerará subvención específica a los efectos del presente
Acuerdo el establecimiento o la modificación de tipos impositivos de
aplicación general por todos los niveles de gobierno facultados para
hacerlo.

2.3 Toda subvención comprendida en las
disposiciones del artículo 3 se considerará específica.

2.4 Las determinaciones de especificidad que se
formulen de conformidad con las disposiciones del presente artículo
deberán estar claramente fundamentadas en pruebas positivas.


PARTE II.-
SUBVENCIONES PROHIBIDAS.



ARTÍCULO 3.
PROHIBICIÓN.

3.1 A reserva de lo dispuesto en el Acuerdo sobre
la Agricultura, las siguientes subvenciones, en el sentido del artículo
1, se considerarán prohibidas:

a) las subvenciones
supeditadas de jure o de facto (77) a los resultados de
exportación, como condición única o entre otras varias condiciones, con
inclusión de las citadas a título de ejemplo en el anexo I (78);

b) las subvenciones supeditadas al empleo de
productos nacionales con preferencia a los importados, como condición
única o entre otras varias condiciones.

3.2 Ningún Miembro concederá ni mantendrá la
subvenciones a que se refiere el párrafo 1.


ARTÍCULO 4. ACCIONES.

4.1 Cuando un Miembro tenga razones para creer que
otro Miembro concede o mantiene una subvención prohibida, el primero
podrá pedir al segundo la celebración de consultas.

4.2 En las solicitudes de celebración de consultas
al amparo del párrafo 1 figurará una relación de las pruebas de que se
disponga respecto de la existencia y la naturaleza de la subvención de
que se trate.

4.3 Cuando se solicite la celebración de consultas
al amparo del párrafo 1, el Miembro del que se estime que concede o
mantiene la subvención de que se trate entablará tales consultas lo
antes posible. Esas consultas tendrán por objeto dilucidar los hechos
del caso y llegar a una solución mutuamente convenida.

4.4 Si no se llega a una
solución mutuamente convenida dentro de los 30 días (79) siguientes
a la solicitud de celebración de consultas, cualquiera de los Miembros
participantes en ellas podrá someter la cuestión al Órgano de Solución
de Diferencias (denominado en el presente Acuerdo “OSD”) con miras al
establecimiento inmediato de un grupo especial, salvo que el OSD decida
por consenso no establecerlo.

4.5 Una vez establecido, el grupo especial podrá
solicitar la asistencia del Grupo Permanente de Expertos (80)
(denominado en el presente Acuerdo “GPE”) en cuanto a la determinación
de si la medida en cuestión es una subvención prohibida. El GPE, si así
se le solicita, examinará inmediatamente las pruebas con respecto a la
existencia y naturaleza de la medida de que se trate y dará al Miembro
que la aplique o mantenga la posibilidad de demostrar que la medida en
cuestión no es una subvención prohibida. El GPE someterá sus
conclusiones al grupo especial dentro del plazo fijado por éste. El
grupo especial aceptará sin modificarlas las conclusiones del GPE sobre
la cuestión de si la medida de que se trate es o no una subvención
prohibida.

4.6 El grupo especial presentará su informe final
a las partes en la diferencia. El informe se distribuirá a todos los
Miembros dentro de los 90 días siguientes a la techa en que se haya
establecido la composición y el mandato del grupo especial.

4.7 Si se llega a la conclusión de que la medida
de que se trate es una subvención prohibida, el grupo especial
recomendará que el Miembro que concede esa subvención la retire sin
demora. A este respecto, el grupo especial especificará en su
recomendación el plazo dentro del cual debe retirarse la medida.

4.8 Dentro de los 30 días siguientes a la
presentación del informe del grupo especial a todos los Miembros, el
informe será adoptado por el OSD, a menos que una de las partes en la
diferencia notifique formalmente a éste su decisión de apelar o que el
OSD decida por consenso no adoptar el informe.

4.9 Cuando se apele contra
el informe de un grupo especial, el Órgano de Apelación emitirá su
decisión. dentro de los 30 días siguientes a aquel en que la parte en la
diferencia haya notificado formalmente su intención de apelar. Si el
Órgano de Apelación considera que no puede rendir su informe en ese
plazo, comunicará por escrito al OSD los motivos del retraso, indicando
el plazo en el que estima que podrá presentarlo. En ningún caso la
duración del procedimiento excederá de 60 días. El informe sobre el
resultado de la apelación será adoptado por el OSD y aceptado sin
condiciones por las partes en la diferencia salvo que el OSD decida por
consenso no adoptar dicho informe en un plazo de 20 días contados a
partir de su comunicación a los Miembros. (81)

4.10 En caso de que no se
cumpla la recomendación del OSD en el plazo especificado por el grupo
especial, que comenzará a partir de la techa de la adopción del informe
del grupo especial o del informe del Órgano de Apelación, el OSD
autorizará al Miembro reclamante a adoptar contramedidas apropiadas
(82)
, a menos que decida por consenso desestimar la petición.

4.11 En caso de que una
parte en la diferencia solicite un arbitraje al amparo de lo dispuesto
en el párrafo 6 del artículo 22 del Entendimiento sobre Solución de
Diferencias (“ESD”), el árbitro determinará si las contramedidas son
apropiadas.(83)

4.12 En las diferencias que se sustancien de
conformidad con las disposiciones del presente artículo, los plazos
aplicables en virtud del Entendimiento se reducirán a la mitad, salvo
cuando se trate de plazos establecidos especialmente en el presente
artículo.


PARTE III.-
SUBVENCIONES RECURRIBLES.



ARTÍCULO 5. EFECTOS
DESFAVORABLES.

Ningún Miembro deberá causar, mediante el empleo
de cualquiera de las subvenciones a que se refieren los párrafos 1 y 2
del artículo 1, efectos desfavorables para los intereses de otros
Miembros, es decir:

a) daño a la rama de
producción nacional de otro Miembro (84);

b) anulación o menoscabo
de las ventajas resultantes para otros Miembros, directa o
indirectamente, del GATT de 1994, en particular de las ventajas de las
concesiones consolidadas de conformidad con el artículo II del GATT de
1994 (85);

c) perjuicio grave a los
intereses de otro Miembro. (86)

El presente artículo no es aplicable a las
subvenciones mantenidas con respecto a los productos agropecuarios según
lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura.


ARTÍCULO 6. PERJUICIO GRAVE.

6.1 Se considerará que existe perjuicio grave en
el sentido del apartado c) del artículo 5 en los siguientes casos:

a) cuando el total de
subvención ad valorem (87) aplicado a un producto sea superior
al 5 por ciento (88);

b) cuando se trate de subvenciones para cubrir
pérdidas de explotación sufridas por una rama de producción;

c) cuando se trate de subvenciones para cubrir
pérdidas de explotación sufridas por una empresa, salvo que se trate de
medidas excepcionales, que no sean recurrentes ni puedan repetirse para
esa empresa y que se apliquen simplemente para dar tiempo a que se
hallen soluciones a largo plazo y se eviten graves problemas sociales;

d) cuando exista
condonación directa de deuda, es decir, condonación de una deuda de la
que sea acreedor el gobierno, o se hagan donaciones para cubrir el
reembolso de deuda. (89)

6.2 No obstante las disposiciones del párrafo 1,
no se concluirá que existe perjuicio grave si el Miembro otorgante de la
subvención demuestra que la subvención en cuestión no ha producido
ninguno de los efectos enumerados en el párrafo 3.

6.3 Puede haber perjuicio grave, en el sentido del
apartado c) del artículo 5, en cualquier caso en que se den una o varias
de las siguientes circunstancias:

a) que la subvención tenga por efecto desplazar u
obstaculizar las importaciones de un producto similar de otro Miembro en
el mercado del Miembro que concede la subvención;

b) que la subvención tenga por efecto desplazar u
obstaculizar las exportaciones de un producto similar de otro Miembro al
mercado de un tercer país;

c) que la subvención tenga por efecto una
significativa subvaloración de precios del producto subvencionado en
comparación con el precio de un producto similar de otro Miembro en el
mismo mercado, o tenga un efecto significativo de contención de la
subida de los precios, reducción de los precios o pérdida de ventas en
el mismo mercado;

d) que la subvención tenga
por efecto el aumento de la participación en el mercado mundial del
Miembro que la otorga con respecto a un determinado producto primario o
básico subvencionado (90) en comparación con su participación
media durante el período de tres anos inmediatamente anterior; y que ese
aumento haya seguido una tendencia constante durante un período en el
que se hayan concedido subvenciones.

6.4 A los efectos de las disposiciones del párrafo
3 b), se entenderá que hay desplazamiento u obstaculización de las
exportaciones en todos los casos en que, a reserva de las disposiciones
del párrafo 7, se haya demostrado que se ha producido una variación de
las cuotas de mercado relativas desfavorable al producto similar no
subvencionado (durante un período apropiadamente representativo,
suficiente para demostrar tendencias claras en la evolución del mercado
del producto afectado, que en circunstancias normales será por lo menos
de un año). La expresión “variación de las cuotas de mercado relativas”
abarcará cualquiera de las siguientes situaciones: a) que haya un
aumento de la cuota de mercado del producto subvencionado; b) que la
cuota de mercado del producto subvencionado permanezca constante en
circunstancias en que, de no existir la subvención, hubiera descendido;
c) que la cuota de mercado del producto subvencionado descienda, pero a
un ritmo interior al del descenso que se habría producido de no existir
la subvención

6.5 A los efectos de las disposiciones del párrafo
3 c), se entenderá que existe subvaloración de precios en todos los
casos en que se haya demostrado esa subvaloración de precios mediante
una comparación de los precios del producto subvencionado con los
precios de un producto similar no subvencionado suministrado al mismo
mercado. La comparación se hará en el mismo nivel comercial y en
momentos comparables, teniéndose debidamente en cuenta cualquier otro
factor que afecte a la comparabilidad de los precios. No obstante, si no
fuera posible realizar esa comparación directa, la existencia de
subvaloración de precios podrá demostrarse sobre la base de los valores
unitarios de las exportaciones.

6.6 Cuando se alegue que en el mercado de un
Miembro se ha producido un perjuicio grave, dicho Miembro, a reserva de
las disposiciones del párrafo 3 del Anexo V, facilitará a las partes en
cualquier diferencia que se plantee en el marco del artículo 7 y al
grupo especial establecido de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
4 del artículo 7 toda la información pertinente que pueda obtenerse en
cuanto a las variaciones de la cuota de mercado de las partes en la
diferencia y sobre los precios de los productos de que se trate.

6.7 No se considerará que
hay un desplazamiento u obstáculo que ha producido un perjuicio grave en
el sentido del párrafo 3 cuando se dé alguna de las siguientes
circunstancias (91) durante el período considerado:

a) prohibición o restricción de las exportaciones
del producto similar del Miembro reclamante o de las importaciones de él
provenientes en el mercado del tercer país afectado;

b) decisión, por parte de un gobierno importador
que ejerza un monopolio del comercio o realice comercio de Estado del
producto de que se trate, de sustituir, por motivos no comerciales, las
importaciones provenientes del Miembro reclamante por importaciones
procedentes de otro país o países;

c) catástrofes naturales, huelgas, perturbaciones
del transporte u otros casos de tuerza mayor que afecten en medida
sustancial a la producción, las calidades, las cantidades o los precios
del producto disponible para la exportación en el Miembro reclamante;

d) existencia de acuerdos de limitación de las
exportaciones del Miembro reclamante;

e) reducción voluntaria de las disponibilidades
para exportación del producto de que se trate en el Miembro reclamante
(con inclusión, entre otras cosas, de una situación en la empresa del
Miembro reclamante hayan reorientado de manera autónoma sus
exportaciones de este producto hacia nuevos mercados);

f) incumplimiento de normas y otras prescripciones
reglamentarias en el país importador.

6.8 De no darse las circunstancias mencionadas en
el párrafo 7, la existencia de perjuicio grave deberá determinarse sobre
la base de la información presentada al grupo especial u obtenida por
él, incluida la presentada de conformidad con las disposiciones del
Anexo V.

6.9 El presente artículo no es aplicable a las
subvenciones mantenidas con respecto a los productos agropecuarios según
lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura.


ARTÍCULO 7. ACCIONES.

7.1 Con excepción de lo previsto en el artículo 13
del Acuerdo sobre la Agricultura, cuando un Miembro tenga razones para
creer que cualquier subvención, de las mencionadas en el artículo 1, que
conceda o mantenga otro Miembro es causa de daño a su rama de producción
nacional, de anulación o menoscabo o de perjuicio grave, el primero
podrá pedir al segundo la celebración de consultas.

7.2 En toda solicitud de
celebración de consultas en virtud del párrafo 1 figurará una relación
de las pruebas de que se disponga respecto de: a) la existencia y
naturaleza de la subvención de que se trate y b) el daño causado a la
rama de producción nacional, la anulación o menoscabo o el perjuicio
grave (92) causado a los intereses del Miembro que pida la
celebración de consultas.

7.3 Cuando se solicite la celebración de consultas
de conformidad con el párrafo 1, el Miembro del que se estime que
concede o mantiene la subvención de que se trate entablará tales
consultas lo antes posible. Esas consultas tendrán por objeto dilucidar
los hechos del caso y llegar a una solución mutuamente convenida.

7.4 Si en las consultas no
se llega a una solución mutuamente convenida en el plazo de 60 días
(93)
, cualquiera de los Miembros participantes en las consultas
podrá someter la cuestión al OSD con miras al establecimiento de un
grupo especial, salvo que el OSD decida por consenso no establecerlo. La
composición del grupo especial y su mandato se establecerán dentro de
los 15 días siguientes a aquel en que se haya establecido el grupo
especial.

7.5 El grupo especial examinará la cuestión y
presentará su informe final a las partes en la diferencia. El informe se
distribuirá a todos los Miembros dentro de los 120 días siguientes a la
fecha en que se haya establecido la composición y el mandato del grupo
especial.

7.6 Dentro de los 30 días
siguientes a la presentación del informe del grupo especial a todos los
Miembros, el informe será adoptado por el OSD (94), a menos que
una de las partes en la diferencia notifique formalmente a éste su
decisión de apelar o que el OSD decida por consenso no adoptar el
informe.

7.7 Cuando se apele contra
el informe de un grupo especial, el Órgano de Apelación emitirá su
decisión dentro de los 60 días siguientes a aquel en que la parte en la
diferencia haya notificado formalmente su intención de apelar. Si el
Órgano de Apelación considera que no puede rendir su informe dentro de
los 60 días, comunicará por escrito al OSD los motivos del retraso,
indicando el plazo en el que estima que podrá presentarlo. En ningún
caso la duración del procedimiento excederá de 90 días. El informe sobre
el resultado de la apelación será adoptado por el OSD y aceptado sin
condiciones por las partes en la diferencia salvo que el OSD decida por
consenso no adoptar dicho informe en un plazo de 20 días contados a
partir de su comunicación a los Miembros.(95)

7.8 Si se adopta un informe de un grupo especial o
del Órgano de Apelación en el que se determina que cualquier subvención
ha tenido efectos desfavorables para los intereses de otro Miembro, en
el sentido del artículo 5, el Miembro que otorgue o mantenga esa
subvención adoptará las medidas apropiadas para eliminar los efectos
desfavorables o retirará la subvención.

7.9 En caso de que el Miembro no haya adoptado
medidas apropiadas para eliminar los efectos desfavorables de la
subvención ni la haya retirado en el plazo de seis meses a partir de la
fecha en que el OSD adopte el informe del grupo especial o del Órgano de
Apelación y de que no se haya llegado a un acuerdo sobre la
compensación, el OSD concederá al Miembro reclamante autorización para
adoptar contradecidas, proporcionadas al grado y naturaleza de los
efectos desfavorables cuya existencia se haya determinado, salvo que el
OSD decida por consenso desestimar la petición.

7.10 En caso de que una parte en la diferencia
solicite un arbitraje al amparo de lo dispuesto en el párrafo 6 del
artículo 22 del ESD, el arbitro determinará si las contradecidas son
proporcionadas al grado y naturaleza de los efectos desfavorables cuya
existencia se haya determinado.


PARTE IV.-
SUBVENCIONES NO RECURRIBLES.



ARTÍCULO 8.
IDENTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES NO RECURRIBLES.

8.1 Se considerarán no
recurrieres las siguientes subvenciones (96):

a) las subvenciones que no sean específicas en el
sentido del artículo 2;

b) las subvenciones que sean específicas en el
sentido del artículo 2 pero que cumplan todas las condiciones
establecidas en los párrafos 2 a), 2 b) o 2c).

8.2 No obstante las disposiciones de las Partes
III y V, no serán recurribles las subvenciones siguientes:

a. la asistencia para
actividades de investigación realizadas por empresas, o por
instituciones de enseñanza superior o investigación contratadas por
empresas, Si (97) (98) (99) la asistencia cubre (100) no
más del 75 por ciento de los costos de las actividades de investigación
industrial (101) o del 50 por ciento de los costos de las
actividades de desarrollo precompetitivas (102) (103) y a
condición de que tal asistencia se limite exclusivamente a:

i) los gastos de personal (investigadores,
técnicos y demás personal auxiliar empleado exclusivamente en las
actividades de investigación);

ii) los costos de los instrumentos, equipo,
terrenos y edificios utilizados exclusiva y permanentemente para las
actividades de investigación (salvo cuando hayan sido enajenados sobre
una base comercial);

iii) los costos de los servicios de consultores y
servicios equivalentes utilizados exclusivamente para las actividades de
investigación, con inclusión de la compra de resultados de
investigaciones, conocimientos técnicos, patentes, etc.;

IV) los gastos generales adicionales en que se
incurra directamente como consecuencia de las actividades de
investigación;

v) otros gastos de explotación (tales como los
costos de materiales, suministros y renglones similares) en que se
incurra directamente como consecuencia de las actividades de
investigación.

b) asistencia para
regiones desfavorecidas situadas en el territorio de un Miembro,
prestada con arreglo a un marco general de desarrollo regional (104)
y no específica (en el sentido del artículo 2) dentro de las
regiones acreedoras a ella, a condición de que:

i) cada región desfavorecida sea una región
geográfica continua claramente designada, con identidad económica y
administrativa definible;

ii)la región se considere
desfavorecida sobre la base de criterios imparciales y objetivos
(105)
, que indiquen que las dificultades de la región tienen su
origen en circunstancias que no son meramente temporales; tales
criterios deberán estar claramente enunciados en una ley o reglamento u
otro documento oficial de modo que se puedan verificar;

iii) los criterios incluyan una medida del
desarrollo económico que se basará en uno, por lo menos, de los factores
siguientes:

-la renta per capita, los ingresos familiares per
capita, o el PIB per capital, que no deben superar el 85 por ciento de
la media del territorio de que se trate;

-la tasa de desempleo, que debe ser al menos el
110 por ciento de la media del territorio de que se trate;

medidos durante un período de tres años; esa
medición, no obstante, puede ser compuesta e incluir otros factores.

c) asistencia para
promover la adaptación de instalaciones existentes (106) a
nuevas exigencias ambientales impuestas mediante leyes y/o reglamentos
que supongan mayores obligaciones o una mayor carga financiera para las
empresas, a condición de que dicha asistencia:

i) sea una medida excepcional no recurrente; y

ii) se limite al 20 por ciento de los costos de
adaptación; y

iii) no cubra los costos de sustitución y
funcionamiento de la inversión objeto de la asistencia, que han de
recaer por entero en las empresas; y

iv) esté vinculada directamente y sea
proporcionada a la reducción de las molestias y la contaminación
prevista por una empresa y no cubra ningún ahorro en los costos de
fabricación que pueda conseguirse; y

v) esté al alcance de todas las empresas que
puedan adoptar el nuevo equipo o los nuevos procesos de producción.

8.3 Los programas de
subvenciones para los que se invoquen las disposiciones del párrafo 2
serán notificados al Comité antes de su aplicación, de conformidad con
lo dispuesto en la Parte VII. La notificación será lo suficientemente
precisa para que los demás Miembros evalúen la compatibilidad del
programa con las condiciones y criterios previstos en la disposiciones
pertinentes del párrafo 2. Los Miembros también proporcionarán al Comité
actualizaciones anuales de esas notificaciones, en particular
suministrándole información sobre los gastos globales correspondientes a
cada uno de esos programas, así como sobre cualquier modificación del
programa. Los demás Miembros tendrán derecho a solicitar información
sobre determinados casos de subvenciones en el marco de un programa
notificado.(107)

8.4 A petición de un Miembro, la Secretaría
examinará una notificación hecha de conformidad con el párrafo 3 y,
cuando sea necesario, podrá exigir información adicional al Miembro que
otorgue la subvención con respecto al programa notificado objeto de
examen la Secretaría comunicará sus conclusiones al Comité. El Comité,
previa petición, examinará con prontitud las conclusiones de la
Secretaría (o, si no se ha solicitado un examen de la Secretaría, la
propia notificación), con miras a determinar si no se han cumplido las
condiciones y criterios fijados en el párrafo 2. El procedimiento
previsto en el presente párrafo se terminará a más tardar en la primera
reunión ordinaria del Comité después de la notificación del programa de
subvenciones, a condición de que hayan transcurrido por lo menos dos
meses entre esa notificación y la reunión ordinaria del Comité. El
procedimiento de examen descrito en este párrafo también se aplicará,
previa solicitud, a las modificaciones sustanciales de un programa
notificadas en las actualizaciones an