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26Feb/17

Decreto 2573 de 12 de diciembre de 2014

Decreto 2573 de 12 de diciembre de 2014, por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones (Publicado en el Diario Oficial 49363 de diciembre 12 de 2014).

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 14 de la Ley 790 del 2002, el numeral 4 del artículo 1 de la Ley 962 de 2005 y los numerales 4 y 8 del artículo 2 y el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1341 de 2009, y,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política, en su artículo 113 señala que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus funciones;

Que el documento CONPES 3650 del 15 de marzo de 2010 declara de importancia estructural la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en Colombia y exhorta al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación, a formular los lineamientos de política que contribuyan a la sostenibilidad de la Estrategia de Gobierno en línea;

Que el documento CONPES 3785 del 9 de diciembre de 2013 enmarca los lineamientos de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano y adopta el modelo de Gestión Pública Eficiente, dirigido a mejorar la calidad de la gestión, como la prestación de los servicios provistos por las entidades de la Administración Pública.

Que la Ley 1341 de 2009 estableció el marco general del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incorporando principios, conceptos y competencias sobre su organización y desarrollo e igualmente señaló que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y, por tanto, es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades a todos los habitantes del territorio nacional;

Que así mismo, la anotada Ley determinó que es función del Estado intervenir en el sector de las TIC con el fin de promover condiciones de seguridad del servicio al usuario final, incentivar acciones preventivas y de seguridad informática y de redes para el desarrollo de dicho sector;

Que el Decreto-ley 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, hace referencia al uso de medios electrónicos como elemento necesario en la optimización de los trámites ante la Administración Pública y establece en el artículo 4° que las autoridades deben incentivar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a efectos de que los procesos administrativos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas;

Que de igual manera, el artículo 38 del Decreto-ley 019 de 2012 establece que la formulación de la política de racionalización de trámites estará a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública con el apoyo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones;

Que el Decreto número 2482 de 2012, en su artículo 3°, establece los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión e indica que para el desarrollo de las políticas de Desarrollo Administrativo se deberá tener en cuenta la Estrategia de Gobierno en Línea que formula el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones;

Que en el mismo decreto se contempla la Gestión de tecnologías de información y Comunicaciones, dentro de la política de eficiencia administrativa;

Que el Decreto número 2618 de 2012 modificó la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones creando el Viceministerio de Tecnologías y Sistemas de la Información, como dinamizador en el país de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), contemplando dentro de sus funciones la de formular, coordinar y hacer seguimiento a la implementación de políticas públicas para el uso, acceso y administración de la infraestructura tecnológica que soporta la información del Estado; definir la arquitectura tecnológica de los sistemas de información del Estado, incluyendo estándares de interoperabilidad, de privacidad, de seguridad y de construcción o parametrización de aplicaciones; y liderar el diseño y la adopción de políticas, planes y proyectos para promover y masificar el Gobierno en Línea coordinando acciones con las instancias pertinentes;

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con base en la evaluación de los avances en la implementación de la estrategia por parte de las entidades del orden nacional y territorial, concluyó que se hace necesario que las entidades fortalezcan el modelo para la gestión de las tecnologías de la información y la interoperabilidad;

Que Colombia aceptó las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en Estrategias de Gobierno Digital, que insta a los gobiernos a adoptar enfoques más estratégicos para un uso de la tecnología que los impulse a ser más abiertos, participativos e innovadores, a través de acciones tales como el diseño de lineamientos para permitir, orientar y fomentar el uso y re-uso de la información pública, aumentar la apertura y la transparencia, incentivar la participación del público en la elaboración de políticas, proporcionar datos oficiales oportunos y confiables, y gestionar los riesgos de uso indebido de datos, así como aumentar la disponibilidad de los datos en formatos abiertos;

Que Colombia suscribió la Alianza para el Gobierno Abierto declarando su compromiso de realizar acciones para el aprovechamiento de las tecnologías, facilitando mayor apertura en el gobierno, mejorando la prestación de los servicios y la participación ciudadana en los asuntos públicos, y promoviendo la innovación y la creación de comunidades más seguras con el propósito de que el gobierno sea más transparente, sensible, responsable y eficaz;

Que de acuerdo con lo anterior es necesario complementar los lineamientos de la estrategia de Gobierno en Línea, especialmente en temas de seguridad, privacidad, gestión de tecnologías de información e interoperabilidad, de tal manera que se avance integralmente en la provisión de servicios electrónicos de alta calidad para los ciudadanos;

Que para facilitar y fomentar el avance, seguimiento y la calidad en la implementación de la estrategia de gobierno en línea se hace necesario incorporar nuevos instrumentos;

Que en virtud de lo expuesto,

DECRETA:

TÍTULO I.- OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES, PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS

Artículo 1°.- Objeto. Definir los lineamientos, instrumentos y plazos de la estrategia de Gobierno en Línea para garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un Estado abierto, más eficiente, más transparente y más participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad.

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación. Serán sujetos obligados de las disposiciones contenidas en el presente Decreto las entidades que conforman la Administración Pública en los términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998 y los particulares que cumplen funciones administrativas.

Parágrafo. La implementación de la estrategia de Gobierno en Línea en las Ramas Legislativa y Judicial, en los órganos de control, en los autónomos e independientes y demás organismos del Estado, se realizará bajo un esquema de coordinación y colaboración armónica en aplicación de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Política.

Artículo 3°.- Definiciones. Para la interpretación del presente decreto, las expresiones aquí utilizadas deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica:

Arquitectura Empresarial: Es una práctica estratégica que consiste en analizar integralmente las entidades desde diferentes perspectivas o dimensiones, con el propósito de obtener, evaluar y diagnosticar su estado actual y establecer la transformación necesaria. El objetivo es generar valor a través de las Tecnologías de la Información para que se ayude a materializar la visión de la entidad.

Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de Tecnologías de la Información: Es un modelo de referencia puesto a disposición de las instituciones del Estado colombiano para ser utilizado como orientador estratégico de las arquitecturas empresariales, tanto sectoriales como institucionales. El marco establece la estructura conceptual, define lineamientos, incorpora mejores prácticas y orienta la implementación para lograr una administración pública más eficiente, coordinada y transparente, a través del fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información.

Artículo 4°.- Principios y fundamentos de la Estrategia de Gobierno en Línea. La Estrategia de Gobierno en Línea se desarrollará conforme a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad consagrados en los artículos 209 de la Constitución Política, 3° de la Ley 489 de 1998 y 3° de la Ley 1437 de 2011.

Así mismo, serán fundamentos de la Estrategia los siguientes:

Excelencia en el servicio al ciudadano: Propender por el fin superior de fortalecer la relación de los ciudadanos con el Estado a partir de la adecuada atención y provisión de los servicios, buscando la optimización en el uso de los recursos, teniendo en cuenta el modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano y los principios orientadores de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano.

Apertura y reutilización de datos públicos: Abrir los datos públicos para impulsar la participación, el control social y la generación de valor agregado.

Estandarización: Facilitar la evolución de la gestión de TI del Estado colombiano hacia un modelo estandarizado que aplica el marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI.

Interoperabilidad: Fortalecer el intercambio de información entre entidades y sectores.

Neutralidad tecnológica: Garantizar la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, emplear contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible.

Innovación: Desarrollar nuevas formas de usar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para producir cambios que generen nuevo y mayor valor público.

Colaboración: Implementar soluciones específicas para problemas públicos, mediante el estímulo y aprovechamiento del interés y conocimiento de la sociedad, al igual que un esfuerzo conjunto dentro de las propias entidades públicas y sus servidores.

TÍTULO II.- COMPONENTES, INSTRUMENTOS Y RESPONSABLES

Artículo 5°.- Componentes. Los fundamentos de la Estrategia serán desarrollados a través de 4 componentes que facilitarán la masificación de la oferta y la demanda del Gobierno en Línea.

1. TIC para Servicios. Comprende la provisión de trámites y servicios a través de medios electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los ciudadanos y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo.

2. TIC para el Gobierno abierto. Comprende las actividades encaminadas a fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo involucrando a los diferentes actores en los asuntos públicos mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

3. TIC para la Gestión. Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y para hacer más eficaz la gestión administrativa entre instituciones de Gobierno.

4. Seguridad y privacidad de la Información. Comprende las acciones transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas de información, del acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada.

Parágrafo 1°.- TIC para el gobierno abierto comprende algunos de los aspectos que hacen parte de Alianza para el Gobierno Abierto pero no los cobija en su totalidad.

Artículo 6°.- Instrumentos. Los instrumentos para la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea serán los siguientes:

Manual de Gobierno en Línea. Define las acciones que corresponde ejecutar a las entidades del orden nacional y territorial respectivamente.

Marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de Tecnologías de la Información. Establece los aspectos que los sujetos obligados deberán adoptar para dar cumplimiento a las acciones definidas en el Manual de Gobierno en Línea.

Parágrafo 1°.- Los instrumentos podrán ser actualizados periódicamente cuando así lo determine el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Parágrafo 2°.- La estrategia de Gobierno en Línea será liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y articulada con las demás entidades cuando se relacionen con las funciones misionales que tengan a su cargo.

Artículo 7°.- Responsable de coordinar la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en los sujetos obligados. El representante legal de cada sujeto obligado, será el responsable de coordinar, hacer seguimiento y verificación de la implementación y desarrollo de la Estrategia de Gobierno en Línea.

Artículo 8°.- Responsable de orientar la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea. En las entidades del orden nacional, el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de que trata el artículo 6° del Decreto número 2482 de 2012 será la instancia orientadora de la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea al interior de cada entidad. Los sujetos obligados deberán incluir la estrategia de Gobierno en Línea de forma transversal dentro de sus planes estratégicos sectoriales e institucionales, y anualmente dentro de los planes de acción de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de que trata el Decreto número 2482 de 2012 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. En estos documentos se deben definir las actividades, responsables, metas y recursos presupuestales que les permitan dar cumplimiento a los lineamientos que se establecen.

En las entidades del orden territorial y demás sujetos obligados, la instancia orientadora de la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea será el Consejo de Gobierno o en su defecto el Comité Directivo o la instancia que haga sus veces. En caso que no existan estas instancias en el sujeto obligado, será la instancia o dependencia de mayor nivel jerárquico de la entidad.

En las materias relacionadas con trámites adelantados por medios electrónicos, la instancia orientadora deberá articularse con el Comité Antitrámites o con el responsable de esta materia al interior de los sujetos obligados.

TÍTULO III.- MEDICIÓN, MONITOREO Y PLAZOS

Artículo 9°.- Medición y monitoreo. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de la Dirección de Gobierno en Línea y de la Dirección de Estándares y Arquitectura de Tecnologías de la Información, diseñará el modelo de monitoreo que permita medir el avance en las acciones definidas en el Manual de Gobierno en Línea que corresponda cumplir a los sujetos obligados, los cuales deberán suministrar la información que les sea requerida.

En el caso de las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional, la información será suministrada en el Formulario Único de Reporte de Avance en la Gestión (FURAG) o el que haga sus veces, de acuerdo con lo señalado en el Decreto número 2482 de 2012.

Artículo 10.- Plazos. Los sujetos obligados deberán implementar las actividades establecidas en el Manual de Gobierno en Línea dentro de los siguientes plazos:

1. Sujetos obligados del Orden Nacional

 

 

COMPONENTE/AÑO

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

TIC para servicios

90%

100%

Mantener 100%

Mantener 100%

Mantener 100%

Mantener 100%

 

TIC para el Gobierno Abierto

90%

100%

Mantener 100%

Mantener 100%

Mantener 100%

Mantener 100%

 

TIC para la Gestión

25%

50%

80%

100%

Mantener 100%

Mantener 100%

 

Seguridad y privacidad de la Información

40%

60%

80%

100%

Mantener 100%

Mantener 100%

 

 

2. Sujetos obligados del Orden Territorial

A. Gobernaciones de categoría Especial y Primera; alcaldías de categoría Especial, y demás sujetos obligados de la Administración Pública en el mismo nivel.

B. Gobernaciones de categoría segunda, tercera y cuarta; alcaldías de categoría primera, segunda y tercera y demás sujetos obligados de la Administración Pública en el mismo nivel.

C. Alcaldías de categoría cuarta, quinta y sexta, y demás sujetos obligados la Administración Pública en el mismo nivel.

Para las entidades agrupadas en A, B y C los plazos serán los siguientes:

Parágrafo.- Las obligaciones a cargo de los sujetos obligados indicadas en la Ley 1712 de 2014 que sean incorporadas en los componentes, contarán con los plazos de cumplimiento señalados en dicha ley.

TÍTULO IV.- MAPA DE RUTA, SELLO DE EXCELENCIA GOBIERNO EN LÍNEA EN COLOMBIA Y PLAZOS

Artículo 11.- Mapa de ruta de Gobierno en Línea. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, definirá un mapa de ruta que contendrá:

1.- Servicios y trámites priorizados para ser dispuestos en línea.

2.- Proyectos de mejoramiento para la gestión institucional e interinstitucional con el uso de medios electrónicos, que los sujetos obligados deberán implementar.

3.- Las demás acciones que requieran priorizarse para masificar la oferta y la demanda de Gobierno en Línea con base en lo señalado en los componentes de que trata el presente decreto.

Dicho mapa se publicará dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del presente decreto y podrá ser actualizado periódicamente.

Parágrafo. La priorización de trámites y servicios que se incluyan en el mapa de ruta se hará en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo a sus competencias.

Artículo 12.- Sello de excelencia Gobierno en Línea en Colombia. Los sujetos obligados deberán adoptar la marca o sello de excelencia Gobierno en Línea en Colombia en los niveles y plazos señalados en el artículo 13, de conformidad con el modelo de certificación y el mapa de ruta que defina el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de la Estrategia de Gobierno en Línea.

Dicho modelo permitirá acreditar la alta calidad de los productos y servicios de los sujetos obligados, de manera que su cumplimiento les otorgue el derecho al uso de la marca correspondiente.

Artículo 13.- Plazos para adoptar la marca o sello de excelencia Gobierno en Línea en Colombia. Los sujetos obligados deberán adoptar la marca correspondiente en los siguientes plazos:

1. Sujetos obligados del Orden Nacional

 

 

CERTIFICACIONES/AÑO

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

TIC para Servicios

Nivel 1 según mapa de ruta

Nivel 2 según mapa de ruta

Nivel 3 según mapa de ruta

Mantener según mapa de ruta.

Mantener según mapa de ruta

 

TIC para el Gobierno abierto

Nivel 1 según mapa de ruta

Nivel 2 según mapa de ruta

Nivel 3 según mapa de ruta

Mantener según mapa de ruta.

Mantener según mapa de ruta

 

TIC para la Gestión

Nivel 1 según mapa de ruta

Nivel 2 según mapa de ruta

Nivel 3 según mapa de ruta

Mantener según mapa de ruta.

 

2.- Sujetos obligados en el orden territorial

A. Para Gobernaciones de categoría Especial y Primera; alcaldías de categoría Especial y demás sujetos obligados de la Administración Pública en el mismo nivel.

B. Para Gobernaciones de categoría segunda, tercera y cuarta; alcaldías de categoría primera, segunda y tercera, demás sujetos obligados de la Administración Pública en el mismo nivel.

C. Para Alcaldías de categoría cuarta, quinta y sexta y demás sujetos obligados de la Administración Pública en el mismo nivel.

Para las entidades agrupadas en A, B y C los plazos serán los siguientes:

Artículo 14.- Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir del 1° de enero de 2015 y deroga el Decreto número 2693 de 2012.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 12 de diciembre de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro del Interior,

Juan Fernando Cristo Bustos.

El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Diego Molano Vega.

El Director General del Departamento Nacional de Planeación,

Simón Gaviria Muñoz.

La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Liliana Caballero Durán.

 

06Dic/16

Decreto 561/2016, de 6 de abril de 2016

Decreto 561/2016, de 6 de abril de 2016. Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)

VISTO la Ley n° 25.506, el Decreto n° 2628 del 19 de diciembre del 2002, el Decreto n° 333 del 19 de febrero de 1985, el Decreto n° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015, el Decreto n° 13 del 5 de enero de 2016 y el Expediente n° CUDAP: EXP-JGM 0005914/2016, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley n° 25.506 establece el valor jurídico del documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital, y en su artículo 48 dispone que el Estado Nacional, dentro de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley n° 24.156, promoverá el uso masivo de la firma digital de tal forma que posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas automáticas de la información y seguimiento y control por parte del interesado, propendiendo a la progresiva despapelización.

Que por el artículo 23 octies de la Ley de Ministerios (Ley n° 22.520, texto ordenado por Decreto n° 438/92, y sus modificatorias), se estableció entre las competencias del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN las de diseñar, coordinar e implementar la incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura informática y sistemas y tecnologías de gestión de la Administración Pública Nacional; actuar como Autoridad de Aplicación del régimen normativo que establece la infraestructura de firma digital para el sector público nacional; e intervenir en el desarrollo de sistemas tecnológicos con alcance transversal o comunes a los organismos y entes de la Administración Pública Nacional, Centralizada y Descentralizada.

Que la creación del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN se enmarca en las políticas del Gobierno Nacional tendientes a impulsar la jerarquización del empleo público y su vínculo con las nuevas formas de gestión que requiere un Estado moderno, como así también en el desarrollo de tecnologías aplicadas a la Administración Pública Nacional Centralizada y Descentralizada, que acerquen al ciudadano a la gestión de la Administración Pública Nacional.

Que por el Decreto n° 13/16 se encomienda a la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, entre otras, las funciones de entender en las propuestas e iniciativas de transformación, innovación, mejora continua e integración de los procesos transversales y sistemas centrales de soporte de gestión del Sector Público Nacional, a partir del desarrollo y coordinación de políticas, marcos normativos, capacidades, instrumentos de apoyo y plataformas tecnológicas; y en el marco regulatorio del régimen relativo a la validez legal del documento y firma digital, así como intervenir en aquellos aspectos vinculados con la incorporación de estos últimos a los circuitos de información del Sector Público Nacional y con su archivo en medios alternativos al papel.

Que el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Sector Público Nacional requiere la implementación de sistemas electrónicos de gestión documental, con el objetivo de acelerar los trámites, aumentar la transparencia, facilitar el acceso a la información, posibilitar la integración e interoperabilidad de los sistemas de información y dotar a los organismos de una herramienta moderna para elevar la calidad de la gestión.

Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública que impulsa el Gobierno Nacional, resulta necesario implementar en el ámbito del Sector Público Nacional la paulatina y progresiva incorporación de diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y procedimientos de la Administración de modo de dotarlos de mayores niveles de eficiencia, transparencia y accesibilidad.

Que actualmente se encuentran en desarrollo diversos proyectos encaminados a la digitalización de procesos tales como el sistema de compras electrónicas, el sistema de gestión integral de recursos humanos y el sistema de gestión documental; estos procesos requieren ineludiblemente del desarrollo de una plataforma horizontal que permita la creación, registro y archivo de documentos electrónicos.

Que el empleo de dichos medios informáticos y telemáticos en la sustanciación de las actuaciones y los expedientes administrativos, permitirá mayor control y seguridad en la tramitación de los mismos; posibilitará una única numeración y minimizará la utilización de documentos basados en papel, sin menoscabo alguno a la seguridad jurídica.

Que paralelamente, con la adopción de dichas medidas, se logrará incrementar el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y se permitirá alcanzar mayor celeridad y simplificación en las gestiones administrativas.

Que es necesario disponer de una plataforma de gestión de expedientes y administración electrónica, que incluya la compatibilidad y optimización de los procedimientos internos de gestión, reemplazando los expedientes en papel por expedientes electrónicos integrados en su totalidad por documentos digitales para lograr la despapelización de la administración pública tal como lo prevé la Ley n° 25.506.

Que para reemplazar el expediente en papel por el expediente electrónico, se requiere de un sistema electrónico de gestión documental que contenga y administre todas las reglas para generar y almacenar digitalmente documentos oficiales electrónicos, incluyendo funciones tales como generación, comunicación, firma individual y firma conjunta entre funcionarios, guarda y conservación, búsquedas por contenido, niveles de acceso, asignación de fecha y hora, y otras funcionalidades que garanticen la disponibilidad de la documentación oficial.

Que el Sector Público Nacional debe dotarse de una infraestructura tecnológica robusta, escalable, sustentable en el tiempo y eficiente, que tenga en miras aumentar la productividad, establecer una estrategia común de implementación de sistemas, evitar la diversidad de tecnologías tanto de software como de hardware, proporcionar servicios avanzados de desarrollo, y facilitar la implantación.

Que las entidades y jurisdicciones que componen el Sector Público Nacional cuentan con diferentes sistemas de gestión documental, entre los que se encuentra el ComDoc, pero ninguno de ellos es totalmente electrónico sino que mantienen el expediente en papel en forma simultánea.

Que es necesario entonces unificar el sistema de gestión documental mediante el uso compartido de un mismo sistema que permita la tramitación integral en formato electrónico, pases entre organismos y accesos remotos, reemplazando el uso del papel.

Que el Decreto n° 333/85 por el cual se aprueban las normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de actos y documentación administrativa que se utilizan en las actuaciones realizadas en soporte papel, no resulta de aplicación a los documentos electrónicos dadas las características tecnológicas de los sistemas informáticos.

Que a fin de optimizar la política de implementación de sistemas transversales para la administración pública, es necesario fortalecer el funcionamiento de la Infraestructura de Firma Digital de la República Argentina mediante la asignación de las funciones y obligaciones establecidas en los artículos 13 y 14 del Decreto n° 2628/02 a la SECRETARIA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA y al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y la función de organismo auditante a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.

Que han tomado debida intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1°.- Apruébase la implementación del sistema de Gestión Documental Electrónica —GDE— como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional. Dicho sistema actuará como plataforma para la implementación de gestión de expedientes electrónicos.

Artículo 2°.- Las entidades y jurisdicciones enumeradas en el artículo 8° de la Ley n° 24.156 que componen el Sector Público Nacional, deberán utilizar el sistema GDE para la totalidad de las actuaciones administrativas, de acuerdo al cronograma que fije el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, en reemplazo del ComDoc u otros sistemas de gestión documental en uso.

Artículo 3°.- Desígnase a la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, o a quién ésta designe, como administradora del sistema GDE y en consecuencia le compete:

a) Administrar en forma integral el Sistema;

b) Habilitar a los administradores locales;

c) Actualizar el nomenclador de actuaciones y de tratas;

d) Actualizar las tablas referenciales;

e) Asignar usuarios y permisos;

f) Auditar y controlar el funcionamiento, los usuarios y el ingreso de datos al sistema;

g) Capacitar y prestar asistencia a los administradores locales del sistema.

Artículo 4°.- A los fines de la implementación y funcionamiento del sistema GDE, en los Ministerios, Secretarías y demás organismos que integran el Sector Público Nacional, su máxima autoridad designará los funcionarios que actuarán como Administradores Locales.

Arículo  5°.- Al Administrador Local le compete:

a) Habilitar a los usuarios internos y asignarles los niveles de autorización operativa;

b) Actualizar las tablas de sectores internos de la repartición;

c) Capacitar y prestar asistencia a los usuarios internos de la repartición.

Artículo 6°.- Facúltase a la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para la implementación del sistema aprobado por el artículo 1° del presente, y el funcionamiento de los sistemas informáticos de gestión documental.

Artículo 7°.- La SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, a través de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, brindará la asistencia técnica y capacitación necesarias para la implementación y funcionamiento del sistema GDE en el Sector Público Nacional.

Artículo 8°.- Asígnanse al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Infraestructura de Firma Digital de la República Argentina, las funciones establecidas en los incisos a), d) e i) del artículo 13 del Decreto n° 2628/02. Asimismo, fijará los aranceles establecidos en el artículo 16 del citado Decreto n° 2628/02.

Artículo 9°.- Asígnanse a la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, las funciones establecidas en los incisos b), c), e), f), g), h), j), k), I), m), n), o) y p) del artículo 13 y las obligaciones definidas en el artículo 14, ambas del Decreto n° 2628/02.

Artículo 10 .- Instrúyese a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN para realizar las auditorías previstas en el Capítulo VII de la Ley n° 25.506. Los certificadores licenciados o en proceso de licenciamiento pertenecientes al sector privado abonarán el arancel de auditoría que fije el ente licenciante.

Artículo 11.- Las normas contenidas en el Decreto n° 333/85 y sus normas complementarias y modificatorias no se aplican al sistema que se aprueba en el Artículo 1°.

Artículo  12.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

MACRI

Marcos Peña

Andrés H. Ibarra.

 

17Oct/16

Decreto Ejecutivo nº 864 de 22 de enero de 2016

Decreto Ejecutivo nº 864 de 22 de enero de 2016.- Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. (Registro Oficial Suplemento nº 676 de 25 de enero de 2016)

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA:

Considerando:

Que, en el Tercer Registro Oficial Suplemento nº 439 de 18 de febrero de 2015 se publicó la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en cuya Disposición Transitoria Cuarta se dispone que el Presidente de la República en el plazo de ciento ochenta días expida el Reglamento General a la referida Ley;

Que, conforme lo señala el artículo 1 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, ésta tiene por objeto “desarrollar, el régimen general de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado, que comprende las potestades de administración, control y gestión en todo el territorio nacional, bajo los principios y derechos constitucionalmente establecidos.”;

Que, el artículo 2 de la antes citada Ley indica que ésta se debe aplicar “a todas las actividades de establecimiento, instalación y explotación de redes, uso y explotación del espectro radioeléctrico, servicios de telecomunicaciones y a todas aquellas personas naturales o jurídicas que realicen tales actividades a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los prestadores de servicios y usuarios”, señalándose además en el segundo inciso del artículo 2 citado que: “Las redes e infraestructura usadas para la prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva y las redes e infraestructura de los sistemas de audio y video por suscripción, están sometidas a lo establecido en la presente Ley.” y que “No corresponde al objeto y ámbito de esta Ley, la regulación de contenidos.”;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, es importante reglamentar, entre otros aspectos, aquellos relativos a la nueva institucionalidad que permita el funcionamiento de los organismos de telecomunicaciones;

Que, se deben regular los diferentes tipos de títulos habilitantes así como referirse al procedimiento a seguir para que éstos sean otorgados; sin dejar de considerar disposiciones respecto a los títulos habilitantes por delegación, o de los que requieran las entidades y empresas públicas, así como en general incluir normas sobre la terminación, extinción y revocatoria de los títulos habilitantes; del alcance de lo que se considera como Habilitación General y normas relativas al Registro Público de Telecomunicaciones;

Que, es importante regular el ámbito del régimen de redes, servicios y convergencia, señalando los tipos de redes de telecomunicaciones, sea por su medio de transmisión o conforme su utilización; incluyendo las obligaciones para el diseño, despliegue y tendido de redes, el régimen de servicios de telecomunicaciones, entre otros;

Que, en cuanto al régimen del espectro radioeléctrico se deben generar normas para su uso, así como condiciones de otorgamiento de las concesiones o autorizaciones del espectro, y normas relativas a los derechos y tarifas por su uso;

Que, se hace fundamental establecer regulaciones sectoriales ex ante para el fomento, la promoción y la preservación de las condiciones de competencia, y en dicho alcance aquellas relativas al pago por concentración de mercado;

Que, es importante incluir normas que reglamenten el régimen de contratación de servicios de telecomunicaciones, que se refieran además a los derechos y obligaciones de los abonados, clientes, usuarios y prestadores de servicios, señalando los diferentes tipos de contratación posibles, así como normas relativas al contenido de dichos contratos;

Que, es importante reglamentar el Régimen de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, así como respecto al Servicio Universal, en este último aspecto incluyendo normas sobre planificación, ejecución y contribuciones económicas para dicho servicio;

Que, es importante reglamentar el régimen de Interconexión y acceso, incluyendo normas respecto al contenido de los acuerdos que se celebren para el establecimiento y el adecuado funcionamiento del mercado para la prestación de servicios de telecomunicaciones en beneficio del usuario final;

Que, se hace indispensable incluir normas reglamentarias respecto al Régimen Sancionatorio a través del cual se sustancien los procedimientos administrativos de determinación de infracciones y la imposición en su caso de las sanciones previstas en la Ley o en los respectivos títulos habilitantes, observando el debido proceso y el derecho a la defensa; así como que permitan la sustanciación de reclamaciones por violación de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión;

Que, igualmente es menester incluir normas que regulen los Recursos Escasos, es decir el espectro radioeléctrico, el recurso de numeración y el recurso orbital, así como aquellas que regulen la ocupación de bienes; y, en general disposiciones respecto a la compartición de infraestructuras físicas necesarias para la prestación de servicios de telecomunicaciones;

Que, es importante incluir normas reglamentarias respecto a la homologación y certificación, que aseguren el adecuado funcionamiento de los equipos requeridos para la prestación de los servicios del régimen general de telecomunicaciones, así como el cumplimiento de las normas técnicas al que están obligados los prestadores de servicios de dicho régimen;

Que, es importante incluir normas respecto a la utilización de servicios del régimen general de telecomunicaciones en razón de la Seguridad Nacional, así como disposiciones para la asignación de espectro para telecomunicaciones reservadas igualmente a la Seguridad Nacional;

Que, por otro lado, es importante incluir normas que garanticen la inviolabilidad y secreto de la información y las comunicaciones transmitidas a través de redes de telecomunicaciones, así como respecto a la garantía de protección de los datos personales que deben dar los prestadores de servicios.

Que, es necesario garantizar en el país la prestación de servicios de telecomunicaciones en sujeción al marco legal vigente, determinando las acciones que se deben ejecutar en cuanto a las personas naturales o jurídicas que incurran en prácticas no autorizadas en este ámbito, o presten servicios diferentes a los determinados en los títulos habilitantes otorgados a su favor;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el número 13 del artículo 147 de la Constitución de la República.

Decreta:

EXPIDE EL SIGUIENTE REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE TELECOMUNICACIONES

 

TITULO I.- ALCANCE

Artículo  1.- Objeto.- El presente Reglamento General tiene por objeto el desarrollo y la aplicación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en adelante la Ley o sus siglas LOT.

Artículo  2.- Ambito.- La LOT y el presente Reglamento General son de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional para las personas naturales y jurídicas que realizan:

  1. Las actividades de operación, a través de:
  2. La prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones. b. El establecimiento, la instalación y la explotación de redes para la prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones. c. La instalación y uso de redes privadas. d. El uso y la explotación del espectro radioeléctrico.
  3. También es aplicable a:
  4. Los usuarios del régimen general de telecomunicaciones. b. Las personas naturales y jurídicas no poseedoras de títulos habilitantes que pudieren incurrir en las infracciones tipificadas en la Ley. c. Las instituciones públicas, distintas de los prestadores del régimen general de telecomunicaciones, en el área de sus respectivas competencias.

Artículo  3.- Definiciones.- Para la aplicación del presente Reglamento General, además de las contenidas en la Ley y en las definiciones dadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT, se considerarán las siguientes definiciones:

  1. Acceso universal.- Es la disponibilidad de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, en el país.
  2. Ingresos totales anuales.- Se entiende por ingresos totales anuales a todos los ingresos generados o provenientes de la operación del servicio del régimen general de telecomunicaciones habilitado; que serán presentados en los formularios que la ARCOTEL establezca.
  3. Ingresos totales facturados y percibidos.- Se entiende por ingresos totales facturados y percibidos, a los provenientes de la facturación total por concepto de ingresos generados por los servicios del régimen general de telecomunicaciones; excluyendo los tributos de ley con base en los formularios que la ARCOTEL establezca.
  4. Prestador del servicio del régimen general de telecomunicaciones.- Es la persona natural o jurídica que posee el título habilitante para la prestación del servicio de telecomunicaciones o de los servicios de radiodifusión de señal abierta o por suscripción.
  5. Radiocomunicación.- Todo servicio del régimen general de telecomunicaciones transmitido por medio de las ondas radioeléctricas.
  6. Régimen general de telecomunicaciones.- El régimen general de telecomunicaciones es el conjunto de principios, normas y procedimientos que regulan todas las actividades relacionadas con el establecimiento, instalación y explotación de redes, y con la prestación de servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión. Se excluye, expresamente, los contenidos comunicacionales que se encuentran desarrollados, protegidos y regulados, en el ámbito administrativo, por la Ley Orgánica de Comunicación.

Cuando en el presente Reglamento General se trate o se refiera al “régimen general de telecomunicaciones”, se entenderá que incluye, en su conjunto redes públicas, tanto para los servicios de telecomunicaciones como para los servicios de radiodifusión y redes privadas.

La potestad de gestión del Estado, entendida como la prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones, se la ejercerá directa o indirectamente, según corresponda, a través de empresas prestadoras de servicios que podrán ser públicas, mixtas, privadas o de la economía popular y solidaria, conforme lo prevé la Constitución de la República y la Ley.

  1. Regulaciones de la ARCOTEL.- Se entenderán a todas las normas, resoluciones y reglamentos que sean emitidos por la ARCOTEL.
  2. Servicios de radiocomunicación.- Servicios que implican la transmisión, la emisión o la recepción de ondas radioeléctricas para fines específicos del régimen general de telecomunicaciones.
  3. Servicios de radiodifusión.- Los servicios de radiodifusión están destinados a transmitir, emitir y recibir señales de imagen, sonido, multimedia y datos, a través de estaciones del tipo público, privado o comunitario para satisfacer las necesidades de comunicaciones de los usuarios, pueden ser por señal abierta o por suscripción. Cuando en este reglamento se señale radiodifusión por suscripción corresponderá a lo denominado en la LOT como audio y video por suscripción.
  4. Servicios de telecomunicaciones.- Los servicios de telecomunicaciones están destinados a permitir y facilitar la transmisión y recepción de signos, señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza, para satisfacer las necesidades de telecomunicaciones de los abonados, clientes y usuarios.
  5. Sociedad de la Información.- La Sociedad de la Información es aquella que usa y se apropia de las telecomunicaciones y de las TIC, para mejorar la calidad de vida, la competitividad y el crecimiento económico.
  6. Tecnologías de la información y comunicación – TIC.- Son un conjunto de servicios, redes y plataformas integradas que permiten el acceso o generación de datos a través del procesamiento, almacenamiento, análisis y presentación de la información.

Las definiciones técnicas no contempladas en el presente reglamento, tendrán el significado adoptado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y en las regulaciones respectivas.

TITULO II.-  INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

CAPITULO I .- DE LOS ORGANISMOS

Artículo  4.- Organismos competentes.- El Ministerio encargado del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL, son los organismos públicos competentes en materia del régimen general de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico.

CAPITULO II.-  DEL ORGANISMO RECTOR

Artículo  5.- Atribuciones del Ministerio rector.- El Ministerio encargado del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es el organismo rector y además de las funciones previstas en la Ley, ejecutará las siguientes:

  1. Emitir las disposiciones necesarias a la ARCOTEL para la aplicación de las políticas públicas y planes, y requerir la información sobre su cumplimiento.
  2. Elaborar y aprobar los planes de Servicio Universal, Plan de Sociedad de la Información, Plan Nacional de Telecomunicaciones.
  3. Emitir las políticas públicas, normativa técnica, disposiciones, cronogramas y criterios, en el ámbito de sus competencias.
  4. Las demás previstas en el presente Reglamento General.

CAPITULO III .- DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES

Artículo  6.- De la ARCOTEL.- La ARCOTEL actuará, a través de su Directorio, del Director Ejecutivo; y,

de sus organismos desconcentrados, conforme a las competencias atribuidas en la Ley y el presente Reglamento General.

La máxima autoridad de dirección y regulación de la ARCOTEL es el Directorio; y, la máxima autoridad con facultad ejecutiva, de administración y de regulación es el Director Ejecutivo, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la ARCOTEL; y, será en consecuencia el responsable de la gestión administrativa, económica, técnica regulatoria, en los casos previstos en la LOT, y operativa.

Los actos administrativos y normativos que emita el Director Ejecutivo, podrán ser impugnados únicamente ante el mismo órgano, dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa.

SECCION I.-  DEL DIRECTORIO DE LA ARCOTEL

Artículo  7.- Funciones del Directorio.- Corresponde al Directorio, además de las previstas en la Ley, las siguientes atribuciones:

  1. Expedir, modificar, reformar, interpretar y aclarar los reglamentos del régimen general de telecomunicaciones, tales como: tarifas; otorgamiento de títulos habilitantes del régimen general de telecomunicaciones que incluirá el procedimiento de intervención y terminación de los mismos.
  2. Emitir las normas de interpretación, aclaración y extinción de los títulos habilitantes.
  3. Expedir, modificar o reformar el Reglamento de Funcionamiento del Directorio.
  4. Expedir, modificar o reformar el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la ARCOTEL.
  5. Expedir las regulaciones respecto de la reversión de los bienes, en el caso de terminación de título habilitante.
  6. Expedir, modificar o reformar el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Consultivo; y,
  7. Las demás previstas en el presente Reglamento General.

Artículo  8.- Funcionamiento del Directorio.- El Directorio de la ARCOTEL se regula, por las disposiciones establecidas en la Ley y en el Reglamento Interno del Directorio.

Ejercerá la Secretaría del Directorio, el Director Ejecutivo de la ARCOTEL, quien participará con voz exclusivamente, y podrá designar a un funcionario para que ejerza la Prosecretaría.

CAPITULO IV.-  DEL DIRECTOR EJECUTIVO

Artículo  9.- Funciones del Director Ejecutivo de la ARCOTEL.- El Director Ejecutivo de la ARCOTEL, a más de las funciones previstas en la Ley, ejercerá las siguientes:

  1. Presentar por iniciativa propia o a petición del Directorio, para su conocimiento y resolución, los proyectos de reglamentos o actos normativos que corresponde expedir al Directorio.
  2. Presentar, para conocimiento y resolución del Directorio, el proyecto del Plan Nacional de Frecuencias y sus reformas.
  3. Expedir la normativa técnica para la prestación de los servicios y para el establecimiento, instalación y explotación de redes, que comprende el régimen general de telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico.
  4. Suscribir, otorgar, renovar o extinguir los títulos habilitantes previa la sustanciación y resolución respectiva, mediante procedimiento directo o concurso público, según corresponda.
  5. Autorizar la prórroga de plazos para la instalación y operación de los servicios del régimen general de telecomunicaciones, previa solicitud respectiva y 7. evaluación de los justificativos correspondientes, dentro del plazo otorgado en el título habilitante.
  6. Autorizar la suspensión de los servicios del régimen general de telecomunicaciones, y en los demás casos contemplados en el artículo 75 de la LOT debidamente justificados; y,
  7. Las demás previstas en el presente Reglamento General.

CAPITULO V.-  DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA ARCOTEL ENCARGADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Artículo  10.- Del organismo desconcentrado de la ARCOTEL encargado del procedimiento administrativo sancionador.- El organismo desconcentrado de la ARCOTEL encargado del procedimiento administrativo sancionador es el competente para aplicar el régimen sancionatorio previsto en la Ley, el presente Reglamento General y en los títulos habilitantes; puede contar con oficinas desconcentradas.

La competencia para el ejercicio de la potestad sancionatoria la tienen los titulares de la sede principal o de las oficinas que se establezcan en el territorio nacional, según corresponda.

CAPITULO VI.-  DEL CONSEJO CONSULTIVO

Artículo  11.- Del Consejo Consultivo.- El Consejo Consultivo es un mecanismo de asesoría y de consulta, de carácter no vinculante, del Directorio de la ARCOTEL, respecto a la defensa de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones exclusivamente; estará integrado conforme lo establece la Ley.

Ejercerá la Secretaría del Consejo Consultivo el funcionario de la ARCOTEL designado por el Director Ejecutivo; y, se podrá designar a un funcionario para que ejerza la Prosecretaría.

Los delegados del Directorio podrán tener sus respectivos suplentes que se principalizarán solo en el caso de ausencia del titular; y, durarán hasta que sean reemplazados por decisión de quienes los designan.

Para el funcionamiento y decisiones del Consejo Consultivo se observará el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Consultivo que expedirá el Directorio.

Artículo  12.- Funciones del Consejo Consultivo.- Son funciones del Consejo Consultivo, las siguientes:

  1. Actuar como mecanismo asesor y de consulta del Directorio en el ámbito de derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, exclusivamente;
  2. Colaborar, por pedido expreso del Directorio, en la búsqueda del mejoramiento continuo de la defensa de los derechos de los usuarios ; y, de cualquier otro asunto, que en ese ámbito sea sometido a su análisis y recomendación;
  3. Analizar y proponer alternativas de mejoramiento y medidas correctivas, que permitan superar las dificultades y desventajas en el ejercicio de los derechos de los usuarios;
  4. Informar sobre las acciones que hubieren sido realizadas por pedido del Directorio; y,
  5. Los demás que establezcan la Ley y el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Consultivo.

TITULO III.- TITULOS HABILITANTES

CAPITULO I .- TITULOS HABILITANTES, CLASIFICACION Y PROCEDIMIENTO PARA SU OTORGAMIENTO

Artículo  13.- Títulos habilitantes.- Para la prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones, así como, para el uso o explotación del espectro radioeléctrico, se requiere obtener, en forma previa, un título habilitante otorgado por la ARCOTEL, e inscrito en el Registro Público correspondiente.

Los títulos habilitantes se clasifican en:

  1. Títulos habilitantes para entidades y empresas públicas.- Para instituciones públicas que no tengan por finalidad la prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones, o para las empresas públicas creadas para la prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones, el título habilitante, inclusive para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, será la Autorización.
  2. Títulos habilitantes por delegación.- Para empresas de economía mixta en las cuales el Estado ecuatoriano tenga la mayoría accionaria; sociedades y asociaciones constituidas y conformadas por éstas, empresas públicas de propiedad estatal de los países que forman parte de la comunidad internacional; y, demás personas naturales y jurídicas pertenecientes al sector privado y los de la economía popular y solidaria.

a) Concesión.- Para servicios tales como telefonía fija y servicio móvil avanzado, radiodifusión sonora, radiodifusión de televisión, así como para cualquier uso y explotación del espectro radioeléctrico y los demás que determine la ARCOTEL.

b) Permiso.- Para la prestación de servicios de radiodifusión por suscripción.

c) Registro de servicios.- Para la prestación de servicios portadores, operadores de cable submarino, segmento espacial, radioaficionados, valor agregado, de radiocomunicación, redes privadas y actividades de uso privado, espectro para uso determinado en bandas libres y los demás que determine la ARCOTEL.

Artículo  14.- Otorgamiento y renovación de títulos habilitantes.- Para el otorgamiento y la renovación de títulos habilitantes sea por delegación o para entidades y empresas públicas que vayan a prestar cualquier servicio del régimen general de telecomunicaciones o uso y explotación del espectro radioeléctrico, se observarán los procedimientos, requisitos, términos, plazos y condiciones que se establezcan en el Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes que emita el Directorio de la ARCOTEL.

Para el otorgamiento y renovación de títulos habilitantes de los servicios de radiodifusión se estará a los requisitos y procedimientos previstos en la Ley Orgánica de Comunicación, su Reglamento General; y los procedimientos, requisitos, términos, plazos y condiciones que se establezcan en el Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes que emita el Directorio de la ARCOTEL.

Las personas jurídicas extranjeras prestadoras de servicios, incluidas las empresas de propiedad estatal de los países que forman parte de la comunidad internacional para la obtención de los respectivos títulos habilitantes deberán estar domiciliadas en el Ecuador; si son personas naturales, bastará con la residencia. Para el efecto será aplicable la excepción establecida en el artículo 6 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Comunicación.

Para el caso de provisión de segmento espacial y otros que consideren actividades o relacionamientos de carácter internacional, la compañía deberá tener un representante permanente en el Ecuador, con amplias facultades para realizar los actos y negocios jurídicos que se celebren y surtan efectos en territorio nacional; la ARCOTEL establecerá las condiciones y requisitos para su operación en el país, a través de la regulación respectiva.

En los respectivos títulos habilitantes o en la regulación que expida la ARCOTEL se establecerán los plazos para el inicio de las operaciones de los servicios del régimen general de telecomunicaciones, sus efectos en caso de inobservancia, autorización para suspensión de operaciones; y, en general todas las condiciones para la prestación del servicio objeto del título habilitante.

CAPITULO II.-  DISPOSICIONES PARA TITULOS HABILITANTES POR DELEGACION

Artículo  15.- Otorgamiento y renovación de títulos habilitantes por delegación.- Para el otorgamiento y renovación de títulos habilitantes por delegación, se observará los requisitos previstos en la LOT, para lo cual la ARCOTEL deberá:

  1. Determinar motivadamente la pertinencia y conveniencia de la prestación de servicios de telecomunicaciones por delegación, tomando en cuenta lo previsto en la LOT.
  2. Evaluar si alguna empresa o grupo de empresas vinculadas con el solicitante del título, presta servicios del régimen general de telecomunicaciones y los efectos que pudiera tener en el mercado el otorgamiento del nuevo título habilitante requerido o su renovación. Para este efecto, el prestador del servicio deberá presentar una declaración juramentada sobre vinculación. En caso de que no lo hiciere o que la ARCOTEL determinare que existe vinculación que genere efectos negativos en el mercado, negará el título habilitante solicitado o su renovación.
  3. Observar los requisitos y los procedimientos previstos en el Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes. En caso de las empresas públicas de la comunidad internacional se podrá realizar un procedimiento de adjudicación directa.

Artículo  16.- Contenido de los títulos habilitantes por delegación.- El contenido mínimo para los títulos habilitantes por delegación, como Concesión, Permiso o Registro de Servicios, según corresponda, será establecido por la ARCOTEL a través del Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes.

El Director de la ARCOTEL aprobará los formatos, modelos o instrumentos que considere pertinentes para la suscripción de los títulos habilitantes, en los que definirá sus términos, condiciones y plazos.

Artículo  17.- Vinculación entre empresas prestadoras de servicios del régimen general de telecomunicaciones.- Se considera que existe vinculación cuando las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, sean socios o partícipes a la vez de dos o más empresas prestadoras de servicios del régimen general de telecomunicaciones.

También se considerará que existe vinculación cuando una persona natural o jurídica, domiciliada o no en el Ecuador participe directa o indirectamente en la dirección, administración, control o capital de otra; conforme el Reglamento de Mercado que emita la ARCOTEL.

En todo caso a efectos de determinar la vinculación se observará lo establecido en el artículo innumerado luego del artículo 4 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Internº

Para efectos de la declaración juramentada de vinculación que exige la LOT, el solicitante de un título habilitante deberá señalar el capital, porcentaje y número de acciones o participaciones de las que es titular en cada una de las empresas prestadoras de servicios del régimen general de telecomunicaciones.

Artículo  18.- Fijación de derechos para la obtención de títulos habilitantes por delegación y tarifas por servicios administrativos.- El Directorio de la ARCOTEL directamente, determinará los valores por el otorgamiento de los títulos habilitantes por delegación, sea que provengan por la emisión de un nuevo título o por la renovación del mismo, salvo en los casos de procesos públicos competitivos de ofertas en el que el monto resultante se define por dicho mecanismo.

Para la determinación de los valores de los títulos habilitantes por delegación, la ARCOTEL podrá determinar valores diferentes entre prestadores de servicios iguales, para el caso de operadores con poder de mercado o preponderantes, o de ser el caso, a sus empresas vinculadas, amparados en el objetivo de preservación de la competencia.

De igual forma, la ARCOTEL directamente podrá fijar el pago de tarifas por trámites para el otorgamiento de títulos habilitantes, renovación, modificaciones, registros, certificaciones u otras actividades o servicios administrativos.

CAPITULO III.-  DISPOSICIONES SOBRE TITULOS HABILITANTES PARA ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS

Artículo  19.- Contenido de los títulos habilitantes de Autorización para entidades y empresas públicas.La Autorización otorgada a las instituciones del Estado y empresas públicas creadas para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, es un acto administrativo de adhesión obligatoria y será suscrito por el Director Ejecutivo de la ARCOTEL y aceptada por la o el representante legal de la institución o de la empresa pública de que se trate.

El Director Ejecutivo de la ARCOTEL aprobará los formatos, modelos o instrumentos que considere pertinentes para la suscripción de Autorizaciones, en los que definirá sus términos, condiciones y plazos.

Artículo  20.- Exención del pago de derechos por el otorgamiento del título habilitante de Autorización.Las entidades públicas y las empresas públicas creadas para la prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones están exoneradas del pago de derechos por el otorgamiento o renovación del título habilitante de Autorización para la prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico; excepto del pago de las tarifas mensuales por el uso y explotación del espectro radioeléctrico.

La obligación de devengamiento por la asignación de espectro radioeléctrico de las empresas públicas prestadoras de servicios de telecomunicaciones establecido en el artículo 39 de la Ley de Telecomunicaciones es independiente de la contribución del 1% de los ingresos totales facturados y percibidos que tienen la obligación de aportar todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones conforme lo previsto en el artículo 92 de la LOT.

CAPITULO IV.-  DE LA TERMINACION, EXTINCION Y REVOCATORIA

Artículo  21.- De la terminación de los títulos habilitantes.- Cuando las personas naturales o jurídicas que tengan un título habilitante incurran en una o varias de las causales previstas en los artículos 46 y 47 de la LOT; y, 112 de la Ley Orgánica de Comunicación, respectivamente o cualquier otra causal establecida en los respectivos títulos habilitantes, la ARCOTEL podrá declarar la terminación, extinción o revocatoria de los referidos títulos habilitantes, mediante acto administrativo debidamente motivado y previo el procedimiento administrativo que garantice el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa. No será necesario el inicio del procedimiento administrativo, en los casos de terminación de los títulos habilitantes por muerte del titular en caso de persona natural o, expiración del tiempo de duración, siempre y cuando no se haya solicitado y resuelto su renovación.

Artículo  22.- Reversión y valoración en servicios de telecomunicaciones.- Cuando por cualquier causal se termine, extinga o revoque los títulos habilitantes de servicios de telecomunicaciones, o cuando no se los renueve, la ARCOTEL tomará las medidas pertinentes para asegurar la continuidad en la prestación de dichos servicios, el derecho de los usuarios y el patrimonio estatal, debiendo la ARCOTEL expedir la normativa secundaria correspondiente.

La ARCOTEL en la resolución que dé por terminado o extinguido un título habilitante, por muerte del titular en caso de persona natural o, expiración del tiempo de su duración siempre y cuando no se haya solicitado y resuelto su renovación, deberá señalar si procede o no la reversión de los activos afectos a la prestación del servicio y de ser el caso incluirá la orden de reversión de los bienes afectos a la prestación del servicio que constituirá título traslativo de dominio de dichos bienes.

En los casos de extinción del título habilitante derivados de incumplimientos de las obligaciones pactadas o de revocatoria, la resolución correspondiente incluirá la orden de reversión de los bienes afectos a la prestación del servicio, que constituirá título traslativo de dominio de los bienes. En este caso para la determinación del monto a pagar por los bienes afectos a la prestación del servicio, se contratará una firma independiente de prestigio y experiencia en el sector de las telecomunicaciones que presentara su informe, atendiendo al valor original de los bienes depreciados y amortizados, según la información contable declarada por el prestador para el pago del impuesto a la renta.

La ARCOTEL podrá emitir las regulaciones que considere pertinentes respecto a la reversión de los bienes.

CAPITULO V.-  DE LA HABILITACION GENERAL

Artículo  23.- Habilitación General para la prestación de servicios con títulos habilitantes de Concesión o Autorización, según corresponda.- La Habilitación General es el instrumento mediante el cual la ARCOTEL determina el marco jurídico, técnico y operativo para la prestación de servicios tales como telefonía fija y servicio móvil avanzado, que se genera con el otorgamiento de un título habilitante de Concesión o Autorización, según corresponda, en el que se establecerán los términos, plazos y las condiciones aprobadas, y se incorporará, de ser el caso, las frecuencias esenciales necesarias para la prestación del servicio.

Los prestadores de servicios que cuenten con una Habilitación General podrán incorporar a la misma, a través de los respectivos anexos, los servicios adicionales de telecomunicaciones, sin embargo, deberá necesariamente emitirse el título habilitante de Concesión, Autorización, Permiso o Registro de Servicios, según corresponda.

El contenido de la Habilitación General será establecido por la ARCOTEL a través del Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes.

La Habilitación General no constituye un título habilitante, sino el instrumento marco al cual se incorporan las habilitaciones.

CAPITULO VI.-  DEL REGISTRO PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES

Artículo  24.- Del Registro Público de Telecomunicaciones.- El Registro Público de Telecomunicaciones que estará a cargo de la ARCOTEL, contendrá la inscripción, modificación y cancelación de los títulos habilitantes por delegación y los títulos habilitantes para entidades y empresas públicas, los acuerdos y disposiciones de compartición de infraestructura, interconexión o cualquier otro documento relacionado a estos; conforme las secciones, requisitos, procedimientos y condiciones que prevé la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el presente Reglamento General y las demás regulaciones que emita la ARCOTEL para el efecto.

Formará parte del Registro Público de Telecomunicaciones, el Registro Nacional de Títulos Habilitantes como una sección específica donde se inscribirán los títulos otorgados para la prestación de servicios de radiodifusión y los asuntos relacionados con la prestación de dichos servicios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación, su Reglamento General y las regulaciones que emita la ARCOTEL para el efecto.

En el Registro Público de Telecomunicaciones se inscribirá también la resolución de Habilitación General que ampara a los títulos habilitantes de Concesión y Autorización, según corresponda, así como los demás actos, resoluciones, autorizaciones y permisos para servicios del régimen general de telecomunicaciones que se hayan anexado a la misma.

La ARCOTEL en la normativa para la gestión del Registro Público de Telecomunicaciones establecerá el procedimiento para el acceso de los órganos y entes del Estado, así como de los ciudadanos, a la información constante en el Registro, posibilitando el acceso en línea a esta información.

El otorgamiento de títulos habilitantes incluyendo las asignaciones de espectro radioeléctrico a entidades responsables de la seguridad pública y del Estado que por sus características sean de naturaleza secreta o confidencial se inscribirán en el Registro Público de Telecomunicaciones en una sección reservada, por lo que no serán de libre acceso debiendo la ARCOTEL establecer un procedimiento para el acceso a dicha información.

TITULO IV.-  REGIMEN DE REDES, SERVICIOS, EMPAQUETAMIENTO Y CONVERGENCIA

CAPITULO I.-  REGIMEN DE REDES

Artículo  25.- Tipos de redes de telecomunicaciones.- Las redes de telecomunicaciones se clasifican, de acuerdo al medio de transmisión o conforme a su utilización, en:

  1. De acuerdo al medio de transmisión:
  2. Redes Físicas; y, b. Redes Inalámbricas.
  3. De acuerdo con su utilización:
  4. Redes Públicas de Telecomunicaciones; y, b. Redes Privadas de Telecomunicaciones.

Artículo  26.- Redes Físicas.- Son redes desplegadas que utilizan medios físicos para la transmisión, emisión y recepción de voz, imágenes, vídeo, sonido, multimedia, datos o información de cualquier naturaleza, para satisfacer las necesidades de telecomunicaciones y comunicación de la población.

El despliegue y el tendido de este tipo de redes e infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo las correspondientes a los servicios de radiodifusión por suscripción, estarán sujetos a las políticas de ordenamiento y soterramiento de redes que emita el Ministerio encargado del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, y a las normas técnicas emitidas por la ARCOTEL.

Los gobiernos autónomos descentralizados, en las ordenanzas que expidan observarán y darán cumplimiento a:

  1. Las políticas de ordenamiento y soterramiento de redes;
  2. Las políticas sobre el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones;
  3. La política y normas técnicas nacionales para la fijación de tasas o contraprestaciones por el uso de obras ejecutadas por los GAD para el despliegue ordenado y soterrado de la infraestructura y redes de telecomunicaciones que pagarán los prestadores de servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión por suscripción; incluyendo el establecimiento de tasas preferenciales para redes destinadas al cumplimiento del Plan de Servicio Universal, calificadas por el Ministerio encargado del sector de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información;
  4. El Plan Nacional de Soterramiento y Ordenamiento, expedidos por el Ministerio encargado del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información; y,
  5. Las regulaciones que expida la ARCOTEL.

En las ordenanzas que emitan los gobiernos autónomos descentralizados para regular el uso y gestión del suelo y del espacio aéreo para el despliegue o establecimiento de redes e infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo radiodifusión por suscripción, no se podrá incluir tasas o tarifas u otros valores por el uso del espacio aéreo regional, provincial o distrital vinculadas al despliegue de redes de telecomunicaciones o al uso del espectro radioeléctrico, otorgados a empresas públicas, privadas o de la economía popular y solidaria, por ser una competencia exclusiva del Estado central.

Artículo  27.- Redes inalámbricas.- Son redes que utilizan el espectro radioeléctrico, desplegadas para brindar servicios del régimen general de telecomunicaciones para la transmisión, emisión y recepción de voz, imágenes, vídeo, sonido, multimedia, datos o información de cualquier naturaleza, para satisfacer las necesidades de telecomunicaciones y comunicación de la población.

Las políticas y normas sobre el despliegue de redes inalámbricas relacionadas con los principios de precaución y prevención, así como las de mimetización y reducción de contaminación e impacto visual son de exclusiva competencia del Estado central a través del Ministerio encargado del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y de la ARCOTEL, en coordinación con las entidades públicas pertinentes, de acuerdo a sus respectivas competencias.

En las ordenanzas que emitan los gobiernos autónomos descentralizados para regular el uso y gestión del suelo y del espacio aéreo para el despliegue o establecimiento de redes e infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo radiodifusión por suscripción, no se podrá incluir tasas o tarifas u otros valores por el uso del espacio aéreo regional, provincial o distrital vinculadas al despliegue de redes de telecomunicaciones o al uso del espectro radioeléctrico, otorgados a empresas públicas, privadas o de la economía popular y solidaria, por ser una competencia exclusiva del Estado central.

Artículo  28.- Redes públicas de telecomunicaciones.- Es toda red de la que dependa la prestación de uno o varios servicios del régimen general de telecomunicaciones.

Artículo  29.- Establecimiento y operación de redes públicas de telecomunicaciones.- Para el establecimiento y operación de redes públicas de telecomunicaciones se requiere contar con el o los títulos habilitantes por cada uno de los servicios del régimen general de telecomunicaciones que se vayan a prestar.

Artículo  30.- Obligaciones para diseño, despliegue y tendido de redes públicas de telecomunicaciones. Los prestadores de servicios, al diseñar e instalar redes públicas de telecomunicaciones, observarán lo previsto en la LOT.

Las redes públicas de telecomunicaciones inalámbricas nuevas deberán estar dotadas con equipamiento de última tecnología que permita el mejor aprovechamiento y uso eficiente del espectro radioeléctrico a fin de garantizar la calidad de los servicios.

Artículo  31.- Redes privadas de telecomunicaciones.- Son aquellas utilizadas por empresas y entidades públicas o personas privadas, naturales o jurídicas, en su exclusivo beneficio sin fines de explotación comercial, con el propósito de conectar distintas instalaciones de su propiedad o bajo su control; por lo que, se prohíbe la utilización de estas redes para la prestación de servicios a terceros.

La ARCOTEL determinará, entre otras, las formas y limitaciones sobre conexión de redes privadas nacionales con otras redes privadas nacionales o extranjeras, de manera que no implique servicios a terceros. Para tal efecto se deberá regular las condiciones y requisitos para que opere la conexión de redes privadas entre empresas pertenecientes a grupos corporativos o tenedores de acciones o participaciones.

Las redes privadas de telecomunicaciones no generan obligaciones por concentración de mercado, ni la contribución prevista en el artículo 92 de la LOT.

El título habilitante para el despliegue de una red privada es el Registro de Servicios.

Las personas naturales o jurídicas que tengan instaladas redes privadas de telecomunicaciones inalámbricas o que vayan a instalar redes nuevas, deberán cumplir con las políticas y normas de precaución y prevención, así como las de ordenamiento, mimetización, soterramiento y reducción de contaminación e impacto visual.

CAPITULO II .- PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL REGIMEN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, FORMAS DE GESTION Y DELEGACION

Artículo  32.- Formas de gestión del régimen general de telecomunicaciones.- Los servicios del régimen general de telecomunicaciones observarán lo siguiente:

  1. Los servicios de telecomunicaciones serán provistos:
  2. En forma directa por el Estado, a través de empresas públicas de telecomunicaciones; b. Indirectamente, a través de la delegación a: empresas de economía mixta en las cuales el Estado tenga la mayoría accionaria; y, c. De forma indirecta y excepcional a empresas públicas de la comunidad internacional, a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria.
  3. Los servicios de radiodifusión de señal abierta se gestionarán a través de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias observando la distribución equitativa de frecuencias establecida en la Ley Orgánica de Comunicación.

En cuanto a los servicios de radiodifusión por suscripción, se estará a lo previsto en la Ley Orgánica de Comunicación, su Reglamento General, Ley Orgánica de Telecomunicaciones y en el presente reglamento.

CAPITULO III .- REVENTA DE SERVICIOS

Artículo  33.- Reventa de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión por suscripción.- Es la actividad de intermediación comercial mediante la cual un tercero ofrece al público servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión por suscripción, contratados con uno o más prestadores de servicios. La actividad de reventa es una facultad del prestador del servicio, sin embargo, en caso de realizarse, deberá instrumentarse a través de un contrato, cuyo modelo será aprobado por la ARCOTEL. El prestador de servicios deberá remitir el contrato suscrito para su inscripción en el Registro Público de Telecomunicaciones, sin perjuicio de reportar la información del contrato con la periodicidad y en los formatos que para el efecto establezca la ARCOTEL.

Toda la responsabilidad respecto de la prestación de servicios es únicamente del prestador de servicios del régimen de telecomunicaciones, no pudiendo delegar, transferir o ceder al revendedor ningún tipo de obligación o responsabilidad que se derive del ordenamiento jurídico vigente o de su título habilitante, por tanto la actividad de reventa no requiere la obtención de un título habilitante.

CAPITULO IV.-  EMPAQUETAMIENTO

Artículo  34.- Empaquetamiento comercial de servicios.- Consiste en una estrategia comercial de un prestador destinada a la venta de dos o más servicios del régimen general de telecomunicaciones de forma conjunta, con particularidades o descuentos en beneficio de los usuarios; la facturación deberá efectuarse desglosando cada uno de los servicios empaquetados.

El empaquetamiento podrá realizarse únicamente respecto de los servicios que el prestador se encuentre facultado a brindar, de conformidad con los títulos habilitantes correspondientes; el empaquetamiento de servicios brindados por distintos prestadores, podrá realizarse previa aprobación por parte de la ARCOTEL.

TITULO V.-  DEL REGIMEN DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

Artículo  35.- Consideraciones generales.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre el espectro radioeléctrico, considerado sector estratégico, bien de dominio público, recurso limitado y escaso; en consecuencia inalienable, inembargable e imprescriptible.

El Estado, a través de la ARCOTEL, es el encargado de administrar, regular y controlar el espectro radioeléctrico, de conformidad con lo establecido en la Ley, el presente Reglamento General y en las regulaciones que emita la ARCOTEL para el efecto.

Para el otorgamiento de títulos habilitantes para uso y explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico, la ARCOTEL, a más de lo previsto en la LOT y en la Ley Orgánica de Comunicación, según corresponda, atenderá al interés público, promoverá el uso racional y eficiente del referido recurso limitado, propenderá a fomentar el desarrollo tecnológico, garantizará el acceso igualitario, equitativo y la asignación en condiciones de transparencia respetando lo establecido en la Constitución de la República y en las leyes anteriormente señaladas.

Artículo  36.- Uso del espectro radioeléctrico.- Además de los usos del espectro determinados en la LOT y en el presente Reglamento General, la ARCOTEL podrá establecer otros tipos de usos del espectro radioeléctrico, tales como frecuencias de uso temporal, a través de las regulaciones que emita para el efecto.

Artículo  37.- Espectro de uso libre.- Son aquellos rangos de frecuencias previstas en el Plan Nacional de Frecuencias, que pueden ser utilizadas por el público en general, con sujeción a las condiciones técnicas, jurídicas y operativas que establezca la ARCOTEL y que para su utilización no requiere de título habilitante algunº

Artículo  38.- Espectro para uso determinado en bandas libres.- Son rangos de frecuencias que pueden ser utilizadas para la prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones o para el uso por parte de redes privadas, que requieren del registro como título habilitante, pudiendo coexistir con el uso de frecuencias de uso libre.

Artículo  39.- Espectro para usos determinados de servicios del régimen general de telecomunicaciones: La asignación de este espectro puede ser de dos clases:

  1. Privativo.- espectro de uso exclusivo de un poseedor de título habilitante; y,
  2. Compartido.- espectro que podrá ser compartido por varios poseedores de títulos habilitantes.

Artículo  40.- Espectro para usos experimentales.- Son aquellos rangos de frecuencias destinadas a la investigación científica o para pruebas temporales de equipo, las cuales tendrán una asignación de uso de carácter temporal y no comercial.

Artículo  41.- Espectro de uso reservado.- Son aquellos rangos de frecuencias destinadas a la seguridad pública y del Estado y que por su naturaleza son de carácter confidencial y secreto.

Artículo  42.- Administración, regulación y control del espectro radioeléctrico.- La ARCOTEL será responsable de la administración, regulación y control del espectro radioeléctrico, planificando el uso del mismo para los servicios del régimen general de telecomunicaciones, considerando lo establecido en la Constitución de la República, la Ley, el presente Reglamento General y las decisiones y recomendaciones de los organismos internacionales competentes en materia de radiocomunicación. La ARCOTEL establecerá la atribución del espectro de conformidad con las recomendaciones, planes o reglamentos de la UIT, así como su uso a través del Plan Nacional de Frecuencias y de las regulaciones que emita para el efecto.

La administración del espectro radioeléctrico tiene por objeto el fomentar su uso y explotación de manera eficaz, eficiente y regulada, a fin de obtener el máximo provecho de este recurso limitado.

La ARCOTEL en el ejercicio de sus facultades de control, inspeccionará y verificará que el uso del espectro destinado al régimen general de telecomunicaciones se lo realice conforme a lo previsto en el respectivo título habilitante y con los parámetros técnicos necesarios a fin de evitar interferencias perjudiciales.

Artículo  43.- Condiciones de otorgamiento de concesiones del espectro radioeléctrico.- El otorgamiento de Concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico, podrá realizarse a través de los procedimientos de adjudicación directa o proceso público competitivo de ofertas.

Artículo  44.- Adjudicación directa de frecuencias.- La adjudicación directa de frecuencias se efectuará cuando una persona natural o jurídica interesada, presente una solicitud a la ARCOTEL para que se le asigne frecuencias en cualquiera de los casos previstos en la LOT. A la solicitud se adjuntará la información legal, financiera y técnica, que regule la ARCOTEL.

El Reglamento para Otorgar Título Habilitantes establecerá las condiciones y plazos para la adjudicación directa de frecuencias.

Artículo  45.- Adjudicación mediante concurso público competitivo.- Se seguirá el procedimiento de concurso público competitivo para la adjudicación de frecuencias que requieran del título habilitante de Concesión, en los casos previstos en el artículo 52 de la LOT.

La ARCOTEL deberá cumplir con las etapas preparatoria, precontractual y de ejecución contractual. La etapa preparatoria comprenderá la recopilación de la información técnica, económica y jurídica necesaria; y, la elaboración de las bases del concurso. La etapa precontractual se iniciará con la aprobación de las bases por parte del Director Ejecutivo de la ARCOTEL y finalizará con la resolución de adjudicación o declaratoria de desierto, según corresponda. La etapa de ejecución contractual se iniciará con la firma del contrato, continuará con el seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones previstas en el título habilitante y finalizará por el cumplimiento del plazo o cualquier otra condición prevista en la LOT o en el título respectivo.

La convocatoria deberá de manera obligatoria publicarse en la página electrónica institucional de la ARCOTEL. Adicionalmente, y de manera optativa y complementaria, pero no obligatoria, podrá también hacerse a través de invitaciones escritas a posibles interesados, publicación en otras páginas electrónicas que se considere pertinentes o en cualquier medio de difusión masiva nacional o internacional, que favorezca el cumplimiento del principio de publicidad y transparencia.

Las bases del concurso público competitivo deberá considerar al menos lo siguiente:

  1. El texto de la convocatoria, carta de presentación y compromiso, instrucciones a los oferentes, principios y criterios para valoración de las ofertas; modelo del contrato que se celebrará con el oferente que resulte adjudicado; y, formularios que se utilizarán para la presentación de las ofertas.
  2. Las reglas de participación jurídicas, técnicas y económicas que obligatoriamente deberán cumplir las entidades de la iniciativa privada y actores de la economía popular y solidaria, esto es, los requisitos y documentos obligatorios que deberán presentar los participantes del concurso, como experiencia, garantías a rendirse de ser el caso, poderes o cualquier otro documento que se requiera.
  3. Cronograma del concurso público competitivo desde la fecha de publicación hasta la celebración del título, en el que se incorporarán las fechas para las aclaraciones a las bases, preguntas y respuestas de los posibles participantes; recepción y apertura de las ofertas; evaluación de las ofertas; adjudicación o declaratoria de desierto, según corresponda; y, suscripción del título habilitante. Dicho cronograma podrá ser modificado por parte de la ARCOTEL de ser necesario.
  4. El procedimiento que se utilizará para la calificación de la oferta que se consideraría como la más conveniente a los intereses del Estado.

La ARCOTEL regulará el procedimiento de concurso público competitivo en cada una de las etapas señaladas en el presente Reglamento General. En la etapa precontractual, se considerará que el plazo entre la publicación de la convocatoria y la entrega de las ofertas no podrá ser menor a treinta (30) días calendario.

TITULO VI.- REGULACION SECTORIAL EX – ANTE PARA EL FOMENTO, LA PROMOCION Y LA PRESERVACION DE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA

Artículo  46.- Facultad reguladora.- De conformidad con lo establecido en la Ley, le corresponde a la ARCOTEL la facultad reguladora ex – ante para el fomento, la promoción y la preservación de las condiciones de competencia del régimen general de telecomunicaciones. De esta forma, la regulación ex-ante entre otros aspectos prevendrá toda práctica que fomente cualquier tipo de distorsiones de mercado, o que pueda restringir o impedir la competencia.

La facultad reguladora y las atribuciones de la ARCOTEL, estarán enmarcadas en lo dispuesto en la ley que norma la regulación y control del poder de mercado, su reglamento de aplicación, la LOT, el presente Reglamento General, el Reglamento de Mercados que emita la ARCOTEL; y, demás normas pertinentes.

Artículo  47.- Pago por concentración de mercado.- Los pagos en función del número de abonados o clientes del servicio concesionado, permisionado o registrado, que realizarán los prestadores privados que concentren mercado, se calcularán conforme los porcentajes previstos en la Ley por el monto de los ingresos totales anuales que correspondan al servicio de telecomunicaciones o al servicio de radiodifusión por suscripción que se haya concentrado.

Esta obligación es independiente de cualquier otra obligación prevista en la LOT y en el presente Reglamento.

La recaudación de estos valores será trimestral, sin embargo, la ARCOTEL realizará la reliquidación de los valores pagados en el ejercicio económico inmediatamente anterior, con base en los estados financieros auditados presentados ante la Superintendencia de Compañías, las declaraciones del impuesto a la renta e impuesto al valor agregado I VA (originales y sustitutivas) efectuadas ante el Servicio de Rentas Internas y los formularios de desagregación de ingresos, costos y gastos definidos por la ARCOTEL, de los prestadores privados de servicios de telecomunicaciones, para lo cual deberá emitir las regulaciones que considere necesarias, sin perjuicio de que la ARCOTEL pueda solicitar información técnica, financiera y contable adicional de considerarlo pertinente.

TITULO VII.- DEL REGIMEN DE CONTRATACION DE SERVICIOS

CAPITULO I.-  DE LOS CONTRATOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

Artículo  48.- De la contratación de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión por suscripción.- Los servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión por suscripción, podrán ser contratados por los usuarios, a través de las siguientes formas:

  1. Contratos de adhesión con abonados o suscriptores.
  2. Contratos negociados con clientes.

Artículo  49.- De los contratos de adhesión.- Es el contrato cuyas cláusulas son redactadas por los prestadores de servicios de telecomunicaciones, incluyendo los servicios de radiodifusión por suscripción, sin que los abonados hayan discutido su contenido, pero aceptándolo expresamente a través de cualquier mecanismo físico o electrónico, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo  50.- Condiciones generales de los contratos de adhesión.- Las condiciones generales de los contratos de adhesión serán reguladas por la ARCOTEL, las que serán de cumplimiento obligatorio por parte de los prestadores de servicios.

Los modelos de contratos de adhesión que utilicen los prestadores de servicios deberán ser remitidos a la ARCOTEL para su inscripción en el Registro Público de Telecomunicaciones.

En caso de que, en el texto de un contrato de adhesión se haya limitado, condicionado o establecido alguna renuncia de los derechos de los abonados, se entenderá como no escrito, sin perjuicio de lo cual la ARCOTEL de oficio o a petición de parte, solicitará la inmediata modificación del contrato; en caso de persistir el incumplimiento la ARCOTEL iniciará el procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente.

La ARCOTEL podrá disponer cambios al modelo de contrato de adhesión en cualquier momento, en ejercicio de su facultad regulatoria.

El modelo de contrato de adhesión registrado deberá ser publicado en la página web del prestador del servicio.

Un contrato de adhesión podrá utilizarse para la contratación de varios servicios de telecomunicaciones, incluidos radiodifusión por suscripción, por parte del abonado. En el caso que el abonado deseare contratar un nuevo servicio de telecomunicaciones, incluidos radiodifusión por suscripción, con el mismo prestador, se incorporará un anexo al contrato que mantiene con el prestador del servicio, en el que se describirán las condiciones particulares del nuevo servicio contratado, así como su vigencia.

En el caso de los servicios empaquetados habrá un solo contrato de adhesión; y, en los anexos correspondientes, se describirán las condiciones particulares de los servicios. El prestador del servicio informará a los abonados la tarifa aplicada a cada servicio que forma parte del paquete adquirido, así como las bonificaciones, descuentos e impuestos aplicables.

Artículo  51.- De los contratos cuyas cláusulas han sido negociadas.- Es el contrato en el que el usuario, a quien se le denomina cliente, y el prestador del servicio negocian y acuerdan de consuno las cláusulas que establecen las condiciones para la prestación del servicio y las obligaciones de las partes.

Artículo  52.- Condiciones generales del contrato negociado con clientes.- Las condiciones generales de los contratos negociados con clientes serán reguladas por la ARCOTEL, las que serán de cumplimiento obligatorio por parte de los prestadores de servicios.

Los contratos negociados con clientes podrán considerar, en el mismo instrumento, la prestación de varios servicios de telecomunicaciones.

En el caso que el cliente deseare contratar un nuevo servicio de telecomunicaciones con el mismo prestador, podrá hacerlo con la firma de un anexo al contrato que tiene celebrado con el prestador del servicio, donde se describirán las condiciones particulares del nuevo servicio contratado, así como, su vigencia.

Los contratos negociados con los clientes no necesitarán aprobación por parte de la ARCOTEL, sin embargo, en caso de que en el texto contractual se haya limitado, condicionado o establecido alguna renuncia de los derechos de los clientes, se entenderá como no escrito sin perjuicio de lo cual la ARCOTEL, de oficio o a petición, de parte solicitará la inmediata modificación del contrato; en caso de persistir el incumplimiento la ARCOTEL iniciará el procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente.

CAPITULO II.-  CONDICIONES APLICABLES TANTO A LOS CONTRATOS DE ADHESION COMO AQUELLOS CUYAS CLAUSULAS HAYAN SIDO NEGOCIADAS

Artículo  53.- Vigencia de los contratos.- Los contratos deberán señalar la vigencia para la prestación de los servicios, sin perjuicio de lo cual, el usuario podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente, en cualquier tiempo y por cualquier medio físico o electrónico, conforme lo dispuesto en la ley que norme la defensa del consumidor; y, sin que para ello esté obligado a cancelar multas o recargos de valores de ninguna naturaleza, salvo saldos pendientes por servicios efectivamente prestados o bienes solicitados y recibidos, hasta la terminación del contrato.

De igual forma, previo a la contratación, el usuario deberá ser informado expresamente y podrá escoger, si desea o no, acogerse a beneficios y condiciones por un período de permanencia mínima. En caso afirmativo, los prestadores de los servicios contratados, dejarán constancia por escrito de dichos beneficios y condiciones.

No obstante, el usuario podrá dar por terminado el contrato en cualquier momento, a pesar de la existencia del período de permanencia mínima; en tal caso, el usuario asumirá los valores pendientes de pago que correspondan a saldos pendientes por servicios efectivamente prestados o bienes solicitados y recibidos, hasta la terminación del contrato.

Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, para garantizar la continuidad de los servicios y evitar exceso de trámites a los usuarios, siempre que éstos lo hayan autorizado así en el contrato, la renovación podrá ser automática, por igual período y bajo las mismas o mejores condiciones para el usuario, salvo que alguna de las partes no desee renovar el contrato y lo comunique a la otra parte.

Artículo  54.- Forma de los contratos.- Los contratos de adhesión así como aquellos cuyas cláusulas han sido negociadas de consuno, podrán ser físicos o electrónicos y se regirán a lo establecido en la LOT, en las leyes que normen el comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos; la defensa del consumidor; sus reglamentos correspondientes; y, demás normativa vigente.

Sin perjuicio de lo anterior, los servicios suplementarios o promociones que deseen contratar los abonados o clientes que tengan vigente un contrato con un determinado prestador del servicio, podrán hacerlo vía telefónica, para lo cual los prestadores del servicio deberán tener constancia de la solicitud del abonado o cliente, debiendo asegurar su plena identificación y la aceptación de las condiciones ofrecidas por el prestador de servicios, de conformidad con lo que establezca la ARCOTEL para el efecto. Los mecanismos descritos anteriormente serán aplicados para la terminación de los contratos y sus anexos.

CAPITULO III.-  DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

Artículo  55.- De los derechos de los usuarios.- Los derechos de los usuarios son irrenunciables, se encuentran establecidos en la LOT, en la ley que norma la defensa del consumidor, sus reglamentos, demás normativa que emita la ARCOTEL, y en los respectivos contratos.

Artículo  56.- Consideraciones generales de los derechos de los usuarios.- De acuerdo con lo establecido en la LOT, para garantizar los derechos de los usuarios, se considerará lo siguiente:

  1. En el derecho a la libertad de escoger al prestador de los servicios previsto en el artículo 22 número 2 de la LOT, se incluye a los de telecomunicaciones así como a los de radiodifusión por suscripción. En cuanto a la elección por parte del usuario del equipo terminal prevista en la norma legal antes citada, ésta se dará siempre que sea técnicamente posible, el equipo se encuentre homologado, de ser el caso, y las redes lo soporten.
  2. El derecho previsto en el artículo 22 número 5 de la LOT conlleva la obligación de información que les corresponde cumplir a los prestadores de los servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión por suscripción, contratados o que se pudieran contratar, que a más de la información sobre tarifas aplicables, incluya la relacionada con bonificaciones, promociones y descuentos aplicables.
  3. Las actividades previstas en el artículo 22 número 8 de la LOT serán cumplidas por los prestadores de servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión por suscripción; y el procedimiento dispuesto para reemplazar la entrega física de las facturas emitidas por los demás mecanismos señalados en la norma citada, se dará, siempre que las normas tributarias no determinen otro procedimiento.
  4. El derecho de acceso gratuito a servicios de llamadas de emergencia previsto en el artículo 22 número 6 de la LOT será otorgado por los prestadores de los servicios de telefonía fija y servicio móvil avanzado.
  5. El derecho de obtener de forma gratuita la información consagrada en el artículo 22 número 6 de la LOT, que a más de la señalada, incluirá información sobre bonificaciones, promociones, descuentos, saldos y otros servicios informativos que establezca la ARCOTEL, será provisto por parte de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión por suscripción.
  6. Será obligación de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión por suscripción el garantizar el ejercicio del derecho previsto en el artículo 22 número 10 de la LOT, que a más de la información constante en la norma citada informarán también sobre la finalización del plazo contractual; todo lo cual lo cumplirán en observancia de los medios que defina la ARCOTEL a través de las regulaciones que dicte para el efecto.

La ARCOTEL, en cualquier momento, podrá establecer nuevos derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión por suscripción, para lo cual emitirá la normativa respectiva.

En lo que respecta a los derechos de los usuarios de otros servicios de radiodifusión, se estará a lo establecido en la normativa que esté dictada o se dicte para el efecto.

Artículo  57.- Aspectos generales de las obligaciones de los usuarios.- De acuerdo con lo establecido en la LOT, para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 23 de la misma, se considerará lo siguiente:

  1. La obligación prevista en el artículo 23 número 4 será cumplida por los usuarios del servicio móvil avanzado. Para el resto de servicios, dicha obligación se podrá incorporar progresivamente, de conformidad con las regulaciones que la ARCOTEL dicte al respecto.
  2. Los usuarios titulares de los servicios de telecomunicaciones son responsables del uso que den a los mismos; por lo que, en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en la LOT, serán sujetos de las penalidades establecidas en la misma, en el presente Reglamento General y las demás regulaciones que emita la ARCOTEL para el efecto.
  3. Los usuarios son responsables de contratar los servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión por suscripción, con prestadores de servicios legalmente establecidos. La ARCOTEL publicará en su sitio web un listado de prestadores, con la finalidad de que los usuarios no se vean afectados.

La ARCOTEL en cualquier momento podrá establecer nuevas obligaciones de los abonados, clientes y usuarios de los servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión por suscripción, para lo cual emitirá las regulaciones necesarias para el efecto.

En lo que respecta a las obligaciones de los usuarios de los servicios de radiodifusión, se estará a lo establecido en la normativa que esté dictada o se dicte para el efecto.

CAPITULO IV.-  DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS

Artículo  58.- Consideraciones generales de los derechos de los prestadores de servicios.- Para el ejercicio de los derechos de los prestadores de servicios establecidos en la LOT, se considerará lo siguiente:

  1. Para la suspensión del servicio por uso ilegal calificado por autoridad competente, por regla general, se notificará al usuario; salvo que, la ARCOTEL establezca otros mecanismos que permitan la eficaz intervención de las autoridades.
  2. El derecho previsto en el artículo 25 número 4, conlleva la obligación correlativa por parte de la ARCOTEL de ejecutar las acciones que sean pertinentes para permitir que se gestionen las frecuencias libres de interferencias perjudiciales.
  3. Los prestadores de servicios tienen el derecho a elegir los mecanismos de gestión comercial, incluida la venta y distribución de los servicios, a través de terceros mediante la modalidad de reventa y acorde a la normativa jurídica aplicable.
  4. Para la suspensión del servicio provisto por falta de pago de los abonados o clientes, se le deberá notificar conforme la normativa que emita para el efecto por la ARCOTEL.

La ARCOTEL, en cualquier momento, podrá establecer nuevos derechos de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión por suscripción, para lo cual emitirá la normativa necesaria para el efecto.

En lo que respecta a los derechos de los prestadores de servicios de radiodifusión, se observará lo establecido en la normativa que esté dictada o se dicte para el efecto.

Artículo  59.- Consideraciones generales de las obligaciones de los prestadores de servicios.- Para el cumplimiento de las obligaciones de los prestadores de servicios, previstas en la LOT, se considerará lo siguiente:

  1. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión por suscripción, deban compensar a los usuarios por los servicios contratados y no recibidos; o, contratados y recibidos con mala calidad, técnicamente demostrada, sea que la compensación fuere ordenada por la ARCOTEL o establecida por el propio prestador, ésta se realizará de manera inmediata de identificado el hecho, el que deberá ser registrado como prueba documental para efectos de control; para lo cual, la ARCOTEL determinará la forma de establecer, calcular y realizar las compensaciones y los plazos para las devoluciones que correspondan, a través de las regulaciones que se dicten para el efecto. En los casos de suspensión de servicio por fuerza mayor, calificada por la ARCOTEL, el prestador solo podrá cobrar por los servicios efectivamente brindados.
  2. La atención y resolución oportuna de las solicitudes y reclamos relacionados con la prestación de los servicios de telecomunicaciones contratados, incluidos los de radiodifusión por suscripción, no deben superar el término máximo de quince (15) días, sin embargo, podrá resolverse en plazos mayores para casos complejos, de conformidad con las regulaciones aplicables.
  3. Todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión por suscripción, deberán cumplir con las regulaciones tarifarias emitidas por la ARCOTEL para cada uno de los servicios prestados. Los prestadores de servicios declarados preponderantes o con poder de mercado además, deberán cumplir con las obligaciones que se hayan establecido por encontrarse en tal condición.
  4. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión por suscripción, podrán solicitar, de así requerirlo, de manera motivada ya sea a la ARCOTEL, o al Ministerio encargado del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, según corresponda, un plazo adicional debidamente justificado, para cumplir con la obligación de entrega de la información prevista en el artículo 24 número 6 de la LOT, y dichas instancias podrán aceptar o negar el pedido de ampliación realizado.
  5. Para garantizar la calidad de los servicios de telecomunicaciones, los operadores, incluidos los de radiodifusión por suscripción, deberán implementar todas las acciones técnicas, ya sea a nivel de red de transmisión o de acceso, en elementos físicos o de software, ampliación de red, ampliación de capacidad, gestión de tráfico y cualquier otra para la adecuada administración de la red, lo cual será notificado en los formatos que establezca la ARCOTEL para el efecto. Para el tratamiento de la calidad de los servicios de radiodifusión, se estará a la normativa que se dicte para el efecto.
  6. Los prestadores de servicios del régimen general de las telecomunicaciones, deberán brindar sin condicionamiento todas las facilidades requeridas por la ARCOTEL para el ejercicio del control, incluido, pero sin limitarse, a: entrega de documentación técnica, económica, financiera, legal, y en general, cualquier forma o requerimiento de información; realización de inspecciones a instalaciones y sistemas, sitios de operación o colocación o tendido de infraestructura, etc.
  7. Los prestadores del servicio móvil avanzado deberán garantizar a los usuarios la conservación de su número en caso de portabilidad numérica. En relación a la portabilidad numérica en los otros servicios de telecomunicaciones que utilizan recurso numérico se estará a los lineamientos, términos, condiciones y plazos que a tal efecto establezca la ARCOTEL a través de regulaciones.
  8. Los prestadores de servicios, a excepción de los que brindan servicios de radiodifusión, deberán cumplir con las obligaciones de servicio universal determinadas en la Ley, el presente Reglamento General, en los correspondientes títulos habilitantes y en las demás regulaciones que emita la ARCOTEL. Sobre el acceso universal al régimen general de telecomunicaciones, se estará a las políticas que emita el Ministerio encargado del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y a la regulación que emita la ARCOTEL para el efecto.
  9. Los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones deberán pagar, en los plazos establecidos, sus obligaciones económicas tales como: los valores de concesión, registro de servicios, permiso, tarifas, tasas, contribuciones, pagos por concentración de mercado u otras que correspondan, de conformidad con las facturas que emita la ARCOTEL. En caso de retraso, se aplicará el interés legal correspondiente; sin perjuicio de las acciones de cobro respectivas.
  10. La implementación de acceso gratuito a servicios de emergencia, y ubicación de llamadas de emergencia prevista en el artículo 24 número 11 de la LOT será realizada por los prestadores del servicio de telefonía fija y servicio móvil avanzado. Para la entrega de información de los servicios tales como el servicio móvil avanzado se estará a lo dispuesto en la norma legal antes citada; y para los demás servicios se estará a la regulación que para el efecto emita la ARCOTEL.
  11. La obligación prevista en el artículo 24 número 20 de la LOT será cumplida por los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones, de conformidad con la normativa aplicable para cada servicio; considerándose como cambios esenciales, los siguientes:

a) Modificaciones a las condiciones de las redes que pudieran afectar la continuidad o calidad de los servicios.

b) Cambio de las condiciones técnicas aprobadas para el servicio.

c) El establecimiento de nueva tecnología.

d) Las condiciones de interconexión, acceso u ocupación.

e) Cualquier otro que sea determinado por la ARCOTEL a través de las regulaciones que dicte para el efecto.

12. Las obligaciones previstas en el artículo 24 numeral 24 de la LOT serán cumplidas por todos los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones. Respecto a los servicios requeridos en casos de emergencia, los prestadores de servicios de telecomunicaciones proporcionarán de forma gratuita lo siguiente: i) Acceso a llamadas de emergencia por parte del abonado, cliente y usuario, independientemente de la disponibilidad de saldo; ii) Difusión por cualquier medio, plataforma o tecnología, de información de alertas de emergencia a la población, conforme la regulación que emita para el efecto la ARCOTEL. Dichos servicios se prestarán gratuitamente, sin perjuicio de la declaratoria de Estado de Excepción establecida en el artículo 8 de la LOT. También deberán prestar de manera obligatoria, con el pago del valor justo, lo siguiente: i) Integración de sus redes a cualquier plataforma o tecnología, para la atención de servicios de emergencias, conforme a la normativa que emita la ARCOTEL; ii) Servicios auxiliares para la seguridad pública y del Estado; iii) Cualquier otro servicio que determine la ARCOTEL.

13. La prohibición de realizar subsidios cruzados prevista en el artículo 24 numeral 21 de la LOT está dada para los prestadores de servicios de telecomunicaciones que cuenten con títulos habilitantes por delegación, incluyendo radiodifusión por suscripción; mientras que, los prestadores de servicios de telecomunicaciones que cuenten con título habilitante de autorización sí podrán aplicar dichos subsidios, con el objetivo de cumplir sus obligaciones constitucionales, observando para el efecto los conceptos de rentabilidad social establecidos en la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

14. El o los planes de contingencia previstos en el artículo 24 numeral 24 de la LOT serán presentados en enero de cada año para conocimiento y revisión de la ARCOTEL.

15. La obligación prevista en el artículo 24 numeral 26 de la LOT será cumplida por todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones, que a más de los planes contempla la aplicación de tarifas especiales, todo ello en cumplimiento a lo dispuesto en la LOT, en el presente Reglamento General, en la ley que norma el ámbito de las discapacidades, y en las regulaciones que emita la ARCOTEL para el efecto.

16. La obligación contenida en el artículo 24 número 27 de la LOT será cumplida por los prestadores de servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión por suscripción, respecto a las características de los servicios de telecomunicaciones, sus tarifas y promociones, ya sean contratados o que pudieran contratarse; incluyendo el caso de empaquetamiento o la prestación de servicios convergentes; y, para el caso de servicio móvil avanzado, publicando en el sitio web de los prestadores, los mapas de cobertura del servicio.

La ARCOTEL en cualquier momento podrá establecer nuevas obligaciones de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión por suscripción, para lo cual emitirá las regulaciones necesarias.

En lo que respecta a las obligaciones de los prestadores de servicios de radiodifusión, excluido radiodifusión por suscripción, se estará a lo establecido en la normativa que esté dictada o se dicte para el efecto.

TITULO VIII.-  DEL SERVICIO UNIVERSAL

CAPITULO I.-  DEL REGIMEN DE SERVICIO UNIVERSAL

Artículo  60.- Contribución del 1%.- Los prestadores de servicios de telecomunicaciones pagarán la contribución equivalente al 1% de los ingresos totales facturados y percibidos de cada uno de dichos servicios. La ARCOTEL será la responsable del control, recaudación, verificación y reliquidación de los valores, de ser el caso.

El pago se lo realizará trimestralmente dentro del plazo de quince días siguientes a la terminación de cada trimestre del año calendario.

La ARCOTEL realizará reliquidaciones de los valores recaudados del año fiscal inmediatamente anterior, con base en los estados financieros auditados, presentados ante la Superintendencia de Compañías de ser el caso, las declaraciones del impuesto a la renta e impuesto al valor agregado I VA (originales y sustitutivas) efectuadas ante el Servicio de Rentas Internas y los formularios de desagregación de ingresos, costos y gastos definidos por la ARCOTEL, de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, para lo cual deberá emitir las regulaciones que considere necesarias, sin perjuicio de que la ARCOTEL pueda solicitar información técnica, financiera y contable adicional de considerarlo pertinente.

TITULO IX.-  DEL REGIMEN TARIFARIO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

Artículo  61.- Objetivo del régimen tarifario.- El régimen tarifario tiene como objetivo velar porque las tarifas que pagan los usuarios por la prestación de servicios de telecomunicaciones, incluidos radiodifusión por suscripción, sean equitativas y tiendan a estimular la expansión de los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional, para lo cual la ARCOTEL implementará los mecanismos que garanticen este principio.

En caso de que la ARCOTEL determinare que las tarifas no son equitativas o pudieran afectar el fomento, la promoción o la preservación de las condiciones de competencia o cuando la calidad de los servicios no se ajuste a los niveles exigidos por la ARCOTEL o de manera general en cualquier momento podrá establecer techos tarifarios o modificar los existentes.

Además la ARCOTEL en ejercicio de su capacidad de control verificará que la calidad de los servicios prestados esté acorde a la exigida en las regulaciones que emita o que conste en los respectivos títulos habilitantes, debiendo expedir una regulación a fin de establecer el mecanismo de fijación o modificación de los techos tarifarios en caso de incumplimiento de los índices de calidad de

los servicios, de conformidad con lo establecido con la LOT.

Artículo  62.- Tarifa.- Es el valor que pagan los usuarios a los operadores a cambio de la prestación de servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión por suscripción.

Está prohibido, tanto para el cálculo como para la facturación, el redondeo de unidades de tiempo o unidades de tasación.

Las tarifas sólo son aplicables a los servicios expresamente contratados y que hayan sido efectivamente prestados con posterioridad a la suscripción del respectivo contrato y sus anexos, en ningún caso incorporarán valores de prestaciones, productos o servicios no solicitados por los usuarios.

Las tarifas deben ser fijadas por los prestadores de servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión por suscripción, bajo el principio de costos más una utilidad razonable, buscando que sean equitativas y tiendan a estimular la expansión de los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional.

Ningún prestador de servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión por suscripción, podrá fijar tarifas o planes tarifarios con el fin de discriminar a usuarios que se encuentren en circunstancias similares. Está prohibido establecer tarifas o planes tarifarios con base en subsidios cruzados.

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones que tengan título habilitante de Autorización, con el objetivo de cumplir sus obligaciones constitucionales, podrán establecer tarifas preferenciales, los cuales estarán sujetos a los conceptos de rentabilidad social establecida en la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

La ARCOTEL, en cualquier momento, podrá regular las tarifas, de acuerdo a las normas y reglamentos que se dicten para el efecto.

Artículo  63.- Promociones.- Son incentivos de temporada o corto plazo, que dentro de un tiempo determinado, permiten a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, incluido radiodifusión por suscripción, conseguir ventajas técnicas, operativas y comerciales para equipos, tarifas o planes tarifarios con bonificaciones, descuentos, entre otros.

En la prestación de servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión por suscripción, cuando se apliquen promociones, los operadores tendrán la obligación de informar de forma veraz, clara y oportuna, a los usuarios, respecto del plazo de duración así como las características técnicas, operativas, comerciales, incluidas las restricciones a las que aplican, de ser el caso, y de tarifas que permitan al usuario conocer las ventajas reales que recibiría con el uso de la promoción, previo a su contratación.

En caso de duda respecto de los beneficios anteriormente referidos, éstos serán interpretados en el sentido más favorable al usuario.

Cuando las promociones sean inobservadas, incumplan normas jurídicas y/o afecten derechos de los usuarios, la ARCOTEL impondrá al prestador de servicios la sanción que corresponda, observando el debido proceso y el derecho a la defensa.

Artículo  64.- Planes tarifarios.- Son las iniciativas o condiciones comerciales que tienen los prestadores de servicios de telecomunicaciones, incluido radiodifusión por suscripción, a través de las cuales se incluyen e identifican beneficios dentro de una tarifa determinada.

En los planes tarifarios se podrá cobrar de forma prorrateada el valor de los equipos que sirvan para la prestación del servicio de telecomunicaciones, incluido radiodifusión por suscripción, siempre que esto sea expresamente aceptado por el usuario, debiendo identificarse el descuento del valor de los mismos y sin condicionar el tiempo de permanencia en el plan. La factura deberá detallar de manera clara los valores por la prestación del servicio y los correspondientes al equipo, conforme a la normativa que emita para el efecto la ARCOTEL.

Artículo  65.- De las medidas tarifarias para el fomento, la promoción o la preservación de las condiciones de competencia.- La ARCOTEL podrá adoptar y disponer medidas tarifarias para el fomento, la promoción y la preservación de las condiciones de competencia.

Sin perjuicio de lo anterior, entre las medidas tarifarias que podrá tomar la ARCOTEL estarán las siguientes:

  1. Fijación de techos o pisos tarifarios y su modificación en cualquier momento.
  2. Regulación de tarifas simétricas y asimétricas, on net y off net.
  3. Fijación de condiciones especiales o particulares a nivel de tarifas para los prestadores con poder de mercado o preponderantes.

Artículo  66.- Planes tarifarios y tarifas en empaquetamiento de servicios.- Los prestadores de los servicios podrán establecer planes tarifarios constituidos por uno o varios servicios o por uno o varios productos de un servicio, de conformidad con su o sus títulos habilitantes; sin embargo, en el caso de ofrecer descuentos, promociones o bonificaciones por la adquisición de varios servicios, se deberá determinar claramente a qué servicios afecta dicho descuento, promoción o bonificación.

Artículo  67.- Notificación y publicación de planes tarifarios y tarifas para los abonados.- Los prestadores de servicios de telecomunicaciones, incluido radiodifusión por suscripción, deberán notificar a la ARCOTEL, las tarifas, los planes tarifarios y las promociones, con sus condiciones comerciales, con al menos 2 días hábiles de anticipación a la entrada en vigencia de los mismos.

Esta notificación podrá realizarse a través de medios electrónicos, bajo formatos y mecanismos previamente establecidos por la ARCOTEL.

Los prestadores de servicios publicarán en su sitio web sus planes, promociones y tarifas.

La notificación oportuna de las tarifas o de los planes tarifarios no implica la aceptación o aprobación de las mismas por parte de la ARCOTEL, quedando a salvo las acciones de control que correspondan, pudiendo dicho organismo, disponer modificaciones, cambios o retiros de las tarifas en cualquier momento de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo  68.- Notificación y publicación de tarifas de los clientes.- Para la notificación de planes tarifarios, tarifas y promociones para los clientes, se estará a lo establecido en las regulaciones que emita la ARCOTEL.

Sin perjuicio de lo anterior, los operadores declarados con poder de mercado o preponderantes deberán notificar a la ARCOTEL y publicar en su sitio web, todas las tarifas que tengan suscritas con los clientes de servicios de telecomunicaciones, incluido radiodifusión por suscripción.

La notificación oportuna de las tarifas o de los planes tarifarios por parte de los prestadores, no implica la aceptación o aprobación de los mismos, y quedan a salvo las acciones de supervisión y control que correspondan, pudiendo la ARCOTEL disponer modificaciones, cambios o retiros de las tarifas en cualquier momento de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo  69.- De las tarifas para el servicio universal.- Dentro de las tarifas y de los planes tarifarios de los prestadores, la ARCOTEL podrá establecer y regular tarifas preferenciales por servicio universal, para favorecer el desarrollo económico de regiones y grupos sociales de atención prioritaria, de acuerdo con las políticas emitidas por el Ministerio encargado del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y demás normas y reglamentos que se dicten para el efecto.

TITULO X.- DEL REGIMEN DE INTERCONEXION Y ACCESO

CAPITULO I .- DE LA INTERCONEXION

Artículo  70.- Obligatoriedad.- La interconexión entre redes públicas de telecomunicaciones es obligatoria para los prestadores de servicios de telecomunicaciones que operen redes públicas de telecomunicaciones, en las condiciones y formas que establezca la LOT, el presente Reglamento General, y las regulaciones que emita la ARCOTEL.

La interconexión deberá realizarse en cualquier punto de red en el que sea técnicamente factible.

CAPITULO II.-  DEL ACCESO

Artículo  71.- Acceso.- El acceso a los recursos de redes o servicios con fines de prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones es obligatorio en las condiciones y formas que establezca la LOT, el presente Reglamento General, y la regulación que emita la ARCOTEL.

Se entenderá por recursos de redes, aquellos elementos que sean indispensables para permitir la prestación de un servicio por parte de un operador a través de la red de otro.

El acceso deberá realizarse en cualquier lugar de la red en el que sea técnicamente factible, denominado punto de acceso.

CAPITULO III .- NORMAS COMUNES PARA LA INTERCONEXION Y DEL ACCESO

Artículo  72.- Cargos.- Por regla general, el uso de la interconexión y del acceso se lo realizará a cambio del pago de cargos económicos, los cuales serán determinados sobre la base de costos.

Sin perjuicio de lo anterior, el establecimiento de cargos por interconexión y acceso de y para los prestadores con poder de mercado o preponderantes, observará lo dispuesto en la Ley, el presente Reglamento General y la regulación que emita la ARCOTEL para este efecto.

Artículo  73.- Coubicación.- Los operadores de redes públicas tendrán la obligación de permitir a terceros el uso de espacio físico y los servicios auxiliares, tales como luz eléctrica, respaldo de generadores, entre otros, que se les solicite para la colocación y funcionamiento de los equipos de interconexión o de acceso; así como, el uso de su infraestructura civil dentro del punto de interconexión o del punto de acceso, que incluye: ductos, postes, pozos, derechos de vía, siempre que sea técnicamente factible.

Las condiciones técnicas y económicas, que se fijen para la coubicación no podrán ser discriminatorias, es decir, serán las mismas pactadas con todos los operadores.

Artículo  74.- Formas de establecer la interconexión y el acceso.- La interconexión y el acceso se podrán establecer por cualquiera de las siguientes formas:

  1. Acuerdo negociado entre las partes.
  2. Disposición de interconexión o de acceso emitida por la ARCOTEL.

Artículo  75.- De los acuerdos de interconexión y de acceso.- Cualquier prestador de servicios de telecomunicaciones podrá solicitar a otro la interconexión; y, cualquier prestador de servicios del régimen general de telecomunicaciones podrá solicitar a otro el acceso; o la renovación del acuerdo ya existente en cualquiera de los casos.

Los prestadores del servicio podrán negociar libremente las condiciones de interconexión o acceso, según corresponda, dentro de lo establecido en la Ley, el presente Reglamento General y en las regulaciones que emita la ARCOTEL para el efecto.

La solicitud de interconexión y la de acceso, así como la de renovación de las mismas, deberá realizarse de forma escrita, con indicación de los aspectos técnicos, económicos y jurídicos requeridos en la Ley, el presente Reglamento General y en las regulaciones que emita la ARCOTEL para el efecto. El interesado deberá remitir copia de la solicitud a la ARCOTEL, con fines informativos.

Se podrá requerir la intervención de la ARCOTEL con carácter de observadora en la negociación, de conformidad con las regulaciones que dicho organismo emita para el efecto.

El contenido mínimo de los acuerdos de interconexión y acceso será determinado por la ARCOTEL.

Artículo  76.- Plazo para suscripción de los acuerdos.- Los acuerdos de interconexión y los de acceso, y sus renovaciones, según corresponda, deberán suscribirse dentro del término máximo de sesenta (60) días siguientes a la fecha de la solicitud respectiva. Para el caso de renovación, la solicitud deberá presentarse con al menos sesenta (60) días hábiles de anticipación a la fecha de la terminación del acuerdo vigente.

Artículo  77.- Aprobación y registro de los acuerdos.- Los acuerdos de interconexión y los de acceso, sus modificaciones y renovaciones, luego de su celebración, se someterán a la aprobación de la ARCOTEL, quien deberá pronunciarse en el término de veinte (20) días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud correspondiente.

Si dentro del plazo establecido la ARCOTEL no se pronunciare, se entenderá aprobado el acuerdo en todo lo que no resulte contrario al ordenamiento jurídico vigente. Una vez aprobados los acuerdos se deberán registrar en el Registro Público de Telecomunicaciones.

Artículo  78.- Facultad de modificación de los acuerdos de interconexión y de acceso y disposición de interconexión y acceso.- La ARCOTEL, en cualquier momento, podrá intervenir y modificar los acuerdos de interconexión y de acceso ya inscritos, a petición de cualquiera de las partes involucradas o de oficio, de forma debidamente fundamentada, con el objeto de garantizar la interconexión y el acceso, la interoperabilidad de los servicios, la competencia o la consecución de los objetivos establecidos en la Ley, el presente Reglamento General; y, las regulaciones que emita la ARCOTEL para el efecto.

De igual manera, la ARCOTEL intervendrá, de oficio o a petición de parte, a fin de ordenar la interconexión y el acceso, o la continuidad de los mismos, estableciendo las condiciones técnicas, económicas y jurídicas correspondientes, si cumplido el plazo señalado para la suscripción de los acuerdos o su renovación no exista acuerdo entre las partes.

La ARCOTEL para la emisión de las disposiciones partirá de los preacuerdos a los que hubieren llegado las partes, de ser el caso, siempre que los mismos no estén en contra del ordenamiento jurídico vigente.

Artículo  79.- Vigencia de la interconexión y del acceso.- Cuando existan acuerdos suscritos de interconexión y de acceso, mientras las partes negocien la renovación de los mismos o por petición de alguna de ellas se solicite la fijación de condiciones a la ARCOTEL a través de una disposición de interconexión y de acceso, las condiciones pactadas entre las partes en el acuerdo que está por renovarse se entenderán vigentes hasta la suscripción de un nuevo acuerdo o hasta la emisión de la respectiva disposición.

Artículo  80.- Oferta Básica de Interconexión y de Acceso.- Se entenderá por oferta básica al conjunto de condiciones legales, técnicas, económicas y comerciales que el prestador solicitado pone a disposición del prestador que solicita la interconexión y el acceso y que servirá de base para la negociación de los acuerdos entre los operadores. Las condiciones mínimas de las ofertas básicas tanto para interconexión como para el acceso, serán establecidas en las regulaciones que la ARCOTEL dicte para el efecto.

TITULO XI.-  DEL REGIMEN SANCIONATORIO

Artículo  81.- Organismo competente.- El organismo desconcentrado de la ARCOTEL es el competente para iniciar, sustanciar y resolver, de oficio o a petición de parte, el procedimiento administrativo sancionador para la determinación de infracciones e imponer, de ser el caso, las sanciones previstas en la normativa legal vigente o en los respectivos títulos habilitantes, observando el debido proceso y el derecho a la defensa.

También le corresponde sustanciar y resolver las reclamaciones por violación de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, en este último caso, con excepción de las reclamaciones relacionadas a contenidos.

Si las infracciones a la Ley constituyen también abuso de poder de mercado y/o prácticas restrictivas a la competencia, se tendrá en cuenta lo siguiente:

  1. Una misma conducta puede constituirse al mismo tiempo en una infracción a la LOT y en un abuso de poder de mercado y/o práctica restrictiva de la competencia.
  2. En este contexto se aclara que, el organismo desconcentrado de la ARCOTEL será competente únicamente para sustanciar e imponer la sanción respectiva por infracciones previstas en la LOT; y, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado -o quien haga sus veces- será competente solamente para sustanciar e imponer sanciones por abuso de poder de mercado y/o prácticas restrictivas a la competencia, observando para el efecto, la ley que regula el abuso y control del poder de mercado.
  3. En todo caso, dicha conducta únicamente podrá ser merecedora de una sola sanción, impuesta ya sea por el organismo desconcentrado de la ARCOTEL; ó, por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado -o quien haga sus veces-, según quien prevenga en el conocimiento de dicha conducta, es decir, quien notifique primero al implicado con el inicio del procedimiento administrativo sancionador correspondiente. Para este efecto, el organismo desconcentrado de la ARCOTEL y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado coordinarán las acciones respectivas.

Artículo  82.- Subsanación y Reparación.- Se entiende por subsanación integral a la implementación de las acciones necesarias para corregir, enmendar, rectificar o superar una conducta o hecho que pudiera constituir un incumplimiento o infracción susceptible de sanción; siendo una de estas acciones, la compensación que realicen los prestadores a favor de los usuarios por los servicios contratados y no recibidos, por deficiencias en los mismos; o, el reintegro de valores indebidamente cobrados.

Para efectos de la aplicación de la LOT y el presente reglamento, se entiende por reparación integral la ejecución de los mecanismos y acciones tecnológicas a través de las cuales se solucione o repare el daño técnico causado con ocasión de la comisión de la infracción.

La subsanación y la reparación, como atenuantes dentro del procedimiento administrativo sancionador, deben realizarse de manera voluntaria por parte del prestador del servicio y serán demostradas a través de cualquier medio físico o digital.

Artículo  83.- Resolución.- La resolución del procedimiento administrativo sancionador deberá estar debidamente motivada y contendrá la expresión clara de los fundamentos de hecho y de derecho que sirvan para la imposición o no de la sanción que corresponda conforme lo previsto en la Ley y de ser el caso, en las infracciones y sanciones estipuladas en los respectivos títulos habilitantes.

El organismo desconcentrado de la ARCOTEL, para resolver el procedimiento administrativo sancionador, considerará lo siguiente:

  1. Los atenuantes aportados en el procedimiento, y los agravantes que fueren del caso. La existencia de al menos una causa atenuante, se considerará para la graduación de la sanción.
  2. La concurrencia de atenuantes conforme lo previsto en la Ley. En caso de que la infracción no ocasione daño técnico, no se requerirá la concurrencia del numeral cuatro del artículo 130 de la LOT para que el organismo desconcentrado pueda abstenerse de la imposición de sanción; siempre y cuando se cumplan los demás requisitos previstos en la Ley para este efecto. 3.  Los informes técnicos de control, supervisión o auditorías realizadas por la ARCOTEL, y excepcionalmente los informes periciales que, de considerarlo necesario, hubiere ordenado para la determinación o no de la infracción, así como su valoración.

Sin perjuicio de las decisiones adoptadas por la ARCOTEL, los usuarios podrán interponer las acciones legales de las que se consideren asistidos contra el prestador de servicios.

Artículo  84.- Sanciones a personas no poseedoras de títulos habilitantes.- Sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar, las sanciones a imponerse en el caso del cometimiento de infracciones aplicables a personas naturales o jurídicas no poseedoras de títulos habilitantes, serán las previstas en el artículo 122 de la Ley, toda vez que en dichos casos no puede obtenerse la información necesaria para determinar el monto de referencia.

Para el caso de los servicios de radiodifusión que operen sin el correspondiente título habilitante serán clausurados, sin perjuicio de la imposición de la sanción a la que haya lugar.

Artículo  85.- Recurso de apelación.- De la resolución de imposición de la sanción podrá interponerse -exclusivamente- el recurso de apelación ante el Director Ejecutivo de la ARCOTEL; por lo que, en cumplimiento del principio de legalidad, no se admitirá y se negará, sin más trámite, cualquier otro recurso en sede administrativa que se interponga.

La resolución del recurso de apelación pondrá fin a vía administrativa.

De las resoluciones administrativas sancionatorias se podrán interponer las acciones judiciales que correspondan, ante los jueces competentes.

Artículo  86.- Normas aplicables.- La ARCOTEL podrá expedir las regulaciones para la aplicación del régimen sancionatorio y para el ejercicio de la jurisdicción coactiva.

TITULO XII.-  RECURSOS ESCASOS Y OCUPACION DE BIENES

CAPITULO I.-  RECURSOS ESCASOS

Artículo  87.- Recursos escasos.- Son recursos escasos:

  1. El espectro radioeléctrico, recurso natural de propiedad exclusiva del Estado. 2. El recurso de numeración; y,
  2. El recurso orbital.

SECCION I .- DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

Artículo  88.- Principios y objetivos para el uso del espectro radioeléctrico.- Por su característica de recurso natural limitado, al espectro radioeléctrico le son aplicables los principios ambientales de prevención, precaución y desarrollo sostenible; su administración, asignación, gestión, regulación, planificación y control se someterá a lo previsto en la LOT, en la Ley Orgánica de Comunicación, en sus reglamentos generales de aplicación, y, en las regulaciones que emita la ARCOTEL para el efecto.

La ARCOTEL como organismo técnico regulatorio y de control emitirá la normativa secundaria que desarrolle los principios y objetivos anteriormente mencionados y efectuará el control de su cumplimiento.

SECCION II.-  RECURSO DE NUMERACION

Artículo  89.- Recurso de numeración.- La numeración, como medio de identificación para los usuarios e instrumento necesario para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, es un recurso limitado cuya administración, asignación, regulación y control es de competencia del Estado, al que le corresponde prever un sistema de administración técnica y eficiente para satisfacer las necesidades actuales y futuras de capacidad numérica, conforme las directrices y políticas previstas en el Plan de Numeración, y las regulaciones que emita la ARCOTEL.

Artículo  90.- Administración del recurso de numeración.- La ARCOTEL debe administrar y asignar las series numéricas para que los operadores del sector de telecomunicaciones brinden a la ciudadanía los servicios y aplicaciones de telecomunicaciones que se requieren para alcanzar el Buen Vivir, considerando los cambios tecnológicos, la convergencia de redes y servicios, entre otros aspectos.

Artículo  91.- Criterios.- La administración del recurso de numeración se basará en:

  1. La disponibilidad del recurso de numeración adecuado, para facilitar la prestación de los servicios de telecomunicaciones.
  2. La eficiencia y oportunidad en la asignación, recuperación y redistribución de la numeración.
  3. La eficacia en la utilización y gestión del recurso de numeración.
  4. La imparcialidad, equidad, transparencia, trato no discriminatorio y atención al interés público en la asignación del recurso de numeración, de acuerdo a los procedimientos que para el efecto se definan y tomando en cuenta las necesidades que expongan los solicitantes. La asignación no confiere derechos a los prestadores de servicios; por lo que, la ARCOTEL podrá efectuar las modificaciones o reasignaciones que considere necesarias, en caso de no uso o mal uso del recurso numérico.
  5. La prohibición de la cesión o transferencia de los recursos asignados; y,
  6. La garantía a los usuarios de conservar los números que le hayan sido asignados con independencia del prestador que provea los servicios, en caso de que los servicios contratados usen números de identificación para los abonados o clientes, como por ejemplo, en los servicios telefónicos o de voz.

La ARCOTEL podrá establecer procedimientos de selección competitiva para la asignación de números con valor económico excepcional, para lo cual deberá contar con el estudio técnico económico respectivo.

SECCION III.-  RECURSOS ORBITALES Y SERVICIOS SATELITALES

Artículo  92.- Recurso orbital.- Es un recurso natural limitado, que por sus características físicas permite la instalación de satélites artificiales en beneficio del régimen general de las telecomunicaciones.

Conforme la LOT, es de competencia exclusiva del Ministerio encargado del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información gestionar la asignación de posiciones orbitales geoestacionarias o satélites a favor de la República del Ecuador ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo internacional con competencia para la administración del recurso orbita-espectro.

Artículo  93.- Capacidad satelital y servicios asociados a redes satelitales.- La provisión de capacidad satelital, así como la prestación de servicios asociados a redes satelitales y uso de espectro radioeléctrico asociado también a satélites, serán administradas, reguladas y controladas por la ARCOTEL.

La regulación de la provisión de segmento espacial de radiodifusión deberá acoplarse a la regulación de este segmento en telecomunicaciones.

CAPITULO II.-  OCUPACION DE BIENES

Artículo  94.- Ocupación de bienes de propiedad privada.- La ocupación de bienes de propiedad privada por prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones que posean títulos habilitantes por delegación, y que los requieran para la instalación, tendido y despliegue de redes públicas, podrán efectuarse de la siguiente manera:

  1. Por acuerdo mutuo entre los prestadores de servicios y el propietario de los bienes inmuebles para la adquisición, arrendamiento, servidumbres voluntarias o cualquier otro acto o contrato de naturaleza consensual, para lo cual las partes deberán suscribir el instrumento respectivo.
  2. Por declaratoria de utilidad pública y ocupación efectuada por la ARCOTEL, a pedido del prestador de servicios, entidad pública que para el efecto seguirá el procedimiento de adquisición de bienes inmuebles previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Los costos administrativos en que incurra la ARCOTEL así como los relacionados con la adquisición forzosa de los inmuebles o servidumbre forzosa, según corresponda, hasta su legalización, correrán a cargo del prestador del servicio.

  1. Por declaratoria de servidumbre forzosa de paso o de ocupación, efectuada por la ARCOTEL a petición del prestador de servicios.

En el caso de prestadores de servicios que posean títulos habilitantes de Autorización, las formas de ocupación previstas en este artículo, deberán realizarlas las empresas o entidades públicas, sin intervención de la ARCOTEL; y, de conformidad con la normativa correspondiente.

Artículo  95.- Ocupación de bienes de dominio público.- Los operadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones deberán comunicar a la ARCOTEL los requerimientos de uso y ocupación de bienes de dominio público, adjuntando el sustento técnico – económico correspondiente que lo valide.

La ARCOTEL coordinará con los gobiernos autónomos descentralizados, quienes deberán contemplar en su programación y gestión de uso y ocupación, las necesidades que haya establecido la ARCOTEL, de acuerdo a las políticas emitidas para el efecto por el Ministerio encargado del sector de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

CAPITULO III .- COMPARTICION DE INFRAESTRUCTURA

SECCION I.-  DISPOSICIONES GENERALES

Artículo  96.- Compartición de Infraestructura.- Tiene como objetivo la utilización conjunta de las infraestructuras físicas necesarias para la prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones entre prestadores, permitiéndose el acceso a las mismas de conformidad con lo establecido en la Ley, el presente Reglamento General y las regulaciones que emita para el efecto la ARCOTEL.

Artículo  97.- Obligatoriedad.- La compartición de infraestructura es obligatoria para los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones que operen redes públicas de telecomunicaciones, en las condiciones y formas que establezca la Ley, el presente Reglamento General y las regulaciones que emita la ARCOTEL para el efecto.

La compartición de infraestructura es considerada necesaria y obligatoria para fomentar la sana y leal competencia en la prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones.

Artículo  98.- Condiciones de la compartición de infraestructura.- La compartición de infraestructura se permitirá en condiciones de igualdad, no discriminación, neutralidad, fomento, promoción y preservación de la competencia, buena fe, transparencia, publicidad y las demás que determinen las regulaciones que emita la ARCOTEL para el efecto.

Artículo  99.- Cargos de compartición de infraestructura.- Por regla general, la compartición de infraestructura se la realizará a cambio del pago de cargos económicos, los cuales serán determinados sobre la base de costos que tengan las operadoras.

Sin perjuicio de lo anterior, para el pago de cargos por compartición de infraestructura por el uso de las redes de telecomunicaciones de los prestadores con poder de mercado o preponderantes, se estará a lo dispuesto en la Ley, el presente Reglamento General y en las regulaciones que emita la ARCOTEL para este efecto.

Las condiciones técnicas y económicas, que se fijen para la compartición de infraestructura, serán las mismas pactadas con todos los operadores.

Artículo  100.- Vigencia de la compartición de infraestructura.- Cuando existan acuerdos suscritos de compartición de infraestructura, mientras las partes negocien la renovación de los mismos o, por petición de alguna de las partes, se solicite la fijación de condiciones a la ARCOTEL a través de una disposición de compartición de infraestructura, las condiciones pactadas entre las partes en el acuerdo que está por renovarse se entenderán vigentes hasta la suscripción de un nuevo acuerdo o hasta la emisión de la respectiva disposición.

La vigencia de las disposiciones de compartición de infraestructura, así como su revisión estará a lo dispuesto en las regulaciones que emita la ARCOTEL para el efecto.

SECCION II .- DE LOS ACUERDOS Y DISPOSICIONES PARA LA COMPARTICION DE INFRAESTRUCTURA

Artículo  101.- Formas de establecer la compartición de infraestructura.- La compartición de infraestructura se podrá establecer de las siguientes formas:

  1. Acuerdo negociado entre las partes.
  2. Disposición de compartición de infraestructura emitida por la ARCOTEL.

Artículo  102.- De los acuerdos de compartición de infraestructura.- Cualquier prestador de servicios del régimen general de telecomunicaciones podrá solicitar a otro la compartición de infraestructura o la renovación del acuerdo ya existente.

Los prestadores podrán negociar libremente las condiciones de compartición de infraestructura dentro de lo establecido en la Ley, el presente Reglamento General y las regulaciones que emita la ARCOTEL para el efecto.

La solicitud de compartición de infraestructura o de renovación de la misma, deberá realizarse de forma escrita, con indicación de los aspectos técnicos, económicos y jurídicos requeridos en la Ley, en el presente Reglamento General y en las regulaciones que emita la ARCOTEL para el efecto. El interesado deberá remitir copia de la solicitud para conocimiento de la ARCOTEL.

Se podrá requerir la intervención de la ARCOTEL con carácter de observador en la negociación, de conformidad con las regulaciones que emita este organismo para el efecto.

El contenido mínimo de los acuerdos de compartición de infraestructura será establecido por la ARCOTEL.

Artículo  103.- Plazo para suscripción de los acuerdos.- Los acuerdos de compartición de infraestructura o su renovación deberán suscribirse dentro del término máximo de treinta (30) días siguientes a la fecha de la solicitud de compartición de infraestructura o de renovación. Para el caso de renovación la solicitud deberá presentarse con al menos treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha de la terminación del acuerdo vigente.

En caso de no hacerlo, cualquiera de las partes podrá solicitar que la ARCOTEL disponga la compartición de infraestructura.

Artículo  104.- Aprobación y registros de los acuerdos de compartición de infraestructura.- Los acuerdos de compartición de infraestructura y sus modificaciones se someterán a la aprobación de la ARCOTEL, la que deberá pronunciarse en el término de veinte (20) días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud correspondiente.

Si dentro del plazo establecido la ARCOTEL no se pronunciare, se entenderá aprobado el acuerdo en todo lo que no resulte contrario al ordenamiento jurídico vigente.

Una vez aprobados los acuerdos se deberán inscribir en el Registro Público de Telecomunicaciones.

Artículo  105.- Facultad de modificación de los acuerdos de compartición de infraestructura.- La ARCOTEL, en cualquier momento, podrá intervenir y modificar los acuerdos de compartición de infraestructura ya inscritos, a petición de cualquiera de las partes involucradas o de oficio, de forma fundamentada, con el objeto de fomentar y garantizar la compartición de infraestructura, la interoperabilidad de los servicios, la competencia o la consecución de los objetivos establecidos en la Ley, el presente Reglamento General; y, las regulaciones que emita la ARCOTEL para el efecto.

La decisión adoptada será vinculante y ejecutiva, sin perjuicio del derecho a peticiones o impugnaciones administrativas y judiciales a que hubiere lugar.

Artículo  106.- Disposiciones de compartición de infraestructura.- Cumplido el plazo señalado para la suscripción de los acuerdos o para su renovación sin que exista anuencia entre las partes, la ARCOTEL intervendrá, de oficio o a petición de parte, a fin ordenar la compartición de infraestructura o la continuidad de la misma, para lo cual establecerá las condiciones técnicas, económicas y jurídicas correspondientes.

La ARCOTEL para la emisión de las disposiciones, partirá del acuerdo preliminar al que las partes hubieran llegado durante el período de negociaciones, de ser el caso, siempre que las mismas no estén en contra del ordenamiento jurídico vigente.

Artículo  107.- Plazo para la emisión de las disposiciones de compartición de infraestructura.- Las disposiciones de compartición de infraestructura emitidas por la ARCOTEL deberán expedirse en un término de treinta (30) días, contados desde la solicitud de uno o ambos interesados.

Artículo  108.- Fijación de condiciones temporales de compartición de infraestructura.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, cuando lo solicite un prestador y en aras de garantizar la prestación de los servicios del régimen general de telecomunicaciones, la ARCOTEL, antes de expedir su disposición definitiva, podrá ordenar la compartición de infraestructura cuando a su criterio sea técnicamente factible en forma inmediata, mientras se tramita la disposición respectiva con las condiciones que establezca la Ley, el presente Reglamento General y las regulaciones que emita la ARCOTEL para el efecto.

TITULO XIII.- HOMOLOGACION Y CERTIFICACION

Artículo  109.- Homologación.- Constituye la verificación del cumplimiento de normas técnicas de un equipo terminal de una clase, marca y modelo específico, cuando utilicen espectro radioeléctrico, que se conecten a redes de telecomunicaciones y que se utilizan en los servicios del régimen general de telecomunicaciones. Por excepción, requerirán de homologación los equipos terminales que no utilicen espectro radioeléctrico; equipos que hacen uso de espectro radioeléctrico en bandas de espectro de uso libre u otros, cuando así lo determine la ARCOTEL.

Las normas técnicas de homologación, los requisitos y el procedimiento para otorgar o negar la certificación de un modelo de equipo terminal, las causales para revocar la certificación, las tarifas por homologación y certificación; y, en general, cualquier otro asunto relacionado a la homologación y certificación de equipos terminales, corresponde hacerlo a la ARCOTEL, conforme las regulaciones que emita para el efecto.

Artículo  110.- Objetivo.- La homologación de equipos terminales tiene como objetivo asegurar su adecuado funcionamiento para prevenir daños en las redes, evitar la afectación de los servicios del régimen general de telecomunicaciones, evitar la generación de interferencias perjudiciales para garantizar el derecho de los usuarios y prestadores, contribuir con la salud e integridad de los usuarios respecto de fuentes de radiación electromagnética a fin de que no superen los umbrales permitidos; así como también, garantizar el interfuncionamiento correcto de los terminales que operen con las redes públicas de telecomunicaciones.

Artículo  111.- Certificación.- Es el documento mediante el cual la ARCOTEL permite que un equipo terminal, que cumpla con las normas técnicas de homologación, sea utilizado y comercializado en territorio nacional y pueda conectarse a las redes de telecomunicaciones.

Artículo  112.- Prohibición.- Está prohibido el uso y comercialización de equipos que requiriendo homologación y certificación, incumplan las normas establecidas para el efecto o que cumpliéndolas no hayan obtenido la certificación de la ARCOTEL.

Artículo  113.- Normas técnicas internacionales.- La homologación de equipos terminales que haya sido emitida por organismos o instituciones internacionales certificados, podrá ser reconocida por la ARCOTEL, la que deberá emitir la certificación para su uso y comercialización.

La ARCOTEL podrá suscribir convenios de cooperación o reconocimiento mutuo con organismos o instituciones internacionales para la homologación de equipos terminales.

Artículo  114.- Control previo y posterior de terminales.- La ARCOTEL establecerá los procedimientos de control, manuales o automáticos, para asegurar que los terminales cumplan con el procedimiento de homologación y obtención de la certificación respectiva. Para el efecto, tendrá la facultad de implementar mecanismos de forma individual o de forma conjunta con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales para evitar que se usen u operen terminales duplicados, adulterados, no homologados, robados y los demás que la ARCOTEL defina para el cumplimiento del presente artículo.

TITULO XIV.-  SEGURIDAD NACIONAL

CAPITULO I.- UTILIZACION DE SERVICIOS EN ESTADO DE EXCEPCION

Artículo  115.- Pago del justo precio.- Decretado el estado de excepción conforme lo establecido en la Constitución de la República se observará lo previsto en el artículo 8 de la LOT.

En el término de dos (2) días posteriores al decreto ejecutivo por el cual se dé por finalizado el estado de excepción, la ARCOTEL notificará al Ministerio de Defensa y a los prestadores de los servicios del régimen general de telecomunicaciones, para que en el plazo de 48 horas designen a sus representantes que juntamente con los funcionarios designados por la ARCOTEL conformen una comisión técnica, que determinará fundamentadamente el justo precio por los servicios que hayan sido utilizados.

La comisión técnica en el término de hasta quince (15) días deberá elaborar y presentar el informe respectivo a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL. En caso de que la comisión no llegare a un consenso, el informe contendrá los criterios y sus valoraciones que hayan sido propuestos, respecto de las cuales no se hubiere alcanzado un acuerdo.

Con el informe de dicha Comisión, el o la Director Ejecutivo de la ARCOTEL será quien de forma directa y motivada determine el justo precio a pagar por los servicios utilizados.

CAPITULO II.-  ASIGNACION DE ESPECTRO PARA TELECOMUNICACIONES RESERVADAS A LA SEGURIDAD NACIONAL

Artículo  116.- Frecuencias reservadas.- En el Plan Nacional de Frecuencias se reservarán frecuencias del espectro radioeléctrico para la realización de actividades de telecomunicaciones necesarias para la seguridad nacional y defensa del Estado, de acuerdo a un estudio sustentado por la ARCOTEL; correspondiendo el uso y gestión de las mismas a los organismos públicos responsables de la seguridad y defensa nacional, conforme la atribución establecida en el Plan Nacional de Frecuencias, y su administración, regulación y control a la ARCOTEL.

Los organismos públicos responsables de la seguridad y defensa nacional, están exentos del pago de derechos por el otorgamiento del título habilitante de autorización de frecuencias del espectro radioeléctrico así como de sus renovaciones; sin embargo les corresponderá el pago por el uso de frecuencias.

La información técnica, operativa y de infraestructura necesaria para la operación de estos servicios será confidencial.

TITULO XV.- SECRETO DE LA COMUNICACION Y PROTECCION DE DATOS

CAPITULO I.-  SECRETO DE LA COMUNICACION

Artículo  117.- Secreto de la comunicación.- El Estado garantiza la inviolabilidad y secreto de la información y las comunicaciones transmitidas a través de redes de telecomunicaciones; por lo que, ninguna persona o entidad pública o privada tendrá acceso a la misma ni a su utilización, salvo que haya orden emitida por juez competente.

Artículo  118.- Confidencialidad.- Los prestadores de servicios de telecomunicaciones mantendrán el secreto de la información cursada y no podrán interceptarla, interferirla, divulgarla, publicarla o utilizar su contenido.

Por tanto, deberán tomar las medidas técnicas u operativas necesarias para proteger el secreto y confidencialidad de la información transmitida a través de las redes de telecomunicaciones y la seguridad al acceso de la red.

En caso de incumplimiento de la garantía de secreto y confidencialidad de la comunicación e información transmitida a través de redes de telecomunicaciones, que le sea imputable al prestador, éste responderá por sus actuaciones y las de sus dependientes. Si la violación proviene de un tercero, el prestador de servicios de telecomunicaciones deberá denunciar a las autoridades judiciales, sin perjuicio de su obligación de poner en conocimiento de este hecho a la ARCOTEL, para que se adopten las decisiones que correspondan.

Artículo  119.- Intercepción legal.- Solo podrá interceptarse las comunicaciones o información que se trasmita a través de redes de telecomunicaciones cuando exista orden de Juez competente en los siguientes casos:

  1. Dentro de un procedimiento de investigación de un supuesto delito.
  2. En cualquiera de las etapas de un procedimiento penal; o,
  3. Por razones de seguridad pública y del Estado conforme lo prevé el ordenamiento jurídico.

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán proporcionar la información en las condiciones técnicas y con los protocolos que establezca el Juez en su providencia, o el personal técnico, peritos o investigadores designados por dicha autoridad; estándoles prohibido hacer público o comunicar a terceras personas sobre el requerimiento judicial efectuado.

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones darán todas las facilidades necesarias y deberán proporcionar la información requerida dentro del término fijado por el Juez, o en su defecto en el término que establezca la ARCOTEL en la regulación correspondiente.

CAPITULO II .- PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Artículo  120.- Garantía de protección de datos personales.- Los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones tienen prohibido ejecutar u omitir acciones que violen la garantía de protección de datos personales, esto es, provocar la destrucción, la pérdida, la alteración, la revelación o el acceso no autorizado de datos personales, transmitidos, almacenados o tratados en la prestación de servicios de telecomunicaciones, conforme el alcance, los procedimientos o protocolos previstos en la LOT, su Reglamento General y las regulaciones emitidas por la ARCOTEL para el efecto. La violación de esta garantía dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico.

Artículo  121.- Uso comercial.- Los datos personales que los usuarios proporcionen a los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones no podrán ser usados para la promoción comercial de servicios o productos, inclusive de la propia operadora; salvo autorización y consentimiento expreso del usuario.

Para tal fin, los prestadores de servicios deberán solicitar a sus usuarios su consentimiento expreso, en un instrumento separado y distinto al contrato de prestación de servicios a través de medios físicos o electrónicos, para que la prestadora de servicios del régimen general de telecomunicaciones pueda utilizar comercialmente sus datos personales. En dicho instrumento se deberá dejar constancia expresa de los datos personales o información que están expresamente autorizados; el plazo de la autorización y el objetivo que esta utilización persigue. Sin perjuicio de lo anterior se considerarán públicos los datos contenidos en las guías telefónicas de telefonía fija, no obstante lo cual los abonados tendrán derecho a que se excluyan gratuitamente sus datos personales de dichas guías.

La ARCOTEL establecerá los mecanismos y emitirá las regulaciones correspondientes a fin de precautelar el secreto de las comunicaciones y de la información que se trasmite a través de redes de telecomunicaciones, así como la seguridad de los datos personales y de las redes.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Para los casos de redes de los servicios del régimen general de telecomunicaciones, que actualmente no se encuentren soterradas, el Ministerio encargado del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información emitirá la política de ordenamiento aéreo que se aplicará de manera transitoria hasta que se efectúe el respectivo soterramiento o se encuentre una solución técnica en términos de costo beneficio.

SEGUNDA.- La obligación de entregar a la ARCOTEL la contabilidad regulatoria-administrativa por servicios de telecomunicaciones, dispuesta a los operadores con anterioridad a la expedición de la LOT, se mantendrá vigente, salvo disposición en contrario de dicho organismo.

TERCERA.- La obligación de pago prevista en el artículo 92 de la LOT será exigible y calculada a partir de la expedición del referido cuerpo legal, a los operadores que corresponda en virtud de lo que establezca la ARCOTEL.

Dicha contribución reemplaza a la que venían siendo aplicada por concepto de “contribución para el Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones para las Areas Rurales y Urbano Marginales, FODETEL”, incluso de estar prevista en los títulos habilitantes suscritos con anterioridad a la vigencia de la LOT.

CUARTA.- En caso de oscuridad sobre el alcance de las disposiciones del presente Reglamento General, el Directorio de la ARCOTEL será competente para interpretarlas a través de la regulación respectiva.

QUINTA.- Los actos normativos internos, como el Reglamento de Funcionamiento del Directorio, el Reglamento Orgánico por Procesos o los necesarios para la organización y funcionamiento de la ARCOTEL, por su naturaleza, no requerirán del procedimiento de consulta pública para su aprobación.

SEXTA.- Sin perjuicio de lo previsto en el presente Reglamento General, la ARCOTEL expedirá la regulación respectiva para el inicio de operaciones, cumplimiento de parámetros, otorgamiento de plazos adicionales de ser el caso, autorización para suspensión de operaciones, periodos permitidos y efectos en caso de inobservancia de periodos autorizados del servicio de radiodifusión por suscripción.

SEPTIMA.- La ARCOTEL como organismo regulador y de control de los servicios de radiodifusión tiene la facultad de verificar el cumplimiento de características técnicas para el inicio de operaciones, continuidad de los servicios, suspensiones, plazos de operación y sus prórrogas de ser el caso, y en general cualquier actividad vinculada a la operación y prestación de los servicios.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los operadores privados que, a la fecha de vigencia de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, concentren mercado, pagarán por cada uno de los servicios considerados concentrados, desde la fecha de entrada en vigencia de la mencionada Ley, conforme lo dispuesto por la ARCOTEL.

SEGUNDA.- El Consejo Consultivo entrará en funcionamiento en el plazo de hasta 30 días posteriores a la notificación que efectúe el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a la Presidencia del Directorio de la ARCOTEL, respecto a la designación de los representantes de la empresas públicas, privadas y de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, previstos en los literales c), d) y e) de la Segunda Disposición General de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. En este mismo plazo, la Defensoría del Pueblo y el Directorio de la ARCOTEL, deberán designar a sus respectivos delegados.

TERCERA.- Los prestadores de servicios de telecomunicaciones y servicios de radiodifusión por suscripción, mientras se construye la obra civil subterránea, podrán desplegar sus redes físicas de manera aérea y ordenada, observando la política y normativa que se emita para el efecto, siempre que exista autorización previa de los propietarios de los postes.

CUARTA.- Dentro del plazo de hasta veinte y cuatro meses, contados a partir de la publicación en el Registro Oficial del presente Reglamento, la ARCOTEL coordinará y realizará un proceso ordenado de transición con la Dirección Nacional de Espacios Acuático – DIRNEA, para administrar, regular y controlar las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico del Servicio Móvil Marítimo, para cuyo efecto expedirá la normativa necesaria.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 28 de diciembre de 2015.

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

Quito 22 de Enero del 2016, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

Documento firmado electrónicamente.

Alexis Mera Giler. SECRETARIO GENERAL JURIDICO.

Secretaría General Jurídica.

17Oct/16

Decreto nº 8.771 de 11 de maio de 2016,

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014,

DECRETA:

CAPÍTULO I.- DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1o  Este Decreto trata das hipóteses admitidas de discriminação de pacotes de dados na internet e de degradação de tráfego, indica procedimentos para guarda e proteção de dados por provedores de conexão e de aplicações, aponta medidas de transparência na requisição de dados cadastrais pela administração pública e estabelece parâmetros para fiscalização e apuração de infrações contidas na Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014.

Art. 2o  O disposto neste Decreto se destina aos responsáveis pela transmissão, pela comutação ou pelo roteamento e aos provedores de conexão e de aplicações de internet, definida nos termos do inciso I do caput do art. 5º da Lei nº 12.965, de 2014.

Parágrafo único.  O disposto neste Decreto não se aplica:

I – aos serviços de telecomunicações que não se destinem ao provimento de conexão de internet; e

II – aos serviços especializados, entendidos como serviços otimizados por sua qualidade assegurada de serviço, de velocidade ou de segurança, ainda que utilizem protocolos lógicos TCP/IP ou equivalentes, desde que:

a) não configurem substituto à internet em seu caráter público e irrestrito; e

b) sejam destinados a grupos específicos de usuários com controle estrito de admissão.

CAPÍTULO II.- DA NEUTRALIDADE DE REDE

Art. 3o  A exigência de tratamento isonômico de que trata o art. 9º da Lei nº 12.965, de 2014, deve garantir a preservação do caráter público e irrestrito do acesso à internet e os fundamentos, princípios e objetivos do uso da internet no País, conforme previsto na Lei nº 12.965, de 2014.

Art. 4o  A discriminação ou a degradação de tráfego são medidas excepcionais, na medida em que somente poderão decorrer de requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada de serviços e aplicações ou da priorização de serviços de emergência, sendo necessário o cumprimento de todos os requisitos dispostos no art. 9º, § 2º, da Lei nº 12.965, de 2014.

Art. 5o  Os requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada de serviços e aplicações devem ser observados pelo responsável de atividades de transmissão, de comutação ou de roteamento, no âmbito de sua respectiva rede, e têm como objetivo manter sua estabilidade, segurança, integridade e funcionalidade.

  • 1º Os requisitos técnicos indispensáveis apontados no caput são aqueles decorrentes de:

I – tratamento de questões de segurança de redes, tais como restrição ao envio de mensagens em massa (spam) e controle de ataques de negação de serviço; e

II – tratamento de situações excepcionais de congestionamento de redes, tais como rotas alternativas em casos de interrupções da rota principal e em situações de emergência.

  • 2º A Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel atuará na fiscalização e na apuração de infrações quanto aos requisitos técnicos elencados neste artigo, consideradas as diretrizes estabelecidas pelo Comitê Gestor da Internet – CGIbr.

Art. 6o  Para a adequada prestação de serviços e aplicações na internet, é permitido o gerenciamento de redes com o objetivo de preservar sua estabilidade, segurança e funcionalidade, utilizando-se apenas de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais, desenvolvidos para o bom funcionamento da internet, e observados os parâmetros regulatórios expedidos pela Anatel e consideradas as diretrizes estabelecidas pelo CGIbr.

Art. 7o  O responsável pela transmissão, pela comutação ou pelo roteamento deverá adotar medidas de transparência para explicitar ao usuário os motivos do gerenciamento que implique a discriminação ou a degradação de que trata o art. 4o, tais como:

I – a indicação nos contratos de prestação de serviço firmado com usuários finais ou provedores de aplicação; e

II – a divulgação de informações referentes às práticas de gerenciamento adotadas em seus sítios eletrônicos, por meio de linguagem de fácil compreensão.

Parágrafo único.  As informações de que trata esse artigo deverão conter, no mínimo:

I – a descrição dessas práticas;

II – os efeitos de sua adoção para a qualidade de experiência dos usuários; e

III – os motivos e a necessidade da adoção dessas práticas.

Art. 8o  A degradação ou a discriminação decorrente da priorização de serviços de emergência somente poderá decorrer de:

I – comunicações destinadas aos prestadores dos serviços de emergência, ou comunicação entre eles, conforme previsto na regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel; ou

II – comunicações necessárias para informar a população em situações de risco de desastre, de emergência ou de estado de calamidade pública.

Parágrafo único.  A transmissão de dados nos casos elencados neste artigo será gratuita.

Art. 9o  Ficam vedadas condutas unilaterais ou acordos entre o responsável pela transmissão, pela comutação ou pelo roteamento e os provedores de aplicação que:

I – comprometam o caráter público e irrestrito do acesso à internet e os fundamentos, os princípios e os objetivos do uso da internet no País;

II – priorizem pacotes de dados em razão de arranjos comerciais; ou

III – privilegiem aplicações ofertadas pelo próprio responsável pela transmissão, pela comutação ou pelo roteamento ou por empresas integrantes de seu grupo econômico.

Art. 10.  As ofertas comerciais e os modelos de cobrança de acesso à internet devem preservar uma internet única, de natureza aberta, plural e diversa, compreendida como um meio para a promoção do desenvolvimento humano, econômico, social e cultural, contribuindo para a construção de uma sociedade inclusiva e não discriminatória.

CAPÍTULO III.- DA PROTEÇÃO AOS REGISTROS, AOS DADOS PESSOAIS E ÀS COMUNICAÇÕES PRIVADAS

Seção I.- Da requisição de dados cadastrais

Art. 11.  As autoridades administrativas a que se refere o art. 10, § 3º da Lei nº 12.965, de 2014, indicarão o fundamento legal de competência expressa para o acesso e a motivação para o pedido de acesso aos dados cadastrais.

  • 1º O provedor que não coletar dados cadastrais deverá informar tal fato à autoridade solicitante, ficando desobrigado de fornecer tais dados.
  • 2º São considerados dados cadastrais:

I – a filiação;

II – o endereço; e

III – a qualificação pessoal, entendida como nome, prenome, estado civil e profissão do usuário.

  • 3º Os pedidos de que trata o caput devem especificar os indivíduos cujos dados estão sendo requeridos e as informações desejadas, sendo vedados pedidos coletivos que sejam genéricos ou inespecíficos.

Art. 12.  A autoridade máxima de cada órgão da administração pública federal publicará anualmente em seu sítio na internet relatórios estatísticos de requisição de dados cadastrais, contendo:

I – o número de pedidos realizados;

II – a listagem dos provedores de conexão ou de acesso a aplicações aos quais os dados foram requeridos;

III – o número de pedidos deferidos e indeferidos pelos provedores de conexão e de acesso a aplicações; e

IV – o número de usuários afetados por tais solicitações.

Seção II.- Padrões de segurança e sigilo dos registros, dados pessoais e comunicações privadas

Art. 13.  Os provedores de conexão e de aplicações devem, na guarda, armazenamento e tratamento de dados pessoais e comunicações privadas, observar as seguintes diretrizes sobre padrões de segurança:

I – o estabelecimento de controle estrito sobre o acesso aos dados mediante a definição de responsabilidades das pessoas que terão possibilidade de acesso e de privilégios de acesso exclusivo para determinados usuários;

II – a previsão de mecanismos de autenticação de acesso aos registros, usando, por exemplo, sistemas de autenticação dupla para assegurar a individualização do responsável pelo tratamento dos registros;

III – a criação de inventário detalhado dos acessos aos registros de conexão e de acesso a aplicações, contendo o momento, a duração, a identidade do funcionário ou do responsável pelo acesso designado pela empresa e o arquivo acessado, inclusive para cumprimento do disposto no art. 11, § 3º, da Lei nº 12.965, de 2014; e

IV – o uso de soluções de gestão dos registros por meio de técnicas que garantam a inviolabilidade dos dados, como encriptação ou medidas de proteção equivalentes.

  • 1º Cabe ao CGIbr promover estudos e recomendar procedimentos, normas e padrões técnicos e operacionais para o disposto nesse artigo, de acordo com as especificidades e o porte dos provedores de conexão e de aplicação.
  • 2º Tendo em vista o disposto nos incisos VII a X do caput do art. 7º da Lei nº 12.965, de 2014, os provedores de conexão e aplicações devem reter a menor quantidade possível de dados pessoais, comunicações privadas e registros de conexão e acesso a aplicações, os quais deverão ser excluídos:

I – tão logo atingida a finalidade de seu uso; ou

II – se encerrado o prazo determinado por obrigação legal.

Art. 14.  Para os fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I – dado pessoal – dado relacionado à pessoa natural identificada ou identificável, inclusive números identificativos, dados locacionais ou identificadores eletrônicos, quando estes estiverem relacionados a uma pessoa; e

II – tratamento de dados pessoais – toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

Art. 15.  Os dados de que trata o art. 11 da Lei nº 12.965, de 2014, deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado, para facilitar o acesso decorrente de decisão judicial ou determinação legal, respeitadas as diretrizes elencadas no art. 13 deste Decreto.

Art. 16.  As informações sobre os padrões de segurança adotados pelos provedores de aplicação e provedores de conexão devem ser divulgadas de forma clara e acessível a qualquer interessado, preferencialmente por meio de seus sítios na internet, respeitado o direito de confidencialidade quanto aos segredos empresariais.

CAPÍTULO IV.- DA FISCALIZAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA

Art. 17.  A Anatel atuará na regulação, na fiscalização e na apuração de infrações, nos termos da Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997.

Art. 18.  A Secretaria Nacional do Consumidor atuará na fiscalização e na apuração de infrações, nos termos da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 19.  A apuração de infrações à ordem econômica ficará a cargo do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, nos termos da Lei no 12.529, de 30 de novembro de 2011.

Art. 20.  Os órgãos e as entidades da administração pública federal com competências específicas quanto aos assuntos relacionados a este Decreto atuarão de forma colaborativa, consideradas as diretrizes do CGIbr, e deverão zelar pelo cumprimento da legislação brasileira, inclusive quanto à aplicação das sanções cabíveis, mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, nos termos do art. 11 da Lei nº 12.965, de 2014.

Art. 21.  A apuração de infrações à Lei nº 12.965, de 2014, e a este Decreto atenderá aos procedimentos internos de cada um dos órgãos fiscalizatórios e poderá ser iniciada de ofício ou mediante requerimento de qualquer interessado.

Art. 22.  Este Decreto entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

Brasília, 11 de maio de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

DILMA ROUSSEFF

Eugênio José Guilherme de Aragão

André Peixoto Figueiredo Lima

João Luiz Silva Ferreira

Emília Maria Silva Ribeiro Curi

 

 

13Sep/16

Decreto Supremo nº 2104, 5 de septiembre de 2014

Decreto Supremo nº 2104, 5 de septiembre de 2014,  que tiene por objeto modificar el numeral 1 del Artículo 4 y los Artículos 53 y 185 del Reglamento General a la Ley nº 164, de 8 de agosto de 2011, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación para el Sector de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo nº 1391, de 24 de octubre de 2012.

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

C O N S I D E R A N D O:

Que el Parágrafo I del Artículo 20 de la Constitución Política del Estado, determina que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones.

Que el numeral 1 del Artículo 5 de la Ley nº 164, de 8 de agosto de 2011, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, establece que el Estado, en todos sus niveles de gobierno promoverá el derecho al acceso universal a las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, así como al servicio postal, para todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de sus derechos relacionados principalmente a la comunicación, la educación, el acceso al conocimiento, la ciencia, la tecnología y la cultura.

Que el Parágrafo II del Artículo 18 de la Ley nº 164, dispone que la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, otorgará los mismos derechos para la operación y explotación de un satélite extranjero sobre su territorio, que los otorgados por terceros países a los satélites bolivianos, en aplicación del principio de reciprocidad establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones  (UIT).

Que el Parágrafo I del Artículo 65 de la Ley nº 164, crea el Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social  (PRONTIS), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, destinado al financiamiento de programas y proyectos de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación que permitan la expansión de redes de telecomunicaciones y desarrollo de contenidos y aplicaciones, para el logro del acceso universal en áreas rurales y de interés social.

Que el Parágrafo I del Artículo 184 del Reglamento General a la Ley nº 164, de 8 de agosto de 2011, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación para el Sector de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo nº 1391, de 24 de octubre de 2012, señala que el PRONTIS, tiene por objeto contribuir al acceso universal a los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, a través del cofinanciamiento de proyectos.

Que el Decreto Supremo Nº 1828, de 11 de diciembre de 2013, tiene por objeto modificar y complementar el Reglamento General a la Ley Nº 164, aprobado por Decreto Supremo Nº 1391.

Que es necesario realizar una aclaración para el servicio de estación espacial, en lo que refiere al título habilitante para proveer capacidad satelital a operadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones autorizados; así como, garantizar la aplicación y cumplimiento de los objetivos del PRONTIS, por lo que se debe incorporar una definición de interés social que permita llevar adelante proyectos priorizando en los sectores de educación, salud, gestión gubernamental, productivo y comunicación e información, independientemente de la ubicación geográfica de los lugares beneficiados.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO).

El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar el numeral 1 del Artículo 4 y los Artículos 53 y 185 del Reglamento General a la Ley nº 164, de 8 de agosto de 2011, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación para el Sector de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 1391, de 24 de octubre de 2012.
ARTÍCULO 2.- (MODIFICACIONES).

I. Se modifica el numeral 1 del Artículo 4 del Reglamento General a la Ley Nº 164, de 8 de agosto de 2011, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación para el Sector de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 1391, de 24 de octubre de 2012, modificado y complementado por el Decreto Supremo Nº 1828, de 11 de diciembre de 2013, con el siguiente texto:

“1. Respecto a los servicios de telecomunicaciones.- Son servicios de telecomunicaciones, además de los servicios señalados en los incisos a), b), c) y d) del presente numeral, el Servicio de acceso a internet, Servicio de estación espacial, Servicio de estación terrena, Servicio público de voz sobre internet, Servicio local, Servicio móvil, Servicio de larga distancia nacional, Servicio de larga distancia internacional, Servicio de acceso público, Servicio de distribución de señales, Servicio de radiodifusión (estos servicios incluyen los de radio y televisión), Servicio de reventa, Servicio de valor agregado y aquellos que por avance tecnológico se generen y sean reconocidos por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda mediante Resolución Ministerial.
Servicios Portadores.- Son los servicios prestados a través de una red pública de telecomunicaciones, que consisten en el establecimiento de enlaces punto – punto o punto – multipunto, a través de conexiones físicas o virtuales, para la transmisión de señales de datos a distintas velocidades, en la conformación de redes públicas o privadas que permitan efectuar comunicaciones codificadas, conmutadas o dedicadas, entre equipos situados en lugares diferentes, sin causar cambio en la información transmitida de extremo a extremo;
Servicio de Móvil de Despacho (Trunking).- Es el servicio que involucra el uso de frecuencias en estaciones fijas o móviles para comunicarse con un equipo terminal fijo o móvil específico dentro de un grupo definido o simultáneamente con el grupo, para poder coordinar las actividades específicas de la usuaria, usuario o del grupo;
Servicio de Buscapersonas.- Es un servicio móvil inalámbrico que consiste en el envío de una señal unidireccional de alerta o un mensaje de voz o datos, que no sea en tiempo real, a un equipo terminal móvil, aunque sistemas avanzados de buscapersonas pueden permitir un breve mensaje de retorno, desde el equipo terminal móvil al iniciador del contacto;
Servicio de Valor Agregado de Distribución de Señales.- Es el servicio al público que se presta a través de un operador de distribución de señales por un proveedor que genera contenidos televisivos, que no cuenta con infraestructura de distribución de señales propias.”

II. Se modifica el Artículo 53 del Reglamento General a la Ley nº 164, de 8 de agosto de 2011, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación para el Sector de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo nº 1391, de 24 de octubre de 2012, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 53.- (SERVICIO SATELITAL).
I. Se entenderá como servicios satelitales los siguientes:
Servicio de Estación Espacial;
Servicio de Estación Terrena;
Radioenlaces Satelitales.
II. Para el caso de prestar únicamente el Servicio de Estación Espacial sólo se requerirá la Autorización por parte de la ATT, conforme a las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos mediante Resolución Ministerial emitida por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
III. Se requerirá de una sola Licencia para la provisión del servicio satelital de estación terrena y radioenlaces satelitales.”

III. Se modifica el Artículo 185 del Reglamento General a la Ley nº 164, de 8 de agosto de 2011, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación para el Sector de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo nº 1391, de 24 de octubre de 2012, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 185.- (OBJETIVOS DEL PRONTIS). Los objetivos del PRONTIS son:
Reducir las desigualdades de acceso a los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación en áreas rurales y de interés social, entendiéndose éstas últimas como aquellas donde no se cuentan con servicios de telecomunicaciones y/o donde dichos servicios permitan mejorar las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos independientemente de su ubicación geográfica, para asegurar el ejercicio del derecho al acceso universal y equitativo a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación;
Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, prestados oportunamente, en condiciones de calidad, eficiencia, continuidad y con tarifas asequibles;
Contribuir al desarrollo humano integral, económico y cultural, mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación, en la apropiación y difusión del saber comunitario, la generación de contenidos relacionados con la educación, salud, usos productivos y servicios de gestión pública, en el área rural y lugares que se consideren de interés social;
Dotar de conectividad o servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación a las áreas rurales y de interés social, priorizando los proyectos relacionados con los sectores de educación, salud, gestión gubernamental, productivo y comunicación e información.”

El señor Ministro de Estado en el Despacho de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, a los tres días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
FDO. EVO MORALES AYMA,

David Choquehuanca Céspedes,

Juan Ramón Quintana Taborga,

Jorge Perez Valenzuela,

Rubén Aldo Saavedra Soto,

Elba Viviana Caro Hinojosa,

Juan José Hernando Sosa Soruco,

Ana Teresa Morales Olivera,

Arturo Vladimir Sánchez Escobar,

Felix Cesar Navarro Miranda

MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA E INTERINO DE JUSTICIA,

Daniel Santalla Torrez,

Juan Carlos Calvimontes Camargo,

José Antonio Zamora Gutiérrez,

Roberto Iván Aguilar Gómez,

Nemesia Achacollo Tola

MINISTRA DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS E INTERINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS,

Claudia Stacy Peña Claros,

Nardy Suxo Iturry,

Pablo Cesar Groux Canedo,

Amanda Dávila Torres,

Tito Rolando Montaño Rivera.

18Ago/16

Decreto nº 5323/2016, de 23 de mayo de 2016

Decreto nº 5323/2016, de 23 de mayo de 2016, que reglamenta los artículos 20 y 21 de la Ley nº 4989/2013, por el cual se Reglamentan los artículos 20 y 21 de la Ley nº 4989/2013, que crea el marco de aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el Sector Público y crea la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación  (SENATICs) y se establece la instancia de coordinación de las unidades especializadas TIC de las Instituciones del Poder Ejecutivo.

Asunción, 23 de mayo de 2016

VISTO:

La presentación radicada por la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICs) por la cual solicitan la reglamentación de los Artículos 20 y 21 de la Ley V4989/2013, que crea el Comité de Coordinación e Interoperabilidad, bajo la dirección de esta Secretaria Nacional: y

CONSIDERANDO: Que el Artículo 238, Numeral 3) de la Constitución, faculta u quien ejerce la Presidencia de la República a reglamentar las leyes dictadas por el Congreso Nacional.

Que el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, contempla dentro de la estrategia de crecimiento económico inclusivo, la «Competitividad e Innovación» definida como «Seguridad jurídica y desarrollo de un gobierno abierto, transparente y eficiente, con adecuado apoyo a la producción y mejoramiento de la infraestructura de transporte, logística y telecomunicaciones, teniendo como fundamentos la educación superior, la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico», para lo cual el desarrollo del Gobierno Electrónico se constituye en una de las herramientas fundamentales en la consecución de este componente, que logra la prestación de servicios eficientes a los ciudadanos, disminuye la brecha digital y una gestión transparente y eficaz.

La Ley nº 4989/2013, que en el Artículo 20 dispone la creación del Comité de Coordinación e Interoperabilidad para el Gobierno Electrónico, integrado por los directores o representantes de las áreas técnicas e informáticas de todos los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo que apliquen o realicen procesos de gestión con los ciudadanos, determinados en el Decreto Reglamentario de la ley, bajo la dirección de la SENATICs. El Artículo 21 dispone que las funciones de este Comité serán las de: a) Recomendar medidas a ser adoptadas para el mejoramiento y reducción de costos de los servicios a cargo de las instituciones del Estado, mediante una adecuada y racional estructuración administrativa; b) Colaborar y promover la convergencia entre las instituciones de la Administración Pública para el cumplimiento de los fines de esta Ley; c) Elaborar su propio reglamento de funcionamiento.

Que el Decreto nº 11.624/2013, por el cual se reglamenta la ley nº 4989/2013, aborda en el Capítulo III «Del Comité de Coordinación e Interoperabilidad» de forma general lo relativo a su conformación, quedando aspectos señalados en la Ley, pendientes de reglamentación, a fin de dotar de la mayor efectividad y alcance a este órgano.

Que la misma ley nº 4989/2013, en el Artículo 7 dispone la creación de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICs), como la institución del Poder Ejecutivo encargada de implementar los principios y fines de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el sector público. El Artículo 12° otorga -entre otras- a la misma, la atribución de orientar, priorizar y dirigir el proceso de incorporación y mantenimiento de la Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la gestión pública, definiendo los diversos componentes, etapas y secuencias del proceso que deben ser implementados por los Organismos y Entidades del Estado que tengan incidencia directa en el fortalecimiento de la eficacia, eficiencia y transparencia de las prestaciones y los servicios públicos.

Que el Decreto nº 1840 del 1 de julio de 2014 «Por el cual se declara de interés nacional la aplicación y el uso de las tecnologías de la información y comunicación TIC en la gestión pública y se ordena la implementación de las Unidades Especializadas TIC en las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo», establece que los Ministerios del Poder Ejecutivo, las Secretarias Nacionales y Ejecutivas de la Presidencia de la República y demás instituciones dependientes del Poder Ejecutivo y Organismos desentralizados, deberán contar con Unidades Especializadas (con rango de Direcciones Generales o Direcciones) con el objetivo de promover la implementación, acrecentamiento y comunicación, bajo dependencia directa de la máxima autoridad de cada institución. Asimismo, dispone que las Unidades Especializadas TIC conformarán una Red Interinstitucional, que se constituyen en una instancia de coordinación, acciones y recursos.

Que habiendo sido ordenada la implementación de Unidades Especializadas TIC en las instituciones del Poder Ejecutivo; y siendo función de la SENATIC.s, conforme lo dispone su Ley de creación, coordinar la ejecución de acciones conjuntas e integradas entre las distintas reparticiones públicas relacionadas con la integración de los servicios públicos, el desarrollo de la normalización, la sistematización y difusión de la información de acciones relacionadas con la gestión pública por medios electrónicos, así como optimizar los trámites y procesos y la interoperabilidad entre las distintas entidades públicas y privadas; es necesario armonizar las instancias relativas a las TIC en los Organismos y Entidades del Estado, en la búsqueda de que las mismas puedan actuar en un esquema integrado que responda a la políticas públicas dictadas para el sector.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY DECRETA:

Artículo 1°, Dispónese que los Organismos y Entidades del Estado que deberán integrar el Comité de Coordinación e Interoperabilidad, creado por el Artículo 20 de la Ley, son los Ministerios del Poder Ejecutivo. Secretarías Nacionales y Ejecutivas de la Presidencia de la República y demás instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, tanto de la Administración Central como Entidades y Organismos Descentralizados. Las instituciones públicas que gocen de autonomía funcional integrarán el Comité de Coordinación e Interoperabilidad en calidad de miembros adheridos, según sea definido en el Reglamento de Funcionamiento.

Artículo 2°.- Los Organismos y Entidades del Estado citados en el Artículo I°, conformarán el Comité de Coordinación e Interoperabilidad para el Gobierno Electrónico creado por Ley nº 4989/1013, por medio de sus Unidades Especializadas TIC creadas por Decreto nº 1840/2014, constituyendo este Comité la Red Interinstitucional de Unidades Especialiazadas TIC, órgano consultivo, de coordinación y convergencia, desde el cual se dará cumplimiento a los fines establecidos en la Ley nº 4989/2013 y las políticas públicas emanadas de la SENATICs en su carácter de institución rectora en materia de TIC.

Artículo 3°.- El Comité de Coordinación e Interoperabilidad elaborará un Plan de Trabajo Anual, dentro del primer semestre del año, en el cual se plasmarán los compromisos y se planificarán los proyectos, programas y acciones de carácter transversal, necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en a Ley N’4989/2013, Artículo 21, Incisos a), b) y c). Las Unidades Especializadas TIC, serán responsables de la ejecución de este Plan de Trabajo Anual dentro de sus respectivas instituciones.

Artículo 4º.- Dispónese que los compromisos asumidos y las acciones definidas en el Comité de Coordinación e Interoperabilidad, en cuanto lo requieran para su efectiva implementación, serán acompañados de las previsiones presupuestarias de los Organismos y Entidades del Estado respectivos.

Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por el Ministro del Interior.

Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial

 

Secretaría General

Gabinete Civil

www.presidencia.gov.py

 

05Abr/16

Decreto nº 260 Ley Especial contra Delitos Informáticos y conexos

Decreto nº 260 Ley Especial contra Delitos Informáticos y conexos (Diario Oficial de la República de El Salvador en la América Central, tomo nº 410, número 40 del viernes 26 de febrero de 2016)

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

CONSIDERANDO:

I. Que la Constitución de la República, reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común;

II. Que mediante Decreto Legislativo nº 1030, de fecha 26 de abril de 1997, publicado en el Diario Oficial nº 105, tomo 335, del 10 de junio del mismo año, se emitió el Código Penal;

III. Que en la actualidad, los instrumentos electrónicos por medio de los cuales se envía, recibe o resguarda la información, han adquirido una especial relevancia, tanto a nivel internacional como nacional, para el desarrollo económico, político, social y cultural del país; por lo que se vuelve prioridad del Estado, proteger dicha información, ya que al no protegerla se atenta contra la confidencialidad, integridad, seguridad y disponibilidad de los datos en general; y,

IV. Que esta diversidad de actividades delincuenciales que pueden cometerse a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, no se encuentran suficientemente reguladas en nuestra normativa penal vigente, generándose una impunidad para quienes cometen estos tipos de delitos; en consecuencia, resulta necesaria su tipificación y la adopción de mecanismos suficientes para facilitar su detección, investigación y sanción de estos nuevos tipos de delitos.

POR TANTO,

En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Douglas Leonardo Mejía Avilés, de los Períodos Legislativos 2009-2012 y 2012-2015.

DECRETA, la siguiente:

LEY ESPECIAL CONTRA LOS DELITOS INFORMÁTICOS Y CONEXOS

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Objeto de la Ley

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto proteger los bienes jurídicos de aquellas conductas delictivas cometidas por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos en perjuicio de los datos almacenados, procesados o transferidos; los sistemas, su infraestructura o cualquiera de sus componentes, o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías que afecten intereses asociados a la identidad, propriedad, intimidad e imagen de las personas naturales o jurídicas en los términos aplicables y previstos en la presente Ley.

Ámbito de Aplicación

Artículo 2.- La presente Ley se aplicará a los hechos punibles cometidos total o parcialmente en el territorio nacional o en los lugares sometidos a su jurisdicción. También se aplicará a cualquier persona, natural o jurídica, nacional o extranjera, por delitos que afecten bienes jurídicos del Estado, de sus habitantes o protegidos por Pactos o Tratados Internacionales ratificados por El Salvador.

De igual forma, se aplicará la presente Ley si la ejecución del hecho, se inició en territorio extranjero y se consumó en territorio nacional o si se hubieren realizado, utilizando Tecnologías de la Información y la Comunicación instaladas en el territorio nacional y el responsable no ha sido juzgado por el mismo hecho por tribunales extranjeros o ha evadido el juzgamiento o la condena.

Definiciones

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

a) Delito informático: se considerará la comisión de este delito, cuando se haga uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, teniendo por objeto la realización de la conducta típica y antijurídica para la obtención, manipulación o perjuicio de la información;

b) Bien jurídico Protegido; es la información que garantice y proteja el ejercicio de derechos fundamentales como la intimidad, honor, integridad sexual, propriedad, propriedad intelectual, seguridad pública, entre otros;

c) Datos Informáticos: es cualquier representación de hechos, información o conceptos en un formato digital o análogos, que puedan ser almacenados, procesados o transmitidos en un sistema informático, cualquiera que sea su ubicación, así como las características y especificaciones que permiten describir, identificar, descubrir, valorar y administrar los datos;

d) Medio de Almacenamiento de Datos Informáticos; es cualquier dispositivo a partir del cual la información es capaz de ser leída, grabada, reproducida o transmitida con o sin la ayuda de cualquier otro medio idóneo;

e) Sistema Informático: es un elemento o grupo de elementos interconectados o relacionados, pudiendo ser electrónicos, programas informáticos, enlaces de comunicación o la tecnología que en el futuro los reemplace, orientados al tratamiento y administración de datos e información;

f) Comunicación Electrónica: es toda transmisión de datos informáticos, cuyo contenido puede consistir en audio, texto, imágenes, vídeos, caracteres alfanuméricos, signos, gráficos de diversa índole o cualquier otra forma de expresión equivalente, entre un remitente y un destinatario a través de un sistema informático y las demás relacionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación;

g) Dispositivo: es cualquier mecanismo, instrumento, aparato, medio que se utiliza o puede ser utilizado para ejecutar cualquier función de la Tecnología de la Información y la Comunicación;

h) Interceptar: es la acción de apropiarse, interrumpir, escuchar o grabar datos informáticos contenidos o transmitidos en cualquier medio informático antes de llegar a su destino;

i) Programa Informático: es la rutina o secuencia de instrucciones en un lenguaje informático determinado que se ejecuta en un sistema informático, pudiendo ser ése un ordenador, servidor o cualquier dispositivo, con el propósito que realice el procesamiento y comunicación de los datos informáticos;

j) Proveedor de Servicios: es la persona natural  o jurídica que ofrece uno o más servicios de información o comunicación por medio de sistemas informáticos, procesamiento o almacenamiento de datos;

k) Tráfico de Datos Informáticos: son aquellos que se transmiten por cualquier medio tecnológico, pudiendo mostrar el origen, destino, ruta, hora, fecha, tamaño, duración de la comunicación, entre otros;

l)  Tecnologías de la Información y la Comunicación: es el conjunto de tecnologías que permiten el tratamiento, la comunicación de los datos, el registro, presentación, creación, administración, modificación, manejo, movimiento, control, visualización, distribución, intercambio, transmisión o recepción de información en forma automática, de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética, entre otros;

m) Datos Personales: es la información privada concerniente a una persona, identificada o identificable, relativa a su nacionalidad, domicilio, patrimonio, dirección electrónica, número telefónico u otra similar;

n) Datos Personales Sensibles: son los que corresponden a una persona en lo referente al credo, religión, origen étnico, filiación o ideologías políticas, afiliación sindical, preferencias sexuales, salud física y mental, situación moral, familiar y otras informaciones íntimas de similar naturaleza o que pudieran afectar al derecho al honor, a la propia imagen, a la intimidad personal y familiar;

o) Material Pornográfico de Niñas, Niños y Adolescentes: es toda representación auditiva o visual, ya sea en imagen o en vídeo, adoptando un comportamiento sexualmente explícito, real o simulado de una persona que aparente ser niña, niño o adolescente adoptando tal comportamiento. También se considerará material pornográfico, las imágenes realistas que representen a una niña, niño o adolescente adoptando un comportamiento sexualmente explícito o las imágenes o simuladas de las partes genitales o desnudos de una niña, niño o adolescente con fines sexuales;

p) Tarjeta Inteligente: es el dispositivo que permite mediante la ejecución de un programa la obtención de bienes, servicios, propriedades o información; y,

q) Redes Sociales: es la estructura o comunidad virtual que hace uso de medios tecnológicos y de la comunicación para acceder, establecer y mantener algún tipo de vínculo o relación, mediante el intercambio de información.

TÍTULO II.- DE LOS DELITOS

CAPÍTULO I.- DE LOS DELITOS CONTRA LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE INFORMACIÓN

Acceso Indebido a Sistemas Informáticos

Artículo 4.- El que intencionalmente y sin autorización o excedido la que se hubiere concedido, acceda, intercepte o utilice parcial o totalmente un sistema informático que utilice las Tecnologías de la Información o la Comunicación, será sancionada con prisión de uno a cuatro años.

Acceso Indebido a los Programas o Datos Informáticos

Artículo 5.– El que a sabiendas y con la intención de usar cualquier dispositivo de la Tecnología de la Información o la Comunicación, accediera parcial o totalmente a cualquier programa o a los datos almacenados en él, con el propósito de apropiarse de ellos o cometer otro delito con éstos, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

Interferencia del Sistema Informático

Artículo 6.- El que intencionalmente y por cualquier medio interfiera o altere el funcionamiento de un sistema informático, de forma temporal o permanente, será sancionado con prisión de tres a cinco años.

Se considerará agravada la interferencia o alteración, si ésta recayera en programas o sistemas informáticos públicos o en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de salud, de comunicaciones, de provisión y transporte de energía, de medios de transporte u otros de servicio público, o destinados a la prestación de servicios financieros, la sanción será de tres a seis años.

Daños a Sistemas Informáticos

Artículo 7.– El que destruya, dañe, modifique, ejecute un programa o realice cualquier acto que altere el funcionamiento o inhabilite parcial o totalmente un sistemas informático que utilice la Tecnología de la Información y la Comunicación o cualquiera de los componentes que las conforman, será sancionado con prisión de tres a cinco años.

Si el delito previsto en el presente artículo se cometiere de forma culposa, por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de las normas establecidas, será sancionado con prisión de uno a tres años.

Si el delito previsto en el presente artículo se cometiere en contra de cualquiera de los componentes de un sistema informático que utilicen las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que estén destinadas a la prestación de servicios públicos o financieros, o que contengan información personal, confidencial, reservada, patrimonial, técnica o propia de personas naturales o jurídicas, la sanción de prisión será de tres a seis años.

Posesión de Equipos o Prestación de Servicios para la Vulneración de la Seguridad.

Artículo 8.– El que utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación posea, produzca, facilite, venda equipos, dispositivos, programas informáticos, contraseñas o códigos de acceso; con el propósito de vulnerar, eliminar ilegítimamente la seguridad de cualquier sistema informático, ofrezca o preste servicios destinados a cumplir los mismos fines para cometer cualquiera de los delitos establecidos en la presente Ley, será sancionado con prisión de tres a cinco años.

Violación de la Seguridad del Sistema

Artículo 9.– La persona que sin poseer la autorización correspondiente transgreda la seguridad de un sistema informático restringido o protegido con mecanismo de seguridad específico, será sancionado con prisión de tres a seis años.

En igual sanción incurrirá quien induzca a un tercero para que de forma involuntaria, ejecute un programa, mensaje, instrucciones o secuencias para violar medidas de seguridad.

No incurrirá en sanción alguna quien ejecute las conductas descritas en los Artículos 8 y 9 inciso primero de la presente Ley, cuando con autorización de la persona facultada se realicen acciones con el objeto de conducir pruebas técnicas o auditorías de funcionamiento de equipos, procesos o programas.

CAPÍTULO II.- DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS

Estafa Informática

Artículo 10.- El que manipule o influya en el ingreso, el procesamiento o resultado de los datos de un sistema que utilice las Tecnologías de la Información y la Comunicación, ya sea mediante el uso de datos falsos o incompletos, el uso indebido de datos o programación, valiéndose de alguna operación informática o artificio tecnológico o por cualquier otra acción que incida en el procedimiento de los datos del sistema o que dé como resultado información falsa, incompleta o fraudulenta, con la cual procure u obtenga un beneficio patrimonial indebido para sí o para otro, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

Se sancionará con prisión de cinco a ocho años, si las conductas descritas en el inciso anterior se cometieren bajo los siguientes presupuestos:

a) En perjuicio de propriedades del Estado;

b) Contra sistemas bancarios y entidades financieras;

c) Cuando el autor sea un empleado encargado de administrar, dar soporte al sistema, red informática, telemática o que en razón de sus funciones tenga acceso a dicho sistema, red, contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.

Fraude Informático

Artículo 11.– El que por medio del uso indebido de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, valiéndose de cualquier manipulación en sistemas informáticos o cualquiera de sus componentes, datos informáticos o información en ellos contenida, consiga insertar instrucciones falsas o fraudulentas que produzcan un resultado que permita obtener un provecho para sí o para un tercero en perjuicio ajeno, será sancionado con prisión de tres a seis años.

Espionaje Informático

Artículo 12.– El que con fines indebidos obtenga datos, información reservada o confidencial contenidas en sistema que utilice las Tecnologías de la Información y la Comunicación o en cualquiera de sus componentes, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

Si alguna de las conductas descritas en el inciso anterior se cometieren con el fin de obtener beneficio para sí o para otro, se pusiere en peligro la seguridad del Estado, la confiabilidad de la operación de las instituciones afectadas, resultare algún daño para las personas naturales o jurídicas como consecuencia de la revelación de la información de carácter reservada, confidencial o sujeta a secreto bancario, la sanción será de seis a diez años de prisión.

Hurto por Medios Informáticos

Artículo 13.- El que por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se apodere de bienes o valores tangibles o intangibles de carácter personal o patrimonial, sustrayéndolos a su propietario, tenedor o poseedor, con el fin de obtener un provecho económico para sí o para otro, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

Técnica de Denegación de Servicio

Artículo 14.- El que de manera intencionada, utilizando las técnicas de la denegación de servicio o prácticas equivalentes que afectaren a los usuarios que tienen pertenencia en el sistema  o red afectada, imposibilite obtener el servicio, será sancionado con prisión de tres a cinco años.

CAPÍTULO III.- DELITOS INFORMÁTICOS RELACIONADOS CON EL CONTENIDO DE LOS DATOS

Manipulación de Registros

Artículo 15.– Los Administradores de las Plataformas de instituciones públicas o privadas, que deshabiliten, alteren, oculten, destruyan, o inutilicen en todo o en parte cualquier información, dato contenido en un registro de acceso, uso de los componentes de éstos, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

Si las conductas descritas en el inciso anterior, favorecieren la comisión de otro delito, la sanción se agravará hasta en una tercera parte del máximo señalado.

Manipulación Fraudulenta de Tarjetas Inteligentes o Instrumentos Similares

Artículo 16.- El que intencionalmente y sin la debida autorización por cualquier medio cree, capture, grabe, copie, duplique, clone o elimine datos informáticos contenidos en una tarjeta inteligente o en cualquier instrumento destinado a los mismos fines, con el objeto de incorporar, modificar usuarios, cuentas, registros, consumos no reconocidos, la configuración de éstos o de los datos en el sistema, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

En la misma pena incurrirá quien, sin haber tomado parte en los hechos anteriores adquiera, comercialice, posea, distribuya, venda, realice cualquier tipo de intermediación de tarjetas inteligentes o instrumentos destinados al mismo fin o de datos informáticos contenidos en ellos o en un sistema.

Obtención Indebida de bienes o servicios por medio de Tarjetas Inteligentes o Medios Similares

Artículo 17.- El que sin autorización utilice una tarjeta inteligente ajena o instrumento destinado a los mismos fines, utilice indebidamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la obtención de cualquier bien o servicio, realice cualquier tipo de pago sin erogar o asumir obligación alguna por la contraprestación obtenida, será sancionado con prisión de tres a ocho años.

Provisión Indebida de Bienes o Servicios

Artículo 18.- El que sin justificación, a través de un sistema informático utilice tarjetas inteligentes o instrumentos similares destinados a los mismos fines, cuya vigencia haya caducado o haya sido revocada por la institución que la emitió, o que se haya obtenido con el fin de suplantar la identidad contenida en dichas tarjetas inteligentes, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

El que falsifique o altere los datos de las tarjetas inteligentes o instrumentos similares, con el fin de proveer a quien los presente, dinero, bienes o servicios, o cualquier otro objeto de valor económico, la sanción aumentará hasta una tercera parte del máximo de la pena prevista en el inciso anterior.

Alteración, Daño a la Integridad y Disponibilidad de los Datos

Artículo 19.- El que violando la seguridad de un sistema informático destruya, altere, duplique, inutilice o dañe la información, datos o procesos, en cuanto a su integridad, disponibilidad y confidencialidad en cualquiera de sus estados de ingreso, procesamiento, transmisión o almacenamiento, será sancionado con prisión de tres a seis años.

Interferencias de Datos

Artículo 20.- El que interfiera, obstruya o interrumpa el uso legítimo de datos o los produzca nocivos e ineficaces, para alterar o destruir los datos de un tercero, será sancionado con prisión de tres a seis años.

Si alguna de las conductas descritas en el inciso anterior recae sobre datos, documentos, programas o sistemas informáticos públicos o sobre datos destinados a la prestación de servicios de salud, de comunicaciones, sistemas bancarios, entidades financieras, de provisión y transporte de energía, de medios de transporte u otro servicio público, la sanción de prisión será de cinco a ocho años.

Interceptación de Trasmisiones entre Sistemas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Artículo 21.- La persona que sin justificación intercepte por medios tecnológicos cualquier tansmisión hacia, desde o dentro de un sistema informático que no está disponible al público; o las emisiones electromagnéticas que están llevando datos de un sistema informático, será sancionado con prisión de siete a diez años.

Hurto de Identidad

Artículo 22.– El que suplantare o se apodere de la identidad de una persona natural o jurídica por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, será sancionado con prisión de tres a cinco años.

Si con la conducta descrita en el inciso anterior se daña, extorsiona, defrauda, injuria o amenaza a otra persona para ocasionar perjuicio u obtener beneficios para sí mismo o para terceros y el apoderamiento recae sobre datos personales, confidenciales o sensibles definidos en la Ley de Acceso a la Información Pública, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

Divulgación No Autorizada

Artículo 23.- El que sin autorización da a conocer un código, contraseña o cualquier otro medio de acceder a un programa o datos almacenados en un equipo o dispositivo tecnológico, con el fin de lucrarse a sí mismo, a un tercero o para cometer un delito, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

Igual sanción tendrá el que sin autorización revele o difunda los datos o información, contenidos en un sistema informático que utilice las Tecnologías de la Información y la Comunicación o en cualquiera de sus componentes con el fin de obtener algún tipo de beneficio para sí o para otro.

Si alguna de las conductas descritas en los incisos anteriores pusieren en peligro la seguridad del Estado, la confiabilidad de la operación de las instituciones afectadas o resultare algún daño para las personas naturales o jurídicas, como consecuencia de la revelación de las informaciones de carácter reservado, será sancionado con prisión de seis a doce años.

Utilización de Datos Personales

Artículo 24.- El que sin autorización utilice datos personales a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, insertando o modificando los datos en perjuicio de un tercero, será sancionado con prisión de cuatro a seis años.

La sanción aumentará hasta una tercera parte del máximo de la pena prevista en el inciso anterior a quien proporcione o revele a otro, información registrada en un archivo o en banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar.

Obtención y Transferencia de Información de Carácter Confidencial

Artículo 25.-  El que deliberadamente obtenga y transfiera información de carácter confidencial y que mediante el uso de esa información vulnere un sistema o datos informáticos apoyándose en cualquier clase de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, incluidas las emisiones electromagnéticas, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

Revelación Indebida de Datos e Información de Carácter Personal

Artículo 26.- El que sin el consentimiento del titular de la información de carácter privado y personal revele, difunda o ceda en todo o en parte, dicha información o datos a los que se refiere el presente artículo, sean éstos en imágenes, vídeo, texto, audio u otros, obtenidos por alguno de los medios indicados en los artículos precedentes, será sancionado con prisión de tres a cinco años.

Sí alguna de las conductas descritas en el inciso anterior, se hubiese realizado con ánimo de lucro, la comisión de otro delito o se difunda material sexual explícito en perjuicio de un tercero, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años.

Se impondrá el límite máximo de la pena del inciso anterior, aumentado hasta en una tercera parte, si alguna de las conductas descritas en el inciso primero del presente artículo, recae sobre datos personales confidenciales o sensibles definidios en la Ley de Acceso a la Información Pública.

Acoso a través de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Artículo 27.- El que realice conducta sexual indeseada por quien la recibe, que implique frases, señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual, por medio del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, será sancionado con prisión de cuatro a seis años.

CAPÍTULO IV.- DELITOS INFORMÁTICOS CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES O PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pornografía a través del Uso de Tecnologías de Información y la Comunicación.

Artículo 28.– El que por cualquier medio que involucre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación fabrique, transfiera, difunda, distribuya, alquile, venda, ofrezca, produzca, ejecute, exhiba o muestre material pornográfico, sexual entre niñas, niños y adolescentes o personas con discapacidad, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años.

Quien no advierta de forma visible el contenido del material pornográfico o sexual que se transmita mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, no apto para niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad, será sancionado con prisión de tres a cinco años.

Utilización de Niñas, Niños, Adolescentes o Personas con Discapacidad en Pornografía a través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Artículo 29.- El que por cualquier medio que involucre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación produzca, reproduzca, distribuya, publique, importe, exporte, ofrezca, financie, venda, comercie o difunda de cualquier forma, imágenes, vídeos o exhiba en actividades sexuales, eróticas o inequívocas de naturaleza sexual, explícitas o no, reales o simuladas, o utilice la voz de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad, será sancionado con prisión de ocho a doce años.

Igual sanción se impondrá a quien por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación organice o participe en espectáculos públicos o privados, en los que se hace participar a las personas señaladas en el inciso anterior, en acciones pornográficas o eróticas.

Adquisición o Posesión de Material Pornográfico de Niñas, Niños o Personas con Discapacidad a través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Artículo 30.- El que adquiera para sí o para un tercero a través de cualquier medio que involucre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, o posea material pornográfico en el que se haya utilizado a una niña, niño, adolescente o persona con discapacidad o su imagen para su producción, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

Igual sanción se aplicará al que posea en dispositivos de almacenamiento de datos informáticos o a través de cualquier medio que involucre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, material pornográfico en el que se haya utilizado a una niña, niño, adolescente o persona con discapacidad o su impagen para su producción.

Corrupción de Niñas, Niños, Adolescentes o Personas con Discapacidad a través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Artículo 31.- El que mantenga, promueva o facilite la corrupción de una niña, adolescente o persona con discapacidad con fines eróticos, pornográficos u obscenos, por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, aunque la niña, niño, adolescente o persona con discapacidad lo consienta, será sancionado con prisión de ocho a doce años.

Igual sanción se impondrá a quien haga propuestas implícitas o explícitas para sostener encuentros de carácter sexual o erótico, o para la producción de pornografía a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para si, para otro o para grupos, con una niña, niño, adolescente o persona con discapacidad.

Acoso a Niñas, Niños y Adolescentes o Personas con Discapacidad a través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Artículo 32.- Quien atormente, hostigue, humille, insulte, deniegue u otro tipo de conducta que afecte el normal desarrollo de la personalidad, amenace la estabilidad psicológica o emocional, ponga en riesgo la vida o la seguridad física, de un niño, niña, adolescente o persona con discapacidad, por medio del uso de las Tecnologías de la Información o Comunicación, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

La pena se agravará con prisión de cuatro a ocho años, para quien realice conducta que implique frases, señas u otra acción inequívoca de naturaleza o contenido sexual contra una niña, niño, adolescente o persona con discapacidad, por medio del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Condiciones Agravantes Comunes.

Artículo 33.- Los delitos referidos en el presente Capítulo serán sancionados con la pena máxima correspondiente, aumentada hasta en una tercera parte del máximo establecido de la pena y la inhabilitación del ejercicio de su profesión durante el tiempo que dure la condena, si cualquiera de las acciones descritas fuera realizada por:

a) Ascendientes, descendientes, hermanos, adoptantes, adoptados, cónyuges, conviviente y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;

b) Funcionarios, empleados públicos y municipales, autoridad púbica y agente de autoridad;

c) La persona encargada de la tutela, protección o vigilancia de la víctima; y

d) Toda persona que prevaliéndose de la superioridad originada por relaciones de confianza, doméstica, educativa, de trabajo o cualquier otra relación.

CAPÍTULO V.- DELITO CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO

Suplantación de actos de comercialización

Artículo 34.- El que sin autorización y a nombre de un tercero mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, venda o comercialice bienes o servicios, suplantando la identidad del productor, proveedor o distribuidor autorizado, será sancionado con prisión de tes a cinco años.

La conducta descrita en el inciso anterior se agravará con pena de prisión de cuatro a seis años, cuando la venta o comercialización se trate de medicamentos, suplementos o productos alimenticios, bebidas o cualquier producto de consumo humano.

TÍTULO III.- DISPOSICIONES FINALES

Otras Responsabilidades

Artículo 35.– Las sanciones previstas en la presente Ley, serán aplicable sin perjuicio de otras responsabilidades penales, civiles o administrativas en que se incurra.

Para la deducción de la responsabilidad civil se estará a lo dispuesto en la normativa aplicable.

Vigencia

Artículo 36.– El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA, PRESIDENTA

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE, PRIMER VICEPRESIDENTE

ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR, SEGUNDA VICEPRESIDENTA

JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ, TERCER VICEPRESIDENTE

NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ, CUARTO VICEPRESIDENTE

SANTIAGO FLORES ALFARO, QUINTO VICEPRESIDENTE

GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT, PRIMER SECRETARIO

DAVID ERNESTO REYES MOLINA, SEGUNDO SECRETARIO

MARIO ALBERTO TENORIO GUERRERO, TERCER SECRETARIO

REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA, CUARTO SECRETARIO

JACKELINE NOEMÍ RIVERA AVALOS, QUINTA SECRETARIA

JORGE ALBERTO ESCOBAR BERNAL, SEXTO SECRETARIO

ABILIO ORESTES RODRÍGUEZ MENJÍVAR, SÉPTIMO SECRETARIO

JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ, OCTAVO SECRETARIO

CASA PRESIDENCIA, San Salvador, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

PUBLÍQUESE,

SALVADOR SÁNCHEZ  CERÉN, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

MAURICIO ERNESTO RAMÍREZ LANDAVERDE, MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

11Feb/16

Decreto 434/2015, de 29 de septiembre

Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, prevé que las Comunidades Autónomas que así lo decidan puedan crear sus propios órganos independientes para la resolución de las reclamaciones en materia de acceso a la información pública. Con este objetivo, el artículo 43 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía creó el Consejo de Transparencia y Protección de Datos como la autoridad independiente de control en materia de protección de datos y de transparencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía en ejercicio de la previsión antes indicada, junto con la contenida en el artículo 41 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. Igualmente, la regulación contenida en el Capítulo II del Título V de la citada Ley andaluza establece en su artículo 46.2 que la constitución efectiva del Consejo tendrá lugar conforme a lo que determinen sus estatutos, que serán aprobados por el Consejo de Gobierno y que contendrán en todo caso su estructura, competencias, organización y funcionamiento.

Los Estatutos se componen de 20 artículos, divididos en tres capítulos, que regulan aspectos relacionados con la organización y las funciones del Consejo.

El primero de ellos aborda los aspectos generales del organismo, como su naturaleza jurídica, independencia o régimen jurídico. El Capítulo II desarrolla la elección, composición y funcionamiento de los órganos del Consejo, dedicando una Sección a la Dirección del Consejo y otra a la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos. El Capítulo III está dedicado al régimen de personal, de contratación, patrimonial, económico y presupuestario. Los Estatutos han concretado el sistema de elección y cese tanto de la persona que ejerza la Dirección como de los miembros de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos. Respecto a la organización, la actividad ordinaria del Consejo girará sobre la Dirección, de la que dependerán dos Áreas (de Transparencia y de Protección de Datos), una Asesoría Jurídica y una Secretaría General.

El Decreto se completa con diversas disposiciones que se dedican a la actividad necesaria a desplegar para su puesta en funcionamiento de un modo efectivo. Concretamente, una disposición adicional, tres disposiciones transitorias, una derogatoria y dos finales. El régimen transitorio incluye el procedimiento inicial de nombramiento de la persona titular de la Dirección y de los miembros de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos, así como la provisión inicial de los puestos de trabajo del Consejo, caracterizada por la contención del gasto. Igualmente, el período transitorio se caracteriza por la colaboración y coordinación de las Consejería de la Presidencia y Administración Local y de Hacienda y Administración Pública para la efectiva entrada en funcionamiento del Consejo. En materia de protección de datos, se prevé un régimen que permite la asunción gradual de competencias dado que la Agencia Española de Protección de Datos viene ejerciendo estas funciones y queda asegurada su correcta ejecución sin merma en la seguridad jurídica. De esta manera, el Consejo ejercerá plenamente las competencias en materia de transparencia desde el inicio, siendo imprescindible para el ejercicio por la Comunidad Autónoma de competencias en protección de datos, la tramitación y aprobación de los instrumentos que sean necesarios de acuerdo con el bloque de la constitucionalidad, produciéndose así una transición ordenada en la asunción y aplicación de las mismas

En la tramitación de la presente norma se ha cumplimentado el trámite de información pública a que se refiere el artículo 45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en coherencia con la normativa de transparencia y el principio de participación de los ciudadanos, para garantizar la efectividad de los derechos en materia de transparencia y protección de datos.
Este Decreto encuentra fundamento competencial directo en el artículo 47.1.1.ª del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que reconoce a nuestra Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de la Comunidad Autónoma, la estructura y regulación de los órganos administrativos públicos de Andalucía y de sus organismos autónomos. Asimismo, el Decreto constituye una herramienta para el logro de los objetivos y principios que el propio Estatuto fija en los artículos 82, en cuanto reconoce competencias ejecutivas en materia de protección de datos, y los artículos 10.1, 10.3.19.º y 30.1, en lo referente a la materia de transparencia pública, que otorgan a la Comunidad la facultad de promover las medidas de acción y mecanismos de información necesarios para hacer realidad el derecho de participación ciudadana, como elementos favorecedores de una mejor calidad democrática.

Por todo ello, en virtud de las citadas competencias estatutarias y de las previstas en el artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejería de la Presidencia y Administración Local, de conformidad con lo previsto en el artículo 46.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 29 de septiembre de 2015,

dispongo:

Artículo único. Aprobación de los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
Se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en el ejercicio de la previsión contenida en el artículo 46.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Disposición adicional única. Representación en el Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos
La Dirección del Consejo representará a la Comunidad Autónoma de Andalucía en el Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos, en aplicación de la disposición adicional tercera de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Disposición transitoria primera. Nombramientos iniciales
1. Tras la entrada en vigor del Decreto, la persona titular de la Consejería competente en materia de transparencia solicitará al Parlamento de Andalucía la designación de la persona titular de la Dirección, que será nombrada por el Consejo de Gobierno una vez comunicada.
2. En el plazo máximo de cinco días desde el nombramiento de la persona titular de la Dirección, la Consejería de la Presidencia y Administración Local solicitará a las entidades a quienes corresponde proponer los miembros de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos la remisión en el plazo de veinte días desde su recepción de su propuesta de nombramiento, que incluirá una persona titular y otra suplente.

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de puestos de trabajo
1. Tras la elección de la persona titular de la Dirección, y hasta la aprobación y cobertura de la relación de puestos de trabajo del Consejo en el modo previsto en esta disposición, la Consejería competente en materia de transparencia y la competente en materia de Administración Pública proporcionarán el apoyo necesario a la Dirección del Consejo para el ejercicio de sus funciones.
2. La persona titular de la Dirección, con la colaboración de la Consejería competente en materia de Administración Pública, elaborará la propuesta de relación de puestos de trabajo del Consejo y la remitirá al órgano competente para su aprobación, en el plazo máximo de seis meses desde su nombramiento.

Disposición transitoria tercera. Competencias en materia de protección de datos
El Consejo asumirá las funciones en materia de protección de datos que tiene atribuidas de conformidad con lo que establezcan las disposiciones necesarias para su asunción y ejercicio por la Comunidad Autónoma. En tanto se lleve cabo la aprobación y ejecución de dichas disposiciones continuarán siendo ejercidas por la Agencia Española de Protección de Datos.
Hasta que se produzca la asunción efectiva del ejercicio de las competencias en materia de protección de datos, el Consejo y la Agencia Española de Protección de Datos podrán adoptar en el ámbito de la cooperación institucional los criterios de aplicación, en su ámbito de actuación, de las reglas contenidas en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en particular en lo que respecta a la ponderación del interés público en el acceso a la información y la garantía de los derechos de los interesados cuyos datos se contuviesen en la misma, de conformidad con lo dispuesto en dicha Ley y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Decreto.

Disposición final primera. Habilitación a Consejerías
1. Se habilita a la Consejería competente en materia de transparencia para dictar las disposiciones y realizar las actuaciones que sean necesarias para la puesta en funcionamiento y favorecer el ejercicio de las competencias del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
2. La Consejería competente en materia de Hacienda, dentro de las disponibilidades presupuestarias, habilitará los créditos necesarios y realizará las oportunas modificaciones presupuestarias para la puesta en marcha, funcionamiento y ejercicio de las competencias del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
3. Se habilita a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para realizar las oportunas adaptaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo y plantilla presupuestaria, al objeto de facilitar la puesta en marcha, funcionamiento y ejercicio de las competencias del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, así como para realizar las creaciones, supresiones y modificaciones precisas en cualquiera de los puestos de trabajo, atendiendo a los principios de eficacia, austeridad, racionalización y reducción del gasto público.

Disposición final segunda. Entrada en vigor
Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

CAPÍTULO I.- Disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza jurídica del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
1. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y en el artículo 41 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. El Consejo se configura como una entidad pública con personalidad jurídica propia, con plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus cometidos.

Artículo 2. Independencia
El Consejo ejercerá sus funciones con objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico y plena independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de las mismas.

Artículo 3. Finalidad del Consejo
1. El Consejo tendrá como finalidad, en materia de transparencia, velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública.
2. El Consejo tiene como finalidad, en materia de protección de datos, velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos, garantizando el ejercicio de los derechos reconocidos por la misma.
3. El Consejo ejercerá las funciones en materia de transparencia y de protección de datos atribuidas por el Capítulo II del Título V de la Ley 1/2014, de 24 de junio.

Artículo 4. Principios de funcionamiento
1. La actuación del Consejo debe inspirarse en los principios previstos en los artículos 6 y 43.3 de la Ley 1/2014, de 24 de junio.
2. El Consejo prestará especial atención en el ejercicio de sus funciones al contenido de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
3. El Consejo, en el desarrollo de sus fines y en el ejercicio de sus funciones, ponderará el interés público en el derecho de acceso a la información pública derivado de los principios de publicidad y transparencia de la actuación de los poderes públicos, con el derecho de las personas afectadas cuyos datos aparezcan en la información publicada o solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, así como el resto de límites previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Artículo 5. Ámbito de actuación del Consejo
1. En materia de transparencia pública, el Consejo ejercerá sus competencias sobre las personas y entidades a las que se refieren los artículos 3 , 4 y 5 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, salvo las excepciones, en materia de reclamaciones, previstas en el artículo 33.2 de dicha Ley.
2. En materia de protección de datos, y en aplicación del artículo 82 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Consejo ejercerá sus competencias sobre las instituciones autonómicas de Andalucía, Administración autonómica, Administraciones Locales, las universidades del sistema universitario andaluz, así como las entidades de derecho público y privado dependientes de cualquiera de ellas.

Artículo 6. Sede del Consejo
El Consejo tiene su sede en la ciudad de Sevilla.

Artículo 7. Régimen jurídico del Consejo
1. El Consejo tendrá la consideración de Administración Institucional a los efectos previstos en la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. En consecuencia, se configura como una entidad pública con personalidad jurídica propia, con plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus funciones.
2. El Consejo se regirá por estos Estatutos, y por lo establecido en las siguientes normas:
a) La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y su normativa de desarrollo.
b) La Disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y supletoriamente por lo dispuesto en la misma Ley para las agencias administrativas.
c) La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y su normativa de desarrollo, en aquellos artículos que tengan el carácter de básico.
d) La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.
e) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y en su normativa de desarrollo.
f) Las demás normas que resulten de aplicación.

CAPÍTULO II.- De la organización del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

Artículo 8. Estructura y funcionamiento del Consejo
1. El Consejo se estructura en los siguientes órganos:
a) La Dirección del Consejo (en adelante la Dirección), órgano de carácter unipersonal.
b) La Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos (en adelante la Comisión Consultiva).
2. A la Dirección se adscribirán las diversas áreas y unidades administrativas que se incluyan en la relación de puestos de trabajo, y que tendrán asignadas la gestión de las competencias de la misma, de la que dependerán orgánica y funcionalmente. Su estructura básica, que se podrá ampliar, se compondrá al menos de las siguientes áreas y unidades:
a) Área de Transparencia, que desarrollará las tareas de ordenación, tramitación, gestión y propuesta, de las funciones relacionadas con la materia de transparencia pública, así como otras que le sean encomendadas por la Dirección.
b) Área de Protección de Datos, que desarrollará las tareas de ordenación, tramitación, gestión y propuesta de las funciones relacionadas con la materia de protección de datos, así como otras que le sean encomendadas por la Dirección.
c) Secretaría General, que será responsable de la gestión interna y asuntos de la administración general y de funcionamiento del Consejo, de los servicios informáticos y telecomunicaciones, así como de los asuntos atribuidos por estos Estatutos.
d) Asesoría Jurídica, que tendrá como cometido el asesoramiento jurídico del Consejo.
3. Las personas responsables de las Áreas y de la Secretaría General serán nombradas por la persona titular de la Dirección, de entre personas que ostenten la condición de personal funcionario de carrera del Subgrupo A1, a través del procedimiento de libre designación.
La Asesoría Jurídica podrá ser provista por el procedimiento anterior o encomendada al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía mediante convenio, de conformidad con lo previsto en el artículo 44.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, en conexión con el artículo 41.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
4. La persona responsable de la Secretaría General sustituirá a la de las Áreas en caso de vacante, ausencia o enfermedad. Aquella será sustituida por la persona responsable del Área de Transparencia o de Protección de Datos, en ese orden, en los mismos supuestos, sin perjuicio de lo previsto para la suplencia de la Secretaría de la Comisión Consultiva.
5. Las distintas unidades ejercerán sus funciones coordinadamente, especialmente en la ponderación de los derechos, principios e intereses relacionados con la transparencia pública y la protección de datos, en los términos de la Ley 1/2014, de 24 de junio, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y el resto de normativa sectorial en esas materias. Para ello, la Dirección podrá crear grupos o comisiones de trabajo para mejorar la coordinación de sus actividades, así como asignar provisionalmente al personal del Consejo a dichos grupos o comisiones.
6. La representación y defensa jurisdiccional del Consejo podrán ser encomendadas al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, mediante el correspondiente convenio, que, en su caso, deberá incluir una cláusula para los supuestos en los que exista contraposición de intereses, de conformidad con lo previsto en el artículo 44.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, en conexión con el artículo 41.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
7. El Consejo ejercerá sus funciones a través de su Dirección, cuyos actos serán ejecutivos y pondrán fin a la vía administrativa.

Sección 1.ª- De la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

Artículo 9. Rango e incompatibilidades de la persona titular de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
1. La persona nombrada tendrá la consideración de Alto Cargo, con rango asimilado al de persona titular de Viceconsejería, y ejercerá sus funciones con plena independencia, neutralidad, dedicación exclusiva y objetividad, no estando sujeta a instrucción o indicación alguna en el desempeño de aquellas. No obstante, la Dirección deberá oír a la Comisión Consultiva en los supuestos en los que esta deba ser o sea consultada.
2. La persona titular de la Dirección estará sujeta al régimen de incompatibilidades y obligaciones de los Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, cuyas normas serán de aplicación además de las previstas en estos Estatutos. Igualmente, le resulta de aplicación el régimen de buen gobierno previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
3. El cargo es, asimismo, incompatible con:
a) El ejercicio de cualquier cargo electo o de designación política.
b) El desarrollo de cualquier cargo o puesto en las Administraciones Públicas o sus entidades públicas o privadas adscritas o dependientes.
c) La representación de cualquier Administración en los órganos de gobierno o consejos de dirección de empresas de capital público.
d) La afiliación o el ejercicio de funciones de dirección o ejecutivas en partidos políticos, organizaciones sindicales o empresariales.
e) El ejercicio de cualquier cargo o puesto de dirección o ejecutivas en fundaciones o asociaciones relacionadas con las competencias del Consejo.
f) Tener directa o indirectamente intereses en empresas, entidades o sociedades cuyo objeto social o actividad estén relacionados con las competencias del Consejo.

Artículo 10. Funciones de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
1. La persona titular de la dirección ejerce las funciones de dirección, gestión y representación legal del Consejo, y la Presidencia de la Comisión Consultiva.
2. Corresponde a la Dirección las funciones atribuidas en el artículo 48.1 y la disposición adicional tercera de la Ley 1/2014, de 24 de junio, y en el artículo 41.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
3. Además, le corresponde a la Dirección:
a) Planificar, coordinar, impulsar y dirigir las actividades del Consejo, así como la promoción y alcance de sus objetivos y funciones.
b) Dictar los actos, resoluciones e instrucciones necesarias para el ejercicio de las funciones del Consejo.
c) Las relaciones con la Consejería de la Presidencia y Administración Local en el desarrollo de las funciones del Consejo.
d) Dictar recomendaciones y directrices en materia de transparencia pública y protección de datos.
e) Aprobar y remitir el Informe anual al Parlamento de Andalucía, al Consejo de Gobierno, al Defensor del Pueblo Andaluz, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y a la Agencia Española de Protección de Datos, así como comparecer ante el Parlamento para su presentación.
f) Representar al Consejo en las reuniones de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.
g) Firmar convenios y otros instrumentos de colaboración en materias específicas dentro del ámbito de sus actuaciones y competencia.
h) Acordar el ejercicio de acciones ante los Juzgados y Tribunales de Justicia.
i) El ejercicio de la potestad sancionadora en aplicación del artículo 41.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
4. Asimismo, le corresponde, respecto a la gestión y administración del Consejo:
a) Ejercer la superior dirección del personal del Consejo.
b) Elaborar la propuesta de relación de puestos de trabajo del Consejo y remitirla al órgano competente.
c) Garantizar que el Consejo integre la perspectiva de género en cuantas actuaciones internas o externas lleve a cabo.
d) Aprobar y remitir a la Consejería de la Presidencia y Administración Local el Anteproyecto de Presupuestos del Consejo.
e) Presentar la rendición de cuentas ante los órganos que prevea la legislación vigente.
f) Autorizar y disponer los gastos, ordenar los pagos, ejercer las facultades atribuidas a los órganos de contratación.
g) Dictar instrucciones de funcionamiento interno del Consejo.

Artículo 11. Nombramiento y cese de la persona titular de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
1. La designación de la persona titular de la Dirección corresponde al Parlamento de Andalucía por mayoría absoluta de sus miembros, por el procedimiento que determine la Cámara. La designación deberá recaer en una persona de reconocido prestigio y competencia profesional, con una experiencia mínima de quince años en materias relacionadas con la administración pública y que no esté incursa en las incompatibilidades indicadas en el artículo 9.
2. La persona que ejerza la Dirección será nombrada por decreto del Consejo de Gobierno, de conformidad con la designación efectuada por el Parlamento de Andalucía y a propuesta de la Consejería competente en materia de transparencia, por un período de cinco años no renovable, y con los efectos previstos en el artículo 17.4 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
3. La persona que ejerza la Dirección sólo cesará antes de la expiración de su periodo de mandato por alguna de las siguientes causas:
a) Muerte o incapacitación judicial declarada en sentencia firme.
b) Renuncia, que será comunicada al Parlamento de Andalucía y será efectiva a partir de la fecha de entrada en el registro del mismo.
c) Por separación, acordada por el Consejo de Gobierno, previa instrucción de expediente, en el que necesariamente será oída la Comisión Consultiva, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso por sentencia firme.
En los supuestos de cese anticipado, la Consejería competente en materia de transparencia, en el plazo máximo de quince días desde que fuera efectivo el cese, solicitará al Parlamento una nueva designación, sin perjuicio de que el Parlamento lleve a cabo dicha designación por el procedimiento que determine su normativa.
4. En el supuesto de muerte, incapacitación judicial, renuncia o cualquier otra causa legal, las funciones del cargo serán desarrolladas por la persona titular de la Secretaría General hasta la efectividad del nuevo nombramiento.
5. En el supuesto de separación, el expediente será incoado y tramitado por la Consejería competente en materia de transparencia. Durante la tramitación del expediente y, en su caso, tras su resolución si se acordara el cese, las funciones del cargo serán desarrolladas por la persona titular de la Secretaría General hasta la efectividad del nuevo nombramiento.
6. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, o bien cuando concurra alguna causa de abstención o recusación, la persona titular de la Dirección será sustituida por la persona que ocupe la Secretaría General.
7. Una vez expirado su mandato, la persona titular de la Dirección continuará en el ejercicio de sus funciones hasta la efectividad del nuevo nombramiento.
La Consejería de la Presidencia y Administración Local informará al Parlamento de Andalucía del fin del mandato ordinario con una antelación de tres meses a que este se produzca.

Sección 2.-. De la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos

Artículo 12. Composición y estatuto personal de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos
1. La Comisión Consultiva se constituye como órgano de participación y consulta en Andalucía en materia de transparencia pública y protección de datos.
2. La Comisión Consultiva estará compuesta por la persona que ejerza la Dirección, que la presidirá, y por catorce miembros, que serán nombrados por la persona titular de la Consejería competente en materia de transparencia. Los nombramientos serán efectivos desde la fecha de publicación de los mismos en el BOJA.
3. La Consejería competente en materia de transparencia solicitará las propuestas con una antelación mínima de un mes a la fecha de expiración del mandato. Las propuestas incluirán tanto el nombre de la persona que ejercerá el cargo como titular, así como de la que lo ejerza como suplente, que deberá gozar de la misma condición exigida a aquella. Las entidades proponentes serán:
a) La Administración de la Junta de Andalucía, dos miembros designados por la Consejería competente en materia de transparencia.
b) El Parlamento de Andalucía, un miembro, que deberá tener la condición de Diputado o Diputada.
c) La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, un miembro.
d) La Cámara de Cuentas de Andalucía, un miembro, que deberá tener la condición de Consejero o Consejera de la misma.
e) Las Administraciones Locales andaluzas, un miembro, a través de la asociación de municipios y provincias de carácter autonómico de mayor implantación.
f) Las Universidades Públicas andaluzas, un miembro, a través del Consejo Andaluz de Universidades.
g) Las entidades representativas de las personas consumidoras y usuarias, un miembro, a través del Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía.
h) Las entidades representativas de los intereses sociales, dos miembros, en representación de las organizaciones sindicales más representativas de Andalucía.
i) Las entidades representativas de los intereses económicos, un miembro, en representación de las organizaciones empresariales más representativas de Andalucía.
j) Tres personas expertas en la materia de transparencia o de protección de datos, designadas por la Consejería competente en materia de transparencia, que podrán provenir de entidades que representen a colectivos de profesionales de archivos, de la documentación, de entidades dedicadas al fomento de la transparencia, de entidades relacionadas con la protección de datos, y del ámbito universitario, entre otras.
4. Las propuestas deberán recaer en personas con conocimiento en las materias competencia del Consejo. Se garantizará el principio de representación equilibrada entre hombres y mujeres.
5. En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad o causa de abstención o recusación del miembro titular, esta será sustituido por el miembro suplente. La Presidencia decidirá sobre la concurrencia de causa de recusación en cualquiera de los miembros o de la persona que ejerza la Secretaría, o bien la mayoría absoluta de miembros si fuera la persona que ejerza la Presidencia en la que concurra la posible causa.

Artículo 13. Mandato, renovación y cese de los miembros de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos
1. Las personas titulares y suplentes de la Comisión Consultiva desempeñarán su cargo durante cinco años desde la publicación de su nombramiento. Su mandato podrá ser prorrogado por una sola vez, salvo comunicación de propuesta de nueva persona titular o suplente con una antelación de un mes a la expiración del mandato.
2. Estos cesarán anticipadamente:
a) En los mismos supuestos de cese anticipado de la persona titular de la Dirección previstos en el artículo 11.3.
b) Por decisión de la entidad proponente.
c) Por la pérdida de la condición que habilite su designación, en su caso.
3. La entidad proponente comunicará el cese anticipado a la Consejería competente en materia de transparencia e incluirá una nueva propuesta de nombramiento. Recibida la propuesta, la Consejería procederá a su nombramiento y publicación en el BOJA.
4. Si el cese anticipado afectara tanto a la persona titular como a la persona suplente, en los casos de renuncia, de decisión de la entidad proponente o de pérdida de la condición que habilite la designación, estos seguirán desempeñando sus funciones hasta el nombramiento de las nuevas personas. Las nuevas personas titulares o suplentes desarrollarán sus funciones durante el tiempo que reste para completar el mandato de quien causó la vacante a cubrir, sin perjuicio de la posible prórroga de su nombramiento para el siguiente mandato.

Artículo 14. Régimen de funcionamiento de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos
1. Los miembros de la Comisión Consultiva estarán sujetos al régimen de abstención y recusación previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
2. La Comisión Consultiva podrá invitar a través de su Presidencia a personas de reconocido prestigio y experiencia a asesorar a la misma en alguna de sus reuniones.
3. El desempeño de la condición de miembro o asesor de la Comisión Consultiva no conllevará retribución alguna, sin perjuicio de las indemnizaciones previstas para la asistencia a sus sesiones, que se regirá por lo dispuesto en la normativa de la Administración de la Junta de Andalucía.
4. Las decisiones de la Comisión Consultiva se adoptarán por mayoría de los miembros asistentes. En caso de empate, decidirá el voto de calidad de la Presidencia.
5. La Comisión Consultiva se reunirá con carácter ordinario cada tres meses, sin perjuicio de las convocatorias extraordinarias acordadas por la Presidencia a decisión propia o por solicitud motivada de un tercio de sus miembros. Se facilitará el uso de medios telemáticos para la celebración de las reuniones, así como para la remisión de la información.
6. La Secretaría de la Comisión Consultiva será ejercida por la persona titular de la Secretaría General, que participará con voz y sin voto, pudiendo contar con el auxilio del personal funcionario del Consejo que se determine. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, o causa de abstención o recusación, ejercerá sus funciones quien indique la persona titular de la Dirección de entre el personal funcionario del Consejo pertenecientes al Subgrupo A1.
7. Las actas de la Comisión Consultiva serán públicas y se publicarán en la página web o sede electrónica del Consejo, sin perjuicio de la aplicación de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
8. La Comisión Consultiva quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, si están presentes la Presidencia, la Secretaría y al menos la mitad de sus miembros; y en segunda convocatoria, si están presentes la Presidencia, la Secretaría y al menos un tercio de sus miembros.
9. La Comisión Consultiva aprobará un reglamento de funcionamiento interno en el marco de lo previsto en este Estatuto, a propuesta de la Dirección.

Artículo 15. Funciones de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos
1. La Comisión Consultiva desarrollará las siguientes funciones:
a) Asesorar a la Dirección en el ejercicio de sus funciones.
b) Formular propuestas a la Dirección en el ámbito de las competencias del Consejo, especialmente en la elaboración de recomendaciones y directrices en las materias propias del Consejo.
c) Ser oída en el procedimiento sobre la separación de la persona titular de la Dirección en los supuestos del artículo 47.4 c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, así como de sus miembros.
d) Informar, con carácter preceptivo, los anteproyectos de leyes y proyectos de disposiciones generales sobre las materias competencia del Consejo.
e) Analizar la propuesta de Informe anual con carácter previo a su remisión al Parlamento de Andalucía.
f) Aquellas otras que se le puedan atribuir por la Dirección.
2. La Comisión Consultiva podrá solicitar a la Dirección la información que estime oportuna para el desarrollo de sus funciones, ya sea del propio Consejo o de las personas y entidades incluidas en el ámbito de actuación del mismo.
3. Sin perjuicio del envío de la documentación necesaria para el desarrollo de las reuniones, la Dirección remitirá trimestralmente en formato electrónico a los miembros de la Comisión Consultiva información sobre la actividad del Consejo y las materias de su competencia.
4. La Comisión Consultiva podrá crear subcomisiones o grupos de trabajo para el mejor desempeño de sus competencias, que estarán compuestas por sus propios miembros.

CAPÍTULO III.- Régimen de Personal, Contratación, Patrimonial, Económico y Presupuestario

Artículo 16. Personal
1. El personal al servicio del Consejo vendrá determinado por la correspondiente relación de puestos de trabajo. La provisión de puestos y el régimen de personal del Consejo estarán sometidos a la legislación de función pública de la Administración de la Junta de Andalucía.
2. La propuesta de relación de puestos de trabajo será elaborada por la Dirección y deberán constar los puestos que deban ser desempeñados en exclusiva por personal funcionario, así como la determinación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso a que estén adscritos, los sistemas de provisión de puestos y las retribuciones complementarias, según lo previsto en el Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por el que se regula la elaboración y aplicación de las relaciones de puestos de trabajo.
3. El ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta de potestades públicas o salvaguardia de interés generales, será exclusivamente atribuido al personal que ostente la condición de funcionario de carrera.
4. Todo el personal del Consejo estará obligado a guardar reserva sobre las informaciones que conozcan en el ejercicio de sus funciones, incluso después de haber cesado en las mismas.
5. El personal funcionario del Consejo cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrán el carácter de agente de la autoridad.

Artículo 17. Contratación
1. El Consejo tiene la consideración de administración pública a los efectos de la legislación de contratos del sector público, según lo previsto en el artículo 3.2 d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
2. El órgano de contratación es la Dirección, sin perjuicio de las competencias que pueda delegar.

Artículo 18. Patrimonio
1. El régimen de patrimonio del Consejo se ajustará a las previsiones de la legislación de patrimonio de Administración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de carácter básico.
2. El patrimonio del Consejo estará integrado por los bienes y derechos que le sean adscritos o cedidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía o cualquier otra Administración Pública, así como por todos aquellos bienes y derechos que adquiera o reciba por cualquier título.

Artículo 19. Recursos económicos
La financiación del Consejo se hará con cargo a los siguientes recursos:
a) Las asignaciones presupuestarias establecidas en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Las subvenciones que le sean concedidas.
c) Los rendimientos de las publicaciones, estudios y demás actuaciones del Consejo.
d) Contraprestaciones derivadas de los convenios firmados por el Consejo.
e) Los rendimientos de los bienes o valores de su patrimonio.
f) Cualesquiera otros que pudiera recibir según lo previsto en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

Artículo 20. Régimen presupuestario y de control
1. Corresponde a la Dirección aprobar el Anteproyecto de Presupuesto, que será remitido a la Consejería competente en materia de Hacienda a través de la Consejería competente en materia de transparencia, para su incorporación como sección del Anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año que corresponda.
2. El Consejo está sometido al régimen de presupuestos, intervención y contabilidad establecidos por el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, por la Ley de Presupuestos para cada ejercicio, así como a las demás determinaciones establecidas al respecto en las disposiciones que las desarrollan.
3. Las funciones de control interno y contabilidad del Consejo corresponderán a una Intervención Delegada, en los términos previstos por la normativa vigente.

13Sep/15

Decreto 237-2012 de 23 de enero de 2013

CONGRESO NACIONAL

CONSIDERANDO: Que la modernización y el fortalecimiento del Estado de Derecho demanda la adecuación de su Ley fundamental hacia una justicia constitucional real y efectiva.

CONSIDERANDO: Que la Ley fundamental de la República tiene previsto en caso de haberse suscrito un Tratado Internacional y que éste afecte disposiciones constitucionales, que este debe ser aprobado por el Congreso Nacional siguiendo el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Poder Ejecutivo. No obstante para evitar que el conflicto entre el precepto constitucional y el tratado continúe persistiendo, es necesario reformar el Artículo 17 de la Constitución en el mismo sentido para que ordene, de manera coetánea, la reforma de la norma constitucional afectada.

CONSIDERANDO: Que la modernización del sistema de justicia requiere la inclusión de nuevas acciones o recursos de nuevo tipo, como lo es el de Hábeas Data cuya finalidad última es resguardar el honor, la imagen, la intimidad personal y familiar de toda persona por abusos en el manejo de datos o información violentan sus derechos fundamentales.

CONSIDERANDO: Que por una parte no es lógico ni correcto que la garantía de Amparo invada la materia de la inconstitucionalidad de las leyes que la propia Constitución tiene regulada con acierto.

CONSIDERANDO: Que desde el punto de vista técnico jurídico las sentencias firmes en materia civil deben tener un tiempo limitado para ser objeto de revisión.

CONSIDERANDO: Que es producente reformar los artículos 309 numeral 3), 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República para armonizarlos y adecuarlos a los nuevos imperativos que demanda con urgencia el Poder Judicial.

CONSIDERANDO: Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, “autorizar el ejercicio del Notariado a quienes hayan obtenido el título de Abogado”, en consecuencia para ser electo magistrado de la Honorable Corte Suprema de Justicia se requiere ser Abogado y Notario.

CONSIDERANDO: Que la evolución del derecho constitucional hondureño ha conducido a establecer, respecto de las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma, efectos erga omnes o generales y que, por tanto derogarán la norma inconstitucional, según lo consagra el numeral 2) del Artículo 316 reformado de la Constitución de la República, lo cual torna obligatoria la reforma del párrafo primero del Artículo 185 de la Constitución que establece la “inaplicabilidad” de la norma inconstitucional.

CONSIDERANDO: Que el Congreso Nacional tiene el deber inexcusable de asegurar el fortalecimiento del Estado de Derecho mediante acciones tutelares en beneficio de las personas que deben consignarse en el texto de la Constitución.

CONSIDERANDO: Que el Decreto nº 244-2003, del 20 de enero de 2004, contentivo de la Ley Sobre Justicia Constitucional vigente con excepción de los artículos 3 numeral 1); 4 numeral 3); 9 numeral 1); 13 numeral 2); 16; 40; 70 y 72 en lo referente a la garantía de Hábeas Data y el Artículo 95 en lo referente al plazo de interposición de la Garantía de Revisión en Materia Civil; los cuales entrarán en vigencia, una vez producida la ratificación de las reformas al texto constitucional.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el artículo 373 de la Constitución de la República: “La reforma de esta Constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias, con dos tercios (2/3) de votos de la totalidad de sus miembros. El Decreto señalará al efecto el artículo o artículos que hayan de reformarse, debiendo ratificarse por la Subsiguiente legislatura ordinaria, por igual número de votos, para que entre en vigencia”.

POR TANTO

DECRETA:

Artículo 1.- Reformar los artículos 17, la denominación del Capítulo I del Título IV; 182, párrafo primero, adicionando un numeral nuevo; 183, numerales 1) y 2); 185, párrafo primero, numeral 3, y párrafo último; 186, adicionando un párrafo segundo y modificando el último; 309, numeral 3); 313, numeral 5) y 316, del Decreto número 131 del 11 de enero de 1982 contentivo de la Constitución de la República, los que en adelante se leerán así:

“Artículo 17.- Cuando un Tratado Internacional afecte una disposición constitucional, debe ser aprobado por el procedimiento que rige la reforma de la Constitución, simultáneamente el precepto constitucional afectado debe ser modificado en el mismo sentido por el mismo procedimiento antes de ser ratificado el Tratado por el Poder Ejecutivo.

Capítulo I.- Del Hábeas Corpus, Hábeas Data y el Amparo

Artículo 182.- El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera:

1.El Hábeas Corpus o Exhibición Personal:

a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y,

b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.

2.  El Hábeas Data

Toda persona tiene el derecho de acceder a la información sobre si misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros Públicos o Privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o suprimirla. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

Las acciones de Hábeas Corpus y Hábeas Data se deben ejercer sin necesidad de poder ni de formalidad alguna, verbalmente o por escrito, utilizando cualquier medio de comunicación, en horas o días hábiles e inhábiles y libres de costas. Únicamente deben conocer de la garantía de Hábeas Data la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien tiene la obligación ineludible de proceder de inmediato para hacer cesar cualquier violación a los derechos del honro, intimidad personal o familiar y a la propia imagen.

Los titulares de los órganos jurisdiccionales no pueden desechar la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal e igualmente tienen la obligación ineludible de proceder de inmediato para hacer cesar la violación de la libertad y a la seguridad personal.

En ambos casos, los titulares de los órganos jurisdiccionales que dejen de admitir estas acciones constitucionales, incurren en responsabilidad penal y administrativa.

Las autoridades que ordenaren y los agentes que ejecutaren el ocultamiento del detenido o que en cualquier forma quebranten estas garantías incurren en el delito de detención ilegal.

Artículo 183.- El Estado reconoce la garantía de amparo.

En consecuencia toda persona agraviada o cualquier en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo:

1) Para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantía que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 

2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por esta Constitución.

Cuando la acción de amparo se interpusiese ante un Órgano Jurisdiccional incompetente, éste debe remitir el escrito original al Órgano Jurisdiccional competente.

El recurso de Amparo se debe interponer de conformidad con la Ley.

Artículo 185.- La declaración de inconstitucionalidad de una Ley y su derogación, debe solicitarse, por quien se considere lesionado en su interés directo personal y legítimo.

  1. Por vía de acción que se debe entablar ante la Corte Suprema de Justicia;
  2. Por vía de excepción, que puede oponer en cualquier procedimiento judicial; y,
  3. También el Órgano Jurisdiccional que conozca en cualquier procedimiento Judicial, puede solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una Ley y su derogación antes de dictar resolución.

En los casos contemplados en los numerales 2) y 3), se debe elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia siguíéndose el procedimiento hasta el momento de la citación para sentencia, a partir de lo cual se debe suspender el procedimiento judicial de la cuestión parcial en espera de la resolución sobre la inconstitucionalidad.

Artículo 186.- Ningún poder ni autoridad puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo en causas juzgadas en materia penal y civil que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio.

Toda persona agraviada que hubiese sido parte en el proceso, o con derecho a ser llamada a participar en el, puede demandar la revisión de sentencias firmes en materia civil dentro del plazo de seis (6) meses contados desde el día en que habiéndose realizado la última notificación quedó firme la sentencia.

La acción de revisión debe ejercer exclusivamente ante la Corte Suprema de Justicia. La Ley debe reglamentar los casos y la forma de revisión.

Artículo 309.- Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se requiere:

  1. ….;
  2. ….;
  3. Abogado y Notario debidamente colegiado;
  4. ….; y,
  5. ….

Artículo 313.- La Corte Suprema de Justicia, tendrá las atribuciones siguientes: 

1)……;

2)……;

3)……;

4)……;

5) Conocer de los recursos de Hábeas Corpus, Hábeas Data, Casación, Amparo, Revisión e Inconstitucionalidad, de conformidad con la Constitución y la Ley;

6)…….;

7)…….;

8)…….;

9)…….;

10)……;

11)…….; y,

12)…….

Artículo 316.- La Corte Suprema de Justicia, está organizada en salas, una de las cuales es la de lo Constitucional, integrado por cinco (5) Magistrados, cuando las sentencias de las salas se pronuncien por una unanimidad de votos, se deben proferir en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tienen el carácter de definitivas. Cuando no haya unanimidad en la toma de decisión del asunto, los magistrados que hayan participado en la Sala, no deben integrar el Pleno.

La Sala de lo Constitucional tiene las atribuciones siguientes:

  1. Conocer de conformidad con esta Constitución y la ley, de los recursos de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, Hábeas Data, Amparo, Inconstitucionalidad y Revisión; y,
  2. Dirimir los conflictos entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo Electoral, así como, entre las demás entidades u órganos que indique la ley; las sentencias en que se declara la inconstitucionalidad de una norma son de ejecución inmediata y tienen efectos generales, y por tanto derogan la norma inconstitucional, debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien lo hará publicar en el Diario Oficial La Gaceta. El Reglamento establecerá la organización y funcionamiento de las Salas.”

 

Artículo 2.- Al ratificarse el presente Decreto y al iniciar su vigencia también lo hacen los artículos 3 numeral 1); 4 numeral 3); 9 numeral 1); 13 numeral 2); 16; 40; 70 y 72 en lo referente a la Garantía de Hábeas Data y el Artículo 95 en lo referente al plazo de interposición de la Garantía de Revisión en Materia Civil del Decreto 244-2003 contentivo de la Ley sobre Justicia Constitucional vigente y que dejó en suspenso los referidos preceptos, hasta tanto no entraran en vigencia las reformas al texto constitucional.

Artículo 3.– El presente Decreto debe ser ratificado constitucionalmente por este Congreso Nacional en la subsiguiente Legislatura Ordinaria y entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintitrés días del mes de Enero de Dos mil Trece.

MAURICIO OLIVA HERRERA.- Presidente

RIGOBERTO CHANG CASTILLO.- Secretario

ELISEO MEJÍA CASTILLO.- Secretario

Al Poder Ejecutivo

Por Tanto: Publíquese

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de enero de 2013

PORFIRIO LOBO SOSA.- Presidente de la República

El SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y LA POBLACIÓN.

CARLOS ÁFRICO MADRID HART

06Jul/15

Decreto 165/94 del 8 de febrero de 1.994

Decreto 165/94 del 8 de febrero de 1.994

Precisase un marco legal de protección para las diferentes expresiones de las obras de software y base de datos, así como sus diversos medios de reproducción.

VISTO, lo dispuesto por la Ley Nº 11.723 y los Decretos Nros. 41.233/4 y 31.964/39, y

CONSIDERANDO:

Que los avances tecnológicos que se han producido en7 materia informática, hacen necesario precisar un marco legal de protección que contribuya a asegurar el respeto de los derechos de propiedad intelectual sobre las obras producidas en ese campo.

Que para ello, resulta conveniente especificar las diferentes expresiones de las obras de software y base de datos, así como sus diversos medios de reproducción para una eficaz aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual

Que las características singulares de esta clase de obras, en cuanto a su frecuente cambio de versiones, volumen físico de información y confidencialidad de los datos, hacen necesario un régimen especial para su registro en la DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR.

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 86, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º A los efectos de la aplicación del presente decreto y de la demás normativa vigente en la materia:

a) Se entenderá por obras de software, incluidas entre las obras del artículo 1º de la Ley 11.723, a las producciones constituidas por una o varias de las siguientes expresiones:

I. Los diseños, tanto generales como detallados, del flujo lógico de los datos en un sistema de computación;

II. Los programas de computación, tanto en su versión “fuente”, principalmente destinada al lector humano, como en su versión “objeto”, principalmente destinada a ser ejecutada por el computador;

III. La documentación técnica, con fines tales como explicación, soporte o entrenamiento, para el desarrollo, uso o mantenimiento de software.

b) Se entenderá por obras de base de datos, incluidas en la categoría de obras literarias, a las producciones constituidas por un conjunto organizado de datos interrelacionados, compilado con miras a su almacenamiento, procesamiento y recuperación mediante técnicas y sistemas informáticos.

c) Se considerarán procedimientos idóneos para reproducir obras de software o de base de datos a los escritos o diagramas directa o indirectamente perceptibles por los sentidos humanos, así como a los registros realizados mediante cualquier técnica, directa o indirectamente procesables por equipos de procesamiento de información.

d) Se considerará que una obra de software o de base de datos tiene el carácter de publicada cuando ha sido puesta a disposición del público en general, ya sea mediante su reproducción sobre múltiples ejemplares distribuidos comercialmente o mediante la oferta generalizada de su transmisión a distancia con fines de explotación.

e) Se considerará que una obra de software o de base de datos tiene el carácter de inédita, cuando su autor, titular o derechohabiente la mantiene en reserva o negocia la cesión de sus derechos de propiedad intelectual contratando particularmente con los interesados.

Artículo 2º Para proceder al registro de obras de base de datos publicadas, cuya explotación se realice mediante su transmisión a distancia, se depositarán amplios extractos de su contenido y relación escrita de su estructura y organización, así como de sus principales características, que permitan a criterio y riesgo del solicitante individualizar suficientemente la obra y dar la noción más fiel posible de su contenido.

Artículo 3º Para proceder al registro de obras de software o de base de datos que tengan el carácter de inéditas, el solicitante incluirá bajo sobre lacrado y firmado todas las expresiones de la obra que juzgue convenientes y suficientes para identificar su creación y garantizar la reserva de su información secreta.

Artículo 4º Comuníquese, publíquese dése la dirección nacional de Registro Oficial y archívese

MENEM.
Jorge L. Maiorano.