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01Ene/14

Master y Postgrado STOCKHOLM UNIVERSITY

Degree of Master of Law (One year) in European Intellectual Property Law
http://sisu.it.su.se/info/index/JEUIM/en

 

Degree of Master of Law (One year) in Law and Information Technology
http://sisu.it.su.se/info/index/JRRIM/en

 

AÑO 2012/2013

Master of Laws (LL.M) in European Intellectual Property Law,

60 credits

Application and information: http://sisu.it.su.se/search/info/JEUIM/en

 

Master of Laws (LL.M) in Law and Information Technology,

60 credits

Application and information: http://sisu.it.su.se/search/info/JRRIM/en

 

01Ene/14

Legislación Informática de Argentina. Disposición 5/2008 de la DNPDP de 29 de mayo de 2008

VISTO el Expediente MJSyDH nº 164.321/08 y la competencia atribuida a esta DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES por la Ley nº 25.326 y su reglamentación aprobada por Decreto nº 1558/01, y

CONSIDERANDO:

Que entre las atribuciones asignadas a la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES se encuentra la de dictar las normas reglamentarias que se deben observar en el desarrollo de las actividades comprendidas por la Ley nº 25.326.

Que en su carácter de Órgano de Control de la Ley nº 25.326, la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES tiene la función encomendada de atender las denuncias y reclamos interpuestos en relación al tratamiento de datos personales en los términos de la citada ley, según lo dispone el artículo 29, inciso 5, apartado a) de la reglamentación aprobada por el Decreto nº 1558/01.

Que asimismo tiene la facultad de controlar la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por parte de los archivos, registros o bancos de datos. A tal efecto podrá solicitar autorización judicial para acceder a locales, equipos, o programas de tratamiento de datos a fin de verificar infracciones al cumplimiento de la Ley nº 25.326.

Que el artículo 4º, párrafo cuarto, de la reglamentación aprobada por el Decreto nº 1558/01, establece que la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES efectuará controles de oficio sobre el cumplimiento de los principios de legitimidad del tratamiento, y aplicará las sanciones pertinentes al responsable o usuario en los casos que correspondiere.

Que en el párrafo quinto del artículo precedentemente citado se dispone que la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES procederá, ante el pedido de un interesado o de oficio ante la sospecha de una ilegalidad, a verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en orden a cada una de las siguientes etapas del uso y aprovechamiento de datos personales:

a) legalidad de la recolección o toma de información personal;

b) legalidad en el intercambio de datos y en la transmisión a terceros o en la interrelación entre ellos;

c) legalidad en la cesión propiamente dicha;

d) legalidad de los mecanismos de control interno y externo del archivo, registro, base o banco de datos.

Que también tiene asignada la misión de imponer las sanciones administrativas que correspondan por violación a las normas de la Ley nº 25.326 y de las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia.

Que de ello se desprende que la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES tiene a su cargo la facultad de llevar adelante inspecciones para verificar el cumplimiento de los principios y obligaciones impuestos por la Ley nº 25.326.

Que por ello se estima conveniente establecer un procedimiento que regirá la actividad de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES en el desarrollo de las fiscalizaciones que lleve adelante en ejercicio de sus competencias.

Que corresponde en consecuencia establecer las NORMAS DE INSPECCION Y CONTROL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico de asesoramiento permanente de este Ministerio.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el artículo 29, inciso 1, apartado b) de la Ley nº 25.326 y el artículo 29, inciso 5, apartado a) del Anexo I del Decreto nº 1558/01.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

DISPONE:

Artículo 1º.- Apruébanse las NORMAS DE INSPECCION Y CONTROL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, que como Anexo I forma parte del presente.

Artículo 2º.- El ejercicio de la facultad de fiscalización que tiene asignada la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES se desarrollará de oficio y cuando la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES estime corresponder, si bien podrá tener causa en una petición o denuncia de un órgano del Estado nacional, provincial, municipal o un particular.

Artículo 3º.- Las inspecciones y controles serán efectuados por un agente de la planta permanente de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES debida- mente acreditado, quien revestirá el carácter de inspector y podrá estar acompañado por el personal técnico que sea designado a tal fin por el Director Nacional de Protección de Datos Personales a propuesta del titular del área requerida. En todos los casos y de considerarlo pertinente, el Director Nacional de Protección de Datos Personales podrá estar presente en la inspección.

Artículo 4º.- La iniciación de la inspección se instrumentará mediante decisión del Director Nacional de Protección de Datos Personales y será debidamente notificada al responsable de la base de datos sujeta a control con una antelación no inferior a DIEZ (10) días hábiles, salvo que se entienda que la previa notificación podrá afectar el resultado de la investigación, en cuyo caso deberá constar la pertinente justificación en el acto de apertura de la inspección. En caso de efectuarse notificación, la misma deberá ir acompañada por una copia del texto correspondiente a las NORMAS DE INSPECCION Y CONTROL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES aprobadas por el Anexo I de la presente.

Artículo 5º.- La inspección consistirá en una o más visitas presenciales del inspector en la que podrá acceder a la totalidad de los locales, equipos o programas de tratamientos de datos personales del responsable de la base de datos controlada. Dichas visitas se harán en días y horas hábiles administrativos sin perjuicio de lo cual de oficio o a petición de parte podrán habilitarse aquellos que no lo fueren.

Artículo 6º.- La inspección se desarrollará conforme lo disponen los puntos de las NORMAS DE INSPECCION Y CONTROL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, en forma total o parcial según el alcance objetivo o causal del control y a las características del tratamiento de datos bajo inspección.

Podrán además solicitarse elementos adicionales siempre que las circunstancias fácticas y el tipo de tratamiento de datos así lo determinen.

Artículo 7º.- Los actos de inspección constarán en un acta que será labrada en duplicado por el inspector y suscripta por el mismo, por los técnicos que lo acompañen en su caso, y por el responsable de la base de datos controlada. El original se incorporará a las actuaciones que dieron origen a la inspección y el duplicado será entregado al responsable de la base de datos.

Artículo 8º.- En caso de que resultare necesario solicitar autorización judicial para acceder a locales, equipos, o programas de tratamiento de datos a fin de verificar infracciones al cumplimiento de la Ley nº 25.326, el inspector deberá elevar la respectiva petición al Director Nacional de Protección de Datos Personales, quien formulará el correspondiente requerimiento.

Artículo 9º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan A. Travieso.

ANEXO I. NORMAS DE INSPECCION Y CONTROL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

1. Objetivo general

1.1. Desarrollo de inspecciones que permitan mejorar la gestión de tratamiento de datos personales por parte del responsable de las Bases de Datos, el ejercicio de las facultades de control de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES y la mejor protección de los derechos del titular del dato.

2. Objetivos de la inspección.

2.1. Tomar conocimiento de las actividades del Responsable de la Base de Datos, los datos personales que administra, y los medios y la forma con los que lo hace.

2.2. Evaluar el grado de cumplimiento lo prescripto por la Ley nº 25.326.

2.3. Realizar recomendaciones para el mejor desempeño del responsable dentro del marco legal.

3. Alcance de la inspección

Se verificarán las medidas técnicas y organizativas desarrolladas por el Responsable de la Base de Datos en los siguientes campos:

3.1. Capacitación

3.1.1. Capacitación del personal

3.1.2. Títulos y acreditaciones de quien fuera designado como encargado de la Base de Datos y/o responsable u órgano específico de seguridad (Disposición DNPDP nº 11/2006).

3.1.3. Inscripciones, habilitaciones, inhibiciones.

3.1.4. Participación en actividades de cámaras, asociaciones, organismos.

3.1.5. Publicaciones en medios.

3.1.6. Participación en actividades académicas.

3.2. Legalidad de los datos que posee y gestiona.

3.2.1. Licitud en la recolección de los datos.

3.2.2. Inscripción actualizada de sus Bases de Datos en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

3.3. Idoneidad de los medios empleados en el tratamiento de los datos y en toda gestión anexa.

3.3.1. Materiales: instalaciones, medios de almacenamiento.

3.3.2. Sistemas, software.

3.3.3. Personal: diseño de sistemas, gestión de sistemas, atención a usuarios, legales.

3.3.4. Procedimentales: formas de gestión, atención de reclamos, corrección de errores, comunicación.

3.4. Correcto tratamiento de los datos personales.

3.4.1. Almacenamiento.

3.4.2. Interrelación de la información.

3.4.3. Modificación.

3.4.4. Ejercicio de los derechos que acuerda la ley a los titulares de los datos.

3.4.5. Destrucción.

3.4.6. Cesión a terceros y transferencia internacional.

3.4.7. Contratos de prestación de servicios de tratamiento de datos por o para terceros.

3.5. La publicidad y formas de comunicación hacia terceros que realiza y que involucre a los datos personales de los que es responsable.

La publicidad y comunicación que se realice de productos o servicios que involucren a los datos personales objeto de esta inspección, debe ser coherente con la realidad producida por el inspeccionado y no debe contradecir lo prescripto por la Ley 25.326.

3.5.1. Comunicación institucional

3.5.2. Publicidad comercial.

4. Metodología de la inspección:

4.1. Acreditaciones obligatorias del responsable.

4.1.1. Personería

4.1.2. Registro DNPDP

4.2. Acreditaciones optativas

4.2.1. ANSES

4.2.2. ART

4.2.3. Habilitación municipal

4.2.4. CUIT

4.3. Legalidad y corrección de los datos objeto de tratamiento.

4.3.1. Licitud del tratamiento de datos personales.

4.3.1.1. Tipos de datos que se gestionan.

4.3.1.2. Finalidad del tratamiento, servicios que se prestan.

4.3.1.3. Origen o fuente de los datos, formas de recolección. Verificación del consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos.

4.3.1.3.1. Verificación de los procesos de incorporación de datos a la base.

4.3.1.3.2. Comprobación de los consentimientos firmados.

4.3.1.4. Cesiones a terceros. Cumplimiento de los requisitos legales.

4.3.1.5. Transferencias internacionales. Cumplimiento de los requisitos legales.

4.3.1.6. Mecanismos de disociación de la información personal.

4.3.1.7. Destrucción de la información.

4.3.1.7.1. Verificación de la utilidad o pertinencia de la información registrada

4.3.1.7.2. Periodicidad de la verificación.

4.3.1.7.3. Forma de destrucción.

4.3.2. Inscripciones vigentes en la DNPDP para los tratamientos de datos inspeccionados.

4.3.3. Medidas de seguridad de la información

4.3.3.1. Cumplimiento de la Disposición DNPDP nº 11/06.

4.3.4. Política de privacidad y confidencialidad del responsable.

4.3.4.1. Se verificará si tiene una política de privacidad.

4.3.4.2. Grado de cumplimiento de la política de privacidad.

4.3.4.3. Publicidad y difusión de la política de privacidad.

4.3.4.4. Convenios de confidencialidad firmados por los empleados, usuarios o terceros que accedan a la información registrada en la base de datos.

4.3.4.5. Se verificará si el responsable adopta mecanismos para evaluar el cumplimiento de la política de privacidad y de los convenios de confidencialidad.

4.3.5. Casos especiales. Cumplimiento de la normativa específica.

4.3.5.1. Datos relativos a la salud.

4.3.5.1.1. Establecimientos sanitarios y profesionales de la salud.

4.3.5.1.2. Investigaciones clínicas, farmacológicas y farmacogenéticas.

4.3.5.1.2.1. Verificación que los consentimientos informados del paciente para los protocolos de investigación cuenten con la aprobación de la DNPDP.

4.3.5.1.2.2. El consentimiento libre, expreso por escrito, e informado brindado por el paciente. En caso de menores, conste la autorización de su representante legal y eventual asentimiento del menor.

4.3.5.1.2.3. La previa explicación al paciente en forma adecuada a su nivel sociocultural.

4.3.5.1.2.4. Respeto del secreto profesional y normas de confidencialidad para el tratamiento de los datos personales recolectados.

4.3.5.1.2.5. Respeto de la revocabilidad del consentimiento para el tratamiento de los datos personales.

4.3.5.1.2.6. Cesionarios o receptores en caso de cesión o transferencia internacional de datos personales.

4.3.5.1.2.7. Análisis de los mecanismos de disociación de los datos personales.

4.3.5.2. Tratamiento de datos por cuenta de terceros.

4.3.5.2.1. Contrato de servicio

4.3.5.2.2. Uso posterior de los datos una vez cumplido el contrato. Conservación o destrucción.

4.3.5.3. Bases de datos destinadas a la información crediticia.

4.3.5.3.1. Análisis de las fuentes legítimas.

4.3.5.3.2. Estricto cumplimiento del tipo de información que el artículo 26 habilita tratar.

4.3.5.3.3. Aplicación de los plazos de caducidad para la publicidad de la información del artículo 26, inciso 4.

4.3.5.4. Bases de datos destinadas a la publicidad.

4.3.5.4.1. Origen de los datos.

4.3.5.4.2. Información al titular de los datos

4.3.5.4.3. Mecanismo previsto para el ejercicio del derecho de bloqueo del artículo 27, inciso 3.

4.3.5.5. Bases de datos destinados a las encuestas de opinión.

4.4. Idoneidad de los medios empleados en el tratamiento de los datos y en gestiones anexas.

4.4.1. Materiales: instalaciones y medios de almacenamiento.

4.4.1.1. Compartidas o exclusivas.

4.4.1.2. Grado de privacidad / seguridad en las operaciones.

4.4.2. Sistemas, software:

4.4.2.1. Medios de seguridad contra acciones no permitidas.

4.4.3. Personal. Se entrevista al personal de las áreas de:

4.4.3.1. Diseño de sistemas y gestión de sistemas: calificación del personal.

4.4.3.1.1. Conocimiento de la responsabilidad vinculada al tratamiento de datos personales.

4.4.3.1.2. Estudios básicos.

4.4.3.1.3. Estudios y formación vinculados a la protección de datos personales.

4.4.3.1.3.1. Cursos al ingreso – Cursos actualización

4.4.3.1.3.2. Internos, en la organización.

4.4.3.1.3.3. Externos.

4.4.3.2. Atención a titulares y usuarios: calificación del personal.

4.4.3.2.1. Conocimiento de responsabilidad vinculada al tratamiento de datos personales, los derechos de los

titulares y las obligaciones de la Ley 25.326

4.4.3.2.2. Tiempo de antigüedad en la actividad.

4.4.3.2.3. Estudios básicos.

4.4.3.2.4. Estudios y formación vinculados a la protección de datos personales.

4.4.3.2.4.1. Cursos al ingreso – Cursos actualización

4.4.3.2.4.2. Internos, en la organización

4.4.3.2.4.3. Externos.

4.4.3.2.5. Capacidad de trato.

4.4.3.2.6. Actitud frente a reclamos.

4.4.3.2.7. Capacidad de comunicación.

4.4.3.2.8. Idiomas, cuáles, grado de conocimiento.

4.4.3.3. Legales, calificación del personal

4.4.3.3.1. Conocimiento de la responsabilidad vinculada al tratamiento de datos personales.

4.4.3.3.2. Tiempo de antigüedad en la actividad.

4.4.3.3.3. Estudios básicos.

4.4.3.3.4. Estudios y formación vinculados a la protección de datos personales.

4.4.3.3.4.1. Cursos al ingreso – Cursos actualización

4.4.3.3.4.2. Internos, en la organización.

4.4.3.3.4.3. Externos.

4.4.3.3.5. Capacidad de trato.

4.4.3.3.6. Actitud frente a reclamos.

4.4.3.3.7. Capacidad de comunicación.

4.4.4. Procedimentales: atención de reclamos, corrección de errores, comunicación.

Se verifican procedimientos específicos por ejemplo:

4.4.4.1. Procedimiento: Derecho de acceso

4.4.4.1.1. Personas a cargo, calificación.

4.4.4.1.2. Recepción de solicitud: Formas – Lugar – Horario

4.4.4.1.3. Verificación de la identidad del solicitante.

4.4.4.1.4. Elaboración de la respuesta, colección de la información, redacción, presentación (papel, archivo).

4.4.4.1.5. Entrega de la respuesta, formas y procedimiento (correo, email, fax).

4.4.4.1.6. Registro del caso (ticket, archivo).

4.4.4.1.7. Seguimiento.

4.4.4.1.8. Tiempo transcurrido entre la solicitud y la recepción de la respuesta. Análisis de casos testigo.

4.4.4.2. Procedimiento: Rectificación – Actualización – Supresión – Bloqueo.

4.4.4.2.1. Personas a cargo, calificación.

4.4.4.2.2. Verificación de la identidad del solicitante.

4.4.4.2.3. Recepción de solicitud: Formas – Lugar – Horario

4.4.4.2.4. Elaboración de la respuesta, colección de la información, redacción, presentación (papel, archivo).

4.4.4.2.5. Entrega de la respuesta, formas y procedimiento (correo, email, fax).

4.4.4.2.6. Registro del caso (ticket, archivo).

4.4.4.2.7. Seguimiento.

4.4.4.2.8. Tiempo transcurrido entre la solicitud y la recepción de la respuesta.

4.5. Acatamiento de las disposiciones de la DNPDP

4.5.1. Disposiciones generales

4.5.2. Disposiciones particulares acaecidas en sumarios tramitados ante la DNPDP en los que el responsable de la base de datos haya sido parte.

 

01Ene/14

Curso Superior Seguridad en Redes

Tipo Curso Duración 70 Horas

Método / lugar Presencial en Murcia 

Dirigido a Este curso se centra en los procesos de seguridad basados en políticas de seguridad, con énfasis en obtener la destreza necesaria en áreas de perímetro seguro, conectividad segura, administración de la seguridad, identificar servicios y la detección de intrusos, en todo tipo de Redes.

Para qué te prepara Este curso se centra en los procesos de seguridad basados en políticas de seguridad, con énfasis en obtener la destreza necesaria en áreas de perímetro seguro, conectividad segura, administración de la seguridad, identificar servicios y la detección de intrusos, en todo tipo de Redes.
 
Requisitos: Para garantizar el normal seguimiento del curso, se recomienda tener conocimientos de informática y sobre sistemas avanzados. Residentes en España

Precio: 1.490 € IVA inc.

 

01Ene/14

Legislación Provincia de Tierra de Fuego. Ley 678 de 18 de agosto de 2005. Acceso libre y gratuito al Boletín Oficial vía Internet. (B.O.P. 4 de noviembre de 2005)

Artículo 1º.- Establécese el acceso libre y gratuito vía Internet a la edición del Boletín Oficial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

 

Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo Provincial deberá incluir en su página web la publicación de los Boletines Oficiales, debiendo respetar la identidad del texto y tiempo con lo publicado en soporte papel, en todas sus secciones y anexos.

 

Artículo 3º.- En un plazo de sesenta (60) días corridos a contar desde la promulgación de la presente, el Poder Ejecutivo Provincial deberá instrumentar la publicación prescripta en el artículo 2º, de todos los Boletines Oficiales provinciales anteriores a su entrada en vigencia.

 

Artículo 4º.- Invítase a las Municipalidades y Comuna de la Provincia a adherir a la presente.

 

Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.  

01Ene/14

Legislación Francia. DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.

Article premier

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Article II

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.

Article III

Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Article IV

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Article V

La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Article VI

La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article VII

Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

Article VIII

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article IX

Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.

Article X

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

Article XI

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.

Article XII

La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Article XIII

Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.

Article XIV

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

Article XV

La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Article XVI

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

Article XVII

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

 

PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946

Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :

La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République.

Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.

Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.

Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.

La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.

La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.

La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.

La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.

Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix.

La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.

L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.

Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.

01Ene/14

Senate 2326 ISChildren´s online Privacy Protection Act of 1998

To require the Federal Trade Commission to prescribe regulations to protect the privacy of personal information collected from and about children on the Internet, to provide greater parental control over the collection and use of that information, and for other purposes.
IN THE SENATE OF THE UNITED STATES
July 17, 1998
Mr. BRYAN (for himself and Mr. MCCAIN) introduced the following bill; which was read twice and referred to the Committee on Commerce, Science, and Transportation
A BILL
To require the Federal Trade Commission to prescribe regulations to protect the privacy of personal information collected from and about children on the Internet, to provide greater parental control over the collection and use of that information, and for other purposes.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,
SECTION 1. SHORT TITLE.
This Act may be cited as the `Children's Online Privacy Protection Act of 1998'.
SEC. 2. DEFINITIONS.
In this Act:
(1) CHILD- The term `child' means an individual under the age of 16.
(2) CHILDREN- The term `children' means more than 1 child.
(3) COMMERCIAL WEBSITE OPERATOR- The term `commercial website operator' means any person operating a website on the World Wide Webs for commercial purposes, including any person offering products or services for sale though that website, involving commerce–
(A) among the several States or with 1 or more foreign nations;
(B) in any territory of the United States or in the District of Columbia, or between any such territory–
(i) and another such territory; or
(ii) and any State or foreign nation; or
(C) between the District of Columbia and any State, territory, or foreign nation.
(4) COMMISSION- The term `Commission' means the Federal Trade Commission.
(5) DISCLOSURE- The term `disclosure' means, with respect to personal information–
(A) the release of information in identifiable form by a person to any other person for any purpose; or
(B) making publicly available information in identifiable form by any means including by a public posting, through the use of a computer on or through–
(i) a home page of a website;
(ii) a pen pal service;
(iii) an electronic mail service;
(iv) a message board; or
(v) a chat room.
(6) FEDERAL AGENCY- The term `Federal agency' means an agency, as that term is defined in section 551(1) of title 5, United States Code.
(7) INTERNET- The term `Internet' means the international computer network of both Federal and non-Federal interoperable packet switched data networks.
(8) PARENT- The term `parent' means a legal guardian, including a biological or adoptive parent.
(9) PERSONAL INFORMATION- The term `personal information' means individually, identifiable information about an individual, including–
(A) a first and last name;
(B) a home or other physical address;
(C) an e-mail address;
(D) a telephone number;
(E) a Social Security number; or
(F) any other information that would facilitate or enable the physical or online locating and contacting of a specific individual, including information that is associated with an identifier described in this paragraph in such manner as to become identifiable to a specific individual.
(10) VERIFIABLE PARENTAL CONSENT- The term `verifiable parental consent' means any reasonable effort (taking into consideration available technology) to ensure that a parent of a child authorizes the disclosure of personal information and subsequent use of that information before that information is collected from that child.
(11) WEBSITE DIRECTED TO CHILDREN- The term `website directed to children'–
(A) means a commercial website that is–
(i) targeted to children;
(ii) directed to children by reason of the subject matter, visual content, age of models, language, characters, tone, message, or any other similar characteristic of the website; or
(iii) used by a commercial website operator to knowingly collect information from children; and
(B) includes any commercial website any portion of which is directed to children, as specified in subparagraph (A).
(12) PERSON- The term `person' means any individual, partnership, corporation, trust, estate, cooperative, association, or other entity.
SEC. 3. REGULATION OF UNFAIR AND DECEPTIVE ACTS AND PRACTICES IN CONNECTION WITH THE COLLECTION AND USE OF PERSONAL INFORMATION FROM AND ABOUT CHILDREN ON THE INTERNET.
(a) REGULATIONS-
(1) IN GENERAL- Not later than 1 year after the date of enactment of this Act, the Commission shall, in a manner consistent with section 553 of title 5, United States Code, prescribe regulations requiring commercial website operators to follow fair information practices in connection with the collection and use of personal information from children.
(2) CONTENTS- The regulations issued under this subsection shall–
(A) require that any website directed to children that collects personal information from children–
(i) provide clear, prominent, understandable notice of the information collection and use practices of the website operator through the website;
(ii) obtain verifiable parental consent for the collection, use, or disclosure of personal information from children who are under the age of 13;
(iii) use reasonable efforts to provide the parents with notice and an opportunity to prevent or curtail the collection or use of personal information collected from children over the age of 12 and under the age of 17;
(iv) provide a parent–
(I) access to the personal information of the child of that parent collected by that website; and
(II) the opportunity to refuse to permit any further use or future collection of personal information referred to in subclause (I) and notice of that opportunity; and
(B) require that the commercial website operator concerned establish and maintain reasonable procedures to ensure the confidentiality, security, accuracy, and integrity of personal information collected from children through the website.
(b) ENFORCEMENT-
(1) TREATMENT OF REGULATIONS- A regulation prescribed under subsection (a) shall be treated as a rule defining an unfair or deceptive act or practice under section 18(a)(1)(B) of the Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. 57a(a)(1)(B)).
(2) ENFORCEMENT- Subject to section 6, a violation of a regulation prescribed under subsection (a) shall be treated as a violation of a rule defining an unfair or deceptive act or practice prescribed under section 18(a)(1)(B) of the Federal Trade Commission Act.
SEC. 4. SAFE HARBORS.
(a) IN GENERAL- In prescribing regulations under section 3, the Commission shall provide incentives for efforts of self-regulation by commercial website operators to
implement the protections described in subsection (a) of that section.
(b) SAFE HARBORS- The incentives referred to in subsection (a) shall include provisions for ensuring that a person will be deemed to be in compliance with the requirements of the regulations under section 3 if that person applies guidelines that–
(1) are issued by appropriate representatives of the computer industry; and
(2) are approved by the Commission upon making a determination that the guidelines meet the requirements of the regulations issued under section 3.
SEC. 5. ACTIONS BY STATES.
(a) IN GENERAL-
(1) CIVIL ACTIONS- In any case in which the attorney general of a State has reason to believe that an interest of the residents of that State has been or is threatened or adversely affected by the engagement of any person in a practice that violates any regulation of the Commission prescribed under section 3, the State, as parens patriae, may bring a civil action on behalf of the residents of the State in a district court of the United States of appropriate jurisdiction to–
(A) enjoin that practice;
(B) enforce compliance with the regulation;
(C) obtain damage, restitution, or other compensation on behalf of residents of the State; or
(D) obtain such other relief as the court may consider to be appropriate.
(2) NOTICE-
(A) IN GENERAL- Before filing an action under paragraph (1), the attorney general of the State involved shall provide to the Commission–
(i) written notice of that action; and
(ii) a copy of the complaint for that action.
(B) EXEMPTION-
(i) IN GENERAL- Subparagraph (A) shall not apply with respect to the filing of an action by an attorney general of a State under this subsection, if the attorney general determines that it is not feasible to provide the notice described in that subparagraph before the filing of the action.
(ii) NOTIFICATION- In an action described in clause (i), the attorney general of a State shall provide notice and a copy of the complaint to the Commission at the same time as the attorney general files the action.
(b) INTERVENTION-
(1) IN GENERAL- On receiving notice under paragraph (2), the Commission shall have the right to intervene in the action that is the subject of the notice.
(2) EFFECT OF INTERVENTION- If the Commission intervenes in an action under subparagraph (A), the Commission shall have the right–
(A) to be heard with respect to any matter that arises in that action; and
(B) to file a petition for appeal.
(c) CONSTRUCTION- For purposes of bringing any civil action under subsection (a), nothing in this Act shall be construed to prevent an attorney general of a State from exercising the powers conferred on the attorney general by the laws of that State to–
(1) conduct investigations;
(2) administer oaths or affirmations; or
(3) compel the attendance of witnesses or the production of documentary and other evidence.
(d) ACTIONS BY THE COMMISSION- In any case in which an action is instituted by or on behalf of the Commission for violation of any regulation prescribed under section 3, no State may, during the pendency of that action, institute an action under subsection (a) against any defendant named in the complaint in that action for violation of that regulation.
(e) VENUE; SERVICE OF PROCESS-
(1) VENUE- Any action brought under subsection (a) may be brought in the district court of the United States–
(A) in which the defendant–
(i) is found;
(ii) is an inhabitant; or
(iii) transacts business; or
(B) that otherwise meets applicable requirements relating to venue under section 1391 of title 28, United States Code.
(2) SERVICE OF PROCESS- In an action brought under subsection (a), process may be served in any district in which the defendant–
(A) is an inhabitant; or
(B) may be found.
(f) ACTIONS BY OTHER STATE OFFICIALS-
(1) IN GENERAL- Nothing in this section may be construed to prohibit a State official from proceeding a court of the State in accordance with the
laws of that State on the basis of an alleged violation of any civil or criminal law of that State.
(2) CERTAIN ACTIONS IN STATE COURTS- In addition to any actions brought by an attorney general of a State under subsection (a), an action described in paragraph (1) may be brought by any other officer of that State who is authorized by the State to bring such an action in that State on behalf of the residents of the State.
SEC. 6. ADMINISTRATION AND APPLICABILITY OF ACT.
(a) IN GENERAL- Except as otherwise provided, this Act shall be enforced by the Commission under the Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. 41 et seq.).
(b) PROVISIONS- Compliance with the requirements imposed under this subchapter shall be enforced under–
(1) section 8 of the Federal Deposit Insurance Act (12 U.S.C. 1818), in the case of–
(A) national banks, and Federal branches and Federal agencies of foreign banks, by the Office of the Comptroller of the Currency;
(B) member banks of the Federal Reserve System (other than national banks), branches and agencies of foreign banks (other than Federal branches, Federal agencies, and insured State branches of foreign banks), commercial lending companies owned or controlled by foreign banks, and organizations operating under section 25 or 25(a) of the Federal Reserve Act (12 U.S.C. 601 et seq. and 611 et seq.), by the Board; and
(C) banks insured by the Federal Deposit Insurance Corporation (other than members of the Federal Reserve System) and insured State branches of foreign banks, by the Board of Directors of the Federal Deposit Insurance Corporation;
(2) section 8 of the Federal Deposit Insurance Act (12 U.S.C. 1818), by the Director of the Office of Thrift Supervision, in the case of a savings association the deposits of which are insured by the Federal Deposit Insurance Corporation;
(3) the Federal Credit Union Act (12 U.S.C. 1751 et seq.), by the National Credit Union Administration Board with respect to any Federal credit union;
(4) part A of subtitle VII of title 49, by the Secretary of Transportation with respect to any air carrier or foreign air carrier subject to that part;
(5) the Packers and Stockyards Act, 1921 (7 U.S.C. 181 et seq.) (except as provided in section 406 of that Act (7 U.S.C. 226, 227)), by the Secretary of Agriculture with respect to any activities subject to that Act; and
(6) the Farm Credit Act of 1971 (12 U.S.C. 2001 et seq.) by the Farm Credit Administration with respect to any Federal land bank, Federal land bank association, Federal intermediate credit bank, or production credit association.
(c) EXERCISE OF CERTAIN POWERS- For the purpose of the exercise by any agency referred to in subsection (a) of its powers under any Act referred to in that subsection, a violation of any requirement imposed under this Act shall be deemed to be a violation of a requirement imposed under that Act. In addition to its powers under any provision of law specifically referred to in subsection (a), each of the agencies referred to in that subsection may exercise, for the purpose of enforcing compliance with any requirement imposed under this Act, any other authority conferred on it by law.
(d) ACTIONS BY THE COMMISSION- The Commission shall prevent any person from violating a rule of the Commission under section 3 in the same manner, by the same means, and with the same jurisdiction, powers, and duties as though all applicable terms and provisions of the Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. 41 et seq.) were incorporated into and made a part of this Act. Any entity that violates such rule shall be subject to the penalties and entitled to the privileges and immunities provided in the Federal Trade Commission Act in the same manner, by the same means, and with the same jurisdiction, power, and duties as though all applicable terms and provisions of the Federal Trade Commission Act were incorporated into and made a part of this Act.
(e) EFFECT ON OTHER LAWS- Nothing contained in the Act shall be construed to limit the authority of the Commission under any other provisions of law.
SEC. 7. REVIEW.
(a) IN GENERAL- Not later than 5 years after the effective date of the regulations initially issued under section 3, the Commission shall–
(1) review the implementation of this Act, including the effect of the implementation of this Act on practices relating to the disclosure of information relating to children; and
(2) prepare and submit to Congress a report the results of the review under paragraph (1).

01Ene/14

CJI/RES. 130 (LXXI-O/07) de 9 de agosto de 2007. Resolución sobre Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO,

 

CONSIDERANDO que el Comité Jurídico Interamericano ha incorporado en su agenda el tema del derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública;

 

VISTO que las leyes que garantizan el acceso de los ciudadanos a la información sobre las actividades de los poderes públicos, tiene que ver con el perfeccionamiento de la democracia, la responsabilidad de los funcionarios públicos y la transparencia de la gestión pública;

 

HABIENDO SOSTENIDO durante el presente período ordinario de sesiones un provechoso y extenso diálogo con el doctor Darío Soto, Director Adjunto del Trust of the Americas, Fundación asociada a la Organización de los Estados Americanos, quién también representa a la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información, que reúne a diversas organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema,

 

RESUELVE:

Encomendar al relator, doctor Jaime Aparicio, y a los co-relatores doctores Mauricio Herdocia Sacasa y Hyacinth Evadne Lindsay, continuar trabajando en el tema de Acceso a la Información Pública con los órganos de la OEA, en colaboración con instituciones como el Trust of the Americas, el Centro Carter y la Alianza para la Libertad de Expresión e Información, en la elaboración de una lista de indicadores y principios legales en materia de acceso a la información.

 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad, en la sesión del 9 de agosto de 2007, estando presentes los siguientes miembros: doctores Jean-Paul Hubert, Hyacinth Evadne Lindsay, Eduardo Vio Grossi, Ricardo Seitenfus, Freddy Castillo Castellanos, Jorge Palacios Treviño, Antonio Fidel Pérez, Mauricio Herdocia Sacasa, Jaime Aparicio y Ana Elizabeth Villalta Vizcarra.  

01Ene/14

Constitución Política de Chile

Capítulo I.- Bases De La Institucionalidad

 

Artículo 1º.-

Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.

El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.

El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.

Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

 

Artículo 2º.-

Son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional.

 

Artículo 3º .-

El Estado de Chile es unitario.

La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley.

Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional.

 

Artículo 4º .-

Chile es una república democrática.

 

Artículo 5º .-

La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.

El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

 

Artículo 6º.-

Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República .

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.

 

Artículo 7º.-

Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.

 

Artículo 8º.-

El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública.

Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes.

 

Artículo 9 º.-

El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.

Una ley de quórum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad. Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de quince años para ejercer f unciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, o de rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza ; para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones; ni podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante dicho plazo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley.

Los delitos a que se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales y no procederá respecto de ellos el indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo.

 

Capítulo II.- Nacionalidad y Ciudadanía

 

Artículo 10.-

Son chilenos:

1º.- Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena;

2 º.- Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado, haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1º, 3º ó 4º;

3 º.- Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley, y

4 º.- Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.

La ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena; de otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización, y la formación de un registro de todos estos actos.

 

Artículo 11.-

La nacionalidad chilena se pierde:

1º.- Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Esta renuncia sólo producirá efectos si la persona, previamente, se ha nacionalizado en país extranjero; y

2º.- Por decreto supremo, en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados;

3º.- Por cancelación de la carta de nacionalización, y

4 º.- Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia.

Los que hubieren perdido la nacionalidad chilena por cualquiera de las causales establecidas en este artículo, sólo podrán ser rehabilitados por ley.

 

Artículo 12.-

La persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa que la prive de su nacionalidad chilena o se la desconozca, podrá recurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, dentro del plazo de treinta días, ante la Corte Suprema , la que conocerá como jurado y en tribunal pleno. La interposición del recurso suspenderá los efectos del acto o resolución recurridos.

 

Artículo 13.-

Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva.

La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran.

Tratándose de los chilenos a que se refieren los números 2º y 4º del artículo 10, el ejercicio de los derechos que les confiere la ciudadanía estará sujeto a que hubieren estado avecindados en Chile por más de un año.

 

Artículo 14 .-

Los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley.

Los nacionalizados en conformidad al nº 3º del artículo 10, tendrán opción a cargos públicos de elección popular sólo después de cinco años de estar en posesión de sus cartas de nacionalización.

 

Artículo 15.-

En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario.

Sólo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución.

 

Artículo 16 .-

El derecho de sufragio se suspende:

1º.- Por interdicción en caso de demencia;

2º.- Por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista, y

3º.- Por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en conformi dad al inciso séptimo del número 15º del artículo 19 de esta Constitución. Los que por esta causa se hallaren privados del ejercicio del derecho de sufragio lo recuperarán al término de cinco años, contado desde la declaración del Tribunal.

Esta suspensión no producirá otro efecto legal, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15º del artículo 19.

 

Artículo 17.-

La calidad de ciudadano se pierde:

1º.- Por pérdida de la nacionalidad chilena;

2º.- Por condena a pena aflictiva, y

3º.- Por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieren merecido, además, pena aflictiva .

Los que hubieren perdido la ciudadanía por la causal indicada en el número 2º, la recuperarán en conformidad a la ley, una vez extinguida su responsabilidad penal. Los que la hubieren perdido por las causales previstas en el número 3º podrán solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida la condena.

 

Artículo 18.-

Habrá un sistema electoral público.

Una ley orgánica constitucional determinará su organización y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios, en todo lo no previsto por esta Constitución y garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los señalados procesos. Dicha ley establecerá también un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral.

Una ley orgánica constitucional contemplará, además, un sistema de registro electoral, bajo la dirección del Servicio Electoral, al que se incorporarán, por el solo ministerio de la ley, quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constitución.

El resguardo del orden público durante los actos electorales y plebiscitarios corresponderá a las Fuerzas Armadas y Carabineros del modo que indique la ley.

 

Capítulo III.- De Los Derechos Y Deberes Constitucionales

 

Artículo 19

La Constitución asegura a todas las personas:

1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.

La ley protege la vida del que está por nacer.

La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado.

Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo;

2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;

3º.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos.

La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes.

Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley.

Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.

Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.

La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.

Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.

Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella;

4º.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia;

5º.- La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley;

6º.- La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.

Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas.

Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones ;

7º.- El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.

En consecuencia:

a) Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República , trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros;

b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes;

c) Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá , por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por cinco días, y hasta por diez días, en el caso que se investigaren hechos calificados por la ley como conductas terroristas;

d) Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto.

Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público.

Ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado de la casa de detención visite al arrestado o detenido, procesado o preso, que se encuentre en ella. Este funcionario está obligado, siempre que el arrestado o detenido lo requiera, a transmitir al juez competente la copia de la orden de detención, o a reclamar para que se le dé dicha copia, o a dar él mismo un certificado de hallarse detenido aquel individuo, si al tiempo de su detención se hubiere omitido este requisito;

e) La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla.

La apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por los delitos a que se refiere el artículo 9 °, será conocida por el tribunal superior que corresponda, integrado exclusivamente por miembros titulares. La resolución que la apruebe u otorgue requerirá ser acordada por unanimidad. Mientras dure la libertad, el imputado quedará siempre sometido a las medidas de vigilancia de la autoridad que la ley contemple ;

f) En las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a que declare bajo juramento sobre hecho propio; tampoco podrán ser obligados a declarar en contra de éste sus ascendientes, descendientes, cónyuge y demás personas que, según los casos y circunstancias, señale la ley;

g) No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes; pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas;

h) No podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales, e

i) Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia;

8º.- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente;

9º.- El derecho a la protección de la salud.

El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo.

Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud.

Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias.

Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado;

10º.- El derecho a la educación.

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.

Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.

Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica.

La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad.

Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.

Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación;

11º.- La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.

La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.

La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna.

Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.

Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel;

12º.- La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado.

La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social.

Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida.

Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos, en las condiciones que señale la ley.

El Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine, podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión.

Habrá un Consejo Nacional de Televisión, autónomo y con personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación. Una ley de quórum calificado señalará la organización y demás funciones y atribuciones del referido Consejo.

La ley regulará un sistema de calificación para la exhibición de la producción cinematográfica;

13º.- El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.

Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de policía;

14º.- El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes;

15º.- El derecho de asociarse sin permiso previo.

Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley.

Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación.

Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado.

Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana; la nómina de sus militantes se registrará en el servicio electoral del Estado, el que guardará reserva de la misma, la cual será accesible a los militantes del respectivo partido; su contabilidad deberá ser pública; las fuentes de su financiamiento no podrán provenir de dineros, bienes, donaciones, aportes ni créditos de origen extranjero; sus estatutos deberán contemplar las normas que aseguren una efectiva democracia interna. Una ley orgánica constitucional establecerá un sistema de elecciones primarias que podrá ser utilizado por dichos partidos para la nominación de candidatos a cargos de elección popular, cuyos resultados serán vinculantes para estas colectividades, salvo las excepciones que establezca dicha ley. Aquellos que no resulten elegidos en las elecciones primarias no podrán ser candidatos, en esa elección, al respectivo cargo. Una ley orgánica constitucional regulará las demás materias que les conciernan y las sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de sus preceptos, dentro de las cuales podrá considerar su disolución.

Las asociaciones, movimientos, organizaciones o grupos de personas que persigan o realicen actividades propias de los partidos políticos sin ajustarse a las normas anteriores son ilícitos y serán sancionados de acuerdo a la referida ley orgánica constitucional.

La Constitución Política garantiza el pluralismo político. Son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Corresponderá al Tribunal Constitucional declarar esta inconstitucionalidad.

Sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la Constitución o en la ley, las personas que hubieren tenido participación en los hechos que motiven la declaración de inconstitucionalidad a que se refiere el inciso precedente, no podrán participar en la formación de otros partidos políticos, movimientos u otras formas de organización política, ni optar a cargos públicos de elección popular ni desempeñar los cargos que se mencionan en los números 1) a 6) del artículo 57, por el término de cinco años, contado desde la resolución del Tribunal. Si a esa fecha las personas referidas estuvieren en posesión de las funciones o cargos indicados, los perderán de pleno derecho.

Las personas sancionadas en virtud de este precepto no podrán ser objeto de rehabilitación durante el plazo señalado en el inciso anterior. La duración de las inhabilidades contempladas en dicho inciso se elevará al doble en caso de reincidencia;

16º.- La libertad de trabajo y su protección.

Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución.

Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos.

Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos. La ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales especiales establecidos en la ley.

La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella.

No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso;

17º.- La admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes;

18º.- El derecho a la seguridad social.

Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado.

La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.

El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social;

19º.- El derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria.

Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley.

La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones. Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político partidistas;

20º.- La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas.

En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos.

Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado.

Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. Asimismo, podrá autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo;

21º.- El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado;

22º.- La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos;

23º.- La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución.

Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes;

24º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación , la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales.

A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado.

La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión.

El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas.

Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional. La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplará causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso dichas causales y sus efectos deben estar establecidos al momento de otorgarse la concesión.

Será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de tales concesiones. Las controversias que se produzcan respecto de la caducidad o extinción del dominio sobre la concesión serán resueltas por ello s ; y en caso de caducidad, el afectado podrá requerir de la justicia la declaración de subsistencia de su derecho.

El dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este número.

La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo. Esta norma se aplicará también a los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional. El Presidente de la República podrá poner término, en cualquier tiempo, sin expresión de causa y con la indemnización que corresponda, a las concesiones administrativas o a los contratos de operación relativos a explotaciones ubicadas en zonas declaradas de importancia para la seguridad nacional.

Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos;

25º.- La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.
El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.

Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.

Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior, y

26º.- La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.

 

Artículo 20

El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º , 12º , 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24 ° , y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del nº 8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.

 

Artículo 21

Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija.

El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

 

Artículo 22

Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales.

Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena.

El servicio militar y demás cargas personales que imponga la ley son obligatorios en los términos y formas que ésta determine.

Los chilenos en estado de cargar armas deberán hallarse inscritos en los Registros Militares, si no están legalmente exceptuados.

 

Artículo 23

Los grupos intermedios de la comunidad y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley. Son incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores, nacionales y regionales, de los partidos políticos.

La ley establecerá las sanciones que corresponda aplicar a los dirigentes gremiales que intervengan en actividades político partidistas y a los dirigentes de los partidos políticos, que interfieran en el funcionamiento de las organizaciones gremiales y demás grupos intermedios que la propia ley señale.

 

Capítulo IV.- Gobierno

 

Presidente de la República

Artículo 24

El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado.

Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

El 21 de mayo de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno.

 

Artículo 25

Para ser elegido Presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto en los números 1º ó 2º del artículo 10; tener cumplidos treinta y cinco años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio.

El Presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años y no podrá ser reelegido para el período siguiente.

El Presidente de la República no podrá salir del territorio nacional por más de treinta días ni a contar del día señalado en el inciso primero del artículo siguiente, sin acuerdo del Senado.

En todo caso, el Presidente de la República comunicará con la debida anticipación al Senado su decisión de ausentarse del territorio y los motivos que la justifican.

 

Artículo 26

El Presidente de la República será elegido en votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. La elección se efectuará conjuntamente con la de parlamentarios, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva, el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquél en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones.

Si a la elección de Presidente de la República se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo aquél de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. Esta nueva votación se verificará, en la forma que determine la ley, el cuarto domingo después de efectuada la primera.

Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos precedentes, los votos en blanco y los nulos se considerarán como no emitidos.

En caso de muerte de uno o de ambos candidatos a que se refiere el inciso segundo, el Presidente de la República convocará a una nueva elección dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha del deceso. La elección se celebrará noventa días después de la convocatoria si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente.

Si expirase el mandato del Presidente de la República en ejercicio antes de la fecha de asunción del Presidente que se elija en conformidad al inciso anterior, se aplicará, en lo pertinente, la norma contenida en el inciso primero del artículo 28.

 

Artículo 27

El proceso de calificación de la elección presidencial deberá quedar concluido dentro de los quince días siguientes tratándose de la primera votación o dentro de los treinta días siguientes tratándose de la segunda votación..

El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de inmediato al Presidente del Senado la proclamación de Presidente electo que haya efectuado.

El Congreso Pleno, reunido en sesión pública el día en que deba cesar en su cargo el Presidente en funciones y con los miembros que asistan, tomará conocimiento de la resolución en virtud de la cual el Tribunal Calificador de Elecciones proclama al Presidente electo.

En este mismo acto, el Presidente electo prestará ante el Presidente del Senado, juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República , conservar la independencia de la Nación , guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y de inmediato asumirá sus funciones.

 

Artículo 28

Si el Presidente electo se hallare impedido para tomar posesión del cargo, asumirá, mientras tanto, con el título de Vicepresidente de la República , el Presidente del Senado; a falta de éste, el Presidente de la Cámara de Diputados, y a falta de éste, el Presidente de la Corte Suprema.

Con todo, si el impedimento del Presidente electo fuere absoluto o debiere durar indefinidamente, el Vicepresidente, en los diez días siguientes al acuerdo del Senado adoptado en conformidad al artículo 53 nº 7º, convocará a una nueva elección presidencial que se celebrará noventa días después de la convocatoria si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El Presidente de la República así elegido asumirá sus funciones en la oportunidad que señale esa ley, y durará en el ejercicio de ellas hasta el día en que le habría correspondido cesar en el cargo al electo que no pudo asumir y cuyo impedimento hubiere motivado la nueva elección.

 

Artículo 29

Si por impedimento temporal, sea por enfermedad, ausencia del territorio u otro grave motivo, el Presidente de la República no pudiere ejercer su cargo, le subrogará, con el título de Vicepresidente de la República , el Ministro titular a quien corresponda de acuerdo con el orden de precedencia legal. A falta de éste, la subrogación corresponderá al Ministro titular que siga en ese orden de precedencia y, a falta de todos ellos, le subrogarán sucesivamente el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados y el Presidente de la Corte Suprema.

En caso de vacancia del cargo de Presidente de la República , se producirá la subrogación como en las situaciones del inciso anterior, y se procederá a elegir sucesor en conformidad a las reglas de los incisos siguientes.
Si la vacancia se produjere faltando menos de dos años para la próxima elección presidencial, el Presidente será elegido por el Congreso Pleno por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. La elección por el Congreso será hecha dentro de los diez días siguientes a la fecha de la vacancia y el elegido asumirá su cargo dentro de los treinta días siguientes.

Si la vacancia se produjere faltando dos años o más para la próxima elección presidencial, el Vicepresidente, dentro de los diez primeros días de su mandato, convocará a los ciudadanos a elección presidencial para ciento veinte días después de la convocatoria, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El Presidente que resulte elegido asumirá su cargo el décimo día después de su proclamación.

El Presidente elegido conforme a alguno de los incisos precedentes durará en el cargo hasta completar el período que restaba a quien se reemplace y no podrá postular como candidato a la elección presidencial siguiente.

 

Artículo 30

El Presidente cesará en su cargo el mismo día en que se complete su período y le sucederá el recientemente elegido.

El que haya desempeñado este cargo por el período completo, asumirá, inmediatamente y de pleno derecho, la dignidad oficial de Ex Presidente de la República.

En virtud de esta calidad, le serán aplicables las disposiciones de los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 61 y el artículo 62.

No la alcanzará el ciudadano que llegue a ocupar el cargo de Presidente de la República por vacancia del mismo ni quien haya sido declarado culpable en juicio político seguido en su contra.

El Ex Presidente de la República que asuma alguna función remunerada con fondos públicos, dejará, en tanto la desempeñe, de percibir la dieta, manteniendo, en todo caso, el fuero. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial.

 

Artículo 31

El Presidente designado por el Congreso Pleno o, en su caso, el Vicepresidente de la República tendrá todas las atribuciones que esta Constitución confiere al Presidente de la República.

 

Artículo 32

Son atribuciones especiales del Presidente de la República:

1º.- Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución , sancionarlas y promulgarlas;

2º.- Pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible;

3º.- Dictar, previa delegación de facultades del Congreso, decretos con fuerza de ley sobre las materias que señala la Constitución ;

4º.- Convocar a plebiscito en los casos del artículo 128;

5º.- Declarar los estados de excepción constitucional en los casos y formas que se señalan en esta Constitución;

6º.- Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propia s del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes;

7º.- Nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y gobernadores;

8º.- Designar a los embajadores y ministros diplomáticos, y a los representantes ante organismos internacionales. Tanto estos funcionarios como los señalados en el nº 7° precedente, serán de la confianza exclusiva del Presidente de la República y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella;

9º.- Nombrar al Contralor General de la República con acuerdo del Senado;

10º.- Nombrar y remover a los funcionarios que la ley denomina como de su exclusiva confianza y proveer los demás empleos civiles en conformidad a la ley. La remoción de los demás funcionarios se hará de acuerdo a las disposiciones que ésta determine;

11º.- Conceder jubilaciones, retiros, montepíos y pensiones de gracia, con arreglo a las leyes;

12º.- Nombrar a los magistrados y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y a los jueces letrados, a proposición de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, respectivamente; a los miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde designar; y a los magistrados y fiscales judiciales de la Corte Suprema y al Fiscal Nacional, a proposición de dicha Corte y con acuerdo del Senado, todo ello conforme a lo prescrito en esta Constitución;

13º.- Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al ministerio público, para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación;

14º.- Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley. El indulto será improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso. Los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados y condenados por el Senado, sólo pueden ser indultados por el Congreso;

15º.- Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 54 nº 1º . Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serán secretos si el Presidente de la República así lo exigiere;

16º.- Designar y remover a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada , de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros en conformidad al artículo 104, y disponer los nombramientos, ascensos y retiros de los Oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en la forma que señala el artículo 105;

17º.- Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional;

18º.- Asumir, en caso de guerra, la jefatura suprema de las Fuerza Armadas;

19º.- Declarar la guerra, previa autorización por ley, debiendo dejar constancia de haber oído al Consejo de Seguridad Nacional, y

20º.- Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. El Presidente de la República , con la firma de todos los Ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley, para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del dos por ciento (2%) del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Los Ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este número serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro, y culpables del delito de malversación de caudales públicos.

 

Ministros de Estado

Artículo 33

Los Ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República en el gobierno y administración del Estado.

La ley determinara el número y organización de los Ministerios, como también el orden de precedencia de los Ministros titulares.

El Presidente de la República podrá encomendar a uno o más Ministros la coordinación de la labor que corresponde a los Secretarios de Estado y las relaciones del Gobierno con el Congreso Nacional.

 

Artículo 34

Para ser nombrado Ministro se requiere ser chileno, tener cumplidos veintiún años de edad y reunir los requisitos generales para el ingreso a la Administración Pública.

En los casos de ausencia, impedimento o renuncia de un Ministro, o cuando por otra causa se produzca la vacancia del cargo, será reemplazado en la forma que establezca la ley.

 

Artículo 35

Los reglamentos y decretos del Presidente de la República deberán firmarse por el Ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito.

Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma del Ministro respectivo, por orden del Presidente de la República , en conformidad a las normas que al efecto establezca la ley.

 

Artículo 36

Los Ministros serán responsables individualmente de los actos que firmaren y solidariamente de los que suscribieren o acordaren con los otros Ministros.

 

Artículo 37

Los Ministros podrán, cuando lo estimaren conveniente, asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados o del Senado, y tomar parte en sus debates, con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto. Durante la votación podrán, sin embargo, rectificar los conceptos emitidos por cualquier diputado o senador al fundamentar su voto.

Sin perjuicio de lo anterior, los Ministros deberán concurrir personalmente a las sesiones especiales que la Cámara de Diputados o el Senado convoquen para informarse sobre asuntos que, perteneciendo al ámbito de atribuciones de las correspondientes Secretarías de Estado, acuerden tratar.

 

Artículo 37 bis.

A los Ministros les serán aplicables las incompatibilidades establecidas en el inciso primero del artículo 58. Por el solo hecho de aceptar el nombramiento, el Ministro cesará en el cargo, empleo, función o comisión incompatible que desempeñe. Durante el ejercicio de su cargo, los Ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades.

 

Bases generales de la Administración del Estado

Artículo 38

Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública , garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.

Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño.

 

Estados de excepción constitucional

Artículo 39

El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado.

 

Artículo 40

El estado de asamblea, en caso de guerra exterior, y el estado de sitio, en caso de guerra interna o grave conmoción interior, lo declarará el Presidente de la República , con acuerdo del Congreso Nacional. La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente.

El Congreso Nacional, dentro del plazo de cinco días contado desde la fecha en que el Presidente de la República someta la declaración de estado de asamblea o de sitio a su consideración, deberá pronunciarse aceptando o rechazando la proposición, sin que pueda introducirle modificaciones. Si el Congreso no se pronunciara dentro de dicho plazo, se entenderá que aprueba la proposición del Presidente.

Sin embargo, el Presidente de la República podrá aplicar el estado de asamblea o de sitio de inmediato mientras el Congreso se pronuncia sobre la declaración, pero en este último estado sólo podrá restringir el ejercicio del derecho de reunión. Las medidas que adopte el Presidente de la República en tanto no se reúna el Congreso Nacional, podrán ser objeto de revisión por los tribunales de justicia, sin que sea aplicable, entre tanto, lo dispuesto en el artículo 45.

La declaración de estado de sitio sólo podrá hacerse por un plazo de quince días, sin perjuicio de que el Presidente de la República solicite su prórroga. El estado de asamblea mantendrá su vigencia por el tiempo que se extienda la situación de guerra exterior, salvo que el Presidente de la República disponga su suspensión con anterioridad.

 

Artículo 41

El estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, lo declarará el Presidente de la República , determinando la zona afectada por la misma.

El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de catástrofe. El Congreso Nacional podrá dejar sin efecto la declaración transcurridos ciento ochenta días desde ésta si las razones que la motivaron hubieran cesado en forma absoluta. Con todo, el Presidente de la República sólo podrá declarar el estado de catástrofe por un período superior a un año con acuerdo del Congreso Nacional. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40.

Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale.

 

Artículo 42

El estado de emergencia, en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación , lo declarará el Presidente de la República , determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias. El estado de emergencia no podrá extenderse por más de quince días, sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda prorrogarlo por igual período. Sin embargo, para sucesivas prórrogas, el Presidente requerirá siempre del acuerdo del Congreso Nacional. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40.

Declarado el estado de emergencia, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale.

El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de emergencia.

 

Artículo 43

Por la declaración del estado de asamblea, el Presidente de la República queda facultado para suspender o restringir la libertad personal, el derecho de reunión y la libertad de trabajo. Podrá, también, restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.

Por la declaración de estado de sitio, el Presidente de la República podrá restringir la libertad de locomoción y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que la ley determine y que no sean cárceles ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes. Podrá, además, suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión.

Por la declaración del estado de catástrofe, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada.

Por la declaración del estado de emergencia, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión.

 

Artículo 44

Una ley orgánica constitucional regulará los estados de excepción, así como su declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera adoptar bajo aquéllos. Dicha ley contemplará lo estrictamente necesario para el pronto restablecimiento de la normalidad constitucional y no podrá afectar las competencias y el funcionamiento de los órganos constitucionales ni los derechos e inmunidades de sus respectivos titulares.

Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán, bajo ninguna circunstancia, prolongarse más allá de la vigencia de los mismos.

 

Artículo 45

Los tribunales de justicia no podrán calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocados por la autoridad para decretar los estados de excepción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39. No obstante, respecto de las medidas particulares que afecten derechos constitucionales, siempre existirá la garantía de recurrir ante las autoridades judiciales a través de los recursos que corresponda.

Las requisiciones que se practiquen darán lugar a indemnizaciones en conformidad a la ley. También darán derecho a indemnización las limitaciones que se impongan al derecho de propiedad cuando importen privación de alguno de sus atributos o facultades esenciales y con ello se cause daño.

 

Capítulo V.- Congreso Nacional

 

Artículo 46

El Congreso Nacional se compone de dos ramas: la Cámara de Diputados y el Senado. Ambas concurren a la formación de las leyes en conformidad a esta Constitución y tienen las demás atribuciones que ella establece.

 

Composición y generación de la Cámara de Diputados y del Senado

Artículo 47

La Cámara de Diputados está integrada por miembros elegidos en votación directa por distritos electorales. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de diputados, los distritos electorales y la forma de su elección.

 

Artículo 48

Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplidos veintiún años de edad, haber cursado la enseñanza media o equivalente, y tener residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente durante un plazo no inferior a dos años, contado hacia atrás desde el día de la elección.

 

Artículo 49

El Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales, en consideración a las regiones del país, cada una de las cuales constituirá, a lo menos, una circunscripción. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de Senadores, las circunscripciones senatoriales y la forma de su elección.

Los senadores durarán ocho años en su cargo y se renovarán alternadamente cada cuatro años, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva.

 
Artículo 50

Para ser elegido senador se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cursado la enseñanza media o equivalente y tener cumplidos treinta y cinco años de edad el día de la elección.

 

Artículo 51

Se entenderá que los diputados tienen, por el solo ministerio de la ley, su residencia en la región correspondiente, mientras se encuentren en ejercicio de su cargo.

Las elecciones de diputados y de senadores se efectuarán conjuntamente. Los parlamentarios podrán ser reelegidos en sus cargos.

Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido.

Los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados.

Los parlamentarios elegidos como independientes que hubieren postulado integrando lista en conjunto con uno o más partidos políticos, serán reemplazados por el ciudadano que señale el partido indicado por el respectivo parlamentario al momento de presentar su declaración de candidatura.

El reemplazante deberá reunir los requisitos para ser elegido diputado o senador, según el caso. Con todo, un diputado podrá ser nominado para ocupar el puesto de un senador, debiendo aplicarse, en ese caso, las normas de los incisos anteriores para llenar la vacante que deja el diputado, quien al asumir su nuevo cargo cesará en el que ejercía.

El nuevo diputado o senador ejercerá sus funciones por el término que faltaba a quien originó la vacante.

En ningún caso procederán elecciones complementarias.

 

Atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados

Artículo 52

Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:

1) Fiscalizar los actos del Gobierno. Para ejercer esta atribución la Cámara puede:

a) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto de la mayoría de los diputados presentes, los que se transmitirán por escrito al Presidente de la República , quien deberá dar respuesta fundada por medio del Ministro de Estado que corresponda, dentro de treinta días.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier diputado, con el voto favorable de un tercio de los miembros presentes de la Cámara , podrá solicitar determinados antecedentes al Gobierno. El Presidente de la República contestará fundadamente por intermedio del Ministro de Estado que corresponda, dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior.

En ningún caso los acuerdos, observaciones o solicitudes de antecedentes afectarán la responsabilidad política de los Ministros de Estado;

b) Citar a un Ministro de Estado, a petición de a lo menos un tercio de los diputados en ejercicio, a fin de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Con todo, un mismo Ministro no podrá ser citado para este efecto más de tres veces dentro de un año calendario, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio.

La asistencia del Ministro será obligatoria y deberá responder a las preguntas y consultas que motiven su citación, y

c) Crear comisiones especiales investigadoras a petición de a lo menos dos quintos de los diputados en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno.

Las comisiones investigadoras, a petición de un tercio de sus miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Los Ministros de Estado, los demás funcionarios de la Administración y el personal de las empresas del Estado o de aquéllas en que éste tenga participación mayoritaria, que sean citados por estas comisiones, estarán obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten.

No obstante, los Ministros de Estado no podrán ser citados más de tres veces a una misma comisión investigadora, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.

La ley orgánica constitucional del Congreso Nacional regulará el funcionamiento y las atribuciones de las comisiones investigadoras y la forma de proteger los derechos de las personas citadas o mencionadas en ellas.

2) Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas:

a) Del Presidente de la República , por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación , o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación podrá interponerse mientras el Presidente esté en funciones y en los seis meses siguientes a su expiración en el cargo. Durante este último tiempo no podrá ausentarse de la República sin acuerdo de la Cámara ;

b) De los Ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación , por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno;

c) De los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República , por notable abandono de sus deberes;

d) De los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional , por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación , y

e) De los intendentes, gobernadores y de la autoridad que ejerza el Gobierno en los territorios especiales a que se refiere el artículo 126 bis, por infracción de la Constitución y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión.

La acusación se tramitará en conformidad a la ley orgánica constitucional relativa al Congreso.

Las acusaciones referidas en las letras b), c), d) y e) podrán interponerse mientras el afectado esté en funciones o en los tres meses siguientes a la expiración en su cargo. Interpuesta la acusación, el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviere aprobada por ella.

Para declarar que ha lugar la acusación en contra del Presidente de la República se necesitará el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio.

En los demás casos se requerirá el de la mayoría de los diputados presentes y el acusado quedará suspendido en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación. La suspensión cesará si el Senado desestimare la acusación o si no se pronunciare dentro de los treinta días siguientes.

 

Atribuciones exclusivas del Senado

Artículo 53

Son atribuciones exclusivas del Senado:

1) Conocer de las acusaciones que la Cámara de Diputados entable con arreglo al artículo anterior.

El Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa.

La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los dos tercios de los senadores en ejercicio cuando se trate de una acusación en contra del Presidente de la República , y por la mayoría de los senadores en ejercicio en los demás casos.

Por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años.

El funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares;

2) Decidir si ha o no lugar la admisión de las acciones judiciales que cualquier persona pretenda iniciar en contra de algún Ministro de Estado, con motivo de los perjuicios que pueda haber sufrido injustamente por acto de éste en el desempeño de su cargo;

3) Conocer de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia;

4) Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía en el caso del artículo 17, nú mero 3 ° de esta Constitución;

5) Prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la República , en los casos en que la Constitución o la ley lo requieran.

Si el Senado no se pronunciare dentro de treinta días después de pedida la urgencia por el Presidente de la República , se tendrá por otorgado su asentimiento;

6) Otorgar su acuerdo para que el Presidente de la República pueda ausentarse del país por más de treinta días o a contar del día señalado en el inciso primero del artículo 26;

7) Declarar la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones; y declarar asimismo, cuando el Presidente de la República haga dimisión de su cargo, si los motivos que la originan son o no fundados y, en consecuencia, admitirla o desecharla. En ambos casos deberá oír previamente al Tribunal Constitucional;

8) Aprobar, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la declaración del Tribunal Constitucional a que se refiere la segunda parte del nº 10º del artículo 93;

9) Aprobar, en sesión especialmente convocada al efecto y con el voto conforme de los dos tercios de los senadores en ejercicio, la designación de los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema y del Fiscal Nacional, y

10) Dar su dictamen al Presidente de la República en los casos en que éste lo solicite.

El Senado, sus comisiones y sus demás órganos, incluidos los comités parlamentarios si los hubiere, no podrán fiscalizar los actos del Gobierno ni de las entidades que de él dependan, ni adoptar acuerdos que impliquen fiscalización.

 

Atribuciones exclusivas del Congreso

Artículo 54

Son atribuciones del Congreso:

1) Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado requerirá, en cada Cámara, de los quórum que corresponda, en conformidad al artículo 66, y se someterá, en lo pertinente, a los trámites de una ley.

El Presidente de la República informará al Congreso sobre el contenido y el alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o formularle.

El Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional, en el curso del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en las normas generales de derecho internacional.

Las medidas que el Presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán de nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley. No requerirán de aprobación del Congreso los tratados celebrados por el Presidente de la República en el ejercicio de su potestad reglamentaria.

Las disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de derecho internacional.

Corresponde al Presidente de la República la facultad exclusiva para denunciar un tratado o retirarse de él, para lo cual pedirá la opinión de ambas Cámaras del Congreso, en el caso de tratados que hayan sido aprobados por éste. Una vez que la denuncia o el retiro produzca sus efectos en conformidad a lo establecido en el tratado internacional, éste dejará de tener efecto en el orden jurídico chileno.

En el caso de la denuncia o el retiro de un tratado que fue aprobado por el Congreso, el Presidente de la República deberá informar de ello a éste dentro de los quince días de efectuada la denuncia o el retiro.

El retiro de una reserva que haya formulado el Presidente de la República y que tuvo en consideración el Congreso Nacional al momento de aprobar un tratado, requerirá previo acuerdo de éste, de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva. El Congreso Nacional deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción del oficio en que se solicita el acuerdo pertinente. Si no se pronunciare dentro de este término, se tendrá por aprobado el retiro de la reserva.

De conformidad a lo establecido en la ley, deberá darse debida publicidad a hechos que digan relación con el tratado internacional, tales como su entrada en vigor, la formulación y retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, las objeciones a una reserva y su retiro, la denuncia del tratado, el retiro, la suspensión, la terminación y la nulidad del mismo.

En el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado podrá el Congreso autorizar al Presidente de la República a fin de que, durante la vigencia de aquél, dicte las disposiciones con fuerza de ley que estime necesarias para su cabal cumplimiento, siendo en tal caso aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y siguientes del artículo 64, y

2) Pronunciarse, cuando corresponda, respecto de los estados de excepción constitucional, en la forma prescrita por el inciso segundo del artículo 40.

 

Funcionamiento del Congreso

Artículo 55

El Congreso Nacional se instalará e iniciará su período de sesiones en la forma que determine su ley orgánica constitucional.

En todo caso, se entenderá siempre convocado de pleno derecho para conocer de la declaración de estados de excepción constitucional.

La ley orgánica constitucional señalada en el inciso primero, regulará la tramitación de las acusaciones constitucionales, la calificación de las urgencias conforme lo señalado en el artículo 74 y todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley.

 

Artículo 56

La Cámara de Diputados y el Senado no podrán entrar en sesión ni adoptar acuerdos sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio.

Cada una de las Cámaras establecerá en su propio reglamento la clausura del debate por simple mayoría.

 

Normas comunes para los diputados y senadores

Artículo 57

No pueden ser candidatos a diputados ni a senadores:

1) Los Ministros de Estado;

2) Los intendentes, los gobernadores, los alcaldes, los consejeros regionales, los concejales y los subsecretarios;

3) Los miembros del Consejo del Banco Central;

4) Los magistrados de los tribunales superiores de justicia y los jueces de letras;

5) Los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales;

6) El Contralor General de la República ;

7) Las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal;

8) Las personas naturales y los gerentes o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado;

9) El Fiscal Nacional, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos del Ministerio Público, y

10) Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea , el General Director de Carabineros, el Director General de la Policía de Investigaciones y los oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes hubieren tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección; excepto respecto de las personas mencionadas en los números 7) y 8), las que no deberán reunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura y de las indicadas en el número 9), respecto de las cuales el plazo de la inhabilidad será de los dos años inmediatamente anteriores a la elección. Si no fueren elegidos en una elección no podrán volver al mismo cargo ni ser designados para cargos análogos a los que desempeñaron hasta un año después del acto electoral.

 

Artículo 58

Los cargos de diputados y senadores son incompatibles entre sí y con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial.

Asimismo, los cargos de diputados y senadores son incompatibles con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital.

Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el diputado o senador cesará en el otro cargo, empleo o comisión incompatible que desempeñe.

 

Artículo 59

Ningún diputado o senador, desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en el artículo anterior.
Esta disposición no rige en caso de guerra exterior; ni se aplica a los cargos de Presidente de la República , Ministro de Estado y agente diplomático; pero sólo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las funciones de diputado o senador.

 

Artículo 60

Cesará en el cargo el diputado o senador que se ausentare del país por más de treinta días sin permiso de la Cámara a que pertenezca o, en receso de ella, de su Presidente.

Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza. En la misma sanción incurrirá el que acepte ser director de banco o de alguna sociedad anónima, o ejercer cargos de similar importancia en estas actividades.

La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte.
Cesará en su cargo el diputado o senador que actúe como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio, que ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes. Igual sanción se aplicará al parlamentario que actúe o intervenga en actividades estudiantiles, cualquiera que sea la rama de la enseñanza, con el objeto de atentar contra su normal desenvolvimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15º del artículo 19, cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la Nación.

Quien perdiere el cargo de diputado o senador por cualquiera de las causales señaladas precedentemente no podrá optar a ninguna función o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de dos años, salvo los casos del inciso séptimo del número 15º del artículo 19, en los cuales se aplicarán las sanciones allí contempladas.

Cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que, durante su ejercicio, pierda algún requisito general de elegibilidad o incurra en alguna de las causales de inhabilidad a que se refiere el artículo 57, sin perjuicio de la excepción contemplada en el inciso segundo del artículo 59 respecto de los Ministros de Estado.

Los diputados y senadores podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Constitucional.

 

Artículo 61

Los diputados y senadores sólo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión.

Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema.

En caso de ser arrestado algún diputado o senador por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el diputado o senador imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente.

 

Artículo 62

Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan.

 

Materias de Ley

Artículo 63

Sólo son materias de ley:

1) Las que en virtud de la Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales;

2) Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley;

3) Las que son objeto de codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra;

4) Las materias básicas relativas al régimen jurídico laboral, sindical, previsional y de seguridad social;

5) Las que regulen honores públicos a los grandes servidores;

6) Las que modifiquen la forma o características de los emblemas nacionales;

7) Las que autoricen al Estado, a sus organismos y a las municipalidades, para contratar empréstitos, los que deberán estar destinados a financiar proyectos específicos. La ley deberá indicar las fuentes de recursos con cargo a los cuales deba hacerse el servicio de la deuda. Sin embargo, se requerirá de una ley de quórum calificado para autorizar la contratación de aquellos empréstitos cuyo vencimiento exceda del término de duración del respectivo período presidencial.

Lo dispuesto en este número no se aplicará al Banco Central;

8) Las que autoricen la celebración de cualquier clase de operaciones que puedan comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos y de las municipalidades.
Esta disposición no se aplicará al Banco Central;

9) Las que fijen las normas con arreglo a las cuales las empresas del Estado y aquellas en que éste tenga participación puedan contratar empréstitos, los que en ningún caso, podrán efectuarse con el Estado, sus organismos o empresas;

10) Las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión;

11) Las que establezcan o modifiquen la división política y administrativa del país;

12) Las que señalen el valor, tipo y denominación de las monedas y el sistema de pesos y medidas;

13) Las que fijen las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o de guerra, y las normas para permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República , como, asimismo, la salida de tropas nacionales fuera de él;

14) Las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República;

15) Las que autoricen la declaración de guerra, a propuesta del Presidente de la República;

16) Las que concedan indultos generales y amnistías y las que fijen las normas generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del Presidente de la República para conceder indultos particulares y pensiones de gracia.

Las leyes que concedan indultos generales y amnistías requerirán siempre de quórum calificado. No obstante, este quórum será de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio cuando se trate de delitos contemplados en el artículo 9º;

17) Las que señalen la ciudad en que debe residir el Presidente de la República , celebrar sus sesiones el Congreso Nacional y funcionar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional;

18) Las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública;

19) Las que regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general, y

20) Toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico.

 

Artículo 64

El Presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley.

Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad, la ciudadanía, las elecciones ni al plebiscito, como tampoco a materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado.

La autorización no podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional ni de la Contraloría General de la República.

La ley que otorgue la referida autorización señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer o determinar las limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen convenientes.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el Presidente de la República queda autorizado para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes cuando sea conveniente para su mejor ejecución. En ejercicio de esta facultad, podrá introducirle los cambios de forma que sean indispensables, sin alterar, en caso alguno, su verdadero sentido y alcance.

A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón de e stos decretos con fuerza de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorización referida.

Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley.

 

Formación de la ley

Artículo 65

Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. Las mociones no pueden ser firmadas por más de diez diputados ni por más de cinco senadores.

Las leyes sobre tributos de cualquiera naturaleza que sean, sobre los presupuestos de la Administración Pública y sobre reclutamiento, sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. Las leyes sobre amnistía y sobre indultos generales sólo pueden tener origen en el Senado.

Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos, y con las materias señaladas en los números 10 y 13 del artículo 63.

Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para:

1º.- Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión;

2º.- Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones;

3º.- Contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, de las entidades semifiscales, autónomas, de los gobiernos regionales o de las municipalidades, y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del Fisco o de los organismos o entidades referidos;

4º.- Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su caso, de la A dministración P ública y demás organismos y entidades anteriormente señalados, como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes;

5º.- Establecer las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva y determinar los casos en que no se podrá negociar, y

6º.- Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado.

El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República.

 

Artículo 66

Las normas legales que interpreten preceptos constitucionales necesitarán, para su aprobación, modificación o derogación, de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio.

Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional requerirán, para su aprobación, modificación o derogación, de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio.

Las normas legales de quórum calificado se establecerán, modificarán o derogarán por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.

Las demás normas legales requerirán la mayoría de los miembros presentes de cada Cámara, o las mayorías que sean aplicables conforme a los artículos 68 y siguientes.

 

Artículo 67

El proyecto de Ley de Presupuestos deberá ser presentado por el Presidente de la República al Congreso Nacional, a lo menos con tres meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir; y si el Congreso no lo despachare dentro de los sesenta días contados desde su presentación, regirá el proyecto presentado por el Presidente de la República.

El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente.
La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de Presupuestos y de los nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa de ley, corresponderá exclusivamente al Presidente, previo informe de los organismos técnicos respectivos.

No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto.

Si la fuente de recursos otorgada por el Congreso fuere insuficiente para financiar cualquier nuevo gasto que se apruebe, el Presidente de la República , al promulgar la ley, previo informe favorable del servicio o institución a través del cual se recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contraloría General de la República , deberá reducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza.

 

Artículo 68

El proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año. Sin embargo, el Presidente de la República , en caso de un proyecto de su iniciativa, podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara y, si ésta lo aprueba en general por los dos tercios de sus miembros presentes, volverá a la de su origen y sólo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes.

 

Artículo 69

Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado; pero en ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.

Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará inmediatamente a la otra para su discusión.

 

Artículo 70

El proyecto que fuere desechado en su totalidad por la Cámara revisora será considerado por una comisión mixta de igual número de diputados y senadores, la que propondrá la forma y modo de resolver las dificultades. El proyecto de la comisión mixta volverá a la Cámara de origen y, para ser aprobado tanto en ésta como en la revisora, se requerirá de la mayoría de los miembros presentes en cada una de ellas. Si la comisión mixta no llegare a acuerdo, o si la Cámara de origen rechazare el proyecto de esa comisión, el Presidente de la República podrá pedir que esa Cámara se pronuncie sobre si insiste por los dos tercios de sus miembros presentes en el proyecto que aprobó en el primer trámite. Acordada la insistencia, el proyecto pasará por segunda vez a la Cámara que lo desechó, y sólo se entenderá que ésta lo reprueba si concurren para ello las dos terceras partes de sus miembros presentes.

 

Artículo 71

El proyecto que fuere adicionado o enmendado por la Cámara revisora volverá a la de su origen, y en ésta se entenderán aprobadas las adiciones y enmiendas con el voto de la mayoría de los miembros presentes.
Si las adiciones o enmiendas fueren reprobadas, se formará una comisión mixta y se procederá en la misma forma indicada en el artículo anterior. En caso de que en la comisión mixta no se produzca acuerdo para resolver las divergencias entre ambas Cámaras, o si alguna de las Cámaras rechazare la proposición de la comisión mixta, el Presidente de la República podrá solicitar a la Cámara de origen que considere nuevamente el proyecto aprobado en segundo trámite por la revisora. Si la Cámara de origen rechazare las adiciones o modificaciones por los dos tercios de sus miembros presentes, no habrá ley en esa parte o en su totalidad; pero, si hubiere mayoría para el rechazo, menor a los dos tercios, el proyecto pasará a la Cámara revisora, y se entenderá aprobado con el voto conforme de las dos terceras partes de los miembros presentes de esta última.

 

Artículo 72

Aprobado un proyecto por ambas Cámaras será remitido al Presidente de la República , quien, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley.

 

Artículo 73

Si el Presidente de la República desaprueba el proyecto, lo devolverá a la Cámara de su origen con las observaciones convenientes, dentro del término de treinta días.

En ningún caso se admitirán las observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo.

Si las dos Cámaras aprobaren las observaciones, el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al Presidente para su promulgación.

Si las dos Cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones e insistieren por los dos tercios de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su promulgación.

 

Artículo 74

El Presidente de la República podrá hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto, en uno o en todos sus trámites, y en tal caso, la Cámara respectiva deberá pronunciarse dentro del plazo máximo de treinta días.

La calificación de la urgencia corresponderá hacerla al Presidente de la República de acuerdo a la ley orgánica constitucional relativa al Congreso, la que establecerá también todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley.

 

Artículo 75

Si el Presidente de la República no devolviere el proyecto dentro de treinta días, contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley.

La promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de diez días, contados desde que ella sea procedente.

La publicación se hará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio.

Capítulo VI.- Poder Judicial

 

Artículo 76

La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.

Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión.

Para hacer ejecutar sus resoluciones, y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial, podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Los demás tribunales lo harán en la forma que la ley determine.

La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar.

 

Artículo 77

Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.

La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva.

La Corte Suprema deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción del oficio en que se solicita la opinión pertinente.

Sin embargo, si el Presidente de la República hubiere hecho presente una urgencia al proyecto consultado, se comunicará esta circunstancia a la Corte.

En dicho caso, la Corte deberá evacuar la consulta dentro del plazo que implique la urgencia respectiva.

Si la Corte Suprema no emitiere opinión dentro de los plazos aludidos, se tendrá por evacuado el trámite.

La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, así como las leyes procesales que regulen un sistema de enjuiciamiento, podrán fijar fechas diferentes para su entrada en vigencia en las diversas regiones del territorio nacional.  Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la entrada en vigor de dichas leyes en todo el país no podrá ser superior a cuatro años.

 

Artículo 78

En cuanto al nombramiento de los jueces, la ley se ajustará a los siguientes preceptos generales.

La Corte Suprema se compondrá de veintiún ministros.

Los ministros y los fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá la misma Corte , y con acuerdo del Senado. Este adoptará los respectivos acuerdos por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del Presidente de la República , la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.

Cinco de los miembros de la Corte Suprema deberán ser abogados extraños a la administración de justicia, tener a lo menos quince años de título, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria y cumplir los demás requisitos que señale la ley orgánica constitucional respectiva.

La Corte Suprema , cuando se trate de proveer un cargo que corresponda a un miembro proveniente del Poder Judicial, formará la nómina exclusivamente con integrantes de éste y deberá ocupar un lugar en ella el ministro más antiguo de Corte de Apelaciones que figure en lista de méritos. Los otros cuatro lugares se llenarán en atención a los merecimientos de los candidatos. Tratándose de proveer una vacante correspondiente a abogados extraños a la administración de justicia, la nómina se formará exclusivamente, previo concurso público de antecedentes, con abogados que cumplan los requisitos señalados en el inciso cuarto.

Los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones serán designados por el Presidente de la República , a propuesta en terna de la Corte Suprema.

Los jueces letrados serán designados por el Presidente de la República , a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva.

El juez letrado en lo civil o criminal más antiguo de asiento de Corte o el juez letrado civil o criminal más antiguo del cargo inmediatamente inferior al que se trata de proveer y que figure en lista de méritos y exprese su interés en el cargo, ocupará un lugar en la terna correspondiente. Los otros dos lugares se llenarán en atención al mérito de los candidatos.

La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, en su caso, formarán las quinas o las ternas en pleno especialmente convocado al efecto, en una misma y única votación, donde cada uno de sus integrantes tendrá derecho a votar por tres o dos personas, respectivamente. Resultarán elegidos quienes obtengan las cinco o las tres primeras mayorías, según corresponda. El empate se resolverá mediante sorteo.

Sin embargo, cuando se trate del nombramiento de ministros de Corte suplentes, la designación podrá hacerse por la Corte Suprema y, en el caso de los jueces, por la Corte de Apelaciones respectiva. Estas designaciones no podrán durar más de sesenta días y no serán prorrogables. En caso de que los tribunales superiores mencionados no hagan uso de esta facultad o de que haya vencido el plazo de la suplencia, se procederá a proveer las vacantes en la forma ordinaria señalada precedentemente.

 

Artículo 79

Los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones.

Tratándose de los miembros de la Corte Suprema , la ley determinará los casos

 

Artículo 80

Los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento; pero los inferiores desempeñarán su respectiva judicatura por el tiempo que determinen las leyes.

No obstante lo anterior, los jueces cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad; o por renuncia o incapacidad legal sobreviniente o en caso de ser depuestos de sus destinos, por causa legalmente sentenciada. La norma relativa a la edad no regirá respecto al Presidente de la Corte Suprema , quién continuará en su cargo hasta el término de su período.

En todo caso, la Corte Suprema por requerimiento del Presidente de la República , a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes. Estos acuerdos se comunicarán al Presidente de la República para su cumplimiento.
La Corte Suprema , en pleno especialmente convocado al efecto y por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, podrá autorizar u ordenar, fundadamente, el traslado de los jueces y demás funcionarios y empleados del Poder Judicial a otro cargo de igual categoría.

 

Artículo 81

Los magistrados de los tribunales superiores de justicia, los fiscales judiciales y los jueces letrados que integran el Poder Judicial, no podrán ser aprehendidos sin orden del tribunal competente, salvo el caso de crimen o simple delito flagrante y sólo para ponerlos inmediatamente a disposición del tribunal que debe conocer del asunto en conformidad a la ley.

 

Artículo 82

La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la Nación. Se exceptúan de esta norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales.

Los tribunales superiores de justicia, en uso de sus facultades disciplinarias, sólo podrán invalidar resoluciones jurisdiccionales en los casos y forma que establezca la ley orgánica constitucional respectiva.

 

Capítulo VII.- Ministerio Público

 

Artículo 83

Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales.

El ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal.

El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación. Sin embargo, las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán de aprobación judicial previa. La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa, en su caso.

El ejercicio de la acción penal pública, y la dirección de las investigaciones de los hechos que configuren el delito, de los que determinen la participación punible y de los que acrediten la inocencia del imputado en las causas que sean de conocimiento de los tribunales militares, como asimismo la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos de tales hechos corresponderán, en conformidad con las normas del Código de Justicia Militar y a las leyes respectivas, a los órganos y a las personas que ese Código y esas leyes determinen.

 

Artículo 84

Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir los fiscales para su nombramiento y las causales de remoción de los fiscales adjuntos, en lo no contemplado en la Constitución. Las personas que sean designadas fiscales no podrán tener impedimento alguno que las inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Los fiscales regionales y adjuntos cesarán en su cargo al cumplir 75 años de edad.

La ley orgánica constitucional establecerá el grado de independencia y autonomía y la responsabilidad que tendrán los fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal pública, en los casos que tengan a su cargo.

 

Artículo 85

El Fiscal Nacional será designado por el Presidente de la República , a propuesta en quina de la Corte Suprema y con acuerdo del Senado adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del Presidente de la República , la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.

El Fiscal Nacional deberá tener a lo menos diez años de título de abogado, haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio; durará ocho años en el ejercicio de sus funciones y no podrá ser designado para el período siguiente.

Será aplicable al Fiscal Nacional lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 80 en lo relativo al tope de edad.

 

Artículo 86

Existirá un Fiscal Regional en cada una de las regiones en que se divida administrativamente el país, a menos que la población o la extensión geográfica de la región hagan necesario nombrar más de uno.

Los fiscales regionales serán nombrados por el Fiscal Nacional, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones de la respectiva región. En caso que en la región exista más de una Corte de Apelaciones, la terna será formada por un pleno conjunto de todas ellas, especialmente convocado al efecto por el Presidente de la Corte de más antigua creación.

Los fiscales regionales deberán tener a lo menos cinco años de título de abogado, haber cumplido 30 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio; durarán ocho años en el ejercicio de sus funciones y no podrán ser designados como fiscales regionales por el período siguiente, lo que no obsta a que puedan ser nombrados en otro cargo del Ministerio Público.

 

Artículo 87

La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, en su caso, llamarán a concurso público de antecedentes para la integración de las quinas y ternas, las que serán acordadas por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, en pleno especialmente convocado al efecto. No podrán integrar las quinas y ternas los miembros activos o pensionados del Poder Judicial.

Las quinas y ternas se formarán en una misma y única votación en la cual cada integrante del pleno tendrá derecho a votar por tres o dos personas, respectivamente. Resultarán elegidos quienes obtengan las cinco o las tres primeras mayorías, según corresponda. De producirse un empate, éste se resolverá mediante sorteo.

 

Artículo 88

Existirán fiscales adjuntos que serán designados por el Fiscal Nacional, a propuesta en terna del fiscal regional respectivo, la que deberá formarse previo concurso público, en conformidad a la ley orgánica constitucional. Deberán tener el título de abogado y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio.

 

Artículo 89

El Fiscal Nacional y los fiscales regionales sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema , a requerimiento del Presidente de la República , de la Cámara de Diputados, o de diez de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.

La remoción de los fiscales regionales también podrá ser solicitada por el Fiscal Nacional.

 

Artículo 90

Se aplicará al Fiscal Nacional, a los fiscales regionales y a los fiscales adjuntos lo establecido en el artículo 81.

 

Artículo 91

El Fiscal Nacional tendrá la superintendencia directiva, correccional y económica del Ministerio Público, en conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva.

 

Capítulo VIII.- Tribunal Constitucional

 

Artículo 92

Habrá un Tribunal Constitucional integrado por diez miembros, designados de la siguiente forma:

a) Tres designados por el Presidente de la República .

b) Cuatro elegidos por el Congreso Nacional. Dos serán nombrados directamente por el Senado y dos serán previamente propuestos por la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo por el Senado. Los nombramientos, o la propuesta en su caso, se efectuarán en votaciones únicas y requerirán para su aprobación del voto favorable de los dos tercios de los senadores o diputados en ejercicio, según corresponda .

c) Tres elegidos por la Corte Suprema en una votación secreta que se celebrará en sesión especialmente convocada para tal efecto .

Los miembros del Tribunal durarán nueve años en sus cargos y se renovarán por parcialidades cada tres. Deberán tener a lo menos quince años de título de abogado, haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública, no podrán tener impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el cargo de juez, estarán sometidos a las normas de los artículos 58, 59 y 81, y no podrán ejercer la profesión de abogado, incluyendo la judicatura, ni cualquier acto de los establecidos en los incisos segundo y tercero del artículo 60.

Los miembros del Tribunal Constitucional serán inamovibles y no podrán ser reelegidos, salvo aquél que lo haya sido como reemplazante y haya ejercido el cargo por un período menor a cinco años. Cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad.

En caso que un miembro del Tribunal Constitucional cese en su cargo, se procederá a su reemplazo por quien corresponda, de acuerdo con el inciso primero de este artículo y por el tiempo que falte para completar el período del reemplazado.

El Tribunal funcionará en pleno o dividido en dos salas. En el primer caso, el quórum para sesionar será de, a lo menos, ocho miembros y en el segundo de, a lo menos, cuatro. El Tribunal adoptará sus acuerdos por simple mayoría, salvo los casos en que se exija un quórum diferente y fallará de acuerdo a derecho. El Tribunal en pleno resolverá en definitiva las atribuciones indicadas en los números 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 11º del artículo siguiente. Para el ejercicio de sus restantes atribuciones, podrá funcionar en pleno o en sala de acuerdo a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva.

Una ley orgánica constitucional determinará su organización, funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto de su personal.

 

Artículo 93

Son atribuciones del Tribunal Constitucional:

1º Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución , de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación;

2º Resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los auto s acordados dictados por la Corte Suprema , las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones;

3º Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso;

4º Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley;

5º Resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones;

6° Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución ;

7º Resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio, la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior;

8º Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda;

9º Resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución del Presidente de la República que la Contraloría General de la República haya representado por estimarlo inconstitucional, cuando sea requerido por el Presidente en conformidad al artículo 99;

10° Declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los movimientos o partidos políticos, como asimismo la responsabilidad de las personas que hubieran tenido participación en los hechos que motivaron la declaración de inconstitucionalidad, en conformidad a lo dispuesto en los párrafos sexto, séptimo y octavo del nº 15º del artículo 19 de esta Constitución. Sin embargo, si la persona afectada fuera el Presidente de la República o el Presidente electo, la referida declaración requerirá, además, el acuerdo del Senado adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio;

11º Informar al Senado en los casos a que se refiere el artículo 53 número 7) de esta Constitución;

12º Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia, que no correspondan al Senado;

13º Resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona para ser designada Ministro de Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones;

14º Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios;

15º Calificar la inhabilidad invocada por un parlamentario en los términos del inciso final del artículo 60 y pronunciarse sobre su renuncia al cargo, y

16° Resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo aquéllos que fueren dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley por mandato del artículo 63.

En el caso del número 1.º, la Cámara de origen enviará al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los cinco días siguientes a aquél en que quede totalmente tramitado por el Congreso.
En el caso del número 2.º, el Tribunal podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o de diez de sus miembros. Asimismo, podrá requerir al Tribunal toda persona que sea parte en juicio o gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial, o desde la primera actuación del procedimiento penal, cuando sea afectada en el ejercicio de sus derechos fundamentales por lo dispuesto en el respectivo autoacordado

En el caso del número 3.º, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, siempre que sea formulado antes de la promulgación de la ley o de la remisión de la comunicación que informa la aprobación del tratado por el Congreso Nacional y, en caso alguno, después de quinto día del despacho del proyecto o de la señalada comunicación.

El Tribunal deberá resolver dentro del plazo de diez días contado desde que reciba el requerimiento, a menos que decida prorrogarlo hasta por otros diez días por motivos graves y calificados.

El requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto; pero la parte impugnada de éste no podrá ser promulgada hasta la expiración del plazo referido, salvo que se trate del proyecto de Ley de Presupuestos o del proyecto relativo a la declaración de guerra propuesta por el Presidente de la República.

En el caso del número 4.º, la cuestión podrá ser planteada por el Presidente de la República dentro del plazo de diez días cuando la Contraloría rechace por inconstitucional un decreto con fuerza de ley. También podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio en caso de que la Contraloría hubiere tomado razón de un decreto con fuerza de ley que se impugne de inconstitucional. Este requerimiento deberá efectuarse dentro del plazo de treinta días, contado desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley.

En el caso del número 5.º, la cuestión podrá promoverse a requerimiento del Senado o de la Cámara de Diputados, dentro de diez días contados desde la fecha de publicación del decreto que fije el día de la consulta plebiscitaria.

El Tribunal establecerá en su resolución el texto definitivo de la consulta plebiscitaria, cuando ésta fuera procedente.

Si al tiempo de dictarse la sentencia faltaran menos de treinta días para la realización del plebiscito, el Tribunal fijará en ella una nueva fecha comprendida entre los treinta y los sesenta días siguientes al fallo.

En el caso del número 6.º, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

En el caso del número 7º, una vez resuelta en sentencia previa la declaración de inaplicabilidad de un precepto legal, conforme al número 6º de este artículo, habrá acción pública para requerir al Tribunal la declaración de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la facultad de éste para declararla de oficio. Corresponderá a la ley orgánica constitucional respectiva establecer los requisitos de admisibilidad, en el caso de que se ejerza la acción pública, como asimismo regular el procedimiento que deberá seguirse para actuar de oficio.

En los casos del número 8º, la cuestión podrá promoverse por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, dentro de los treinta días siguientes a la publicación del texto impugnado o dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que el Presidente de la República debió efectuar la promulgación de la ley. Si el Tribunal acogiera el reclamo, promulgará en su fallo la ley que no lo haya sido o rectificará la promulgación incorrecta.

En el caso del número 11º, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento del Senado.

Habrá acción pública para requerir al Tribunal respecto de las atribuciones que se le confieren por los números 10.º y 13.º de este artículo.

Sin embargo, si en el caso del número 10º la persona afectada fuera el Presidente de la República o el Presidente electo, el requerimiento deberá formularse por la Cámara de Diputados o por la cuarta parte de sus miembros en ejercicio.

En el caso del número 12°, el requerimiento deberá ser deducido por cualquiera de las autoridades o tribunales en conflicto.

En el caso del número 14º, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República o de no menos de diez parlamentarios en ejercicio.

En el caso del número 16º, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento de cualquiera de las Cámaras efectuado dentro de los treinta días siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado. En el caso de vicios que no se refieran a decretos que excedan la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República también podrá una cuarta parte de los miembros en ejercicio deducir dicho requerimiento.

El Tribunal Constitucional podrá apreciar en conciencia los hechos cuando conozca de las atribuciones indicadas en los números 10º, 11º y 13º, como, asimismo, cuando conozca de las causales de cesación en el cargo de parlamentario.

En los casos de los numerales 10º, 13º y en el caso del numeral 2º cuando sea requerido por una parte, corresponderá a una sala del Tribunal pronunciarse sin ulterior recurso, de su admisibilidad.

 

Artículo 94

Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno, sin perjuicio de que puede, el mismo Tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido.

Las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley en el proyecto o decreto con fuerza de ley de que se trate.

En el caso del nº 16º del artículo 93, el decreto supremo impugnado quedará sin efecto de pleno derecho, con el solo mérito de la sentencia del Tribunal que acoja el reclamo. No obstante, el precepto declarado inconstitucional en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2, 4 ó 7 del artículo 93, se entenderá derogado desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo.

Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de todo o parte de una ley, de un decreto con fuerza de ley, de un decreto supremo o auto acordado, en su caso, se publicarán en el Diario Oficial dentro de los tres días siguientes a su dictación.

 

Capítulo IX.- Justicia Electoral

 

Artículo 95

Un tribunal especial, que se denominará Tribunal Calificador de Elecciones, conocerá del escrutinio general y de la calificación de las elecciones de Presidente de la República , de diputados y senadores; resolverá las reclamaciones a que dieren lugar y proclamará a los que resulten elegidos. Dicho Tribunal conocerá, asimismo, de los plebiscitos, y tendrá las demás atribuciones que determine la ley.

Estará constituido por cinco miembros designados en la siguiente forma:

a) Cuatro ministros de la Corte Suprema , designados por ésta, mediante sorteo, en la forma y oportunidad que determine la ley orgánica constitucional respectiva, y

b) Un ciudadano que hubiere ejercido el cargo de Presidente o Vicepresidente de la Cámara de Diputados o del Senado por un período no inferior a los 365 días, designado por la Corte Suprema en la forma señalada en la letra a) precedente, de entre todos aquéllos que reúnan las calidades indicadas.

Las designaciones a que se refiere la letra b) no podrán recaer en personas que sean parlamentario, candidato a cargos de elección popular, Ministro de Estado, ni dirigente de partido político.

Los miembros de este tribunal durarán cuatro años en sus funciones y les serán aplicables las disposiciones de los artículos 58 y 59 de esta Constitución.

El Tribunal Calificador procederá como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciará con arreglo a derecho.

Una ley orgánica constitucional regulará la organización y funcionamiento del Tribunal Calificador.

 

Artículo 96

Habrá tribunales electorales regionales encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones que la ley les encomiende, así como de resolver las reclamaciones a que dieren lugar y de proclamar a los candidatos electos. Sus resoluciones serán apelables para ante el Tribunal Calificador de Elecciones en la forma que determine la ley. Asimismo , les corresponderá conocer de la calificación de las elecciones de carácter gremial y de las que tengan lugar en aquellos grupos intermedios que la ley señale.

Estos tribunales estarán constituidos por un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, elegido por ésta, y por dos miembros designados por el Tribunal Calificador de Elecciones de entre personas que hayan ejercido la profesión de abogado o desempeñado la función de ministro o abogado integrante de Corte de Apelaciones por un plazo no inferior a tres años .

Los miembros de estos tribunales durarán cuatro años en sus funciones y tendrán las inhabilidades e incompatibilidades que determine la ley.

Estos tribunales procederán como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciarán con arreglo a derecho.

La ley determinará las demás atribuciones de estos tribunales y regulará su organización y funcionamiento.

 

Artículo 97

Anualmente, se destinarán en la Ley de Presupuestos de la Nación los fondos necesarios para la organización y funcionamiento de estos tribunales, cuyas plantas, remuneraciones y estatuto del personal serán establecidos por ley.

 

Capítulo X.- Contraloría General De La República

 

Artículo 98

Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración , fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevará la contabilidad general de la Nación , y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva.

El Contralor General de la Republica deberá tener a lo menos diez años de título de abogado, haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Será designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio, por un período de ocho años y no podrá ser designado para el período siguiente. Con todo, al cumplir 75 años de edad cesará en el cargo.

 

Artículo 99

En el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan adolecer; pero deberá darles curso cuando, a pesar de su representación, el Presidente de la República insista con la firma de todos sus Ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Cámara de Diputados. En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución y remitirá copia íntegra de los antecedentes a la misma Cámara.

Corresponderá, asimismo, al Contralor General de la República tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos cuando ellos excedan o contravengan la ley delegatoria o sean contrarios a la Constitución.

Si la representación tuviere lugar con respecto a un decreto con fuerza de ley, a un decreto promulgatorio de una ley o de una reforma constitucional por apartarse del texto aprobado, o a un decreto o resolución por ser contrario a la Constitución , el Presidente de la República no tendrá la facultad de insistir, y en caso de no conformarse con la representación de la Contraloría deberá remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional dentro del plazo de diez días, a fin de que éste resuelva la controversia.

En lo demás, la organización, el funcionamiento y las atribuciones de la Contraloría General de la República serán materia de una ley orgánica constitucional.

 

Artículo 100

Las Tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por autoridad competente, en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto. Los pagos se efectuarán considerando, además, el orden cronológico establecido en ella y previa refrendación presupuestaria del documento que ordene el pago.

 

Capítulo XI.- Fuerzas Armadas, De Orden Y Seguridad Pública

 

Artículo 101

Las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional.

Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.

Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas.

 

Artículo 102

La incorporación a las plantas y dotaciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros sólo podrá hacerse a través de sus propias Escuelas, con excepción de los escalafones profesionales y de empleados civiles que determine la ley.

 

Artículo 103

Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares que señale una ley aprobada con quórum calificado, sin autorización otorgada en conformidad a ésta.

Una ley determinará el Ministerio o los órganos de su dependencia que ejercerán la supervigilancia y control de las armas. 

Asimismo, establecerá los órganos públicos encargados de fiscalizar el cumplimiento de las normas relativas a dicho control.

 

Artículo 104

Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea , y el General Director de Carabineros serán designados por el Presidente de la República de entre los cinco oficiales generales de mayor antigüedad, que reúnan las calidades que los respectivos estatutos institucionales exijan para tales cargos; durarán cuatro años en sus funciones, no podrán ser nombrados para un nuevo período y gozarán de inamovilidad en su cargo.

El Presidente de la República , mediante decreto fundado e informando previamente a la Cámara de Diputados y al Senado, podrá llamar a retiro a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros, en su caso, antes de completar su respectivo período.

 

Artículo 105

Los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros, se efectuarán por decreto supremo, en conformidad a la ley orgánica constitucional correspondiente, la que determinará las normas básicas respectivas, así como las normas básicas referidas a la carrera profesional, incorporación a sus plantas, previsión, antigüedad, mando, sucesión de mando y presupuesto de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

El ingreso, los nombramientos, ascensos y retiros en Investigaciones se efectuarán en conformidad a su ley orgánica.

 

Capítulo XII.- Consejo De Seguridad Nacional

 

Artículo 106

Habrá un Consejo de Seguridad Nacional encargado de asesorar al Presidente de la República en las materias vinculadas a la seguridad nacional y de ejercer las demás funciones que esta Constitución le encomienda. Será presidido por el Jefe del Estado y estará integrado por los Presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema , por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, por el General Director de Carabineros y por el Contralor General de la República.

En los casos que el Presidente de la República lo determine, podrán estar presentes en sus sesiones los ministros encargados del gobierno interior, de la defensa nacional, de la seguridad pública, de las relaciones exteriores y de la economía y finanzas del país.

 

Artículo 107

El Consejo de Seguridad Nacional se reunirá cuando sea convocado por el Presidente de la República y requerirá como quórum para sesionar el de la mayoría absoluta de sus integrantes.

El Consejo no adoptará acuerdos sino para dictar el reglamento a que se refiere el inciso final de la presente disposición. En sus sesiones, cualquiera de sus integrantes podrá expresar su opinión frente a algún hecho, acto o materia que diga relación con las bases de la institucionalidad o la seguridad nacional.

Las actas del Consejo serán públicas, a menos que la mayoría de sus miembros determine lo contrario.

Un reglamento dictado por el propio Consejo establecerá las demás disposiciones concernientes a su organización, funcionamiento y publicidad de sus debates.

 

Capítulo XIII.- Banco Central

 

Artículo 108

Existirá un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, denominado Banco Central, cuya composición, organización, funciones y atribuciones determinará una ley orgánica constitucional.

 

Artículo 109

El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas. De manera alguna podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.

Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central.

Con todo, en caso de guerra exterior o de peligro de ella, que calificará el Consejo de Seguridad Nacional, el Banco Central podrá obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y entidades públicas o privadas.
El Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza.

 

Capítulo XIV.- Gobierno Y Administración Interior Del Estado

 

Artículo 110

Para el gobierno y administración interior del Estado, el territorio de la República se divide en regiones y éstas en provincias. Para los efectos de la administración local, las provincias se dividirán en comunas.

La creación, supresión y denominación de regiones, provincias y comunas; la modificación de sus límites, así como la fijación de las capitales de las regiones y provincias, serán materia de ley orgánica constitucional.

 

Gobierno y Administración Regional

Artículo 111

El gobierno de cada región reside en un intendente que será de la exclusiva confianza del Presidente de la República. El intendente ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente, de quien es su representante natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción.

La administración superior de cada región radicará en un gobierno regional que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región.

El gobierno regional estará constituido por el intendente y el consejo regional. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional gozará de personalidad jurídica de derecho público y tendrá patrimonio propio.

 

Artículo 112

Al intendente le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región.

La ley determinará la forma en que el intendente ejercerá estas facultades, las demás atribuciones que le correspondan y los organismos que colaborarán en el cumplimiento de sus funciones.

 

Artículo 113   

El consejo regional será un órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, dentro del ámbito propio de competencia del gobierno regional, encargado de hacer efectiva la participación de la ciudadanía regional y ejercer las atribuciones que la ley orgánica constitucional respectiva le encomiende.

El consejo regional estará integrado por consejeros elegidos por sufragio universal en votación directa, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma ley establecerá la organización del consejo regional, determinará el número de consejeros que lo integrarán y su forma de reemplazo, cuidando siempre que tanto la población como el territorio de la región estén equitativamente representados.

Cesará en su cargo el consejero regional que durante su ejercicio perdiere alguno de los requisitos de elegibilidad o incurriere en alguna de las inhabilidades, incompatibilidades, incapacidades u otras causales de cesación que la ley orgánica constitucional establezca.

Lo señalado en los incisos precedentes respecto del consejo regional y de los consejeros regionales será aplicable, en lo que corresponda, a los territorios especiales a que se refiere el artículo 126 bis.

El consejo regional, por mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicio, elegirá un presidente de entre sus miembros. El presidente del consejo durará cuatro años en su cargo y cesará en él en caso de incurrir en alguna de las causales señaladas en el inciso tercero, por remoción acordada por los dos tercios de los consejeros regionales en ejercicio o por renuncia aprobada por la mayoría de éstos.

La ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones del presidente del consejo regional.

Corresponderá al consejo regional aprobar el proyecto de presupuesto de la respectiva región considerando, para tal efecto, los recursos asignados a ésta en la Ley de Presupuestos, sus recursos propios y los que provengan de los convenios de programación.

Los Senadores y Diputados que representen a las circunscripciones y distritos de la región podrán, cuando lo estimen conveniente, asistir a las sesiones del consejo regional y tomar parte en sus debates, sin derecho a voto.

 

Artículo 114

La ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo en que el Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.

 

Artículo 115

Para el gobierno y administración interior del Estado a que se refiere el presente capítulo se observará como principio básico la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo. Las leyes que se dicten al efecto deberán velar por el cumplimiento y aplicación de dicho principio, incorporando asimismo criterios de solidaridad entre las regiones, como al interior de ellas, en lo referente a la distribución de los recursos públicos.
Sin perjuicio de los recursos que para su funcionamiento se asignen a los gobiernos regionales en la Ley de Presupuestos de la Nación y de aquellos que provengan de lo dispuesto en el nº 20º del artículo 19, dicha ley contemplará una proporción del total de los gastos de inversión pública que determine, con la denominación de fondo nacional de desarrollo regional.

La Ley de Presupuestos de la Nación contemplará, asimismo, gastos correspondientes a inversiones sectoriales de asignación regional cuya distribución entre regiones responderá a criterios de equidad y eficiencia, tomando en consideración los programas nacionales de inversión correspondientes. La asignación de tales gastos al interior de cada región corresponderá al gobierno regional.

A iniciativa de los gobiernos regionales o de uno o más ministerios podrán celebrarse convenios anuales o plurianuales de programación de inversión pública entre gobiernos regionales, entre éstos y uno o más ministerios o entre gobiernos regionales y municipalidades, cuyo cumplimiento será obligatorio. La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las normas generales que regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos convenios.

La ley podrá autorizar a los gobiernos regionales y a las empresas públicas para asociarse con personas naturales o jurídicas a fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional. Las entidades que al efecto se constituyan se regularán por las normas comunes aplicables a los particulares.

Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el número 21º del artículo 19.

 

Gobierno y Administración Provincial

Artículo 116

En cada provincia existirá una gobernación que será un órgano territorialmente desconcentrado del intendente. Estará a cargo de un gobernador, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República.

Corresponde al gobernador ejercer, de acuerdo a las instrucciones del intendente, la supervigilancia de los servicios públicos existentes en la provincia. La ley determinará las atribuciones que podrá delegarle el intendente y las demás que le corresponden.

 
Artículo 117

Los gobernadores, en los casos y forma que determine la ley, podrán designar delegados para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades.

 

Administración Comunal

Artículo 118

La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el concejo.

La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las modalidades y formas que deberá asumir la participación de la comunidad local en las actividades municipales.

Los alcaldes, en los casos y formas que determine la ley orgánica constitucional respectiva, podrán designar delegados para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades.

Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

Una ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones de las municipalidades. Dicha ley señalará, además, las materias de competencia municipal que el alcalde, con acuerdo del concejo o a requerimiento de los 2/3 de los concejales en ejercicio, o de la proporción de ciudadanos que establezca la ley, someterá a consulta no vinculante o a plebiscito, así como las oportunidades, forma de la convocatoria y efectos.

Las municipalidades podrán asociarse entre ellas en conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva, pudiendo dichas asociaciones gozar de personalidad jurídica de derecho privado. Asimismo, podrán constituir o integrar corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto sea la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte, o el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo. La participación municipal en ellas se regirá por la citada ley orgánica constitucional.

Las municipalidades podrán establecer en el ámbito de las comunas o agrupación de comunas, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva, territorios denominados unidades vecinales, con el objeto de propender a un desarrollo equilibrado y a una adecuada canalización de la participación ciudadana.

Los servicios públicos deberán coordinarse con el municipio cuando desarrollen su labor en el territorio comunal respectivo, en conformidad con la ley.

La ley determinará la forma y el modo en que los ministerios, servicios públicos y gobiernos regionales podrán transferir competencias a las municipalidades, como asimismo el carácter provisorio o definitivo de la transferencia.

 

Artículo 119

En cada municipalidad habrá un concejo integrado por concejales elegidos por sufragio universal en conformidad a la ley orgánica constitucional de municipalidades. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma ley determinará el número de concejales y la forma de elegir al alcalde.

El concejo será un órgano encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local, ejercerá funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras y otras atribuciones que se le encomienden, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva.

La ley orgánica de municipalidades determinará las normas sobre organización y funcionamiento del concejo y las materias en que la consulta del alcalde al con c ejo será obligatoria y aquellas en que necesariamente se requerirá el acuerdo de éste. En todo caso, será necesario dicho acuerdo para la aprobación del plan comunal de desarrollo, del presupuesto municipal y de los proyectos de inversión respectivos.

 

Artículo 120

La ley orgánica constitucional respectiva regulará la administración transitoria de las comunas que se creen, el procedimiento de instalación de las nuevas municipalidades, de traspaso del personal municipal y de los servicios y los resguardos necesarios para cautelar el uso y disposición de los bienes que se encuentren situados en los territorios de las nuevas comunas.

Asimismo, la ley orgánica constitucional de municipalidades establecerá los procedimientos que deberán observarse en caso de supresión o fusión de una o más comunas.

 

Artículo 121

Las municipalidades, para el cumplimiento de sus funciones, podrán crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones, como también establecer los órganos o unidades que la ley orgánica constitucional respectiva permita.
Estas facultades se ejercerán dentro de los límites y requisitos que, a iniciativa exclusiva del Presidente de la República , determine la ley orgánica constitucional de municipalidades.

 

Artículo 122

Las municipalidades gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas. La Ley de Presupuestos de la Nación podrá asignarles recursos para atender sus gastos, sin perjuicio de los ingresos que directamente se les confieran por la ley o se les otorguen por los gobiernos regionales respectivos. Una ley orgánica constitucional contemplará un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país con la denominación de fondo común municipal. Las normas de distribución de este fondo serán materia de ley.

 

Disposiciones Generales

Artículo 123

La ley establecerá fórmulas de coordinación para la administración de todos o algunos de los municipios, con respecto a los problemas que les sean comunes, así como entre los municipios y los demás servicios públicos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la ley orgánica constitucional respectiva regulará la administración de las áreas metropolitanas, y establecerá las condiciones y formalidades que permitan conferir dicha calidad a determinados territorios.

 

Artículo 124

Para ser designado intendente o gobernador y para ser elegido consejero regional, alcalde o concejal, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener los demás requisitos de idoneidad que la ley señale y residir en la región a lo menos en los últimos dos años anteriores a su designación o elección.

Los cargos de intendente, gobernador, consejero regional, alcalde y concejal serán incompatibles entre sí.

Ningún intendente, gobernador o presidente del consejo regional, desde el día de su designación o elección, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema.

En caso de ser arrestado algún intendente, gobernador o presidente de consejo regional por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el intendente, gobernador o presidente del consejo regional imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente.

 

Artículo 125

Las leyes orgánicas constitucionales respectivas establecerán las causales de cesación en los cargos de alcalde, consejero regional y concejal.

 

Artículo 126

La ley determinará la forma de resolver las cuestiones de competencia que pudieren suscitarse entre las autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales.

Asimismo, establecerá el modo de dirimir las discrepancias que se produzcan entre el intendente y el consejo regional, así como entre el alcalde y el concejo.

 

Disposiciones Especiales

Artículo 126 bis

Son territorios especiales los correspondientes a Isla de Pascua y al Archipiélago Juan Fernández. El Gobierno y Administración de estos territorios se regirá por los estatutos especiales que establezcan las leyes orgánicas constitucionales respectivas

 

Capítulo XV.- Reforma De La Constitución

 

Artículo 127

Los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje del Presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional, con las limitaciones señaladas en el inciso primero del artículo 65.

El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Si la reforma recayere sobre los capítulos I, III, VIII, XI, XII o XV, necesitará, en cada Cámara, la aprobación de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio.

En lo no previsto en este Capítulo, serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley, debiendo respetarse siempre los quórums señalados en el inciso anterior.

 

Artículo 128

El proyecto que aprueben ambas Cámaras pasará al Presidente de la República.

Si el Presidente de la República rechazare totalmente un proyecto de reforma aprobado por ambas Cámaras y éstas insistieren en su totalidad por las dos terceras partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara, el Presidente deberá promulgar dicho proyecto, a menos que consulte a la ciudadanía mediante plebiscito.

Si el Presidente observare parcialmente un proyecto de reforma aprobado por ambas Cámaras, las observaciones se entenderán aprobadas con el voto conforme de las tres quintas o dos terceras partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara, según corresponda de acuerdo con el artículo anterior, y se devolverá al Presidente para su promulgación.

En caso de que las Cámaras no aprueben todas o algunas de las observaciones del Presidente, no habrá reforma constitucional sobre los puntos en discrepancia, a menos que ambas Cámaras insistieren por los dos tercios de sus miembros en ejercicio en la parte del proyecto aprobado por ellas. En este último caso, se devolverá al Presidente la parte del proyecto que haya sido objeto de insistencia para su promulgación, salvo que éste consulte a la ciudadanía para que se pronuncie mediante un plebiscito, respecto de las cuestiones en desacuerdo.

La ley orgánica constitucional relativa al Congreso regulará en lo demás lo concerniente a los vetos de los proyectos de reforma y a su tramitación en el Congreso.

 

Artículo 129

La convocatoria a plebiscito deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a aquel en que ambas Cámaras insistan en el proyecto aprobado por ellas, y se ordenará mediante decreto supremo que fijará la fecha de la votación plebiscitaria, la que se celebrará ciento veinte días después de la publicación de dicho decreto si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. Transcurrido este plazo sin que el Presidente convoque a plebiscito, se promulgará el proyecto que hubiere aprobado el Congreso.

El decreto de convocatoria contendrá, según corresponda, el proyecto aprobado por ambas Cámaras y vetado totalmente por el Presidente de la República , o las cuestiones del proyecto en las cuales el Congreso haya insistido. En este último caso, cada una de las cuestiones en desacuerdo deberá ser votada separadamente en el plebiscito.

El Tribunal Calificador comunicará al Presidente de la República el resultado del plebiscito, y especificará el texto del proyecto aprobado por la ciudadanía, el que deberá ser promulgado como reforma constitucional dentro de los cinco días siguientes a dicha comunicación.

Una vez promulgado el proyecto y desde la fecha de su vigencia, sus disposiciones formarán parte de la Constitución y se tendrán por incorporadas a ésta.

 

Disposiciones Transitorias

 

PRIMERA

Mientras se dictan las disposiciones que den cumplimiento a lo prescrito en el inciso tercero del número 1º del artículo 19 de esta Constitución, continuarán rigiendo los preceptos legales actualmente en vigor.

 

SEGUNDA

Mientras se dicta el nuevo Código de Minería, que deberá regular, entre otras materias, la forma, condiciones y efectos de las concesiones mineras a que se refieren los incisos séptimo al décimo del número 24º del artículo 19 de esta Constitución Política, los titulares de derechos mineros seguirán regidos por la legislación que estuviere en vigor al momento en que entre en vigencia esta Constitución, en calidad de concesionarios.
Los derechos mineros a que se refiere el inciso anterior subsistirán bajo el imperio del nuevo Código, pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de dicho nuevo Código de Minería. Este nuevo Código deberá otorgar plazo a los concesionarios para cumplir los nuevos requisitos que se establezcan para merecer amparo legal.

En el lapso que medie entre el momento en que se ponga en vigencia esta Constitución y aquél en que entre en vigor el nuevo Código de Minería, la constitución de derechos mineros con el carácter de concesión señalado en los incisos séptimo al décimo del número 24º del artículo 19 de esta Constitución, continuará regida por la legislación actual, al igual que las concesiones mismas que se otorguen.

 

TERCERA

La gran minería del cobre y las empresas consideradas como tal, nacionalizadas en virtud de lo prescrito en la disposición 17a. transitoria de la Constitución Política de 1925, continuarán rigiéndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgación de esta Constitución.

 

CUARTA

Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución , mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales.

 

QUINTA

No obstante lo dispuesto en el número 6º del artículo 32, mantendrán su vigencia los preceptos legales que a la fecha de promulgación de esta Constitución hubieren reglado materias no comprendidas en el artículo 63, mientras ellas no sean expresamente derogadas por ley.

 

SEXTA

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del número 20º del artículo 19, mantendrán su vigencia las disposiciones legales que hayan establecido tributos de afectación a un destino determinado, mientras no sean expresamente derogadas.

 

SÉPTIMA

El indulto particular será siempre procedente respecto de los delitos a que se refiere el artículo 9º cometidos antes del 11 de m arzo de 1990. Una copia del Decreto respectivo se remitirá, en carácter reservado, al Senado.

 

OCTAVA

Las normas del capítulo VII “Ministerio Público”, regirán al momento de entrar en vigencia la ley orgánica constitucional del Ministerio Público. Esta ley podrá establecer fechas diferentes para la entrada en vigor de sus disposiciones, como también determinar su aplicación gradual en las diversas materias y regiones del país.

El capítulo VII “Ministerio Público”, la ley orgánica constitucional del Ministerio Público y las leyes que, complementando dichas normas, modifiquen el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán exclusivamente a los hechos acaecidos con posterioridad a la entrada en vigencia de tales disposiciones.

 

NOVENA

No obstante lo dispuesto en el artículo 87, en la quina y en cada una de las ternas que se formen para proveer por primera vez los cargos de Fiscal Nacional y de fiscales regionales, la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones podrán incluir, respectivamente, a un miembro activo del Poder

 

DÉCIMA

Las atribuciones otorgadas a las municipalidades en el artículo 121, relativas a la modificación de la estructura orgánica, de personal y de remuneraciones, serán aplicables cuando se regulen en la ley respectiva las modalidades, requisitos y limitaciones para el ejercicio de estas nuevas competencias.

 

DECIMOPRIMERA

En el año siguiente a la fecha de publicación de la presente ley de reforma constitucional no podrán figurar en las nóminas para integrar la Corte Suprema quienes hayan desempeñado los cargos de Presidente de la República , diputado, senador, Ministro de Estado, intendente, gobernador o alcalde.

 

DECIMOSEGUNDA

El mandato del Presidente de la República en ejercicio será de seis años, no pudiendo ser reelegido para el período siguiente.

 

DECIMOTERCERA

El Senado estará integrado únicamente por senadores electos en conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios actualmente vigentes.

Las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios que digan relación con el número de senadores y diputados, las circunscripciones y distritos existentes, y el sistema electoral vigente, requerirán del voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio.

 

DECIMOCUARTA

El reemplazo de los actuales Ministros y el nombramiento de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, se efectuará conforme a las reglas siguientes:

Los actuales Ministros nombrados por el Presidente de la República , el Senado, la Corte Suprema y el Consejo de Seguridad Nacional se mantendrán en funciones hasta el término del período por el cual fueron nombrados o hasta que cesen en sus cargos.

El reemplazo de los Ministros designados por el Consejo de Seguridad Nacional corresponderá al Presidente de la República.

El Senado nombrará tres Ministros del Tribunal Constitucional, dos directamente y el tercero previa propuesta de la Cámara de Diputados. Éste último durará en el cargo hasta el mismo día en que cese el actualmente nombrado por el Senado o quién lo reemplace en conformidad al inciso séptimo de este artículo, y podrá ser reelegido.

Los actuales Ministros de la Corte Suprema que lo sean a su vez del Tribunal Constitucional, quedarán suspendidos temporalmente en el ejercicio de sus cargos en dicha Corte, seis meses después que se publique la presente reforma constitucional y sin afectar sus derechos funcionarios. Reasumirán esos cargos al término del período por el cual fueron nombrados en el Tribunal Constitucional o cuando cesen en este último por cualquier motivo.

La Corte Suprema nominará, en conformidad a la letra c) del Artículo 92, los abogados indicados en la medida que se vayan generando las vacantes correspondientes. No obstante, el primero de ellos será nombrado por tres años, el segundo por seis años y el tercero por nueve años. El que haya sido nombrado por tres años podrá ser reelegido.

Si alguno de los actuales Ministros no contemplados en el inciso anterior cesare en su cargo, se reemplazará por la autoridad indicada en las letras a) y b) del artículo 92, según corresponda, y su período durará por lo que reste a su antecesor, pudiendo éstos ser reelegidos.

Los Ministros nombrados en conformidad a esta disposición deberán ser designados con anterioridad al 11 de diciembre de 2005 y entrarán en funciones el 1 de enero de 2006.

 

DECIMOQUINTA

Los tratados internacionales aprobados por el Congreso Nacional con anterioridad a la entrada en vigor de la presente reforma constitucional, que versen sobre materias que conforme a la Constitución deben ser aprobadas por la mayoría absoluta o las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio, se entenderá que han cumplido con estos requisitos.

Las contiendas de competencia actualmente trabadas ante la Corte Suprema y las que lo sean hasta la entrada en vigor de las modificaciones al Capítulo VIII, continuarán radicadas en dicho órgano hasta su total tramitación.

Los procesos iniciados, de oficio o a petición de parte, o que se iniciaren en la Corte Suprema para declarar la inaplicabilidad de un precepto legal por ser contrario a la Constitución , con anterioridad a la aplicación de las reformas al Capítulo VIII, seguirán siendo de conocimiento y resolución de esa Corte hasta su completo término.

 

DECIMOSEXTA

Las reformas introducidas al Capítulo VIII entran en vigor seis meses después de la publicación de la presente reforma constitucional con la excepción de lo regulado en la disposición decimocuarta.

 

DECIMOSEPTIMA

Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública seguirán siendo dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional hasta que se dicte la nueva ley que cree el Ministerio encargado de la Seguridad Pública.

 

DECIMOOCTAVA

Las modificaciones dispuestas en el artículo 57, nº 2, comenzarán a regir después de la próxima elección general de parlamentarios.

 

DECIMONOVENA

No obstante, la modificación al Artículo 16 nº 2 de esta Constitución, también se suspenderá el derecho de sufragio de las personas procesadas por hechos anteriores al 16 de Junio de 2005, por delitos que merezcan pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista.

 

VIGÉSIMA

En tanto no se creen los tribunales especiales a que alude el párrafo cuarto del número 16° del Artículo 19, las reclamaciones motivadas por la conducta ética de los profesionales que no pertenezcan a colegios profesionales, serán conocidas por los tribunales ordinarios.

 

VIGÉSIMAPRIMERA

La reforma introducida en el numeral 10º del artículo 19, que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y el deber del Estado de financiar un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores, entrará en vigencia gradualmente, en la forma que disponga la ley.

 

VIGÉSIMASEGUNDA

Mientras no entren en vigencia los estatutos especiales a que se refiere el artículo 126 bis, los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández continuarán rigiéndose por las normas comunes en materia de división político-administrativa y de gobierno y administración interior del Estado.

 

VIGÉSIMOTERCERA.

Las reformas introducidas a los artículos 15 y 18 sobre voluntariedad del voto e incorporación al registro electoral por el solo ministerio de la ley, regirán al momento de entrar en vigencia la respectiva ley orgánica constitucional a que se refiere el inciso segundo del artículo 18 que se introduce mediante dichas reformas.

 

VIGÉSIMOCUARTA.

El Estado de Chile podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el tratado aprobado en la ciudad de Roma, el 17 de julio de 1998, por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de dicha Corte.

Al efectuar ese reconocimiento, Chile reafirma su facultad preferente para ejercer su jurisdicción penal en relación con la jurisdicción de la Corte. Esta última será subsidiaria de la primera, en los términos previstos en el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional.

La cooperación y asistencia entre las autoridades nacionales competentes y la Corte Penal Internacional, así como los procedimientos judiciales y administrativos a que hubiere lugar, se sujetarán a lo que disponga la ley chilena.

La jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en los términos previstos en su Estatuto, sólo se podrá ejercer respecto de los crímenes de su competencia cuyo principio de ejecución sea posterior a la entrada en vigor en Chile del Estatuto de Roma.

 

VIGÉSIMO QUINTA.  

La modificación introducida en el inciso cuarto del artículo 60, entrará en vigencia transcurridos ciento ochenta días a contar de la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

 

VIGESIMOSEXTA.

Prorrógase el mandato de los consejeros regionales en ejercicio a la fecha de publicación de la presente reforma constitucional, y el de sus respectivos suplentes, hasta el 11 de marzo del año 2014.

La primera elección por sufragio universal en votación directa de los consejeros regionales a que se refiere el inciso segundo del artículo 113 se realizará en conjunto con las elecciones de Presidente de la República y Parlamentarios, el día 17 de noviembre del año 2013.

Para este efecto, las adecuaciones a la ley orgánica constitucional respectiva deberán entrar en vigencia antes del 20 de julio del año 2013.

01Ene/14

 Constitution 1.3.1994 Republic of Belarus

PREAMBLE

We, the People of the Republic of Belarus, emanating from the responsibility for the present and future of Belarus;  recognizing ourselves as a subject, with full rights, of the world community and confirming our adherence to values common to all mankind;
founding ourselves on our inalienable right to self-determination; supported by the centuries-long history of development of Belarusian statehood; striving to assert the rights and freedoms of every citizen of the Republic of Belarus; desiring to maintain civic harmony, stable foundations of democracy, and a state based on the rule of law; hereby adopt this Constitution as the Basic Law of the Republic of Belarus

SECTION I. PRINCIPLES OF THE CONSTITUIONAL SYSTEM

Article 8. International Law
1. The Republic of Belarus shall recognize the supremacy of the universally acknowledged principles of international law and ensure that its laws comply with such principles.
2. The conclusion of international agreements that are contrary to the Constitution shall not be permitted.

SECTION  II.  THE INDIVIDUAL, SOCIETY, AND THE STATE

Article 21. Protection of Rights and Liberties
Safeguarding the rights and liberties of citizens of the Republic of Belarus shall be supreme goal of the State. The State shall guarantee the rights and liberties of the citizens of Belarus that are enshrined in the Constitution and the laws, and specified in the State's international obligations

Article 25. Personal Liberty, Dignity
1. The State shall safeguard personal liberty, inviolability, and dignity. The restriction or denial of personal liberty is possible in the instances and under the procedure specified in law.
2. A person who has been taken into custody shall be entitled to a judicial investigation into the legality of his detention or arrest.
3. No one shall be subjected to torture or cruel, inhuman, or undignified treatment or punishment, or be subjected to medical or other experiments without his consent.

Article 28. Privacy, Secrety of Communication
Everyone shall be entitled to protection against unlawful interference with his private life, including encroachments on the privacy of his correspondence and telephone and other communications, and on his honor and dignity.

Article 29. Home
The inviolability of the home and other legitimate property of citizens shall be guaranteed. No one shall have the right, without just cause, enter the dwelling and other lawful property of a citizen against his will.

Article 60. Protection of Rights, Official Liability
1. State bodies as well as official and other persons that are entrusted with the discharge of state functions shall, within the limits of their competence, take measures necessary for the exercise and protection of personal rights and liberties.
2. These bodies and persons shall be held liable for actions that violate personal rights and liberties.

01Ene/14

Copyright (Subtitling of Television Broadcasts and Cable Programmes) (Designated Body) Order s 31st day of January 2014

The Minister responsible for intellectual property, on being satisfied that the body designated by this Order is not established or conducted for profit and in exercise of the powers conferred by section 100 of the Copyright and Designs Act 2004, makes the following Order:

Citation

1.- This Order may be cited as the Copyright (Subtitling of Television Broadcasts and Cable Programmes) (Designated Body) Order 2014.

Designated body

2.- The Bermuda Islands Association of the Deaf (B.I.A.D.) is designated as a body for the purposes of section 100 of the Act.

 

Made this 31st day of January 2014

Minister of Home Affairs

01Ene/14

Decision 1050/2000. Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional, 23 de agosto de 2000, s/ Habeas Data. Expediente nº 00-2378. Magistrado Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero

En fecha 9 de agosto de 2000 fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente de la Sala Electoral, la acción de amparo constitucional incoada por los ciudadanos R. C. M.,  S. R. B.,  M. I. U. O.,  M. I. U. ,  O. K. A.,  J. P. V.,  M. A. C.,  M. E. B. I.,  R. O. J. y H. N., titulares de las cédulas de identidad números x.xxx.xxx., x.xxx.xxx, xxx.xxx, x.xxx.xxx, x.xxx.xxx, x.xxx.xxx, x.xxx.xxx, x.xxx.xxx, x.xxx.xxx, x.xxx.xxx y x.xxx.xxx, respectivamente, asistidos por los abogados Aníbal Perales Aguilar y Francisco Perales Wills, contra el Consejo Nacional Electoral, representado por su Presidente, ciudadano César Peña Vigas.

En esa misma fecha se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a quien con tal carácter suscribe. Para decidir se hacen las consideraciones siguientes:

DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

En el escrito contentivo de su acción, que esta Sala califica de amparo constitucional, y que denominaron “acción de habeas data”, los actores expresaron:

1.- Que actúan con el carácter de ciudadanos venezolanos, electores y miembros de la Red de Veedores de la Universidad Católica Andrés Bello.

2.- Que solicitaron en numerosas ocasiones, ante la actual Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, así como ante su antecesora, proporcionar los resultados de los escrutinios por cada mesa de votación, correspondientes a las elecciones finalmente celebradas el día 30 de julio del año en curso.

3.- Que sus reiteradas solicitudes fueron ignoradas por el órgano presuntamente agraviante.

4.- Que el Consejo Nacional Electoral sí cuenta con la información requerida, pues en efecto este ente ha proporcionado los resultados globales de los escrutinios, “que se han extraído de la suma de los resultados de las mesas de votación que funcionaron en las diferentes circunscripciones electorales y esa información ha sido extraída de la data original, es decir, del conteo de votos hechos mesa por mesa […] y sin esa información, […] nunca podríamos determinar que la totalización y adjudicación de cargos informada se corresponde, coincide, con la data original y de allí su importancia”.

5.- A manera de aclaratoria, que [l]a información solicitada es diferente también a los símiles de Actas que puedan sacarse de las computadoras que han sido dispuestas en la Sala de Seguimiento en el Consejo Nacional Electoral (C.N.E.)”.

6.- Que la negativa del Consejo Nacional Electoral de proporcionar la información descrita es una violación de los derechos subjetivos contenidos en el artículo 28 de la Constitución. En tal sentido indicaron que:

“La novísima Constitución de 1999, consagró de manera expresa, y por vez primera la institución conocida como habeas data [que] incluye, por otra parte, el derecho a acceder a documentos de cualquier naturaleza, no ya los privados sobre la propia persona o sus bienes, cuyo contenido informativo sea de interés para comunidades o grupos de personas”.

Corresponde a esta Sala conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas contra el Consejo Nacional Electoral. A los efectos de la determinación de la competencia se observa, que de conformidad con el criterio asentado en sentencias de fecha 20 de enero de 2000 (caso Emery Mata y caso Domingo Ramírez Monja), esta Sala es competente para conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas contra las máximas autoridades y órganos del Poder Público Nacional, previstas en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y que incluye al Consejo Nacional Electoral y en el parágrafo primero del artículo 30 del Estatuto Electoral del Poder Público. Así, en vista de que la presente acción fue incoada contra el mencionado órgano electoral, esta Sala debe previamente dilucidar si es competente para conocer de la presente acción, si es que ella se trata de un amparo constitucional, ya que en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no fundan los actores sus pedimentos, si se trata de otra que pueda conocer como respuesta al ejercicio de un derecho constitucional. De tratarse de un amparo constitucional, esta Sala será competente, como también lo sería si lo incoado es una acción prevista en la Carta Fundamental para que los derechos constitucionales se apliquen de inmediato, y así se declara.

Para decidir la Sala observa:

El artículo 28 de la vigente Constitución establece el derecho de las personas a conocer la información que sobre ellas, hayan sido compiladas por otras. Dicha norma reproduce un derecho reconocido en varios países como Suecia, Noruega, Francia y Austria, entre otros. Tanto el Estado, como los particulares, mediante diversas formas de compilación de datos: manuales, computarizados, etc., registran y almacenan datos e informaciones sobre las personas o sobre sus bienes, y en vista que tal recopilación puede afectar la vida privada, la intimidad, el honor, la reputación, la vida económica y otros valores constitucionales de las personas naturales o jurídicas, la Constitución, para controlar tales registros, otorga varios derechos a la ciudadanía que aparecen recogidos en el artículo 28 citado. Estos derechos son:

1) El derecho de conocer sobre la existencia de tales registros.

2) El derecho de acceso individual a la información, la cual puede ser nominativa, o donde la persona queda vinculada a comunidades o a grupos de personas.

3) El derecho de respuesta, lo que permite al individuo controlar la existencia y exactitud de la información recolectada sobre él.

4) El derecho de conocer el uso y finalidad que hace de la información quien la registra.

5) El derecho de actualización, a fin que se corrija lo que resulta inexacto o se transformó por el transcurso del tiempo.

6) El derecho a la rectificación del dato falso o incompleto.

7) El derecho de destrucción de los datos erróneos o que afectan ilegítimamente los derechos de las personas.

Se trata de derechos que giran alrededor de los datos recopilados sobre las personas o sobre sus bienes, por lo que se requiere un interés, personal, legítimo y directo en quien ejerza estos derechos, ya que es la información sobre su persona y bienes el que lo origina. Basta leer el artículo 28 de la vigente Constitución, para que todos estos derechos puedan identificarse. Dicha norma reza:

“Toda persona tiene derecho de acceder [derecho de acceso] a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes [necesidad de interés personal y directo] consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso [derecho de conocimiento] que se haga de los mismos y su finalidad [derecho de conocer uso y finalidad], y a solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos [derecho de respuesta, actualización, rectificación y destrucción]. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley“.

Como se evidencia de la lectura de la norma, quien quiere hacer valer estos derechos (que conforman el habeas data), lo hace porque se trata de datos que le son personales, y ello mediante una acción que aun no ha desarrollado la ley, lo que a juicio de esta Sala no impide -que mientras la ley la establezca- se incoe mediante el recurso de amparo constitucional, si es que la infracción de los derechos que otorga el artículo 28 citado, lesionan la situación jurídica de las personas. Quien no alega que el habeas data se solicita para obtener información sobre sus datos registrados, carece de interés legítimo en tal acción, ya que no hace uso del derecho que otorga dicha norma, con los otros derechos que nacen de la misma, los cuales giran alrededor de las informaciones personales.

El llamado habeas data está conformado por varios derechos que pueden obrar en bloque o independientemente, ya que quienes los ejercen pueden conformarse con pedir el para qué se registra la información sobre su persona, o para conocer cuáles datos suyos están recopilados; así como también puede pedir la rectificación o destrucción de datos y obtener una sentencia a su favor en ese sentido, aunque podría ocurrir que el recopilador tuviera derecho a no rectificar aclarar o destruir el dato, y el fallo a dictarse fuere en ese sentido.

El artículo 28 de la Constitución de 1999, se refiere a datos o informaciones personales, pero interpretándolo con amplitud, conforme a la naturaleza de lo que se registra, puede tenerse como dato personal el que atañe al individuo con motivo del ejercicio de una función pública o de actuaciones públicas, como lo sería los puntos obtenidos en un concurso, o el número de votos en elecciones o eventos similares.

Lo personal de la información, restringe para aquellos que no piden sus datos o informaciones, el derecho que otorga el aludido artículo 28, ya que de no ser así, se estaría ante una vía para interferir en la intimidad o en la vida privada de las personas, en la obtención de secretos industriales o comerciales, en asuntos atinentes a la defensa y seguridad nacional, etc., los cuales son valores constitucionales igualmente protegidos y por ello la remisión que hace la norma a documentos de cualquier naturaleza que contengan información de interés para comunidades o grupos de personas, no puede ser entendida sino como aquellas informaciones que corresponden al peticionario, como parte de una comunidad o un grupo de personas.

Queda claro para esta Sala, que la acción fundada en el artículo 28 de la Constitución también puede incoarse, si es a fines de corrección o destrucción, sobre recopilaciones abiertas al público o privadas, y que también su finalidad es conocer lo anotado, con el objeto de saber cuál es su destino, y que los datos se actualicen, se rectifiquen o se destruyan. En consecuencia, el habeas data no es un procedimiento para anticipar u obtener pruebas, y quien pretende por esta vía sustituir un retardo perjudicial por temor fundado, no estaría usando la acción con los fines que la creó la Constitución. Es más, el derecho previsto en el artículo 28 de la vigente Constitución, ni siquiera equivale al que pudiesen tener las partes de un proceso para informarse antes o durante un juicio, sobre los hechos básicos útiles para la demanda o la contestación, conocimiento que no corresponde a una actividad probatoria, sino de los hechos, para poder ejercer a plenitud el derecho de defensa. Una acción en este sentido, fundada no sólo en el carácter de orden público del derecho de defensa, sino en el artículo 19 de la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y en el 13 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, es totalmente distinta a la prevenida en el artículo 28 aludido, que persigue otra finalidad, y procede sólo si se va a iniciar una causa o se va a contestar una demanda, lo que sería necesario alegarlo (Ver Cabrera Romero, Jesús Eduardo: “El derecho del demandado de preparar su contestación y su prueba. Derecho a conocer”, en Revista de Derecho Probatorio nº 6, Caracas, 1995).

La Carta Fundamental en su artículo 143, otorga a los ciudadanos otro derecho a la información, el cual debe ser cumplido por la Administración Pública, con el fin que los administrados conozcan el estado de las actuaciones en que están directamente interesados, así como las resoluciones que se adopten. Se trata de un derecho de acceso de los interesados a las actuaciones de los procedimientos administrativos. Con esa misma finalidad, los ciudadanos tienen acceso a los archivos y registros administrativos, con las excepciones legales. Observa esta Sala que los accionantes se presentan como miembros de una red de veedores del proceso electoral, además de presentarse en su propio nombre como ciudadanos electores, y que no acuden a este Alto Tribunal a incoar con claridad una acción de amparo, sino que pudiera interpretarse que intentan la acción prevenida en el artículo 28 de la vigente Constitución, sin que la pretensión de habeas data se refiera a sus datos personales o a sus bienes, motivo por el cual sería imposible dar curso a tal pretensión, y por no adaptarse a la letra del artículo 28 resulta inadmisible, y así se declara.

Invocan igualmente los accionantes, como fundamento de su pretensión, al artículo 143 eiusdem, pero no surge de autos que ellos sean parte de ningún proceso administrativo que amerite se les informe sobre el estado de las actuaciones en que están directamente interesados o interesadas, y que conduzcan a una resolución definitiva, indudablemente una sanción administrativa, ya que el artículo 143 se refiere a la administración pública.

Por otra parte, lo solicitado por las pretensiones no es el acceso a los archivos y registros administrativos, sino que se les otorgue “información electoral digitalizada relacionada con los resultados obtenidos en todas y cada una de las mesas de votación que funcionaron en las respectivas jurisdicciones electorales y de manara [sic] discriminada; mesa por mesa”. Tal petitorio tampoco es congruente con la letra del citado artículo 143 de la vigente Constitución.

Del petitorio se colige que los accionantes consideran que tienen derecho a una información ilimitada, atribuyendo al derecho de información de los artículos 48 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela un alcance que no surge del texto de ambos artículos, e interpretando la frase del artículo 28 citado “Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas”, de una manera aislada, sin concatenarlo con la letra del principio del artículo, que sería a lo que se refiere la frase “Igualmente, podrá”. El comienzo del artículo 28 señala que toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados. Luego, esa persona y para los mismos fines, igualmente podrá acceder a documentos que sean de interés para comunidades o grupos con los cuales se encuentra jurídicamente vinculada. Con estos argumentos la Sala considera inadmisible la acción intentada, fundada en los artículos 28 y 143 de la Constitución de la República, ya que lo solicitado y los hechos en que se fundan no pertenecen a los tipos de ambos artículos, por lo que una acción autónoma en ese sentido sería improcedente. Pero en el exiguo escrito de los actores, se colige que se está en presencia de una acción de amparo constitucional, fundada en la violación de los artículos 28, 143 y 294 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y ello se desprende del petitorio de la solicitud, en el cual se exige que se restablezca la situación jurídica infringida, lo que es el petitum natural de una acción de amparo.

El accionante en amparo debe tener un interés jurídico actual y legítimo para proponerlo, ya que lo que persigue con la acción es que se le restablezca una situación jurídica personal o colectiva que se le ha lesionado. Los accionantes obran en su propio nombre como electores y como miembros de la Red de Veedores de la Universidad Católica Andrés Bello (a pesar que no cursa en autos ningún instrumento que los vincule a dicha Universidad), y en base a tal condición solicitan que el Consejo Nacional Electoral les proporcione los resultados de los escrutinios, ya que dichos resultados les han sido negados. El que unas personas sean electoras, o formen un grupo privado que denominen Red de Veedores, a manera del cual asumen tareas de supervisión electoral, ¿los habilita para pedir documentos e información del Consejo Nacional Electoral y para constituir una situación jurídica que les pueda ser infringida?

Una situación jurídica nace del ejercicio o titularidad de derechos, ahora bien, ni en el Estatuto Electoral del Poder Público, ni en la parcialmente vigente Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, ni en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se estructura la existencia de grupos de ciudadanos organizados para supervisar el proceso electoral.

La existencia de observadores electorales aparece en el Reglamento de Observación Nacional en los Procesos Electorales Venezolanos, emanado del Consejo Nacional Electoral, según Resolución nº 000515-1257 del 13 de mayo de 2000, publicado en la Gaceta Electoral nº 67 del 9 de junio de 2000, y conforme a este Reglamento, los observadores nacionales acreditados, tendrán las facilidades de “Recibir la información emanada por el Consejo Nacional Electoral y las demás dependencias de escrutinio” (letra d) del artículo 10). No otorga dicha prerrogativa un derecho de solicitar la información, sino de recibir la que el Consejo Nacional Electoral le dispense, lo que es lógico, ya que el acceso ilimitado a la información electoral por parte de particulares, conlleva a que se enteren no sólo de quien ejerció o no el derecho al voto, sino de sus direcciones y otros datos que pudieran constituir intromisión en la vida privada de otros.

Ahora bien, ese derecho de recibir información es diferente al prevenido en el artículo 28 de la vigente Constitución, y su infracción no constituye violación constitucional alguna, sino infracción de una norma de rango sub-legal. La acción intentada se funda en los artículos 28 y 143 de la Constitución de 1999, por lo tanto ninguna situación jurídica puede, con relación a esos artículos, del posible derecho a la información electoral que tienen los observadores.

El criterio expuesto por la Sala refleja una sana interpretación del principio de participación ciudadana, que rige en nuestro ordenamiento jurídico a partir de la entrada en vigencia del texto constitucional de 1999. En efecto, el Preámbulo constitucional expresa que uno de los fines mismos de la Constitución es establecer una sociedad participativa y protagónica, esto es, una sociedad integrada por ciudadanos que en forma activa intervengan en la vida nacional, desde todo punto de vista. La participación y el protagonismo ciudadano son manifestaciones del ejercicio de la soberanía popular, sobre la cual es creada la República, y que se ejercerá en forma directa -según la Constitución y las leyes- o indirecta -mediante el sufragio y por los órganos que ejercen el Poder Público- (artículo 5 de la Constitución). Esta noción se repite en el artículo 62 eiusdem, al señalarse que “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas”. En una forma más específica, el artículo 70 constitucional enumera cuáles son los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, tanto en lo político (numerus apertus) como en lo social y económico (numerus clausus). En efecto, dicha norma reza:

“Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.

La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo.”

No se trata de una participación anárquica o arbitraria, sino fundada en las vías legales. Así, con base a la ley, formar, ejecutar y controlar la gestión pública, los ciudadanos tienen el derecho al sufragio (artículo 63 de la vigente Constitución), el control sobre las personas que se postulan a cargos de elección popular (artículo 65 eiusdem), a que los representantes del pueblo rindan cuentas de su gestión (artículo 66 eiusdem), así como otros muchos derechos que otorga la Constitución a los ciudadanos, pero ninguno de estos derechos son el fundamento de la demanda, que permitiría en los accionantes constituir una situación jurídica en que fundar la acción de amparo.

Invocar en su demanda el artículo 294 de la vigente Constitución, tampoco los legitima en su petición, ya que dicha norma se refiere a los principios que rigen a los órganos del Poder Electoral, entre los que se contempla los de participación ciudadana, que sólo puede ser entendida en la forma que la ley la paute.

Entre esos principios del citado artículo 294, se encuentra el de trasparencia del órgano electoral, el cual está íntimamente ligado a los fundamentos del contencioso electoral, y de los recursos de ese contencioso, a los cuales tampoco para nada se refieren los accionantes. Es la falta de transparencia en las elecciones la que conlleva a la nulidad de los actos de los organismos electorales (artículo 216 y siguientes de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política), y son las vías señaladas en dicha ley las que permiten el control de esos actos electorales. Para nada los accionantes mencionan que estén preparando recurso alguno para impugnar los resultados electorales.

Esta Sala Constitucional ha aceptado, en sentencia de fecha 30 de mayo de 2000 (caso Defensoría del Pueblo), que pueden intentarse amparos fundados en la protección de derechos difusos o colectivos, pero de la pretensión de los actores ni siquiera puede colegirse que de esos derechos o intereses se trata, pues del escrito presentado no se deduce que lo que solicitan se debe a que la calidad de la vida de toda la comunidad o sociedad se está viendo desmejorada, sin que pueda reconocerse en el escrito de amparo un vínculo, así no sea jurídico, entre los accionantes y la sociedad o un segmento de ella, afectado por la omisión que se atribuye al Consejo Nacional Electoral. No expresa el escrito cuál es el interés de la sociedad que pudiera tener en el petitorio de los actores, luciendo más un interés personal de los accionantes, que un interés social. La lesión a los derechos políticos en general, puede desmejorar la calidad de la vida, al dejar desprotegida a la sociedad; pero conforme a lo planteado en el escrito, ese no es el caso de autos, y más bien se está ante un interés puntual de personas y que sin tener representación social o colectiva se autoconstituyen en veedores, sin traer al expediente prueba alguna de su acreditación como tales. En consecuencia, no se está tampoco ante una acción basada en intereses difusos o colectivos.

Observa esta Sala que en los actores no existe interés ni legitimación para incoar una acción de amparo en la forma que pretenden, por lo que el amparo debe ser declarado inadmisible, pero también observa que no tratándose de una petición sobre datos propios de los accionantes, el Consejo Nacional Electoral tampoco podía cumplir con la petición que se le hacía fundado en el artículo 28 de la vigente Constitución, ya que estaría fuera de los límites del derecho de acceso, por lo que en base al numeral 2 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el mismo también debía ser declarado inadmisible. Distinto es el caso si a un elector, a un candidato o a un grupo de personas individualizables se les niega el acceso a los datos que sobre ella tiene un organismo electoral.

Es deber de esta Sala declarar que carecen de legitimación procesal todas aquellas personas, grupos o entes que fuera del campo de los intereses difusos o colectivos, pretenden representar a la ciudadanía, al pueblo, a la sociedad civil y a otras instituciones semejantes, que no han sido electos por nadie para cumplir tal representación, que se desconoce cuáles son sus intereses, ya que no existe estatuto o ley que las rija y que no se sabe a cuál comunidad o sociedad representan, si es a la venezolana o a una extranjera cuyas directrices siguen.

Tales grupos con proyección en los medios de comunicación, buscan presentarse como interlocutores a nombre del pueblo o la sociedad, sin que exista base legal o popular que los legitime, y por ello no pueden ser aceptados con las representaciones que unilateralmente (sin base legal) se atribuyen.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tomó en cuenta la ciudadanía, otorgándole una serie de derechos cívicos que ya esta Sala ha resaltado en fallos de fecha 30 de mayo de 2000 y 27 de julio de 2000 (casos Defensoría del Pueblo y Segucorp), abriéndole las puertas para que colaboren en áreas de la conducción del Estado, y así, por ejemplo, a los diferentes sectores de la sociedad se les invita a integrar el comité de postulaciones judiciales (artículo 270 de la vigente Constitución); a la sociedad civil a postular miembros para el Consejo Nacional Electoral (artículo 296 eiusdem); a las asociaciones con fines políticos la posibilidad de postular candidatos en los procesos electorales (artículo 67 eiusdem); de esta manera se permite a asociaciones, organizaciones y grupos representar a la sociedad en los espacios que a ese fin abra la Constitución. Pero tales atribuciones sólo pueden hacerse conforme a la ley, ya que resultaría un peligro y un absurdo para la defensa y la seguridad nacional y para la estabilidad democrática o social, que grupos humanos con intereses antinacionales se dediquen a intervenir en las áreas abiertas a la sociedad civil con el fin de sabotear u obstruir la defensa del país, su seguridad interna o los planes económicos del Estado o la economía en general.

Por ello, es criterio de esta Sala y sin prejuzgar sobre los accionantes, a los cuales no está dirigida la advertencia, que mientras la ley no cree los mecanismos para determinar quiénes pueden representar a la sociedad civil en general o a sectores de ella en particular, y en cuáles condiciones ejercer tal representación, no puede admitirse como legítimos representantes de la sociedad civil, de la ciudadanía, etc., a grupos de personas que por iniciativa propia se adjudiquen tal representación, sin que se conozca cuál es su respaldo en la sociedad ni sus intereses; y sin que pueda controlarse a qué intereses responden: económicos, políticos, supranacionales, nacionales o internacionales.

Esta Sala ha sostenido que las normas constitucionales tienen aplicación inmediata, por ello antes que la ley establezca las formas de participación ciudadana establecidas en la Constitución y los elementos que legitiman tal representación, ha permitido que organizaciones, asociaciones o grupos de personas de reconocida y extensa trayectoria en sus respectivos campos, o conformados de acuerdo a las leyes (tales como las asociaciones de vecinos legalmente constituidas), actúen en las áreas que la Constitución abre a la participación ciudadana; pero ello no se extiende a cualquier grupo que se autoproclame representante de la sociedad civil, y que sin llenar requisito legal alguno, pretenda, sin proporcionar prueba de su legitimidad, más allá del uso de los medios de comunicación para proyectarse públicamente, obrar por ante la Sala Constitucional, sin ni siquiera poder demostrar su legitimación en ese sentido.

La función pública se haría caótica, si cualquier asociación o grupo de personas, arrogándose la representación de la ciudadanía o de la sociedad civil, pretendiere fuese consultada antes de la toma de cualquier decisión; o exigiere de los poderes del Poder Público la entrega de documentos, datos o informaciones sin que la ley los faculte para ello; o quisiera ingresar a dependencias del Estado a indagar sobre lo que allá acontece sin que ninguna disposición legal se lo permita. Tal situación caótica se acentuaría si estos entes mediante el uso de los medios de comunicación tratasen de formar matrices de opinión pública favorables a sus pretensiones cuando ellas carecen de fundamento legal. De allí, que se hace impretermitible, para el desarrollo de los derechos de tales organizaciones ciudadanas, que la ley establezca los requisitos y condiciones a cumplir para que puedan ser considerados representantes de la sociedad civil y de la ciudadanía. En algunas áreas como la municipal o la de justicia de paz, la Ley Orgánica de Régimen Municipal y la Ley Orgánica de la Justicia de Paz han regulado las asociaciones de vecinos, señalando el perfil que permite tenerlas como tal, pero mientras otras leyes especiales, o una general, no regulen tal situación, queda a juicio de esta Sala, teniendo en cuenta su trayectoria y continuidad en sus objetivos en la materia donde pretenden actuar, calificar la legitimación activa, cuando dichos entes obren a nombre de la sociedad civil, la ciudadanía, o de las organizaciones no gubernamentales, y así se declara.

En el caso de los accionantes, ellos como supuestos observadores nacionales de los procesos electorales intentan un amparo, en base a disposiciones constitucionales que a ellos no corresponden en su calidad de observadores, y atribuyéndose un interés y una representación popular que no tienen, ya que no acreditan con documentos emanados del Consejo Nacional Electoral la condición de observador.

De haberlo acreditado, no surge tampoco en los accionantes derecho alguno de rango constitucional para obtener del Consejo Nacional Electoral la información pedida, y así se declara.

 

DECISIÓN.-

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la presente acción de amparo constitucional.

 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los 23 días del mes de Agosto de dos mil (2000). Años: 190° de la Independencia y 141° de la Federación.

 

El Presidente, IVÁN RINCÓN URDANETA

 

El Vice-Presidente Ponente, JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Magistrados,  

HÉCTOR PEÑA TORRELLES      

JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

MOISÉS A. TROCONIS VILLARREAL

                                                                                      

El Secretario, JOSÉ LEONARDO REQUENA C.

01Ene/14

Decisión nº 390/3, June 13, 2006. Regulation on General Authorizations. The National Telecommunications and Post Commission (EETT)

Having regard to:

a) Law nº 3431/2006 “On electronic communications and other provisions” (Official Gazette 13/Α/3-2-2006), especially article 21, par. 5 and 6, and article 60;

b) EETT Decision nº 375/10/14-2-2006, “Regulation on public consultation procedure” (Official Gazette 314/Β΄/16-3-2006);

c) the results of the relevant public consultation held by EETT from 31-3-2006 to 3-5-2006;

d) EETT Decision nº 390/2/13-6-2006 “Approval of the public consultation held with regard to EETT Regulation on General Authorizations”

e) the fact that the provisions of the present Regulation do not charge the State Budget with further expenditure,

Decides :

The issue of this present Regulation on General Authorizations, comprising the following provisions:

Article 1.- Objective

1. This present Regulation regulates the procedure and the conditions for the provision of electronic communication networks or/and services under the General Authorization regime, pursuant to article 21 of Law nº 3431/2006.

2. The application of the provisions laid down in this present Regulation shall not limit any potential obligations imposed on electronic communication network or/and service providers with regard to the rights of use associated with the exclusive, or non-excusive, use of frequency bands, numbers or satellite orbits. 

3. Any words or sentences used in this present Regulation shall have the meaning ascribed to them in Law nº 3431/2006 or, in case they are not defined therein, the meaning ascribed to them in the relevant secondary law of the European Union or, in case they are not defined therein, the meaning ascribed to them in the International Regulation of Radio Communications, as it is in force every time.

4. For the purposes of this present Regulation, the term “person” shall refer to any natural person or legal entity.

Article 2.- Scope of Application

1. General Authorizations are required for the engagement in all kinds of electronic communication activities pertaining to the provision of electronic communication networks or/and services, except for the cases where no General Authorization is required, pursuant to paragraph 10 of particle 21 of Law nº 3431/2006.

2. If the engagement in an electronic communication activity also requires the granting of rights of use for numbers or frequency bands, prior to engaging in the said activity, in addition to obtaining a General Authorization, the interested person shall have to secure the required rights of use for the numbers or frequency bands in question. More specifically and in addition to the provisions laid down in this present Regulation, the terms associated with the use of frequency bands which no individual right of use is required for, due to the fact that that risk of interference is minimal, are laid down in the regulation on the use of frequency bands issued by EETT.

3. Pursuant to paragraph 2 of article 1 of Law nº 3431/2006, exempted from the application of the said law – and thus no General Authorization is required – are state electronic communication networks, networks and individual radio communication stations used for amateur radio operator services or satellite amateur radio operator services, as well as those used exclusively for experimental or research purposes or for demonstration.

4. Pursuant to paragraph 10 of article 21 of Law nº 3431/2006, no General Authorization is required:

(a) For the simple resale of electronic communication services to users. On the contrary, a General Authorization is required for the provision of electronic communication services by third persons which, despite the fact that they do not have their electronic communication infrastructure, provide electronic communication services – however, under their own different trade name and separate corporate organization – based on the infrastructure of other persons providing electronic communication networks or/and services which they have concluded relevant contracts with.

(b) For the own use of terminal radio equipment, based on the non-exclusive use of special frequency bands, as determined by a competent Authority, by the User for reasons not associated with financial activities, such as the use of the civilian band by amateur radio operators, which does not constitute the provision of an electronic communication network or service and is governed by the stipulations included in the provisions laid down in applicable law on terminal equipment and radio equipment.

Article 3.- General Provisions

1. EETT is entitled to amend this present Regulation, pursuant to the provisions laid down in Law nº 3431/2006, as it is in force every time.

2. In addition to the stipulations laid down in paragraph 17 of article 24, and in article 25 of Law nº 3431/2006, EETT is not entitled to restrict the number of persons operating an electronic communication network or providing electronic communication services based on General Authorizations, without prejudice to paragraph 4 of article 21 of Law nº 3431/2006.

Article 4.- Procedure

1. To provide electronic communication networks or/and services under a General Authorization regime pursuant to this present Regulation, only persons providing public communication networks or publicly available electronic communication services, as well as persons operating special radio networks, such as those referred to in Annex A of this present Decision, are required to submit a Registration Declaration.

2. A Registration Declaration shall be submitted by interested persons to EETT, in accordance with the sample Registration Declaration included in Annex A. In the Registration Declaration, a person shall state its intention to commence one or more electronic communication activities, as described therein in accordance with Annex A hereto, and shall request its registration in the Registry of Electronic Communication Network and Service Providers maintained by EETT, pursuant to the provisions laid down in Article 7 hereof.

3. If a Registration Declaration is incomplete, the person shall not be registered in the Registry of Electronic Communication Network and Service Providers. If no administrative fee is paid, pursuant to article 12 hereof, the relevant Registration Declaration shall be considered incomplete.

4. A person that makes a statement shall be entitled to engage in such electronic communication activity as described in the Registration Declaration, immediately upon submission of a complete Registration Declaration.

5. A person operating under a General Authorization Regime is under obligation to submit a supplementary or amended Registration Declaration pursuant to Annex A hereto in the following cases:

(a) in order to engage in the provision of other electronic communication services or/and networks, in addition to the ones stated in the initial Registration Declaration;

(b) when it intends to terminate the provision of some or all the electronic communication services or/and networks stated in the already submitted Registration Declaration and in accordance with the provisions laid down in Article 10 hereof;

(c) if any change is made in the details stated in the initial Registration Declaration. Any change of data shall be notified within fifteen (15) days from its occurrence.

6. If a person operating under a General Authorization regime is unable to comply with the provisions laid down in paragraph 5 of this present Article, this shall constitute a breach of this present Regulation and, if new electronic communication networks or/and services are provided, the said person shall be considered as operating without a General Authorization for the specific networks or services in question.

7. EETT shall be entitled to make a Decision defining the terms and procedure to be followed for the electronic submission of Registration Declarations.

Article 5.- Certificates Issued following an Authorization

1. Upon application filed by a person operating under a General Authorization regime, EETT shall issue a standardized certificate, within seven (7) days from the receipt of the application, which, depending on the case, shall:

(a) certify that the person has submitted a Registration Declaration in an acceptable format;

(b) certify that the person shall provide electronic communication networks or/and services pertaining to the activities which the Registration Declaration has been submitted for;

(c) describe the conditions under which the person shall negotiate its interconnection pursuant to applicable law;

(d) describe the conditions under which the person shall be entitled to obtain an interconnection and, depending on the case, to obtain access from other persons; and

(e) describe the conditions under which the person shall be entitled to file a request with competent authorities for installing various facilities in, upon, or under areas that belong to the State, to Local Government Organizations or to private persons, or which are used by the general public.

so as to facilitate the exercise of the rights extended to the said person based on the General Authorization.

Article 6.- Terms and Conditions of General Authorizations

1. Upon introduction of new electronic communication networks or/and services in the Registration Declaration included in Annex A or afterwards, EETT is entitled to lay down additional terms and conditions, pursuant to Annex IX of Law nº 3431/2006.

2. Any persons providing electronic communication networks or services and operating under a General Authorization regime are required to comply with the terms laid down in Annex B hereto, as it in force every time.

3. To lay down additional terms and conditions with regard to the exercise of new or already existing electronic communication activities or to amend already existing terms and conditions with regard to the exercise of new or already existing electronic communication activities under a General Authorization regime, EETT is under obligation to hold a public consultation by inviting interested parties to express their opinions on the measures proposed. The public consultation shall be held in accordance with the provisions laid down in the EETT Regulation on Public Consultations.

4. Any person that operates under a General Authorization regime is required to collaborate with EETT whenever asked to do so or whenever required in this present Regulation, in Law nº 3431/2006 and in other provisions laid down in applicable law, as it is in force every time. Among other things, the said collaboration shall be aimed at allowing or assisting EETT with controlling compliance with the terms of this present Regulation, submitting to EETT any statistical or other details with regard to a person’s activities that are subject to a General Authorization regime, and allowing or assisting EETT with exercising its duties in any other way.

5. Any terms and conditions associated with General Authorizations shall be posted on the EETT Website.

Article 7.- Registry of Electronic Communication Network and Service Providers

1. EETT shall maintain a Registry of Electronic Communication Network and Service Providers, which shall include an archive of Registration Declarations in hard copy or/and electronic format, without prejudice to article 4, paragraph 7. The entry of a Registration Declaration in the Registry of Electronic Communication Network and Service Providers shall constitute a General Authorization, under the conditions laid down herein.

2. The Registry of Electronic Communication Network and Service Providers shall include the following details:

a. the registration number in the Registry of Electronic Communication Network and Service Providers;

b. the Provider’s name / corporate name and address;

c. the Taxpayer’s ID Number or the registration number in the relevant books (depending on the type of enterprise);

d. the competent Tax Office;

e. the Provider’s legal form, proxy and legal representatives in Greece;

f. the complete details of the persons responsible for contact with EETT;

g. the complete details of the persons responsible for contact with the public, in order to

post them in the EETT Website;

h. a short description of the stated activity;

i. the EETT registration number and the submission date of the Registration Declaration;

j. any potential modifications in the General Authorization regime for the person in question;

k. the anticipated activity commencement date;

l. the person’s profit or non-profit status, and the person’s commercial or noncommercial status.

3. EETT shall modify or delete an entry in the Registry of Electronic Communication Network and Service Providers when there are valid reasons for modification or deletion thereof, pursuant to the provisions laid down herein and in Law nº 3431/2006.

Article 8.- Provision of Information

1. Any persons operating under a General Authorization regime are under obligation to provide EETT with all information, upon a request submitted by EETT, pursuant to articles 14 and 64 of Law nº 3431/2006.

2. EETT is under obligation to use the said information only for the specific purpose it is requested for and inform the said persons about it.

3. In addition to any similar obligations that may arise from provisions laid down in other laws, the persons shall provide the above information pursuant to such time schedule and such level of detail as required by EETT, which shall give the reasons for requesting information, and the said request shall be objective, definite and related to the execution of one of its specific duties. If no deadline is set, the information shall be provided to EETT within twenty business days from the submission of the relevant request. In any case, the deadline set may not be less than five business days.

Article 9.- Compliance

1. Any persons providing electronic networks or services shall not exceed the content of their respective Registration Declarations, or such terms and conditions associated with the engagement in electronic communication activities as laid down, or any other general obligations included in Law nº 3431/2006 or in any other acts, including mainly regulatory acts which are issued based on the said Law.

2. If a person providing electronic networks or services under a General Authorization regime does not comply with a term included in the General Authorization, EETT shall be entitled to apply the provisions laid down in article 63 of Law nº 3431/2006.

Article 10.- Termination of Electronic Communication Activities

1. A person that is under obligation to submit a Registration Declaration pursuant to article 4 shall notify EETT of the termination of electronic communication activities under a General Authorization regime fifteen (15) days prior to the actual termination of the said activities. If a certain enterprise is declared bankrupt or is put under voluntary liquidation, the notification to EETT shall be sent within seven days from the issuance of the relevant judicial decision or the decision made by the General Assembly of Shareholders respectively. The sample Registration Declaration included in Annex A shall be used for the notification, and reference shall be made to the registration number in the Registry of Electronic Communication Network and Service Providers.

2. If a Legal Entity having submitted a Registration Declaration terminates its operations due to its merger with another Legal Entity, the latter Legal Entity is under obligation to notify the termination of the provision of electronic communication networks or/and services by the former Legal Entity, pursuant to paragraph 1 above. The latter Legal Entity is also under obligation to modify its Registration Declaration so as to provide the additional services that had been provided by the former Legal Entity, or to make a new Registration Declaration if it had provided no electronic communication services until the merger.

3. No fees shall be paid upon submission of a Registration Declaration notifying the termination of electronic communication activities. Ιf all notified electronic communication activities are terminated, the annual administrative fees shall be calculated, pursuant to article 12, until the day when the termination was notified, pursuant to par. 1 of this present article, and shall be paid together with the termination notification.

Article 11.- Validity Period of General Authorizations

1. The provision of electronic communication network or/and services under a General Authorization regime may go on for as long as the person making the Registration Declaration wishes.

2. EETT may impose a limitation only in extraordinary cases, based on an especially justified Decision, after hearing the relevant person, pursuant to article 63 of Law nº 3431/2006.

Article 12.- Fees

1. The persons operating under a General Authorization regime shall pay administrative fees proportionate to the cost incurred for the management, control and maintenance of the General Authorizations regime and the rights of use for radio frequencies or/and numbers, and the special obligations provided for in article 24, par. 5, subpar. b, par. 13 and par. 14; in article 25, par. 1 subpar. a; in articles 38, 39, 40, 42, par. 5, 6 and 7; as well as in article 68, par. 1, of Law nº 3431/2006. The above administrative fees shall not include the administrative fees imposed for the allocation numbers and the administrative fees imposed for the allocation of frequency bands, which are paid upon submission of applications for the allocation of numbers or/and frequency band, pursuant to the respective EETT Regulations.

2. The administrative fees referred to in paragraph 1 shall cover, among other things, the administrative expenses incurred for:

(a) International cooperation, harmonization and standardization;

(b) market analysis, monitoring compliance and performing other market investigations;

(c) regulatory activity involving the preparation and compliance supervision of derivative law and administrative decisions, such as decisions on access and interconnection;

(d) general expenses incurred for the operation of EETT.

3. Administrative costs shall be paid only by persons providing public communication networks or publicly available electronic communication services, irrespective of whether they are or are not of a profit or commercial nature.

4. All persons operating under a General Authorization regime and providing public communication networks or publicly available electronic communication services shall have to pay an annual administrative fee, calculated as a percentage of the total gross income derived from the provision of public communication networks or publicly available electronic communication services under a General Authorization regime as follows:

Zone of total annual income (E) in EURO million                                Administrative fee factor per zone         

                      E = 0.15                                                                                                     0

                      0.15 < E = 250                                                                                           0.0025

                     250 < E = 750                                                                                             0.004

                     750 < E                                                                                                       0.0005

For each calendar year, the annual administrative fee, which shall be calculated based on the above Table, shall be paid no later than 30 June of the following calendar year, and no relevant written notification by EETT shall be required.

The above annual fees shall also be paid even if the first year of the General Authorization does not coincide with the calendar year.

5. The date set in paragraph 4 of this present article for the payment of the annual administrative fees is their obvious date of payment, and if overdue payment is made, default interest shall be paid, as determined in an Act of the Governor of the Bank of Greece and published in the Official Gazette. The said extra charge shall be calculated upon the amount due for each day of delay until full payment is made. If the payment of the annual compensating fees is delayed beyond sixty (60) days, in addition to the payment of default interest, a fine shall be imposed by EETT, pursuant to Law nº 3431/2006 and the EETT Regulative acts that are in force.

6. If a person submits a relevant request, it is possible to pay the annual administrative fees in three equal-amount monthly installments, whereby the first installment shall be paid on 30 June. In that case, persons shall have to pay default interest, which shall be calculated in accordance with paragraph 5, for the amounts paid after 30 June.

7. In addition to the payment of the above annual administrative fees, upon submission of the initial Registration Declaration, a 300-Euro administrative fee shall be paid, whereas upon submission of any Registration Declaration amending the initial one, if it pertains exclusively to the registration of new services, a 100-Euro administrative fee shall be paid.

8. The annual administrative fees referred to in paragraph 4 shall have to be based upon the total gross annual income, as certified by the chartered auditor / accountant that signs the balance sheet of the enterprise, which are derived from the provision of public communication networks or publicly available electronic communication services under a General Authorization regime by the enterprises that have to pay the relevant fees. Out of the total gross income, any aid extended to enterprises for participation in European Union programs or respective national programs shall be deducted along with the interconnection and roaming expenses only. For enterprises that are not required to publish their balance sheets and have them signed by chartered auditors / accounts, the statement made on the gross annual income shall be signed by the CFO, or any other officer having similar duties, of the company.

9. Any persons that, based on their gross income, belong to zone I of the table included in paragraph 4 of this present article and thus are not required to pay annual fees, shall not be required to submit to EETT a statement on their total gross income. In any case, EETT reserves the right to make inspections and impose sanctions pursuant to Law nº 3431/2006 and this present Regulation if the determined annual fee, which should be paid, is not actually paid.

10. Upon publication of its balance sheet, EETT shall publish at least in one national Greek newspaper a review of the administrative fees referred to in this present article.

11. At the end of each calendar year, EETT shall examine the total amount of administrative fees collected (including the administrative fees charged for the allocation of numbers and frequency bands), as well as its total expenditures. Depending on the difference between the total amount of administrative fees collected (which correspond to the compensating fees of the previous year) and the administrative expenses, appropriate adjustments shall be made with regard to the payment of the fees referred to in paragraph 4, for the following year, so that the administrative fees to be collected will be enough for covering the expenses and allowing EETT to maintain a reserve fund equal to 30% of the expenses foreseen in the following year’s budget.

Article 13.- Publicity

1. This present Regulation, as well as any amendment thereof, shall be posted on the EETT Website.

2. The details included in the Registry of Electronic Communication Network and Service Providers that pertain to the person’s name / corporate name, the electronic communication networks or services provided by the person, and the details of the persons responsible for contact with the public shall be posted on the EETT Website.

Article 14.- Transitory Provision

1. Any persons already engaging in electronic communication activities under a General Authorization regime or an Individual License shall continue their activities in accordance with the provision laid down in this present Regulation.

2. Within one month from the effective date of this present Regulation, EETT shall adjust the existing Registration Declarations in accordance with the provisions laid down herein, shall post the details referred to in article 13 on its Website, and shall inform the persons involved on the above actions. The persons shall be entitled to request any potential corrections, within one month from the posting of the information, by submitting a new Registration Declaration, without paying any administrative fee.

3. All Individual Licenses issued, with the exception of the Individual Licenses that pertain to the allocation of radio frequency bands, shall be governed exclusively by the General Authorization provisions. Within one month from the effective date of this present Regulation, EETT shall adjust the above Individual Licenses by making the necessary modifications on the Registration Declarations submitted by the persons who the said licenses that had been issued to, shall publish the details referred to in article 13 on its Website, and shall inform the persons involved on the above actions. The persons shall be entitled to request any potential corrections, within one month from the posting of the information, by submitting new Registration Declarations, without paying any administrative fee.

4. Any persons engaging in activities under an Individual License or a General Authorization regime pursuant to Law nº 2867/2000, are under obligation, within one month from the date when this present Regulation is published, to inform (a) any persons collaborating with them, which provide Multimedia Information services, and (b) their resellers, and notify the relevant document to EETT, so that those of them that provide electronic communication services with their own different trade mark and a separate corporate organization may submit a Registration Declaration in accordance with the provisions laid down herein no later than two months from the publication hereof.

Article 15.- Abolished Provisions

From the effective date of this present Regulation, any general or special provision that is contrary to this present Regulation, or for its part that may regulate certain issues in a way different from the way they are regulated in this present Regulation, shall be abolished.

Article 16.- Effective Date

This present decision shall enter into force when it is published the Official Gazette.

ANNEX A.- REGISTRATION DECLARATION FOR ENGAGING IN ELECTRONIC COMMUNICATION ACTIVITIES UNDER A GENERAL AUTHORIZATION REGIME

Commencement of Service

Addition of Services

Deletion of Services

Provision of Public Networks or/and Services

Profit Nature

Commercial Nature

Change of Details

Termination Registry Number (1):

I. Legal Form of Entity

Legal Entities: Company Limited by Shares

Limited Partnership Company

Société Anonyme

Limited Liability Company

Other Legal Form (Describe)

Natural Person

II. Details of Entity / Enterprise

IIa. Legal Entity

Name / Corporate Name

Distinctive Title

Registered Office (Street, Number, City, Postal Code, Country)

Taxpayer’s ID nº ____________________________

SA Reg. nº (if any) ___________________________

Tax Office ___________________________________

Tel. nº __________ ____________________ Commencement of activity : ____ . ____. ____

FAX __________ ____________________ Modified from : ____ . ____. ____

E-mail ______________________________ Termination of activity : ____ . ____. ____

Website __________ ____________________

 

IIb. Natural Person

Full Name / Father’s Name

Police ID Card or Passport nº / Issue Date / Issuing Authority

Address (Street, Number, City, Postal Code, Country)

Taxpayer’s ID nº ____________________________

Tax Office ___________________________________

Tel. nº __________ ____________________ Commencement of activity : ____ . ____. ____

FAX __________ ____________________ Modified from : ____ . ____. ____

E-mail ______________________________ Termination of activity : ____ . ____. ____

Website __________ ____________________

 

(1) The “Registry Number” field shall be filled in by the Service in the case of commencement of activity

 

III Person responsible for contact with EETT (If not established in Greece, the said person is also appointed as a Proxy in Greece)

Surname

Name

ID Card nº

Address (Street, Number, City, Postal Code)

Telephone nº

Fax

E-mail

 

IV Public Contact Details (Posted on the EETT Website)

Address (Street, Number, City, Postal Code)

Telephone nº

Fax

E-mail

 

V Legal Representative (To be filled out only by Legal Entities)

Surname

Name

ID Card nº

Address (Street, Number, City, Postal Code)

Telephone nº

Fax

E-mail

 

VI Chairman of the Board of Directors (To be filled out only by Legal Entities – Enter details necessary for contact with EETT)

Surname

Name

ID Card nº

Address (Street, Number, City, Postal Code)

Telephone nº

Fax

E-mail

 

VII Chief Executive Officer (To be filled out only by Legal Entities – Enter details necessary for contact with EETT)

Surname

Name

ID Card nº

Address (Street, Number, City, Postal Code)

Telephone nº

Fax

E-mail

 

VIII Attorney of the Natural person or Legal Entity (If the statement is submitted by an attorney, who is not the person’s Legal Representative or Proxy)

Surname

Name

ID Card nº

Address (Street, Number, City, Postal Code)

Telephone nº

Fax

E-mail

Mark the activities you are requesting Authorization for          X

GROUP A. Provision of Electronic Communication Networks

A01 Provision of Fixed Network

A0101 Fixed public telephone network

A0102 Fixed network for telemetry, telematic, radio location

A0103 Fixed Wireless Access Network

A0104 Microwave core network

A0105 Fiber optic network

A0106 Leasing of dark fibers

A0107 Wired network (excluding optical network)

A0108 Other (specify)

A02. Provision of Mobile Networks

A0201 2G Mobile Network

A0202 3G Mobile Network

A0203 TETRA network

A0204 Private Mobile Radio Network

A0205 Private Mobile Radio (for taxi companies only)

A0206 Mobile network for telemetry – telematic – radio location

A0207 Anty other technology mobile (service) network (specify)

A03. Provision of Satellite Networks

A0301 Fixed Satellite Network

A0302 Mobile Satellite Network

A0303 Other (specify)

A04. Provision of Nomadic Networks

A0401 Wideband Data Transmission Systems including Radio Local Area Networks (RLANs)

A0402 Network of Satellite News Gathering Stations

A0403 Network of Earth News Gathering Stations

A0404 Other (specify)

Mark the activities provided via a Fixed (F), Mobile (M), Nomadic (N) or Satellite (S) Access F M N S Network, which you are requesting Authorization for:       X     X     X     X

GROUP B. Provision of Electronic Communication Services                                                                                                                                                                       F     M     N     S

B01. General Services B0101 Leased Lines provision

B0102 Leasing part of (bandwith) capacity

B0103 Virtual Private Network (VPN) provision

B0104 Broadband access provision

B02. Data Transmission Services

B0201 Data transmission

B0202 SMS (Short Messaging Service) / MMS (Multimedia Messaging Service)

B0203 Added Value Data Transmission

B0204 Telemetry – telematic – radio location service provision

B0205 Location service for ship in distress

B03. Radio Call Services B0301 Unidirectional news transmission

B04. Multimedia Information Services

B0401 Audiotext

B0402 Videotext

B0403 Added Value SMS / Added Value MMS

B05. Flight Telephone Services

B0501 Voice, data and telefax communication for passengers of flights

B06. Network Management B0601 Operation of network for closed user groups Services

B0602 Provision of gateways between networks of different providers.

B07. Internet Services B0701 Internet Access service provision

B08. Technical Provision of Broadcasting

B0801 Service ancillary to Broadcasting (audio, video signal transmission between different premises of broadcasting companies)

B0802 Signal Repeaters Services used for Broadcasting

B0803 Distribution of broadcast signals

B0804 Satellite News Gathering

B0805 Earth News Gathering (ENG)

B09. Voice Services

B0901 Publicly available telephone service

B0902 Virtual Provider for publicly available telephone service

B0903 Voice services via Satellite

B0904 Voice service over Internet Protocol Services (VoIP)

B0905 Voice Services via the Internet

B0906 Publicly available telephone service at fixed locations via prepaid cards

B0907 Call- back services

B0908 Call-shop services

B0909 Provision of public-pay telephones

B10. Other Services (please describe and attach brochure)

B0010 Directory enquiry services

Remarks (Note or attach text with your remarks, if any)

Legal binding statement

… I declare herewith that I wish to engage in the above marked electronic communication activities and to apply for registration in the EETT Registry of Electronic Communication Network and Service Providers.

… I declare herewith that I have terminated the above marked electronic communication activities.

… I declare herewith that I have terminated any electronic communication activities under a General Authorization regime.

… I declare herewith that my details have been modified, as described herein.

… I declare herewith that I have changed the legal form of my Company as described herein.

The old form/name is as follows:

______________________________________________________________

I submit herewith to EETT all necessary legal documents (see hereunder) or/and all the documents proving that the signatory to this present Registration Declaration binds the represented person.

I declare (a) that the information included in the submitted Declaration, as well as any other accompanying information, is accurate and true, and (b) that I am fully aware of the fact that, regarding engagement in any electronic communication activity for which it is necessary to obtain a right of use for frequency bands or numbers, such right of use is not granted through this present procedure and that I am required to submit an application for the said special right of use before starting the provision of the relevant service.

____________________________ _________________________________________

Place, Date                                         Name / Signature / Company’s Seal

Applications must be submitted in writing and addressed to the National Telecommunications and Post Commission (EETT) at the following address: 60 Kifissias Ave., 151 25 Marousi

EETT departments are available to assist you by telephone at:

EETT Information

Tel.: +30 210 61 51 000

Please note that a failure to submit a Registration Declaration, as well as a delayed or inaccurate Declaration may cause the imposition of such administrative sanctions as referred to in article 12 of Law nº 3431/2006.

 

Required Legal Documents

A. Legal Entities / Natural Persons established / residing in Greece

a. Sociétés Anonymes (SA)

• The Articles of Incorporation and the Official Gazette issue where the said Articles were published or a codified version of the Articles of Incorporation, if they are amended. In the case of a newly incorporated Company, the required documents are the Notarial act of incorporation, the relevant announcement of the Prefect’s decision on the incorporation to the competent department of Sociétés Anonymes of the Ministry of Development that maintains the archives of Sociétés Anonymes (Prefectural Authority) and a copy of the duplicate receipt issued by the Public Treasury which includes the publication code number. Entities are under obligation to submit the relevant Official Gazette issues when published.

• The latest Minutes of the meetings of the company’s Board of Directors pertaining to the appointment of representatives and the relevant Official Gazette issue. If the said Official Gazette issue is not published yet, the said Minutes shall be accompanied by an announcement on the registration of the information in the Prefectural Authority and a copy of the duplicate receipt issued by the Public Treasury which includes the publication code number. Entities are under obligation to submit the relevant Official Gazette issues when published.

b. Limited Liability Companies (LTD)

• The Articles of incorporation and the Official Gazette issue where the said Articles were published or a codified version of the Articles of Incorporation, if they are amended. In the case of a newly incorporated Company, the required documents are the Notarial act of incorporation, the Official Gazette issue where the relevant announcement is made and, if not yet published, it shall be replaced by a copy of the duplicate receipt issued by the Public Treasury which includes the publication code number. Entities are under obligation to submit the relevant Official Gazette issues when published.

• A certificate issued by the competent department of the Court of First Instance of the place where the company has its registered office certifying the registration of company details in the relevant registries, and any amendments thereof.

c. Companies Limited by Shares and Limited Partnership Companies

• The Private Incorporation Document along with all amendments thereof.

• A certificate issued by the competent department of the Court of First Instance of the place where the company has its registered office certifying the registration of company details in the relevant registries, and any amendments thereof.

d. Natural Persons – One-man enterprises

• Police ID Card or passport

• Stay and work permit, if the person is an alien.

• Professional activity commencement certificate issued by the competent Tax Office.

B. Legal Entities / Natural Persons established / residing in a European Union memberstate.

a. Legal Entities

• Legal documents proving the incorporation of the foreign legal entity and the appointment of its representatives, accompanied by a Hague Apostille and an attached official translation thereof in Greece.

• Legal documents proving the appointment of a proxy in Greece and a legal binding statement made by the said proxy that he/she has accepted his/her obligations. The proxy shall be a permanent resident of Greece and shall speak the Greek language.

• A copy of the attorney or proxy’s Police ID Card or passport.

b. Natural Persons

• Police ID Card or passport.

• Professional activity commencement certificate issued by the competent Tax Office.

• Authorization by the natural person for the appointment of a proxy in Greece and a legal binding statement made by the said proxy that he/she has accepted his/her obligations. The proxy shall be a permanent resident of Greece and shall speak the Greek language.

• A copy of the proxy’s Police ID Card or passport.


Explanations

A0101 The electronic communication network used for the provision of publicly available telephone services at a fixed location. It supports voice transmission capacity between terminal network points, as well as other forms of communication, such as fax and data transmission.

A0103 Fixed electronic communication network via which Wireless Access is provided to the end user, where the User Termination place and the network (which the User is connected to) access point are fixed.

A0104 Fixed electronic communication network whose nodes are connected through wireless microwave links.

A0105 The transmission systems and, depending on the case, the switching or routing equipment and other resources that allow the transmission of signals by the use of optic fibers.

A0106 Leasing of unused (dark) optic fibers in order to be used for the operation of transmission systems and, depending on the case, of the switching or routing equipment and other resources that allow the transmission of signals.

A0107 The transmission systems and, depending on the case, the switching or routing equipment and other resources that allow the transmission of signals by the use of a metallic cable or/and a coaxial cable.

A0201 2G Public Mobile Network (GSM/DCS), which includes all the capabilities described in the Recommendations on 2G Mobile Networks (GSM/DCS) issued by the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) or the International Telecommunication Union (ITU).

A0202 3G Public Mobile Network (IMT-2000), which is especially capable of supporting innovative multimedia services, in addition to the capabilities of 2G networks like GSM, and is also capable of combining earth and satellite components.

A0203 Public Mobile Network, which complies with the Recommendations on Mobile Digital Terrestrial Trunked Radio Systems (TETRA) issued by the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) or the International Telecommunication Union (ITU).

A0204

A0205 Every mobile network used for the provision of electronic communication services by a legal entity or natural person, in order to serve exclusively its own professional needs or the goals pursued by it. The said networks are installed, operated and managed by their owners and are used by a limited number of users.

A0301 A network comprising terrestrial stations located at specified fixed points, when one or more satellites are used. The specified points shall be particular fixed points or any fixed point within a particular area.

A0302 Networks involving communication between one or more satellites and mobile terrestrial stations.

A0401 Radio local area wideband networks.

A0402 A network comprising terrestrial stations (SNG) of the Fixed Satellite Service which are destined for use at fixed points within a specific geographical area.

A0403 A network comprising transportable Earth News Gathering Stations (ENGs).

B0101 The telecommunication means-facilities which provide transparent transmission capacity between terminal network points and they do not provide the ability of selective switching (switching operations which the user may control as a part of the leased line provision).

B0102 Leasing part of the capacity of telecommunications lines to the public through network infrastructure which is owned and/or managed wholly or partly by the declaring person.

B0103 Virtual Private Network (VPN) provision to the public, through network infrastructure which is owned and/or managed wholly or partly by the declaring person. A Virtual Private Network (VPN) is the part of the corporate network that provides network services using common switching infrastructure.

B0202 Short Messaging Service (SMS) and Multimedia Messaging Service (MMS).

B0301 Analogue and digital signal transmission, which initiates sound sequences or alphanumeric characters in mobile receivers.

B0401-

B0403 Provision of technical infrastructure for the retrieval of information and entertainment programs via a specific access number (including calls to short codes or numbers of the 901, 909 series) or through the transmission/reception of messages.

B0501 Voice, data and telefax communication for air passengers to fixed and mobile networks on the basis of terrestrially operated radio stations.

B0601 Operation and management of telecommunications networks for Closed User Groups, including voice switching.

B0602 Provision of gateways between networks of different providers.

B0801 Sound and television signal transmission between broadcasting providers via external transmission and distribution lines as well as program exchange lines.

B0802 Sound and television signal transmission from the radio or television station to the broadcasting distribution networks.

B0803 Distribution of broadcasting signals to the subscribers.

B0901 Publicly available service for making and accepting national and international calls and accessing emergency services through a number or numbers included in a national or international telephone numbering plan.

B0902 The person which, despite not having its own electronic communication infrastructure and thus having no interconnection effected with other networks, provides telephone services under its own different trade name and separate corporate organization – based on the infrastructure of other persons providing electronic communication networks or/and services which the person has entered relevant contracts with.

B0904 Voice services provided via IP protocols.

B0907 Provision of connections through automatic callback.

B0908 Provision of public telephone calls via public telephone exchanges.

B0909 Provision of public phones permanently installed in public places accessible to the public on a 14-hour basis.

ANNEX Β.- GENERAL AUTHORIZATION TERMS

1. Obligations with regard to the Provision of Electronic Communication Networks and Services

The provisions laid down in this present Chapter are the terms applicable to the provision of Electronic Communication Networks or/and Services irrespective of whether these are provided to the public or not. Thus any person operating under a General Authorization regime is under obligation to comply with the provisions laid down in this present Chapter.

1.1. General Obligations

1.1.1. Obtaining a General Authorization

A person that wishes to provide electronic communication networks or/and services cannot engage in the electronic communication activities specified in its General Authorization before it obtains every required independent license, authorization, approval, decision or other act, to the degree that this is necessary for the engagement in the said activities, always pursuant to applicable law on electronic communications or any other law or based on the Person’s contractual or other obligations.

1.1.2. Accessing numbers from the National Numbering Plan

a) Any person that provides electronic communication networks or/and services is required to comply with any given provisions laid down in the National Numbering Plan, the Regulation on the Management and Allocation of Numbering Resources from the National Numbering Plan, as well as any other act amending, supplementing or replacing it, and any other terms that the Minister of Transport and Communications or EETT may impose on specific series of numbers pursuant to the provisions laid down in Law nº 3431/2006.

b) Any person that provides electronic communication networks or/and services is required:

i. to use the numbers allocated by EETT in accordance with the terms laid down in relevant EETT decisions, the National Numbering Plan and the provisions laid down herein;

ii. to ensure the correct and effective use of the allocated numbers and groups of numbers;

iii. not to make unjustified discriminations with regard to number sequences and groups of numbers among subscribers.

c) The numbers and groups of numbers allocated by EETT cannot be transferred. In addition, electronic communication network or/and service providers shall not establish any ownership rights over the allocated numbers.

Any rights of use for numbers that have not been used by the provider for two years from the date of allocation may be allocated again by EETT.

1.1.3. Access to frequency bands according to the Regulation on the Use and the Granting of Rights of Use for Radio Frequencies under a General Authorization Regime for the provision of electronic communication networks or/and services

a) Any person that provides electronic communication networks or/and services:

i. is under obligation to comply with any given provisions laid down in the Regulation on the Allocation of Radio Frequency Rights under a General Authorization Regime for the provision of electronic communication networks or/and services, as well as any other act amending, supplementing or replacing it, with regard to the allocation of radio frequencies, and any other terms that the Minister of Transport and Communication or EETT may impose on specific radio frequencies pursuant to the provisions laid down in Law nº 3431/2006.

ii. is not entitled to use any radio frequency without having ensured its prior assignment or allocation, pursuant to applicable provisions, except if determined otherwise in the Regulation on the Terms of Use of Radio
Frequencies;

iii. is under obligation to ensure the prompt allocation of individual radio frequencies or bands of radio frequencies to itself if there is such a requirement in the Regulation on the Terms of Use of Radio Frequencies;

iv. is under obligation to use the allocated radio frequencies or bands of radio frequencies exclusively for the provision of the networks and services which they have been allocated for;

v. accepts that, for the use of radio frequencies which do not require the prior allocation by EETT, no protection is given against any potential interference neither is it permitted to use the above frequencies so as to cause
interference to other radio communication stations. If it is found that harmful interference is caused to other radio communication stations due to a failure to comply with the terms and specifications laid down herein or due to a failure – malfunction of the equipment used, the person is under obligation to stop using its systems immediately.

b) Any rights of use for radio frequencies that have not been used by the provider for two years from the date of allocation may be allocated again by EETT.

1.2. Provision of Information to EETT

a) Any person that provides electronic communication networks or/and services is under obligation, upon request by EETT and within a reasonable time, to provide any information and notify any contract, archive, document, etc. required for the application of the framework of General Authorizations and applicable law.

b) Any documentation or information that are provided to EETT by a person providing electronic communication networks or/and services, pursuant to this present paragraph or any other paragraph hereof may be designated, upon well documented reasons, as confidential, whereby EETT shall treat them as such.

c) If a provider has justifiably designated any documentation or information as confidential, EETT shall not publicize the said documentation or information, except if that is documentation or information that has to be disclosed in order for EETT to carry out its duties. In that case, the said disclosure shall be proportionate to the goal pursued and shall also take into account the provider’s legal interests so as to protect the professional secrets of the latter. In addition, EETT is entitled to publicize information with regard to the terms hereof which are not confidential.

1.2.1. Specifications for the Construction, Operation and Maintenance of Facilities

a) The construction and use of facilities by a person that provides Electronic Communication Networks or/and Services shall be subject to city planning regulations and other applicable national or community regulations and regulatory acts, including regulations on the use of land, regulations on environmental protection and radiation, health regulations, regulations on the safety of users, and regulations on electromagnetic compatibility, except if determined otherwise in Law nº 3431/2006 and other applicable laws.

b) Any person that provides electronic communication networks or/and services:

i. shall be exclusively responsible for taking any necessary measures and obtaining any required permits for the construction and use of the facilities that are required for the effective operation of the Electronic Network or
Services it provides;

ii. shall carry out periodic maintenance works on the Electronic Communication equipment it uses so as to ensure that the said equipment and facilities shall not cause any damage to other persons or property;

iii. shall examine and investigate diligently any report on the risk caused by any Electronic Communication equipment or facilities, wherever these may be located, and shall remove any potential risk.

1.2.2. Persons’ Other Obligations

a) Any person that provides Electronic Communication Networks or/and Services is under obligation to comply with any obligations and exercise any rights provided for, depending on the nature of the Electronic Communication Networks or/and Services provided, in Law nº 3431/2006 and other applicable legislation including Presidential Decrees, Ministerial Decisions or Decisions made by EETT, the Hellenic Authority for the Information and Communication Security and Privacy (ADAE) or the Hellenic Data Protection Authority that are in force.

b) More specifically, Electronic Communication Network or/and Service Providers shall have the rights and obligations laid down in Law nº 3431/2006 and other applicable legislation including Presidential Decrees, Ministerial Decisions or Decisions made by EETT, ADAE or the Hellenic Data Protection Authority, which are in force, with regard to electronic communication activities pertaining to the following, among other things:

i. the interconnection, the access to networks and the access to the local loop;

ii. the terminal equipment;

iii. the relations with its customers, and especially consumer protection;

iv. the joint installation and joint use of facilities; and

v. the protection of the public and national security.

1.3. Additional Obligations with regard to the provision of Wireless Networks

The provisions laid down in this present unit pertain to additional obligations imposed on persons that provide Electronic Communication Networks or/and Services, irrespective of whether these are provided to the public or not, by using radio frequencies. Thus, any person operating under a General Authorization regime and using radio frequencies is under obligation to comply with the provisions laid down in this present unit.

1.3.1. Interference

a) Any person that provides Electronic Communication Networks or/and Services is under obligation to use, during the development of the Network and the provision of Electronic Communication Services, Radio Equipment manufactured in such a way that will allow for the effective utilization of the spectrum allocated in order to prevent any harmful interference.

b) Any person that provides Electronic Communication Networks or/and Services is under obligation to collaborate with any other entity to whom radio frequencies have been assigned/allocated, under the supervision of the competent Authority, so as to eliminate any harmful interference that could possibly affect the quality of the Electronic Communication Services provided to Users, or to eliminate any harmful interference that could be caused to radio communication stations operating legally within the area of Greece or in neighboring countries.

c) If the competent Authority finds out that harmful interference is caused to radio communication stations or users due to a con-compliance with the terms and specifications of the radio frequencies assigned or allocated, or due to a failure – malfunction in the relevant equipment, the provider in question is under obligation to terminate the operation of its systems immediately upon being notified. If the provider fails to comply with the said obligation, the sanctions provided for in applicable law shall be imposed.

1.3.2. Conditions for the Installation of Radio Equipment – Interference and Relevant Provisions

a) Any person that provides Electronic Communication Networks or/and Services is under obligation to comply, during the development of the Network and the provision of the services, with the equipment standards set by National and European Authorities and ETSI with regard to the service in question, as well as with the relevant criteria established by the competent Authority with regard to the transmission characteristics of its transmitters, so as to ensure effectively the harmonious co-existence of all wireless telecommunications applications within the same or in adjacent radio frequencies. If it is necessary to allocate (grant the right of use) a radio frequency or an individual radio frequency band, the provider shall comply with the technical terms written in the special right granted.

b) Any person that provides Electronic Communication Networks or/and Services shall ensure that its network has been designed, installed, maintained and operated so as not to cause any harmful interference to other Electronic Communication providers or legal users of the radio spectrum.

1.3.3. Special Radio Networks

a) With regard to the installation and operation of special radio networks within airport areas controlled by the Hellenic Civil Aviation Authority (HCAA), it is necessary to ensure the prior consent of the HCAA, which shall be given in accordance with any provisions that are in force.

b) With regard to special radio networks used by taxi companies, to put them under a general authorization regime, it is necessary for the local Prefect to approve the Articles of Incorporation of the association of taxi license holders. If the approval is canceled by the Prefect, the said cancellation shall be notified to EETT, and the latter shall delete the association from the Registry of Electronic Communication Network and Service Providers.

2. Additional Obligations with regard to the Provision of Public Networks or/and the Provision of Electronic Communication Services to the Public The provisions laid down in this Chapter are the terms applicable to the provision of Public Electronic Communication Networks or/and Services to the public. Thus, any person operating under a General Authorization regime and providing Public Electronic Communication Networks or/and Services to the public is under obligation to comply with the provisions laid down in this present Chapter.

2.1. General Obligations

2.1.1. Basic Requirements

a) Any person that operates under a General Authorization regime and provides Electronic Communication Networks or/and Services to the public is under obligation to take reasonable measures during the design, installation and operation of the network or other equipment used, directly or through third persons, with regard to the provision of any service under a General Authorization regime and the conclusion of any contract with a third natural party or legal entity which pertains to the provision of the above services so as to ensure the following:

i. The security, integrity and maintenance of the functions of the Electronic Communication Networks used or/and controlled by the said person, as well as the security, integrity and maintenance of the functions of any other Electronic Communication Network operating under a General Authorization regime to the degree that it is within the control of the said person. Especially any persons operating Public Telephone Networks at fixed locations are under obligation to take all necessary measures in order to ensure the integrity of the network and, if a disastrous failure takes place or in a Force Majeure incident, the availability of the Public Telephone Network and Public Telephone Services at fixed locations.

ii. The interoperability of the services provided by the person with the corresponding services provided by other persons.

iii. The protection of personal data (personal details, confidential information and privacy) of the person’s subscribers and, to the degree that is within the control of the said person, of other persons’ subscribers, as well as the compliance with any provisions that are in force with regard to the protection of personal data, the confidentiality of communications and the protection of privacy in the electronic communications sector.

iv. The secrecy of communications.

v. The protection of competition.

vi. The protection of the environment and the city planning and physical planning provisions, as well as the effective use of radio frequencies.

b) Any person that provides Public Telephone Services is under obligation to take all necessary measures in order to ensure the unhindered access to emergency services.

2.1.2. Protection of Personal Data – Secrecy of Communications

a) During engagement in Electronic Communication activities, any person is under obligation to comply with any provisions that are in force with regard to the protection of personal data, the confidentiality of communications and the protection or privacy in the electronic communications sector. Every contract providing for the restriction or elimination of the person’s liability that arises from the above provisions shall be void.

b) If a competent judicial authority issues a decision or other act establishing that there has been a breach of applicable law on the protection of personal data, the processing of personal data, and the protection of privacy in the electronic communications sector, the culpable person is under obligation to inform immediately EETT, the Hellenic Authority for the Information and Communication Security and Privacy and the Data Protection Authority, and submit to the above authorities a copy of the said decision along with any accompanying comments made by the said person.

2.1.3. Universal Service Obligations

a) Any person that provides Public Electronic Communication Networks or/and Services to the public shall undertake all the Universal Service obligations that may be imposed on the person pursuant to applicable law and shall be under obligation, if necessary, to participate in the allocation of the net cost of the Universal Service provided which is charged to other persons having the obligation to provide Universal Service, pursuant to the provisions laid down in applicable law.

b) In any case, a person that provides Public Electronic Communication Networks or/and Services to the public shall be entitled to request to participate in the provision of Universal Service, in accordance with the stipulations laid down in any law provisions that are in force every time pertaining to the provision of Universal Service.

2.1.4. Significant market power

Especially those persons that provide Public Electronic Communication Networks or/and Services to the public are under obligation to comply with all the provisions that pertain to persons having significant power in the market in question, to the degree that they have been designated, based on applicable law, as having significant power in the market in question.

2.1.5. Right to Joint Establishment

a) A person that provides Public Electronic Communication Networks or/and Services to the public is entitled to conclude commercial and technical contracts for the joint use of equipment or/and real property with other persons that provide Public Electronic Communication Networks or/and Services to the public.

Especially in the cases where the person is deprived of access to other sustainable capabilities due to the need to protect the environment, public health or public security, or the achievement of city planning or physical planning goals, upon application made by the said person, EETT may impose on another provider of Public Electronic Communication Networks the obligation to ensure the joint use of a specific facility or real property, including physical joint establishment.

b) A provider shall have a similar obligation with regard to requests for joint establishment and joint use of facilities made by other persons that provide Public Electronic Communication Networks or Electronic Communication Services to the public. To resolve any disputes that may arise from the procedure described in this present paragraph, the provisions laid down in applicable law shall apply.

c) Public Electronic Communication Network providers are under obligation to comply with the directions and relevant Regulations issued by EETT with regard to joint establishment issues.

2.1.6. Interoperability of Services and Interconnection of Networks

a) A person that provides Public Electronic Communication Networks or/and Services to the public is entitled to negotiate interconnection with, and potentially to obtain access to or interconnection with, other persons operating under a General Authorization regime in Greece or in another Community Member State in order to provide publicly available Electronic Communication Networks or/and Services.

More specifically, any person that provides Public Electronic Communication Networks or/and Services to the public:

i. Is under obligation to allow the interconnection with its network of other Public Electronic Communication Networks and provide other Public Electronic Communication Networks operating under a General Authorization regime, without causing any delay, with the potential to have access to the network, upon filing a relevant application and upon concluding a relevant commercial and technical agreement. The above interconnection shall be effected within a reasonable time period.

ii. When providing access or interconnection, the person shall not impose any obligations that are not associated to the access and interconnection services offered.

iii. When collecting information from other persons prior to, during or following the access or/and interconnection negotiating procedure, the person shall use the said information only for the purpose it is given for and shall maintain the confidentiality of the information given or stored. The information received shall not be disclosed to any third party, especially to other services, subsidiaries or partners, who could possibly gain a competitive advantage through it.

iv. If no agreement is reached between the person and other interested parties, which is necessary for the sufficient and effective interconnection of Public Electronic Communication Networks in order to ensure the interoperability of Electronic Communication Services for all Users within the European Union, the person shall be required to apply the dispute resolution procedure provided for in applicable law.

v. Shall fully comply with the provisions laid down in applicable law on the technical standards that are appropriate for the interconnection purposes.

vi. Shall not affect adversely and shall not delay unjustifiably the provision of access or interconnection, and shall not interfere unjustifiably in any way with the provision of services from interconnected networks or equipment.

vii. Shall comply with any obligations that may be provided for in applicable provisions with regard to the quality of the interconnection, shall not affect adversely and shall not cause unjustifiable obstacles to the provision of services from interconnected networks.

viii. Shall provide information pertaining to the interconnection fees whenever requested to do so.

ix. If the person has significant market power, it shall also have the corresponding obligations with regard to interconnection with and access to its network.

x. Is under obligation to notify to EETT all the interconnection agreements concluded with other persons, as well as any refusal to provide interconnection. EETT reserves the right to request their amendment or
restriction, in accordance with applicable law provisions.

b) In any case, the interconnection and access agreements shall be compatible with the law on competition and especially with the provisions pertaining to the obligations of organizations having significant market power, and shall comply with the instructions given and decisions made by EETT, based on applicable law with regard to interconnection issues.

2.1.7. Standards – Specifications

a) Any person that provides Public Electronic Communication Networks or/and Services to the public shall comply with any standards or specifications established on a community level, which are designated as compulsory and are published in a list of standards or specifications in the Official Journal of the European Communities with regard to the provision of services, technical interfaces and network functions.

b) If no such standards and specifications have been published, the standards or/and specifications established by the European Standardization Organizations which have been adopted by the Minister of Transport and Communications shall apply.

If there are not such standards or/and specifications, the international standards and recommendations approved by the International Telecommunication Union (ITU), the International Organization for Standardization (ISO) or the International Electrotechnical Commission (IEC) shall apply.

2.1.8. Publication of Interfaces

Any person that provides Public Electronic Communication Networks or/and Services to the public is under obligation to publish the specifications of the interfaces used for the provision of services to the public pursuant to the stipulations laid down in Presidential Decree nº 44/2002 (Official Gazette 44/A/7-3-2002) “Radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Transposition into Greek law of Directive 99/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999” and EETT Decision nº 294/55/2003 Regulation on the publication of telecommunications network interface
specifications, pursuant to Presidential Decree nº 44/2002″ (Official Gazette 1590/B/03).

2.1.9. Telecommunications terminal equipment and radio equipment

a) All telecommunication terminal equipment (TTE) and radio equipment used by a person that provides Public Electronic Communication Networks or/and Services to the public shall comply with the provisions laid down in Presidential Decree nº 44/2002 (Official Gazette 44/A/7-3-2002) “Radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Transposition into Greek law of Directive 99/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999” and Joint Ministerial Decision nº 1555/2002 (Official Gazette B47/23-1-2002) “Classification and Distribution of Telecommunication Devices”.

b) A provider is under obligation to take all necessary measures in order to ensure that only TEE that is legally available in the market shall be connected to the network including, depending on the case, the terms pertaining to cabling in the customer’s facilities and the network end point location. He is also under obligation to allow the connection of equipment of all types or/and manufacture or/and commercial origin, provided that it meets the requirements set forth in this present article and is legally available in the market, without causing any delays.

c) A provider is not allowed to establish any technical terms additional to the ones provided for in the relevant standards or/and specifications, pertaining to the telecommunications terminal equipment in question, which is to be connected to a corresponding network, or to make any discrimination in the treatment of subscribers, provided that the TTE they wish to use is legally available in the market.

2.1.10. Quality of services rendered

a) The persons that provide Public Electronic Communication Networks or/and Services to the public are under obligation to fulfill all such obligations with regard to the quality of services as laid down in this present Decision for specific categories of Electronic Communication Networks or/and Services, in accordance with the following:

i. such potential stricter or additional obligations with regard to the quality of the services as they themselves may establish; 

ii. the potential stricter or additional obligations with regard to the quality of the services they are required to render as part of an open or restricted tender for the extension for the granting of rights of use for Numbers of Frequency Bands;

iii. the potential stricter or additional obligations with regard to the quality of the services if there have Universal Service obligations; and

iv. any other provisions laid down in the Law, as well as any acts that are issued based on the said Law, which provide for stricter or additional obligations with regard to the quality of services.

b) Persons that provide Public Electronic Communication Networks or/and Services to the public, upon recommendation by EETT, are under obligation to publish comparable, sufficient and updated information with regard to the quality of the services provided to End Users.

c) EETT may make a Decision, following public consultation, in order to determine the following:

i. The quality indicators that shall be measured by providers.

ii. The content and format of the information to be published so as to ensure that end users and consumers can have access to complete, comparable and easy-to-use information. To ensure the accuracy and comparability of the data provided by enterprises, EETT may order the performance of independent audits or similar inspections on the performance levels achieved by interested enterprises.

iii. The method used for the publication of information.

iv. The time of publication of information.

v. A provider’s obligation to notify to EETT a copy of the information to be published prior to its publication.

The above obligations that may be imposed by EETT based on the above mentioned Decision shall be imposed only to public network or electronic communication providers that have been providing electronic communication services for no less than 6 months.

2.1.11. Provision of Information

a) Without prejudice to the provisions laid down in tax law, any person that provides Public Electronic Communication Networks or/and Services to the public shall maintain for no less than two (2) years its accounting books, as well as regularly updated financial, statistical, technical, service-related and pricing information that pertains to the terms laid down herein and referring to the activities that are subject to a General Authorization regime, as well as data pertaining to its quality performance so as to provide EETT with information required for the latter to ensure the person’s compliance with the terms laid down in General Authorization. In addition, the said person is under obligation to provide EETT with access to the above books and data, when requested to do so. The above obligation does not pertain to the personal data of users, whose processing is subject to the provisions laid down in the law on the protection of data, the confidentiality of communications and the protection of privacy in the electronic communications sector.

b) A person that provides Public Electronic Communication Networks or/and Services to the public is under obligation to send to EETT any data requested based on the semiannual questionnaires used for market analysis and statistical processing.

2.1.12. Inspection

a) Any person that provides Public Electronic Communication Networks or/and Services to the public is under obligation to allow EETT to audit its compliance with the specifications pertaining to the Electronic Services it provides.

EETT, as part of its duties, shall audit the information it receives and shall inspect the facilities and functions of the Electronic Communication Network or/and Services in order to ensure that the Electronic Communication Network and Service provider complies with applicable specifications. The provider shall allow EETT to access its facilities for inspection purposes. EETT shall be entitled to perform successive and individual random sampling on the Electronic Communication Networks and Services provided in order to verify the information provided.

b) All measurements or calls or the overall use of the Electronic Communication Network and Services provided by the provider, which are carried out in application of the provisions laid down in this present paragraph shall be performed at no cost for EETT.

c) In performing its inspection duties, EETT is not required to notify a provider in advance on its intention to perform an inspection. A provider’s refusal to accept inspection shall be treated as prescribed in applicable law. EETT shall perform its relevant duties in a manner that befits each separate case.

d) EETT is entitled, however, to notify providers on imminent inspections and the said notifications may describe the purpose of the inspection, the parts of the facilities to be inspected, the date and time of inspection, as well as any information and written documentation that a provider must make available during the inspection. The provider shall collaborate with EETT for the performance of the inspection in a satisfactory manner, by preparing and delivering the required documentation and information, on condition that the provider does have or should have the said documentation or information. Prior to the commencement of the inspection, EETT representatives shall produce to the provider’s competent employees or representatives their identification details along with their written authorization for the specific inspection, which must be duly signed. The provider
shall choose and properly authorize certain persons to attend the inspection, and the said persons shall certify the provider’s presence during the performance. If there is an important reason, which shall be notified to EETT, that makes the performance of the inspection impossible on the date and time set in the initial notification, on condition that the reason is accepted, EETT shall send a subsequent notification, pursuant to the terms laid down in this present paragraph, and if the inspection is hindered due to provider’s recalcitrance, EETT shall be entitled to take all legal actions including the imposition of administrative sanctions pursuant to applicable law.

e) The results of all inspections shall be recorded in a report prepared to that end by EETT and notified to the provider.

2.1.13. Consumer Protection

a) Any person that provides Public Electronic Communication Networks or/and Services to the public shall comply with applicable law on the protection of consumers. Without prejudice to applicable law on the restriction of liability, any agreement providing for the restriction or elimination of a provider’s liability shall be void.

b) A provider is under obligation to comply with all the provisions laid down in the contracts pertaining to the provision of the Network and the Services provided, as well as in applicable law that establishes the rights of Users.

c) A provider is under obligation to apply procedures for the immediate consideration of requests and complaints filed by Users with regard to the order, installation, commencement, termination, billing and overall quality of the Public Electronic Communication Network and Services provided to the public. In addition, a provider is under obligation to inform EETT, if requested to do so by EETT, with regard to all the above signed requests and complaints that have been filed with the provider. The above information may also include information on the manner and time of meeting the relevant requests.

d) A provider is under obligation, within a reasonable time period, to take all necessary measures for facilitating and assisting Users with the resolution of problems related to the operation of the Public Electronic Communication Network and Services provided to the public.

2.1.14. Contracts

a) Any person that provides Public Electronic Communication Networks or/and Services to the public is under obligation to have a conventional text regulating its relations with Users. The terms included in the conventional text shall be laid down in full clarity, precision and simplicity so that Users can be fully aware of all the contractual terms. More specifically, the general terms shall be provided in hard copy or/and electronic format in an easy-to-read way and, when posted on a Website, they shall be located in a conspicuous point thereon.

b) The service contracts concluded with Users shall have the form of an Accession Contract, shall be governed by and comply with the corresponding provisions laid down in applicable law and the law on consumer protection.

c) A provider shall see to it that consumers are made aware of the contractual terms before they sign the subscription application. Any potential questions raised by consumers with regard to the contractual terms shall be answered by the provider’s personnel or the local sales networks authorized by the provider.

d) Any contracts concluded with consumers that include the sale of equipment shall expressly indicate the person liable for the time period following the sale, pursuant to the provisions laid down in article 5 of Law nº 2251/94, as it is in force every time.

e) Any contracts concluded for the provision of Electronic Communication Services to the public may be of a definite or indefinite duration. The said contracts, to the degree that they pertain to transactional terms and accession contracts and are of indefinite duration, shall have an exclusive minimum duration of two months.

Subscribers shall be informed in any convenient way, and without fail in writing upon notification of the Contractual Terms, under penalty of cancellation of the Contract, on the minimum duration of the connection.

f) Without prejudice to Law nº 2251/1994, as it is in force, a contract concluded between a subscriber or end user and the person providing the connection or/and access to the public telephone network or between a consumer or end user and other electronic communication service providers shall include the following minimum details:

i. The provider’s details and address.

ii. The services provided, the quality level of the said services, as well as the duration of the initial connection.

iii. The types of maintenance services provided.

iv. The details with regard to prices and tariffs, as well as the means used for obtaining updated information with regard to all applicable tariffs and maintenance fees.

v. The duration of the contract, the renewal terms and the termination of the services and the contract.

vi. The terms applicable to compensation and refund of amounts paid if the contractual obligations pertaining to the quality of the service rendered are breached.

vii. The procedures applicable to the resolution of disputes. If a dispute is to be brought before a court of law, the court of law having its seat in the city where the User resides shall be the one having jurisdiction over any dispute that arises from the contract.

viii. The User’s right to maintain his/her communications confidential and secret.

ix. The right to connect to a Terminal Point of a fixed Telephone Network and use terminal equipment freely selected by the User, if the said equipment is appropriate for the connection provided in accordance with the provisions laid down in applicable law.

x. The requirement to use the Greek language for any service rendered by persons that provide Public Electronic Communication Networks or/and Services.

g) If a person that provides Public Electronic Communication Networks or/and Services to the public amends the contractual terms unilaterally, then subscribers shall be entitled to terminate the contract at no cost within one (1) month after the relevant notification. The provider is under obligation to inform subscribers, through the press or via e-mail, on the amendments and the right to terminate the contract at least one (1) month prior to their effective date.

h) Without prejudice to the provisions on competition and the principles of good faith and transactional ethics and the law on consumer protection, a retrospective increase of tariffs is prohibited without the prior consent of the other contracting party.

2.1.15. Liability to Users

a) Any person that provides Public Electronic Communication Networks or/and Services to the public is under obligation to ensure the scientifically and technically perfect installation, function and maintenance of the Electronic Communication Services provided, in such a way that will not endanger the life, bodily integrity, health or property of the Users of the above services.

b) Every User is entitled to claim from a provider the restoration of any direct or indirect damage or moral damage suffered due to the unsatisfactory or defective manufacture, installation, maintenance or function of the Networks, the Electronic Communication Services provided or the telecommunications terminal equipment. An unjustified interruption of the Network and the Electronic Communication Services rendered to Users shall establish a right to compensation. An interruption required for the execution of necessary maintenance works, if expressly notified to Users in advance, shall not be considered unjustified as above, without prejudice to the stipulations laid down in individual service level agreements.

c) More specifically, if the availability of the Network or the Electronic Communication Services rendered is lower than the quality of services required for the person in question pursuant to the provisions laid down in the General Authorizations or in the special rights of use for radio frequency bands or numbers that have been extended to the person, provided that the problem is not caused by the subscriber or by a third person and it has led to the interruption of the Electronic Communication Services provided to the subscriber, then the provider is under obligation to credit to the subscriber the part of the amount paid by the latter which corresponds to the time when the Electronic Communication Services were interrupted.

d) A provider shall be liable to Users for any damage with regard to the Electronic Communication Services it provides to the public, pursuant to the provisions laid down in applicable law.

2.1.16. Force Majeure

a) Without restricting the provisions laid down herein, a person that provides Public Electronic Communication Networks or/and Services to the public shall not be considered as having breached a provision laid down in the General Authorization framework or in the rights of use for radio frequencies or numbers extended to the person due to a non-compliance with terms or due to an unsatisfactory or overdue compliance with terms, for the time periods when the said non-compliance with terms or the unsatisfactory or overdue compliance with terms is due to Force Majeure, which is causatively linked to the non-compliance with the terms laid down in the General Authorization framework or in the rights of use for radio frequencies or numbers.

b) Following is an indicative list of Force Majeure incidents: War (either declared or not), riots, acts of sabotage, acts of terrorism, acts of God, explosions and fires that are not due to gross negligence on the part of the provider, embargos and strikes. During any incident that is within the scope of this present clause, the provider shall take all advisable measures in order to comply as fully as possible with the terms laid down in the General Authorization framework or in the rights of use for radio frequencies or numbers extended to the provider.

c) A provider is under obligation to ensure that, if a disastrous failure occurσ due to Force Majeure, all measures are taken for maintaining the availability of the Public Electronic Communication Network or/and Services provided to the public and the maintenance of the highest possible level of services so as to respond to any requirements set by any public Authority.

2.1.17. Assistance to National Defense and Public Security

a) A person that provides Public Electronic Communication Networks or/and Services to the public shall collaborate with the Government of the Hellenic Republic (hereafter referred to as the “Government”) with regard to national defense and public security issues.

b) In emergencies, a provider is under obligation to collaborate with Competent Authorities and apply, when necessary, an emergency plan which shall determine the procedure for providing services in areas where a state of emergency is declared for as long as the declaration is in force, pursuant to applicable law. In addition, a provider is under obligation to collaborate and participate, if requested to do so by Competent Authorities, in the preparation of the emergency plan.

3. Special Obligations per Category of Public Services

3.1. Additional Obligations for the Provision of Public Telephone Services

The provisions laid down in this present paragraph pertain to additional obligations for persons that provide Public Telephone Services. Thus any person operating under a General Authorization regime and provides Public Telephone Services is under obligation to comply with the provisions laid down in this present paragraph.

3.1.1. Emergency services

a) Public Telephone Service providers shall enable Users to call emergency number “112”, or other emergency numbers determined in applicable law, free of charge from any subscribers’ telecommunication terminal equipment or/and public telephones.

b) Public Telephone Service providers are under obligation to provide free of charge all information necessary for identifying the location of the person calling competent authorities in order to deal with emergencies for all calls made to the single European emergency number “112”.

c) Public Telephone Service providers that provide Short Message Services (SMS) in order to serve persons having serious speaking and hearing problems are under obligation to provide access to emergency services free of charge through the Short Message Service (SMS).

3.1.2. Telephone directory enquiry services

a) Public Telephone Service providers are under obligation, without prejudice to the provisions laid down in the law on the protection of personal data:

i. To provide their Subscribers with telephone directory enquiry services.

ii. To provide Users with access at least to one telephone directory enquiry service covering all registered subscriber numbers of Voice Telephony or Fixed and Personal Communication. If the telephone directory enquiry service is part of the Universal Service, then Voice Telephony Service providers are under obligation to provide Users with access at least to one telephone directory enquiry service operating as part of the Universal Service.

iii. To provide Users of all their public telephones, if technically possible, with access to telephone directory enquiry services provided through the series 118XX.

b) All Public Telephone Service providers allocating telephone numbers are under obligation to inform, upon conclusion of a relevant contract, their subscribers, including card mobile telephony subscribers on (a) the purposes of printed or electronic subscriber directories which are distributed to the public or can be obtained through telephone enquiry services; (b) their right to be listed in publicly available telephone directories; and (c) their right to audit and, if necessary, to correct or request the deletion of the relevant entry. A subscriber is entitled to indicate to the provider that has allocated his subscriber numbers whether all or part of his/her numbers or personal details can be included in his/her provider’s publicly available telephone directory, or whether all or part of his/her numbers or personal details can be made available to third parties.

c) The method used by a subscriber in order to express his will on whether he/she wishes to be included in his/her provider’s telephone directory shall comply with the stipulations laid down in applicable law on the protection of personal data in the electronic communications sector.

d) Public Telephone Service providers allocating telephone numbers, before they transfer their subscribers’ details to third parties, are under obligation to inform their subscribers free of charge on the said possibility, as well as on the receiver or the categories of potential receivers and the purpose of the transfer, which may not be other than the one which the subscribers’ details were collected for in the first place, so that subscribers can have the opportunity to express their will with regard to the transfer in such a way as stipulated in applicable law on the protection of personal data in the electronic communications sector.

e) If they wish to be included in a telephone directory, card mobile telephony subscribers are required to notify their wish in writing or electronically to their Public Telephony Service provider.

f) Every Public Telephone Service provider allocating telephone numbers to subscribers is under obligation to meet any reasonable request for the provision – within the framework of providing publicly available telephone directory enquiry services and directories – of relevant information in an agreed form and in a way that is fair, objective, cost-oriented and impartial. The above obligation pertains exclusively to a request for the provision of telephone directory enquiry services or/and the issuance of a telephone directory and, beyond the said purpose, no other access is permitted to the Users’ details, without their relevant express consent. If a dispute arises between the interested parties with regard to compliance with the above, each interested party is entitled to appeal to EETT and request an investigation pertaining to compliance with the terms laid down in this present paragraph.

g) Public Telephone Service providers are under obligation to be impartial when processing and present their Users’ details or the details made available to them by other Public Telephone Service providers.

h) Public Telephone Service providers shall negotiate interconnection upon reasonable request made by another Public Telephone Service provider for having access to any telephone directory enquiry services, within the framework of the publicly available telephone directory enquiry services.

i) All involved entities are under obligation to ensure that the access of the subscribers of a certain electronic communication network to services provided via directory enquiry service short codes through another electronic communication network or to services provided by the same electronic communication network, in another geographical area however, may be effected through the use of a short code for the said services, without requiring to dial a special prefix assigned to the network or geographical area.

j) Public Telephone Service providers are under obligation to comply with the instructions given by EETT with regard to telephone directory enquiry service issues.

k) Public Telephone Service providers shall make sure that they themselves reply to any questions asked by consumers regarding the amounts charged for calls to short telephone directory enquiry service codes provided through their networks.

3.1.3. Voice mail services

Public Telephone Service providers are under obligation to provide every end user connected to their Public Telephone Network with access to subscriber voice mail services.

3.1.4. Contracts

Each contract proposed by a Public Telephone Service provider shall be notified to EETT at least two (2) months prior to its application. Within forty five (45) days from the submission of a standardized contract, EETT may request from the provider to amend certain contractual terms or to add new terms to it, which shall constitute its minimum content pursuant to paragraph 2.1.14. If the forty-five-day (45-day) period from the legal and appropriate notification of the contract expires without any reply given, then the contract shall be considered approved. If a provider does not submit the standardized contract, or any potential amendment thereof, to EETT promptly, EETT is entitled to impose administrative sanctions, pursuant to applicable law.

In any case, EETT is entitled to propose a standardized contractual text.

3.1.5. Termination of services

a) A Public Telephone Service provider is entitled to terminate, temporarily or permanently, the provision of Telephone Services to a subscriber only if the latter fails to comply with his/her contractual obligations and especially if there is an overdue and payable amount from the subscriber to the provider, as well as in cases of Force Majeure.

b) If a Subscriber fails to comply with his/her contractual obligations, because there is an overdue and payable amount from the subscriber to the provider, the provider is under obligation to notify the Subscriber, even on the Subscriber’s bill, about his potential temporary or permanent termination and shall proceed to terminate the provision of services only after fifteen (15) days have passed by from the date when a relevant legal and appropriate notification is sent to the subscriber. A relevant short message (SMS) sent shall not be considered as a legal notification. The said termination shall affect, if technically possible, only the specific services which the amount is due for. During the temporary termination and if it is compatible with the specific service, the Subscriber shall be able to make outgoing calls that are free of charge.

c) The services shall be terminated permanently, especially if there is an overdue and payable amount from the subscriber to the provider, only after sixty (60) days have passed by from the temporary termination of services, and after a relevant legal and appropriate notification is sent to the subscriber. A relevant short message (SMS) sent shall not be considered as a legal notification. In any case, as far as it is technically possible, the termination shall pertain only to the specific services which the amount is due for.

The stipulations laid down in this present paragraph shall not apply to cases of fraud or repeated overdue payment or non-payment of bills, whereby permanent termination shall take place immediately without any obligation for the provider to send a prior notification.

3.1.6. Itemized billing

a) Any bills sent to Subscribers indicating the cost of the Public Telephone Services rendered by the provider shall include a minimum level of itemized billing, which shall be made available at no additional fee, as determined by EETT from time to time, upon consultation with interested parties.

b) Without prejudice to the requirements laid down in existing provisions of applicable law on the protection of personal data and the protection of privacy in the telecommunications sector, EETT is entitled to determine the basic level of detail of itemized billing sent free of charge to consumers by Public Telephone Service providers at fixed locations, so that consumers are able to:

(i) verify and check the amounts charged for using the public telephone network at fixed locations and/or any relevant publicly available telephone services; and

(ii) monitor their use and the resulting costs appropriately, thus having a certain reasonable level of control over their bills.

c) If necessary, it shall be possible to provide subscribers with more detailed itemized billing either at a reasonable additional charge or free of charge.

Any calls made by a subscriber free of charge, including calls to aid lines, are not required to be included in the calling subscriber’s itemized bill.

The obligation to provide a certain minimum level of itemized billing shall not apply if a subscriber has expressly stated that he/she does not wish to receive such bills.

3.1.7. Tariffs

a) Irrespective of whether charging for Public Telephone Services is done depending on the volume of the information transferred or its duration, bills may not cover service periods longer than two months.

b) Subscribers shall not be charged for calls that were not completed pertaining to the called party, neither shall they be charged for any time spent until the connection with the called party is effected (or pertaining to the transferring time, or the messaging service). If there are doubts with regard to bills, subscribers are entitled to appeal to EETT, and the latter shall examine whether there has been a breach of the law on electronic communications on the part of a provider.

c) Bills shall indicate their payment deadlines. In any case, a bill shall not become overdue earlier than thirty (30) days from the issue date written thereon. A provider shall ensure that the bills issued are sent to subscribers as fast as possible.

3.1.8. Customer Service Departments

a) A Public Telephone Service provider shall ensure the existence of procedures for the investigation of problems encountered by consumers and shall maintain customer service departments or appropriately and especially trained personnel at special sales points.

b) In cooperation with EETT, a Public Telephone Service provider shall proceed to encode the most frequent problems / questions brought to the attention of the customer service departments by Users and shall train customer service personnel in order to be able to handle effectively, in a standardized manner, at least the most frequently encountered issues included in any encoded category.

c) Among other things, a Public Telephone Service provider shall serve users with regard to failure-related issues through a special, free of charge telephone line operating at least 12 hours a day, from Monday to Saturday.

3.1.9. Transparency and publicity of information

A Public Telephone Service provider is under obligation to publish clearly accurate and updated information with regard to its tariffs and the terms applicable to the access to and use of its Public Telephone Network by End Users.

a) The information published shall include the following:

i. The provider’s name and the address of its central offices.

ii. A description of the publicly available telephone services provided.

iii. The procedure followed by a Subscriber for submitting an application for the provision of services.

iv. If there is a connection fee or/and a periodic fee, a description of the services included (e.g. exploitation entity’s services, directories, directory enquiry services, selective call barring, itemized billing, maintenance, etc.).

v. Standardized tariffs covering access, all types of use and maintenance fees, including details about existing common discounts and special targeted billing schemes. There must be included a sufficient description of the individual prices applicable in each case to the relevant services per type of network, destination and duration of each call. In addition, there must be a clear description of the charging rate, the minimum charge or the call answering fee, if any. If tariffs are modified unilaterally, there must be a clear description of the modification made, and Users shall be given the ability to oppose the said modification and terminate the contract at no cost.

vi. The compensation/refund policy, including special details on the offered compensation/refund systems.

vii. The types of maintenance services offered, including the deadline set for the provision of the Services rendered or the restoration of failures.

viii. The quality of the services rendered.

ix. The standardized contractual terms, including, if necessary, the minimum duration of the contract.

x. Mechanisms for resolving disputes and settling amounts due, including those procedures that have been developed by the company.

b) The above information shall be published as follows:

i. By sending the above information material, and especially any applicable contractual text or part thereof, to any End User submitting a relevant request.

ii. By posting the above material/information on the provider’s Website, or if there is no such Website, by making the above material available to any interested party free of charge at the provider’s central offices.

iii. More specifically, a provider is under obligation to provide all tariff-related information at its service sales points or to operate a telephone center providing information on tariffs.

The above obligations shall not apply to Telephone Services provided through public telephones.

3.1.10. Number portability

A Public Telephone Service provider is under obligation to provide number portability pursuant to the provisions laid down in applicable law and in EETT decisions, as they are in force every time.

3.1.11. Non geographic numbers

If non geographic numbers from the National Numbering Plan have been allocated to a Public Telephone Service provider, the latter shall ensure, if technically and financially possible, that all end users, irrespective of where they are in the EU, have access to the said numbers.

3.2. Additional Obligations with regard to the Provision of Public Telephone Services at fixed locations

The provisions laid down in this present unit pertain to additional obligations imposed on persons that provide Public Telephone Services at fixed locations. Thus, any person operating under a General Authorization regime and providing Public Telephone Services at fixed locations is under obligation to comply with the provisions laid down in this present unit.

3.2.1. Provision of additional facilities

a) A person that provides Public Telephone Services at fixed locations shall provide the following, if technically and financially possible:

i. Tone dialing or dual tone multi-frequency operation (DTMF), so that the public telephone network may support the use of DTMF tones as defined in ETSI ETR 207 for end-to-end signaling throughout the network both within a member state and between member states.

ii. Caller identification, which shall be provided in accordance with the relevant law on the protection of personal data and privacy in the electronic communications sector, as it is in force. Caller identification pertains to the
ability of the called subscriber to identify the caller’s number prior to answering the call.

b) As far as it is technically possible, a provider shall provide data and signals for facilitating caller identification and structural dialing for long-distance calls with other member states.

3.2.2. Provision of Fixed Voice Telephony by Virtual Providers

a) For the purposes of this present paragraph, a Virtual Provider (VP) is a person that, despite not having its own electronic communication infrastructure, provides electronic communication services under its own trade name and its own separate corporate organization based on the infrastructure of other persons that provide electronic communication networks or/and services based on relevant contracts concluded with the said persons.

b) In the case of Virtual Public Telephone Service Providers at fixed locations, in order to ensure the ongoing provision of services, these shall have concluded at least two cooperation contracts with persons providing Public Telephone Services at fixed locations via the Networks of the said persons.

3.3. Additional Obligations with regard to the Provision of Directory Services

a) The provisions laid down in this present unit pertain to additional obligations imposed on persons that provide Directory Services. The provision of directory enquiry services shall always be done in accordance with the provisions laid down in Law nº 3431/2006 and in EETT decisions made based on the said Law, and the provisions laid down in applicable law on the protection of personal data and confidentiality.

b) Telephone Directory Service providers are under obligation to sign confidentiality agreements with Public Telephone Service providers allocating subscriber numbers and are not entitled to use the data made available to then for a purpose other than the one they were collected for and, especially, for their own benefit or for the benefit of their subsidiaries or other Enterprises collaborating with them.

c) Directory enquiry service providers are under obligation to provide users with sufficient information on the tariffs charged for calling the directory enquiry service short codes, as well as whether there is a maximum limit of numbers which information is given for per individual call. Prior to the provision of the service, upon commencement of a call, they are under obligation to provide – through a recorded message, free of charge for users – a clear description of the tariff charged and, especially, depending on the case, either the total lump sum amount charged irrespective of the duration of the call, or the amount charged per time unit along with the resulting charge per minute.

d) In addition, if call completion is provided, directory enquiry service providers are under obligation to provide users with sufficient information on the tariffs charged for the said calls before they obtain the express consent of users for call completion and proceed with the connection.

e) More specifically, during the advertising promotion of services, tariffs shall be described clearly in accordance with the above stipulations on the recorded message, they must be written clearly and they must be indicated in each and every promotion surface in the cases of printed or television or multimedia advertisements, or they must be announced clearly in the case of sound promotion through an electronic or other medium. In the case of television or multimedia advertisements, the tariffs shall be written in accordance with the above stipulations throughout the duration of an advertisement at a fixed position and not in a trailer.

f) Directory enquiry service providers are under obligation to provide users with sufficient and clear information with regard to the directory enquiry services provided. Any announcement or advertisement with regard to the directory enquiry services provided shall state clearly whether the services pertain to a domestic directory or to international directories.

g) A directory enquiry service may include innovative directory enquiry services.

Some indicative services may be call completion, the setting up of conventional directories and directories arranged per category – for example per professional category, so that a user may obtain the numbers of all relevant enterprises in addition to the number of one particular enterprise – the provision of directory enquiry services in different languages for tourists and immigrants, and the provision of value added services, such as information on the numbers of movie theaters based on lists of films.

h) The provision of an international directory enquiry service shall be done by the use a short code different from the one used for the national directory enquiry service.

i) In the case of international directory enquiry services, it is not necessary to cover all countries, however each announcement or advertisement with regard to the said services shall specify clearly which countries are covered.

j) National directory enquiry service providers are under obligation, in advertising their services, to specify whether the service provided is complete and indicate clearly the types of numbers covered by the service provided.

k) It is possible to set a maximum limit of numbers which information is provided for per individual directory enquiry service call.

l) No information will be provided about the requested number to the person calling the telephone enquiry service short code if the latter does not give sufficient details about the name or/and address of the holder of the requested number.

m) Call completion is a supplementary service. Directory enquiry service providers are under obligation to provide the requested telephone numbers to the users of their services irrespective of whether a user requests the provision of call completion subsequently.

n) Directory enquiry service providers are under obligation to operate a complaint line, without any additional charge, which shall pertain to the announcements  advertisements with regard to the service in question.

o) The provision of telephone enquiry services shall always comply with any existing provisions laid down in applicable law on the protection of personal data and secrecy in the electronic communications sector.

3.4. Additional Obligations with regard to the Provision of Public Telephones

a) The provisions laid down in this present unit pertain to additional obligations imposed on persons that provide Public Telephones. Thus any person operating under a General Authorization regime and providing Public Phones is under obligation to comply with the provisions laid down in this present unit.

b) For the purposes of this present paragraph, public telephones are the ones permanently installed in public places accessible to the public on a 24-hour basis.

c) Any persons that provide public telephones shall ensure the ability to call emergency numbers free of charge.

The person shall be responsible for the installation, repair and maintenance of telephone sets.

The person that provides public telephones shall ensure the provision of telephone services and, especially, of the following services:

i. Access to directory services so that all telephone enquiry services provided through the 118XX series can be accessible from all public telephones, if technically possible.

ii. Free of charge access to emergency services without the use of coins or cards.

iii. Access to voice mail services.

d) The person is under obligation to indicate the following information, in a conspicuous, visible, recognizable and legible manner, in the area where the telephone sets are installed:

i. Information on the charges made and the modes of payment for the service in question. There must be a sufficient and clear indication of the individual prices applicable per destination and time period when the call is made. In addition, there must be a clear indication of the charging rate, the minimum charge or the call answering fee, if any.

ii. There must be an indication of the capability of making emergency calls.

iii. There must be an indication of the capability of receiving incoming calls.

iv. Contact information if there are complaints or problems.

e) The person that provides public telephones shall ensure that 75% of the public telephones is accessible to persons using wheelchairs.

f) The person that provides public telephones shall consult with EETT on the specifications of the public telephones it intends to install so as to ensure that issues related to handicapped persons are taken into consideration in the installation and provision of public telephones.

3.5. Additional Obligations with regard to the Provision of Multimedia Information Services

The provisions laid down in this present unit pertain to additional obligations imposed on persons that provide Multimedia Information Services. The said services include Audiotext and Videotext services, added value short messages (SMS) and added value multimedia messages (MMS). Thus any person operating under a General Authorization regime and providing Multimedia Information Services is under obligation to comply with the provisions laid down in this present unit.

Multimedia Information Service providers are under obligation:

i. To provide users with sufficient information on the tariffs charged for Multimedia Information services. Prior to the provision of the service, upon commencement of a call, they are under obligation to provide – through a recorded message, free of charge for users – a clear description of the tariff charged and, especially, depending on the case, either the total lump sum amount charged irrespective of the duration of the call, or the amount charged per time unit along with the resulting charge per minute, including the corresponding Value Added Tax (VAT).

More specifically, with regard to added value short messages (SMS) and added value multimedia messages (MMS), providers are under obligation to inform each user immediately after the transmission of the first message or the user enrolment message, in the case of services requiring user enrolment, about the tariffs charged per message, the total number of messages required for the provision of the service, where possible, and the total maximum cost of the service for the user, including the corresponding Value Added Tax (VAT).

ii. Not to charge consumers for the time they spend waiting to be connected to the service or, if it is technically impossible, not to answer a consumer’s call when there is no available line for the provision of the service.

iii. Not to allow a maximum call duration longer than 20 minutes.

iv. During the advertising promotion of services, tariffs shall be described clearly in accordance with the above stipulations on the recorded message, they must be written clearly and horizontally, and they must be indicated in each and every promotion surface in the cases of printed or television or multimedia advertisements, or they must be announced clearly, depending on the case per minute, per call or per message, along with the maximum number of messages required for the provision of the service, if sound promotion is used through an electronic or other medium exclusively. In the case of television or multimedia advertisements, the tariffs shall be written in accordance with the above stipulations throughout the duration of an advertisement at a fixed position and not in a trailer.

v. To operate a complaint line, without any additional charge, which shall pertain to the announcements – advertisements with regard to the service in question.

3.6. Additional Obligations with regard to the provision of prepaid cards

a) Prepaid card providers are under obligation to provide, along with the cards, an information leaflet including all tariff information, as described in the following paragraph or to operate a telephone center providing detailed information on tariffs free of charge.

b) The tariff information that must be provided shall indicate the following information sufficiently and clearly:

i. the individual prices applicable in each case to the relevant services per type of network, destination and duration of a call;

ii. the charging rate, the minimum charge or the call answering fee, if any;

iii. the applicable usual discount rates;

iv. the card expiry date.


Marousi, 13 June 2006


THE PRESIDENT  N. ALEXANDRIS

01Ene/14

Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo de 27 de noviembre de 2008 relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal. (D.O.U.E. serie L núm. 350/60 de 30 de diciembre de 2008).

DECISIÓN MARCO 2008/977/JAI DEL CONSEJO de 27 de noviembre de 2008 relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal

 

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

 

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 30 y 31 y su artículo 34, apartado 2, letra b),

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),

Considerando lo siguiente:

 

(1) La Unión Europea se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión en el que debe ofrecerse un alto grado de seguridad mediante la acción en común de los Estados miembros en los ámbitos de la cooperación policial y judicial en materia penal.

(2) La acción en común en el ámbito de la cooperación policial de conformidad con el artículo 30, apartado 1, letra b), del Tratado de la Unión Europea y la acción en común sobre cooperación judicial en materia penal de conformidad con el artículo 31, apartado 1, letra a), del Tratado de la Unión Europea implican la necesidad de tratar la información pertinente ateniéndose a disposiciones adecuadas sobre protección de datos personales.

(3) La legislación en el ámbito del título VI del Tratado de la Unión Europea debe mejorar la cooperación policial y judicial en materia penal en cuanto a su eficacia y a su legitimidad y respeto de los derechos fundamentales, en particular el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales. La existencia de normas comunes para el tratamiento y la protección de los datos personales tratados con el fin de prevenir y luchar contra la delincuencia contribuye a la consecución de ambos objetivos.

(4) El Programa de La Haya sobre la consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea, adoptado por el Consejo Europeo el 4 de noviembre de 2004, subrayaba la necesidad de un planteamiento innovador del intercambio transfronterizo de información policial, cumpliendo estrictamente condiciones fundamentales en el ámbito de la protección de datos, e invitaba a la Comisión a presentar propuestas a este respecto para finales de 2005 a más tardar. Ello se plasmó en el plan de acción del Consejo y la Comisión por el que se aplica el Programa de La Haya sobre el refuerzo de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea (2).

(5) El intercambio de datos personales en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal, especialmente con arreglo al principio de disponibilidad de la información establecido en el Programa de La Haya, debe basarse en normas claras que aumenten la confianza mutua entre las autoridades competentes y garanticen la protección de la correspondiente información excluyendo toda discriminación respecto de esta cooperación entre los Estados miembros y garantizando al mismo tiempo el pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona. Los instrumentos existentes a escala europea no bastan; la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (3), no se aplica al tratamiento de datos personales efectuado en el ejercicio de actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario, como las contempladas en el título VI del Tratado de la Unión Europea, ni, en ningún caso, a las operaciones de tratamiento de datos relacionadas con la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado o las actuaciones del Estado en materia penal.

(6) La presente Decisión Marco se aplica únicamente a los datos recogidos o tratados por las autoridades competentes para la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de infracciones penales y la ejecución de sanciones penales. La Decisión Marco debe dejar que sean los Estados miembros los que determinen de modo más preciso en el ámbito nacional qué otros fines deben considerarse incompatibles con el fin con el que se recopilaron inicialmente los datos personales. En términos generales, el tratamiento posterior de datos con fines históricos, estadísticos o científicos no debe considerarse incompatible con el fin inicial del tratamiento.

(7) El ámbito de aplicación de la Decisión Marco se limita al tratamiento de los datos personales transmitidos o puestos a disposición entre Estados miembros. De esta limitación no deben extraerse conclusiones relativas a la competencia de la Unión para adoptar actos relativos a la recopilación y tratamiento de datos personales en el ámbito nacional ni a la conveniencia de que la Unión tenga dicha competencia en el futuro.

(8) A fin de facilitar el intercambio de datos en la Unión, los Estados miembros desean garantizar que el nivel de protección logrado en el tratamiento de datos a nivel nacional coincida con el que se dispone en la presente Decisión Marco. Por lo que respecta al tratamiento nacional de datos, la presente Decisión Marco no impide que los Estados miembros establezcan garantías para la protección de los datos personales mayores a las contempladas en la presente Decisión Marco.

(9) La presente Decisión Marco no debe aplicarse a los datos personales que un Estado miembro haya obtenido en el ámbito de aplicación de la presente Decisión Marco y que tengan su origen en ese mismo Estado miembro.

(10) La aproximación de las disposiciones legales de los Estados miembros no debe debilitar la protección de datos que garantizan, sino que, por el contrario, debe tener por objeto garantizar un alto nivel de protección dentro de la Unión.

(11) Es necesario especificar los objetivos de la protección de datos en el marco de las actuaciones policiales y judiciales y establecer normas sobre la legalidad del tratamiento de datos personales, con el fin de garantizar que toda información que pueda intercambiarse se ha tratado lícitamente y de conformidad con los principios fundamentales relacionados con la calidad de los datos. Al mismo tiempo, no deben verse comprometidas en modo alguno las actuaciones legítimas de las autoridades policiales, aduaneras, judiciales y demás autoridades competentes.

(12) El principio de exactitud de los datos debe aplicarse teniendo presente el carácter y finalidad del tratamiento correspondiente. Por ejemplo, en particular en los procedimientos judiciales los datos se basan en apreciaciones subjetivas de la persona y, en algunos casos, son de imposible verificación. En consecuencia, el requisito de exactitud no puede relacionarse con la exactitud de una afirmación, sino exclusivamente con el hecho de que se ha formulado una afirmación concreta.

(13) El archivo en un conjunto independiente de datos solo debe permitirse si los datos ya no son necesarios ni utilizados para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales. Debe también permitirse el archivo en un conjunto independiente de datos si los datos archivados se conservan en una base de datos junto con otros datos de manera tal que no pueden ya utilizarse con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales. La adecuación del período de archivo debe depender de la finalidad del archivo y de los intereses legítimos de los interesados. Puede preverse un período muy largo en el caso del archivo con fines históricos.

(14) Los datos pueden también suprimirse mediante la destrucción de su soporte.

(15) Por lo que respecta a los datos inexactos, incompletos o anticuados transmitidos a otros Estados miembros o puestos a su disposición y tratados a continuación por autoridades cuasi judiciales —entendiéndose por tales las autoridades competentes para adoptar resoluciones jurídicamente vinculantes—, su rectificación, supresión o bloqueo debe efectuarse con arreglo al Derecho nacional.

(16) La garantía de un nivel elevado de protección de los datos personales de las personas requiere disposiciones comunes para determinar la licitud y la calidad de los datos tratados por las autoridades competentes de otros Estados miembros.

(17) Conviene definir a escala europea las condiciones en que debe permitirse a las autoridades competentes de los Estados miembros la transmisión a autoridades y particulares de los Estados miembros y puesta a su disposición de datos personales recibidos de otros Estados miembros. En muchos casos, la transmisión de datos personales a particulares por parte de los jueces, la policía o las aduanas es necesaria para enjuiciar infracciones penales o evitar una amenaza inmediata y grave a la seguridad pública o evitar que se lesionen gravemente los derechos de las personas, por ejemplo emitiendo alertas a los bancos y entidades de crédito en relación con la falsificación de valores o comunicando, en el ámbito de las delincuencia relacionada con vehículos, datos personales a las compañías de seguros a fin de impedir el tráfico ilícito de vehículos de motor robados o de mejorar las condiciones de recuperación de dichos vehículos en el extranjero. Esto no equivale al traspaso de funciones policiales o judiciales a particulares.

(18) Las normas de la presente Decisión Marco relativas a la transmisión de datos personales a particulares por parte de los jueces, la policía o las aduanas no se aplican a la comunicación de datos a particulares (como los abogados defensores o las víctimas) en el contexto del enjuiciamiento penal.

(19) El tratamiento posterior de los datos personales enviados o puestos a disposición por la autoridad competente de otro Estado miembro y, en particular, la transmisión o puesta a disposición posteriores de tales datos deben estar sujetos a normas comunes a escala europea.

(20) Cuando el tratamiento posterior de datos personales sea posible previo consentimiento del Estado miembro del que se hayan obtenido, cada Estado miembro debe poder determinar las modalidades de dicho consentimiento, incluso, por ejemplo, mediante un consentimiento general para categorías de información o categorías de tratamiento posterior.

(21) Cuando el tratamiento posterior de datos personales sea posible para procedimientos administrativos, dichos procedimientos también incluyen las actividades de los órganos de reglamentación y control.

(22) Las actividades legítimas de las autoridades policiales, aduaneras, judiciales y otras autoridades competentes pueden requerir que los datos se envíen a autoridades de terceros Estados u organismos internacionales que se encarguen de la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales.

(23) Cuando los datos personales se transfieren de un Estado miembro a terceros Estados o a organismos internacionales, dichos datos deben, en principio, gozar de un nivel de protección adecuado.

(24) Cuando los datos personales se transfieren de un Estado miembro a terceros países o a organismos internacionales, tal transferencia, en principio, únicamente debe efectuarse una vez que el Estados miembro del que se hayan obtenido los datos haya dado su consentimiento a la transferencia. Cada Estado miembro debe poder determinar las modalidades de dicho consentimiento, incluso, por ejemplo, mediante un consentimiento general para categorías de información o terceros Estados concretos.

(25) En el interés de una cooperación policial eficiente, cuando la naturaleza de una amenaza a la seguridad pública de un Estado miembro o de un tercer Estado sea lo bastante inmediata como para imposibilitar la obtención a tiempo del consentimiento previo, la autoridad competente debe poder transferir los datos personales correspondientes al tercer Estado de que se trate sin dicho consentimiento previo. Lo mismo podría ser de aplicación cuando estén en juego otros intereses esenciales de igual importancia de un Estado miembro, por ejemplo cuando exista una amenaza inmediata y grave a las infraestructuras vitales de un Estado miembro o cuando el sistema financiero de un Estado miembro pueda quedar gravemente perturbado.

(26) Puede ser necesario informar a los interesados sobre el tratamiento de sus datos, en particular en caso de que se hayan producido intromisiones graves en sus derechos debido a medidas de recogida secreta de datos, a fin de que el interesado pueda gozar de una protección jurídica eficaz.

(27) Los Estados miembros deben garantizar que se informe el interesado de que los datos personales pueden ser, o están siendo, recopilados, tratados o transmitidos a otro Estado miembro con fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales. El Derecho nacional debe determinar las modalidades del derecho del interesado a ser informado, así como las correspondientes excepciones.

Esto puede hacerse de forma general, por ejemplo, por ley o por medio de la publicación de una lista de las operaciones de tratamiento.

(28) Para garantizar la protección de los datos personales sin comprometer el resultado de las investigaciones penales, es necesario definir los derechos del interesado.

(29) Algunos Estados miembros han establecido el derecho de acceso del interesado en materia penal mediante un sistema en que la autoridad nacional de control, en lugar del interesado, tiene acceso a todos los datos personales relativos al interesado sin restricción alguna y puede también rectificar, suprimir o actualizar los datos inexactos.

En dicho caso de acceso indirecto, el Derecho nacional de dichos Estados miembros puede establecer que la autoridad nacional de control informe únicamente al interesado de la realización de todas las comprobaciones necesarias.

No obstante, esos Estados miembros también establecen la posibilidad de acceso directo para el interesado en casos particulares, como el acceso a los registros judiciales, para obtener copia de sus propios antecedentes penales o de documentos referentes a sus propias declaraciones a los servicios de policía.

(30) Conviene establecer normas comunes sobre confidencialidad y seguridad del tratamiento, sobre responsabilidades y sanciones si las autoridades competentes hacen uso ilegal de los datos y sobre recursos judiciales a disposición del interesado. No obstante, corresponderá a cada Estado miembro determinar la naturaleza de sus normas sobre daños y las sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales sobre protección de datos.

(31) La presente Decisión Marco permite que cuando se apliquen los principios expuestos en la misma se tenga en cuenta el principio de acceso público a los documentos oficiales.

(32) De ser necesario para la protección de los datos personales en relación con un tratamiento que por sus dimensiones o su tipo suponga un riesgo específico para los derechos y libertades fundamentales, como por ejemplo el tratamiento por medio de tecnologías, mecanismos o procedimientos nuevos, es oportuno garantizar la consulta a las autoridades nacionales de control competentes antes de establecer los ficheros para el tratamiento de dichos datos.

(33) La creación en los Estados miembros de autoridades de control que ejerzan sus funciones con plena independencia constituye un aspecto esencial de la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial entre los Estados miembros.

(34) Las autoridades de control ya creadas en los Estados miembros en virtud de la Directiva 95/46/CE también deben poder asumir competencias sobre el cumplimiento de las funciones encomendadas a las autoridades nacionales de control que se creen en virtud de la presente Decisión Marco.

(35) Dichas autoridades de control deben disponer de los medios necesarios para cumplir sus funciones, entre ellos competencias de investigación y de intervención, en particular en casos de reclamaciones presentadas por particulares, y competencia para actuar en procedimientos judiciales. Tales autoridades de control deben contribuir a garantizar la transparencia de los tratamientos de datos en los Estados miembros de su competencia territorial.

Sin embargo, sus competencias no deben afectar a las normas específicas previstas para los procesos penales, ni a la independencia del poder judicial.

(36) El artículo 47 del Tratado de la Unión Europea establece que ninguna de sus disposiciones afectará a los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea ni a los Tratados y actos subsiguientes que los hayan modificado o completado.

Por consiguiente, la presente Decisión Marco no afecta a la protección de datos personales regulada por el Derecho comunitario, tal como se establece en particular en la Directiva 95/46/CE, en el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (4), y en la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (5).

(37) La presente Decisión Marco no afecta a las normas aplicables al acceso ilegal a los datos, establecidas en la Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a los ataques contra los sistemas de información (6).

(38) La presente Decisión Marco no afecta a las obligaciones y compromisos vigentes que incumban a los Estados miembros o a la Unión en virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales con terceros Estados. Todo acuerdo futuro debe ser conforme a las normas sobre intercambios con terceros Estados.

(39) Varios actos adoptados en virtud del título VI del Tratado de la Unión Europea contienen disposiciones específicas sobre la protección de los datos personales intercambiados o tratados de otro modo en virtud de dichos actos.

En algunos casos, estas disposiciones constituyen un conjunto completo y coherente de normas que abarcan todos los aspectos correspondientes de la protección de los datos (principios de calidad de los datos, normas sobre seguridad de los datos, reglamentación de los derechos y protecciones de los interesados, organización del control y responsabilidad), que reglamentan estos asuntos con más detalle que la presente Decisión Marco. Esta no debe afectar al conjunto pertinente de disposiciones de protección de datos de dichos actos, en particular a los que rigen el funcionamiento de Europol, Eurojust, el Sistema de Información de Schengen (SIS) y el Sistema de Información Aduanero (SIA), ni a los que permiten a las autoridades de los Estados miembros acceder directamente a determinados sistemas de datos de otros Estados miembros. Lo mismo se aplica a las disposiciones de protección de datos que rigen la transferencia automatizada de perfiles de ADN, datos dactiloscópicos y datos de los registros nacionales de matriculación de vehículos en virtud de la Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza (7).

(40) En otros casos, las disposiciones sobre protección de datos que figuran en los actos adoptados en virtud del título VI del Tratado de la Unión Europea tienen un ámbito de aplicación más limitado. A menudo fijan condiciones particulares para el Estado miembro que recibe información que contenga datos personales de otros Estados miembros en cuanto a los fines para los que puede usar dichos datos, pero para otro aspectos de la protección de los datos se remite al Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal o al Derecho nacional. En la medida en que las disposiciones de estos actos que imponen condiciones a los Estados miembros receptores en cuanto al uso o posterior transferencia de datos personales sean más estrictas que las incluidas en las disposiciones correspondientes de la presente Decisión Marco, esta no debe afectará a las primeras. No obstante, para los demás aspectos deben aplicarse las normas establecidas en la presente Decisión Marco.

(41) La presente Decisión Marco no afecta al Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, ni a su Protocolo adicional de 8 de noviembre de 2001, ni a los convenios del Consejo de Europa relativos a la cooperación judicial en materia penal.

(42) Dado que el objetivo de la presente Decisión Marco, a saber, la determinación de normas comunes para la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensión y los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5º del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y mencionado en el artículo 2º del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5º del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la presente Decisión Marco no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(43) El Reino Unido participa en la presente Decisión, de conformidad con el artículo 5º del Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen en el Marco de la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y de conformidad con el artículo 8, apartado 2, de la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (8).

(44) Irlanda participa en la presente Decisión, de conformidad con el artículo 5º del Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen en el Marco de la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y de conformidad con el artículo 6º, apartado 2, de la Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (9).

(45) Por lo que se refiere a Islandia y Noruega, la presente Decisión Marco desarrolla disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (10), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, puntos H e I, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (11), relativa a determinadas normas de desarrollo de dicho Acuerdo.

(46) Por lo que se refiere a Suiza, la presente Decisión Marco desarrolla disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Acuerdo celebrado entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de este Estado a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (12), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, puntos H e I, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3º de la Decisión 2008/149/JAI del Consejo (13), relativa a la celebración de dicho Acuerdo en nombre de la Unión Europea.

(47) Por lo que se refiere a Liechtenstein, la presente Decisión Marco desarrolla disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, puntos H e I, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3º de la Decisión 2008/262/JAI del Consejo (14), relativa a la celebración de dicho Acuerdo en nombre de la Unión Europea.

(48) La presente Decisión Marco respeta los derechos fundamentales y los principios reconocidos, en particular por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (15). La presente Decisión Marco pretende garantizar el pleno respeto del derecho a la intimidad y a la protección de los datos de carácter personal reflejados en los artículos 7º y 8º de la Carta.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN MARCO:

 

Artículo 1º.- Objetivo y ámbito de aplicación

1. El objetivo de la presente Decisión Marco es garantizar un alto nivel de protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y en particular su derecho a la intimidad en lo que respecta al tratamiento de datos personales en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal, contemplada en el título VI del Tratado de la Unión Europea, garantizando al mismo tiempo un alto nivel de seguridad pública.

2. De conformidad con lo establecido en la presente Decisión Marco, los Estados miembros protegerán los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, y en particular su derecho a la intimidad, cuando, para la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de infracciones penales o para la ejecución de sanciones penales los datos personales:

a) los Estados miembros los transmitan o hayan transmitido o los pongan o hayan puesto a disposición entre sí;

b) los Estados miembros los transmitan o hayan transmitido a autoridades o sistemas de información creados en virtud del título VI del Tratado de la Unión Europea, o los pongan o hayan puesto a su disposición, o

c) las autoridades o sistemas de información creados en virtud del Tratado de la Unión Europea o del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea los transmitan o hayan transmitido a las autoridades competentes de los Estados miembros, o los pongan o hayan puesto a su disposición.

3. La presente Decisión Marco se aplicará tanto al tratamiento automatizado como no automatizado, total o parcial, de datos personales que formen parte o esté previsto que vayan a formar parte de un fichero.

4. La presente Decisión Marco no afectará a los intereses esenciales de seguridad del Estado ni a las actividades específicas de inteligencia en el sector de la seguridad del Estado.

5. La presente Decisión Marco no impedirá a los Estados miembros establecer, para la protección de los datos personales recopilados o tratados a nivel nacional, garantía mayores a las establecidas en la presente Decisión Marco.

Artículo 2º.- Definiciones

A efectos de la presente Decisión Marco, se entenderá por:

a) “datos personales”, toda información sobre una persona física identificada o identificable (“el interesado”). Se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social;

b) “tratamiento de datos personales” y “tratamiento”, cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción;

c) “bloqueo”, la señalización de datos personales conservados con el objetivo de limitar su tratamiento en el futuro;

d) “fichero de datos personales” y “fichero”, todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica;

e) “encargado del tratamiento”, todo organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento;

f) “destinatario”, todo organismo al que se comuniquen datos;

g) “consentimiento del interesado”, toda manifestación de voluntad, libre, específica e informada, mediante la que el interesado consiente el tratamiento de datos personales que le conciernan.

h) “autoridades competentes”, los servicios u organismos creados en virtud de actos jurídicos adoptados por el Consejo al amparo del título VI del Tratado de la Unión Europea, así como las autoridades policiales, judiciales, aduaneras y otras autoridades competentes de los Estados miembros autorizadas por el Derecho nacional a tratar datos personales en el ámbito de la presente Decisión Marco;

i) “responsable del tratamiento”, la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que solo o conjuntamente con otros determine los fines y los medios del tratamiento de datos personales;

j) “marcado”, la señalización de datos personales conservados sin el objetivo de limitar su tratamiento en el futuro;

k) “procedimiento de disociación”, la modificación de datos personales de manera que los detalles de las condiciones personales o materiales no puedan ya atribuirse a una persona física identificada o identificable, o solo sea posible invirtiendo tiempo, costes y trabajo desproporcionados.

Artículo 3º.- Principios de licitud, proporcionalidad y finalidad

1. Las autoridades competentes solo podrán recoger datos personales con fines determinados, explícitos y legítimos en el marco de sus funciones y solo podrán tratarlos para el mismo fin con el que se hayan recogido. El tratamiento de los datos deberá ser lícito y adecuado, pertinente y no excesivo con respecto a los fines para los que se recojan.

2. Se autorizará el tratamiento posterior para otros fines en la medida en que:

a) el tratamiento no sea incompatible con los fines para los que se recogieron los datos;

b) las autoridades competentes estén autorizadas a tratar los datos para tales otros fines con arreglo a la normativa aplicable, y

c) el tratamiento sea necesario para ese otro fin y proporcionado a él.

Las autoridades competentes podrán también tratar posteriormente los datos personales transmitidos con fines históricos, estadísticos o científicos, siempre que los Estados miembros dispongan las garantías adecuadas, como la disociación de los datos.

 

Artículo 4º.- Rectificación, supresión y bloqueo

1. Los datos personales se rectificarán cuando sean incorrectos y, cuando sea posible y necesario, se completarán o actualizarán.

2. Los datos personales se suprimirán o disociarán cuando ya no sean necesarios a los fines para los que fueron legalmente recogidos o legalmente tratados posteriormente. Esta disposición no afectará al archivo de dichos datos en conjunto independiente de datos durante un período adecuado de tiempo realizado de acuerdo con el Derecho nacional.

3. Los datos personales se bloquearán, en lugar de suprimirse, en caso de que haya razones justificadas para suponer que la supresión pueda perjudicar los intereses legítimos del interesado. Los datos bloqueados podrán tratarse solo para los fines que impidieron su supresión.

4. Si los datos personales forman parte de una resolución judicial o registro relacionado con el pronunciamiento de una resolución judicial, la rectificación, supresión o bloqueo se efectuará de conformidad con la normativa nacional sobre procedimientos judiciales.

Artículo 5º.- Fijación de plazos de supresión y comprobación

Se fijarán plazos adecuados a efectos de la supresión de datos personales o de la comprobación periódica de la necesidad de su conservación. Se garantizará el cumplimiento de los plazos mediante disposiciones de procedimiento.

Artículo 6º.- Tratamiento de categorías especiales de datos

El tratamiento de datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical, de datos relativos a la salud o a la vida sexual solo se permitirá cuando sea estrictamente necesario y si el Derecho nacional establece garantías adecuadas.

Artículo 7º.- Decisiones específicas automatizadas

Las decisiones que produzcan efectos jurídicos adversos en el interesado o le afecten de manera significativa y que se basen únicamente en un tratamiento automatizado de datos destinado a evaluar determinados aspectos de su personalidad solo se permitirán cuando estén autorizadas por una ley que a su vez establezca medidas que garanticen los intereses legítimos del interesado.

Artículo 8º.- Control de calidad de los datos transmitidos o disponibles

1. Las autoridades competentes adoptarán todas las medidas razonables para disponer que los datos personales que sean inexactos, incompletos o que no estén actualizados no se transmitan ni se hagan disponibles. Para ello, las autoridades competentes, en la medida en que sea factible, controlarán la calidad de los datos personales antes de transmitirlos o hacerlos disponibles.

En la medida de lo posible, en todas las transmisiones de datos se deberá añadir la información de que se disponga para que el Estado miembro receptor pueda valorar el grado en que los datos son exactos, completos, actualizados y fiables. Si se hubieran transmitido datos personales sin haberlos solicitado la autoridad receptora, esta comprobará sin demora si los datos son necesarios para el fin para el cual se transmitieron.

2. Si se observara que se hubieran transmitido datos incorrectos o se hubieran transmitido ilegalmente, el hecho se pondrá de inmediato en conocimiento del destinatario. Esos datos deberán rectificarse, suprimirse o bloquearse de inmediato de conformidad con el artículo 4º.

Artículo 9º.- Plazos

1. Al transmitir o poner a disposición los datos, la autoridad transmisora podrá indicar, ateniéndose a su Derecho nacional y de conformidad con los artículos 4º y 5º, los plazos fijados para la retención de los datos, a cuya expiración el destinatario deberá suprimirlos o bloquearlos o comprobar si siguen siendo necesarios. Esta obligación no se aplicará si, en el momento en que expiren dichos plazos, los datos son necesarios para una investigación en curso, el enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales.

2. Si la autoridad transmisora no hubiera indicado ningún plazo de conformidad con el apartado 1, se aplicarán los plazos mencionados en los artículos 4 y 5 para la retención de los datos establecidos en el Derecho nacional del Estado miembro receptor.

Artículo 10.- Registro y documentación

1. Toda transmisión de datos personales se registrará o documentará a efectos de comprobación de la licitud de su tratamiento, de autocontrol y de garantía de su integridad y seguridad.

2. Los registros o documentación realizados de conformidad con el apartado 1 se comunicarán a petición de la autoridad de control competente para el control de la protección de datos. La autoridad de control competente utilizará esa información únicamente para el control de la protección de datos y para garantizar el adecuado tratamiento de los datos y la integridad y seguridad de estos.

Artículo 11.- Tratamiento de datos personales transmitidos o puestos a disposición por otro Estado miembro

Los datos personales transmitidos o puestos a disposición por la autoridad competente de otro Estado miembro únicamente podrán tratarse posteriormente, de conformidad con los requisitos del artículo 3º, apartado 2, para los siguientes fines distintos de aquellos para los que se transmitieron o pusieron a disposición:

a) la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales distintas de aquellas para las que se transmitieron o pusieron a disposición;

b) otros procedimientos judiciales y administrativos directamente relacionados con la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales;

c) la prevención de amenazas inmediatas y graves a la seguridad pública, o

d) cualquier otro fin, solo con el previo consentimiento del Estado miembro transmisor o con el consentimiento del interesado, otorgados de acuerdo con el Derecho nacional.

Las autoridades competentes también podrán tratar posteriormente con fines históricos, estadísticos o científicos los datos personales transmitidos, a condición de que los Estados miembros establezcan las garantías adecuadas, como, por ejemplo, la disociación de los datos.

Artículo 12º.- Cumplimiento de las limitaciones nacionales de tratamiento

1. Cuando, con arreglo al Derecho del Estado miembro transmisor, se apliquen limitaciones específicas de tratamiento en circunstancias concretas a los intercambios de datos entre autoridades competentes en dicho Estado miembro, la autoridad transmisora comunicará al destinatario dichas limitaciones. El destinatario garantizará que se cumplan dichas limitaciones de tratamiento.

2. Al aplicar el apartado 1, los Estados miembros no aplicarán, en relación con las transmisiones de datos a otros Estados miembros o a los servicios u organismos creados en virtud del título VI del Tratado de la Unión Europea, más restricciones que las aplicables a las transmisiones similares de datos a escala nacional.

Artículo 13.- Transferencia a autoridades competentes de terceros Estados y a organismos internacionales

1. Los Estados miembros dispondrán que los datos personales transmitidos o puestos a disposición por la autoridad competente de otro Estado miembro puedan transferirse a terceros Estados u organismos internacionales solo si se cumplen todas las condiciones siguientes:

a) que sea necesario para la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de infracciones penales o para la ejecución de sanciones penales;

b) que la autoridad receptora del tercer Estado o el organismo internacional receptor sea competente para la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales;

c) que el Estado miembro que proporcionó los datos haya consentido la transferencia de acuerdo con su Derecho nacional;

d) que el tercer Estado u organismo internacional de que se trate garantice un nivel adecuado de protección en el tratamiento de datos previsto.

2. La transferencia de datos sin el consentimiento previo de acuerdo con el apartado 1, letra c), solo podrá permitirse si es esencial para la prevención de una amenaza inmediata y grave a la seguridad pública de un Estado miembro o de un tercer Estado o a intereses esenciales de un Estado miembro, y si el consentimiento previo no puede obtenerse a tiempo. Se informará sin demora a la autoridad encargada de otorgar el consentimiento.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra d), podrán transferirse datos personales en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) que así lo disponga el Derecho nacional del Estado miembro que transfiere los datos por alguno de los siguientes motivos:

i) legítimos intereses específicos del interesado, o

ii) legítimos intereses superiores, en especial importantes intereses públicos, o

b) que el tercer Estado o el organismo internacional receptor ofrezca garantías que el Estado miembro de que se trate considere adecuadas de conformidad con su Derecho nacional.

4. La adecuación del nivel de protección a que se refiere el apartado 1, letra d), se evaluará atendiendo a todas las circunstancias que concurran en una operación de transferencia de datos o en un conjunto de operaciones de transferencia de datos. Se tomará en consideración en particular la naturaleza de los datos, la finalidad y la duración de la operación u operaciones de tratamiento previstas, el Estado de origen y el Estado u organismo internacional de destino final de los datos, la normativa, tanto general como sectorial, vigente en el tercer Estado u organismo internacional de que se trate, y las normas profesionales y medidas de seguridad que sean de aplicación.

Artículo 14.- Transmisión a particulares en los Estados miembros

1. Los Estados miembros dispondrán que los datos personales recibidos de las autoridades competentes de otro Estado miembro o que aquellas hayan puesto su disposición solo puedan transmitirse a particulares si se cumplen las condiciones siguientes:

a) que la autoridad competente del Estado miembro del que se obtuvieron los datos haya consentido en que estos se transmitan de acuerdo con su Derecho nacional;

b) que los legítimos intereses específicos del interesado no impidan la transmisión;

c) que en determinados casos sea esencial que la autoridad competente transmita los datos a particulares por alguno de los siguientes motivos:

i) para el cumplimiento de funciones que tiene legalmente asignadas,

ii) para la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales,

iii) para la prevención de amenazas inmediatas y graves a la seguridad pública, o

iv) para la prevención de lesiones graves de los derechos de las personas.

2. La autoridad competente que transmita datos a un particular informará a este de los fines para los que podrán utilizarse exclusivamente los datos.

Artículo 15.- Información a petición de las autoridades competentes

Si así se lo solicitan, el destinatario informará sobre el tratamiento de los datos a las autoridades competentes que le hayan transmitido o puesto a su disposición los datos personales.

Artículo 16.- Información al interesado

1. Los Estados miembros se harán cargo de que el interesado esté informado de lo relativo a la recopilación o tratamiento de datos personales por sus autoridades competentes, conforme al Derecho nacional.

2. En caso de haberse transmitido o puesto a disposición entre Estado miembro datos personales, cada Estado miembro podrá, de conformidad con las disposiciones de su Derecho nacional a que se refiere el apartado 1, pedir que el otro Estado miembro se abstenga de informar al interesado. En tal caso, este último Estado miembro no informará al interesado sin el consentimiento previo del primero.

Artículo 17.- Derecho de acceso a los datos

1. Todo interesado que lo solicite con una periodicidad razonable tendrá derecho a obtener, sin restricciones y sin retrasos ni gastos excesivos:

a) al menos la confirmación, por parte del responsable del tratamiento o de la autoridad nacional de control, de que se han transmitido o puesto a disposición datos que le conciernen, e información sobre los destinatarios o categorías de destinatarios a los que se han remitido los datos y la comunicación de los datos que se están tratando, o

b) al menos la confirmación de la autoridad nacional de control de que se han realizado todas las comprobaciones necesarias.

2. Los Estados miembros podrán adoptar medidas legislativas para limitar el acceso a la información de acuerdo con el apartado

1, letra a), cuando tal limitación, habida debida cuenta de los intereses legítimos del interesado, constituya una medida necesaria y proporcionada:

a) para evitar que se obstaculicen investigaciones o procedimientos jurídicos o de carácter oficial;

b) para evitar que se obstaculice la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales;

c) para proteger la seguridad pública;

d) para proteger la seguridad del Estado;

e) para proteger al interesado o los derechos y libertades de terceros.

3. Toda denegación o limitación del acceso se comunicará al interesado por escrito. Se comunicarán al mismo tiempo los motivos materiales o jurídicos en que se basa la decisión. Esta última comunicación podrá omitirse cuando exista algún motivo de los indicados en el apartado 2, letras a) a e). En todos estos casos se pondrá en conocimiento del interesado que puede recurrir ante la autoridad nacional de control o los juzgados o tribunales competentes.

Artículo 18.- Derecho de rectificación, supresión o bloqueo

1. El interesado tendrá derecho al cumplimiento, por parte del responsable del tratamiento, de sus obligaciones —de conformidad con los artículos 4º, 8º y 9º— de rectificación, supresión y bloqueo de datos personales, derivadas de la presente Decisión Marco. Los Estados miembros establecerán si el interesado puede invocar este derecho directamente ante el responsable del tratamiento de los datos o por mediación de la autoridad nacional de control competente. Si el responsable del tratamiento deniega la rectificación, supresión o bloqueo, la denegación deberá comunicarse por escrito al interesado, al que se deberá informar de las posibilidades de reclamación o de recurso jurisdiccional establecidas en el Derecho nacional. Al examinarse la reclamación o el recurso jurisdiccional se informará al interesado de si fue correcta o incorrecta la actuación del responsable del tratamiento. Los Estados miembros podrán también disponer que la autoridad nacional de control competente informe al interesado que se ha procedido a una revisión.

2. Si el interesado contesta la exactitud de un dato personal y no se puede determinar si este es exacto o inexacto, podrá marcarse dicho dato.

Artículo 19.- Derecho a reparación

1. Toda persona que haya sufrido daños y perjuicios como consecuencia del tratamiento ilícito o de una acción incompatible con las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Decisión Marco, tendrá derecho a obtener reparación por los mismos del responsable del tratamiento o de otra autoridad competente de acuerdo con el Derecho nacional.

2. Si una autoridad competente de un Estado miembro transmitió datos personales, el destinatario no podrá, en el ámbito de sus responsabilidades ante la parte perjudicada de conformidad con el Derecho nacional, alegar en su defensa que los datos transmitidos eran inexactos. Si el destinatario repara los daños y perjuicios causados por el uso de datos inexactos transmitidos, la autoridad competente transmisora abonará al destinatario el importe pagado en concepto de daños y perjuicios, teniendo en cuenta cualquier responsabilidad que pueda imputarse al destinatario.

Artículo 20.- Vías de recurso

Sin perjuicio del recurso administrativo que pueda interponerse antes de acudir a la autoridad judicial, el interesado tendrá derecho a un recurso judicial en caso de violación de los derechos que le garanticen las disposiciones de Derecho nacional aplicables.

Artículo 21.- Confidencialidad del tratamiento

1. Las personas que tengan acceso a datos personales que entren en el ámbito de aplicación de la presente Decisión Marco solo podrán tratarlos si pertenecen a la autoridad competente o siguiendo instrucciones de esta, o salvo en virtud de un imperativo legal.

2. Las personas que trabajen para una autoridad competente de un Estado miembro estarán sometidos a todas las normas de protección de datos que rijan para esa autoridad competente.

Artículo 22.- Seguridad del tratamiento

1. Los Estados miembros establecerán la obligación de las autoridades competentes de aplicar las medidas técnicas y de organización adecuadas para proteger los datos personales contra la destrucción accidental o ilícita, la pérdida accidental, la alteración, la difusión o el acceso no autorizados, en particular cuando el tratamiento incluya la transmisión de datos dentro de una red o la puesta a disposición de datos mediante acceso automatizado directo, y contra cualquier otro tratamiento ilícito, teniendo en cuenta en particular los riesgos que presente el tratamiento y la naturaleza de los datos que deban protegerse.

Dichas medidas deberán garantizar, habida cuenta de los conocimientos técnicos existentes y del coste de su aplicación, un nivel de seguridad apropiado en relación con los riesgos que presente el tratamiento y con la naturaleza de los datos que deban protegerse.

2. Por lo que se refiere al tratamiento automatizado de datos, cada Estado miembro aplicará medidas destinadas a:

a) impedir el acceso de personas no autorizadas a las instalaciones utilizadas para el tratamiento de datos personales (control de acceso a las instalaciones);

b) impedir que los soportes de datos puedan ser leídos, copiados, modificados o retirados sin autorización (control de los soportes de datos);

c) impedir que se introduzcan datos sin autorización en los ficheros y que puedan conocerse, modificarse o suprimirse sin autorización datos personales conservados (control de la conservación);

d) impedir que los sistemas de tratamiento automatizado de datos puedan ser utilizados por personas no autorizadas mediante equipos de transmisión de datos (control de la utilización);

e) garantizar que las personas autorizadas para utilizar un sistema de tratamiento automatizado de datos solo puedan tener acceso a los datos para los que se les ha autorizado (control del acceso);

f) garantizar que sea posible verificar y comprobar a qué organismos se han transmitido o pueden transmitirse o a cuya disposición pueden ponerse datos personales mediante equipos de transmisión de datos (control de las comunicaciones);

g) garantizar que pueda verificarse y comprobarse a posteriori qué datos personales se han introducido en los sistemas de tratamiento automatizado de datos y en qué momento y por qué persona han sido introducidos (control de la introducción);

h) impedir que durante la transmisión de datos personales y durante el transporte de soportes de datos, los datos puedan ser leídos, copiados, modificados o suprimidos sin autorización (control del transporte);

i) garantizar que los sistemas utilizados puedan repararse en caso de fallo del sistema (recuperación);

j) garantizar que las funciones del sistema no presenten defectos, que los errores de funcionamiento sean señalados (fiabilidad) y que los datos conservados no se degraden por fallos de funcionamiento del sistema (integridad).

3. Los Estados miembros establecerán que solo pueda designarse como encargado del tratamiento quien garantice el cumplimiento de las medidas técnicas y de organización contempladas en el apartado 1 y de las instrucciones en virtud del artículo 21. La autoridad competente controlará al respecto al encargado del tratamiento.

4. El encargado del tratamiento solo podrá tratar los datos personales en virtud de acto jurídico o de contrato escrito.

Artículo 23.- Consulta previa

Los Estados miembros garantizarán que se consulte a las autoridades nacionales de control competentes antes del tratamiento de datos personales que vayan a formar parte de un nuevo sistema que vaya a crearse, en cualquiera de los siguientes casos:

a) que vayan a tratarse las categorías especiales de datos contempladas en el artículo 6º, o

b) que el tipo de tratamiento, en particular mediante tecnologías, mecanismos o procedimientos nuevos, entrañe otro tipo de riesgos específicos para los derechos y libertades fundamentales y, en particular, para la intimidad del interesado.

Artículo 24.- Sanciones

Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar la plena aplicación de lo dispuesto en la presente Decisión Marco y establecerán, en particular, sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias, que se impondrán en caso de incumplimiento de las disposiciones adoptadas en virtud de la presente Decisión Marco.

Artículo 25.- Autoridades nacionales de control

1. Cada Estado miembro dispondrá que una o más autoridades públicas se encarguen en su territorio de asesorar y vigilar la aplicación de las disposiciones que los Estados miembros hayan adoptado en aplicación de la presente Decisión Marco. Estas autoridades ejercerán las funciones que les son atribuidas con total independencia.

2. La autoridad de control dispondrá, en particular, de:

a) poderes de investigación, como el derecho de acceder a los datos que sean objeto de un tratamiento y el de recabar toda la información necesaria para el cumplimiento de su misión de control;

b) poderes efectivos de intervención, como, por ejemplo, el de formular dictámenes antes de realizar los tratamientos y garantizar una publicación adecuada de dichos dictámenes, el de ordenar el bloqueo, la supresión o la destrucción de datos, el de prohibir provisional o definitivamente un tratamiento, el de dirigir una advertencia o amonestación al responsable del tratamiento o el de someter la cuestión a los parlamentos u otras instituciones políticas nacionales;

c) capacidad procesal en caso de infracciones a las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Decisión Marco o de poner dichas infracciones en conocimiento de la autoridad judicial. Las decisiones de la autoridad de control lesivas de derechos podrán ser objeto de recurso jurisdiccional.

3. Toda autoridad de control entenderá de las solicitudes que cualquier persona le presente en relación con la protección de sus derechos y libertades respecto del tratamiento de datos personales. Esa persona será informada del curso dado a su solicitud.

4. Los Estados miembros dispondrán que los miembros y agentes de las autoridades de control deberán observar las normas de protección de datos aplicables a la autoridad competente correspondiente y que, incluso después de haber cesado en sus funciones, estarán sujetos al deber de secreto profesional sobre informaciones confidenciales a la que hayan tenido acceso.

Artículo 26.- Relación con acuerdos con terceros Estados

La presente Decisión Marco no afectará a las obligaciones y compromisos contraídos por los Estados miembros o la Unión en virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales con terceros Estados que estén vigentes en el momento de la adopción de la presente Decisión Marco.

Al aplicar los citados acuerdos, la transferencia a un tercer Estado de datos personales obtenidos de otro Estado miembro se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, letra c), o apartado 2, según proceda.

Artículo 27.- Evaluación

1. A más tardar el 27 de noviembre de 2013, los Estados miembros informarán a la Comisión sobre las medidas nacionales que hayan adoptado para dar pleno cumplimiento a la presente Decisión Marco, y en particular sobre aquellas disposiciones que deben cumplirse ya cuando se procede a la recogida de los datos. La Comisión estudiará, en particular, las repercusiones de dichas disposiciones en el ámbito de aplicación de la presente Decisión Marco establecido en el artículo 1º, apartado 2.

2. La Comisión informará en el plazo de un año al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los resultados de la evaluación a que se refiere el apartado 1 y acompañará el informe con las propuestas de modificación de la presente Decisión Marco que sean adecuadas.

 

Artículo 28.- Relación con actos de la Unión adoptados previamente

Cuando algún acto, adoptado en virtud del título VI del Tratado de la Unión Europea antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Decisión Marco y que regule el intercambio de datos personales entre los Estados miembros o el acceso de unas autoridades designadas de los Estados miembros a sistemas de información establecidos en virtud del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, establezca condiciones específicas respecto de la utilización de dichos datos por el Estado miembro receptor, estas primarán sobre las disposiciones de la presente Decisión Marco relativas al uso de los datos transmitidos o puestos a disposición por otro Estado miembro.

Artículo 29.- Aplicación

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Decisión Marco antes del 27 de noviembre de 2010.

2. A más tardar en la misma fecha, los Estados miembros transmitirán a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión el texto de las disposiciones de adaptación de su Derecho nacional en virtud de las obligaciones derivadas de la presente Decisión Marco, así como información sobre la designación de las autoridades de control a que se refiere el artículo 25.

Basándose en un informe redactado por la Comisión utilizando dicha información, el Consejo evaluará, antes del 27 de noviembre de 2011, la medida en que los Estados miembros han cumplido lo dispuesto en la presente Decisión Marco.

Artículo 30.- Entrada en vigor

La presente Decisión Marco entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 2008.

Por el Consejo

La Presidenta

M. ALLIOT-MARIE

—————————————————————————————–

(1) DO C 125 E de 22.5.2008, p. 154.

(2) DO C 198 de 12.8.2005, p. 1.

(3) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

(4) DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

(5) DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.

(6) DO L 69 de 16.3.2005, p. 67.

(7) DO L 210 de 6.8.2008, p. 1.

(8) DO L 131 de 1.6.2000, p. 43.

(9) DO L 64 de 7.3.2002, p. 20.

(10) DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.

(11) DO L 176 de 10.7.1999, p. 31.

(12) DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.

(13) DO L 53 de 27.2.2008, p. 50.

(14) DO L 83 de 26.3.2008, p. 5.

(15) DO C 303 de 14.12.2007, p. 1.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 8-4 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et portant création à

Décret nº 2004-1266 du 25 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 8-4 de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé des données à caractère personnel relatives aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d'un visa (rectificatif)

Rectificatif au Journal officiel du 26 novembre 2004, édition papier, page 20089, 2e colonne, et édition électronique, texte nº 48, après les signataires, ajouter :

“Nota. – L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sera publié au Journal officiel, édition électronique, du 4 décembre 2004.”

01Ene/14

Décret nº 2008-1044 du 14 avril 2008, portant approbation du statut particulier du personnel de l´agence nationale de certification électronique

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 et la loi n° 2006-18 du 2 mai 2006,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations , entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-38 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles , telle que modifiée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,

Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques ,

Vu la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au service national ,

Vu la loi n° 2004-7l du 2 août 2004, portant institution d’un régime d’assurance maladie,

Vu la loi n° 2005-54 du 18 juillet 2005, étendant les régimes spéciaux applicables aux membres de la chambre des députés , aux membres de la chambre des conseillers ,

Vu la loi n° 2006-57 du 28 juillet 2006, instituant un régime de congé de création au profit des agents du secteur public,

Vu la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères ,

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affilés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret n° 2001-1445 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 86-936 du 6 octobre 1986, fixant le régime de l’exercice à mi-temps dans les offices, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l’exercice à titre professionnel d’une activité privée lucrative par les personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 95-1085 du 19 juin 1995, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, fixant les attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d’octroi d’une autorisation aux fonctionnaires publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions ,

Vu le décret n° 2000-2331 du 10 octobre 2000, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’agence nationale de certification électronique,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif à l’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2123-2007 du 21 août 2007 et le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007,

Vu le décret n° 2006-3230 du 12 décembre 2006, fixant les procédures et les modalités d’application du régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères ,

Vu le décret n° 2006-3275 du 18 décembre 2006, fixant les modalités et les procédures d’octroi de congé de création au profit des agents du secteur public,

Vu l’avis du Premier ministre,

Vu l’avis du tribunal administratif.

 

Décrète :

 

Article premier .-

Le statut particulier du personnel de l’agence nationale de la certification électronique annexé au présent décret est approuvé.

Article 2 .-

Le Premier ministre et le ministre des technologies de la communication sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis , le 14 avril 2008 .

Zine El Abidine Ben Ali

01Ene/14

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos del 5 de mayo de 2011, relativo a la Decisión 2011/141/UE de la Comisión que modifica la Decisión 2007/76/CE de la Comisión sobre el Sistema de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPCS

EL SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 16,

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 7 y 8,

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (1),

Vista la solicitud de dictamen, hecha de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 45/2001 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (2);

HA ADOPTADO EL SIGUIENTE DICTAMEN:

 

I.- INTRODUCCIÓN

1. El 1 de marzo de 2011, la Comisión Europea adoptó una decisión de la Comisión que modifica la Decisión 2007/76/CE de la Comisión relativa al CPCS (“segunda modificación de la CPC”) (3). Ese mismo día, la Comisión también adoptó la Recomendación de la Comisión sobre directrices para la aplicación de las normas de protección de datos en el Sistema de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPCS) (en lo sucesivo, las “directrices de protección de datos de la CPC”) (4). Ambos documentos se trasladaron para consulta al SEPD de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 45/2001.

2. El CPCS es un sistema tecnológico de información diseñado y gestionado por la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (en lo sucesivo, el “Reglamento CPC”). El sistema CPCS facilita la cooperación entre las “autoridades competentes” de los Estados miembros y la Comisión en el ámbito de la protección de los consumidores, respecto a las infracciones de un conjunto predefinido de directivas y reglamentos europeos. Para que dichas infracciones entren dentro del ámbito de aplicación del Reglamento CPC, éstas deben tener un carácter transfronterizo y deben perjudicar los “intereses colectivos de los consumidores”.

3. En el marco de su cooperación, los usuarios del CPCS intercambian información, incluidos datos personales. Dichos datos personales pueden estar relacionados con los directores o empleados de un comerciante o proveedor presunto infractor, con el propio comerciante o proveedor (si se trata de una persona física), así como con terceros como los consumidores o denunciantes.

4. El sistema está diseñado para funcionar como una herramienta de comunicación segura entre las autoridades competentes así como una base de datos. Las autoridades competentes utilizan el sistema CPCS para solicitar información que les ayude a investigar un caso (5) o solicitar asistencia para la aplicación (6) (“solicitudes de asistencia mutua”).

Además, las autoridades competentes también podrán enviar mensajes de alerta (“alertas”), para informar a otras autoridades competentes y a la Comisión sobre una infracción o una sospecha de infracción (7). El CPCS contiene asimismo otras funcionalidades, incluido un sistema de notificación (8) y un foro para intercambiar datos no vinculados con los casos.

5. En el presente dictamen, el SEPD trata una serie de cuestiones en materia de protección de datos relativas al marco jurídico del sistema CPCS, centrándose principalmente en la recientemente adoptada segunda modificación de la CPC.

Por otro lado, el SEPD hace balance de los avances logrados hasta la fecha y destaca de manera selectiva algunas preocupaciones que subsisten y consideraciones para el futuro.

Asimismo, también realiza observaciones sobre algunas disposiciones de las directrices de protección de datos de la CPC.

6. De manera paralela al presente dictamen (que se adopta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 45/2001), el SEPD también emite un dictamen de control previo, en el ejercicio de sus competencias de supervisión (con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27 de dicho Reglamento) (en lo sucesivo, el “dictamen de control previo”). El dictamen de control previo incluye una descripción más detallada del sistema CPCS, así como de los tratamientos de datos personales dentro del mismo. En dicho dictamen, el SEPD se centra en recomendar que se adopten medidas en el plano práctico, técnico y organizativo a fin de mejorar el cumplimiento de las normas de protección de datos en el CPCS. Teniendo en cuenta que las directrices de protección de datos de la CPC también guardan una estrecha relación con dichas medidas específicas, el dictamen de control previo realiza asimismo observaciones sobre las disposiciones seleccionadas de las directrices.

 

II.- MARCO JURÍDICO DEL CPCS

7. Al SEPD le complace que el CPCS tenga un fundamento jurídico sólido, en particular, un reglamento adoptado por el Consejo y el Parlamento. Asimismo, al SEPD le satisface que el fundamento jurídico se haya complementado con el paso del tiempo para incluir más detalles y tratar cuestiones relativas a la protección de datos. En particular, al SEPD le complace que se adoptara la Decisión 2007/76/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, por la que se aplica el Reglamento CPC (en lo sucesivo, la “Decisión de aplicación del Reglamento CPC”), la cual fue modificada posteriormente el 17 de marzo de 2008 y, más recientemente, el 1 de marzo de 2011, mediante la segunda modificación de la CPC. También se congratula de que la Comisión adoptara las directrices de protección de datos de la CPC, que tratan de manera específica cuestiones relativas a la protección de datos.

8. Aunque el SEPD lamenta no haber sido consultado en el momento en que se adoptaron inicialmente el Reglamento CPC y la Decisión de aplicación del Reglamento CPC, está satisfecho de que la Comisión le consultara en el momento de adoptar tanto las dos modificaciones de la Decisión de aplicación del Reglamento CPC como las directrices de protección de datos de la CPC. El SEPD está asimismo satisfecho de que la Comisión también consultara previamente al Grupo de Trabajo sobre protección de datos del artículo 29 (en lo sucesivo, el “GT29”), quien emitió, a fecha de 21 de septiembre de 2007, su Dictamen nº 6/2007 (WP 139). Por último, el SEPD recibe con agrado el hecho de que se hayan hecho referencias a estas consultas en el preámbulo de las directrices de protección de datos CPC.

9. El SEPD destaca: (i) que la Comisión ha considerado detenidamente las recomendaciones del SEPD, proporcionadas en intercambios informales previos, así como la opinión expresada por el GT29 en su Dictamen nº 6/2007; y que (ii) se hayan seguido muchas de estas recomendaciones a la hora de desarrollar un marco legislativo para el CPCS y/o en el plano práctico, técnico y organizativo. Las observaciones incluidas en el presente dictamen, así como en el dictamen de control previo, deben considerarse en este contexto positivo.

 

III.- CUESTIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS RESPECTO DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DE LA CPC

 

3.1. Conservación de datos personales en el CPCS

 

3.1.1. Introducción

10. Como observación preliminar, el SEPD señala que el Reglamento CPC no ha tratado de manera adecuada y global la cuestión de los cierres de los casos y los períodos de conservación (9).

11. De hecho, el Reglamento CPC únicamente establece dos normas específicas relativas a la supresión de los datos y ninguna en relación con el cierre de casos (10). En primer lugar, establece que cuando una alerta “se revele infundada”, la autoridad competente deberá retirarla y la Comisión deberá suprimir inmediatamente la información de la base de datos. En segundo lugar, exige que cuando una autoridad competente notifica, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 6, del Reglamento CPC, que la infracción ha cesado, los datos almacenados deberán borrarse a los cinco años de la notificación.

12. El Reglamento CPC no establece la finalidad del período de conservación de cinco años, ni establece más especificaciones sobre el modo y el momento en que debe considerarse que una alerta es “infundada”. Asimismo, el Reglamento CPC también guarda silencio en relación con el período en que la información debe conservarse en la base de datos en los casos que no queden cubiertos por las dos normas específicas citadas anteriormente (por ejemplo, el Reglamento no especifica el tiempo en que deben conservarse las solicitudes de asistencia mutua en la base de datos, si éstas no han conducido a una acción de aplicación adecuada que haya cesado la infracción).

13. El SEPD recibe con satisfacción que la Decisión de aplicación del Reglamento CPC, modificada, y que las directrices de protección de datos de la CPC intenten ofrecer algunas aclaraciones. Precisado lo anterior, el SEPD sigue preocupado por diversos aspectos relativos a las normas de cierre de casos y de conservación de datos en el CPCS, tal como se ha indicado en los apartados 3.1.2 a 3.1.4.

14. El SEPD recomienda que en la próxima revisión del marco jurídico del CPCS se traten estas preocupaciones, a través de la modificación de la Decisión de aplicación del Reglamento CPC o, preferentemente, a través de la modificación del propio Reglamento CPC.

15. Hasta que dicha acción legislativa sea posible, el SEPD recomienda que las preocupaciones relativas a los períodos de conservación se traten desde un plano práctico, técnico y organizativo y se establezcan de manera clara en el documento “La red de cooperación en materia de protección de los consumidores: Directrices operativas” mencionado en el apartado 3.1.2 infra.

 

3.1.2. Oportuno cierre de casos

16. La segunda modificación de la CPC no establece una fecha final en la que deben cerrarse los casos que impliquen una solicitud de asistencia mutua (solicitud de información o solicitud de aplicación).

17. En el dictamen de control previo, el SEPD toma nota de una serie de medidas prácticas que la Comisión está adoptando para contribuir a garantizar que los casos dormidos se cierran de manera oportuna.

18. En el presente dictamen, el SEPD recomienda que se establezcan plazos máximos para las solicitudes de información y para las solicitudes de aplicación, lo cual debería quedar especificado en el marco legislativo en la próxima revisión.

Los plazos deben estar relacionados con el tipo de caso, así como con la actividad real. Al mismo tiempo, las normas deberían ofrecer flexibilidad a las autoridades competentes para que éstas pudieran ampliar el caso por un buen motivo, a fin de garantizar que los casos no se cierran de manera prematura, incluso si, de este modo, un caso complejo supera el plazo medio de cierre.

19. Para ello, el SEPD recomienda emplear como punto de partida el documento titulado “La red de cooperación en materia de protección de los consumidores: Directrices operativas” aprobado por el Comité CPC el 6 de diciembre de 2010. Las Directrices operativas, en el punto 2.7, bajo el título “fases y plazos de un caso CPC”, trata sobre los flujos de los casos típicos y establece que las solicitudes de información deben gestionarse, como media, en un plazo de uno a tres meses. El tratamiento de las solicitudes de aplicación, según las directrices operativas, deberá ser factible en el plazo medio de seis a nueve meses (salvo en caso de acciones de cesación o en caso de que se interponga un recurso contra una decisión administrativa, en los cuales es más realista que el plazo sea de un año o más).

 

3.1.3.- Alertas

20. La segunda modificación de la CPC introduce un nuevo apartado en el punto 2.2.2 del Anexo a la Decisión de aplicación del Reglamento CPC el cual exige que las alertas “fundadas” deben ser eliminadas de la base de datos cinco años después de su emisión (respecto de las alertas “infundadas”, las disposiciones existentes todavía requieren su supresión una vez que “la alerta se revele infundada”).

21. Para poner esta nueva disposición en su contexto, el SEPD destaca que una de las principales preocupaciones es garantizar que los datos personales no se mantienen en la base de datos CPC durante más tiempo del que resulte necesario.

Esta es una cuestión delicada en especial en relación con las alertas (que tienen un número mayor de destinatarios que los intercambios bilaterales) y, entre ellas, en especial en relación con aquellas que se refieren a supuestas infracciones. En la práctica, la falta de un plazo claro de conservación de una alerta abierta implicaría que algunas alertas podrían quedar pendientes indebidamente durante un largo período (durante el tiempo en que no se revele claramente que está infundada). Dichas acciones basadas en sospechas no confirmadas entrañarían significativos riesgos para el derecho fundamental de protección de datos, así como para otros derechos fundamentales como el de presunción de inocencia.

22. En este contexto, al SEPD le complace que se haya establecido un período de conservación para las alertas. Sin embargo, el SEPD considera que la Comisión no ha proporcionado una justificación adecuada que demuestre que un período de conservación de cinco años resulte proporcionado. El SEPD recomienda a la Comisión que realice una valoración de la proporcionalidad y evalúe de nuevo la extensión del período de conservación para las alertas. En principio, todas las alertas sobre las que se informe deberán ser suprimidas de la base de datos mucho antes, salvo si se trata de una alerta sobre una infracción o una sospecha de infracción que ha generado una solicitud de asistencia mutua y la investigación transfronteriza o la acción de aplicación todavía está en curso. El período de conservación debería ser lo suficientemente largo para permitir a cada una de las autoridades que reciben el mensaje establecer si desea adoptar pasos de investigación o acciones de aplicación, y si desea enviar una solicitud de asistencia mutua a través del CPCS. Sin embargo, debería ser lo suficientemente corto para minimizar los riesgos de que las alertas puedan ser utilizadas de forma indebida para elaborar listas negras o extraer datos.

Desde esta perspectiva, el SEPD recomienda que la Comisión revise el marco jurídico para garantizar que las alertas se suprimen como máximo en los seis meses siguientes a su introducción, salvo que pueda justificarse un período de conservación más adecuado.

24. Lo anterior debería ayudar a garantizar, en particular, que en los casos en que la sospecha no se haya confirmado (o que ni siquiera se haya investigado), las personas físicas que sean inocentes que se vinculen a la sospecha no se mantengan en la “lista negra” o “bajo sospecha” durante un período indebidamente largo, lo cual no sería conforme a lo dispuesto en el artículo 6, letra e), de la Directiva 95/46/CE.

25. Esta limitación resulta asimismo necesaria para garantizar el principio de calidad de los datos (véase el artículo 6, letra d), de la Directiva 95/46/CE) así como otros principios jurídicos importantes. Lo anterior no solo daría lugar a un nivel de protección más adecuado para las personas físicas, sino que también permitiría, al mismo tiempo, que los funcionarios encargados de hacer cumplir la legislación se centrasen de manera más eficaz en los casos importantes.

 

3.1.4.- Período de conservación de las solicitudes de asistencia mutua cerradas

26. La segunda modificación de la CPC añadió un nuevo párrafo al punto 2.15 del anexo de la Decisión de aplicación del Reglamento CPC para exigir que “[c]ualquier otra información relacionada con solicitudes de asistencia mutua con arreglo al artículo 6 del (Reglamento CPC) se eliminará de la base de datos cinco años después de cerrarse el asunto.”.

27. Junto con el texto existente, el punto 2.15 revisado exige una conservación de cinco años de todos los intercambios de información después de que se haya cerrado el asunto, con arreglo al artículo 6, salvo:

– si se han suprimido datos erróneos,

– si el intercambio de información no ha generado una alerta o una solicitud de aplicación, o

– si se ha establecido que no se cometió ninguna infracción en el sentido del Reglamento CPC.

28. De hecho, tal como se explicó en el dictamen de control previo, el tiempo de conservación “estándar” aplicado en el CPCS después del cierre de casos (sujeto a excepciones específicas) es de cinco años tanto para las solicitudes de información como para las solicitudes de aplicación.

29. El texto de la Decisión de aplicación del Reglamento CPC modificado por la segunda modificación de la CPC no parece plenamente compatible con el Reglamento CPC.

En particular, el artículo 10, apartado 2, del Reglamento CPC distingue, por un lado, entre la información intercambiada que resulta en una aplicación efectiva (es decir, los casos en que la infracción ha cesado a resultas de las acciones de aplicación que se han adoptado) y, por otro lado, la información que no ha resultado en una aplicación efectiva. En el primer caso, se prevé un período de conservación de cinco años desde que se ha cerrado el caso. En el segundo caso, no se han establecido disposiciones específicas (salvo para las alertas infundadas que deben ser retiradas y suprimidas).

30. Dicho de otro modo, el Reglamento CPC exige un período de conservación de cinco años después del cierre de un caso únicamente si se han adoptado acciones de aplicación y éstas han logrado cesar la infracción.

31. Aunque el SEPD tiene dudas respecto de la finalidad y la proporcionalidad de la conservación de cualquier dato durante cinco años hasta que el asunto se cierre (véanse las observaciones incluidas en el apartado 3.1.4), distinguir entre los casos que han acabado en una medida de aplicación y los que no, no parece tener ninguna lógica desde el punto de vista de la protección de datos. En particular, la conservación de datos relativa a las meras sospechas durante un período largo tiene una mayor probabilidad de ser imprecisa y también está expuesta al riesgo de infringir otros principios jurídicos importantes. Por tanto, puede decirse que, en general, es más probable que la conservación de dichos datos durante un largo período plantee más problemas en materia de protección de datos que la conservación de datos relativa a infracciones reales, que se han probado de manera adecuada y han derivado en una acción de aplicación.

32. Contrario a lo dispuesto en el Reglamento CPC, la Decisión de aplicación del Reglamento CPC modificada parece permitir, al menos en algunos casos, que el período de conservación de cinco años también se aplique a la información que no conduce a la adopción de acciones de aplicación.

33. Por ejemplo, según la Decisión de aplicación del Reglamento CPC, una solicitud de información que derive en una alerta pero que no lleve a una acción de aplicación parece quedar en el sistema durante cinco años después de cerrarse el asunto.

34. El Reglamento CPC y la Decisión de aplicación del Reglamento CPC parece que siguen enfoques algo distintos. La Decisión de aplicación del Reglamento CPC, aunque refleja en cierta medida las disposiciones del Reglamento CPC, también introduce otras normas importantes para la conservación. Aunque sería bien recibida una aclaración de las normas, el SEPD cuestiona la legitimidad de establecer períodos de conservación más largos a los que ya exigía el Reglamento CPC, lo cual impondría mayores restricciones tanto al derecho fundamental de protección de datos como a la legislación de aplicación, contrarias al Reglamento CPC y a la normativa en materia de protección de datos aplicable.

35. De conformidad con lo anterior, el SEPD recomienda a la Comisión que revise el marco jurídico y reconsidere si el período de conservación de cinco años debería aplicarse a cualquier otro caso distinto de los de aquellos en que han sido adoptadas acciones de aplicación, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento CPC.

36. Además, al SEPD le complace que las directrices de protección de datos de la CPC tengan por objeto especificar el fin de la conservación después del cierre del caso, cuestión ésta importante que no es tratada ni en el Reglamento CPC ni en la segunda modificación de la CPC. En particular, las directrices de protección de datos CPC establecen que “durante el período de conservación, los funcionarios autorizados encargados de hacer cumplir la legislación que trabajen para una autoridad competente que ha tratado originalmente un caso pueden consultar el expediente para establecer vínculos con infracciones posiblemente repetidas, a fin de contribuir a un cumplimiento mejor y más efi­caz.” (11)

37. Sin embargo, aunque se recibe con agrado esta aclaración, a falta de una mayor justificación de la necesidad de dicho acceso, el SEPD no está convencido que este fin resulte proporcional y suficiente para justificar un período de conservación de cinco años. Por tanto, el SEPD recomienda a la Comisión:

– aclarar con más detalle el fin del período de conservación de cinco años;

– evaluar si un período de conservación más corto permitiría lograr los mismos objetivos; y

– evaluar si toda la información prevista actualmente requiere ser conservada o si bastaría con un subconjunto de dicha información (por ejemplo, debe considerarse si sería suficiente únicamente conservar las notificaciones previstas en el artículo 8, apartado 6; debería evaluarse específicamente si la conservación de los nombres de los directores o de los anexos puede incluir otros datos personales distintos de los necesarios; debería hacerse también una distinción entre los datos relativos a las supuestas infracciones y a las infracciones “probadas”).

 

3.2.- Acceso de la Comisión a los datos en el CPCS

38. El SEPD recibe con agrado que (al introducir un nuevo punto 4.3 al anexo de la Decisión de aplicación del Reglamento CPC), la segunda modificación de la CPC aclare el acceso de la Comisión a los datos en el CPCS y que dicho acceso esté clara y específicamente limitado a lo requerido con arreglo al Reglamento CPC. En particular, al SEPD le complace que a la Comisión no se le haya dado acceso a las comunicaciones confidenciales entre las autoridades competentes de los Estados miembros, como las solicitudes de asistencia mutua.

39. Tanto la aclaración como la limitación son especialmente importantes, teniendo en cuenta que la falta de claridad podría llevar a una situación en que la Comisión pudiera tener acceso a la información, incluidos datos personales, que está únicamente destinada a las autoridades competentes de los Estados miembros.

40. Tal como se describe en el apartado 5 de las Directrices de protección de datos de la CPC, “el objetivo del acceso de la Comisión es supervisar la aplicación del Reglamento CPC y de la legislación de protección de los consumidores que figura en el anexo del Reglamento CPC, así como compilar información estadística relacionada con la realización de dichas tareas.”.

41. Esto no significa que la Comisión deba tener acceso a cualquiera de los datos intercambiados entre los Estados miembros en el CPCS.

42. De hecho, el SEPD destaca que el acceso a bases de datos como el CPCS entra dentro de la definición del tratamiento de datos personales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, letra a), del Reglamento (CE) nº 45/2001, que resulta pertinente para los derechos de acceso de la Comisión en el CPCS, las instituciones sólo podrán efectuar el tratamiento de datos personales si esto es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público y siempre que el tratamiento esté basado en los Tratados o en la legislación secundaria.

43. El SEPD entiende que estos requisitos – que derivan directamente del derecho a la protección de datos consagrado en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea – implican que la Comisión únicamente tendrá poder para acceder a los sistemas de información de los Estados miembros si así está establecido en las disposiciones jurídicas específicas, sobre la base de un fundamento jurídico adecuado (normalmente el procedimiento legislativo ordinario). La seguridad jurídica y la transparencia son dos valores subyacentes que explican el motivo por el que un fundamento específico y una base jurídica segura para el acceso de la Comisión resulta una garantía especialmente importante para asegurar los derechos fundamentales de las personas respecto de la protección de datos.

44. Ni el poder de vigilancia general de la Comisión como “guardiana de los Tratados” ni la obligación de los Estados miembros de garantizar una cooperación leal resultan lo suficientemente precisos para permitir el acceso de la Comisión a las bases de datos que contengan datos personales.

La cooperación leal implica que los Estados miembros deberían – en determinadas condiciones – proporcionar información a la Comisión cuando así les sea solicitado o cuando dicha información se les exija con arreglo a lo dispuesto en una norma específica. Sin embargo, no implica que la Comisión deba tener acceso a sus bases de datos.

45. En este contexto, el SEPD destaca asimismo que el Reglamento CPC excluye la posibilidad de acceso por parte de la Comisión a la información contenida en las solicitudes de asistencia mutua y de aplicación. Los artículos 6 y 8 del Reglamento CPC designan únicamente a las autoridades solicitantes, y no a la Comisión, como destinatarias de dichos datos.

 

3.3.- Categorías especiales de datos en el CPCS

46. Al SEPD le complace que la segunda modificación de la CPC haya introducido, en el punto 4.4 del anexo de la Decisión de aplicación del Reglamento CPC, una disposición que aborda el tratamiento de categorías especiales de datos en el CPCS. El SEPD recibe con especial agrado que la disposición limite dicho tratamiento a los casos en que el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento CPC sea “de otro modo imposible” y que el tratamiento de estos datos quede sujeto a la condición adicional de que esté “permitido conforme a la Directiva 95/46/CE.

 

IV.- INTIMIDAD MEDIANTE EL DISEÑO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

47. Después de analizar en el apartado III las cuestiones específicas planteadas por la segunda modificación de la CPC, en los apartados IV a VI, el SEPD desea llamar la atención de la Comisión hacia algunos puntos que deberían ser considerados para el futuro desarrollo del marco jurídico del CPCS.

 

4.1.- Intimidad mediante el diseño

48. Durante algún tiempo, el SEPD ha animado a la Comisión y a otras instituciones europeas a que adopten medidas técnicas y organizativas que integren la protección de datos y la seguridad como una parte fundamental del diseño y de la aplicación de sus sistemas de información (“intimidad mediante el diseño”) (12).

49. A pesar de recibir con agrado y reconocer que se han adoptado algunas medidas en este sentido, el SEPD recomienda a la Comisión que realice una evaluación global sobre las garantías de la intimidad mediante el diseño que podrían incorporarse en la arquitectura del sistema CPCS.

Entre otros, deberían considerarse y aplicarse las siguientes acciones:

– soluciones de intimidad mediante el diseño para guiar a los usuarios del sistema a adoptar decisiones “adecuadas” en materia de protección de datos (véase el apartado 3.2 del dictamen de control previo);

– medidas para facilitar el oportuno cierre y supresión de los asuntos (ídem, apartado 3.3);

– procedimientos para facilitar información y el acceso a los derechos a los interesados (ídem, apartado 3.5);

– procedimientos claros para cualquier modificación realizada directamente en el plano de la base de datos, el acceso de conexión, el racional de la acción y la aprobación, en el plano de la adecuación (ídem, apartado 3.6); y

– almacenamiento “encriptado” de la información en la base de datos de modo que los operadores tecnológicos no puedan acceder a la misma (al menos para algunos datos como los anexos confidenciales) (ídem, apartado 3.6).

 

4.2. Rendición de cuentas

50. Además, de conformidad con el principio de “rendición de cuentas” (13), el SEPD recomienda asimismo establecer un marco claro de rendición de cuentas que garantice el cumplimiento en materia de protección de datos y aporte pruebas de ello, como:

.- la adopción y la actualización, cuando sea necesario, de una política de protección de datos que debe aprobarse al más alto nivel de gestión en la DG SANCO. Dicha política de protección de datos deberá también incluir un plan de seguridad (véase el apartado 3.6 del dictamen de control previo) (14);

– la realización de auditorías periódicas para valorar la adecuación y el cumplimiento continuado de la política de protección de datos (incluida la auditoría del plan de seguridad, ídem, apartado 3.6);

– la publicación (al menos parcialmente) de los resultados de dichas auditorías para garantizar a las partes interesadas el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos; y

– la notificación de las violaciones de datos y otros incidentes de seguridad a la Comisión DPO, a los interesados afectados (y otras partes interesadas y autoridades, en su caso) (15).

 

V.- TRANSMISIÓN DE DATOS PERSONALES FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA

5.1. Acuerdos bilaterales

51. El artículo 14, apartado 2, del Reglamento CPC establece que una autoridad competente podrá también transmitir a la autoridad de un tercer país información con arreglo al Reglamento CPC en el marco de un acuerdo bilateral de asistencia mutua con dicho país siempre que (i) la autoridad competente que envió inicialmente la información dé su consentimiento y que (ii) la transmisión sea conforme con la legislación comunitaria en materia de protección de datos aplicable.

52. Los artículos 25 y 26 de la Directiva 95/46/CE sujetan las transmisiones a terceros países a determinadas condiciones adicionales. Estas condiciones tienen por objeto garantizar que los datos se protegerán de manera adecuada en el extranjero. Además, también establecen una serie de excepciones. La aplicación y la interpretación de dichas disposiciones de la Directiva 95/46/CE pueden diferir de un Estado miembro a otro.

53. A la luz de lo anterior, el SEPD puede aceptar las garantías incluidas en el Reglamento CPC, en concreto, que todas las transmisiones de terceros países estén sujetas tanto (i) al consentimiento de la autoridad competente que envió inicialmente la información como (ii) a la legislación comunitaria en materia de protección de datos aplicable.

54. Al SEPD le complace asimismo que las Directrices de protección de datos CPC recomienden que – a menos que el tercer país garantice un nivel adecuado de protección – los acuerdos bilaterales de asistencia deberán establecer garantías adecuadas de protección de los datos y, cuando así se requiera, el acuerdo deberá ser notificado a las autoridades de control de protección de datos pertinentes.

55. Dicho esto, las medidas establecidas en el Reglamento CPC no son ideales. Su aplicación es compleja ya que la autoridad competente que esté decidiendo si transmite información a un tercer país deberá tener en cuenta no solo su propio acuerdo bilateral con dicho tercer país, su legislación sobre protección de datos y su propia valoración de la adecuación de la transmisión de datos al tercer país en cuestión, sino también si las otras autoridades competentes implicadas que han contribuido al expediente (y pueden ser varias) han dado o no su consentimiento, sobre la base de su propia legislación sobre protección de datos.

56. Desde el punto de vista de la protección de datos, esta complejidad provoca incertidumbre en cuanto a los derechos de los interesados y, en particular, sobre si procede transmitir sus datos al extranjero y en qué condiciones. Los interesados tampoco se benefician, en la mayor medida posible, de una legislación comunitaria sobre protección de datos sólida y armonizada. Además, desde el punto de vista de las autoridades competentes, también es probable que esta complejidad dificulte la cooperación entre las autoridades competentes y suponga una carga administrativa.

57. A la luz de lo anterior, el SEPD anima a que se celebren acuerdos a escala comunitaria que proporcionen garantías de protección de datos adecuadas mientras que, al mismo tiempo, ayudan a que se evite la aplicación de criterios heterogéneos y el resultante aumento de la carga administrativa para las autoridades competentes.

 

5.2.- Acuerdos a escala comunitaria

58. Además de la posibilidad prevista en el artículo 14 de una cooperación bilateral, el artículo 18 del Reglamento CPC sobre acuerdos internacionales establece también que “la Comunidad cooperará con terceros países y con las organizaciones internacionales competentes” y que “las disposiciones en materia de cooperación, incluida la adopción de medidas de asistencia mutua, podrán ser objeto de acuerdos entre la Comunidad y las terceras partes en cuestión”.

59. Por los motivos explicados en el apartado 5.1, el SEPD apoya a la Comisión en su iniciativa para negociar y celebrar acuerdos a escala comunitaria, con las garantías de protección adecuadas, armonizados a nivel de la Unión, que sustituyan los acuerdos bilaterales existentes.

60. Este apoyo se encuentra, no obstante, condicionado a que la Comisión y los legisladores europeos se comprometan a garantizar el máximo nivel de protección para los intercambios de datos personales con terceros países. Las implicaciones de los acuerdos de cooperación internacionales con terceros países deberán considerarse con atención desde el punto de vista de la protección de datos, debiéndose establecer normas claras que regulen estos intercambios así como garantías de protección de datos adecuadas, consultando con el SEPD y, en su caso, con las autoridades nacionales de protección de datos.

61. A pesar de que el artículo 18 del Reglamento CPC no trata específicamente la cuestión del acceso directo al CPCS por parte de las autoridades de los terceros países, esta situación es técnicamente posible. El SEPD no quiere desalentar la inclusión de nuevas funcionalidades en el CPCS que permitan a las autoridades competentes de los terceros países un acceso estrictamente limitado y selectivo a través de un mecanismo diseñado específicamente (canal de comunicación e interfaz), que podría, de hecho, aumentar la eficacia de la cooperación.

62. Dicho esto, tal acceso directo tiene sus propios riesgos y, por tanto, sus implicaciones en materia de protección de datos y deberían adoptarse las medidas técnicas y organizativas y las garantías necesarias. Todas las funcionalidades técnicas deben construirse aplicando los principios de “intimidad mediante el diseño”. La seguridad también debería ser una prioridad clara. Por último, el SEPD debería ser consultado, en su caso, así como las autoridades nacionales de protección de datos.

 

VI.- “DERECHOS DE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE LOS CONSUMIDORES” Y COOPERACIÓN REFORZADA, A TRAVÉS DEL CPCS, DE LAS AUTORIDADES DE PROTECCIÓN DE DATOS

63. Siempre que se sigan sus recomendaciones (incluidas también las indicadas en el dictamen del control previo), el SEPD confía que el CPCS puede ser una herramienta eficaz y favorable para la protección de datos en una aplicación transfronteriza contra las violaciones de derechos de los consumidores en el mercado interior.

64. Con el desarrollo del comercio electrónico y el uso creciente de las redes de comunicaciones electrónicas por parte de los consumidores de diversos productos y servicios, cada vez se procesarán más datos de personas cuando actúan como consumidores. De este modo, los consumidores se enfrentan de manera creciente a las violaciones de sus derechos en materia de protección de datos. En consecuencia, existe la necesidad de que las autoridades de protección de datos cooperen de manera eficaz para detener dichas violaciones.

65. Entre las casos más comunes de violaciones de los “derechos de protección de los datos de los consumidores” están las comunicaciones comerciales no solicitadas (spam), el robo de identidad, la publicidad ilícita basada en el comportamiento y las violaciones de datos (violaciones de la seguridad).

66. Teniendo en cuenta que el número de casos de carácter transfronterizo es posible que crezca en la sociedad de la información, el SEPD anima a la Comisión a que considere las posibles medidas legislativas para proteger los “derechos de protección de los datos de los consumidores” y reforzar la cooperación transfronteriza entre las autoridades competentes, tanto de protección de datos como de protección de los consumidores.

67. En particular, y considerando también otras opciones posibles, debe considerarse atentamente si se permite a las autoridades de protección de datos un acceso personalizado al CPCS, para que cooperen entre ellas, así como con otras autoridades competentes que ya tienen acceso al CPCS.

68. El acceso por parte de las autoridades de protección de datos debe ser claramente limitado a lo que resulte necesario para realizar las tareas dentro de sus ámbitos de competencia y con arreglo a las sinergias que se identifiquen.

Por supuesto también debería garantizarse que el marco de participación de las autoridades de protección de datos se diseñará teniendo en cuenta la independencia de las mismas.

 

VII.- CONCLUSIONES

69. Al SEPD le complace que el CPCS tenga como base un fundamento jurídico que establece asimismo garantías de protección de datos específicas. Para tratar todas las cuestiones pendientes en materia de protección de datos, el SEPD destaca que en la próxima revisión del marco jurídico del CPCS deberán considerarse las recomendaciones que se resumen a continuación.

70. Mientras tanto, la adopción de medidas adicionales en el plano práctico, técnico y organizativo (tal como se ha recomendado en el dictamen de control previo) puede proporcionar una solución parcial provisional para abordar estas cuestiones. A la espera de cambios legislativos, también pueden introducirse algunos cambios a través de las Directrices operativas del CPCS.

71. En relación con el período de conservación, el SEPD recomienda que (i) las solicitudes de asistencia mutua deberían cerrarse dentro de los plazos específicamente designados (ii) salvo si está en curso una investigación o una aplicación, las alertas deberán retirarse y suprimirse en el plazo de seis meses desde su emisión (a menos que se justifique otro plazo de conservación más adecuado); y (iii) la Comisión deberá aclarar y reconsiderar el fin y la proporcionalidad de conservar todos los datos relativos a los casos cerrados durante otros cinco años.

72. Además, al SEPD le complace que la segunda modificación de la CPC aclare el acceso de la Comisión a los datos en el CPCS. En particular, al SEPD le complace que a la Comisión no tenga acceso a las comunicaciones confidenciales entre las autoridades competentes de los Estados miembros, como las solicitudes de asistencia mutua.

73. Asimismo, le complace que la segunda modificación CPC haya introducido una disposición que aborda el tratamiento de categorías de datos especiales en el CPCS.

74. Como puntos adicionales, el SEPD recomienda a la Comisión que vuelva a valorar las medidas técnicas y organizativas adicionales que debe adoptar para garantizar que la protección de datos y la intimidad están “diseñadas” en la arquitectura del sistema del CPCS (“intimidad mediante el diseño”) y que se adoptan los controles adecuados para garantizar el cumplimiento de la protección de datos y aportar pruebas de ello (“rendición de cuentas”).

75. Asimismo, si debe celebrarse un acuerdo a escala comunitaria entre la Unión Europea y un tercer país para regular la cooperación en materia de protección de los consumidores, deberán considerarse con atención las implicaciones de dichas medidas y deberán establecerse normas claras que regulen estos intercambios y las garantías de protección de datos adecuadas.

76. Por último, el SEPD recomienda a la Comisión que estudie las posibles sinergias que pueden plantearse si se permite a las autoridades de protección de datos unirse a la comunidad de usuarios del CPCS en la cooperación para ayudar a reforzar los “derechos de protección de los datos de los consumidores”.

 

Hecho en Bruselas, el 5 de mayo de 2011.

Giovanni BUTTARELLI

Asistente del Supervisor Europeo de Protección de Datos

—————————————————————————————–

(1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

(2) DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

(3) Decisión de la Comisión de 1 de marzo de 2011 que modifica la Decisión 2007/76/CE, por la que se aplica el Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores, en lo que respecta a la asistencia mutua (2011/141/UE) (DO L 59 de 4.3.2011, p. 63).

(4) Recomendación de la Comisión de 1 de marzo de 2011 sobre directrices para la aplicación de las normas de protección de datos en el Sistema de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPCS); (2011/136/UE) (DO L 57 de 2.3.2011, p. 44).

(5) Véase el artículo 6 del Reglamento CPC sobre el “intercambio de información previa solicitud”.

(6) Véase el artículo 8 del Reglamento CPC sobre las “solicitudes de medidas de aplicación”.

(7) Véase el artículo 7 del Reglamento CPC sobre el “intercambio de información sin solicitud previa”.

(8) Véase el artículo 7, apartado 2, y el artículo 8, apartado 6, del Reglamento CPC.

(9) Véase también el Dictamen nº 6/2007 del Grupo de Trabajo sobre protección de datos del artículo 29 (mencionado en el apartado II).

(10) Véase el artículo 10, apartado 2, del Reglamento CPC.

(11) Véase la sección 8 de las Directrices, “Directrices adicionales; ¿Por qué el período de conservación es de cinco años?” Las Directrices de protección de datos CPC añaden asimismo que “el propósito del período de conservación es facilitar la cooperación entre las autoridades públicas encargadas de hacer cumplir la legislación protectora de los intereses de los consumidores durante el examen de las infracciones intracomunitarias, así como contribuir al buen funcionamiento del mercado interior, a la calidad y coherencia del cumplimiento de la legislación protectora de los intereses de los consumidores, al control de la protección de los intereses económicos de estos y a elevar los niveles y la coherencia del cumplimiento de la legislación.”.

(12) ) Véase el apartado 7 del Dictamen del SEPD sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – “Un enfoque global de la protección de los datos personales en la Unión Europea”, emitido el 14 de enero de 2011 (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-01-14_Personal_Data_Protection_EN.pdf)

(13) Ídem

(14) La Comisión también debería considerar, en su caso, realizar al menos una evaluación de impacto parcial en materia de protección de datos e intimidad, sobre el fin, la duración y las modalidades del período de conservación, así como analizar otras cuestiones pendientes que no se han tratado todavía de manera global.

(15) Véase el apartado 6.3 del Dictamen del SEPD de 14 de enero de 2011 mencionado anteriormente.

 

01Ene/14

Certificados de artículos admitidos y pendientes de publicar

ISSN 1989-5852

Título clave: Revista informática jurídica

Tít. abreviado: Rev. inform. jurid.

Número certificado

        Autor/a

Fecha emisión

Fecha publicación

B0001

Ildefonso Rivero La Rosa

04.12.2014

01.01.2015

B0002

Osdaly Jiménez Sánchez 

04.12.2014

01.01.2015

B0003

Yadira Caridad Bagarotti Acebo

04.12.2014

01.01.2015

B0004

 Maritza Cámbara Rodríguez

04.12.2014

01.01.2015

B0005

Julio Antonio Batista Rodríguez

04.12.2014

01.01.2015

                                                                            

                                   

01Ene/14

Legislacion Informatica de Union Europea. Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodi

Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable. (DO L 248 de 6.10.1993, p. 15/21).

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 57 y su artículo 66,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

En cooperación con el Parlamento Europeo (2),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),

(1) Considerando que los objetivos comunitarios establecidos en el Tratado incluyen una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos y relaciones cada vez más próximas entre los Estados de la Comunidad, así como la garantía del progreso social y económico de sus países mediante relaciones comerciales comunes que sirvan para eliminar las barreras que dividen a Europa;

(2) Considerando que, a tal fin, el Tratado prevé la creación de un mercado común y de un espacio sin fronteras interiores; que para ello es preciso suprimir los obstáculos a la libre circulación de servicios y garantizar una competencia libre de distorsiones dentro del mercado común; que, con tal objeto, el Consejo está facultado para adoptar directivas sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre acceso y ejercicio de actividades no asalariadas;

(3) Considerando que las emisiones transfronterizas de radiodifusión dentro de la Comunidad, en especial vía satélite y por cable, son uno de los medios más importantes para el logro de los objetivos antes citados, que son al mismo tiempo de carácter político, económico, social, cultural y jurídico;

(4) Considerando que, para conseguir tales objetivos, el Consejo ha aprobado ya la Directiva 89/552/CEE, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (4), con las consiguientes normas para fomentar la distribución y producción europeas de programas, así como relativas a los ámbitos de la publicidad, el patrocinio, la protección de los jóvenes y el derecho de réplica;

(5) Considerando que, no obstante, por lo que respecta a la difusión transfronteriza de programas vía satélite, así como a la distribución por cable de programas de otros Estados miembros, sigue existiendo una serie de disposiciones nacionales distintas sobre derechos de autor, así como un cierto grado de inseguridad jurídica; que ello plantea el riesgo para los titulares de derechos de que sus obras se sometan a explotación económica sin la consiguiente remuneración o incluso de que determinados titulares de derechos exclusivos bloqueen en los Estados miembros la explotación de sus obras; que esta inseguridad jurídica supone sobre todo un obstáculo inmediato para la libre circulación de programas dentro de la Comunidad;

(6) Considerando que en la actualidad, por lo que respecta a los derechos de autor, se establece una distinción según se trate de comunicación al público mediante difusión directa vía satélite o satélite de comunicaciones; que, ante la posibilidad de recepción individual a un coste económico razonable de ambos tipos de satélites, no tiene ya sentido una diferencia de consideración jurídica;

(7) Considerando que la inseguridad jurídica hoy existente en cuanto a si la difusión vía satélite, cuya señal pueda ser directamente recibida, sólo afecta a los derechos del país emisor o la hace también de forma acumulativa a los derechos de todos los países receptores, constituye asimismo un obstáculo a la libre difusión de programas; que, debido a la igualdad de consideración de los satélites de difusión directa y de telecomunicación, desde el punto de vista de los derechos de autor, la inseguridad jurídica afecta hoy a casi todos los programas difundidos vía satélite en la Comunidad;

(8) Considerando además que la seguridad jurídica necesaria para la libre circulación de emisiones en la Comunidad se echa en falta cuando se conectan y distribuyen programas por cable a través de varios países;

(9) Considerando que el desarrollo de la adquisición contractual de derechos mediante autorización está contribuyendo notablemente a la creación del necesario espacio audiovisual europeo; que resulta, pues, imprescindible garantizar la continuación de estas relaciones contractuales y fomentar, en la medida de lo posible, su aplicación en la práctica con un mínimo de dificultades;

(10) Considerando que los distribuidores por cable no pueden actualmente tener la seguridad de haber adquirido realmente todos los derechos relativos a los programas objeto de las relaciones contractuales;

(11) Considerando, por último, que las partes no están sujetas de igual forma en todos los Estados miembros a la prohibición de rehusar, sin una razón válida, el inicio de negociaciones sobre la adquisición de los derechos necesarios para la distribución por cable o de dejar que dichas negociaciones fracasen;

(12) Considerando que las condiciones generales citadas, establecidas en la Directiva 89/552/CEE precisas para la creación de un marco audiovisual unitario deben, pues, completarse desde el punto de vista de la propiedad intelectual;

(13) Considerando que, de esta forma, se suprimirá la diferencia de consideración que existe en los Estados miembros respecto a la difusión de programas vía satélite de telecomunicación y se adoptará una solución unitaria en toda la Comunidad en relación con la posibilidad de comunicación pública de obras y otros bienes protegidos; que ello permitirá a las entidades de radiodifusión transfronteriza obtener un trato equitativo con independencia de que en sus actividades hagan uso de satélites de difusión directa o de telecomunicación;

(14) Considerando que, merced a la definición del concepto de comunicación vía satélite al público de obras protegidas en la Comunidad y la determinación del lugar en el que se lleva a cabo dicha comunicación al público, desaparecerá la inseguridad jurídica respecto a la adquisición de derechos, inseguridad que obstaculiza la difusión transfronteriza de programas vía satélite; que esta definición es necesaria para evitar la aplicación acumulativa de varias normas nacionales a un único acto de emisión; que la comunicación al público vía satélite sólo tiene lugar en el momento, y en el Estado miembro, en el que las señales portadoras de un programa se introduzcan, bajo el control y responsabilidad de una entidad de radiodifusión, en una cadena de comunicación ininterrumpida que se dirige al satélite y regresa a tierra; que los procesos técnicos normales relativos a las señales difusoras de programas no se pueden considerar interrupciones de la cadena de transmisión;

(15) Considerando que la adquisición contractual del derecho exclusivo de radiodifusión deberá atenerse a la regulación que, sobre derechos de autor y derechos afines, exista en el Estado miembro en el que tenga lugar la comunicación al público vía satélite;

(16) Considerando que el principio de libertad contractual, en el que se basa la presente Directiva, permitirá seguir limitando la explotación de los derechos, sobre todo en lo que se refiere a determinados métodos técnicos de transmisión o a determinadas versiones lingueísticas;

(17) Considerando que, con ocasión de la adquisición de los derechos y a efectos de pactar la remuneración pertinente, las partes deberán tener en cuenta todos los elementos que caracterizan la emisión, tales como la audiencia real, la audiencia potencial y la versión lingueística;

(18) Considerando que la aplicación del principio de país de origen que figura en la presente Directiva podría dar lugar a dificultades con respecto a los contratos vigentes; que la presente Directiva establece un período de cinco años para la adaptación de los contratos vigentes, cuando sea necesario, a la luz de la presente Directiva; que, por lo tanto, el referido principio de país de origen no debería aplicarse a los contratos vigentes cuya validez expire antes del 1 de enero del año 2000; que, si en dicha fecha las partes siguen teniendo interés en el contrato, deberán estar facultadas para renegociar las condiciones del contrato;

(19) Considerando que los contratos de coproducción internacional existentes deben interpretarse en función de la finalidad económica y del ámbito de aplicación previstos por las partes en el momento de su firma; que en el pasado era frecuente que los contratos de coproducción internacional no contemplasen expresa y específicamente la comunicación al público vía satélite, tal como la define la presente Directiva, como una forma especial de explotación; que la concepción subyacente en muchos contratos de coproducción internacional existentes es que los derechos inherentes a la coproducción son ejercidos por separado y de manera independiente por cada uno de los coproductores mediante el reparto entre ellos de los derechos de explotación con arreglo a una delimitación territorial; que, por norma general, cuando una comunicación al público vía satélite autorizada por uno de los coproductores implica un perjuicio para el valor de los derechos de explotación de otro de los coproductores, la interpretación de un contrato existente de tales características sugeriría normalmente que el coproductor mencionado en último término debe dar su consentimiento a la autorización de comunicación al público vía satélite otorgada por el coproductor mencionado en primer término; que la exclusividad lingueística del coproductor mencionado en último término se verá perjudicada en caso de que la versión lingueística o las versiones lingueísticas de la comunicación al público incluso cuando la versión comunicada esté doblada o subtitulada, coincida con la lengua o lenguas ampliamente utilizadas en el territorio asignado por contrato al coproductor mencionado en último término; que la noción de exclusividad debería entenderse en un sentido más amplio cuando la comunicación al público vía satélite se refiera a una obra que consista meramente en imágenes y no contenga ningún diálogo ni subtítulos; que es necesaria una norma clara aplicable a los contratos de coproducción internacional existentes que no regulen de forma expresa el reparto de los derechos en el caso específico de la comunicación al público vía satélite en los términos de la presente Directiva;

(20) Considerando que, en determinadas circunstancias, se entenderá que las comunicaciones al público vía satélite de Estados no miembros de la Comunidad han tenido lugar en un Estado miembro de la Comunidad;

(21) Considerando que es necesario garantizar una protección a los autores, artistas intérpretes, productores de fonogramas y entidades de radiodifusión, y evitar que dicha protección se someta a un régimen de licencias legales; que sólo de este modo se podrá impedir que las diferencias del nivel de protección en el mercado común den lugar a distorsiones de la competencia;

(22) Considerando que es probable que la aparición de nuevas tecnologías tenga repercusiones sobre la calidad y el volumen de la explotación de obras y otros objetos de protección;

(23) Considerando, a la luz de esta evolución, que el nivel de protección que proporciona la presente Directiva a todos los titulares de derechos en los ámbitos cubiertos por la misma debería ser objeto de examen continuo;

(24) Considerando que la armonización de las legislaciones establecida en la presente Directiva supone la de las disposiciones por las que se garantiza un alto nivel de protección a los autores, artistas intérpretes, productores de fonogramas y entidades de radiodifusión; que esta armonización no debe permitir que una entidad de radiodifusión se aproveche de una diferencia del nivel de protección trasladando el centro de sus actividades, en detrimento de la protección audiovisual;

(25) Considerando que la protección reconocida a los derechos afines a los derechos de autor debe ser equiparada, en lo que a la comunicación al público vía satélite se refiere, a la de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (5); que ello servirá ante todo para garantizar que los artistas intérpretes y productores de fonogramas reciban una remuneración adecuada por la comunicación al público vía satélite de sus actuaciones o fonogramas;

(26) Considerando que lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva no impide que los Estados miembros hagan extensiva la presunción contemplada en el apartado 5 del artículo 2 de la Directiva 92/100/CEE a los derechos exclusivos a que se refiere dicho artículo 4; que lo dispuesto en el artículo 4 tampoco impide que los Estados miembros establezcan una presunción juris tantum de autorización de explotación con respecto a los derechos exclusivos de los artistas, intérpretes o ejecutantes a que se refiere dicho artículo en tanto en cuanto dicha presunción sea compatible con la Convención internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión;

(27) Considerando que la distribución por cable de programas de otros Estados miembros es una actividad sujeta a la normativa de derechos de autor o, en su caso, de derechos afines a los derechos de autor; que, por consiguiente, la empresa de distribución precisa la autorización de la totalidad de los titulares de los derechos sobre las partes constitutivas del programa distribuido por cable; que, conforme a lo previsto en la presente Directiva, esta autorización debe concederse en principio de forma contractual, siempre que no se prevea una excepción para las licencias legales ya existentes;

(28) Considerando que, a fin de evitar que las pretensiones de terceros titulares de derechos sobre elementos constitutivos de los programas impidan el buen funcionamiento de las relaciones contractuales en la medida requerida por las particularidades de la distribución por cable, conviene establecer, con la obligación de recurrir a sociedades de gestión colectiva, un ejercicio exclusivamente colectivo del derecho de autorización; que ello no afecta al derecho de autorización en sí, sino a su forma de ejercicio, que se sujeta a cierta regulación lo que implica que sigue siendo posible la cesión de los derechos de distribución por cable; que el ejercicio de los derechos morales de autor no está comprendido en el ámbito de aplicación de la presente Directiva;

(29) Considerando que la exención prevista en el artículo 10 no debería limitar la opción de los titulares de los derechos de ceder sus derechos a una sociedad de gestión colectiva y, de este modo, asegurarse una participación directa en la remuneración abonada por el distribuidor por cable por la retransmisión;

(30) Considerando, por otra parte, que, por medio de una serie de medidas, deben fomentarse los acuerdos contractuales para autorizar la distribución por cable; que si una parte desea celebrar un contrato global, debe estar obligada a presentar propuestas colectivas de acuerdo; que debe también permitirse a todas las partes recurrir a un mediador imparcial que puede colaborar en las negociaciones y presentar propuestas; que cualesquiera de dichas propuestas y cualquier oposición a las mismas deben notificarse a las partes interesadas de acuerdo con las normas aplicables relativas a la notificación de actos jurídicos, en especial por lo que se refiere a los convenios internacionales vigentes; que, por último, ha de procurarse que las negociaciones no se vean bloqueadas y que no se impida la participación en ellas de algunos titulares de derechos sin una justificación válida; que ninguna de estas medidas deberá menoscabar el carácter contractual de la adquisición de los derechos de distribución por cable;

(31) Considerando que durante un período transitorio, los Estados miembros deberían poder seguir recurriendo a los órganos existentes con jurisdicción en su territorio en los casos en que un organismo de radiodifusión haya denegado sin razón el derecho a distribuir al público un programa por cable o haya ofrecido dicho derecho en condiciones no razonables; que debería garantizarse el derecho de las partes implicadas a ser oídas por el órgano y que la existencia del órgano no debería constituir un obstáculo para que las partes implicadas tengan acceso normal a los tribunales;

(32) Considerando que no parece preciso adoptar una regulación a escala comunitaria de todas las cuestiones cuyos efectos, salvo algunos de poca entidad económica, sólo tengan repercusiones en el interior de un Estado miembro;

(33) Considerando que conviene establecer las normas mínimas para realizar y garantizar la libre distribución transfronteriza de programas vía satélite, así como la distribución por cable íntegra y simultánea de emisiones de radiodifusión de otros Estados miembros conforme sobre una base esencialmente contractual;

(34) Considerando que la presente Directiva no debería afectar en modo alguno a los futuros proyectos de armonización en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor, así como de la gestión colectiva de tales derechos; que la facultad de los Estados miembros de regular las actividades de las entidades de gestión no prejuzga la libertad de negociación contractual de los derechos reconocidos por la presente Directiva, siempre y cuando dicha negociación se realice con arreglo a las normas generales o específicas de la legislación nacional sobre la competencia o la prevención de abusos por parte de los monopolios;

(35) Considerando que corresponde, pues, a los Estados miembros completar las condiciones generales para la realización de los objetivos perseguidos por la presente Directiva mediante disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de carácter nacional, siempre y cuando tales disposiciones no sean contrarias a los referidos objetivos y sus líneas generales se ajusten a la normativa comunitaria;

(36) Considerando que lo dispuesto en la presente Directiva no afecta a la aplicación de las normas de competencia previstas en los artículos 85 y 86 del Tratado,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I. DEFINICIONES

Artículo 1. Definiciones

1. A efectos de la presente Directiva se entenderá por ” satélite “ cualquier satélite que opere en bandas de frecuencia reservadas por la legislación de telecomunicaciones a la difusión de señales para la recepción por el público o para la comunicación individual no pública. No obstante, en este último caso, las circunstancias en las que se lleve a cabo la recepción individual de las señales deberán ser comparables a las que se aplican en el primer caso.

2. a) A efectos de la presente Directiva se entenderá por ” comunicación al público vía satélite “ el acto de introducir, bajo el control y la responsabilidad de la entidad radiodifusora, las señales portadoras de programa, destinadas a la recepción por el público en una cadena ininterrumpida de comunicación que vaya al satélite y desde éste a la tierra.

b) La comunicación al público vía satélite se producirá únicamente en el Estado miembro en que, bajo el control y responsabilidad de la entidad radiodifusora, las señales portadoras de programa se introduzcan en una cadena ininterrumpida de comunicación que vaya al satélite y desde éste a la tierra.

c) Cuando las señales portadoras de programa se emitan de manera codificada existirá comunicación al público vía satélite siempre que se proporcionen al público por la entidad radiodifusora, o con su consentimiento, medios de decodificación.

d) Cuando la comunicación al público por satélite se produzca en un Estado no comunitario en el que no exista el nivel de protección establecido en el capítulo II,

i) si la señal portadora del programa se transmite al satélite desde una estación de señal ascendente situada en un Estado miembro, se considerará que la comunicación al público vía satélite se ha producido en dicho Estado miembro y los derechos que establece el capítulo II podrán ejercerse frente a la persona que opere la estación que emite la señal ascendente; o

ii) si no se utiliza una estación de señal ascendente situada en un Estado miembro, pero una organización de radiodifusión establecida en un Estado miembro ha encargado el acto de comunicación al público vía satélite, se considerará que dicho acto se ha producido en el Estado miembro en el que la entidad de radiodifusión tenga su establecimiento principal en la Comunidad, y los derechos establecidos en el capítulo II podrán ejercerse frente a la entidad de radiodifusión.

3. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por ” distribución por cable “, la retransmisión simultánea, inalterada e íntegra, por medio de cable o microondas para su recepción por el público, de emisions primarias desde otro Estado miembro, alámbricas o inalámbricas, incluidas las realizadas por satélite, de programas de televisión o de radiodifusión destinados a ser recibidos por el público.

4. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por ” entidad de gestión colectiva “ cualquier organización que gestione o administre los derechos de autor o derechos afines, como su única finalidad o como una de sus principales finalidades.

5. A efectos de la presente Directiva, el director principal de una obra cinematográfica o audiovisual se considerará como su autor o uno de sus autores. Los Estados miembros podrán disponer el reconocimiento de otros coautores.

CAPÍTULO II. RADIODIFUSIÓN VÍA SATÉLITE

Artículo 2. Derecho de emisión

Salvo lo dispuesto en el presente capítulo, los Estados miembros reconocerán a los autores el derecho exclusivo de autorizar la comunicación al público vía satélite de obras protegidas por derechos de autor.

Artículo 3. Adquisición de derechos de emisión

1. Los Estados miembros garantizarán que la autorización a que se refiere el artículo 2 se adquiera exclusivamente mediante contrato.

2. Todo Estado miembro podrá disponer que los contratos colectivos celebrados entre una entidad de gestión colectiva y una entidad de radiodifusión sobre una determinada categoría de obras puedan extenderse a los titulares de derechos de la misma categoría que no estén representados por la entidad de gestión, siempre que:

– la comunicación al público por satélite difunda simultáneamente una emisión terrestre de la misma entidad radiodifusora, y

– el titular del derecho no representado pueda, en cualquier momento, excluir la extensión del contrato colectivo a sus obras y ejercer sus derechos de forma individual o colectiva.

3. El apartado 2 no se aplicará a las obras cinematográficas, incluidas las obras producidas mediante procedimientos semejantes a los de la cinematografía.

4. Cuando la legislación de un Estado miembro disponga la extensión de un contrato colectivo con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2, dicho Estado miembro informará a la Comisión acerca de las entidades de radiodifusión que están facultadas para invocar la citada legislación. La Comisión publicará dicha información en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (serie C).

Artículo 4 . Derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, de los productores de fonogramas y de las entidades de radiodifusión

1. A los efectos de la comunicación al público vía satélite, los derechos de los intérpretes y ejecutantes, de los productores de fonogramas y de las entidades de radiodifusión quedarán protegidos con arreglo a las disposiciones de los artículos 6, 7, 8 y 10 de la Directiva 92/100/CEE.

2. A efectos del apartado 1, se entenderá que la expresión ” emisión inalámbrica “ que aparece en la Directiva 92/100/CEE incluye la comunicación al público vía satélite.

3. Con respecto al ejercicio de los derechos a que se refiere el apartado 1, se aplicarán el apartado 7 del artículo 2 y el artículo 12 de la Directiva 92/100/CEE.

Artículo 5 . Relación entre derechos de autor y derechos afines

La protección de los derechos afines de autor con arreglo a la presente Directiva en ningún caso afectará a la protección de los derechos de autor.

Artículo 6. Protección mínima

1. Los Estados miembros podrán adoptar, para los titulares de derechos afines a los derechos de autor, disposiciones de protección de alcance superior a las previstas en el artículo 8 de la Directiva 92/100/CEE.

2. Al aplicar lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros se atendrán a las definiciones de los apartados 1 y 2 del artículo 1.

Artículo 7. Disposiciones transitorias

1. Por lo que se refiere a la aplicación temporal de los derechos contemplados en el apartado 1 del artículo 4 de la presente Directiva, se aplicarán los apartados 1, 2, 6 y 7 del artículo 13 de la Directiva 92/100/CEE. Los apartados 4 y 5 del artículo 13 de la misma Directiva se aplicarán mutatis mutandis.

2. Los contratos sobre explotación de obras y otras prestaciones protegidas, que estuviesen vigentes en la fecha mencionada en el apartado 1 del artículo 14, estarán sujetos a las disposiciones del apartado 2 del artículo 1 y de los artículos 2 y 3 a partir del 1 de enero de 2000, en caso de que expiren después de esta última fecha.

3. En caso de que un contrato de coproducción internacional celebrado antes de la fecha mencionada en el apartado 1 del artículo 14 entre un coproductor de un Estado miembro y uno o varios coproductores de otros Estados miembros o de países terceros establezca expresamente un sistema de división de los derechos de explotación entre los coproductores por zonas geográficas para todos los medios de difusión al público, sin establecer distinción entre el régimen aplicable a la comunicación vía satélite y las disposiciones aplicables a los demás medios de comunicación, y en caso de que la comunicación al público vía satélite de la coproducción implique un perjuicio para la exclusividad, y la exclusividad en particular lingueística, de uno de los coproductores o de sus cesionarios en un territorio determinado, el coproductor o su cesionario que desee otorgar una autorización de comunicación al público vía satélite deberá obtener el consentimiento previo del titular del derecho de exclusividad, con independencia de que este último sea un coproductor o un cesionario.

CAPÍTULO III DISTRIBUCIÓN POR CABLE

Artículo 8. Derecho de distribución por cable

1. Los Estados miembros velarán por que la distribución por cable en su territorio de programas de otros Estados miembros se realice respetando los derechos de autor y derechos afines aplicables y con arreglo a acuerdos contractuales individuales o colectivos entre los titulares de ambas categorías de derechos y las empresas de distribución por cable.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán mantener hasta el 31 de diciembre de 1997 los sistemas de licencias legales existentes o expresamente previstos en sus leyes nacionales a 31 de julio de 1991.

Artículo 9. Ejercicio del derecho de distribución por cable

1. Los Estados miembros garantizarán que el derecho que asiste a los titulares de derechos de autor o de derechos afines de prohibir o autorizar la distribución por cable de una emisión sólo pueda ejercerse a través de una entidad de gestión colectiva.

2. En el caso de los titulares que no hubieren encomendado la gestión de sus derechos a una entidad de gestión colectiva, se considerará mandatada para gestionarlos la entidad de gestión colectiva que gestione derechos de la misma categoría. Si para los derechos de dicha categoría hubiere más de una entidad de gestión colectiva, los titulares podrán elegir libremente cual de ellas se considera mandatada para la gestión de sus derechos. Los titulares a quienes se refiere el presente apartado gozarán, en igualdad con los titulares de derechos que hayan delegado en la entidad de gestión colectiva, de los derechos y obligaciones derivados del acuerdo entre la distribuidora por cable y la entidad de gestión colectiva en la que se considere han delegado la gestión de sus derechos, y tendrán derecho a reclamar éstos en un plazo que fijarán los Estados miembros afectados y que no será inferior a tres años, a partir de la fecha de distribución por cable que incluya su obra u otras prestaciones protegidas.

3. Un Estado miembro podrá disponer que, cuando un titular de derechos autorice la transmisión inicial en su territorio de una obra u otras prestaciones protegidas, se considerará que accede a no ejercer sus derechos para distribución por cable a título individual sino a ejercerlos con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva.

Artículo 10. Ejercicio del derecho de distribución por cable por entidades de radiodifusión

Los Estados miembros garantizarán que el artículo 9 no se aplique a los derechos ejercidos por las entidades de radiodifusión respecto de sus propias transmisiones, con independencia de que los referidos derechos sean suyos o les hayan sido transferidos por otros titulares de derechos de autor y/o por titulares de derechos afines.

Artículo 11. Mediadores

1. Cuando no llegue a suscribirse un contrato para la autorización de la distribución por cable de una emisión de radiodifusión, los Estados miembros garantizarán que las partes puedan recurrir a uno o a varios mediadores.

2. Los mediadores colaborarán en las negociaciones y podrán asimismo presentar propuestas a las partes.

3. Se considerará que todas las partes aceptan la propuesta contemplada en el apartado 2 si ninguna de ellas expresa su oposición en un plazo de tres meses. La propuesta y cualquier oposición a la misma se notificará a las partes de conformidad con las normas aplicables sobre la notificación de los actos jurídicos.

4. La selección de los mediadores se efectuará de forma que su independencia e imparcialidad queden fuera de toda duda razonable.

Artículo 12. Prevención del abuso de posiciones negociadoras

1. Los Estados miembros garantizarán mediante disposiciones civiles o administrativas adecuadas que las partes inicien y prosigan las negociaciones sobre la autorización para la distribución por cable de buena fe y no obstaculicen las negociaciones sin justificación válida.

2. Los Estados miembros en los que, en la fecha mencionada en el apartado 1 del artículo 14, exista un organismo competente dentro de su territorio para tratar los casos en que entidades de radiodifusión hayan denegado injustificadamente u ofrecido con arreglo a condiciones poco razonables el derecho a retransmitir al público por cable un programa en dicho Estado miembro, podrán conservar dicho organismo.

3. El apartado 2 será aplicable durante un período transitorio de ocho años a partir de la fecha mencionada en el apartado 1 del artículo 14.

CAPÍTULO IV DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 13. Gestión colectiva de derechos

Lo dispuesto en la presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la regulación de las actividades de las entidades de gestión colectiva por los Estados miembros.

Artículo 14. Disposiciones finales

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del 1 de enero de 1995. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

3. El 1 de enero del año 2000 a más tardar, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social un informe sobre la aplicación de la presente Directiva y, en caso necesario, hará las propuestas necesarias para adoptarla a la evolución del sector sonoro y audiovisual.

Artículo 15.

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 27 de septiembre de 1993.

Por el Consejo

El Presidente, R. URBAIN

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(1) DO no C 255 de 1. 10. 1991, p. 3

(2)DO no C 25 de 28. 1. 1993, p. 43.

(3) DO no C 305 de 23. 11. 1992, p. 129

(4)DO no C 255 de 20. 9. 1993.

(5) DO no C 98 de 21. 4. 1992, p. 44.

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01Ene/14

Acordada 103/2002 de 14 de noviembre de 2002 del Superior Tribunal de Justicia

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los  14 días del mes de noviembre de dos mil dos, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y

C O N S I D E R A N D O :

Que el día 8 de noviembre del cte. año se firmó un Acta Convenio entre el “Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia ” y la Jefatura de Ministros de la Nación” a los fines de elaborar, ejecutar y desarrollar un Programa de modernización del estado para el sector de Justicia de los Poderes Judiciales de las Provincias que expresamente adhieran, a través de la cooperación y asistencia técnica del Estado Nacional por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y los organismos componentes que del mismo  dependen.

Que por lo tanto corresponde que este Poder Judicial adhiera expresamente al Convenio mencionado en el párrafo precedente.-

Que asimismo resulta  procedente  adherir  a los términos de la “Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Patagonia Argentina  ante la Justicia”, documento que fuera presentado en la ocasión de la reunión de la Comisión Directiva del Foro el día 7-11-02 en Puerto Madryn – Chubut

 

Por ello

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E:

1º.- Adherir al Convenio suscripto entre el “Foro Patagónico de los Superiores Tribunales  de Justicia y la Jefatura de Ministros de la Nación”, que  como anexo nº1 forma parte integrante de la presente.-
2º.- Adherir a los términos de la “Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Patagonia Argentina  ante la Justicia”, que  como anexo nº2 forma parte integrante de la presente.

3º.- Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese.-

 

FIRMADO:
BALLADINI – Presidente STJ – SODERO NIEVAS – Juez – LUTZ – Juez
ANTE MI: LATORRE – Secretaria de Superintendencia

 

ANEXO 1.- ACTA  CONVENIO

En Puerto Madryn, Provincia del Chubut, a los ocho días del mes de noviembre de dos mil dos, entre la Jefatura del Gabinete de Ministros de la Nación, representada para este acto por el señor Jefe del Gabinete de Ministros, don ALFREDO ATANASOFF, por una parte la “Jefatura de Gabinete”, y por otra el “Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia” (órgano del Estatuto del Tratado Fundacional de la Región Patagónica del 26-6-1996). Representado por el Señor Presidente, Dr. LUIS ALFREDO LUTZ, ministro del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, y el Vicepresidente Dr. JOSE LUIS PASUTTI, ministro del Superior Tribunal de Justicia del Chubut en adelante “el Foro Patagónico” se conviene:

1.- Las partes expresan la común voluntad de elaborar, ejecutar y desarrollar un programa de modernización del Estado para el sector justicia de los Poderes Judiciales de las Provincias que expresamente adhieran, a través de la cooperación y asistencia técnica del Estado Nacional por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y los organismos competentes que del mismo dependen.

2.- El programa comprenderá los siguientes proyectos:

a) Carta compromiso para los derechos del ciudadano patagónico ante la justicia, en el marco del Decreto nº 229/00 del Superior Gobierno de la Nación;

b) Organización y racionalización de las oficinas judiciales, stándares de rendimiento;

c) Informatización de la gestión judicial. Infraestructura, equipamiento y capacitación continua.

d) Comunicaciones electrónicas interjurisdiccionales. Firma digital.

3.- Los proyectos serán elaborados en conjunto entre la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y el Foro Patagónico para ser ejecutados en cada uno de los Poderes Judiciales de las Provincias de la Patagonia, según lo acepten previa y específicamente a través de la respectiva Acordada de cada Superior Tribunal.-

4.- La Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, toma a su cargo proveer la cooperación y asistencia técnica en base a los modelos del servicio de justicia más avanzados del exterior e intercambio internacional, asignando a las jurisdicciones de las Provincias de la Patagonia adherentes al programa el carácter de experiencia piloto en la modernización del estado para el sector justicia.

5.- Las partes se comprometen a aportar un financiamiento concurrente y similar para el programa y sus proyectos que concierten.-

6.- Créase el “COMITÉ DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PARA EL SECTOR JUSTICIA DE LA REGIÓN DE LA PATAGONIA” , que estará integrado por tres ministros de los Superiores Tribunales de Justicia de las Provincia de la Patagonia que previa y expresamente hayan adherido al programa y dos funcionarios, uno de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y el otro de uno de los Ministerios del Gobierno de la Nación, que tendrá por misión y funciones ser la autoridad de aplicación del Convenio, dirigir el programa, nominar y controlar en conjunto con cada provincia adherente a los responsables de los distintos proyectos y gestionar la asistencia técnica y financiera que sea menester con el esfuerzo compartido de las partes.

7.- El plazo del convenio será de tres años a partir del 1° de enero de 2003. Los miembros del “COMITÉ DEL PROGRAMA” serán designados por un año antes del 15 de diciembre del año en curso. La sede del programa será Comodoro Rivadavia (Chubut).

 

En prueba de conformidad, se suscribe cuatro ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad y fecha arriba indicadas. 

 

01Ene/14

Electronic Communications Act 18 December 2011

WHEREAS a new regulatory framework for electronic communications is necessary to promote increased investment and innovation and enable the people of Bermuda to enjoy the benefits of increased competition in the sector;

AND WHEREAS a regulatory authority is being established that shall, in accordance with general policies set by the Minister responsible for telecommunications, have powers to supervise, monitor and regulate the electronic communications sector for the purposes set out in this Act, including the promotion of effective and sustainable competition, investment and innovation, the management of scarce resources utilized by the sector, and the protection of the rights of consumers;

AND WHEREAS, in order to facilitate implementation of the new framework, it is in the public interest to apply this Act to the provision of electronic communications, including the provision of subscription audiovisual services and content, while for the time being retaining the extant regulatory framework applicable to non-subscription broadcasting services and content;

Be it enacted by The Queen’s Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and the House of Assembly of Bermuda, and by the authority of the same, as follows :

 

PART 1.- PRELIMINARY

Citation

1.- This Act may be cited as the Electronic Communications Act 2011.

 

Interpretation

2.-

(1) In this Act, unless the context otherwise requires :

“access seeker” means a communications provider that requests access, within the meaning of section 24(8), from another communications provider;

“administrative determination” includes a general determination, order, direction, decision, or other written determination by which the Authority establishes the legal rights and obligations of one or more sectoral participants, but does not include an advisory guideline or an adjudicative decision and order;

“affiliate” means any entity that directly or indirectly, controls, is controlled by or is under common control with another legal person, and for this purpose “control” :

(a) means the power, whether held directly or indirectly, to exercise decisive influence over another entity by directing its management and policies, whether through ownership of shares, stocks or other securities or voting rights, or through an agreement or arrangement of any type, or otherwise; and

(b) is deemed to exist in any case involving the ownership of 25 per cent or more of the shares, stocks or other securities or voting rights in an entity, including through an agreement or arrangement of any type.

“allocation of spectrum” means the designation of a given frequency or frequencies for use by one or more types of radio communication service, under specified conditions where appropriate;

“applicable regulatory framework” means this Act, the Regulatory Authority Act 2011 and any regulations, administrative determination, adjudicative decision, order, direction, licence or other form of authorization made or issued in accordance with these Acts;

“assignment of spectrum” means the grant of spectrum usage rights to a particular licensee;

“associated facilities” means those associated services, physical infrastructures and other facilities or elements associated with electronic communications that enable or support the provision of services via an electronic communications network or service or have the potential to do so, and includes buildings or entries to buildings, building wiring, antennae, towers and other supporting constructions, ducts, conduits, masts, manholes, cabinets and such other facilities that may be specified by the Authority;

“associated services” means those services associated with electronic communications which enable or support the provision of services by means of electronic communications or have the potential to do so, as specified by the Authority;

“Authority” means the Regulatory Authority established under the Regulatory Authority Act 2011;

“authorization holder” means a person that holds a valid licence, permit or other form of authorization, as the case may be, in accordance with this Act;

“Bermuda Telephone Company Acts” means the Bermuda Telephone Company Acts of 1887, 1928 and 1929;

“Bermudian airspace” means a radius of 180 nautical miles from the Bermuda Airport;

“Board” means the Board of Commissioners of the Authority;

“broadcasting” means the act of transmitting or re-transmitting in the frequency band allocated for broadcasting radio communications intended for direct reception and use by any member of the public without charge, and cognate expressions shall be construed accordingly;

“broadcasting station” means a radio station that is used for broadcasting;

“business day” means any day other than a Saturday, Sunday or other public holiday;

“carrier pre-selection” means a mechanism that allows end-users to select, in advance, the communications provider of their choice to carry their calls without having to dial an operator-specific prefix or access code or install any special equipment at their premises;

“cell ID” means the identity or location of the cell from which a mobile telephony call originated or in which it terminated;

“class licence” or “class COL” means a licence that is granted by the Authority pursuant to section 16(1)(b) and the provisions of the Regulatory Authority Act 2011 to persons that meet the requirements of a particular class and any qualifications that may be required;

“COL” means a communications operating licence granted under section 16(1) and, for the avoidance of doubt, includes an ICOL;

“co-location” means the provision of physical space and technical facilities necessary to reasonably accommodate and connect the relevant equipment of an access seeker, as may be determined by the Authority in the given context;

“communications provider” means an entity that constitutes a sectoral provider pursuant to the Regulatory Authority Act 2011 and provides electronic communications;

“competitive bidding procedures” means an auction process or a combined comparative selection process and auction;

“content” means any information embodied in electronic form, regardless of whether it consists of words, symbols, numbers, data, images, or sounds;

“Convention” means the treaties of the International Telecommunications Union currently in force, to which Bermuda is a party, including any modifications;

“cost” means historical cost, total cost, stand-alone cost, incremental cost, marginal cost, opportunity cost or other measure, as determined by the Regulatory Authority;

“cost orientation” means giving due consideration to the cost of producing a product or service;

“customer premises equipment” means equipment utilized by end-users for the purpose of originating or receiving electronic communications;

“Customs Department” means the Customs Department established under the Customs Department Act 1952;

“day” means calendar day, but shall mean the first business day following a Saturday, Sunday or other public holiday in any case in which a deadline stipulated by this Act falls on a day other than a business day;

“electromagnetic” means of or pertaining to electric waves propagated by an electrostatic and magnetic field of varying intensity covering the entire range of wavelengths of electromagnetic waves, including all forms of radiocommunication signals;

“electronic communications” means electronic communications networks or electronic communications services, or both, as the context requires;

“electronic communications network” means a transmission system and, where applicable, switching or routing equipment and other resources, including network elements that are not active, which permit the conveyance of signals by wire, radio, optical or other electromagnetic means, irrespective of the type of information conveyed, including :

(a) satellite networks;

(b) fixed (circuit and packet-switched, including Internet Protocol) and mobile networks;

(c) electricity cable systems to the extent used for the purpose of transmitting signals;

(d) wireless networks operating outside the band allocated for broadcasting and wireline circuits used for the purpose of transmitting programming or other content to, or for the reception of the same by, a broadcasting station; and

(e) networks used for the distribution of subscription audiovisual services;

“electronic communications sector” means the regulated industry sector involving the supply and consumption of electronic communications;

“electronic communications service” means a service normally provided for remuneration which consists wholly or mainly of the conveyance of signals by means of electronic communications networks, including the distribution and provision of subscription audiovisual services;

“end-user” means a person that uses goods or services provided by a communications provider on a retail basis;

ex ante remedy” means a type of regulatory obligation imposed by the Authority on one or more sectoral providers with significant market power in order to prevent anti-competitive conduct and promote effective competition;

ex post competition rules” means any rules, requirements or obligations established by the Authority in accordance with sections 84(1)(a), 85 and 86 of the Regulatory Authority Act 2011;

“financial year” means the Authority’s financial year as defined in section 37 of the Regulatory Authority Act 2011;

“functional Internet access” means a minimum speed and quality of service for accessing the Internet, as appropriate for Bermuda, taking into account local requirements and regional and international trends;

“general determination” means a statutory instrument, made by the Authority pursuant to section 62 of the Regulatory Authority Act 2011, that is applicable to all sectoral participants, or to such sub-category of sectoral participants as falls within the scope of the general determination;

“harmful interference” means an emission, radiation, induction, conduction or other electromagnetic effect which endangers the functioning of a radio navigation service or other safety services or seriously degrades, obstructs or repeatedly interrupts any radio communication service operating in accordance with applicable regulations or administrative determinations and the Convention, as determined by the Authority, but does not include interference from a radio transmitter operated on its allocated frequency in accordance with applicable regulations or administrative determinations and the Convention;

“ICOL” means an integrated communications operating licence described in section 18(1);

“individual licence” or “individual COL” means a licence that is granted by the Authority to a specific body corporate pursuant to section 16(1)(a);

“inspector” means an officer of the Department of Telecommunications who is designated by the Minister as such under section 8(1);

“interconnection” means the physical and logical linking of public electronic communications networks and any other networks specified by the Authority that are used by the same or a different communications provider in order to allow the users of one communications provider to communicate with users of the same or another communications provider, or to access services provided by another communications provider within the meaning of section 24(8);

“Internet” means the global information system that is able to support communications using the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) suite or its subsequent extensions or follow-ons, and other IPcompatible protocols;

“Internet access service” means an electronic communications service that provides an end-user with the ability to access and send information by means of the Internet;

“interoperability” means the technical features or functional capability of a group of interconnected systems, including equipment owned and operated by the customer that is attached to a public electronic communications network, which ensure end-to-end provision of a given service in a consistent and predictable manner;

“licence holder” means a person that holds a valid licence in accordance with this Act;

“licensee” means a licence holder;

“location data” means data processed in an electronic communications network indicating the geographical position of the terminal equipment of a user of a public electronic communications service, including data relating to :

(a) the cell ID or the latitude, longitude or altitude of the terminal equipment;

(b) the direction of travel of the user; or

(c) the time the location information was recorded;

“loop” means the physical circuit connecting the network termination point to a distribution frame or equivalent facility in a fixed public electronic communications network;

“Minister” means the Minister responsible for telecommunications;

“network element” means a local loop, sub-loop or other element of an optical fibre, copper or co-axial network, as specified by the Authority in relation to a relevant product market;

“non-discriminatory” means not unreasonably discriminatory and cognate expressions shall be construed accordingly;

“normalize” means to modify the terms of a licence granted prior to the date of commencement of Part 12 to conform to the provisions of this Act and any regulations or administrative determinations made in accordance with this Act and cognate expressions shall be construed accordingly;

“North American Numbering Plan” means an integrated telephone numbering plan serving various North American countries and Bermuda, which share its resources;

“numbering system” or “numbering plan” means the system or plan established in accordance with Part 8 that establishes a format of codes and subscriber numbers for routing public electronic communications services to specific locations in Bermuda and facilitates switching to international destinations;

“permit holder” means a person that holds a valid permit in accordance with this Act;

“personal data” means information relating to an identified or identifiable person including but not limited to subscriber details, traffic data, and location data;

“Police” means the Bermuda Police Service;

“premium rate service” means a service involving the provision of content via an electronic communications service or by means of which the user of an electronic communications service is allowed to make use, by making a transmission by means of that service, of a facility made available to users of the electronic communications service if :

(a) there is a charge for the provision of the service or facility;

(b) the charge is required to be paid to a person providing the electronic communications service by means of which the service or facility in question is provided; and

(c) the charge is imposed by that person in the form of a charge for use of the electronic communications service, over and above the tariff for the underlying electronic communications service involved;

“private electronic communications” means an electronic communications network or an electronic communications service that is not a public electronic communications network or a public electronic communications service;

“proportionate” means no more than reasonably necessary to achieve a given regulatory objective, taking into account the relative cost of compliance and the ultimate benefit to consumers;

“public COL” is a COL held by a licensee that is authorized to provide public electronic communications;

“public electronic communications” means a public electronic communications network or a public electronic communications service;

“public electronic communications network” means an electronic communications network that is used wholly or mainly for the provision of public electronic communications services;

“public electronic communications service” means an electronic communications service that is offered, and is generally available, to members of the public and, where a general determination has been made under section 14(d), is classified as such in accordance with the general determination;

“public telecommunications licence” means a licence to provide a public telecommunications service, including any subscription television licence, subscription radio licence or any other form of authorization allowing the provision of electronic communications, held in the name of any person listed in Schedule 1 as at the date of commencement of Part 12;

“public telecommunications service” means a service as defined in section 2 of the Telecommunications Act 1986, whether or not subject to a licence issued by the Minister;

“radio apparatus” means any equipment, machinery or device used for the transmission of radio signals utilizing radio spectrum;

“radio apparatus permit” means an authorization that the Authority may grant to a person operating a radio apparatus;

“radiocommunication” means the transmission or reception of signals by means of radio spectrum;

“radiocommunication service” means an electronic communications service that is transmitted or received by means of radio spectrum;

“radiocommunication system” or “radiocommunication equipment” means a system or equipment, as the case may be, that transmits or receives electronic communications by means of radio spectrum;

“radio spectrum” or “spectrum” means a radio frequency or frequencies of naturally propagated electromagnetic waves that are used for the transmission and reception of electronic communications signals;

“radio station” means facilities for the transmission of radio signals;

“recognised spectrum usage rights” means rights to use radio spectrum that are enjoyed without a licence or licence exemption in accordance with the provisions of this Act and applicable regulations by :

(a) a Government Department; or

(b) a user to which the right to use spectrum has been transferred in whole or in part by a duly authorized spectrum licensee where permitted by applicable regulations and the terms of the original licence;

“regulations” means a statutory instrument, made by the Minister pursuant to the Statutory Instruments Act 1977, that is applicable to all sectoral participants, or to such sub-category of sectoral participants as fall within the scope of the regulations;

“relevant geographic market” means the geographic area in which sectoral providers offer products or services in competition with each other;

“relevant product market” means the market for products or services that consumers perceive as substitutable or interchangeable based on the characteristics of the products or services, their pricing and their intended use;

“relevant turnover” means, for the purposes of calculating applicable fees under this Act, the portion of a licence holder’s total turnover minus payments to other COL holders, as specified by the Authority;

“retail” means a type of market or service that involves the provision of public electronic communications services to end-users which do not themselves operate or provide public electronic communications to others;

“sectoral participant” means suppliers of electronic communications, consumers, users and subscribers of such services, and any other persons who provide, use or seek to use a good or service in the electronic communications sector of Bermuda;

“sectoral provider” means a person, whether or not an authorization holder, who provides a good or service in the electronic communications sector;

“significant market power” means a position of economic strength in the relevant market or markets that affords an undertaking, either individually or jointly with others, the power to behave to an appreciable extent independently of competitors, customers and ultimately consumers, which may provide the basis for the imposition of ex ante remedies;

“social tariff” means a tariff set pursuant to section 33(2)(b) which contains terms, conditions and charges that are designed to assist or benefit a defined group or groups of disadvantaged users or persons with special needs, including provisions specifying any special services or facilities that may be covered by the tariff;

“subscriber” means any natural person or legal entity that is party to a contract with a communications provider for the supply of public electronic communications services or subscription audiovisual services;

“subscription audiovisual services” means programming, applications, electronic programming guides and other services that are provided by a body corporate on the basis of a subscription for a fee or some other form of prior individual permission, by means of electronic communications networks, and may include subscription radio services, subscription television services or both;

“subscription radio service” means a service provided by a body corporate consisting of programmes and other services to authorized subscribers for their instruction, information and entertainment by means of visual images or sounds conveyed by radio communication from a common centre but does not include any service for which :

(a) no fee or charge is levied or made in respect thereof; and

(b) the transmission includes only matter which is being simultaneously broadcast to the public in Bermuda by a licensed broadcasting station;

“subscription television service” means a service provided by a body corporate consisting of programmes and other services to persons for their instruction, information and entertainment by means of visual images and sounds conveyed by wire or wireless communication from a common centre but does not include :

(a) any such service that serves :

(i) fewer than five dwelling houses; or

(ii) persons in one or more contiguous multiple unit dwelling (or dwellings) under common ownership, control or management; and

(b) any service for which :

(i) no fee or charge is levied or made in respect thereof; and

(ii) the transmission includes only content which is being simultaneously broadcast to the public in Bermuda by a licensed broadcasting station;

“support structure” means towers, masts, buildings or other facilities upon which radio communication equipment may be affixed;

“telecommunication” means a message, signal or any other information transmitted by means of electronic communications;

“telecommunication officer” means any person employed in connection with a public electronic communications service or a government operated electronic communications service other than a service operated by the Police or Bermuda Regiment;

“total turnover” means all revenue generated by or otherwise attributable to the provision of any and all electronic communications under a licence holder’s COL, which either originate or terminate in Bermuda, or both, regardless of where the agreement for the provision of such services is executed or remuneration for the provision of such services is paid;

“unbundled access” means the provision to an access seeker of a network element which is owned by, or under the control of, another communications provider that has been determined to have significant market power in the relevant market;

“universal service” means the minimum set of services defined pursuant to sections 32 and 33;

“user” means any natural person using an electronic communications service, for residential or business purposes, whether or not the person has subscribed to such service;

“user ID” means a unique identifier allocated to persons when they subscribe to or register with an Internet access service;

“voice telephony” means the transmission of signals representing the human voice over a public electronic communications network, including transmissions using Internet Protocol technology that involves the origination and termination of voice transmissions over the public switched telephone network, as may be determined by the Authority;

“wholesale” means a type of market or service that involves the provision of public electronic communications networks or public electronic communications services by one holder of a public COL to another holder of a public COL or other type of licensee deemed eligible by the Authority;

(2) Unless a term is defined in this Act or the context otherwise requires :

(a) terms defined by the Regulatory Authority Act 2011 shall have the same meaning when used in this Act; and

(b) terms not otherwise defined in this Act or the Regulatory Authority Act 2011 shall be interpreted in a manner consistent with the Convention.

Relationship to the Regulatory Authority Act 2011

3.-

(1) This Act constitutes sectoral legislation within the meaning of the Regulatory Authority Act 2011.

(2) To the extent possible, the provisions of this Act shall be construed consistently with the provisions of the Regulatory Authority Act 2011.

(3) In the event of an irreconcilable conflict between this Act and the Regulatory Authority Act 2011, the provisions of this Act shall prevail.

Application

4.-

(1) This Act shall apply to the electronic communications sector, including :

(a) the establishment, construction, operation, provision and use of electronic communications;

(b) the use or exploitation of radio spectrum within the territorial limits of Bermuda for the transmission of electronic communications;

(c) associated facilities and services; and

(d) content transmitted or received by means of electronic communications.

(2) Save as otherwise expressly provided, this Act shall not apply or have effect in relation to any electronic communications service operated by the Police or the Bermuda Regiment, except in so far as they relate to :

(a) the establishment of radio stations, apparatus and support structures at permanent sites;

(b) the allocation and assignment of frequencies;

(c) the mode of transmission to be used in connection with radio stations and apparatus and the power to be radiated there from;

(d) the prevention of harmful interference;

(e) distress calls, distress messages and distress signals; or

(f) the manner of conveying radio communications pursuant to the Convention.

(3) Subject to subsection (2), a Government Department or a Government Board may operate a radiocommunication system, construct a radio station, and import and manufacture radiocommunication equipment only under a permit granted by the Minister and in accordance with this Act and any administrative determinations made hereunder.

(4) Diplomatic or consular missions established in Bermuda may install and use radio stations and radio apparatus only with the written consent of the Governor.

(5) This Act shall not apply to or have effect in relation to :

(a) the broadcasting of audio or video services;

(b) the use of radio stations and radio apparatus and associated spectrum for the broadcasting of audio or video services; or

(c) broadcasting content.

Purposes of this Act

5.-

(1) The purposes of this Act shall be to :

(a) ensure that the people of Bermuda are provided with reliable and affordable access to quality electronic communications services;

(b) enhance Bermuda’s competitiveness in the area of electronic communications so that Bermuda is well-positioned to compete in the international business and global tourism markets;

(c) encourage the development of an electronic communications sector that is responsive to the requirements of users (both individuals and businesses) and provides them with choice, innovation, efficiency and affordability;

(d) encourage the development and rapid migration of innovative electronic communications technologies to Bermuda;

(e) promote the orderly development of Bermuda’s electronic communications sector;

(f) encourage sustainable competition and create an invigorated electronic communications sector that will lay the groundwork for the further development of communications-reliant industries;

(g) encourage the development and maintenance of resilient and fault-tolerant communications infrastructures;

(h) promote investment in the electronic communications sector and in communications-reliant industries, thereby stimulating the economy and employment; and

(i) promote Bermudian ownership and Bermudian employment at all levels of the electronic communications sector.

(2) Where any of these purposes appear to be in conflict, the priorities shall be set or the conflict otherwise resolved in a way that best serves the public interest in the opinion of the Minister or the Authority, as the case may be.

PART 2.- FUNCTIONS OF THE MINISTER AND THE AUTHORITY

Functions of the Minister

6.- The Minister shall have the power to establish general policies and to make regulations for the electronic communications sector, in accordance with sections 4 and 5 of the Regulatory Authority Act 2011, with respect to :

(a) the licensing of public electronic communications as provided in Part 3;

(b) the provision and funding of universal services as provided in Part 6;

(c) management of the radio spectrum as provided in Part 7;

(d) management of the numbering system as provided in Part 8;

(e) content provided by means of electronic communications; and

(f) such other matters as may be necessary for the performance of the Minister’s functions under this Act.

Department of Telecommunications

7.-

(1) There shall continue in existence a Department of Government known as the Department of Telecommunications which shall :

(a) assist the Minister in the discharge of his functions under this Act; and

(b) have such functions as are assigned to it by this, or any other, Act.

(2) Subject to section 61(5) of the Constitution of Bermuda, and to the general direction and control of the Minister, the Department of Telecommunications shall be under the supervision of a public officer who shall be known as the Director of Telecommunications and shall consist of that officer and such number of other public officers as may from time to time be authorized by the Governor.

Inspectors

8.-

(1) The Minister may from time to time designate for such period as he deems fit any officer of the Department to be an inspector for the purposes of this Act.

(2) The Director of Telecommunications or an inspector may at any reasonable time, without a warrant, enter any premises for the purpose of inspecting :

(a) any radio apparatus or radio station or any records maintained in connection therewith which are required to be kept by any provision of this Act or the regulations or by the Convention; or

(b) any equipment or system used for the provision of an electronic communications network or any records maintained in connection therewith which are maintained by a communications provider in connection with the provision of a public electronic communications service.

(3) The Minister shall provide every inspector with a written instrument of appointment and on entering any premises, pursuant to subsection (2), an inspector shall, if required to do so, produce his instrument of appointment to the person in charge of the premises.

(4) The owner or person in charge of any premises, entered by an inspector pursuant to subsection (2) and every person found therein, shall give the inspector all reasonable assistance in their power, and shall furnish him with such information as he may reasonably require.

(5) In this section “premises” includes any British ship, aircraft, hovercraft, platform or rig registered in Bermuda whether within or outside Bermuda, or any structure or formation attached to any submarine area adjacent to the coast of Bermuda in respect of which Bermuda has the right to the exploitation of the seabed and subsoil thereof and used for any purpose authorized by or pursuant to any Act.

Functions of the Authority

9.-

(1) The Authority shall :

(a) implement the provisions of this Act and the general policies and regulations made by the Minister; and

(b) supervise, monitor and regulate the electronic communications sector and enforce compliance with the applicable regulatory framework.

(2) The functions of the Authority shall include :

(a) those accorded to it by the Regulatory Authority Act 2011;

(b) those accorded to it by this Act, including the functions necessary to effectively and efficiently achieve the purposes set out in section 5;

(c) the making of administrative determinations to provide for the control and conduct of public electronic communications, including :

(i) the award, renewal, modification, termination or revocation of licences for the provision of electronic communications;

(ii) transparency measures and notice requirements relating to the rates, charges and other terms and conditions for the provision of public electronic communications services for the benefit of consumers;

(iii) restrictions on the marketing and advertising of public electronic communications services;

(iv) procedures to be followed in transferring a customer from one communications provider to another to effectuate customer requests for a change of provider;

(v) procedures for the credit vetting of applicants for service and for disconnection of customers for non-payment;

(vi) the establishment and supervision of technical standards for equipment used in connection with the provision or use of public electronic communications services, including equipment used by communications providers and equipment to be connected to the electronic communications networks of communications providers;

(vii) the specification of key performance indicators or minimum service level commitments by communications providers for the provision of designated public electronic communications at the wholesale or retail levels, and applicable penalties in the event of non-compliance;

(viii) the reporting and publication of statistics relating to the quality of service of public electronic communications services offered by communications providers;

(ix) procedures and standards for the discontinuation of a public electronic communications service;

(x) the establishment and enforcement of procedures and technical standards for interconnection;

(xi) the establishment and enforcement of procedures, technical standards and cost sharing arrangements, where necessary, for the use and sharing of support structures by communications providers where, in the Authority’s view, such measures are necessary for environmental, touristic, health and safety, or other public interest reasons;

(xii) the assignment of spectrum and the establishment of conditions and requirements for the operation and use of radio stations and apparatus for the provision of electronic communications;

(xiii) classification of the various types of electronic communications services;

(xiv) detailed measures implementing any of the licence conditions set out in section 17;

(xv) the establishment of any other terms, conditions or requirements that are authorized or stipulated by this Act;

(d) those accorded by any other enactment; and

(e) those expressly delegated to the Authority in respect of the electronic communications sector.

(3) In carrying out its functions, the Authority shall endeavour to remain informed of the viewpoints of the residents and consumers of Bermuda, including by :

(a) making arrangements for ascertaining from time to time the state of public opinion about the manner in which electronic communications services are provided and the experiences of consumers in relation to the same, including the handling of complaints made to providers of communications networks and facilities and the resolution of disputes; and

(b) establishing and maintaining effective arrangements for seeking the views of consumers and consumer groups in the electronic communications sector, and for disseminating information to consumers relevant to the sector, including by facilitating consumer advisory committees.

Authority to carry out functions in accordance with general directions and delegations by Minister

10.-

(1) The Authority shall carry out its functions in accordance with such general directions as may be given to it by the Minister for the following purposes :

(a) protecting national security interests or in the event of national emergency;

(b) furthering relations with the government of a country outside Bermuda;

(c) negotiating, and securing compliance with, Bermuda’s international obligations, including in the area of spectrum management;

(d) to protecting the safety of the public or public health;

(e) implementing the general policies and regulations made by the Minister for the electronic communications sector in accordance with section 6;

(f) ensuring that the Authority establishes and adheres to a reasonably prompt timetable in carrying out its various functions, including the issuance and enforcement of administrative determinations;

(g) coordinating and facilitating the establishment and sharing of support structures necessary for the efficient provision of radio communication services;

(h) implementing the modification of the public telecommunications licences and related licences held by the communications providers listed in Schedule 1 and the transition to ICOLs, in accordance with section 73.

(2) The Authority shall comply with the directions of the Minister.

(3) The Authority shall undertake such functions as may be delegated by the Minister from time to time in accordance with section 9 of the Regulatory Authority Act 2011, including the following :

(a) becoming or serving as a member of an international body or subscribing to such a body, and providing representation on behalf of Bermuda on international and other bodies having communications functions;

(b) providing representation at international meetings about electronic communications; and

(c) providing research, analysis or similar support to the Minister in connection with any or all of these activities.

Regulatory Authority fees

11.-

(1) Regulatory Authority fees for the electronic communications sector, both general regulatory fees and service fees, shall be established for each financial year in accordance with the principles and procedures set out in section 44 of the Regulatory Authority Act 2011 and those specified in this section.

(2) In making a request for the establishment of general regulatory fees, the Authority shall recommend the types of COLs that will be subject to such fees, having due regard for :

(a) the comparative costs of regulatory administration attributable to different types of authorization holders when proposing the applicable general regulatory fees for the various types of authorizations;

(b) the cumulative effect of all sources of Regulatory Authority fees on each type of authorization holder;

(c) the financial and commercial impact of the timing of the payment or payments for general regulatory fees on authorization holders, taking into account the financial requirements of the Authority; and

(d) the efficient management of the Authority’s resources.

(3) The Authority’s request to the Minister shall be accompanied by reasonable supporting data to justify the requested fees.

(4) The general regulatory fees that are recommended by the Authority for application to ICOL holders shall be based on a percentage of the relevant turnover of the licensee.

PART 3.- PROVISION OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS

Licences for operation or provision of electronic communications

12.- No person may establish, construct or operate an electronic communications network or provide an electronic communications service within the territorial limits of Bermuda or between Bermuda and another country, without a valid COL authorizing such activities, unless the Authority has made a general determination expressly authorizing a licence exemption for the provision of the particular type or types of electronic communications that the person is operating or providing, in accordance with section 16(2) (c).

Licensing policy

13.- The Minister shall establish general policies and, as necessary, regulations with regard to :

(a) the limit, if any, on the number of public COLs that may be in effect at any given time for any particular type of individual licence and the timing of the grant of such licences;

(b) if not otherwise specified in this Act, the scope and duration of such licences and any conditions that the Minister deems to be necessary as a matter of general policy;

(c) any general limitations on eligibility for the grant of such licences; and

(d) the timing of and procedures for the award of such licences and provisions for renewal, if applicable.

Functions of the Authority

14.- The Authority shall be responsible for :

(a) implementing the licensing policies and regulations made by the Minister under section 13;

(b) establishing a licensing framework for the operation and provision of electronic communications, other than public electronic communications, by general determination, including the applicable procedures, eligibility criteria, terms and conditions;

(c) granting licences, permits and other authorizations;

(d) making general determinations to establish or clarify the distinction between public and private electronic communications networks and services, as necessary, in accordance with this Act and any applicable policies or regulations made by the Minister;

(e) monitoring compliance with licence terms and conditions and enforcing such provisions; and

(f) exercising any of the other functions set out in this Act or the Regulatory Authority Act 2011 to promote an efficient and effective licensing framework for the electronic communications sector.

Duties of communications providers

15.- Every communications provider has the duty to :

(a) comply with any applicable conditions, obligations, requirements or limitations set out in the applicable regulatory framework; and

(b) pay on a timely basis any and all applicable Regulatory Authority fees and Government authorization fees.

Communications operating licences

16.-

(1) The Authority, in accordance with this section and the general policies and regulations made by the Minister may grant :

(a) COLs in the form of individual licences, including ICOLs referred to in section 18;

(b) class COLs; and

(c) exemptions from the requirements to hold a COL.

(2) The Authority shall, by general determination, specify the criteria, conditions, requirements and procedures that shall apply to the grant of individual COLs, class COLs and licence exemptions, in accordance with the following principles :

(a) individual licences shall be granted by administrative determination in accordance with sections 48(2) and (3) of the Regulatory Authority Act 2011, and the terms and conditions applicable to all licensees that are eligible for a particular type of individual COL, and to applicants for such licences, shall be as homogeneous as possible and not unreasonably discriminatory;

(b) the provision of electronic communications by means of a class licence may be authorized, with or without a registration or notification requirement, where the conditions applicable to a particular group of communications providers or the provision of a particular type or types of electronic communications are limited in number and scope and can be applied generally to all of the members of a specified class in a manner that is administratively efficient;

(c) a licence exemption may be authorized by the Authority if :

(i) no conditions, or only limited conditions, need apply to the exempted group of communications providers or the provision of the exempted type or types of electronic communications; and

(ii) no Regulatory Authority fees or Government authorization fees are required in respect of the exempted providers of electronic communications;

(d) a class COL or licence exemption may be authorized in any or all of the following circumstances, as determined and defined by the Authority :

(i) cases in which electronic communications are provided on a private rather than a public basis;

(ii) cases in which electronic communications are provided on other than a commercial basis;

(iii) cases in which electronic communications are self-provided by a natural person or legal entity whose principal line of business does not include the provision of electronic communications; or

(iv) any other circumstances in which the Authority deems the authorization of a class licence or the grant of a licence exemption to be appropriate and administratively efficient, in accordance with paragraphs (b) and (c).

(3) Each COL holder shall be responsible for securing any related spectrum licences or permits for radio stations or apparatus that may be useful or necessary for the provision of any electronic communications to which the COL applies in accordance with Part 7.

(4) The Authority, if feasible, shall coordinate the timing of the grant, the duration, and any relevant provisions of related spectrum licences and radio apparatus permits; provided, however, that nothing in this section shall be construed as an entitlement on the part of a COL holder to a spectrum licence or a radio apparatus permit.

(5) Any COL granted under Part 12 is deemed to be granted under subsection (1) of this section.

Communications operating licence conditions

17.-

(1) A general determination referred to in section 16(2) shall specify the terms and conditions with which COL holders must comply under each type of individual licence and class licence, which may include any or all of the following, depending on the type of electronic communications covered by the applicable licence :

(a) the conditions provided in section 50 of the Regulatory Authority Act 2011;

(b) the duration of the licence;

(c) the conditions, if any, for renewal of the licence upon expiry; and

(d) any other terms, conditions and obligations that the Authority deems necessary or appropriate, in accordance with the applicable regulatory framework.

2.- In addition to the conditions set out in subsection (1), the following may be specified as conditions in any type of licence that is applicable to operators or providers of public electronic communications :

(a) any of the obligations specified by the Authority in administrative determinations made under section 9(2)(c);

(b) the duty to comply with any applicable universal service obligations imposed in accordance with Part 6;

(c) the obligation to interconnect directly or indirectly with the electronic communications networks of other COL holders on reasonable terms, where permitted by the applicable rules and where necessary to provide consumers with any-to-any connectivity;

(d) the requirement to comply with any ex ante remedies in respect of significant market power that may be imposed by the Authority in accordance with Part 4;

(e) obligations in respect of emergency call services;

(f) obligations in respect of directory information and directory enquiry facilities;

(g) the obligation to provide performance bonds in respect of compliance with specified conditions or requirements if required by the Authority; and

(h) any other conditions allowed or required by regulations.

Integrated communications operating licences

18.-

(1) An ICOL shall constitute a particular type of COL authorizing the licence holder to operate and provide public electronic communications networks and electronic communications services transmitted by means of such networks, within the territorial limits of Bermuda or between Bermuda and another country, subject to the availability of spectrum and the grant of any necessary spectrum licences or permits in accordance with Part 7.

(2) The Minister shall by regulations establish the maximum number of ICOLs, if the number is limited, and the procedures pursuant to which the Authority may grant ICOLs.

(3) The term of an ICOL shall not exceed 20 years.

(4) An ICOL may be renewed for an additional term or terms if :

(a) the licence holder files an application requesting renewal no earlier than nine months and no later than six months prior to the expiry date; and

(b) the Authority determines that renewal of the licence would be in the public interest, subject to any modifications that the Authority may deem it necessary or appropriate to impose at the time of renewal.

(5) An ICOL may be revoked by the Authority for cause or based on a determination that revocation is necessary in the public interest; provided, however, that no such decision may be taken without :

(a) an adjudication;

(b) the adoption of a final adjudicative decision and order by unanimous vote of the Board of Commissioners; and

(c) the written consent of the Minister.

(6) An ICOL shall not be transferred or assigned, and may be terminated by the Authority in the event of any such transfer or assignment or if there is a change of control over the licensed entity unless the transfer, assignment or change of control is authorized in advance, in writing, by the Authority acting with the written consent of the Minister.

(7) For the purposes of this section, “control” :

(a) means the power, whether held directly or indirectly, to exercise decisive influence over an ICOL holder, including by directing its management and policies, whether through ownership of shares, stocks or other securities or voting rights, or through an agreement or arrangement of any type, or otherwise; and

(b) shall, in any event, be deemed to exist in any case involving the ownership of 25 per cent or more of the shares, stocks or other securities or voting rights, including through an agreement or arrangement of any type.

Government authorization fees for communications operating licences

19.-

(1) The Authority, pursuant to section 52 of the Regulatory Authority Act 2011, shall submit recommendations to the Minister concerning :

(a) the types of COLs that shall be subject to Government authorization fees, which shall apply to all ICOLs and may include other types of COLs;

(b) the amount of, or the basis for, setting such fees for each type of COL to which the fees apply, which in the case of ICOLs shall be based on the relevant turnover of each licensee; and

(c) the timetable for payment.

(2) In preparing a recommendation on the Government authorization fees that shall apply to ICOL holders, the Authority :

(a) shall take into consideration the combined relevant turnover of all licensees subject to Government authorization fees; and

(b) notwithstanding any other Act, may recommend variations in the total amount of the Government authorization fees payable by individual ICOL holders in the specified period, based on a formula that takes into account :

(i) the degree to which each licensee is owned or controlled, directly or indirectly, by persons possessing Bermudian status within the meaning of the Bermuda Immigration and Protection Act 1956; and

(ii) the proportion of each licensee’s employees possessing Bermudian status within the meaning of the Bermuda Immigration and Protection Act 1956.

PART 4.- PROCESS FOR IMPOSING SIGNIFICANT MARKET POWER OBLIGATIONS EX ANTE

Determination of significant market power in relevant markets

20.-

(1) The Authority may make administrative determinations that impose ex ante remedies on a communications provider in respect of its provision of electronic communications or the provision of subscription audiovisual programming content in a relevant market or markets if, individually or together with others, the communications provider has significant market power in that market.

(2) In order to determine whether a communications provider has significant market power, the Authority shall conduct a review of a relevant market or markets in accordance with section 23 of this Act and section 59(2) of the Regulatory Authority Act 2011.

Principles and objectives of the market review process

21.- In determining whether to impose, modify or withdraw significant market power obligations with respect to a particular provider or providers based on its review of the relevant market, and in deciding which types of obligations to apply, the Authority shall seek to :

(a) develop or maintain effective and sustainable competition for the benefit of consumers with regard to price, innovation and choice;

(b) promote investment in the electronic communications sector;

(c) establish ex ante remedies that are effective but proportionate, taking into account the costs of compliance and the ultimate benefits to consumers;

(d) establish ex ante remedies that apply on a technology-neutral and service neutral basis whenever feasible; and

(e) rely on market forces and withdraw, reduce or limit ex ante remedies in circumstances where the Authority concludes that markets are effectively competitive or likely to become so within a reasonable period of time, taking into account actual and expected market circumstances.

Preliminary identification of markets susceptible to ex ante regulation

22.-

(1) The Authority shall issue a notice that identifies any relevant product and geographic market which in its view appears to be susceptible to the imposition of ex ante remedies, based on a forward-looking assessment.

(2) The markets identified pursuant to subsection (1) may include retail markets and wholesale markets and shall be identified on the basis of the Authority’s preliminary assessment that the markets meet all of the following criteria and any other criteria that the Authority deems to be pertinent :

(a) the relevant market is characterised by high and non-transitory barriers to entry;

(b) taking into account actual and expected market circumstances during the period under review, the relevant market either :

(i) is not likely to be affected by technological changes or other developments that would render it effectively competitive, or

(ii) is likely to cease to be effectively competitive; and

(c) the application of ex post competition rules alone would not be sufficient to promote or preserve effective competition in the relevant market.

(3) The Authority may, in its discretion, confer formally or informally with sectoral participants and others, and may consider relevant international benchmarks in order to make a preliminary assessment of significant market power under subsection (1).

(4) The Authority shall provide a summary explanation of its preliminary views as part of the notice referred to in subsection (1).

Market review procedures

23.-

(1) The Authority may publish advisory guidelines that identify or clarify the criteria for :

(a) defining relevant product markets based upon demand and supply-side characteristics;

(b) defining relevant geographic markets;

(c) assessing market power in such markets based on a forward-looking assessment;

(d) establishing effective ex ante remedies and obligations; and

(e) any other aspect of the market review process.

(2) The Authority shall, in conducting a market assessment pursuant to subsections (1)(a), (b) or (c), consider all of the factors that it deems relevant under the circumstances, which may include the following :

(a) the overall size of the communications provider and its share of the relevant market;

(b) the volatility of shares in the relevant market;

(c) the communications provider’s control over infrastructure not easily duplicated;

(d) the communications provider’s technological advantages or superiority;

(e) the degree of countervailing buyer power;

(f) the communications provider’s ability to access capital and financial markets relative to that of its competitors;

(g) the existence of economies of scale or scope;

(h) the diversification of products or services (including bundles);

(i) the relative advantages of vertical integration enjoyed by the sectoral provider;

(j) the presence of de jure or de facto barriers to market entry or expansion; and

(k) evidence of previous anti-competitive behaviour.

(3) In assessing whether two or more communications providers operating in the same relevant market jointly have significant market power, the Authority shall consider, among other relevant factors, whether :

(a) the relevant market is concentrated;

(b) each provider has a relatively high and stable share of the relevant market;

(c) significant and enduring barriers to entry exist; and

(d) there are reasonable grounds for concluding that these factors, in combination with any relevant factors set out in subsection (2), are evidence of a market structure that is likely to give rise to tacit coordination and thereby prevent, restrict or distort competition in the provision of products or services in the relevant market.

(4) The Authority shall conduct a public consultation to review those markets identified in accordance with section 22 that in its view are susceptible to ex ante regulation, if any, or pursuant to subsection (6), for the purposes of :

(a) evaluating whether these relevant markets are, or continue to be, correctly defined based on an economic assessment of supply and demand;

(b) analysing whether a communications provider, individually or with others, in fact possesses, or continues to hold, significant market power in one or more of these relevant markets based on the applicable facts and circumstances; and

(c) deciding which obligations, if any, should be imposed in respect of each relevant market characterised by significant market power in order to promote or preserve effective competition, in accordance with section 24.

(5)The Authority shall issue one or more general determinations designating the communications provider, if any, which, individually or with others, has significant market power in each relevant market reviewed pursuant to subsection (4) and specifying any ex ante obligations that shall apply in accordance with section 24.

(6) A further review of any relevant product or geographic market identified as requiring ex ante regulation pursuant to subsection (5) may be carried out by the Authority on its own initiative or, at its discretion, upon the request of an interested party, provided that :

(a) the Authority shall conclude a further review of each relevant market within a period of not more than four years from the date of its completion of the previous review of the same relevant market in any case in which it has made a finding of significant market power; and

(b) in determining when to initiate an initial or further review of a relevant product or geographic market, the Authority shall take into account requests from sectoral participants, the views of consumers and relevant market developments.

(7) A general determination made by the Authority finding that a communications provider possesses significant market power in a relevant market shall be considered interim, and shall not constitute final Authority action for purposes of the Regulatory Authority Act 2011, until the Authority makes a determination specifying the ex ante obligations, if any, that shall apply in respect of such relevant market in accordance with section 24.

Imposition of ex ante remedies

24.-

(1) If, as part of the market review process, the Authority concludes that the imposition of one or more ex ante remedies is necessary to prevent or deter anti-competitive effects that are, or are likely to be, caused by the presence of significant market power in a relevant market, the Authority may make an administrative determination imposing one or more of the following obligations on any communications provider found to have significant market power in a relevant market :

(a) the obligation to interconnect its electronic communications network with the network of another communications provider for the purpose of originating, transiting or terminating traffic, and to provide such interconnection pursuant to terms and conditions specified by the Authority;

(b) the obligation to provide wholesale services to other communications providers for resale and, where the Authority deems it necessary, to offer specified minimum features, functionality or other attributes;

(c) the obligation to meet reasonable requests for access to, and the use of, specified network elements and associated facilities and services and to provide such access pursuant to specifications, terms and conditions that may be established or approved by the Authority including, as the circumstances may warrant, the obligation to provide :

(i) co-location with third parties or other forms of facility sharing, including the sharing of ducts, conduit, buildings, cabinets or masts;

(ii) unbundled access to specified network elements and associated databases;

(iii) information about technical interfaces, protocols or key technologies that are required for the interoperability of services and timely information with regard to any planned changes to the same;

(iv) software systems necessary for provisioning electronic communications, including operational support systems; and

(v) up-to-date information systems or databases containing information relating to the location or availability of particular mandated access components or for ordering, provisioning, maintenance and repair requests and billing;

(d) the obligation to meet reasonable requests for access pursuant to terms and conditions that may be established by the Authority including, as the circumstances may warrant :

(i) access to physical infrastructure including buildings, ducts and masts;

(ii) access to number translation or systems offering equivalent functionality;

(iii) access to fixed and mobile networks, in particular, access necessary to facilitate virtual network services;

(iv) access to subscription audiovisual services; and

(v) such other forms of access to wireline or wireless network features and functionality as may be determined by the Authority to be necessary to promote or protect effective competition in a relevant market;

(e) the obligation to provide access and interconnection subject to terms and conditions that are transparent, including the publication of reference interconnection and access offers, pursuant to a framework approved by the Authority;

(f) the obligations of transparency and non-discrimination in the provision of retail services to end-users and wholesale services to other communications providers, including the requirements to :

(i) apply equivalent terms and conditions in equivalent circumstances to end-users or to other communications providers; and

(ii) in the case of wholesale services, to provide facilities, services and information to others under the same conditions and of the same quality as it provides for its own internal purposes or to those of its divisions, subsidiaries, partners and affiliates;

(g) the obligation to comply with requirements relating to the pricing of wholesale and retail electronic communications and the provision or distribution of subscription audiovisual programming, including obligations relating to the cost orientation of prices and transparency;

(h) the obligation to provide certain types of wholesale access or interconnection prior to the introduction of associated downstream services that rely on such inputs by the communications provider or its subsidiaries, partners and affiliates;

(i) the obligation to establish and maintain a cost accounting system in accordance with cost allocation and separation rules that are stipulated or approved by the Authority for the purpose of ensuring that a vertically integrated communications provider’s costs and revenues are properly attributed or assigned to specific activities and facilitate the detection of anti-competitive cross-subsidies by an independent auditor;

(j) the obligation to publish audit information in a format that contributes to an open and competitive market while preserving the confidentiality of accounting data deemed commercially sensitive by the Authority;

(k) the obligation not to unreasonably bundle other services with a service that is subject to ex ante regulation, whether provided by the communications provider, its subsidiaries, partners or affiliates, including a prohibition against :

(i) anti-competitive tying arrangements; and

(ii) offering bundles at retail prices that are predatory or cannot be replicated by an efficient competitor, as defined by the Authority;

(l) the obligation to provide carrier selection and related terms and conditions in the manner specified by the Authority;

(m) in exceptional cases where the Authority determines that other measures have not prevented or deterred anti-competitive effects, the obligation to offer specified access and interconnection facilities and services through a functionally separate and independently operated business entity, and to provide such services and facilities to competing communications providers and its own retail business operators on the same terms and conditions including those relating to pricing, availability and service quality, and by means of the same systems and processes;

(n) the obligation to provide subscription audiovisual programming content or distribution on a wholesale basis on reasonable terms and conditions; or

(o) such other obligations as the Authority may, following a public consultation, deem necessary to promote or preserve effective competition in a relevant market or markets.

(2) The Authority shall specify, in a general determination, the categories of communications providers that are eligible to obtain interconnection, access or associated facilities and services in accordance with subsection (1), which shall at a minimum include all ICOL holders.

(3) A full and complete copy of any access or interconnection agreement entered into by a communications provider with significant market power in accordance with subsection (1) shall be filed by that communications provider with the Authority within three business days of its execution, and :

(a) the Authority may, within 60 days of the filing, object to any provision that it preliminarily concludes is unreasonably discriminatory or contrary to the interests of consumers and conduct an adjudication; and

(b) any disputes that arise in connection with the negotiation or fulfilment of any such agreement shall be ineligible for referral to binding arbitration pursuant to section 93(4)(b) of the Regulatory Authority Act 2011.

(4) Any obligations imposed in accordance with this section shall be proportionate and justified in light of the relevant circumstances and the purposes and objectives set out in sections 5 and 21 and shall, in the case of any access obligations, take account of :

(a) the technical and economic feasibility of using or installing competing facilities, taking into account the type of interconnection or access involved;

(b) the feasibility of providing access in relation to available capacity;

(c) relevant investment risks incurred by an operator designated as having significant market power; and

(d) the ability of the communications provider with significant market power to impede the development of effective competition through its subsidiaries, partners and affiliates.

(5) Following further review by the Authority of a relevant market that is already subject to one or more ex ante remedies and that continues to be characterised by the lack of effective competition, the Authority may, following a public consultation, make an administrative determination modifying any relevant obligations or imposing such additional remedies as it deems necessary, taking into account the impact and efficacy of the existing obligations and the costs and benefits of any changes.

(6) For the purposes of assessing the costs and benefits of imposing, modifying or withdrawing a proposed ex ante remedy and evaluating the relevant evidence, including cost data and factors relating to technical or commercial feasibility, the burden of proof for demonstrating that a remedy should not be imposed, or should be modified or withdrawn, shall rest with the communications provider that is designated as having significant market power in the relevant market.

(7) A communications provider on which the Authority imposes ex ante remedies shall comply promptly, fully and in good faith with any and all such obligations.

(8) For the purposes of this section, “access” means the making available of facilities or services to another undertaking, under defined conditions, on either an exclusive or a non-exclusive basis, for the purpose of providing electronic communications services.

(9) The Authority may impose transparency and accounting separation obligations on a communications provider in respect of relevant markets in which the provider does not have significant market power if the Authority determines that such measures are :

(a) proportionate; and

(b) necessary to ensure the efficacy of any remedies imposed under this section in respect of relevant markets that the Authority has determined are characterised by significant market power.

Withdrawal of ex ante remedies

25.- Where, as a result of a market review conducted pursuant to section 23, the Authority determines that a relevant market is effectively competitive it shall not impose any ex ante remedies in respect of that market and shall remove any ex ante remedies previously imposed within a reasonable period of time, but the Authority may decide not to remove certain obligations, including transparency and accounting separation obligations, if they continue to be necessary to preserve effective competition in cases where a closely related relevant market is subject to ex ante regulation.

PART 5.- CONSUMER PROTECTION PROVISIONS

Functions of the Authority

26.- The Authority may make general determinations :

(a) governing the commercial and marketing practices of ICOL holders and any other types of communications providers specified by the Authority to protect the rights of customers, subscribers, users and consumers, having due regard for the vulnerability of certain categories of consumers; and

(b) issuing or approving codes of practice relating to such practices.

Unsolicited communications

27.- The Authority shall make general determinations to establish the requirements and procedures that shall govern the activities of ICOL holders and other types of communications providers specified by the Authority, when engaged in unsolicited direct marketing by means of electronic communications networks in order to minimize intrusion, annoyance, inconvenience or anxiety to consumers, including activities by means of :

(a) automated calling and communications systems or machines that do not involve human interaction;

(b) facsimile machines; and

(c) electronic mail.

Premium rate services

28.- The Authority may make general determinations governing the provision of premium rate services for the purpose of ensuring that consumers are treated fairly and reasonably by providers of public electronic communications and persons responsible for providing content, transaction services or other offerings using the services of such providers.

Confidentiality of customer information

29.- The Authority may make general determinations governing the processing, disclosure and use by ICOL holders and any other types of communications providers designated by the Authority of personal data that they obtain from electronic communications customers, subscribers or users in the course of business other than for the purpose of conveying electronic communications, including :

a) disclosure of a customer’s name, address and telephone number (including fixed and mobile numbers), including for purposes of inclusion in a printed or electronic directory;

(b) use or disclosure of traffic or location data;

(c) use or disclosure of subscription data provided when a customer orders a service; and

(d) any other customer-related data, as defined for this purpose by the Authority, that is obtained by communications providers from users or sub-users.

Privacy of telecommunication

30.-

(1) The privacy of any telecommunication is inviolable except as provided in this Act.

(2) No person, not being authorized by the sender or the addressee, shall intercept any signal in the course of transmitting information by electronic communications and wilfully divulge or publish the existence, purport, effect or meaning of such intercepted signal to any person.

(3) No person not being entitled thereto shall receive, or assist in receiving, any such intercepted signal and use the same or any information therein contained for his own benefit or for the benefit of another not entitled thereto.

(4) No person having received such intercepted signal or having become acquainted with the same (or any part thereof), knowing that such information was so obtained, shall divulge or publish the contents, substance, purport, effect or meaning of the same (or any part thereof) or use the same or any information therein contained for his own benefit or for the benefit of another not entitled thereto, provided that :

(a) subsections (2) and (3) and this subsection shall not apply to the transmitting, receiving, divulging, publishing or utilizing the contents of any radio message or communication broadcasted or transmitted by amateurs or others for the use of the general public or relating to ships or aircraft in distress;

(b) it shall not be unlawful under this section for an operator of a switchboard or an officer, employee or agent of any communications provider the facilities of which are used in the transmission of a wire communication, to intercept, disclose or use that communication in the normal course of his employment while engaged in any activity which is a necessary incident to the rendition of his service or the protection of the rights or property of the communications provider transmitting such communication;

(c) the said communications provider shall not utilize service observing or random monitoring except for mechanical, electronic, optical or service quality control checks; and

(d) it shall not be unlawful under this section for an officer, or employee or agent of the Authority or of the Government in the normal course of his employment and in discharge of the radio monitoring responsibilities exercised by the Authority in the pursuance of its powers under section 36(2)(h) and (i), to intercept a communication transmitted by radio, or to disclose or use the information thereby obtained.

(5) No person, not being authorized by all the parties to any private signal shall tap any wire, cable or optical fibre or by using any other device or arrangement, shall secretly overhear, intercept, or record such signal in the course of transmitting information by electronic communications by using any electronic or other device, provided that it shall be lawful for any police officer or officer of a communications provider acting with the consent of the person renting a circuit to tap or trace such circuit, or by using any other device secretly to overhear, intercept or record a communication passing over such circuit in order to detect an offence under section 68.

(6) No person, be he a participant or not in the act or acts prohibited in this section, shall knowingly possess any tape record, wire record, disc record, or any other such record, or copies thereof, of any communication or spoken word secured in the manner prohibited by this Act, or replay the same for any other person or persons, or communicate the contents thereof, either verbally or in writing, or furnish transcriptions thereof, whether complete or partial, to any other person.

(7) Nothing contained in this section shall render it unlawful or punishable for any police officer or other person who is authorized by a written order of the Governor under the powers granted to him by section 53 to execute, in accordance with Schedule 2, any of the acts declared to be unlawful in this section, and subsection (8) shall not apply to evidence thus secured.

(8) Any message, communication or spoken word, or the existence, contents, substance, purport, effect or meaning of the same or any part thereof, or any information therein contained, obtained or secured by any person in contravention of this section shall not be admissible in evidence in any judicial, quasi judicial, legislative or administrative hearing except for the purpose of proving the contravention of those subsections and for that purpose the person adjudicating shall make such order as he considers appropriate to preserve confidentiality.

Security of customer data and reporting of data breaches

31.-

(1) A provider of public electronic communications shall take adequate technical and organisational measures to protect the security of electronic communications at a level commensurate with the degree of risk presented, including measures to ensure that personal data that is stored or transmitted by it in connection with the provision of electronic communications :

(a) can be accessed by authorized personnel for legally authorized purposes only; and

(b) is protected against accidental or unlawful loss, destruction, or alteration and unauthorized or unlawful storage, processing, access or disclosure, having due regard to the state of the art and the cost of implementation.

(2) The provider of public electronic communications shall develop a security policy and processes designed to ensure compliance with subsection (1), which shall be subject to review, approval and audit by the Authority.

(3) If there is a breach of the security obligations in subsection (1) or the policy approved pursuant to subsection (2), the communications provider shall, without undue delay, notify the breach to :

(a) the Authority; and

(b) any subscriber or individual affected by the breach if, in the view of the Authority, the breach is likely to have an adverse effect on the subscribers or individuals concerned.

(4) The notification required under subsection (3) shall describe the nature and consequences of the breach, the measures which the communications provider has taken or proposes to take to address the breach and its effects, and any other information which the Authority may require.

(5) In any case in which the Authority finds that there has been a security breach, the Authority shall issue an adjudicative decision and order requiring the communications provider to take specific measures to prevent future data breaches from occurring and may impose appropriate financial penalties in cases where such obligations are not met.

(6) For the purposes of subsection (1), “processing” means any operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, organisation, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise, alignment or combination, blocking, erasure or destruction.

PART 6.- UNIVERSAL SERVICE PROVISION AND FUNDING

Universal service policy

32.-

(1) The Minister may make general policies and, as necessary, regulations concerning the provision of universal service by one or more providers of public electronic communications, including :

(a) the types of services that shall be subject to mandatory universal service provision;

(b) whether any particular type or group of users should be eligible for certain universal services pursuant to social tariffs; and

(c) the sources of any special funding for the provision of these services, if required, and the basic framework of any funding scheme that may be deemed necessary, in accordance with section 34.

(2) Any policies made by the Minister, and any applicable regulations, shall ensure that requests for connection by end-users at a fixed location to a public electronic communications network or networks covering the geographic area of Bermuda and offering international access via undersea cable can be met by at least one ICOL holder, and that the connection provided is at a minimum capable of supporting voice telephony, facsimile and functional Internet access.

Functions of the Authority

33.-

(1) The Authority shall assist the Minister in formulating and implementing any general universal service policies and regulations that may be considered or made pursuant to section 32, including by consulting with sectoral participants and consumers concerning relevant issues and options.

(2) The Authority may make general determinations implementing the policies and regulations made by the Minister, including :

(a) defining the specific characteristics of the electronic communications services designated by the Minister pursuant to section 32(1)(a), based on consideration of the relevant costs, needs of the public, affordability of the service or services, and advances in technology;

(b) specifying the criteria of eligibility for any social tariffs that may be imposed by regulations;

(c) establishing the terms and conditions pursuant to which one or more designated communications providers shall be obligated to provide universal services defined or specified pursuant to paragraphs (a) or (b);

(d) establishing detailed provisions for implementing a universal service funding scheme, if applicable, pursuant to section 34;

(e) identifying, as necessary, the communications providers that shall be required to provide the services designated by the Minister pursuant to section 32(1)(a); and

(f) providing for the monitoring and enforcement of compliance with any universal service obligations or conditions that may be imposed and facilitating the functioning of any funding scheme that may be established.

(3) The Authority, by administrative determination, may require providers of public electronic communications networks to ensure, as necessary :

(a) the interoperability of public electronic communications throughout Bermuda; and

(b) access on the part of end-users to any-to-any communications by means of direct or indirect interconnection among communications providers.

(4) Following the establishment of a universal service policy by the Minister and the making of any regulations pursuant to section 32, the Authority shall periodically submit to the Minister, following a public consultation, a report that :

(a) details the implementation measures taken by the Authority and sectoral participants, including the operation of any funding scheme that may be established; and

(b) makes recommendations for any changes in policy that it deems to be in the public interest.

Establishment of a universal service funding scheme

34.-

(1) The Authority on its own initiative may, and upon request of the Minister shall, prepare a report, following a public consultation, that assesses whether the establishment of a funding scheme to support or promote the provision of universal service is necessary and proportionate, taking into account all factors specified by the Minister or found to be relevant by the Authority, including :

(a) whether the mandatory provision of access to universal services or the offering of social tariffs imposes a financial burden on one or more designated communications providers, and the extent of any such burden; and

(b) whether any financial burden identified under paragraph (a) is unreasonable, based on an evaluation of all relevant factors, including the value of any historic commercial advantages enjoyed by a communications provider as a result of special rights previously enjoyed.

(2) The Authority shall submit the report referred to in subsection (1) and any accompanying recommendations to the Minister, and shall publish the report and recommendations on the official website.

(3) If the Authority recommends the establishment of a universal service funding scheme, its submission to the Minister shall propose the procedures and requirements for :

(a) establishing the type of funding scheme and the means by which one or more designated communications providers shall contribute to or participate in the scheme;

(b) estimating, on an annual basis, the total amount of funding required to compensate for the provision of universal services at prices below cost, in accordance with the approved scheme;

(c) designating the communications providers that shall be required to make such contributions and the basis on which the payments shall be calculated; and

(d) determining the eligibility of communications providers that offer universal service below cost to receive contributions to fund the deficit, including any accounting, reporting and true-up obligations that it deems appropriate.

(4) Any recommendation provided by the Authority shall :

(a) be consistent with the purposes of this Act and the universal service policy or regulations established by the Minister pursuant to section 32(1);

(b) provide for administration of the funding scheme, including the distribution of funds, in a reasonable, transparent, non discriminatory and competitively neutral manner; and

(c) be no more burdensome than is necessary to achieve the objectives of the universal service policy.

(5) The Minister shall give due consideration to the recommendation of the Authority in deciding whether to make regulations establishing a funding scheme for the provision of universal service.

(6) Any regulations made by the Minister pursuant to this section shall :

(a) establish the basis for determining the amount of the universal service contribution to be made by designated communications service providers or others;

(b) provide for the establishment and administration of a fund or other funding scheme by the Authority or such other person as may be specified in the regulations;

(c) stipulate the manner in which any contributions are to be made and determine whether and how dedicated charges may be assessed on and invoiced to end-users;

(d) provide for annual independent audits of the funding scheme and publication of the results of such audits;

(e) comply with the criteria in subsection (4); and

(f) be subject to the affirmative resolution procedure.

PART 7.- USE OF RADIO SPECTRUM AND EQUIPMENT FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS

Spectrum policy and management

35.-

(1) The Minister, giving due regard to the purposes and objectives of this Act and the importance of radio spectrum as a scarce national resource and a public good of significant social, cultural and economic value, shall make general policies and, as necessary, regulations for the electronic communications sector with respect to :

(a) the management and allocation of spectrum for particular or liberalised uses in accordance with the provisions of this Act; and

(b) the procedures to be followed by the Authority in the assignment of spectrum for use in connection with the provision of electronic communications, whether by means of the grant of an individual licence, the designation of a class licence, or the grant of a licence exemption.

(2) The Minister shall confer and coordinate with any Government Department or agency that has recognised spectrum usage rights prior to adopting any policies or issuing any directions that could affect such rights.

Functions of the Authority

26.-

(1) The Authority shall implement the general policies and regulations made by the Minister in respect of radio frequencies comprising the electromagnetic spectrum which are, or are available to be, used to transmit or receive electronic communications.

(2) The Authority shall have the power to carry out the following functions in respect of radio spectrum :

(a) maintaining and publishing the Bermuda Frequency Allocation Table which shall detail, among other things, the purposes and priorities for which the Minister has allocated the frequencies;

(b) specifying the criteria and procedures for the assignment of radio frequencies, awarding individual spectrum licences, establishing spectrum class licences and granting licence exemptions;

(c) establishing the applicable licence terms and conditions, including technical conditions and usage priorities and limitations;

(d) coordinating licensing procedures and conditions with associated operating licences for the provision of electronic communications;

(e) conducting comparative selection processes, auctions, lotteries or hybrid processes for the award of spectrum licences in cases where demand for the right to use a specific portion of the radio spectrum is expected to exceed supply;

(f) establishing, maintaining and providing convenient access by the public to a frequency database and register which identifies spectrum licence holders, relevant technical conditions, priorities of use, and any additional information that the Authority deems helpful to actual and potential users of spectrum;

(g) classifying the various types of radio stations and apparatus, issuing permits and establishing technical requirements and conditions for the same;

(h) conducting tests to monitor the use of frequencies and ensure compliance with technical requirements;

(i) conducting tests to check for harmful interference;

(j) conducting adjudications to consider :

(i) the merits of complaints alleging harmful interference; and

(ii) whether to order the release of spectrum in accordance with section 41;

(k) conducting public consultations on its own initiative or at the request of the Minister, licence holders or consumers, and undertaking studies where appropriate, to evaluate the extent to which spectrum is available for use for radio communications in Bermuda, to assess current and potential demand, and to consider any other factors relevant to the Minister in formulating or modifying spectrum policies or regulations;

(l) examining persons in connection with the operation of apparatus for radio communication, the grant and endorsement of certificates of competency in the operation of such apparatus, the fees payable in respect of any such examination or the grant or endorsement of any such certificates, the authorization of persons to hold positions in radio stations and the cancellation or suspension of any such authority;

(m) specifying requirements for standby facilities to be maintained by radio stations for use in case of natural disasters or other emergencies;

(n) prohibiting or regulating the sale or use of any apparatus or machinery causing or capable of causing harmful interference to radio reception;

(o) prohibiting and controlling electrical or radiated interference with the working of apparatus for electronic communications;

(p) authorizing foreign registered or licensed mobile radio stations while in or over Bermuda or its territorial waters of Bermuda or in Bermuda airspace;

(q) authorizing mobile radio stations licensed in Bermuda which are not for the time being in or over Bermuda, Bermuda airspace, or its territorial waters;

(r) the licensing of persons wishing to maintain or repair radio apparatus and the qualifications to be held by such persons;

(s) regulating the importation, sale, trading in and demonstration of radio apparatus and radio receiving apparatus not excluded from the application of this Act;

(t) the dismantling, sealing or confiscation of any radio station, radio apparatus and radio receiving apparatus, not excluded from the application of this Act; and

(u) exercising such other functions as the Authority deems necessary to implement or facilitate the Minister’s policies with regard to radio spectrum.

Objectives of spectrum management

37.-

(1) In performing their functions under this Part, the Minister and the Authority shall ensure that radio spectrum is managed in a manner that :

(a) is objective, transparent and non-discriminatory;

(b) is economically and technically efficient;

(c) facilitates the introduction and evolution of new technologies and innovative electronic communications services;

(d) gives due recognition to the level of investment in existing equipment configured for specific frequencies and the cost of migrating to other frequencies;

(e) preserves or promotes effective and sustainable competition in the provision of electronic communications services subject to this Act;

(f) is compatible with the Convention; and

(g) meets the radio communications needs of Government Departments and agencies.

(2) Where any of these objectives appear to be in conflict, the Minister shall, after conferring with the Authority, prioritise the objectives or otherwise resolve the conflict in a way that, in the Minister’s opinion, best serves the public interest.

Spectrum licences, permits and exemptions

38.-

(1) No person shall :

(a) use the electromagnetic spectrum within the territorial waters of Bermuda to transmit or receive any electronic communications without first obtaining a spectrum licence; or

(b) import, install, place in operation, repair, or maintain any radio station or radio apparatus without a permit issued by the Authority, unless the Authority has granted the spectrum use and the radio station or apparatus a specific exemption by administrative determination.

(2) The holder of a spectrum licence or permit shall conform to the conditions and standards specified in such licence, including :

(a) the frequencies assigned to that licence or permit holder;

(b) the location, type and specifications of radio stations and apparatus;

(c) the geographical area covered by the licence; and

(d) any other technical conditions that may assist in the efficient and effective use of the radio spectrum.

(3) The Authority shall be responsible for monitoring and enforcing compliance with the use of any radio frequencies assigned to the holder of a spectrum licence or permit issued in accordance with this section.

(4) Nothing in this section shall be construed to allow a communications provider to engage in any of the activities specified in section 12 without holding a duly authorized COL or qualifying for a COL exemption.

(5) The Authority may impose in a spectrum licence or permit for radio stations or apparatus, for a limited or indefinite period :

(a) proportionate and non-discriminatory service or technology restrictions if the Authority determines that such restrictions are necessary to :

(i) avoid harmful interference;

(ii) protect public health against electromagnetic fields;

(iii) ensure technical service quality;

(iv) maximise radio frequency sharing;

(v) provide for the efficient use of spectrum;

(vi) protect or promote effective competition in the provision of electronic communications;

(vii) promote investment in new or innovative technologies or electronic communications services;

(viii) protect the environment and sites of historical or cultural significance; or

(ix) otherwise advance the public interest; and

(b) the obligation to provide one or more forms of wholesale wireless access, including a resale offer, on a non-discriminatory basis, if the Authority determines that such arrangements are necessary for the benefit of consumers.

(6) The Authority shall make general determinations establishing :

(a) the basic provisions of spectrum licences and permits for radio stations and apparatus;

(b) the criteria and eligibility for any exemptions, which may be granted in those cases in which no Regulatory Authority or Government authorization fees are to be collected and the Authority determines that :

(i) there is no reasonable probability of harmful interference; and

(ii) the level of demand for use of the spectrum in the relevant frequency band or bands is not expected to exceed the spectrum available;

(c) procedures, criteria and conditions for the award of individual spectrum licences and the grant of permits for radio stations and apparatus, including competitive bidding procedures and comparative selection procedures;

(d) procedures, criteria and conditions for obtaining class licences for the use of specified frequencies or radio stations and apparatus; and

(e) procedures, criteria and conditions for obtaining temporary licences or permits for technical testing or non-commercial trials involving the use of spectrum.

(7) The term of a spectrum licence or a permit for radio stations and apparatus shall not exceed 10 years and shall in any event not exceed the remainder of the term of the associated COL.

(8) A spectrum licence associated with an ICOL shall be renewed for an additional term or terms co-extensive with that of the ICOL if the licence holder files an application requesting renewal no earlier than nine months and no later than six months prior to the expiry date :

(a) unless the Authority determines that renewal of the licence would not be in the public interest; and

(b) subject to any modifications that the Authority may deem it necessary or appropriate to make at the time of renewal.

(9) A permit for a radio station or apparatus shall be renewed by the Authority in accordance with the procedures, terms and conditions specified in the permit.

(10) ICOL holders and other communications providers specified by the Authority shall, where technically feasible, construct and share masts and other support structures suitable for the placement of radio communication equipment in a manner that allows for the sharing of such facilities with other communications providers on terms and conditions that are fair, reasonable and transparent.

Spectrum liberalisation and trading

39.-

(1) Spectrum licences and permits shall, to the extent practicable, allow the radio frequencies to which they pertain to be used liberally with all types of technologies and for all types of electronic communications, subject to the prohibition against harmful interference contained in section 42 in respect of any superior usage rights held by other authorized users of the same frequencies.

(2) The Authority, following a public consultation, may make recommendations to the Minister proposing the liberalisation of specific frequencies or frequency bands in any or all of the following ways :

(a) with respect to the types of electronic communications that may be provided using the specified frequencies;

(b) with regard to the technologies that may be utilized in providing electronic communications authorized in connection with the specified frequencies; or

(c) by designating the specified frequencies that are eligible for sublicensing or for one or more forms of spectrum trading, including the sale or lease of recognised spectrum usage rights under duly authorized spectrum licences.

Fees for spectrum licences and permits for radio stations and apparatus

40.-

(1) Government authorization fees for specified types of spectrum licences and permits for radio stations and apparatus shall be established in accordance with section 52 of the Regulatory Authority Act 2011, and the following criteria shall apply to any recommendation made by the Minister or the Authority pertaining to such fees :

(a) the fees applicable for the use of spectrum suitable for similar types of radiocommunication services shall be set in a reasonable, objective and transparent manner;

(b) in order to optimise the use of spectrum, competitive bidding procedures, subject to a minimum reserve price, shall be used where practicable and, in particular, in circumstances where the level of demand for a particular frequency or band of frequencies is expected to exceed the spectrum available, in accordance with subsection (2);

(c) where spectrum licences or permits for radio stations and apparatus are to be, or have been granted, other than on the basis of competitive bidding procedures, fees shall be imposed that reflect  :

(i) a reasonable measure of the value of the spectrum assigned, based on an assessment of the opportunity costs of the current use and other potential uses of a particular frequency or frequency band; or

(ii) relevant benchmarks or other appropriate proxies where the information required to assess the value stipulated in subparagraph (i) is not reasonably available.

(2) In cases where a competitive bidding procedure is to be used in accordance with subsection (1)(b) :

(a) the Minister, after conferring with the Authority, and with the consent of the Minister of Finance, shall make regulations, subject to the affirmative resolution procedure, specifying :

(i) the type of auction and the rules, standards and procedures governing the bidding process;

(ii) the reserve price or minimum Government authorization fee that must be paid by the winning bidder;

(iii) any applicable payment terms; and

(iv) procedures for re-auctioning the spectrum of a winning bidder that defaults on the payment of any applicable Regulatory Authority or Government authorization fee or becomes insolvent;

(b) the Authority shall conduct the auction pursuant to the standards and procedures specified by the Minister;

(c) the Authority shall grant the licence to the entity or entities, if any, satisfying the selection requirements specified in the regulations; and

(d) in any case in which the Authority grants a licence pursuant to an auction process specified by the Minister in regulations, the amount of the Government authorization fee shall be conclusively established through the auction process provided that the amount equals or exceeds the reserve price established pursuant to subparagraph (2)(a)(ii).

(3) The Authority may recommend, and the Minister may make, regulations in accordance with section 44 of the Regulatory Authority Act 2011 for the purpose of establishing Regulatory Authority fees to recover the administrative costs of conducting a competitive bidding procedure, undertaking a valuation, issuing a spectrum licence, testing for electromagnetic interference or power levels, approving a licence exemption and undertaking similar activities if the imposition of such fees is reasonable under the circumstances.

Measures to ensure the efficient use of spectrum

41.-

(1) The Authority may at any time, following an adjudication, issue an order requiring a spectrum licence holder to release or vacate any or all frequencies covered by its licence in order to ensure efficient use of the spectrum and may re-licence the vacated spectrum to others.

(2) The Authority shall, by general determination, establish :

(a) the criteria that shall be applied by the Authority to determine the circumstances in which such measures are appropriate and proportionate; and

(b) the factors that shall be considered to determine whether and, if so, how much compensation shall be paid to the vacating licensee, if any, the categories of costs that may be covered and the source or sources of funding for any such compensation.

(3) The licence holder shall comply with any adjudicative decision and order duly issued by the Authority which mandates the vacation of a frequency or band of frequencies in accordance with this section.

(4) The Authority, having due regard to the objectives of promoting the efficient use of spectrum and preventing or deterring the hoarding of spectrum, may impose spectrum licence conditions in accordance with section 50 of the Regulatory Authority Act 2011 which, among other things :

(a) set out a fixed timetable, including the specification of milestones, for the effective exploitation of the rights granted to a spectrum licence holder; and

(b) in the event of material non-compliance with the prescribed timetable, provide for modification or revocation of the spectrum licence and the imposition of financial penalties, including by means of performance bonds.

Harmful interference

42.-

(1) No person may use communications equipment for the purpose, or having the effect, of causing harmful interference to :

(a) the operation of an authorized radio apparatus or station; or

(b) the spectrum used by a duly licensed person conducting its activities in accordance with the rights granted by its spectrum licence or permit and any applicable technical requirements or limitations.

(2) The Authority shall adjudicate any complaints alleging harmful interference in accordance with this Act, any applicable general determinations, and the respective rights and obligations of the licence or permit holders involved.

(3) The Authority may, by general determination, establish a framework governing the basic procedures, rights and obligations applicable to spectrum licence and permit holders for the purpose of minimizing the risk of harmful interference.

Operation of radio stations and apparatus

43.-

(1) A radio station or apparatus shall not be used by any person to carry out :

(a) unnecessary transmissions;

(b) the transmission of superfluous signals and correspondence;

(c) the transmission of false or misleading signals;

(d) the transmission of signals without identification except for :

(i) radio beacons or certain other radio navigation services where identification signals are removed in case of malfunction or other non operational service as a means of warning that transmissions cannot safely be used for navigational purposes;

(ii) survival-craft stations transmitting distress signals automatically; or

(iii) emergency position-indicating radio beacons;

(e) the transmission of signals containing profane or obscene words or language; or

(f) trials or tests, except pursuant to a temporary authorization and under circumstances that preclude the possibility of interference with other stations.

(2) The operation of a radio station or apparatus shall be limited to the performance of such services as are specified in the relevant permit or spectrum licence.

(3) Radio stations and apparatus :

(a) shall not radiate more power than is necessary to ensure a satisfactory service;

(b) shall be established and operated in such a manner as not to cause harmful interference with other licensed radio installations and other electronic communications; and

(c) shall be maintained in a condition which complies with the Convention, the terms and conditions of the licence, and any applicable regulations or administrative determinations.

(4) A radio station or apparatus shall only transmit on frequencies or in frequency bands authorized by the Authority and prescribed in the licence or permit.

(5) A radio station or apparatus shall accept distress calls and messages with absolute priority regardless of their origin and shall immediately take such action with regard thereto as may be required by the Convention.

(6) A radio station or apparatus may during a period of emergency in which normal communications facilities are disrupted as a result of a hurricane, flood, earthquake or similar natural disaster or force majeure event, be used for emergency communications and may be operated in a manner other than that provided in the Convention, the regulations or as specified in the licence, and any such emergency use shall be discontinued as soon as substantially normal communication facilities are again available.

(7) The Minister may coordinate the transfer of the processing of particular types of permits for radio stations or radio apparatus, including permits for aviation and nautical uses, to a Minister with responsibility for a portfolio relevant to the particular use, provided that the Minister to whom the processing is transferred consents and assumes full responsibility for :

(a) the full costs of administration associated with such permits; and

(b)the establishment and collection of any applicable Regulatory Authority fees and Government authorization fees.

Provisions relating to foreign ships and aircraft

44.-

(1) Unless otherwise provided by regulations, mobile radio stations and apparatus on board foreign-registered aircraft or ships that are temporarily located within the territorial waters of Bermuda or in Bermuda airspace shall not require a licence or permit under section 38; however, the Convention and any relevant international agreements in respect of ships and aircraft shall apply to such stations.

(2) Mobile radio stations and apparatus located on foreign-registered aircraft and ships temporarily located in the territorial waters of Bermuda or Bermuda airspace shall comply with section 42, as it relates to avoidance of harmful interference, and with relevant international regulations under the Convention and international agreements in respect of ships and aircraft.

(3) No radio apparatus on board an aircraft shall be used while the aircraft is in Bermuda airspace or on the ground in Bermuda except for the purpose of communication with a licensed ground station, for operational and commercial control service, or for testing prior to flight of the apparatus used for air traffic control and air navigation purposes, notwithstanding that a licence, whether granted under this Act or the law of any other country or territory, is in force in respect of such apparatus.

(4) At all times when an aircraft is in Bermuda airspace or is on the ground in Bermuda in an operational state, a watch shall be maintained on the relevant traffic control service.

(5) The Authority may permit the use, on such occasions or for such periods as it specifies, of radio apparatus on board an aircraft that is in Bermuda airspace or at an aerodrome in Bermuda or on board a ship that is located in the territorial waters of Bermuda for purposes not specified in subsections (3) or (4).

PART 8.- NUMBERING, ADDRESSING AND NAMING SYSTEMS FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS

Numbering policy

45.- The Minister shall make general policies and, as necessary, regulations with respect to management of the national numbering system.

Numbering plan and assignment of numbers

46.-

(1) The Authority shall adopt, by general determination, and publish a national numbering plan for those categories of communications providers that it deems eligible for participation in the national numbering scheme.

(2) Eligible participants in the national numbering scheme shall include all ICOL holders and may include other licensees.

(3) The Authority shall update the national numbering plan from time to time as it deems appropriate, following a public consultation addressing any material revisions to the plan.

(4) The Authority shall make general determinations governing the assignment and use of numbers and the implementation of numbering conventions or schemes applicable to particular types of electronic communications services as it deems appropriate, and it may authorize or restrict the assignment of numbers to certain licensees or groups of licensees based on objectively justifiable criteria.

(5) The numbering plan and any regulations or administrative determinations applicable to the assignment or use of numbers by communications providers shall :

(a) not unreasonably discriminate against any eligible communications provider;

(b) take account of relevant international regulations and, in particular, the requirements of the North American Numbering Plan;

(c) ensure that sufficient numbers are available for the current and reasonably anticipated future needs of eligible communications providers;

(d) specify whether and under what conditions assigned numbers may be reclaimed or reassigned;

(e) assign particular blocks or series of numbers having regard to the role that numbers can play in conveying useful information to customers, including information about the type of service being used;

(f) promote the efficient use of numbers;

(g) promote fair and sustainable competition; and

(h) endeavour to avoid or minimize the imposition of costs on consumers as a result of changes in the numbering system.

(6) The Authority may make a general determination designating numbers or ranges of numbers that the Authority deems to be of exceptional economic value and establish requirements for their allocation pursuant to a competitive or a comparative bidding process.

(7) The Authority may recommend, and the Minister may make, regulations in accordance with section 44 of the Regulatory Authority Act 2011 for the purpose of establishing Regulatory Authority fees to recover the reasonable costs of administering the numbering plan from any communications providers to which numbers are assigned, taking into account the level of numbering resources required by individual communications providers.

(8) Government authorization fees may be established for number ranges of exceptional economic value in accordance with section 52 of the Regulatory Authority Act 2011, and the following criteria shall apply to any recommendation made by the Minister or the Authority pertaining to such fees :

(a) the fees shall reflect a reasonable measure of the value of a number or block of numbers based on an assessment of the opportunity costs of the current use and other potential users, including numbers or blocks of numbers that the Authority deems to be of exceptional economic value; and

(b) if an auction process is utilized, the procedures referred to in section 40(2) shall apply.

Number Portability

47.-

(1) The Authority shall make a general determination to facilitate subscribers to retain a fixed or mobile telephone number assigned to them by their existing communications provider under the numbering plan pursuant to section 46, when such subscribers elect to switch to another communications provider.

(2) No later than six months following the date of commencement of this Part, the Authority shall identify the technical requirements and timetable for implementing number portability or the equivalent and shall impose any conditions on the relevant communications providers that it concludes are necessary to facilitate switching between communications providers by customers and promote effective competition.

(3) If the Authority concludes that a fee should be applied to the relevant communications providers or their customers in order to fund number portability pursuant to subsection (1), the Authority shall make a recommendation to the Minister proposing the amount of the fee and requesting the Minister to make regulations which shall :

(a) establish the basis for determining, the manner of assessing and the amount of the applicable fee;

(b) establish the framework for administering a fund or other funding scheme required to implement number portability, which shall be reasonable, transparent, non-discriminatory and competitively neutral;

(c) provide for the establishment and administration of a fund or other funding scheme including the distribution of funds, by the Authority or such other person as may be specified in the regulations;

(d) stipulate the manner in which any contributions are to be made and determine whether and how dedicated charges may be assessed on and invoiced to end-users;

(e) provide for annual independent audits of the funding scheme and publication of the results of such audits; and

(f) be subject to the affirmative resolution procedure.

Emergency numbers

48.- The Authority shall require providers of public electronic communications to make available to users, free of charge, access to a national three-digit number for emergency purposes, and may require communications providers to provide any user possessing a fixed or mobile terminal with automatic access to their networks for the purpose of making emergency calls by means of the national three-digit number, irrespective of whether such users are their customers or subscribers.

Management of domain names

49.- The Authority, if so directed by the Minister, shall coordinate the management, allocation, and assignment of all domain names under the country code top-level domain of Bermuda.

PART 9.- TYPE APPROVAL AND HOMOLOGATION OF EQUIPMENT

Type approval procedures

50.-

(1) No equipment or system used for the provision of electronic communications networks or any radio apparatus shall be imported into or sold in Bermuda by any person unless it meets the standards of :

(a) the Federal Communications Commission of the United States of America;

(b) the Canadian Standards Association International; or

(c) the European Union,

and is imported under a certificate issued by the Authority confirming that the equipment, system or radio apparatus meets the standards referred to in paragraph (a), (b) or (c) and any relevant standards established under subsection (2)(a).

(2) The Authority may :

(a) by general determination, establish technical standards relating to electronic communications networks or radio apparatus and customer premises’ equipment or to any specified network, apparatus or equipment; and

(b) following an adjudication, prohibit the sale, supply or use of any electronic communications network, radio apparatus or customer premises’ equipment which does not comply with the requirements of any such standard.

(3) A technical standard established under this section shall include only requirements that the Authority determines to be necessary to :

(a) protect the integrity of any licensed electronic communications network; or

(c) protect the health and safety of any person.

(4) The Authority may recommend, and the Minister may make, regulations in accordance with section 44 of the Regulatory Authority Act 2011 for the purpose of establishing Regulatory Authority fees to recover the costs of issuing a certificate under subsection (1) and of administering the type approval and homologation process.

(5) The Collector of Customs, on becoming aware that any electronic communications equipment, system or radio apparatus has been imported into Bermuda, shall notify the Authority thereof and shall cooperate fully with the Authority by allowing its duly authorized representatives to undertake any or all of the following activities in relation to the type approval or homologation process with respect to such equipment, system or radio apparatus :

(a) entering a customs area (within the meaning of the Revenue Act 1898) and obtaining access to such equipment, system or radio apparatus for the purposes of on-site inspection;

(b) temporarily removing representative samples thereof for testing;

(c) clearing such equipment, system or radio apparatus for importation into Bermuda if the Authority issues a certificate confirming that it complies with subsection (1) and any relevant standards established under subsection (2)(a), provided that it is otherwise compliant with applicable legislation and regulations relating to the importation of goods; or

(d) removing and confiscating such equipment, system or radio apparatus if the Authority, after conferring with the Collector of Customs, makes an administrative determination that it fails to comply with subsection (1) or any relevant standards or restrictions established under subsection (2).

 

PART 10.- MISCELLANEOUS PROVISIONS

Emergency Powers

51.-

(1) Notwithstanding anything in this or any other Act or regulations or administrative determination to the contrary, when Her Majesty is at war or there is in force a proclamation of emergency made or continued in force under section 14 of the Constitution of Bermuda, the Governor may, when the public interest so requires, by warrant under his hand :

(a) direct and cause any electronic communications system, or any part thereof, which is in Bermuda or the territorial waters thereof to be taken possession of in the name and on behalf of Her Majesty to be used for Her Majesty’s service and subject thereto for such ordinary service as the Governor may see fit, and in that event, any person authorized by the Governor may :

(i) enter upon the premises, ship, aircraft or vehicle where such electronic communications system, or any part thereof, is situated and take possession thereof; and

(ii) use the apparatus therein as stated in this paragraph;

(b) direct and authorize such persons as he thinks fit to assume control of any electronic communications service or radio apparatus operated either wholly or partly within Bermuda in such manner as he may direct, and such person may accordingly enter upon the premises of any person within Bermuda operating such electronic communications service and assume control of the whole or part thereof;

(c) suspend or amend, for such time as he thinks fit, the laws, rules and regulations applicable to any or all radio stations or devices capable of emitting electromagnetic radiation within Bermuda or the territorial waters thereof and :

(i) cause the closing of any radio station or any part thereof, or any device capable of emitting electromagnetic radiation which is suitable for use as a navigational aid beyond five miles, and the removal there from of its apparatus and equipment; or

(ii) authorize the use and control of any such radio station or device or its apparatus and equipment by any Government Department under such regulations as he may prescribe, and direct and authorize such persons as he thinks fit to enter upon the premises, ship, aircraft or vehicle where any radio station or device as aforesaid is located for the purposes of closing and sealing such radio station or device, and the removal of any apparatus or equipment or for the purpose of using or controlling any such radio station or device, as the case may be; and

(d) direct any communications provider :

(i) to submit to him, or any person authorized by him, all messages tendered within Bermuda for transmission or arriving in Bermuda by the system of electronic communications of any communications provider or any class or classes of such messages;

(ii) to stop or delay the transmission of or delivery of any such messages or deliver the same to him or his agent or transmit any messages or class or classes of messages according to a priority to be prescribed by the Governor; and

(iii) to obey all such directions with reference to the public electronic communications services within Bermuda or between Bermuda and other countries as he may prescribe and any such person operating an electronic communications service in Bermuda shall obey and conform to all such directions.

(2) At any time during which a proclamation of emergency under section 14 of the Constitution of Bermuda is in effect, the Minister may issue an order stating that the provisions of this Act and of the Convention relating to the matters specified in paragraphs (a) to (f) of section 4(2) shall not apply to the Police and the Bermuda Regiment until such time as the Minister may revoke the order or the proclamation of emergency ceases, whichever is the earlier.

Compensation for the exercise of emergency powers

52.-

(1) If the Governor exercises his powers under section 51 and a communications provider shows that as a result of the exercise of such powers its receipts during the period of such exercise of powers from public electronic communications services with respect to which the said powers have been exercised, or from any other systems of electronic communications owned or operated by it, have been less than its receipts from the same source during the corresponding period (averaged over the three-year period immediately preceding the exercise of such powers) the communications provider shall, other things being equal and subject to subsection (3), be entitled to reasonable compensation.

(2) Any compensation to be paid pursuant to subsection (1) shall be settled by agreement between the communications provider and the Governor or in case agreement cannot be reached may be determined by arbitration.

(3) The communications provider shall not be entitled to compensation if and so far as the exercise of the Governor’s powers under section 51 is made for the purpose of preventing direct communication with any of Her Majesty’s enemies and, except with the consent of the Governor, no such compensation shall be paid if and so far as those powers are exercised for the purpose of :

(a) preventing indirect or suspected communication with any of Her Majesty’s enemies; or

(b) protecting the interests of Her Majesty under the apprehension of impending war.

(4) In the event of an arbitration pursuant to subsection (2), the arbitrator shall take into account all the circumstances of the case including not only such loss as described in subsection (1) but also any additional profit accruing to a communications provider by reason of the emergency which gave rise to the exercise of those powers whether from :

(a) the use of the communications provider’s electronic communications system or services so taken possession of or controlled; or

(b) the use by it of any other system of electronic communications for the transmission of traffic which would normally have been handled by the communications provider’s electronic communications services so taken possession of or controlled.

(5) A certificate signed by the Minister to the effect that an order under the terms of section 51 was made in time of war or during a proclamation of emergency and in the public interest shall be conclusive evidence of a state of war or the existence of a proclamation of emergency and that the order was made in the public interest.

Governor may in public interest prohibit transmission, or authorize interception, of telecommunication

53.- Where the Governor is satisfied that the interests of defence, public safety, public order or public morality so require, he may, acting in his discretion, by warrant under his hand, direct that any message or other information, or any class of message or other information :

(a) brought for transmission by electronic communications shall not be transmitted; or

(b) brought for transmission, or transmitted or received or being transmitted, by electronic communications shall be intercepted or detained or disclosed to the Governor or to the public officer specified in the warrant.

Powers of search and forfeiture

54.-

(1) Where a magistrate is satisfied by information on oath that there is reasonable ground for suspecting that an offence under this Act or regulations has been committed and that evidence of the commission of the offence is to be found on any premises specified in the information, he may grant a search warrant to enter, at any time within one month from the date of such warrant, the premises specified in such information, and to search such premises, and to examine, test or take possession of or seal any electronic communications equipment, any information or record pertaining to any electronic communications equipment, or any information or record relating to the provision of public electronic communications services found thereon.

(2) In subsection (1), “premises” includes any British ship, aircraft, hovercraft, platform or rig registered in Bermuda whether within or outside Bermuda, or any structure or formation attached to any submarine area adjacent to the coast of Bermuda in respect of which Bermuda has the right to the exploitation of the seabed and subsoil thereof and used for any purpose authorized by or pursuant to any Act.

(3) A magistrate may, upon application by or on behalf of the Minister or by or on behalf of the Authority, order that any equipment in respect of which there has been a contravention or attempted contravention of this Act be forfeited, whether or not proceedings have been taken against any person in respect of the contravention or attempted contravention.

Limitation of certain restrictions in leases, licences and other agreements

55.-

(1) The Authority may, in order to promote effective competition and consumer choice, issue an adjudicative decision and order which shall have the effect of limiting or voiding any provision :

(a) contained in a lease, licence or other agreement relating to a particular end-user’s premises which imposes on the occupant a prohibition or restriction limiting the occupant’s choice of communications provider, or the person through which such services are arranged, to a person with an interest in the premises or that person’s designee; or

(b) contained in a lease whose term is one year or more in duration which imposes any other prohibition or restriction on a lessee with respect to an electronic communications service or a related activity inside the building or on the premises such as installation, maintenance or repair by giving such provisions effect as if the lessor, licensor or other party to the agreement had agreed not to withhold consent unreasonably for deviations from the applicable restrictions or prohibitions.

(2) The Authority shall consider all of the relevant circumstances in determining whether consent has been unreasonably withheld, subject to the principle that no end-user shall unreasonably be denied access to electronic communications.

(3) In respect of leases, licences or agreements granted or entered into before the commencement of this Act, the consent of the Minister shall be required before an adjudicative decision and order issued by the Authority pursuant to this section may take effect.

 

PART 11.- OFFENCES

Contravention of section 12 or section 18(6) an offence

56.-

(1) Any communications provider and any director, officer or employee of a communications provider who has official duties in connection with a communications provider and who contravenes any provision of section 12, 18(6) or of any regulations or administrative determination concerning the provision of electronic communications commits an offence triable either way and is liable on conviction :

(a) if an individual, to imprisonment for two years or a fine of $50,000, or both; or

(b) if a person, other than an individual, to a fine of $150,000; and

(c) in either case, in the event of a continuing offence, a further fine of $25,000 for every day during which the offence continues.

(2) Where any person is convicted of an offence under this section the court, where it is proved to its satisfaction that the contravention includes the illegal operation or possession of any apparatus, may order the confiscation of the apparatus.

Contravention of sections 38(1), 38(2) or 43 an offence

57.-

(1) Any person who contravenes any provision of sections 38(1), 38(2) or 43 or of any regulations or administrative determination concerning radio spectrum, radio stations or radio apparatus commits an offence triable either way and is liable on conviction :

(a) if an individual, to imprisonment for two years or a fine of to $50,000, or both; or

(b) if a person, other than an individual, to a fine of $150,000; and

(c) in either case, in the event of a continuing offence, a further fine of $25,000 for every day during which the offence continues.

(2) Where any person is convicted of an offence under this section the court, where it is proved to its satisfaction that the contravention includes the illegal operation or possession of any apparatus, may order the confiscation of the apparatus and any antenna.

Failure to pay fees imposed in accordance with sections 11, 15(b), 19, 34(6), 40, 46, 47(3) or 50(4)

58.- Any person who fails to pay a fee established in accordance with the provisions of sections 11, 15(b), 19, 34(6), 40, 46, 47(3) or 50(4) commits an offence triable either way and is liable on conviction :

(a) to a fine of $50,000 and a further fine of $5,000 for every day during which the offence continues; and

(b) to pay to the Authority a sum equal to twice the amount of any fee that would have been payable pursuant to the relevant section but for the commission of the offence.

Contravention of section 42 an offence

59.-

(1) Any person who wilfully contravenes any provision of section 42 commits an offence and is liable :

(a) if an individual :

(i) on summary conviction, to imprisonment for two years or a fine of $20,000, or both; or

(ii) on conviction on indictment, to imprisonment for five years or a fine of $50,000, or both; or

(b) if a person, other than an individual, triable either way and on conviction to a fine of $150,000 and in the case of a continuing offence a further fine of $5,000 for every day during which the offence continues.

(2) Where any person is convicted of an offence under this section the court, where it is proved to its satisfaction that the contravention includes the illegal operation or possession of any apparatus, may order the confiscation of the apparatus and any antenna.

(3) Where the court finds that harmful interference has been caused, whether wilfully or not, it may direct that the person responsible shall bear the costs of any technical investigation made in order to establish the existence and cause of such harmful interference.

Contravention of section 44(2) an offence

60.- In the event of a contravention of section 44(2) the master of the vessel or the captain of the aircraft, as the case may be, or the person at whose direction the radio apparatus was used, commits an offence triable either way and is liable on conviction to a fine of $50,000.

Transmitting or receiving messages by unlicensed means of electronic communications

61.- Any person who, knowing or having reason to believe that a means of transmitting telecommunication is being maintained in contravention of this Act, transmits or receives any messages by such means of electronic communications or performs any service incidental to the transmission or reception of any such message or delivers any message for transmission by such means of electronic communications or takes delivery of any message sent thereby commits an offence triable either way and is liable on conviction to a fine of $50,000.

Offences by communications providers and their directors, officers or employees

62.- Any provider of public electronic communications and any director, officer or employee of a communications provider who has official duties in connection with a public electronic communications service commits an offence triable either way if such person or persons :

(a) wilfully destroy, secrete or alter any message that they have received for transmission or delivery;

(b) forges any message, or utters or transmits any message that they know to be forged;

(c) wilfully abstain from transmitting any message or wilfully intercept or detain or delay any message, unless for legitimate service purposes in accordance with Schedule 2;

(d) otherwise than in pursuance of their duty or as directed by the Governor or a court, copy any message or disclose any message or the purport of any message to any person other than the person to whom the message is addressed; or

(e) uses information (from any message they have received for transmission or delivery) for personal reasons unrelated to official duties, and is liable on conviction to imprisonment for two years or a fine of $50,000, or both.

Destruction of messages by a person other than a director, officer or employee of a communications provider

63.- Any person, not being a director, officer or employee of a provider of public electronic communications commits an offence triable either way if he :

(a) wilfully destroys, secretes, detains or delays a message intended for delivery to some other person;

(b) having been required by a telecommunication officer to deliver up to him a message in the possession of that person and intended for delivery to some other person, refuses or neglects to do so; or

(c) knowingly or negligently delivers a message or communication to any person not authorized to receive the same, and is liable on conviction to imprisonment for one year or a fine of $50,000, or both.

Importation or sale of equipment in contravention of section 50

64.-

(1) A person commits an offence triable either way if he imports or sells any apparatus or equipment used for the provision of electronic communications networks or any radio station or apparatus in breach of section 50(1) and (2) and is liable on conviction :

(a) if an individual, to imprisonment for one year or a fine of $25,000, or both; or

(b) if a person, other than an individual, to a fine of $50,000.

(2) Where any person is convicted of an offence under this section the court, where it is proved to its satisfaction that the contravention includes the illegal importation or sale of any apparatus or equipment used for the provision of electronic communications networks or any radio station or apparatus, may order the destruction of the apparatus or equipment.

Damaging electronic communications apparatus with intent

65.-

(1) Any person commits an offence triable either way if he damages, removes or interferes in any way whatsoever with a electronic communications apparatus or uses it with intent to :

(a) prevent or obstruct the transmission or delivery of a message;

(b) intercept or discover the contents of a message; or

(c) defraud any person.

(2) Any person commits an offence triable either way if he without authorization connects to or wilfully damages, removes or interferes with any electronic communications apparatus including any apparatus which is designed or adapted for use in connection with the running of a cable television service and, in particular :

(a) any line, that is to say, any wire, cable, tube, pipe or other similar thing (including its casing or coating) which is so designed or adapted; or any structure, pole or other thing in, on, by or from which any electronic communications apparatus is or may be installed, supported, carried or suspended.

(3) A person guilty of an offence under this section is liable :

(a) if an individual, for each offence :

(i) on summary conviction, to a fine of $20,000 or imprisonment for one year, or both, and in the case of a continuing offence a further fine of $500 for every day during which the offence continues; or

(ii) on conviction on indictment, to imprisonment for five years or a fine of $50,000, or both, and in the case of a continuing offence a further fine of $1,000 for every day during which the offence continues; or

(b) if a person, other than an individual, triable either way, for each offence on conviction to a fine of $150,000 and in the case of a continuing offence a further fine of $5,000 for every day during which the offence continues.

Transmission of false messages

66.- Any person who transmits, or causes to be transmitted by electronic communications, a message that he knows to be false commits an offence triable either way and is liable on conviction to imprisonment for one year or a fine of $20,000, or both.

Obtaining public electronic communications service with intent to avoid charges

67.- Any person who obtains a public electronic communications service with intent to avoid payment of applicable charges for such service commits an offence and is liable for each offence :

(a) if an individual :

(i) on summary conviction, to imprisonment for one year or a fine of $20,000, or both; or

(ii) on conviction on indictment, to imprisonment for two years or a fine of $50,000, or both; or

(b) if a person, other than an individual, triable either way, on conviction to a fine of $150,000.

Improper use of public electronic communications service

68.-

(1) Any person commits an offence triable either way if he :

(a) sends, by means of a public electronic communications service, a message or other matter that is grossly offensive or of an indecent, obscene or menacing character;

(b) sends by those means, for the purpose of causing annoyance, inconvenience or needless anxiety to another, a message that he knows to be false or persistently makes use for that purpose of a public electronic communications service;

(c) by means of the telephone :

(i) makes any comment, request, suggestion or proposal which is obscene, lewd, lascivious, filthy, or indecent;

(ii) makes multiple telephone calls, whether or not conversation ensues, without disclosing his identity and with intent to annoy, abuse, threaten, or harass any person at the called number;

(iii) makes or causes the telephone of another repeatedly or continuously to ring, with intent to harass any person at the called number; or

(iv) makes repeated telephone calls, during which conversation ensues, solely to harass any person at the dialled number; or

(d) knowingly permits any electronic communications apparatus under his control to be used for any purpose prohibited by this subsection, and is liable on conviction to imprisonment for one year or a fine of $25,000, or both.

(2) Any person who by means of a public electronic communications service :

(a) obtains information from a computer which he is not authorized by the owner of the computer or the owner of the information to possess; or

(b) without the authority of the owner of the computer or the owner of the information changes information stored in a computer or in any way interferes with the programme, commits an offence and is liable on summary conviction to imprisonment for one year or a fine of $20,000 or both or, on conviction on indictment, to imprisonment for two years or a fine of $50,000 or both.

(3) Any person, be he a participant or not, in the act or acts penalized in subsection (2) who knowingly possesses any tape record, wire record, disk record or any other record of any information secured in the manner prohibited by subsection (2), or replays the same to any person or communicates the contents thereof whether complete or partial either verbally or in writing or in any other manner to any other person commits an offence and is liable :

(a) on summary conviction, to imprisonment for one year or a fine of $20,000 or both; or

(b) on conviction on indictment, to imprisonment for two years or a fine of $50,000 or both.

(4) For the purposes of subsection (2) “computer” means a programmable electronic device that can store and process data and from which data can be retrieved.

Contravention of section 30 an offence

69.- Any person who contravenes section 30(2) to (6) commits an offence and is liable :

(a) on summary conviction, to imprisonment for one year or a fine of $20,000 or both; or

(b) on conviction on indictment, to imprisonment for two years or a fine of $50,000 or both.

Contravention of section 53 an offence

70.- Any person who fails to comply with a warrant under section 53 commits an offence and is liable on summary conviction to imprisonment for one year or a fine of $20,000 or both.

Obstruction of Minister, etc an offence

71.- Any person who wilfully obstructs the Minister or the Authority or any public officer in the exercise of any power conferred upon him or them by section 54, or any other provision of this Act, commits an offence and is liable on summary conviction to imprisonment for six months or a fine of $10,000 or both.

PART 12.- TRANSITIONAL PROVISIONS

Application of Transitional Provisions

72.- The provisions of this Part, including the procedures and timetables herein, shall apply notwithstanding any contrary provisions contained in this Act or the Regulatory Authority Act 2011.

Transition to ICOLs and associated spectrum licences and permits

73.-

(1) The Minister, no later than 10 days following the date of commencement of this Part, shall direct the Authority to initiate a public consultation concerning the basic terms and conditions of the ICOL, and the Authority shall :

(a) initiate a public consultation no later than five days following receipt of the Minister’s direction by publishing a document containing the proposed set of basic terms and conditions to be in the ICOL, including those provided in section 17(2); and

(b) submit to the Minister a proposal for a standard form of ICOL no later than 60 days following the date of initiation of the consultation.

(2) The Minister, within 30 days of the date on which the Authority submits the proposed standard form of ICOL, shall :

(a) make regulations that establish the basic terms and conditions of the ICOL; and

(b) direct the Authority, in the public interest, to modify the terms and conditions of each licence or deemed licence held under the Telecommunications Act 1986, on the date of commencement of this Part, by an entity listed in Schedule 1, for the purposes of :

(i) expanding the scope of all such pre-existing licences to authorize each licence holder to operate and provide any and all public electronic communications in accordance with section 18(1), for a period not exceeding 20 years from the date on which the licence modifications come into operation, subject to the limitations in subsection (5);

(ii) normalizing all such pre-existing licences to ensure that they conform to the provisions of this Act and the regulations referred to in paragraph (a); and

(iii) ensuring that the terms and conditions applicable to all ICOL holders are as homogenous as possible and not unreasonably discriminatory; and

(c) direct the Authority to issue any associated spectrum licences reflecting each such licence holder’s spectrum assignments as at the date of commencement of this Part, in accordance with section 38, provided that :

(i) any such spectrum licences shall have a duration of 18 months from the date of issue;

(ii) the holders of any such licences shall be subject to a requirement to pay any fees for use of the spectrum that may be imposed in accordance with section 40; and

(iii) all such licence holders that were responsible for paying, or for collecting and remitting, to the Minister any licence fees for the use of radio communication equipment as at the date of commencement of this Part in accordance with the Government Fees Regulations 1976 shall continue to be required to pay such fees until a new Schedule of fees is established.

(3) The Authority shall issue a decision and order modifying each of the licences of the communications providers in Schedule 1, which shall :

(a) have the effect of converting their pre-existing licences into ICOLs in conformity with the regulations made by the Minister under subsection (2) (a);

(b) provide for the issuance of associated spectrum licences, if any; and

(c) be issued by the Authority no later than 150 days following the date of commencement of this Part.

(4) The modifications ordered by the Authority for all pre-existing licences held by the communications providers listed in Schedule 1 shall :

(a) take effect on the date specified by the Minister in a direction to the Authority and stipulated in each of the modified licences, subject to the limitations of subsection (5) respecting the operation of certain provisions of the modified licences;

(b) come into operation in any event no later than 30 days following publication of the modification orders issued by the Authority; and

(c) take effect on the same date, subject to the limitations of subsection (5) respecting the operation of certain provisions of the modified licences.

(5) The operation of certain provisions of any ICOL referred to in subsection (3) shall be suspended automatically insofar as they authorize the licence holder to construct, provide or offer any additional electronic communications networks or electronic communications services that were not authorized by the licence holder’s pre-existing public telecommunications licence, or otherwise lawfully permitted as at the date of commencement of this Part, under either of the following circumstances :

(a) if the Authority determines, in accordance with section 74(b), that a licence holder, individually or together with others, has significant market power in one or more relevant markets, in which case suspension of the relevant provisions shall continue in effect as applied to that licence holder until the Authority issues a written notice, and publishes such notice on its official website, confirming that such licence holder has satisfactorily complied with any ex ante obligations imposed by the Authority in accordance with section 24; or

(b) if the Authority determines, in accordance with section 74(c), that a licence holder has failed to pay any fees found to be due and payable under its preexisting licence, in which case suspension of the relevant provisions shall continue in effect until the Authority issues a notice, and publishes such notice on its official website, confirming that all amounts in arrears have been paid in full to the Authority for transfer to the Consolidated Fund.

(6) For the purposes of this section, the Bermuda Telephone Company Acts shall together be deemed to constitute a licence granted to the Bermuda Telephone Company and in effect as at the date of commencement of this Part.

(7) The licence held by the Bermuda Land Development Company Limited (“BLDC”) as at the date of commencement of this Part shall be modified in accordance with subsection (3), provided, however, that :

(a) the geographic scope of the modified licence shall be coextensive with the scheduled properties in the Base Lands Development Act 1996 in respect of BLDC’s provision of electronic communications networks;

(b) BLDC shall be authorized to market, offer, sell or provide services only to customers that are tenants occupying one or more of the scheduled properties referred to in paragraph (a) for their use in connection with such property, or to other duly authorized communications providers serving or seeking to serve such customers; and

(c) these geographic limitations shall remain in effect for at least as long as the total number of ICOLs in effect remains limited in accordance with the licensing policy established by the Minister.

(8) Until such time as the Authority has determined that number portability or the equivalent has been implemented in accordance with section 47 :

(a) ICOL holders that have been assigned numbers under the numbering plan shall provide end-users with carrier pre-selection for international calls; and

(b) the Authority, following a consultation, may adopt an interim solution to ensure that end-users are able to port their telephone numbers from one ICOL holder to another for some or all categories of calls on reasonable terms and conditions, unless the Authority determines that it is in the public interest to maintain carrier pre-selection.

(9) Notwithstanding subsection (8), the Authority has a discretion to retain or eliminate carrier pre-selection.

Timing of other actions by the Authority to facilitate the transition to ICOLs

74.- The Authority shall :

(1) issue a notice in accordance with section 22 no later than 10 days following the commencement of this Part;

(2) initiate one or more public consultations by publishing a preliminary decision and order, including a proposed general determination, in accordance with section 23(4) no later than 30 days after the date of commencement of this Part and, notwithstanding the process in section 72 of the Regulatory Authority Act 2011 :

(a) on that basis make one or more general determinations designating any operator with significant market power, whether individually or together with others, in a relevant market or markets no later than 90 days after initiating the consultation; and

(b) following a public consultation, issue decisions and orders specifying any applicable ex ante remedies in accordance with section 24 no later than 240 days following the date of commencement of this Part;

(c) initiate an investigation no later than 60 days after the commencement of this Part to determine whether all fees due and payable by any licence holder listed in Schedule 1 as at the date of commencement of this Part under its pre-existing licence have in fact been paid in accordance with the Government Fees Regulations 1976, and issue an administrative determination within 60 days following initiation of the investigation that specifies :

(i) any amounts which the Authority determines are in arrears, including any applicable interest and penalties; and

(ii) the calculations supporting its determination; and

(d) initiate a public consultation by :

(i) publishing a preliminary decision and order, including a proposed general determination, in accordance with sections 16(2)(b) to (d) and section 17(1) in relation to class licenses, licence exemptions and any other types of COL that the Authority deems necessary as a transitional measure, no later than 30 days after the date of commencement of this Part; and

(ii) on that basis, notwithstanding the process set out in section 72 of the Regulatory Authority Act 2011, make a general determination no later than 90 days after initiating the consultation in respect of the relevant licensing procedures that shall be in effect during the moratorium period established pursuant to section 75 of this Act.

Moratorium on the award of ICOLs and other public communications operating licences

75.-

(1) No earlier than one year following the date of commencement of this Part and no later than three years after such date, the Minister shall direct the Authority to commence a review to determine whether further liberalisation of the electronic communications sector would be in the public interest, including by means of awarding any additional ICOLs or other types of public COLs, taking into account among other factors the impact on investment and sustainable competition in the electronic communications sector and the benefits to consumers.

(2) The Authority shall conduct the review referred to in subsection (1), following the procedures and timetable for sectoral reviews in section 17 of the Regulatory Authority Act 2011, unless the Minister directs otherwise.

(3) The Authority shall submit its recommendations to the Minister, and the Minister shall give due consideration to the Authority’s findings and conclusions in making a decision whether to authorize the grant of additional ICOLs or other types of public COLs and establishing a date or dates for the grant of any such licences.

(4) The Authority may, after conferring with the Minister, delay the commencement of the first sectoral review provided for in section 17(5) of the Regulatory Authority Act 2011 by no more than two years if the Authority concludes that such a postponement is justified in light of the data obtained or expected to be obtained from the market reviews and the liberalisation review referred to in subsection (1) and section 74(b).

(5) Prior to the date or dates determined by the Minister pursuant to subsection (3), neither the Minister nor the Authority may grant :

(a) any additional ICOLs to licensees not listed in Schedule 1; or

(b) any COLs not otherwise authorized by section 73, with the exception of :

(i) COLs authorizing the provision of satellite services; and

(ii) COLs for the provision of other public electronic communications networks or services to any communications provider that was providing public telecommunications services for a period of at least the six months immediately before the date of assent to this Act, provided that all of the following conditions are met :

(A) the communications provider applies for a new COL or a normalized COL no later than 150 days following the date of commencement of this Part;

(B) any such communications provider is determined by the Authority to have paid any and all fees due and payable in accordance with the Government Fees Regulations 1976;

(C) the scope of electronic communications authorized by any licence issued or normalized pursuant to this paragraph shall be limited to the type or types of electronic communications that the communications provider can document it was providing on a commercial basis six months prior to the date of assent to this Act, as determined by the Authority; and

(D) the Minister, following a public consultation and an affirmative recommendation by the Authority, determines that the grant or normalization of any such licence is in the public interest and instructs the Authority to issue a limited COL, which shall have retroactive effect to the date of commencement of this Act.

(c) any class COLs or exemptions from the obligation to hold a COL, except as provided in section 16(2)(d)(i) to (iii).

Normalization of other licences and grant of associated spectrum licences and permits

76.- The Authority, with the written consent of the Minister, shall establish procedures for :

(a) the normalization of any licences granted prior to the date of commencement of this Part and authorized in accordance with this Act, and not otherwise covered by section 73 or 75(5); and

(b) the grant of any associated spectrum licences and permits reflecting each such licence holder’s spectrum assignments as at the date of commencement of this Part, in accordance with section 38, provided that such spectrum licences shall have a duration of 18 months from the date of issue.

Nullification of certain licences

77.- Any licences authorizing the provision of electronic communications that were granted prior to the commencement of this Part and which the Authority determines, following an adjudication, are not eligible to be authorized under this Act in accordance with Schedule 1 or sections 75(5)(b) and (c) shall be null and void and deemed to be revoked by the Minister.

Transitional spectrum investigation

78.- The Authority shall conduct an investigation of the spectrum assignments reflected in the spectrum licences granted to ICOL holders pursuant to section 73(2)(c) and any other COL holders pursuant to section 76 for the purpose of determining whether the frequencies assigned are being utilized efficiently, and the Authority may, upon expiry of the 18 month term :

(a) decline to renew the spectrum licence; or

(b) modify the spectrum licence to authorize the use of a reduced amount of spectrum,

if the licence holder fails to demonstrate a reasonable need for some or all of the spectrum assigned to it, and the Authority concludes that such measures are necessary to ensure the efficient use of spectrum.

Status of pre-existing instruments

79.-

(1) All statutory instruments, administrative determinations, authorizations and adjudicative decisions and orders or their equivalent that :

(a) relate to electronic communications;

(b) were made or given effect in accordance with the Telecommunications Act 1986; and

(c) were in operation as at the date of commencement of this Act,

shall remain in full force and effect until their disposition is determined by the Minister or the Authority, as the case may be, in accordance with the provisions of this Act and section 17 of the Interpretation Act 1951.

(2) Notwithstanding subsection (1), in the event of an irreconcilable conflict between this Act and any legal instruments remaining in effect during the transition pursuant to subsection (1), the provisions of this Act shall prevail from the date of commencement of the relevant section of this Act.

Transitional provisions relating to pending matters and pre-existing agreements

80.-

(1) The provisions of sections 21, 23, 23A, 42A and 43 of the Telecommunications Act 1986, shall remain in full force and effect :

(a) in the case of any communications provider that is designated as having significant market power in any relevant market pursuant to section 74(b) (i), until the Authority publishes a written notice confirming that the communications provider has complied with all applicable ex ante obligations in accordance with section 73(5)(a); or

(b) in the case of a communications provider that is not designated as having significant market power in any relevant market pursuant to section 74(b) (i), one day after the date on which the Authority issues a general determination pursuant to section 74(b)(i).

(2) In reaching a decision or decisions in the first round of market reviews in accordance with section 74(b) or in any other consultation that is completed within one year of the date of commencement of this Part, the Authority may rely on information and evidence obtained or conclusions reached by the Minister, the Department of Telecommunications or the Telecommunications Commission on or after 30 June 2008.

(3) Any matters relating to the electronic communications sector pending before the Minister or the Telecommunications Commission as at the date of commencement of this Part shall be transferred to the Authority for resolution in accordance with the procedures established by the Regulatory Authority Act 2011, subject to any modifications that the Authority may deem appropriate and efficient, depending on the status of each case.

(4) The Authority may require modifications to any interconnection agreement to which a communications provider with significant market power is a party, and which was in effect as at the date of commencement of this Part, in order to bring such agreement into conformity with the provisions of this Act when imposing obligations pursuant to section 24(1).

Transitional provisions relating to government authorization fees

80.-

(1) The fees applicable to participants in the electronic communications sector under the Government Fees Regulations 1976 immediately prior to the commencement of this Part shall remain in effect without change until modified, suspended or withdrawn by amendment to the Government Fees Regulations 1976.

 

PART 13.- FINAL PROVISIONS

Interpretation of the Bermuda Telephone Company Acts and the Base Lands Development Act 1996

82.- To the extent possible, the provisions of the Bermuda Telephone Company Acts and the Base Lands Development Act 1996 shall be construed consistently with the provisions of this Act and, in the event of an irreconcilable conflict, the provisions of this Act shall prevail.

Application of Telecommunications Act 1986

83.-

(1) The Minister may make regulations which amend or repeal provisions of the Telecommunications Act 1986 in their application to the electronic communications sector (other than broadcasting) as may be necessary or expedient as a result of, or in anticipation of, the coming into operation of provisions of this Act.

(2) Accordingly, and as provided by such regulations, the Telecommunications Act 1986, or specified provisions of that Act, will cease to apply to the electronic communications sector (other than broadcasting) or to any class or category of communications provider.

(3) For the avoidance of doubt, regulations under this section shall not affect the continuing application of the Telecommunications Act 1986 to broadcasting.

Crown binding

84.- This Act binds the Crown.

Parliamentary scrutiny

85.- Unless this Act expressly provides to the contrary, any statutory instrument made by the Minister pursuant to this Act shall be subject to the negative resolution procedure.

Commencement

86.- This Act, or any provisions of this Act, shall come into operation on such day or days, and in respect of such class or category of communications provider, as the Minister appoints by notice in the Gazette, provided that all the provisions of Part 12 shall come into operation on the same day.

 

 

SCHEDULE 1

(section 73)

 

LIST OF ENTITIES WITH LICENCES ELIGIBLE FOR CONVERSION TO INTEGRATED COMMUNICATIONS OPERATING LICENCES IN ACCORDANCE WITH SECTION 73

The following are the entities referred to in section 73(2)(b) :

1 BDB Ltd.

2 Bermuda Cablevision Limited

3 Bermuda Digital Communications Ltd.

4 Bermuda Land Development Company Limited (subject to the geographic limitations set out in section 73(7))

5 Bermuda Telephone Company Limited

6 Brasil Telecom Subsea Cable Systems (Bermuda) Ltd.

7 Cable Co. Ltd.

8 Deltronics Limited

9 Digital Mobile Television Limited

10 Electronic Communications Limited

11 FKB Net Ltd.

12 iTech (Bermuda) Limited

13 LinkBermuda Ltd.

14 Logic Communications Ltd.

15 North Rock Communications Ltd.

16 Quantum Communications Limited

17 TeleBermuda International Limited

18 Telecommunications (Bermuda & West Indies) Limited

19 Telecommunications Networks Limited

20 Transact Limited

21 World on Wireless Limited

 

 

SCHEDULE 2

(section 30(7))

 

COMMUNICATIONS ASSISTANCE FOR LAW ENFORCEMENT

 

Interpretation

 

1.- In this Schedule, unless the context otherwise requires :

“call-identifying information” means dialling or signalling information that identifies the origin, direction, destination or termination of each telecommunication generated or received by a subscriber by means of any electronic communications facility or service of a communications provider;

“commercial mobile service” means any mobile service that is provided for profit and makes interconnected service available to the public or to such classes of eligible users as to be effectively available to a substantial portion of the public;

“electronic communications support services” means a product, software, or service used by a communications provider for the internal signalling or switching functions of its electronic communications network;

“facility” means any facility, electronic communications apparatus or other thing that is used for electronic communications or for any operation directly connected with electronic communications;

“mobile service” means a radio communication service carried on between mobile stations or receivers and land stations and by mobile stations communicating among themselves, and includes :

(a) both one-way and two-way radiocommunication services; and

(b) a radiocommunication service which provides a regularly interacting group of base, mobile, portable, and associated control and relay stations (whether licensed on an individual, cooperative or multiple basis) for private one-way or two-way land mobile radio communications by eligible users over designated areas of operation;

“pen register” means a device or process which records or decodes dialling, routing, addressing or signalling information (other than the contents of a communication) transmitted by an instrument or facility from which a telecommunication is transmitted, but does not include :

(a) any device or process used by a provider or customer of an electronic communications service for billing or recording as an incident to billing, for communications services provided by such provider; or

(b) any device or process used by a provider or customer of a wire communication service for cost accounting or other like purposes in the ordinary course of its business;

“telecommunication” means a message, signal or any other information transmitted by means of electronic communications, but does not include :

(a) a communication made through a tone-only paging device;

(b) a communication from a tracking device; or

(c) electronic funds transfer information stored by a financial institution in a communications system used for the electronic storage and transfer of funds;

“trap and trace device” means a device or process which captures the incoming electronic or other impulses which identify the originating number or other dialling, routing, addressing and signalling information (other than the contents of a communication) that is reasonably likely to identify the source of a telecommunication;

“wire” or “wire communication” means the transmission of writing, signs, signals, pictures and sounds of all kinds by aid of wire, cable, optical fibre, or other such like physical connection between the points of origin and the reception of such transmission, including all instrumentalities, facilities, apparatuses, and services (including, the receipt, forwarding, and delivery of communications) incidental to such transmission and cognate expressions shall be construed accordingly.

Assistance capability requirements

2.-

(1) Subject to subparagraphs (2) to (5), a communications provider shall ensure that its electronic communications facilities and services that provide a customer or subscriber with the ability to originate, terminate or direct communications are capable of :

(a) expeditiously isolating and enabling the Police, pursuant to a warrant issued by the Governor under section 53, to intercept, to the exclusion of any other communications, all electronic communications carried by the communications provider within an electronic communications service area to or from electronic communications facilities or services of a subscriber of such communications provider :

(i) concurrently with their transmission to or from the subscriber’s electronic communications facility or service; or

(ii) at such later time as may be acceptable to the Police;

(b) expeditiously isolating and enabling the Police, pursuant to a warrant issued by the Governor under section 53, to access call-identifying information that is reasonably available to the communications provider :

(i) before, during or immediately after the transmission of a telecommunication (or at such later time as may be acceptable to the Police); and

(ii) in a manner that allows it to be associated with the communication to which it pertains;

(c) delivering intercepted communications and call-identifying information to the Police, pursuant to a warrant issued by the Governor under section 53, in a format such that they may be transmitted by means of electronic communications facilities or services procured by the Police to a location other than the premises of the communications provider; and

(d) facilitating authorized communications interceptions and access to callidentifying information unobtrusively and with a minimum of interference with any subscriber’s electronic communications service and in a manner that protects :

(i) the privacy and security of communications and call-identifying information not authorized to be intercepted; and

(ii) information regarding the interception by the Police of communications and Police access to call-identifying information.

(2) This paragraph does not authorize the Police :

(a) to require any specific design of electronic communications facilities, services, features, or system configurations to be adopted by any communications provider or provider of electronic communications support services; or

(b) to prohibit the adoption of any electronic communications facility, service or feature by any communications provider or provider of electronic communications support services.

(3) The requirements of subparagraph (1) do not apply to electronic communications facilities and services that support the transport or switching of communications for private networks or for the sole purpose of interconnecting communications provider.

(4) In emergency circumstances, a communications provider at its discretion may comply with subparagraph (1)(c) by allowing monitoring at its premises if that is the only means of accomplishing the interception or access.

(5) A communications provider that :

(a) provides a commercial mobile service offering a feature or service which allows subscribers to redirect, hand off or assign their electronic communications to another service area or another communications provider or to utilize facilities in another service area or of another communications provider; and

(b) had been providing assistance for the interception of electronic communications or access to call-identifying information pursuant to a warrant issued by the Governor under section 53, but no longer has access to the content of such communications or call-identifying information within the service area in which interception has been occurring as a result of the subscriber’s use of such a feature or service, shall ensure that information is made available to the Police (before, during or immediately after the transfer of such communications) identifying the provider of an electronic communication service that has acquired access to the communications.

Capacity requirements

3.-

(1) The Minister shall, after consulting with the Minister responsible for public safety, publish in the Gazette a notice of  :

(a) the actual number of communication interceptions, pen registers and trap and trace devices, representing a portion of the maximum capacity under paragraph (b), that the Minister responsible for public safety estimates the Police may conduct and use simultaneously by the date that is three years after the date of publication of the notice; and

(b) the maximum capacity required to accommodate all of the communication interceptions, pen registers and trap and trace devices that the Minister responsible for public safety estimates the Police may conduct and use simultaneously after the date that is three years after the date of publication of the notice.

(2) Within one year after the publication of a notice under subparagraph (1), a communications provider shall ensure that its systems are capable of accommodating simultaneously the number of interceptions, pen registers and trap and trace devices specified in the notice under subparagraph (1)(a).

(3) Within three years after the publication of a notice under subparagraph (1), a communications provider shall ensure that it can accommodate expeditiously any increase in the actual number of communication interceptions, pen registers and trap and trace devices that the Police may seek to conduct and use, up to the maximum capacity requirement specified in the notice under subparagraph (1)(b).

(4) The Minister may from time to time, after consulting with the Minister responsible for public safety, vary the maximum capacity requirement issued under subparagraph (1)(b) and the Minister shall publish a notice of any such variance in the Gazette.

(5) Section 6 of the Statutory Instruments Act 1977 does not apply to a notice issued under this paragraph.

Exemptions from capacity requirements

4.-

(1) The Minister, after consulting with the Minister responsible for public safety, may issue a directive to a communications provider exempting it from meeting its obligations under paragraphs 3(2) and (3) and directing the communications provider to accommodate such reduced number of interceptions, pen registers and trap and trace devices as are specified in the directive, within the time referred to in those paragraphs.

(2) A directive issued to a particular communications provider under this paragraph is not a statutory instrument and need not be published in the Gazette but the directive shall have no legal effect until it is delivered to the communications provider.

Cooperation of providers of electronic communications support services

5.-

(1) A communications provider shall consult, as necessary, in a timely fashion with providers of electronic communications support services for the purpose of ensuring that current and planned electronic communications facilities and services comply with the requirements referred to in paragraphs 2 and 3(2) and (3).

(2) A provider of electronic communications support services shall, on a reasonably timely basis and at a reasonable charge, make available to communications providers using its electronic communications facilities or services such features or modifications as are necessary to permit such communications providers to comply with the requirements of paragraphs 2 and 3(2) and (3).

No degradation of capabilities

6.- A communications provider that meets, in whole or in part, a requirement referred to in paragraphs 2 or 3(2) or (3) in respect of electronic communications apparatus that the communications provider operates shall continue to so meet that requirement.

Maintaining capabilities in respect of new services

7.- A communications provider that meets, in whole or in part, a requirement under paragraphs 2 or 3(2) or (3) in respect of electronic communications apparatus that the communications provider operates in connection with any of the communications provider’s electronic communications services shall meet that requirement to the same extent in respect of any new service that the communications provider begins to provide using that electronic communications apparatus.

Beginning to operate electronic communications apparatus

8.-

(1) A communications provider that begins to operate any electronic communications apparatus for the purpose of providing electronic communications services shall meet the requirements under paragraphs 2 and 3(2) and (3), whether by means of the electronic communications apparatus itself or by any other means.

(2) Subparagraph (1) does not apply in respect of electronic communications apparatus that a communications provider acquires from another communications provider and operates in order to continue to provide the same electronic communications service to approximately the same users.

(3) Notwithstanding subparagraph (2), the acquiring communications provider shall continue to meet any requirement referred to in subparagraph (1) that the communications provider from whom the electronic communications apparatus was acquired was obligated to meet.

New software

9.-

(1) When a communications provider installs new software for any electronic communications apparatus that the communications provider operates, the communications provider shall meet the requirements under paragraphs 2 and 3(2) and (3) in respect of that electronic communications apparatus to the extent that the communications provider would be enabled to meet those requirements by the installation of the software in the form available from the software’s manufacturer that would most increase the communications provider’s ability to meet those requirements.

(2) Subparagraph (1) applies even if the form of the software in question would require the communications provider to acquire additional software licences or electronic communications facilities to achieve that increased ability.

Maximum capacity limit

10.- A communications provider is not required, under paragraphs 6 to 8, to increase the communications provider’s capability to enable simultaneous interceptions beyond the maximum capacity limit referred to in paragraph 3.

Order suspending obligations

11.-

(1) The Minister may, by order made on the application of a communications provider, suspend in whole or in part any obligation of the communications provider to meet a requirement under paragraph 2 or 3(2) or (3) that would arise from the operation of paragraph 7 or 8.

(2) Before making an order, the Minister shall take into account the public interest in national security and law enforcement and the commercial interests of the communications provider as well as any other matter that the Minister considers relevant.

(3) The Statutory Instruments Act 1977 does not apply to an order issued under subparagraph (1) in respect of an individual communications provider.

Minister may issue directive

12.-

(1) The Minister may, at the request of the Minister responsible for public safety, if in the Minister’s opinion it is necessary to do so, issue a directive to a communications provider requiring that communications provider :

(a) to comply with any obligation under paragraphs 2 and 3(2) and (3) in a manner or within a time that the Minister specifies;

(b) to comply, in a manner or within a time that the Minister specifies, with any confidentiality or security measures respecting interceptions that the Minister specifies; or

(c) to meet a requirement under paragraph 2 or 3(2) or (3) in respect of electronic communications apparatuses operated by the communications provider that the communications provider would not otherwise be required to meet.

(2) Section 6 of the Statutory Instruments Act 1977 does not apply to a directive issued under subparagraph (1).

Mandatory reporting  : acquisition of electronic communications apparatus

13.-

(1) A communications provider that acquires electronic communications apparatus referred to in paragraph 8(2) shall, before using it in providing electronic communications services, submit to the Minister a report containing the following information :

(a) the prescribed information concerning the extent to which the communications provider meets the requirements under paragraphs 2 and 3(2) and (3) in respect of the electronic communications apparatus; and

(b) any prescribed information relevant to the administration of this Act.

(2) A communications provider shall, at the request of the Minister, submit a report or further report in the form and manner, and within the period, that the Minister specifies containing the information referred to in paragraphs (1)(a) and (b) and any additional related information that the Minister specifies.

(3) Every report submitted under this paragraph must include a written statement certifying :

(a) that it does not contain any untrue statements or omissions of material facts;

(b) that it fairly presents the communications provider’s operations at the time of submission;

(c) that the signatory has taken steps to ensure the report’s accuracy and undertakes :

(i) to correct any material error that is detected in the report after its submission; and

(ii) to submit a revised report to the Minister as soon as possible, with another similar written statement accompanying it.

(4) The statement must be signed :

(a) if the communications provider is a corporation, by one of its officers or directors; and

(b) in any other case, by an individual who is an owner of the communications provider or by an officer or a director of a corporation that is an owner of the communications provider.

Exemption order

14.-

(1) The Minister may, after consultation with the Minister responsible for public safety, by order, exempt any class of communications provider from all or part of the obligations under paragraphs 2, 3(2) and (3), 6 to 8, 13 or under any regulations made for the purposes of any of those paragraphs.

(2) Before making an order under subparagraph (1) the Minister shall take into consideration :

(a) whether compliance with the assistance capability requirements is reasonably achievable through application of technology available within the compliance period;

(b) the extent to which the exemption would adversely affect national security or law enforcement;

(c) whether the communications providers can comply with the obligations from which they would be exempted;

(d) whether the costs of compliance with those obligations would have an unreasonable adverse effect on the business of the communications provider; and

(e) whether compliance with those obligations would unreasonably impair the provision of electronic communications services to the public or the competitiveness of Bermuda’s electronic communications industry.

(3) An order under this paragraph shall be subject to such conditions as the Minister may impose and shall extend for no longer than the earlier of :

(a) the date determined by the Minister as necessary for the communications provider to comply with the assistance capability requirements; or

(b) the date that is two years after the date on which the order was granted.

(4) An order made under this paragraph shall be subject to the negative resolution procedure.

Extension of compliance date for electronic communications apparatus, facilities and services

15.-

(1) A communications provider proposing to install or deploy, or having installed or deployed, any electronic communications apparatus, facility or service prior to the date that this paragraph comes into operation may petition the Minister for one or more extensions of the deadline for complying with the requirements under paragraph 2.

(2) The Minister may, after consultation with the Minister responsible for public safety, grant an extension if the Minister determines that compliance with the requirements under paragraph 2 is not reasonably achievable through application of technology available within the compliance period.

(3) An extension under this paragraph shall extend for no longer than the earlier of :

(a) the date determined by the Minister as necessary for the communications provider to comply with the assistance capability requirements; or

(b) the date that is two years after the date on which the extension is granted.

Enforcement orders

16.-

(1) The Supreme Court, on application by the Attorney-General, may issue an enforcement order :

(a) directing a communications provider to comply with any of the requirements of any of paragraphs 2, 3(2) and (3) and 6 to 9 forthwith; or

(b) directing a provider of electronic communications support services to the communications provider to furnish forthwith any modifications necessary for the communications provider to comply with the requirements of paragraph 2 or 3(2) or (3).

(2) The Supreme Court may only issue an order under subparagraph (1) if it finds that :

(a) the communications provider has failed to comply with any of paragraphs 2, 3(2) or (3) or 6 to 9;

(b) alternative technologies or capabilities or the facilities of another communications provider are not reasonably available to the Police for implementing the interception of communications or access to callidentifying information; and

(c) compliance with the requirements of this Schedule is reasonably achievable through the application of available technology to the electronic communications facility or service at issue or would have been reasonably achievable if timely action had been taken.

(3) Upon issuing an order under subparagraph (1), the Supreme Court shall specify a reasonable time and conditions for complying with its order, considering :

(a) the good faith efforts of the communications provider or provider of electronic communications support services to comply in a timely manner;

(b) any effect on the ability of the communications provider or provider of electronic communications support services to continue to do business;

(c) the degree of culpability of the communications provider or provider of electronic communications support services or their delay in making efforts to comply; and

(d) such other matters as justice may require.

Civil penalty

17.-

(1) Where an order is issued under paragraph 16 against a communications provider or a provider of electronic communications support services, the Supreme Court may impose a civil penalty of up to $10,000 per day for each day :

(a) after the order is issued that the communications provider or provider of electronic communications support services is in contravention of it; or

(b) after such future date as the Court may specify that the communications provider or provider of electronic communications support services is in contravention of the order.

(2) In determining whether to impose a civil penalty and its amount, the Supreme Court shall take into account :

(a) the nature, circumstances, and extent of the contravention and degree of culpability of the communications provider or provider of electronic communications support services;

(b) the ability of the communications provider or provider of electronic communications support services to pay and any effect the penalty may have on their ability to continue to do business;

(c) the good faith efforts of the communications provider or provider of electronic communications support services to comply in a timely manner and the length of any delay in undertaking efforts to comply; and

(d) such other matters as justice may require.

Record keeping requirements

18.-

(1) A communications provider shall keep :

(a) accurate records of subscriber information and changes to that information as they arise; and

(b) a separate database containing the names and addresses of all subscribers to which the communications provider provides electronic communications services, the type of services provided and, where applicable, information concerning the communication device used by the subscriber.

(2) The communications provider shall, on demand by an inspector designated under section 8(1), provide access to the subscriber records and database referred to in subparagraph (1).

(3) For the purposes of inspecting the subscriber records and database, an inspector shall have all the powers, and a communications provider shall have all the duties, referred to in sections 8(2) to (4).

(4) A communications provider shall keep information entered on subscriber records or the subscriber database available for inspection for a period of at least one year after the date on which the information was entered or modified.

Provision of subscriber information to Police

19.-

(1) A communications provider shall extract from the database referred to in paragraph 18, and provide to the Police, a database containing the prescribed subscriber information.

(2) If there is any change in the subscriber information or records maintained by the communications provider under paragraph 18, the communications provider shall immediately :

(a) update the database referred to in subparagraph (1); and

(b) provide the updated information to the Police.

Failure to comply with directive

20.- A communications provider that refuses or fails to comply with a directive issued to it by the Minister under paragraph 12 is guilty of an offence and liable on conviction by a court of summary jurisdiction to a fine not exceeding $5,000 for each day during which the refusal or failure continues.

Contravention of paragraph 13 an offence

21.- A communications provider that fails to comply with the reporting requirements of paragraph 13 commits an offence and is liable on summary conviction to a fine of $5,000 per day for each day that the communications provider fails to comply.

Contravention of paragraph 18 an offence

22.- A communications provider that fails to comply with the record keeping requirements of paragraph 18 commits an offence and is liable on summary conviction :

(a) in the case of a failure to comply with paragraph 18(1), to a fine of $5,000 per day for each day that the communications provider fails to comply; and

(b) in the case of a failure to comply with paragraph 18(2), to a fine of $25,000.

Contravention of paragraph 19 an offence

23.- A communications provider that fails to comply with the requirements of paragraph 19(1) or (2) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine of $5,000 per day for each day that the communications provider fails to comply.

Regulations

24.-

(1) The Minister may, after consultation with the Minister responsible for public safety, make regulations for the carrying out of the purposes and provisions of this Schedule and in particular, without prejudice to the generality of the foregoing, respecting the obligations of communications providers under this Schedule including :

(a) the requirements referred to in paragraphs 2 and 3(2) and (3) and the obligations to be performed by communications providers under those paragraphs;

(b) the time, manner and form in which an intercepted communication must be provided to the Police;

(c) the information to be provided in reports required under paragraph 13 and the time, manner and form for providing that information; and

(d) the content of the subscriber information to be contained in the database referred to in paragraph 19 and the time, manner and form in which it must be provided to the Police.

(2) Regulations made under this paragraph may provide that contraventions of specified provisions of such regulations shall be an offence and may provide penalties :

(a) not exceeding a fine of $10,000; and

(b) in the event of a continuing offence, a further fine of $1,000 for each day during which the offence continues.

(3) The negative resolution procedure shall apply to regulations made under this paragraph.

Transitional provision

25.-

(1) Until such time as regulations are made under paragraph 24, a communications provider shall provide to the Police, on demand from an officer above the rank of inspector, any information in the communication provider’s possession concerning a subscriber’s name, address, telephone number and information concerning the communication device used by the subscriber.

(2) A police officer may only make a demand under subsection (1) in performing a duty of the Police, including any duty related to the enforcement of the laws of Bermuda or a foreign jurisdiction.

Commencement

25.-

(1) This Schedule shall come into operation on such day or days as the Minister may appoint, under section 86, by notice published in the Gazette.

(2) For the avoidance of doubt, this Schedule may come into operation in respect of Information Service Providers on a date or dates later than the date or dates on which it comes into operation in respect of other communications providers.

(3) In this paragraph, “Information Service Provider” means a communications provider that offers a capability for generating, acquiring, storing, transforming, processing, retrieving, utilizing, or making available information via electronic communications, including :

(a) a service that permits a customer to retrieve stored information from, or file information for storage in, information storage facilities;

(b) software-based services that enable the sharing of data, images, sound, writing, or other information among computing devices controlled by the senders or recipients of the messages; and

(c) electronic publishing, but does not include a communications provider that offers such capability only for its internal management, control, or the operation of its electronic communications network.

01Ene/14

ACTA Anti-Counterfeiting Trade Agreement

Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, Australia, Canadá, la República de Corea, los Estados Unidos de América, Japón, el Reino de Marruecos, los Estados Unidos Mexicanos, Nueva Zelanda, la República de Singapur y la Confederación Suiza

 

LAS PARTES EN EL PRESENTE ACUERDO,

 

CONSIDERANDO que la observancia efectiva de los derechos de propiedad intelectual es crucial para sostener el crecimiento económico global y de todas las industrias;

 

CONSIDERANDO además que la proliferación de mercancías falsificadas y piratas así como la

proliferación de servicios que distribuyen material infractor deteriora el comercio legítimo y el desarrollo sostenible de la economía mundial, causando pérdidas económicas importantes para los titulares de los derechos y para los negocios legítimos, y en algunos casos, es una fuente de ingreso para la delincuencia organizada además de poner en riesgo al público;

 

DESEOSOS DE combatir esta proliferación a través del fortalecimiento de la cooperación internacional y a través de una observancia internacional más efectiva;

 

PRETENDIENDO facilitar los medios eficaces y apropiados, complementando el Acuerdo sobre los ADPIC, para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, tomando en consideración las diferencias entre sus respectivos sistemas jurídicos y prácticas;

 

DESEOSOS DE asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a la observancia de dichos derechos no se conviertan, a su vez, en obstáculos al comercio legítimo;

 

DESEOSOS DE enfrentar el problema de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, incluidos los que se lleven a cabo en el entorno digital, y en particular con relación a los derechos de autor o derechos conexos, de manera que equilibre los derechos e intereses de los titulares de los derechos, proveedores de servicios y usuarios relacionados;

 

DESEOSOS DE promover la cooperación entre los proveedores de servicios y titulares de los derechos para enfrentar las infracciones pertinentes en el entorno digital;

 

DESEOSOS DE que el presente Acuerdo opere en un marco de apoyo mutuo a la labor de observancia y cooperación internacional realizada dentro de las organizaciones internacionales involucradas;

 

RECONOCIENDO los principios establecidos en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y Salud Pública, adoptada el 14 de noviembre de 2001 en la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC;

 

CONVIENEN EN LO SIGUIENTE:

 

CAPÍTULO I .- DISPOSICIONES INICIALES Y DEFINICIONES GENERALES

 

SECCIÓN 1 .-DISPOSICIONES INICIALES

 

Artículo 1º.- Relación con otros acuerdos

Ninguna disposición del presente Acuerdo irá en detrimento (1) de cualquier obligación de una Parte con respecto a alguna otra Parte conforme a los acuerdos existentes, incluido el Acuerdo sobre los ADPIC.

 

Artículo 2º.- Naturaleza y alcance de las obligaciones

1. Cada Parte aplicará las disposiciones del presente Acuerdo. Una Parte podrá implementar en su legislación, una observancia más amplia a los derechos de propiedad intelectual que la requerida por el presente Acuerdo, a condición de que tal observancia no infrinja las disposiciones del mismo.

Cada Parte podrá establecer libremente el método adecuado para implementar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

2. Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo crea obligación alguna con respecto a la distribución de recursos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual y la observancia de la legislación en general.

3. Los objetivos y principios establecidos en la Parte I del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular los Artículos 7 y 8, se aplicarán mutatis mutandis, al presente Acuerdo.

 

Artículo 3º.- Relación con las normas relativas a la existencia y alcance de los derechos de propiedad intelectual

1. El presente Acuerdo se aplicará sin perjuicio de las disposiciones que rigen la existencia, la adquisición, el alcance y el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual contenidos en la legislación de cada una de las Partes.

2. El presente Acuerdo no crea obligación alguna para que una Parte aplique medidas en los casos en los que no se proteja algún derecho de propiedad intelectual conforme a sus leyes y reglamentos.

 

Artículo 4º.- Privacidad y divulgación de la información

1. Ninguna disposición del presente Acuerdo obligará a una de las Partes a divulgar:

a) información cuya divulgación sea contraria a su legislación incluidas leyes para la protección de los derechos de privacidad o a los acuerdos internacionales de los que sea parte;

b) información confidencial cuya divulgación impida la aplicación de la ley o de otro modo sea contraria al interés público; o

c) información confidencial cuya divulgación podría perjudicar los intereses comerciales legítimos de determinadas empresas, públicas o privadas.

2. Cuando una de las Partes proporcione información escrita conforme a las disposiciones del presente Acuerdo, la Parte que recibe la información deberá, sujeta a su legislación y prácticas, abstenerse de divulgar o usar la información para un propósito distinto aquél para el que se suministró la información, salvo previo consentimiento de la Parte que proporcionó la información.

 

SECCIÓN 2.- DEFINICIONES GENERALES

 

Artículo 5º.- Definiciones generales

Para efectos del presente Acuerdo y salvo cuando se especifique lo contrario:

a) “ACTA” significa Acuerdo Comercial contra la Falsificación;

b) “Comité” significa Comité del ACTA establecido conforme al Capítulo V (Disposiciones institucionales);

c) “autoridades competentes” incluye a las autoridades judiciales, administrativas o de aplicación de la ley, conforme a la legislación de una de las Partes;

d) “mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas” significa cualquier mercancía, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país en el que se invocan los procedimientos establecidos en el Capítulo II (Marco jurídico para la observancia de los derechos de propiedad intelectual);

e) “país” se entiende que tiene el mismo significado establecido en las Notas Explicativas del Acuerdo de la OMC;

f) “tránsito por aduanas” significa el procedimiento aduanero conforme al cual las mercancías se transportan bajo el control aduanero de una oficina de aduanas a otra;

g) “días” significa días naturales;

h) “propiedad intelectual” se refiere a todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las Secciones 1 a 7 de la Parte II del Acuerdo de los ADPIC;

i) “mercancías en tránsito” significa mercancías en tránsito por aduanas o en trasbordo;

j) “persona” significa una persona física o una persona jurídica;

k) “mercancías pirata que lesionan el derecho de autor” significa cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un Artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país en el que se invocan los procedimientos establecidos en el Capítulo II (Marco jurídico para la observancia de los derechos de propiedad intelectual);

l) “titular de los derechos” incluye toda federación o asociación que tenga la capacidad legal para hacer valer los derechos de propiedad intelectual;

m) “territorio” para los fines de la Sección 3 (Medidas en frontera) del Capítulo II (Marco jurídico para la observancia de los derechos de propiedad intelectual), significa el territorio aduanero y todas las zonas (2) libres de una de las Partes;

n) “trasbordo” significa el procedimiento aduanero conforme al cual las mercancías se transfieren bajo el control aduanero desde el medio de transporte de importación hasta el medio de transporte de exportación dentro del área de una oficina de aduanas que es la oficina tanto de importación como de exportación;

o) “Acuerdo sobre los ADPIC” significa el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, contenido en el Anexo 1C del Acuerdo de la OMC;

p) “OMC” significa la Organización Mundial del Comercio; y

q) “Acuerdo de la OMC” significa el Acuerdo de Marrakech  por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, celebrado el 15 de abril de 1994.

 

CAPÍTULO II.- MARCO JURÍDICO PARA LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

 

SECCIÓN 1.- OBLIGACIONES GENERALES

 

Artículo 6º.- Obligaciones generales con relación a la observancia

1. Cada Parte se asegurará de que en su legislación se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.

2. Los procedimientos adoptados, mantenidos o aplicados para implementar las disposiciones del presente Capítulo serán justos y equitativos proveerán que los derechos de todos los participantes sujetos a los procedimientos se protejan adecuadamente. Estos procedimientos no serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

3. Al implementar las disposiciones del presente Capítulo, cada Parte tomará en cuenta la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción, los intereses de terceros y las medidas, recursos y sanciones aplicables.

4. Ninguna disposición del presente Capítulo se interpretará en el sentido de obligar a una de las Partes a responsabilizar a sus servidores públicos por actos llevados a cabo en el desempeño de sus funciones oficiales.

 

SECCIÓN 2.- OBSERVANCIA (3) CIVIL

 

Artículo 7º.- Disponibilidad de los procedimientos civiles

1. Cada Parte pondrá al alcance de los titulares del derecho los procedimientos judiciales civiles relativos a la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual, tal como se especifica en esta Sección.

2. En la medida en que puedan ordenarse remedios civiles a resultas de procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso, cada Parte establecerá que dichos procedimientos se atendrán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta Sección.

 

Artículo 8º.- Mandamientos judiciales

1. Cada Parte establecerá que, en los procedimientos judiciales civiles relacionados con la observancia de los derechos de propiedad intelectual, sus autoridades judiciales estén facultadas para emitir una orden contra una Parte para que desista de cometer una infracción, y entre otras cosas, una orden para que dicha Parte o, cuando ello sea conveniente, un tercero sobre el cual la autoridad judicial competente tenga jurisdicción, prevenga que las mercancías infractoras de un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales.

2. A pesar de las demás disposiciones de esta Sección, una de las Partes podrá limitar los recursos disponibles contra la utilización por los gobiernos, o por terceros autorizados por un gobierno, sin el consentimiento del titular de los derechos, al pago de una compensación, siempre y cuando la Parte cumpla con las disposiciones de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC que contemplan dicho uso de forma específica. En los demás casos se aplicarán los recursos previstos en la presente Sección o, cuando éstos sean incompatibles con la legislación de una de las Partes, deberán existir sentencias declaratorias y una compensación adecuada.

 

Artículo 9º.- Daños y perjuicios

1. Cada Parte establecerá que, en los procedimientos judiciales civiles concernientes a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar al infractor que pague al titular de los derechos un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya cometido una actividad infractora. Para determinar el monto de los daños ocasionados por la infracción a los derechos de propiedad intelectual, las autoridades judiciales de cada Parte estarán facultadas para considerar, entre otras cosas, cualquier medida legítima de valor presentada por el titular de los derechos, que podrá incluir las ganancias perdidas, el valor del bien o servicio objeto de la infracción, medido en base al precio de mercado, o al precio sugerido al menudeo.

2. Al menos en los casos de infracción a los derechos de autor o derechos conexos y de falsificación de marcas de fábrica o de comercio, cada Parte establecerá que en los procedimientos judiciales civiles sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar al infractor a pagar al titular de los derechos los beneficios que el infractor hubiere recibido como producto de la infracción. Una Parte podrá asumir que el valor de dichos beneficios es igual al valor de los daños a que hace referencia el párrafo 1.

3. Al menos, con respecto a la infracción de los derechos de autor o derechos conexos que protejan obras, fonogramas, interpretaciones y ejecuciones, y en los casos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio, cada Parte también establecerá o mantendrá un sistema que permita uno o varios de los elementos siguientes:

a) daños previamente establecidos; o

b) presunciones (4) para determinar el monto de los daños suficientes para compensar al titular de los derechos por el daño causado por la infracción; o

c) al menos en el caso de derechos de autor, daños adicionales.

4. En caso de que una de las Partes prevea el recurso referido en el párrafo 3 a) o las presunciones referidas en el párrafo 3 b), dicha Parte se asegurará de que sus autoridades judiciales o el titular de los derechos tengan el derecho de elegir dicho recurso o presunciones como alternativa a los recursos a los que se hace referencia en los párrafos 1 y 2.

5. Cada Parte establecerá que sus autoridades judiciales, cuando ello sea conveniente, estén facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos judiciales civiles relacionados con la infracción de, al menos, derechos de autor o derechos conexos, o marcas de fábrica o de comercio, que la parte prevaleciente reciba de la parte perdedora el pago para cubrir los costos o las tarifas del tribunal y los honorarios de los abogados que sean procedentes o cualquier otro gasto conforme a la legislación de dicha Parte.

 

Artículo 10.- Otros recursos

1. Al menos con respecto a mercancías pirata que lesionan el derecho de autor y mercancías de marcas de fábrica o de comercio falsificadas, cada Parte establecerá que, en los procedimientos judiciales civiles, a petición del titular de los derechos, sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar que se destruyan dichas mercancías infractoras sin indemnización alguna, salvo en circunstancias excepcionales.

2. Cada Parte establecerá además que sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar que los materiales y los instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la fabricación o producción de las mercancías infractoras, sean, sin retrasos indebidos y sin indemnización alguna, destruidas o apartadas de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones.

3. Una Parte podrá proveer que los recursos descritos en este Artículo sean realizados por cuenta del infractor.

 

Artículo 11.- Información relacionada con la infracción

Sin perjuicio del privilegio que otorga su legislación, la protección de la confidencialidad de las fuentes de información, o el procesamiento de datos personales, cada Parte establecerá que en los procedimientos judiciales civiles relacionados con la observancia de los derechos de propiedad intelectual, sus autoridades judiciales estén facultadas, ante una solicitud justificada por parte del titular de los derechos, para ordenar que el infractor, o alternativamente el presunto infractor, proporcione al titular de los derechos o a las autoridades judiciales, al menos para efectos de recopilar pruebas, información pertinente conforme a sus leyes y reglamentos aplicables, que dicho infractor o presunto infractor posea o controle. Dicha información podrá incluir información relacionada con cualquier persona o personas involucradas en cualquier aspecto de la infracción o la presunta infracción, e información relacionada con los medios de producción o circuitos de distribución de los bienes o servicios infractores o presuntamente en infracción, incluida la identificación de terceros presuntamente involucrados en la producción y distribución de tales bienes o servicios, y de sus circuitos de distribución.

 

Artículo 12.- Medidas provisionales

1. Cada Parte establecerá que sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces:

a) contra una parte o, cuando ello sea conveniente, contra un tercero sobre el cual la autoridad judicial competente ejerce jurisdicción, para evitar que se produzca una infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual, y en particular, evitar que las mercancías infractoras de los derechos de propiedad intelectual ingresen en los circuitos comerciales;

b) para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

2. Cada Parte establecerá que sus autoridades judiciales estén facultadas para adoptar medidas provisionales cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas. En los procedimientos que se lleven a cabo sin haber oído a la otra parte, cada Parte facultará a sus autoridades judiciales para actuar de forma expedita en las solicitudes de medidas provisionales y para tomar una decisión sin retrasos indebidos.

3. Al menos en los casos de infracción de derechos de autor o derechos conexos y a la falsificación de marcas de fábrica o de comercio, cada Parte establecerá que, en los procedimientos judiciales civiles, sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar el aseguramiento custodia de las mercancías, materiales e instrumentos sospechosos y que están relacionados al acto de infracción y, al menos para la falsificación de marcas de fábrica o de comercio, las pruebas documentales, ya sean originales o copias de las mismas, relacionadas con la infracción.

4. Cada Parte establecerá que sus autoridades estén facultadas para exigir al demandante, con respecto a medidas provisionales, que presente las pruebas de que razonablemente disponga con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos. Dicha fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos para dichas medidas provisionales.

5. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquéllos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante, previa petición del demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas.

 

SECCIÓN 3.- MEDIDAS EN FRONTERA (5), (6)

 

Artículo 13.- Alcance de las medidas en frontera

(7)

Siempre que sea apropiado y compatible con su sistema nacional de protección de derechos de propiedad intelectual de una de las Partes y sin perjuicio de los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC, para lograr una observancia efectiva de los derechos de propiedad intelectual en la frontera, cada Parte debería hacerlo de tal manera que no discrimine injustificadamente entre los derechos de propiedad intelectual y evitando la creación de obstáculos para el comercio legítimo.

 

Artículo 14.- Pequeñas partidas y equipaje personal

1. Cada Parte incluirá en la aplicación de esta Sección las mercancías de carácter comercial enviados en pequeñas partidas.

2. Una Parte podrá excluir de la aplicación de esta Sección las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros.

 

Artículo 15.- Disposición de información del titular de los derechos

Cada Parte permitirá que las autoridades competentes soliciten al titular de los derechos que les proporcione información pertinente para ayudar a las autoridades competentes a aplicar las medidas en frontera a que se refiere esta Sección. Cada Parte también podrá permitir que un titular del derecho proporcione información pertinente a las autoridades competentes.

 

Artículo 16.- Medidas en frontera

1. Cada Parte adoptará o mantendrá los procedimientos para los embarques de importación y exportación bajo los cuales:

a) las autoridades aduaneras podrán actuar por su propia iniciativa, para suspender el despacho de las mercancías sospechosas; y

b) cuando ello sea conveniente, los titulares de derechos podrán solicitar a las autoridades competentes que suspendan el despacho de las mercancías sospechosas.

2. Una Parte podrá adoptar o mantener procedimientos para las mercancías sospechosas que están en tránsito o en otras situaciones en las que las mercancías están bajo el control aduanero bajo los cuales:

a) las autoridades aduaneras podrán actuar por su propia iniciativa para suspender el despacho de las mercancías sospechosas, o retenerlas; y

b) cuando ello sea conveniente, el titular de los derechos podrá solicitar a sus autoridades competentes que suspendan la liberación de las mercancías sospechosas, o las retengan.

 

Artículo 17.- Solicitud del titular de los derechos

1. Cada Parte dispondrá que sus autoridades competentes requieran al titular de los derechos que solicita los procedimientos descritos en los párrafos 1 b) y 2 b) del Artículo 16 (Medidas en frontera) que presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación de la Parte que se encarga de los procedimientos, existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que éste ofrezca información suficiente que razonablemente se espere sea de su conocimiento a fin de que las mercancías sospechosas puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades competentes. El requisito de proporcionar información suficiente no deberá disuadir indebidamente del recurso a los procedimientos descritos en los párrafos 1 b) y 2 b) del Artículo 16 (Medidas en frontera).

2. Cada Parte se encargará de las solicitudes para suspender el despacho o para retener cualquier mercancía sospechosa (8) que se encuentre bajo control aduanero en su territorio. Una Parte podrá establecer que dichas solicitudes se apliquen a múltiples embarques. Una Parte podrá establecer que, a solicitud del titular de los derechos, la solicitud para suspender el despacho o para retener las mercancías sospechosas pueda aplicarse a determinados puntos de entrada y salida bajo control aduanero.

3. Cada Parte se asegurará de que sus autoridades competentes comunicarán al solicitante dentro de un período razonable, si han aceptado la solicitud. En caso de que las autoridades competentes acepten la solicitud, notificarán al solicitante el período de validez de la solicitud.

4. Una Parte podrá establecer que, cuando el solicitante haya abusado de los procedimientos descritos en los párrafos 1 b) y 2 b) del Artículo 16 (Medidas en frontera), o cuando haya una causa válida, las autoridades competentes estén facultadas para denegar, suspender o anular una solicitud.

 

Artículo 18.- Fianza o garantía equivalente

Cada Parte establecerá que sus autoridades competentes estén facultadas para exigir que un titular de los derechos que solicite los procedimientos descritos en los párrafos 1 b) y 2 b) del Artículo 16 (Medidas en frontera), que aporte una fianza razonable o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes y evitar abusos. Cada Parte establecerá que dicha fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos. Una Parte podrá establecer que dicha garantía se presente en forma de fianza condicionada para mantener al demandado libre de daños o pérdidas que resulten de cualquier suspensión del despacho o retención de las mercancías en caso de que las autoridades competentes determinen que las mercancías no están en infracción. Únicamente en circunstancias excepcionales o de conformidad con una orden judicial, una Parte podrá permitir que el demandado obtenga la posesión de las mercancías sospechosas mediante el pago de una fianza u otra garantía.

 

Artículo 19.- Determinación de la infracción

Cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos por medio de los cuales sus autoridades competentes podrán determinar, dentro de un período razonable después de iniciar los procedimientos descritos en el Artículo 16 (Medidas en frontera), si las mercancías sospechosas infringen un derecho de propiedad intelectual.

 

Artículo 20.- Recursos

1. Cada Parte establecerá que sus autoridades competentes estén facultadas para ordenar la destrucción de las mercancías después de que se determine conforme al Artículo 19 (Determinación de la infracción) que dichas mercancías son infractoras. En los casos en que no se destruyan las mercancías, cada Parte se asegurará de que, salvo en casos excepcionales, dichas mercancías sean apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho.

2. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales.

3. Una Parte podrá establecer que sus autoridades competentes estén facultadas para imponer sanciones administrativas después de que se determine conforme al Artículo 19 (Determinación de la infracción) que las mercancías se encuentran en infracción.

 

Artículo 21.- Tarifas

Cada Parte dispondrá que toda tarifa por solicitud, tarifa por almacenamiento, o tarifa por destrucción sea determinada por sus autoridades competentes en relación con los procedimientos descritos en esta Sección, no deberá ser utilizada para disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos.

 

Artículo 22.- Divulgación de información

Sin perjuicio de la legislación de una de las Partes referente a la privacidad o la confidencialidad de la información:

a) una Parte podrá autorizar a sus autoridades competentes que proporcionen a los titulares de los derechos, información sobre embarques específicos de mercancías, incluidas la descripción y la cantidad de mercancías, para ayudar a detectar las mercancías infractoras;

b) una Parte podrá autorizar a sus autoridades competentes que proporcionen a los titulares de los derechos, información sobre las mercancías, incluida, pero no limitada a, la descripción y cantidad de las mercancías, nombre y dirección del consignador, importador, exportador o consignatario y, si se conocen, el país de origen, nombre y dirección del fabricante de las mercancías para asistir en la determinación a que se refiere el Artículo 19 (Determinación de la infracción);

c) salvo que una de las Partes haya facultado a sus autoridades competentes conforme al apartado b), al menos en el caso de mercancías importadas, cuando las autoridades competentes hayan asegurado o, hayan determinado conforme al Artículo 19 (Determinación de la infracción) que las mercancías son infractoras, una Parte podrá autorizar a sus autoridades competentes para proporcionar a los titulares del derecho, dentro de los treinta días (9) siguientes al aseguramiento o a la determinación, información sobre las mercancías, incluida, pero no limitado a, la descripción y cantidad de las mercancías, nombre y dirección del consignador, importador, exportador o consignatario y, si se conocen, el país de origen, nombre y dirección del fabricante de las mercancías.

 

SECCIÓN 4.- OBSERVANCIA PENAL

 

Artículo 23.- Delitos

1. Cada Parte establecerá procedimientos y sanciones penales aplicables al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva de derechos de autor o de derechos conexos a escala comercial (10). Para efectos de esta Sección, los actos realizados a escala comercial comprenden como mínimo aquellas actividades comerciales realizadas para obtener una ventaja económica o comercial directa o indirecta.

2. Cada Parte establecerá que se apliquen los procedimientos y sanciones penales en casos de importación (11) dolosa y uso nacional, en el curso del comercio y a escala comercial, de etiquetas o empaques (12) :

a) a aquellos que se ha aplicado sin autorización una marca que sea idéntica, o no pueda ser distinguida de una marca de fábrica o de comercio registrada en su territorio; y

b) a aquellos destinados a utilizarse en el curso del comercio en mercancías o en relación con servicios que sean idénticos a las mercancías o servicios para los cuales se registró la marca.

3. Una Parte podrá establecer en ciertos casos procedimientos y sanciones penales por la copia no autorizada de obras cinematográficas a partir de una representación en instalaciones de exhibición de películas que generalmente están abiertas al público.

4. Con respecto a los delitos previstos en este Artículo para los cuales una de las Partes disponga procedimientos y sanciones penales, dicha Parte se asegurará de que su legislación contemple responsabilidad penal por ayudar e incitar.

5. Cada Parte adoptará las medidas que sean necesarias, conforme a sus principios jurídicos, para establecer la responsabilidad, que podrá ser penal, de las personas jurídicas por los delitos referidos en este Artículo, para los cuales una Parte provee procedimientos y sanciones penales.

Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas físicas que hayan cometido los delitos.

 

Artículo 24.- Sanciones

Para los delitos referidos en los párrafos 1, 2 y 4 del Artículo 23 (Delitos), cada Parte establecerá las sanciones que incluyen la pena de prisión así como también sanciones pecuniarias (13) suficientemente disuasorias contra actos de infracción futuros, que sean coherentes con el nivel de sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente.

 

Artículo 25.- Aseguramiento, decomiso y destrucción

1. Con respecto a los delitos previstos en los párrafos 1, 2, 3 y 4 del Artículo 23 (Delitos) por los cuales una de las Partes establece procedimientos y sanciones penales, dicha Parte establecerá que sus autoridades competentes estén facultadas para ordenar el aseguramiento de las mercancías que se sospecha sean mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, y de todos los materiales y accesorios relacionados que se hayan usado para la comisión del presunto delito, las pruebas documentales pertinentes al presunto delito y los activos que resulten de la presunta infracción, o que se hayan obtenido directa o indirectamente a través de la presunta actividad infractora.

2. Cuando una de las Partes requiera la identificación de los objetos que están sujetos al aseguramiento como prerrequisito para emitir una orden referida en el párrafo 1, dicha Parte no podrá requerir que los objetos se describan con mayor detalle del necesario a fin de identificarlos para efectos de su aseguramiento.

3. Con respecto a los delitos previstos en los párrafos 1, 2, 3 y 4 del Artículo 23 (Delitos) para los cuales una de las Partes provee procedimientos y sanciones penales, dicha Parte establecerá que sus autoridades competentes estén facultadas para ordenar el decomiso o la destrucción de todos las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor. En los casos en que no se destruyan las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, las autoridades competentes se asegurarán de que, salvo en casos excepcionales, dichas mercancías sean apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar algún daño al titular de los derechos. Cada Parte se asegurará de que el decomiso o la destrucción de dichas mercancías ocurran sin indemnización alguna al infractor.

4. Con respecto a los delitos previstos en los párrafos 1, 2, 3 y 4 del Artículo 23 (Delitos) para los cuales una de las Partes establece procedimientos y sanciones penales, dicha Parte establecerá que sus autoridades competentes estén facultadas para ordenar el decomiso o la destrucción de materiales e instrumentos utilizados de forma predominante en la creación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor y, al menos en el caso de delitos graves, de los activos que resulten de la infracción, o que se obtengan directa o indirectamente a través de la misma. Cada Parte se asegurará de que el decomiso o la destrucción de dichos materiales, instrumentos o activos ocurran sin indemnización alguna al infractor.

5. Con respecto a los delitos previstos en los párrafos 1, 2, 3 y 4 del Artículo 23 (Delitos) para los cuales una de las Partes establece procedimientos y sanciones penales, dicha Parte podrá establecer que sus autoridades judiciales tengan la facultad para ordenar:

a) el aseguramiento de activos cuyo valor corresponda al valor de aquellos activos derivados, u obtenidos directa o indirectamente a través de la presunta actividad infractora; y

b) el decomiso de activos cuyo valor corresponda al valor de aquellos activos derivados, u obtenidos directa o indirectamente a través de la actividad infractora.

 

Artículo 26.- Observancia penal de oficio

Cada Parte establecerá que, en los casos apropiados, sus autoridades competentes podrán actuar de oficio para iniciar investigaciones o acciones legales con respecto a los delitos descritos en los párrafos 1, 2, 3 y 4 del Artículo 23 (Delitos) para los cuales una de las Partes establece procedimientos y sanciones penales.

 

SECCIÓN 5.- OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL ENTORNO DIGITAL

 

Artículo 27.- Observancia en el entorno digital

1. Cada Parte se asegurará de que en su legislación se establezcan procedimientos de observancia conforme a lo previsto en las Secciones 2 (Observancia civil) y 4 (Observancia penal), que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual que se lleven a cabo en el entorno digital, incluido recursos ágiles para prevenir las infracciones y recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.

2. De conformidad con el párrafo 1, los procedimientos de observancia de cada Parte se aplicarán a las infracciones de derechos de autor o derechos conexos a través de redes digitales, las cuales podrán incluir el uso ilegal de medios de distribución masiva para efectos de la infracción.

Estos procedimientos serán implementados de forma tal, que eviten la creación de obstáculos para actividades legítimas, incluido el comercio electrónico, y, conforme a la legislación de cada una de las Partes, preserven los principios fundamentales tales como libertad de expresión, procesos justos y privacidad (14)

3. Cada Parte procurará promover esfuerzos de cooperación dentro de la comunidad empresarial, para tratar de forma eficaz las infracciones de marcas de fábrica o de comercio y los derechos de autor o derechos conexos, manteniendo la competencia legítima, y conforme, a la legislación de cada una de las Partes, preservando los principios fundamentales, tales como libertad de expresión, procesos justos y privacidad.

4. Una Parte podrá establecer, conforme a sus leyes y reglamentos, que sus autoridades competentes estén facultadas para ordenar a un proveedor de servicios en línea, que divulgue de forma expedita al titular de los derechos, información suficiente para identificar a un suscriptor cuya cuenta se presume fue utilizada para cometer una infracción, cuando dicho titular de los derechos haya presentado una reclamación con suficiente fundamento jurídico de infracción de marca de fábrica o de comercio o derechos de autor y derechos conexos, y donde dicha información se busque para efectos de protección u observancia de dichos derechos. Estos procedimientos serán implementados de forma tal que eviten la creación de obstáculos para actividades legítimas, incluido el comercio electrónico y, conforme a la legislación de cada una de las Partes, que preserven los principios fundamentales tales como libertad de expresión, procesos justos y privacidad.

5. Cada Parte proporcionará protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir medidas tecnológicas (15) efectivas que sean utilizadas por los autores, artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas en relación con el ejercicio de sus derechos, y que respecto de sus obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas restrinjan actos que no estén autorizados por los autores, artistas intérpretes, o ejecutantes o los productores de fonogramas concernidos o permitidos por la ley.

6. Para proporcionar la protección jurídica adecuada y los recursos jurídicos efectivos referidos en el párrafo 5, cada Parte proporcionará protección al menos contra:

a) hasta donde su legislación lo permita:

i) eludir sin autorización una medida tecnológica efectiva, a sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo; y

ii) la oferta al público a través de la comercialización de un dispositivo o producto, incluidos programas de cómputo, o de un servicio, como medio para eludir una medida tecnológica efectiva; y

b) la fabricación, importación o distribución de un dispositivo o producto, incluidos programas de cómputo, o la prestación de un servicio que:

i) esté diseñado o producido principalmente para efectos de eludir una medida tecnológica efectiva; o

ii) tenga únicamente un propósito comercial limitado, distinto a la elusión de una medida tecnológica (16) efectiva.

7. Con el fin de proteger la información electrónica sobre la gestión de derechos (17) , cada Parte otorgará protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra cualquier persona que, con conocimiento de causa, realice sin autorización cualquiera de los siguientes actos sabiéndolo o, con respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saberlo que induce, permite, facilita u oculta una infracción de cualquier derecho de autor o derechos conexos:

a) suprima o altere cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos;

b) distribuya, importe para su distribución, transmita, comunique o ponga a disposición del público, ejemplares de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.

8. Con el fin de dar protección legal adecuada y recursos legales eficaces conforme a las disposiciones de los párrafos 5 y 7, una Parte podrá adoptar o mantener limitaciones o excepciones adecuadas a las medidas que implementan las disposiciones de los párrafos 5, 6 y 7. Las obligaciones establecidas en las disposiciones de los párrafos 5, 6 y 7, son sin perjuicio de los derechos, las limitaciones, las excepciones o las defensas de la infracción de derechos de autor o de derechos conexos, establecidos en la legislación de una de las Partes.

 

CAPÍTULO III.- PRÁCTICAS PARA LA OBSERVANCIA

 

Artículo 28.- Especialización, información y coordinación nacional en materia de observancia

1. Cada Parte promoverá el desarrollo de conocimientos especializados entre sus autoridades competentes, responsables de la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

2. Cada Parte promoverá la recopilación y el análisis de datos estadísticos y de otra información relevante, relacionada con infracciones a los derechos de propiedad intelectual, así como la recopilación de información sobre mejores prácticas para prevenir y combatir dichas infracciones.

3. Cada Parte, cuando proceda, promoverá una coordinación interna y facilitará acciones conjuntas por sus autoridades competentes, responsables de la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

4. Cada Parte procurará promover, cuando ello sea conveniente, el establecimiento y el mantenimiento de mecanismos formales e informales, tales como grupos de asesoría, por medio de los cuales sus autoridades competentes podrán escuchar los puntos de vista de los titulares de los derechos y de otras partes interesadas.

 

Artículo 29.- Gestión de riesgos en las fronteras

1. Con el fin de mejorar la eficacia de la observancia de los derechos de propiedad intelectual en las fronteras, las autoridades competentes de una Parte podrán:

a) consultar con las partes interesadas, y con las autoridades competentes de las demás Partes responsables de la observancia de los derechos de propiedad intelectual, para identificar y atender los riesgos significativos y promover acciones para mitigar dichos riesgos; y

b) compartir información con las autoridades competentes de las demás Partes en la observancia de los derechos de propiedad intelectual en las fronteras, incluida la información pertinente para identificar acertadamente y señalar para inspección los embarques que se sospeche contengan mercancías infractoras.

2. Cuando una de las Partes asegure mercancías importadas que infrinjan los derechos de propiedad intelectual, sus autoridades competentes podrán proporcionar a la Parte exportadora la información necesaria para identificar a los sujetos y los bienes involucrados en la exportación de las mercancías aseguradas. Las autoridades competentes de la Parte exportadora podrán adoptar medidas contra dichos sujetos y futuros embarques conforme a la legislación de esa Parte.

 

Artículo 30.- Transparencia

A efecto de promover la transparencia en la administración de su sistema de observancia de los derechos de propiedad intelectual, cada Parte adoptará las medidas apropiadas, conforme a sus leyes y políticas, para publicar o poner a disposición del público información sobre:

a) procedimientos disponibles de acuerdo a su legislación, relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, incluidas las autoridades competentes para dicha observancia y los puntos de contacto disponibles para brindar asistencia;

b) leyes, reglamentos, decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de aplicación general en la materia relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual; y

c) sus esfuerzos para garantizar un sistema eficaz de observancia, y de protección de los derechos de propiedad intelectual.

 

Artículo 31.- Concientización pública

Cada Parte, cuando proceda, promoverá la adopción de medidas para fomentar la concientización pública sobre la importancia de respetar los derechos de propiedad intelectual y los efectos nocivos de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual.

 

Artículo 32.- Consideraciones ambientales en la destrucción de mercancías infractoras

La destrucción de las mercancías infractoras de los derechos de propiedad intelectual, se hará conforme a las leyes y reglamentos, en materia ambiental de la Parte en donde la destrucción tenga lugar.

 

CAPÍTULO IV.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL

 

Artículo 33.- Cooperación internacional

1. Cada Parte reconoce que la cooperación internacional es vital para lograr una protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual y que debe ser promovida sin importar el origen de las mercancías infractoras de los derechos de propiedad intelectual, o la ubicación o la nacionalidad del titular de los derechos.

2. Con el objeto de combatir las infracciones a los derechos de propiedad intelectual, en particular, la falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería de derechos de autor o derechos conexos, las Partes promoverán la cooperación, cuando ello sea conveniente, entre sus autoridades competentes responsables de la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Dicha cooperación podrá comprender cooperación en la aplicación de la ley con respecto a la observancia penal y a las medidas en frontera, comprendidas en el presente Acuerdo.

3. La cooperación conforme a este Capítulo se ejecutará conforme a los acuerdos internacionales en la materia, y estará sujeta a la legislación, las políticas, la asignación de recursos y las prioridades de aplicación de la ley de cada Parte.

 

Artículo 34.- Intercambio de información

Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 29 (Gestión de riesgos en las fronteras), cada Parte procurará intercambiar con otras Partes lo siguiente:

a) información que la Parte recopila conforme a las disposiciones del Capítulo III (Prácticas para la observancia), incluidos los datos estadísticos y la información sobre mejores prácticas;

b) información sobre sus medidas legislativas y reglamentaria en relación con la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual; y

c) otra información que sea adecuada y mutuamente acordada.

 

Artículo 35.- Creación de capacidades y asistencia técnica

1. Cada Parte procurará proporcionar, a solicitud y conforme a los términos y las condiciones acordados mutuamente, asistencia en la creación de capacidades y asistencia técnica para mejorar la observancia de los derechos de propiedad intelectual de otras Partes del presente Acuerdo y, cuando ello sea conveniente, a Partes aspirantes a dicho Acuerdo. Dicha creación de capacidades y asistencia técnica podrá cubrir áreas tales como:

a) incrementar la concientización del público sobre los derechos de propiedad intelectual;

b) desarrollo e implementación de la legislación nacional relacionada con la observancia de los derechos de propiedad intelectual;

c) capacitación de funcionarios en la observancia de los derechos de propiedad intelectual; y

d) operaciones coordinadas llevadas a cabo a niveles regional y multilateral.

2. Cada Parte procurará trabajar estrechamente con las demás Partes y, cuando ello sea conveniente, con Partes no integrantes en el presente Acuerdo con el propósito de implementar las disposiciones del párrafo 1.

3. Una Parte podrá iniciar las actividades descritas en este Artículo en conjunto con organizaciones del sector privado u organizaciones internacionales en la materia. Cada Parte se esforzará por evitar la duplicación innecesaria entre las actividades descritas en este Artículo y otras actividades de cooperación internacional.

 

CAPÍTULO V.- DISPOSICIONES INSTITUCIONALES

 

Artículo 36.- El Comité del ACTA

1. Por medio del presente las Partes establecen el Comité del ACTA. Cada Parte estará representada en el Comité.

2. El Comité deberá:

a) revisar la implementación y la operación del presente Acuerdo;

b) considerar los asuntos relacionados con el desarrollo del presente Acuerdo;

c) considerar cualquier modificación propuesta al presente Acuerdo conforme al Artículo 42 (Modificaciones);

d) decidir, de acuerdo con el párrafo 2 del Artículo 43 (Adhesión), sobre los términos de adhesión a este Acuerdo por cualquier Miembro de la OMC; y

e) considerar cualquier otro asunto que pudiera afectar la implementación y la operación del presente Acuerdo.

3. El Comité podrá decidir:

a) establecer comités o grupos de trabajo ad hoc para ayudar al Comité a cumplir con las responsabilidades conforme al párrafo 2, así como asistir, previa solicitud, a las posibles Partes a adherirse al presente Acuerdo, de conformidad con el Artículo 43 (Adhesión);

b) buscar asesoría de personas o grupos no gubernamentales;

c) hacer recomendaciones en relación con la implementación y la operación del presente Acuerdo, incluida la aprobación de las guías de las mejores prácticas relacionadas con el mismo;

d) compartir con terceros información y mejores prácticas para reducir las infracciones a los derechos de propiedad intelectual, incluidas técnicas para identificar y monitorear la piratería y la falsificación; y

e) tomar otras medidas en el ejercicio de sus funciones.

4. Todas las decisiones del Comité serán adoptadas por consenso, salvo cuando el Comité decida lo contrario por consenso. Se considerará que el Comité actuó por consenso sobre un tema presentado para su consideración, si ninguna de las Partes presentes en la reunión durante la cual se adopta la decisión, objeta formalmente a la decisión propuesta. El inglés será el idioma de trabajo del Comité y los documentos que apoyen su trabajo estarán en inglés.

5. El Comité adoptará sus reglas y procedimientos dentro de un período razonable después de la entrada en vigor de este Acuerdo, e invitará a aquellos signatarios que no son Parte en el presente Acuerdo a que participen en las deliberaciones del Comité sobre las reglas y procedimientos. Las reglas y los procedimientos:

a) deberán tratar cuestiones tales como la presidencia y la sede de las reuniones, y el desempeño de los deberes organizacionales relacionados con este Acuerdo y su operación; y

b) podrán también referirse a cuestiones tales como el otorgamiento de la calidad de observador, y a cualquier otro asunto que el Comité determine necesario para su correcta operación.

6. El Comité podrá modificar las reglas y los procedimientos.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, durante los primeros cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo, las decisiones del Comité para adoptar o modificar sus reglas y procedimientos serán adoptadas por consenso de las Partes y de aquellos Signatarios que no son Partes del presente Acuerdo.

8. Después del período especificado en el párrafo 7, el Comité podrá adoptar o modificar las reglas o procedimientos si logra el consenso de las Partes del presente Acuerdo.

9. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 8, el Comité podrá decidir que la adopción o la modificación de una regla o un procedimiento en particular, requiere el consenso de las Partes y de aquellos Signatarios que no son Partes del presente Acuerdo.

10. El Comité se reunirá al menos una vez al año, salvo cuando éste decida lo contrario. La primera reunión del Comité se llevará a cabo dentro de un período razonable después de la entrada en vigor del presente Acuerdo.

11. Para mayor certeza, el Comité no examinará ni supervisará la aplicación nacional o internacional o investigaciones penales de casos específicos de propiedad intelectual.

12. El Comité se esforzará para evitar la duplicación innecesaria entre sus actividades y otras labores internacionales en relación con la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

 

Artículo 37.- Puntos de contacto

1. Cada Parte designará un punto de contacto para facilitar las comunicaciones entre las Partes sobre cualquier asunto contemplado por el presente Acuerdo.

2. A petición de otra Parte, el punto de contacto de una Parte identificará una oficina o un funcionario apropiados, a los que pueda dirigirse la petición de la Parte requirente, y brindar ayuda, cuando sea necesario, facilitando las comunicaciones entre la oficina o el funcionario correspondiente y la Parte requirente.

 

Artículo 38.- Consultas

1. Una Parte podrá solicitar por escrito consultas con otra Parte con respecto de un asunto que afecte la implementación del presente Acuerdo. La Parte requerida otorgará consideración especial a dicha solicitud, proporcionará una respuesta y dará una oportunidad adecuada para consultas.

2. Las consultas, incluidas las posiciones particulares adoptadas por las Partes consultantes, se mantendrán confidenciales, y sin perjuicio de los derechos o posiciones de cualquiera de las Partes en algún otro procedimiento, incluidos aquellos que se encuentren bajo los auspicios del Entendimiento de la OMC relativo a las Normas y Procedimientos por los que se Rige la Solución de Diferencias contenido en el Anexo 2 del Acuerdo de la OMC.

3. Las Partes consultantes podrán, por acuerdo mutuo, notificar al Comité el resultado de las consultas a las que se refiere el presente Artículo.

 

CAPÍTULO VI.- DISPOSICIONES FINALES

 

Artículo 39.- Firma

El presente Acuerdo permanecerá abierto a firma de los participantes en su negociación (18), y de cualquier otro Miembro de la OMC, que los participantes acuerden por consenso, a partir del 1 de mayo de 2011 hasta el 1 de mayo de 2013.

 

Artículo 40.- Entrada en vigor

1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta días después del depósito del sexto instrumento de ratificación, aceptación o aprobación entre aquellos Signatarios que hayan depositado sus instrumentos respectivos de ratificación, aceptación o aprobación.

2. El presente Acuerdo entrará en vigor para cada Signatario que deposite su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación después del depósito del sexto instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, treinta días después de la fecha del depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de dicho Signatario.

 

Artículo 41.- Denuncia

Una Parte podrá denunciar el presente Acuerdo por medio de una notificación por escrito dirigida al Depositario. Dicha denuncia entrará en vigor 180 días después de que el Depositario reciba la notificación.

 

Artículo 42.- Modificaciones

1. Una Parte podrá proponer al Comité modificaciones al presente Acuerdo. El Comité decidirá si presenta una modificación propuesta a las Partes para su aceptación, ratificación o aprobación.

2. Cualquier modificación entrará en vigor noventa días después de la fecha en que todas las Partes hayan depositado sus respectivos instrumentos de aceptación, ratificación o aprobación ante el Depositario.

 

Artículo 43.- Adhesión

1. Después del vencimiento del período establecido en el Artículo 39 (Firma), cualquier Miembro de la OMC podrá solicitar su adhesión al presente Acuerdo.

2. El Comité decidirá los términos de adhesión para cada solicitante.

3. El presente Acuerdo entrará en vigor para el solicitante treinta días después de la fecha de depósito de su instrumento de adhesión, como se estipula en los términos de adhesión contemplados en el párrafo 2.

 

Artículo 44.- Textos del Acuerdo

El presente Acuerdo se firmará en un ejemplar original en idiomas español, francés e inglés, siendo cada versión igualmente auténtica.

 

Artículo 45.- Depositario

El Gobierno de Japón será el Depositario de este Acuerdo.

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(1) Cuando la versión en español del texto de ACTA difiere en la selección de palabras de una disposición, o parte de una disposición que es idéntica o sustancialmente idéntica a la versión en español del Acuerdo sobre los ADPIC, tales diferencias no pretenden sugerir una diferencia en su significado.

 

(2) Para mayor certeza, las Partes reconocen que el término, zonas libres significa una parte del territorio de una de las Partes en donde cualquier mercancía introducida, generalmente, se considera fuera del territorio aduanero, en cuanto a los derechos e impuestos de importación se refiere.

(3) Las Partes podrán excluir las patentes y la protección de información no divulgada del alcance de esta Sección

(4) Las presunciones referidas en el párrafo 3 b) podrán incluir la presunción de que el monto de los daños es: i) la cantidad de las mercancías que infringen el derecho de propiedad intelectual del titular de derechos en cuestión y asignadas en realidad a terceros, multiplicado por el monto de la ganancia por unidad de bienes que habría vendido el titular de derechos si no hubiere existido el acto de infracción; o ii) regalías razonables; o iii) un pago único calculado sobre la base de elementos tales como, al menos, la cantidad de regalías o tarifas que se hubieran adeudado si el infractor hubiera solicitado autorización para usar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

(5) En caso de que una Parte haya desmantelado lo esencial de sus medidas de control sobre los movimientos de mercancías a través de sus fronteras con otra Parte con la que participe en una unión aduanera, no estará obligada a aplicar las disposiciones de esta Sección en esas fronteras.

(6) Queda entendido que no habrá obligación de aplicar los procedimientos establecidos en esta Sección a las mercancías puestas en el mercado en otro país por el titular de derechos o con su consentimiento.

(7) Las Partes acuerdan que las patentes y la protección de información no divulgada no forman parte del alcance de esta Sección.

(8) El requerimiento de proveer tales solicitudes está sujeto a las obligaciones de proveer los procedimientos referidos en los párrafos 1 b) y 2 b) del Artículo 16 (Medidas en frontera).

(9) Para efectos de este Artículo, días significa días hábiles.

(10) Cada Parte tratará la importación o exportación dolosa de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificada o de mercancías pirata que lesionan el derecho de autor a escala comercial como actividades ilegales sujetas a sanciones penales conforme a este Artículo.

Una Parte podrá cumplir con sus obligaciones en relación con la importación y la exportación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificada o de mercancías pirata que lesionan el derecho de autor determinando que la distribución, la venta o la oferta para venta de dichas mercancías a escala comercial como actividades ilegales sujetas a sanciones penales.

(11) Una Parte podrá cumplir con su obligación en relación con la importación de etiquetas o empaques, a través de medidas relacionadas con la distribución.

(12) Una Parte podrá cumplir con sus obligaciones en relación con este párrafo estableciendo procedimientos y sanciones penales aplicables a la comisión de un delito de marca de fábrica o de comercio en grado de tentativa.

(13) Se entiende que no hay obligación para que una Parte establezca la posibilidad de imponer prisión y sanciones pecuniarias en forma paralela.

(14) Por ejemplo, sin perjuicio de la legislación de una de las Partes, adoptar o mantener un régimen que establezca las limitaciones a la responsabilidad, o los recursos disponibles contra los, proveedores de servicios en línea manteniendo los intereses legítimos del titular de derechos.

(15) Para efectos del presente Artículo, medidas tecnológicas significa cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de sus operaciones, se diseña para prevenir o restringir actos, con respecto a obras, ejecuciones, interpretaciones o fonogramas, que no estén autorizados por los autores, artistas intérpretes o ejecutantes o productores de fonogramas, como lo dispone la legislación de una de las Partes. Sin perjuicio del alcance de los derechos de autor o de los derechos conexos contenidos en la legislación de una de las Partes, las medidas tecnológicas deberán considerarse efectivas cuando el uso de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas protegidos estén controlados por los autores, artistas, intérpretes, ejecutantes o productores de fonogramas, mediante la aplicación de control de acceso o un proceso de protección pertinente, tal como el encriptado o codificado o un mecanismo de control de copia, que logre el objetivo de protección.

(16) En la aplicación de los párrafos 5 y 6, ninguna de las Partes estará obligada a requerir que el diseño de, o el diseño y selección de partes y componentes para, el consumidor de productos electrónicos, telecomunicaciones, o productos de computación provean una respuesta a cualquier medida tecnológica particular, en tanto que el producto no contravenga ninguna medida implementada en estos párrafos.

(17) Para efectos del presente Artículo, información sobre la gestión de derechos significa:

a) información que identifica una obra, una interpretación o un fonograma; el autor de la obra, el artista intérprete o ejecutante o el productor del fonograma; o el titular de cualquier derecho en la obra, la interpretación, la ejecución o el fonograma;

b) información sobre los términos y condiciones de uso de la obra, la interpretación o ejecución o el fonograma; o

c) cualquier números o códigos que representen la información descrita en a) y b) anteriores; cuando cualquiera de estos elementos de información se agreguen a una copia de la obra, una interpretación, una ejecución o un fonograma o aparezcan en relación con la comunicación o puesta a disposición del público de una obra, una interpretación, una ejecución o un fonograma.

(18) La República Federal de Alemania, Australia, la República de Austria, el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, Canadá, la República Checa, la República de Chipre, la República de Corea, el Reino de Dinamarca, la República Eslovaca, la República de Eslovenia, el Reino de España, los Estados Unidos de América, la República de Estonia, la República de Finlandia, la República Francesa, la República Helénica, la República de Hungría, Irlanda, la República Italiana, Japón, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de Marruecos, los Estados Unidos Mexicanos, Nueva Zelandia, el Reino de los Países Bajos, la República de Polonia, la República Portuguesa, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumanía, la República de Singapur, el Reino de Suecia, la Confederación Suiza, y la Unión Europea

01Ene/14

Forskrift til lov om Schengen informasjonssystem (SIS-forskriften). For 2000-12-21 nr 1365. (Sist-Endret: For 2006-09-22-1087)

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2000 med hjemmel i lov av 16. juli 1999 Nr. 66 om lov om Schengen informasjonssystem (SIS) § 25. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Endret ved forskrift 22 sep 2006 Nr. 1087.

Kapittel 1.- Generelle bestemmelser om registrering

§ 1-1.Opplysningenes art og formål med registrering

       Det kan bare registreres opplysninger som nevnt i SIS-loven § 6 når det er nødvendig for å oppnå et av formålene som nevnt i SIS-loven §§ 7 – 9 og den konkrete sakens betydning tilsier at opplysningen bør registreres.

§ 1-2.Kompetanse til å beslutte registrering

       Registrering av opplysninger må være besluttet av den som har kompetanse til å treffe avgjørelsen som ligger til grunn for registreringen. Registrering av meldinger som beror på en påtalemessig beslutning, kan bare besluttes av tjenestemenn med påtalekompetanse. Registrering av meldinger om innreiseforbud jf. SIS-loven § 7 Nr. 2 kan bare besluttes av vedkommende utlendingsmyndighet.

§ 1-3.Kontroll av meldinger før registrering

       Den registeransvarlige har ansvar for at meldinger som legges inn i Norge er i samsvar med bestemmelsene i SIS-loven, jf. forskriften § 1-1.

       Den registeransvarlige kontrollerer for øvrig om opplysningene er korrekte og oppdaterte og om beslutningen om registrering er truffet av kompetent myndighet.

§ 1-4.Anmodning om pågripelse i utlandet

       Ved registrering av melding med anmodning om pågripelse jf. SIS-loven § 7 Nr. 1, skal påtalemyndigheten kontrollere om den nasjonale lovgivning hos de konvensjonspartene som anmodningen rettes til gir hjemmel for pågripelse.

       Den registeransvarlige plikter å bistå med å skaffe oversikt av det aktuelle regelverk hos de andre konvensjonspartene.

§ 1-5.Avslag på anmodning om registrering/klage

       Dersom den registeransvarlige finner at en melding ikke oppfyller vilkårene for registrering i henhold til SIS-loven, skal meldingen ikke registreres.

       Beslutning om å nekte registrering meddeles skriftlig den myndighet som har besluttet registrering, med angivelse av begrunnelsen for avslaget.

       Den myndighet som har besluttet registrering kan påklage avslaget til Politidirektoratet innen tre uker etter at den ble gjort kjent med avslaget.

Endred ved forkrift 22 sep 2006 Nr. 1087.

§ 1-6.Tilgang til SIS/bemyndigelse

       Tilgang til SIS (rett til direkte søk) skal kun gis til personer som har fått særskilt bemyndigelse. Slik bemyndigelse skal bare gis til kvalifiserte personer som har gjennomgått opplæring. Den registeransvarlige utarbeider retningslinjer om de nærmere kvalifikasjonskravene.

       Bemyndigelse gis av riksadvokaten, den stedlige politimester, sjefen for vedkommende særorgan eller lederen for vedkommende utlendings- eller vegmyndighet.

       De som har gitt bemyndigelse plikter å gi registeransvarlig melding om at en bemyndigelse er trukket tilbake og hva som er begrunnelsen for dette.

Endret ved forskrift 22 sep 2006 Nr. 1087.

Kapittel 2.- Innsyn

§ 2-1.Begjæring om innsyn

       Begjæring om innsyn kan kun fremsettes av den som er registrert eller eieren av den gjenstand som er registrert. Slik begjæring kan fremsettes uavhengig av om registreringen ble foretatt av norsk myndighet eller annen konvensjonspart.

       Begjæring om innsyn kan enten fremsettes for den registeransvarlige eller den myndighet som har besluttet registrering.

       Begjæring om innsyn skal være skriftlig og undertegnet.

§ 2-2.Behandling av innsynsbegjæringer

       Begjæringer om innsyn avgjøres i første instans av den registeransvarlige i samsvar med § 15 første og annet ledd i SIS-loven.

       Er begjæringen fremsatt for den registeransvarlige skal begjæringen oversendes til den myndighet som har besluttet registrering med anmodning om uttalelse. Er begjæringen fremsatt for den myndighet som har besluttet registrering, skal denne videresende begjæringen til den registeransvarlige med medfølgende uttalelse.

       Gjelder innsynsbegjæringen en melding som er lagt inn av en annen konvensjonspart, skal den registeransvarlige gi denne konvensjonspart anledning til å uttale seg før saken avgjøres. Den registeransvarlige er dog ikke bundet av den annen konvensjonsparts anbefaling.

       Utover dette gjelder saksbehandlingsreglene i henhold til SIS-loven § 17.

§ 2-3.Særlig om begrunnelse ved avslag

       Dersom innsynsbegjæringen ikke tas til følge fordi søkeren ikke er registrert, eller fordi unntaksbestemmelsen i SIS-loven § 15, annet ledd kommer til anvendelse, skal det alltid gis en alternativ begrunnelse, slik at begrunnelsen ikke tilkjennegir at det foreligger en registrering som det ikke kan gis innsyn i.

Kapittel 3.- Retting og sletting av uriktige opplysninger

§ 3-1.Begjæring om retting og sletting av uriktige opplysninger

       Begjæring om retting og sletting av uriktige opplysninger kan kun fremsettes av den person som er registrert eller eieren av den gjenstand som er registrert. Det er en forutsetning at vedkommende tidligere har fått innsyn i eller underretning om den registreringen begjæringen gjelder. Slik begjæring kan fremsettes uavhengig av om registreringen ble foretatt av norsk myndighet eller annen konvensjonspart.

       Begjæringen kan enten fremsettes for den registeransvarlige eller den myndighet som har besluttet registrering.

       Begjæringen skal være skriftlig og undertegnet med angivelse av hva feilen består i.

§ 3-2.Hvilke feil som kan begjæres rettet eller slettet

       Den registrerte kan bare kreve retting eller sletting av opplysninger om seg selv eller om gjenstander som vedkommende eier.

       Begjæring om retting eller sletting må være begrunnet i at

a) det er registrert uriktige faktiske opplysninger,

b) den registrerte opplysning er ufullstendig, slik at registreringen fremstår som misvisende,

c) registreringen ikke er i samsvar med vilkårene i SIS-loven §§ 5 – 9 eller

d) vedtak eller beslutning som ligger til grunn for registrering er endret eller omgjort.

       Begjæring om retting og sletting kan ikke begrunnes med at det hefter feil ved den beslutning som ligger til grunn for registreringen, som f.eks. vedtak om utvisning, beslutning om pågripelse mv. I slike tilfelle skal den som begjærer retting eller sletting henvises til å benytte seg av de klagemuligheter som gjelder på vedkommende område.

§ 3-3.Behandling av begjæring om retting og sletting

       Begjæringer om retting og sletting av uriktige opplysninger avgjøres i første instans av den registeransvarlige.

       Er begjæringen fremsatt for den registeransvarlige, skal begjæringen oversendes til den myndighet som har besluttet registrering med anmodning om uttalelse. Er begjæringen fremsatt for den myndighet som har besluttet registrering, skal denne videresende begjæringen til den registeransvarlige med medfølgende uttalelse.

§ 3-4. Retting og sletting av feil etter begjæring eller av eget tiltak

       Dersom der er registrert opplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som ikke er i samsvar med SIS-loven, skal den registeransvarlige på begjæring av den registrerte sørge for at opplysningene rettes, suppleres eller slettes. Det samme gjelder dersom den registeransvarlige selv eller annen myndighet oppdager feil eller blir gjort oppmerksom på feilaktige registreringer.

       I de tilfellene som nevnt i første ledd skal den registeransvarlige i tillegg så vidt mulig sørge for at feilen ikke får betydning for den registrerte, f.eks. ved å varsle mottakere av utleverte opplysninger med anmodning om tilsvarende retting eller sletting.

§ 3-5.Fremgangsmåte ved melding lagt inn av annen konvensjonspart

       Dersom begjæring om retting eller sletting gjelder en registrering som nevnt i § 3-4 første ledd som er foretatt av en annen konvensjonspart, skal den registeransvarlige uten opphold underrette denne konvensjonsparten med anmodning om å rette, supplere eller slette opplysningene. Det samme gjelder dersom den registeransvarlige selv eller annen myndighet oppdager feil ved registreringen.

       Dersom den annen konvensjonspart ikke etterkommer anmodningen, kan den registeransvarlige bringe saken inn for Politidirektoratet som klagesak. Bestemmer Politidirektoratet at opplysningen skal rettes eller slettes, sørger den registeransvarlige for fullbyrdelse av Politidirektoratets beslutning i samsvar med § 7-1, jf. SIS-loven § 24 første ledd. Politidirektoratets avgjørelse er ikke gjenstand for videre klagebehandling.

Endret ved forskrift 22 sep 2006 Nr. 1087.

§ 3-6.Underretning ved begjæringer om retting og sletting av urikige opplysninger

       Dersom begjæring om retting eller sletting ikke etterkommes, skal den registrerte gis underretning om dette med angivelse av begrunnelsen for avslaget.

       Dersom begjæringen tas helt eller delvis til følge, skal det gis underretning om at opplysningene er slettet eller hvilke rettelser som ble foretatt. I disse tilfellene skal den registrerte samtidig gjøres oppmerksom på erstatningsreglene i SIS-loven § 18.

       Utover dette gjelder saksbehandlingsreglene i henhold til SIS-loven § 17.

Kapittel 4.- Erstatning

§ 4-1.Krav om erstatning

       Krav om erstatning kan kun fremsettes av den registrerte eller eieren av registrert gjenstand som ble påført skade som følge av at opplysninger er registrert eller brukt i strid med reglene for behandling av opplysninger i SIS.

       Krav om erstatning kan fremsettes uavhengig av om registreringen ble foretatt av norsk myndighet eller annen konvensjonspart.

       Krav om erstatning kan enten fremsettes for den registeransvarlige eller den myndighet som har besluttet registrering.

       Krav om erstatning skal være skriftlig og undertegnet med angivelse av skadens art og omfang.

       Krav om erstatning må fremsettes senest ett år etter at den skadelidte er blitt kjent med registreringen.

§ 4-2.Behandling av erstatningskrav

       Krav om erstatning avgjøres i første instans av den registeransvarlige i samsvar med § 18 første og annet ledd i SIS-loven.

       Er erstatningskravet fremsatt for den registeransvarlige skal saken oversendes til den myndighet som har besluttet registrering med anmodning om uttalelse. Er erstatningskravet fremsatt for den myndighet som har besluttet registrering, skal denne videresende saken til den registeransvarlige med medfølgende uttalelse.

       Gjelder erstatningskravet en melding som er lagt inn av en annen konvensjonspart, skal den registeransvarlige gi denne konvensjonspart anledning til å uttale seg før saken avgjøres. Den registeransvarlige er dog ikke bundet av den annen konvensjonsparts anbefaling.

Kapittel 5.- Klagebehandling

§ 5-1. Klage

       Den registrerte eller eieren av en registrert gjenstand kan påklage avgjørelser om innsyn, retting eller sletting og erstatning til Politidirektoratet.

       Klagen sendes til Politidirektoratet via den registeransvarlige.

       Klagen skal være skriftlig og undertegnet. Klagen skal nevne den beslutning som det klages over og den endring som ønskes i den beslutning det klages over. Klagen bør også nevne de grunner klagen støtter seg til.

       Fristen for klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om den registeransvarliges beslutning er kommet frem til den registrerte eller eieren av registrert gjenstand.

Endret ved forskrift 22 sep 2006 Nr. 1087.

§ 5-2.Nærmere om saksbehandling i klagesaker

       Den registeransvarlige undergir klagen forberedende behandling og sender den videre til departementet med medfølgende uttalelse. Den registeransvarlige skal alltid vurdere om klagen gir grunnlag for omgjøring av den registeransvarliges beslutning.

       Ved klagebehandling i saker som gjelder innsyn og retting eller sletting av uriktige opplysninger, skal Politidirektoratet forelegge saken for Datatilsynet til uttalelse før klagesaken avgjøres.

       I klagesaker som gjelder innsyn har klageren ikke rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter.

Endret ved forskrift 22 sep 2006 Nr. 1087.

Kapittel 6.- Sletting

§ 6-1.Generelle bestemmelser

       Opplysninger om personer og gjenstander skal slettes når formålet med registreringen er oppnådd. Det samme gjelder dersom den registrerte opplysning ikke lenger kan anses nødvendig for å oppnå formålet eller det av andre grunner ikke lenger anses hensiktsmessig å oppbevare opplysningen.

       Den registeransvarlige plikter å etablere rutiner for å sikre at behovet for å slette registrerte opplysninger blir jevnlig vurdert.

§ 6-2.Sletting av opplysninger om personer registrert i medhold av SIS-loven § 7

       Opplysninger om personer som er registrert i medhold av SIS-loven § 7 skal som hovedregel slettes etter tre år. Den registeransvarlige kan deretter for tre år av gangen beslutte fortsatt registrering dersom formålet med registreringen ikke er oppnådd og det anses nødvendig å oppbevare opplysningen for å oppnå formålet med registreringen.

       Opplysninger som er registrert i medhold av SIS-loven § 7 Nr. 1 skal senest slettes når det straffbare forhold som ligger til grunn for registreringen er foreldet.

§ 6-3.Sletting av opplysninger om personer og kjøretøyer registrert i medhold av SIS-loven § 8

       Opplysninger om personer og kjøretøyer som er registrert i medhold av SIS-loven § 8 skal som hovedregel slettes etter ett år. Den registeransvarlige kan beslutte fortsatt registrering dersom formålet med registreringen ikke er oppnådd og den registeransvarlige finner det nødvendig å oppbevare opplysningen for å oppnå formålet med registreringen.

§ 6-4. (Opphevet ved forskrift 22 sep 2006 Nr. 1087.)

Kapittel 7.- Internkontroll og informasjonssikkerhet

§ 7-1.Internkontroll

       Den registeransvarlige og databehandleren (øvrige myndighetene som har tilgang til SIS) skal etablere og holde vedlike planlagte systematiske tiltak (internkontroll) som er nødvendig for å oppfylle kravene i SIS-loven og bestemmelser gitt i medhold av SIS-loven.

       Tiltakene skal særlig legge vekt på å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger i SIS. Tiltakene skal stå i forhold til sannsynligheten for og konsekvensene av sikkerhetsbrudd.

       Med konfidensialitet menes beskyttelse mot utilsiktet innsyn, med tilgjengelighet menes tilsiktet innsyn, og med integritet menes beskyttelse mot utilsiktet endring.

§ 7-2.Pålegg om sikring av opplysninger i SIS

       Datatilsynet kan gi pålegg om sikring av opplysninger og herunder fastlegge kriterier for akseptabel risiko forbundet med behandlingen av opplysninger.

§ 7-3.Sikkerhetsledelse

       Den registeransvarlige og lederen av de myndigheter som har direkte tilgang til SIS har ansvar for at bestemmelsene i dette kapittelet følges.

       Formålet med behandling av opplysninger og overordnede føringer for bruk av informasjonsteknologi, skal beskrives i sikkerhetsmål.

       Valg og prioriteringer i sikkerhetsarbeidet skal beskrives i en sikkerhetsstrategi.

       Bruk av informasjonssystemet skal jevnlig gjennomgås for å klarlegge om den er hensiktsmessig i forhold til virksomhetens behov, og om sikkerhetsstrategien gir tilfredsstillende informasjonssikkerhet som resultat.

       Resultat fra gjennomgangen skal dokumenteres og benyttes som grunnlag for eventuell endring av sikkerhetsmål og -strategi.

§ 7-4. Risikovurdering

       Ved endringer som har betydning for informasjonssikkerheten skal risikovurdering gjennomføres for å klarlegge sannsynligheten for, og konsekvenser av sikkerhetsbrudd.

       Resultat fra risikovurdering skal sammenlignes med fastlagte kriterier for akseptabel risiko forbundet med behandlingen av opplysninger.

       Resultat av risikovurdering skal dokumenteres.

§ 7-5.Sikkerhetsrevisjon

       Sikkerhetsrevisjon av bruk av informasjonssystemet skal gjennomføres jevnlig.

       Sikkerhetsrevisjon skal omfatte vurdering av organisering, sikkerhetstiltak og bruk av kommunikasjonsparter og leverandører.

       Dersom sikkerhetsrevisjon avdekker bruk av informasjonssystemet som ikke er forutsatt, skal dette behandles som avvik jf. § 7-6.

       Resultat fra sikkerhetsrevisjon skal dokumenteres.

§ 7-6.Avvik

       Bruk av informasjonssystemet som er i strid med fastlagte rutiner, og sikkerhetsbrudd, skal behandles som avvik.

       Avviksbehandlingen skal ha som formål å gjenopprette normal tilstand, fjerne årsaken til avviket og hindre gjentagelse.

       Dersom avviket har medført uautorisert utlevering av opplysninger hvor konfidensialitet er nødvendig, eller ved mistanke om slik utlevering, skal Datatilsynet varsles.

       Resultat fra avviksbehandling skal dokumenteres.

§ 7-7.Organisering

       Det skal etableres klare ansvars- og myndighetsforhold for bruk av informasjonssystemet.

       Ansvars- og myndighetsforhold skal dokumenteres og ikke endres uten autorisasjon fra daglige leder hos den registeransvarlige eller hos de myndigheter som har tilgang til SIS.

       Informasjonssystemet skal konfigureres slik at tilfredsstillende informasjonssikkerhet oppnås.

       Konfigurasjonen skal dokumenteres og ikke endres uten autorisasjon fra den registeransvarliges daglige leder.

       Bruk av informasjonssystemet som har betydning for informasjonssikkerheten, skal utføres i henhold til fastlagte rutiner.

§ 7-8.Personell

       Medarbeidere hos den registeransvarlige og hos de myndigheter som har tilgang til SIS skal kun bruke informasjonssystemet for å utføre pålagte oppgaver, og selv være autorisert for slik bruk, jf. § 1-6.

       Medarbeiderne skal ha nødvendig kunnskap for å bruke informasjonssystemet i samsvar med de rutiner som er fastlagt.

       All bruk av informasjonssystemet skal registreres.

§ 7-9.Taushetsplikt

       Medarbeidere hos den registeransvarlige og hos myndigheter som har tilgang til SIS skal pålegges taushetsplikt for opplysninger i SIS. Taushetsplikten skal også omfatte annen informasjon med betydning for informasjonssikkerheten.

§ 7-10.Fysisk sikring

       Det skal treffes tiltak mot uautorisert adgang til utstyr benyttet for behandling av opplysninger etter denne forskriften.

       Sikkerhetstiltakene skal også hindre uautorisert adgang til annet utstyr med betydning for informasjonssikkerheten.

       Utstyr skal installeres slik at ikke påvirkning fra driftsmiljøet får betydning for behandlingen av opplysninger.

§ 7-11.Sikring av konfidensialitet

       Det skal treffes tiltak mot uautorisert innsyn i opplysninger i SIS

       Sikkerhetstiltakene skal også hindre uautorisert innsyn i annen informasjon med betydning for informasjonssikkerheten.

       Lagringsmedium som inneholder opplysninger fra SIS, skal merkes slik at behovet for konfidensialitet fremgår.

       Dersom lagringsmediet ikke lenger benyttes for behandling av slike opplysninger, skal opplysningene slettes fra lagringsmediet.

§ 7-12.Sikring av tilgjengelighet

       Det skal treffes tiltak for å sikre tilgang til opplysninger hvor tilgjengelighet er nødvendig.

       Sikkerhetstiltakene skal også sikre tilgang til annen informasjon med betydning for informasjonssikkerheten.

       Alternativ behandling skal forberedes for de tilfeller informasjonssystemet er utilgjengelig for normal bruk.

       Det skal opprettes kopier av opplysninger og annen informasjon som er nødvendig for gjenoppretting av normal bruk.

§ 7-13. Sikring av integritet

       Det skal treffes tiltak mot uautorisert endring av opplysninger i SIS der integritet er nødvendig.

       Sikkerhetstiltakene skal også hindre uautorisert endring av annen informasjon med betydning for informasjonssikkerheten.

       Det skal treffes tiltak mot ødeleggende programvare.

§ 7-14.Sikkerhetstiltak

       Sikkerhetstiltak skal hindre uautorisert bruk av informasjonssystemet, og gjøre det mulig å oppdage forsøk på slik bruk.

       Forsøk på uautorisert bruk av informasjonssystemet skal registreres.

       Sikkerhetstiltak skal omfatte tiltak som ikke kan påvirkes eller omgås av medarbeiderne, og ikke være begrenset til handlinger som den enkelte forutsettes å utføre.

       Hver overføring av personopplysninger skal registreres for å kunne kontrollere om søkene er tillatt eller ikke. Registreringen kan bare brukes for dette formål og slettes tidligst etter ett år og senest etter tre år.

       Sikkerhetstiltak skal dokumenteres.

Endret ved forskrift 22 sep 2006 Nr. 1087.

§ 7-15.Sikkerhet hos andre virksomheter

       Den registeransvarlige eller de myndigheter som har tilgang til SIS skal bare overføre opplysninger elektronisk til kommunikasjonsparter som tilfredsstiller kravene i dette kapittelet.

       Leverandører som gjennomfører sikkerhetstiltak eller annen bruk av informasjonssystemet, på vegne av den registeransvarlige, skal tilfredsstille kravene i dette kapittelet.

       Den registeransvarlige skal etablere klare ansvars- og myndighetsforhold overfor kommunikasjonsparter og leverandører. Ansvars- og myndighetsforhold skal beskrives i særskilt avtale eller instruks.

       Den registeransvarlige skal ha kunnskap om sikkerhetsstrategien hos slike virksomheter, og jevnlig forsikre seg om at strategien gir tilfredsstillende informasjonssikkerhet som resultat.

§ 7-16.Dokumentasjon

       Rutiner for bruk av informasjonssystemet og annen informasjon med betydning for informasjonssikkerheten, skal dokumenteres.

       Dokumentasjon skal lagres i minimum 5 år fra det tidspunkt dokumentet ble erstattet med ny gjeldende utgave.

       Registrering av autorisert bruk av informasjonssystemet og av forsøk på uautorisert bruk, skal lagres minimum 3 måneder. Registreringer av alle hendelser med betydning for informasjonssikkerheten skal lagres i minimum 3 måneder.

Kapittel 8.- Sluttbestemmelser

§ 8-1. Ikrafttredelse

       Forskriften trer i kraft 1. januar 2001.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Lei nº 10.409, de 10 janeiro 2002. Altera a Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições, para ampliar a segurança e a fiscalização do voto eletrônico. (Publicada no DOU de 11 janeiro 2002).

Lei nº 10.409, de 10 janeiro 2002. Altera a Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições, para ampliar a segurança e a fiscalização do voto eletrônico. (Publicada no DOU de 11 janeiro 2002).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º. O Artigo 59 da Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido dos parágrafos 4º a 8º, com a seguinte redação:

“Artigo 59 ……………………………………………………….

……………………………………………………….

4º. A urna eletrônica disporá de mecanismo que permita a impressão do voto, sua conferência visual e depósito automático, sem contato manual, em local previamente lacrado, após conferência pelo eleitor.

5º. Se, ao conferir o voto impresso, o eleitor não concordar com os dados nele registrados, poderá cancelá-lo e repetir a votação pelo sistema eletrônico. Caso reitere a discordância entre os dados da tela da urna eletrônica e o voto impresso, seu voto será colhido em separado e apurado na forma que for regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral, observado, no que couber, o disposto no Artigo 82 desta Lei.

6º. Na véspera do dia da votação, o juiz eleitoral, em audiência pública, sorteará três por cento das urnas de cada zona eleitoral, respeitado o limite mínimo de três urnas por Município, que deverão ter seus votos impressos contados e conferidos com os resultados apresentados pelo respectivo boletim de urna.

7º. A diferença entre o resultado apresentado no boletim de urna e o da contagem dos votos impressos será resolvida pelo juiz eleitoral, que também decidirá sobre a conferência de outras urnas.

8º. O Tribunal Superior Eleitoral colocará à disposição dos eleitores urnas eletrônicas destinadas a treinamento.”

Artigo. 2º. A Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescida do seguinte Artigo 61A:

“Artigo 61A. Os tribunais eleitorais somente proclamarão o resultado das eleições depois de procedida a conferência a que se referem os parágrafos 6º e 7º do artigo 59.”

Artigo 3º. O Artigo 66 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 66. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições e o processamento eletrônico da totalização dos resultados.

1º. Todos os programas de computador de propriedade do Tribunal Superior Eleitoral, desenvolvidos por si ou sob encomenda, utilizados nas urnas eletrônicas para o processo de votação e apuração, serão apresentados para análise dos partidos e coligações, na forma de programas-fonte e programas-executáveis, inclusive os sistemas aplicativo e de segurança e as bibliotecas especiais, sendo que as chaves eletrônicas privadas e senhas eletrônicas de acesso se manterão no sigilo da Justiça Eleitoral.

2º. A compilação dos programas das urnas eletrônicas, referidos no parágrafo 1º, será feita em sessão pública, com prévia convocação dos fiscais dos partidos e coligações, após o que serão lacradas cópias dos programas-fonte e dos programas compilados.

3º. No prazo de cinco dias, a contar da sessão referida no parágrafo 2º, o partido ou coligação poderá apresentar impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral.

4º. Havendo necessidade de modificação dos programas, a sessão referida no parágrafo 3º realizar-se-á, novamente, para este efeito.

5º. A carga ou preparação das urnas eletrônicas será feita em sessão pública, com prévia convocação dos fiscais dos partidos e coligações para a assistirem e procederem aos atos de fiscalização, inclusive para verificarem se os programas carregados nas urnas são idênticos aos que foram lacrados na sessão referida no parágrafo 2º deste artigo, após o que as urnas serão lacradas.

6º. No dia da eleição, será realizada, por amostragem, auditoria de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas, através de votação paralela, na presença dos fiscais dos partidos e coligações, nos moldes fixados em resolução do Tribunal Superior Eleitoral.

7º. Os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização dos resultados contratando, inclusive, empresas de auditoria de sistemas, que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão, previamente, os programas de computador e os mesmos dados alimentadores do sistema oficial de apuração e totalização.”

Artigo 4º. O Tribunal Superior Eleitoral definirá as regras de implantação progressiva do sistema de impressão do voto, inclusive para as eleições de 2002, obedecidas suas possibilidades orçamentárias. (Revogada pela Lei nº 10.740, de 1 de outubro 2003)

Artigo 5º. Esta Lei entra vigor na data de sua publicação, observado o disposto no Artigo 16 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 4, de 1993.

Brasília, 10 de janeiro de 2002; 181º da Independência e 114º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Aloysio Nunes Ferreira Filho

01Ene/14

Heritage site of Santiago de Cuba. Portal de patrimonio de Santiago de Cuba

PORTAL DE PATRIMONIO DE SANTIAGO DE CUBA

Ing. Elizabeth Quintas Sánchez 1*, Ing. Yoelnis Alberto Gómez Peña 2

1Facultad Regional Granma, Universidad de las Ciencias Informáticas, Dirección: Ave Camilo Cienfuegos, Manzanillo, Granma, Cuba,

Email: [email protected]1*, Email: [email protected]2.

 

RESUMEN

El presente trabajo pretende desarrollar una aplicación Web para la gestión de la información del Patrimonio Cultural de la provincia Santiago de Cuba, exponiendo el mismo como necesidad del Centro de Patrimonio Cultural de esa provincia. Se realizó un estudio de las herramientas y metodologías informáticas a utilizar para el desarrollo de la aplicación. Analizando además el negocio de los procesos de la Red de Patrimonio y sus instituciones para una mayor comprensión del trabajo de la organización y específicamente de esta dirección. Además de implementar los requerimientos y servicios requeridos por la Red de Patrimonio, realizando el diseño del mismo. Se utilizó para la realización del portal el Sistema de Administración de Contenido (CMS) Drupal.

Palabras claves: Aplicación web, Drupal, Patrimonio.

HERITAGE SITE OF SANTIAGO DE CUBA

ABSTRACT

This paper aims to develop a Web application for managing information Cultural Heritage Santiago de Cuba province, exposing the same as a necessity Heritage Centre Cultural that province. A study of computer tools and methodologies to use for application development, also analyzing business processes Heritage Network and its institutions to a greater understanding of the organization's work and specifically this direction. In addition to implementing the requirements and services required by the Heritage Network, making the design, was used for the implementation of the portal Content Management System Drupal.

Keywords: Web application, Drupal, Heritage.

Contenido

Contenido 2

INTRODUCCIÓN 3

DESARROLLO 3

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6

BIBLIOGRAFÍA 7

ANEXOS 8

INTRODUCCIÓN

La sociedad cubana actual requiere de un hombre identificado con las raíces históricas del pueblo cubano, que le permita ser portador de una cultura general integral. Para ello es necesaria la promoción de aquellos paradigmas que representan lo más autóctono de su localidad (Portuondo Zúñiga, 1996).

Estos símbolos de interés patrimonial, natural o cultural, generalmente son vistos como lugares privilegiados que mantienen determinados recursos de interés turísticos y que, por diferentes razones, es preciso preservar, sin valorar su potencialidad para ser utilizados en la formación, fortalecimiento y conservación de valores en las nuevas generaciones y sociedad en general.

Lo más común es que se conozca la historia de la nación, no obstante aquello que es propio de cada localidad se tiene en desconocimiento, ya que no existe una herramienta efectiva que aborde de manera integral la promoción y gestión de la información referente al Patrimonio Cultural en esa provincia (Rodríguez Acosta, 2002).

DESARROLLO

Para el desarrollo de este trabajo se realizó un estudio de diferentes portales para el patrimonio en Cuba y en el mundo, evidenciándose la necesidad del desarrollo del Portal para el Patrimonio como medio representativo del patrimonio en la web tratando que dicha aplicación siempre recogiera los criterios de éxito antes mencionados (Gómez García, 2005).

En posteriores epígrafes se explica el problema a resolver y cuál es la solución propuesta por parte del equipo de desarrollo de PPSC resaltando sus principales características ya sean servicios que lo componen, elementos del sistema de navegación del portal, Sistema de Administración de Contenido (CMS) utilizado, objetivo principal del mismo así como su arquitectura de la información centrada en la búsqueda de un orden propio para facilitar la navegación confiable del usuario. Se mencionan los criterios de éxito que se tuvieron para evaluar la calidad del producto. Además se refleja la importancia del desarrollo de este tipo de productos informáticos por empresas cubanas, pues debido a la situación actual en la que se encuentra el país se evitan gastos innecesarios en el extranjero más aún cuando la solución puede realizarse en nuestras empresas productivas.

Objetivo General: Construir una aplicación Web para la gestión de la información del Patrimonio Cultural de la provincia Granma.

Objetivos específicos:

– Estudiar las herramientas y metodologías informáticas a utilizar para el desarrollo de la aplicación.

– Analizar y estudiar el negocio de los procesos de la Red de Patrimonio y sus instituciones para una mayor comprensión del trabajo de la organización y específicamente de esta dirección.

– Analizar y Diseñar el portal para Patrimonio Cultural de la provincia.

– Implementar los requerimientos y servicios requeridos por la Red de Patrimonio.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la investigación científica de este trabajo como método teórico se decide el empleo del Analítico-Sintético en el cual se realizó un estudio de la bibliografía referente al desarrollo de portales web específicamente enmarcados al tema del patrimonio cultural, además se investigaron diferentes tecnologías actualizadas para este tipo de desarrollo y se estudió la factibilidad de cada una de éstas en la Facultad Regional con el fin de conocer cuáles eran las adecuadas para ganar en tiempo de desarrollo y eficiencia. Como método empírico se utilizó la Entrevista en la que se entrevistaron a cada uno de los especialistas de la Red de Patrimonio, así como su web máster y empleados que deben interactuar con el portal con el fin de refinar detalles y pulir el entendimiento que este tipo de desarrollo requiere.

La metodología que se utilizó para el desarrollo de esta aplicación web para el Patrimonio Cultural de Santiago de Cuba fue SXP que no es más que una mezcla entre metodologías ágiles Scrum para la gestión del proyecto y XP para el desarrollo de software.

Con el fin de conocer que tan efectiva era la solución que se desarrollaba se decide establecer una serie de criterios de éxito que servirían como parámetros evaluadores de este producto informático los cuales se muestran a continuación:

– Existencia de un equipo de trabajo capaz de darle continuidad y asistencia técnica a los resultados del proyecto.

– Eficiente gestión de información de las diferentes instituciones asociadas a la Red de Patrimonio.

– Eficiente gestión de información de los diferentes trabajadores del Patrimonio Cultural.

– Eficiente gestión y actualización de la información publicada en el Portal.

– Eficiente interacción con los clientes de la Red de Patrimonio.

Se está desarrollando el portal informativo utilizando como CMS a Drupal 6.20, que brinda mayor cantidad de funcionalidades que el sitio que se va a renovar. Se está utilizando MySQL 5.1 como gestor de bases de datos, aparte de ser libre hace una buena combinación con Drupal, Apache 2.0 como servidor web y PHP como lenguaje de programación. La combinación de las dos herramientas anteriores permitirá el desarrollo de un sistema muy confiable, de fácil uso y extensivo.

RESULTADOS

Para la realización de la aplicación web se realizó un estudio para determinar la información que se quería mostrar. A continuación se muestran los principales elementos del sistema de navegación:

Información Corporativa: Se muestra lo básico para que el usuario sepa sobre que trata nuestro sitio; quiénes somos, cuál es el propósito, los objetivos e integrantes del portal, permitiendo de una forma más directa al usuario una comunicación con nosotros, a continuación se explica cada elemento:

  • Quiénes somos: Proyectar una reseña de quiénes son los trabajadores del portal y a que se dedica en particular este sitio.

  • Objetivo: Dar a conocer el objetivo con que se creó el portal de acuerdo a el ámbito de patrimonio.

  • Propósito: Se muestra el alcance de que es lo que se quiere con el portal.

  • Integrantes: Son todas las personas que pertenecen al patrimonio.

Red de Museos: Se muestra una descripción de todos los museos con que cuenta cada uno de los municipios de la provincia, haciendo referencia al objetivo del museo, una explicación de las salas existentes así como una galería de imágenes con el fin de que el usuario pueda visualizar la información mostrada.

Oficina de Monumentos y Sitios Históricos: Este servicio permite conocer la conservación tanto del patrimonio edificado como del natural. En esta provincia existen en estos momentos 47 lugares declarados Monumento Nacional y 44 Monumentos Locales (Guevara Núñez, 2011):

  • Monumentos Nacionales: Muestra todo sobre los monumentos nacionales, su estado, características entre otras cosas.

  • Monumentos Locales: Muestra todo sobre los monumentos Locales, su estado, características entre otras cosas.

Registros de Bienes Culturales: Es un espacio donde se muestra información referente al Registro de Bienes.

Colecciones de Fondos Museables: Tiene como objetivo mostrar la colección de piezas museables. La información se clasifica por colecciones (armas, artes decorativas, numismática, pinturas y dibujos, documentos, historia, arqueología, etc.). Colocando una característica de la Pieza Museable en cuestión.

EcuRed: Enciclopedia colaborativa online cubana, en idioma español, que nace de la voluntad de crear y difundir el conocimiento, con todos y para todos.

Difusión Cultural: Es toda la información que genera patrimonio con el objetivo de difundir los valores culturales de nuestra sociedad a toda la comunidad que tenga acceso al portal.

Efemérides Locales: Permite conocer todas las efemérides locales en este caso las del territorio de Santiago de Cuba.

Actividades: En este espacio se publicaran todas las actividades que desarrollarán los museos durante el mes.

Investigación: Permite conocer los resultados de investigaciones científicas y propiciar una vía de intercambio al mundo.

Boletines: Muestra los boletines con los resultados de investigaciones que se han realizado.

Revistas: Muestra las revistas con los resultados de investigaciones que se han realizado.

Artículos: Muestra los artículos con los resultados de investigaciones que se han realizado.

Servicios de Publicación: Permite al usuario el registro de sus publicaciones.

Foro: Permite que el usuario tenga acceso a todos los foros del sitio además de poder colocar nuevos temas dentro del foro.

Legislación: Permite la difusión de todas las leyes y decretos para la protección del patrimonio.

Encuesta: Es un espacio de preguntas que se le hacen a los usuarios con respecto a diferentes temas de acuerdo a la fecha, eventos, depende a lo que se esté celebrando por esos días.

Enlaces: Se muestran todo los enlaces relacionados con este tema.

Buscador: Espacio que permite organizar o jerarquizar la información almacenada por medio de la categoría institución y la categoría persona.

APORTE Y NOVEDAD

El portal actual con el que cuenta la Red de Patrimonio en estos momentos no brinda suficiente información de la situación actual del Patrimonio Cultural en la provincia de Santiago de Cuba. Presenta deficiencias para difundir la información relacionada con el Patrimonio Cultural Provincial. No presenta opciones que permitan retroalimentar a la institución sobre la visión que tienen los usuarios acerca del Sistema de Patrimonio Cultural.

Por estos problemas existentes en el viejo portal se pretende realizar un portal que le dé solución a todos los problemas anteriormente expuestos. Con el desarrollo de este nuevo portal se logrará brindar mayor información del Sistema de Patrimonio Cultural de la provincia Santiago de Cuba. Además de lograr una mayor y mejor interrelación de los usuarios con el Sistema de Patrimonio. Se aumentarán las opciones del portal para la gestión de la información. Obteniéndose la información de la visión que tiene el usuario del sistema de Patrimonio. Logrando mayor eficiencia en la gestión de la información.

Con la elaboración de este trabajo se diseña e implementa un Portal para el Patrimonio Cultural, sobre un entorno Web, que sirve como instrumento de difusión a las instituciones que lo conforman, abriéndose a las tecnologías de la información y creando nuevas formas de relación con el público. Que es capaz de situar a las instituciones en un lugar privilegiado en la web, no solo por la información que brinda sino también con nuevos servicios que creen espacios de ocio, formación e investigación. El Portal es una aplicación Web desarrollada sobre CMS Drupal, que brinda las opciones necesarias para una eficaz gestión de la información.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la realización de este trabajo se logra el reconocimiento social de la Facultad Regional de Granma en cuanto a la producción. La mejora de la gestión del Patrimonio Cultural de la provincia Santiago de Cuba. Y que se mejore la navegabilidad y usabilidad del portal que se va a desarrollar.

La solución propuesta es capaz de contar con servicios como: Brindar diversas secciones con toda la información digitalizada referente al Patrimonio Cultural de Santiago de Cuba. Brindar servicios de RSS para que otros sitios puedan utilizar la información a su manera. El portal lleva un enlace a la Enciclopedia Cubana EcuRed. Y brinda otras funcionalidades como Encuestas, Buscador, Documentos, Foros, entre otras. Se recomienda que la aplicación web sirva en el futuro para el desarrollo de otros portales de este tipo en contextos Nacionales e Internacionales.

BIBLIOGRAFÍA

Gómez García, Juan Carlos. 2005. Concepto, tipología básica y desarrollo. 2005. pág. 10.

Guevara Núñez, Orlando. 2011. Santiago de Cuba preserva y difunde su historia patriótica y revolucionaria. 2011.

Portuondo Zúñiga, Olga. 1996. Santiago de Cuba, desde su fundación hasta la guerra de los 10 años. Santiago de Cuba : Editorial Oriente, 1996.

Rodríguez Acosta, Dra. Esc. Beatriz. 2002. Noción y Tipologías de Portales Jurídicos. 2002. pág. 5.

ANEXOS

Anexo1: Versión del Portal de Patrimonio Santiago de Cuba.

 

01Ene/14

Legislacion Informatica de Arrêté royal 1er septembre 2004, portant la décision de procéder à l'introduction généralisée de la carte d'identité électronique.

Arrêté royal 1er septembre 2004, portant la décision de procéder à l'introduction généralisée de la carte d'identité électronique.

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 19, § 1er, alinéa 4;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant des mesures transitoires relatives à la carte d'identité électronique;

Vu l'évaluation positive donnée par le Conseil des Ministres en date du 20 mars 2004;

Vu l'évaluation positive donnée par la commission compétente de la Chambre des Représentants en date du 24 mars 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 août 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'introduction de la carte d'identité électronique est généralisée pour l'ensemble des communes du Royaume.

Article 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Article 3. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

01Ene/14

Landesdatenschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern. Gesetz zum Schutz des Bürgers bei der Verarbeitung seiner Daten (Landesdatenschutzgesetz – DSG M-V) vom 28. März 2002. (GVOBl. M-V nº 5 vom 17.04.2002, S. 154),  mehrfach geändert durch Artikel 2 des Gesetze

Abschnitt 1.- Allgemeine Vorschriften

 

§ 1.- Zweck

Zweck dieses Gesetzes ist es, das Recht des Einzelnen zu schützen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner Daten zu bestimmen (Recht auf informationelle Selbstbestimmung).

 

§ 2.- Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für Behörden und öffentlich-rechtliche Einrichtungen und Stellen des Landes, der Gemeinden, der Ämter, der Landkreise sowie für sonstige der Aufsicht des Landes unterstehende juristische Personen des öffentlichen Rechts (öffentliche Stellen).

(2) Als öffentliche Stellen gelten auch juristische Personen und sonstige Vereinigungen des privaten Rechts, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen und an denen eine oder mehrere der in Absatz 1 genannten juristischen Personen des öffentlichen Rechts mit absoluter Mehrheit der Anteile oder Stimmen beteiligt sind. Beteiligt sich eine juristische Person oder sonstige Vereinigung des privaten Rechts, auf die dieses Gesetz nach Satz 1 Anwendung findet, an einer weiteren Vereinigung des privaten Rechts, so findet Satz 1 entsprechende Anwendung. Nehmen nicht-öffentliche Stellen hoheitliche Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr, sind sie insoweit öffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes.

(3) Für automatisierte Dateien, die ausschließlich aus verarbeitungstechnischen Gründen vorübergehend erstellt und nach ihrer verarbeitungstechnischen Verwendung gelöscht werden, sowie für Vorentwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen und alsbald vernichtet werden, gelten nur die §§ 6, 21 und 22 sowie die §§ 29 bis 33. Diese Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen.

(4) Soweit besondere Rechtsvorschriften den Umgang mit personenbezogenen Daten regeln, gehen sie den Vorschriften dieses Gesetzes vor. Für die Gerichte sowie für die Behörden der Staatsanwaltschaft gilt dieses Gesetz nur, soweit sie Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Darüber hinaus gelten für die Behörden der Staatsanwaltschaft, soweit sie keine Verwaltungsaufgaben wahrnehmen, die §§ 18, 26, 29 bis 33 und 35 sowie die §§ 39 bis 41; die §§ 24 und 25 finden keine Anwendung.

(5) Soweit öffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, gelten für sie nur die §§ 18, 26, 29 bis 33 und 35 sowie die §§ 38 bis 41. Mit Ausnahme der Vorschriften über die Meldepflichten und die Aufsichtsbehörde (§§ 4d, 4e und 38) sind im Übrigen die für nicht-öffentliche Stellen geltenden Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes einschließlich der §§ 43 und 44 anwendbar.

(6) Für Gnadenverfahren findet dieses Gesetz keine Anwendung.

 

§ 3.- Begriffsbestimmungen

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener).

(2) Eine Datei ist

1. eine Sammlung personenbezogener Daten, die durch automatisierte Verfahren verarbeitet und ausgewertet werden kann (automatisierte Datei) oder

2. jede sonstige strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich ist (nicht-automatisierte Datei).

(3) Eine Akte ist jede sonstige amtlichen oder dienstlichen Zwecken dienende Unterlage einschließlich Bild- und Tonträgern, soweit sie nicht eine Datei im Sinne von Absatz 2 ist. Nicht hierunter fallen Vorentwürfe oder Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen.

(4) Datenverarbeitung ist jede Verwendung personenbezogener Daten im Sinne der nachfolgenden Vorschriften. Dabei ist

1. Erheben das Beschaffen von Daten,

2. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren von Daten auf einem Datenträger; dazu zählt auch das Vervielfältigen,

3. Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter Daten,

4. Übermitteln das Bekanntgeben erhobener, gespeicherter oder durch sonstige Verarbeitung gewonnener Daten an Dritte in der Weise, dass die Daten durch die Daten verarbeitende Stelle weitergegeben werden oder dass Dritte von der Daten verarbeitenden Stelle zur Einsicht oder zum Abruf bereit gehaltene Daten einsehen oder abrufen,

5. Sperren das Verhindern weiterer Verarbeitung gespeicherter Daten, ausgenommen in den Fällen, in denen dieses Gesetz die Verarbeitung der Daten zulässt,

6. Löschen das dauerhafte Unkenntlichmachen gespeicherter Daten,

7. Nutzen die inhaltliche Auswertung und Verwendung von Daten,

8. Anonymisieren das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwandeiner bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können,

9. Pseudonymisieren das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse ohne Anwendung der Zuordnungsfunktion nicht mehr oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können,

10. Verschlüsseln das Verändern personenbezogener Daten derart, dass ohne Entschlüsselung die Kenntnisnahme des Inhaltes der Daten nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist.

(5) Daten verarbeitende Stelle ist jede öffentliche Stelle, die personenbezogene Daten für sich selbst verarbeitet oder durch andere in ihrem Auftrag verarbeiten lässt oder die über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.

(6) Dritter ist jede Person oder Stelle außerhalb der Daten verarbeitenden Stelle. Dritte sind nicht der Betroffene sowie diejenigen Personen oder Stellen, die im Geltungsbereich der Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Auftrag tätig werden.

(7) Stellen innerhalb des öffentlichen Bereichs sind öffentliche Stellen nach § 2 Abs. 1 und 2, öffentliche Stellen des Bundes und der anderen Länder nach § 2 des Bundesdatenschutzgesetzes sowie öffentliche Stellen der Europäischen Union, ihrer Mitgliedsstaaten oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum.

(8) Verbundverfahren sind automatisierte Verfahren, die mehreren Daten verarbeitenden Stellen gemeinsam die Verarbeitung personenbezogener Daten ermöglichen.

(9) Abrufverfahren sind automatisierte Verfahren, die die Übermittlung personenbezogener Daten durch Abruf ermöglichen.

(10) Gemeinsame Verfahren sind automatisierte Verfahren, die aus mindestens zwei eigenständigen automatisierten Teilverfahren bestehen, für die verschiedene Daten verarbeitende Stellen verantwortlich sind.

(11) Mobile Datenverarbeitungssysteme sind informationstechnische Systeme, die zum Einsatz in automatisierten Verfahren bestimmt sind, an die Betroffenen ausgegeben werden und über eine von der ausgebenden Stelle oder Dritten bereitgestellte Schnittstelle personenbezogene Daten automatisiert austauschen können.

 

§ 4.- Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Auftrag

(1) Werden personenbezogene Daten durch andere Personen oder Stellen im Auftrag einer öffentlichen Stelle verarbeitet, so bleibt der Auftraggeber für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz verantwortlich. Die in den §§ 24, 25 und 27 genannten Rechte sind ihm gegenüber geltend zu machen. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer unter besonderer Berücksichtigung seiner Eignung für die Gewährleistung der nach den §§ 21 und 22 notwendigen technisch-organisatorischen Maßnahmen sorgfältig auszuwählen. Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen, wobei die Art und der Umfang der Verarbeitung von personenbezogenen Daten sowie erforderlichenfalls ergänzende Weisungen zu technischen und organisatorischen Maßnahmen und etwaige Unterauftragsverhältnisse festzulegen sind.

(2) Der Auftragnehmer darf personenbezogene Daten nur im Rahmen der Weisungen des Auftraggebers verarbeiten. Ist der Auftragnehmer der Ansicht, dass eine Weisung des Auftraggebers gegen dieses Gesetz oder eine andere Vorschrift über den Datenschutz verstößt, hat er den Auftraggeber unverzüglich darauf hinzuweisen.

(3) Sofern die Vorschriften dieses Gesetzes auf den Auftragnehmer keine Anwendung finden, ist der Auftraggeber verpflichtet, sicherzustellen, dass der Auftragnehmer die Vorschriften dieses Gesetzes befolgt und sich der Kontrolle des Landesbeauftragten für den Datenschutz nach Maßgabe der §§ 30 und 31 unterwirft. Der Auftraggeber hat den Landesbeauftragten für den Datenschutz über die Beauftragung zu informieren.

(4) Bei der Erbringung von Wartungs-, Fernwartungs- und anderen Hilfstätigkeiten durch Stellen oder Personen außerhalb der Daten verarbeitenden Stelle gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend, soweit die Tätigkeiten mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten verbunden sind. Der Auftraggeber hat vor Beginn der Arbeiten sicherzustellen, dass der Auftragnehmer personenbezogene Daten nur zur Kenntnis nehmen kann, soweit dies unvermeidlich ist.

 

§ 5.- Datenvermeidung, Datenschutzaudit, Systemdatenschutz

(1) Die Gestaltung von Verfahren und die Auswahl von informationstechnischen Produkten zum Einsatz in automatisierten Verfahren hat sich am Grundsatz größtmöglicher Datenvermeidung zu orientieren. Personenbezogene Daten sind zu anonymisieren und hilfsweise zu pseudonymisieren, sobald dies möglich ist und soweit der erforderliche Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Zweck steht.

(2) Informationstechnische Produkte sind vorrangig einzusetzen, wenn deren Vereinbarkeit mit den Vorschriften über den Datenschutz und die Datensicherheit in einem Prüfverfahren festgestellt wurde. Das Prüfverfahren nach Satz 1 ist im Benehmen mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz durchzuführen.

(3) Die Datenverarbeitung soll so organisiert sein, dass bei der Verarbeitung, insbesondere der Übermittlung und der Einsichtnahme, die Trennung der Daten nach den jeweils verfolgten Zwecken und nach unterschiedlichen Betroffenen möglich ist.

 

§ 6.- Datengeheimnis

Personen, die bei öffentlichen Stellen oder ihren Auftragnehmern dienstlichen Zugang zu personenbezogenen Daten haben, ist es während und nach Beendigung ihrer Tätigkeit untersagt, diese Daten zu einem anderen als dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten (Datengeheimnis). Diese Personen sind über die bei ihrer Tätigkeit zu beachtenden Vorschriften über den Datenschutz in geeigneter Weise zu unterrichten und bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten.

 

Abschnitt 2.- Verarbeitung von personenbezogenen Daten

 

§ 7.- Grundsatz

(1) Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist nur zulässig, soweit

1. die Vorschriften dieses Gesetzes sie zulassen,

2. eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder zwingend voraussetzt oder

3. der Betroffene eingewilligt hat.

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten,

1. aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen oder

2. die die Gesundheit oder das Sexualleben betreffen, ist nur zulässig, wenn eine Rechtsvorschrift, die den Zweck der Verarbeitung bestimmt, sie ausdrücklich erlaubt.

(3) Abweichend von Absatz 2 ist die Verarbeitung der dort genannten Daten zulässig,

1. wenn der Betroffene ausdrücklich eingewilligt hat,

2. auf der Grundlage der §§ 34, 35 und 39,

3. wenn dies zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten erforderlich ist und die Verarbeitung dieser Daten durch ärztliches Personal oder durch sonstige Personen erfolgt, die einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen,

4. wenn sie ausschließlich im Interesse des Betroffenen liegt und der Landesbeauftragte für den Datenschutz zuvor gehört worden ist. In Eilfällen kann die Anhörung nachgeholt werden.

(4) Privatrechtliche Stellen oder Vereinigungen, die nach § 2 Abs. 2 als öffentliche Stellen gelten, dürfen personenbezogene Daten, die Straftaten betreffen, nur unter behördlicher Aufsicht oder aufgrund einer Rechtsvorschrift verarbeiten, die den Zweck der Verarbeitung bestimmt.

(5) Sind die zur Aufgabenerfüllung notwendigen Daten in Akten oder in nicht-automatisierten Dateien mit anderen oder mit gesperrten Daten derart verbunden, dass eine Trennung der Daten nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist, so sind die Kenntnisnahme, die Mitspeicherung sowie die Übermittlung auch der nicht benötigten Daten zulässig, soweit nicht schutzwürdige Belange des Betroffenen überwiegen. Diese Daten dürfen nicht weiter verarbeitet werden. Darauf ist der Empfänger im Falle der Übermittlung in geeigneter Weise hinzuweisen.

 

§ 8.- Einwilligung

(1) Die Einwilligung des Betroffenen bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. Sie muss sich im Falle einer Datenverarbeitung nach § 7 Abs. 2 ausdrücklich auch auf die dort genannten Daten beziehen. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich eingeholt werden, so ist die Einwilligungserklärung im äußeren Erscheinungsbild des Schriftstücks hervorzuheben. Der Betroffene ist in geeigneter Weise über die Bedeutung und Tragweite der Einwilligung, insbesondere über die Art und den Umfang der Verarbeitung sowie über Empfänger beabsichtigter Übermittlungen von Daten, aufzuklären. Die Anschrift der Daten verarbeitenden Stelle ist ihm mitzuteilen. Der Betroffene ist unter Darlegung der Rechtsfolgen darauf hinzuweisen, dass er die Einwilligung verweigern und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

(2) Die Einwilligung kann auch elektronisch erklärt werden. § 3a des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes gilt entsprechend.

 

§ 9.- Erheben

(1) Das Erheben personenbezogener Daten ist zulässig, wenn deren Kenntnis zur rechtmäßigen Erfüllung einer in der Zuständigkeit der Daten verarbeitenden Stelle liegenden Aufgabe erforderlich ist, der Zweck der Erhebung hinreichend bestimmt ist und die Daten ohne Verstoß gegen Rechtsvorschriften offenbart werden können.

(2) Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen und mit seiner Kenntnis zu erheben, es sei denn, dass eine Rechtsvorschrift eine andere Art der Erhebung erlaubt oder zwingend voraussetzt oder dass der Betroffene in eine andere Art der Erhebung eingewilligt hat.

(3) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen mit seiner Kenntnis erhoben, so ist er von der Daten verarbeitenden Stelle in geeigneter Weise über den Zweck der Erhebung, die Art und den Umfang der Verarbeitung, über Empfänger beabsichtigter Übermittlungen der Daten sowie über das Bestehen von Auskunfts- oder Berichtigungsansprüchen aufzuklären. Die Anschrift der Daten verarbeitenden Stelle ist ihm mitzuteilen. Werden die Daten aufgrund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvorteilen, so ist der Betroffene hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. Er ist über die Rechtsvorschrift und über die Folgen der Verweigerung von Angaben aufzuklären.

(4) Werden personenbezogene Daten nicht beim Betroffenen, sondern bei anderen Personen sowie bei nicht-öffentlichen Stellen aufgrund einer Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, erhoben, so sind diese auf die Rechtsgrundlage, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen. Der Betroffene ist bei Beginn der Speicherung in geeigneter Weise über die Erhebung entsprechend Absatz 3 Satz 1 und 2 zu unterrichten, wenn und soweit dadurch die Erfüllung der Aufgabe der erhebenden Stelle nicht gefährdet ist.

 

§ 10.- Nutzen

(1) Das Nutzen personenbezogener Daten ist zulässig, wenn und soweit es zur Erfüllung einer in der Zuständigkeit der Daten verarbeitenden Stelle liegenden Aufgabe erforderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten dürfen nur für den Zweck genutzt werden, für den sie erhoben worden sind. Ist keine Erhebung vorausgegangen, so dürfen die Daten für den Zweck genutzt werden, für den sie bei ihrer erstmaligen Speicherung bestimmt wurden. Empfänger übermittelter Daten dürfen diese für den bei ihrer Übermittlung bestimmten Zweck nutzen.

(3) Das Nutzen personenbezogener Daten zu anderen Zwecken ist nur zulässig, wenn

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt,

2. der Betroffene eingewilligt hat,

3. offensichtlich ist, dass es im Interesse des Betroffenen liegt, und kein Grund zu der Annahme besteht, dass er in Kenntnis des anderen Zwecks seine Einwilligung verweigern würde,

4. Angaben des Betroffenen überprüft werden müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen,

5. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können oder die Daten verarbeitende Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Zweckänderung offensichtlich überwiegt,

6. es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer sonst unmittelbar drohenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist,

7. es zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug von Strafen oder Maßnahmen im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuches oder von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3427), zuletzt geändert nach Maßgabe des Artikels 8 durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. Januar 1998 (BGBl. I S. 160), oder zur Vollstreckung von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist,

8. es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person erforderlich ist oder

9. es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann.

Der andere Zweck muss hinreichend bestimmt sein. Besondere Amts- oder Berufsgeheimnisse bleiben unberührt. Für Daten im Sinne von § 7 Abs. 2 findet Satz 1 Nr. 3 keine Anwendung.

(4) Personenbezogene Daten, die für andere Zwecke erhoben oder erstmalig gespeichert worden sind, dürfen zu Zwecken der Ausübung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung oder der Durchführung von Organisationsuntersuchungen in dem dafür erforderlichen Umfang genutzt werden. Der Zugriff auf personenbezogene Daten ist nur insoweit zulässig, als dieser für die Ausübung der Befugnisse nach Satz 1 unerlässlich oder unvermeidbar ist. Eine Nutzung personenbezogener Daten zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken ist zulässig, soweit nicht überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegenstehen.

(5) Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen nur genutzt werden, wenn

1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder aus sonstigen im überwiegenden Interesse der Daten verarbeitenden Stelle oder eines Dritten liegenden Gründen unerlässlich ist und

2. die Daten hierfür genutzt werden dürften, wenn sie nicht gesperrt wären.

(6) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherheit oder zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen nicht für andere Zwecke genutzt werden, es sei denn, der Betroffene willigt ein.

 

§ 11.- Speichern, Verändern

(1) Das Speichern und Verändern personenbezogener Daten ist zulässig, wenn es zur Erfüllung einer in der Zuständigkeit der Daten verarbeitenden Stelle liegenden Aufgabe erforderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten dürfen nur zu Zwecken ihrer zulässigen Nutzung nach § 10 und in dem dafür notwendigen Umfang gespeichert oder verändert werden.

 

§ 12.- Automatisierte Einzelentscheidung

Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich auf der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale beruhen, sondern sind in jedem Einzelfall durch eine natürliche Person zu überprüfen. Satz 1 gilt nicht, wenn

1. ein Gesetz dies vorsieht oder

2. der Betroffene vor der Entscheidung die Möglichkeit erhält, seine besonderen persönlichen Interessen geltend zu machen.

 

§ 13.- Berichtigen, Sperren und Löschen

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Sind personenbezogene Daten in nicht-automatisierten Dateien oder Akten zu berichtigen, so soll in geeigneter Weise kenntlich gemacht werden, zu welchem Zeitpunkt und aus welchem Grunde sie unrichtig waren oder geworden sind. Personenbezogene Daten sind zu ergänzen, wenn der Zweck der Speicherung oder das berechtigte Interesse des Betroffenen dies erfordern.

(2) Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn

1. sie unrichtig sind und die Daten verarbeitende Stelle keine Kenntnis der richtigen Daten erlangen kann,

2. ihre Erhebung unzulässig war,

3. ihre Speicherung unzulässig ist oder

4. ihre Speicherung zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der Daten verarbeitenden Stelle liegenden Aufgabe nicht mehr erforderlich ist.

(3) An Stelle der Berichtigung oder Löschung tritt eine Sperrung, solange

1. einer Löschung nach Absatz 2 Nr. 4 Rechtsvorschriften entgegenstehen,

2. Grund zur Annahme besteht, dass durch die Berichtigung oder Löschung schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden,

3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist oder

4. es der Betroffene nach § 25 verlangt.

(4) Sind personenbezogene Daten in Akten oder nicht-automatisierten Dateien gespeichert, ist die Löschung nach Absatz 2 Nr. 4 nur durchzuführen, wenn die gesamte Akte oder nicht-automatisierte Datei zur Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist. Soweit hiernach eine Löschung nicht in Betracht kommt, sind die Daten zu sperren.

(5) Gesperrte Daten sind gesondert zu speichern. Ist dies nicht möglich, so sind die Daten mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen. Gesperrte Daten dürfen über ihre Speicherung hinaus, außer zu Zwecken ihrer zulässigen Nutzung und in den Fällen des § 7 Abs. 5, nicht mehr verarbeitet werden. Gesperrte Daten dürfen vor Ablauf ihrer Sperrfrist nur verändert oder gelöscht werden, wenn ein Grund für eine Berichtigung gegeben ist; in diesem Falle ist der ursprüngliche Zustand zu dokumentieren.

(6) Soweit öffentliche Stellen verpflichtet sind, Unterlagen einem öffentlichen Archiv zur Übernahme anzubieten, darf eine Löschung erst erfolgen, wenn das zuständige öffentliche Archiv die Übernahme abgelehnt oder über sie nicht fristgerecht entschieden hat.

(7) Werden durch eine Daten verarbeitende Stelle unrichtige, unzulässig erhobene oder unzulässig gespeicherte Daten berichtigt, gesperrt oder gelöscht, so benachrichtigt diese andere Stellen, die diese Daten ebenfalls verarbeiten, insbesondere die Empfänger von Übermittlungen. Die Unterrichtung kann unterbleiben, wenn sie einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern würde und kein Grund zur Annahme besteht, dass dadurch schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden.

 
§ 14.- Übermittlung an Stellen innerhalb des öffentlichen Bereichs

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen innerhalb des öffentlichen Bereichs ist zulässig, wenn dies zur Erfüllung einer in der Zuständigkeit der Daten verarbeitenden Stelle liegenden Aufgabe erforderlich ist oder wenn die Nutzung der Daten zur Erfüllung einer in der Zuständigkeit des Empfängers liegenden Aufgabe erforderlich und nach § 10 zulässig ist.

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen des Empfängers, trägt dieser die Verantwortung. In diesem Falle prüft die übermittelnde Stelle nur, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Empfängers liegt, es sei denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung besteht.

(3) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend, sofern sichergestellt ist, dass bei dem Empfänger ausreichend Datenschutzmaßnahmen getroffen werden. Die Feststellung trifft das Innenministerium nach Anhörung des Landesbeauftragten für den Datenschutz.

 

§ 15.- Übermittlung an inländische nicht-öffentliche Stellen

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an inländische Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs ist zulässig, wenn dies zur Erfüllung einer in der Zuständigkeit der Daten verarbeitenden Stelle liegenden Aufgabe erforderlich ist. Darüber hinaus ist sie zulässig, wenn der Empfänger ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft darlegt und der Betroffene kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung hat. In diesem Falle unterrichtet die übermittelnde Stelle den Betroffenen von der Übermittlung. Dies gilt nicht, wenn er davon auf andere Weise Kenntnis erlangt oder wenn die Unterrichtung die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde.

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur für den Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Die übermittelnde Stelle hat ihn darauf hinzuweisen. Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist zulässig, wenn eine Übermittlung nach Absatz 1 zulässig wäre und die übermittelnde Stelle zugestimmt hat.

 

§ 16.- Übermittlung an europäische nicht-öffentliche Stellen und Drittstaaten

(1) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an nicht-öffentliche Stellen in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum gilt § 15 Abs. 1 nach Maßgabe der für diese Übermittlung geltenden Gesetze und Verordnungen. Eine Übermittlung unterbleibt, soweit Grund zu der Annahme besteht, dass durch sie gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes verstoßen wird.

(2) Für die Übermittlung personenbezogener Daten in Länder außerhalb der Europäischen Union und der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum sowie an sonstige über- und zwischenstaatliche Stellen gilt § 15 Abs. 1 nach Maßgabe der für diese Übermittlung geltenden Gesetze und Verordnungen, wenn im Empfängerland ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist. Dies gilt nicht, soweit Grund zu der Annahme besteht, dass durch sie gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes verstoßen wird.

(3) Sofern im Empfängerland kein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, ist eine Übermittlung zulässig, wenn

1. der Betroffene seine Einwilligung erteilt hat,

2. die Übermittlung zur Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen vor Gericht erforderlich ist,

3. die Übermittlung zur Wahrung lebenswichtiger Interessen des Betroffenen erforderlich ist,

4. die Übermittlung aus einem für die Information der Öffentlichkeit bestimmten Register erfolgt und die Voraussetzungen für die Einsichtnahme im Einzelfall vorliegen oder

5. die empfangende Stelle ausreichende Garantien für den Schutz der Grundrechte bietet und die für die übermittelnde Stelle zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Übermittlung genehmigt.

(4) Die Angemessenheit des Datenschutzes im Empfängerland wird unter Berücksichtigung aller Umstände beurteilt, die bei einer Datenübermittlung oder einer Kategorie von Datenübermittlungen eine Rolle spielen; insbesondere werden die Art der Daten, die Zweckbestimmung sowie die Dauer der geplanten Verarbeitung, das Herkunfts- und das Endbestimmungsland, die beim Empfängerland geltenden allgemeinen oder sektoriellen Rechtsnormen sowie die dort geltenden Standesregeln und Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt.

(5) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Die empfangende Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die übermittelten Daten nur zu dem Zweck verarbeitet werden dürfen, zu dessen Erfüllung sie ihr übermittelt werden.

(6) Die übermittelnde Stelle teilt dem Landesbeauftragten für den Datenschutz ihre Feststellung über die Angemessenheit des Datenschutzes im Empfängerland mit. Ferner teilt sie ihm die nach Absatz 3 Nr. 5 erteilten Genehmigungen der Rechtsaufsichtsbehörde mit. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz teilt die nach Absatz 3 Nr. 5 erteilten Genehmigungen der Rechtsaufsichtsbehörde dem Bund mit.

 

§ 17.- Verbund-, Abruf- und gemeinsame Verfahren

(1) Verbund-, Abruf- und gemeinsame Verfahren dürfen nur eingeführt werden, wenn dies unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Belange der Betroffenen und der Aufgaben der beteiligten Stellen angemessen ist. Die gesetzlichen Anforderungen an die Zulässigkeit der Datenverarbeitung bleiben unberührt. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist vorab über die Einrichtung des Verfahrens zu informieren.

(2) Die beteiligten Stellen haben zu gewährleisten, dass die Zulässigkeit des Verfahrens kontrolliert werden kann. Hierzu ist die Verfahrensbeschreibung nach § 18 jeder beteiligten Stelle um die Feststellung zu ergänzen, für welchen Bereich der Datenverarbeitung jede der beteiligten Stellen verantwortlich ist.

(3) Die Betroffenen können ihre Rechte mit Ausnahme der Rechte nach § 26 gegenüber jeder der beteiligten Stellen geltend machen, unabhängig davon, welche Stelle für die Datenverarbeitung verantwortlich ist. Die beteiligten Stellen leiten die Anliegen der Betroffenen an die nach Absatz 2 zuständige Stelle weiter.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn innerhalb einer verarbeitenden Stelle ein Verbund-, Abruf- oder gemeinsames Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten für verschiedene Zwecke eingerichtet wird.

(5) Nicht-öffentliche Stellen können sich an Verbund-, Abruf- und gemeinsamen Verfahren beteiligen, wenn eine Rechtsvorschrift dies zulässt und sie sich insoweit den Vorschriften dieses Gesetzes unterwerfen.

 

§ 18.- Verfahrensverzeichnis

(1) Die Daten verarbeitende Stelle ist verpflichtet, in einer Beschreibung für jedes von ihr eingesetzte Verfahren festzulegen und dem behördlichen Datenschutzbeauftragten zur Führung des Verzeichnisses zu übermitteln:

1. die Bezeichnung des Verfahrens und der verarbeitenden Stelle,

2. den Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,

3. die Art der gespeicherten Daten,

4. den Kreis der Betroffenen,

5. den Kreis der Empfänger, denen die Daten mitgeteilt werden,

6. geplante Datenübermittlungen in Drittländer,

7. eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen nach den §§ 21 und 22.

(2) Das Verfahrensverzeichnis ist laufend auf dem neuesten Stand zu halten. Es ist dem Landesbeauftragten für den Datenschutz auf Anforderung zu übermitteln.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für nicht-automatisierte Verfahren, bei denen keine personenbezogenen Daten an Dritte übermittelt werden.

 

§ 19.-Freigabe, Vorabkontrolle

(1) Die Einrichtung oder die wesentliche Änderung eines automatisierten Verfahrens zur Verarbeitung personenbezogener Daten bedarf der Freigabe durch den Leiter der Daten verarbeitenden Stelle oder einen dafür beauftragten Vertreter. Die Freigabe hat schriftlich zu erfolgen. Eine datenschutzrechtliche Freigabe nach Satz 1 kann für Verfahren nach § 17 getrennt für einzelne Verfahrensbestandteile erteilt werden. Die Freigabe solcher Bestandteile, die von mehreren Stellen genutzt werden, kann vom Leiter einer der beteiligten Stellen oder einer anderen Stelle nach § 3 Absatz 5 vorgenommen werden; sie gilt, soweit diese Verfahrensbestandteile unverändert zur Anwendung kommen (zentrale Freigabe). Die Freigabe dezentraler Verfahrensbestandteile durch die Leiter der beteiligten Stellen selbst und die Vorabkontrolle durch die jeweiligen behördlichen Datenschutzbeauftragten bleiben unberührt.

(2) Vor der Einrichtung oder wesentlichen Änderung eines Verfahrens nach Absatz 1,

1. auf das § 17 Abs. 1 Anwendung findet oder

2. in dem Daten im Sinne von § 7 Abs. 2 verarbeitet werden, ist dem behördlichen Datenschutzbeauftragten Gelegenheit zur Prüfung innerhalb einer angemessenen Frist zu geben, ob die Datenverarbeitung zulässig ist und die vorgesehenen Maßnahmen nach den §§ 21 und 22 ausreichend sind. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Satz 1 gilt nicht für den Abruf aus Datenbeständen, die jedermann ohne oder nach besonderer Zulassung zur Benutzung offen stehen oder deren Veröffentlichung zulässig wäre.

(3) Die Landesregierung kann Anforderungen an die Freigabe nach Absatz 1, an das Sicherheitskonzept nach § 22 Abs. 5 sowie weitere Einzelheiten einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung der öffentlichen Stellen durch Rechtsverordnung regeln. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist anzuhören.

 

§ 20.- Behördlicher Datenschutzbeauftragter

(1) Die Daten verarbeitende Stelle hat schriftlich einen behördlichen Datenschutzbeauftragten sowie einen Vertreter zu bestellen. Der behördliche Datenschutzbeauftragte soll Beschäftigter der Daten verarbeitenden Stelle sein; soweit dadurch die Erfüllung seiner Aufgaben nicht beeinträchtigt wird, können mehrere Daten verarbeitende Stellen denselben behördlichen Datenschutzbeauftragten bestellen. Bestellt werden darf nur, wer dadurch keinem Interessenkonflikt mit sonstigen dienstlichen Aufgaben ausgesetzt wird und die zur Erfüllung seiner Aufgabe erforderliche Sachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. Der behördliche Datenschutzbeauftragte ist bei der Anwendung seiner Fachkunde auf dem Gebiet des Datenschutzes unabhängig und weisungsfrei. Er ist dem Leiter der öffentlichen Stelle unmittelbar unterstellt, kann sich direkt an ihn wenden und darf wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht benachteiligt werden. Die Beschäftigten der Daten verarbeitenden Stelle können sich ohne Einhaltung des Dienstweges in allen Angelegenheiten des Datenschutzes an ihn wenden.

(2) Die Bestellung zum behördlichen Datenschutzbeauftragten kann befristet werden. Sie kann schriftlich widerrufen werden, wenn ein Interessenkonflikt mit seinen anderen dienstlichen Aufgaben eintritt oder sonst ein wichtiger Grund in entsprechender Anwendung von § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches vorliegt. Vor der Entscheidung über den Widerruf ist der behördliche Datenschutzbeauftragte zu hören.

(3) Der behördliche Datenschutzbeauftragte hat die Aufgabe, die Daten verarbeitende Stelle bei der Ausführung dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz zu überwachen und Hinweise zur Umsetzung zu geben. Er kann Auskünfte verlangen und Einsicht in Akten und Dateien nehmen, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. Berufs- und Amtsgeheimnisse können ihm nicht entgegengehalten werden. Zu seiner Unterstützung kann er sich jederzeit an den Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden. Zu seinen Aufgaben gehört es insbesondere,

1. auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften bei der Einführung von Datenverarbeitungsmaßnahmen hinzuwirken,

2. die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen durch geeignete Maßnahmen mit den Bestimmungen dieses Gesetzes sowie den sonstigen Vorschriften über den Datenschutz vertraut zu machen,

3. die Daten verarbeitende Stelle bei der Umsetzung der nach den §§ 18, 21 und 22 erforderlichen Maßnahmen zu unterstützen,

4. das Verzeichnis nach § 18 zu führen und

5. die Vorabkontrolle nach § 19 durchzuführen.

(4) Das Verzeichnis nach § 18 Abs. 1 kann von jedermann eingesehen werden. Dies gilt nicht für die Angaben nach § 18 Abs. 1 Nr. 7 und die Verfahren, die nach § 24 Abs. 4 Nr. 2 und 3 nicht der Auskunftspflicht unterliegen.

 

§ 21.- Allgemeine Maßnahmen zur Datensicherheit

(1) Die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz ist durch technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, die nach dem Stand der Technik und nach der Schutzbedürftigkeit der zu verarbeitenden Daten erforderlich und angemessen sind.

(2) Dabei ist insbesondere zu gewährleisten, dass

1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen können (Vertraulichkeit),

2. personenbezogene Daten während der Verarbeitung unversehrt, vollständig und aktuell bleiben (Integrität),

3. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfügung stehen und ordnungsgemäß verarbeitet werden können (Verfügbarkeit),

4. personenbezogene Daten jederzeit ihrem Ursprung zugeordnet werden können (Authentizität der Daten),

5. unter Beteiligung der Personal- oder Arbeitnehmervertretung von der Daten verarbeitenden Stelle ein Protokollierungsverfahren festgelegt wird, das die Feststellung erlaubt, wer wann welche personenbezogenen Daten in welcher Weise verarbeitet hat (Revisionsfähigkeit) und

6. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten vollständig und in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden können (Transparenz).

§ 22.- Besondere Maßnahmen zur Datensicherheit beim Einsatz automatisierter Verfahren

(1) Automatisierte Verfahren sind so zu gestalten, dass eine Verarbeitung personenbezogener Daten erst möglich ist, nachdem die Berechtigung des Benutzers festgestellt worden ist.

(2) Zugriffe, mit denen Änderungen an automatisierten Verfahren bewirkt werden können, dürfen nur den dazu ausdrücklich berechtigten Personen möglich sein. Die Zugriffe dieser Personen sind zu protokollieren und zu kontrollieren.

(3) Werden personenbezogene Daten mit Hilfe informationstechnischer Geräte von der verarbeitenden Stelle außerhalb ihrer Räumlichkeiten verarbeitet, sind die Datenbestände zu verschlüsseln.

(4) Sollen personenbezogene Daten ausschließlich automatisiert gespeichert werden, ist zu protokollieren, wann, durch wen und in welcher Weise die Daten gespeichert wurden. Entsprechendes gilt für die Veränderung und Übermittlung der Daten. Die Protokollbestände sind ein Jahr zu speichern. Es ist sicherzustellen, dass die Verfahren und Geräte, mit denen die gespeicherten Daten lesbar gemacht werden können, verfügbar sind.

(5) In einem Sicherheitskonzept ist für jedes automatisierte Verfahren festzulegen, in welcher Form die Anforderungen des § 21 und der Absätze 1 bis 4 umzusetzen sind.

 

§ 23.- Pflicht zur Benachrichtigung Betroffener

Hat eine Daten verarbeitende Stelle Grund zur Annahme oder Kenntnis, dass unrichtige, unzulässig erhobene oder unzulässig gespeicherte personenbezogene Daten in der Weise genutzt wurden, dass dem Betroffenen daraus ein Nachteil entstanden ist oder zu entstehen droht, so hat sie diesen unverzüglich zu benachrichtigen.

 

Abschnitt 3.- Rechte des Betroffenen

 

§ 24.- Auskunft, Akteneinsicht

(1) Dem Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen über

1. die zu seiner Person gespeicherten Daten,

2. die verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten und die Empfänger, an die die Daten übermittelt werden,

3. den Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,

4. die Funktionsweise des Verarbeitungsverfahrens im Falle einer zulässigen automatisierten Einzelentscheidung nach § 12.

In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher bezeichnet werden. Sind die personenbezogenen Daten in Akten gespeichert, soll der Betroffene Angaben machen, die das Auffinden der Daten ermöglichen. Die speichernde Stelle bestimmt das Verfahren, insbesondere die Form der Auskunftserteilung, nach pflichtgemäßem Ermessen.

(2) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermittlung personenbezogener Daten an Verfassungsschutzbehörden, den Bundesnachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit des Bundes berührt wird, andere Behörden des Bundesministeriums der Verteidigung ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig.

(3) Den Betroffenen kann statt der Auskunft Einsicht in die zu ihrer Person gespeicherten Daten gewährt werden. Die Einsicht wird nicht gewährt, soweit diese mit personenbezogenen Daten Dritter oder geheimhaltungsbedürftigen nicht personenbezogenen Daten derart verbunden sind, dass ihre Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. Rechtsvorschriften über Akteneinsicht im Verwaltungsverfahren bleiben unberührt.

(4) Die Auskunftserteilung oder die Gewährung von Einsicht unterbleibt, soweit eine Prüfung ergibt, dass

1. dadurch die Erfüllung der Aufgaben der Daten verarbeitenden Stelle, einer übermittelnden Stelle oder einer empfangenden Stelle gefährdet würde,

2. dadurch die öffentliche Sicherheit gefährdet würde oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes schwere Nachteile entstehen würden oder

3. die personenbezogenen Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder wegen der berechtigten Interessen einer dritten Person geheim gehalten werden müssen.

(5) Die Ablehnung der Auskunftserteilung und die Versagung der Einsichtnahme bedürfen keiner Begründung, soweit durch die Mitteilung der tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, der mit der Auskunftsverweigerung oder der Versagung der Akteneinsicht verfolgte Zweck gefährdet würde. In diesem Fall ist der Betroffene darauf hinzuweisen, dass er sich an den Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden kann.

(6) Wird dem Betroffenen keine Auskunft oder Einsicht gewährt, so ist sie auf sein Verlangen dem Landesbeauftragten für den Datenschutz zu erteilen, soweit nicht die jeweils zuständige oberste Landesbehörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet würde. Die Mitteilung des Landesbeauftragten für den Datenschutz an den Betroffenen darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der Daten verarbeitenden Stelle zulassen, sofern diese nicht einer weitergehenden Auskunft zugestimmt hat.

(7) Auskunft und Akteneinsicht sind unentgeltlich.

 

§ 25.- Sperrung und Widerspruch durch den Betroffenen

(1) Der Betroffene hat das Recht, personenbezogene Daten sperren zu lassen, soweit er deren Richtigkeit bestreitet und sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit nachweisen lässt.

(2) Der Betroffene hat das Recht, bis zur Klärung von Schadensersatzansprüchen unrichtige, unzulässig erhobene oder unzulässig gespeicherte Daten zu seiner Person, die bereits genutzt wurden, auf Antrag bei der Daten verarbeitenden Stelle sperren zu lassen. Die Sperrung wird nach Ablauf von sechs Monaten vom Zeitpunkt des Sperrantrags an unwirksam, wenn durch den Betroffenen innerhalb dieses Zeitraums kein Schadensersatzanspruch gerichtlich geltend gemacht wurde.

(3) Der Betroffene kann gegenüber der Daten verarbeitenden Stelle der Verarbeitung seiner Daten schriftlich widersprechen, wenn er geltend macht, dass die Verarbeitung seine besonderen persönlichen Interessen beeinträchtigt. In diesem Fall ist die Datenverarbeitung nur zulässig, wenn sie überwiegend im öffentlichen Interesse liegt. Das Prüfungsergebnis mit Begründung ist dem Betroffenen schriftlich mitzuteilen. Die Sätze 1 bis 3 finden keine Anwendung auf Verfahren, die der Gefahrenabwehr, der Strafverfolgung oder der Steuerfahndung dienen.

(4) Der Betroffene ist von der Daten verarbeitenden Stelle über ihre Absicht der Weitergabe seiner Daten zum Zwecke der Direktwerbung rechtzeitig zu informieren. Er ist ausdrücklich auf sein Recht hinzuweisen, einer solchen Weitergabe kostenfrei zu widersprechen.

 
§ 26.- Anrufung des Landesbeauftragten für den Datenschutz

Jeder hat das Recht, sich an den Landesbeauftragten für den Datenschutz zu wenden, wenn er annimmt, bei der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch eine der Kontrolle des Landesbeauftragten für den Datenschutz unterliegenden Stelle in seinen Rechten verletzt worden zu sein; Beschäftigte öffentlicher Stellen können sich dabei ohne Einhaltung des Dienstwegs an den Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden.

 

§ 27.- Schadensersatz

(1) Verletzt eine Daten verarbeitende Stelle durch eine unzulässige oder unrichtige automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten die Rechte eines Betroffenen, so ist sie ihm unabhängig von einem Verschulden zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(2) Die Schadensersatzpflicht der Daten verarbeitenden Stelle tritt auch bei nicht-automatisierter Verarbeitung ein, es sei denn, die Daten verarbeitende Stelle weist nach, dass sie den Schaden nicht zu vertreten hat.

(3) Bei einer schweren Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist dem Betroffenen der Schaden, der nicht Vermögensschaden ist, angemessen in Geld zu ersetzen.

(4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 bis 3 sind insgesamt bis zu einer Höhe von 130 000 Euro begrenzt. Ist aufgrund desselben Ereignisses an mehrere Personen Schadensersatz zu leisten, der insgesamt den Höchstbetrag von 130 000 Euro übersteigt, so verringern sich die einzelnen Schadensersatzleistungen in dem Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zu dem Höchstbetrag steht.

(5) Sind an einem Verfahren mehrere Daten verarbeitende Stellen beteiligt und ist der Geschädigte nicht in der Lage, die verursachende Stelle festzustellen, so haftet jede dieser Stellen.

(6) Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner.

(7) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Betroffenen mitgewirkt, so gilt § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend. Auf die Verjährung finden die für unerlaubte Handlungen geltenden Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

(8) Vorschriften, nach denen ein Ersatzpflichtiger in weiterem Umfang als nach dieser Vorschrift haftet oder nach denen ein anderer für den Schaden verantwortlich ist, bleiben unberührt.

(9) Der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten steht offen.

 

§ 28.- Unabdingbarkeit der Rechte Betroffener

Die Rechte nach den §§ 24 bis 27 können auch durch die Einwilligung des Betroffenen nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden.

 

Abschnitt 4.- Der Landesbeauftragte für den Datenschutz

 

§ 29.- Berufung und Rechtsstellung

(1) Das Amt des Landesbeauftragten für den Datenschutz wird beim Präsidenten des Landtags eingerichtet.

(2) Der Landtag wählt ohne Aussprache den Landesbeauftragten für den Datenschutz mit mehr als der Hälfte seiner Mitglieder für die Dauer von sechs Jahren. Die Wiederwahl ist nur einmal zulässig. Vorschlagsberechtigt sind die Fraktionen des Landtags. Kommt vor Ablauf der Amtszeit eine Neuwahl nicht zustande, führt der Landesbeauftragte für den Datenschutz das Amt bis zur Neuwahl weiter.

(3) Der Präsident des Landtags ernennt den Landesbeauftragten für den Datenschutz zum Beamten auf Zeit.

(4) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz bestellt einen Mitarbeiter zum Stellvertreter. Der Stellvertreter führt die Geschäfte, wenn der Landesbeauftragte für den Datenschutz an der Ausübung des Amtes verhindert ist.

(5) Vor Ablauf der Amtszeit kann der Landesbeauftragte nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtags abberufen werden. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kann jederzeit die Entlassung verlangen.

(6) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist in der Ausübung des Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Er untersteht der Dienstaufsicht des Präsidenten des Landtags, soweit seine Unabhängigkeit dadurch nicht beeinträchtigt wird. Für die Erfüllung der Aufgaben ist die notwendige Personal- und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen; die Mittel sind im Einzelplan des Landtags in einem gesonderten Kapitel auszuweisen.

(7) Die Mitarbeiter werden auf Vorschlag des Landesbeauftragten für den Datenschutz ernannt. Sie können nur im Einvernehmen mit ihm versetzt oder abgeordnet werden. Ihr Dienstvorgesetzter ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz, an dessen Weisungen sie ausschließlich gebunden sind.

(8) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist oberste Dienstbehörde im Sinne des § 96 der Strafprozessordnung und oberste Aufsichtsbehörde im Sinne des § 99 der Verwaltungsgerichtsordnung. Er trifft die Entscheidungen über Aussagegenehmigungen für sich und die Mitarbeiter in eigener Verantwortung.

(9) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kann sich jederzeit an den Landtag wenden.

 

§ 30.- Kontrolle

(1) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kontrolliert die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz bei den öffentlichen Stellen. Er kontrolliert die Einhaltung der Datenschutzvorschriften auch bei Stellen, die sich und soweit sie sich seiner Kontrolle unterworfen haben.

(2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz teilt das Ergebnis seiner Kontrolle der öffentlichen Stelle mit. Damit kann er Vorschläge zur Verbesserung des Datenschutzes, insbesondere zur Beseitigung der festgestellten Mängel bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, verbinden. § 32 bleibt unberührt.

 

§ 31.- Unterstützung

(1) Die öffentlichen Stellen und diejenigen Stellen, die sich der Kontrolle des Landesbeauftragten für den Datenschutz unterworfen haben, sind verpflichtet, ihn und seine Beauftragten bei der Aufgabenerfüllung, namentlich bei der Durchführung von Kontrollen zu unterstützen. Ihnen ist dabei insbesondere

1. Auskunft zu ihren Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen zu gewähren, die im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung stehen, namentlich in die gespeicherten Daten sowie in die Datenverarbeitungssysteme und Programme, und

2. jederzeit Zutritt zu allen Diensträumen zu gewähren.

(2) Die Rechte nach Absatz 1 dürfen nur vom Landesbeauftragten für den Datenschutz persönlich ausgeübt werden, wenn die zuständige oberste Landesbehörde im Einzelfall feststellt, dass die Sicherheit des Bundes oder eines Landes dies gebietet.

 

§ 32.- Beanstandungen

(1) Stellt der Landesbeauftragte für den Datenschutz Verstöße gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder gegen andere Datenschutzbestimmungen oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten fest, so beanstandet er dies

1. bei den Behörden des Landes gegenüber der zuständigen obersten Landesbehörde,

2. bei den Gemeinden, Ämtern und Landkreisen gegenüber dem verwaltungsleitenden Organ,

3. bei den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie bei Vereinigungen solcher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen gegenüber dem Vorstand oder dem sonst vertretungsberechtigten Organ,

4. bei privatrechtlichen Stellen nach § 2 Abs. 2 gegenüber dem gesetzlichen Vertreter und fordert zur Stellungnahme innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist auf. In Fällen von Satz 1 Nr. 2 und 3 unterrichtet der Landesbeauftragte für den Datenschutz gleichzeitig auch die zuständige oberste Aufsichtsbehörde.

(2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kann von einer Beanstandung absehen oder auf eine Stellungnahme verzichten, wenn es sich um unerhebliche oder bereits beseitigte Mängel handelt.

(3) Die gemäß Absatz 1 abzugebende Stellungnahme soll auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die auf Grund der Beanstandung des Landesbeauftragten für den Datenschutz getroffen worden sind. Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 genannten Stellen leiten der zuständigen obersten Aufsichtsbehörde eine Abschrift ihrer Stellungnahme an den Landesbeauftragten für den Datenschutz zu.

(4) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kann nach pflichtgemäßem Ermessen Betroffene von Verstößen gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder andere Datenschutzvorschriften unterrichten.

 

§ 33.- Weitere Aufgaben und Befugnisse

(1) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz hat dem Landtag und der Landesregierung jeweils für zwei Kalenderjahre einen Bericht über das Ergebnis seiner Tätigkeit vorzulegen. Die Landesregierung leitet dazu innerhalb von vier Monaten nach Vorlage dieses Berichts ihre Stellungnahme dem Landtag zu.

(2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz berät die obersten Landesbehörden sowie die sonstigen öffentlichen Stellen in Fragen des Datenschutzes. Dabei kann er Empfehlungen zur Verbesserung des Datenschutzes geben. Der Landtag und die Landesregierung können den Landesbeauftragten für den Datenschutz mit der Erstellung von Gutachten und der Durchführung von Untersuchungen in Datenschutzfragen betrauen. Vor dem Erlass oder der Änderung von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, die das Recht auf informationelle Selbstbestimmung berühren, ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz zu hören.

(3) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz wirkt auf eine Zusammenarbeit mit den öffentlichen Stellen, die für die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz im Bund und in den Ländern zuständig sind, sowie mit den für nicht-öffentliche Stellen nach dem Bundesdatenschutzgesetz zuständigen Aufsichtsbehörden hin. Im Geltungsbereich der Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union kann der Landesbeauftragte für den Datenschutz die für die Ausübung der Kontrolle im öffentlichen Bereich zuständigen Stellen um Amtshilfe ersuchen und ist auf Ersuchen selber zur Amtshilfe verpflichtet.

(4) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz informiert die Öffentlichkeit in angemessener Form zu Fragen des Datenschutzes.

(5) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz beobachtet die Entwicklung und Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik, insbesondere der automatisierten Datenverarbeitung, und ihre Auswirkungen auf die Arbeitsweise der öffentlichen Stellen. Zu diesem Zweck ist er über Verfahrensentwicklungen im Zusammenhang mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig und umfassend zu unterrichten.

 

§ 33a.- Aufsichtsbehörde für den nicht-öffentlichen Bereich

Aufsichtsbehörde nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes für die Datenverarbeitung nicht-öffentlicher Stellen ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz.

 

§ 33b.- Datenschutzbeirat

(1) Beim Landesbeauftragten für den Datenschutz wird ein Beirat gebildet. Er besteht aus zehn Mitgliedern. Ein Mitglied wird durch die Landesregierung bestellt. Jeweils ein weiteres Mitglied wird auf Vorschlag

1. des Städte- und Gemeindetags Mecklenburg-Vorpommern,

2. des Landkreistags Mecklenburg-Vorpommern,

3. des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Bezirk Nord,

4. des Deutschen Beamtenbundes, Landesbund Mecklenburg-Vorpommern,

5. der Vereinigung der Unternehmensverbände für Mecklenburg-Vorpommern,

6. des Landesverbandes der Freien Berufe Mecklenburg-Vorpommern vom Landtag bestellt.

Ferner bestellt der Landtag aus seiner Mitte drei Mitglieder nach dem von ihm beschlossenen Berechnungsverfahren zur Bestimmung der Anteile, Zugriffe und Reihenfolgen der Fraktionen. Der Landtag kann weitere Mitglieder des Datenschutzbeirates bestellen; die Zahl der Mitglieder nach Satz 2 erhöht sich entsprechend. Für jedes Mitglied des Datenschutzbeirats wird ein stellvertretendes Mitglied bestellt.

(2) Die Mitglieder des Beirats werden für fünf Jahre, die Mitglieder aus der Mitte des Landtags für die Wahldauer des Landtags bestellt; sie sind in ihrer Tätigkeit an Aufträge und Weisungen nicht gebunden.

(3) Der Beirat berät den Landesbeauftragten für den Datenschutz bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben. Die Unabhängigkeit des Landesbeauftragten für den Datenschutz nach § 29 Absatz 6 Satz 1 und die Berichtspflicht gegenüber dem Landtag werden dadurch nicht berührt.

(4) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung. Den Vorsitz führt ein Mitglied des Landtags.

(5) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz nimmt an den Sitzungen des Beirats teil. Er informiert den Beirat von Beanstandungen nach § 32 Absatz 1. Vor Empfehlungen nach § 33 Absatz 2 Satz 2 kann dem Beirat Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden.

(6) Die Mitglieder des Beirates haben, auch nach ihrem Ausscheiden, über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

 

Abschnitt 5.- Besondere Regelungen

 

§ 34.- Wissenschaftliche Forschung

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen Zwecken soll in anonymisierter Form erfolgen. Stehen einer Anonymisierung wissenschaftliche Gründe entgegen, können die Daten auch in pseudonymisierter Form verarbeitet werden, wenn der mit der Forschung befasste Personenkreis oder die empfangende Stelle oder Person keinen Zugriff auf die Zuordnungsfunktion hat. Datenerfassung, Anonymisierung und Pseudonymisierung können auch durch die mit der Forschung befassten Personen erfolgen, wenn sie zuvor zur Verschwiegenheit verpflichtet worden sind.

(2) Ist eine Anonymisierung oder Pseudonymisierung nicht möglich, können personenbezogene Daten für ein Forschungsvorhaben verarbeitet werden, wenn

1. der Betroffene eingewilligt hat,

2. dessen schutzwürdige Belange wegen der Art der Daten, wegen ihrer Offenkundigkeit oder wegen der Art der Nutzung nicht beeinträchtigt werden oder

3. die zuständige oberste Aufsichtsbehörde festgestellt hat, dass das öffentliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens die schutzwürdigen Belange des Betroffenen erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung nicht auf andere Weise erreicht werden kann.

Sollen personenbezogene Daten übermittelt werden, ist in der Feststellung nach Nummer 3 der Empfänger, die Art der zu übermittelnden personenbezogenen Daten, der Kreis der Betroffenen und der Forschungszweck zu bezeichnen; sie ist dem Landesbeauftragten für den Datenschutz mitzuteilen. Diese Feststellung kann entfallen, wenn eine forschende Person die Anonymisierung innerhalb der Daten verarbeitenden Stelle vornimmt und der behördliche Datenschutzbeauftragte dem Verfahren zugestimmt. Sobald der Forschungszweck dies gestattet, sind die Daten zu anonymisieren, hilfsweise zu pseudonymisieren. Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden können. Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit und solange der Forschungszweck dies erfordert. Sie müssen gelöscht werden, sobald der Forschungszweck dies gestattet.

(3) Die übermittelten personenbezogenen Daten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen nicht weiter übermittelt oder für einen anderen als den ursprünglichen Forschungszweck genutzt werden.

(4) Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erhobene oder gespeicherte personenbezogene Daten dürfen nur für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung genutzt werden.

(5) Die wissenschaftliche Forschung betreibende Stelle darf personenbezogene Daten nur veröffentlichen, soweit

1. der Betroffene eingewilligt hat oder

2. dieses für die Darstellung von Forschungsergebnissen über die Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist.

(6) Soweit die Vorschriften dieses Gesetzes auf den Empfänger keine Anwendung finden, dürfen personenbezogene Daten an ihn nur übermittelt werden, wenn sich der Empfänger verpflichtet, die Vorschriften des Absatzes 2 Satz 4 bis 7 sowie der Absätze 3 bis 5 einzuhalten und sich der Kontrolle des Landesbeauftragten für den Datenschutz unterwirft.

 

§ 35.- Datenverarbeitung bei Dienst- und Arbeitsverhältnissen

(1) Öffentliche Stellen dürfen Daten ihrer Beschäftigten nur verarbeiten, wenn dies zur Eingehung, Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses oder zur Durchführung innerdienstlicher organisatorischer, sozialer und personeller Maßnahmen erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift, ein Tarifvertrag oder eine Dienstvereinbarung es vorsieht.

(2) Eine Übermittlung der Daten von Beschäftigten an Personen und Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs ist nur zulässig, wenn

1. der Betroffene eingewilligt hat,

2. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht,

3. Art oder Zielsetzung der einem Beschäftigten übertragenen Aufgabe oder der Dienstverkehr es erfordert oder

4. der Empfänger ein rechtliches Interesse glaubhaft macht und der Betroffene vor der Übermittlung unterrichtet wurde und dieser nicht widersprochen hat.

(3) Die Übermittlung an einen künftigen Dienstherrn oder Arbeitgeber ist nur mit Einwilligung des Betroffenen zulässig.

(4) Das Erheben medizinischer Daten aufgrund ärztlicher Untersuchungen zum Zwecke der Eingehung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses ist nur zulässig, soweit dadurch die Eignung des Bewerbers hierfür festgestellt wird und er seine Einwilligung erteilt hat. Das Erheben psychologischer Daten zur Eingehung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses ist nur zulässig, soweit dies wegen der besonderen Anforderungen an die vorgesehene Tätigkeit erforderlich ist und der Bewerber hierzu seine Einwilligung erteilt hat. Der Dienstherr darf nur das Ergebnis der Untersuchungen anfordern.

(5) Personenbezogene Daten, die zu Zwecken der Eingehung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses erhoben wurden, sind zu löschen, sobald feststeht, dass ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis nicht zustande kommt. Dies gilt nicht, wenn der Betroffene in die weitere Speicherung eingewilligt hat oder soweit Rechtsvorschriften einer Löschung entgegenstehen. Besteht Grund zu der Annahme, dass durch die Löschung schutzwürdige Belange des Betroffenen beeinträchtigt werden, ist er zu benachrichtigen. Soweit Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, sind personenbezogene Daten nach Beendigung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses zu löschen, wenn diese nicht mehr benötigt werden.

(6) Beurteilungen und Personalentscheidungen dürfen nicht allein auf Informationen gestützt werden, die aus automatisierter Datenverarbeitung gewonnen werden; medizinische und psychologische Befunde von Beschäftigten oder Bewerbern dürfen vom Dienstherrn oder Arbeitgeber nicht automatisiert verarbeitet werden.

(7) Daten von Beschäftigten, die im Rahmen der Durchführung der technischen und organisatorischen Maßnahmen nach den §§ 21 und 22 gespeichert werden, dürfen nicht zu Zwecken der Verhaltens- oder Leistungskontrolle genutzt werden.

 

§ 36.- Mobile Datenverarbeitungssysteme

(1) Mobile Datenverarbeitungssysteme dürfen nur eingesetzt werden, wenn

1. eine Rechtsvorschrift, eine tarifvertragliche Regelung oder eine Dienstvereinbarung dies zulässt oder

2. der Betroffene eingewilligt hat.

(2) Für den Betroffenen muss jederzeit erkennbar sein,

1. ob Datenverarbeitungsvorgänge auf dem mobilen Datenverarbeitungssystem oder durch dieses veranlasst durchgeführt werden,

2. welche seiner personenbezogenen Daten betroffen sind und

3. welcher Verarbeitungsvorgang im Einzelnen abläuft oder angestoßen wird.

Dem Betroffenen sind die Informationen nach Nummer 2 und 3 auf seinen Wunsch schriftlich mitzuteilen.

(3) Der Betroffene ist bei der Ausgabe des mobilen Datenverarbeitungssystems über die ihm zustehenden Rechte aufzuklären. Sofern zur Wahrnehmung der Informationsrechte besondere Geräte oder Einrichtungen erforderlich sind, hat die ausgebende Stelle dafür zu sorgen, dass diese in angemessenem Umfang unentgeltlich zur Verfügung stehen.

(4) Der Betroffene kann die ihm zustehenden Rechte gegenüber der ausgebenden sowie jeder anderen Stelle geltend machen, die das mobile Datenverarbeitungssystem zur Datenverarbeitung einsetzt. Dies gilt unabhängig davon, welche Stelle im Einzelfall für die jeweilige Datenverarbeitung verantwortlich ist. Die beteiligten Stellen leiten die Anliegen des Betroffenen an die zuständige Stelle weiter.

 

§ 37.- Videoüberwachung und -aufzeichnung

(1) Öffentliche Stellen dürfen mit optisch-elektronischen Einrichtungen öffentlich zugängliche Räume beobachten, soweit

1. dies zur Wahrnehmung eines Hausrechts erforderlich ist,

2. schutzwürdige Belange Betroffener nicht überwiegen und

3. die Überwachung durch geeignete Maßnahmen erkennbar gemacht wurde.

(2) Das Bildmaterial darf gespeichert werden, wenn dies zur Abwendung einer konkreten Gefahr oder zu Zwecken der Beweissicherung erforderlich ist und die Tatsache der Aufzeichnung für die Betroffenen durch geeignete Maßnahmen erkennbar gemacht wurde. Die Aufzeichnungen sind spätestens nach sieben Tagen zu löschen, es sei denn, die weitere Speicherung ist zur Aufklärung oder Verfolgung der dokumentierten Vorkommnisse erforderlich.

 

§ 38.- Fernmess- und Fernwirkdienste

(1) Wer eine Datenverarbeitungs- oder Übertragungseinrichtung zu dem Zweck nutzt, bei einem Betroffenen, insbesondere in der Wohnung oder in Geschäftsräumen, ferngesteuert Messungen vorzunehmen oder andere Wirkungen auszulösen, bedarf dessen Einwilligung.

(2) Eine Leistung, der Abschluss oder die Abwicklung eines Vertragsverhältnisses darf nicht von der Einwilligung des Betroffenen nach Absatz 1 abhängig gemacht werden. Verweigert oder widerruft der Betroffene seine Einwilligung, so dürfen ihm keine Nachteile entstehen, die über die unmittelbaren Folgekosten hinausgehen. Das Abschalten der Einrichtung durch den Betroffenen gilt im Zweifel als Widerruf der Einwilligung.

 

§ 39.- Öffentliche Auszeichnungen

(1) Zur Vorbereitung öffentlicher Auszeichnungen dürfen der Ministerpräsident, der Innenminister, die vorschlagsberechtigten Stellen sowie die von ihnen besonders beauftragten Stellen die dazu erforderlichen personenbezogenen Daten auch ohne Kenntnis des Betroffenen erheben. Die Nutzung dieser Daten für andere Zwecke ist nur mit Einwilligung des Betroffenen zulässig.

(2) Auf Anforderung der in Absatz 1 genannten Stellen dürfen andere öffentliche Stellen die zur Vorbereitung der Auszeichnung erforderlichen Daten übermitteln.

 

Abschnitt 6.- Personenbezogene Daten ehemaliger Einrichtungen

 

§ 40.- Zuständigkeit für personenbezogene Daten ehemaliger Einrichtungen

(1) Personenbezogene Daten ehemaliger Einrichtungen stehen derjenigen öffentlichen Stelle zu, auf die die Aufgaben dieser Einrichtungen übergegangen sind. Sie ist die verantwortliche Daten verarbeitende Stelle. Ist eine Zuordnung der Daten nach Satz 1 nicht möglich, so bestimmt das Innenministerium durch Verordnung die zuständige öffentliche Stelle.

(2) Personenbezogene Daten ehemaliger Einrichtungen sind personenbezogene Daten, die vor dem 3. Oktober 1990 von ehemaligen Einrichtungen nach ihrer Zweckbestimmung überwiegend für Verwaltungsaufgaben gespeichert waren, die nach dem Grundgesetz von öffentlichen Stellen wahrzunehmen sind.

(3) Ehemalige Einrichtungen sind ehemalige staatliche Organe, Kombinate, Betriebe oder Einrichtungen der Deutschen Demokratischen Republik auf dem Gebiet des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

 

§ 41.- Zulässige Nutzung und Zweckbestimmung der Speicherung personenbezogener Daten ehemaliger Einrichtungen

Die Nutzung personenbezogener Daten ehemaliger Einrichtungen ist zulässig, soweit ihre Kenntnis zur rechtmäßigen Erfüllung einer in der Zuständigkeit der Daten verarbeitenden Stelle liegenden Aufgabe erforderlich ist und die Art und der Umfang der weiteren Nutzung eindeutig bestimmt ist. Diese Daten gelten als für den nach Satz 1 bestimmten Zweck erstmalig gespeichert.

 

Abschnitt 7.- Bußgeld-, Straf-, Übergangs- und Schlussvorschriften

 

§ 42.- Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer unbefugt von diesem Gesetz geschützte personenbezogene Daten, die nicht offenkundig sind,

1. erhebt, speichert, verändert, übermittelt, zweckwidrig verarbeitet, zum Abruf bereit hält oder löscht oder

2. abruft, einsieht, sich verschafft oder durch Vortäuschung falscher Tatsachen ihre Übermittlung an sich oder andere veranlasst.

(2) Ordnungswidrig handelt zudem, wer

1. sich bei pseudonymisierten Daten nach § 34 Absatz 1 Satz 2 unbefugt Zugriff auf die Zuordnungsfunktion verschafft oder

2. entgegen § 34 Absatz 2 Satz 6 die in § 34 Absatz 2 Satz 5 bezeichneten Merkmale mit den Einzelangaben zusammenführt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50 000 Euro geahndet werden.

(4) Zuständige Behörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach den Absätzen 1 und 2 ist die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde, jedoch die Daten verarbeitende Stelle selbst, wenn sie als oberste Landesbehörde keiner behördlichen Aufsicht untersteht. Zuständige Behörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 43 des Bundesdatenschutzgesetzes ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz. Im Übrigen gelten die Regelungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten.

 

§ 43.- Straftaten

(1) Wer eine der in § 42 Absatz 1 und 2 bezeichneten Handlungen gegen Entgelt oder in der Absicht begeht, einen anderen zu schädigen oder sich oder einen anderen zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind neben dem Betroffenen die Daten verarbeitende Stelle, die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde und der Landesbeauftragte für den Datenschutz.

 

§ 44.- Übergangsvorschrift

Verarbeitungen personenbezogener Daten, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes bereits begonnen wurden, sind binnen drei Jahren nach diesem Zeitpunkt mit den Vorschriften dieses Gesetzes in Übereinstimmung zu bringen.

 

§ 45.- Außer-Kraft-Treten

Mit In-Kraft-Treten dieses Gesetzes tritt das Landesdatenschutzgesetz von Mecklenburg-Vorpommern vom 24. Juli 1992 (GVOBl. M-V S. 487), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. Juli 1997 (GVOBl. M-V S. 282), außer Kraft.

01Ene/14

Legislación de la Provincia de Santa Fe. Ley 12.491 de 24 de noviembre de 2006, sobre operatividad de los actos y mecanismos previstos en la ley nacional 25.506 de firma digital

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE

 

L E Y:

 

 

Artículo 1º.- La Provincia de Santa Fe instrumentará los recaudos necesarios para establecer dentro de su jurisdicción la operatividad de los actos y mecanismos previstos en los Capítulos I a IV de la Ley 25.506 -Firma Digital– sancionada por el Honorable Congreso de la Nación.

 

Artículo 2º.- Autorízase el empleo de la Firma Digital en todas las dependencias del Sector Público Provincial.

 

Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo Provincial promoverá el uso masivo de la Firma Digital de tal forma que posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas automáticas de la información y seguimiento y control por parte del interesado, propendiendo a la progresiva despapelización.

En un plazo máximo de cinco (5) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se aplicará la tecnología de Firma Digital a la totalidad de las leyes, decretos, ordenanzas, sentencias, resoluciones, y actos administrativos en general, emanados de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el Artículo 2º de la presente ley.

 

Artículo 4º.- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar esta ley en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Artículo 5º.- Invítase a Municipalidades y Comunas de la Provincia a adherir a la presente.

 

Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

                                                DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO.

 

Firmado:    Edmundo Carlos Barrera – Presidente Cámara de Diputados

                    María Eugenia Bielsa – Presidenta Cámara de Senadores

                    Diego A. Giuliano – Secretario Parlamentario Cámara de Diputados

                    Ricardo Paulichenco – Secretario Legislativo Cámara de Senadores

 

SANTA FE,  19 de diciembre de 2005

 

                                    De conformidad a lo prescripto en el Artículo 57 de la Constitución Provincial, téngasela como ley del Estado, insértese en el Registro General de Leyes con el sello oficial y publíquese en el Boletín Oficial.

 

Firmado: Jorge Alberto Obeid – Gobernador de Santa Fe

 

 

01Ene/14

Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, e dá outras providências

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

 

 

CAPÍTULO I.- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

       

Artigo 1º.- Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País, nos termos dos arts. 218 e 219 da Constituição.

        

 

Artigo 2º.- Para os efeitos desta Lei, considera-se:

       

I .- agência de fomento: órgão ou instituição de natureza pública ou privada que tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações que visem a estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação;

       

II .- criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores;

       

III .- criador: pesquisador que seja inventor, obtentor ou autor de criação;

       

IV .- inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços;

        

V .- Instituição Científica e Tecnológica – ICT: órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico;

       

VI .- núcleo de inovação tecnológica: núcleo ou órgão constituído por uma ou mais ICT com a finalidade de gerir sua política de inovação;

        

VII .- instituição de apoio – fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse das IFES e demais ICTs, registrada e credenciada nos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia, nos termos da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)

       

VIII. – pesquisador público: ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público que realize pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico; e

        

IX .- inventor independente: pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de criação.

 

 

CAPÍTULO II.- DO ESTÍMULO À CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES ESPECIALIZADOS E COOPERATIVOS DE INOVAÇÃO

        

Artigo 3º.- A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas agências de fomento poderão estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas nacionais, ICT e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos e processos inovadores.

       

Parágrafo único. O apoio previsto neste artigo poderá contemplar as redes e os projetos internacionais de pesquisa tecnológica, bem como ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de inovação, inclusive incubadoras e parques tecnológicos.

        

 

Artigo 3º-A.- A Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, como secretaria executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento poderão celebrar convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do Artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por prazo determinado, com as fundações de apoio, com a finalidade de dar apoio às IFES e demais ICTs, inclusive na gestão administrativa e financeira dos projetos mencionados no caput do Artigo 1º da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, com a anuência expressa das instituições apoiadas. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)

        

 

Artigo 4º.- As ICT poderão, mediante remuneração e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio:

       

I .- compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com microempresas e empresas de pequeno porte em atividades voltadas à inovação tecnológica, para a consecução de atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística;

       

II .- permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por empresas nacionais e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, desde que tal permissão não interfira diretamente na sua atividade-fim, nem com ela conflite.

       

Parágrafo único. A permissão e o compartilhamento de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo obedecerão às prioridades, critérios e requisitos aprovados e divulgados pelo órgão máximo da ICT, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades às empresas e organizações interessadas.

        

 

Artigo 5º.- Ficam a União e suas entidades autorizadas a participar minoritariamente do capital de empresa privada de propósito específico que vise ao desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos para obtenção de produto ou processo inovadores.

       

Parágrafo único.- A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá às instituições detentoras do capital social, na proporção da respectiva participação.

 

 

CAPÍTULO III.- DO ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO DAS ICT NO PROCESSO DE INOVAÇÃO

       

Artigo 6º.- É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida.

       

§ 1º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput deste artigo, deve ser precedida da publicação de edital.

       

§ 2º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no caput deste artigo poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação que deles seja objeto, na forma do regulamento.

       

§ 3º A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento.

       

§ 4º O licenciamento para exploração de criação cujo objeto interesse à defesa nacional deve observar o disposto no § 3º do Artigo 75 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

       

§ 5º A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título não exclusivo.

       

 

Artigo 7º.- A ICT poderá obter o direito de uso ou de exploração de criação protegida.

       

 

Artigo 8º.- É facultado à ICT prestar a instituições públicas ou privadas serviços compatíveis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

       

§ 1º A prestação de serviços prevista no caput deste artigo dependerá de aprovação pelo órgão ou autoridade máxima da ICT.

       

§ 2º O servidor, o militar ou o empregado público envolvido na prestação de serviço prevista no caput deste artigo poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de apoio com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional variável e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada.

       

§ 3º O valor do adicional variável de que trata o § 2º deste artigo fica sujeito à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal.

       

§ 4º O adicional variável de que trata este artigo configura-se, para os fins do Artigo 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, ganho eventual.

       

 

Artigo 9º.- É facultado à ICT celebrar acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituições públicas e privadas.

        

§ 1º O servidor, o militar ou o empregado público da ICT envolvido na execução das atividades previstas no caput deste artigo poderá receber bolsa de estímulo à inovação diretamente de instituição de apoio ou agência de fomento.

       

§ 2º As partes deverão prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito ao licenciamento, observado o disposto nos §§ 4º e 5º do Artigo 6º desta Lei.

       

§ 3º A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 2º deste artigo serão asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes.

        

 

Artigo 10. Os acordos e contratos firmados entre as ICT, as instituições de apoio, agências de fomento e as entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, cujo objeto seja compatível com a finalidade desta Lei, poderão prever recursos para cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas na execução destes acordos e contratos, observados os critérios do regulamento.

       

 

Artigo 11. A ICT poderá ceder seus direitos sobre a criação, mediante manifestação expressa e motivada, a título não-oneroso, nos casos e condições definidos em regulamento, para que o respectivo criador os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, nos termos da legislação pertinente.

       

Parágrafo único. A manifestação prevista no caput deste artigo deverá ser proferida pelo órgão ou autoridade máxima da instituição, ouvido o núcleo de inovação tecnológica, no prazo fixado em regulamento.

       

 

Artigo 12.- É vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, militar, empregado ou prestador de serviços de ICT divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da ICT.

        

 

Artigo 13. É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do Artigo 93 da Lei no 9.279, de 1996.

       

§ 1º A participação de que trata o caput deste artigo poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

       

§ 2º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

       

§ 3º A participação prevista no caput deste artigo obedecerá ao disposto nos §§ 3º e 4º do Artigo 8º.

       

§ 4º A participação referida no caput deste artigo será paga pela ICT em prazo não superior a 1 (um) ano após a realização da receita que lhe servir de base.

       

 

Artigo 14.- Para a execução do disposto nesta Lei, ao pesquisador público é facultado o afastamento para prestar colaboração a outra ICT, nos termos do inciso II do Artigo 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,observada a conveniência da ICT de origem.

       

§ 1º As atividades desenvolvidas pelo pesquisador público, na instituição de destino, devem ser compatíveis com a natureza do cargo efetivo, cargo militar ou emprego público por ele exercido na instituição de origem, na forma do regulamento.

       

§ 2º Durante o período de afastamento de que trata o caput deste artigo, são assegurados ao pesquisador público o vencimento do cargo efetivo, o soldo do cargo militar ou o salário do emprego público da instituição de origem, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, bem como progressão funcional e os benefícios do plano de seguridade social ao qual estiver vinculado.

       

§ 3º As gratificações específicas do exercício do magistério somente serão garantidas, na forma do § 2º deste artigo, caso o pesquisador público se mantenha na atividade docente em instituição científica e tecnológica.

       

§ 4º No caso de pesquisador público em instituição militar, seu afastamento estará condicionado à autorização do Comandante da Força à qual se subordine a instituição militar a que estiver vinculado.

       

 

Artigo 15. A critério da administração pública, na forma do regulamento, poderá ser concedida ao pesquisador público, desde que não esteja em estágio probatório, licença sem remuneração para constituir empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial relativa à inovação.

       

§ 1º A licença a que se refere o caput deste artigo dar-se-á pelo prazo de até 3 (três) anos consecutivos, renovável por igual período.

        

§ 2º Não se aplica ao pesquisador público que tenha constituído empresa na forma deste artigo, durante o período de vigência da licença, o disposto no inciso X do Artigo 117 da Lei nº 8.112, de 1990.

       

§ 3º Caso a ausência do servidor licenciado acarrete prejuízo às atividades da ICT integrante da administração direta ou constituída na forma de autarquia ou fundação, poderá ser efetuada contratação temporária nos termos da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, independentemente de autorização específica.

        

 

Artigo 16.-  A ICT deverá dispor de núcleo de inovação tecnológica, próprio ou em associação com outras ICT, com a finalidade de gerir sua política de inovação.

       

Parágrafo único.- São competências mínimas do núcleo de inovação tecnológica:

       

I. – zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia;

       

II .- avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposições desta Lei;

       

III .- avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na forma do Artigo 22;

       

IV .- opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição;

       

V .- opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual;

       

VI .- acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição.

       

 

Artigo 17. A ICT, por intermédio do Ministério ou órgão ao qual seja subordinada ou vinculada, manterá o Ministério da Ciência e Tecnologia informado quanto:

       

I .- à política de propriedade intelectual da instituição;

       

II. – às criações desenvolvidas no âmbito da instituição;

       

III .- às proteções requeridas e concedidas; e

        I

IV .– aos contratos de licenciamento ou de transferência de tecnologia firmados.

       

Parágrafo único.- As informações de que trata este artigo devem ser fornecidas de forma consolidada, em periodicidade anual, com vistas à sua divulgação, ressalvadas as informações sigilosas.

        

 

Artigo 18. As ICT, na elaboração e execução dos seus orçamentos, adotarão as medidas cabíveis para a administração e gestão da sua política de inovação para permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes da aplicação do disposto nos arts. 4º, 6º, 8º e 9º, o pagamento das despesas para a proteção da propriedade intelectual e os pagamentos devidos aos criadores e eventuais colaboradores.

       

Parágrafo único.- Os recursos financeiros de que trata o caput deste artigo, percebidos pelas ICT, constituem receita própria e deverão ser aplicados, exclusivamente, em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

 

 

CAPÍTULO IV.- DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO NAS EMPRESAS

        

Artigo 19. A União, as ICT e as agências de fomento promoverão e incentivarão o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em empresas nacionais e nas entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, mediante a concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infra-estrutura, a serem ajustados em convênios ou contratos específicos, destinados a apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento, para atender às prioridades da política industrial e tecnológica nacional. 

       

§ 1º As prioridades da política industrial e tecnológica nacional de que trata o caput deste artigo serão estabelecidas em regulamento.

       

§ 2º A concessão de recursos financeiros, sob a forma de subvenção econômica, financiamento ou participação societária, visando ao desenvolvimento de produtos ou processos inovadores, será precedida de aprovação de projeto pelo órgão ou entidade concedente.

       

§ 3º A concessão da subvenção econômica prevista no § 1o deste artigo implica, obrigatoriamente, a assunção de contrapartida pela empresa beneficiária, na forma estabelecida nos instrumentos de ajuste específicos.

       

§ 4º O Poder Executivo regulamentará a subvenção econômica de que trata este artigo, assegurada a destinação de percentual mínimo dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT.

       

§ 5º Os recursos de que trata o § 4º deste artigo serão objeto de programação orçamentária em categoria específica do FNDCT, não sendo obrigatória sua aplicação na destinação setorial originária, sem prejuízo da alocação de outros recursos do FNDCT destinados à subvenção econômica.

        

 

Artigo 20. Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse público, poderão contratar empresa, consórcio de empresas e entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando à realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento, que envolvam risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador.

       

§ 1º Considerar-se-á desenvolvida na vigência do contrato a que se refere o caput deste artigo a criação intelectual pertinente ao seu objeto cuja proteção seja requerida pela empresa contratada até 2 (dois) anos após o seu término.

       

§ 2º Findo o contrato sem alcance integral ou com alcance parcial do resultado almejado, o órgão ou entidade contratante, a seu exclusivo critério, poderá, mediante auditoria técnica e financeira, prorrogar seu prazo de duração ou elaborar relatório final dando-o por encerrado.

       

§ 3º O pagamento decorrente da contratação prevista no caput deste artigo será efetuado proporcionalmente ao resultado obtido nas atividades de pesquisa e desenvolvimento pactuadas.

       

 

Artigo 21. As agências de fomento deverão promover, por meio de programas específicos, ações de estímulo à inovação nas micro e pequenas empresas, inclusive mediante extensão tecnológica realizada pelas ICT.

 

 

CAPÍTULO V.- DO ESTÍMULO AO INVENTOR INDEPENDENTE

       

Artigo 22. Ao inventor independente que comprove depósito de pedido de patente é facultado solicitar a adoção de sua criação por ICT, que decidirá livremente quanto à conveniência e oportunidade da solicitação, visando à elaboração de projeto voltado a sua avaliação para futuro desenvolvimento, incubação, utilização e industrialização pelo setor produtivo.

       

§ 1º O núcleo de inovação tecnológica da ICT avaliará a invenção, a sua afinidade com a respectiva área de atuação e o interesse no seu desenvolvimento.

       

§ 2º O núcleo informará ao inventor independente, no prazo máximo de 6 (seis) meses, a decisão quanto à adoção a que se refere o caput deste artigo.

       

§ 3º Adotada a invenção por uma ICT, o inventor independente comprometer-se-á, mediante contrato, a compartilhar os ganhos econômicos auferidos com a exploração industrial da invenção protegida.

 

 

CAPÍTULO VI.- DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

        

Artigo 23. Fica autorizada a instituição de fundos mútuos de investimento em empresas cuja atividade principal seja a inovação, caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio do sistema de distribuição de valores mobiliários, na forma da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, destinados à aplicação em carteira diversificada de valores mobiliários de emissão dessas empresas.

       

Parágrafo único.- A Comissão de Valores Mobiliários editará normas complementares sobre a constituição, o funcionamento e a administração dos fundos, no prazo de 90 (noventa) dias da data de publicação desta Lei.

 

 

CAPÍTULO VII.- DISPOSIÇÕES FINAIS

        

Artigo 24. A Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passa a vigorar com as seguintes alterações:

 

“Artigo 2º ………………………………………………………….

………………………………………………………….

VII – admissão de professor, pesquisador e tecnólogo substitutos para suprir a falta de professor, pesquisador ou tecnólogo ocupante de cargo efetivo, decorrente de licença para exercer atividade empresarial relativa à inovação.

………………………………………………………….” 

“Artigo 4º ………………………………………………………….

………………………………………………………….

IV – 3 (três) anos, nos casos dos incisos VI, alínea 'h', e VII do Artigo 2º;

………………………………………………………….

Parágrafo único. ………………………………………………………….

………………………………………………………….

V – no caso do inciso VII do Artigo 2º, desde que o prazo total não exceda 6 (seis) anos.”

 

 

Artigo 25. O Artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

“Artigo 24. ………………………………………………………….

………………………………………………………….

XXV – na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica – ICT ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

………………………………………………………….”

       

 

Artigo 26.-  As ICT que contemplem o ensino entre suas atividades principais deverão associar, obrigatoriamente, a aplicação do disposto nesta Lei a ações de formação de recursos humanos sob sua responsabilidade.

       

 

Artigo 27.- Na aplicação do disposto nesta Lei, serão observadas as seguintes diretrizes:

       

I – priorizar, nas regiões menos desenvolvidas do País e na Amazônia, ações que visem a dotar a pesquisa e o sistema produtivo regional de maiores recursos humanos e capacitação tecnológica;

       

II – atender a programas e projetos de estímulo à inovação na indústria de defesa nacional e que ampliem a exploração e o desenvolvimento da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) e da Plataforma Continental;

       

III – assegurar tratamento favorecido a empresas de pequeno porte; e

 

IV – dar tratamento preferencial, diferenciado e favorecido, na aquisição de bens e serviços pelo poder público e pelas fundações de apoio para a execução de projetos de desenvolvimento institucional da instituição apoiada, nos termos da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, às empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País e às microempresas e empresas de pequeno porte de base tecnológica, criadas no ambiente das atividades de pesquisa das ICTs. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)

       

 

Artigo 28.- A União fomentará a inovação na empresa mediante a concessão de incentivos fiscais com vistas na consecução dos objetivos estabelecidos nesta Lei.

       

Parágrafo único.- O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, em até 120 (cento e vinte) dias, contados da publicação desta Lei, projeto de lei para atender o previsto no caput deste artigo.

       

 

Artigo 29. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

       

 

Brasília, 2 de dezembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Antonio Palocci Filho
Luiz Fernando Furlan
Eduardo Campos
José Dirceu de Oliveira e Silva

 

 

01Ene/14

Legislacion Informatica de

Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 14 giugno 2007, n. 23.

Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), anche in riferimento all'art. 154, comma 1, lettera h);

Esaminate le istanze (segnalazioni e quesiti) pervenute riguardo al trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico;

Ritenuta l'opportunità di individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni, volti a fornire orientamenti utili per cittadini e amministrazioni interessate;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

Delibera:

1. Di adottare le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico” contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione (allegato 1);

2. Che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia

Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 14 giugno 2007

Il presidente: Pizzetti
Il segretario generale: Buttarelli
Il relatore: Paissan

Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico

(Deliberazione n. 23 del 14 giugno 2007)

1. Premessa

1.1. Scopo delle linee guida. Per fornire indicazioni e raccomandazioni riguardo alle operazioni di trattamento effettuate con dati personali (anche sensibili) di lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro pubblici, il Garante ravvisa l'esigenza di adottare le presenti linee guida, suscettibili di periodico aggiornamento, nelle quali si tiene conto di precedenti decisioni dell'Autorità.

Le presenti linee guida seguono quelle adottate rispetto agli analoghi trattamenti effettuati da datori di lavoro privati (1), con le quali coincidono per molteplici aspetti che sono comunque riprodotti nel presente documento.

L'adozione di distinte linee guida per il settore pubblico deriva dall'esigenza di evidenziare, nel quadro della tendenziale uniformità dei princìpi applicabili al rapporto di lavoro (2), alcune specificità che si pongono per i soggetti pubblici datori di lavoro (taluni presupposti del trattamento; speciali disposizioni che prevedono casi di necessaria comunicazione o diffusione di dati; situazioni particolari).

Come per il settore privato, le indicazioni fornite non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento che stabiliscono particolari divieti o limiti in relazione a taluni settori o a specifici casi di trattamento (artt. 113, 114 e 184, comma 3, del Codice).

1.2. Ambiti considerati. Le tematiche prese in considerazione si riferiscono, in particolare, alla comunicazione e alla diffusione di dati e al trattamento delle informazioni sensibili (in specie, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute e le convinzioni religiose) o di dati biometrici relativi a lavoratori alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.

2. Il rispetto dei princìpi di protezione dei dati personali

2.1. Considerazioni generali. Anche per i datori di lavoro pubblici il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e conformando il medesimo trattamento ai princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia, sia per le modalità di esercizio dei diritti, sia per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento (3).

I lavoratori, nel rapporto con il proprio datore di lavoro pubblico, hanno diritto di ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei predetti diritti e libertà (4).

Assume quindi particolare rilievo la necessità che i soggetti pubblici colgano l'occasione della progressiva introduzione di nuove tecniche rispetto alle modalità tradizionali di trattamento dei dati su base cartacea per valutare preventivamente come rendere efficienti i propri sistemi informativi, individuando forme adeguate di trattamento che tutelino appieno i lavoratori.

Le cautele e gli accorgimenti devono essere opportunamente graduati tenendo conto anche delle diverse forme del trattamento e della differente natura dei dati comuni e sensibili.

2.2. Liceità, pertinenza, trasparenza. Il datore di lavoro pubblico può lecitamente trattare dati personali dei lavoratori nella misura in cui ciò sia necessario per la corretta gestione del rapporto di lavoro, avendo cura di applicare le previsioni che riguardano le proprie funzioni istituzionali o il rapporto di lavoro, contenute in leggi, regolamenti, contratti e in accordi collettivi, in modo da avvalersi di informazioni personali e modalità di trattamento proporzionate ai singoli scopi.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali, anche in attuazione di direttive comunitarie (nn. 95/46/Ce e 2002/58/CE), prescrive che il trattamento di dati personali per la gestione del rapporto di lavoro avvenga, in particolare:

• rispettando i princìpi di necessità, di liceità e di qualità dei dati (artt. 3 e 11 del Codice);

• attenendosi alle funzioni istituzionali e applicando i presupposti e i limiti previsti da leggi e regolamenti rilevanti per il trattamento, in particolare in materia di pubblico impiego (art. 18 del Codice);

• dando applicazione effettiva e concreta al principio di indispensabilità nel trattamento dei dati sensibili e giudiziari, il quale vieta di trattare informazioni o di effettuare operazioni che non siano realmente indispensabili per raggiungere determinate finalità previste specificamente (artt. 4, comma 1, lett. d) ed e), 22, commi 3, 5 e 9, e 112 del Codice);

• limitando il trattamento di dati sensibili e giudiziari alle sole informazioni ed operazioni di trattamento individuate e rese pubbliche con l'atto regolamentare adottato in conformità al parere del Garante (artt. 20, 21, 112 e 154 del Codice);

• informando preventivamente e adeguatamente gli interessati (art. 13 del Codice);

• adottando adeguate misure di sicurezza, idonee a preservare i dati da alcuni eventi tra cui accessi ed utilizzazioni indebiti, rispetto ai quali l'amministrazione può essere chiamata a rispondere anche civilmente e penalmente (artt. 15 e 31 e ss. del Codice).

2.3. Finalità. Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, riferibili ai lavoratori deve essere orientato in concreto all'esclusivo o prevalente scopo di adempiere agli obblighi e ai compiti in materia di rapporto di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Oltre alle leggi e ai regolamenti, anche i contratti collettivi (nazionali e integrativi) contengono alcune previsioni che permettono di trattare lecitamente informazioni di natura personale anche per ciò che attiene all'attività sindacale (ad esempio, per determinare il trattamento economico fondamentale ed accessorio, per fruire di permessi o di aspettative sindacali, per accedere a qualifiche, per la mobilità o per la responsabilità disciplinare).

Il trattamento effettuato dal soggetto pubblico deve attenersi in concreto a queste disposizioni e restare compatibile con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti o già trattati (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice).

Particolare attenzione deve essere posta alle disposizioni dei contratti collettivi che prevedono la conoscenza di dati da parte di organizzazioni sindacali, avendo cura che il doveroso rispetto degli obblighi di informativa, consultazione, concertazione e contrattazione che comportano la comunicazione di informazioni alle medesime organizzazioni avvenga nel rispetto dei princìpi di necessità e proporzionalità.

I soggetti pubblici potrebbero peraltro cogliere l'occasione dei rinnovi dei contratti collettivi per verificare l'attualità e la chiarezza di tali previsioni contrattuali, verificando anche la loro adeguatezza rispetto a casi che si verificano in concreto (si pensi al problema della contestuale iscrizione dei lavoratori a più organizzazioni sindacali contestata da alcuna di esse).

In questo quadro occorre anche mantenere distinti i casi in cui è prevista specificamente la comunicazione solo di dati numerici aggregati da quelli in cui, in un'ottica di trasparenza e graduazione dell'accesso delle organizzazioni sindacali ad informazioni personali che risultino necessarie per verificare in conformità alla legge la concreta applicazione delle disposizioni del contratto collettivo da parte del datore di lavoro, è invece consentita (ed è giustificata in rapporto al caso concreto) la conoscenza di dati riferiti a singoli lavoratori.

In tale ottica, nell'ambito della disciplina contrattuale, si potrebbe pertanto prevedere di regola un accesso preliminare del sindacato a dati aggregati, riferiti all'intera struttura lavorativa o a singole unità organizzative ovvero a gruppi di lavoratori e, soltanto in presenza di successive anomalie o di specifiche esigenze di verifica, consentire (in casi espressamente previsti e circostanziati) all'organizzazione sindacale di conoscere anche informazioni personali relative a singoli o a gruppi di lavoratori. Ciò sempreché, nel caso concreto, sia effettivamente necessario per dimostrare la corretta applicazione dei criteri pattuiti e la comunicazione sia limitata alle informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto a tale scopo. Resta fermo che l'eventuale successivo trattamento illecito o non corretto delle informazioni acquisite da parte dell'organizzazione sindacale si svolge nella sfera di responsabilità della medesima organizzazione (5).

3. Titolare, responsabile e incaricati del trattamento

3.1. Corretta individuazione delle figure. Resta importante individuare correttamente i soggetti che, a diverso titolo, possono trattare i dati nell'ambito della pubblica amministrazione “titolare” del trattamento (“incaricati”; eventuali “responsabili”), definendo chiaramente le rispettive attribuzioni (artt. 4, comma 1, lett. f), g) e h), 28, 29 e 30 del Codice).

Rinviando per brevità di esposizione ai numerosi pronunciamenti del Garante sul tema, giova ricordare che in linea di principio, per individuare il titolare del trattamento, occorre far riferimento all'amministrazione o ente centrale o locale nel suo complesso, anziché a singole articolazioni interne o alle persone fisiche che l'amministrano o la rappresentano (ad esempio, il ministro, il direttore generale o il presidente) (6).

Nelle amministrazioni più articolate, specie di grandi dimensioni o ramificate sul territorio, è possibile che alcune figure o unità organizzative siano dotate in conformità alla legge di poteri decisionali effettivamente del tutto autonomi riguardo ai trattamenti di dati personali. In tal caso, rispettando in concreto quanto previsto dal Codice (art. 28), tali articolazioni possono essere considerate lecitamente quali “titolari” autonomi o eventuali “contitolari del trattamento” (si pensi, ad esempio, ad una singola direzione generale o area geografica di un'amministrazione ministeriale di particolare complessità organizzativa (7)).

Nel rispetto dei princìpi generali sopra richiamati in materia di trattamento di dati personali (cfr. punto 2), le amministrazioni devono disciplinare le modalità del trattamento, designando gli eventuali soggetti responsabili e, in ogni caso, le persone fisiche incaricate, che possono acquisire lecitamente conoscenza dei dati inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, attenendosi alle funzioni svolte e a idonee istruzioni scritte (artt. 4, comma 1, lett. g) e h), 29 e 30).

È, infatti, facoltà delle amministrazioni designare alcuni soggetti (persone fisiche o giuridiche, enti od organismi) quali “responsabili” del trattamento, delineandone analiticamente e per iscritto i compiti attribuiti, e individuando al loro interno, se del caso, ulteriori livelli di responsabilità in base all'organizzazione delle divisioni e degli uffici o alle tipologie di trattamenti, di archivi e di dati, sempreché ciascuno di questi dimostri l'esperienza, la capacità e l'affidabilità richieste dalla legge (art. 29 del Codice).

È necessario invece che ogni lavoratore sia preposto per iscritto, in qualità di “incaricato”, alle operazioni di trattamento e sia debitamente istruito in ordine all'accesso e all'utilizzo delle informazioni personali di cui può venire a conoscenza nello svolgimento della propria prestazione lavorativa. La designazione degli incaricati può essere effettuata nominativamente o, specie nell'ambito di strutture organizzative complesse, mediante atti di preposizione del lavoratore a unità organizzative per le quali venga altresì previamente individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito (art. 30 del Codice).

3.2. Medico competente. Anche il datore di lavoro pubblico deve svolgere alcuni trattamenti di dati in applicazione della disciplina in materia di igiene e sicurezza del lavoro (art. 1, commi 1 e 2, d.lg. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni).

Tale disciplina, che attua anche alcune direttive comunitarie e si colloca nella cornice più ampia delle misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori, pone direttamente in capo al medico competente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro la sorveglianza sanitaria obbligatoria (e, ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lg. n. 626/1994, il correlato trattamento dei dati contenuti in cartelle cliniche).

In questo ambito il medico competente effettua accertamenti preventivi e periodici sui lavoratori (art. 33 d.P.R. n. 303/1956; art. 16 d.lg. n. 626/1994) e istituisce (curandone l'aggiornamento) una cartella sanitaria e di rischio (in conformità alle prescrizioni contenute negli artt. 17, 59-quinquiesdecies, comma 2, lett. b), 59-sexiesdecies, 70, 72-undecies e 87 d.lg. n. 626/1994).

Detta cartella è custodita presso l'amministrazione “con salvaguardia del segreto professionale, e consegnata in copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta” (artt. 4, comma 8, e 17, comma 1, lett. d), d.lg. n. 626/1994); in caso di cessazione del rapporto di lavoro le cartelle sono trasmesse all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro-Ispesl (artt. 59-sexiesdecies, comma 4, 70, comma 4, 72-undecies, comma 3 e 87, comma 3, lett c), d.lg. n. 626/1994), in originale e in busta chiusa (8).
In relazione a tali disposizioni, al medico competente è consentito trattare dati sanitari dei lavoratori anche mediante annotazione nelle cartelle sanitarie e di rischio, e curando le opportune misure di sicurezza per salvaguardare la segretezza delle informazioni trattate. Ciò, quale che sia il titolare del trattamento effettuato a cura del medico.

Alle predette cartelle il datore di lavoro non può accedere, dovendo soltanto concorrere ad assicurarne un'efficace custodia nei locali dell'amministrazione (anche in vista di possibili accertamenti ispettivi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti) ma, come detto, “con salvaguardia del segreto professionale” (9).

Il datore di lavoro pubblico è tenuto, su parere del medico competente (o qualora quest'ultimo lo informi di anomalie imputabili all'esposizione a rischio), ad adottare le misure preventive e protettive per i lavoratori interessati; in questo specifico contesto il datore di lavoro può accedere al giudizio di idoneità del lavoratore allo svolgimento di date mansioni, anziché alle specifiche patologie accertate (10).

Il medico può farsi assistere da personale sanitario, anche dipendente dello stesso datore di lavoro pubblico, che deve essere designato quale incaricato del trattamento dei dati personali impartendo ad esso specifiche istruzioni per salvaguardare la segretezza delle informazioni trattate (art. 30 del Codice). In tal caso, a prescindere da quale sia il titolare del trattamento e dagli eventuali obblighi in tema di segreto d'ufficio, il medico competente deve predisporre misure idonee a garantire il rispetto del segreto professionale da parte dei propri collaboratori che non siano tenuti per legge al segreto professionale, mettendoli ad esempio a conoscenza di tali disposizioni e delle relative sanzioni (art. 10 del codice di deontologia medica del 16 dicembre 2006; art. 4 del codice deontologico per gli infermieri del maggio del 1999) (11).

4. Dati sensibili e rapporto di lavoro

Le pubbliche amministrazioni devono adottare maggiori cautele se le informazioni personali sono idonee a rivelare profili particolarmente delicati della vita privata dei propri dipendenti quali la salute, le abitudini sessuali, le convinzioni politiche, sindacali, religiose, filosofiche o d'altro genere e l'origine razziale ed etnica (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice).

In linea generale il datore di lavoro pubblico può utilizzare informazioni sensibili relative al proprio personale in attuazione della normativa in materia di instaurazione e gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, per finalità di formazione, nonché per concedere benefici economici e altre agevolazioni (artt. 112, 95 e 68 del Codice).

Come sopra ricordato, il datore di lavoro pubblico deve limitare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari alle sole informazioni ed operazioni individuate e rese pubbliche con l'atto regolamentare adottato in conformità al parere del Garante (artt. 20, 21, 112 e 154 del Codice) (12).
Nel perseguire tali finalità occorre comunque rispettare i princìpi di necessità e di indispensabilità che impongono di ridurre al minimo l'utilizzo di dati personali e, quando non si possa prescindere dall'uso di informazioni personali sensibili o giudiziarie, di trattare dati solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni indispensabili in relazione alla specifica finalità di gestione del rapporto di lavoro (artt. 3 e 22 del Codice).

Scaduto il termine transitorio del 28 febbraio 2007, il trattamento da parte di un soggetto pubblico che non sia previsto da tali fonti normative è ora illecito e, oltre all'inutilizzabilità dei dati trattati, può comportare l'adozione di provvedimenti anche giudiziari di blocco o di divieto del trattamento (art. 154 del Codice; art. 3 d.l. 24 giugno 2004, n. 158, come modificato dalla l. 27 luglio 2004, n. 188; art. 11, commi 1, lett. a) e 2, del Codice) (13).

Resta ferma la possibilità per le amministrazioni che non abbiano eventualmente adottato i necessari atti regolamentari entro il suddetto termine, di provvedervi comunque con sollecitudine, al fine rendere leciti i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari.

5. Comunicazione di dati personali

5.1. Comunicazione. Specifiche disposizioni legislative o regolamentari individuano i casi in cui l'amministrazione pubblica è legittimata a comunicare informazioni che riguardano i lavoratori a terzi, soggetti pubblici o privati (art. 19 del Codice).

Quando manca una tale previsione specifica non possono essere quindi comunicati dati personali del dipendente (ad esempio, quelli inerenti alla circostanza di un'avvenuta assunzione, allo status o alla qualifica ricoperta, all'irrogazione di sanzioni disciplinari, a trasferimenti del lavoratore come pure altre informazioni contenute nei contratti individuali di lavoro) a terzi quali associazioni (anche di categoria), conoscenti, familiari e parenti.

Devono ritenersi in linea generale lecite le comunicazioni a terzi di informazioni di carattere sensibile relative ad uno o più dipendenti, quando esse siano realmente indispensabili per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico connesse all'instaurazione e alla gestione di rapporti di lavoro da parte di soggetti pubblici di cui all'art. 112 del Codice. Tali comunicazioni possono avere ad oggetto dati individuati nei pertinenti atti regolamentari dell'amministrazione e che siano in concreto indispensabili, pertinenti e non eccedenti in rapporto ai compiti e agli adempimenti che incombono al soggetto pubblico in qualità di datore di lavoro in base alla normativa sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 20 e 22 del Codice) (14).

La disciplina di protezione dei dati consente inoltre al datore di lavoro pubblico di rendere conoscibili a terzi dati personali del dipendente in attuazione delle disposizioni che definiscono presupposti, modalità e limiti per l'esercizio del diritto d'accesso a documenti amministrativi (contenenti dati personali) (15) o che prevedono un determinato regime di conoscibilità per talune informazioni (16), ovvero in virtù di una delega conferita dall'interessato.

Oltre a designare i soggetti che possono venire lecitamente a conoscenza dei dati inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, quali incaricati o responsabili del trattamento, il datore di lavoro deve adottare particolari cautele anche nelle trasmissioni di informazioni personali che possono intervenire tra i medesimi incaricati o responsabili nelle correnti attività di organizzazione e gestione del personale. In tali flussi di dati occorre evitare, in linea di principio, di fare superflui riferimenti puntuali a particolari condizioni personali riferite a singoli dipendenti, specie se riguardanti le condizioni di salute, selezionando le informazioni di volta in volta indispensabili, pertinenti e non eccedenti (artt. 11 e 22 del Codice) (17).

A tal fine, può risultare utile esplicitare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni generiche e utilizzando, in casi appropriati, codici numerici, come pure riportare tali informazioni -quale presupposto degli atti adottati- solo nei provvedimenti messi a disposizione presso gli uffici per eventuali interessati e controinteressati (limitandosi quindi a richiamarli anche nelle comunicazioni interne e indicando gli estremi o un estratto del loro contenuto) (18).

5.2 Rapporti con le organizzazioni sindacali. Le pubbliche amministrazioni possono comunicare a terzi in forma realmente anonima dati ricavati dalle informazioni relative a singoli o a gruppi di lavoratori: si pensi al numero complessivo di ore di lavoro straordinario prestate o di ore non lavorate nelle varie articolazioni organizzative, agli importi di trattamenti stipendiali o accessori individuati per fasce o qualifiche/livelli professionali, anche nell'ambito di singole funzioni o unità organizzative.

Sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi, i criteri generali e le modalità inerenti a determinati profili in materia di gestione del rapporto di lavoro sono oggetto di specifici diritti di informazione sindacale preventiva o successiva.

Ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi (19), l'amministrazione può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili (20). É il caso, ad esempio, delle informazioni inerenti ai sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti, alla ripartizione delle ore di straordinario e alle relative prestazioni, nonché all'erogazione dei trattamenti accessori (21).

Resta disponibile per l'organizzazione sindacale anche la possibilità di presentare istanze di accesso a dati personali attinenti ad uno o più lavoratori su delega o procura (art. 9, comma 2, del Codice), come pure la facoltà di esercitare il diritto d'accesso a documenti amministrativi in materia di gestione del personale, nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle modalità previsti dalle norme vigenti e per salvaguardare un interesse giuridicamente rilevante di cui sia portatore il medesimo sindacato (artt. 59 e 60 del Codice) (22). Il rifiuto, anche tacito, dell'accesso ai documenti amministrativi, è impugnabile presso il tribunale amministrativo regionale, la Commissione per l'accesso presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o il difensore civico (artt. 25 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241; art. 6 d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184).

L'amministrazione può anche rendere note alle organizzazioni sindacali informazioni personali relative alle ritenute effettuate a carico dei relativi iscritti, in conformità alle pertinenti disposizioni del contratto applicabile (23) e alle misure di sicurezza previste dal Codice (artt. 31-35).

5.3. Modalità di comunicazione. Fuori dei casi in cui forme e modalità di divulgazione di dati personali siano regolate specificamente da puntuali previsioni (cfr. art. 174, comma 12, del Codice), l'amministrazione deve utilizzare forme di comunicazione individualizzata con il lavoratore, adottando le misure più opportune per prevenire la conoscibilità ingiustificata di dati personali, in particolare se sensibili, da parte di soggetti diversi dal destinatario, ancorché incaricati di talune operazioni di trattamento (ad esempio, inoltrando le comunicazioni in plico chiuso o spillato; invitando l'interessato a ritirare personalmente la documentazione presso l'ufficio competente; ricorrendo a comunicazioni telematiche individuali).

L'utilizzo del telefax come mezzo di comunicazione è consentito sebbene, in taluni casi, specifiche disposizioni prevedano apposite modalità di inoltro delle comunicazioni, come, ad esempio, nell'ambito di procedimenti disciplinari (24). Anche per il telefax si devono comunque adottare opportune cautele che favoriscano la conoscenza dei documenti da parte delle sole persone a ciò legittimate.

6. Diffusione di dati personali

La diffusione di dati personali riferiti ai lavoratori può avvenire quando è prevista espressamente da disposizioni di legge o di regolamento (artt. 4, comma 1, lett. m) e 19, comma 3, del Codice), anche mediante l'uso delle tecnologie telematiche (art. 3 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell'amministrazione digitale” ).

A parte quanto eventualmente previsto sul piano normativo per specifiche categorie di atti, l'amministrazione, sulla base di apposite disposizioni regolamentari può, infatti, valorizzare anche l'utilizzo di reti telematiche per mettere a disposizione atti e documenti contenenti dati personali (es. concorsi o a selezioni pubbliche) nel rispetto dei princìpi di necessità, pertinenza e non eccedenza (artt. 3 e 11, comma 1, lett. d), del Codice).

Occorre, poi, una specifica valutazione per selezionare le informazioni eventualmente idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati, la cui diffusione è vietata (artt. 22, comma 8, del Codice). A tale divieto non è consentito derogare invocando generiche esigenze di pubblicità connesse alla trasparenza delle procedure in materia di organizzazione del personale e degli uffici, come quelle relative alla mobilità dei dipendenti pubblici (25). Non è ad esempio consentito diffondere i nominativi degli aventi diritto al collocamento obbligatorio contenuti in elenchi e graduatorie, atteso che il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è ribadito espressamente dal Codice anche in relazione allo svolgimento delle attività di concessione di benefici ed agevolazioni previste dalla legge e dai regolamenti (art. 68, comma 3, del Codice) (26).

6.1 Dati relativi a concorsi e selezioni. Nel quadro delle attività delle pubbliche amministrazioni si procede comunque, di regola, alla pubblicazione di graduatorie e di esiti di concorsi e selezioni pubbliche.

Ad esempio, le graduatorie dei vincitori di concorsi per accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni o per attribuire specifici incarichi professionali devono essere pubblicate nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'amministrazione interessata, dandone, se previsto, contestuale avviso sulla Gazzetta Ufficiale (27). Un analogo regime di conoscibilità è previsto per le procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, con riferimento alle informazioni contenute nelle relazioni riassuntive dei lavori svolti dalle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative e negli annessi giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati (28).

La diffusione, che l'amministrazione può lecitamente porre in essere in base a specifiche previsioni legislative o regolamentari, deve avere ad oggetto solo i dati personali pertinenti e non eccedenti ai fini del corretto espletamento della procedura concorsuale e della sua rispondenza ai parametri stabiliti nel bando (elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i risultati di prove intermedie, elenchi degli ammessi alle prove scritte o orali, punteggi riferiti a singoli argomenti di esame; punteggi totali ottenuti).

Non risulta lecito riportare negli atti delle graduatorie da pubblicare altre tipologie di informazioni non pertinenti quali, ad esempio, recapiti di telefonia fissa o mobile o il codice fiscale (29).
Anche in tale ambito i soggetti pubblici possono avvalersi di nuove tecnologie per facilitare le comunicazioni con gli interessati riguardanti concorsi o selezioni pubbliche, mediante, ad esempio, la ricezione on-line di domande di partecipazione a concorsi e selezioni, corredate di diversi dati personali. A tale proposito va rilevato che le previsioni normative che disciplinano la pubblicazione di graduatorie, esiti e giudizi concorsuali rendono, in linea generale, lecita l'operazione di diffusione dei relativi dati personali a prescindere dal mezzo utilizzato.

La disciplina sulla protezione dei dati personali regola (v. art. 19, c. 3, del Codice) la diffusione di tali informazioni in maniera tendenzialmente uniforme, sia che essa avvenga attraverso una pubblicazione cartacea, sia attraverso la messa a disposizione su Internet mediante una pagina web (30).

Va tuttavia evidenziato che le caratteristiche di Internet consentono a chiunque, per effetto dei comuni motori di ricerca esterni ai siti, reperire indiscriminatamente e in tempo reale un insieme consistente di informazioni personali rese disponibili in rete, più o meno aggiornate e di natura differente (31).

Nell'utilizzare tale strumento di diffusione occorre, quindi, prevedere forme adeguate di selezione delle informazioni che potrebbero essere altrimenti aggregate massivamente mediante un comune motore di ricerca esterno ai siti. Si pensi alle pagine web contenenti dati relativi a esiti, graduatorie e giudizi di valutazione, che in termini generali dovrebbero essere conosciute più appropriatamente solo consultando un determinato sito Internet, oppure attribuendo solo alle persone interessate una chiave personale di accesso (a vari dati relativi alla procedura, oppure solo a quelli che li riguardano), o predisponendo, nei siti istituzionali, aree ad accesso parimenti selezionato nelle quali possono essere riportate ulteriori informazioni accessibili anche ai controinteressati (32).

Ancorché, talvolta, la disciplina normativa di settore preveda espressamente forme specifiche e circoscritte di divulgazione (mediante, ad esempio, la sola messa a disposizione di documenti presso gli uffici o la sola affissione di atti in bacheche nei locali dell'amministrazione, ovvero mediante materiale affissione all'albo pretorio (33)),tali forme di pubblicazione non autorizzano, di per sé, a trasporre tutti i documenti contenenti dati personali così pubblicati in una sezione del sito Internet dell'amministrazione liberamente consultabile. Al tempo stesso, ciò non preclude all'amministrazione di riprodurre in rete alcuni dei predetti documenti, sulla base di una valutazione responsabile e attenta ai limiti posti dai princìpi di pertinenza e non eccedenza.

In ogni caso, è ovviamente consentita la diffusione in Internet di un avviso che indichi il periodo durante il quale determinati documenti sono consultabili presso l'amministrazione (34).

6.2 Dati relativi all'organizzazione degli uffici, alla retribuzione e ai titolari di cariche e incarichi pubblici. Alcuni specifici obblighi normativi -taluni dei quali si richiamano di seguito a titolo meramente esemplificativo- impongono ad amministrazioni pubbliche di rendere noti, attraverso i propri siti Internet, determinati dati personali concernenti i propri dipendenti (es. organigramma degli uffici con l'elenco dei nominativi dei dirigenti; elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive). (35)

Tali dati, sebbene siano di fatto disponibili in Internet, sono utilizzabili da terzi (in particolare, gli indirizzi di posta elettronica) solo in relazione ad eventi, comunicazioni e scopi correlati alle funzioni istituzionali e al ruolo ricoperto dall'interessato all'interno dell'amministrazione. I medesimi dati non sono quindi utilizzabili liberamente da chiunque per inviare, ad esempio, comunicazioni elettroniche a contenuto commerciale o pubblicitario (36).

In virtù della disciplina sul riordino della dirigenza statale le amministrazioni dello Stato possono altresì diffondere in Internet i dati personali dei dirigenti inquadrati nei ruoli istituiti da ciascuna amministrazione (art. 23 d.lg. 30 marzo 2001, n. 165), nel rispetto dei princìpi di completezza, esattezza, aggiornamento, pertinenza e non eccedenza dei dati (art. 11 del Codice) (37).
Altre disposizioni di settore prevedono, inoltre, specifici regimi di pubblicità per talune informazioni personali concernenti le retribuzioni, i livelli stipendiali o le situazioni patrimoniali di titolari di cariche e incarichi pubblici.

A titolo meramente esemplificativo, si menziona il caso delle amministrazioni e degli organismi tenuti a pubblicare sui propri siti Internet i compensi e le retribuzioni degli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, dei dirigenti con determinato incarico (conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165), nonché dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa (38).
Un ampio regime di conoscibilità è previsto da specifiche disposizioni legislative anche per i livelli stipendiali e le situazioni patrimoniali di parlamentari e consiglieri di enti locali, seppure mediante differenti modalità di diffusione (39). Alcune disposizioni permettono inoltre al datore di lavoro pubblico di acquisire, ma non di pubblicare, taluni dati personali relativi alla situazione patrimoniale dei propri dirigenti e, se vi consentono, del coniuge e dei figli conviventi, previa idonea informativa sul trattamento che ne verrà effettuato (art. 13 del Codice). Le medesime disposizioni non consentono, tuttavia, alle amministrazioni di conoscere l'integrale contenuto delle dichiarazioni dei redditi, nelle quali possono essere contenute informazioni eccedenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati, alcune delle quali aventi –peraltro- anche natura “sensibile” (si pensi, ad esempio, ad alcune particolari tipologie di spese per le quali sono riconosciute apposite detrazioni d'imposta) (40).

6.3. Atti in materia di organizzazione degli uffici. Salvo che ricorra una delle ipotesi sopra richiamate o previste da specifiche disposizioni legislative o regolamentari, non è di regola lecito diffondere informazioni personali riferite a singoli lavoratori attraverso la loro pubblicazione in comunicazioni e documenti interni affissi nei luoghi di lavoro o atti e circolari destinati alla collettività dei lavoratori, come nelle ipotesi di informazioni riguardanti contratti individuali di lavoro, trattamenti stipendiali o accessori percepiti, assenze dal lavoro per malattia, ferie, permessi, iscrizione e/o adesione di singoli dipendenti ad associazioni.

In presenza di disposizioni legislative o regolamentari che prevedono forme di pubblicazione obbligatoria delle deliberazioni adottate dall'amministrazione (41) o degli atti conclusivi di taluni procedimenti amministrativi occorre, poi, valutare con attenzione le stesse tecniche di redazione dei provvedimenti e delle deliberazioni in materia di organizzazione del personale. Nel rispetto dell'obbligo di adeguata motivazione degli atti amministrativi (42) vanno pertanto selezionate le informazioni da diffondere alla luce dei princìpi di pertinenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite dai singoli provvedimenti, anche in relazione al divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (artt. 11 e 22 del Codice). Un'attenta valutazione, nei termini sopra richiamati, è indispensabile soprattutto quando vengono in considerazione informazioni sensibili o di carattere giudiziario: si pensi, ad esempio, agli atti in materia di concessione dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari o relativi a controversie giudiziarie nelle quali siano coinvolti singoli dipendenti (43).

Con specifico riferimento alle finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione di benefici economici o di abilitazioni, ad esempio, il trattamento può comprendere la diffusione dei dati sensibili nei soli casi in cui ciò sia indispensabile per la trasparenza delle attività medesime, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando, comunque, il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 68, comma 3, del Codice).

Ove costituiscano presupposto dei provvedimenti adottati, tali informazioni vanno riportate solo negli atti a disposizione negli uffici consultabili esclusivamente da interessati e controinteressati, omettendo quindi di dettagliarle nel corpo degli atti da pubblicare e richiamandone soltanto gli estremi e/o un estratto dei relativi atti d'ufficio.

6.4. Cartellini identificativi. Analogamente, determina un'ipotesi di diffusione dei dati personali l'esibizione degli stessi su cartellini identificativi, appuntati, ad esempio, sull'abito o sulla divisa del personale di alcune strutture della pubblica amministrazione o di concessionari pubblici, in attuazione di taluni atti amministrativi di natura organizzativa, a livello sia nazionale, sia locale (44).

Nell'ambito del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni i cartellini identificativi possono rappresentare un valido strumento per garantire trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa (45), nonché per migliorare il rapporto fra operatori ed utenti.

Nel selezionare i dati personali destinati ad essere diffusi attraverso i cartellini identificativi, le amministrazioni sono tenute a rispettare i princìpi di pertinenza e non eccedenza dei dati in rapporto alle finalità perseguite (art. 11 del Codice), specie in assenza di necessarie disposizioni di legge o regolamento che prescrivano l'adozione per determinati dipendenti di cartellini identificativi e ne individuino eventualmente anche il relativo contenuto.

In tali ipotesi, alla luce di specifiche esigenze di personalizzazione e di umanizzazione del servizio e/o di collaborazione da parte dell'utente può risultare giustificato, in casi particolari e con riferimento a determinate categorie di dipendenti, riportare nei cartellini elementi identificativi ulteriori rispetto alla qualifica, al ruolo professionale, alla fotografia o ad un codice identificativo quali, ad esempio, le loro generalità (si pensi alle prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero e al rapporto fiduciario che si instaura tra il paziente e gli operatori sanitari coinvolti).

7. Impronte digitali e accesso al luogo di lavoro

Anche nell'ambito del pubblico impiego (46), non è consentito utilizzare in modo generalizzato sistemi di rilevazione automatica delle presenze dei dipendenti mediante la raccolta di dati biometrici, specie se ricavati dalle impronte digitali. I dati biometrici, per la loro peculiare natura, richiedono l'adozione di elevate cautele per prevenire possibili pregiudizi a danno degli interessati, con particolare riguardo a condotte illecite che determinino l'abusiva “ricostruzione” dell'impronta digitale, partendo dal modello di riferimento (template), e la sua ulteriore “utilizzazione” a loro insaputa.

7.1. Princìpi generali. Il trattamento dei dati personali relativi alla rilevazione dell'orario di lavoro è riconducibile alle finalità perseguite dai soggetti pubblici quali datori di lavoro legittimati ad accertare il rispetto dell'orario di lavoro mediante “forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato” (47) (e in taluni casi a garantire speciali livelli di sicurezza), ma deve essere effettuato nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Il principio di necessità impone a ciascuna amministrazione titolare del trattamento di accertare se la finalità perseguita possa essere realizzata senza dati biometrici o evitando ogni eccesso nel loro utilizzo che ne comporti un trattamento sproporzionato (artt. 3 e 11 del Codice). Devono essere quindi valutati preventivamente altri sistemi, dispositivi e misure di sicurezza fisiche e logicistiche che possano assicurare una puntuale e attendibile verifica delle presenze e degli ingressi sul luogo di lavoro.

Resta in particolare privo di giuridico fondamento l'utilizzo di sistemi di rilevazione delle impronte digitali per verificare l'esatto adempimento di prestazioni lavorative, ove siano attivabili misure “convenzionali” non lesive dei diritti della persona quali, ad esempio, apposizioni di firme anche in presenza di eventuale personale incaricato, fogli di presenza o sistemi di timbratura mediante badge magnetico.

Di regola, non è pertanto consentito il trattamento di dati relativi alle impronte digitali per accertare le ore di lavoro prestate effettivamente dal personale dislocato anche in sedi distaccate o addetto a servizi esterni, con riferimento, ad esempio, all'esigenza di computare con sistemi oggettivi le turnazioni, l'orario flessibile, il recupero, i permessi, il lavoro straordinario, i buoni pasto, nonché di prevenire eventuali usi abusivi o dimenticanze del badge.

Non può desumersi alcuna approvazione implicita dal semplice inoltro al Garante di note relative a progetti di installazione di impianti di rilevazione di impronte digitali, cui eventualmente non segua un esplicito riscontro dell'Autorità.

7.2. Casi particolari. Di regola, sistemi di rilevazione di impronte digitali nel luogo di lavoro possono essere quindi attivati soltanto per particolari esigenze di controllo dell'accesso a speciali aree dei luoghi di lavoro in cui si debbano assicurare elevati e specifici livelli di sicurezza, in relazione a specifiche necessità quali, ad esempio, la destinazione dell'area interessata:

1. allo svolgimento di attività aventi particolare carattere di segretezza, ovvero prestate da personale selezionato e impiegato in attività che comportano la necessità di trattare informazioni rigorosamente riservate (es. accesso a sale operative ove confluiscono segnalazioni afferenti alla sicurezza anticrimine; aree adibite ad attività inerenti alla difesa e alla sicurezza dello Stato; ambienti di torri di controllo aeroportuali);

2. alla conservazione di oggetti di particolare valore o la cui disponibilità deve essere ristretta ad un numero circoscritto di dipendenti in quanto un loro utilizzo improprio può determinare una grave e concreta situazione di rischio per la salute e l'incolumità degli stessi o di terzi (es. ambienti ove sono custodite sostanze stupefacenti o psicotrope).

Nelle ipotesi sopramenzionate il trattamento di dati relativi alle impronte digitali è ammesso a condizione che:

• sia sottoposto con esito positivo –di regole, a seguito di un interpello del titolare (48) – alla verifica preliminare, che l'Autorità si riserva di effettuare ai sensi dell'art. 17 del Codice anche per determinate categorie di titolari o di trattamenti;

• venga effettuata preventivamente la notificazione al Garante (artt. 37, comma 1, lett. a) e 38 del Codice);

• non sia comunque registrata l'immagine integrale dell'impronta digitale, bensì solo il modello di riferimento da essa ricavato (template);

• tale modello non sia archiviato in una memoria centralizzata, bensì in un supporto posto nell'esclusiva disponibilità dell'interessato (smart card o dispositivo analogo) e privo di indicazioni nominative riferibili a quest'ultimo (essendo sufficiente attribuire a ciascun dipendente un codice individuale);

• sia fornita ai dipendenti interessati un'informativa specifica per il trattamento in questione (art. 13 del Codice).

8. Dati idonei a rivelare lo stato di salute

8.1. Dati sanitari. Il datore di lavoro pubblico deve osservare cautele particolari anche per il trattamento dei dati sensibili (artt. 4, comma 1, lett. d), 20 e 112 del Codice) e, segnatamente, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.

Nel trattamento di queste informazioni l'amministrazione deve rispettare anzitutto i princìpi di necessità e di indispensabilità, valutando specificamente il rapporto tra i dati sensibili e gli adempimenti derivanti da compiti e obblighi di volta in volta previsti dalla legge (artt. 20 e 22 del Codice). È importante valorizzare tali princìpi nell'applicare disposizioni di servizio e regolamenti interni precedenti alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

In tale quadro non risultano, ad esempio, lecite le modalità -utilizzate da amministrazioni militari e forze di polizia, a fini di organizzazione del lavoro e/o di turni di servizio- che prevedono la redazione di un elenco nominativo di ufficiali o agenti in licenza, recante:

• l'indicazione “per convalescenza” o “in aspettativa”, per regolare l'accesso alla caserma del personale assente dal servizio (49);

• l'indicazione, su ordini di servizio o altri atti affissi nei luoghi di lavoro, i motivi giustificativi delle assenze del personale (utilizzando, ad esempio, diciture quali “a riposo medico”).

Particolari accorgimenti per la gestione dei dati sensibili possono essere previsti anche da norme estranee al Codice in materia di protezione dei dati personali, ma volte comunque a contenere, nei limiti dell'indispensabile, i dati dei quali il datore di lavoro può venire a conoscenza per instaurare e gestire il rapporto di lavoro (50). La disciplina contenuta nel Codice deve essere quindi coordinata e integrata (cfr. punto 3.2.) con altre regole settoriali (51) o speciali (52).

8.2. Assenze per ragioni di salute. Riguardo al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute, la normativa sul rapporto di lavoro e le disposizioni contenute in contratti collettivi possono giustificare il trattamento dei dati relativi a casi di infermità che determinano un'incapacità lavorativa (temporanea o definitiva), con conseguente accertamento di condizioni di salute del lavoratore da parte dell'amministrazione di appartenenza (53), anche al fine di accertare l'idoneità al servizio, alle mansioni o allo svolgimento di un proficuo lavoro (54).

Tra questi ultimi può rientrare anche una informazione relativa all'assenza dal servizio per malattia, indipendentemente dalla circostanza che sia contestualmente indicata esplicitamente la diagnosi (55).
Non diversamente, il datore di lavoro può in vari casi trattare legittimamente dati sensibili relativi all'invalidità o all'appartenenza a categorie protette, nei modi e per le finalità prescritte dalla vigente normativa in materia (art. 112, comma 2, lett. a) del Codice) (56).

A tale riguardo va rilevata la sussistenza di specifici obblighi normativi nei riguardi del lavoratore per consentire al datore di lavoro di verificare le sue reali condizioni di salute nelle forme di legge (57). Per attuare tali obblighi è ad esempio previsto che venga fornita all'amministrazione di appartenenza un'apposita documentazione a giustificazione dell'assenza, consistente in un certificato medico contenente la sola indicazione dell'inizio e della durata presunta dell'infermità: c.d. “prognosi” (58). In assenza di speciali disposizioni di natura normativa, che dispongano diversamente per specifiche figure professionali (59), il datore di lavoro pubblico non è legittimato a raccogliere certificazioni mediche contenenti anche l'indicazione della diagnosi (60).

Anche nei casi in cui la raccolta dei dati relativi alla diagnosi sia effettuata lecitamente sulla base di tali disposizioni, in conformità ai princìpi di proporzionalità e indispensabilità, non è consentito all'amministrazione di appartenenza trascrivere nei documenti caratteristici o matricolari del personale le indicazioni sulla prognosi e la diagnosi contenute nei certificati prodotti dall'interessato per giustificare le assenze dal servizio (artt. 11, comma 1, lett. e) e 22, comma 9, del Codice) (61). A tale riguardo, va anzi rilevato che, qualora il lavoratore produca documentazione medica recante anche l'indicazione della diagnosi insieme a quella della prognosi, l'amministrazione (salvi gli speciali casi eventualmente previsti nei termini sopra indicati) deve astenersi dall'utilizzare ulteriormente tali informazioni (art. 11, comma 2, del Codice) invitando anche il personale a non produrne altri con le medesime caratteristiche (62).

In linea generale, all'esito delle visite di controllo sullo stato di infermità -effettuate da medici dei servizi sanitari pubblici (art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300) (63) -, il datore di lavoro pubblico è legittimato a conoscere i dati personali dei lavoratori riguardanti la capacità o l'incapacità al lavoro e la prognosi riscontrata, con esclusione di qualsiasi informazione attinente alla diagnosi (64).
In tale quadro, il datore di lavoro può, al fine di far valere i propri diritti in relazione a fenomeni di ritenuto assenteismo e di eventuale non veritiera certificazione sanitaria, redigere note informative, segnalazioni o denunce contenenti anche riferimenti circostanziati alle ragioni e alle modalità delle singole assenze e individuandone i destinatari nel rispetto dei princìpi di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza (65).

Sulla base degli elementi acquisiti da segnalazioni e quesiti pervenuti all'Autorità, risulta giustificata, alla luce delle disposizioni contenute nei contratti collettivi, la conoscenza da parte dell'amministrazione di appartenenza di informazioni personali relative all'effettuazione di visite mediche, prestazioni specialistiche o accertamenti clinici, nonché alla presenza di patologie che richiedono terapie invalidanti (66), quando il dipendente richiede di usufruire del trattamento di malattia o di permessi retribuiti per le assenze correlate a tali esigenze.

8.3. Denuncia all'Inail. Per dare esecuzione ad obblighi di comunicazione relativi a dati sanitari, in taluni casi il datore di lavoro può anche venire a conoscenza delle condizioni di salute del lavoratore.
Tra le fattispecie più ricorrenti deve essere annoverata la denuncia all'istituto assicuratore (Inail) avente ad oggetto infortuni e malattie professionali occorsi ai lavoratori; essa, infatti, per espressa previsione normativa, deve essere corredata da specifica certificazione medica (artt. 13 e 53 d.P.R. n. 1124/1965).

In tali casi l'amministrazione, pur potendo conoscere la diagnosi, deve comunicare all'ente assicurativo solo le informazioni sanitarie relative o collegate alla patologia denunciata, anziché dati sulla salute relativi ad altre assenze che si siano verificate nel corso del rapporto di lavoro, la cui eventuale comunicazione sia eccedente e non pertinente –con la conseguente loro inutilizzabilità–, trattandosi di dati non rilevanti nel caso oggetto di denuncia (art. 11, commi 1 e 2, del Codice) (67).

8.4. Visite medico-legali. Le pubbliche amministrazioni possono trattare legittimamente dati idonei a rivelare lo stato di salute dei propri dipendenti, non solo per accertare, anche d'ufficio, attraverso le strutture sanitarie pubbliche competenti, la persistente idoneità al servizio, alle mansioni o allo svolgimento di un proficuo lavoro (68), ma anche per riconoscere la dipendenza da causa di servizio, per concedere trattamenti pensionistici di privilegio o l'equo indennizzo (69) ovvero per accertare, sempre per fini pensionistici, la sussistenza di stati invalidanti al servizio o di inabilità non dipendenti da causa di servizio (artt. 20 e 112, comma 2, lett. d) del Codice) (70).

Nel disporre tali accertamenti le amministrazioni possono comunicare ai collegi medici competenti i dati personali sensibili del dipendente dei quali dispongano, nel rispetto del principio di indispensabilità (art. 22, commi 1, 5 e 9) (71); devono inoltre conformare il trattamento dei dati sanitari del lavoratore secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, anche in riferimento al diritto alla protezione dei dati personali (cfr. par. 4.3) (72).

Analoghi accorgimenti devono essere adottati dagli organismi di accertamento sanitario all'atto sia della convocazione dell'interessato a visita medico-collegiale, sia della comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati all'amministrazione di appartenenza del lavoratore, ed eventualmente all'interessato medesimo. In particolare, nel caso di accertamenti sanitari finalizzati ad accertare l'idoneità al servizio, alle mansioni o a proficuo lavoro del dipendente, alla luce del principio di indispensabilità, i collegi medici devono trasmettere all'amministrazione di appartenenza dell'interessato il relativo verbale di visita con la sola indicazione del giudizio medico-legale di idoneità, inidoneità o di altre forme di inabilità (73).

Qualora siano trasmessi dagli organismi di accertamento sanitario verbali recanti l'indicazione della diagnosi dell'infermità o della lesione che determinano un'incapacità lavorativa, i datori di lavoro non possono, comunque, utilizzare ulteriormente tali informazioni (art. 11, comma 2, del Codice).

8.5. Abilitazioni al porto d'armi e alla guida. In conformità alle norme sulle autorizzazioni di polizia per la detenzione ed il porto d'armi, le amministrazioni possono di regola trattare i dati relativi agli esiti delle visite medico-legali cui sottopongono i propri dipendenti per consentire l'adozione da parte degli uffici competenti dei provvedimenti sull'arma di servizio, ove si tratti di agenti di pubblica sicurezza, abilitati al porto di pistola (74).

La normativa di settore e le disposizioni contenute nei contratti collettivi non autorizzano, invece, le pubbliche amministrazioni a comunicare agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dei propri dipendenti, ancorché acquisite legittimamente, per consentire di verificare la persistenza in capo a questi ultimi dei requisiti fisici e psichici previsti dalla legge per il conseguimento della patente di guida (75). Allo stato dell'attuale normativa tale attività comporta, infatti, un flusso di dati personali sensibili verso l'amministrazione dei trasporti che non risulta trovare una base di legittimazione in un'idonea disposizione normativa (76), né risulta altrimenti riconducibile alle finalità di rilevante interesse pubblico connesse alla gestione di rapporti di lavoro da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'interessato (art. 112 del Codice) (77).

Siffatte operazioni di comunicazione non possono ritenersi lecite anche se effettuate da forze armate e di polizia che, in base al Codice della strada, provvedano direttamente nei riguardi del personale in servizio all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari alla guida dei veicoli in loro dotazione e al rilascio del relativo titolo abilitativo (78), attesa la diversità dei presupposti per il conferimento (o l'eventuale sospensione o ritiro) della patente militare rispetto a quella civile e la sfera di discrezionalità ad esse conferite (79).

8.6. Altre informazioni relative alla salute. Devono essere presi in considerazione altri casi nei quali può effettuarsi un trattamento di dati relativi alla salute del lavoratore (e anche di suoi congiunti), al fine di permettergli di godere dei benefici di legge: si pensi, ad esempio, alle agevolazioni previste per l'assistenza a familiari disabili, ai permessi retribuiti e ai congedi per gravi motivi familiari.
In attuazione dei princìpi di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, in occasione di istanze volte ad usufruire dei congedi a favore dei lavoratori con familiari disabili in situazione di gravità, l'amministrazione di appartenenza non deve venire a conoscenza di dati personali del congiunto portatore di handicap relativi alla diagnosi o all'anamnesi accertate dalle commissioni mediche indicate dall'art. 4 della l. 5 febbraio 1992, n. 104 (80). A tal fine, infatti, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro una certificazione dalla quale risulti esclusivamente l'accertata condizione di handicap grave per opera delle commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (81).

Diversamente, per usufruire di permessi o congedi per gravi infermità o altri gravi motivi familiari, il lavoratore è tenuto per legge a produrre alla propria amministrazione idonea documentazione medica attestante le gravi infermità o le gravi patologie da cui risultano affetti i propri familiari (82).
Allo stesso modo, il datore di lavoro può venire a conoscenza dello stato di tossicodipendenza di un proprio dipendente o di un familiare di questi, in caso di richieste di accesso o concorso a programmi riabilitativi o terapeutici con conservazione del posto di lavoro (senza retribuzione), atteso l'onere di presentare (nei termini prescritti dai contratti collettivi e dagli accordi di lavoro per il pubblico impiego) specifica documentazione medica al datore di lavoro (83).

9. Dati idonei a rivelare le convinzioni religiose

Analoghe cautele devono essere osservate nel trattamento di altre tipologie di informazioni sensibili relative al lavoratore, quali quelle idonee a rivelarne le convinzioni religiose. Il trattamento di queste informazioni deve ritenersi in via generale lecito soltanto ove risulti indispensabile per la gestione da parte dei soggetti pubblici del rapporto di lavoro e di impiego, e, in particolare, per consentire l'esercizio delle libertà religiose riconosciute ai lavoratori appartenenti a determinate confessioni, in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento che regolano i rapporti tra lo Stato e le medesime confessioni.

Ad esempio, i dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione per la concessione dei permessi per festività religiose su specifica richiesta dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza a una determinata confessione (84). Le convinzioni religiose potrebbero emergere, inoltre, in relazione al contesto in cui sono trattate o al tipo di trattamento effettuato, da alcune particolari scelte del lavoratore, rispondenti a determinati dettami religiosi, per il servizio di mensa eventualmente apprestato presso il luogo di lavoro.

Inoltre, in base alle specifiche norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, le prove del concorso scritte e orali non possono aver luogo, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101 , nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi (85).

In tale quadro, pertanto, nel fissare il diario delle prove concorsuali per l'accesso ai pubblici impieghi, non risulta giustificata la raccolta sistematica e preventiva dei dati relativi alle convinzioni religiose dei predetti candidati (86) essendo sufficiente fissare le prove in giorni non coincidenti con dette festività.

(1) Provv. 23 novembre 2006, n. 53, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1364099, e in G.U. 7 dicembre 2006, n. 285.

(2) Anche per le presenti linee guida si è tenuto conto della Raccomandazione n. R (89) 2 del Consiglio d'Europa relativa alla protezione dei dati a carattere personale utilizzati ai fini dell'occupazione, del Parere n. 8/2001 sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'occupazione, reso il 13 settembre 2001 dal Gruppo Art. 29 dei Garanti europei (in http://ec.europa.eu), nonché del Code of practice, “Protection of workers' personal data”, approvato dall'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil).

(3) Art. 2, comma 2, del Codice.

(4) Art. 2, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale (d.lg. 7 marzo 2005, n. 82 così come modificato dal d.lg. 4 aprile 2006, n. 159).

(5) L'organizzazione sindacale potrà a sua volta comunicare a terzi o diffondere i dati personali ottenuti dall'amministrazione soltanto previa acquisizione del consenso informato dei dipendenti interessati o di altro presupposto equipollente (art. 24 del Codice).

(6) Provv. 30 dicembre 2003, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1085621.

(7) Note 9 dicembre 1997, ivi, doc. web nn. 30915 e 39785.

(8) Cfr. circolare Ispesl 3 marzo 2003, n. 2260.

(9) Art. 4, comma 8, d.lg. 19 settembre 1994, n. 626.

(10) Provv. 23 novembre 2006, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1364099.

(11) Provv. 9 novembre 2005, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1191411.

(12) A titolo di esempio, oltre ad alcuni regolamenti concernenti amministrazioni centrali (Ministero della difesa, d.m. 13 aprile 2006, n. 203, in G.U. 1° giugno 2006, n. 126; Ministero dell'interno, d.m. 21 giugno 2006, n. 244, in G.U. 9 agosto 2006, n. 184, S.O.; Ministero della pubblica istruzione, d.m. 7 dicembre 2006, n. 305, in G.U. 15 gennaio 2007, n. 11; Ministero delle infrastrutture, d.m. 9 febbraio 2007, n. 21, in G.U. 16 marzo 2007, n. 63; Ministero della giustizia, d.m. 12 dicembre 2006, n. 306, in G.U. 15 gennaio 2007, n. 11; Ministero dell'università e della ricerca, d.m. 28 febbraio 2007, n. 54, in G.U. 26 aprile 2007, n. 96), si segnalano taluni schemi tipo di regolamento relativi ad enti locali (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1174532), comunità montane (doc. web n. 1182195) e province (doc. web n. 1175684 ).

(13) Provv. 30 giugno 2005, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1144445.

(14) Art. 50 d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 con riferimento alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di informazioni nominative relative al personale che ha fruito di distacchi, permessi cumulativi sotto forma di distacco, aspettative e permessi per attività sindacale o per funzioni pubbliche elettive, al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico.

(15) Artt. 59 e 60 del Codice. Si vedano anche gli artt. 22 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241; d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184; art. 8 d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352;artt. 10 e 43 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.

(16) Cfr. par. 5.1 e 5.2 delle presenti linee guida.

(17) Relazione annuale per il 2004 del Garante, p. 81.

(18) Provv. 12 maggio 2005, in www.garanteprivacy.it, doc. web 1137798.

(19) Cf, r. art. 6 Ccnl relativo al personale del comparto scuola del 24 luglio 2003.

(20) Cfr. art. 40, comma 4, d.lg. n. 165/2001 e art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300. Si vedano anche Corte cass. 17 aprile 2004, n. 7347; Corte d'appello Torino 16 luglio 2003 in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2002, parte I, p. 116; par. 7 Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R (89)2; par. 10.10. del Code of practice dell'Oil.

(21) Si veda, ad es., art. 37 Ccnl del personale del comparto “ministeri” del 16 maggio 1995; art. 48 del Ccnl del personale del comparto “sanità” del 1° settembre 1995; art. 6 del Ccnl del personale del comparto “università” del 9 agosto 2000; art. 6, Ccnl del personale del comparto enti art. 70 d.lg. 165/2001 del 14 febbraio 2001; art. 37 Ccnl del personale del comparto delle “Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione” del 21 febbraio 2002; art. 7 Ccnl del personale del comparto delle regioni-autonomie locali del 6 luglio 1995; art. 7 Ccnl del personale del comparto regioni ed autonomie locali personale non dirigente del 1°aprile 1999.

(22) Si veda, ad es., Consiglio di Stato sez. IV, 5 maggio 1998, n. 752; Tar Lombardia Milano, sez.I, 31 luglio 2002, n. 3261;; Tar Emilia-Romagna 10 gennaio 2003, n. 16; Tar Calabria, sez. II, 11 luglio 2005, n. 1165; Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, pareri 6 luglio 2004, n. 8 e 28 giugno 2006, n. 51.

(23) Si vedano ad es. cfr. art. 12 Ccnl del personale dirigente dell'area 1 del 5 aprile 2001; art. 11, Ccnl segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001; art. 13 Ccnl relativo al quadriennio normativo 1998-2001 del personale del comparto università.

(24) Artt. 111 e 104 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

(25) Cfr. Provv. 27 febbraio 2002 (doc. web n. 1063639 ), con il quale il Garante ha vietato la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute riportati in una graduatoria dei trasferimenti affissa nella bacheca di un provveditorato agli studi.

(26) Cfr. Relazione annuale del Garante 2004, p. 83.

(27) Art. 15 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; v. anche art. 4 d.P.R. 21 settembre 2001, n. 446; art. 18, comma 6, d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220; art. 8 d.P.R. 28 luglio 2000, n. 271; art. 2 d.P.R. 28 luglio 2000, n. 272; art. 2 d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270; art. 52, comma 2, r.d. 12 ottobre 1933, n. 1364.

(28) Cfr. art. 6 d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117.

(29) Provv. 19 aprile 2007 recante “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali”.

(30) Cfr. Comunicato stampa del Garante del 14 giugno 1999.

(31) Cfr. Provv.10 novembre 2004, doc. web n. 1116068; cfr. anche Newsletter 21-27 marzo 2005.

(32) Cfr. Provv. 19 aprile 2007, cit.

(33) Cfr., ad es., art. 6, comma 6, d.P.R. n. 487/1994 con riferimento agli esiti delle prove intermedie dei concorsi per accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e art. 25, comma 3, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, con riferimento all'elenco degli ammessi alla prove orali per l'abilitazione alla professione di avvocato.

(34) Cfr. Provv. 19 aprile 2007, cit.

(35) Art. 54 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82.

(36) Cfr. Provv. 19 dicembre 2002, doc. web n. 1067231.

(37) Cfr. art. 23 d.lg. n. 165/ 2001 e artt. 1, comma 7 e 2, comma 4, d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108.

(38) Art. 1, comma 593, l. 27 dicembre 2006, n. 296.

(39) Cfr. l. 5 luglio 1982, n. 441. Si veda anche Newsletter del Garante 4-10 giugno 2001 e Corte di giustizia delle Comunità europee, 20 maggio 2003, causa C-465/2000.

(40) Cfr. art. 17, comma 22, l. 15 maggio 1997, n. 127. Si veda anche Parere 8 giugno 1999, doc. web n. 40369. Analoga disciplina vige anche per magistrati, avvocati dello Stato e procuratori, professori e ricercatori universitari di livello dirigenziale od equiparato.

(41) Cfr. art. 10 e 124 d.lg. n. 267/2000.

(42) Art. 3, comma 3, l. n. 241/1990.

(43) Cfr. Provv. 27 febbraio 2002, doc. web 1063639, Provv. 9 dicembre 2003 e Provv. 17 aprile 2003, doc. web n. 1054640. Si vedano anche, con particolare riferimento alle deliberazioni degli enti locali, Provv. 19 aprile 2007 cit. e Provv. 25 gennaio 2007, doc. web 1386836.

(44) Cfr. parte seconda, 2.3.1, b.3), d.P.C.M. 21 dicembre 1992; art. 1.1. e all. n. 8 art. 61 d.P.C.M. 19 maggio 1995; parte seconda, 2.5.1, d.P.C.M. 30 dicembre 1998 art. 4.2.2, provv. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 5 agosto 1999.

(45) Art.1, l. n. 241/1990.

(46) Per i dipendenti del settore privato v. Provv. 23 novembre 2006, doc. web n. 1364939.

(47) Cfr. art. 18 del Codice; art. 4 dell'accordo riguardante le tipologie degli orari di lavoro ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Ccnl comparto ministeri del 16 maggio 1995, confermato dall'art. 26 del Ccnl del 12 giugno 2003. Si veda anche l'art. 17 Ccnl del comparto del personale delle regioni-autonomie locali del 6 luglio 1995, confermato dall'art. 45 del Ccnl del 22 gennaio 2004.

(48) Nell'interpello al Garante vanno specificate le caratteristiche tecnologiche delle apparecchiature utilizzate e le ragioni in base alle quali non si ritengono idonei, rispetto alle finalità da perseguire, altri sistemi o procedure che pongono minori pericoli o rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

(49) Cfr. Provv. 7 luglio 2004, doc. web n. 1068839.

(50) Cfr. artt. 8 e 38 l. n. 300/1970 e artt. 113 e 171 del Codice.

(51) Tra le quali, ad esempio, la richiamata disciplina contenuta nel d.lg. n. 626/1994 o nell'art. 5 della l. n. 300/1970 sugli accertamenti sanitari facoltativi.

(52) Si pensi ai divieti contenuti negli artt. 5 e 6 l. 5 giugno 1990, n. 135, in materia di Aids.

(53) Cfr. art. 5 l. n. 300/1970; si vedano anche le pertinenti disposizioni dei contratti collettivi relativi ai differenti comparti (art. 21, comma 10, Ccnl Comparto ministeri del 16 maggio 1995; art. 17, comma 12, Ccnl relativo al personale del comparto scuola del 24 luglio 2003, già art. 49, lettera g) del Ccnl del 26 maggio 1999 e art. 23, comma 12, del Ccnl del 4 agosto 1995; art. 34, comma 10, Ccnl del personale non dirigente del comparto università, del 9 agosto 2000; art. 17, comma 11, Ccnl relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione del 21 febbraio 2002; art. 11, comma 12, Ccnl relativo al personale del comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale del 16 febbraio 2005).

(54) Cfr. art. 5, comma 3, l. n. 300/1970, art. 15, d.P.R. n. 461/2001, art. 21, comma 3, Ccnl Comparto ministeri del 16 maggio 1995; art. 17, comma 3, Ccnl relativo al personale del comparto scuola del 24 luglio 2003, già art. 23, comma 3, del Ccnl del 4 agosto 1995; art. 34, comma 3, Ccnl del personale non dirigente del comparto università, del 9 agosto 2000; art. 17, comma 4, Ccnl relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione del 21 febbraio 2002; art. 11, comma 3, Ccnl relativo al personale del comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale del 16 febbraio 2005. Dall'accertamento in questione può, inoltre, conseguire l'attribuzione all'interessato di altri incarichi o mansioni, oppure la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente adozione degli atti necessari per riconoscere trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle disposizioni di settore. Cfr. art. 8 d.P.R. 27 febbraio 1991 n. 132 (Corpo forestale dello Stato); art. 129 d.lg. 30 ottobre 1992, n. 443 (Corpo di polizia penitenziaria); art. 15 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461; art. 99 l. 22 dicembre 1975, n. 685; tossicodipendenza; art 5 d.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114 (carriera diplomatica); art. 5 d.P.R. 23 maggio 2001, n. 316 (carriera prefettizia); art. 2 d.m. 30 giugno 2003, n. 198 (Polizia di Stato).

(55) Cfr. Provv. 7 luglio 2004, doc. web n. 1068839. V. pure il punto 50 della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 6 novembre 2003 C-101/01, Lindqvist.

(56) Cfr. l. n. 68/1999 citata e l. 29 marzo 1985, n. 113.

(57) Provv. 15 aprile 2004, doc. web n. 1092564; Cfr. art. 5 l. n. 300/1970; si vedano anche le pertinenti disposizioni dei contratti collettivi di lavoro applicabili ai diversi comparti come, ad esempio, l'art. 21 Ccnl comparto ministeri personale non dirigente del 16 maggio 1995.

(58) Cfr. art. 2 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in l., con mod., con l'art. 1 l. 29 febbraio 1980, n. 33, successivamente modificato dal comma 149 dell'art. 1 l. 30 dicembre 2004, n. 311.

(59) Cfr. art. 61 d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 per il personale della Polizia di Stato.

(60) In tal senso si veda art. 17, comma 11, Ccnl relativo al personale del comparto scuola del 24 luglio 2003, già art. 49, lettera f) del Ccnl del 26 maggio 1999 e art. 23, comma 10, del Ccnl del 4 agosto 1995; art. 34,comma 9, Ccnl del personale non dirigente del comparto Università, del 9 agosto 2000; art. 17, comma 10, Ccnl relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione del 21 febbraio 2002; art. 11, comma 11, Ccnl relativo al personale del comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale del 16 febbraio 2005.

(61) Cfr. art. 55 d.P.R. d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e art. 24 d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686. Si veda anche Provv. 19 ottobre 2005, doc. web n. 1185148 con riferimento al servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza.

(62) Cfr. par. 1.1 delle presenti linee guida.

(63) Cfr. art. 2 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in l., con mod., con l'art. 1, l. 29 febbraio 1980, n. 33 e mod. dal comma 149 dell'art. 1 l. 30 dicembre 2004, n. 311. Si veda anche art. 14, lett. q), l. 23 dicembre 1978, n. 833.

(64) Art. 5 d.l. 12 settembre 1983, n. 463 conv., con mod., in l. 11 novembre 1983, n. 638 e art. 6, comma 3, d.m. 15 luglio 1986.

(65) Cfr. Provv. 24 settembre 2001, doc. web n. 39460 e 28 settembre 2001, doc. web n. 41103.

(66) Cfr. art. 17 Ccnl del personale del comparto scuola stipulato il 24 luglio 2003; art. 17 Ccnl del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione stipulato il 21 febbraio 2002; art. 34 Ccnl del personale non dirigente del comparto Università stipulato il 9 agosto 2000; art. 23 Ccnl del personale del comparto sanità stipulato il 1° settembre 1995 e art. 11 Ccnl integrativo stipulato il 20 settembre 2001; art. 21 Ccnl del personale del comparto ministeri stipulato il 16 maggio 1995 e art. 6 Ccnl integrativo stipulato il 16 maggio 2001. Si vedano anche i chiarimenti forniti dall'Aran in data 20 gennaio 2003 in relazione ai quesiti B14 e B16, in www.aranagenzia.it.

(67) In tal senso v. il Provv. 15 aprile 2004, doc. web n. 1092564.

(68) Art. 5, comma 3, l. n. 300/1970; art. 15 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

(69) Cfr. d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 e d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

(70) Cfr. art. 2, comma 12, l. 8 agosto 1995, n. 335; art. 13, l. 8 agosto 1991, n. 274; d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

(71) Artt. 7, 9, comma 2 e 15, comma 1, d.P.R. n. 461/2001.

(72) Cfr. Provv. 23 luglio 2004, doc. web n. 1099216.

(73) Art. 4, commi 3 e 4, d.P.R. n. 461/2001.

(74) Cfr. Provv. 22 gennaio 2004, doc. web n. 1086280; v. anche, per altri profili, Provv. 15 gennaio 2004, doc. web n. 1054663 e Trib. Venezia 14 luglio 2004, n. 340.

(75) Cfr. artt. 119 e 128–130 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.

(76) Cfr. d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 e d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

(77) Cfr. artt. 119 e 128–130 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. In merito, poi, alle comunicazioni di dati personali sensibili da parte delle aziende sanitarie alle commissioni mediche locali per le patenti di guida si guardi il Provv. del Garante del 28 giugno 2006, doc. web n. 1322833.

(78) Art. 138 d.lg. n. 285/1992.

(79) Cfr. art. 138, commi 4 e 12, d.lg. n. 285/1992. Si veda anche Cons. Stato sez. IV, 14 maggio 2001, n. 2648.

(80) Cfr. Provv. 21 marzo 2007, doc. web n. 1395821.

(81) Cfr. art. 33 l. 5 febbraio 1992, n. 104; art. 4, comma 2, l. 8 marzo 2000, n. 53 e artt. 33 e 42 d.lg. 26 marzo 2001, n. 151; si veda anche Cass. civ., 17 agosto 1998, n. 8068.

(82) Art. 4, l. 8 marzo 2000, n. 53 e d.m. 21 luglio 2000, n. 278.

(83) Art. 124, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309/1990.

(84) Art. 4, comma 2, l. 8 marzo 1989, n. 101 recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane”; art. 17, comma 2, l. 22 novembre 1988, n. 516 recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno”.

(85) Art. 6, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”.

(86) Cfr. artt. 4, comma 2 e 5, l. n. 101/1989 e art. 17, comma 2, l. n. 516/1988 cit.

01Ene/14

Lei _59_90_21_novembro_autonomia_administrativa_orgaos_independentes_funcionam_junto_Assembleia_Republica.asp

Lei nº 59/90 de 21 de Novembro. Autonomia administrativa dos órgãos independentes que funcionam junto da Assembleia da República.

A Assembleia da República decreta, nos termos dos artigos 164º, alínea d), e 169º, nº3, da Constituição, o seguinte:

Artigo 1º.- Os órgãos independentes que funcionam junto da Assembleia da República, quando, por lei própria, lhes não seja atribuída também autonomia financeira, gozam de autonomia administrativa, nos termos em que ela é definida pelo artigo 2º da Lei nº 8/90, de 20 de Fevereiro.

Artigo 2º

1.- A cobertura das despesas com o funcionamento dos órgãos independentes é feita pela verba inscrita em capítulo autónomo do orçamento da Assembleia da República, expressamente referido ao órgão a que respeita, e ainda pelas receitas que a esse órgão caiba cobrar.

2.- São incluídos nas despesas com o seu funcionamento e suportados pelos respectivos órgãos os encargos com o pessoal ao seu serviço, ainda que pertencente aos quadros da Assembleia da República.

3.- Os presidentes ou os titulares dos referidos órgãos podem autorizar despesas dentro dos limites estabelecidos para os ministros.

Aprovada em 25 de Outubro de 1990

O Presidente da Assembleia da República, Vítor Pereira Crespo.

Promulgada em 8 de Novembro de 1990.

Publique-se.

O Presidente da República, Mário Soares.

Referendada em 13 de Novembro de 1990.

O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Italia. Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 75.

Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 75.

Regolamento di attuazione della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informaticiPubblicato in G.U. n. 101 del 3 maggio 2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 10 della Legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.198 del 27 agosto 2001, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;

Visto il Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;

Sentite le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, nonché quelle di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software;

Acquisita l’intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 23 settembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 ottobre 2004;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;

Sulla proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per le pari opportunità;

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo 1. Definizioni


1. Ai fini del presente regolamento s’intende per:

a) accessibilità: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della Legge 9 gennaio 2004, n. 4, la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

b) tecnologie assistive: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;

c) valutazione: processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilità;

d) verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;

e) verifica soggettiva: valutazione del livello di qualità dei servizi, già giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l’intervento del destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche;

f) fruibilità: la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d’uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell’utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell’uso del prodotto;

g) soggetti privati: soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3 della legge n. 4 del 2004;

h) valutatori: soggetti iscritti nell’apposito elenco e qualificati a certificare le caratteristiche di accessibilità dei servizi.

 

Articolo 2. Criteri e principi generali per l’accessibilità

1. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici che presentano i seguenti requisiti:

a) accessibilità al contenuto del servizio da parte dell’utente;

b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata anche da:

1) facilità e semplicità d’uso, assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;

2) efficienza nell’uso, assicurando, fra l’altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonché la possibilità di rendere disponibile l’informazione attraverso differenti canali sensoriali;

3) efficacia nell’uso e rispondenza alle esigenze dell’utente, assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l’accesso;

4) soddisfazione nell’uso, assicurando, fra l’altro, l’accesso al servizio e all’informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente;

c) compatibilità con le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull’accessibilità dell’Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore, quali l’International Organization for Standardization (ISO) e il World Wide Web Consortium (W3C).

2. Con apposito decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti la Conferenza Unificata e il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), sono dettate specifiche regole tecniche che disciplinano l’accessibilità, da parte degli utenti, agli strumenti didattici e formativi di cui all’articolo 5, comma 1,della legge n. 4 del 2004.

 

Articolo 3. Valutazione dell’accessibilità

1. Il Cnipa, con proprio provvedimento, istituisce presso di sé l’elenco dei valutatori, stabilendone le modalità tecniche per la tenuta, nonché garantisce la pubblicità dell’elenco medesimo e delle citate modalità sul proprio sito internet.

2. Nell’elenco di cui al comma 1 sono iscritte le persone giuridiche interessate che ne fanno richiesta dimostrando di possedere i seguenti requisiti:

a) garanzia di imparzialità ed indipendenza nell’esercizio delle proprie attività;

b) disponibilità di una adeguata strumentazione per l’applicazione delle metodologie di verifica tecnica e di verifica soggettiva di cui all’articolo 1, comma 1, rispettivamente lettere d) ed e);

c) disponibilità di figure professionali esperte nelle suddette metodologie di verifica e di figure idonee ad interagire con i soggetti con specifiche disabilità.

3. Ai fini dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), il valutatore, all’atto della richiesta di iscrizione, si impegna:

a) a non esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati;

b) a non esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste possano avere un’incidenza specifica su interessi propri del valutatore o di soggetti allo stesso collegati da rapporti societari;

c) una volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell’arco dei ventiquattro mesi successivi, attività di implementazione sui siti o servizi per i quali sia stato incaricato di esprimere la valutazione stessa.

4. Nell’accertamento dei requisiti di accessibilità dei servizi, acquisiti con le procedure o realizzati tramite i contratti di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 4 del 2004, le amministrazioni interessate possono acquisire il parere non vincolante di un valutatore iscritto nell’elenco di cui al comma 1.

5. Con il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004, sono stabiliti:

a) le specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c);

b) gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l’attività svolta dai valutatori di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di organizzazione aziendale nella misura minima, maggiorati del dieci per cento;

c) le somme dovute dai soggetti privati quale rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie per l’attività di cui all’articolo 4, comma 1, nonché l’entità della quota dovuta al Cnipa nei casi previsti dall’articolo 7 , comma 2, per l’espletamento delle funzioni ispettive di cui al medesimo articolo 7.

6. Il venire meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’iscrizione determina la cancellazione dall’elenco di cui al comma 1; la cancellazione è altresì disposta nel caso di violazione degli obblighi assunti dal valutatore ai sensi del comma 3.

7. Nei casi di cui al comma 6, il Cnipa comunica al valutatore che intende procedere, trascorsi trenta giorni, alla cancellazione dello stesso dall’elenco; l’interessato può presentare proprie memorie al riguardo. Il Cnipa provvede altresì a dare adeguata pubblicità della avvenuta cancellazione sul proprio sito Internet.

 

Articolo 4. Modalità di richiesta della valutazione

1. I soggetti privati richiedono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie l’autorizzazione ad utilizzare il logo, allegando l’attestato di cui al comma 2. L’utilizzazione del logo è limitata al periodo di validità dell’attestato.

2. I soggetti privati si rivolgono ad uno dei valutatori che, svolta la sua attività, in caso di esito positivo, rilascia attestato di accessibilità, con validità non superiore a dodici mesi, eventualmente indicante il livello di qualità raggiunto di cui all’articolo 5.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, ai fini dell’adozione del provvedimento di cui al comma 1 si avvale, tramite apposita convenzione, del Cnipa.

4. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Articolo 5. Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità

1. Il logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica raffigura un personal computer di colore terra di Siena, unito a tre figure umane stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto, le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate; all’esito della verifica soggettiva, il diverso livello di qualità raggiunto dal servizio è indicato mediante asterischi, da uno a tre, riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer.

2. La corrispondenza tra il logo, eventualmente corredato da asterischi, ed il diverso livello di qualità dei servizi, nonché il modello del logo stesso sono indicati nel decreto di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004.

 

Articolo 6. Casi di aggiornamento della valutazione di accessibilità

1. In caso di modifiche sostanziali dei siti o servizi e nel caso del rinnovo dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 1, i soggetti privati richiedono tempestivamente un aggiornamento della valutazione dell’accessibilità ad uno dei valutatori iscritti nell’elenco. Il valutatore, effettuata la verifica, rilascia un nuovo attestato al soggetto richiedente, inviandone contestualmente copia all’Amministrazione per l’aggiornamento della durata e del livello di qualità del logo; in caso di rinnovo dell’autorizzazione l’invio della copia deve avvenire almeno quindici giorni prima della data di scadenza dell’autorizzazione stessa.

 

Articolo 7. Poteri ispettivi di controllo sui soggetti privati

1. Nei riguardi dei soggetti privati, il Cnipa, previa comunicazione inviata al soggetto interessato, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi, anche avvalendosi di valutatori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, purché questi ultimi risultino estranei alla realizzazione, manutenzione o certificazione del sito o servizio, e adegua eventualmente il logo al livello di accessibilità riscontrata aggiornandone la validità temporale.

2. In caso di riscontro di un livello di accessibilità inferiore a quello del logo utilizzato sono a carico del soggetto privato i costi effettivi dell’avvenuta ispezione, nonché una quota di partecipazione ai costi per l’espletamento delle funzioni ispettive determinata ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera c), e comunque di importo non superiore al doppio del costo effettivo dell’ispezione.

 

Articolo 8. Modalità di utilizzo del logo da parte dei soggetti di cui al comma 1, dell’articolo 3 della legge n. 4 del 2004

1. Le amministrazioni pubbliche e comunque i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004, che intendono utilizzare il logo sui siti e sui servizi forniti, provvedono autonomamente a valutare l’accessibilità sulla base delle regole tecniche definite con il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004; la valutazione positiva, previa segnalazione al Cnipa, consente l’utilizzo del logo.

 

Articolo 9. Controlli esercitabili sui soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 4 del 2004

1. Per l’attuazione della legge ogni amministrazione pubblica centrale nomina un responsabile dell’accessibilità informatica, da individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l’amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza di specifica designazione, è svolta dal responsabile dei sistemi informativi, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 1993; dall’attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate e per lo svolgimento di tale funzione non è previsto compenso aggiuntivo.

2. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del 2004, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa comunicazione inviata all’amministrazione statale interessata, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi forniti e dà notizia dell’esito di tale verifica al dirigente responsabile; qualora siano riscontrate anomalie, viene richiesta all’amministrazione statale medesima la predisposizione del relativo piano di adeguamento con l’indicazione delle attività e dei tempi di realizzazione.

3. Le regioni, le province autonome e gli enti locali organizzano autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull’attuazione del presente decreto.

4. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sulla base degli esiti delle verifiche di cui al comma 2, riferisce annualmente al Parlamento dandone altresì comunicazione alla Conferenza Unificata.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 marzo 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie

Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunità

Visto, il Guardasigilli Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2005

Registro n. 4 Ministeri istituzionali, foglio n. 319

01Ene/14

Ley 13.074, registro deudores alimentarios morosos (B.O. del 7 agosto 2003)

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sancionan con fuerza de LEY:

Artículo 1º.- Créase el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

FUNCIONES

Artículo 2º.- Sus funciones son:
a) Inscribirse en su Registro, dentro de las veinticuatro horas de recibido el oficio judicial que así lo ordene, los deudores alimentarios declarados tales en los Departamentos Judiciales de la Provincia.-
b) Proceder a la inscripción cuando por rogatoria llegare la misma solicitud de cualquier otra Provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
c) Anotar marginalmente en inscripción anterior, el oficio judicial por el cual se ordena levantamiento de la anotación.-
d) Responder los pedidos de informes según la base de datos registrados dentro del plazo de cinco (5) días de recibida la solicitud.-
e) Promover la incorporación de las instituciones privadas al cumplimiento del requisito previo que esta Ley establece.-

DE LOS DEUDORES

Artículo 3º.- Todo obligado al pago de cuota alimentaria cuya obligación conste en sentencia firme o convenio debidamente homologado que incumpliera con el pago de tres veces continuadas o cinco alternadas una vez intimado y si no hubiere podido demostrar su cumplimiento deberá ser inscripto inmediatamente por orden judicial y a solicitud de parte mediante oficio al Registro de Deudores Alimentarios Morosos.-

DEL PEDIDO DE INFORMES

Artículo 4º.- El Registro estará a disposición de todos aquellos que requieran información la cual será solicitada por escrito con firma y datos personales del peticionante o del autorizado si se tratare de persona jurídica, correspondiéndole al R.D.A. expedir certificados con sello y firma del organismo con las constancias que obren en sus registros o expidiendo un “libre de deuda registrada”.-

Artículo 5º.- Las instituciones y organismos públicos oficiales, provinciales o municipales, no darán curso a los siguientes trámites o solicitudes sin el informe correspondiente de la R.D.A. con el “libre deuda registrada”. a) solicitudes de apertura de cuentas corrientes y de otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito, como también cualquier otro tipo de operaciones
bancarias o bursátiles que la respectiva reglamentación determine; b) Habilitaciones para la apertura de comercios y/o industrias; y c) Concesiones, permisos y/o licitaciones -Para el supuesto de solicitud o renovación de créditos se exigirá el informe y será obligación de la Institución bancaria otorgante depositar lo adeudado a la orden del juzgado interviniente. La solicitud de la licencia de conductor o su renovación se otorgará provisoriamente por cuarenta y cinco (45) días, con la obligación de regularizar su situación dentro de dicho plazo para obtener la definitiva.-

Artículo 6º.- El “libre de deuda registrada” se exigirá a los proveedores de todos los organismos oficiales, provinciales, municipales o descentralizados.- 

Artículo 7º.- En cualquiera de los casos indicados en los precedentes Arts. 5º y 6º, si se tratare de personas jurídicas, se exigirá el certificado del R.D.A. a sus directivos y responsables.-

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 8º.- Todo incumplimiento del requisito por la presente Ley por parte de la Administración Publica, hará pasible al funcionario interviniente de la sanción que reglamentariamente se determine.-

Artículo 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

ALEJANDRO H. CORVATTA (Vicepresidente 1° H. Senado en ejercicio de la Presidencia)

Máximo Augusto Rodríguez (Secretario Legislativo H. Senado) 

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade.

Arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade.

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi du 19 octobre 1982 et publiée par le décret nº 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu le traité de Prüm signé le 27 mai 2005 entre la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Autriche en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité et l'immigration illégale, notamment son article 14 ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 332-11 et L. 332-16 ;

Vu la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu la loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 24 ;

Vu le décret nº 96-417 du 15 mai 1996 portant application au fichier des personnes recherchées des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret nº 2004-1534 du 30 décembre 2004 portant application de l'alinéa 7 de l'article 42-11 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret nº 2007-451 du 25 mars 2007, pris pour l'application de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret nº 2006-288 du 15 mars 2006 fixant les modalités d'application de l'article 42-12 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret nº 2006-1549 du 8 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 3 de la loi nº 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives ;

Vu l'arrêté du 15 mai 1996, modifié par l'arrêté du 2 septembre 2005, relatif au fichier des personnes recherchées géré par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 10 juillet 2007 portant le numéro 2007-197,

Arrête :


Article 1er.
La direction générale de la police nationale est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité de prévenir et de lutter contre les violences lors de manifestations sportives, notamment en garantissant la pleine exécution des mesures d'interdictions administratives et judiciaires de stade, en facilitant les contrôles aux abords et dans les enceintes sportives, en facilitant le suivi et la surveillance des supporteurs à risque ayant déjà fait l'objet d'une mesure d'interdiction, en permettant à l'autorité préfectorale, le cas échéant, de mieux apprécier le comportement d'ensemble adopté par les intéressés à l'occasion de différentes manifestations sportives et en réalisant des statistiques.

Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er sont les suivantes :

1° Données relatives à la personne :

– identité (nom, prénom, alias et sexe) ;

– date et lieu de naissance ;

– nationalité ;

– adresse ;

– le club de football, le championnat ou l'association de supporters fréquentés par la personne, en prenant notamment en compte les déclarations de l'intéressé ou les informations recueillies lors de la procédure ;

– la photographie.

2° Données relatives à la mesure d'interdiction :

– la nature administrative ou judiciaire de la décision ;

– la date de la décision ;

– la date de sa notification ;

– la durée de la validité de la décision ;

– le champ géographique ;

– le type de manifestations concernées ;

– l'obligation de pointage ou non ;

– le lieu de pointage ;

– l'autorité judiciaire ou administrative ayant pris la décision notifiée ;

– la décision de justice qui prononce la suspension ou l'annulation de l'interdiction de stade.

Article 3. Dans le cadre des engagements internationaux, le fichier est également constitué des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étranger qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux.

Ces données à caractère personnel portent :

– sur les données mentionnées à l'article 2 (1°) ;

– sur les informations relatives aux sanctions pénales, aux mesures judiciaires ou administratives d'interdiction prononcées à l'encontre des ressortissants français ou non à l'occasion de manifestations sportives à l'étranger.

Article 4. Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.

 

Article 5. Le présent fichier est alimenté par les fiches judiciaires ou administratives des interdits de stade inscrites dans le fichier des personnes recherchées (FPR) y compris, le cas échéant, les photographies correspondantes.

Article 6. Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de l'expiration de la dernière mesure prononcée.

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de l'expiration du prononcé de la décision d'interdiction sous réserve des engagements internationaux.

Article 7.

I. – Peuvent accéder aux données mentionnées aux articles 2 et 3 dans chaque département :

– les personnels de la direction centrale de la sécurité publique individuellement désignés et dûment habilités respectivement par le directeur départemental de la sécurité publique dans chaque département ou, le cas échéant, le directeur central de la sécurité publique ;

– les personnels de la direction centrale des renseignements généraux individuellement désignés et dûment habilités respectivement par le directeur départemental des renseignements généraux dans chaque département ou, le cas échéant, le directeur central des renseignements généraux ;

– les personnels de la préfecture de police (direction de la police urbaine de proximité [DPUP], direction de l'ordre public et de la circulation [DOPC], renseignement généraux de la préfecture de police de Paris [RGPP]), individuellement désignés et dûment habilités par l'autorité préfectorale.

II. – Sont destinataires de la totalité ou, à raison de leurs attributions ou de leur droit à en connaître pour l'exercice de leur mission, d'une partie des données mentionnées aux articles 2 et 3 :

– les préfets de département et à Paris, le préfet de police ou les fonctionnaires de préfecture individuellement désignés et dûment habilités par l'autorité préfectorale ;

– les autorités judiciaires ;

– les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités par le commandant du groupement départemental ;

– les fédérations sportives agréées ;

– les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article 24 de la loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 susvisée, sans préjudice des dispositions conventionnelles particulières.

Article 8. Le droit d'accès et de rectification aux données s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 9. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 10. Le directeur général de la police nationale, le préfet de police et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 2007.

Michèle Alliot-Marie

01Ene/14

Ley nº 18.600 de 15 de septiembre de 2009 sobre el documento electrónico y la firma electrónica.

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- (Ámbito de aplicación).- Queda reconocida la admisibilidad, validez y eficacia jurídicas del documento electrónico y de la firma electrónica.

Los servicios de certificación deberán ajustarse a lo previsto en esta ley, su actividad no estará sujeta a autorización previa y se realizará en régimen de libre competencia, sin que ello implique sustituir o modificar las normas que regulan las funciones que corresponde realizar a quienes están facultados legalmente para dar fe pública.

Las disposiciones de esta ley no alteran el Derecho preexistente respecto a la celebración, perfeccionamiento, validez y eficacia de los actos y negocios jurídicos.

Artículo 2º.- (Definiciones).- A los efectos de esta ley se entenderá por:

A) “Acreditación”:el procedimiento en virtud del cual el prestador de servicios de certificación demuestra a la Unidad de Certificación Electrónica que cumple con esta ley y su respectiva reglamentación.

B) “Certificado electrónico”: documento electrónico firmado electrónicamente que da fe del vínculo entre el firmante o titular del certificado y los datos de creación de la firma electrónica.

C) “Certificado reconocido”: certificado electrónico emitido por un prestador de servicios de certificación acreditado.

D) “Datos de creación de firma”: los datos únicos, tales como códigos o claves criptográficas privadas, que el firmante utiliza para crear la firma electrónica.

E) “Datos de verificación de firma”: los datos, tales como códigos o claves criptográficas públicas, que se utilizan para verificar la firma electrónica.

F) “Dispositivo de creación de firma”: componente informático que sirve para aplicar los datos de creación de firma.

G) “Dispositivo de verificación de firma”: componente informático que sirve para aplicar los datos de verificación de firma.

H) “Documento electrónico o documento digital”: representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo.

I) “Fecha electrónica”: conjunto de datos en forma electrónica utilizados como medio para determinar el momento en que se ha efectuado una actuación sobre otros datos electrónicos a los que está asociado.

J) “Firma electrónica”: los datos en forma electrónica anexos a un documento electrónico o asociados de manera lógica con el mismo, utilizados por el firmante como medio de identificación.

K) “Firma electrónica avanzada”: la firma electrónica que cumple los siguientes requisitos:

1) Requerir información de exclusivo conocimiento del firmante, permitiendo su identificación unívoca.

2) ser creada por medios que el firmante pueda mantener bajo su exclusivo control;

3) ser susceptible de verificación por terceros;

4) estar vinculada a un documento electrónico de tal modo que cualquier alteración subsiguiente en el mismo sea detectable; y

5) haber sido creada utilizando un dispositivo de creación de firma técnicamente seguro y confiable y estar basada en un certificado reconocido válido al momento de la firma.

L) “Firmante o signatario”: persona que utiliza bajo su exclusivo control un certificado electrónico o un certificado reconocido para efectuar operaciones de firma electrónica o firma electrónica avanzada.

M) “Prestador de servicios de certificación”: persona física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que expida certificados electrónicos o preste otros servicios de certificación en relación con la firma electrónica.

N) “Prestador de servicios de certificación acreditado”: aquel prestador de servicios de certificación acreditado ante la Unidad de Certificación Electrónica.

Ñ) “Titular del certificado”: persona que utiliza bajo su exclusivo control un certificado electrónico.

Artículo 3º.- (Principios generales).- Sin que la enumeración tenga carácter taxativo, los actos y negocios jurídicos realizados electrónicamente, las firmas electrónicas o firmas electrónicas avanzadas y la prestación de los servicios de certificación, se ajustarán a los siguientes principios generales:

A) equivalencia funcional;

B) neutralidad tecnológica;

C) libre competencia;

D) compatibilidad internacional; y

E) buena fe.

Dichos principios generales servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las disposiciones pertinentes.

Artículo 4º.- (Efectos legales de los documentos electrónicos).- Los documentos electrónicos satisfacen el requerimiento de escritura y tendrán el mismo valor y efectos jurídicos que los documentos escritos, salvo las excepciones legalmente consagradas.

El que voluntariamente transmitiere un texto del que resulte un documento infiel, adultere o destruya un documento electrónico, incurrirá en los delitos previstos por los artículos 236 a 245 del Código Penal, según corresponda.

Artículo 5º.- (Efectos legales de la firma electrónica).- La firma electrónica tendrá eficacia jurídica cuando fuese admitida como válida por las partes que la utilizan o haya sido aceptada por la persona ante quien se oponga el documento firmado electrónicamente.

Se respetará la libertad de las partes para concertar de común acuerdo las condiciones en que aceptarán las firmas electrónicas, conforme a la presente normativa.

En caso de ser desconocida la firma electrónica por una de las partes, corresponde a la otra parte probar su validez.

Artículo 6º.- (Efectos legales de la firma electrónica avanzada).- La firma electrónica avanzada tendrá idéntica validez y eficacia que la firma autógrafa consignada en documento público o en documento privado con firmas certificadas, siempre que esté debidamente autenticada por claves u otros procedimientos seguros que:

A) garanticen que la firma electrónica avanzada se corresponde con el certificado reconocido emitido por un prestador de servicios de certificación acreditado, que lo asocia con la identificación del signatario;

B) aseguren que la firma electrónica avanzada se corresponde con el documento respectivo y que el mismo no fue alterado ni pueda ser repudiado; y

C) garanticen que la firma electrónica avanzada ha sido creada usando medios que el signatario mantiene bajo su exclusivo control y durante la vigencia del certificado reconocido.

El documento electrónico suscripto con firma electrónica avanzada tendrá idéntico valor probatorio al documento público o al documento privado con firmas certificadas en soporte papel. El documento electrónico no hará fe respecto de su fecha, a menos que ésta conste a través de un fechado electrónico otorgado por un prestador de servicios de certificación acreditado.

Artículo 7º.- (Uso de la firma electrónica avanzada en la función notarial).- Autorízase el uso de documentos electrónicos y firma electrónica avanzada en la función notarial, de conformidad con la reglamentación que establezca la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 8º.- (Empleo de la firma electrónica o firma electrónica avanzada en los órganos del Estado).- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todos los órganos del Estado podrán ejecutar o realizar actos, celebrar contratos y expedir cualquier documento, dentro de su ámbito de competencia, suscribiéndolos por medio de firma electrónica o firma electrónica avanzada.

Se exceptúan aquellas actuaciones para las cuales la Constitución de la República o la ley exijan una solemnidad que no sea susceptible de cumplirse mediante documento electrónico o requiera la concurrencia personal de la autoridad o funcionario que deba intervenir en ellas.

Artículo 9º.- (Régimen específico de uso de la firma electrónica o firma electrónica avanzada en la Administración Pública).- La Unidad de Certificación Electrónica podrá determinar por vía reglamentaria el uso de la firma electrónica o firma electrónica avanzada en el seno de la Administración Pública y en las relaciones que con ella mantengan los particulares, a los efectos de adoptar las condiciones adicionales que se estimen necesarias, para salvaguardar las garantías de cada procedimiento.

Artículo 10.- (Régimen de uso de la firma electrónica o firma electrónica avanzada en las profesiones de Abogado, Escribano y Procurador).- La Suprema Corte de Justicia expedirá, en forma exclusiva, los certificados reconocidos para ser utilizados en el ejercicio de las profesiones de Abogado, Escribano y Procurador, si se constituye como prestador de servicios de certificación acreditado bajo las condiciones que establece esta ley.

En caso de que la Suprema Corte de Justicia no se constituya como prestador de servicios de certificación acreditado, tendrán plena validez y eficacia para ser utilizados en el ejercicio de las profesiones de Abogado, Escribano y Procurador, los certificados reconocidos expedidos por otro prestador de servicios de certificación acreditado.

CAPÍTULO II.- INFRAESTRUCTURA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Artículo 11.- (Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica).- La infraestructura nacional de certificación electrónica es el conjunto de equipos y programas informáticos, dispositivos criptográficos, políticas, normas y procedimientos, dispuestos para la generación, almacenamiento y publicación de los certificados reconocidos, así como también para la publicación de información y consulta del estado de vigencia y validez de dichos certificados.

Artículo 12.- (Unidad de Certificación Electrónica).- Créase la Unidad de Certificación Electrónica como órgano desconcentrado de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), dotada de la más amplia autonomía técnica.

La Unidad de Certificación Electrónica estará dirigida por un Consejo Ejecutivo integrado por tres miembros: el Director Ejecutivo de AGESIC y dos miembros designados por el Poder Ejecutivo entre personas que, por sus antecedentes personales, profesionales y de conocimiento en la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en el desempeño de su cargo.

Dichos miembros durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser designados nuevamente. Sólo cesarán por la expiración de su mandato y designación de su sucesor o por su remoción dispuesta por el Poder Ejecutivo en los casos de ineptitud, omisión o delito, conforme a las garantías del debido proceso.

La Presidencia de la Unidad de Certificación Electrónica será ejercida en forma rotativa por períodos anuales entre los integrantes del Consejo Ejecutivo -a excepción del Director Ejecutivo de la AGESIC- y tendrá a su cargo la representación de la misma y la ejecución de las actividades necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones.

Artículo 13.- (Consejo Consultivo).- El Consejo Ejecutivo de la Unidad de Certificación Electrónica funcionará asistido por un Consejo Consultivo que estará integrado por el Presidente de la Unidad de Certificación Electrónica, que lo presidirá, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente del Banco Central del Uruguay, el Rector de la Universidad de la República, el Presidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones  y el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, o quienes ellos designen como sus representantes.

Sesionará a convocatoria del Presidente de la Unidad de Certificación Electrónica o de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo Consultivo.

Podrá ser consultado por el Consejo Ejecutivo sobre cualquier aspecto de su competencia y lo será preceptivamente por éste cuando ejerza potestades de reglamentación, sin que sus pronunciamientos tengan carácter vinculante.

Artículo 14.- (Competencia).- La Unidad de Certificación Electrónica deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de esta ley. A tales efectos tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

1) De acreditación:

A) Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de acreditación de los prestadores de servicios de certificación.

B) Inscribir a los prestadores de servicios de certificación en el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación Acreditados, que a tal efecto se crea en esta ley, una vez otorgada la acreditación.

C) Suspender o revocar la inscripción de los prestadores de servicios de certificación acreditados.

D) Mantener en el sitio web de la Unidad de Certificación Electrónica la información relativa al Registro de Prestadores de Servicios de Certificación Acreditados, tales como altas, bajas, sanciones y revocaciones.

2) De control:

A) Controlar la calidad y confiabilidad de los servicios brindados por los prestadores de servicios de certificación acreditados, así como los procedimientos de auditoría que se establezcan en la reglamentación.

B) Realizar auditorías a los prestadores de servicios de certificación acreditados, de conformidad con los criterios que la reglamentación establezca para verificar todos los aspectos relacionados con el ciclo de vida de los certificados reconocidos y de sus claves criptográficas.

C) Determinar las medidas que estime necesarias para proteger la confidencialidad de los titulares de certificados reconocidos.

D) Efectuar inspecciones y requerir en cualquier momento a los prestadores de servicios de certificación acreditados toda la información necesaria para garantizar el cumplimiento de la función en los términos definidos en esta ley y su reglamento.

3) De instrucción: recibir y evaluar reclamos de titulares de certificados reconocidos relativos a la prestación de servicios de certificación, sin perjuicio de la responsabilidad directa que el prestador de servicios de certificación acreditado tiene ante el titular.

4) De regulación:

A) Definir los estándares técnicos y operativos que deberán cumplir los prestadores de servicios de certificación acreditados, así como los procedimientos y requisitos de acreditación necesarios para su cumplimiento.

B) Fijar reglas y patrones industriales que aseguren la compatibilidad, interconexión e interoperabilidad, así como el correcto y seguro funcionamiento de los dispositivos de creación y verificación de firma, controlando su aplicación.

5) De sanción: La Unidad de Certificación Electrónica podrá imponer al prestador de servicios de certificación acreditado que infringiere total o parcialmente cualesquiera de las obligaciones derivadas de esta ley o de las normas que resulten aplicables al servicio que presta, las sanciones que se graduarán en atención a la gravedad o reiteración de la infracción, que se detallan a continuación:

A) Apercibimiento.

B) Multa entre 100.000 UI (cien mil unidades indexadas) y 4.000.000 UI (cuatro millones de unidades indexadas).

C) Suspensión hasta por un año de la acreditación.

D) Revocación de la acreditación.

Las sanciones podrán aplicarse independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso.

Las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias de acuerdo a lo previsto en esta ley, constituyen título ejecutivo a todos sus efectos.

Artículo 15.- (Autoridad Certificadora Raíz Nacional).- La Autoridad Certificadora Raíz Nacional es la primera autoridad de la cadena de certificación a la cual le compete emitir, distribuir, revocar y administrar los certificados de los prestadores de servicios de certificación acreditados.

Desígnase a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento como Autoridad Certificadora Raíz Nacional.

CAPÍTULO III.- PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ACREDITADOS

Artículo 16.- (Registro de Prestadores de Servicios de Certificación Acreditados).- Créase el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación Acreditados que estará a cargo de la Unidad de Certificación Electrónica.

Artículo 17.- (Requisitos para ser Prestador de Servicios de Certificación Acreditado).- Son condiciones indispensables para ser Prestador de Servicios de Certificación Acreditado, las siguientes:

1) Ser persona física o jurídica constituida en el país, dar garantía económica y solvencia suficiente para prestar los servicios.

2) Contar con personal calificado con conocimientos y experiencia necesarios para la prestación de los servicios de certificación ofrecidos y los procedimientos de seguridad y de gestión adecuados en el ámbito de la firma electrónica avanzada.

3) Utilizar estándares y herramientas adecuadas según lo establecido por la Unidad de Certificación Electrónica.

4) Estar domiciliado en el territorio de la República Oriental del Uruguay, entendiéndose que cumple con este requisito, cuando su infraestructura tecnológica y demás recursos materiales y humanos se encuentren situados en territorio uruguayo.

Artículo 18.- (Obligaciones de los Prestadores de Servicios de Certificación Acreditados).- Todos los prestadores de servicios de certificación acreditados deben cumplir con las siguientes obligaciones:

1)Abstenerse de generar, exigir, o por cualquier otro medio, tomar conocimiento o acceder bajo ninguna circunstancia, a los datos de creación de firma electrónica avanzada de los titulares de los certificados reconocidos por él emitidos.

2) Proporcionar al solicitante antes de la expedición del certificado reconocido la siguiente información mínima, que deberá transmitirse de forma gratuita, por escrito o por vía electrónica:

A) Las obligaciones del firmante, la forma en que han de custodiarse los datos de creación de firma, el procedimiento que haya de seguirse para comunicar la pérdida o posible utilización indebida de dichos datos y determinados dispositivos de creación y de verificación de firma electrónica avanzada que sean compatibles con los datos de firma y con el certificado reconocido expedido.

B) Los mecanismos para garantizar la fiabilidad de la firma electrónica avanzada de un documento a lo largo del tiempo.

C) El método utilizado por el prestador para comprobar la identidad del firmante u otros datos que figuren en el certificado reconocido.

D) Las condiciones precisas de utilización del certificado reconocido, sus posibles límites de uso y la forma en que el prestador garantiza su responsabilidad patrimonial.

E) Las acreditaciones que haya obtenido el prestador de servicios de certificación.

F) Las demás informaciones contenidas en la declaración de prácticas de certificación.

La información citada anteriormente que sea relevante para terceros afectados por los certificados reconocidos deberá estar disponible a instancia de éstos.

3) Mantener un registro actualizado de certificados reconocidos en el que se indicarán los certificados expedidos y si están vigentes o si su vigencia ha sido suspendida o extinguida. La integridad del registro se protegerá mediante la utilización de los mecanismos de seguridad adecuados.

4) Garantizar la disponibilidad de un servicio de consulta sobre la vigencia de los certificados reconocidos.

5) Informar a la Unidad de Certificación Electrónica cualquier modificación de las condiciones que permitieron su acreditación durante la vigencia de su inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación Acreditados.

Artículo 19.- (Cese de la actividad de un prestador de servicios de certificación acreditado).- El prestador de servicios de certificación acreditado que vaya a cesar en su actividad deberá comunicarlo a los titulares de certificados reconocidos que hubiere expedido y podrá transferir su gestión, con su consentimiento expreso, a otro prestador de servicios de certificación acreditado o, en caso contrario, extinguir su vigencia.

La referida comunicación deberá efectuarse con una antelación mínima de sesenta días al cese efectivo de su actividad e informará, en su caso, sobre las características del prestador al que se propone la transferencia. La comunicación deberá realizarse perentoriamente dentro de los primeros veinte días y los titulares de los certificados contarán con un plazo de veinte días a partir de la recepción de la comunicación para dar su consentimiento.

El prestador cesante deberá comunicarlo a la Unidad de Certificación Electrónica con una antelación de veinte días al cese efectivo de su actividad y deberá indicar el destino que dará a los certificados reconocidos, especificando si los va a transferir y a quién, o si los dejará sin efecto.

La inscripción del prestador de servicios de certificación en el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación Acreditados será cancelada de oficio por la Unidad de Certificación Electrónica, cuando aquél cese en su actividad.

La Unidad de Certificación Electrónica se hará cargo de la información relativa a los certificados reconocidos que se hubieren dejado sin efecto por el prestador de servicios de certificación, de conformidad con lo previsto en el numeral 3) del artículo 18.

 

Artículo 20.- (Responsabilidad de los prestadores de servicios de certificación acreditados).- Los prestadores de servicios de certificación acreditados responderán por los daños y perjuicios que causen a cualquier persona en el ejercicio de su actividad, cuando incumplan las obligaciones que se estipulan en esta ley o actúen con negligencia. En todo caso, corresponderá al prestador de servicios de certificación acreditado demostrar que actuó con la debida diligencia.

El prestador de servicios de certificación acreditado sólo responderá de los daños y perjuicios causados por el uso indebido del certificado reconocido cuando no haya consignado en él, de forma claramente reconocible por terceros, el límite en cuanto a su posible uso o al importe del valor de las transacciones válidas que pueden realizarse empleándolo.

La responsabilidad será exigible conforme a las normas generales sobre la culpa contractual o extracontractual, según proceda, con las especialidades previstas en este artículo. Cuando la garantía que hubieran constituido los prestadores de servicios de certificación acreditados no sea suficiente para satisfacer la indemnización debida, responderán de la deuda con todos sus bienes presentes y futuros.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley nº 17.250, de 11 de agosto de 2000, relativa a las relaciones de consumo.

En ningún caso la responsabilidad que pueda emanar de la certificación efectuada por un prestador de servicios de certificación acreditado no estatal comprometerá la responsabilidad pecuniaria del Estado.

 

CAPÍTULO IV.- CERTIFICADOS RECONOCIDOS

 

Artículo 21.- (Contenido de los certificados reconocidos).- Los certificados reconocidos tendrán el siguiente contenido:

A) La indicación de que se expiden como tales.

B) El código identificativo único del certificado.

C) La identificación del prestador de servicios de certificación acreditado que expide el certificado, indicando su nombre o razón social, su domicilio, su correo electrónico, su número de identificación fiscal y sus datos de identificación registral.

D) La firma electrónica avanzada del prestador de servicios de certificación acreditado que expide el certificado.

E) La identificación del firmante a través de sus nombres, apellidos y documento de identidad para las personas físicas o la razón social y número de identificación fiscal para las personas jurídicas. Se podrá consignar en el certificado cualquier otra circunstancia del titular en caso de que sea significativa en función del fin propio del certificado y siempre que aquél dé su consentimiento.

F) En los supuestos de representación, la indicación del documento que acredite las facultades del signatario para actuar en nombre de la persona física o jurídica a la que represente.

G) Los datos de verificación de firma que correspondan a los datos de creación de firma que se encuentren bajo el control del firmante.

H) El comienzo y el fin del período de validez del certificado.

I) Los límites de uso del certificado, si se prevén.

La consignación en el certificado de cualquier otra información relativa al signatario requerirá su consentimiento expreso.

 

Artículo 22.- (Comprobación de la identidad de los solicitantes).- La identificación de la persona física que solicite un certificado reconocido exigirá su comparecencia física ante los encargados de verificarla y se acreditará mediante el documento de identidad, pasaporte u otros medios legalmente admitidos.

En el caso de certificados reconocidos de personas jurídicas, se exigirá la comparecencia física del representante, el que deberá acreditar mediante certificado notarial la representación invocada, la personería jurídica y su vigencia.

 

Artículo 23.- (Vigencia de los certificados reconocidos).- Los certificados reconocidos quedarán sin efecto si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

A) Expiración del período de validez del certificado.

B) Revocación por el signatario, por la persona física o jurídica representada por éste o por un tercero autorizado.

C) Pérdida o inutilización por daños del soporte del certificado.

D) Utilización indebida por un tercero.

E) Resolución judicial o administrativa que lo ordene.

F) Fallecimiento del signatario o de su representado, incapacidad sobrevenida, total o parcial, de cualquiera de ellos, terminación de la representación o extinción de la persona jurídica representada.

G) Cese en su actividad del prestador de servicios de certificación acreditado salvo que, previo consentimiento expreso del firmante, los certificados reconocidos expedidos por aquél sean transferidos a otro prestador de servicios de certificación acreditado.

H) Inexactitudes graves en los datos aportados por el firmante para la obtención del certificado reconocido.

La pérdida de eficacia de los certificados reconocidos, en los supuestos de expiración de su período de validez y de cese de actividad del prestador de servicios de certificación acreditados, tendrá lugar desde que estas circunstancias se produzcan. En los demás casos, la extinción de la eficacia de un certificado reconocido surtirá efectos desde la fecha en que el prestador de servicios de certificación acreditado tenga conocimiento cierto de cualquiera de los hechos determinantes de ella y así lo haga constar en su registro actualizado de certificados reconocidos.

En cualquiera de los supuestos indicados el prestador de servicios de certificación acreditado habrá de publicar la extinción de eficacia del certificado reconocido y responderá de los posibles perjuicios que se causen al signatario o a terceros de buena fe por el retraso en la publicación. Corresponderá al prestador de servicios de certificación acreditado la prueba de que los terceros conocían las circunstancias invalidantes del certificado reconocido.

El prestador de servicios de certificación acreditado podrá suspender temporalmente la eficacia de los certificados reconocidos expedidos si así lo solicita el firmante o sus representados o lo ordena una autoridad judicial o administrativa. La suspensión surtirá efectos en la forma prevista en los dos incisos anteriores.

 

Artículo 24.- (Equivalencia de certificados).- Los certificados reconocidos podrán ser emitidos por entidades no establecidas en el territorio nacional y serán equivalentes a los otorgados por prestadores de servicios de certificación acreditados, cuando exista un convenio internacional ratificado por la República Oriental del Uruguay y se encuentre vigente.

 

CAPÍTULO V.- FIRMANTE O SIGNATARIO

 

Artículo 25.- (Derechos del firmante o signatario).- El firmante o signatario tiene los siguientes derechos:

A) A ser informado por el prestador de servicios de certificación acreditado, con carácter previo a la emisión del certificado reconocido, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2) del artículo 18.

B) A que el prestador de servicios de certificación acreditado emplee los elementos técnicos disponibles para brindar seguridad y confidencialidad a la información proporcionada por él y a ser informado sobre ello.

C) A que el prestador de servicios de certificación acreditado le informe sobre su domicilio en la República Oriental del Uruguay y sobre los medios a los que puede acudir para solicitar aclaraciones, dar cuenta del mal funcionamiento del sistema o presentar sus reclamos.

 

Artículo 26.- (Obligaciones del firmante o signatario).- Son obligaciones del firmante o signatario:

A) Brindar declaraciones exactas y completas en el momento de proporcionar los datos de su identidad personal u otras circunstancias objeto de certificación.

B) Mantener el control exclusivo de sus datos de creación de firma electrónica avanzada, no compartirlos e impedir su divulgación.

C) Utilizar un dispositivo de creación de firma electrónica avanzada técnicamente confiable.

D) Solicitar la revocación de su certificado reconocido al prestador de servicios  de certificación acreditado ante cualquier circunstancia que pueda haber comprometido la privacidad de sus datos de creación de firma.

E) Informar sin demora al prestador de servicios de certificación acreditado el cambio de alguno de los datos contenidos en el certificado reconocido que hubiera sido objeto de verificación.

 

Artículo 27.- (Responsabilidad de los representantes o administradores de las personas jurídicas).- Para el caso en que el titular del certificado reconocido sea una persona jurídica serán responsables sus representantes o administradores de acuerdo con lo establecido en esta ley y en las normas generales en la materia.

 

CAPÍTULO VI.- DISPOSICIONES FINALES

 

Artículo 28.- (Derogaciones).- Deróganse los artículos 129 y 130 de la Ley nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988; 697 de la Ley nº 16.736, de 5 de enero de 1996; 25 de la Ley nº 17.243, de 29 de junio de 2000; 329 y 330 de la Ley nº 18.172, de 31 de agosto de 2007; y demás normas que se opongan a esta ley.

 

Artículo 29.(Traslado del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación).- Se establece un plazo de noventa días para realizar el traslado del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, a cargo de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, al Registro de Prestadores de Servicios de Certificación Acreditados creado por esta ley en la Unidad de Certificación Electrónica.

Artículo 30.- (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar esta ley dentro de los ciento ochenta días de su promulgación.

 

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 15 de setiembre de 2009.

ALBERTO COURIEL, Presidente.

Hugo Rodríguez Filippini, Secretario.

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Montevideo, 21 de setiembre de 2009.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se reconocen la admisibilidad, la validez y la eficacia jurídicas del documento electrónico y de la firma electrónica.

RODOLFO NIN NOVOA.
CARLOS LISCANO.
JORGE BRUNI.
PEDRO VAZ.
ÁLVARO GARCÍA.
GONZALO FERNÁNDEZ.
VÍCTOR ROSSI.
RAÚL SENDIC.
JULIO BARÁIBAR.
MARÍA JULIA MUÑOZ.
AMDRÉS BERTERRECHE.
HÉCTOR LESCANO.
JACK COURIEL.
MARINA ARISMENDI.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Arrêté du 22 janvier 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des allocations pour perte d'emploi des anciens administrés civils ou militaires de l'armée de l'air.

Arrêté du 22 janvier 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des allocations pour perte d'emploi des anciens administrés civils ou militaires de l'armée de l'air.

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu le décret nº 89-509 du 18 juillet 1989 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par le commissariat de l'air ;

Vu le décret nº 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 octobre 2006 portant le numéro 1186693,

Arrête :

Article 1. Il est créé au ministère de la défense, à la direction centrale du commissariat de l'air, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ” GALPE ” mis en oeuvre par le service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air et dont la finalité est la gestion des allocations pour perte d'emploi des anciens administrés civils ou militaires de l'armée de l'air.

Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

– à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone, numéro du dossier de chômage, numéro d'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi) ;

– au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

– à la situation familiale (situation matrimoniale, nom du conjoint, nombre d'enfants) ;

– à la vie professionnelle (dates [de début d'activité, de dernier jour travaillé, d'admission à l'allocation], régime de sécurité sociale d'affiliation) ;

– à la situation économique et financière (salaire de référence, période travaillée prise en compte, indicateur de dégressivité et de plan social, durées totales indemnisées [à taux plein, à taux dégressif], indemnités supplémentaires).

La durée de conservation des données à caractère personnel ainsi enregistrées est limitée à huit ans à partir de l'ouverture des droits.

Article 3. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

– les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

– la caisse régionale d'assurance maladie de la région Centre ;

– la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

– le bureau chômage du centre ” pensions ” du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air ;

– la division ” finances ” du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air ;

– les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes mouvementés ;

– la sous-direction de l'accompagnement professionnel et de la reconversion de la direction de la fonction militaire et du personnel civil ;

– l'observatoire social de la défense ;

– la sous-direction de la fonction militaire de la direction de la fonction militaire et du personnel civil.

Article 4. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du chef du centre ” pensions ” du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air, base aérienne 705, 37081 Tours Cedex 2.

Article 6. Le directeur central du commissariat de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 2007.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef d'état-major du commandement du soutien des forces aériennes, D. Guignot

01Ene/14

Ley 25.750 de 18 de junio de 2003, de Preservación de los bienes y patrimonios culturales

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Artículo 1º .- En orden a resguardar su importancia vital para el desarrollo, la innovación tecnológica y científica, la defensa nacional y el acervo cultural; y sin perjuicio de lo dispuesto por leyes especiales destinadas a tutelar los intereses estratégicos de la Nación, la política del Estado nacional preservará especialmente:

a) El patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural;

b) Las empresas dedicadas a la ciencia, tecnología e investigación avanzada que resulten fundamentales para el desarrollo del país;

c) Actividades e industrias de relevante importancia para la defensa nacional;

d) El espectro radioeléctrico y los medios de comunicación.

Artículo 2º .- Establécese, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, que la propiedad de los medios de comunicación, que se definen en el artículo 3º de la misma, deberá ser de empresas nacionales, permitiéndose la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario y que otorgue derecho a voto hasta por el mismo porcentaje del 30%.

Dicho porcentaje podrá ser ampliado en reciprocidad con los países que contemplan inversiones extranjeras en sus medios de comunicación, hasta el porcentaje en que ellos lo permiten.

No se encuentran alcanzados por las disposiciones de la presente norma:

a) Los medios de comunicación que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley sean de titularidad o control de personas físicas o jurídicas extranjeras;

b) Los contratos de cesión de acciones, cuotas o de transferencia de la titularidad de la licencia celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, y que aún no hayan sido aprobados por los organismos competentes.

Las empresas culturales no podrán ceder el control sobre los contenidos de su producción.

Artículo 3º .– A los efectos de la presente ley, son considerados medios de comunicación los siguientes:

a) Diarios, revistas, periódicos y empresas editoriales en general;

b) Servicios de radiodifusión y servicios complementarios de radiodifusión comprendidos en la Ley nº 22.285;

c) Productoras de contenidos audiovisuales y

d) Personas jurídicas constituidas en el país o en el exterior, controladas directa o indirectamente por personas físicas de nacionalidad argentina y domiciliadas en el país.

A los efectos de esta ley se entenderá por empresa extranjera:

a) Personas físicas de nacionalidad extranjera o;

b) Personas jurídicas constituidas en el país o en el exterior controladas directa o indirectamente por personas físicas de nacionalidad extranjera.

Artículo 5º .- Establécese que el procedimiento y las disposiciones reguladas por el artículo 48 de la Ley nº 24.522 en la redacción establecida por el artículo 13 de la Ley nº 25.589, no regirán para los medios de comunicación enumerados en el artículo 3º de la presente ley en tanto éstos sean de propiedad nacional, tanto como se define en el artículo 2º de la presente. En caso de no alcanzarse acuerdo en los procedimientos concursales, a solicitud de la concursada la propuesta de participación directa o indirecta de empresas extranjeras en la propiedad de los medios de comunicación de empresas nacionales, deberá ser previamente autorizada por el Poder Ejecutivo nacional.

Artículo 6º .- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRES.

REGISTRADA BAJO EL nº 25.750

EDUARDO O. CAMAÑO

DANIEL O. SCIOLI

Eduardo D. Rollano

Juan Estrada

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Arrêté du 22 mai 2006 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au suivi et à la gestion thérapeutique des patients en hématologie.

Arrêté du 22 mai 2006 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au suivi et à la gestion thérapeutique des patients en hématologie.

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu le décret nº 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 avril 2006 portant le numéro 1150667,

Arrête :

Article 1. Il est créé au ministère de la défense, à l'hôpital d'instruction des armées Percy, un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé “gestion thérapeutique”, mis en oeuvre par le service d'hématologie et dont la finalité est le suivi et la gestion thérapeutique des patients.

Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

– à l'identité (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ;

– à la santé (antécédents médicaux, personnels et familiaux, facteurs de risques, historique de la pathologie et de son traitement, biométrie, traitements, consultations, hospitalisations, thérapeutiques reçues).

Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées vingt ans.

Article 3. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

– les médecins du service ;

– les attachés de recherche clinique ;

– les secrétaires du service.

Article 4. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès de la direction centrale du service de santé des armées (bureau des systèmes d'information et de communication), BP 125, 00459 Armées.

Article 6. Le médecin-chef directeur de l'hôpital d'instruction des armées Percy est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 2006.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur central du service de santé des armées, B. Lafont

01Ene/14

Ley 28.303 de 23 de julio de 2004, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY MARCO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

TÍTULO I.- OBJETO, DECLARATORIA DE INTERÉS NACIONAL, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS

Artículo 1º.- Objeto y definición

La presente Ley tiene por objeto normar el desarrollo, promoción, consolidación, difusión y transferencia de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTel) en el país.

Define las atribuciones, alcances y medios de acción del Estado en este ámbito.

Artículo 2º.- Declaratoria de interés nacional

El desarrollo, promoción, consolidación, transferencia y difusión de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTel), son de necesidad pública y de preferente interés nacional, como factores fundamentales para la productividad y el desarrollo nacional en sus diferentes niveles de gobierno.

Artículo 3º.- Ámbito de aplicación

La presente Ley es de aplicación a las entidades del sector público y privado y personas que realizan actividades en el ámbito de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, en el país.

Artículo 4º.- Principios fundamentales

Las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica se rigen por:

a) El respeto a la ética para asegurar el rigor científico y la calidad

b) La contribución efectiva al bien común

c) La libertad de investigación

d) El reconocimiento del saber colectivo y del aporte nacional al conocimiento universal.

e) El respeto al derecho de propiedad intelectual, propiedad industrial y sus derechos conexos

f) El reconocimiento del valor social del desarrollo científico y tecnológico y sus repercusiones en la cultura nacional y en la posición del país en el contexto mundial.

g) El planeamiento de la CTel en armonía con las exigencias económicas, sociales, culturales y ambientales del presente y con la visión colectiva del desarrollo futuro.

h) La Innovación y la creatividad que promuevan el bienestar colectivo, la producción y la aplicación de nuevos conocimientos

i) El establecimiento de los mecanismos de coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública y otras instituciones que intervienen en la definición de políticas y programas en materia de desarrollo científico y tecnológico.

j) La vinculación y participación de la comunidad científica y académica de las instituciones de educación superior, de los sectores públicos, social y privado para la generación y formulación de políticas de promoción, difusión, desarrollo y aplicación de la ciencia y tecnología, así como para la formación de profesionales de la ciencia y tecnología.

TITULO II.- ROL DEL ESTADO EN LAS ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Artículo 5º.- Rol del Estado y los objetivos nacionales

Corresponde al Estado normar, orientar, coordinar, planificar, fomentar, supervisar y evaluar el desarrollo de la CTel, para el cumplimiento de los siguientes objetivos nacionales:

a) La generación, conservación, transferencia y utilización de conocimientos científicos y tecnológicos, en el ámbito nacional y de las diversas regiones para el óptimo aprovechamiento de los recursos y potencialidades de la nación, el impulso a la productividad y la integración beneficiosa del Perú en la sociedad global del conocimiento y en la economía mundial.

b) La descentralización y adaptación de las actividades de CTel a nivel regional y local

c) La seguridad humana, el desarrollo económico y social descentralizado, la superación de las desigualdades y el estímulo a la productividad

d) La prevención de desastres naturales, mediante instrumentos científico-tecnológicos, para el uso racional, eficiente y sustentable de los recursos naturales

e) El fomento y promoción de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en los sectores de la producción con el fin de incentivar la creatividad, la competitividad y la producción de nuevos bienes y servicios, con miras al mercado nacional y mundial

f) La protección del conocimiento tradicional y el rescato, utilización y difusión de las tecnologías tradicionales

g) La protección de los derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial y sus derechos conexos

h) El desarrollo de la cultura, la integración y la unidad de la Nación, valorando la diversidad etnocultural y ecológica del país y la difusión, democratización, descentralización y uso social del conocimiento científico

i) La defensa de la soberanía nacional, la seguridad del territorio y la atención preferente al desarrollo de las zonas fronterizas del país

j) La formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de recursos humanos altamente calificados en ciencia, tecnología e innovación tecnológica en las diferentes regiones del país

k) Facilitar la retención y repatriación de profesionales investigadores nacionales y la promoción de la demanda en CTel para su adecuada inserción

l) La promoción, divulgación e intercambio de CTel en los diferentes niveles del sistema educativo a través de museos, ferias, premios nacionales y otros mecanismos que propicien la valoración social del conocimiento, la identificación y promoción de talentos y la adopción de hábitos permanentes de investigación e innovación.

m) El desarrollo de proyectos de CTel que permitan la incorporación productiva y la integración económica y social de las personas con discapacidad

n) Incrementar la capacidad científica, tecnológica y la formación de investigadores para resolver problemas nacionales fundamentales, que contribuyan al desarrollo del país y a elevar el bienestar de la población

o) Promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia básica y la innovación tecnológica asociada a la actuación y mejoramiento de la calidad de la educación y la expansión de las fronteras del conocimiento, así como convertir a la ciencia y la tecnología en un elemento fundamental de la cultura general de la sociedad.

Artículo 6º.- Responsabilidades de las entidades del Estado

Es responsabilidad de las entidades del Estado concurrir a las convocatorias del CONID y coordinar con el ente rector del sistema nacional del CTel, la articulación de sus planes estratégicos sectoriales y planes operativos institucionales con el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y de logar la interconexión progresiva de sus sistemas de información en una red nacional de información científica e interconexión telemática.

TÍTULO III

CAPÍTULO I.- SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLOGICA

Artículo 7°.- Definición y conformación

Él Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT) es el conjunto de instituciones y personas naturales del país, dedicadas a la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I) en ciencia y tecnología y a su promoción.

Está conformado de manera enunciativa y no limitativa por:

a) El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), como  organismo rector del SINACYT.

b) El Fondo Nacional de Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (FONDECYT), para el fomento de los planes, programas y proyectos del SINACYT.

c) El Consejo Consultivo Nacional de Investigación y Desarrollo para la CTel, (CONID), como órgano consultivo multidisciplinario e intersectorial del SINACYT.

d) Las instancias de los Gobiernos Regionales y Locales dedicadas a las actividades de CTel  en sus respectivas jurisdicciones.

e) Las universidades públicas y privadas, sector empresarial, programas nacionales y especiales de CTel, instituciones e integrantes de la comunidad científica.

f) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, para la protección y difusión de los derechos intelectuales en CTel, y el registro y difusión de las normas técnicas y metrológicas.

g) Las comunidades campesinas y nativas, como espacios activos de preservación y difusión del conocimiento tradicional, cultural y folclórico del país.

Artículo 8º.- Suministro de información

Los integrantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica suministran anualmente al CONCYTEC, la información necesaria para la elaboración de los indicadores y estándares que permitan evaluar el estado de CTel a nivel nacional y regional, así como para la formulación del Plan Nacional de CTel, su evaluación y actualización.

CAPÍTULO II.- CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CONCYTEC)

Artículo 9º.- Organismo rector del sistema

El CONCYTEC es el organismo rector del Sistema, encargado de dirigir, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica. Su presidente dirige el SINACYT y es el responsable de la política nacional de CTel.

Artículo 10º.- Régimen legal

El CONCYTEC es un organismo público descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, tiene personería jurídica de derecho público interno y autonomía científica, administrativa, económica y financiera. Constituye un pliego presupuestal.

Artículo 11º.- Funciones

Son funciones del CONCYTEC:

a)      Normar, dirigir, orientar, coordinar y articular el SINACYT, así como el proceso de planeamiento, programación, seguimiento y evaluación de las actividades de CTel.

b)      Formular la política y planes nacionales de desarrollo científico y tecnológico, articulando las propuestas sectoriales, regionales e institucionales de CTel, con los planes de desarrollo socioeconómico, ambientales y culturales del país.

c)      Promover la descentralización y adaptación de las actividades de CTel en el ámbito regional y local.

d)      Coordinar con los sectores y entidades del Estado y sector privado, sus planes estratégicos sectoriales y planes operativos institucionales, a fin de articularlos con el Plan Nacional de CTel y de lograr la interconexión progresiva de sus sistemas de información en una red nacional de información científica e interconexión telemática.

e)      Promover y desarrollar mecanismos de protección de los derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial y sus derechos conexos en coordinación con los organismos competentes.

f)        Promover y desarrollar mecanismos de protección del conocimiento tradicional y fomentar el rescate, utilización y difusión de las tecnologías tradicionales en coordinación con los organismos competentes.

g)      Brindar asesoría a las instancias del Gobierno y a los poderes del Estado en materia de CTel.

h)      Promover la articulación de la investigación científica y tecnológica, y la producción del conocimiento con los diversos agentes económicos y sociales, para el mejoramiento de la calidad de vida y el impulso de la productividad y competitividad del país.

i)        Implementar mecanismos de coordinación, intercambio y concertación entre las instituciones integrantes del SINACYT, así como con el empresariado, universidades, embajadas y otras entidades del país y del exterior.

j)        Aprobar los programas nacionales y compatibilizar los programas regionales y especiales de CTel.

k)      Desarrollar y ejecutar programas especiales de CTel orientados a la formación, perfeccionamiento, retención y colaboración de científicos y tecnólogos, así como para el apoyo a la investigación universitaria y para la promoción de proyectos de innovación, transferencia, difusión, intercambio y divulgación de la CTel.

l)        Coordinar con las entidades competentes la recopilación, sistematización y control de calidad de la información e indicadores de CTel, los procedimientos de normalización, calificación y registro de entidades de CTel, concursos de méritos, premios, licitaciones, contratos y convenios de CTel.

m)    Diseñar y proponer a las instancias correspondientes las normas y estrategias para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, así como la reglamentación y directivas para la implementación de esquema promocional y el régimen de incentivos.

n)      Elaborar los informes periódicos sobre el estado de situación general de la CTel y sobre el avance, de la ejecución presupuestal respectiva; así como los informes de evaluación sobre el desempeño de las entidades integrantes del Sistema.

o)      Proponer la asignación de recursos disponibles y el régimen de incentivos en CTel, de acuerdo a ley.

p)      Diseñar las políticas sobre transferencia de tecnología; así como los mecanismos de cooperación con otros países y organismos internacionales en materia de CTel.

q)      Calificar a las instituciones e investigadores que conforman el SINACYT de acuerdo a lo que establezca el reglamento de la presente Ley.

r)       Emitir opinión sobre proyectos normativos o institucionales vinculados con la CTel.

s)       Promover el estudio del conocimiento y las tecnologías tradicionales.

t)        Promover el establecimiento y desarrollo de una red nacional de información científica e interconexión telemática, para un manejo ágil, oportuno y eficiente de la estadística científico-tecnológica que permita la obtención de la información necesaria para el planeamiento, operación y promoción de CTel.

u)      Otras establecidas por ley.

Artículo 12º.- Consejo Directivo

El Consejo Directivo está integrado por trece (13) miembros designados por decreto supremo por un período de cinco (5) años. Está constituido en la forma siguiente:

–        El Presidente del CONCYTEC, que lo preside.

–        Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas.

–        El Presidente del Directorio del FONDECYT.

–        Un representante elegido entre los directores o autoridades de mayor jerarquía de las entidades estatales que forman parte del SINACYT.

–        Un representante de los Gobiernos Regionales.

–        Un representante del INDECOPI.

–        Cuatro representantes del sector empresarial, de los cuales, al menos uno representará a las PYMES.

–        Dos representantes de las universidades integrantes del SINACYT, uno de las universidades públicas y uno de las universidades privadas.

–        Un representante de las Academias Nacionales de CTel.

Artículo 13º.- Presidencia

El Presidente del CONCYTEC es designado por decreto supremo entre una terna propuesta por la Presidencia del Consejo de Ministros, para un período de cinco (5) años.

Para ser designado Presidente se requiere:

1)      Ser peruano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.

2)      Tener un mínimo de veinte (20) años de reconocida trayectoria científica y/o tecnológica validada con publicaciones especializadas.

3)      Tener el más alto grado académico otorgado en el país, en su especialidad.

4)      Tener experiencia en gestión en ciencia y tecnología.

Artículo 14º.- Recursos

Son recursos del CONCYTEC:

a)      Los montos que le asigne el Presupuesto de la República.

b)      Los recursos provenientes de la cooperación internacional.

c)      Las donaciones y legados de personas naturales y jurídicas.

d)      Los recursos directamente recaudados.

e)      Otros que se establezcan.

Artículo 15º.- Cooperación internacional

El CONCYTEC en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional formulará un Programa de Cooperación Técnica y Financiera Internacional para CTel, el mismo que será parte de los programas de inversión pública y de financiamiento externo.

CAPÍTULO III.- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (FONDECYT)

Artículo 16º.- Creación

Créase el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (FONDECYT) adscrito al CONCYTEC, con personería jurídica de derecho público interno, con patrimonio propio, con autonomía administrativa y financiera. Está encargado de captar, gestionar, administrar y canalizar recursos, de fuente nacional y extranjera, destinados a las actividades del SINACYT en el país.

El FONDECYT desarrolla sus actividades dentro del marco de las prioridades, criterios y lineamientos de política establecidos en el Plan Nacional de CTel y los que apruebe el CONCYTEC. Los recursos del FONDECYT son intangibles.

Artículo 17º.- Directorio

El FONDECYT es administrado por un Directorio de siete (7) miembros designados por decreto supremo, cuyas funciones son ejercidas ad honórem. Está integrado por:

a)      Un miembro del Consejo Directivo Nacional del CONCYTEC, quien lo preside.

b)      Un representante de COFIDE.

c)      Un representante de la Asociación de Bancos del Perú.

d)      Un representante de las universidades integrantes del SINACYT.

e)      Un representante de los institutos de investigación integrantes del SINACYT.

f)        Un representante de las empresas privadas integrantes del SINACYT.

g)      Un representante de los Gobiernos Regionales.

Artículo 18º.- Funciones

Para el cumplimiento de sus fines, el FONDECYT tiene las siguientes funciones:

a)      Calificar la viabilidad económico-financiera de los proyectos de CTel.

b)      Intervenir en el financiamiento de los programas y proyectos regionales de CTel.

c)      Suscribir convenios sobre estudios y proyectos de investigación e innovación tecnológica con regiones y universidades.

d)      Disponer fondos para el financiamiento de proyectos de ciencias básicas.

e)      Administrar los programas de financiamiento de CTeI.

f)        Coordinar con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para la obtención de fuentes de financiamiento de la cooperación técnica internacional.

g)      Suscribir los contratos de financiamiento de los proyectos seleccionados, los Contratos de Incentivos en CTel y cualquier otro instrumento legal necesario para el cumplimiento de sus fines.

h)      Otorgar donaciones, subsidios y financiar becas.

i)        Conceder financiamientos directos e indirectos (fianzas, garantías y avales).

j)        Contratar la realización de estudios, proyectos e investigaciones.

k)      Contraer obligaciones de créditos directos e indirectos.

l)        Emitir y colocar toda clase de obligaciones.

m)    Administrar fondos cuyo destino sea compatible con los fines del CONCYTEC.

n)      Adquirir, gravar y enajenar toda clase de bienes.

o)      Ejecutar las actividades, actos y contratos que sean requeridos para el cumplimiento de sus fines.

p)      Otras establecidas por ley.

Asimismo, el FONDECYT podrá encargar la administración de sus fondos a COFIDE o a otra institución financiera con participación mayoritaria del Estado.

Artículo 19º.- Recursos

Están constituidos por:

a)      Los Fondos que le transfiera el CONCYTEC, con cargo a su Presupuesto, de acuerdo a sus prioridades.

b)      Las donaciones, legados, fondos de cooperación internacional y otras contribuciones y recursos financieros, de personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, de acuerdo a ley.

c)      Los fondos que se obtengan por endeudamiento externo e interno.

d)      Las transferencias y los fondos en administración, de las entidades públicas y privadas.

e)      Los ingresos propios recaudados por la venta de publicaciones y regalías provenientes de los derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial y sus derechos conexos.

CAPÍTULO IV.- CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Artículo 20º.- Definición

El Consejo Consultivo Nacional de Investigación y Desarrollo para la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica es un órgano de consulta del SINACYT, conformado por las máximas autoridades de las instituciones estatales dedicadas a la investigación, innovación tecnológica y promoción de la CTel, convocados para fines específicos y con participación ad honórem. Tiene como finalidad promover la acción concertada y la complementariedad entre los programas y proyectos de las instituciones integrantes del SINACYT.

Los recursos requeridos para el funcionamiento del Consejo Consultivo Nacional de Investigación y Desarrollo para la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, serán atendidos con cargo al Presupuesto Institucional del CONCYTEC.

Artículo 21º.- Secretaría Técnica

Encárgase al CONCYTEC la Secretaría Técnica del CONID, la misma que tendrá la responsabilidad de convocar, asistir, difundir y coordinar la ejecución de sus acuerdos, recomendaciones y propuestas.

CAPÍTULO V.- DE LAS INSTANCIAS REGIONALES, UNIVERSIDADES Y LOS CONOCIMIENTOS ORIGINARIOS

Artículo 22º.- Representación

Los Gobiernos Regionales están representados en el Consejo Directivo del CONCYTEC y en el Directorio del FONDECYT. Las instancias de los Gobiernos Regionales que ejecutan actividades de CTel podrán convocar a las universidades, organizaciones y empresas de su jurisdicción para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 23º.- De la utilización de los conocimientos originarios

El Estado, a través de las universidades y en coordinación con las comunidades campesinas y nativas, promueve la investigación y utilización de los conocimientos originarios para la innovación tecnológica y científica, preservando y respetando los conocimientos tradicionales y folclóricos de dichas comunidades.

CAPÍTULO VI.- RED NACIONAL DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA E INTERCONEXIÓN TELEMÁTICA

Artículo 24º.- Red nacional de información

El CONCYTEC promueve el establecimiento y desarrollo de la red nacional de información científica e interconexión telemática, para un manejo ágil, oportuno y eficiente de la estadística científico-tecnológica y para la obtención de la información necesaria para el planeamiento, la investigación y la promoción de CTel.

La red promoverá la difusión sistemática de los conocimientos académicos, técnicos e industriales disponibles, así como, la interacción entre los distintos integrantes del SINACYT, facilitando su acceso a fuentes de información nacionales y extranjeras. Su operación está a cargo de la correspondiente unidad especializada del CONCYTEC.

TÍTULO IV.- POLÍTICA Y PLANES DE CTel

Artículo 25º.- Lineamientos

La política y el Plan Nacional de CTel fijan los alcances de la acción del Estado en este ámbito y se establecen en concordancia con las políticas de Estado y las suscritas en los espacios de concertación u otros que se convoquen para garantizar la consolidación democrática y la gobernabilidad.

Artículo 26º.- Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

El Plan Nacional de CTel es el instrumento de propuesta y ejecución de la política nacional de CTel, forma parte de las políticas de Estado y responde a una visión geoestratégica del corto, mediano y largo plazo. Tiene como base para su elaboración el establecimiento de líneas estratégicas, la fijación de prioridades y el diseño y la articulación e implementación de programas nacionales, regionales y especiales propuestos por los sectores y entidades que conforman el SINACYT.

El Plan Nacional establece directivas y políticas vinculantes para el sector público y orientadoras para el sector privado. Su elaboración está a cargo del CONCYTEC y su aprobación se formaliza mediante decreto supremo.

TÍTULO V.- FINANCIAMIENTO E INCENTIVOS PARA CTel

Artículo 27º.- Financiamiento de CTel

Comprende los recursos financieros destinados a fomentar y hacer posible la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el país, teniendo en cuenta los criterios de eficiencia y equidad para su distribución y utilización.

Artículo 28º.- Asignaciones regionales

Los Gobiernos Regionales podrán considerar en sus respectivos presupuestos anuales una asignación para el financiamiento de proyectos de investigación científica y de innovación tecnológica en su jurisdicción, de acuerdo a la normatividad vigente.

Artículo 29º.- Régimen de incentivos

El Régimen de Incentivos de CTel articula los mecanismos promocionales, a fin de racionalizarlos y adecuarlos a las prioridades y disponibilidades del país, potenciando su impacto y resultados, en particular, en la interacción comunidad científica-empresa.

Artículo 30º.- Contrato de Incentivos

El Contrato de Incentivos para la Promoción y el Desarrollo de la CTel, es el instrumento a través del cual se formaliza el otorgamiento de incentivos y beneficios que la ley establece para las empresas, instituciones, organizaciones e investigadores que ejecuten actividades o proyectos de CTel o de su transferencia y difusión, provenientes de fuente nacional o extranjera.

El contrato será suscrito por el FONDECYT.

Artículo 31º.- Incentivos para la creación de parques tecnológicos

El Estado a nivel nacional, a través del CONCYTEC, en colaboración con los Gobiernos Regionales, las universidades, las empresas privadas, fomenta la creación de Parques Tecnológicos.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERA.- El Poder Ejecutivo reglamenta la presente Ley dentro de los ciento veinte (120) días naturales contados a partir de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Con tal fin se elaborará el respectivo anteproyecto, el que será pre publicado dentro de los noventa (90) días naturales siguientes a la promulgación de la presente Ley.

SEGUNDA.- El Poder Ejecutivo, dentro de los noventa (90) días naturales siguientes e improrrogables a la aprobación de la presente Ley, remite al Congreso de la República las iniciativas legislativas sobre:

1)      Ley de adecuación del CONCYTEC, y

2)      Ley de incentivos, promoción de la inversión, exoneraciones y régimen tributario especial para las actividades de CTel.

TERCERA.- En tanto se dé la ley a que se refiere la Segunda Disposición Transitoria, seguirá vigente el actual CONCYTEC, tal como está normado en el Decreto Legislativo nº 112. En lo que corresponda, adecuará su funcionamiento a lo establecido en la presente Ley.

CUARTA.- Las diversas entidades públicas vinculadas al desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, adecuarán su funcionamiento a lo dispuesto en la presente Ley.

Los gastos que demande esta adecuación, se atenderán únicamente con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

QUINTA.– El incremento del presupuesto destinado a la investigación científica y al desarrollo experimental, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la presente Ley, se realizará gradual y progresivamente.

SEXTA.– El CONCYTEC, en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días naturales, elaborará el primer Proyecto Piloto de Parques Tecnológicos.

SÉTIMA.– El Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica que se crea en el Capítulo III, del Título III de esta Ley, entrará en vigencia a partir del ejercicio presupuestal del año 2005.

OCTAVA.– Forman parte de la presente Ley, los siguientes anexos:

Anexo 1 – Glosario de Términos.

Anexo 2 – Entidades Integrantes del Sistema.

NOVENA.– Deróganse o modifícanse, según sea el caso, las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.

POR TANTO:
Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, aceptándose las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los veintitrés días del mes de julio de dos mil cuatro.

HENRY PEASE GARCÍA, Presidente del Congreso de la República

MARCIANO RENGIFO RUIZ, Primer Vicepresidente del Congreso de la República

ANEXOS DE LA LEY MARCO DE CIENCÍA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

ANEXO Nº 1.- GLOSARIO DE TÉRMINOS

1.- Actividades de Ciencia y Tecnología (ACT): Son aquellas actividades sistemáticas, estrechamente relacionadas con la generación, producción, difusión y aplicación del conocimiento científico y técnico en todos los campos de la ciencia y la tecnología. Incluyen actividades tales como:

– Investigación y Desarrollo Experimental (I+D)

– Enseñanza y la formación científico-técnica

– Servicios científicos y técnicos

2.- Ciencia: Término que en su sentido más amplio se emplea para referirse al conocimiento sistematizado en cualquier campo, pero que suele aplicarse sobre todo a la organización de la experiencia sensorial objetivamente verificable. La búsqueda de conocimiento en ese contexto se conoce como “ciencia pura”, para distinguirla de la “ciencia aplicada” -la búsqueda de usos prácticos del conocimiento científico- y de la tecnología, a través de la cual se llevan a cabo las aplicaciones.

3.- Enseñanza y formación Científico-Técnica (EFCT): Corresponde a las actividades de nivel superior especializado no universitario, de enseñanza y formación superiores tendentes a la obtención de un título universitario, de formación y de perfeccionamiento post-universitario, y de formación permanente organizada de científicos e ingenieros.

4.- Investigación Científica y Desarrollo Experimental (I+D): Comprende el trabajo creativo llevado a cabo en una forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la naturaleza, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para derivar nuevas aplicaciones.

Puede incluir el desarrollo de prototipos y plantas piloto. Comprende la investigación básica y aplicada y el desarrollo experimental.

5.- Innovación Tecnológica: Es la interacción entre las oportunidades del mercado y el conocimiento base de la empresa y sus capacidades; implica la creación, desarrollo, uso y difusión de un nuevo producto, proceso o servicio nuevo y los cambios tecnológicos significativos de los mismos. Implica también cambios en las formas de organización y administración: métodos de organización, reingeniería de procesos, planeamiento estratégico, control de calidad, etc.

6.- Servicios Científicos y Tecnológicos (SCT): Son las actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo experimental que contribuyen a la producción, difusión y aplicación de conocimientos científicos y técnicos. La UNESCO los divide en nueve tipos de servicios:

-Bibliotecas, centros de información, etc.

– Museos

– Traducción y publicación de documentación de CyT

– Trazados e informes (geológicos, hidrológicos, etc)

– Análisis prospectivos

– Obtención de datos socioeconómicos

– Normalización, control de calidad, etc.

– Asesoramiento en temas agrícolas e industriales  

– Actividades de patentes y licencias

7.- Tecnología: Es un conjunto ordenado de instrumentos, conocimientos, procedimientos y métodos aplicados en las distintas ramas industriales para alcanzar un objetivo específico, generalmente el de producir y distribuir un bien o servicio.

ANEXO Nº 2.- ENTIDADES INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Centros e institutos de Investigación de Universidades públicas y privadas que califiquen

Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial. CONIDA

Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos. CONACS

Instituto Antártico Peruano. IAP

Instituto Geográfico Nacional. IGN

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. IIAP

Instituto del Mar del Perú. IMARPE

Instituto Geofísico del Perú. IGP

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. INGEMMET

Instituto Nacional de Becas y Créditos Educativo. INABEC

Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI

Instituto Nacional de Investigación Agraria. INIA

Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones. INICTEL

Instituto Nacional de Recursos Naturales. INRENA

Instituto Nacional de Salud. INS

Instituto Peruano de Energía Nuclear. IPEN

Instituto Tecnológico Pesquero. ITP

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. SENAMHI

Servicio Nacional de Sanidad Agraria. SENASA.

 

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Arrêté du 2 mai 2006 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au suivi des pathologies apparues en mission en Guyane.

Arrêté du 2 mai 2006 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au suivi des pathologies apparues en mission en Guyane.

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret nº 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 mars 2006 portant le numéro 1149659,

Arrête :

Article 1. Il est créé au ministère de la défense, à la direction centrale du service de santé des armées, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “2SE-FAG-(SPE) en Guyane” mis en oeuvre par le département d'épidémiologie et de santé publique de l'institut de médecine tropicale et dont les finalités sont le suivi pathologique et géographique des militaires en mission en Guyane.

Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

– à l'identité (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, adresse) ;

– à la vie professionnelle (numéro matricule, grade, unité -d'affectation, élémentaire d'affectation, date d'arrivée, effectif-) ;

– aux missions (identifiant, dates de départ et de retour, nom, unités participant à la mission, effectif, relevé géographique [identifiant de la mission, jour du relevé, latitude, longitude, date d'acquisition GPS, localisation sur carte]) ;

– à la santé (consultation, examens, résultats biologiques, bilan).

Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées cinq ans à compter du départ de l'intéressé de Guyane.

Article 3. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

– les médecins d'unité en Guyane ;

– les personnels paramédicaux d'unités en Guyane ;

– les médecins biologistes de l'Institut Pasteur de Cayenne ;

– les médecins du département d'épidémiologie et de santé publique de l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées.

Article 4. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du département d'épidémiologie et de santé publique de l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées, allée du Médecin-Colonel-Jamot, parc du Pharo, BP 46, 13998 Marseille Armées.

Toutefois, lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des données de santé à caractère personnel, celles-ci peuvent être communiquées à la personne concernée, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.


Article 6.
Le directeur de l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2006.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur central du service de santé des armées,

B. Lafont

01Ene/14

Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PREÁMBULO

I

El funcionamiento eficiente de los mercados y la existencia de una competencia efectiva son principios básicos de la economía de mercado, la cual impulsa y promueve la productividad de los factores y la competitividad general de la economía en beneficio de los consumidores. Estos principios son también fundamentales en el diseño y definición de las políticas regulatorias de las actividades económicas.

En este marco, los organismos supervisores tienen por objeto velar por el correcto funcionamiento de determinados sectores de la actividad económica, hacer propuestas sobre aspectos técnicos, así como resolver conflictos entre las empresas y la Administración.

La existencia de organismos independientes se justifica por la complejidad que, en determinados sectores caracterizados principalmente por la potencial existencia de fallos de mercado, tienen las tareas de regulación y supervisión, así como por la necesidad de contar con autoridades cuyos criterios de actuación se perciban por los operadores como eminentemente técnicos y ajenos a cualquier otro tipo de motivación.

El origen de los organismos reguladores independientes se remonta a 1887, cuando el Congreso de los Estados Unidos de América encomendó la regulación del sector ferroviario a una entidad independiente: la Comisión de Comercio Interestatal (ICC). Así comenzó un proceso que posteriormente se asentaría con la creación de la Federal Trade Comission en 1914 y con el impulso a las políticas antimonopolio. La experiencia americana de las llamadas comisiones reguladoras independientes se ha integrado en la forma típica de las actuaciones administrativas en los Estados Unidos que es la administración por agencias y ha obedecido a razones propias de su sistema jurídico y estructura administrativa que no se han planteado en los Derechos europeos.

En este lado del Atlántico, los países europeos corrigieron los fallos de funcionamiento de los mercados mediante la nacionalización de las empresas prestadoras de servicios públicos o la creación de sociedades públicas con esta finalidad. Por otro lado, las corrientes europeas de los años setenta del siglo pasado cristalizaron en fórmulas organizativas independientes a la búsqueda de una neutralidad y criterios de especialización técnica en sectores con presencia de intereses sociales muy relevantes, como el bursátil, el de la protección de datos informáticos o el audiovisual.

Confluyendo con las anteriores tendencias, no sería hasta los años ochenta y noventa cuando un amplio conjunto de países de la actual Unión Europea, incluido España, impulsado por las sucesivas directivas reguladoras de determinados sectores de red, tales como la energía, las telecomunicaciones o el transporte, llevó a cabo un intenso proceso liberalizador en el marco del mercado único, que trajo consigo reformas tendentes a asegurar la competencia efectiva en los mercados, la prestación de los servicios universales y la eliminación de las barreras de entrada y las restricciones sobre los precios.

En este contexto surgió un amplio debate sobre el grado en que los nuevos mercados que se abrían a la competencia debían estar sometidos a las normas y autoridades de defensa de la competencia nacionales o si, por el contrario, debían ser los nuevos organismos sectoriales independientes los que llevaran a cabo la supervisión.

En el caso de España, se optó por una separación de funciones. Las autoridades sectoriales se encargaron de asegurar la separación vertical de las empresas entre los sectores regulados y sectores en competencia y resolver los conflictos que pudieran surgir entre los diferentes operadores, especialmente en los casos en que era necesario garantizar el libre acceso a infraestructuras esenciales. Junto a ello, se atribuyeron a los nuevos organismos potestades de inspección y sanción, así como distintas funciones de proposición normativa económica y técnica y la elaboración de estudios y trabajos sobre el sector.

Por su parte, la Autoridad de Defensa de la Competencia ha venido ejerciendo lo que se denomina un control ex post de la libre competencia, investigando y sancionando las conductas contrarias a la normativa de defensa de la competencia, y un control ex ante, examinando las operaciones de concentración empresarial.

Transcurrido cierto tiempo desde la implantación de este sistema, que ha reportado indudables ventajas para el proceso de liberalización y transición a la competencia de los sectores regulados, es necesario revisarlo.

Desde 2011 ha crecido notablemente el número de estos organismos. Hasta entonces eran cinco: Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional de la Competencia, Comité de Regulación Ferroviaria y Comisión Nacional del Sector Postal. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, previó la constitución de un sexto, el organismo regulador del sector del transporte. Más tarde, se aprobó la creación de la Comisión Nacional del Juego y la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria. A ellos hay que unir el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, regulado en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

A la hora de plantear la revisión del sistema, el primer elemento que ha de tomarse en consideración es algo que debe caracterizar, no ya a cualquier mercado, sino a todos los sectores de la actividad económica: la seguridad jurídica y la confianza institucional. Estas se consiguen con unas normas claras, una arquitectura institucional seria y unos criterios de actuación conocidos y predecibles por todos los agentes económicos. Cuanto mayor sea la proliferación de organismos con facultades de supervisión sobre la misma actividad, más intenso será el riesgo de encontrar duplicidades innecesarias en el control de cada operador y decisiones contradictorias en la misma materia.

En segundo lugar, de modo especialmente importante en el entorno de austeridad en el que se encuentra la Administración Pública, se deben aprovechar las economías de escala derivadas de la existencia de funciones de supervisión idénticas o semejantes, metodologías y procedimientos de actuación similares y, sobre todo, conocimientos y experiencia cuya utilización en común resulta obligada.

En tercer lugar, las instituciones han de adaptarse a la transformación que tiene lugar en los sectores administrados. Debe darse una respuesta institucional al progreso tecnológico, de modo que se evite el mantenimiento de autoridades estancas que regulan ciertos aspectos de sectores que, por haber sido objeto de profundos cambios tecnológicos o económicos, deberían regularse o supervisarse adoptando una visión integrada.

En los últimos años, se detecta una clara tendencia a nivel internacional a fusionar autoridades relacionadas con un único sector o con sectores que presentan una estrecha relación, pasando del modelo uni-sectorial a un modelo de convergencia orgánica, material o funcional en actividades similares o a un modelo multisectorial para sectores con industrias de red. Las ventajas que han motivado la adopción de estos modelos son las de optimizar las economías de escala y garantizar el enfoque consistente de la regulación en todas las industrias de red. Además, se ha argumentado que el riesgo de captura del regulador, tanto por el sector privado como por el gobierno, es menor en el caso de las autoridades multisectoriales, al reducirse la importancia relativa de un determinado sector o de un determinado ministerio para la autoridad.

Por último, en algunos casos, como el de los Países Bajos, se han integrado las autoridades reguladoras de ciertos sectores en la autoridad de competencia. Con ello se consigue una mayor eficacia en la supervisión de la competencia en los mercados, al poder contar de forma inmediata con el conocimiento de los reguladores sectoriales, que ejercen un control continuo sobre sus respectivos sectores a través de instrumentos de procesamiento de datos más potentes.

La situación actual en España, en la que se ha aprobado la creación de ocho organismos supervisores vinculados a los mercados de productos y de servicios y se ha previsto la creación de otro más, debe evolucionar hacia los modelos que se están implantando en los países de nuestro entorno. La filosofía que subyace en la existencia de todos estos organismos es fundamentalmente velar por unos mercados competitivos y unos servicios de calidad, en beneficio de los ciudadanos. La presencia de todas estas entidades de forma separada, con sus respectivos órganos de gobierno y medios materiales, exige una reforma de calado teniendo en cuenta la existencia de funciones, procedimientos, metodologías y conocimientos que, por su identidad o semejanza, bien podrían ejercerse o aplicarse por una sola institución.

La normativa europea prevé la existencia de autoridades reguladoras nacionales independientes, dotándolas de misiones, objetivos y competencias concretas. No obstante, las competencias de las comisiones en España son más amplias que las requeridas por la normativa europea, en lo referente a la política sectorial, la concesión y revocación de títulos habilitantes para el ejercicio de determinadas actividades, el asesoramiento al Gobierno y el estudio e investigación de los sectores.

Por ello, el objeto de esta Ley es la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que agrupará las funciones relativas al correcto funcionamiento de los mercados y sectores supervisados por la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

II

La Ley consta de treinta y nueve artículos agrupados en cinco capítulos, dieciocho disposiciones adicionales, diez disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, once disposiciones finales y un anexo.

El Capítulo I, “Naturaleza y régimen jurídico”, procede a la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuyo objeto es garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento del mercado, así como la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios. La Comisión se configura como un organismo público de los previstos en la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

La Comisión está dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada y actuará con pleno sometimiento a la ley, con autonomía orgánica y funcional y con plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de cualquier interés empresarial y comercial. Sin perjuicio de su independencia, la Comisión velará por la aplicación uniforme de la normativa sectorial y general de competencia en el territorio nacional mediante la cooperación con la Administración General del Estado, con las Comunidades Autónomas, con los órganos jurisdiccionales, con las instituciones y organismos de la Unión Europea, en especial con la Comisión Europea, y con las autoridades competentes y organismos de otros Estados miembros en el desarrollo de su actividad.

El Capítulo II, “Funciones”, expone las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Dichas funciones pueden clasificarse en dos grandes grupos. Por un lado, la Comisión ejercerá funciones, con carácter general, en el conjunto de mercados para la defensa y promoción de la competencia en los mismos. Estas funciones son tanto de supervisión como de arbitraje y consultivas.

Es de destacar que las funciones de defensa de la competencia recogidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se atribuyen íntegramente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esta reforma no afecta al contenido sustantivo de la Ley 15/2007, de 3 de julio, que permanece igual salvo en el esquema institucional de aplicación de la norma.

Por otro lado, la Comisión ejercerá funciones, con carácter singular, en determinados sectores y mercados regulados, donde la aplicación de la normativa de defensa de la competencia resulta insuficiente para garantizar la existencia de una competencia efectiva. Estos sectores o ámbitos son los siguientes: las comunicaciones electrónicas y la comunicación audiovisual, los mercados de la electricidad y de gas natural, el sector postal, las tarifas aeroportuarias y determinados aspectos del sector ferroviario.

Las funciones que la Comisión ejercerá sobre los citados sectores han sido tradicionalmente desempeñadas por los organismos reguladores sectoriales, por requerirse la independencia respecto de los intereses públicos que pudiesen confluir. En particular, abarcan funciones de supervisión y control, así como funciones de resolución de conflictos, más amplias y flexibles que las de mero arbitraje.

Respecto de las funciones a desarrollar por el nuevo organismo, cabe señalar que se ha procedido a una reordenación de funciones entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y los departamentos ministeriales correspondientes. Las disposiciones adicionales sexta a undécima aclaran qué funciones concretas asumirá cada Ministerio. Con esta reestructuración funcional, la Ley persigue ante todo la eficacia de la intervención pública. En general, los Ministerios pasan a asumir todas aquellas tareas de índole administrativa que venían ejerciendo los organismos reguladores, para cuyo desempeño no se requiere una especial independencia, así como tareas que resultaban de escasa utilidad para la consecución de los objetivos de la Comisión. Ello permite que la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia concentre su actuación en las funciones que verdaderamente sirven a su objeto fundamental, velar por un funcionamiento correcto de los mercados y la libre concurrencia.

El Capítulo III, “Organización y funcionamiento”, regula la composición, el régimen de nombramiento y cese y las funciones de los órganos rectores de la Comisión, que comprenden el Consejo y el Presidente de la Comisión.

El Consejo se configura como el órgano colegiado de decisión de la Comisión y entre sus funciones se encuentran las de resolver y dictaminar los asuntos que la Comisión tiene atribuidos y la de resolver los procedimientos sancionadores. El Consejo actúa en pleno y en salas, una dedicada a temas de competencia y otra a temas de supervisión regulatoria.

El Consejo se compone de diez miembros: un Presidente, un Vicepresidente y ocho consejeros. Todos los miembros del Consejo, incluidos el Presidente y el Vicepresidente, son nombrados por el Gobierno mediante Real Decreto, pudiendo el Congreso vetar el nombramiento del candidato propuesto. Con la introducción de esta nueva exigencia de aceptación por parte del Congreso se refuerza la legitimidad democrática de la Comisión. El mandato de los miembros del Consejo será de seis años sin posibilidad de reelección.

Por otro lado, se regula la estructura básica de los órganos de dirección, estableciéndose cuatro direcciones de instrucción, una para la instrucción de los expedientes de defensa de la competencia y otras tres para la instrucción de los asuntos de supervisión regulatoria en los sectores de las telecomunicaciones y servicios audiovisuales, de la energía y, por último, de los transportes y del sector postal.

Debe subrayarse la atribución a la Dirección de Competencia de todas las funciones de instrucción recogidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, que, como actualmente, seguirán ejerciéndose manteniendo la unicidad, coherencia y el carácter horizontal de la normativa de defensa de la competencia.

Finalmente, se sientan las bases legales del régimen de funcionamiento de la Comisión, que serán desarrolladas por el Gobierno mediante Real Decreto, con la aprobación del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y por el propio Consejo de la Comisión, a través del Reglamento de funcionamiento interno. El Estatuto determinará la estructura interna de las Direcciones y demás áreas de responsabilidad, garantizando la debida separación entre las funciones de instrucción y resolución.

El Capítulo IV, “Régimen de actuación y potestades”, regula los aspectos esenciales en relación a las facultades de inspección y supervisión, a la potestad sancionadora, al régimen de contratación y del personal y al régimen económico-financiero, patrimonial y presupuestario. Por último, para garantizar la independencia de las decisiones de la Comisión, se prevé que las resoluciones adoptadas por el Consejo, tanto en pleno como en salas, pongan fin a la vía administrativa, siendo impugnables únicamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El Capítulo V, “Transparencia y responsabilidad”, delimita todos aquellos asuntos que la Comisión deberá hacer públicos y regula el control que el Congreso y el Senado ejercerán sobre la Comisión. Lo regulado en este Capítulo se inspira en gran medida en las novedades introducidas en la materia por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

La transparencia de la actuación de la Comisión es un elemento que refuerza su legitimidad y contribuye a infundir la necesaria confianza de los ciudadanos en la institución. En este sentido, se requiere a la Comisión que haga públicos todos aquellos informes que emita, la memoria anual de actividades y los planes anuales o plurianuales. La Comisión también deberá hacer públicos los acuerdos y resoluciones adoptados por el Consejo y la organización y funciones de cada uno de sus órganos y dispondrá de un órgano de control interno. El control parlamentario se efectúa a través de las comparecencias del Presidente ante el Congreso, que tendrán como mínimo una periodicidad anual.

Las disposiciones adicionales regulan una serie de aspectos complementarios destinados a permitir la reforma institucional introducida por esta Ley. Se prevé la constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el plazo máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la Ley; la extinción de los organismos cuyas funciones se asumen por la Comisión; la integración de los bienes sobrantes de la fusión en el patrimonio de la Administración General del Estado; las funciones que asumen los distintos departamentos ministeriales en relación a los mercados regulados; y la integración del personal de los organismos que se extinguen en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o en la Administración General del Estado, según proceda.

Por su parte, las disposiciones transitorias regulan determinados aspectos necesarios para la puesta en marcha del nuevo organismo, relativos al primer mandato de los consejeros; al desempeño de funciones por los organismos reguladores que se extinguirán mientras la nueva Comisión no se ponga en funcionamiento; a la continuación de los expedientes pendientes por la Comisión o el Ministerio competente, según proceda; a los presupuestos de la Comisión y al régimen de personal.

Las disposiciones derogatoria y finales efectúan las derogaciones y modificaciones de las normas con rango de ley que resultan afectadas por la entrada en vigor de esta norma, prevén el desarrollo reglamentario, la habilitación competencial y la entrada en vigor de la Ley.

El Anexo incluye las tasas y prestaciones patrimoniales de carácter público relacionadas con las actividades y servicios regulados en la Ley, cuyo ingreso se efectuará en el Tesoro Público.

CAPÍTULO I.- Naturaleza y régimen jurídico

Artículo 1.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

1. Se crea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como organismo público de los previstos en la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene por objeto garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios.

3. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá sus funciones en todo el territorio español y en relación con todos los mercados o sectores económicos.

Artículo 2.- Naturaleza y régimen jurídico.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada y actúa, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de los agentes del mercado. Asimismo, está sometida al control parlamentario y judicial.

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se regirá por lo dispuesto en esta Ley, en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y en la legislación especial de los mercados y sectores sometidos a su supervisión a que hacen referencia los artículos 6 a 11 de esta Ley y, supletoriamente, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo previsto en su Disposición adicional décima, por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y por el resto del ordenamiento jurídico.

3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá su sede principal en Madrid. El Real Decreto por el que se apruebe su Estatuto Orgánico podrá prever la existencia de otras sedes.

4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, sin perjuicio de su relación con los Ministerios competentes por razón de la materia en el ejercicio de las funciones a que se refieren los artículos 5 a 12 de esta Ley.

Artículo 3.- Independencia funcional y relación con las entidades públicas y privadas.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia actuará, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con independencia de cualquier interés empresarial o comercial.

2. En el desempeño de las funciones que le asigna la legislación, y sin perjuicio de la colaboración con otros órganos y de las facultades de dirección de la política general del Gobierno ejercidas a través de su capacidad normativa, ni el personal ni los miembros de los órganos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada.

Artículo 4.- Coordinación y cooperación institucional.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia velará por la aplicación uniforme de la normativa sectorial y general de competencia en todo el territorio mediante la coordinación con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y la cooperación con la Administración General del Estado y con los órganos jurisdiccionales.

2. Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia mantendrá una colaboración regular y periódica con las instituciones y organismos de la Unión Europea, en especial, con la Comisión Europea y con las autoridades competentes y organismos de otros Estados miembros, fomentando la coordinación de las actuaciones respectivas en los términos previstos en la legislación aplicable. En particular, fomentará la colaboración y cooperación con la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía y con el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas.

CAPÍTULO II.- Funciones

Artículo 5. Funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de carácter general y para preservar y promover la competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos.

1. Para garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realizará las siguientes funciones:

a) Supervisión y control de todos los mercados y sectores económicos.

b) Realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equidad, que le sean sometidas por los operadores económicos en aplicación de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, así como aquellas que le encomienden las leyes, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en sus ámbitos respectivos.

El ejercicio de esta función arbitral no tendrá carácter público. El procedimiento arbitral se regulará mediante Real Decreto y se ajustará a los principios esenciales de audiencia, libertad de prueba, contradicción e igualdad.

c) Aplicar lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, en materia de conductas que supongan impedir, restringir y falsear la competencia, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos autonómicos de defensa de la competencia en su ámbito respectivo y de las propias de la jurisdicción competente.

d) Aplicar lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, en materia de control de concentraciones económicas.

e) Aplicar lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, en materia de ayudas públicas.

f) Aplicar en España los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y su Derecho derivado, sin perjuicio de las competencias que correspondan en el ámbito de la jurisdicción competente.

g) Adoptar medidas y decisiones para aplicar los mecanismos de cooperación y asignación de expedientes con la Comisión Europea y otras comisiones nacionales de competencia de los Estados miembros previstos en la normativa comunitaria y, en particular, en el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea (actuales artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), y en el Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas y sus normas de desarrollo.

h) Promover y realizar estudios y trabajos de investigación en materia de competencia, así como informes generales sobre sectores económicos.

i) Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real Decreto.

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia actuará como órgano consultivo sobre cuestiones relativas al mantenimiento de la competencia efectiva y buen funcionamiento de los mercados y sectores económicos. En particular, podrá ser consultada por las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, los Colegios Profesionales, las Cámaras de Comercio y las Organizaciones Empresariales y de Consumidores y Usuarios. En ejercicio de esta función, llevará a cabo las siguientes actuaciones:

a) Participar, mediante informe, en el proceso de elaboración de normas que afecten a su ámbito de competencias en los sectores sometidos a su supervisión, a la normativa de defensa de la competencia y a su régimen jurídico.

b) Informar sobre los criterios para la cuantificación de las indemnizaciones que los autores de las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, deban satisfacer a los denunciantes y a terceros que hubiesen resultado perjudicados como consecuencia de aquéllas, cuando le sea requerido por el órgano judicial competente.

c) Informar sobre todas las cuestiones a que se refiere el artículo 16 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, y el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en cuanto a los mecanismos de cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales.

d) Cualesquiera otras cuestiones sobre las que deba informar, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, en los mercados de comunicaciones electrónicas y comunicación audiovisual, en el sector eléctrico y en el sector de gas natural, en el sector ferroviario, en materia de tarifas aeroportuarias y el mercado postal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estará a lo dispuesto en los artículos 6 a 11 de esta Ley.

4. En cumplimiento de sus funciones, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está legitimada para impugnar ante la jurisdicción competente los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho administrativo y disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados.

5. Para el ejercicio de sus funciones, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dispondrá, de conformidad con lo establecido por el Capítulo IV de esta Ley en materia presupuestaria, de recursos financieros y humanos adecuados, incluidos los necesarios para participar activamente en las actividades de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía y del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas y contribuir a las mismas.

Artículo 6.- Supervisión y control del mercado de comunicaciones electrónicas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el correcto funcionamiento de los mercados de comunicaciones electrónicas. En particular, ejercerá las siguientes funciones:

1. Definir y analizar los mercados de referencia relativos a redes y servicios de comunicaciones electrónicas, entre los que se incluirán los correspondientes mercados de referencia al por mayor y al por menor, y el ámbito geográfico de los mismos, cuyas características pueden justificar la imposición de obligaciones específicas, en los términos establecidos en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo.

2. Identificar el operador u operadores que poseen un poder significativo en el mercado cuando del análisis de los mercados de referencia se constate que no se desarrollan en un entorno de competencia efectiva.

3. Establecer, cuando proceda, las obligaciones específicas que correspondan a los operadores con poder significativo en mercados de referencia, en los términos establecidos en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, y su normativa de desarrollo.

4. Resolver los conflictos en los mercados de comunicaciones electrónicas a los que se refiere el artículo 12.1.a) de la presente Ley.

5. Realizar las funciones atribuidas por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, y su normativa de desarrollo.

6. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real Decreto.

Artículo 7.- Supervisión y control en el sector eléctrico y en el sector del gas natural.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el correcto funcionamiento del sector eléctrico y del sector del gas natural. En particular, ejercerá las siguientes funciones:

1. Establecer mediante circulares, dictadas de conformidad con el artículo 30 de esta Ley, previo trámite de audiencia y con criterios de eficiencia económica, transparencia, objetividad y no discriminación:

a) La metodología para el cálculo de la parte de los peajes de acceso a las redes de electricidad correspondientes a los costes de transporte y distribución, que se establecen en el artículo 17.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, de acuerdo con el marco tarifario y retributivo establecido en dicha Ley y en su normativa de desarrollo.

A estos efectos, se entenderá como metodología de cálculo de los peajes, la asignación eficiente de los costes de transporte y distribución a los consumidores y generadores.

b) La metodología relativa al acceso a las infraestructuras transfronterizas, incluidos los procedimientos para asignar capacidad y gestionar la congestión, de acuerdo con el marco normativo de acceso a las infraestructuras y de funcionamiento del mercado de producción de energía eléctrica y a los criterios que se determinen reglamentariamente.

c) Las metodologías relativas a la prestación de servicios de equilibrio entre sistemas gestionados por distintos operadores del sistema, que desde el punto de vista de menor coste, de manera justa y no discriminatoria, proporcionen incentivos adecuados para que los usuarios de la red equilibren su producción y consumo, de acuerdo con el marco normativo para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

d) La metodología para el cálculo de los peajes y cánones de los servicios básicos de acceso a las instalaciones gasistas: transporte y distribución, regasificación, almacenamiento y carga de cisternas, dentro del marco tarifario y retributivo definido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y en su normativa de desarrollo.

e) La metodología relativa a la prestación de servicios de balance de forma que proporcionen incentivos adecuados para que los usuarios de la red equilibren sus entradas y salidas del sistema gasista dentro del marco normativo de acceso y funcionamiento del sistema definido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y en su normativa de desarrollo.

f) La metodología relativa al acceso a las infraestructuras transfronterizas, incluidos los procedimientos para asignar capacidad y gestionar la congestión, dentro del marco normativo de acceso y funcionamiento del sistema definido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y en su normativa de desarrollo.

2. Supervisar la gestión y asignación de capacidad de interconexión, el tiempo utilizado por los transportistas y las empresas de distribución en efectuar conexiones y reparaciones, así como los mecanismos destinados a solventar la congestión de la capacidad en las redes.

A estos efectos, velará por la adecuada publicación de la información necesaria por parte de los gestores de red de transporte y, en su caso, de distribución, sobre las interconexiones, la utilización de la red y la asignación de capacidades a las partes interesadas.

3. Supervisar y, en su caso, certificar, la separación de las actividades de transporte, regasificación, distribución, almacenamiento y suministro en el sector del gas, y de las actividades de generación, transporte, distribución y suministro en el sector eléctrico, y en particular su separación funcional y la separación efectiva de cuentas con objeto de evitar subvenciones cruzadas entre dichas actividades.

4. Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos que se establezcan relacionados con los cambios de suministrador.

5. En el sector del gas natural, supervisar las condiciones de acceso al almacenamiento, incluyendo el almacenamiento subterráneo, tanques de Gas Natural Licuado (GNL) y gas almacenado en los gasoductos, así como otros servicios auxiliares. Asimismo, supervisará el cumplimiento por parte de los propietarios de los requisitos que se establezcan para los almacenamientos no básicos de gas natural.

6. Supervisar las condiciones y tarifas de conexión aplicables a los nuevos productores de electricidad.

7. Supervisar los planes de inversión de los gestores de red de transporte, en particular, en lo que se refiere a su adecuación al plan de desarrollo de la red en el ámbito de la Unión Europea, pudiendo realizar recomendaciones para su modificación.

8. Velar por el respeto a la libertad contractual respecto de los contratos de suministro interrumpible y de los contratos a largo plazo siempre que sean compatibles con la legislación vigente y el Derecho de la Unión Europea.

9. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y fiabilidad de las redes.

10. Velar por el cumplimiento, por los transportistas y distribuidores y, en su caso, por los propietarios de las redes y por los gestores de redes de transporte y distribución, de las obligaciones impuestas en la normativa aplicable, incluyendo las cuestiones transfronterizas. Asimismo, velará por la correcta aplicación por parte de los sujetos que actúen en los mercados de gas y electricidad de lo dispuesto en las disposiciones normativas de la Unión Europea.

11. Supervisar la adecuación de los precios y condiciones de suministro a los consumidores finales a lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y sus normativas de desarrollo y publicar recomendaciones, al menos anualmente, para la adecuación de los precios de los suministros a las obligaciones de servicio público y a la protección de los consumidores.

12. Asegurar el acceso de los clientes a los datos de su consumo, en formato comprensible, armonizado y de forma rápida.

13. Determinar los sujetos a cuya actuación sean imputables deficiencias en el suministro a los usuarios, proponiendo las medidas que hubiera que adoptar.

14. Garantizar la transparencia y competencia en el sector eléctrico y en el sector del gas natural, incluyendo el nivel de los precios al por mayor, y velar por que las empresas de gas y electricidad cumplan las obligaciones de transparencia.

15. Supervisar el grado y la efectividad de la apertura del mercado y de competencia, tanto en el mercado mayorista como el minorista, incluidas entre otras, las reclamaciones planteadas por los consumidores de energía eléctrica y de gas natural, y las subastas reguladas de contratación a plazo de energía eléctrica.

A estos efectos, podrá tomar en consideración la información remitida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a la que se hace referencia en la Disposición adicional octava.

16. Supervisar las inversiones en capacidad de generación que permita garantizar la seguridad del suministro.

17. Supervisar la relación entre el Gestor de Red Independiente y el propietario de las instalaciones, actuar como órgano de resolución de conflictos entre ambos, así como aprobar las inversiones del Gestor de Red Independiente.

18. Supervisar la cooperación técnica entre los gestores de las redes de transporte de energía eléctrica y gas y los gestores de terceros países.

19. Supervisar las medidas adoptadas por los gestores de la red de distribución para garantizar la exclusión de conductas discriminatorias.

20. Contribuir a la compatibilidad de los sistemas de intercambio de datos en los procesos de mercado a escala regional.

21. Determinar con carácter anual los operadores principales y dominantes, así como el resto de funciones relativas a dichos operadores de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.

22. En relación con el déficit de las actividades reguladas y sus mecanismos de financiación, mantener y proporcionar la información que se determine, emitir los informes, declaraciones, certificaciones y comunicaciones que le sean requeridos, y realizar los cálculos necesarios en coordinación con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como asesorar técnicamente a la Comisión Interministerial del Fondo de Titulización del Déficit de Tarifa del Sistema Eléctrico conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional vigésimo primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y la normativa que desarrolla la regulación del proceso de gestión y titulización de los déficit del sistema eléctrico.

23. Gestionar el sistema de garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia.

24. Publicar los precios finales del mercado de electricidad, a partir de la información del operador del mercado y del operador del sistema.

25. En materia de protección al consumidor, gestionar el sistema de comparación de los precios del suministro de electricidad y gas natural sobre la base de las ofertas que realicen las empresas comercializadoras, así como la elaboración de informes que contengan la comparación y evolución de los precios del suministro de electricidad y gas y de los mercados minoristas.

26. Actuar como organismo supervisor de las subastas para la adquisición de gas natural para la fijación de la tarifa de último recurso, el gas talón de tanques y gasoductos y el gas colchón de almacenamientos subterráneos, así como de la capacidad de los almacenamientos básicos, cuando la normativa en la materia así lo disponga.

27. Elaborar los modelos normalizados de solicitud formal de acceso a las instalaciones del sistema gasista y de contratos de acceso, que propondrá a la Dirección General de Política Energética y Minas para su aprobación o modificación.

28. Elaborar los modelos normalizados para la publicación de la capacidad contratada y disponible, así como la metodología para su determinación, que propondrá a la Dirección General de Política Energética y Minas para su aprobación o modificación.

29. Aprobar el contrato entre el propietario de las instalaciones y el Gestor de Red Independiente en el que se detallen las condiciones contractuales así como las responsabilidades de cada uno.

30. Tramitar expedientes de exención de acceso de terceros a las instalaciones gasistas.

31. Emitir el preceptivo informe y propuesta en las autorizaciones para ejercer la comercialización de gas natural en los casos previstos en el artículo 80 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.

32. Inspeccionar el cumplimiento de los requisitos de los comercializadores de gas natural y de energía eléctrica, así como de los gestores de cargas y consumidores directos en mercado.

33. Calcular anualmente el saldo de mermas de cada red de transporte.

34. Emitir informe en los expedientes de autorización, modificación o cierre de instalaciones, en el proceso de planificación energética, en expedientes de aprobación o autorización de regímenes económicos o retributivos (sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, distribución, transporte, instalaciones singulares, entre otros), en materia de calidad de suministro y de pérdidas, así como cuando sea requerido en materia de medidas eléctricas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y su normativa de desarrollo. Asimismo, en relación con las actividades de transporte y distribución, informará las propuestas de la retribución de las actividades.

35. Informar los expedientes de autorización, modificación, transmisión o cierre de instalaciones de la red básica de gas natural, así como en los procedimientos para su adjudicación. Emitir informes en relación a las condiciones de calidad de suministro y calidad de servicio, así como las consecuencias del incumplimiento de las mismas, las Normas de Gestión Técnica del Sistema y sus Protocolos de Detalle, costes de retribución de instalaciones y en los procesos de planificación de instalaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y su normativa de desarrollo.

36. Dictar las circulares de desarrollo y ejecución de las normas contenidas en los reales decretos y órdenes del Ministro de Industria, Energía y Turismo que le habiliten para ello y que se dicten en desarrollo de la normativa energética.

37. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real Decreto.

Artículo 8.- Supervisión y control del mercado postal.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el correcto funcionamiento del mercado postal. En particular, ejercerá las siguientes funciones:

1. Velar para que se garantice el servicio postal universal, en cumplimiento de la normativa postal y la libre competencia en el sector, ejerciendo las funciones y competencias que le atribuye la legislación vigente, sin perjuicio de lo indicado en la Disposición adicional undécima de esta Ley.

2. Verificar la contabilidad analítica del operador designado y el coste neto del servicio postal universal y determinar la cuantía de la carga financiera injusta de la prestación de dicho servicio de conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Título III de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, así como en su normativa de desarrollo.

3. Gestionar el Fondo de financiación del servicio postal universal y las prestaciones de carácter público afectas a su financiación de conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Título III de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, y en su normativa de desarrollo.

4. Supervisar y controlar la aplicación de la normativa vigente en materia de acceso a la red y a otras infraestructuras y servicios postales, de conformidad con lo establecido en el Título V de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, así como en su normativa de desarrollo.

5. Realizar el control y medición de las condiciones de prestación del servicio postal universal, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del Título III de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, así como en su normativa de desarrollo.

6. Gestionar y controlar la utilización del censo promocional conforme a lo definido en el artículo 31 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme a lo que se determine reglamentariamente.

7. Dictar circulares para las entidades que operen en el sector postal, que serán vinculantes una vez publicadas en el “Boletín Oficial del Estado”.

8. Emitir el informe previsto en la Disposición adicional segunda de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, para el seguimiento de las condiciones de prestación del servicio postal universal.

9. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real Decreto.

Artículo 9.- Supervisión y control en materia de mercado de comunicación audiovisual.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el correcto funcionamiento del mercado de comunicación audiovisual. En particular, ejercerá las siguientes funciones:

1. Controlar el cumplimiento por los prestadores del servicio de comunicación televisiva de cobertura estatal, y por los demás prestadores a los que les sea de aplicación, de las obligaciones relativas a la emisión anual de obras europeas y a la financiación anticipada de la producción de este tipo de obras en los términos de lo dispuesto en el artículo 5 la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

2. Controlar el cumplimiento de las obligaciones impuestas para garantizar la transparencia en las comunicaciones audiovisuales conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.

3. Controlar el cumplimiento de las obligaciones impuestas para hacer efectivos los derechos del menor y de las personas con discapacidad conforme a lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo. En el ejercicio de esta función, la Comisión se coordinará con el departamento ministerial competente en materia de juego respecto a sus competencias en materia de publicidad, patrocinio y promoción de las actividades de juego, a efectos de hacer efectivos los derechos del menor y de las personas con discapacidad.

4. Supervisar la adecuación de los contenidos audiovisuales con el ordenamiento vigente y los códigos de autorregulación en los términos establecidos en el artículo 9 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.

5. Velar por el cumplimiento de los códigos de autorregulación sobre contenidos audiovisuales verificando su conformidad con la normativa vigente, en los términos establecidos en el artículo 12 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.

6. Controlar el cumplimiento de las obligaciones, las prohibiciones y los límites al ejercicio del derecho a realizar comunicaciones comerciales audiovisuales impuestos por los artículos 13 a 18 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.

7. Controlar el cumplimiento de las obligaciones y los límites impuestos para la contratación en exclusiva de contenidos audiovisuales, la emisión de contenidos incluidos en el catálogo de acontecimientos de interés general y la compraventa de los derechos exclusivos en las competiciones futbolísticas españolas regulares, en los términos previstos en los artículos 19 a 21 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional duodécima de esta Ley.

8. Vigilar el cumplimiento de la misión de servicio público encomendada a los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito estatal, así como la adecuación de los recursos públicos asignados para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el Título IV de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.

9. Garantizar la libertad de recepción en territorio español de servicios audiovisuales cuyos titulares se encuentren establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea, adoptando las medidas previstas en el artículo 38 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, cuando dichos servicios infrinjan de manera grave y reiterada la legislación en materia de protección de los menores frente a la programación audiovisual o contengan incitaciones al odio por razón de raza, sexo, religión o nacionalidad.

10. Adoptar las medidas de salvaguarda de la legislación española cuando el prestador de un servicio de comunicación audiovisual televisiva establecido en otro Estado miembro de la Unión Europea dirija su servicio total o principalmente al territorio español y se hubiera establecido en ese Estado miembro para eludir las normas españolas más estrictas, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 39 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.

11. Resolver sobre el carácter no publicitario de los anuncios de servicio público o de carácter benéfico, previa solicitud de los interesados, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional séptima de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.

12. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real Decreto.

Artículo 10.- Supervisión y control en materia de tarifas aeroportuarias.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá las siguientes funciones en materia de tarifas aeroportuarias:

1. Supervisar el cumplimiento del procedimiento de transparencia y consulta llevado a cabo por el gestor aeroportuario, conforme a lo dispuesto en los artículos 98 y 102 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, y declarar la inadmisión de la propuesta de la entidad gestora del aeropuerto o la inaplicación de las modificaciones tarifarias establecidas por la entidad gestora del aeropuerto, según proceda, cuando la propuesta o las modificaciones tarifarias se hayan realizado prescindiendo de dicho procedimiento.

2. Supervisar que las propuestas de modificación o actualización de las tarifas aeroportuarias presentadas por el gestor aeroportuario se ajustan a lo previsto en el artículo 101 de la Ley 21/2003, de 7 de julio.

3. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real Decreto.

Artículo 11.- Supervisión y control en el sector ferroviario.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el correcto funcionamiento del sector ferroviario. En particular, ejercerá las siguientes funciones:

1. Salvaguardar la pluralidad de la oferta en la prestación de los servicios sobre la Red Ferroviaria de Interés General y sus zonas de servicio ferroviario, así como velar por que éstos sean prestados en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias.

2. Garantizar la igualdad entre empresas, así como entre cualesquiera candidatos, en las condiciones de acceso al mercado de los servicios ferroviarios.

3. Supervisar las negociaciones entre empresas ferroviarias o candidatos y administradores de infraestructuras sobre los cánones y tarifas e intervenir en las mismas cuando prevea que el resultado de dichas negociaciones puede contravenir las disposiciones vigentes.

4. Velar por que los cánones y tarifas ferroviarios cumplan lo dispuesto en la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, y no sean discriminatorios.

5. Determinar, a petición de las autoridades competentes o de las empresas ferroviarias o candidatos interesados, que el objeto principal de un servicio internacional de transporte ferroviario de viajeros es transportar viajeros entre estaciones españolas y las de otros Estados miembros de la Unión Europea.

6. Determinar si el equilibrio económico de los contratos de servicio público ferroviario pueden verse comprometidos cuando las estaciones españolas en que se pretende tomar y dejar viajeros estén afectadas por la realización del servicio internacional de transporte ferroviario de viajeros.

7. Informar las propuestas de resolución, cuando así lo solicite el Ministerio de Fomento, en los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones para la prestación de servicios de transporte ferroviario declarados de interés público.

8. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real Decreto.

Artículo 12.- Resolución de conflictos.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá los conflictos que le sean planteados por los operadores económicos en los siguientes casos:

a) En los mercados de comunicaciones electrónicas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá los conflictos que se susciten en relación con las obligaciones existentes en virtud de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, y su normativa de desarrollo, entre operadores o entre operadores y otras entidades que, de conformidad con lo establecido en la citada Ley, se beneficien de las obligaciones de acceso e interconexión, de acuerdo con la definición que se da a los conceptos de acceso e interconexión en el Anexo II de dicha Ley. En particular, resolverá:

1.º Los conflictos en materia de acceso, interconexión e interoperabilidad derivados de obligaciones que en su caso resulten de las actuaciones a que se refieren los apartados 3 y 4 del artículo 11 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, así como de las obligaciones específicas a que se refiere el artículo 13 de dicha Ley.

2.º Los conflictos entre operadores en relación con la forma de sufragar los costes que produzca la conservación de los números telefónicos a que se refiere el artículo 18 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre.

3.º Los conflictos entre operadores en relación con las condiciones de uso compartido a que se refiere el artículo 30 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre.

4.º Los conflictos que se produzcan entre prestadores de servicios de consulta telefónica y operadores de redes públicas telefónicas fijas, de acuerdo con la Orden CTE/711/2002, de 26 de marzo, por la que se establecen las condiciones de prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado.

5.º Los conflictos que surjan sobre las condiciones en las que se ofertará el servicio mayorista de acceso a bandas de frecuencias de conformidad con el artículo 4.6 del Real Decreto 458/2011, de 1 de abril, sobre actuaciones en materia de espectro radioeléctrico para el desarrollo de la sociedad digital.

6.º Los conflictos en materia de itinerancia.

7.º Los conflictos transfronterizos entre prestadores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas en el que una de las partes esté radicada en otro Estado miembro de la Unión Europea, a que se refiere el artículo 14.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre.

8.º Los conflictos que sobre la gestión del múltiple digital surjan entre los prestadores de los servicios de comunicación audiovisual.

b) En los mercados de la electricidad y del gas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá los siguientes conflictos:

1.º Conflictos que le sean planteados respecto a los contratos relativos al acceso de terceros a las redes de transporte y, en su caso, distribución, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

2.º Conflictos que le sean planteados en relación con la gestión económica y técnica del sistema y el transporte, incluyendo las conexiones entre instalaciones.

c) En materia de tarifas aeroportuarias, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá los recursos frente a las decisiones de las sociedades concesionarias de servicios aeroportuarios relativas a la modificación del sistema o nivel de sus tarifas aeroportuarias, que interpongan las asociaciones u organizaciones representativas de compañías usuarias del aeropuerto, o, en los términos en que se desarrolle reglamentariamente, los que pudieran plantear individualmente las compañías usuarias del aeropuerto. Esta resolución incluirá la modificación tarifaria revisada que proceda, que sustituirá al contenido de la decisión del concesionario y, en su caso, los estándares que se correspondan con los indicadores y niveles de calidad de servicio que considere aceptables y consistentes con la modificación tarifaria revisada.

En este procedimiento la Comisión verificará que la decisión de la sociedad concesionaria de servicios aeroportuarios se ha producido conforme al procedimiento establecido en el artículo 102 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, se ajusta a los requisitos establecidos en el artículo 103.1 de dicha Ley, y responde a los principios de no discriminación, objetividad, eficiencia, transparencia, recuperación de costes y máxima flexibilidad para la fijación de las tarifas dentro de los límites que imponga la modificación tarifaria revisada.

En el establecimiento de la modificación tarifaria revisada, la Comisión intentará evitar fluctuaciones excesivas de las tarifas aeroportuarias, siempre y cuando sea compatible con el resto de principios de los párrafos anteriores.

En el supuesto de apreciarse irregularidades en el procedimiento de consulta y transparencia previsto en el artículo 102 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, que no den lugar a una revisión de la modificación tarifaria, se podrán formular recomendaciones sobre las medidas a adoptar en futuras consultas, incluida la necesidad de ampliarlas a las compañías no representadas por asociaciones u organizaciones representativas.

d) En el mercado postal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá sobre:

1.º Conflictos, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, entre el operador designado para prestar el servicio postal universal y otros operadores postales que prestan servicios en el ámbito del servicio postal universal respecto al acceso a la red postal y a otros elementos de infraestructura y servicios postales.

2.º Establecimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 45.3 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, a petición del operador interesado, de las condiciones de acceso a la red postal si las negociaciones entre titulares de autorizaciones singulares y el operador designado no hubieran concluido en la celebración de un contrato.

3.º Conflictos, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, que se planteen entre operadores postales no designados para la prestación del servicio postal universal.

e) En el mercado de comunicación audiovisual, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá los siguientes conflictos:

1.º Los conflictos que se susciten entre los agentes intervinientes en los mercados de comunicación audiovisual sobre materias en las que la Comisión tenga atribuida competencia.

2.º Los conflictos que se susciten en relación con la cesión de canales de radio y televisión a que se refiere el artículo 31 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.

3.º Los conflictos que se susciten en relación con el acceso a estadios y recintos deportivos por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual radiofónica a que se refiere el artículo 19.4 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.

f) En el sector ferroviario, corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia conocer y resolver las reclamaciones que presenten las empresas ferroviarias y los restantes candidatos en relación con la actuación del administrador de infraestructuras ferroviarias, las empresas ferroviarias y los restantes candidatos que versen sobre:

1.º El otorgamiento y uso del certificado de seguridad y el cumplimiento de las obligaciones que éste comporte.

2.º La aplicación de los criterios contenidos en las declaraciones sobre la red.

3.º Los procedimientos de adjudicación de capacidad y sus resultados.

4.º La cuantía, la estructura o la aplicación de los cánones y tarifas que se les exijan o puedan exigírseles.

5.º Cualquier trato discriminatorio en el acceso a las infraestructuras o a los servicios ligados a éstas que se produzca por actos llevados a cabo por otras empresas ferroviarias o candidatos.

6.º La prestación de servicios en los corredores ferroviarios internacionales de transporte de mercancías.

Las reclamaciones deberán presentarse en el plazo de un mes desde que se produzca el hecho o la decisión correspondiente.

2. En la resolución de los conflictos a que hace referencia el apartado anterior, la Comisión resolverá acerca de cualquier denuncia y adoptará, a petición de cualquiera de las partes, una resolución para resolver el litigio lo antes posible y, en todo caso, en un plazo de tres meses desde la recepción de toda la información.

La resolución que dicte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en los casos previstos en el apartado anterior será vinculante para las partes sin perjuicio de los recursos que procedan de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de esta Ley.

CAPÍTULO III.- Organización y funcionamiento

Artículo 13.- Órganos de gobierno.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá sus funciones a través de los siguientes órganos de gobierno:

a) El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

b) El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que lo será también de su Consejo.

Artículo 14.- El Consejo.

1. El Consejo es el órgano colegiado de decisión en relación con las funciones resolutorias, consultivas, de promoción de la competencia y de arbitraje y de resolución de conflictos atribuidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sin perjuicio de las delegaciones que pueda acordar.

En todo caso, son facultades indelegables del Consejo la aprobación del anteproyecto de presupuestos del organismo, de su memoria anual y sus planes anuales o plurianuales de actuación en que se definan sus objetivos y sus prioridades, la aprobación del reglamento de funcionamiento interno, el nombramiento del personal directivo, la impugnación de actos y disposiciones a los que se refiere el artículo 5.4 de esta Ley y, en su caso, la potestad de dictar circulares y comunicaciones de carácter general a los agentes del mercado objeto de regulación o supervisión en cada caso.

2. El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está integrado por diez miembros.

3. A las reuniones del Consejo podrá asistir, con voz pero sin voto, el personal directivo de la Comisión y cualquier integrante del personal no directivo que determine el Presidente, de acuerdo con los criterios generales que a tal efecto acuerde el Consejo. No podrán asistir a las reuniones del Consejo los miembros del Gobierno ni los altos cargos de las Administraciones Públicas.

Artículo 15.- Nombramiento y mandato de los miembros del Consejo.

1. Los miembros del Consejo, y entre ellos el Presidente y el Vicepresidente, serán nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de actuación de la Comisión, previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, podrá vetar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural a contar desde la recepción de la correspondiente comunicación. Transcurrido dicho plazo sin manifestación expresa del Congreso, se entenderán aceptados los correspondientes nombramientos.

2. El mandato de los miembros del Consejo será de seis años sin posibilidad de reelección. La renovación de los miembros del Consejo se hará parcialmente cada dos años, de modo que ningún miembro del Consejo permanezca en su cargo por tiempo superior a seis años.

Artículo 16.- Funcionamiento del Consejo.

1. El Consejo actúa en pleno o en sala. La asistencia de los miembros del Consejo a las reuniones del Consejo es obligatoria, salvo casos debidamente justificados.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate decidirá el voto de quien presida la reunión.

2. A propuesta del Presidente, el Consejo en pleno, elegirá un Secretario no consejero, que deberá ser licenciado en derecho o titulación que lo sustituya y funcionario de carrera perteneciente a un cuerpo del subgrupo A1, al servicio de la Administración General del Estado, que tendrá voz pero no voto, al que corresponderá asesorar al Consejo en derecho, informar sobre la legalidad de los asuntos sometidos a su consideración, así como las funciones propias de la secretaría de los órganos colegiados. El servicio jurídico del organismo dependerá de la Secretaría del Consejo.

3. El régimen de funcionamiento del Consejo en pleno y salas se desarrollará en el Reglamento de funcionamiento interno, que será aprobado por el pleno según lo dispuesto en el artículo 26.4.

Artículo 17.- El pleno del Consejo.

1. El Consejo en pleno está integrado por todos los miembros del Consejo. Lo preside el Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente, le suplirá el Vicepresidente o en su defecto, el consejero de mayor antigüedad y, a igualdad de antigüedad, el de mayor edad.

2. El pleno del Consejo se entenderá válidamente constituido con la asistencia del Presidente o persona que lo sustituya, el Secretario, y cinco miembros del Consejo.

Artículo 18.- Las salas del Consejo.

1. El Consejo consta de dos salas, una dedicada a temas de competencia y otra a supervisión regulatoria.

2. Cada una de las salas estará compuesta por cinco miembros del Consejo. La Sala de Competencia estará presidida por el Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la de Supervisión regulatoria por el Vicepresidente. El Consejo en pleno determinará la asignación de los miembros del Consejo a cada sala y, en los términos establecidos reglamentariamente, aprobará y publicará el régimen de rotación entre salas de los consejeros, incluyendo los criterios de selección y periodicidad de las rotaciones. Cuando concurran circunstancias excepcionales que lo justifiquen, podrá adoptar otras medidas tendentes a garantizar el adecuado funcionamiento de las salas.

3. La convocatoria de las salas corresponde a su Presidente, por propia iniciativa o a petición de, al menos, la mitad de los consejeros.

4. Las salas del Consejo se entenderán válidamente constituidas con la asistencia de su Presidente, o persona que le sustituya, el Secretario del Consejo y, al menos, dos consejeros.

Artículo 19.- Funciones del Presidente.

1. Corresponde al Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia:

a) Ejercer, en general, las competencias que a los presidentes de los órganos colegiados administrativos atribuye la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) Convocar al Consejo en pleno por propia iniciativa o a petición de, al menos, la mitad de los consejeros, y presidirlo.

c) Ostentar la representación legal e institucional de la Comisión.

d) Velar por el adecuado desarrollo de las actuaciones de la Comisión, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

e) Mantener el buen orden y gobierno de la organización de la Comisión.

f) Impulsar la actuación de la Comisión y el cumplimiento de las funciones que tenga encomendadas. En particular, la propuesta de los planes anuales o plurianuales de actuación, en los que se definan sus objetivos y prioridades.

g) Ejercer funciones de jefatura del personal de la Comisión, de acuerdo con las competencias atribuidas por su legislación específica.

h) Dirigir, coordinar, evaluar y supervisar las distintas unidades de la Comisión, sin perjuicio de las funciones del Consejo; en particular coordinar, con la asistencia del Secretario del Consejo, el correcto funcionamiento de las unidades de la Comisión.

i) Dar cuenta al titular del Ministerio de adscripción de las vacantes que se produzcan en el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

j) Aprobar los actos de ejecución de los presupuestos de la Comisión.

k) Ejercer las competencias que le correspondan en la contratación de la Comisión.

l) Cuantas funciones le delegue el Consejo.

m) Efectuar la rendición de cuentas de la Comisión, de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

n) Comparecer ante el Parlamento en los términos previstos en esta Ley.

o) Ostentar la presidencia del Consejo de Defensa de la Competencia.

p) Cualesquiera otras que le atribuya el Estatuto al que se refiere el artículo 26 o el Reglamento de funcionamiento interno.

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el Presidente será sustituido en el ejercicio de sus funciones por el Vicepresidente.

Artículo 20.- Funciones del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es el órgano de decisión en relación con las funciones resolutorias, consultivas, de promoción de la competencia y de arbitraje y de resolución de conflictos previstas en esta Ley. En particular, es el órgano competente para:

1. Resolver y dictaminar los asuntos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene atribuidos por esta Ley y por el resto de la legislación vigente.

2. Resolver los procedimientos sancionadores previstos en la legislación sectorial y en la Ley 15/2007, de 3 de julio, y sus normas de desarrollo cuando no correspondan a otros órganos de la Administración General del Estado.

3. Solicitar o acordar el envío de expedientes de control de concentraciones que entren en el ámbito de aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, a la Comisión Europea, según lo previsto en los artículos 9 y 22 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero, sobre el control de las concentraciones entre empresas.

4. Acordar el levantamiento de la obligación de suspensión de la ejecución de una concentración económica, de conformidad con el artículo 9.6 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.

5. Resolver sobre el cumplimiento de las resoluciones y decisiones en materia de conductas prohibidas y de concentraciones.

6. Adoptar las comunicaciones previstas en el artículo 30.3 de esta Ley, así como las declaraciones de inaplicabilidad previstas en el artículo 6 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.

7. Aprobar las circulares previstas en esta Ley.

8. Interesar la instrucción de expedientes.

9. Adoptar los informes a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 5.2 de esta Ley, los informes, estudios y trabajos sobre sectores económicos y en materia de competencia y los informes en materia de ayudas públicas.

10. Acordar la impugnación de los actos y disposiciones a los que se refiere el artículo 5.4 de esta Ley.

11. Aprobar su Reglamento de funcionamiento interno, en el cual se establecerá su funcionamiento administrativo y la organización de sus servicios.

12. Resolver sobre las recusaciones, y correcciones disciplinarias del Presidente, Vicepresidente y consejeros y apreciar la incapacidad y el incumplimiento grave de sus funciones.

13. Nombrar y acordar el cese del personal directivo, a propuesta del Presidente del Consejo.

14. Nombrar y acordar el cese del Secretario, a propuesta del Presidente del Consejo.

15. Aprobar el anteproyecto de presupuesto y formular las cuentas del organismo.

16. Aprobar la memoria anual del organismo, así como los planes anuales o plurianuales de actuación en los que se definan objetivos y prioridades.

Artículo 21.- Competencias de pleno y salas.

1. El pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia conocerá de los siguientes asuntos:

a) Los que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14.1 de la presente Ley, sean indelegables para el Consejo, con la excepción de la impugnación de actos y disposiciones a los que se refiere el artículo 5.4.

b) Aquellos en que se manifieste una divergencia de criterio entre la Sala de Competencia y la de Supervisión regulatoria.

c) Los asuntos que por su especial incidencia en el funcionamiento competitivo de los mercados o actividades sometidos a supervisión, recabe para sí el pleno, por mayoría de seis votos y a propuesta del Presidente o de tres miembros del Consejo.

2. Las salas conocerán de los asuntos que no estén expresamente atribuidos al pleno. Reglamentariamente se determinarán los supuestos en los que, correspondiendo el conocimiento de un asunto a una de las salas, deba informar la otra con carácter preceptivo. En todo caso, deberá emitirse informe en los siguientes asuntos:

a) Por la Sala de Competencia, en los procedimientos que, previstos en los artículos 6 a 11 de esta Ley, afecten al grado de apertura, la transparencia, el correcto funcionamiento y la existencia de una competencia efectiva en los mercados.

b) Por la Sala de Supervisión regulatoria, en los procedimientos en materia de defensa de la competencia previstos por el artículo 5 de esta Ley que estén relacionados con los sectores a los que se refieren los artículos 6 a 11.

Artículo 22.- Funciones e incompatibilidades de los miembros del Consejo.

1. Los miembros del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerán su función con dedicación exclusiva y tendrán la consideración de altos cargos de la Administración General del Estado.

2. Los miembros del Consejo no podrán asumir individualmente funciones ejecutivas o de dirección de áreas concretas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que correspondan al personal directivo de la Comisión.

3. Los miembros del Consejo estarán sometidos al régimen de incompatibilidad de actividades establecido para los altos cargos de la Administración General del Estado en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, y en sus disposiciones de desarrollo.

4. Durante los dos años posteriores a su cese, el Presidente, el Vicepresidente y los consejeros no podrán ejercer actividad profesional privada alguna relacionada con los sectores regulados y la actividad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

En virtud de esta limitación, el Presidente, el Vicepresidente y los consejeros de esta Comisión, al cesar en su cargo por renuncia, expiración del término de su mandato o incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a percibir, a partir del mes siguiente a aquel en que se produzca su cese y durante un plazo igual al que hubieran desempeñado su cargo, con el límite máximo de dos años, una compensación económica mensual igual a la doceava parte del ochenta por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el presupuesto en vigor durante el plazo indicado.

No habrá lugar a la percepción de dicha compensación en caso de desempeño, de forma remunerada, de cualquier puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público o privado en los términos previstos en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

 

Artículo 23.- Causas de cese en el ejercicio del cargo.

1. Los miembros del Consejo cesarán en su cargo:

a) Por renuncia aceptada por el Gobierno.

b) Por expiración del término de su mandato.

c) Por incompatibilidad sobrevenida.

d) Por haber sido condenado por delito doloso.

e) Por incapacidad permanente.

f) Mediante separación acordada por el Gobierno por incumplimiento grave de los deberes de su cargo o el incumplimiento de las obligaciones sobre incompatibilidades, conflictos de interés y del deber de reserva. La separación será acordada por el Gobierno, con independencia del régimen sancionador que en su caso pudiera corresponder, previa instrucción de expediente por el titular del Ministerio de Economía y Competitividad.

2. Si durante el período de duración del mandato correspondiente a un determinado Consejero se produjera su cese, el sucesor será nombrado por el tiempo que restase al sustituido para la terminación de su mandato. Si el cese se hubiera producido una vez transcurridos cuatro años desde el nombramiento, no resultará de aplicación el límite anterior, y el sucesor será nombrado por el periodo de seis años previsto con carácter general.

3. Continuarán desempeñando su cargo en funciones los miembros del Consejo en los que concurran las causas de cese contempladas en las letras a) y b) del apartado 1 hasta que se publique en el “Boletín Oficial del Estado” el real decreto de cese correspondiente.

 

Artículo 24.- Obligación de informar y garantías para la actuación imparcial.

1. El Presidente, el Vicepresidente, los consejeros, directivos y empleados, o sus representantes, que hayan prestado servicios profesionales en entidades de un mercado o sector en el que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejerce su supervisión, deberán notificar al Consejo cualquier derecho o facultad, cualquiera que sea su denominación, a reserva o recuperación de las relaciones profesionales, a indemnizaciones o a cualesquiera ventajas de contenido patrimonial. En el caso de los miembros del Consejo dicha circunstancia deberá hacerse pública.

2. En aplicación de los principios de independencia y objetividad, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia garantizará que sus empleados cuenten en sus actuaciones y en los procedimientos en que intervengan con reglas objetivas, predeterminadas y que delimiten adecuadamente las responsabilidades que les incumben.

 

Artículo 25.- Órganos de dirección.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contará con cuatro direcciones de instrucción a las que les corresponderá el ejercicio de las funciones señaladas en este artículo, además de aquellas que les pudiera delegar el Consejo, a excepción de las funciones de desarrollo normativo y de resolución y dictamen que dicho órgano tiene atribuidas de conformidad con el artículo 20 de esta Ley:

a) La Dirección de Competencia, a la que le corresponderá la instrucción de los expedientes relativos a las funciones previstas en el artículo 5 de esta Ley.

b) La Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual, a la que corresponderá la instrucción de los expedientes relativos a las funciones previstas en los artículos 6, 9 y 12.1.a) y e) de esta Ley.

c) La Dirección de Energía, a la que corresponderá la instrucción de los expedientes relativos a las funciones previstas en los artículos 7 y 12.1.b) de esta Ley.

d) La Dirección de Transportes y del Sector Postal, a la que corresponderá la instrucción de los expedientes relativos a las funciones previstas en los artículos 8, 10, 11 y 12.1.c), d) y f) de esta Ley.

2. Las Direcciones mencionadas en el apartado anterior ejercerán sus funciones de instrucción con independencia del Consejo.

3. Los titulares de las Direcciones de instrucción ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y estarán sometidos al régimen de incompatibilidades de actividades establecido para los altos cargos en la Ley 5/2006, de 10 de abril, y en sus disposiciones de desarrollo.

Su régimen de nombramiento y cese será el establecido para el personal directivo, según lo dispuesto en el artículo 26.3 de esta Ley.

 

Artículo 26.- Estatuto Orgánico y Reglamento de funcionamiento interno.

1. El Gobierno aprobará, mediante real decreto, el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

2. El Estatuto Orgánico determinará la distribución de asuntos en el Consejo entre el pleno y las salas y las funciones y la estructura interna de las Direcciones de instrucción y demás áreas de responsabilidad, cualquiera que sea su denominación, al frente de las cuales se designará al personal directivo.

3. Corresponde al personal directivo la dirección, la organización, impulso y cumplimiento de las funciones encomendadas al área a cuyo frente se encuentre, de acuerdo con las instrucciones emanadas del Consejo y del Presidente de la Comisión, sin perjuicio de la debida separación entre las funciones de instrucción y resolución en procedimientos sancionadores.

El personal directivo de otras áreas de responsabilidad diferentes a las Direcciones de instrucción, será nombrado y cesado por el pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a propuesta de su Presidente. La selección se realizará mediante convocatoria pública y con procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.5 de esta Ley.

4. El pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará el Reglamento de funcionamiento interno del organismo, en el que se regulará, respetando lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la actuación de sus órganos, la organización del personal, el régimen de transparencia y de reserva de la información y, en particular, el funcionamiento del Consejo, incluyendo el régimen de convocatorias y sesiones del pleno y de las salas y el procedimiento interno para la elevación de asuntos para su consideración y su adopción. La aprobación del Reglamento requerirá el voto favorable de, al menos, seis de los miembros del Consejo.

 

CAPÍTULO IV.- Régimen de actuación y potestades

Artículo 27.- Facultades de inspección.

1. El personal funcionario de carrera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, debidamente autorizado por el director correspondiente, tendrá la condición de agente de la autoridad y podrá realizar cuantas inspecciones sean necesarias en las empresas y asociaciones de empresas para la debida aplicación de esta Ley.

2. El personal habilitado a tal fin tendrá las siguientes facultades de inspección:

a) Acceder a cualquier local, instalación, terreno y medio de transporte de las empresas y asociaciones de empresas y al domicilio particular de los empresarios, administradores y otros miembros del personal de las empresas. Asimismo podrán controlar los elementos afectos a los servicios o actividades que los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta Ley, de las redes que instalen o exploten y de cuantos documentos están obligados a poseer o conservar.

b) Verificar los libros, registros y otros documentos relativos a la actividad de que se trate, cualquiera que sea su soporte material, incluidos los programas informáticos y los archivos magnéticos, ópticos o de cualquier otra clase.

c) Hacer u obtener copias o extractos, en cualquier formato, de dichos libros o documentos.

d) Retener por un plazo máximo de diez días los libros o documentos mencionados en la letra b).

e) Precintar todos los locales, libros o documentos y demás bienes de la empresa durante el tiempo y en la medida en que sea necesario para la inspección.

f) Solicitar a cualquier representante o miembro del personal de la empresa o de la asociación de empresas explicaciones sobre hechos o documentos relacionados con el objeto y la finalidad de la inspección y guardar constancia de sus respuestas.

El ejercicio de las facultades descritas en las letras a) y e) requerirá el previo consentimiento expreso del afectado o, en su defecto, la correspondiente autorización judicial.

3. Las empresas y asociaciones de empresas están obligadas a someterse a las inspecciones que el órgano competente haya autorizado.

4. Si la empresa o asociación de empresas se opusieran a una inspección o existiese el riesgo de tal oposición, el órgano competente de la Comisión deberá solicitar la correspondiente autorización judicial, cuando la misma implique restricción de derechos fundamentales, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que resolverá en el plazo máximo de 48 horas. Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario al personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para el ejercicio de las funciones de inspección.

5. El personal funcionario de carrera encargado de la inspección levantará acta de sus actuaciones. Las actas extendidas tendrán naturaleza de documentos públicos y harán prueba, salvo que se acredite lo contrario, de los hechos que motiven su formalización.

6. Los datos e informaciones obtenidos sólo podrán ser utilizados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para las finalidades previstas en esta Ley y en la Ley 15/2007, de 3 de julio.

 

Artículo 28.- Requerimientos de información, deber de secreto y acceso a los registros estatales.

1. Toda persona física o jurídica y los órganos y organismos de cualquier Administración Pública quedan sujetos al deber de colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de la protección de la libre competencia y están obligados a proporcionar, a requerimiento de ésta y en plazo, toda clase de datos e informaciones de que dispongan y que puedan resultar necesarias para el desarrollo de las funciones de dicha Comisión.

Los requerimientos de información habrán de estar motivados y ser proporcionados al fin perseguido. En los requerimientos que dicte al efecto, se expondrá de forma detallada y concreta el contenido de la información que se vaya a solicitar, especificando de manera justificada la función para cuyo desarrollo es precisa tal información y el uso que pretende hacerse de la misma.

2. Los datos e informaciones obtenidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el desempeño de sus funciones, con la excepción de los previstos por las letras c), d), e) y f) del apartado 1 del artículo 5 de esta Ley, que tengan carácter confidencial por tratarse de materias protegidas por el secreto comercial, industrial o estadístico, sólo podrán ser cedidos al Ministerio competente, a las Comunidades Autónomas, a la Comisión Europea y a las autoridades de otros Estados miembros de la Unión Europea en el ámbito de sus competencias, así como a los tribunales en los procesos judiciales correspondientes.

Quien tenga conocimiento de estos datos estará obligado a guardar sigilo respecto de los mismos. Sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que pudieran corresponder, la violación del deber de sigilo se considerará falta disciplinaria muy grave.

3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá acceso a los registros previstos en la legislación estatal reguladora de los sectores incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley. Asimismo, la Administración General del Estado tendrá acceso a las bases de datos que obren en poder de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

A estos efectos, se realizarán los desarrollos informáticos oportunos con el fin de facilitar el acceso electrónico a que se refiere el párrafo anterior, de forma que se puedan realizar consultas sobre información contenidas en las bases de datos y registros en condiciones que mantengan la seguridad, confidencialidad e integridad de la información.

 

Artículo 29.- Potestad sancionadora.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá la potestad de inspección y sanción de acuerdo con lo previsto en el Capítulo II del Título IV de la Ley 15/2007, de 3 de julio, en el Título VI de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, en el Título VIII de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en el Título X de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, en el Título VI de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, en el título VII de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, y en el Título VII de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

2. Para el ejercicio de la potestad sancionadora, se garantizará la debida separación funcional entre la fase instructora, que corresponderá al personal de la dirección correspondiente en virtud de la materia, y la resolutoria, que corresponderá al Consejo.

3. El procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora se regirá por lo establecido en esta Ley en las leyes mencionadas en el apartado 1, así como, en lo no previsto en las normas anteriores, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en su normativa de desarrollo. En concreto, el procedimiento sancionador en materia de defensa de la competencia se regirá por las disposiciones específicas previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio.

4. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.

 

Artículo 30.- Circulares, circulares informativas y comunicaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá dictar las disposiciones de desarrollo y ejecución de las leyes, reales decretos y órdenes ministeriales que se aprueben en relación con los sectores sometidos a su supervisión cuando le habiliten expresamente para ello. Estas disposiciones adoptarán la forma de circulares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Las circulares tendrán carácter vinculante para los sujetos afectados por su ámbito de aplicación, una vez publicadas en el “Boletín Oficial del Estado”.

En el procedimiento de elaboración de las circulares se dará audiencia a los titulares de derechos e intereses legítimos que resulten afectados por las mismas, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que los agrupen o los representen y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la circular, y se fomentará en general la participación de los ciudadanos.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá efectuar requerimientos de información periódica y dirigidos a la generalidad de los sujetos afectados. Estos requerimientos adoptarán la forma de circulares informativas.

Las circulares informativas habrán de ser motivadas y proporcionadas al fin perseguido y respetarán la garantía de confidencialidad de la información aportada, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de esta Ley.

En ellas se expondrá de forma detallada y concreta el contenido de la información que se vaya a solicitar, especificando de manera justificada la función para cuyo desarrollo es precisa tal información y el uso que se hará de la misma.

3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá dictar comunicaciones que aclaren los principios que guían su actuación.

 

Artículo 31.- Régimen jurídico del personal.

1. El personal que preste servicios en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia será funcionario o laboral, en los términos establecidos en la Administración General del Estado, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.

2. El personal funcionario se regirá por las normas reguladoras de la función pública aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado.

La provisión de puestos de trabajo del personal funcionario se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos de provisión establecidos en la normativa sobre función pública aplicable al personal funcionario de la Administración General del Estado.

3. El personal laboral se regirá por el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, la normativa convencional aplicable, y por los preceptos de la Ley 7/2007, de 12 de abril, que expresamente le resulten de aplicación.

La selección del personal laboral se llevará a cabo, en ejecución de la oferta de empleo público de la Administración General del Estado, mediante convocatoria pública, con sujeción a los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de acceso al empleo público de las personas con discapacidad.

4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contará con una relación de puestos de trabajo que deberá ser aprobada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la que constarán, en todo caso, aquellos puestos que deban ser desempeñados en exclusiva por funcionarios públicos, por consistir en el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas y la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de esta Ley, se determinarán en el Estatuto Orgánico los puestos de trabajo que por su especial responsabilidad, competencia técnica o relevancia de sus tareas, tienen naturaleza directiva. El personal directivo será funcionario de carrera del subgrupo A1 y, con carácter excepcional, se podrán cubrir dichos puestos en régimen laboral mediante contratos de alta dirección, siempre que no tengan atribuido el ejercicio de potestades o funciones públicas incluidas en el ámbito del artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. La cobertura de estos puestos se realizará en los términos previstos en el artículo 26.3 de esta Ley.

A los contratos de alta dirección les será de aplicación lo dispuesto en la Disposición adicional octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector público empresarial.

6. La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal directivo, como del resto del personal, requerirá el informe previo y favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Respecto al personal directivo se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, y a las demás normas, en especial las de presupuestos, que sean aplicables.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectuará con la periodicidad adecuada controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos, de conformidad con los criterios que a tal efecto haya establecido.

 

Artículo 32.- Régimen de contratación.

Los contratos que celebre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se ajustarán a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público, siendo su órgano de contratación el Presidente de la misma.

 

Artículo 33.- Régimen económico-financiero y patrimonial.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá patrimonio propio e independiente del patrimonio de la Administración General del Estado.

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contará, para el cumplimiento de sus fines, con los siguientes bienes y medios económicos:

a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

b) Los bienes y derechos que constituyan su patrimonio así como los productos y rentas del mismo.

c) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos.

3. El control económico y financiero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se efectuará con arreglo a lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.

 

Artículo 34.- Presupuesto, régimen de contabilidad y control económico y financiero.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia elaborará y aprobará anualmente un anteproyecto de presupuesto, cuyos créditos tendrán carácter limitativo, y lo remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través del Ministerio de Economía y Competitividad para su posterior tramitación de acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

2. El régimen de variaciones y de vinculación de los créditos de dicho presupuesto será el que se establezca en el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

3. Corresponde al Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobar los gastos y ordenar los pagos y efectuar la rendición de cuentas del organismo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia formulará y rendirá sus cuentas de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y las normas y principios de contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública y sus normas de desarrollo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dispondrá de un sistema de contabilidad analítica que proporcione información de costes sobre su actividad que sea suficiente para una correcta y eficiente adopción de decisiones.

5. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas por su Ley Orgánica, la gestión económico financiera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estará sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado en los términos que establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. El control financiero permanente se realizará por la Intervención Delegada en la Comisión Nacional bajo la dependencia funcional de la Intervención General de la Administración del Estado.

 

Artículo 35.- Asistencia jurídica.

La asistencia jurídica, consistente en el asesoramiento, representación y defensa en juicio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, corresponde al Servicio Jurídico del Estado cuyo centro directivo superior es la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico, mediante la formalización del oportuno convenio en los términos previstos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas y su normativa de desarrollo.

 

Artículo 36.- Recursos contra los actos, las decisiones y las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

1. Los actos y decisiones de los órganos de la Comisión distintos del Presidente y del Consejo podrán ser objeto de recurso administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

No obstante, respecto a los actos dictados en aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, únicamente podrán ser objeto de recurso aquéllos a los que hace referencia el artículo 47 de dicha Ley.

2. Los actos y resoluciones del Presidente y del Consejo, en pleno y en salas, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dictados en el ejercicio de sus funciones públicas pondrán fin a la vía administrativa y no serán susceptibles de recurso de reposición, siendo únicamente recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

 

CAPÍTULO V.- Transparencia y responsabilidad

Artículo 37.- Publicidad de las actuaciones.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hará públicas todas las disposiciones, resoluciones, acuerdos e informes que se dicten en aplicación de las leyes que las regulan, una vez notificados a los interesados, tras resolver en su caso sobre los aspectos confidenciales de su contenido y previa disociación de los datos de carácter personal a los que se refiere el artículo 3.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, salvo en lo que se refiere al nombre de los infractores. En particular, se difundirán:

a) La organización y funciones de la Comisión y de sus órganos, incluyendo los currículum vítae de los miembros del Consejo y del personal directivo.

b) La relación de los acuerdos adoptados en las reuniones del Consejo.

c) Los informes en que se basan las decisiones del Consejo.

d) La memoria anual de actividades que incluya las cuentas anuales, la situación organizativa y la información relativa al personal y las actividades realizadas por la Comisión, con los objetivos perseguidos y los resultados alcanzados, que se enviará a la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados y al titular del Ministerio de Economía y Competitividad.

e) Los informes económicos sectoriales, de carácter anual, en los que se analizará la situación competitiva del sector, la actuación del sector público y las perspectivas de evolución del sector, sin perjuicio de los informes que puedan elaborar los departamentos ministeriales. El informe se enviará en todo caso a la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados y a los titulares del Ministerio competente en el sector de que se trate y del Ministerio de Economía y Competitividad y en su caso, al titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la parte relativa a las reclamaciones de los usuarios finales.

f) Otros informes elaborados sobre la estructura competitiva de mercados o sectores productivos, sin perjuicio de su remisión al titular del Ministerio de Economía y Competitividad.

g) El plan de actuación de la Comisión para el año siguiente, incluyendo las líneas básicas de su actuación en ese año, con los objetivos y prioridades correspondientes. Este plan de actuaciones se enviará también a la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados y al titular del Ministerio de Economía y Competitividad.

h) Los informes elaborados sobre proyectos normativos o actuaciones del sector público.

i) Las reuniones de los miembros de la Comisión con empresas del sector, siempre que su publicidad no afecte al cumplimiento de los fines que tiene encomendada la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

j) Las resoluciones que pongan fin a los procedimientos.

k) Las resoluciones que acuerden la imposición de medidas cautelares.

l) La iniciación de un expediente de control de concentraciones.

m) La incoación de expedientes sancionadores.

n) La realización de inspecciones de acuerdo con la Ley 15/2007, de 3 de julio.

2. Las disposiciones, resoluciones, acuerdos, informes y la memoria anual de actividades y el plan de actuación se harán públicos por medios electrónicos.

3. Cada tres años, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia presentará una evaluación de sus planes de actuación y los resultados obtenidos para poder valorar su impacto en el sector y el grado de cumplimiento de las resoluciones dictadas. Estas evaluaciones se enviarán también a la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados y al titular del Ministerio de Economía y Competitividad.

 

Artículo 38.- Medidas para mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de los procedimientos de supervisión.

1. Sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos por el Capítulo IV de esta Ley en materia de control económico y financiero, la Comisión dispondrá de un órgano de control interno cuya dependencia funcional y capacidad de informe se regirá por los principios de imparcialidad, objetividad y evitar la producción de conflictos de intereses.

2. La Comisión elaborará anualmente una memoria sobre su función supervisora que incluirá un informe del órgano de control interno sobre la adecuación de las decisiones adoptadas por la Comisión a la normativa procedimental aplicable. Esta memoria deberá ser aprobada por el Consejo y remitida a las Cortes Generales y al Ministerio de Economía y Competitividad.

 

Artículo 39.- Control parlamentario.

1. El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá comparecer con periodicidad al menos anual ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados para exponer las líneas básicas de su actuación y sus planes y prioridades para el futuro. Junto con el Presidente, podrán comparecer, a petición de la Cámara, uno o varios miembros del Consejo.

2. Las comparecencias anuales estarán basadas en la memoria anual de actividades y el plan de actuación.

3. Sin perjuicio de su comparecencia anual, el Presidente comparecerá ante la Comisión correspondiente del Congreso o del Senado, a petición de las mismas en los términos establecidos en sus respectivos Reglamentos.

4. Cada tres años el Presidente comparecerá de forma especial para debatir la evaluación del plan de actuación y el resultado obtenido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

 

Disposición adicional primera.- Constitución y ejercicio efectivo de las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

1. Inmediatamente después de la aprobación del Estatuto Orgánico, el Ministro de Economía y Competitividad propondrá al Gobierno el nombramiento de los miembros del Consejo, quienes comparecerán ante el Congreso, que tendrá un mes para vetarlos en los términos del artículo 15 de esta Ley.

2. En el plazo de 20 días desde la publicación del real decreto de nombramiento de los miembros del Consejo, se procederá a la constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a través de la constitución del Consejo. Una vez constituido, el Consejo procederá a nombrar al Secretario.

3. Constituida la Comisión, el Consejo contará con el plazo de un mes para llevar a cabo las siguientes acciones:

a) Nombramiento del personal directivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.3 de esta Ley.

b) Elaboración del Reglamento de funcionamiento interno.

c) Integración de medios personales y materiales que correspondan a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

4. La puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que implicará el ejercicio efectivo por parte de sus órganos de las funciones que tienen atribuidas, se iniciará en la fecha que al efecto se determine por orden del Ministro de Economía y Competitividad y, en todo caso, en el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de esta Ley. En esta fecha se tendrá que haber producido la transferencia del personal y de los medios presupuestarios suficientes para el desempeño de las funciones recogidas en esta Ley.

 

Disposición adicional segunda.- Extinción de organismos.

1. La constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia implicará la extinción de la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Sector Postal, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Juego, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

2. Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, las referencias que la legislación vigente contiene a la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Sector Postal, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Comité de Regulación Ferroviaria se entenderán realizadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o al ministerio correspondiente según la función de que se trate.

Las referencias que la Ley 15/2007, de 3 de julio, contiene a la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de Competencia se entenderán realizadas a la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Las menciones a la Autoridad Estatal de Supervisión regulada en el Título VI de la Ley 21/2003, de 7 de julio, que se contienen en dicha Ley o en cualquier otra disposición, deberán entenderse realizadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

3. Las referencias contenidas en cualquier norma del ordenamiento jurídico a la Comisión Nacional del Juego se entenderán realizadas a la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que la sustituye y asume sus competencias, en los términos previstos en la Disposición adicional décima.

4. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia asumirá los medios materiales, incluyendo, en particular, sistemas y aplicaciones informáticas de los organismos extinguidos a los que se refiere el apartado 1, que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones, correspondiendo el resto a los ministerios que asuman las funciones atribuidas en las Disposiciones adicionales séptima, octava, novena, décima, undécima y duodécima.

5. Los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y de Economía y Competitividad determinarán los saldos de tesorería y los activos financieros de los organismos que se extinguen que deban incorporarse a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

6. Los bienes inmuebles y derechos reales de titularidad de los organismos reguladores extinguidos que resulten innecesarios para el ejercicio de las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se incorporarán al patrimonio de la Administración General del Estado.

 

Disposición adicional tercera.- Régimen especial de incompatibilidad e indemnización del Presidente, Vicepresidente y consejeros de los organismos que se extinguen.

1. Durante los dos años posteriores a su cese, el Presidente, el Vicepresidente y los consejeros de los organismos que se extinguen, no podrán ejercer actividad profesional privada alguna relacionada con el sector regulado, tanto en empresas del sector como para empresas del sector, en el caso de los Organismos Reguladores. En el caso de la Comisión Nacional de la Competencia, al cesar en su cargo, y durante los dos años posteriores, el Presidente y los consejeros no podrán ejercer actividad profesional privada alguna relacionada con la actividad de la Comisión.

2. En virtud de esta limitación, el Presidente, el Vicepresidente y los consejeros de los organismos que se extinguen, al cesar en su cargo, tendrán derecho a percibir, a partir del mes siguiente a aquel en que se produzca su cese y durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo, con el límite máximo de dos años, una compensación económica mensual igual a la doceava parte del ochenta por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el presupuesto en vigor durante el plazo indicado.

No habrá lugar a la percepción de dicha compensación en caso de desempeño, de forma remunerada, de cualquier puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público o privado en los términos previstos en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

 

Disposición adicional cuarta.- Asignación de medios a la Administración General del Estado.

1. En el plazo previsto en la Disposición adicional primera de esta Ley para la puesta en funcionamiento de la Comisión, el Gobierno aprobará las modificaciones necesarias en los reales decretos de desarrollo de la estructura orgánica básica de los Ministerios afectados.

2. La entrada en vigor de las modificaciones de los reales decretos de estructura a que hace referencia esta Disposición, no se producirá hasta que los presupuestos de los ministerios no se adecúen a la nueva distribución competencial, de acuerdo con lo establecido en la Disposición transitoria cuarta.

 

Disposición adicional quinta.- Atribución de competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Las competencias que las normas vigentes atribuyen a los organismos que se extingan cuando se constituya la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y que esta Ley no haya atribuido expresamente a los departamentos ministeriales competentes de la Administración General del Estado serán ejercidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

 

Disposición adicional sexta.- Integración del personal de los organismos públicos que se extinguen en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

1. El personal funcionario que presta servicios en los organismos que se extinguirán de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional segunda, se integrará en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o bien en la Administración General del Estado.

La integración se llevará a cabo, en ambos supuestos, de acuerdo con los procedimientos de movilidad establecidos en la legislación de función pública aplicable al personal funcionario de la Administración General del Estado.

El personal funcionario que se integre en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, lo hará en la situación de servicio activo en su correspondiente Cuerpo o Escala, con los mismos derechos y obligaciones que hasta ese momento tuviera reconocidos.

Igual situación administrativa y garantías tendrán los funcionarios que pasen a prestar servicios en la Administración General del Estado como consecuencia de las competencias que ésta asuma de los extintos organismos.

2. El personal laboral de los organismos que ahora se extinguen, se integrará en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en los términos previstos en el artículo 44 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con respeto a los derechos y obligaciones laborales que viniera ostentando hasta ese momento.

Para la integración de este personal laboral, se atenderá necesariamente a las funciones efectivas que vinieran desempeñando en el organismo extinguido.

Excepcionalmente, el personal laboral podrá integrarse en los departamentos ministeriales, en los mismos términos previstos en el párrafo anterior, cuando como consecuencia de las funciones que por esta Ley se atribuyen a los departamentos ministeriales se haga necesaria su integración, sin que en ningún caso puedan producirse incrementos retributivos con relación a la situación existente en los organismos de procedencia. Cuando queden vacantes los puestos de trabajo que se integren en la estructura orgánica de dichos departamentos por fallecimiento, jubilación o cualquier otra causa legal, y siempre que esta no implique derecho al reingreso en el servicio activo, se amortizarán, dándose de alta como plazas de personal funcionario para garantizar la continuidad en la prestación de las citadas funciones, siempre y cuando ello resulte necesario de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. La reasignación de efectivos, amortización y, en su caso, creación de puestos de trabajo tendrá lugar en los términos y con el alcance que se determine por el órgano competente.

 

Disposición adicional séptima.- Funciones que asume el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en materia audiovisual.

En materia audiovisual de ámbito estatal, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ejercerá, adicionalmente a las que ya tiene encomendadas, las siguientes funciones:

a) Recibir las comunicaciones de inicio de actividad de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual.

b) Llevar el Registro estatal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual.

c) Decidir sobre cualquier cuestión o incidente que afecte al ejercicio de los títulos habilitantes de servicios de comunicación audiovisual, tales como su duración, renovación, modificación, celebración de negocios jurídicos o extinción.

d) Verificar las condiciones de los artículos 36 y 37 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, en materia de limitación de adquisición de participaciones entre operadores del servicio de comunicación audiovisual.

e) Certificar la emisión en cadena por parte de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual radiofónica que así lo comunicasen, e instar su inscripción, cuando proceda, en el Registro estatal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual.

 

Disposición adicional octava.- Funciones que asume el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en materia de energía.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo asumirá las siguientes funciones:

1. En el sector eléctrico:

a) Inspeccionar, dentro de su ámbito de competencias, el cumplimiento de las condiciones técnicas de las instalaciones, el cumplimiento de los requisitos establecidos en las autorizaciones, la correcta y efectiva utilización del carbón autóctono en las centrales eléctricas con derecho al cobro de la prima al consumo de carbón autóctono, las condiciones económicas y actuaciones de los sujetos en cuanto puedan afectar a la aplicación de las tarifas, precios y criterios de remuneración de las actividades energéticas, la disponibilidad efectiva de las instalaciones de generación en el régimen ordinario, la correcta facturación y condiciones de venta de las empresas distribuidoras y comercializadoras a consumidores y clientes cualificados, la continuidad del suministro de energía eléctrica, la calidad del servicio, así como la efectiva separación de estas actividades cuando sea exigida.

b) Acordar la iniciación de los expedientes sancionadores y realizar la instrucción de los mismos, cuando sean de la competencia de la Administración General del Estado por no corresponder la incoación e instrucción de los mismos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, e informar, cuando sea requerida para ello, aquellos expedientes sancionadores iniciados por las distintas Administraciones Públicas.

c) Informar, atender y tramitar, en coordinación con las administraciones competentes, a través de protocolos de actuación, las reclamaciones planteadas por los consumidores de energía eléctrica y tener a disposición de los mismos toda la información necesaria relativa a sus derechos, a la legislación en vigor y a las vías de solución de conflictos de que disponen en caso de litigios.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo informará, al menos semestralmente, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de las actuaciones realizadas, incluyendo información sobre el número de reclamaciones informadas, atendidas y tramitadas con el fin de facilitar las labores de supervisión del funcionamiento de los mercados minoristas por parte de este organismo.

d) Realizar la liquidación de los costes de transporte y distribución de energía eléctrica, de los costes permanentes del sistema y de aquellos otros costes que se establezcan para el conjunto del sistema cuando su liquidación le sea expresamente encomendada y enviar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia toda la información necesaria para la elaboración de las metodologías de peajes.

e) Supervisar la actividad de la Oficina de Cambios de Suministrador.

2. En el sector de hidrocarburos:

a) Inspeccionar dentro de su ámbito de competencias, el cumplimiento de las condiciones técnicas de las instalaciones, el cumplimiento de los requisitos establecidos en las autorizaciones, las condiciones económicas y actuaciones de los sujetos en cuanto puedan afectar a la aplicación de las tarifas, precios y criterios de remuneración de las actividades de hidrocarburos, la disponibilidad efectiva de las instalaciones gasistas, la correcta facturación y condiciones de venta a los consumidores de las empresas distribuidoras, en lo que se refiere al acceso a las redes, y comercializadoras, la continuidad del suministro de gas natural, la calidad del servicio, así como la efectiva separación de estas actividades cuando sea exigida.

b) Acordar, en el ámbito de aplicación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, la iniciación de los expedientes sancionadores y realizar la instrucción de los mismos, cuando sean de la competencia de la Administración General del Estado e informar, cuando sea requerida para ello, aquellos expedientes sancionadores iniciados por las distintas Administraciones Públicas, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos en el artículo 52.4 de la citada Ley ni de las competencias exclusivas de otros órganos de las Administraciones Públicas.

c) Realizar las liquidaciones correspondientes a los ingresos obtenidos por peajes y cánones relativos al uso de las instalaciones de la Red Básica, transporte secundario y distribución a que hace referencia el artículo 96 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y comunicarla a los interesados.

d) Informar, atender y tramitar, en coordinación con las Administraciones competentes, a través de protocolos de actuación, las reclamaciones planteadas por los consumidores de gas natural, y tener a disposición de los mismos toda la información necesaria relativa a sus derechos, a la legislación en vigor y a las vías de solución de conflictos de que disponen en caso de litigios.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo informará, al menos semestralmente, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de las actuaciones realizadas, incluyendo información sobre el número de reclamaciones informadas, atendidas y tramitadas con el fin de facilitar las labores de supervisión del funcionamiento de los mercados minoristas por parte de este organismo.

e) Expedir los certificados y gestionar el mecanismo de certificación de consumo y venta de biocarburantes.

f) Supervisar la actividad de la Oficina de Cambios de Suministrador.

g) Las competencias que la normativa vigente atribuye a la Comisión Nacional de la Energía en materia de hidrocarburos líquidos.

 

Disposición adicional novena.- Toma de participaciones en el sector energético.

1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo conocerá de las siguientes operaciones:

a) Toma de participaciones en sociedades o por parte de sociedades que desarrollen actividades que tengan la consideración de reguladas, consistan en la operación del mercado de energía eléctrica o se trate de actividades en territorios insulares o extra peninsulares conforme a lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

b) Toma de participaciones en sociedades o por parte de sociedades que desarrollen actividades que tengan la consideración de reguladas, consistan en la gestión técnica del sistema gasista conforme a lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, o desarrollen actividades en el sector de hidrocarburos tales como refino de petróleo, transporte por oleoductos y almacenamiento de productos petrolíferos.

c) Toma de participaciones en sociedades o por parte de sociedades que sean titulares de los activos precisos para desarrollar las actividades recogidas en las letras a) y b), o bien de activos del sector de la energía de carácter estratégico incluidos en el Catálogo Nacional de infraestructuras críticas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, y su normativa de desarrollo.

En todo caso, se considerarán activos estratégicos las centrales térmicas nucleares y las centrales térmicas de carbón de especial relevancia en el consumo de carbón de producción nacional, así como las refinerías de petróleo, los oleoductos y los almacenamientos de productos petrolíferos.

d) Adquisición de los activos mencionados en la letra c) anterior.

2. Las sociedades que realicen actividades incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 anterior, deberán comunicar a la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo las adquisiciones realizadas directamente o mediante sociedades que controlen conforme a los criterios establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, de participaciones en otras sociedades mercantiles o de activos de cualquier naturaleza que atendiendo a su valor o a otras circunstancias tengan un impacto relevante o influencia significativa en el desarrollo de las actividades de la sociedad que comunica la operación.

3. Igualmente deberá comunicarse a la Secretaría de Estado de Energía la adquisición de participaciones en un porcentaje de su capital social que conceda una influencia significativa en su gestión, en las sociedades que, directamente o mediante sociedades que controlen conforme a los criterios establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, realicen actividades incluidas en el apartado 1 o sean titulares de los activos señalados. De la misma forma, deberá comunicarse la adquisición directa de los activos mencionados en la letra d) del apartado 1.

Además, para la determinación del porcentaje de participación que precisa de comunicación se tomarán en consideración los acuerdos que la sociedad adquirente pueda tener con otros adquirentes o socios para el ejercicio conjunto o coordinado de derechos de voto en la sociedad afectada.

4. Cuando la adquisición señalada en el apartado 3 se realice por entidades de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo se estará a lo dispuesto en el apartado 7 de esta Disposición.

5. Asimismo, serán objeto de comunicación por el adquiriente aquellas modificaciones que aisladamente o en su conjunto consideradas puedan suponer un cambio significativo en su participación.

6. Las comunicaciones a las que se refieren los apartados anteriores deberán efectuarse dentro de los 15 días siguientes a la realización de la correspondiente operación, pudiendo indicarse de forma justificada, qué parte de los datos o información aportada se considera de trascendencia comercial o industrial a los efectos de que sea declarada su confidencialidad.

7. Si el Ministro de Industria, Energía y Turismo considerase que existe una amenaza real y suficientemente grave para la garantía de suministro de electricidad, gas e hidrocarburos en el ámbito de las actividades del adquirente, podrá establecer condiciones relativas al ejercicio de la actividad de las sociedades sujetas a las operaciones comunicadas de acuerdo a los apartados 2 y 4 de esta Disposición, así como las obligaciones específicas que se puedan imponer al adquirente para garantizar su cumplimiento.

Estos riesgos se referirán a los siguientes aspectos:

a) La seguridad y calidad del suministro entendidas como la disponibilidad física ininterrumpida de los productos o servicios en el mercado a precios razonables en el corto o largo plazo para todos los usuarios, con independencia de su localización geográfica.

b) La seguridad frente al riesgo de una inversión o de un mantenimiento insuficientes en infraestructuras que no permitan asegurar, de forma continuada, un conjunto mínimo de servicios exigibles para la garantía de suministro. A estos efectos, se tendrá en cuenta el nivel de endeudamiento para garantizar las inversiones, así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos al respecto.

c) El incumplimiento de los requisitos de capacidad legal, técnica, económica y financiera del adquiriente o de la empresa adquirida, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa específica de aplicación y, en particular, en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y en sus normas de desarrollo.

A estos efectos, se tomarán en consideración las participaciones que el adquirente tenga o pretenda adquirir en otras sociedades o activos objeto de la presente Disposición.

Las condiciones que se impongan respetarán en todo caso el principio de proporcionalidad y de protección del interés general.

Corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Turismo supervisar el cumplimiento de las condiciones que sean impuestas, debiendo las empresas afectadas atender los requerimientos de información que pudieran dictarse a estos efectos.

La resolución deberá adoptarse de forma motivada y notificarse en el plazo máximo de 30 días desde la comunicación, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Este informe no tendrá carácter vinculante y habrá de ser evacuado en el plazo de 10 días.

8. Cuando la adquisición de participaciones afecte a los gestores de red de transporte de electricidad o de gas, incluyendo los gestores de red independientes, se estará a lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

 

Disposición adicional décima.- Funciones que asume la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en materia de juego.

La Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas asumirá el objeto, funciones y competencias que la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, atribuye a la extinta Comisión Nacional del Juego.

 

Disposición adicional undécima.- Funciones que asume el Ministerio de Fomento en relación con el sector postal.

En materia postal, el Ministerio de Fomento asumirá las siguientes funciones:

1. Informar a los usuarios sobre los operadores postales, las condiciones de acceso, precio, nivel de calidad e indemnizaciones y plazo en el que serán satisfechas y en todo caso, realizar la publicación en el sitio web del Ministerio a que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre.

2. Conocer de las controversias entre los usuarios y los operadores de los servicios postales en el ámbito del servicio postal universal, siempre y cuando no hayan sido sometidos a las Juntas Arbitrales de Consumo.

3. Conocer de las quejas y denuncias de los usuarios por incumplimiento de las obligaciones por parte de los operadores postales, en relación con la prestación del servicio postal universal, de conformidad con lo establecido el Título II de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, y en su normativa de desarrollo.

El Ministerio de Fomento informará, al menos semestralmente, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de las actuaciones realizadas, incluyendo información sobre el número de reclamaciones informadas, atendidas y tramitadas con el fin de facilitar las labores de supervisión del funcionamiento de los mercados minoristas por parte de este organismo.

4. Ejercer la potestad de inspección y sanción en relación con las funciones mencionadas en los apartados anteriores.

5. Otorgar las autorizaciones singulares y recibir las declaraciones responsables que habilitan para la actividad postal y gestionar el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales, de conformidad con lo establecido en el Título IV de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, así como en su normativa de desarrollo.

 

Disposición adicional duodécima.- Funciones que asume el Ministerio de la Presidencia en materia audiovisual.

Corresponde al Ministerio de la Presidencia aprobar el Catálogo de acontecimientos de interés general para la sociedad a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, previa consulta a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual y a los organizadores de las competiciones deportivas.

 

Disposición adicional decimotercera.- Remisión de informes al Instituto Nacional de Consumo.

Sin perjuicio de las funciones asumidas por los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, en materia de energía, y de Fomento, en relación con el sector postal, previstas en la letra c) del apartado 1, y letra d) del apartado 2, de la Disposición adicional octava, y en el apartado 1, de la Disposición adicional undécima, los mencionados Ministerios remitirán al Instituto Nacional del Consumo, dentro del primer trimestre de cada año natural, un informe referido al año anterior en el que se incluya información comprensiva del número de reclamaciones planteadas por los consumidores atendidas, objeto de las mismas, resoluciones estimatorias y desestimatorias adoptadas, sanciones, en su caso, a las que dieron lugar, así como cualquier otro aspecto que se considere relevante.

 

Disposición adicional decimocuarta.- Tasas, prestaciones patrimoniales e ingresos derivados del ejercicio de las funciones previstas en esta Ley.

1. Los Ministerios y los organismos que desarrollen las funciones previstas en esta Ley, con ocasión de las cuales se produce la exigencia de tasas y prestaciones patrimoniales de carácter público que se recogen en los apartados I.1, I.3, I.4 y I.5 y en el apartado II.1 del Anexo, llevarán a cabo su gestión y recaudación en periodo voluntario, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición transitoria novena.

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llevará a cabo la gestión y recaudación en período voluntario de la tasa prevista en el apartado I.2 y de la prestación patrimonial indicada en el apartado II.2 del Anexo.

3. La recaudación por los derechos a que se refiere esta Disposición adicional, incluida la que correspondiera a los organismos que se extinguen conforme a esta Ley, se ingresará en el Tesoro Público, salvo por lo que respecta al sistema de financiación de la Corporación de Radio Televisión Española y al Fondo de financiación del servicio postal universal, que se regirán por sus respectivas disposiciones.

4. La recaudación en período ejecutivo de los recursos de naturaleza pública a que se refieren los apartados anteriores se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

5. Los recursos a que se refieren los apartados anteriores se regirán, en lo que no se oponga a esta Ley, por la normativa vigente a la entrada en vigor de la misma.

 

Disposición adicional decimoquinta.- Consejos consultivos.

1. Se crea el Consejo Consultivo de Energía, como órgano de participación y consulta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en las materias competencia de la Secretaría de Estado de Energía.

El Consejo Consultivo de Energía estará presidido por el Secretario de Estado de Energía, o persona en quien delegue, y tendrá entre sus funciones el estudio, deliberación y propuesta en materia de política energética y minas.

Asimismo, conocerá sobre los asuntos que el Gobierno o el Ministro de Industria, Energía y Turismo le sometan.

2. Podrán crearse igualmente consejos consultivos en los sectores de telecomunicaciones, audiovisual, de transportes y postal.

3. Reglamentariamente se determinarán las funciones, la composición, la organización y las reglas de funcionamiento de los consejos consultivos. La constitución y el funcionamiento de los consejos no supondrán incremento alguno del gasto público y serán atendidos con los medios materiales y de personal existentes en los departamentos respectivos.

4. En todo caso, los consejos consultivos informarán en la elaboración de disposiciones de carácter general y de circulares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Este informe equivaldrá a la audiencia a los titulares de derechos e intereses legítimos.

 

Disposición adicional decimosexta.- Ejercicio temporal de las funciones de supervisión en materia de tarifas aeroportuarias.

1. Las funciones establecidas en el artículo 10, letras a) y b), del Real Decreto-Ley 11/2011, de 26 de agosto, por el que se crea la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y se modifica el régimen jurídico del personal laboral de Aena, pasarán a ser ejercidas por el Comité de Regulación Ferroviaria desde la entrada en vigor de esta Ley, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 11 a 13, ambos inclusive, del citado Real Decreto-Ley 11/2011, de 26 de agosto y en el Título VI, Capítulo IV, de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

2. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Comité de Regulación Ferroviaria pasará a denominarse Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria.

3. En el ejercicio de las funciones previstas en esta Disposición el Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria actuará con independencia funcional plena, respecto de la organización, de las decisiones financieras, de la estructura legal y de la toma de decisiones, del gestor aeroportuario y de las compañías aéreas, y ejercerá sus funciones de modo imparcial y transparente.

4. En tanto desempeñe las funciones que le atribuye el apartado 1, se entenderán referidas al Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria cuantas menciones se contengan en la normativa aplicable en relación con la Autoridad Estatal de Supervisión regulada en el Título VI, Capítulo IV, de la Ley 21/2003, de 7 de julio.

Asimismo, las menciones contenidas en la normativa vigente al Comité de Regulación Ferroviaria deberán entenderse realizadas al Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria.

5. El ejercicio temporal de estas funciones, más allá de lo previsto en esta Disposición, no alterará lo previsto en los artículos 82 a 84 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

6. La presente atribución temporal de funciones se prolongará asimismo una vez constituida la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y finalizará en el momento de la puesta en funcionamiento de dicha Comisión.

 

Disposición adicional decimoséptima.- Fomento de la corregulación publicitaria.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá firmar acuerdos de corregulación que coadyuven el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta Ley, en particular, en relación con el control del cumplimiento de las obligaciones, las prohibiciones y los límites al ejercicio del derecho a realizar comunicaciones comerciales audiovisuales, con aquellos sistemas de autorregulación publicitaria que cumplan lo previsto en el artículo 37.4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. En el acuerdo se determinarán los efectos reconocidos a las actuaciones del sistema de autorregulación.

 

Disposición adicional decimoctava.- Otras sedes.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá tener otras sedes, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 2 de esta Ley.

Su ubicación se realizará manteniendo la actualmente existente para las telecomunicaciones, donde se situará la Dirección de Telecomunicaciones del Sector Audiovisual (Instrucción de Telecomunicación y Servicios Audiovisuales), para el aprovechamiento de los recursos e infraestructuras actuales.

 

Disposición transitoria primera.- Primer mandato de los miembros de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia.

1. En la primera sesión del Consejo se determinarán, preferentemente de forma voluntaria y supletoriamente por sorteo, los tres consejeros que cesarán transcurrido el plazo de dos años desde su nombramiento y los tres que cesarán transcurrido el plazo de cuatro años.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley, los miembros del Consejo afectados por la primera renovación parcial podrán ser reelegidos por un nuevo mandato de seis años.

 

Disposición transitoria segunda.- Nombramiento del primer Presidente y Vicepresidente.

Lo establecido en la Disposición transitoria primera de esta Ley no afectará al nombramiento del primer Presidente y Vicepresidente del organismo que, de acuerdo con el artículo 15.2 de la misma, tendrán un mandato de seis años no renovable.

 

Disposición transitoria tercera.- Continuación de funciones por los organismos que se extinguen.

Desde la constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hasta su puesta en funcionamiento, los organismos supervisores continuarán ejerciendo las funciones que desempeñan actualmente. Durante este periodo los miembros del Consejo permanecerán en su cargo en funciones y los organismos tendrán plena capacidad para desempeñar su actividad.

 

Disposición transitoria cuarta.- Desempeño transitorio de funciones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

En relación con las funciones que, conforme a lo establecido en esta Ley, deban traspasarse a los ministerios, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, una vez haya entrado en funcionamiento, las desempeñará hasta el momento en el que los departamentos ministeriales dispongan de los medios necesarios para ejercerlas de forma efectiva.

 

Disposición transitoria quinta.- Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

1. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley continuarán tramitándose por los órganos de la autoridad a los que esta Ley atribuye las funciones anteriormente desempeñadas por los organismos extinguidos.

2. La constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se podrá considerar una circunstancia extraordinaria que, conforme a la legislación específica aplicable, permitirá la ampliación del plazo máximo para resolver los procedimientos sometidos a caducidad o afectados por el silencio administrativo.

 

Disposición transitoria sexta.- Puestos de trabajo de personal funcionario que venían siendo desempeñados por personal laboral.

Con carácter excepcional, el personal laboral fijo de los organismos públicos extintos que viniese ocupando puestos con funciones que, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, deban ser desempeñadas por personal funcionario, podrá seguir ocupando dichos puestos.

Asimismo, los puestos que se puedan crear, así como los que queden vacantes, deberán ajustar su naturaleza a las previsiones del régimen jurídico de personal del artículo 31 de esta Ley.

 

Disposición transitoria séptima.- Presupuestos aplicables hasta la aprobación de los presupuestos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Una vez constituida la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en tanto en cuanto no disponga de un presupuesto propio, se mantendrán los presupuestos de los organismos que, de conformidad con la Disposición adicional segunda, queden extinguidos.

 

Disposición transitoria octava.- Régimen transitorio contable y de rendición de cuentas anuales.

1. Las operaciones ejecutadas durante el ejercicio 2013 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se registrarán en la contabilidad y el presupuesto de cada uno de los organismos extinguidos, según el ámbito al que correspondan dichas operaciones.

2. El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia formulará y aprobará por cada uno de los organismos extinguidos una cuenta del ejercicio 2013 que incluirá las operaciones realizadas por cada organismo y las indicadas en el apartado 1 anterior, procediendo también a su rendición al Tribunal de Cuentas en los términos que se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

3. La formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2012 de los organismos extinguidos y su rendición al Tribunal de Cuentas en los términos que se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, corresponderá a los cuentadantes de dichos organismos o al Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, si ésta ya se hubiera constituido.

 

Disposición transitoria novena.- Gestión y liquidación de las tasas previstas en el Anexo.

1. La gestión y liquidación de las tasas a que se refiere el apartado I.1, en sus epígrafes A) y B), del Anexo de esta Ley se ajustarán, en tanto no se proceda a su nueva regulación, a lo establecido en la Orden FOM/3447/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de impresos para el pago de las tasas establecidas y reguladas en la Ley 23/2007, de 8 de octubre, de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal.

2. La gestión y liquidación de las tasas a que se refiere el apartado I.4 del Anexo de esta Ley se ajustará, en tanto el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no disponga de los medios necesarios para ejercer sus funciones de forma efectiva, a lo establecido en la Disposición adicional duodécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.

 

Disposición transitoria décima.- Órganos de asesoramiento de la Comisión Nacional de Energía.

Los órganos de asesoramiento de la Comisión Nacional de Energía previstos en la Disposición adicional undécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, seguirán ejerciendo sus funciones hasta que se constituya el Consejo Consultivo de Energía previsto en la Disposición adicional decimoquinta de esta Ley.

 

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley y de manera específica:

a) El apartado 7 de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

b) La Disposición adicional undécima, excepto el apartado sexto, que permanece vigente, y la Disposición adicional duodécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

c) El artículo 48 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, a excepción de su apartado 4.

d) Los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

e) Los artículos 12, 17 y 40 y el Título III de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

f) La Ley 23/2007, de 8 de octubre, de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal.

g) El Título V de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual.

h) El Capítulo II del Título I y la Disposición final cuarta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

i) El artículo 20, los apartados 15 y 16 del artículo 21, los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, el apartado 2 del artículo 34, la Disposición transitoria quinta y el párrafo primero de la Disposición final segunda de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego.

j) El Real Decreto-Ley 11/2011, de 26 de agosto, por el que se crea la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, se regula su composición y se modifica el régimen jurídico del personal laboral de AENA.

 

Disposición final primera.- Modificación de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

El apartado 1 de la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, se modifica en los siguientes términos:

“1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, las Universidades no transferidas, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se regirán por su legislación específica y supletoriamente por esta Ley.”

 

Disposición final segunda.- Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El apartado 5 de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se modifica en los siguientes términos:

“5. Los actos y disposiciones dictados por la Agencia Española de Protección de Datos, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Consejo Económico y Social, Instituto Cervantes, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Universidades y Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, directamente, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.”

 

Disposición final tercera.- Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

El apartado 4 del artículo 116 queda modificado como sigue:

“4. La Comisión Nacional de Energía será competente para imponer sanciones en los siguientes casos:

a) Infracciones muy graves previstas en el artículo 109.1.h), i), q), r) y ac).

Asimismo, podrá imponer sanciones en el caso de las infracciones tipificadas en los párrafos d), g) y j) del artículo 109.1 siempre y cuando la infracción se produzca por la negativa al cumplimiento de decisiones jurídicamente vinculantes, remisión de información o realización de inspecciones y otros requerimientos de la Comisión Nacional de Energía en el ámbito de sus competencias y en el caso de infracciones tipificadas en el párrafo ab) cuando afecte a materias de su competencia.

b) Infracciones graves prevista en el artículo 110.l, t), u) y w).

Asimismo, podrá imponer sanciones en el caso de las infracciones tipificadas en los párrafos d) y f) del artículo 110, siempre y cuando la infracción se produzca por la negativa al cumplimiento de decisiones jurídicamente vinculantes, remisión de información o realización de inspecciones y otros requerimientos de la Comisión Nacional de Energía en el ámbito de sus competencias y en el caso de infracciones tipificadas en el párrafo v) cuando afecte a materias de su competencia.

c) Infracciones leves en relación con incumplimientos de decisiones jurídicamente vinculantes y requerimientos de la Comisión Nacional de Energía en el ámbito de sus competencias.”

 

Disposición final cuarta.- Modificación de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

La Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, queda modificada como sigue:

Uno. Se añade una nueva Disposición adicional decimotercera, con la siguiente redacción:

“Disposición adicional decimotercera. Régimen jurídico del personal laboral de Aena.

La negociación colectiva, la contratación y el régimen jurídico del personal laboral de la Entidad Pública Empresarial Aena que no tenga la condición de controlador de tránsito aéreo será el legalmente establecido para el personal de Aena Aeropuertos, S.A.”

Dos. Se añade una nueva Disposición adicional decimocuarta, con la siguiente redacción:

“Disposición adicional decimocuarta. Procedimientos en materia de tarifas aeroportuarias.

1. En el caso de inadmisión de la propuesta cuando ésta se haya efectuado prescindiendo del procedimiento contemplado en el artículo 98 de esta Ley, se concederá al gestor aeroportuario un plazo para subsanar las deficiencias detectadas, transcurrido el cual sin que se hayan subsanado o manteniéndose las condiciones de inadmisión de la propuesta, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá la propuesta de modificación tarifaria que considere razonable, debidamente justificada y en la que consten las irregularidades identificadas, al órgano competente para su incorporación al anteproyecto de ley que corresponda.

En otro caso, la constatación de irregularidades en el procedimiento de consulta y transparencia previsto en el artículo 98 de esta Ley dará lugar a la emisión de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre las medidas a adoptar en futuras consultas, incluida la necesidad de ampliarlas a las compañías usuarias del aeropuerto no asociadas a las asociaciones u organizaciones representativas de usuarios.

2. En el ejercicio de la función de supervisión de que las propuestas de modificación o actualización de las tarifas aeroportuarias presentadas por el gestor aeroportuario se ajustan a lo previsto en los artículos 91 y 101.1 de esta Ley, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá al órgano competente para su inclusión en el anteproyecto de Ley que corresponda, las propuestas del gestor aeroportuario que cumplan con dichos criterios.

En otro caso, la Comisión comunicará al gestor aeroportuario la modificación tarifaria revisada o, en su caso, los criterios que habría de seguir para que la propuesta garantice el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior y el plazo para presentar la nueva propuesta ajustada a dichos criterios. Recibida la comunicación del gestor aeroportuario o transcurrido el plazo concedido al efecto sin haberla obtenido, la Comisión remitirá la modificación tarifaria revisada que proceda al órgano competente para su inclusión en el anteproyecto de ley que corresponda. En la propuesta de la Comisión se hará constar de forma clara y precisa la modificación tarifaria propuesta por dicha Comisión así como el punto de vista del gestor aeroportuario.

En el establecimiento de la modificación tarifaria revisada, la Comisión procurará evitar fluctuaciones excesivas de las tarifas aeroportuarias, siempre y cuando sea compatible con los principios establecidos en el artículo 91 y 101.1 de esta Ley.”

Tres. Se añade una nueva Disposición adicional decimoquinta con la siguiente redacción:

“Disposición adicional decimoquinta. Consulta sobre tarifas aeroportuarias.

En aquéllos aeropuertos en los que los usuarios de aeronaves de aviación general o deportiva, trabajos aéreos y de aeronaves históricas tengan una presencia significativa se dará participación en el procedimiento de consulta a que se refieren los artículos 98 y 102 a las asociaciones u organizaciones representativas de dichos operadores.”

 

Disposición final quinta.- Modificación de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, queda modificada como sigue:

Uno. El artículo 13 bis queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 13 bis. Separación funcional.

1. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llegue a la conclusión de que las obligaciones impuestas, en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, no han bastado para conseguir una competencia efectiva y que sigue habiendo problemas de competencia o fallos del mercado importantes y persistentes en relación con mercados al por mayor de productos de acceso, podrá decidir la imposición, como medida excepcional, a los operadores con poder significativo en el mercado integrados verticalmente, de la obligación de traspasar las actividades relacionadas con el suministro al por mayor de productos de acceso a una unidad empresarial que actúe independientemente.

Esa unidad empresarial suministrará productos y servicios de acceso a todas las empresas, incluidas otras unidades empresariales de la sociedad matriz, en los mismos plazos, términos y condiciones, en particular en lo que se refiere a niveles de precios y de servicio, y mediante los mismos sistemas y procesos.

2. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se proponga imponer una obligación de separación funcional, elaborará una propuesta que incluya:

a) pruebas que justifiquen las conclusiones a las que ha llegado,

b) pruebas de que hay pocas posibilidades, o ninguna, de competencia basada en la infraestructura en un plazo razonable,

c) un análisis del impacto previsto sobre la autoridad reguladora, sobre la empresa, particularmente en lo que se refiere a los trabajadores de la empresa separada y al sector de las comunicaciones electrónicas en su conjunto, sobre los incentivos para invertir en el sector en su conjunto, en especial por lo que respecta a la necesidad de garantizar la cohesión social y territorial, así como sobre otras partes interesadas, incluido en particular el impacto previsto sobre la competencia en infraestructuras y cualquier efecto negativo potencial sobre los consumidores, y

d) un análisis de las razones que justifiquen que esta obligación es el medio más adecuado para aplicar soluciones a los problemas de competencia o fallos del mercado que se hayan identificado.

3. El proyecto de medida incluirá los elementos siguientes:

a) la naturaleza y el grado precisos de la separación, especificando en particular el estatuto jurídico de la entidad empresarial separada,

b) una indicación de los activos de la entidad empresarial separada y de los productos o servicios que debe suministrar esta entidad,

c) los mecanismos de gobernanza para garantizar la independencia del personal empleado por la entidad empresarial separada y la estructura de incentivos correspondiente,

d) las normas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones,

e) las normas para garantizar la transparencia de los procedimientos operativos, en particular de cara a otras partes interesadas, y

f) un programa de seguimiento para garantizar el cumplimiento, incluida la publicación de un informe anual.

4. La propuesta de imposición de la obligación de separación funcional, una vez que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Economía y Competitividad, como Autoridades Nacionales de Reglamentación identificadas en el apartado 1 del artículo 46, hayan emitido informe sobre la misma, se presentará a la Comisión Europea.

5. Tras la decisión de la Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llevará a cabo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 10, un análisis coordinado de los distintos mercados relacionados con la red de acceso. Sobre la base de su evaluación, previo informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impondrá, mantendrá, modificará o suprimirá las obligaciones correspondientes.

6. En el supuesto de que una empresa designada como poseedora de poder significativo en uno o varios mercados pertinentes, se proponga transferir sus activos de red de acceso local, o una parte sustancial de los mismos, a una persona jurídica separada de distinta propiedad, o establecer una entidad empresarial separada para suministrar a todos los proveedores minoristas, incluidas sus propias divisiones minoristas, productos de acceso completamente equivalentes, deberá informar con anterioridad al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al Ministerio de Economía y Competitividad y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Las empresas informarán también al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al Ministerio de Economía y Competitividad y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de cualquier cambio de dicho propósito, así como del resultado final del proceso de separación.

En este caso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia evaluará el efecto de la transacción prevista sobre las obligaciones reglamentarias impuestas a esa entidad, llevando a cabo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 10, un análisis coordinado de los distintos mercados relacionados con la red de acceso. Sobre la base de su evaluación, previo informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impondrá, mantendrá, modificará o suprimirá las obligaciones correspondientes.

7. Las empresas a las que se haya impuesto o que hayan decidido, la separación funcional podrán estar sujetas a cualquiera de las obligaciones enumeradas en el artículo 13 en cualquier mercado de referencia en que hayan sido designadas como poseedoras de poder significativo en el mercado.”

Dos. El apartado 1 del Anexo 1 queda redactado en los siguientes términos:

“1. Tasa general de operadores.

1. Sin perjuicio de la contribución económica que pueda imponerse a los operadores para la financiación del servicio universal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 y en el Título III, todo operador estará obligado a satisfacer una tasa anual que no podrá exceder el 1,5 por mil de sus ingresos brutos de explotación y que estará destinada a sufragar los gastos que se generen, incluidos los de gestión, control y ejecución, por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley, por las autoridades nacionales de reglamentación a que se refiere el artículo 68.

A efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se entiende por ingresos brutos el conjunto de ingresos que obtenga el operador derivados de la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley. A tales efectos, no se considerarán como ingresos brutos los correspondientes a servicios prestados por un operador cuyo importe recaude de los usuarios con el fin de remunerar los servicios de operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas.

2. La tasa se devengará el 31 de diciembre de cada año. No obstante, si por causa imputable al operador, éste perdiera la habilitación para actuar como tal en fecha anterior al 31 de diciembre, la tasa se devengará en la fecha en que esta circunstancia se produzca.

3. El importe de esta tasa anual no podrá exceder de los gastos que se generen, incluidos los de gestión, control y ejecución, por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley, anteriormente referidos.

A tal efecto, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo hará pública antes del 30 de abril de cada año una memoria que contenga los gastos en que han incurrido en el ejercicio anterior las autoridades nacionales de reglamentación a que se refiere el artículo 68 por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley.

La memoria contemplará, de forma separada, los gastos en los que haya incurrido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley, que servirán de base para fijar la asignación anual de la Comisión con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y garantizar la suficiencia de recursos financieros de la Comisión para la aplicación de esta Ley.

El importe de la tasa resultará de aplicar al importe de los gastos en que han incurrido en el ejercicio anterior las autoridades nacionales de reglamentación a que se refiere el artículo 68 por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley y que figura en la citada memoria, el porcentaje que individualmente representan los ingresos brutos de explotación de cada uno de los operadores de telecomunicaciones en el ejercicio anterior sobre el total de los ingresos brutos de explotación obtenidos en ese mismo ejercicio por los operadores de telecomunicaciones.

Reglamentariamente se determinará el sistema de gestión para la liquidación de esta tasa y los plazos y requisitos que los operadores de telecomunicaciones deben cumplir para comunicar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el importe de sus ingresos brutos de explotación con el objeto de que éste calcule el importe de la tasa que corresponde satisfacer a cada uno de los operadores de telecomunicaciones.”

Tres. El apartado 5 del Anexo I queda redactado en los siguientes términos:

“5. Gestión y recaudación en período voluntario de las tasas.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo gestionará y recaudará en período voluntario las tasas de este Anexo.”

 

Disposición final sexta.- Modificación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

La Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, queda modificada como sigue:

Uno. El artículo 95, queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 95. Competencia para la imposición de sanciones.

Corresponderá la imposición de las sanciones por infracciones leves a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y por infracciones graves al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento. Las sanciones por infracciones muy graves serán impuestas por el Ministro de Fomento.

Corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la imposición de las sanciones por el incumplimiento de sus resoluciones tipificado como infracción en los artículos 88.b) y 89.a).”

Dos. Se añade un nuevo apartado 12 al artículo 96 con la siguiente redacción:

“12. Las actuaciones reguladas en este artículo serán realizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cuando se trate de procedimientos incoados como consecuencia de las infracciones a las que se refiere el párrafo segundo del artículo 95.”

 

Disposición final séptima.- Modificación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

Se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 70 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, con la siguiente redacción:

“3. La recaudación de las multas corresponderá a la Administración General del Estado en periodo voluntario y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en período ejecutivo, conforme a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.”

 

Disposición final octava.- Modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Uno. Se suprime el apartado 7 del artículo 13 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 66 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que queda redactado como sigue:

“3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, dentro de su ámbito de actuación y de las funciones que tiene encomendadas, podrá imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias a las empresas eléctricas por las infracciones administrativas tipificadas como muy graves en los números 1, 2, 5, 6 y 7 del artículo 60.a) de la presente Ley, así como por aquellas tipificadas en los números 8, 9 y 10 del citado artículo 60.a), en relación con los incumplimientos de resoluciones jurídicamente vinculantes o requerimientos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ámbito de sus competencias.

Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá competencia para sancionar la comisión de las infracciones graves a que se hace referencia en el párrafo anterior cuando, por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse de muy graves y, en particular, en el caso de las tipificadas en los números 4, 5 y 22 del artículo 61.a) de la presente Ley, en relación con los incumplimientos de resoluciones jurídicamente vinculantes o requerimientos de la citada Comisión en el ámbito de sus competencias.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá competencia para sancionar aquellas infracciones leves tipificadas en el artículo 62 de la presente Ley, en relación con los incumplimientos de resoluciones jurídicamente vinculantes o requerimientos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ámbito de sus competencias.

En cualquier caso la cuantía de la sanción no podrá superar el 10% del importe neto anual de la cifra de negocios del gestor de la red de transporte a dicho gestor, o el 10% del importe neto anual de la cifra de negocios consolidada de la sociedad matriz del grupo verticalmente integrado a dicha empresa integrada verticalmente, según los casos.”

 

Disposición final novena.- Título competencial.

Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en:

a) El artículo 149.1.13ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

b) El artículo 149.1.20ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de aeropuertos de interés general.

c) El artículo 149.1.21ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de ferrocarriles que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; correos y telecomunicaciones.

d) El artículo 149.1.25ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases del régimen minero y energético.

e) El artículo 149.1.27ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar legislación básica del régimen de prensa, radio y televisión.

 

Disposición final décima.- Habilitación normativa.

1. El Gobierno podrá dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.

2. En el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Consejo de Ministros aprobará mediante real decreto, el Estatuto Orgánico a que hace referencia el artículo 26 de esta Ley, en el que se establecerán cuantas cuestiones relativas al funcionamiento y régimen de actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resulten necesarias conforme a las previsiones de esta Ley y, en particular, las siguientes:

a) La estructura orgánica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

b) La distribución de competencias entre los distintos órganos.

c) El régimen de su personal.

 

Disposición final undécima.- Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

 

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 4 de junio de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

 

ANEXO.- Tasas y prestaciones patrimoniales de carácter público relacionadas con las actividades y servicios regulados en esta Ley

I. Tasas por prestación de servicios y realización de actividades

1. Tasas por prestación de servicios y realización de actividades en relación con el sector postal

A) Tasa por inscripción en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales.

1. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripción y renovación de la inscripción en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales.

2. Devengo.

La tasa se devengará con la inscripción y renovación anual de la misma.

3. Sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas que presten servicios postales y figuren inscritas en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales.

Las empresas que presten simultáneamente servicios postales incluidos en el ámbito del servicio postal universal y servicios no incluidos en dicho ámbito, deberán estar inscritas en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales en las secciones correspondientes a tales servicios. Cada acto de inscripción y de renovación dará lugar al abono de la tasa pertinente.

4. Cuantías.

La cuota a ingresar será de 400 euros, que deberá abonarse en el momento en que se realice la inscripción en el Registro o la renovación de la misma.

5. Gestión.

La liquidación de la tasa por el Ministerio de Fomento se ajustará a lo que se disponga en orden ministerial dictada al efecto.

B) Tasa por la expedición de certificaciones registrales.

1. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición de certificaciones registrales emitidas por el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales.

No será aplicable la tasa en el caso de certificaciones emitidas con ocasión de la inscripción inicial o renovación de la misma en dicho Registro.

2. Devengo.

La tasa se devengará con la solicitud de la certificación registral.

3. Sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos las personas que soliciten la certificación.

4. Cuantías.

La cuota a ingresar será de 100 euros, que deberá abonarse de forma simultánea a la presentación de la solicitud.

5. Gestión.

La liquidación de la tasa por el Ministerio de Fomento se ajustará a lo que se disponga en orden ministerial dictada al efecto.

C) Tasas por la concesión de autorizaciones administrativas singulares.

La liquidación de la tasa por el Ministerio de Fomento seguirá exigiéndose en los términos establecidos en el artículo 32 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.

2. Tasas por prestación de servicios y realización de actividades en relación con las operaciones de concentración

Tasa por análisis y estudio de las operaciones de concentración.

1. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la realización, por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, del análisis de las concentraciones sujetas a control de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa la Competencia.

2. Devengo.

La tasa se devengará con la presentación de la notificación prevista en el artículo 9 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.

Si se presentare la autoliquidación sin ingreso, se procederá a su exacción por la vía de apremio, sin perjuicio de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia instruya el correspondiente expediente.

3. Sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos las personas que resulten obligadas a notificar de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.

4. Cuantías.

1.º Una cuota fija de 1.500 euros para aquellas concentraciones que requieran su tramitación a través del formulario abreviado de notificación previsto en el artículo 56 de la Ley 15/2007, de 3 de julio. No obstante, si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia decide, conforme a lo establecido en el artículo mencionado, que las partes deben presentar el formulario ordinario, éstas deberán realizar la liquidación complementaria correspondiente.

2.º En el supuesto de análisis de operaciones de concentración económicas sujetas a control de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la cuota de la tasa será:

a) De 5.502,15 euros cuando el volumen de negocios global en España del conjunto de los partícipes en la operación de concentración sea igual o inferior a 240.000.000 de euros.

b) De 11.004,31 euros cuando el volumen de negocios global en España de las empresas partícipes sea superior a 240.000.000 de euros e igual o inferior a 480.000.000 de euros.

c) De 22.008,62 euros cuando el volumen de negocios global en España de las empresas partícipes sea superior a 480.000.000 de euros e igual o inferior a 3.000.000.000 de euros.

d) De una cantidad fija de 43.944 euros cuando el volumen de negocios en España del conjunto de los partícipes sea superior a 3.000.000.000 de euros, más 11.004,31 euros adicionales por cada 3.000.000.000 de euros en que el mencionado volumen de negocios supere la cantidad anterior, hasta un límite máximo de 109.806 euros.

5. Devolución.

De conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, la devolución de tasas exigidas solo procederá cuando el hecho imponible no se hubiere realizado por causas no imputables al sujeto pasivo.

6. Gestión.

La liquidación de la tasa por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se ajustará a lo que se disponga en la orden ministerial dictada al efecto.

3. Tasas por prestación de servicios y realización de actividades en relación con el sector de las telecomunicaciones

Corresponderá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la liquidación de las siguientes tasas:

A) Tasa general de operadores, regulada en el apartado 1 del Anexo I de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

B) Tasas por numeración telefónica, reguladas en el apartado 2 del Anexo I de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre.

C) Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, reguladas en el apartado 3 del Anexo I de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre.

D) Tasas de telecomunicaciones, reguladas en el apartado 4 del Anexo I de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre.

4. Tasas previstas para el ejercicio de las funciones del sector energético

1. A los efectos previstos en la presente Ley, se establecen las siguientes tasas:

Primero. Tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de actividades en relación con el sector de hidrocarburos líquidos.

a) Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios y realización de actividades por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en relación con el sector de los hidrocarburos líquidos, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

b) Base imponible. La base imponible de la tasa viene constituida por las ventas anuales de gasolinas, gasóleos, querosenos, fuelóleos y gases licuados del petróleo a granel y envasado expresadas en toneladas métricas (Tm), cuya entrega se haya realizado en territorio nacional. A estos efectos, no tendrán la consideración de ventas las realizadas entre operadores, ni las ventas realizadas por los operadores a los que se refiere el artículo 45 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, a distribuidores de gases licuados del petróleo por canalización a consumidores finales.

Las ventas a que se refiere el párrafo anterior se calcularán anualmente, con base en las realizadas en el año natural anterior y se aplicarán a partir del 1 de enero. Mediante resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo se determinarán las ventas anuales que corresponden a cada operador y que servirán de base para el cálculo de la cuota tributaria a ingresar en el Tesoro Público. En tanto en cuanto no se dicte la resolución a que se refiere el párrafo anterior, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo efectuará la liquidación prevista en la letra f) de este apartado conforme a las ventas anuales establecidas para el ejercicio inmediatamente anterior. Una vez dictada la resolución por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, éste efectuará las regularizaciones que, en su caso, procedan de acuerdo con la determinación de ventas que la misma hubiese establecido.

c) Devengo de la tasa. La tasa se devengará el día último de cada mes natural.

d) Sujetos pasivos. Los sujetos pasivos de la tasa son los operadores al por mayor a que se refieren los artículos 42 y 45 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.

e) Tipo de gravamen y cuota. El tipo por el que se multiplicará la base imponible para determinar la cuota tributaria a ingresar en el Tesoro Público será de 0,140817 euros/Tm.

f) Normas de gestión. La tasa será objeto de liquidación mensual por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ascendiendo el importe de cada liquidación practicada a la doceava parte de la cuota tributaria definida en la letra e) anterior.

El ingreso de la tasa liquidada y notificada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se realizará por los sujetos pasivos definidos en la letra d) anterior en los plazos fijados en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

Segundo. Tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de actividades en relación con el sector de hidrocarburos gaseosos.

a) Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios y realización de actividades por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el sector de los hidrocarburos gaseosos, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

b) Base imponible. La base imponible de la tasa viene constituida por la facturación total derivada de la aplicación de peajes y cánones a que se refiere el artículo 92 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.

c) Devengo. La tasa se devengará el día último de cada mes natural.

d) Sujetos pasivos. Los sujetos pasivos de la tasa son las empresas que realicen las actividades de regasificación, almacenamiento en tanques de GNL, almacenamiento básico, transporte y distribución, en los términos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre.

e) Tipos de gravamen y cuota. El tipo por el que se multiplicará la base imponible para determinar la cuota tributaria a ingresar en el Tesoro Público será de 0,140 por ciento.

f) Normas de gestión. La tasa será objeto de autoliquidación mensual por los sujetos pasivos definidos en la letra d) anterior. El sujeto pasivo cumplimentará el correspondiente impreso de declaración-liquidación, según los modelos que apruebe mediante Resolución el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, antes del día 25 de cada mes, los sujetos pasivos deberán presentar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo declaración-liquidación sobre la facturación total correspondiente al mes anterior, con desglose de períodos y facturas.

El plazo para el ingreso de las tasas correspondientes a la facturación de cada mes, será, como máximo, el día 10, o el siguiente día hábil, del mes siguiente al siguiente a aquel a que se refiera el período de facturación liquidado.

g) Integración de la tasa en la estructura de peajes y cánones prevista en la Ley 34/1998, de 7 de octubre. La tasa por prestación de servicios y realización de actividades en el sector de hidrocarburos gaseosos tiene la consideración de coste permanente del sistema gasista, integrándose a todos los efectos en la estructura, peajes y cánones establecida por la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y disposiciones de desarrollo de la misma.

Tercero. Tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de actividades en relación con el sector eléctrico.

a) Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios y realización de actividades por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en relación con el sector eléctrico, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

b) Exenciones y bonificaciones. En materia de exenciones y bonificaciones se estará a lo establecido en la Disposición adicional única del Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el procedimiento de liquidación de los costes de transporte, distribución y comercialización a tarifa, de los costes permanentes del sistema y de los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento, por la que se determina el régimen de exenciones y coeficientes reductores aplicable a las cuotas a que se refiere el artículo 5 del citado Real Decreto.

Asimismo, resultará de aplicación lo dispuesto en la Disposición transitoria sexta del citado Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre.

c) Base imponible. La base imponible de la tasa viene constituida por la facturación total derivada de la aplicación de los peajes de acceso a que se refiere el artículo 17 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre.

d) Devengo de la tasa. La tasa se devengará el día último de cada mes natural.

e) Sujetos pasivos. Los sujetos pasivos de la tasa son las empresas que desarrollan las actividades de transporte y distribución, en los términos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre.

f) Tipos de gravamen y cuota. El tipo por el que se multiplicará la base imponible para determinar la cuota tributaria a ingresar en el Tesoro Público será de 0,150 por ciento, para los peajes a que se refiere el artículo 17 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre.

g) Normas de gestión. La tasa será objeto de autoliquidación mensual por los sujetos pasivos definidos en la letra e) anterior. El sujeto pasivo cumplimentará el correspondiente impreso de declaración-liquidación, según los modelos que apruebe mediante resolución el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, antes del día 25 de cada mes, los sujetos pasivos deberán presentar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo declaración-liquidación sobre la facturación total correspondiente al mes anterior, con desglose de periodos y facturas.

El ingreso de las tasas correspondientes a la facturación del penúltimo mes anterior se realizará antes del día 10 de cada mes o, en su caso, del día hábil inmediatamente posterior.

h) Integración de la tasa en la estructura de peajes prevista en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre. La tasa por prestación de servicios y realización de actividades en el sector eléctrico tiene la consideración de coste permanente del sistema, en los términos previstos en el artículo 16.5 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, integrándose a todos los efectos en la estructura de peajes establecida por la citada Ley y disposiciones de desarrollo de la misma.

2. La gestión y recaudación en período voluntario de las tasas definidas en la presente Disposición corresponderá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en los términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás normativa de aplicación.

La competencia para acordar el aplazamiento y fraccionamiento de pago en período voluntario de las tasas definidas en la presente Disposición, corresponderá, asimismo, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, según lo previsto en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. La recaudación en vía ejecutiva será competencia de los órganos de recaudación de la Hacienda Pública, de acuerdo con lo previsto en la normativa tributaria.

3. En lo no previsto en los apartados anteriores será de aplicación lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos y normas de desarrollo de las mismas.

4. Los tipos de gravamen serán revisados por el Gobierno con carácter cuatrienal, adaptándolos a las necesidades de financiación que justifiquen la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

La primera revisión se realizará al año siguiente en que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ejerza de forma efectiva las funciones encomendadas en la Disposición adicional octava de esta Ley.

5. La prestación de servicios y realización de actividades por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a que se hace referencia en los apartados Primero a), Segundo a) y Tercero a) incluirá aquellos realizados por organismos adscritos al mismo a los que el citado Ministerio encomiende la prestación o realización de los servicios y actividades.

6. En las leyes de presupuestos generales del Estado de cada año se determinará qué porcentaje de lo recaudado por las tasas previstas en los apartados Segundo y Tercero se destinará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para el ejercicio de sus funciones en el ámbito del sector energético.

5. Tasa por la gestión administrativa del juego

La gestión de esta tasa será realizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

II. Prestaciones patrimoniales de carácter público

1. Aportaciones a realizar por los operadores de telecomunicaciones y por los prestadores privados del servicio de comunicación audiovisual televisiva, de ámbito geográfico estatal o superior al de una Comunidad Autónoma, reguladas en los artículos 5 y 6 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación Radio y Televisión Española.

2. Contribución postal regulada en el artículo 31 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Arrêté du 21 avril 2005 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion et à l'administration du personnel civil de la direction régionale du commissariat de l'armée de terre en région terre Sud-Est.

Arrêté du 21 avril 2005 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion et à l'administration du personnel civil de la direction régionale du commissariat de l'armée de terre en région terre Sud-Est.

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi nº 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret nº 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 avril 2005 portant le numéro 1059315,

Arrête :

Article 1. Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major de l'armée de terre, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “gestion des personnels” mis en oeuvre par le bureau organisation ressources de la direction régionale du commissariat de l'armée de terre en région terre Sud-Est et dont la finalité principale est l'aide à la gestion et à l'administration du personnel civil.

Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

– à l'identité (nom -patronymique, marital ou d'usage-, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresses -postale et professionnelle de courrier électronique-, numéros de téléphone, identifiant défense, photographie) ;

– à la situation familiale (situation matrimoniale, enfants -prénoms, sexe, date(s) de naissance, à charge ou non, date de décès éventuel-, personne à prévenir en cas d'urgence -nom, prénom, lien de parenté, adresse, téléphone-, prénom du conjoint, profession) ;

– à la situation militaire (grade, arme, spécialité, durée des services, affectation, dégagé, sursitaire, exempté, position sous les drapeaux, affectation dans la réserve, numéro matricule au recrutement) ;

– à la formation, aux diplômes et aux distinctions (diplômes, certificats et attestations, langues étrangères pratiquées, formation professionnelle -nature et date des cours, stages ou autres actions de formation-, niveau général et scolaire, récompenses, décorations) ;

– à la vie professionnelle (mode de recrutement -concours, examens, recrutement direct-, régime juridique [statutaire ou contractuel], position administrative -activité à temps complet ou à temps partiel, détachement, position hors cadre, disponibilité, congé parental-, congés -annuels, maladie, longue maladie, longue durée, maternité, liés aux charges parentales, de formation professionnelle, de formation syndicale-, grades ou emplois et affectations successifs et actuels, indices de traitement -bruts ou réels majorés- successifs et actuels, ancienneté dans l'échelon et réduction d'ancienneté, résidences administratives successives et actuelle, notation effectuée selon les garanties statutaires, demandes de mutation ou orientation souhaitée) ;

– à la santé (calendrier des visites médicales).

Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à la sortie des cadres de l'agent ou à la rupture du lien de l'agent avec la personne morale gestionnaire.

Les données nécessaires au calcul des droits à retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à la liquidation des pensions de vieillesse.

La conservation des données relatives aux motifs d'absences est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.

Article 3. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

– les agents chargés des opérations administratives et comptables ;

– les agents responsables de la gestion des personnels ;

– les supérieurs hiérarchiques des intéressés ;

– les membres des corps d'inspection.

Article 4. Le droit d'opposition prévu à l'aticle 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès de la direction régionale du commissariat de l'armée de terre en région terre Sud-Est (bureau organisation ressources), quartier Ostérode, BP 28, 69998 Lyon Armées.

Article 6. Le directeur régional du commissariat de l'armée de terre en région terre Sud-Est est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 avril 2005.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre, C. Guerlavais

01Ene/14

Ley nº 7607 de 29 de mayo de 1996. Reforma de los artículos 24 y 46 de la Constitución de Costa Rica

Artículo 1º.- Reformas

Refórmanse los artículos 24 y 46 de la Constitución Política, cuyos textos dirán:

Artículo 24.- Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones.

Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios de los diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento.

Igualmente, la ley determinará en cuales casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante cuanto tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales amparadas a esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su aplicación y control serán responsabilidad indelegable de la autoridad judicial.

La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán revisar los libros de contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos.

Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los diputados, determinará cuáles otros órganos de la Administración Pública podrán revisar los documentos que esa ley señale en relación con el cumplimiento de sus competencias de regulación y vigilancia para conseguir fines públicos. Asimismo, indicará en qué casos procede esa revisión.

No producirán efectos legales, la correspondencia que fuere sustraída ni la información obtenida como resultado de la intervención ilegal de cualquier comunicación.

 

Artículo 46.- Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria.

Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora.

Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación especial.

Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las municipalidades se requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.

Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias.

 

Artículo 2º.- Vigencia.

Rige a partir de su publicación.

 

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Délibération n° 2006-103 du 27 avril 2006 portant autorisation unique de mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel reposant sur l'utilisation d'un dispositif de reconnaissance du contour de la main et ayant pour finalité l'accès au restaurant scolaire

Délibération nº 2006-103 du 27 avril 2006 portant autorisation unique de mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel reposant sur l'utilisation d'un dispositif de reconnaissance du contour de la main et ayant pour finalité l'accès au restaurant scolaire (décision d'autorisation unique nº AU-009).

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la convention nº 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 25 (8° et II) ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 ;

Après avoir entendu M. Francis Delattre, commissaire, en son rapport, et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

Formule les observations suivantes :

Le contrôle de l'accès au restaurant scolaire peut s'effectuer grâce à la mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel reposant sur l'utilisation d'un dispositif de reconnaissance du contour de la main.

Dès lors, de tels dispositifs relèvent de l'article 25 (8°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui soumet à autorisation les traitements comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 25-II aux termes duquel les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par une décision unique de la commission ;

Le responsable de traitement mettant en oeuvre un dispositif reposant sur la reconnaissance du contour de la main dans le respect des dispositions de cette décision unique adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci aux caractéristiques de la présente autorisation ;

Décide que les responsables de traitement qui adressent à la commission une déclaration comportant un engagement de conformité pour leurs traitements de données à caractère personnel répondant aux conditions fixées par la présente décision unique sont autorisés à mettre en oeuvre ces traitements.

Article 1. Finalités et caractéristiques techniques du traitement.

Seuls peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité en référence à la présente décision unique les traitements reposant sur un dispositif de reconnaissance du contour de la main mis en oeuvre par les établissements publics locaux d'enseignement du second degré et les établissements privés d'enseignement du second degré.

Ces traitements ont pour finalité le contrôle de l'accès des élèves et des personnels au restaurant scolaire et sont interconnectés avec une application de gestion de la restauration ainsi qu'avec un système de paiement associé.

Le système envisagé repose d'une part, sur la mise en oeuvre d'un fichier de gestion recensant les élèves fréquentant la cantine scolaire et d'autre part, sur un dispositif de contrôle d'accès.

Ce dernier est composé d'une borne d'accès, située à l'entrée du restaurant, reliée à un lecteur biométrique, lequel contient une base de données comportant les gabarits biométriques et les codes d'accès.

Le dispositif biométrique de reconnaissance du contour de la main doit présenter les caractéristiques suivantes :

– aucune photographie de la main des personnes concernées n'est conservée ;

– les éléments pris en compte reposent exclusivement sur la géométrie de la main ;

– seul le gabarit du contour de la main, résultat du traitement des mesures par un algorithme, est enregistré dans la base de données où il peut être associé à un code ou numéro d'authentification de la personne.

Article 2. Données à caractère personnel traitées.

Seules les données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées :

a) S'agissant des élèves :

– les données de gestion utiles pour l'accès au restaurant : identité (nom, prénom), la classe, le numéro d'ordre dans l'établissement, les coordonnées du responsable légal, un code horaire et un code tarif ;

– les gabarits biométriques de la main associés à un code d'accès personnel ;

b) S'agissant des personnels :

– les données de gestion utiles pour l'accès au restaurant : identité (nom, prénom), les codes horaire et tarif.

– les gabarits biométriques de la main associés à un code d'accès personnel.

Article 3. Destinataires des informations.

Peuvent être destinataires des données visées à l'article 2, dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, le responsable d'établissement ainsi que les seules personnes habilitées qui assurent la gestion du service de la restauration scolaire.

Les personnes habilitées énumérées ci-dessus ne peuvent avoir accès au gabarit de l'empreinte digitale que de façon temporaire et pour les stricts besoins de son inscription sur le support individuel ou de sa suppression.

Article 4. Durée de conservation.

Les données relatives à l'identité de l'élève sont conservées pendant la durée de sa scolarité dans l'établissement. Les données relatives à l'identité des personnels sont conservées pendant la durée de leur affectation au sein de l'établissement.

Les gabarits biométriques du contour de la main associés à un code d'accès personnel sont conservés pendant la durée de l'année scolaire. Si une personne quitte l'établissement ou est désinscrite du service de restauration scolaire en cours d'année, les données biométriques sont effacées dans la semaine suivant son départ ou sa désinscription.

Article 5. Mesures de sécurité.

Le responsable du traitement prend toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données traitées et, notamment pour empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés puissent en prendre connaissance.

Les accès individuels au traitement s'effectuent par un identifiant et un mot de passe individuel, régulièrement renouvelé, ou par tout autre moyen d'authentification.

Article 6. Information des personnes.

L'information des élèves majeurs et des représentants légaux des élèves mineurs ainsi que des personnels sur l'identité du responsable du traitement, les finalités poursuivies, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses à apporter, les conséquences éventuelles, à leur égard d'un défaut de réponse, les destinataires des données et l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux données les concernant est assurée par la diffusion d'une note explicative, préalablement à la mise en oeuvre du traitement.

Les élèves majeurs et les représentants légaux des élèves mineurs doivent être individuellement informés du droit de s'opposer, par un moyen simple, à l'informatisation des données biométriques les concernant ou concernant leurs enfants. En cas d'opposition à l'utilisation du dispositif biométrique, les élèves ont la possibilité de se voir délivrer un badge ou tout autre moyen d'accès à la cantine.

L'information des représentants des parents d'élèves, des élèves et des personnels doit également être assurée lors des réunions des instances délibératives de l'établissement.

Article 7. Exercice des droits d'accès et de rectification.

Le droit d'accès défini au chapitre V de la loi du 6 janvier modifiée s'exerce auprès du ou des services que le responsable de traitement aura désignés. Cette information figure sur le formulaire d'inscription au service de restauration scolaire.

Article 8. Tout traitement automatisé de données à caractère personnel reposant sur l'utilisation d'un dispositif de reconnaissance du contour de la main qui n'est pas conforme aux dispositions qui précèdent doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la Commission dans les formes prescrites par les articles 25 (8°) et 30 de la loi modifiée du 6 janvier 1978.

Article 9. La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Le président, A. Türk

01Ene/14

Ley Estatutaria 1581 de 17 de octubre de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de los datos personales (Diario Oficial 48587 de octubre 18 de 2012)

EL CONGRESO DE COLOMBIA

 

DECRETA:

 

TÍTULO I.- OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1º.- Objeto.La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación.Los principios y disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada.

La presente ley aplicará al tratamiento de datos personales efectuado en territorio colombiano o cuando al Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento no establecido en territorio nacional le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales.

El régimen de protección de datos personales que se establece en la presente ley no será de aplicación:

a) A las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico.

Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, de manera previa, informar al Titular y solicitar su autorización. En este caso los Responsables y Encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a las disposiciones contenidas en la presente ley;

b) A las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, así como la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo;

c) A las Bases de datos que tengan como fin y contengan información de inteligencia y contrainteligencia;

d) A las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales;

e) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008;

f) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 79 de 1993.

Parágrafo. Los principios sobre protección de datos serán aplicables a todas las bases de datos, incluidas las exceptuadas en el presente artículo, con los límites dispuestos en la presente ley y sin reñir con los datos que tienen características de estar amparados por la reserva legal. En el evento que la normatividad especial que regule las bases de datos exceptuadas prevea principios que tengan en consideración la naturaleza especial de datos, los mismos aplicarán de manera concurrente a los previstos en la presente ley.

 

Artículo 3º.- Definiciones.Para los efectos de la presente ley, se entiende por:

a) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento de datos personales;

b) Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento;

c) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables;

d) Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento;

e) Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos;

f) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento;

g) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.

 

TÍTULO II.- PRINCIPIOS RECTORES

Artículo 4º.- Principios para el Tratamiento de datos personales.En el desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley, se aplicarán, de manera armónica e integral, los siguientes principios:

a) Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que se refiere la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen;

b) Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular;

c) Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento;

d) Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error;

e) Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan;

f) Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la presente ley;

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley;

g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;

h) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma.

 

TÍTULO III.- CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS

Artículo 5º.- Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.

Artículo 6º.- Tratamiento de datos sensibles.Se prohíbe el Tratamiento de datos sensibles, excepto cuando:

a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización;

b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán otorgar su autorización;

c) El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la autorización del Titular;

d) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial;

e) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los Titulares.

 

Artículo 7º.- Derechos de los niños, niñas y adolescentes.En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes.

Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública.

Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes respecto del Tratamiento indebido de sus datos personales, y proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de niños, niñas y adolescentes de sus datos personales, su derecho a la privacidad y protección de su información personal y la de los demás. El Gobierno Nacional reglamentará la materia, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de esta ley.

 

TÍTULO IV.- DERECHOS Y CONDICIONES DE LEGALIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS

Artículo 8º.- Derechos de los Titulares.El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos:

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado;

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley;

c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales;

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen;

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución;

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

 

Artículo 9º.- Autorización del Titular.Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior.

Artículo 10.- Casos en que no es necesaria la autorización.La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de:

a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial;

b) Datos de naturaleza pública;

c) Casos de urgencia médica o sanitaria;

d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos;

e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.

Quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en todo caso cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley.

 

Artículo 11.- Suministro de la información.- La información solicitada podrá ser suministrada por cualquier medio, incluyendo los electrónicos, según lo requiera el Titular. La información deberá ser de fácil lectura, sin barreras técnicas que impidan su acceso y deberá corresponder en un todo a aquella que repose en la base de datos.

El Gobierno Nacional establecerá la forma en la cual los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento deberán suministrar la información del Titular, atendiendo a la naturaleza del dato personal, Esta reglamentación deberá darse a más tardar dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley.

 

Artículo 12.- Deber de informar al Titular.El Responsable del Tratamiento, al momento de solicitar al Titular la autorización, deberá informarle de manera clara y expresa lo siguiente:

a) El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo;

b) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes;

c) Los derechos que le asisten como Titular;

d) La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del Tratamiento.

Parágrafo. El Responsable del Tratamiento deberá conservar prueba del cumplimiento de lo previsto en el presente artículo y, cuando el Titular lo solicite, entregarle copia de esta.

 

Artículo 13.Personas a quienes se les puede suministrar la información. La información que reúna las condiciones establecidas en la presente ley podrá suministrarse a las siguientes personas:

a) A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales;

b) A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial;

c) A los terceros autorizados por el Titular o por la ley.

 

TÍTULO V.- PROCEDIMIENTOS

Artículo 14.- Consultas.Los Titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del Titular que repose en cualquier base de datos, sea esta del sector público o privado. El Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento deberán suministrar a estos toda la información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la identificación del Titular.

La consulta se formulará por el medio habilitado por el Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento, siempre y cuando se pueda mantener prueba de esta.

La consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

Parágrafo. Las disposiciones contenidas en leyes especiales o los reglamentos expedidos por el Gobierno Nacional podrán establecer términos inferiores, atendiendo a la naturaleza del dato personal.

 

Artículo 15.- Reclamos.El Titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en esta ley, podrán presentar un reclamo ante el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento el cual será tramitado bajo las siguientes reglas:

1. El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al Responsable del Tratamiento o al Encargado del Tratamiento, con la identificación del Titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los documentos que se quiera hacer valer. Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.

En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al interesado.

2. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga “reclamo en trámite” y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido.

3. El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

 

Artículo 16.- Requisito de procedibilidad.El Titular o causahabiente sólo podrá elevar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante el Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento.

TÍTULO VI.- DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO

Artículo 17.- Deberes de los Responsables del Tratamiento.Los Responsables del Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad:

a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data;

b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la respectiva autorización otorgada por el Titular;

c) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada;

d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;

e) Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible;

f) Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del Tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga actualizada;

g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado del Tratamiento;

h) Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la presente ley;

i) Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad de la información del Titular;

j) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente ley;

k) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de consultas y reclamos;

l) Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentra en discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya finalizado el trámite respectivo;

m) Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos;

n) Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares.

o) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

Artículo 18.- Deberes de los Encargados del Tratamiento.Los Encargados del Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad:

a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data;

b) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;

c) Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los términos de la presente ley;

d) Actualizar la información reportada por los Responsables del Tratamiento dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo;

e) Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los términos señalados en la presente ley;

f) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley y, en especial, para la atención de consultas y reclamos por parte de los Titulares;

g) Registrar en la base de datos las leyenda “reclamo en trámite” en la forma en que se regula en la presente ley;

h) Insertar en la base de datos la leyenda “información en discusión judicial” una vez notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales relacionados con la calidad del dato personal;

i) Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio;

j) Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso a ella;

k) Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares;

l) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio.

Parágrafo. En el evento en que concurran las calidades de Responsable del Tratamiento y Encargado del Tratamiento en la misma persona, le será exigible el cumplimiento de los deberes previstos para cada uno.

 

TÍTULO VII.- DE LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SANCIÓN

CAPÍTULO I.- De la autoridad de protección de datos

Artículo 19.- Autoridad de Protección de Datos.- La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de una Delegatura para la Protección de Datos Personales, ejercerá la vigilancia para garantizar que en el Tratamiento de datos personales se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la presente ley.

Parágrafo 1º.El Gobierno Nacional en el plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley incorporará dentro de la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio un despacho de Superintendente Delegado para ejercer las funciones de Autoridad de Protección de Datos.

Parágrafo 2º.La vigilancia del tratamiento de los datos personales regulados en la Ley 1266 de 2008 se sujetará a lo previsto en dicha norma.

Artículo 20.- Recursos para el ejercicio de sus funciones.La Superintendencia de Industria y Comercio contará con los siguientes recursos para ejercer las funciones que le son atribuidas por la presente ley:

a) Los recursos que le sean destinados en el Presupuesto General de la Nación.

 

Artículo 21.- Funciones.La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones:

a) Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales;

b) Adelantar las investigaciones del caso, de oficio o a petición de parte y, como resultado de ellas, ordenar las medidas que sean necesarias para hacer efectivo el derecho de hábeas data. Para el efecto, siempre que se desconozca el derecho, podrá disponer que se conceda el acceso y suministro de los datos, la rectificación, actualización o supresión de los mismos;

c) Disponer el bloqueo temporal de los datos cuando, de la solicitud y de las pruebas aportadas por el Titular, se identifique un riesgo cierto de vulneración de sus derechos fundamentales, y dicho bloqueo sea necesario para protegerlos mientras se adopta una decisión definitiva;

d) Promover y divulgar los derechos de las personas en relación con el Tratamiento de datos personales e implementará campañas pedagógicas para capacitar e informar a los ciudadanos acerca del ejercicio y garantía del derecho fundamental a la protección de datos;

e) Impartir instrucciones sobre las medidas y procedimientos necesarios para la adecuación de las operaciones de los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento a las disposiciones previstas en la presente ley;

f) Solicitar a los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento la información que sea necesaria para el ejercicio efectivo de sus funciones.

g) Proferir las declaraciones de conformidad sobre las transferencias internacionales de datos;

h) Administrar el Registro Nacional Público de Bases de Datos y emitir las órdenes y los actos necesarios para su administración y funcionamiento;

i) Sugerir o recomendar los ajustes, correctivos o adecuaciones a la normatividad que resulten acordes con la evolución tecnológica, informática o comunicacional;

j) Requerir la colaboración de entidades internacionales o extranjeras cuando se afecten los derechos de los Titulares fuera del territorio colombiano con ocasión, entre otras, de la recolección internacional de datos personajes;

k) Las demás que le sean asignadas por ley.

 

CAPÍTULO II.- Procedimiento y sanciones

Artículo 22.- Trámite.La Superintendencia de Industria y Comercio, una vez establecido el incumplimiento de las disposiciones de la presente ley por parte del Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, adoptará las medidas o impondrá las sanciones correspondientes.

En lo no reglado por la presente ley y los procedimientos correspondientes se seguirán las normas pertinentes del Código Contencioso Administrativo.

 

Artículo 23.- Sanciones.La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer a los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento las siguientes sanciones:

a) Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción. Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó;

b) Suspensión de las actividades relacionadas con el Tratamiento hasta por un término de seis (6) meses. En el acto de suspensión se indicarán los correctivos que se deberán adoptar;

c) Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el Tratamiento una vez transcurrido el término de suspensión sin que se hubieren adoptado los correctivos ordenados por la Superintendencia de Industria y Comercio;

d) Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el Tratamiento de datos sensibles;

Parágrafo. Las sanciones indicadas en el presente artículo sólo aplican para las personas de naturaleza privada. En el evento en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio advierta un presunto incumplimiento de una autoridad pública a las disposiciones de la presente ley, remitirá la actuación a la Procuraduría General de la Nación para que adelante la investigación respectiva.

 

Artículo 24.- Criterios para graduar las sanciones.- Las sanciones por infracciones a las que se refieren el artículo anterior, se graduarán atendiendo los siguientes criterios, en cuanto resulten aplicables:

a) La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la presente ley;

b) El beneficio económico obtenido por el infractor o terceros, en virtud de la comisión de la infracción;

c) La reincidencia en la comisión de la infracción;

d) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio;

e) La renuencia o desacato a cumplir las órdenes impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio;

f) El reconocimiento o aceptación expresos que haga el investigado sobre la comisión de la infracción antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar.

 

CAPÍTULO III.- Del Registro Nacional de Bases de Datos

Artículo 25.- Definición.- El Registro Nacional de Bases de Datos es el directorio público de las bases de datos sujetas a Tratamiento que operan en el país.

El registro será administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y será de libre consulta para los ciudadanos.

Para realizar el registro de bases de datos, los interesados deberán aportar a la Superintendencia de Industria y Comercio las políticas de tratamiento de la información, las cuales obligarán a los responsables y encargados del mismo, y cuyo incumplimiento acarreará las sanciones correspondientes. Las políticas de Tratamiento en ningún caso podrán ser inferiores a los deberes contenidos en la presente ley.

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará, dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley, la información mínima que debe contener el Registro, y los términos y condiciones bajo los cuales se deben inscribir en este los Responsables del Tratamiento.

 

TÍTULO VIII.- TRANSFERENCIA DE DATOS A TERCEROS PAÍSES

Artículo 26.- Prohibición.Se prohíbe la transferencia de datos personales de cualquier tipo a países que no proporcionen niveles adecuados de protección de datos. Se entiende que un país ofrece un nivel adecuado de protección de datos cuando cumpla con los estándares fijados por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la materia, los cuales en ningún caso podrán ser inferiores a los que la presente ley exige a sus destinatarios.

Esta prohibición no regirá cuando se trate de:

a) Información respecto de la cual el Titular haya otorgado su autorización expresa e inequívoca para la transferencia;

b) Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el Tratamiento del Titular por razones de salud o higiene pública;

c) Transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la legislación que les resulte aplicable;

d) Transferencias acordadas en el marco de tratados internacionales en los cuales la República de Colombia sea parte, con fundamento en el principio de reciprocidad;

e) Transferencias necesarias para la ejecución de un contrato entre el Titular y el Responsable del Tratamiento, o para la ejecución de medidas precontractuales siempre y cuando se cuente con la autorización del Titular;

f) Transferencias legalmente exigidas para la salvaguardia del interés público, o para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial.

Parágrafo 1º.En los casos no contemplados como excepción en el presente artículo, corresponderá a la Superintendencia de Industria y Comercio, proferir la declaración de conformidad relativa a la transferencia internacional de datos personales. Para el efecto, el Superintendente queda facultado para requerir información y adelantar las diligencias tendientes a establecer el cumplimiento de los presupuestos que requiere la viabilidad de la operación.

Parágrafo 2º.Las disposiciones contenidas en el presente artículo serán aplicables para todos los datos personales, incluyendo aquellos contemplados en la Ley 1266 de 2008.

TÍTULO IX.- OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 27.- Normas Corporativas Vinculantes.- El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación correspondiente sobre Normas Corporativas Vinculantes para la certificación de buenas prácticas en protección de datos, personales y su transferencia a terceros países.

 

Artículo 28.- Régimen de transición.Las personas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley ejerzan alguna de las actividades acá reguladas tendrán un plazo de hasta seis (6) meses para adecuarse a las disposiciones contempladas en esta ley.

Artículo 29.- Derogatorias.La presente ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias a excepción de aquellas contempladas en el artículo 2°.

Artículo 30.- Vigencia.La presente ley rige a partir de su promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la República, ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE.

El Secretario General del honorable Senado de la República, GREGORIO ELJACH PACHECO.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ.

La Secretaria General (E.) de la honorable Cámara de Representantes, FLOR MARINA DAZA RAMÍREZ.

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia C-748 de 2011 proferida por la Corte Constitucional, se procede a la sanción del proyecto de ley, la cual ordena la remisión del expediente al Congreso de la República, para continuar el trámite de rigor y posterior envío al Presidente de la República.

 

Dada en Bogotá, D. C., a 17 días del mes de octubre de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Justicia y del Derecho, RUTH STELLA CORREA PALACIO.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, MAURICIO CÁRDENAS SANTA MARÍA.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, SERGIO DIAZ-GRANADOS GUIDA.

El Ministro de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, DIEGO MOLANO VEGA.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Décret n° 2004-1326 du 3 décembre 2004 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des représentants des usagers aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Décret nº 2004-1326 du 3 décembre 2004 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des représentants des usagers aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 719-1 et L. 719-2 ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret nº 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 novembre 2004,

Décrète :

Article 1. Les opérations de vote pour l'élection des représentants des usagers au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux conseils exerçant leurs attributions peuvent être réalisées par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés .

Les dispositions du décret du 18 janvier 1985 susvisé leur sont applicables, à l'exception des articles 29, 30, 31, 32, 34 et des troisième et quatrième alinéas de l'article 35.


Article 2.
L'élection par voie électronique est mise en oeuvre sur décision du président ou du directeur de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement et consultation des représentants des étudiants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux conseils exerçant leurs attributions.

La mise en place du vote par voie électronique exclut toute autre modalité de vote.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur établit la liste des établissements pouvant mettre en oeuvre le vote électronique qui figure en annexe de l'arrêté prévu à l'article 1er du présent décret.

Article 3. La mise en place du vote par voie électronique est subordonnée à l'accomplissement des formalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 4. Le président ou le directeur de l'établissement choisit, après avis favorable du conseil d'administration, le système automatisé qui doit garantir l'égalité des candidatures, le caractère personnel et le secret du vote et la possibilité d'opérer un contrôle sur la régularité du scrutin.

Lorsque l'établissement a recours à un prestataire de services pour la conception ou la mise en oeuvre du système automatisé, le cahier des charges comporte des clauses destinées à assurer la garantie effective de ces règles et principes.

Les modalités de mise en oeuvre du vote électronique font l'objet d'une concertation avec les élus étudiants des conseils visés à l'article 1er du présent décret. Elles permettent à l'électeur d'être informé de l'intégralité du processus de vote, des conditions de prise en compte de son vote et des cas où celui-ci sera comptabilisé comme vote blanc ou nul.

Article 5. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 2004.

 

Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Fillon

01Ene/14

Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Colima -28/02/2003 (Periódico Oficial del Estado de Colima)

DECRETO nº 318.- Es de aprobarse y se aprueba la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

FERNANDO MORENO PEÑA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus habitantes sabed:

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ArtículoS 33 FRACCIÓN XLII Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Con fecha 30 de abril del año 2002, los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron iniciativa para la expedición de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, misma que fue turnada en la fecha señalada a las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Hacienda y Presupuesto, de Gobernación y Poderes y de Peticiones, mediante oficio número 1517/02, suscrito por los Diputados Secretarios José Mancilla Figueroa y Fernando Ramírez González.

La exposición de motivos de esta iniciativa establece lo siguiente:

“En el año de 1977 se adicionó el Artículo 6° de nuestra Constitución federal para consagrar en su texto, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, el derecho a la información, como una garantía individual. Desde esta adición, la última parte de este Artículo establece que “el derecho a la información será garantizada por el Estado”.

Sin embargo, desde esta importante reforma constitucional a la fecha, no se cuenta con una ley reglamentaria federal que haga en la práctica la utilización de este derecho, indispensable para garantizar que las personas tengan acceso a una información veraz, suficiente y oportuna. Hace apenas unos días, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal. En consecuencia y para continuar con el proceso de elaboración de leyes, pasó a la Cámara de Senadores para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, donde se encuentra actualmente este proyecto de ley. A nivel local, es oportuno señalar que muy pocos estados de la República ya cuentan con una legislación reglamentaria que garanticen este derecho, sabemos que en los estados de Jalisco y Sinaloa ya cuentan con este tipo de ley. En nuestro estado de Colima no contamos con una ley reglamentaria en esta materia, por lo que se hace imprescindible presentar esta iniciativa de ley para que en nuestra entidad se cuente con una ley que garantice el acceso a la información pública.

Es importante dar este paso en nuestro estado por ser una materia de gran relevancia, ya que la información responde a la necesidad básica que tiene el hombre de expresarse y de saber lo que los demás han expresado, es una exigencia que responde al derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos de expresarnos, de informar y de informarnos, facultad que deberá estar garantizada por el Estado y ser defendida por la sociedad civil. Con relación a esto es oportuno señalar que estamos conscientes que el derecho a la información es una garantía jurídica con un sentido muy amplio y que no sólo se puede circunscribir al acceso a la información del estado, pero éste sí es una de sus partes torales y que en esta pretendida ley se busca garantizar.

Consideramos que al legislar en esta materia, estaremos contribuyendo a construir un estado más democrático y justo, otorgando una herramienta indispensable para que el gobernado pueda llevar a cabo un control social de los órganos del Estado y así poder evaluar a sus gobernantes, contando con elementos objetivos de juicio para hacerlo. Con trasparentar la información pública y permitir el libre acceso a ésta, sin duda, se estará fomentando que la administración pública sea más eficiente y se facilite el combate a la corrupción. Con esto, también, la rendición de cuentas al ciudadano se hará en forma permanente.

Con este ánimo, los suscritos presentamos la presente iniciativa para crear la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, que tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho de toda persona de tener acceso a la información pública. En esta ley pretendemos establecer el principio de la publicidad de la información en posesión del Estado y en consecuencia el derecho de los particulares de conocerla y tener acceso a ésta, con sus excepciones en la información reservada y confidencial. Es importante señalar el ámbito de aplicación que proponemos para esta ley, estableciendo como sujetos obligados a los tres poderes del Estado, a los ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos y a cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos estatales.

En sus apartados, en primer lugar proponemos transparentar la información, al obligar a los sujetos obligados a tener cierta información, por lo menos, a disposición del público en forma permanente y sin que medie una solicitud de acceso a la información, que bien se podrá establecer de esta manera a través del internet.

En otro capítulo se atiende todo lo relacionado con el procedimiento por el cual los particulares podrán requerir información a los sujetos obligados, que deberá ser atendida a más tardar en 15 días hábiles, con una prórroga de 10 días más, debidamente justificada. Destacando que la omisión de contestar a la solicitud no se entenderá como negativa ficta, sino al contrario se establece que en esta situación irregular, la entidad estará obligado a dar la información.

Por otro lado, también se reglamenta otra vertiente del derecho a la información, el derecho de acceso a todo individuo a sus datos concernidos a su propia persona, denominado como el derecho de “hábeas data”. De esta manera la persona podrá solicitar rectificaciones o supresiones a estos registros relacionados con él mismo.

Para vigilar el cumplimiento de esta ley y para ser la autoridad en materia de acceso a la información, se propone crear la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, como órgano autónomo e independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por tres comisionados propuestos por el Ejecutivo del Estado y electos por el Congreso del Estado.

Como medio de defensa de los particulares ante las resoluciones de los sujetos obligados, la iniciativa plantea contemplar dos recursos, uno, el de inconformidad, ante el propio sujeto obligado para que puede reconsiderar su determinación, y como segunda instancia, ante la Comisión Estatal referida se podrá interponer el recurso de revisión, dejando a salvo el derecho del particular de interponer cualquier otra acción legal ante una autoridad jurisdiccional.

Por último se propone un capítulo que determine como faltas administrativas el no acatar las disposiciones de esta ley, para que sean sancionadas en los términos que establece la ley de la materia, es decir, la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.”

SEGUNDO.- Con fecha 6 de mayo del año 2002, los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentaron iniciativa para la expedición de una Ley de Acceso a la Información y de Transparencia en la Función Pública del Estado, misma que fue turnada en la fecha señalada a las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Hacienda y Presupuesto, de Gobernación y Poderes y de Peticiones, mediante oficio número 1522/02, suscrito por los Diputados Secretarios José Mancilla Figueroa y Fernando Ramírez González.

La exposición de motivos de esta iniciativa establece lo siguiente:

“Que el acceso a la información es universalmente reconocido como un derecho inherente del sistema democrático como lo consignan los principales instrumentos del derecho internacional:

La Convención Americana de los Derechos Humanos, precisa en su Artículo 13 la libertad de pensamiento y expresión que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, consigna en su Artículo IV la libertad de investigación, de opinión y de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 19 establece el derecho individual de investigar y recibir informaciones y opiniones; y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contempla en su Artículo 19.1 la libertad de toda persona a buscar, recibir, y difundir informaciones de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección.

En México, el derecho a la información es una garantía constitucional consagrada en el Artículo sexto, independientemente que en términos del Artículo 133 de la carta magna y de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados estas disposiciones del derecho internacional precisen su vigencia en el territorio nacional.

El derecho a la información, de acuerdo con Jorge Carpizo, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, nace en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Se trata, explica, de “una garantía fundamental que toda persona posee para atraerse información, informar y ser informada, definición de la que se desprenden otros tres aspectos importantes:

a) El derecho a atraerse información que incluye las facultades de

I) acceso a los archivos, registros y documentos públicos,

II) la decisión de qué medio se lee, se escucha o se contempla.

b) El derecho de informar, que incluye

I) las libertades de expresión y de imprenta, y

II) el de constitución de sociedades y empresas informativas.

c) El derecho a ser informado que incluye las facultades de

I) recibir información objetiva y oportuna,

II) la cual debe ser completa; es decir, el derecho a enterarse de todas las noticias y,

III) con carácter universal, o sea, que la información es para todas las personas sin exclusión alguna”.

El derecho a la información, tiene no obstante, antecedentes lejanos en el tiempo.

Tuvo su primera manifestación en una Real Ordenanza sueca en 1766, sobre libertad de prensa en la cual se contemplaba el acceso a la documentación pública. Luego, en 1789, los hombres de la Revolución Francesa, en el Artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, precisaron: “La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre”. La comunicación a la que aludía tal disposición se refería a la información o flujo de intercambios que debían existir entre los hombres a lo que ellos pensaban y conocían, a efectos de que con todo ello se transformara en un saber compartido.

No es casual por ello que sea justamente en el continente europeo donde a partir del vertiginoso avance tecnológico ha surgido el concepto “sociedad de la información abierta” y que el acceso a la información pública esté regulado con legislaciones propias en la mayoría de los países, no sólo como un valor fundamental de las democracias, sino como medida necesaria para el desarrollo económico.

Leyes de acceso a la información pública y/o códigos sobre la materia existen en Bélgica, Dinamarca, Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Portugal, Finlandia, Suecia, Reino Unido, y los Países Bajos. Y si bien Alemania no dispone de normas generales de acceso a la información del sector público, existen normas sectoriales que ofrecen acceso a tipos concretos de información, en lo que se refiere a quejas administrativas o información del medio ambiente.

El uso de los mecanismos que permite el avance de la tecnología es fundamental en el acceso a la información que brinda la mayoría de países europeos. Desde marzo de 1995, el gobierno federal belga mantiene un amplio sitio en internet en cuatro lenguas, neerlandés, francés, inglés y alemán, en el que dispone de enlaces con todos los departamentos federales y contiene información general sobre Bélgica, decisiones del consejo de ministros, las direcciones de organismos administrativos e iniciativas sobre la información del sector público.

En Dinamarca, todas las publicaciones oficiales están disponibles electrónicamente y los entes públicos disponen de correo electrónico; en Grecia, los organismos de la administración pública también han desarrollado sistemas de información electrónica para que sus contenidos sean accesibles a los ciudadanos y las empresas. En Francia, desde enero del 98, el gobierno ofrece en Internet los datos esenciales de la administración pública.

Adicionalmente, debe señalarse que en Francia, como en otros países, —Grecia, Irlanda, Italia y Austria, entre otros—, el sector privado participa activamente en el mercado de la información pública.

En septiembre de 1996, en su resolución sobre el plan de acción de la Comisión para la Sociedad de la Información, el Parlamento Europeo solicitó que las nuevas formas de difusión electrónica se utilizaran para transmitir información pública a todos los ciudadanos a escala europea y nacional en los Estados miembros.

En Europa el acceso a la información pública y las acciones de transparencia de las instituciones públicas van de la mano. Al Tratado de Amsterdam, se incorporó una disposición mediante la cual cualquier ciudadano de la Unión Europea, así como cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones europeas, con el propósito de impulsar la mayor transparencia posible. Según el principio de transparencia, el tratado constituye un paso adelante en el proceso de crear una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en las que las decisiones se tomen del modo más transparente y más cercano a los ciudadanos que sea posible.

En los Estados Unidos de Norteamérica, desde 1966 está vigente la Ley de Libertad de Acceso a la Información a la que en 1974 se le hicieron algunas enmiendas para ampliar aun más el acceso a las informaciones gubernamentales. Si la ley original del 66 sólo disponía que las dependencias federales tuvieran datos disponibles para ser consultados o copiados a solicitud del público, las reformas del 74, les exige la publicación de datos relacionados incluso con opiniones finales sobre sus acuerdos, sus regulaciones y los manuales de personal administrativo.

Esta ley exige a las dependencias federales, presenten un informe anual al Congreso que incluya un listado de todos los casos en los que se decidió no entregar las informaciones solicitadas al amparo de la ley, así como los motivos de esas decisiones, las apelaciones, los nombres de los funcionarios que estuvieron involucrados y autoriza a las cortes a ordenar el pago de los gastos de abogados a las personas que ganen las demandas basadas en la ley.

Además de esta legislación federal, existen leyes estatales propias en la materia. La Ley de Información Pública, contenida en el Capítulo 552 del Código de Gobierno de Texas permite tener acceso a los récords del gobierno y ningún oficial de información pública o sus agentes pueden preguntar por qué se desea accesar a tales récords al establecerse el principio que toda la información del gobierno está disponible al público.

En Latinoamérica, el acceso a la información pública, la transparencia de la función pública y el combate a la corrupción en las entidades públicas, son temas que han ido de la mano y han ocupado el interés de los organismos internacionales, incluso en la actualidad.

Antecedentes se encuentran por ejemplo en la Convención Interamericana contra la Corrupción suscrita en Caracas, el 29 de marzo de 1966, en la que luego de mostrar el convencimiento de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos sobre la importancia de generar conciencia entre la población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de la corrupción en las instituciones públicas, se declara el propósito de promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados parte, de los mecanismos necesarios para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción, mediante un conjunto de medidas preventivas en las que se destaca crear, mantener y fortalecer sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas y para la publicación de tales declaraciones; sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.

Por otra parte, el informe anual del 2000 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluye el primer informe de una recién creada Relatoría para la Libertad de Expresión, que destaca a su vez:

“…dado el reconocimiento por parte de varios Estados de buscar estrategias para combatir los altos índices de corrupción que acechan las democracias del hemisferio, el Relator Especial desea enfatizar que la promulgación de leyes de acceso a la información como forma de fiscalización efectiva de la gestión gubernamental, así como también garantizar una protección amplia a la libertad de expresión, pueden contribuir significativamente a promover la transparencia en la gestión del gobierno…el derecho de acceso a la información se erige como mecanismo de fortalecimiento de los principios fundamentales de transparencia, apertura y escrutinio del accionar del gobierno dentro de una democracia representativa. Contar con procedimientos que garanticen ese derecho es uno de los mecanismos más afectivos para combatir la corrupción”.

Elaborada por la misma Relatoría Especial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó en octubre de 2000, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión en la que al reafirmar que el Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir, y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio para su transmisión, adopta entre otros, los principios 2 y 4 siguientes:

2.- Toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Todas las Personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

4.- El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista peligro real o inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.

Celebrada en Quebec. Canadá, en abril del 2001, la III Cumbre de las Américas, los gobiernos de los Estados miembros de la OEA retomaron el tema y al celebrar un plan de acción para fortalecer la democracia, crear la prosperidad y desarrollar el potencial humano, inician con el reconocimiento que la buena gestión en de los asuntos públicos exige instituciones gubernamentales efectivas, representativas, transparentes y públicamente responsables a todos los niveles, al igual que la participación ciudadana, controles efectivos y el equilibrio y separación de poderes, teniendo en cuenta la función que desempeñan las tecnologías de la información y comunicación.

En lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, el plan de acción aconseja firmar, ratificar o adherirse lo antes posible, según sea el caso, la Convención Interamericana contra la Corrupción y fortalecer la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, a través de iniciativas que estimulen la organización, capacitación y vinculación de ciudadanos para trabajar en el contexto de proyectos concretos que promuevan la transparencia en la gestión pública y en la rendición de cuentas públicas. Y en lo que respecta a la libertad de opinión y expresión acuerda apoyar la labor del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión a través del Relator Especial sobre Libertad de Expresión; proceder a la difusión de los trabajos de jurisprudencia comparada , y entre otras medidas, buscar que la legislación nacional sobre libertad de expresión esté conforme a las obligaciones jurídicas internacionales asegurando el acceso a la información de todos los ciudadanos.

Mientras tanto, el 14 de noviembre del 2001 México presentó una propuesta de elementos sustantivos para una futura Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y mediante un proyecto formal de los trabajos de la Convención a celebrarse durante el 2002 en Viena, en el Artículo 24 propone, entre otras siguientes Medidas Preventivas:

g) Sistemas para la declaración de ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñen funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones, cuando proceda;

h) Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas. Dichos sistemas considerarán la restricción al máximo posible de la atribución de facultades discrecionales a los funcionarios públicos respecto del otorgamiento de autorizaciones y resoluciones administrativas así como mecanismos para la supervisión estricta de las facultades discrecionales que se dejen subsistentes;

j) Mecanismos que permitan transparentar la gestión de los asuntos públicos, incluyendo la relación entre las autoridades y los ciudadanos y que proporcionen obligatoriamente información sobre los resultados de los trámites y las gestiones realizadas ante ellas;

p) Mecanismos eficaces para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción, al través de, vervigratia, su inclusión en los procesos de decisión, a través de comités de vigilancia; su involucramiento en los procesos de licitación y el libre acceso a la información.

Es justamente en este contexto de una amplia discusión internacional, que la Organización de Estados Americanos elaboró el septiembre de 2000 la Ley Modelo de Acceso a la Información Administrativa para la Prevención de la Corrupción, misma que de su preámbulo son las siguientes consideraciones:

“A fin de alcanzar un nivel de transparencia en el ejercicio de las funciones públicas y de permitir una mayor participación ciudadana en los asuntos de interés social, se requiere la construcción, promoción y fomento del derecho de acceso a la información.

El desarrollo de este derecho forma parte de las metas del así llamado Estado Proactivo, esto es, de un Estado que se preocupa no sólo por la realización del ciudadano en su esfera pública y privada, sino también de la promoción de su participación activa en los asuntos públicos, asumiendo responsabilidad por la fiscalización del ejercicio de las funciones y competencias públicas.

La vinculación entre el derecho del ciudadano al acceso a la información y el ejercicio de otros derechos constitucionales no es causal: precisamente la garantía de aquel acceso resulta ser el fundamento básico para el ejercicio libre y responsable de otros derechos fundamentales. Esto resulta particularmente claro cuando se tiene en cuenta que si un ciudadano no recibe información amplia, veraz actualizada y completa sobre los asuntos que le interesan, no podrá ejercer muchos derechos previstos en las Constituciones Políticas, como el derecho a la educación, el mismo derecho a la información, el derecho al voto, el derecho a la libre autodeterminación y, en general, el derecho a una participación libre y democrática de la sociedad. Todos los derechos mencionados requieren diversos niveles de información para poder adquirir un cierto rango de ejecutividad y, por supuesto, la carencia de datos y valoraciones que requiere podría provocarle disfunciones en el ejercicio de sus derechos o incluso el temor o el miedo a su realización. Un ciudadano que enfrenta vacíos y lagunas de información sobre asuntos públicos tampoco tendrá oportunidad de expresar su pensamiento sobre dichos asuntos, lo que socavaría uno de los fundamentos más esenciales del Estado de Derecho.

Este derecho de acceso a las informaciones públicas adquiere una dimensión importantísima cuando se le observa a partir de las connotaciones tecnológicas y sociales de la así llamada sociedad de la información. En efecto, en esta sociedad donde el valor de la información ha adquirido un valor económico en proporciones verdaderamente insospechadas, se están gestando las condiciones para una sociedad más abierta y transparente. La sociedad de la información no sólo ha transformado los conceptos sociales de distancia y tiempo, sino que también ha influido decididamente en el concepto de opinión pública, la cual ahora, puede formarse con tal prescindencia de las condiciones existentes en un determinado país y coyuntura temporal. Estas condiciones también han permitido poner a disposición de los ciudadanos medios para acceder a informaciones y datos esenciales para la toma de decisiones en todos los campos, también en aquellos que son interesantes para la participación política activa. Estos datos e informaciones circulan en todas direcciones, están disponibles en cualquier momento y ya no dependen de limitaciones tales como las horas de servicio de oficina pública o de las posibilidades reales de traslación física al lugar donde dichas informaciones están conservadas. Probablemente estas características pueden traer consigo la promesa de conseguir algún día una sociedad más abierta que permita desarrollar una democracia participativa.

(…) La publicidad de los actos de gobierno y demás informaciones públicas busca permitir que las personas puedan conocer mejor su entorno vital en el que interactúan y puedan así expresar sus pensamientos y opiniones acerca de todo ello, no sólo alcanzando un enriquecimiento general del grupo, sino también una participación efectiva en el quehacer cotidiano de la sociedad.

La publicidad también permite que el ciudadano pueda controlar dichos actos, no sólo por medio de una contratación de los mismos con la ley, que los gobernantes han jurado cumplir, sino también ejerciendo el derecho de petición y de obtener una transparente rendición de cuentas. Se trata entonces de un control en manos de los gobernados que junto con los otros controles ideados en el marco del Estado de Derecho, contribuyen a fortalecer la transparencia de la función pública y la reducción de los ámbitos posibles de la corrupción.

La corrupción es un fenómeno de difícil control, no sólo por su vocación de realizarse a escondidas y en forma consensual, sin ninguna transparencia, como porque casi siempre se acude a mecanismos de autovigilancia por parte de la misma administración pública, los que pueden depender de la eficiencia de la misma administración para promover una deontología funcional dentro de sus cuadros.

En las leyes de acceso a la información se trata de corregir esta lógica, promoviendo un conocimiento amplio por parte de los ciudadanos de las gestiones de los diversos órganos, su ejecución presupuestaria, el grado de avance en el cumplimiento de sus objetivos, así como los planes para mejorar las condiciones de vida, en general, de la colectividad. La idea es que tales actos e informaciones le servirán al ciudadano para conocer mejor los diversos procesos de funcionamiento de la administración pública y generar un control de alguno de los campos sensibles en los que puede producirse algún acto de corrupción”.

La ley Modelo de Acceso a la Información Administrativa para la Prevención de la Corrupción que consta de cuatro capítulos y 30 Artículos, considera elementos de legislaciones americanas y europeas, de ahí que le brinden actualidad y acercamiento a los fenómenos tecnológicos implícitos para una normativa de este nivel.

Basados en esa propuesta, se formularon proyectos de legislación de acceso a la información en Nicaragua, Costa Rica y Guatemala. En tanto, la Asamblea Legislativa de Panamá aprobó el 10 de diciembre del 2001 la Ley de Acceso a la Información Pública, sancionada y promulgada apenas el 22 de enero del 2002 que aunque basada en ese mismo modelo, surgió de un proyecto de ley de libre acceso a la información pública elaborado por Transparencia Internacional y del proyecto de ley de Transparencia de la Gestión de Gobierno presentado por la Asociación panameña de ejecutivos de empresa. Brasil, Argentina, Perú y Ecuador a su vez, permiten no sólo el acceso a las informaciones públicas, sino que además incluyen en sus legislaciones el derecho del ciudadano a acceder a sus propios datos en poder de los entes oficiales a fin de controlar la veracidad, exactitud y la identidad de los mismos, aunque el denominador común tanto en los proyectos presentadas como en las legislaciones vigentes es el de establecer el principio de la publicidad en los actos de gobierno y de garantizar el acceso a la información de tales actos, como uno de los pilares fundamentales de las democracias.

En México, el derecho a la información es un tema que se discute desde 1976 y que aparenta concluir con la recién aprobada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

Adicionalmente debe mencionarse que aunque la Ley de Imprenta en el país no ha sufrido ninguna reforma desde su promulgación en 1917 quedando por completo descontextualizada del ámbito del derecho internacional, en la República Mexicana, sólo un estado, el de Jalisco cuenta desde el 20 de diciembre del 2001 con una ley en la materia, que es la de Transparencia e Información Pública aunque es de reconocerse que rescata algunas de las disposiciones de la Ley Modelo impulsada por organismos americanos.

El tema sin embargo, ha merecido atención reciente en algunos estados. Mientras en Colima, hace unos días, el Club de Reporteros, llevó a cabo un foro de consulta sobre esta importante materia, y el Partido Acción Nacional ha presentado el pasado martes 2 de mayo una iniciativa al respecto.

TERCERO.- Con fecha 13 de junio del año 2002, los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron iniciativa para la expedición de una Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, misma que fue turnada en la fecha señalada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante oficio número 1597/02, suscrito por los Diputados Secretarios José Mancilla Figueroa y Fernando Ramírez González.

La exposición de motivos de esta iniciativa establece lo siguiente:

“Recientemente, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, haciendo realidad el derecho a la información que el Estado debe garantizar, tal como fue incluido a nivel constitucional, con la reforma al Artículo 6º a nuestra Carta Magna publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 de diciembre de 1977.

Así mismo, el Gobernador del Estado de Sinaloa, a principios del año en curso, envió al Congreso de esa entidad, una iniciativa de Ley de Acceso a la Información Pública, que fue muy publicitada y ponderada en los medios nacionales de información, que regula a nivel estatal la disposición señalada del Artículo 6º constitucional.

En nuestro Estado se carece a la fecha de una ley que regule el derecho de los habitantes de la entidad, a recibir información de las autoridades públicas. Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presenta esta iniciativa para que el Congreso del Estado expida la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado.

El documento que ahora se presenta a la consideración de esta Honorable Representación Popular consta de 56 Artículos, integrados en ocho Capítulos, además de siete transitorios.

El ámbito de aplicación de la ley lo constituye la información creada, administrada o en posesión de los órganos públicos previstos en la misma, considerándose un bien público accesible a cualesquier persona.

Define y regula el derecho de acceso a la información, que es aquel que corresponde a toda persona de saber y accesar a ella.

Por otra parte, establece el objeto y los objetivos de dicho ordenamiento, determina la información mínima que debe ser difundida de oficio por las entidades públicas responsables, propende a fomentar una cultura de apertura a la información, señala el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, crea a un órgano administrativo encargado de vigilar su adecuada aplicación, instaura los recursos para que los particulares hagan valer la efectiva vigencia de su derecho y establece las infracciones y sanciones a la misma.

Un aspecto importante de esta propuesta, lo constituye las disposiciones relativas a la restricción de este derecho, mediante las figuras de la información reservada y confidencial.

Con respecto a esto último, la iniciativa precisa que: “La información de carácter personalísimo es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna autoridad deberá proporcionarla o hacerla pública. Esta información, así como la garantía de tutela de privacidad de datos personales en poder de las entidades públicas, denominada Hábeas Data, se regulará en los términos de su respectiva legislación.” Se trata de la Ley de Protección de los Datos Personales, cuya iniciativa fue enviada recientemente al Congreso por el titular del Poder Ejecutivo.

De ahí que se propone que no sea la Ley de Acceso a la Información Pública la que regule esta cuestión, sino que la misma esté contenida en otro ordenamiento como el referido. Sin embargo, creemos que sería conveniente que el mismo órgano administrativo encargado de regular el derecho de acceso a la información pública, fuera el mismo para garantizar el derecho a la privacidad de las personas en sus datos personales, contenido en archivos públicos o privados.”

CUARTO.- Que con el propósito de formular y consensuar el dictamen correspondiente, los integrantes de las comisiones dictaminadoras llevamos a cabo varias sesiones de trabajo, habiéndonos puesto de acuerdo en redactar un documento que tomara en cuenta las propuestas contenidas en cada una de las iniciativas presentadas, esencialmente con respecto a los puntos fundamentales que debe contener una ley de estas características.

En primer lugar, se determinó que el título más adecuado para este ordenamiento fuera el de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, atendiendo a su naturaleza y características.

Por otra parte, las Comisiones que suscriben consideraron que el contenido de la ley que se analiza debe circunscribirse a la información pública y no así a la relativa a la información privada o confidencial de las personas, que esté consignada en archivos públicos, tomando en cuenta que ese ámbito constituye una garantía de tutela de privacidad de datos personales en poder de las entidades públicas, por una parte; y por la otra, dado que el titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó iniciativa para la expedición de una Ley de Protección de Datos Personales, que regula esa garantía. Ambas comisiones acordaron que la protección a la información privada o confidencial, sea regulada en otro ordenamiento, a partir de la iniciativa antes referida.

También fue objeto de consenso el régimen relativo al tipo de información clasificada, reservada y confidencial, dado que las tres iniciativas coincidían en lo esencial en ello, pero diferían en aspectos secundarios. Se determinó facultar a los titulares de cada una de las entidades públicas para expedir acuerdos de clasificación de información reservada, únicamente en los casos que la propia ley señala en el Artículo 21, que tendrían que ver con la seguridad del estado, la seguridad pública, la estabilidad económica o financiera de la entidad, la impartición de justicia, etc.

Así mismo, se consideró un tipo de información reservada que tendría esta categoría sin necesidad de acuerdo del titular de la entidad pública, estableciendo en el Artículo 24 que dicha información lo es por disposición legal. Es el caso, por ejemplo, de la información relativa a las averiguaciones previas, a los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado las sentencias respectivas y los procesos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, entre otros.

En otro sentido, en el Artículo 26 se consensó regular, únicamente de manera genérica, la información confidencial y hacer el reenvío correspondiente a la legislación de la materia, tal como se señaló anteriormente.

La creación de un órgano público encargado de la promoción, difusión e investigación del derecho de acceso a la información pública, que tuviera además el carácter de autoridad, con autonomía e independencia del poder público, fue un aspecto esencial en el que también hubo coincidencias de parte de los integrantes de las comisiones dictaminadoras.

En otro aspecto, se determinó enriquecer el capítulo relativo al régimen de responsabilidades aplicable a aquellos servidores públicos que no cumplan con las disposiciones de la ley, con el propósito de desalentar el surgimiento de cualquier práctica que tenga como consecuencia vulnerar el derecho de toda persona a tener acceso a la información pública.

Finalmente, se hicieron ajustes mínimos al sistema de transitoriedad regulado en las tres iniciativas, con el ánimo de prever adecuadamente las acciones que deberán ejecutar las entidades públicas para dar cumplimiento a la ley, una vez que comience a ser obligatoria.

En lo que respecta a los aspectos secundarios que fueron consensados por las comisiones, a partir de las iniciativas presentadas, mencionemos los siguientes.

Se precisó en el Artículo 1º que el proyecto que se analiza es, además, reglamentario de la fracción IV del Artículo 1º de la Constitución Política del Estado.

En el Artículo 2º se adecuaron convenientemente sus objetivos, dándoles una redacción más amplia, clara y sencilla.

Se reestructuraron y ampliaron las remisiones genéricas a los términos más utilizados, consignados en el Artículo 9º, principalmente los relativos a los datos personales y a los documentos públicos.

Asimismo, se ordenaron y redactaron con mayor precisión, en el Artículo 10, las hipótesis de información que obligatoriamente deberán difundir las entidades públicas.

Los supuestos de clasificación de información reservada, básicamente coincidentes en las tres iniciativas, fueron ampliados en el Artículo 21, en lo relativo a la prohibición temporal de entregar información respecto de los servidores públicos que laboren o hayan laborado en el ámbito de la seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que por su publicación pudiera poner en peligro su vida, de otros servidores públicos o de terceros.

Por último, en varios capítulos se hizo un reacomodo en el orden de prelación de los Artículos, para seguir una secuencia más lógica, tomando en cuenta el desarrollo de los temas tratados.

Por lo antes expuesto se tiene a bien expedir el siguiente:

D E C R E T O nº 318

Artículo ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, en los siguientes términos:

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA

 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

(Artículo reformado por el Decreto nº 328 de 24 de junio de 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público, reglamentaria de los Artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1°, fracción IV, así como 1° Bis de la Constitución Política del Estado y tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho de toda persona de tener acceso a la información pública en el Estado de Colima.

Artículo 2°.- La presente Ley tiene como objetivos:

I. Contribuir a consolidar el sistema democrático del estado, garantizando el principio de publicidad de los actos gubernamentales y de la rendición de cuentas;

II. Permitir que toda persona tenga acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos; y

III. Promover la eficiencia en la organización, clasificación, manejo y transparencia de los documentos públicos.

Artículo 3°.- El derecho de acceso a la información pública es aquel que corresponde a toda persona de saber y acceder a ésta.

La información creada, administrada o en posesión de los órganos previstos en esta Ley, se considera un bien público accesible a cualesquier persona en los términos previstos por la misma.

(Artículo reformado por el Decreto nº 284 de 24 abril 2008 DOF 3/5/2008)

En la interpretación de esta Ley se deberá favorecer el principio de máxima publicidad de la información.

(Artículo reformado por el Decreto nº 328 de 24 de junio de 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 4°.- Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o las razones que motiven el pedimento.

El uso que se haga de la información es responsabilidad de la persona que la obtuvo.

(Artículo reformado por el Decreto nº 284 de 24 abril 2008 DOF 3/5/2008)

Artículo 5°.- Todas las entidades públicas están sometidas al principio de máxima publicidad de sus actos y obligadas a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública.

Los partidos políticos y las asociaciones políticas con registro oficial, rendirán información respecto a los recursos públicos recibidos.

Artículo 6°.- Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley.

(Artículo reformado por el Decreto nº 284 de 24 abril 2008 DOF 3/5/2008)

Toda la información en poder de cualquier autoridad pública, órgano y organismo estatal y municipal, es pública y estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial en los términos que fije la ley respectiva.

Artículo 7º.- Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga. La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas. La obligación de las mismas de otorgar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante. Las entidades públicas están obligadas a proporcionarla de manera gratuita, pero su reproducción deberá tener un costo directamente relacionado con el material utilizado, según lo dispongan los ordenamientos correspondientes.

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los documentos en que se contenga, será sancionada en los términos de esta Ley y demás ordenamientos relativos.

Artículo 8°.- La información de carácter personalísimo es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna autoridad deberá proporcionarla o hacerla pública. Esta información, así como la garantía de tutela de privacidad de datos personales en poder de las entidades públicas, se regulará en los términos de su respectiva legislación.

Artículo 9°.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Comisión: La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública;

II. Congreso: El Congreso del Estado;

III. Constitución: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;

IV. Derecho de acceso a la información pública: La prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades públicas, en los términos de la presente Ley;

V. Datos personales: La información concerniente a una persona física, identificada o identificable entre otras, la relativa a su origen étnico o racial o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, estado civil, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales u otras análogas que afecten su intimidad;

VI. Documentos: los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;

VII. Entidades públicas: Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado; los Ayuntamientos; los organismos autónomos previstos en la Constitución y en las leyes estatales; los organismos descentralizados y paramunicipales; los tribunales administrativos; las demás entidades a las que la Constitución y las leyes estatales reconozcan como de interés público; los partidos políticos y las asociaciones políticas con registro oficial; así como las personas de derecho público y privado, cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados y cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención;

VIII. Información pública: Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere esta Ley;

IX. Información reservada: La información pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley;

X. Información confidencial: La información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad;

XI. Interés público: Valoración atribuida a los fines que persigue la consulta y examen de la información pública, a efectos de contribuir a la informada toma de decisiones de las personas en el marco de una sociedad democrática;

XII. Ley: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima;

XIII. Ley de Responsabilidades: a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

XIV. Persona: Todo ser humano, grupos de individuos o personas morales creadas conforme a la ley; y

XV. Servidor público: Las personas físicas que realicen cualquier actividad en nombre o al servicio de alguna entidad pública, cualquiera que sea su nivel jerárquico.

CAPÍTULO II.- DE LA TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 10.- Las entidades públicas deberán poner a disposición del público, en forma permanente, la siguiente información:

I. Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa, la normatividad que las rige, así como información de su organización y funcionamiento;

II. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes;

III. Presupuestos de egresos, su aplicación así como la remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación;

IV. Las motivaciones y fundamentaciones finales contenidos en los expedientes administrativos que justifican el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias que la ley confiere autorizar a cualquiera de las entidades públicas, así como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios;

V. Normas básicas de competencia que incluya trámites, requisitos y formatos, manuales de organización y, en general, la base legal que fundamente la actuación de las entidades públicas;

VI. Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal de cada una de las entidades públicas, así como las minutas de las reuniones oficiales;

VII. El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública;

VIII. Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos;

IX. Los balances generales y su estado financiero;

X. Los informes que por ley tienen que presentarse;

XI. Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados;

XII. El Periódico Oficial, decretos administrativos, reglamentos, circulares, bandos y demás disposiciones de observancia general;

XIII. Las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos;

XIV. Las sentencias que recaigan en las controversias entre poderes públicos;

XV. Iniciativas y dictámenes que se presenten en el Congreso, así como actas de sesiones, puntos de acuerdo, decretos, acuerdos, leyes, transcripciones magnetofónicas y Diario de los Debates;

XVI. Sentencias y resoluciones que hayan causado estado, pudiendo las partes oponerse a la publicación de sus datos personales, así como la aplicación del Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia;

XVII. Los informes presentados por los partidos políticos ante la autoridad estatal electoral, tan pronto sean recibidos por la autoridad en cuestión;

XVIII. Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino, así como la aplicación semestral de los recursos públicos que reciban;

(Inciso reformado por el Decreto nº 328 de 24 de junio de 2008 DOF 5/7/2008)

XIX. La conformación de las organizaciones ciudadanas que participan en la toma de decisiones de las entidades públicas;

(Inciso reformado por el Decreto nº 328 de 24 de junio de 2008 DOF 5/7/2008)

XX. La información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión; y

(Inciso adicionado por el Decreto nº 328 de 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

XXI. Toda otra información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Artículo 11.- Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener:

I. La identificación precisa del contrato;

II. El monto;

III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato;

IV. El plazo para su cumplimiento; y

V. Los mecanismos de participación ciudadana.

Artículo 12.- Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la información deberá precisar:

I. Nombre o razón social del titular;

II. Concepto de la concesión, autorización o permiso; y

III. Vigencia.

Artículo 13.- Tratándose de obra directa que ejecute cualquier entidad pública y contenida en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar:

I. El monto;

II. El lugar;

III. El plazo de ejecución;

IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra; y

V. Mecanismos de vigilancia y supervisión de la sociedad civil.

Artículo 14.- Las entidades públicas están obligadas a realizar actualizaciones periódicas de la información a que se refiere el presente capítulo. Para tal efecto, la Comisión expedirá las normas de operación y lineamientos pertinentes, con el propósito de establecer formatos sencillos, entendibles y claros para la consulta expedita de la información difundida de oficio por las entidades públicas.

Artículo 15.- Cada entidad pública deberá sistematizar la información para facilitar el acceso y comprensión de las personas a la misma, así como su publicación a través de los medios disponibles utilizando sistemas computacionales e información en línea en internet.

De igual manera, tienen la obligación de proveer la información contenida en documentos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte electrónico o digital o en cualquier otro medio o formato que se encuentre en su posesión o bajo su control.

Artículo 16.- En las entidades públicas, así como en las bibliotecas y archivos públicos a cargo del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos se proveerá la instalación de un mínimo equipo de cómputo que facilite el acceso a la información básica, garantizada en este Capítulo.

Las entidades públicas deberán atender las recomendaciones que para el efecto haga la Comisión.

CAPÍTULO III.- DE LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE APERTURA A LA INFORMACION

Artículo 17.- Las entidades públicas deberán cooperar con la Comisión para capacitar y actualizar de forma permanente a sus servidores públicos en la cultura de la apertura informativa y el ejercicio del derecho de Hábeas Data, a través de cursos, seminarios, talleres y toda otra forma de enseñanza y entrenamiento que se considere pertinente.

Artículo 18.- La Comisión procurará que en los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica que se impartan en el Estado, se incluyan contenidos que versen sobre la importancia social del derecho de acceso a la información pública y el derecho de Hábeas Data en una sociedad democrática. Para tal fin, coadyuvará con las autoridades educativas competentes en la preparación de los contenidos y el diseño de los materiales didácticos de dichos planes y programas.

Artículo 19.- Las universidades públicas y privadas procurarán, dentro de sus actividades académicas curriculares y extracurriculares, incluir temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la información pública y el derecho de Hábeas Data. La Comisión impulsará, conjuntamente con instituciones de educación superior, la integración de un centro de investigación, difusión y docencia sobre derecho de acceso a la información pública que promueva la socialización del conocimiento sobre el tema y coadyuve con la Comisión en sus tareas sustantivas.

CAPÍTULO IV.- DE LA INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL

Artículo 20.- El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido en los términos de lo dispuesto por esta Ley, mediante las figuras de la información reservada y confidencial.

Artículo 21.- Para los efectos de esta Ley se considera información reservada la expresamente clasificada como tal mediante acuerdo del titular de cada una de las entidades públicas. La clasificación de la información procede sólo en los siguientes casos:

I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del Estado, la seguridad pública, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas;

II. Cuando su difusión pueda dañar la estabilidad económica o financiera del Estado;

III. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las contribuciones o cualquier otra acción que tenga por objeto la aplicación de las leyes;

IV. La información que comprometa los procedimientos de investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley;

V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización;

VI. La que se refiera a servidores públicos que laboren o hayan laborado en el ámbito de la seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que por su publicación pudiera poner en peligro su vida, de otros servidores públicos o de terceros;

VII. Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de las autoridades; y

VIII. Cuando se trate de información que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero.

(reforma Decreto nº 284 24 abril 2008 DOF 3/5/2008)

En todo momento la Comisión tendrá acceso a la información prevista en este Artículo para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de otorgar su acceso, haciendo prevalecer en todo caso el principio de máxima publicidad.

Artículo 22.- El acuerdo que clasifique información como reservada deberá demostrar que:

I.- La información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley;

II.- La liberación de la información de referencia puede amenazar efectivamente el interés protegido por la Ley; y

III.- El daño que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia.

Artículo 23.- El acuerdo que, en su caso, clasifique la información como reservada, deberá indicar:

I. La fuente de la información;

II. La justificación por la cual se clasifica;

III. Las partes de los documentos que se reservan, en su caso;

IV. El plazo de reserva; y

V. La designación de la autoridad responsable de su conservación.

Las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre acceso público.

No podrá invocarse el carácter de reservada cuando se trate de la investigación de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

Artículo 24.- Se considerará información reservada, sin necesidad de acuerdo:

I. Las averiguaciones previas;

II. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado las sentencias definitivas correspondientes;

III. Los procesos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, declaración de procedencia o juicio político, en tanto no se dicte resolución definitiva;

IV. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; y

V. La que por disposición expresa de una ley sea considerada reservada;

Artículo 25.- La información clasificada o considerada como reservada tendrá este carácter hasta por doce años. Ésta será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación, a juicio de la Comisión.

Asimismo, las entidades públicas correspondientes podrán solicitar a la Comisión la ampliación del período de reserva, siempre y cuando subsistan las causas que dieron origen a su clasificación.

Artículo 26.- Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial:

I.- La compuesta por datos personales, en los términos previstos en la definición contenida en el Artículo 9°, fracciones V y X, y en el Artículo 8° de la presente Ley; y

II.- La entregada con tal carácter por los particulares a las entidades públicas, de conformidad con las disposiciones de este Artículo.

Artículo 27.- Cuando los particulares entreguen a las entidades públicas la información a que se refiere la fracción II del Artículo anterior, deberán señalar los documentos que contengan información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. En el caso de que exista una solicitud de acceso que incluya información confidencial, las entidades públicas la comunicarán siempre y cuando medie el consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial.

No se considerará confidencial la información que se halle en los registros públicos o en fuentes de acceso público.

CAPÍTULO V.- DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 28.- Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información ante la entidad pública que la posea.

Para el efecto, las entidades públicas deben dar a conocer cuál es la oficina encargada para la recepción de solicitudes y entrega de la información, la persona a cargo y los requisitos formales.

La solicitud deberá hacerse en términos respetuosos y por escrito, entregándose por duplicado, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, en cuyo caso la entidad registrará en un formato las características de la solicitud y procederá a entregar una copia del mismo al interesado.

(Adición según Decreto nº 284 24 abril 2008 DOF 3/5/2008)

Podrá ser verbal cuando sea para fines de orientación, medie consulta directa, copias simples, certificadas u otro tipo de medios.

Artículo 29.- La solicitud de acceso a la información que se presente por escrito deberá contener cuando menos los siguientes datos:

I. Identificación de la entidad pública a quien se dirija;

(reforma Decreto nº 284 24 abril 2008 DOF 3/5/2008)

II. Nombre del solicitante;

III. Identificación clara y precisa de los datos e informaciones que requiere;

IV. Lugar o medio señalado para recibir la información o notificaciones;

(reforma Decreto nº 284 24 abril 2008 DOF 3/5/2008)

V. derogada

VI. La fecha de su expedición.

Opcionalmente el solicitante podrá señalar cualquier dato que propicie su localización con objeto de facilitar su búsqueda y la modalidad en la que prefiera que se le otorgue el acceso a la información.

Si la solicitud es obscura o no contiene todos los datos requeridos, la entidad pública deberá hacérselo saber por escrito al solicitante, en un plazo no mayor de tres días hábiles después de recibida aquélla, a fin de que la aclare o complete. Trascurrido dicho plazo sin que se hubiere cumplido con tal prevención, se declarará improcedente su solicitud, debiéndole notificar personalmente al interesado a más tardar dentro de los 3 días hábiles siguientes tal situación por escrito, en el cual se funde y motive tal determinación.

El solicitante deberá contar con el apoyo de la oficina correspondiente designada por la entidad pública para recibir las solicitudes, en caso de así requerirlo.

Si la solicitud es presentada ante una oficina que no es competente para entregar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante.

En ningún caso las entidades públicas podrán inquirir al solicitante sobre el destino de la información solicitada.

Artículo 30.- Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional. Además, se precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información.

En ningún caso el plazo excederá de veinte días hábiles.

(Artículo reformado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 31.- Cumplido el plazo previsto en el Artículo anterior, si la solicitud de información no se hubiere satisfecho, el solicitante podrá acudir a la Comisión a fin de que requiera a la entidad pública correspondiente la información solicitada en los términos legalmente procedentes.

Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a los diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o confidencial.

Para efectos de la presente Ley, el silencio de la autoridad no se interpreta como negación de una solicitud, sino como un acto de incumplimiento a lo previsto en el Artículo 44, fracción I, de la Ley de Responsabilidades.

Artículo 32. En el caso de que la solicitud sea rechazada, se le comunicará por escrito al solicitante dentro de los cinco días hábiles siguientes. Esta negativa deberá estar fundada y motivada.

Las entidades públicas podrán negar las solicitudes cuando hayan entregado información sustancialmente idéntica como respuesta a una solicitud de la misma persona o cuando la información se encuentre disponible públicamente. En este caso, deberán indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información.

(Artículo reformado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 33.- El examen de la información pública que soliciten las personas será gratuito. La reproducción habilitará a la entidad pública a realizar el cobro de un derecho por un monto de recuperación razonable que se establecerá en la ley o acuerdo respectivo. Los costos por obtener la información no podrán ser superiores a la suma de:

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; y

II. El costo de envío.

Los sujetos obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo, los costos de entrega de información.

Artículo 34.- Las entidades públicas consideradas en la presente Ley, están obligadas a entregar información sencilla y comprensible a la persona sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las entidades ante las que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de la autoridad de que se trate.

(Adicionado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

Los Poderes del Estado, los Municipios, los organismos paraestatales y municipales, deberán contar con los sistemas electrónicos que permitan que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información.

CAPÍTULO VI.- DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

(Reforma según Decreto nº 284 24 abril 2008 DOF 3/5/2008)

Artículo 35.- Se crea la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública como autoridad encargada de la promoción, difusión e investigación sobre el derecho de acceso a la información pública con carácter de organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y autonomía operativa, de gestión y de decisión

Artículo 36.- La Comisión estará integrada por tres comisionados, de los cuales uno será su presidente.

Los comisionados serán electos por mayoría calificada por el Congreso, a propuesta del titular del Poder Ejecutivo del Estado. Para realizar las propuestas, el Ejecutivo escuchará previamente las proposiciones de las instituciones y organizaciones académicas, profesionales y gremiales; de éstas enviará al Congreso las propuestas. El Congreso tendrá treinta días para resolver, y si no resolviese en dicho término se tendrán por aprobadas las propuestas del Gobernador; en caso de que se negara o no se alcanzara la mayoría calificada en el Congreso, se le comunicará al Gobernador para que envíe otra propuesta.

Artículo 37.- Para ser Comisionado se requiere:

I. Ser mexicano por nacimiento y residente en el Estado;

II. Tener al menos treinta años cumplidos al día de la designación;

III. Contar con título profesional a nivel licenciatura y haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales o académicas relacionadas con la materia de esta Ley;

IV. Gozar de reconocido prestigio personal y profesional;

V. No ser ni haber sido dirigente de ningún partido o asociación política ni ministro de ningún culto religioso cuando menos cinco años ni tampoco haber sido servidor público por lo menos tres años antes, en ambos casos al momento de su designación; y

VI. No haber sido condenado por delito doloso.

Los comisionados durarán en su encargo un período de siete años, sin posibilidad de reelección.

Los comisionados no podrán ser retirados de sus cargos durante el período para el que fueron nombrados, salvo por causa grave que calificará el Congreso. Este cargo es incompatible con cualquier otro empleo o actividad, salvo la docencia y la investigación académica.

El presidente será nombrado por los propios comisionados por un período de dos años, pudiendo ser reelecto.

Artículo 38.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I. Vigilar el cumplimiento de la presente Ley;

II. Conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la información;

III. Establecer plazos para la rendición de informes y realizar diligencias;

IV. Llevar a cabo, a petición de parte, investigaciones en relación a quejas sobre el incumplimiento de la presente Ley;

V. Proponer criterios para el cobro y reducciones de derechos para el acceso a la información pública;

VI. Ordenar a las entidades públicas que proporcionen información a los solicitantes en los términos de la presente Ley;

VII. Emitir recomendaciones a los sujetos obligados para que se dé cabal cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 10 de la presente Ley;

VIII. Garantizar el debido ejercicio del derecho de Hábeas Data y la protección de los datos personales, en los términos de la legislación respectiva;

IX. Gestionar y recibir fondos de organismos nacionales e internacionales, para el mejor cumplimiento de sus atribuciones;

X. Realizar los estudios e investigaciones necesarios para el buen desempeño de sus atribuciones;

XI. Promover el conocimiento de la presente Ley y las prerrogativas de las personas derivadas del derecho de acceso a la información pública;

XII. Elaborar y publicar manuales, estudios e investigaciones para socializar y ampliar el conocimiento sobre la materia de esta Ley;

XIII. Elaborar su proyecto de presupuesto anual, el cual será enviado al titular del Ejecutivo Estatal para que lo integre a la Iniciativa de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado;

XIV. Designar a los servidores públicos a su cargo, de conformidad con la estructura administrativa establecida en el presupuesto; y

XV. Expedir su reglamento interior y demás normas internas de funcionamiento.

Artículo 39.- Para profesionalizar y hacer más eficientes los servicios de apoyo de la Comisión, se instituye el servicio civil de carrera, regido por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, especialización, honradez, lealtad y eficiencia.

El reglamento correspondiente establecerá y desarrollará las bases para la selección, permanencia, promoción, capacitación y actualización del personal.

Artículo 40.- En los dos primeros meses de cada año, todas las entidades públicas deberán presentar a la Comisión un informe correspondiente al año anterior. Dicho informe deberá incluir:

el número de solicitudes de información presentadas a dicha entidad y la información objeto de las mismas; la cantidad de solicitudes procesadas y respondidas, así como el número de solicitudes pendientes; las prórrogas por circunstancias excepcionales; el tiempo de procesamiento y la cantidad de servidores públicos involucrados en la tarea; la cantidad de resoluciones tomadas por dicha entidad denegando las solicitudes de información presentadas al mismo y los fundamentos de cada una de dichas resoluciones.

Artículo 41.- En el mes de abril, el Presidente de la Comisión presentará por escrito un informe anual de labores y resultados, en el cual se incluirá la descripción de la información remitida por las entidades públicas comprendidas en esta Ley; el número de asuntos atendidos por la Comisión, así como las dificultades observadas en el cumplimiento de esta Ley. El informe anual será publicado y difundido con amplitud.

(Artículo reformado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

CAPÍTULO VII.- DE LOS RECURSOS DE QUEJA Y REVISIÓN

(Artículo reformado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 42.- Los solicitantes que se consideren afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el acceso a la información, podrán interponer los recursos de queja y de revisión, que serán presentados y sustanciados ante la Comisión.”

(Artículo reformado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 43.- El recurso de queja procederá en los casos a que se refieren los Artículos 31 y 38, fracción IV, de la presente Ley, y será sustanciado con un escrito de quien no reciba oportunamente la respuesta a una solicitud de información que hubiera presentado o de cualquier persona que denuncie conductas que pudieran considerarse transgresoras del contenido de la Ley, de parte de las entidades públicas. La Comisión, tan luego como tenga formalmente conocimiento de la queja, solicitará un informe a la entidad pública omisa quien deberá rendirlo en un plazo máximo de 5 días hábiles.

La Comisión estará obligada a emitir la resolución respectiva en un término no mayor de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo que tenga por rendido el informe o declare precluido el término en el que la autoridad debió haberlo rendido.”

(Artículo reformado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 44.- El Recurso de Queja deberá presentarse por escrito cumpliendo los siguientes requisitos:

I.- Estar dirigido a la Comisión;

II.-Hacer constar el nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario;

III.- Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir;

IV.- Acompañar copia del documento presentado a la entidad pública omisa, mediante el cual requiere la entrega de información o, en su caso, los elementos de los que derive el incumplimiento denunciado;

V.- Mencionar, en su caso, de manera expresa y clara que no ha habido respuesta de la entidad pública correspondiente, respecto de la solicitud de información que formulara; y

VI.- La firma del promovente.

(Artículo reformado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 45.- De no cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo anterior, la Comisión prevendrá al quejoso para que en un término de 3 días los subsane, apercibiéndole que en caso de no hacerlo así, será desechado el Recurso.

(Artículo reformado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 46.- Para desahogar y resolver el Recurso, la Comisión podrá:

I.- Desecharlo;

II.- Sobreseerlo;

III.- Declarar la procedencia de la entrega de la información al solicitante;

IV.- Declarar improcedente la entrega, total o parcial, de la información solicitada, por considerarla de naturaleza confidencial o reservada; y

V.- Declarar la existencia o inexistencia de incumplimiento a la ley, de parte de la entidad pública denunciada.

(Artículo reformado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 47.- Procede el sobreseimiento, cuando:

I.- El recurrente se desista del Recurso;

II.- La autoridad omisa haga entrega de la información solicitada o de respuesta negativa al solicitante, así también al subsanarse la omisión que motive el incumplimiento a la ley, de tal manera que quede sin materia la reclamación; y

III.- El recurrente fallezca.

(Artículo reformado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 48.- La resolución final deberá emitirse por escrito. En los casos en que se determine la improcedencia de liberar información, la Comisión estará obligada a fundar y motivar adecuadamente sus resoluciones.

(Artículo reformado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 49.- El recurso de revisión podrá interponerse contra las resoluciones dictadas por las entidades públicas, respecto de solicitudes de información que les fueren presentadas. Deberá hacerse valer por el solicitante de información dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. En su trámite se observarán las formalidades previstas para el recurso de queja y deberá ser resuelto dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se pongan los autos en estado de resolución.

Serán aplicables a este Recurso las disposiciones que regulan el Recurso de Queja.

Las resoluciones de la Comisión podrán:

I. Desechar el recurso por improcedente o bien sobreseerlo;

II. Confirmar la decisión del sujeto obligado; o

III. Revocar o modificar las decisiones de entidad pública que permita al particular el acceso a la información solicitada o los datos personales; que reclasifique la información o bien, que modifique tales datos.

(Artículo reformado según Decreto nº 328 24 junio 2008 DOF 5/7/2008)

Artículo 50.- Las resoluciones de la Comisión serán definitivas e inatacables.

La Comisión podrá expedir los lineamientos necesarios para que los Recursos de Queja y Revisión sean presentados empleando los formatos y mecanismos de transmisión de datos que, a través de los medios electrónicos disponibles, se establezcan, mismos que deberán cumplir, en lo conducente, con los requisitos establecidos en el Artículo 44 de la presente Ley.

La Comisión dispondrá lo necesario a efecto de que a los formatos electrónicos de los recursos puedan acompañarse los documentos a que se refiere el Artículo anterior, que hayan sido previamente digitalizados por los quejosos. Los documentos digitalizados presumirán la existencia de los originales, sin embargo, en caso de ser objetados o de que la Comisión lo considere necesario, se requerirá al recurrente por la exhibición de éstos, concediéndole al efecto un plazo no mayor de 5 días, con el apercibimiento que de no aportarlos oportunamente se desechará el recurso.

CAPÍTULO VIII.- DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES

Artículo 51.- El titular de la entidad pública que incumpla con el deber de publicidad mínima de oficio previsto en el Artículo 10 de la presente Ley, será sancionado con amonestación por la Comisión. Si en un período no mayor de tres meses no se ha puesto a disposición del público la información a que se refiere dicho precepto, será suspendido de sus funciones temporalmente en los términos del Artículo 52, fracción I, de la Ley de Responsabilidades.

Artículo 52.- El servidor público que:

I. Oculte información para no liberar contenidos informativos o incumpla con el deber de poner a disposición del público la información señalada en el Artículo 10 de la presente Ley o niegue intencionalmente información no clasificada, no considerada como reservada o confidencial conforme a lo dispuesto por este ordenamiento, será sancionado con amonestación pública, en los términos de la fracción II del Artículo 49 de la Ley de Responsabilidades. En caso de reincidencia, será sancionado en los términos de la siguiente fracción;

II. Destruya indebidamente, en forma total o parcial, información pública que tenga a su cargo, o entregue información clasificada, reservada o confidencial, será sancionado con suspensión temporal del empleo, cargo o comisión, en los términos de la fracción III del Artículo 49 y 52, fracción I, de la Ley de Responsabilidades, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar;

III. Actúe con negligencia, dolo o mala fe al dar respuesta a solicitudes de acceso a la información o bien que no ejecute las autorizaciones para liberar contenidos informativos, será sancionado de conformidad con suspensión temporal del empleo, cargo o comisión, en los términos de la fracción III del Artículo 49 y 52, fracción I, de la Ley de Responsabilidades. En caso de reincidencia, será duplicada la sanción anteriormente impuesta y si incurriere en otra reincidencia, con destitución del empleo, cargo o comisión, en los términos de la fracción IV del Artículo 49 de la Ley de Responsabilidades;

IV. A sabiendas haya autorizado una clasificación indebida de la información, será requerido por la Comisión para ser apercibido de manera oral. En caso de reincidencia, será sancionado con suspensión temporal del empleo, cargo o comisión, en los términos de la fracción III del Artículo 49 y 52, fracción I, de la Ley de Responsabilidades; y

V. No cumpla de manera expedita las resoluciones administrativas de la Comisión para liberar información en los términos y condiciones que establece esta Ley, será sancionado con suspensión temporal del empleo, cargo o comisión, en los términos de la fracción III del Artículo 49 y 52, fracción I, de la Ley de Responsabilidades. En caso de reincidencia, será sancionado con destitución del empleo, cargo o comisión, en los términos de la fracción IV del Artículo 49 de la Ley de Responsabilidades.

 

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, bajo las modalidades previstas en los Artículos siguientes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los miembros de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública serán nombrados dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la publicación de la presente Ley.

Para la integración inicial de la Comisión y por única vez, los comisionados serán elegidos por cinco, seis y siete años, respectivamente, con el objeto de que al momento de la renovación de los mismos, siempre sea posible contar con una adecuada combinación de experiencia, conocimiento y prestigio personal y profesional.

La Comisión expedirá su Reglamento Interior en un período no mayor a noventa días a partir de su constitución.

A partir de su toma de posesión, los miembros de la Comisión deberán instrumentar las acciones concernientes a que la presente Ley sea conocida y difundida entre los diversos sectores sociales, así como a concientizar a los ciudadanos y servidores públicos de la importancia que revisten los derechos de acceso a la información, en una sociedad democrática. Para lo anterior podrán atraer el concurso de instituciones de educación superior, así como de organismos nacionales e internacionales especializados en el tema.

ARTÍCULO TERCERO.- Las entidades públicas a que se refiere el presente ordenamiento, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán, mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información pública, de conformidad a las bases y principios establecidos en esta Ley. Estos reglamentos o acuerdos de carácter general deberán ser expedidos a más tardar dentro de un año de la entrada en vigor de la presente Ley.

ARTÍCULO CUARTO.- Las personas podrán ejercer el derecho de acceso a la información pública un año después de la entrada en vigor de la Ley.

ARTÍCULO QUINTO.- Las entidades públicas deberán realizar la difusión de la información mínima de oficio a más tardar un año después de la entrada en vigor de la Ley.

ARTÍCULO SEXTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de la presente Ley.

ARTÍCULO SEPTIMO.- El Gobernador del Estado instruirá a la Secretaría de Finanzas para que transfiera a la Comisión los recursos que sean necesarios para su funcionamiento, durante el resto del presente ejercicio fiscal.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil tres.

 

C. Nabor Ochoa López, Diputado Presidente.- C. José Mancilla Figueroa, Diputado Secretario.- C. Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Secretario.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en Palacio de Gobierno a los 28 días del mes de febrero del año dos mil tres.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LIC. FERNANDO MORENO PEÑA

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC. JORGE HUMBERTO SILVA OCHOA

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DECRETO 284, APROBADO EL 24 DE ABRIL DE 2008 (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL 3 DE MAYO DE 2008)

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico oficial “El Estado de Colima”.

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TRANSITORIOS

(DECRETO. 328, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL 5 DE JULIO DE 2008)

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

SEGUNDO.- Lo dispuesto por el segundo párrafo del Artículo 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, contenido en esta reforma, será aplicable a partir del 21 de Julio de 2009.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil ocho.

C. Arturo García Arias, Diputado Presidente. Rúbrica. C. Gonzalo Isidro Sánchez Prado, Diputado Secretario. C. Fernando Ramírez González, Diputado Secretario.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en Palacio de Gobierno, al día 01 del mes de julio del año dos mil ocho.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LIC. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC. HÉCTOR MICHEL CAMARENA.  

01Ene/14

SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 7 DE VALENCIA DE 7 DICIEMBRE 2.000

En valencia, a siete de diciembre de 2.000

Vistos por la Ilma. Sra. Dª Ana Delia Muñoz Jiménez, Magistrada del Juzgado de lo social Nº Siete de los de Valencia, los presentes autos de juicio verbal del Orden Social, en materia de tutela de derechos fundamentales seguidos a demanda de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano (C.G.T. P.V.), representada por el letrado IGV, en nombre e interés de Dª ASH, D. ECG, Dª FFG, Dª YRE, D. RRS, Dª IGMB y Dª ABC, contra la empresa ATENTO Comunicaciones España, S.A.U. representada por la Letrada Dª TMH, con intervención del Ministerio Fiscal representado por D. RN

ANTECEDENTES DE HECHO

I Que a este Juzgado correspondió por reparto la demanda iniciadora de las presentes actuaciones en la que la parte actora terminaba suplicando se dictase sentencia condenando a la demandada a estar y pasar por lo en ella solicitado.

II Que, admitida y tramitada en legal forma la demanda se celebró el acto del juicio en el día señalado con la asistencia de las partes, que formularon las alegaciones que estimaron pertinentes en los términos que constan en el acta obrante en los autos, pidiendo la primera la condena y la segunda la absolución, aportando las pruebas oportunas y elevando a definitivas sus conclusiones provisionales, dándose seguidamente el juicio por concluso.

III -Que en la tramitación del presente procedimiento se han observado sustancialmente las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

I Los demandantes Dª ASH, D. ECG, Dª FFG, Dª YRE, D. RRS, Dª IGMB y Dª ABC vienen prestando servicios por cuenta de la empresa ATENTO Comunicaciones España, S.A.U., dedicada a la actividad de tele-marketing, fundamentalmente a la prestación de servicios telefónicos, con categoría profesional de Teleoperadores, consistiendo la actividad desarrollada por los actores en proporcionar información a los clientes mediante conversación telefónica mantenida con los mismos, obteniendo dicha información mediante la consulta de datos en un ordenador.

II -La empresa insertó en los contratos de trabajo de los demandantes una cláusula (sexta de los mismos) que indicaba que el trabajador quedaba informado y consciente de la posibilidad de que la empresa, dentro de sus controles internos de calidad del servicio, pudiera realizar, si así lo considerase pertinente, ESCUCHAS Y GRABACIONES de las conversaciones del trabajador en el desempeño de su trabajo, estando inserta dicha cláusula en la generalidad de los contratos que concierta la empresa para la prestación de servicios de los teleoperadores.

III La escucha y grabación de las conversaciones telefónicas de los trabajadores se realiza por trabajadores de la empresa con categoría profesional de Coordinadores.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I La parte actora pretende que se declare la nulidad de la cláusula sexta de los contratos de trabajo de los actores, por considerarse atentaría al derecho a la intimidad personal de los trabajadores (artículo 18 CE y 4.2 e) E.T.) por permitir a la empresa tener acceso a conversaciones privadas de los trabajadores. Se probó por la documental aportada lo que consta en los hechos probados, salvo el inciso final II, que fue reconocido por la representación de la empresa. Se opuso la demandada a la pretensión actora, alegando interés de la empresa en las escuchas como medio de control de la actividad del teleoperador, sobre todo en relación al trato con el cliente sin perjuicio de otros aspectos, tal y como consta en el modelo de informe que aporta. No se negó por la representación de la empresa el derecho a la intimidad del trabajador, pero estima que el medio de control empleado (escucha y grabación telefónica), que posibilita el Artículo 20.3 E.T., es adecuado y el único de posible empleo, dado que la actividad del trabajador se desarrolla precisamente, mediante conversación telefónica. No puede negarse el interés de la empresa en controlar la actividad de los trabajadores, e incluso la posibilidad de que se realice por medio de escucha de las conversaciones mantenidas con los cliente que usas el servicio telefónico que ofrece la empresa, dadas las peculiares características de la actividad. Pero la redacción de la cláusula del contrato, sin hacerse constar ninguna limitación y con referencia “al desempeño del trabajo” permitiría una interpretación amparadora del uso de escucha y grabación durante toda la jornada laboral, en cuyo decurso es previsible se produzcan conversaciones, comentarios, etc. de índole privada que no afectan al contenido de la prestación y respecto de los cuales no puede estimarse exista interés en la empresa en conocerlos. Por la propia naturaleza de la actividad, también, existen momentos en que el trabajador no desarrolla la actividad propia, es decir no habla por teléfono ni atiende consultas, y puede sostener conversaciones con otros compañeros de trabajo o realizar llamadas telefónicas de carácter personal, posibilidad que admitió la empresa, conversaciones a los que ésta tendría acceso, lo que se considera vulnerador del derecho a la intimidad del trabajador. La doctrina del T. C. (sentencia 98/200 de 10.4.00 con cita de mucha anteriores) en relación al conflicto entre la intimidad personal y la facultad empresarial de control establecido por el artículo 20.3 E.T. mediante grabaciones audiovisuales, ha considerado que en aquellos lugares de la empresa en los que se desarrolla la actividad laboral pueda producirse intromisiones ilegítimas por parte del empresario en el derecho a la intimidad de los trabajadores, como podría ser la grabación de conversaciones entre un trabajador y un cliente, o entre los propios trabajadores, en las que se aborden cuestiones ajenas a la relación laboral que se integran en lo que el propio T.C. denomina esfera de desenvolvimiento del individuo, indicando que debe estarse a las circunstancias concretas de cada caso, finalidad perseguida, etc. en relación a la implantación de tales medios de control audio-visual para dilucidad se esos medios respetan el derecho a la intimidad de los trabajadores. Se señala también que caben modulaciones de las libertades constitucionales derivadas del contrato de trabajo para el correcto desarrollo de la actividad productiva, pero tienen que ser las indispensables y estrictamente necesarias para satisfacer un interés empresarial digno de tutela, aplicando, en definitiva el principio de proporcionalidad. En el presente caso la redacción de la cláusula impugnada permite una grabación continua e indiscriminada de la conversaciones del trabajador durante el tiempo de trabajo, lo que se estima una limitación desproporcionada al derecho a la intimidad del trabajador. Al respecto, la empresa alegó que hacia uso de medidas de auto-control en relación al uso de la facultad que previamente se había reservado en el contrato, de escucha y grabación (solo unas horas al día, no escucha de conversaciones que no se realizaren por teléfono de estas cuando tuvieran un contenido personal…). Pero tales extremos fueron una mera alegación de la parte demandad que no practicó prueba alguna encaminada a la justificación de los mencionados alegatos, ni siquiera acreditó cual fuere el sistema técnico que empleaba para las escucha y grabaciones y si el mismo permitía dicha limitaciones… En consecuencia dicha cláusula, en los términos en que aparece redactada, y la utilización por la empresa de la facultad de escucha y grabación de las conversaciones de los actores amparada en ella han de considerarse atentatorios al derecho a la intimidad de los trabajadores demandantes y ha de ser estimada la demanda.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Que estimando la demanda formulada por la Confederación General del Trabajo del País Valenciano (C.G.T. P.V.) en nombre e interés de Dª ASH, D. ECG, Dª FFG, Dª YRE, D. RRS, Dª IGMB y Dª ABC contra la empresa ATENTO Comunicaciones España, S.A.U. se declara que la cláusula secta de los contratos de trabajo de los demandantes, por cuya virtud la empresa puede realizar escuchas y grabaciones de las conversaciones de los actores durante el desempeño de su trabajo vulnera el derecho a la intimidad personal establecido en artícuo 18 CE, DECLARÁNDOSE LA NULIDAD de la citada cláusula y de las actuaciones empresariales que deriven de ella.

Notifíquese la presente Resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma puede interponerse Recurso de Suplicación.

Así por ésta sentencia, que se publicará debidamente, lo pronuncio mando y firmo.

Juzgado de lo social número siete de Valencia.

01Ene/14

Lietuvos Respublikos. Elektroniniu Ryšiu  Istatymo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77

(Žin., 2004, Nr. 69-2382; 2008, Nr. 87-3468, Nr. 131-5037, Nr. 137-5383)

 

1.- straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

1. Abonentas .- asmuo, kuris yra viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutarties su šiu paslaugų teikėju šalis.

2. Aparatūra ir (arba) įrenginiai .- elektriniai ir (arba) elektroniniai gaminiai ir įranga, turintys elektrinių ir (arba) elektroninių sudedamųjų dalių.

3. Apsaugotosios paslaugos .- už atlygį, naudojant sąlyginę prieigą, teikiamas televizijos programų transliavimas, radijo programų transliavimas kabeliais arba erdve, taip pat ir palydoviniu ryšiu, skirtas visuomenei priimti, ir informacinės visuomenės paslaugos ar sąlyginės prieigos teikimas išvardytoms paslaugoms kaip savarankiška paslauga.

4. Asmens duomenų saugumo pažeidimas .- pažeidimas, dėl kurio atsitiktinai arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be asmens sutikimo atskleidžiami asmens duomenys arba sudaroma galimybė naudotis tais duomenimis, kai jie buvo perduodami, saugomi arba kitaip tvarkomi teikiant viešąsias elektroninių ryšių paslaugas.

5. Asmuo .- fizinis arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija arba jų filialas.

6. Atsieta prieiga prie vietinės linijos .- visiškai atsieta prieiga prie vietinės linijos ir iš dalies atsieta prieiga prie vietinės linijos. Atsietos prieigos suteikimas nesuteikia nuosavybės teisių į vietinę liniją.

7. Dalinė vietinė linija .- vietinės linijos dalis, jungianti tinklo galinį tašką su koncentracijos tašku arba nustatytu artimiausiu viešojo fiksuotojo ryšio tinklo prieigos tašku.

8. Elektromagnetiniai trikdžiai .- elektromagnetinės prigimties reiškinys, kuris gali bloginti aparatūros ir (arba) įrenginių veikimą. Elektromagnetiniai trikdžiai gali būti elektromagnetinis triukšmas, nepageidaujamas signalas arba pokytis pačioje radijo bangų sklidimo aplinkoje.

9. Elektromagnetinis suderinamumas .- aparatūros ir (arba) įrenginių geba patenkinamai veikti elektromagnetinėje aplinkoje, neskleidžiant neleistinų elektromagnetinių trikdžių, galinčių kam nors šioje aplinkoje pakenkti.

10. Elektroniniai ryšiai .- signalų perdavimas laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis.

11. Elektroninio pašto pranešimas .- viešuoju ryšių tinklu nusiųstas tekstinis, balso, garso, vaizdo ar kitokios formos pranešimas, kuris gali būti saugomas tinkle arba paslaugų gavėjo galiniame įrenginyje, iki jį paslaugų gavėjas pasiima.

12. Elektroninių ryšių infrastruktūra .- fizinės infrastruktūros, kurią sudaro aparatūra, įrenginiai, įskaitant antenas, linijos, vamzdynai, kabeliai, kanalai, kolektoriai, šuliniai, atraminės konstrukcijos, bokštai, stiebai, statiniai, statinių įvadai, statinių inžinerinės sistemos, skirstomosios spintos ir kitos priemonės, visuma, skirta elektroninių ryšių veiklai vykdyti.

13. Elektroninių ryšių ištekliai .- radijo dažniai (kanalai), telefono ryšio numeriai ir kiti elektroninių ryšių tinklų identifikatoriai, įskaitant radijo šaukinius, orbitiniai ištekliai, įskaitant padėtį geostacionarioje orbitoje, taip pat kiti ištekliai, reikalingi elektroninių ryšių veiklai vykdyti, elektroninių ryšių tinklams arba radijo ryšio įrenginiams ar galiniams įrenginiams naudoti, elektroninių ryšių paslaugoms teikti.

14. Elektroninių ryšių išteklių skyrimas .- teisės suteikimas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau .- Ryšių reguliavimo tarnyba) nustatytomis sąlygomis naudoti elektroninių ryšių išteklius, išduodant leidimą.

15. Elektroninių ryšių paslauga .- paprastai už atlygį teikiama paslauga, kurią visiškai ar daugiausia sudaro signalų perdavimas elektroninių ryšių tinklais, įskaitant telekomunikacijų paslaugas ir perdavimo (siuntimo) paslaugas transliavimui (retransliavimui) naudojamais tinklais. Elektroninių ryšių paslaugos neapima elektroninių ryšių tinklais ar naudojant elektroninių ryšių paslaugas perduodamos informacijos turinio teikimo ar redakcinės turinio kontrolės paslaugų, tarp jų informacinės visuomenės paslaugų, kurių visiškai ar daugiausia nesudaro signalų perdavimas elektroninių ryšių tinklais.

16. Elektroninių ryšių tinklas .- perdavimo sistemos ir (arba) komutavimo bei maršruto parinkimo įranga, kitos priemonės, įskaitant pasyviuosius tinklo elementus, leidžiančios perduoti signalus laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis, įskaitant palydovinius tinklus, fiksuotuosius (kanalų ir paketų komutavimo, įskaitant internetą) ir judriuosius antžeminius tinklus, elektros perdavimo kabelines sistemas (kiek jos naudojamos signalams perduoti), tinklus, naudojamus radijo ir (arba) televizijos programoms transliuoti (retransliuoti), ir kabelinės televizijos bei mikrobangų daugiakanalės televizijos tinklus neatsižvelgiant į perduodamos informacijos pobūdį.

17. Elektroninių ryšių tinklo teikimas .- elektroninių ryšių tinklo steigimas, valdymas, kontrolė ir (arba) galimybės juo naudotis suteikimas.

18. Elektroninių ryšių tinklų identifikatoriai .- elektroninių ryšių tinklo taškus, tarp jų ir tinklo galinius taškus, ar prie elektroninių ryšių tinklo prijungtus galinius įrenginius identifikuojančios adresavimo priemonės, kad būtų galima perduoti informaciją į šiuos elektroninių ryšių tinklo taškus ar atitinkamus galinius įrenginius arba identifikuoti informacijos siuntėją.

19. Elektroninių ryšių veikla .- elektroninių ryšių tinklų ir (arba) paslaugų teikimas.

20. Europos Sąjungos rinka .- Europos Komisijos apibrėžta atitinkama rinka, apimanti Europos Sąjungą ar didelę jos dalį, esančią daugiau negu vienoje valstybėje narėje.

21. Faktinis elektroninių ryšių paslaugų naudotojas .- fizinis asmuo, asmeniniams ar verslo tikslams naudojantis viešąsias elektroninių ryšių paslaugas. Šis asmuo nebūtinai turi būti šiu paslaugų abonentas.

22. Galinis įrenginys .- leidžiantis priimti ir (arba) perduoti informaciją įrenginys ar jo atitinkama dalis, skirti tiesiogiai ar netiesiogiai bet kokiomis priemonėmis būti prijungti prie viešųjų ryšių tinklų.

23. Galutinis paslaugų gavėjas .- paslaugų gavėjas, kuris neteikia viešųjų ryšių tinklų ar viešųjų elektroninių ryšių paslaugų.

24. Informacinės visuomenės paslaugos .- paprastai už atlyginimą elektroninėmis priemonėmis ir per atstumą individualiu paslaugų gavėjo prašymu teikiamos paslaugos.

25.  dalies atsieta prieiga prie vietinės linijos .- vietinės linijos gavėjui suteikiama prieiga prie šio Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis įpareigoto operatoriaus vietinės linijos ar dalinės vietinės linijos, suteikiant teisę naudoti tam tikrą šios linijos dalį, įskaitant ne balso juostos dažnių spektrą.

26. Išimtinės teisės .- ūkio subjektui valstybės suteiktos teisės, jam vieninteliam užtikrinančios teises teikti tam tikras paslaugas ar verstis elektroninių ryšių ir (arba) kita veikla tam tikroje geografinėje teritorijoje.

27. Ypatingos aplinkybės .- nepaprastoji ar karo padėtis, ekstremaliosios situacijos, tarp jų gaivalinės nelaimės, ir kitos nenugalimos jėgos ir panašios aplinkybės.

28. Kabelinės televizijos tinklas .- daugiausia laidinė infrastruktūra, kurios pagrindinė paskirtis .- viešas radijo ar televizijos programų pristatymas ar paskirstymas.

29. Nacionalinė radijo dažnių paskirstymo lentelė .- Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintas dokumentas, kuriame nustatomas radijo dažnių paskirstymas radijo ryšio, įskaitant transliavimą, gamybos, mokslo, medicinos ir kitiems poreikiams.    

30. Naudotojo atpažinimo kodas .- elektroninių ryšių paslaugų naudotojui suteiktas unikalus kodas.

31. Nesėkmingas skambutis .- ryšys, kai skambutis buvo sėkmingai sujungtas, bet į jį nebuvo atsakyta arba buvo tinklo valdymo intervencija.

32. Operatorius .- ūkio subjektas, teikiantis ar turintis teisę teikti viešąjį ryšių tinklą ar susijusias priemones.

33. Paslaugų gavėjas .- asmuo, kuriam teikiamos viešosios elektroninių ryšių paslaugos ar kuris kreipėsi dėl jų teikimo.

34. Patobulinta skaitmeninės televizijos įranga .- įrenginių, skirtų prijungti prie televizoriaus, rinkinys ar integruota skaitmeninės televizijos įranga, galinti priimti skaitmeninės interaktyviosios televizijos paslaugas.

35. Plačiaekranės skaitmeninės televizijos paslaugos .- televizijos paslaugos, kurias visiškai ar daugiausia sudaro programos, pagamintos ir suredaguotos rodyti viso aukščio plačiaekraniu formatu. Plačiaekranės televizijos paslaugos nurodomos kaip formatas 16:9.

36. Pranešimas .- informacija, kuri perduodama arba kuria, naudojantis viešosiomis elektroninių ryšių paslaugomis, apsikeičia baigtinis viešųjų elektroninių ryšių paslaugų naudotojų skaičius. Pranešimu nelaikoma informacija, perduodama elektroninių ryšių tinklais kaip dalis transliavimo paslaugos, išskyrus tą jos dalį, kurią sudaro individualizuotos informacijos perdavimas identifikuojamam abonentui arba viešųjų elektroninių ryšių paslaugų naudotojui.

37. Pridėtinės vertės paslauga .- kiek tai susiję su asmens duomenų tvarkymu ir privatumo apsauga, .- paslauga, kuriai reikalingas srauto ar vietos nustatymo duomenų tvarkymas, apimantis didesnį informacijos kiekį, negu yra būtina informacijai perduoti ar apskaitai tvarkyti.

38. Prieiga .- laikantis nustatytų sąlygų, išimtiniu ar neišimtiniu pagrindu elektroninių ryšių infrastruktūros, įskaitant patalpas, tinklų ir (arba) paslaugų suteikimas kitam ūkio subjektui elektroninių ryšių paslaugoms teikti, įskaitant atvejus, kai elektroninių ryšių paslaugos naudojamos informacinės visuomenės ir transliavimo (retransliavimo) paslaugoms perduoti. Be kita ko, prieiga apima:

1) prieigą prie tinklo elementų ir susijusių priemonių, įskaitant galimybes fiksuotuoju ar judriuoju būdu prijungti įrangą (ypač prieigą prie vietinės linijos ir prie priemonių bei paslaugų, reikalingų paslaugoms teikti naudojantis vietine linija);

2) prieigą prie fizinės infrastruktūros, įskaitant patalpas, kabelių kanalus ir stiebus;

3) prieigą prie programinių sistemų, tarp jų veiklos palaikymo sistemų;

4) prieigą prie informacinių sistemų ar duomenų bazių, skirtų užsakymams, įskaitant išankstinius užsakymus, taip pat teikimo, priežiūros ir remonto prašymams pateikti ir sąskaitoms parengti;

5) prieigą prie numerių keitimo arba funkciniu požiūriu ekvivalentinių sistemų;

6) prieigą prie fiksuotojo ir judriojo ryšio tinklų, ypač tarptinklinio ryšio tikslui;

7) prieigą prie skaitmeninės televizijos paslaugų sąlyginės prieigos sistemų;

8) prieigą prie virtualiojo tinklo paslaugų.

39. Radijo bangos .- laisvai sklindančios erdvėje elektromagnetinės bangos.

40. Radijo mėgėjas .- fizinis asmuo, užsiimantis radijo ryšio veikla asmeniniais ir su verslu nesusijusiais tikslais ir iš jos nesipelnantis.

41. Radijo ryšio įrenginys .- įrenginys arba atitinkama jo dalis, leidžiantys palaikyti radijo ryšį siunčiant ir (arba) priimant radijo bangas naudojant radijo ryšiui skirtą radijo spektro dalį.

42. Radijo ryšio kanalas .- radijo dažnių juosta nustatytai techninių priemonių ir radijo bangų sklidimo aplinkos visumai, skirta tam tikrai informacijai perduoti ir priimti.

43. Radijo ryšio reglamentas .- Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos oficialus leidinys, nustatantis radijo ryšio valdymą.

44. Radijo ryšio stotis .- vienas ar keli siųstuvai ar imtuvai arba siųstuvų ir imtuvų grupė bei pagalbiniai įrenginiai, kurių reikia tam tikroje vietoje radijo ryšio arba radioastronomijos tarnybų veiklai vykdyti.

45. Radijo ryšys .- informacijos perdavimas, siuntimas ir (arba) priėmimas radijo bangomis.

46. Radijo stebėsena .- radijo bangų aplinkos parametrų kontrolė.

47. Radijo trikdžiai .- elektromagnetiniai trikdžiai, veikiantys radijo bangų diapazone.

48. Radijo trukdžiai .- aparatūros ir (arba) įrenginio, radijo ryšio ar sistemos veikimo blogėjimas dėl radijo trikdžių poveikio.

49. Registruotas elektroninių ryšių paslaugų naudotojas .- asmuo, kuris, nebūdamas viešųjų elektroninių ryšių paslaugų abonentas, identifikuojamas pagal elektroninių ryšių paslaugų naudotojo atpažinimo kodą ir registravimosi metu pateiktą informaciją.

50. Ryšių kabelių kanalų sistema .- elektroninių ryšių infrastruktūros dalis, sudaryta iš ryšių kabelių kanalų, vamzdžių, šuliniu ir kitų įrenginių (šuliniu liukų, dangčių, užraktų, ryšių kabelių atramų, gembių, reguliavimo žiedų ir kt.), skirta ryšių kabeliams įverti ir (arba) išverti, sujungti, taisyti bei kitiems elektroninių ryšių įrenginiams įrengti ir jiems apsaugoti.

51. Sąlyginė prieiga .- techninė ir (arba) kita priemonė, leidžianti naudotis apsaugotąja paslauga tik gavus išankstinį individualų tokios paslaugos teikėjo leidimą.

52. Sąsaja .- tinklo galinis taškas ir (arba) belaidė sąsaja, apibrėžianti radijo ryšį tarp radijo ryšio įrenginių ir jų technines specifikacijas.

53. Saugumo incidentas .- įvykis, veiksmas ar neveikimas, kuris sukelia ar gali sukelti neteisėtą prisijungimą ar sudaryti sąlygas neteisėtai prisijungti prie informacinės sistemos ar elektroninių ryšių tinklo, sutrikdyti ar pakeisti, įskaitant valdymo perėmimą, informacinės sistemos ar elektroninių ryšių tinklo veikimą, sunaikinti, sugadinti, ištrinti ar pakeisti elektroninius duomenis, panaikinti ar apriboti galimybę naudotis elektroniniais duomenimis, taip pat sudaryti sąlygas pasisavinti ar kitaip panaudoti neviešus elektroninius duomenis tokios teisės neturintiems asmenims.

54. Siuntėjas .- ūkio subjektas, išskyrus transliuotojus ir (arba) retransliuotojus, turinčius Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduotas licencijas, suteikiančias teisę steigti ir eksploatuoti savo elektroninių ryšių tinklus, elektroninių ryšių tinklu perduodantis radijo ir (arba) televizijos programų signalus visuomenei ir turintis teisę naudoti šiam perdavimui būtinus radijo dažnius (kanalus), skirtus radijo ir (arba) televizijos programoms transliuoti (retransliuoti).

55. Skambutis .- viešųjų telefono ryšio paslaugų priemonėmis sukurtas sujungimas, suteikiantis dvipusio ryšio galimybę.

56. Specialiosios teisės .- valstybės ribotam skaičiui ūkio subjektų suteiktos teisės, kai atitinkamoje geografinėje teritorijoje:

1) paskiriami du ar daugiau ūkio subjektų, turinčių teisę teikti paslaugas arba verstis veikla, arba kai tokių ūkio subjektų skaičius apribojamas iki dviejų ar daugiau kitu būdu nei pagal objektyvius, proporcingus ir nediskriminacinius kriterijus;

2) ūkio subjektams kitu būdu nei vadovaujantis objektyviais, proporcingais ir nediskriminaciniais kriterijais suteikiamos teisinės arba administracinės privilegijos, kurios gali labai paveikti bet kurio kito ūkio subjekto galimybes teikti tas pačias paslaugas arba verstis tokia pačia elektroninių ryšių ir (arba) kita veikla toje pačioje geografinėje teritorijoje iš esmės vienodomis sąlygomis.

57. Srauto duomenys .- duomenys, tvarkomi siekiant perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu ir (arba) tokio perdavimo apskaitai.

58. Standartinis pasiūlymas .- šio Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis įpareigoto operatoriaus skelbiamos sąlygos, kuriomis jis įsipareigoja suteikti prieigą, įskaitant tinklų sujungimą, bet kuriam to pageidaujančiam ūkio subjektui.

59. Susijusios paslaugos .- su elektroninių ryšių tinklu ir (arba) elektroninių ryšių paslauga susijusios paslaugos, kurios sudaro galimybę teikti elektroninių ryšių paslaugas naudojantis šiuo tinklu ir (ar) paslauga ir (ar) palengvina tokį teikimą arba sudarytų tokią galimybę, jeigu jomis būtų naudojamasi, ir kurios apima inter alia telefono ryšio numerių keitimo ar funkciniu požiūriu ekvivalentines sistemas, sąlyginės prieigos sistemas ir elektroninius programų vadovus, taip pat kitas paslaugas, įskaitant tapatybės, vietos ir prisijungimo būsenos nustatymo paslaugas.

60. Susijusios priemonės .- susijusios paslaugos, elektroninių ryšių infrastruktūra, kitos su elektroninių ryšių tinklu ir (arba) elektroninių ryšių paslauga susijusios priemonės arba susiję elementai, kurie sudaro galimybę teikti elektroninių ryšių paslaugas naudojantis šiuo tinklu ir (arba) paslauga ir (ar) palengvina tokį teikimą arba sudarytų tokią galimybę, jeigu būtų naudojami.

61. Taikomųjų programų sąsaja .- taikomųjų programų, kurias pateikia transliuotojai (retransliuotojai) ar paslaugų teikėjai, programinės įrangos sąsajos ir ištekliai skaitmeninės televizijos ir radijo paslaugoms patobulintoje skaitmeninės televizijos įrangoje.

62. Taksofonas .- viešai prieinamas telefonas, už kurio naudojimą galima mokėti monetomis ar (ir) kitomis mokėjimo priemonėmis.

63. Telekomunikacijų galinis įrenginys .- leidžiantis palaikyti ryšį įrenginys ar jo atitinkama dalis, skirti tiesiogiai ar netiesiogiai bet kokiomis priemonėmis būti prijungti prie viešųjų telekomunikacijų tinklų (tai yra tinklų, visiškai ar iš dalies skirtų viešosioms telekomunikacijų paslaugoms teikti).

64. Telekomunikacijų paslauga .- paslauga, kurią visiškai ar daugiausia sudaro signalų perdavimas elektroninių ryšių tinklais, išskyrus televizijos ir (arba) radijo programų perdavimo tinklais, naudojamais transliavimui (retransliavimui), paslaugas.

65. Tinklo galinis taškas .- fizinis taškas, kuriame suteikiama galimybė prijungti abonento įrangą prie viešojo ryšių tinklo. Tinkluose, kuriuose atliekamas maršruto parinkimas arba komutavimas, tinklo galinis taškas identifikuojamas konkrečiu tinklo adresu, kuris gali būti susietas su abonento telefono ryšio numeriu arba pavadinimu.

66. Tinklų sujungimas .- fizinis ar loginis viešųjų ryšių tinklų, naudojamų to paties ar kito ūkio subjekto, sujungimas, kad vieno ūkio subjekto elektroninių ryšių paslaugų gavėjai galėtų naudotis tarpusavio ryšiu ir (arba) ryšiu su kito ūkio subjekto paslaugų gavėjais arba ūkio subjekto, tarp jų visų prieigą prie atitinkamų tinklų turinčių ūkio subjektų, teikiamomis paslaugomis. Tinklų sujungimas yra speciali prieigos rūšis.

67. Ūkio subjektas .- asmuo ar asmenų, susijusių kontrolės ar priklausomybės santykiais, grupė, kurie verčiasi elektroninių ryšių veikla Lietuvos Respublikoje arba kurių veiksmai daro įtaką ar ketinimai, jeigu jie būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką ūkinei veiklai Lietuvos Respublikoje.

68. Universaliosios paslaugos .- minimalus skaičius nustatytos kokybės paslaugų, kurios, nepaisant geografinės vietos, už prieinamą kainą turi būti teikiamos visiems tokias paslaugas pageidaujantiems gauti galutiniams paslaugų gavėjams.

69. Vartotojas .- fizinis asmuo, kuris naudojasi ar pareiškia norą naudotis viešosiomis elektroninių ryšių paslaugomis nesusijusiems su jo amatu, verslu ar profesija tikslams, tai yra vartotojo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti.

70. Veiksminga konkurencija .- situacija atitinkamoje rinkoje, kai nėra didelę įtaką toje rinkoje turinčių ūkio subjektų.

71. Vertikaliai integruotas ūkio subjektas .- ūkio subjektas, kuris verčiasi dviejų ar daugiau rūšių veikla, priklausančia tai pačiai vertės kūrimo grandinei.

72. Viešasis fiksuotojo ryšio tinklas .- viešasis ryšių tinklas, kurio galiniai taškai yra fiksuoti.

73. Viešasis judriojo ryšio tinklas .- viešasis ryšių tinklas, kurio galiniai taškai nėra fiksuoti.

74. Viešasis ryšių tinklas .- elektroninių ryšių tinklas, kuris visiškai ar daugiausia naudojamas viešosioms elektroninių ryšių paslaugoms teikti, įskaitant elektroninių ryšių tinklą, kuriuo galima perduoti informaciją iš vieno tinklo galinio taško į kitą.

75. Viešosios elektroninių ryšių paslaugos .- viešai teikiamos elektroninių ryšių paslaugos.

76. Viešosios fiksuotojo telefono ryšio paslaugos .- viešosios telefono ryšio paslaugos, teikiamos viešuoju fiksuotojo ryšio tinklu.

77. Viešosios judriojo telefono ryšio paslaugos .- viešosios telefono ryšio paslaugos, teikiamos viešuoju judriojo ryšio tinklu.

78. Viešosios telefono ryšio paslaugos .- visuomenei prieinamos paslaugos, skirtos tiesiogiai arba netiesiogiai siųsti ir gauti nacionalinius arba nacionalinius ir tarptautinius skambučius naudojant atitinkamą telefono ryšio numerį ar numerius, nurodytus Nacionaliniame telefono ryšio numeracijos plane.

79. Vietinė linija .- fizinė linija, jungianti tinklo galinį tašką su viešojo fiksuotojo ryšio tinklo skirstomuoju stovu ar ekvivalentine priemone.

80. Vietinės linijos gavėjas .- turintis teisę teikti elektroninių ryšių paslaugas ūkio subjektas, kuriam gali būti ar yra suteikta atsieta prieiga prie vietinės linijos.

81. Vietos nustatymo duomenys .- elektroninių ryšių tinkluose arba teikiant elektroninių ryšių paslaugas tvarkomi duomenys, nurodantys faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galinių įrenginių geografinę buvimo vietą.

82. Vietovės žyma (Cell ID) .- vietovės, kurioje skambutis inicijuojamas ar baigiamas viešajame judriojo ryšio tinkle, atpažinimo kodas.

83. Visiškai atsieta prieiga prie vietinės linijos .- vietinės linijos gavėjui suteikiama prieiga prie šio Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis įpareigoto operatoriaus vietinės linijos ar dalinės vietinės linijos, suteikiant teisę naudoti visus šios linijos dažnius.

84. Žalingieji trukdžiai .- radijo trukdžiai, keliantys grėsmę radijo navigacinių tarnybų ar bet kurių kitų saugumo tarnybų funkcionavimui ar labai bloginantys, trukdantys ar nuolat pertraukiantys teisėtai veikiantį radijo ryšį.

85. Šio Įstatymo devintajame skirsnyje vartojamos sąvokos, neapibrėžtos šiame Įstatyme, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.”

 

2.- straipsnis. Įstatymo antrojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Įstatymo antrojo skirsnio pavadinime išbraukti žodžius „bei strategijos” ir pavadinimą išdėstyti taip:

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VEIKLOS POLITIKOS FORMAVIMO IR REGULIAVIMO SISTEMA“.

 

3.- straipsnis. 4 straipsnio pavadinimo ir 1 dalies pakeitimas

1. 4 straipsnio pavadinime išbraukti žodžius „bei strategijos” ir pavadinimą išdėstyti taip:

4 straipsnis. Elektroninių ryšių veiklos politikos formavimo ir reguliavimo institucijos“.

2. Pakeisti 4 straipsnio 1 dalįir ją išdėstyti taip:

„1. Elektroninių ryšių veiklos politiką Lietuvos Respublikoje formuoja Vyriausybė ir jos įgaliota institucija.”

 

4.- straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

5 straipsnis. Vyriausybės ir jos įgaliotos institucijos kompetencija elektroninių ryšių srityje

1. Vyriausybė, formuodama elektroninių ryšių veiklos politiką:

1) nustato universaliųjų paslaugų kainų aukščiausią ribą, tvirtina universaliųjų paslaugų teikimo nuostolių kompensavimo taisykles;

2) tvirtina elektroninių ryšių plėtros ir radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti Lietuvos Respublikoje planavimo dokumentus.

2. Vyriausybės įgaliota institucija, formuodama ir įgyvendindama elektroninių ryšių veiklos politiką:

1) koordinuoja valstybės elektroninių ryšių srities investicinių projektų rengimą, vertina šiuos projektus ekonominiu, finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami;

2) bendradarbiauja su užsienio valstybių elektroninių ryšių veiklos politikos formavimo institucijomis, pagal savo kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos institucijose, komitetuose ir grupėse, kurių veikla susijusi su elektroniniais ryšiais (telekomunikacijomis), radijo ryšio įrenginiais ir galiniais įrenginiais, elektromagnetiniu suderinamumu ir (arba) radijo spektro valdymu;

3) renka informaciją, reikalingą elektroninių ryšių veiklos politikai formuoti ir įgyvendinti;

4) nenugalimos jėgos ir ekstremaliųjų situacijų ar kitų ypatingų aplinkybių atvejais, taip pat siekiant pasirengti visuotinei mobilizacijai, valstybės gynybai, užtikrinant valstybės saugumą ir viešąją tvarką, įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka duoda ūkio subjektams, teikiantiems elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas, taip pat aparatūros ir įrenginių savininkams ar naudotojams privalomus nurodymus, užduotis ir užsakymus;

5) paskelbia (notifikuoja) sertifikacijos ir kontrolės įstaigas bei bandymų laboratorijas, atsakingas už aparatūros ir įrenginių atitikties įvertinimą Vyriausybės nustatyta tvarka;

6) imasi priemonių, kad fiziniams asmenims būtų užtikrinta galimybė naudotis suderintų socialinių paslaugų numeriu 116000 teikiama paslauga.”

 

5.- straipsnis. 6 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 1 dalįir ją išdėstyti taip:

„1. Ryšių reguliavimo tarnyba .- elektroninių ryšių veiklą reguliuojanti ir šio Įstatymo nuostatų, išskyrus šio Įstatymo nuostatas, už kurių įgyvendinimą ir laikymosi priežiūrą pagal kompetenciją atsakingos kitos valstybės institucijos, laikymąsi prižiūrinti ir jas įgyvendinanti savarankiška valstybės įstaiga, veikianti nepriklausomai pagal ši ir kitus įstatymus bei savo nuostatus. Ryšių reguliavimo tarnybos nuostatus tvirtina Vyriausybė. Ryšių reguliavimo tarnyba yra Lietuvos Respublikos nacionalinė reguliavimo institucija Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių visuomeninius santykius, susijusius su šio Įstatymo reguliavimo dalyku, prasme.”

 

6.- straipsnis. 7 straipsnio 6 dalies 5 punkto ir 8 dalies 3 punkto pakeitimas

1. 7 straipsnio 6 dalies 5 punkte vietoj žodžio „strateginius” įrašyti žodį „strateginį”, vietoj žodžio „planus” įrašyti žodį „planą” ir ši punktą išdėstyti taip:

„5) tvirtina Ryšių reguliavimo tarnybos strateginį veiklos planą;”.

2. 7 straipsnio 8 dalies 3 punkte po žodžių „Ryšių reguliavimo tarnybos” įrašyti žodį „metinę”, vietoj žodžių „pajamų ir išlaidų” įrašyti žodį „programos” ir ši punktą išdėstyti taip:

„3) derina Ryšių reguliavimo tarnybos metinę biudžeto programos sąmatą;”.

 

7.- straipsnis. 8 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Ryšių reguliavimo tarnybos uždaviniai:

1) užtikrinti sąlygas, reikalingas veiksmingai konkurencijai elektroninių ryšių, pirmiausia perduodant informacijos turinį elektroninių ryšių tinklais, rinkose, taip pat užtikrinti, kad nebūtų diskriminuojami ūkio subjektai, teikiantys elektroninių ryšių tinklus ir (arba) elektroninių ryšių paslaugas, bei skatinti elektroninių ryšių infrastruktūros plėtrą ir vystymą;

2) užtikrinti elektroninių ryšių paslaugų gavėjų, įskaitant neįgaliųjų, senyvo amžiaus ir specialių socialinių poreikių turinčių paslaugų gavėjų (fizinių asmenų, dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčių, neįgijusių arba praradusių gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime), teisių ir teisėtų interesų apsaugą, ypač užtikrindama paprastas ir nebrangias ginču sprendimo procedūras ir skatinant viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo sąlygų ir tarifų skaidrumą, ir pagal kompetenciją užtikrinti galimybę naudotis universaliosiomis paslaugomis bei galimybę galutiniams paslaugų gavėjams turėti prieigą prie pasirinktos informacijos ir ją platinti teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat galimybę naudotis pasirinkta programine įranga ir paslaugomis;

3) skatinti efektyvias ilgalaikes investicijas ir naujovių diegimą, taip pat elektroninių ryšių plėtrą;

4) užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą, taip pat kad būtų pakankamai nacionalinių telefono ryšio numerių išteklių, reikalingų viešosioms elektroninių ryšių paslaugoms teikti, kad numeracijos planai ir procedūros būtų taikomi tokiu būdu, kuris užtikrintų vienodas visų viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų galimybes, ypač užtikrindama, kad ūkio subjektai, kuriems skirti nacionalinių telefono ryšio numerių ištekliai, nediskriminuotų kitų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų, kiek tai susiję su numeracijos sekomis, naudojamomis jų paslaugoms pasiekti;

5) pagal savo kompetenciją užtikrinti, kad Lietuvos Respublikoje naudojama aparatūra ir įrenginiai atitiktų Lietuvos Respublikoje galiojančius privalomus reikalavimus, užtikrinti aparatūros ir įrenginių elektromagnetinį suderinamumą;

6) pagal kompetenciją skatinti Europos Sąjungos vidaus rinkos plėtrą ir suderintą elektroninių ryšių reguliavimą Europos Sąjungoje;

7) bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis, tarp jų ir su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, kad būtų užtikrinta žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisė, kiek tai susiję su asmens duomenų tvarkymu;

8) užtikrinti, kad operatoriai ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjai vykdytų įpareigojimus, kurie gali būti nustatyti valstybės gynybos, nacionalinio saugumo ir viešosios tvarkos palaikymo interesais, taip pat ypatingų aplinkybių atvejais;

9) užtikrinti, kad viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai įgyvendintų tinkamas technines ir organizacines priemones savo teikiamų viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumui ir vientisumui užtikrinti.”

 

8.- straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Ryšių reguliavimo tarnybos funkcijos

Ryšių reguliavimo tarnyba:

1) prižiūri ir įgyvendina šio Įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas, išskyrus šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas, kurių priežiūra ir įgyvendinimas pagal šio Įstatymo nustatytą kompetenciją priklauso kitoms valstybės institucijoms;

2) rengia ir tvirtina reikalavimus aparatūrai ir įrenginiams ir jų naudojimo sąlygas, teisės aktų nustatytais atvejais išduoda leidimus naudoti aparatūrą ir įrenginius, įvežti ir naudoti radijo stebėsenos ir radijo ryšio slopinimo įrenginius;

3) rengia ir tvirtina Nacionalinę radijo dažnių paskirstymo lentelę, kartu su Lietuvos radijo ir televizijos komisija rengia ir tvirtina radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti planą;

4) bendradarbiauja su užsienio valstybių elektroninių ryšių veiklos reguliavimo institucijomis, pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjungos institucijų, komitetų bei grupių, kurių veikla susijusi su elektroniniais ryšiais (telekomunikacijomis), radijo ryšio įrenginiais ir galiniais įrenginiais, elektromagnetiniu suderinamumu ir (arba) radijo spektro valdymu, viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumu, veikloje, taip pat Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos veikloje, reikiamais atvejais skiria ekspertus, kurie dalyvautų atitinkamuose komitetuose ir grupėse, atlieka tarptautinį radijo dažnių (kanalų) ir orbitinių išteklių koordinavimą bei tarptautinę radijo ryšio stočių (radijo dažnių) ir orbitinių išteklių apsaugą. Lietuvos Respublikos vardu prisiimti įpareigojimus Ryšių reguliavimo tarnyba gali tik teisės aktų nustatyta tvarka gavusi įgaliojimus, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis ar Europos Sąjungos teisė atitinkamas funkcijas, kurios patenka į Ryšių reguliavimo tarnybos kompetenciją, vykdyti paveda Lietuvos Respublikos telekomunikacijų (elektroninių ryšių) administracijai ar nacionalinei telekomunikacijų (elektroninių ryšių) reguliavimo institucijai. Šiuo atveju Ryšių reguliavimo tarnyba atitinkamas funkcijas atlieka ir su jomis susijusius įsipareigojimus prisiima taikydama atitinkamos tarptautinės sutarties ar Europos Sąjungos teisės nuostatas ir neturi papildomai gauti įgaliojimų ir atlikti kitų procedūrų pagal atitinkamas Tarptautinių sutarčių įstatymo normas;

5) rengia ir teikia Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai pasiūlymus dėl elektroninių ryšių veiklos politikos;

6) rengia ir teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl universaliųjų paslaugų kainų aukščiausios ribos, rengia ir teikia Vyriausybei tvirtinti universaliųjų paslaugų teikimo nuostolių kompensavimo taisykles;

7) nustato universaliųjų paslaugų teikimo taisykles, įpareigojimus nepaskirtiems teikti universaliąsias paslaugas ūkio subjektams, kad būtų galima tinkamai teikti universaliąsias paslaugas;

8) Vyriausybės nustatyta tvarka kaupia ir saugo informaciją apie tai, kokius techninių įvykių duomenis apie elektroninius ryšius fiksuoja ir saugo ūkio subjektai, teikiantys elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas;

9) vykdo nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinio veiklą;

10) yra atsakinga už tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių šio Įstatymo reguliavimo dalyką, nuostatų vykdymo priežiūrą, išskyrus atvejus, kai pagal šio Įstatymo 12 straipsnio 5 dalį tai yra Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos kompetencija;

11) šio Įstatymo ir kitų teisės aktų pagrindu priima teisės aktus, atlieka kitas šio ir kitų įstatymų, Ryšių reguliavimo tarnybos nuostatų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.”

 

9.- straipsnis. 10 straipsnio 6 punkto pripažinimas netekusiu galios

10 straipsnio 6 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

10.- straipsnis. 11 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir papildymas

11 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „jį įgyvendinančių” įrašyti žodžius „jo įgyvendinamųjų”, po žodžių „priimdama teisės aktus” įrašyti žodžius ir skaičius „nustatydama ar keisdama radijo dažnių naudojimo sąlygas pagal šio Įstatymo 58 straipsnio 2 dalį ir 59 straipsnį”, vietoj skaičiaus „13″ įrašyti skaičių „18″ ir šia dalį išdėstyti taip:

„1. Šio Įstatymo ar jo įgyvendinamųjų teisės aktų pagrindu priimdama teisės aktus, nustatydama ar keisdama radijo dažnių naudojimo sąlygas pagal šio Įstatymo 58 straipsnio 2 dalį ir 59 straipsnį, turėsiančius reikšmingą poveikį atitinkamai rinkai, išskyrus atvejus, nurodytus šio Įstatymo 16 straipsnio 18 dalyje, taip pat išskyrus teisės aktus, kuriais išsprendžiamas ginčas, Ryšių reguliavimo tarnyba savo nustatyta tvarka ir sąlygomis viešai paskelbia šiu teisės aktų projektus ir nustato suinteresuotiems asmenims protingumo kriterijų atitinkantį terminą pastaboms pateikti.”

 

11.- straipsnis. 12 straipsnio 5 ir 7 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 12 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija:

1) prižiūri, kaip vykdomos šio Įstatymo devintojo skirsnio, išskyrus šio Įstatymo 61 straipsnio 5 dalį, 64 straipsnio 7 dalį ir 68 straipsnio 2 dalį, nuostatos, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka nagrinėja skundus dėl duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos ir surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka, atlieka šio Įstatymo 77 straipsnio 2 dalyje ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas;

2) bendradarbiauja su Ryšių reguliavimo tarnyba asmens duomenų ir privatumo apsaugos srityje;

3) yra atsakinga už tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių šio Įstatymo devintojo skirsnio, išskyrus šio Įstatymo 61 straipsnio 
5 dalį, 64 straipsnio 7 dalį ir 68 straipsnio 2 dalį, reguliavimo dalyką, nuostatų vykdymo priežiūrą;

4) vykdo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo nuostatas, kiek tai susiję su šio Įstatymo 69 straipsnio reguliavimo dalyku.”

2. 12 straipsnio 7 dalyje išbraukti žodžius „bei strategijos” ir šia dalį išdėstyti taip:

„7. Lietuvos nacionalinė standartizacijos institucija bendradarbiauja su Vyriausybės įgaliota elektroninių ryšių veiklos politikos formavimo institucija ir Ryšių reguliavimo tarnyba, kai šios Standartizacijos įstatymo nustatyta tvarka dalyvauja standartizacijos, susijusios su elektroninių ryšių tinklų, paslaugų, susijusių priemonių ir paslaugų teikimu, įskaitant radijo ir (ar) televizijos programų transliavimą, techninėmis sąsajomis ir (ar) tinklų funkcionavimu, galinių įrenginių, įskaitant radijo ir televizijos programų priėmimo įrangą, sąveika, procese, keičiasi su standartizacija susijusia informacija.”

 

12.- straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

13 straipsnis. Bendradarbiavimas su Europos Sąjungos institucijomis, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija ir Europos Sąjungos valstybėmis narėmis

1. Valstybės institucijos bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijomis, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija ir Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bei jų institucijomis laikydamosi Europos Sąjungos teisės aktų ir tarpusavio susitarimų. Dokumentams, surašytiems, išduotiems ar patvirtintiems Europos Sąjungos institucijų, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos ar Europos Sąjungos valstybių narių ir jų institucijų, taip pat jų nuorašams ir vertimams netaikomi jokie legalizavimo reikalavimai.

2. Ryšių reguliavimo tarnyba privalo pateikti Europos Komisijai, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms informaciją, jeigu šios pagrįstai jos pareikalauja. Jeigu Europos Komisijai Ryšių reguliavimo tarnyba pateikia informaciją, kuri ar kurios dalis yra anksčiau gauta iš ūkio subjektų Ryšių reguliavimo tarnybos pareikalavimu, Ryšių reguliavimo tarnyba praneša atitinkamiems ūkio subjektams, kad atitinkama informacija yra pateikta.

3. Ryšių reguliavimo tarnyba teikia Europos Komisijai informaciją apie Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių šio Įstatymo reguliavimo dalyką, įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje.

4. Kai su šio Įstatymo reguliavimo dalyku susijusios Europos Sąjungos teisės nuostatos taikomos Europos ekonominės erdvės valstybėms, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės, šiame Įstatyme Europos Sąjunga suprantama ir kaip Europos ekonominė erdvė.”

 

13.- straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Rinkos tyrimas

1. Rinkos tyrimą atlieka Ryšių reguliavimo tarnyba. Ryšių reguliavimo tarnybos atliekamo rinkos tyrimo tikslas .- siekti, kad elektroninių ryšių srityje būtų užtikrinta veiksminga konkurencija, o didelę įtaką turintiems ūkio subjektams būtų užkirstas kelias piktnaudžiauti savo įtaka rinkoje. Ryšių reguliavimo tarnyba nustato rinkos tyrimo taisykles.

2. Rinkos tyrimo procedūrą sudaro šie etapai:

1) atitinkamos rinkos (produktų (paslaugų) ir geografinės), kurios charakteristikos gali pateisinti įpareigojimų, nurodytų šio Įstatymo 17 straipsnyje, taikymą, apibrėžimas;

2) tyrimas, ar konkurencija atitinkamoje rinkoje yra veiksminga, ir, jeigu konkurencija nėra veiksminga, didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turinčių ūkio subjektų įvardijimas;

3) šio Įstatymo 17 straipsnyje nurodytų įpareigojimų nustatymas, pakeitimas ir (arba) panaikinimas didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams.

3. Ryšių reguliavimo tarnyba atlieka rinkos tyrimą Europos Komisijai priėmus rekomendaciją, nustatančią atitinkamas produktų ir paslaugų rinkas, arba sprendimą, nustatantį Europos Sąjungos rinką, arba pakeitus šiuos teisės aktus.

4. Ryšių reguliavimo tarnyba taip pat turi teisę atlikti rinkos tyrimą:

1) suinteresuotų ūkio subjektų prašymu;

2) valstybės ar savivaldybių institucijų prašymu;

3) savo iniciatyva.

5. Rinkos tyrimas pradedamas Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimu. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę atlikti ne visą rinkos tyrimo procedūrą, bet tik atskiras jos dalis, jeigu motyvuotai ir pagrįstai mano, kad kitas dalis atlikti nėra tikslinga.

6. Ryšių reguliavimo tarnyba, tirdama rinkas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Europos Sąjungos teise ir atsižvelgia į Europos Komisijos gaires bei rekomendacijas, taip pat Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos priimtas nuomones ir bendrąsias pozicijas.

7. Ryšių reguliavimo tarnyba, atlikdama rinkos tyrimą, turi teisę konsultuotis su Konkurencijos taryba. Ryšių reguliavimo tarnyba privalo gauti Konkurencijos tarybos nuomonę dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo, jeigu rinkos apibrėžimas skiriasi nuo Europos Komisijos rekomendacijos, nurodytos šio straipsnio 3 dalyje. Galutinį sprendimą visais atvejais priima Ryšių reguliavimo tarnyba.

8. Jeigu rinkos tyrimas atliekamas Europos Komisijai priėmus sprendimą, apibrėžiantį Europos Sąjungos rinką, Ryšių reguliavimo tarnyba atlieka rinkos tyrimą kartu su atitinkamų kitų Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis Europos Sąjungos teisės aktų ir tarpusavio susitarimų su kitų Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis nustatyta tvarka ir sąlygomis.

9. Ryšių reguliavimo tarnyba privalo atlikti atitinkamos rinkos tyrimą ne rečiau kaip vieną kartą per 3 metus nuo ankstesnio galutinio sprendimo dėl šios rinkos tyrimo rezultatų priėmimo, tuo atveju, jeigu atitinkama rinka anksčiau buvo tirta, arba ne rečiau kaip vieną kartą per 2 metus Europos Komisijai pakeitus rekomendaciją, nustatančią atitinkamas produktų ir paslaugų rinkas, jeigu atitinkama rinka nebuvo tirta. Ryšių reguliavimo tarnyba, suderinusi su Europos Komisija, turi teisę pratęsti šioje dalyje nustatytą 3 metų terminą, bet ne ilgiau kaip 3 papildomais metais.

10. Jeigu Ryšių reguliavimo tarnyba nebaigia rinkos tyrimo per šio straipsnio 9 dalyje nurodytus terminus, ji turi teisę kreiptis į Europos elektroninių ryšių reguliuotojų instituciją su prašymu suteikti pagalbą atliekant atitinkamos rinkos tyrimą ir nustatant didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams taikytinus įpareigojimus. Gavusi pagalbą, Ryšių reguliavimo tarnyba per 6 mėnesius, vadovaudamasi šio Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje ir šio straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka, pateikia sprendimą suinteresuotiems asmenims ir Europos Komisijai.

11. Ryšių reguliavimo tarnyba rinkos tyrimo procedūrą atlieka per 4 mėnesius nuo sprendimo pradėti rinkos tyrimą pradžios, neįskaitant konsultacijų dėl rinkos tyrimo, nustatytų 11 straipsnio 1 dalyje ir šio straipsnio 12.-16 dalyse, trukmės. Motyvuotu Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus sprendimu šis terminas gali būti pratęstas, tačiau ne daugiau kaip 3 kartus, kiekvieną kartą tyrimą pratęsiant ne ilgiau kaip 3 mėnesiams. Ryšių reguliavimo tarnyba siekia, kad rinkos tyrimas būtų atliktas per įmanomai trumpiausią laiką. Rinkos tyrimas baigiamas Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus sprendimu dėl rinkos tyrimo rezultatų. Sprendime išdėstomi visų atliktų rinkos tyrimo etapų rezultatai.

12. Prieš priimdama sprendimą, kuriuo būtų apibrėžta atitinkama produktų ar paslaugų rinka ar nustatyti arba nenustatyti ūkio subjektai, turintys didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, ar nustatyti, nenustatyti ar panaikinti vienas ar keli šio Įstatymo 17 straipsnyje nurodyti įpareigojimai šiems ūkio subjektams, jeigu toks sprendimas paveiktų prekybą tarp Europos Sąjungos valstybių narių, Ryšių reguliavimo tarnyba, pasibaigus vadovaujantis šio Įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytam viešo konsultavimosi terminui, privalo pateikti tokio sprendimo projektą Europos Komisijai, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms. Europos Komisija, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija ir kitų Europos Sąjungos valstybių nacionalinės reguliavimo institucijos gali pateikti savo nuomonę per vieną mėnesį. Europos Komisijai priėmus gaires ir (arba) rekomendacijas, nustatančias kitokią, nei šiame straipsnyje nustatyta, viešo konsultavimosi tvarką ir terminus, taikoma Europos Komisijos gairėse ir (arba) rekomendacijose nustatyta viešo konsultavimosi tvarka ir terminai.

13. Jeigu šio straipsnio 12 dalyje nurodytu sprendimo projektu siekiama apibrėžti atitinkamą rinką kitaip, negu ji apibrėžta šio straipsnio 3 dalyje nurodytoje Europos Komisijos rekomendacijoje, arba nustatyti ar nenustatyti ūkio subjektus, turinčius didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, ir Europos Komisija nurodė Ryšių reguliavimo tarnybai, kad mano, jog toks sprendimas sukurtų kliūtis bendrajai rinkai, arba rimtai abejoja, ar toks sprendimo projektas atitinka Europos Sąjungos teisę, Ryšių reguliavimo tarnyba negali tokio sprendimo projekto priimti 2 mėnesius nuo tokio nurodymo. Jeigu Europos Komisija per ši terminą nurodo Ryšių reguliavimo tarnybai nepriimti tokio sprendimo projekto, Ryšių reguliavimo tarnyba per šešis mėnesius privalo pakeisti tokį sprendimo projektą arba jo nepriimti. Jeigu Ryšių reguliavimo tarnyba, atsižvelgusi į Europos Komisijos nurodymą, pakeičia savo sprendimo projektą, ji, vadovaudamasi šio Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje ir šio straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka, pateikia pakeistą sprendimo projektą suinteresuotiems asmenims ir Europos Komisijai.

14. Jeigu šio straipsnio 12 dalyje nurodytu sprendimo projektu siekiama nustatyti, pakeisti ir (arba) panaikinti vieną ar kelis šio Įstatymo 17 straipsnyje nurodytus įpareigojimus ūkio subjektams ir Europos Komisija nurodė Ryšių reguliavimo tarnybai, kad mano, jog toks sprendimo projektas sukurtų kliūtis bendrajai rinkai, arba rimtai abejoja, ar toks sprendimo projektas atitinka Europos Sąjungos teisę, Ryšių reguliavimo tarnyba negali tokio sprendimo projekto priimti 3 mėnesius nuo tokio nurodymo priėmimo Europos Komisijoje. Per ši 3 mėnesių terminą Ryšių reguliavimo tarnyba, atsižvelgdama į suinteresuotų asmenų nuomonę ir į poreikį užtikrinti nuoseklią reguliavimo praktiką, glaudžiai bendradarbiauja su Europos Komisija ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija, siekdama nustatyti tinkamiausią ir veiksmingiausią įpareigojimą. Pasibaigus nurodytam 3 mėnesių terminui, Ryšių reguliavimo tarnyba, atsižvelgusi į šioje dalyje nurodytą Europos Komisijos nurodymą ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos nuomonę ir pasiūlymus, pakeičia, nepriima arba palieka nepakeistą savo sprendimo projektą.

15. Jeigu Ryšių reguliavimo tarnyba pakeičia savo sprendimo projektą arba palieka jį nepakeistą, ji negali priimti galutinio sprendimo dar vieną mėnesį nuo šio straipsnio 14 dalyje nurodyto 3 mėnesių termino pabaigos. Jeigu Europos Komisija per šioje dalyje nurodytą vieno mėnesio terminą priima rekomendaciją, kurioje nurodo Ryšių reguliavimo tarnybai pakeisti savo sprendimo projektą arba jo nepriimti, ir Ryšių reguliavimo tarnyba, priimdama galutinį sprendimą į ją neatsižvelgia, Ryšių reguliavimo tarnyba privalo pateikti Europos Komisijai motyvuotus paaiškinimus.

16. Ryšių reguliavimo tarnyba galutinį sprendimą šio straipsnio 14 dalyje nurodytu atveju priima per vieną mėnesį nuo šio straipsnio 15 dalyje nurodyto vieno mėnesio termino pabaigos. Į ši terminą neįskaitoma konsultacijų dėl rinkos tyrimo, numatytų šio Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje, trukmė.

17. Ryšių reguliavimo tarnyba, priimdama galutinį sprendimą, įvertina gautas Europos Komisijos, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos ir Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių reguliavimo institucijų nuomones ir gali priimti sprendimą savo nuožiūra, išskyrus šio straipsnio 13 dalyje nurodytą atvejį. Galutinį sprendimą Ryšių reguliavimo tarnyba pateikia Vyriausybės įgaliotai institucijai, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai ir Europos Komisijai.

18. Ryšių reguliavimo tarnyba išimtinėmis aplinkybėmis, kai, jos nuomone, būtina imtis skubių veiksmų, nesilaikant šio straipsnio 12 ir 13 dalyse nustatytos procedūros, siekdama apsaugoti konkurenciją ir paslaugų gavėjų interesus, gali nedelsdama imtis proporcingų laikinųjų priemonių .- tai yra apibrėžti atitinkamą rinką, nustatyti ar nenustatyti ūkio subjektus, turinčius didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, ir (arba) nustatyti, nenustatyti ar panaikinti šiems subjektams vieną ar kelis šio Įstatymo 17 straipsnyje nurodytus įpareigojimus. Šios laikinosios priemonės gali būti nustatomos ne ilgesniam kaip 9 mėnesių laikotarpiui. Tokiu atveju Ryšių reguliavimo tarnyba privalo nedelsdama pranešti Europos Komisijai, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms apie šias priemones, kartu jas pagrįsdama. Ryšių reguliavimo tarnyba gali padaryti šias priemones nuolatinėmis arba pratęsti jų taikymo terminą, vadovaudamasi šio straipsnio 12 ir 13 dalyse nustatyta procedūra.

19. Atitinkamų rinkų, kuriose nustatyti didelę įtaką turintys ūkio subjektai, sąrašą ir didelę įtaką šiose rinkose turinčių ūkio subjektų sąrašą bei jiems nustatytus įpareigojimus, taip pat informaciją apie priemones, nustatytas šio straipsnio 18 dalyje, ir bet kuriuos tokios informacijos pasikeitimus Ryšių reguliavimo tarnyba skelbia savo interneto svetainėje ir pateikia Europos Komisijai.

20. Atlikdama rinkos tyrimą, kurio metu sprendžia, ar ūkio subjektas turi didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, ir nustato įpareigojimus didelę įtaką rinkoje turintiems ūkio subjektams, Ryšių reguliavimo tarnyba atsižvelgia į atitinkamas tarptautinių sutarčių ir (arba) susitarimų nuostatas ir pagal kompetenciją užtikrina šiu sutarčių ir (arba) susitarimų laikymąsi ir įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje. Ryšių reguliavimo tarnyba, įgyvendindama tarptautines sutartis ir (arba) susitarimus ir užtikrindama jų laikymąsi, turi teisę, pasikonsultavusi su Europos Komisija, mutatis mutandis taikydama šio straipsnio ir 14.-18 dalyse nustatytą tvarką ir sąlygas, nustatyti, pakeisti ar panaikinti šio Įstatymo 17 straipsnyje nustatytus įpareigojimus ūkio subjektams, neturintiems didelės įtakos atitinkamoje rinkoje.”

 

14.- straipsnis. 17 straipsnio 1, 2, 4 ir 7 dalių pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti ir papildyti 17 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Ryšių reguliavimo tarnyba ūkio subjektams, turintiems didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, nustato šiuos įpareigojimus, atsižvelgdama į tai, kurie iš jų tinkami konkrečiu atveju, ir nustatydama tokių įpareigojimų vykdymo pradžios momentą:

1) skaidrumo įpareigojimą pagal šio Įstatymo 18 straipsnio nuostatas;

2) nediskriminavimo įpareigojimą pagal šio Įstatymo 19 straipsnio nuostatas;

3) apskaitos atskyrimo įpareigojimą pagal šio Įstatymo 20 straipsnio nuostatas;

4) įpareigojimą suteikti prieigą pagal šio Įstatymo 21 ir 22 straipsnių nuostatas;

5) kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimus pagal šio Įstatymo 23 straipsnio nuostatas;

6) funkcinio atskyrimo įpareigojimą pagal šio Įstatymo 231 straipsnio nuostatas;

7) įpareigojimus, susijusius su paslaugų galutiniams paslaugų gavėjams teikimu, pagal šio Įstatymo 32 straipsnio nuostatas.”

2. Pakeisti 17 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Šio Įstatymo 26 straipsnyje nustatytais atvejais ūkio subjektai, turintys didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, privalo vykdyti atitinkamus įpareigojimus be atskiro Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo. Be atskiro Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo ūkio subjektai taip pat turi vykdyti papildomą įpareigojimą, nurodytą šio Įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje. Šios dalies pirmajame sakinyje nurodytus įpareigojimus ūkio subjektas privalo vykdyti nuo jo pripažinimo turinčiu didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, o įpareigojimą, nurodytą antrajame sakinyje, .- nuo momento, kai ūkio subjektas privalo pradėti vykdyti pagrindinį įpareigojimą. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę nustatyti kitą šioje dalyje nurodytų įpareigojimų vykdymo pradžios momentą, tačiau ne ankstesnį negu nurodytieji šioje dalyje.”

3. Pakeisti 17 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Išimtinėmis aplinkybėmis (tai yra, kai Ryšių reguliavimo tarnyba, atsižvelgdama į šio straipsnio 6 dalį ir (arba) 16 straipsnio 20 dalį, nustato, kad šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatytų įpareigojimų nepakaktų 16 straipsnio 1 dalyje nustatytiems tikslams pasiekti) Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems operatoriams nustatyti šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nenumatytus įpareigojimus, susijusius su prieiga, įskaitant tinklų sujungimą, jeigu Europos Komisija tai leidžia.”

4. 17 straipsnio 7 dalyje vietoj skaičiaus „14″ įrašyti skaičių „19″, vietoj žodžių „Valstybės žinių” priede „Informaciniai pranešimai” įrašyti žodžius „Ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje” ir šia dalį išdėstyti taip:

„7. Jeigu atlikus atitinkamos rinkos tyrimą nustatoma, kad jos charakteristikos negali pateisinti įpareigojimų, nurodytų šiame straipsnyje, taikymo ir (arba) joje nėra didelę įtaką turinčių ūkio subjektų, Ryšių reguliavimo tarnyba šio Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis nenustato šiame straipsnyje nurodytų įpareigojimų ūkio subjektams ir (ar) panaikina didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turėjusiems ūkio subjektams nustatytus įpareigojimus, jei tokie buvo nustatyti. Panaikindama įpareigojimus, Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę motyvuotu sprendimu nustatyti jų vykdymo pabaigos terminą, ne ilgesnį kaip 28 dienos nuo atitinkamos šio Įstatymo 16 straipsnio 19 dalyje nurodytos informacijos paskelbimo Ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje.”

 

15.- straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

18 straipsnis. Skaidrumo įpareigojimas

1. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę įpareigoti operatorių, turintį didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, viešai paskelbti Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytos apimties informaciją, susijusią su prieiga, įskaitant tinklų sujungimą, taip pat:

1) apskaitos informaciją;

2) technines specifikacijas;

3) tinklo charakteristikas;

4) prieigos teikimo bei naudojimo sąlygas, įskaitant galimybės naudotis paslaugomis ir (arba) taikomosiomis programomis teisėtus ribojimus;

5) prieigos ir susijusių paslaugų kainas.

2. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę įpareigoti didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turinčius operatorius skelbti standartinį pasiūlymą suteikti prieigą, įskaitant tinklų sujungimą. Pasiūlymas turi būti pakankamai detalus ir užtikrinti, kad iš ūkio subjektų nebūtų reikalaujama mokėti už prašomai paslaugai nebūtinas priemones, jame turi būti aprašyti atitinkami pasiūlymai, pagal rinkos poreikius išskaidyti į komponentus, ir su jais susijusios sąlygos, įskaitant kainas. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę reikalauti, kad didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintis operatorius per Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytus terminus pakeistų standartinio pasiūlymo sąlygas, kad būtų įgyvendinti šiame Įstatyme numatyti įpareigojimai didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems operatoriams.

3. Ryšių reguliavimo tarnyba gali nustatyti informacijos, reikalaujamos skelbti pagal šio straipsnio 1, 2 ir 5 dalis, apimtį, jos detalumo reikalavimus, paskelbimo būdą ir kitas paskelbimo sąlygas.

4. Šio straipsnio 1, 2 ir 5 dalyse nurodyta informacija, įskaitant geografinius tinklų sujungimo taškus, sujungimo testavimo, bendro elektroninių ryšių infrastruktūros naudojimo ir atsiskaitymo sąlygas, elektroninių ryšių paslaugų teikėjo pasirinkimo sąlygas bei tarifus, negali būti laikoma komercine paslaptimi.

5. Operatorius, įpareigotas suteikti didmeninę prieigą prie fizinės infrastruktūros, įskaitant visiškai ar iš dalies atsietą prieigą, fiksuotoje vietoje, privalo Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytomis sąlygomis, įskaitant standartinio pasiūlymo turinio reikalavimus, paskelbti standartinį pasiūlymą. Tokiam standartiniam pasiūlymui taikomos šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos.”

 

16.- straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

21 straipsnis. Įpareigojimas suteikti prieigą

1. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę įpareigoti operatorių, turintį didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, patenkinti pagrįstus kitų ūkio subjektų prašymus suteikti prieigą prie konkrečių tinklo elementų ir susijusių priemonių ar juos (jas) naudoti, tarp jų:

1) suteikti prieigą prie konkrečių tinklo elementų ir (arba) priemonių kitiems ūkio subjektams, įskaitant prieigą prie pasyviųjų tinklo elementų, ir (arba) atsietą prieigą prie vietinės linijos, kad būtų sudarytos sąlygos išankstiniam ir (arba) individualiam viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjo pasirinkimui, ir (arba) pateikti pasiūlymą dėl didmeninės vietinės linijos suteikimo viešosioms telefono ryšio paslaugoms teikti;

2) sąžiningai derėtis su ūkio subjektais, prašančiais suteikti prieigą;

3) nenutraukti prieigos prie jau suteiktų priemonių;

4) teikti nustatytas paslaugas turint tikslą jas perparduoti;

5) suteikti atvirą prieigą prie techninių sąsajų, protokolų ar kitų technologijų, kurios yra būtinos paslaugų suderinamumui ar virtualiojo tinklo paslaugoms teikti;

6) suteikti prieigą prie patalpų ar kitus elektroninių ryšių infrastruktūros bendro naudojimo būdus;

7) suteikti konkrečias paslaugas, būtinas užtikrinti paslaugų teikimą paslaugų gavėjams;

8) suteikti prieigą prie veiklos palaikymo sistemų ar kitų panašių programinių sistemų, būtinų sąžiningai paslaugų teikimo konkurencijai užtikrinti;

9) sujungti tinklus ar tinklų priemones, įskaitant galimybę sujungti tinklus bet kuriame techniškai galimame tinklo taške;

10) suteikti prieigą prie susijusių paslaugų, įskaitant tapatybės, vietos ir prisijungimo būsenos nustatymo.

2. Priimdama sprendimą nustatyti šio straipsnio 1 dalyje nurodytus įpareigojimus ar juos panaikinti, Ryšių reguliavimo tarnyba atsižvelgia į šio Įstatymo principus, tikslus ir šiuos veiksnius:

1) technines ir ekonomines galimybes naudoti ar įrengti konkuruojančias technines priemones pagal rinkos išsivystymo lygį, atsižvelgiant į prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, prigimtį ir tipą, taip pat galimybę naudotis prieiga prie kitų priemonių;

2) galimybes suteikti prašomą prieigą, atsižvelgiant į laisvus pajėgumus (išteklius);

3) priemonių savininko pradines investicijas, atsižvelgiant į padarytas viešojo sektoriaus investicijas ir investavimo riziką;

4) būtinybę užtikrinti ilgalaikę konkurenciją, taip pat elektroninių ryšių infrastruktūros plėtrą ir vystymo ekonominį naudingumą;

5) intelektinės nuosavybės teises;

6) paslaugų, apimančių daugiau kaip vieną Europos Sąjungos valstybę narę, teikimą.

3. Nustatydama konkretų įpareigojimą, Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę nustatyti prieigos teikėjui ir (arba) gavėjui privalomas prieigos suteikimo veiklos ir (arba) technines sąlygas, būtinas tinkamai tinklo veiklai užtikrinti.”

 

17.- straipsnis. 22 straipsnio 2, 3 ir 6 dalių pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 22 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Ryšių reguliavimo tarnyba skatina ir, kai to reikia, šio Įstatymo nustatyta tvarka užtikrina tinkamos prieigos suteikimą ir paslaugų suderinamumą, skatindama efektyvumą, ilgalaikę konkurenciją, efektyvias investicijas ir naujovių diegimą ir didžiausią įmanomą naudą galutiniams paslaugų gavėjams. Šiam tikslui Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę šio Įstatymo nustatyta tvarka nustatyti įpareigojimus didelę įtaką rinkoje turintiems ūkio subjektams, taip pat nustatyti įpareigojimus ir kitiems ūkio subjektams, tarp jų:

1) įpareigojimus ūkio subjektams, kontroliuojantiems prieigą prie galutinių paslaugų gavėjų, įskaitant įpareigojimus sujungti nesujungtus tinklus, kiek tai būtina siekiant užtikrinti ryšį tarp galutinių paslaugų gavėjų;

2) įpareigojimus operatoriams užtikrinti prieigą prie taikomųjų programų sąsajų ir elektroninių programų vadovų sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis, kiek tai būtina siekiant užtikrinti galimybę galutiniams paslaugų gavėjams naudotis konkrečiomis skaitmeninio radijo ar televizijos transliavimo paslaugomis;

3) įpareigojimus ūkio subjektams, kontroliuojantiems prieigą prie galutinių paslaugų gavėjų, kiek tai būtina siekiant užtikrinti paslaugų suderinamumą.”

2. 22 straipsnio 3 dalyje vietoj skaičiaus „10″ įrašyti skaičių „12″, vietoj skaičių „12, 13″ įrašyti skaičius „14.-18″ ir šia dalį išdėstyti taip:

„3. Ryšių reguliavimo tarnybos įpareigojimai suteikti prieigą ir (ar) nustatytos prieigos suteikimo sąlygos turi būti objektyvios, skaidrios, proporcingos ir nediskriminacinės, o atitinkami sprendimai priimami vadovaujantis šio Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytiems atvejams taikomomis taisyklėmis bei mutatis mutandis šio Įstatymo 16 straipsnio 12 ir 14.-18 dalyse nustatytomis taisyklėmis.”

3. 22 straipsnio 6 dalyje po žodžių „dėl prieigos” įrašyti žodžius „įskaitant tinklų sujungimą”, vietoj žodžių ir skaičių „dalies 1 ar 2 punkte” įrašyti žodį „dalyje” ir šia dalį išdėstyti taip:

„6. Vadovaudamasi šio Įstatymo principais ir kai tai pateisinama šio Įstatymo tikslais, Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę savo iniciatyva ar šio Įstatymo 28 straipsnio nustatyta tvarka, spręsdama ūkio subjektų ginčą, priimti ūkio subjektams privalomą sprendimą dėl prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo, įskaitant ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytų įpareigojimų dėl konkrečios prieigos nustatymą.”

 

18.- straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

23 straipsnis. Kainų kontrolė ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai

1. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę nustatyti operatoriui, turinčiam didelę įtaką rinkoje, įpareigojimus, susijusius su sąnaudų padengimu ir kainų kontrole, įskaitant įpareigojimus teikti prieigą tokiomis kainomis, kurios būtų pagrįstos sąnaudomis (atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą), bei įpareigojimus, susijusius su sąnaudų apskaitos sistemomis, skirtomis konkrečioms prieigos rūšims teikti, kai rinkos tyrimo metu nustatyta, kad veiksmingos konkurencijos trūkumas (ūkio subjektų, turinčių didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, buvimas) reiškia, kad atitinkamas operatorius galėtų palaikyti pernelyg dideles kainas arba naudoti kainų spaudimą, tuo darydamas žalą galutiniams paslaugų gavėjams. Siekiant skatinti operatorių investicijas, įskaitant investicijas į elektroninių ryšių tinklų plėtrą ir technologijų vystymąsi, nustatant įpareigojimus atsižvelgiama į operatoriaus teisę gauti protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą, apskaičiuotą įvertinus naujų investicijų į elektroninių ryšių tinklų plėtrą ir technologijų vystymąsi riziką.

2. Nustatytas sąnaudų padengimo mechanizmas ir (arba) kainų nustatymo metodikos turi skatinti efektyvumą ir ilgalaikę konkurenciją ir, kiek įmanoma, padidinti naudą vartotojams. Tam tikslui Ryšių reguliavimo tarnyba gali atsižvelgti į kainas, siūlomas palyginamose konkurencingose rinkose.

3. Įrodinėjimo našta, kad operatoriaus, įpareigoto kainas grįsti sąnaudomis, kainos yra pagrįstos sąnaudomis, atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą, tenka operatoriui, įpareigotam kainas grįsti sąnaudomis. Ryšių reguliavimo tarnyba gali nustatyti sąnaudų apskaitos taisykles siekdama, kad būtų skaičiuojamos efektyvaus paslaugų ir (arba) tinklų teikimo sąnaudos. Ryšių reguliavimo tarnyba gali pareikalauti, kad operatorius, įpareigotas kainas grįsti sąnaudomis, įrodytų nustatytų kainų pagrįstumą sąnaudomis, ir nustatyti privalomą protingumo kriterijus atitinkantį terminą tam atlikti. Jeigu operatorius per ši terminą kainų pagrįstumo sąnaudomis neįrodo, laikoma, kad jo nustatytos kainos yra sąnaudomis nepagrįstos. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę reikalauti, kad operatoriaus teikiami duomenys būtų operatoriaus lėšomis patikrinti audito. Kol operatorius, įpareigotas kainas grįsti sąnaudomis, įrodys kainų pagrįstumą sąnaudomis, Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę nustatyti laikiną aukščiausią kainų ribą, atsižvelgdama į netiesioginiais sąnaudų vertinimo metodais gautus duomenis apie atitinkamas sąnaudas, tarp jų lygindama atitinkamų paslaugų kainas, atsižvelgdama į geriausią Europos Sąjungos valstybių narių praktiką, panašaus išsivystymo valstybių praktiką, Lietuvos Respublikos praktiką, taip pat vertindama atitinkamų didmeninių ir mažmeninių kainų santykį.

4. Ryšių reguliavimo tarnyba gali pareikalauti, kad operatorius, kuriam nustatytas įpareigojimas, susijęs su kainų kontrole, pagrįstų kainas, ir nustatyti privalomą protingumo kriterijus atitinkantį terminą tam atlikti. Operatoriui per Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytą terminą neįrodžius kainų pagrįstumo, laikoma, kad kainos yra nepagrįstos. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę reikalauti, kad operatoriaus teikiami duomenys būtų operatoriaus lėšomis patikrinti audito. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę reikalauti pakeisti kainas arba nustatyti aukščiausią kainų ribą lygindama atitinkamų paslaugų kainas, atsižvelgdama į geriausią Europos Sąjungos valstybių narių praktiką, panašaus išsivystymo valstybių praktiką, Lietuvos Respublikos praktiką, taip pat vertindama atitinkamų didmeninių ir mažmeninių kainų santykį.

5. Jeigu Ryšių reguliavimo tarnyba, siekdama užtikrinti kainų kontrolę, įpareigoja operatorių įgyvendinti sąnaudų apskaitos sistemą, operatorius privalo per Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytus terminus ir šios institucijos nustatytomis sąlygomis bei tvarka parengti sąnaudų apskaitos sistemą, paskelbti jos aprašymą, jį pateikti Ryšių reguliavimo tarnybai ir laikytis šios sąnaudų apskaitos sistemos. Ši sąnaudų apskaitos sistema ir jos skelbimo būdas turi atitikti Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytas sąnaudų apskaitos taisykles. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę nustatyti sąnaudų apskaitos sistemą, metodą ir (arba) modelį, privalomą didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems operatoriams ar konkrečiam operatoriui. Tokią apskaitos sistemą, metodą ir (arba) modelį Ryšių reguliavimo tarnyba privalo paskelbti savo interneto svetainėje. Ar operatoriaus sąnaudų apskaita atitinka sąnaudų apskaitos taisykles bei kitus teisės aktus, jo parengtą ir (arba) Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytą sąnaudų apskaitos sistemą, metodą ir (arba) modelį, turi būti patikrinta audito. Audito išvada turi būti skelbiama kartą per metus pagal Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytas taisykles.”

 

19.- straipsnis. Įstatymo papildymas 231 straipsniu

Papildyti įstatymą 231 straipsniu:

231 straipsnis. Funkcinio atskyrimo įpareigojimas

1. Išimtinėmis aplinkybėmis (tai yra, kai Ryšių reguliavimo tarnyba nustato, kad įpareigojimų, nustatytų pagal šio Įstatymo 18, 19, 20, 21, 22 ir 23 straipsnius, nepakanka veiksmingai konkurencijai užtikrinti ir esant svarbių bei nuolat pasikartojančių konkurencijos atitinkamoje rinkoje problemų, susijusių su prieigos teikimu) Ryšių reguliavimo tarnyba, atsižvelgdama į šio Įstatymo 17 straipsnio 4 dalį, turi teisę įpareigoti vertikaliai integruotą ūkio subjektą visą didmeninių atitinkamų prieigų teikimo veiklą atskirti nuo likusios šio ūkio subjekto vykdomos veiklos, perkeliant ją į atskirą juridinį asmenį.

2. Ūkio subjektas, kuriam nustatytas funkcinio atskyrimo įpareigojimas, turi teikti prieigą visiems ūkio subjektams, įskaitant vertikaliai integruoto ūkio subjekto, nurodyto šio straipsnio 1 dalyje, dukterines įmones, tokiais pačiais terminais ir sąlygomis, įskaitant kainą ir paslaugų kokybę, ir naudojant tas pačias sistemas ir procesus.

3. Apie ketinimą nustatyti funkcinio atskyrimo įpareigojimą Ryšių reguliavimo tarnyba privalo pranešti Europos Komisijai, nurodydama:

1) motyvus, kuriais grindžiamas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas įpareigojimo nustatymas;

2) motyvuotą vertinimą, kad per pagrįstą laikotarpį neatsiras veiksmingos ir ilgalaikės elektroninių ryšių infrastruktūros konkurencijos arba ji bus nepakankamai veiksminga;

3) laukiamą poveikį Ryšių reguliavimo tarnybai, ūkio subjektui, kuriam nustatomas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas įpareigojimas, visų pirma šio ūkio subjekto darbuotojams, ir visai elektroninių ryšių rinkai bei paskatoms investuoti elektroninių ryšių rinkoje siekiant užtikrinti socialinę ir teritorinę sanglaudą, taip pat kitiems suinteresuotiems asmenims, įskaitant laukiamą poveikį konkurencijai ir tikėtinas pasekmes vartotojams;

4) priežasčių, pagrindžiančių šio įpareigojimo veiksmingumo įgyvendinimo priemonių konkurencijos atitinkamoje rinkoje prieigos teikimo problemoms pašalinti, įvertinimą.

4. Sprendime, kuriuo ketinama nustatyti funkcinio atskyrimo įpareigojimą, Ryšių reguliavimo tarnyba nurodo:

1) tikslų funkcinio atskyrimo pobūdį ir lygmenį;

2) atskiriamą turtą ir teiktiną prieigą;

3) valdymo tvarką, užtikrinančią darbuotojų struktūrinį ir skatinimų nepriklausomumą;

4) įpareigojimo laikymosi užtikrinimo taisykles;

5) veiklos procesų skaidrumo užtikrinimo taisykles, visų pirma suinteresuotųjų asmenų atžvilgiu;

6) įpareigojimo laikymosi stebėsenos programą, įskaitant metinės ataskaitos skelbimą.

5. Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimas nustatyti, palikti galioti, pakeisti ar panaikinti įpareigojimus priimamas tik atlikus didmeninių atitinkamų prieigų teikimo rinkų tyrimą bei vadovaujantis šio Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytiems atvejams taikomomis taisyklėmis ir mutatis mutandis šio Įstatymo 16 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis.

6. Ryšių reguliavimo tarnyba ūkio subjektui, kuriam nustatytas funkcinio atskyrimo įpareigojimas, turi teisę bet kurioje atitinkamoje rinkoje nustatyti šio Įstatymo 18, 19, 20, 21, 22 ir 23 straipsniuose nurodytus įpareigojimus arba kitus pagrįstus, atitinkančius nustatytos problemos prigimtį, proporcingus ir pateisinamus elektroninių ryšių veiklos reguliavimo principais ir tikslais, šio Įstatymo 18, 19, 20, 21, 22 ir 23 straipsniuose nenurodytus įpareigojimus, jeigu Europos Komisija tai leidžia.”

 

20.- straipsnis. Įstatymo papildymas 232 straipsniu

Papildyti įstatymą 232 straipsniu:

232 straipsnis. Vertikaliai integruoto ūkio subjekto savanoriškas atsiskyrimas

1. Ūkio subjektas, turintis didelę įtaką vienoje ar keliose atitinkamose rinkose, ketindamas atskirti viso prieigos prie tinklo turto ar didelės jo dalies valdymą nuo kitos šio ūkio subjekto vykdomos veiklos arbaketindamas perduoti su prieiga prie tinklo susijusį turtąar didelę jo dalį nuosavybės teise atskiram ūkio subjektui, su kuriuo jis nėra susijęs kontrolės ar priklausomybės santykiais, ir tokiu būdu teikti analogiškas prieigos paslaugas visiems mažmeninėje rinkoje veikiantiems viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, įskaitant savo paties mažmeninės prekybos padalinius, privalo apie tai Ryšių reguliavimo tarnybos taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis informuoti Ryšių reguliavimo tarnybą, kad ji galėtų įvertinti numatomo sandorio poveikį. Ūkio subjektas taip pat privalo pranešti Ryšių reguliavimo tarnybai apie visus savanoriško atsiskyrimo ketinimų pasikeitimus ir galutinius savanoriško atsiskyrimo rezultatus Ryšių reguliavimo tarnybos taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2. Ryšių reguliavimo tarnyba, gavusi šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, nustato, palieka galioti, pakeičia ar panaikina įpareigojimus tik atlikusi atitinkamų prieigos prie tinklo teikimo rinkų tyrimą ir vadovaudamasi šio Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytiems atvejams taikomomis taisyklėmis ir mutatis mutandis šio Įstatymo 16 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis ir įvertinusi ūkio subjekto, turinčio didelę įtaką vienoje ar keliose atitinkamose rinkose, numatomo savanoriško atsiskyrimo poveikį įpareigojimams, nustatytiems šiam ūkio subjektui.

3. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę ūkio subjektui, perėmusiam viso prieigos prie tinklo turto ar didelės jo dalies valdymą ir kontrolę, nustatyti šio Įstatymo 18, 19, 20, 21, 22 ir 23 straipsniuose nurodytus įpareigojimus arba kitus pagrįstus, atitinkančius nustatytos problemos prigimtį, proporcingus ir pateisinamus elektroninių ryšių veiklos reguliavimo principais ir tikslais, šio Įstatymo 18, 19, 20, 21, 22 ir 23 straipsniuose nenurodytus įpareigojimus, jeigu Europos Komisija tai leidžia.”

 

 

21.- straipsnis. 27 straipsnio 6 dalies pakeitimas

27 straipsnio 6 dalyje po žodžio „forma” įrašyti žodžius „įskaitant skaitmeninės televizijos paslaugų teikimą neįgaliesiems galutiniams paslaugų gavėjams” ir šia dalį išdėstyti taip:

„6. Taikomųjų programų sąsajų savininkai privalo sąžiningomis, protingumo kriterijus atitinkančiomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis už tinkamą atlyginimą pateikti visą informaciją, kuri reikalinga, kad skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjai galėtų teikti visas taikomųjų programų sąsajos palaikomas paslaugas visiškai funkcionalia forma, įskaitant skaitmeninės televizijos paslaugų teikimą neįgaliesiems galutiniams paslaugų gavėjams.”

 

 

22. straipsnis. 28 straipsnio 8, 10, 15, 17 ir 18 dalių pakeitimas

1. 28 straipsnio 8 dalies pirmojoje pastraipoje vietoj žodžio „ginčą” įrašyti žodį „prašymą” ir šia pastraipą išdėstyti taip:

„8. Ryšių reguliavimo tarnyba palieka prašymą nenagrinėtą, jeigu nagrinėjant ginčą paaiškėjo šio straipsnio 6 dalies 4 ar 5 punktuose nurodytos aplinkybės, taip pat jei:”.

2. 28 straipsnio 10 dalyje vietoj skaičiaus ir žodžio „147 straipsnio” įrašyti žodžius „penktojo skirsnio, reglamentuojančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymą” ir šia dalį išdėstyti taip:

„10. Ryšių reguliavimo tarnyba bet kurios ginčo šalies ar kitų suinteresuotų ūkio subjektų ar asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. nustatyti įpareigojimą susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo ar atlikti tam tikrus veiksmus, jeigu jų nesiėmus Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą dėl Ryšių reguliavimo tarnybai pateikto prašymo išspręsti ginčą įvykdyti gali tapti sunkiau arba to padaryti bus nebeįmanoma. Taikant laikinąsias apsaugos priemones mutatis mutandis, taikomos Civilinio proceso kodekso penktojo skirsnio, reglamentuojančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, nuostatos. Laikinosios priemonės galioja iki Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo dėl ginčo įsigaliojimo, išskyrus, kai jas Ryšių reguliavimo tarnyba bet kurios ginčo šalies ar kitų suinteresuotų ūkio subjektų ar asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva panaikina ar pakeičia anksčiau. Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių per 7 dienas nuo tokio sprendimo įteikimo suinteresuotam ūkio subjektui ar asmeniui dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui. Skundo padavimas teismui nesustabdo ginčo nagrinėjimo Ryšių reguliavimo tarnyboje. Skundas teismui pateikiamas ir nagrinėjamas šio straipsnio 17 dalyje nustatyta tvarka.”

3. Pakeisti 28 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip:

„15. Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimas įsiteisėja ir yra privalomas vykdyti pasibaigus terminui, nustatytam šio straipsnio 18 dalyje, per kurį ginčo šalys turi teisę kreiptis tiesiogiai į Vilniaus apygardos teismą ir prašyti nagrinėti jų ginčą iš esmės. Ryšių reguliavimo tarnybos procedūriniai sprendimai, priimti nagrinėjant ginčą, įsigalioja ir yra privalomi vykdyti nuo jų priėmimo dienos.”

4. Pakeisti 28 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

„17. Ryšių reguliavimo tarnybos procedūriniai sprendimai atsisakyti priimti prašymą, palikti ginčą nenagrinėtą, sustabdyti prašymo nagrinėjimą, taip pat kiti procedūriniai sprendimai, priimti nagrinėjant ginčą, užkertantys kelią tolesniam ginčo nagrinėjimui, per 7 dienas nuo tokio sprendimo įteikimo suinteresuotam ūkio subjektui ar asmeniui dienos gali būti skundžiami Vilniaus apygardos teismui, mutatis mutandis vadovaujantis Civilinio proceso kodekso XVI skyriaus antrojo skirsnio nuostatomis. Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl tokio Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo neskundžiama.”

5. Pakeisti 28 straipsnio 18 dalį ir ją išdėstyti taip:

„18. Ginčo šalys per 14 dienų nuo Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo, kuriuo ginčas išsprendžiamas iš esmės ar ginčo nagrinėjimas nutraukiamas, priėmimo turi teisę kreiptis tiesiogiai į Vilniaus apygardos teismą ir prašyti nagrinėti jų ginčą iš esmės. Tokiu atveju ginčo šaliu procesinė padėtis nesikeičia.”

 

23. straipsnis. 29 straipsnio 6 dalies pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Ūkio subjektai, atitinkantys Ryšių reguliavimo tarnybos teisės aktų, nustatančių bendrąsias sąlygas, kuriomis jie turi teisę verstis elektroninių ryšių veikla, nuostatas, turi teisę prašyti išduoti standartinį Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtinimą, kuriame nurodoma, kad ūkio subjektas pateikė pranešimą apie savo veiklos pradžią, kai tokį pranešimą būtina pateikti, ir detalizuojama, kokiomis aplinkybėmis bet kuris ūkio subjektas, teikiantis elektroninių ryšių tinklus ar paslaugas, veikdamas pagal teisės aktų, kuriuose nustatytos vertimosi atitinkama elektroninių ryšių veikla sąlygos, nuostatas, turi teisę įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, derėtis dėl tinklų sujungimo ir (arba) gauti prieigą. Patvirtinimas išduodamas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo ūkio subjekto tinkamo prašymo išduoti tokį patvirtinimą gavimo. Už patvirtinimo išdavimą imama valstybės rinkliava.Patvirtinimo išdavimo tvarką ir sąlygas nustato Ryšių reguliavimo tarnyba.”

 

24.- straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 30 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

30 straipsnis. Teisės aktų, kuriuose nustatomos bendrosios vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygos, nuostatos

1. Ryšių reguliavimo tarnybos nustatomos bendrosios vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygos turi būti nediskriminacinės, skaidrios ir proporcingos. Ryšių reguliavimo tarnyba nustato tik sąlygas, kurios yra specifinės elektroninių ryšių sektoriui ir kurių nenumato kiti teisės aktai. Teisės aktuose, nustatančiuose bendrąsias vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygas, turi būti nurodyti kriterijai ir procedūros, pagal kurias nustatomi įpareigojimai didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams ir (arba) ūkio subjektams, kurie skiriami teikti universaliąsias paslaugas, arba pateiktos nuorodos į atitinkamus teisės aktus.

2. Ryšių reguliavimo tarnybos teisės aktų, nustatančių bendrąsias sąlygas, kuriomis ūkio subjektai turi teisę verstis elektroninių ryšių veikla, nuostatos gali būti susijusios tik su:

1) įmokų, susijusių su universaliųjų paslaugų teikimu, mokėjimo sąlygomis;

2) užmokesčių Ryšių reguliavimo tarnybai mokėjimu;

3) paslaugų suderinamumo ir tinklų sujungimo sąlygomis;

4) telefono ryšio numerių, nurodytų Nacionaliniame numeracijos plane, Europos telefono ryšio numeracijos erdvės ir nemokamo pokalbio tarptautinių telefono ryšio numerių, ir, kai tai įmanoma techniniu ir ekonominiu požiūriu, kitų Europos Sąjungos valstybių narių numeracijos planuose nurodytų numerių, prieinamumu galutiniams paslaugų gavėjams;

5) aplinkos apsaugos ir teritorijų planavimo teisės aktų įgyvendinimu, taip pat sąlygomis, susijusiomis su teisės naudotis žemės valda (žemėvalda) suteikimu ir bendru patalpų bei elektroninių ryšių infrastruktūros naudojimu, įskaitant finansines ar technines garantijas, kurios būtinos tinkamam infrastruktūros darbų atlikimui užtikrinti;

6) privalomojo televizijos ir radijo programų siuntimo (perdavimo) taisyklėmis;

7) asmens duomenų ir privatumo apsaugos taisyklėmis, specifinėmis elektroninių ryšių sektoriui;

8) elektroninių ryšių sektoriui specifinėmis vartotojų teisių apsaugos taisyklėmis, inter alia apimančiomis ir neįgaliųjų galutinių paslaugų gavėjų galimybę naudotis viešosiomis elektroninių ryšių paslaugomis;

9) ribojimais, susijusiais su neteisėto ar žalingo turinio informacijos perdavimu, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

10) informacijos teikimu;

11) galimybių sudarymu kompetentingoms institucijoms įstatymų nustatyta tvarka perimti elektroninių ryšių srautą;

12) kompetentingų institucijų naudojimosi elektroniniais ryšiais, siekiant pranešti visuomenei apie gresiantį pavojų arba sumažinti katastrofų padarinius, sąlygomis;

13) elektroninių ryšių naudojimo stichinių nelaimių ar kitų ekstremaliųjų situacijų atveju sąlygomis, užtikrinančiomis ryšį tarp pagalbos tarnybų, institucijų, aptarnaujančių pagalbos skambučius, bei kitų pagalbos institucijų;

14) elektroninių ryšių tinklų sukeltų viešai skleidžiamų elektromagnetinių laukų ribojimo priemonėmis;

15) įpareigojimais suteikti prieigą, išskyrus įpareigojimus, nustatytus didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams ar ūkio subjektams, paskirtiems teikti universaliąsias paslaugas;

16) viešųjų ryšių tinklų integralumo palaikymu, įskaitant sąlygas, užkertančias kelią elektromagnetiniams trukdžiams tarp elektroninių ryšių tinklų ir (arba) paslaugų;

17) viešųjų ryšių tinklų apsauga nuo neteisėtos prieigos;

18) radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygomis, kai teisė naudoti radijo dažnius (kanalus) suteikiama be atskiro leidimo, atsižvelgiant į tai, kad radijo ryšio įrenginių naudojimas gali būti ribojamas tik dėl priežasčių, susijusių su veiksmingu ir tinkamu radijo spektro naudojimu, žalingųjų trukdžių išvengimu ar su visuomenės sveikata;

19) priemonėmis, skirtomis užtikrinti standartų specifikacijų, rekomendacijų ir (arba) techninių reikalavimų atitiktį;

20) skaidrumo įpareigojimais, nustatytais viešųjų ryšių tinklų teikėjams, teikiantiems viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, siekiant užtikrinti ryšį tarp galutinių paslaugų gavėjų, taip pat informacija apie prieigos prie paslaugų bei taikomųjų programų teikimo ir naudojimo sąlygas, įskaitant galimybės naudotis paslaugomis ir (arba) taikomosiomis programomis teisėtus ribojimus, ir tokių ribojimų teisėtumui patikrinti reikalingos informacijos pateikimą Ryšių reguliavimo tarnybai.

3. Elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas teikiantys ūkio subjektai privalo pateikti Ryšių reguliavimo tarnybai savo veiklos ataskaitas šios institucijos nustatyta tvarka ir sąlygomis.

4. Ryšių reguliavimo tarnybos teisės aktų, nustatančių bendrąsias sąlygas, kuriomis ūkio subjektai turi teisę verstis elektroninių ryšių veikla, nuostatos gali būti keičiamos objektyviai pagrįstais atvejais ir proporcingu būdu. Apie numatomą pakeitimą turi būti paskelbta Ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje ir suteikta galimybė suinteresuotoms šalims, įskaitant paslaugų gavėjus ir vartotojus, per terminą, kuris, išskyrus išimtines aplinkybes, turi būti ne trumpesnis kaip 28 dienos, pateikti savo pastabas dėl siūlomų pakeitimų, išskyrus atvejus, kai numatomi pakeitimai yra nežymūs ir nekeičiantys nustatyto teisinio reguliavimo esmės ir dėl jų buvo susitarta su suinteresuotais ūkio subjektais.”

 

25. straipsnis. 31 straipsnio 1, 2, 3, 5 ir 7 dalių pakeitimas, 6 dalies pripažinimas netekusia galios ir straipsnio papildymas 8 dalimi

1. Pakeisti 31 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Lietuvos Respublikos teritorijoje turi būti užtikrintas šiu universaliųjų paslaugų teikimas:

1) prisijungimo prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje ir viešųjų telefono ryšio paslaugų;

2) taksofonu arba kitose viešai prieinamose viešųjų telefono ryšio paslaugų teikimo vietose teikiamų viešųjų telefono ryšio paslaugų;

3) informacijos teikimo apie viešųjų telefono ryšio paslaugų abonentus;

4) galimybių neįgaliesiems galutiniams paslaugų gavėjams naudotis elektroninių ryšių paslaugomis.”

2. Pakeisti 31 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Vyriausybė nustato universaliųjų paslaugų kainų aukščiausią ribą ir universaliųjų paslaugų teikimo nuostolių kompensavimo taisykles.”

3. Pakeisti 31 straipsnio 3 dalį ir ją išdestyti taip:

„3. Ryšių reguliavimo tarnyba nustato universaliųjų paslaugų teikimo taisykles, reglamentuojančias universaliųjų paslaugų mastą, kokybės reikalavimus, šiu paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas, įpareigojimų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams teikti universaliąsias paslaugas nustatymo, keitimo ir (arba) panaikinimo tvarką, sąlygas ir atvejus, taip pat informacijos apie paslaugų kokybę skelbimo taisykles. Įpareigojimai teikti universaliąsias paslaugas gali būti susiję ir su didelės įtakos atitinkamoje rinkoje turėjimu. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę nustatyti ūkio subjektams, nepaskirtiems teikti universaliąsias paslaugas, įpareigojimus, kurie būtini, kad būtų galima tinkamai teikti universaliąsias paslaugas.”

4. 31 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžio „Vyriausybės” įrašyti žodžius „universaliųjų paslaugų teikimo nuostolių kompensavimo taisyklių”, po žodžio „Europos” išbraukti žodį „Bendrijų” ir šia dalį išdėstyti taip:

„5. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų paslaugų teikimo nuostoliai universaliųjų paslaugų teikimo nuostolių kompensavimo taisyklių nustatyta tvarka, atvejais ir sąlygomis kompensuojami viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjų lėšomis. Vyriausybė turi teisę nustatyti ir kitus universaliųjų paslaugų teikimo nuostolių kompensavimo šaltinius. Vyriausybė gali įgalioti Ryšių reguliavimo tarnybą nustatyti nuostolių apskaičiavimo taisykles, įgyvendinti nuostolių kompensavimo mechanizmą, taip pat konkrečiu atveju nustatyti nuostolių dydį. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę tikrinti ūkio subjekto sąskaitas ir kitą informaciją, kuria vadovaujantis nustatomas nuostolių dydis, taip pat turi teisę įpareigoti ūkio subjektą pateikti audito išvadą. Nuostolių apskaičiavimas ir Ryšių reguliavimo tarnybos patikrinimo ir (ar) audito išvada yra vieši. Ryšių reguliavimo tarnyba informuoja Europos Komisiją apie nuostolių kompensavimo mechanizmą, kai nuostoliai kompensuojami viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjų lėšomis.”

5. 31 straipsnio 6 dalį pripažinti netekusia galios.

6. 31 straipsnio 7 dalyje po žodžio „Europos” išbraukti žodį „Bendrijų”, po žodžių „universaliąsias paslaugas” įrašyti žodžius „ir apie universaliąsias paslaugas, kurias teikti yra įpareigoti ūkio subjektai, ir” ir šia dalį išdėstyti taip:

„7. Ryšių reguliavimo tarnyba informuoja Europos Komisiją apie ūkio subjektus, įpareigotus teikti universaliąsias paslaugas, ir apie universaliąsias paslaugas, kurias teikti yra įpareigoti ūkio subjektai, ir apie bet kokius tokios informacijos pasikeitimus.”

7. Papildyti 31 straipsnį 8 dalimi:

„8. Kai ūkio subjektas, įpareigotas teikti universaliąsias paslaugas, ketina perleisti savo visą prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje turtą ar didelę jo dalį nuosavybės teise kitam ūkio subjektui, jis apie tai iš anksto Ryšių reguliavimo tarnybos taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis praneša Ryšių reguliavimo tarnybai, kad ji galėtų įvertinti numatomo sandorio poveikįprieigos prie viešojo ryšiųtinklo fiksuotoje vietoje ir viešųjų telefono ryšio paslaugų teikimui. Ryšių reguliavimo tarnyba, gavusi šioje dalyje nurodytą informaciją, gali nustatyti, keisti ar panaikinti šio Įstatymo 32 straipsnyje nustatytus įpareigojimus.”

 

26.- straipsnis. 32 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 32 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Ryšių reguliavimo tarnyba, nusprendusi, kad įpareigojimų, galimų nustatyti pagal šio Įstatymo 18, 19, 20, 21, 22, 23 ir 231 straipsnius, taip pat pagal šio Įstatymo 33 straipsnį, nepakanka, ūkio subjektui, turinčiam didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, nustato tinkamus, atsižvelgiant į nustatytą problemą pagrįstus, proporcingus ir siekiamais tikslais pateisinamus įpareigojimus, įskaitant reikalavimus nenustatyti pernelyg didelių kainų, nekliudyti patekti į rinką ar neriboti konkurencijos, nustatant grobuoniškas kainas, nesuteikti geresnių sąlygų atskiriems galutiniams paslaugų gavėjams ar nepagrįstai nesieti paslaugų, taip pat įpareigojimus užtikrinti Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytą paslaugų kokybę. Ryšių reguliavimo tarnyba, apsaugodama galutinių paslaugų gavėjų interesus ir skatindama veiksmingą konkurenciją, turi teisę nustatyti aukščiausias kainų ribas, taikyti individualių tarifų kontrolės priemones ir įpareigojimus tarifus grįsti sąnaudomis ar tarifais, nustatomais palyginamose rinkose. Jeigu ūkio subjektas įpareigojamas tarifus grįsti sąnaudomis, tarifams pagrįsti sąnaudomis mutatis mutandis taikomos šio Įstatymo 23 straipsnio 3 dalies nuostatos.”

2. 32 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Valstybės žinių” priede „Informaciniai pranešimai” įrašyti žodžius „savo interneto svetainėje” ir šia dalį išdėstyti taip:

„2. Ūkio subjektą, kuriam nustatyti su paslaugų tarifų reguliavimu susiję įpareigojimai ar kiti atitinkami įpareigojimai, Ryšių reguliavimo tarnyba įpareigoja tvarkyti sąnaudų apskaitą pagal Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytas taisykles. Įpareigotas ūkio subjektas privalo per Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytus terminus parengti sąnaudų apskaitos sistemą, paskelbti jos aprašą, pateikti ši aprašą Ryšių reguliavimo tarnybai ir laikytis sąnaudų apskaitos sistemos. Ši sąnaudų apskaitos sistema turi atitikti Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytas sąnaudų apskaitos taisykles. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę nustatyti sąnaudų apskaitos sistemą, metodą ir (arba) modelį, privalomą didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams ar konkrečiam ūkio subjektui. Tokią apskaitos sistemą Ryšių reguliavimo tarnyba privalo paskelbti savo interneto svetainėje. Ar ūkio subjekto sąnaudų apskaita atitinka sąnaudų apskaitos taisykles bei kitus teisės aktus, jo parengtą ir (ar) Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytą sąnaudų apskaitos sistemą ir (arba) metodą ir (ar) modelį, turi būti patikrinta audito. Audito išvada turi būti skelbiama kartą per metus pagal Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytas taisykles.”

 

27.- straipsnis. 33 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Ūkio subjektai, turintys didelę įtaką prisijungiant prie viešojo ryšių tinklo ir jį naudojant fiksuotoje vietoje, privalo Ryšių reguliavimo tarnybos nustatyta tvarka ir sąlygomis savo lėšomis užtikrinti savo abonento teisę naudotis bet kurio viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo teikiamomis telefono ryšio paslaugomis. Su šiu abonentų teisių įgyvendinimu susijusios prieigos kainos turi būti pagrįstos sąnaudomis. Šiam tikslui taikomos šio Įstatymo 23 straipsnyje nustatytos taisyklės. Už naudojimąsi tokia teise abonentams nustatyti tarifai negali stabdyti naudojimosi tokiomis galimybėmis. Šiam tikslui Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę nustatyti aukščiausią šiu tarifų ribą.”

 

28.- straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

34 straipsnis. Viešųjųelektroninių ryšių paslaugų teikėjų ir galutinių paslaugų gavėjų pareigos ir teisės

1. Elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartis yra viešoji sutartis. Paslaugos turi būti teikiamos ir elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartis sudaroma pagal Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintas elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisykles.

2. Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai privalo viešai skelbti skaidrią, palyginamą, pakankamą ir naujausią informaciją apie teikiamų paslaugų kainas ir tarifus, visus užmokesčius, mokėtinus nutraukus sutartį, standartines paslaugų teikimo sąlygas, paslaugų kokybę ir priemones, kurių imtasi siekiant užtikrinti lygiavertes galimybes neįgaliesiems galutiniams paslaugų gavėjams naudotis elektroninių ryšių paslaugomis. Tokia informacija galutiniams paslaugų gavėjams turi būti nurodoma aiškiai, išsamiai ir lengvai prieinama forma. Šioje dalyje nurodyta informacija turi būti pateikta Ryšių reguliavimo tarnybai. Ryšių reguliavimo tarnyba nustato informacijos skelbimo ir pateikimo Ryšių reguliavimo tarnybai taisykles, įskaitant informacijos apimtį, turinį, pateikimo ir (arba) skelbimo terminus, formą ir būdą, kokybės vertinimo taisykles.

3. Siekdama užtikrinti viešųjų elektroninių ryšių paslaugų kokybę, Ryšių reguliavimo tarnyba gali nustatyti viešųjų ryšių tinklų teikėjams minimalius kokybės reikalavimus. Prieš nustatydama tokius reikalavimus Ryšių reguliavimo tarnyba pateikia Europos Komisijai ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai tokio sprendimo projektą, kuriame nurodo motyvus, reikalavimus, kuriuos ketinama nustatyti, taip pat kitą būtiną informaciją. Priimdama galutinį sprendimą dėl šioje dalyje nurodytų reikalavimų, Ryšių reguliavimo tarnyba atsižvelgia į Europos Komisijos pastabas ar rekomendacijas.

4. Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas, suteikdamas paslaugų gavėjui galinį įrenginį nemokamai ar siūlydamas jį įsigyti mažesne kaina negu galinio įrenginio savikaina, privalo elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartyje nurodyti galinio įrenginio pardavimo su paslaugų teikimo sutartimi ir be jos kainų skirtumą, laikotarpį ir būdą šiam skirtumui kompensuoti.

5. Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas privalo išnagrinėti gaunamus prašymus, pasiūlymus ir skundus dėl jo teikiamų ar numatomų teikti elektroninių ryšių paslaugų ir atsakyti per vieną mėnesį nuo jų gavimo dienos.

6. Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas privalo nemokamai lengvai prieinama forma pranešti abonentui apie suteiktas paslaugas, tarifus ir kainą, jeigu abonentas to pageidauja.

7. Viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjai, suteikiantys galutiniams paslaugų gavėjams prisijungimą prie viešojo ryšių tinklo, privalo užtikrinti informacijos apie viešųjų telefono ryšio paslaugų abonentus teikimo paslaugų galutiniams paslaugų gavėjams teikimą. Ryšių reguliavimo tarnyba nustato informacijos apie viešųjų telefono ryšio paslaugų abonentus teikimo paslaugų teikimo taisykles. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę nustatyti ūkio subjektams, kurie kontroliuoja galutinių paslaugų gavėjų galimybes pasinaudoti informacijos apie viešųjų telefono ryšio paslaugų abonentus teikimo paslauga objektyvius, nešališkus, nediskriminacinius ir skaidrius įpareigojimus, siekdama užtikrinti, kad visi galutiniai paslaugų gavėjai, kuriems teikiamos viešosios telefono ryšio paslaugos, galėtų naudotis informacijos apie viešųjų telefono ryšio paslaugų abonentus teikimo paslaugomis.

8. Visi viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjai, skiriantys telefono ryšio numerius abonentams, privalo užtikrinti savo viešųjų telefono ryšio abonentų teisę būti įrašytiems į viešuosius spausdintus ir (arba) elektroninius abonentų sąrašus, taip pat sąžiningu, sąnaudomis pagrįstu ir nediskriminaciniu būdu patenkinti visus pagrįstus informacijos apie viešųjų telefono ryšio paslaugų abonentus teikimo paslaugų teikėjų prašymus šio Įstatymo 67 straipsnio nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti šiu viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjų abonentų sąrašų informaciją. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę nustatyti detalius tokios informacijos teikimo reikalavimus.

9. Ūkio subjektai, teikiantys elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas, abonentų pageidavimu neteikia tretiesiems asmenims informacijos, koks yra galinio įrenginio numeris, kokia jo įrengimo vieta ir kam jis priklauso, išskyrus atvejus, nustatytus Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimu jai pavestiems uždaviniams vykdyti ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimu nustatytoms viešosios tvarkos palaikymo įstaigoms joms pavestiems uždaviniams vykdyti ir kitais įstatymų nustatytais atvejais.

10. Visi viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai Ryšių reguliavimo tarnybos nustatyta tvarka ir sąlygomis privalo nemokamai užtikrinti savo abonentams ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų naudotojams, įskaitant taksofonų naudotojus bei neįgaliuosius abonentus ir (arba) naudotojus, galimybę naudotis skubios pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis.

11. Viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjai Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytomis sąlygomis ir terminais savo lėšomis užtikrina abonento teisę išlaikyti abonentinį numerį, kai yra keičiamas telefono ryšio paslaugų teikėjas ar paslaugų teikimo vieta arba būdas. Su šiu abonentų teisių įgyvendinimu susijusios prieigos kainos turi būti pagrįstos sąnaudomis. Šiam tikslui Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę taikyti šio Įstatymo 23 straipsnyje nustatytas taisykles visiems pagal šia dalį įpareigotiems ūkio subjektams. Už naudojimąsi tokia teise Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytais leistinais atvejais ir sąlygomis abonentams taikomi tarifai negali stabdyti naudojimosi tokiomis galimybėmis. Šiam tikslui Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę nustatyti aukščiausią kainų ribą.

12. Abonento prašymu viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjai turi sudaryti galimybę abonentui pasirinkti mokėjimo planą, kuriame viešųjų telefono ryšio paslaugų apmokestinimas būtų atliekamas naudojant sekundinę apskaitą, išskyrus tuos atvejus, kai viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjas duomenų perdavimo apskaitą atlieka pagal perduotų duomenų kiekį.

13. Ūkio subjektai, teikiantys elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas, privalo pateikti Ryšių reguliavimo tarnybai informaciją apie tai, kokius techninių įvykių duomenis apie elektroninius ryšius jie fiksuoja ir saugo, ir šiu duomenų saugojimo terminą.

14. Ūkio subjektai, teikiantys elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas, privalo paskirti fizinius asmenis, kurie dirbtų su operatyvinės veiklos subjektų pranešimais apie jų tinkluose vykdomą techninių priemonių naudojimą specialia tvarka ar būtų atsakingi už operatyvinės veiklos subjektų, ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokurorų, teismų ar teisėjų paklausimų reikalavimų vykdymą. Šie fiziniai asmenys turi būti įstatymų nustatyta tvarka patikrinti ir gavę leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

15. Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai privalo užtikrinti neįgaliųjų galutinių paslaugų gavėjų galimybę naudotis elektroninių ryšių paslaugomis, kuriomis naudojasi dauguma galutinių paslaugų gavėjų, taip pat užtikrinti, kad neįgalieji galutiniai paslaugų gavėjai galėtų naudotis daugumos galutinių paslaugų gavėjų pasirinktų viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų ir jų paslaugų teikiamais privalumais. Ryšių reguliavimo tarnyba gali nustatyti viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams reikalavimus, susijusius su galimybės neįgaliesiems galutiniams paslaugų gavėjams naudotis elektroninių ryšių paslaugomis užtikrinimu.

16. Teismas nustatęs, kad viešieji ryšių tinklai ir (arba) viešosios elektroninių ryšių paslaugos buvo neteisėtai naudoti ar panaudoti sukčiavimui, turi teisę nurodyti viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams nutraukti minėtų paslaugų teikimą arba blokuoti skambučius į tam tikrus telefono ryšio numerius, ir konfiskuoti pajamas, gautas teikiant neteisėtai naudotas ar panaudotas sukčiavimui viešąsias elektroninių ryšių paslaugas.”

 

29.- straipsnis. 35 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

35 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

30.- straipsnis. 36 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Ginčo šalys per 30 dienų nuo Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo priėmimo dienos turi teisę kreiptis tiesiogiai į bendrosios kompetencijos teismą ir prašyti nagrinėti jų ginčą iš esmės. Tokiu atveju ginčo šaliu procesinė padėtis nesikeičia.”

 

31. straipsnis. 37 straipsnio 5 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 7, 8 dalimis

1. Pakeisti 37 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos yra laikomi kilnojamaisiais daiktais.”

2. Papildyti 37 straipsnį 7 dalimi:

„7. Detalius reikalavimus bendro naudojimo statinio inžinerinėms sistemoms, vietiniams ir komunaliniams inžineriniams tinklams, skirtiems elektroninių ryšių tinklams įrengti, tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.”

3. Papildyti 37 straipsnį 8 dalimi:

„8. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo techninės veiklos pagrindinių sričių reglamentus tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo techninės veiklos pagrindinės sritys:

1) ikiprojektiniai tyrinėjimai;

2) projektavimas ir projekto vykdymo priežiūra;

3) projekto ekspertizė;

4) įrengimo darbai ir jų užbaigimas;

5) įrengimo techninė priežiūra.”

 

32.- straipsnis. 39 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 39 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Jeigu viešųjų ryšių tinklų teikėjas negali įgyvendinti teisės įrengti reikalingą elektroninių ryšių infrastruktūrą arba jeigu tokios teisės įgyvendinimo išlaidos yra neproporcingai didelės, Ryšių reguliavimo tarnyba gali pareikalauti, kad bet kuris elektroninių ryšių tinklų teikėjas ar kitas asmuo, valdantis tinkamą infrastruktūrą, nediskriminaciniais pagrindais leistų bendrai naudotis esama elektroninių ryšių infrastruktūra, taip pat kitais tinkamos paskirties vamzdynais, kabelių kanalais, kolektoriais, šuliniais, atraminėmis konstrukcijomis, įskaitant bokštus, stiebais, statiniais, statinių įvadais, statinių inžinerinėmis sistemomis, ir kitokiais įrenginiais ar įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, kai tai yra ekonomiškai tikslinga ir nereikia papildomų esminių darbų. Tokiu atveju Ryšių reguliavimo tarnyba šio Įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų taisyklių nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis konsultuojasi su suinteresuotais asmenimis.”

2. Pakeisti 39 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Naudojimosi elektroninių ryšių infrastruktūra, taip pat kitais tinkamos paskirties vamzdynais, kabelių kanalais, kolektoriais, šuliniais, atraminėmis konstrukcijomis, įskaitant bokštus, stiebais, statiniais, statinių įvadais, statinių inžinerinėmis sistemomis ir kitokiais įrenginiais ar elektroninių ryšių infrastruktūros statybos tvarka ir sąlygos nustatomos sutartimi. Asmuo, valdantis tinkamą infrastruktūrą, šio Įstatymo nustatytais atvejais negali atsisakyti sudaryti su viešųjų ryšių tinklų teikėju tokią sutartį, reikalauti ją pakeisti, nutraukti, jeigu yra vykdomi sutartyje nustatyti įpareigojimai, taip pat ir motyvuodamas tuo, kad nėra elektroninių ryšių infrastruktūros valdymo teisėtumą patvirtinančių dokumentų.”

 

33.- straipsnis. 40 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 40 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Jeigu viešųjų ryšių tinklų teikėjas negali įgyvendinti teisės įrengti elektroninių ryšių tinklus nei juos bendrai įrengdamas su kitais asmenimis, nei bendrai naudodamas infrastruktūrą, nei kitomis šio Įstatymo nustatytomis priemonėmis, taip pat kai nepavyksta derybos su nuosavybės, kurią galima būtų panaudoti rengiant konkrečią elektroninių ryšių infrastruktūrą, esančią viešojo ryšių tinklo dalimi, savininkais dėl tokios nuosavybės panaudojimo, tas viešųjų ryšių tinklų teikėjas turi teisę kreiptis į teismą, kad šis, jeigu yra galimybė ir tai nesudaro nepagrįstų sunkumų tos nuosavybės savininkui, suteiktų teisę naudoti valstybės, savivaldybės ar privačią nuosavybę elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti, nustatydamas servitutą atitinkamai nuosavybei. Teismo sprendimas dėl servituto nustatymo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo ieškinio priėmimo dienos. Su servitutu susijusios teisės, sąlygos ir procedūros gali būti keičiamos objektyviai pagrįstais atvejais ir proporcingu būdu. Apie numatomą pakeitimą turi būti tinkamu būdu pranešta suinteresuotoms šalims ir suteikta galimybė per pakankamą terminą, kuris, išskyrus išimtines aplinkybes, turi būti ne trumpesnis kaip 28 dienos, pateikti savo pastabas dėl siūlomų pakeitimų, išskyrus atvejus, kai numatomi pakeitimai yra nežymūs ir nekeičia nustatyto teisinio reglamentavimo esmės ir dėl jų buvo susitarta su suinteresuotomis šalimis. Draudžiama apriboti ar panaikinti servitutą, kol nesibaigė jo terminas, išskyrus pateisinamus atvejus ir kai servituto turėtojui tinkamai kompensuojama už tokį apribojimą ar panaikinimą.”

 

 

34.- straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 41 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

41 straipsnis. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsauga

1. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zoną sudaro žemės, kaip ji apibrėžta Žemės įstatyme, ruožas, esantis išilgai viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų ir aplink elektroninių ryšių infrastruktūros objektus, su jame esančia augmenija ir statiniais. Šioje zonoje draudžiama statyti statinius, sandėliuoti įrenginius ir medžiagas, kasinėti, gręžti gręžinius, sprogdinti ir atlikti kitus darbus, kurių metu ar dėl jų gali būti pažeista elektroninių ryšių infrastruktūra, be išankstinio elektroninių ryšių infrastruktūros savininkų sutikimo.

2. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų matmenis nustato Vyriausybė. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų žymėjimo būdus, darbų atlikimo šiose zonose tvarką nustato Ryšių reguliavimo tarnyba.

3. Už viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros priežiūrą yra atsakingi infrastruktūros savininkai.”

 

35.- straipsnis. Įstatymo papildymas 421 straipsniu

Papildyti Įstatymą 421 straipsniu:

421 straipsnis. Viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumas ir vientisumas

1. Viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai privalo įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones savo teikiamų tinklų ir (arba) paslaugų saugumui užtikrinti. Šios priemonės turi užtikrinti saugumo lygį, atitinkantį iškilusią grėsmę, ir užkirsti kelią saugumo incidentams arba sumažinti jų poveikį viešųjų ryšių tinklams ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjams.

2. Viešųjų ryšių tinklų teikėjai privalo įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones savo teikiamų tinklų vientisumui užtikrinti, tokiu būdu užtikrinant šiais tinklais teikiamų viešųjų elektroninių ryšių paslaugų nepertraukiamą teikimą.

3. Ryšių reguliavimo tarnyba gali nustatyti techninius ir organizacinius reikalavimus viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumui ir vientisumui užtikrinti.

4. Ryšių reguliavimo tarnyba, siekdama užtikrinti viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumą ir vientisumą, užkirsti kelią saugumo incidentams plisti, mažinti viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjų dėl saugumo incidentų patiriamos žalos atsiradimo riziką, turi teisę duoti privalomus nurodymus ir nustatyti nurodymų įvykdymo terminą viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, įskaitant teisę reikalauti viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų lėšomis atlikti nepriklausomą saugumo auditą ir pateikti šio audito rezultatus. Ryšių reguliavimo tarnybos nurodymai turi būti motyvuoti, pagrįsti ir proporcingi tikslui pasiekti.

5. Įvykus viešojo ryšių tinklo ar jo dalies, viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumo ar vientisumo pažeidimams, kurie turėjo didelę įtaką tinklų veikimui arba paslaugų teikimui, viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas informuoti Ryšių reguliavimo tarnybą jos nustatyta tvarka ir sąlygomis. Prireikus apie įvykusį viešojo ryšių tinklo ar jo dalies, viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumo ar vientisumo pažeidimą Ryšių reguliavimo tarnyba praneša kitų Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms, Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrai ir visuomenei.

6. Ryšių reguliavimo tarnyba kaupia informaciją apie pagal šio straipsnio 5 dalį pateiktus viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų pranešimus ir įvykdytus veiksmus ir kiekvienais metais pateikia apibendrintą informaciją Europos Komisijai ir Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrai.”

 

36.- straipsnis. 48 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 48 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

48 straipsnis. Elektroninių ryšių išteklių valdymo pagrindai

1. Ryšių reguliavimo tarnyba šio Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis valdo elektroninių ryšių išteklius. Pagal šio Įstatymo nuostatas valdomi radijo dažniai (kanalai), telefono ryšio numeriai ir kiti elektroninių ryšių ištekliai.

2. Radijo dažniai (kanalai) valdomi pagal Nacionalinę radijo dažnių paskirstymo lentelę, Ryšių reguliavimo tarnybos, vadovaujantis Nacionaline radijo dažnių paskirstymo lentele, tvirtinamą radijo dažnių (kanalų) naudojimo planą ir radijo ryšio plėtros planus bei atsižvelgiant į atitinkamas tarptautines sutartis ir (arba) susitarimus, įskaitant Radijo ryšio reglamentą.

3. Telefono ryšio numeriai, naudojami viešuosiuose ryšių tinkluose, valdomi pagal Ryšių reguliavimo tarnybos tvirtinamą Nacionalinį telefono ryšio numeracijos planą. Ryšių reguliavimo tarnyba tvirtina Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano diegimo tvarkos ir sąlygų aprašą.

4. Kitų elektroninių ryšių išteklių valdymo taisykles nustato Ryšių reguliavimo tarnyba.

5. Valstybės institucijos siekia, kad būtų derinamas elektroninių ryšių išteklių valdymas ir naudojimas Europos Sąjungoje.”

 

37.- straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 49 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

49 straipsnis. Radijo dažnių (kanalų) skyrimas ir naudojimas radijo ir televizijos programoms transliuoti (retransliuoti)

1. Radijo dažniai (kanalai) radijo ir televizijos programoms transliuoti (retransliuoti) skiriami ir naudojami pagal Ryšių reguliavimo tarnybos ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos patvirtintą radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti planą. Radijo dažniai (kanalai), radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane numatyti antžeminiam analoginiam radijui ir (arba) televizijai, skiriami transliuotojams ir (arba) retransliuotojams, turintiems Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduotas licencijas, suteikiančias teisę steigti ir eksploatuoti savo elektroninių ryšių tinklus, ir siuntėjams. Kiti radijo dažniai (kanalai), atitinkamame radijo ryšio plėtros plane numatyti radijui ir (arba) televizijai, skiriami siuntėjams. Šiame Įstatyme nustatytos bendrosios radijo dažnių (kanalų) naudojimo ir skyrimo sąlygos ir tvarka taikomos radijo dažnių (kanalų), skyrimui ir naudojimui radijo ir televizijos programoms transliuoti (retransliuoti) tiek, kiek šiame straipsnyje nenustatyta kitaip.

2. Informaciją apie sukoordinuotus radijo dažnius (kanalus), pagal radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti planą numatytus transliuotojams ir (arba) retransliuotojams, turintiems Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduotas licencijas, suteikiančias teisę steigti ir eksploatuoti savo elektroninių ryšių tinklus, kartu su elektroninių ryšių tinklų pagrindinėmis veiklos sąlygomis, kurios būtinos išduodant transliavimo ir (arba) retransliavimo licencijas, Ryšių reguliavimo tarnyba pateikia Lietuvos radijo ir televizijos komisijai. Ryšių reguliavimo tarnyba, paskyrusi radijo dažnius (kanalus) siuntėjams, informaciją apie šiuos radijo dažnius (kanalus) kartu su elektroninių ryšių tinklų pagrindinėmis veiklos sąlygomis, reikalingomis transliavimo ir (arba) retransliavimo licencijoms išduoti, pateikia Lietuvos radijo ir televizijos komisijai. Gavusi šioje dalyje nurodytą informaciją, Lietuvos radijo ir televizijos komisija Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis išduoda licencijas transliuoti ir (arba) retransliuoti radijo ir (arba) televizijos programas.

3. Į Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduodamą transliavimo ir (arba) retransliavimo licenciją kartu su radijo dažniais (kanalais) įrašomos elektroninių ryšių tinklų pagrindinės veiklos sąlygos turi atitikti Ryšių reguliavimo tarnybos pateiktas radijo dažnių (kanalų) bei elektroninių ryšių tinklų, skirtų radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (arba) retransliuoti, pagrindines veiklos sąlygas. Į Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduodamą transliavimo ir (arba) retransliavimo licenciją, suteikiančią teisę naudotis siuntėjo paslaugomis, papildomai įrašomas konkretus siuntėjas. Jeigu radijo dažnis (kanalas) pakeičiamas kitu radijo dažniu (kanalu) ar pakeičiamos elektroninių ryšių tinklų pagrindinės veiklos sąlygos (tai yra pakeičiamos radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos), Lietuvos radijo ir televizijos komisija atitinkamai pakeičia transliavimo ir (arba) retransliavimo licencijos sąlygas.

4. Radijo dažnius (kanalus), pagal radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti planą numatytus transliuotojams ir (arba) retransliuotojams, turintiems Lietuvos radijo ir televizijos komisijos licencijas, suteikiančias teisę steigti ir eksploatuoti savo elektroninių ryšių tinklus, Ryšių reguliavimo tarnyba tokiems transliuotojams ir (arba) retransliuotojams skiria netaikydama šio Įstatymo 51.-56 straipsnių nuostatų, išskyrus šio Įstatymo 51 straipsnio 4 dalį. Ryšių reguliavimo tarnyba nustato tokių radijo dažnių (kanalų) skyrimo taisykles.

5. Transliuotojas ir (arba) retransliuotojas netenka teisės naudoti šio straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka skirtą radijo dažnį (kanalą), kai panaikinama jam išduota licencija. Lietuvos radijo ir televizijos komisija apie licencijos panaikinimą praneša Ryšių reguliavimo tarnybai.

6. Ryšių reguliavimo tarnyba, suderinusi su Lietuvos radijo ir televizijos komisija, turi teisę pakeisti skirtą radijo dažnį (kanalą), jeigu to pageidauja radijo dažnio (kanalo) naudotojas. Ryšių reguliavimo tarnyba, suderinusi su Lietuvos radijo ir televizijos komisija, turi teisę panaikinti leidimą naudoti radijo dažnį (kanalą), jeigu to pageidauja radijo dažnio (kanalo) naudotojas.

7. Ryšių reguliavimo tarnyba radijo dažniams (kanalams), skirtiems radijo ir (arba) televizijos programoms transliuoti (retransliuoti), netaiko šio Įstatymo 58 straipsnio 
7 dalies nuostatų.

8. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę, įspėjusi radijo dažnio (kanalo) naudotoją prieš 6 mėnesius, pakeisti skirtą radijo dažnį (kanalą) kitu tai pačiai paskirčiai naudojamu radijo dažniu (kanalu) arba, įspėjusi radijo dažnio (kanalo) naudotoją prieš 12 mėnesių, panaikinti radijo dažnio (kanalo) skyrimą, jeigu:

1) to reikalauja tarptautiniai įsipareigojimai ar Europos Sąjungos teisės aktai;

2) keičiama Nacionalinė radijo dažnių paskirstymo lentelė ir kartu keičiama radijo dažnių juostos paskirtis dėl tarptautinių įsipareigojimų ar Europos Sąjungos teisės aktų, įskaitant rekomendacijas. Jeigu radijo dažnio skyrimas keičiamas ar naikinamas nepasibaigus Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytam radijo dažnio (kanalo) naudojimo terminui, sprendimas derinamas su Lietuvos radijo ir televizijos komisija;

3) radijo dažnis (kanalas) pagal radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane nurodytus kriterijus naudojamas neveiksmingai ar neefektyviai;

4) keičiamas radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti planas.

9. Ryšių reguliavimo tarnyba, šio Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis priėmusi sprendimą sustabdyti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), skirtus šio straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, informuoja Lietuvos radijo ir televizijos komisiją. Ryšių reguliavimo tarnyba šio Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis, priėmusi sprendimą panaikinti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), skirtus šio straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, kreipiasi į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją, kad ši sustabdytų ar panaikintų išduotą licenciją. Tokiu atveju Lietuvos radijo ir televizijos komisija Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka gali panaikinti licencijos galiojimą.

10. Ryšių reguliavimo tarnyba, išduodama siuntėjui leidimą naudoti radijo dažnį (kanalą), vadovaudamasi radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti planu, pagal naudojamą radijo dažnį (kanalą) ir technologiją bei atsižvelgdama į teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvoje taikomus techninius standartus, nustato siuntėjui privalomą perduoti minimalų skaičių radijo ir (arba) televizijos programų ir (arba) minimalią skaitmeniniu radijo ryšio kanalu perduodamo srauto dalį, kurią sudaro radijo ir (arba) televizijos programos. Siuntėjai privalo perduoti Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytą minimalų skaičių radijo ir (arba) televizijos programų ir minimalią skaitmeniniu radijo ryšio kanalu perduodamo srauto dalį, kurią sudaro radijo ir (arba) televizijos programos, siųsdami transliuotojų ir (arba) retransliuotojų, turinčių Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduotas licencijas, suteikiančias teisę naudotis nurodyto siuntėjo paslaugomis, programas šiose licencijose bei susitarimuose su transliuotojais ir (arba) retransliuotojais nustatytomis sąlygomis ir tvarka ir (arba) siųsdami pačių transliuojamas ir (arba) retransliuojamas radijo ir (arba) televizijos programas, Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka gavę atitinkamas transliavimo ir (arba) retransliavimo licencijas. Siuntėjai, nepažeisdami radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, taip pat atitinkamo leidimo naudoti radijo dažnius (kanalus) sąlygų, gali panaudoti radijo dažnius (kanalus) papildomoms elektroninių ryšių paslaugoms (įskaitant ir didesniam radijo ir (arba) televizijos programų skaičiui pagal atitinkamas Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduotas transliavimo ir (arba) retransliavimo licencijas teikti, bet tik tiek ir tokia apimtimi, kiek tai nekliudo perduoti Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytą minimalų skaičių radijo ir (arba) televizijos programų ir minimalią skaitmeniniu radijo ryšio kanalu perduodamo srauto dalį, kurią sudaro radijo ir (arba) televizijos programos.

11. Lietuvos radijo ir televizijos komisija, išduodama šio straipsnio 4 ir 10 dalyse nurodytas licencijas, užtikrina Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos teisę transliuoti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatyme nustatytą radijo ir televizijos programų skaičių. Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai vietoj licencijos išduodamas leidimas, suteikiantis atitinkamai šio straipsnio 4 ir 10 dalyse nurodytas teises.

 

38.- straipsnis. 50 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 50 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

50 straipsnis. Elektroninių ryšių išteklių naudojimo ir skyrimo pagrindai

1. Elektroninių ryšių ištekliai skiriami ir naudojami šio Įstatymo ir Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytų elektroninių ryšių išteklių skyrimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2. Elektroninių ryšių ištekliai gali būti naudojami:

1) be atskiro leidimo, kai Ryšių reguliavimo tarnyba nustato, kad atitinkamus elektroninių ryšių išteklius galima naudoti be atskiro leidimo;

2) siekiant užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą, elektroninių ryšių paslaugų kokybę ir išvengti žalingųjų trukdžių, gavus Ryšių reguliavimo tarnybos leidimą naudoti elektroninių ryšių išteklius.

3. Ryšių reguliavimo tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tarptautiniais įsipareigojimais, Radijo ryšio reglamentu, Nacionaline radijo dažnių paskirstymo lentele, radijo dažnių (kanalų) naudojimo planu ir radijo ryšio plėtros planais, skiria radijo dažnius (kanalus) ir kitus elektroninių ryšių išteklius, reikalingus veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga, civiline aviacija, traukinių eismo saugumu bei stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu ir kitomis valstybės (įskaitant ir užsienio valstybes) ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis.

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytas funkcijas Ryšių reguliavimo tarnyba atlieka netaikydama šio Įstatymo 51-56 straipsnių nuostatų. Ryšių reguliavimo tarnyba nustato atitinkamų elektroninių ryšių išteklių skyrimo taisykles.

5. Teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius terminą nustato Ryšių reguliavimo tarnyba. Šis terminas gali būti pratęstas elektroninių ryšių išteklių skyrimo ir naudojimo taisyklių nustatytais atvejais, tvarka ir sąlygomis ir atsižvelgiant į šio Įstatymo 51 straipsnio 6 dalies nuostatas.

6. Kai radijo dažnių (kanalų) naudojimas yra suderintas, dėl galimybės naudotis sąlygų ir tvarkos yra susitarta, o ūkio subjektai, kuriems turi būti skirti radijo dažniai (kanalai), yra parinkti pagal tarptautines sutartis ir (arba) susitarimus ir Europos Sąjungos taisykles, Ryšių reguliavimo tarnyba skiria radijo dažnius (kanalus) pagal atitinkamas taisykles. Jeigu visos Lietuvos Respublikoje nustatytos radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos yra įvykdomos bendro parinkimo procedūros metu, radijo dažnių (kanalų) naudojimui nenustatomos jokios papildomos sąlygos, kriterijai ar procedūros, kurios ribotų, pakeistų ar uždelstų teisingą bendro radijo dažnių (kanalų) skyrimo procedūros įgyvendinimą.

7. Asmenys, kurie prašo skirti elektroninių ryšių išteklius, ir (arba) asmenys, kuriems jie yra skiriami, tai pat asmenys, kurie turi teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius, moka Ryšių reguliavimo tarnybai užmokesčius už Ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus, nustatytus šio Įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje, įskaitant užmokesčius už elektroninių ryšių išteklių naudojimo priežiūrą.”

 

39. straipsnis. 51 straipsnio 1, 4, 10 ir 12 dalių pakeitimas

1. 51 straipsnio 1 dalyje po žodžio „išteklių” įrašyti žodžius „skyrimo ir”, po žodžio „naudojimo” išbraukti žodžius „ir skyrimo” ir šia dalį išdėstyti taip:

„1. Kai Ryšių reguliavimo tarnybos nėra nustatyta, kad atitinkamus elektroninių ryšių išteklius galima naudoti be atskiro leidimo, asmuo, prieš pradėdamas naudoti elektroninių ryšių išteklius, privalo pateikti Ryšių reguliavimo tarnybai nustatytos formos paraišką skirti elektroninių ryšių išteklius elektroninių ryšių ištekliųskyrimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.”

2. Pakeisti 51 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Asmuo gali pradėti naudoti elektroninių ryšių išteklius nuo leidimo išdavimo dienos, jeigu leidime nenurodyta kitaip. Leidimas naudoti elektroninių ryšių išteklius išduodamas asmenims, kuriems nuspręsta skirti elektroninių ryšių išteklius, Ryšių reguliavimo tarnybos nustatyta tvarka ir sąlygomis. Už leidimo naudoti elektroninių ryšių išteklius išdavimą imama valstybės rinkliava.”

3. 51 straipsnio 10 dalyje vietoj žodžių „Pastarasis terminas taikomas” įrašyti žodžius „Šioje dalyje nurodyti terminai taikomi” ir šia dalį išdėstyti taip:

„10. Sprendimas skirti elektroninių ryšių išteklius turi būti priimtas, išsiųstas pareiškėjui ir paskelbtas kaip įmanoma greičiau po to, kai Ryšių reguliavimo tarnyba gauna išsamų, nustatytus reikalavimus atitinkantį prašymą (visą informaciją ir dokumentus) .- per 21 dieną telefono ryšio numerių skyrimo atveju ir per 42 dienas radijo dažnių (kanalų) skyrimo atveju. Šioje dalyje nurodyti terminai taikomi nepažeidžiant tarptautinėse sutartyse ir (arba) susitarimuose nustatytų terminų.”

4. 51 straipsnio 12 dalyje vietoj žodžių „Valstybinei mokesčių inspekcijai ir ši jį vykdo” įrašyti žodį „vykdyti” ir šia dalį išdėstyti taip:

„12. Už suteikiamą teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius įmokos, kurias įsipareigoja sumokėti konkurso ar aukciono laimėtojai, mokamos į valstybės biudžetą. Jeigu konkurso ar aukciono laimėtojas uždelsia sumokėti įmoką ar jos dalį, Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę priimti sprendimą įpareigoti konkurso ar aukciono laimėtoją šia įmoką sumokėti ir nustatyti sumokėjimo terminą. Toks Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimas yra vykdomasis dokumentas, kurio neįvykdžius, sprendimas pateikiamas vykdyti Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Sprendimas gali būti pateikiamas vykdyti ne vėliau kaip per 3 metus nuo jo priėmimo dienos.”

 

40.- straipsnis. 52 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 52 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

52 straipsnis. Elektroninių ryšių išteklių skyrimo procedūros

1. Ryšių reguliavimo tarnyba skiria elektroninių ryšių išteklius:

1) tiesiogiai jų prašančiam asmeniui;

2) konkurso tvarka;

3) aukciono būdu.

2. Elektroninių ryšių ištekliai skiriami laikantis atvirų, objektyvių, skaidrių, nediskriminacinių ir proporcingų procedūrų, nustatytų šio Įstatymo 53.-56 straipsniuose.”

 

41.- straipsnis. 54 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 54 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

54 straipsnis. Elektroninių ryšių išteklių skyrimas konkurso tvarka

Konkursas dėl elektroninių ryšių išteklių skyrimo organizuojamas elektroninių išteklių skyrimo taisyklėse ir Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintose viešojo konkurso sąlygose nustatyta tvarka, laikantis šio Įstatymo reikalavimų. Konkurso sąlygose turi būti nustatyti konkurso dalyvių kvalifikaciniai reikalavimai, apibrėžta rinka, kurioje elektroninių ryšių ištekliai bus naudojami, elektroninių ryšių išteklių naudojimo sąlygos. Konkurso sąlygose turi būti nurodyti kriterijai, pagal kuriuos bus išrenkamas konkurso laimėtojas. Šie kriterijai turi būti pagrįsti specialiomis žiniomis ir veiklos efektyvumu, veiklos planų tinkamumu teikti elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas, teiksimų paslaugų kainomis, paslaugų įdiegimo rinkoje terminais, investicijų dydžiu ir veiksmingos konkurencijos skatinimu.”

 

42.- straipsnis. 56 straipsnio 1 dalies papildymas 8 punktu

Papildyti 56 straipsnio 1 dalį 8 punktu:

„8) pareiškėjas nesumokėjo atitinkamos valstybės rinkliavos.”

 

43.- straipsnis. 57 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 57 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

57 straipsnis. Teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius perleidimas

Asmuo turi teisę kitam asmeniui Ryšių reguliavimo tarnybos nustatyta tvarka ir sąlygomis perleisti, įskaitant laikiną teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius perleidimą, teisę naudoti jam skirtus elektroninių ryšių išteklius, išskyrus teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), kurių paskirtis .- radijo ir (arba) televizijos programų transliavimas (retransliavimas).”

 

44.- straipsnis. 58 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 58 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

58 straipsnis. Elektroninių ryšių išteklių naudojimas

1. Elektroninių ryšių išteklių skyrimo ir naudojimo taisyklėse ir leidimuose naudoti elektroninių ryšių išteklius nustatytos sąlygos turi būti nediskriminacinės, skaidrios ir proporcingos. Elektroninių ryšių išteklių skyrimo ir naudojimo taisyklėse ir leidimuose naudoti elektroninių ryšių išteklius nekartojamos teisės aktų, reglamentuojančių bendrąsias vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygas, nustatytos sąlygos.

2. Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklėse ir leidimuose naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytos sąlygos gali būti susijusios tik su:

1) paskirties (paslaugos, tarnybos arba technologijos tipo), kuriai radijo dažniai (kanalai) skiriami, taip pat aprėpties ir kokybės reikalavimų nurodymu;

2) veiksmingu ir efektyviu radijo dažnių (kanalų) naudojimu;

3) techninėmis ir veiklos sąlygomis, reikalingomis, kad būtų išvengta žalingųjų trukdžių ir apriboti viešai skleidžiami elektromagnetiniai laukai, kai tokios sąlygos skiriasi nuo Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytų bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų;

4) atsižvelgiant į radijo dažnių (kanalų) paskirtį, veiksmingą ir efektyvų radijo dažnių (kanalų) naudojimą ir investicijų atsiperkamumą nustatytu maksimaliu teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) terminu;

5) teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimu šiu teisių turėtojo iniciatyva ir tokio perleidimo sąlygomis. Ryšių reguliavimo tarnyba privalo įtraukti šias sąlygas į leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus);

6) užmokesčiais už radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūrą ir mokesčiais bei įmokomis į valstybės biudžetą teisės aktų nustatyta tvarka;

7) bet kuriais asmens įsipareigojimais, prisiimtais konkurso ar aukciono metu;

8) įpareigojimais pagal atitinkamas tarptautines sutartis ir (arba) susitarimus, susijusius su radijo dažnių (kanalų) naudojimu;

9) įpareigojimais, susijusiais su eksperimentiniu radijo dažnių (kanalų) naudojimu.

3. Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklėse ir leidimuose naudoti telefono ryšio numerius nustatytos sąlygos gali būti susijusios tik su:

1) paskirties (paslaugos), kuriai telefono ryšio numeriai naudojami, nurodymu, įskaitant atitinkamų paslaugų teikimo reikalavimus, taip pat tarifų nustatymo principais ir didžiausiomis kainomis, kurios gali būti taikomos konkrečiam telefono ryšio numerių intervalui;

2) veiksmingu ir efektyviu telefono ryšio numerių naudojimu;

3) abonento teise išlaikyti telefono ryšio numerį;

4) įpareigojimais teikti informaciją apie abonentus;

5) maksimaliu teisės naudoti telefono ryšio numerius terminu;

6) teisės naudoti telefono ryšio numerius perleidimu šiu teisių turėtojo iniciatyva ir tokio perleidimo sąlygomis. Ryšių reguliavimo tarnyba privalo įtraukti šias sąlygas į leidimus naudoti telefono ryšio numerius;

7) užmokesčiais už telefono ryšio numerių naudojimo priežiūrą ir mokesčiais bei įmokomis į valstybės biudžetą teisės aktų nustatyta tvarka;

8) bet kuriais asmens įsipareigojimais, prisiimtais konkurso ar aukciono metu;

9) įpareigojimais pagal atitinkamas tarptautines sutartis ir (arba) susitarimus, susijusius su telefono ryšio numerių naudojimu.

4. Asmenys privalo naudoti elektroninių ryšių išteklius veiksmingai ir efektyviai. Elektroninių ryšių išteklių naudojimo veiksmingumo ir efektyvumo kriterijai nustatomi elektroninių ryšių išteklių skyrimo ir naudojimo taisyklėse ir leidimuose naudoti elektroninių ryšių išteklius.

5. Ryšių reguliavimo tarnyba, siekdama užtikrinti veiksmingą ir efektyvų radijo dažnių (kanalų) naudojimą ir veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių rinkoje, nustačiusi, kad radijo dažnių (kanalų) naudotojai nesilaiko jiems nustatytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų, ir siekdama užtikrinti elektroninių ryšių paslaugų gavėjams teikiamų paslaugų tęstinumą, turi teisę įpareigoti radijo dažnių (kanalų) naudotojus perleisti jiems suteiktą teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių nustatytais atvejais, tvarka ir sąlygomis. Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimas įpareigoti radijo dažnių (kanalų) naudotojus perleisti jiems suteiktą teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) turi būti motyvuotas, pagrįstas šioje dalyje nurodytomis aplinkybėmis ir pateisinamas elektroninių ryšių veiklos reguliavimo principais.

6. Kai teisė naudoti radijo dažnius (kanalus) yra suteikiama 10 ar daugiau metų ir nenumatyta galimybė perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) kitam asmeniui, įskaitant laikiną teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimą, Ryšių reguliavimo tarnyba, gavusi radijo dažnių (kanalų) naudotojo prašymą ir nustačiusi, kad radijo dažnių (kanalų) naudojimo ir (arba) skyrimo tvarka ir sąlygos yra pasikeitusios, atitinkamai pakeičia radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, leidžia perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) kitam asmeniui, įskaitant laikiną teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimą, arba panaikina leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus), jeigu nustato, kad atitinkamus radijo dažnius (kanalus) galima naudoti be atskiro leidimo. Įgyvendindama šios dalies nuostatas, Ryšių reguliavimo tarnyba mutatis mutandis vadovaujasi šio Įstatymo 59 straipsnio nuostatomis.

7. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę, prieš 6 mėnesius įspėjusi elektroninių ryšių išteklių naudotojus, pakeisti skirtus elektroninių ryšių išteklius kitais tos pačios paskirties ištekliais arba, prieš 12 mėnesių įspėjusi elektroninių ryšių išteklių naudotojus, panaikinti leidimą naudoti elektroninių ryšių išteklius, jeigu to reikalauja tarptautiniai įsipareigojimai ar Europos Sąjungos teisės aktai, keičiama elektroninių ryšių išteklių paskirtis arba elektroninių ryšių ištekliai naudojami neveiksmingai ar neefektyviai. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę pakeisti skirtus elektroninių ryšių išteklius kitais tos pačios paskirties elektroninių ryšių ištekliais arba panaikinti leidimą naudoti elektroninių ryšių išteklius nesilaikydama šioje dalyje nurodytų sąlygų, jeigu to pageidauja elektroninių ryšių išteklių naudotojas arba jis su tuo sutinka. Įgyvendindama šios dalies nuostatas, Ryšių reguliavimo tarnybamutatis mutandis vadovaujasi šio Įstatymo 59 straipsnio nuostatomis. Ryšių reguliavimo tarnybai panaikinus leidimą naudoti radijo dažnį (kanalą), jeigu to reikalauja tarptautiniai įsipareigojimai ar Europos Sąjungos teisės aktai, keičiama elektroninių ryšių išteklių paskirtis, radijo dažnio (kanalo) naudotojui proporcingai sutrumpinamam radijo dažnio (kanalo) naudojimo terminui kompensuojama už teisės naudoti radijo dažnį (kanalą) suteikimą sumokėta sumos dalis, išskyrus už leidimo naudoti elektroninių ryšių išteklius išdavimą sumokėtą valstybės rinkliavą.

8. Ūkio subjektas, netekęs teisės verstis elektroninių ryšių veikla, praranda teisę naudoti atitinkamus elektroninių ryšių išteklius.”

 

45.- straipsnis. 59 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti 59 straipsnio 1 dalį, papildyti straipsnį 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

59 straipsnis. Naudojimosi elektroninių ryšių ištekliais sąlygų keitimas

1. Su elektroninių ryšių išteklių naudojimu susijusios teisės, sąlygos ir procedūros gali būti keičiamos objektyviai pagrįstais atvejais ir proporcingu būdu, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas, taikomas perleidžiant teisę naudoti radijo dažnius (kanalus). Apie numatomą pakeitimą turi būti tinkamai pranešta suinteresuotoms šalims, įskaitant elektroninių ryšių paslaugų gavėjus ir vartotojus, ir suteikta galimybė per pakankamą terminą, kuris, išskyrus išimtines aplinkybes, turi būti ne trumpesnis kaip 28 dienos, pateikti savo pastabas dėl siūlomų pakeitimų, išskyrus atvejus, kai numatomi pakeitimai yra nežymūs ir nekeičia nustatyto teisinio reglamentavimo esmės ir dėl jų buvo susitarta su elektroninių ryšių išteklių naudotojais. Jeigu keičiant radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas pagal radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane nustatytus kriterijus keičiasi radijo ir (arba) televizijos programų, kurias transliuoti (retransliuoti) Lietuvos radijo ir televizijos komisija yra išdavusi licenciją, transliavimo (retransliavimo) aprėpties teritorija, toks keitimas suderinamas su Lietuvos radijo ir televizijos komisija.

2. Ryšių reguliavimo tarnyba, nuspręsdama pratęsti teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius kitomis nei leidimuose naudoti elektroninių ryšių išteklius nustatytomis sąlygomis terminą, mutatis mutandis vadovaujasi šio Įstatymo 51 straipsnio 6 dalies nuostatomis.”

 

46.- straipsnis. 61 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 61 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Saugoti informaciją arba suteikti galimybę naudotis jau saugoma informacija abonento ar faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galiniame įrenginyje leidžiama tik su sąlyga, kad atitinkamam abonentui ar faktiniam elektroninių ryšių paslaugų naudotojui vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu suteikus aiškią ir išsamią informaciją, įskaitant informaciją apie tvarkymo tikslus, jis davė sutikimą. Šios nuostatos nedraudžia techninio saugojimo ar naudojimosi duomenimis, kurio vienintelis tikslas yra perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu, taip pat būtinais atvejais teikti informacinės visuomenės paslaugas, kurias užsako abonentas ar faktinis elektroninių ryšių paslaugų naudotojas.”

 

47.- straipsnis. 62 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 62 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

62 straipsnis. Duomenų tvarkymo saugumas

1. Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai privalo įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones savo teikiamų paslaugų saugumui užtikrinti, o prireikus kartu su viešųjų ryšių tinklų teikėjais imtis tokių pat priemonių viešųjų ryšių tinklų saugumui užtikrinti. Šios priemonės turi atitikti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytus reikalavimus, užtikrinti saugumo lygį, atitinkantį iškilusią grėsmę, ir užtikrinti:

1) kad su asmens duomenimis galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjo įgalioti darbuotojai teisėtais tikslais;

2) tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio praradimo ar pakeitimo ir neteisėto saugojimo, tvarkymo, susipažinimo ar atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo;

3) kad būtų įgyvendinama asmens duomenų saugumo politika asmens duomenų tvarkymo srityje.

2. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija rengia metodines rekomendacijas dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis priemonėmis užtikrintino saugumo lygio ir jas viešai skelbia savo interneto svetainėje.

3. Iškilus ypatingai elektroninių ryšių tinklo saugumo pažeidimo grėsmei, viešojo ryšių tinklo ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas privalo informuoti abonentus ar registruotus elektroninių ryšių paslaugų naudotojus apie tokią grėsmę ir tais atvejais, kai teikėjo taikomos priemonės nepanaikina grėsmės priežasčių, taip pat informuoti abonentus ar registruotus elektroninių ryšių paslaugų naudotojus apie visas įmanomas saugos priemones ir nurodyti tikėtinas jų kainas.

4. Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas nedelsdamas privalo pranešti apie ši pažeidimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Tuo atveju, jeigu asmens duomenų saugumo pažeidimas gali turėti neigiamą poveikį abonento ar registruoto elektroninių ryšių paslaugų naudotojo arba kito asmens duomenų ar privatumo saugumui, viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas taip pat privalo apie tai pranešti abonentui ar registruotam elektroninių ryšių paslaugų naudotojui arba kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai įrodo, kad įgyvendino tinkamas technines priemones, kurios buvo taikomos saugumo pažeidimo paveiktiems asmens duomenims. Šios priemonės turi užtikrinti, kad tam neįgalioti asmenys negalėtų susipažinti su asmens duomenimis.

5. Nepaisant šio straipsnio 4 dalyje viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjui nustatyto įpareigojimo pranešti abonentui ar registruotam elektroninių ryšių paslaugų naudotojui arba kitam asmeniui apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, įvertinusi asmens duomenų saugumo pažeidimo neigiamą poveikį, gali įpareigoti viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėją pranešti apie tai abonentui ar registruotam elektroninių ryšių paslaugų naudotojui arba kitam asmeniui, jeigu viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas dar nėra to padaręs.

6. Šio straipsnio 4 dalyje nurodytame pranešime viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas apibūdina asmens duomenų saugumo pažeidimo pobūdį ir pateikia kontaktinius duomenis, kuriais galima gauti daugiau informacijos, ir nurodo rekomenduojamas priemones, skirtas asmens duomenų saugumo pažeidimo neigiamam poveikiui sumažinti. Pranešime Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai papildomai turi būti nurodytos asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurias pasiūlė ar kurių ėmėsi viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas asmens duomenų saugumo pažeidimui išaiškinti.

7. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nustato šio straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo pateikimo tvarką ir sąlygas.

8. Viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai registruoja asmens duomenų saugumo pažeidimų atvejus ir kaupia informaciją apie tokių pažeidimų priežastis, jų poveikį ir priemones, kurių buvo imtasi, bei kitokio pobūdžio informaciją, kuri leistų patikrinti, kaip buvo laikomasi šio straipsnio 4, 5 ir 6 dalių nuostatų.

9. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis tikrina:

1) kaip viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai įgyvendina šio straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones;

2) ar viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai tinkamai vykdo šio straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse nurodytą pareigą pranešti apie asmens duomenų saugumo pažeidimus.”

 

48.- straipsnis. 63 straipsnio 2 dalies pripažinimas netekusia galios

63 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

 

49. straipsnis. 64 straipsnio 7 dalies pakeitimas ir 8 dalies pripažinimas netekusia galios

1. 64 straipsnio 7 dalyje vietoj skaičiaus „8″ įrašyti skaičių „10″ ir šia dalį išdėstyti taip:

„7. Viešųjų ryšių tinklų teikėjai ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai nedraudžia nustatyti ryšio linijos, iš kurios skambinama, institucijoms, aptarnaujančioms pagalbos skambučius, kad šios institucijos galėtų atsakyti į abonento ar faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo skambučius ir tinkamai reaguoti. Šios dalies nuostatos įgyvendinamos šio Įstatymo 34 straipsnio 10 dalyje nurodyta tvarka ir sąlygomis.”

2. 64 straipsnio 8 dalį pripažinti netekusia galios.

 

50.- straipsnis. 66 straipsnio 5 dalies pakeitimas

66 straipsnio 5 dalyje vietoj skaičiaus „2″ įrašyti skaičių „3″ ir šia dalį išdėstyti taip:

„5. Abonento ar registruoto elektroninių ryšių paslaugų naudotojo srauto duomenys gali būti saugomi ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo ryšio datos, išskyrus atvejus, kai sąskaita yra teisėtai užginčyta arba duomenys yra reikalingi įsiskolinimui išieškoti bei šio Įstatymo 77 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais.”

 

51. straipsnis. 68 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. 68 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių ir skaičių „šio Įstatymo 66 straipsnio 1 dalyje nurodytus” įrašyti žodį „srauto” ir šia dalį išdėstyti taip:

„1. Gavęs abonento ar registruoto elektroninių ryšių paslaugų naudotojo išankstinį sutikimą, viešojo ryšių tinklo ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas srauto duomenis gali naudoti elektroninių ryšių paslaugų rinkodaros ar pridėtinės vertės paslaugų teikimo tikslams arba perduoti trečiajai šaliai, kai ji yra faktinė pridėtinės vertės paslaugų šiam abonentui ar registruotam elektroninių ryšių paslaugų naudotojui teikėja. Tokį sutikimą pareiškusiam abonentui ar registruotam elektroninių ryšių paslaugų naudotojui turi būti užtikrintos lengvai įgyvendinamos ir nemokamos priemonės bet kada jį pakeisti, sustabdyti ar atšaukti.”

2. Pakeisti 68 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Viešųjų ryšių tinklų teikėjai ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai kiekvieno pagalbos skambučio atveju neatlygintinai teikia vietos nustatymo duomenis (įskaitant ir srauto duomenis) be abonento ar faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo sutikimo Bendrajam pagalbos centrui. Vietos nustatymo duomenys kiekvieno pagalbos skambučio atveju neatlygintinai Bendrajam pagalbos centrui pateikiami iš karto, kai tik Bendrasis pagalbos centras atsako į tą pagalbos skambutį. Bendrasis pagalbos centras teikia pasiūlymus Ryšių reguliavimo tarnybai dėl informacijos apie skambinančio asmens vietą tikslumo ir patikimumo kriterijų. Ryšių reguliavimo tarnyba, atsižvelgdama į Bendrojo pagalbos centro pasiūlymus, nustato informacijos apie skambinančio asmens vietą tikslumo ir patikimumo kriterijus. Įrangos (ir susijusios programinės įrangos), nebūtinos teikėjo ūkinei veiklai užtikrinti, bet reikalingos vietos nustatymo duomenims (įskaitant ir srauto duomenis) teikti Bendrajam pagalbos centrui, įsigijimo, įdiegimo (pritaikymo), atnaujinimo ir veikimo palaikymo išlaidos viešųjų ryšių tinklų teikėjams ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams kompensuojamos valstybės biudžeto lėšomis Vyriausybės nustatyta tvarka. Kitos šios dalies nuostatos įgyvendinamos šio Įstatymo 34 straipsnio 10 dalyje nurodyta tvarka ir sąlygomis.”

 

52.- straipsnis. 69 straipsnio 3 dalies pakeitimas ir papildymas

Pakeisti 69 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Draudžiama tiesioginės rinkodaros tikslu siųsti elektroninio pašto pranešimus slepiant siuntėjo, kurio vardu informacija siunčiama, tapatybę pažeidžiant Informacinės visuomenės paslaugų įstatyme nustatytus reikalavimus, nenurodant galiojančio adreso, kuriuo gavėjas galėtų pareikalauti nutraukti tokios informacijos siuntimą, arba kuriais gavėjai skatinami apsilankyti interneto svetainėse, neatitinkančiose Informacinės visuomenės paslaugų įstatyme nustatytų reikalavimų.”

 

53. straipsnis. 71 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas ir straipsnio papildymas 7 dalimi

1. Pakeisti 71 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę gauti iš valstybės, įskaitant ir Europos Sąjungos institucijų bei kitų Europos Sąjungos valstybių narių, ir savivaldybės institucijų, elektroninių ryšių tinklų bei paslaugų teikėjų ir radijo dažnių (kanalų), telefono ryšio numerių, kitų elektroninių ryšių išteklių naudotojų, taip pat asmenų visą jai, taip pat Europos Komisijai, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai bei kitų Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms reikalingą su pavestų uždavinių vykdymu ir funkcijų įgyvendinimu susijusią informaciją, įskaitant ir finansinę informaciją bei informaciją, susijusią su būsima elektroninių ryšių tinklo ar elektroninių ryšių paslaugų plėtra, kuri galėtų turėti įtakos kitųelektroninių ryšių tinklų bei paslaugų teikėjųteikiamoms didmeninėms paslaugoms, taip pat operatorių, turinčių didelę įtaką atitinkamoje didmeninėje rinkoje, apskaitos duomenis apie su ta didmenine rinka susijusias mažmenines rinkas, nepaisant šioje dalyje nurodytos informacijos konfidencialumo. Elektroninių ryšių tinklų bei paslaugų teikėjai ir radijo dažnių (kanalų), telefono ryšio numerių, kitų elektroninių ryšių išteklių naudotojai, taip pat asmenys privalo pateikti informaciją pareikalavus Ryšių reguliavimo tarnybai pagal Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytus protingumo kriterijų atitinkančius terminus ir prašomos informacijos detalumo lygį.”

2. Pakeisti 71 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Iš ūkio subjektų, kurie verčiasi elektroninių ryšių veikla, Ryšių reguliavimo tarnyba, kiek tai susiję su vertimusi elektroninių ryšių veikla ar elektroninių ryšių išteklių naudojimu arba įpareigojimais, nustatytais ūkio subjektui, turinčiam didelę įtaką atitinkamoje rinkoje arba paskirtam teikti universaliąsias paslaugas, turi teisę reikalauti tik tokios informacijos, kuri proporcinga ir objektyviai pateisinama šiais tikslais (ši dalis netaikoma informacijos, susijusios su elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimu, teikimui):

1) sisteminiu ar vienkartiniu patikrinimu, kaip ūkio subjektas laikosi šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų, susijusių su veiksmingu ir efektyviu elektroninių ryšių išteklių naudojimu, universaliųjų paslaugų teikimo finansavimu ar užmokesčiais Ryšių reguliavimo tarnybai, taip pat įmokomis į valstybės biudžetą, susijusiomis su teise naudoti elektroninių ryšių išteklius, taip pat kaip ūkio subjektas laikosi įpareigojimų, nustatytų ūkio subjektui, turinčiam didelę įtaką rinkoje arba paskirtam teikti universaliąsias paslaugas;

2) konkrečiu tikrinimo, kaip ūkio subjektas laikosi vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygas nustatančių teisės aktų ar elektroninių ryšių išteklių naudojimo sąlygų, atveju;

3) elektroninių ryšių išteklių skyrimo procedūromis ir atitinkamų prašymų vertinimu;

4) palyginamųjų paslaugų kokybės ir kainų apžvalgų skelbimu vartotojų naudai;

5) aiškiai apibrėžtais statistiniais tikslais;

6) rinkos tyrimo tikslais;

7) elektroninių ryšių tinklų ir (arba) paslaugų plėtros, galinčios turėti įtakos didmeninėms paslaugoms, kuriomis galėtų naudotis kiti ūkio subjektai, įvertinimu;

8) galimybės bendrai naudoti elektroninių ryšių infrastruktūrą įvertinimu, elektroninių ryšių infrastruktūros pobūdžio, prieinamumo ir geografinės buvimo vietos išsamaus sąrašo sudarymu;

9) viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumo ir (arba) vientisumo įvertinimu;

10) efektyvaus radijo dažnių (kanalų) naudojimu ir veiksmingo radijo dažnių (kanalų) valdymo užtikrinimu.”

3. Papildyti 71 straipsnį 7 dalimi:

„7. Šiame straipsnyje nurodytos informacijos gavimui ir teikimui taip pat taikomos Viešojo administravimo įstatymo nuostatos.”

 

54.- straipsnis. 72 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 72 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Ryšių reguliavimo tarnyba, nustačiusi, kad ūkio subjektas nesilaiko vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygas nustatančių teisės aktų ar elektroninių ryšių išteklių naudojimo sąlygų arba nevykdo vieno ar daugiau įpareigojimų, nustatytų ūkio subjektui, kaip turinčiam didelę įtaką atitinkamoje rinkoje ar paskirtam teikti universaliąsias paslaugas, arba nevykdo Ryšių reguliavimo tarnybos įpareigojimų, nustatytų pagal šio Įstatymo 22 straipsnio 6 dalį, raštu praneša ūkio subjektui apie nustatytus pažeidimus ir suteikia jam galimybę pareikšti savo nuomonę per Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytą protingumo kriterijų atitinkantį terminą.”

2. Pakeisti 72 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę reikalauti, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytas pažeidimas būtų nutrauktas nedelsiant ar per Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytą protingumo kriterijų atitinkantį terminą arba imasi kitų tinkamų ir proporcingų priemonių, užtikrinančių teisės aktų vykdymą, įskaitant šio Įstatymo 74 straipsnyje nustatytų ekonominių sankcijų skyrimą. Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę paskirti efektyvias, proporcingas ir atgrasančias ekonomines sankcijas, net ir tuo atveju, jeigu pažeidimas buvo nutrauktas.”

3. Papildyti 72 straipsnį nauja 5 dalimi:

„5. Ryšių reguliavimo tarnyba, nustačiusi, kad ūkio subjektas, pripažintas turinčiu didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, nesilaiko jam nustatyto prieigos įpareigojimo, kas sukelia didelę žalą konkurencijai, gali įpareigoti ūkio subjektą nutraukti arba sustabdyti konkrečios paslaugos ar susietai teikiamų paslaugų teikimą.”

4. Papildyti 72 straipsnį nauja 6 dalimi:

„6. Ryšių reguliavimo tarnyba nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo taikyti priemones pagal šio straipsnio 2 ir 5 dalis priėmimo, informuoja ūkio subjektą apie priemones, kurių imamasi, ir jų priežastis, nustatydama protingumo kriterijų atitinkantį terminą, per kurį ūkio subjektas turi įvykdyti šias priemones.”

5. Buvusią 72 straipsnio 5 dalį laikyti 7 dalimi, ją pakeisti ir išdėstyti taip:

„7. Ryšių reguliavimo tarnyba, gavusi įrodymų apie vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygas nustatančių teisės aktų ar elektroninių ryšių išteklių naudojimo arba įpareigojimų, nustatytų ūkio subjektui, kaip turinčiam didelę įtaką rinkoje arba paskirtam teikti universaliąsias paslaugas, pažeidimus, kai tokie pažeidimai kelia tiesioginę ir rimtą grėsmę viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ar sveikatai arba gali sukelti rimtų ekonominių ar veiklos problemų kitiems elektroninių ryšių paslaugų teikėjams arba elektroninių ryšių tinklų naudotojams ir (arba) elektroninių ryšių paslaugų gavėjams, nesilaikydama šio straipsnio 1, 2 ir 6 dalių nuostatų, turi teisę imtis skubių laikinųjų priemonių, įskaitant laikiną daiktų, kurie buvo šio Įstatymo pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, sulaikymą ir (arba) laikiną uždraudimą verstis elektroninių ryšių veikla ar naudoti elektroninių ryšių išteklius. Jeigu Ryšių reguliavimo tarnyba ėmėsi tokių priemonių, ji suteikia suinteresuotam ūkio subjektui galimybę išdėstyti savo nuomonę ir siūlyti priemones susidariusiai padėčiai išspręsti. Ryšių reguliavimo tarnyba laikinąsias priemones gali nustatyti ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, kurį gali pratęsti, tačiau ne ilgiau kaip 3 mėnesiams.”

6. Buvusias 72 straipsnio 6 ir 7 dalis laikyti atitinkamai 8 ir 9 dalimis.

 

55.- straipsnis. 73 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 73 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Ryšių reguliavimo tarnybos įgalioti pareigūnai, vadovaudamiesi Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, prižiūrėdami, kaip vykdomas šis Įstatymas, pateikę tarnybinį pažymėjimą bei Ryšių reguliavimo tarnybos išduotą dokumentą, patvirtinantį jų įgaliojimus ir atliekamas funkcijas, turi šias teises, kurias įgyvendina Ryšių reguliavimo tarnybos vardu:

1) pagal šio ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytas sąlygas ir procedūras gauti jiems reikalingą informaciją;

2) pateikę teismo išduotą leidimą, įeiti ir atlikti patikrinimą ūkio subjekto naudojamose patalpose, teritorijoje ir transporto priemonėse, peržiūrėti tyrimui reikalingus ūkio subjekto dokumentus, gauti jų kopijas ir išrašus, kompiuteriuose ir magnetinėse laikmenose esančią informaciją;

3) gauti žodinius ir rašytinius paaiškinimus iš asmenų, susijusių su tikrinamų ūkio subjektų veikla, reikalauti, kad jie atvyktų duoti paaiškinimus į tyrimą atliekančio įgalioto pareigūno tarnybines patalpas;

4) gauti duomenis ir dokumentus arba jų nuorašus apie tikrinamo ūkio subjekto ūkines operacijas iš kitų ūkio subjektų, neatsižvelgiant į jų pavaldumą, taip pat iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir asmenų;

5) patikrinti ūkio subjekto ūkinę veiklą (atlikti reviziją), pagal tikrinimo medžiagą iš ekspertizės įstaigų gauti išvadas, atlikti išsamų ūkio subjekto sąnaudų ir (arba) pajamų apskaitos sistemos (sistemų) patikrinimą;

6) laikinai .- iki 30 dienų .- paimti dokumentus ir daiktus, kurie būtini ar turi įrodomosios reikšmės tiriant pažeidimą, palikdami motyvuotą sprendimą dėl dokumentų ir (arba) daiktų poėmio bei paimtų dokumentų ir (arba) daiktų apyrašą; išreikalauti nurodytų dokumentų kopijas;

7) tyrimui pasitelkti specialistų ir ekspertų;

8) laikydamiesi įstatymų nustatytos tvarkos, tyrimo metu naudoti technines priemones;

9) patikrinti aparatūrą ir (arba) įrenginius, taip pat ir paimti aparatūrą ir (arba) įrenginius;

10) kitas šio ir kitų įstatymų nustatytas teises.”

 

56.- straipsnis. 74 straipsnio 1 dalies pakeitimas

74 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „sprendimų, priimtų išsprendus ginčą” įrašyti žodžius „įpareigojimų, nustatytų pagal šio Įstatymo 22 straipsnio 6 dalį” ir šia dalį išdėstyti taip:

„1. Ūkio subjektui, kuris nesilaiko vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygas nustatančių teisės aktų ar elektroninių ryšių išteklių naudojimo sąlygų, įskaitant vartotojų, paslaugų gavėjų teisių arba nevykdo įpareigojimų, nustatytų kaip ūkio subjektui, turinčiam didelę įtaką atitinkamoje rinkoje arba paskirtam teikti universaliąsias paslaugas, arba nevykdo Ryšių reguliavimo tarnybos įpareigojimų, nustatytų pagal šio Įstatymo 22 straipsnio 6 dalį, arba nesilaiko radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento arba elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento, Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę skirti baudą iki 3 procentų bendrųjų metinių pajamų iš veiklos, susijusios su elektroniniais ryšiais, o jei tokios veiklos mastą apskaičiuoti sunku arba neįmanoma, .- iki 300 000 litų.”

 

57.- straipsnis. 75 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir papildymas

Pakeisti 75 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Ekonominės sankcijos skyrimo procedūra, kai yra šio Įstatymo 72 straipsnio 2, 3, 4 ar 5 dalyse nurodyti pagrindai, inicijuojama Ryšių reguliavimo tarnybos pareigūno teikimu. Teikime išdėstomos šio Įstatymo pažeidimo aplinkybės ir nurodoma siūloma ekonominė sankcija. Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, gavę Ryšių reguliavimo tarnybos pareigūno tarnybinį pranešimą, surengia posėdį dėl ekonominės sankcijos skyrimo. Apie posėdį informuojamas ūkio subjektas, kuriam ketinama skirti sankciją. Ūkio subjektas, kuriam ketinama skirti sankciją, privalo pateikti visus įrodymus, patvirtinančius, kad nėra šio Įstatymo pažeidimo sudėties, lengvinančių aplinkybių ar kitus tinkamam ekonominės sankcijos skyrimui reikalingus įrodymus iki šio posėdžio pradžios.”

 

58.- straipsnis. 77 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 77 straipsnį nauja 2 dalimi:

„2. Ūkio subjektai, teikiantys elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas, vykdydami šio straipsnio 1 dalies nuostatas, turi patvirtinti prašymų ir (arba) paklausimų pateikti informaciją tvarkymo vidaus taisykles. Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pareikalavus, ūkio subjektai, teikiantys elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas, pateikia jai informaciją apie šias procedūras, gautų prašymų ir (arba) paklausimų skaičių, jų teisinį pagrindą ir pateiktus atsakymus.”

2. Buvusias 77 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis laikyti atitinkamai 3, 4 ir 5 dalimis.

3. Buvusią 77 straipsnio 5 dalį laikyti 6 dalimi, ją pakeisti ir išdėstyti taip:

„6. Ūkio subjektai, teikiantys elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas, apie savo tinkle ar savo ir kitų elektroninių ryšių operatorių sujungimo taškuose numatomus daryti pakeitimus, galinčius turėti įtakos įrangos, nurodytos šio straipsnio 1 ir (arba) 4 dalyse, veikimui ir pateikiamos informacijos kiekiui, privalo Vyriausybės įgaliotai institucijai .- operatyvinės veiklos subjektui .- ir Ryšių reguliavimo tarnybai pranešti, kai tik apie tai sužino.”

4. Buvusią 77 straipsnio 6 dalį laikyti 7 dalimi.

 

59.- straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 2 priedą ir jį išdėstyti taip:

 

                                                                                    „Lietuvos Respublikos

                                                                                    elektroninių ryšių įstatymo

                                                                                    2 priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1997 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimas 97/838/EB dėl Europos bendrijos pritarimo, kiek tai susiję su jos kompetencija, PPO derybų dėl pagrindinių telekomunikacijų paslaugų rezultatams (OL 2004 m.specialusis leidimas, 11 skyrius, 27 tomas, p. 69).

2. 1998 m. kovo 30 d. Europos Komisijos rekomendacija dėl principų, taikomų organizacijoms, atsakingoms už vartotojų ginču sprendimą ne teismo tvarka.

3. 1998 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/84/EB dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 3 tomas, p. 147).

4. 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 23 tomas, p. 254).

5. 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (OL 2004 m.specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 317).

6. 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų (Prieigos direktyva) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 323) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/140/EB (OL 2009 L 337, p. 37).

7. 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 337) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/140/EB (OL 2009 L 337, p. 37).

8. 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 349) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/140/EB (OL 2009 L 337, p. 37).

9. 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 367) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB (OL 2009 L 337, p. 11).

10. 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 514) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB (OL 2009 L 337, p. 11).

11. 2002 m. rugsėjo 16 d. Komisijos direktyva 2002/77/EB dėl konkurencijos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų rinkoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 8 skyrius, 2 tomas, p. 178).

12. 2003 m. liepos 25 d. Europos Komisijos rekomendacija dėl vietos nustatymo informacijos elektroninių ryšių tinkluose siekiant teikti vietos nustatymu pagrįstas pagalbos skambučių paslaugas tvarkymo.

13. 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/108/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo, panaikinanti Direktyvą 89/336/EEB (OL 2004 L 390, p. 24).

14. 2008 m. birželio 20 d. Europos Komisijos direktyva 2008/63/EB dėl konkurencijos telekomunikacijų galinių įrenginių rinkose (OL 2008 L 162, p. 20).”

 

60.- straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2011 m. rugpjūčio 1 d.

2. Procedūros, tarp jų rinkos tyrimas, ekonominių sankcijų skyrimas, elektroninių ryšių išteklių skyrimas (įskaitant konkursus, aukcionus), pradėtos iki šio įstatymo įsigaliojimo, baigiamos pagal teisės normas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo. Procedūros pabaiga laikomas Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo dėl jos rezultatų priėmimas, o jeigu pabaigus procedūrą išduodamas leidimas, .- atitinkamo leidimo išdavimas.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliotos institucijos ir Ryšių reguliavimo tarnyba iki 2011 m. rugpjūčio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

4. Asmenims iki šio įstatymo įsigaliojimo išduoti leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) galioja tiek, kiek jie neprieštarauja šiam įstatymui.

 

Skelbiu ši Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ  DALIA GRYBAUSKAITĖ

01Ene/14

REAL DECRETO NÚMERO 1369, DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1992M OIR EK QYE SE ANOKÑUA CIB CARÁCTER PROVISIONAL LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS TOPOGRAFÍAS DE LOS PRODUCTOS SEMICONDUCTORES A LAS PERSONAS ORIGINARIAS DE DETERMINADOS PAÍSES Y TERRITORIOS NO PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA.

La disposición final tercera de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores, publicada en el “Boletín Oficial del Estado” de 5 de mayo siguiente, autoriza al Gobierno para modificar el artículo 3.3, con el fin de ampliar el derecho a la protección de personas originarias de terceros países o territorios, que no pertenezcan a la Comunidad Económica Europea y que no se beneficien de la protección, cuando así se establezca por los órganos de las Comunidades Europeas.

El Real Decreto 855/1989, de 7 de julio, por el que se amplía la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores a las personas originarias de los países y territorios que figuran en su anexo, tenía carácter provisional y sus efectos se extendieron únicamente hasta el día 7 de noviembre de 1990.

Por su parte, el Consejo de las Comunidades Europeas ha adoptado la Decisión 90/511 de la CEE, de 9 de octubre de 1990, por la que se amplía la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores, con carácter provisional, a algunos países y territorios a fin de disponer del tiempo suficiente para fijar las condiciones de una protección mutua ilimitada.

Haciendo uso de la autorización al Gobierno prevista en la disposición final tercera, primer párrafo, de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, y teniendo en cuenta la Decisión 90/511/CEE adoptada por el Consejo de las Comunidades Europeas procede establecer la correspondiente norma nacional relativa a la ampliación de la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores a las personas originarias de los países y territorios que figuran en el anexo de la presente disposición.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Comercio y Turismo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de noviembre de 1992.

DISPONGO:

Artículo 1. Beneficiarios de la protección

1. Se beneficiarán de la protección prevista en la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores, las personas naturales que sean nacionales de un país o territorio que figure en el anexo de esta disposición o que tengan su residencia habitual en uno de dichos países o territorios.

2. Se beneficiarán igualmente de la misma protección las personas jurídicas de un país o territorio que figure en el citado anexo y que tengan un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en dicho país o territorio a condición de que las personas jurídicas de los Estados miembros de las Comunidades Europeas que tengan derecho a la protección, prevista en la Ley 11/1988, de 3 de mayo, se beneficien de la protección en el país o territorio de que se trate.

Artículo 2. Duración de la protección

1. La ampliación de protección jurídica de las personas naturales y jurídicas contempladas en el artículo 1 se extenderá desde el día 8 de noviembre de 1990 hasta el día 31 de diciembre de 1992.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cualquier derecho exclusivo adquirido en virtud del presente Real Decreto, seguirá surtiendo efectos durante la duración prevista en el artículo 7 de la Ley 11/1988, de 3 de mayo.

DISPOSICIÓN FINAL

Única

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”

Países y territorios:

Anguila

Bermudas

Dependencias de Santa Elena (Ascención, Tristán da Cunha)

Estados Unidos de América

Finlandia

Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur

Hong-Kong

Isla de Man

Islandia

Islas Anglonormandas

Islas Caiman

Islas Malvinas (Falkland)

Islas Vírgenes Británicas

Islas Turcas y Caicos

Liechtenstein

Montserrat

Noruega

Pitcairn

Sana Elena

Suiza

Territorio Británico del Océano Índico.

01Ene/14

Loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier. (JORF n°0293 du 18 décembre 2007)

LAssemblée nationale et le Sénat ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

 

Article 1

 

I. ― Avant le premier alinéa de l’article L. 124-3 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

” Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. ”

 

II. ― Le premier alinéa de l’article L. 211-1 du même code est ainsi modifié :

 

1° Les mots : ” terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, “ sont supprimés, et les mots : ” lesdits véhicules “ sont remplacés par les mots : ” celui-ci ” ;

 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

” Pour l’application du présent article, on entend par ” véhicule ” tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. ”

 

III. ― L’article L. 211-4 du même code est ainsi modifié :

 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

” Cette assurance ne peut être résiliée et sa prime ne peut être modifiée au motif d’un séjour du véhicule dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France pendant la durée du contrat. ” ;

 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

 

IV. ― Après l’article L. 211-4 du même code, il est inséré un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :

 

” Article L. 211-4-1.-Le véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement habituel en France :

 

” 1° Lorsqu’il porte une plaque d’immatriculation qui lui correspond et qui a été délivrée par les autorités françaises ;

 

” 2° Lorsque, bien que soumis à l’obligation d’immatriculation en France, il est dépourvu de plaque d’immatriculation ou porte une plaque qui ne lui correspond pas ou ne lui correspond plus et que l’accident survient sur le territoire français ;

 

” 3° Lorsqu’il n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation et que la personne qui en a la garde est domiciliée en France. ”

 

V. ― Dans la seconde phrase des articles L. 351-6-1 et L. 362-3 du même code, les mots : “, qui sont exclusives de toute opération d’assurance pour le compte de l’entreprise qu’il représente au titre de la gestion des sinistres, “ sont supprimés.

 

VI. ― L’article L. 421-1 du même code est ainsi rédigé :

 

” Article L. 421-1.-I. ― Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.

 

” 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :

 

” a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;

 

” b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance ;

 

” c) Lorsque l’assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre.

 

” 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat :

 

” a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;

 

” b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance ;

 

” c) Lorsque l’assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre.

 

” Dans le cas d’un accident impliquant un véhicule expédié d’un Etat membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l’acceptation de la livraison du véhicule par l’acheteur, le fonds de garantie est tenu d’intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l’Etat membre sur le territoire duquel survient l’accident.

 

” Lorsqu’il intervient au titre du c des 1 et 2 pour prendre en charge, pour le compte de l’entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l’article L. 211-1, le fonds de garantie ne peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu’il a versées.

 

” II. ― Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.

 

” 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :

 

” a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée ;

 

” b) Lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n’est pas assuré.

 

” 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat :

 

” a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n’est pas assurée ;

 

” b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;

 

” c) Lorsque le propriétaire de l’animal responsable du dommage n’est pas assuré ;

 

” d) Lorsque l’animal responsable du dommage est identifié mais n’a pas de propriétaire ;

 

” e) Lorsque l’animal responsable du dommage n’est pas identifié, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne.

 

” III. ― Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.

 

” Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.

 

” IV. ― Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, à compter de l’exercice 2003, les majorations de rentes prévues à  l´article 1er de la loi nº 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et portant diverses dispositions d’ordre civil et à l´article 1er de la loi nº 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l’exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers.

 

” V. ― Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d’Etat, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir l’absence d’assurance de responsabilité civile automobile.

 

” VI. ― Le fonds de garantie est l’organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7. “ 

 

Article 2

 

Dans la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 421-9-4 du code des assurances, les mots : ” septième alinéa “ sont remplacés par les mots : ” premier alinéa du III “. 

 

Article 3

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2005, relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE et pour moderniser le cadre juridique applicable aux fonds communs de créances et notamment élargir leur objet à la titrisation des risques d’assurance, en veillant à une information transparente et sincère des investisseurs.

 

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance. 

 

Article 4

 

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 6 ainsi rétablie :  

 

” Section 6.- ” Dispositions particulières aux prestations ditinérance intranationale  

 

” Article L. 34-10.-Tout opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la France métropolitaine, dun département doutre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et accueillant sur son réseau le client dun opérateur de radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respecte les dispositions tarifaires de larticle 3 du règlement (CE) nº 717 / 2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant litinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à lintérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002 / 21 / CE dans sa rédaction applicable à la date dentrée en vigueur de la loi nº 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier, pour la rémunération de la prestation fournie au titre des communications téléphoniques.

 

” Les tarifs des appels téléphoniques reçus ou émis à destination du territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par un client d’un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la France métropolitaine, d’un département d’outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon accueilli sur le réseau d’un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respectent les dispositions tarifaires de l’article 4 du règlement (CE) nº 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, précité dans sa rédaction applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi nº 2007-1774 du 17 décembre 2007 précitée.

 

” Le présent article cesse d’être applicable le 1er juillet 2010. “ 

 

Article 5

 

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 

1° Dans le 3° de l’article L. 36-7, après les mots : ” du présent code “, sont insérés les mots : “, du règlement (CE) nº 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE” ;

 

2° Dans la première phrase du 1° de l’article L. 36-11, après les mots : ” pris pour son application “, sont insérés les mots : ” ou du règlement (CE) nº 717/ 2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE “. 

 

Article 6

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition, en veillant notamment, en concertation avec les professionnels, à justifier très précisément toute levée des options en matière de libre prestation de service.

 

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la publication de cette ordonnance. 

 

Article 7

 

I. ― La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

 

1° Lintitulé : ” Sous-section 1.-  Définition “ est supprimé;

 

2° La sous-section 2 est abrogée.

 

II. Le chapitre Ier du titre II du livre II du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :  

 

” Section 8.- ” Dispositions communes aux produits dépargne générale à régime fiscal spécifique  

 

” Article L. 221-35.-Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit ou institution énumérée à larticle L. 518-1 douvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant dune aide publique, notamment sous forme dexonération fiscale, en particulier les produits dépargne générale à régime fiscal spécifique définis au présent chapitre, de verser sur ces comptes des rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de léconomie, ou daccepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.

 

” Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la Commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies dune amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 EUR.

 

” Un décret fixe les modalités dapplication du présent article, notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions. “ 

 

Article 8

 

I. Les articles L. 351-2 et L. 351-3 du code monétaire et financier sont abrogés.

 

II. Après larticle L. 221-34 du même code, sont insérés un article L. 221-36 et un article L. 221-37 ainsi rédigés :

 

” Article  L. 221-36. – Les infractions aux dispositions de l’article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre :

 

” ― par les comptables du Trésor ;

 

” ― par les agents des administrations financières.

 

” Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l’économie.

 

” Article  L. 221-37. – En ce qui concerne les établissements de crédit, les infractions aux dispositions de l’article L. 221-35 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l’article L. 221-36 par les inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet et par le gouverneur de la Banque de France. “ 

 

Article 9

 

Sont ratifiées les ordonnances suivantes :

 

1º Ordonnance nº 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation comptable ;

 

2º Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés dinstruments financiers ;

 

3º Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 relative aux établissements de crédit, aux entreprises dinvestissement et aux sociétés de crédit foncier. 

 

Article 10

 

I. Dans le premier alinéa du I de larticle L. 233-7 du code de commerce, après les mots : ” marché réglementé “, sont insérés les mots : ” dun Etat partie à laccord sur lEspace économique européen “.

 

II. ― La première phrase du II de l’article L. 233-8 du même code est ainsi modifiée :

 

1° Après les mots : ” Les sociétés “, sont insérés les mots : ” mentionnées au I de l’article L. 233-7 ” ;

 

2° Après les mots : ” marché réglementé “, sont insérés les mots : ” d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen “.

 

III. ― Dans la première phrase de l’article L. 233-13 du même code, après les mots : ” des deux tiers “, sont insérés les mots : ” , des dix-huit vingtièmes “.

 

IV. ― Dans le premier alinéa de l’article L. 233-14 du même code, après les mots : ” marché réglementé “, sont insérés les mots : ” d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen “.

 

V. ― L’article L. 451-1-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° Dans le premier alinéa, les références : ” L. 451-1-1 et L. 451-1-2 “ sont remplacées par les références : ” L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du présent code et aux articles L. 233-7 à L. 233-9 du code de commerce, “ et, après les mots : ” violation par l’émetteur “, sont insérés les mots : ” ou par la personne tenue à l’information mentionnée au I de l´article L. 233-7 du code de commerce” ;

 

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : ” l’émetteur ou les établissements financiers chargés du placement “ sont remplacés par les mots : ” l’émetteur, les établissements financiers chargés du placement ou la personne tenue à l’information mentionnée au I de l’article L. 233-7 du code de commerce “, et le mot : ” périodique “ est supprimé.

 

VI. ― La section 2 du chapitre Ier du titre V du livre IV du même code est complétée par un article L. 451-2-1 ainsi rédigé :

 

” Article  L. 451-2-1. – L’information mentionnée  au I de l´article L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de l’Espace économique européen et relève de la compétence de l’Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l’obligation prévue à l’article L. 451-1-1 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et VII de l’article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce. “ 

 

Article 11

 

Après le III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

 

” Article  III bis.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, la récusation d’un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de ce membre. “ 

 

Article 12

 

I. ― Après l’article L. 111-6 du code des assurances, il est inséré un article L. 111-7 ainsi rédigé :

 

” Article  L. 111-7. – I. ― Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite.

 

” Les frais liés à la grossesse et à la maternité n’entraînent pas un traitement moins favorable des femmes en matière de primes et de prestations.

 

” Par dérogation au premier alinéa, le ministre chargé de l’économie peut autoriser par arrêté des différences de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation du risque d’assurance. Ces arrêtés sont pris conjointement avec le ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu’ils portent sur des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 310-1.

 

” II. ― Un arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les données mentionnées au troisième alinéa du I sont collectées ou répertoriées par les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 132-9-2 et les conditions dans lesquelles elles leur sont transmises. Ces données régulièrement mises à jour sont publiées dans des conditions fixées par cet arrêté et au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au troisième alinéa du I.

 

” Par dérogation au premier alinéa du présent II, les données mentionnées au dernier alinéa du I peuvent, s’agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de l’économie.

 

” III. ― Le présent article s’applique aux contrats d’assurance autres que ceux conclus dans les conditions prévues à l´article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux opérations mentionnées à l’article L. 322-2-2 du présent code qui en découlent directement. “

 

II. ― Le présent article est applicable aux contrats conclus et aux adhésions à des contrats d’assurance de groupe effectuées à compter du 21 décembre 2007. 

 

Article 13

 

I. ― L’article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

 

” Article  L. 141-1. – I. ― Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

 

” 1° Les sections 1, 2, 3, 8, 9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

 

” 2° Les sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

 

” 3° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

 

” 4° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;

 

” 5° Les sections 1, 3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

 

” 6° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

 

” 7° Le chapitre II du titre II du livre III.

 

” II. ― Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu’au I, à l’exception des pouvoirs d’enquête de l´article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

 

” 1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;

 

” 2° Les sections 5, 6 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

 

” 3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier et l’article R. 122-1 ;

 

” 4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;

 

” 5° Les chapitres III et VI du titre III du livre Ier ;

 

” 6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II.

 

” III. Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

 

” 1° Du titre III de la loi nº 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

 

” 2º De l´article 4 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986;

 

” 3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

 

“4º Du titre II de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

 

” IV. ― Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

 

” V. Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

 

” VI. Lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, sil y a lieu, à la juridiction administrative dordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression dune clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge dordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en œuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d’Etat. “

 

II. ― L’article L. 3351-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

 

” Article  L. 3351-8. – Les agents habilités de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veillent au respect de l’article L. 3323-2 ainsi que des règlements pris pour son application. Ils procèdent à la recherche et à la constatation des infractions ou manquements prévus par ces textes dans les conditions fixées par les I, IV, V et VI de l´article L. 141-1 du code de la consommation.” 

 

Article 14

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

 

 

Fait à Paris, le 17 décembre 2007. 

Par le Président de la République : Nicolas Sarkozy

Le Premier ministre, François Fillon 

La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, Christine Lagarde 

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, Xavier Bertrand 

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin 

01Ene/14

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA 25 FEBRERO 2000

Estimación parcial del recurso de suplicación planteado por la empresa demandada declarando la existencia de vulneración del derecho a la intimidad del demandante. La Sala, considera que el registro efectuado por la empresa en el ordenador del trabajador y la copia de sus ficheros personales sin estar él presente constituyen una violación de su derecho a la intimidad del trabajador, garantizada en el plano laboral por el art. 4,2 e) ET y con carácter general en el art. 10 CE.

Presidente: Francisco Javier Vela Torres

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por D. José sobre tutela libertad sindical siendo demandado el Instituto Municipal de la Vivienda y Ministerio Fiscal habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 1 de junio de 1999 en los términos que se recogen en su parte dispositiva.

SEGUNDO.- En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes:

1º).- El actor, D. José, mayor de edad y domiciliado en Torremolinos (Málaga), presta sus servicios laborales para el Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga con antigüedad de 1 de junio de 1983 y categoría profesional de Oficial de 2ª administrativo.

2º).- El actor ostentó el cargo de confianza de Jefe del Servicio Administrativo y Financiero de la entidad demandada desde el 28 de noviembre de 1988 hasta el 30 de abril de 1997, pasando el 1 de mayo de 1997 a desempeñar en comisión de servicios las funciones de Jefe del Departamento de Administración y Patrimonio, dependiente del Jefe del Servicio de Gestión y Administración del Patrimonio.

3º).-Mediante Acuerdo del Director-Gerente del Organismo demandado de fecha 24 de abril de 1998, el actor cesó en la misma fecha en la comisión de servicios antes mencionada, pasando a realizar las funciones propias de su Categoría profesional de origen. Este Acuerdo obra en autos (documentos número 32 del Ramo de prueba de la parte actora) y se da por reproducido.

4º).- El 11 de febrero de 1998 se presentó en el Instituto demandado un escrito del Sindicato Democrático de Trabajadores comunicando que se había decidido la creación de una Sección Sindical y nombrar Delegado Sindical al actor. El 16 de febrero de 1998 se presentó esta misma comunicación dirigida al CMAC. El 12 de febrero de 1998 el Instituto demandado dirigió al citado Sindicato una comunicación (con registro de salida de 17 de febrero de 1998) en la que se ponía en conocimiento del destinatario “que en base al artículo 29-1 del vigente Convenio Colectivo del I.M.V., ese Sindicato, no cumple las premisas mínimas necesarias para que legalmente puedan constituir una sección Sindical en este Centro, primero por no haber obtenido el 10% de los votos en las últimas elecciones sindicales del comité de Empresa; y en segundo lugar por no gozar de la condición de sindicato más representativo en el ámbito estatal o de Andalucía,. Como Consecuencia, tampoco puede ser aceptada la designación p ara ocupar el puesto de Delegado Sindical que Vds., refieren por cuanto no puede ser Delegado de una sección inexistente e inviable legalmente, con independencia de que dentro del uso de sus derechos fundamentales esté la afiliación al sindicato o sindicatos que le interese.” Los tres documentos de referencia (el parcialmente transcrito y las dos comunicaciones del Sindicato) obran en autos (documentos 23 a 25 del ramo de prueba de la parte actora) y se dan por reproducidos.

5º).- Se da igualmente por reproducida la Sentencia del Juzgado de lo Social número Dos de Málaga dictada el 10 de marzo de 1998 en los autos 685-7/97 con el número de sentencia 230/98, que adquirió firmeza (documento número 12 del ramo de prueba de la parte demandada).

6º).- Se da por reproducido el Informe emitido por el Organismo demandado el día 22 de Diciembre de 1998 (como resultado de diligencia para mejor proveer y obrante en autos). El actor carece de titulación superior (está en posesión de un título de grado medio). Dª Rosa es Arquitecta. D. Nicolás continúa siendo Jefe de Servicio. El actor percibió en 1996 la cantidad íntegra total de 7.968.119 ptas.; en 1997 la de 8.440.006 ptas., y en el primer trimestre de 1998 la de 1.834.834 ptas. Se dan también por reproducidos los Informes de la Comisión de seguimiento del Convenio Colectivo de fechas 2 de marzo y 19 de abril (aclaratorio del anterior) de 1999, aportados a los autos como resultado de diligencias para mejor proveer.

7º).- La demanda referente al Acuerdo de 24 de abril de 1998 fue presentada el 19 de mayo de 1998. La referente a diferencias salariales (previa presentación en este caso de reclamación previa el 19 de abril de 1998, que no fue objeto de contestación expresa) se presentó el 24 de junio de 1998. Para su íntegra constancia, se dan por reproducidas ambas demandas.

TERCERO.– Que contra dicha sentencia anunció Recurso de Suplicación la parte actora, recurso que formalizó, siendo impugnado de contrario. Recibidos los autos en este Tribunal se proveyó el pase de los mismos a ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Que contra la sentencia de instancia que desestima la demanda sobre tutela de derechos fundamentales promovida por el actor y absuelve a la empresa demandada, interpone recurso de suplicación el demandante formulando un primer motivo, al amparo de lo dispuesto en el apartado a) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, para solicitar la nulidad de actuaciones y la reposición de los autos al estado en que se encontraban en el momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión. Alega en primer lugar el recurrente la violación de lo preceptuado en los artículos 90 y 87-2 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24-1 de la Constitución. Aduce el trabajador que el Magistrado de instancia decidió unilateralmente suprimir parte de la prueba testifical propuesta por el mismo y admitida por el juez, sin que razonara dicha decisión.

Debe desestimarse esta primera causa de nulidad alegada, pues si bien es cierto que el artículo 90 de la Ley de Procedimiento Laboral señala que las partes podrán valerse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la ley, no lo es menos que el artículo 92-1 del texto procesal indica que cuando el número de testigos fuese excesivo y, a criterio del órgano judicial, sus manifestaciones pudieran constituir inútil reiteración del testimonio sobre hechos suficientemente esclarecidos, el Juez podrá limitarlos discrecionalmente. Pues bien, ello es justamente lo que ha ocurrido en el presente caso, pues la parte actora propuso la declaración de cinco testigos, recibiéndose declaración en el acto del juicio a tres de ellos y considerando el Magistrado de instancia que no era necesario recibir declaración a los otros dos, sin que esto pueda considerarse una infracción de normas de procedimiento causantes de indefensión a la parte, pues el Magistrado se limitó a utilizar una facultad discrecional que le concede la Ley, sin que esta determinación del Juez haya producido indefensión a la parte, dado el número de testigos que prestaron declaración, las manifestaciones similares que todos ellos realizaron y el hecho de que el recurrente no acredita que los testimonios desechados fueran esenciales para apoyar su pretensión y no una inútil reiteración de lo declarado por los otros testigos.

SEGUNDO.– Que con idéntico amparo procesal, se denuncia la infracción de lo preceptuado en el artículo 88 de la Ley de Procedimiento Laboral y en el artículo 340-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Alega el recurrente que el Magistrado acordó como diligencia para mejor proveer la práctica de la prueba de confesión judicial del organismo demandado, vulnerando con ello el principio dispositivo y el principio de igualdad de las partes en el proceso, pues se concedió una nueva posibilidad al demandado de hacer nuevas alegaciones una vez concluido el juicio. El artículo 88 de la Ley de Procedimiento Laboral establece que, terminado el juicio y dentro del plazo para dictar sentencia, el Juez o Tribunal podrá acordar la práctica de cuantas pruebas estime necesarias, para mejor proveer, con intervención de las partes; debiendo ponerse de manifiesto a las partes el resultado de las diligencias practicadas a fin de que las mismas puedan alegar por escrito cuanto estimen conveniente acerca de s u alcance o importancia. En el presente caso, el Magistrado acordó, como diligencia para mejor proveer, requerir a la representación del organismo demandado para que en el plazo de diez días emitiera informe en confesión judicial en torno al tratamiento indiciariamente acreditado como desigual en materia de abono de diferencias consecuente al nuevo Convenio Colectivo, emitiéndose dicho informe por el Director Gerente del Instituto Municipal de la Vivienda y efectuando las partes alegaciones sobre el contenido del mismo. La Sala considera que la práctica de dicha prueba como diligencia para mejor proveer no ha infringido ningún precepto procesal, ni ha causado la indefensión del actor, pues el Magistrado de Instancia se limitó a utilizar una facultad discrecional que le concede la Ley para solventar sus propias dudas sobre el material probatorio ya aportado o confirmar o desmentir algún extremo importante de éste. A mayor abundamiento, la parte recurrente no formuló protesta alguna contra la práctica de dicha prueba como diligencia para mejor proveer, ni en el momento en que la misma fue acordada por el Magistrado, ni posteriormente cuando efectuó alegaciones sobre el resultado de la misma, faltando por tanto un requisito esencial para que pueda prosperar la nulidad de actuaciones pretendida.

TERCERO.– Que igualmente al amparo de lo dispuesto en el apartado a) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, se denuncia la violación de lo preceptuado en el artículo 88 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con el principio dispositivo y el de igualdad de las partes en el proceso, que infringió la tutela judicial efectiva garantizada por el artículo 24 de la Constitución y que produjo la indefensión a la parte. Aduce la parte recurrente que las posteriores diligencias para mejor proveer acordadas por el Magistrado de instancia con fecha 15 de enero de 1999 y 25 de marzo de 1999, por las que se efectuaban sendos requerimientos a la comisión de seguimiento del Convenio Colectivo para que expresase su opinión acerca del supuesto trato desigual dispensado al actor en materia de retribuciones, infringieron el principio de igualdad de las partes en el proceso y causaron la indefensión del actor. Debe desestimarse igualmente este motivo de nulidad básicamente por las mismas razones a las que ya aludíamos en el fundamento jurídico anterior, siendo de resaltar que aquí tampoco el recurrente formuló protesta contra la decisión del Magistrado que acordaba la práctica de dichas diligencias para mejor proveer, lo que por sí mismo es suficiente para desestimar el motivo de nulidad, pues lo que no resulta admisible es que la parte muestre su tácita conformidad con la realización de dichas diligencias y posteriormente, cuando el resultado de las mismas considera que no le ha sido favorable, alegar que ello le ha producido indefensión.

CUARTO.– Que al amparo de lo dispuesto en el apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, se formula el siguiente motivo de recurso para solicitar la revisión de los hechos probados de la sentencia recurrida, pretendiendo las siguientes modificaciones fácticas:

A) Modificación del hecho probado primero para hacer constar que la actual categoría profesional del actor es la de Jefe de Negociado/Jefe de Departamento;

B) Redacción alternativa del hecho probado segundo, el cual quedaría del siguiente tenor literal: “El actor fue designado con fecha 28 de noviembre de 1988 como Jefe del Servicio Administrativo y Financiero del Patronato Municipal de la Vivienda y de los Servicios Sociales, tras superar la correspondiente selección realizada por un Tribunal seleccionador constituido a fin de cubrir dicha plaza. Con fecha 1 de mayo de 1997 fue cesado como Jefe de dicho Servicio, pasando a desempeñar, en comisión de servicios, las funciones de Jefe del Departamento de Administración y Patrimonio del Instituto demandado. Cuando fue cesado, pasó a reconocérsele la categoría profesional de Jefe de Negociado/Jefe de Departamento”;

C) Supresión del hecho probado sexto;

D) Adición de un hecho probado nuevo del siguiente tenor: “El día 22 de junio de 1998, y sin la presencia del actor, se procedió a la inspección de la terminal de ordenador que usaba el actor en la empresa, procediéndose a copiar dos carpetas existentes en el mismo denominadas “Mis documentos” y “Pepote”. Uno de los miembros del Comité de Empresa presentes en dicha Inspección Registro, preguntó acerca de la legalidad de dicha actuación sin que estuviera presente el usuario del ordenador (el actor), sin que obtuviera respuesta alguna a su pregunta”;

E) Adición de un hecho probado para hacer constar que “El actor está adscrito a “Partido Político I.” – Convocatoria por Andalucía en la localidad de Torremolinos y afiliado al Sindicato Democrático de Trabajadores, siendo designado por dicho sindicato como Delegado Sindical en la empresa demandada desde el 8 de febrero de 1998″;

F) Adición de un hecho probado nuevo del siguiente tenor: “En una reunión de la comisión negociadora del Convenio Colectivo de la empresa demandada, celebrada el día 23 de mayo de 1997, al efecto de concretar el importe de los atrasos a percibir para los trabajadores afectados, uno de los representantes de la empresa (D. Ángel) planteó no abonarle al actor los atrasos que le correspondía percibir como Jefe de Servicio desde Enero de 1996 al 1 de mayo de 1997 (fecha del cese como Jefe de Servicio). El actor fue el único de los Jefes de Servicio que no percibió dichos atrasos. La suma que debía percibir por tal concepto era de 1.205.514 pesetas desde el 1 de enero de 1996 al 30 de abril de 1997 y 876.640 pesetas desde el 1 de mayo de 1997 al 30 de marzo de 1998”;

y G) Adición de un hecho probado nuevo para hacer constar que “Con fecha 15 de julio de 1997, fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga el Convenio Colectivo de la empresa Instituto Municipal de la Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, cuyo ámbito temporal surtía efectos desde el 1 de enero de 1996”.

Deben desestimarse las modificaciones fácticas propuestas en los apartados A) y B), pues las mismas no encuentran debido apoyo en prueba documental que ponga de manifiesto de una manera directa e inequívoca, sin necesidad de hipótesis, conjeturas o razonamientos, el error del juzgador de instancia al afirmar que la categoría profesional del actor era la de oficial de segunda administrativo, si bien desde el 28 de noviembre de 1988 hasta el 30 de abril de 1997 ostentó el cargo de confianza de Jefe del Servicio Administrativo y Financiero de la entidad demandada, pasando el 1 de mayo de 1997 a desempeñar en comisión de servicios las funciones de Jefe del Departamento de Administración y Patrimonio, por lo que la categoría de Jefe de Negociado/Jefe de Departamento sólo la ha tenido en régimen de comisión de servicios. Asimismo, debe desestimarse la supresión fáctica postulada en el apartado C), pues no es cierto que el hecho probado sexto de la sentencia de instancia contenga conceptos jurídicos predeterminantes del fallo, pues se limita a señalar la titulación ostentada por el actor y por los otros trabajadores que se encontraban como Jefe de Departamento en comisión de servicios, así como a reflejar las retribuciones percibidas por el actor durante los años 1996, 1997 y el primer semestre de 1998. Igualmente deben rechazarse las adiciones fácticas propuestas en los apartados E) y F), pues la del apartado E) se refiere a extremos ya recogidos en la sentencia recurrida, ya que en el hecho probado cuarto de la sentencia de instancia se reconoce la pertenencia del actor al Sindicato Democrático de Trabajadores y se relatan las incidencias habidas en su nombramiento como Delegado Sindical, y en cuanto a la del apartado F) la misma no se base en prueba documental hábil a estos efectos revisorios, dado que no puede atribuirse tal carácter a la demanda del actor y el supuesto documento obrante al folio 168 de los autos en realidad tiene el carácter de prueba testifical documentada por escrito, pues se trata de unas manifestaciones de un tercero acerca del conocimiento que tiene sobre unos determinados hechos, tercero que además declaró como testigo en el acto del juicio. Por contra, ningún inconveniente hay en aceptar las adiciones solicitadas en los apartados D) y G), pues las mismas si tienen respaldo en la prueba documental obrante en los autos, concretamente en el acta de inspección de las tres terminales de ordenador situadas en el centro de trabajo del organismo demandado (folios 313 y 314) y en el Convenio Colectivo de la empresa demandada (folios 297 a 305).

QUINTO.– Que al amparo de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, se denuncia la infracción por interpretación errónea del artículo 59-2 del Estatuto de los Trabajadores. Alega el recurrente que no puede considerarse que las cantidades reclamadas correspondientes al período de 1 de enero de 1996 al 30 de marzo de 1997 se encuentren prescritas, pues dichas cantidades sólo pudieron reclamarse desde la publicación del nuevo Convenio Colectivo de la empresa demandada, la cual se produjo el 15 de julio de 1997, si bien con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 1996. La Sala considera que efectivamente en el presente caso no cabe hablar de prescripción si las cantidades reclamadas fueran consecuencia de los incrementos salariales establecidos en el nuevo Convenio con efectos económicos desde el 1 de enero de 1996. Ahora bien, dichos incrementos, consistentes básicamente en un aumento del 3'5% en la cuantía de las retribuciones, ya han sido abonados al actor, como se desprende claramente del informe de la Comisión de seguimiento del Convenio Colectivo obrante en autos y aparece reflejado en el ordinal sexto del relato de hechos probados de la sentencia recurrida. En cuanto a las diferencias salariales que se hayan podido generar por otros conceptos, nos está vedado el estudio de dicha cuestión por no haber sido planteada en el recurso, siendo especialmente significativo que el recurrente en ningún momento denuncie como infringido el artículo 16-5 del Convenio Colectivo, precepto en el que al parecer basaba su reclamación de diferencias salariales, por lo que, dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación, la Sala no puede entrar a analizar la posible existencia de unas diferencias salariales que estarían generadas por un precepto Convencional al que no se hace la menos mención en el escrito de formalización del recurso, pues el Tribunal Superior sólo puede examinar aquellas cuestiones que expresamente le sean planteadas en esa fase procesal de recurso.

SEXTO.- Que con idéntico amparo procesal, se denuncia la infracción del artículo 34 del Convenio Colectivo del Instituto Municipal de la Vivienda. Aduce el recurrente que el cese del actor en su puesto de trabajo como Jefe de departamento debe considerarse como discriminatorio y motivado por la militancia sindical del demandante. De lo actuado se desprende que el actor, que ostenta la categoría profesional de oficial de segunda administrativo, desde el 28 de noviembre de 1988 hasta el 30 de abril de 1997 desempeñó el cargo de confianza de Jefe del Servicio Administrativo y Financiero de la entidad demandada, pasando el 1 de mayo de 1997 a ocupar en comisión de servicios las funciones de Jefe del Departamento de Administración y Patrimonio, cesando en la comisión de servicios antes mencionada el 24 de abril de 1998, pasando a desempeñar a partir de dicha fecha las funciones propias de su categoría profesional de origen.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Diciembre de 1987 señala que quien invoca la discriminación debe ofrecer un indicio racional fáctico que le sirva de apoyo y la Sentencia de 29 de Julio de 1988 insiste en que la inversión de la carga de la prueba no surge ante la mera invocación del tratamiento discriminatorio, sino que es necesario que se acredite la presencia de circunstancias que constituyan indicios racionales de que está en juego el factor que determina la igualdad y es a partir de la constatación de tales circunstancias cuando el empresario deberá destruir la presunción probando que existe causa justificada suficiente (Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de Marzo de 1984). La jurisprudencia del Tribunal Supremo destaca, pues, la necesidad de que quien afirma la discriminación acredite la existencia de un panorama o de un clima propicio a la conducta discriminatoria que haga verosímil su imputación, de tal manera que para imponer al empresario la carga probatoria no basta afirmar la existencia de discriminación o de la vulneración del derecho fundamental sino que es preciso acreditar unos hechos de los que resulte una presunción o apariencia de discriminación, correspondiendo entonces al empresario alcanzar resultado probatorio de la existencia de un motivo razonable y objetivo que destruya esa apariencia o presunción. Precisamente así lo ha entendido el Legislador al señalar en el artículo 179-2 de la Ley de Procedimiento Laboral que en el acto del juicio, una vez constatada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación de la libertad sindical, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Pues bien, en el presente caso no existe el menor indicio de que el cese del actor el 24 de abril de 1998 como Jefe de Departamento fuese discriminatorio y motivado por la militancia del mismo en el Sindicato Democrático de Trabajadores, por lo que no se produce la inversión de la carga de la prueba y la empresa demandada no está obligada a acreditar la ausencia de móviles discriminatorios. Efectivamente, la Sala considera que el cese del actor como jefe de servicio, ocurrido el 30 de abril de 1997, ya fue objeto de un pronunciamiento judicial anterior, pues por sentencia firme del Juzgado de lo Social número dos de Málaga de fecha 10 de marzo de 1998 se declaró dicho cese como correcto y ajustado a Derecho, por considerar que las Jefaturas de Servicio eran puestos de libre designación y no una categoría profesional, pronunciamiento que constituye cosa juzgada y que, por tanto, no puede ser objeto de revisión y análisis en el presente recurso. En cuanto, al posterior cese, ocurrido el 24 de abril de 1998, en virtud del cual el actor dejaba de realizar las funciones de Jefe de Departamento, la Sala considera que también es correcto y ajustado a Derecho, pues el demandante venía realizando las tareas de Jefe de Departamento en comisión de servicios, la cual por su propia naturaleza tiene carácter temporal, pues el artículo 36 del Convenio Colectivo de la empresa demandada señala que mientras se produce el proceso de provisión de puestos de trabajo, se podrán realizar por el Instituto Municipal de la Vivienda nombramientos en comisión de servicio, los cuales tendrán una duración máxima de doce meses, puesto que en dicho plazo se deberá proceder a cubrir el puesto mediante el sistema de provisión que corresponda, sin que la comisión de servicio pueda tenerse en cuenta como mérito al acceso al puesto de trabajo. Por lo tanto, el cese del actor en la comisión de servicios no fue sino una consecuencia de lo dispuesto en el artículo 36 del Convenio, sin que exista el menor indicio de la discriminación alegada.

SÉPTIMO.– Que finalmente se denuncia por el recurrente la infracción de lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución y en los artículos 4-2 e) y 18 del Estatuto de los Trabajadores. Considera el recurrente que el registro efectuado por la empresa en su ordenador sin estar presente el mismo y la copia de sus ficheros personales constituye una violación de su derecho a la intimidad. De lo actuado se desprende que con fecha 22 de junio de 1998 se procedió por parte de la empresa a la inspección de tres terminales de ordenador, la del actor y la de otros dos trabajadores, encontrándose presentes varios miembros del Comité de Empresa, copiándose de la terminal de ordenador del actor, el cual se encontraba ausente en dicho momento, la carpeta denominada “mis documentos” en un disco, y la carpeta denominada “Pepote” en dos discos más. El artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, precepto al amparo del cual la empresa realizó el registro informático, autoriza la realización de registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares, cuando sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la empresa, dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo; debiéndose en su realización respetar al máximo la dignidad e intimidad del trabajador y debiéndose contar con la presencia de algún representante legal de los trabajadores. Por lo tanto, dicho precepto autoriza el registro en la terminal de ordenador que utiliza el trabajador, pues el ordenador a estos efectos puede asimilarse a la taquilla, ya que no podemos olvidar que dicho ordenador es un instrumento de trabajo propiedad de la empresa y que no debe ser utilizado para otros fines distintos y diferentes que la realización de la actividad laboral, por lo que no cabe hablar de documentos personales incorporados al mismo. Ahora bien, esta posibilidad de efectuar registros en las terminales de ordenador de los trabajadores no es un derecho absoluto e incondicionado de la empresa, pues el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, precepto al amparo del cual la demandada efectuó el registro, lo condiciona a que ello sea necesario para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la empresa, cosa que la demandada ni siquiera ha alegado en el supuesto de autos, pues de un somero examen del acta de registro se desprende que la empresa ni siquiera adujo causa o motivo alguno para la realización del registro en cuestión. Por ello, consideramos que dicho registro violó el derecho a la intimidad del trabajador, garantizada en el plano estrictamente laboral por el artículo 4-2 e) del Estatuto de los Trabajadores y con carácter general en el artículo 10 de la constitución. Todo lo anterior, nos lleva a estimar en parte el recurso de suplicación interpuesto para declarar que se ha producido una lesión del derecho de intimidad del demandante, condenando a la empresa demandada a estar y pasar por dicha declaración, debiendo estimarse en este punto concreto el recurso.

OCTAVO.– Que por lo que se refiere a la indemnización solicitada, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en sentencia de 9 de junio de 1993, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, ha declarado que en el proceso de tutela de la libertad sindical, una vez acreditada la vulneración del derecho fundamental, se presume la existencia del daño y debe decretarse la indemnización correspondiente, sin necesidad de que el sujeto que haya sido víctima de la lesión pruebe que se le ha producido un perjuicio. La Sala entendía que esa interpretación era la adecuada, pues así se desprende del artículo 15 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical que establece con carácter imperativo que el órgano judicial decretará el cese inmediato del comportamiento antisindical, así como la reparación de sus consecuencias ilícitas, si entendiese probada la violación del derecho fundamental, criterio que se refuerza con el mandato del artículo 180-1 de la Ley de Procedimiento Laboral de re parar, en tal caso, las consecuencias derivadas del acto, incluida la indemnización que proceda. Ahora bien, la anterior doctrina -presunción del daño moral resarcible con motivo de la violación del derecho fundamental- no significa que la parte quede exonerada automáticamente del deber de alegar en su demanda los indicios o fundamentos que permitan apoyar su concreta pretensión indemnizatoria, justificando suficientemente que la compensación exigida procede en el específico supuesto de hecho, por ser razonable y proporcionada al perjuicio sufrido, atendidas las circunstancias caso y la gravedad de la lesión sufrida (en ese sentido, sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1997 y 2 de febrero de 1998, dictadas en recursos de casación para la unificación de doctrina).

En el presente caso, la Sala considera que la indemnización que debe fijarse en favor del actor debe alcanzar la suma de cincuenta mil pesetas, pues, aunque resulta incuestionable que la vulneración del derecho de intimidad ha producido un perjuicio al demandante, dicho perjuicio debe cuantificarse en la suma antes indicada, ponderando las circunstancias concurrentes en el caso, la naturaleza de la lesión, la ausencia de perjuicios materiales acreditados, el período de tiempo que ha durado la vulneración del derecho fundamental y la falta de prueba del demandante de los indicios o elementos que sustenten la cuantía concreta de la indemnización reclamada.

F A L L O

Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por D. José contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número tres de Málaga con fecha 1 de junio de 1999, en autos sobre tutela de derechos fundamentales seguidos a instancias de dicho demandante contra el Instituto Municipal de la Vivienda, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal, revocando la sentencia recurrida para declarar que se ha producido una lesión del derecho a la intimidad del demandante, condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración y a abonar al acto una indemnización de cincuenta mil pesetas (50.000 ptas.) por los perjuicios ocasionados, absolviendo a la empresa demandada del resto de los pronunciamientos instados en su contra en el presente procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo, el que deberá prepararse en el plazo de los diez días siguientes a la notificación de este fallo.

Adviértase a la parte demandada que en caso de recurrir habrá de efectuar las siguientes consignaciones:

– La suma de 50.000 pesetas en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de la Sala 4ª del Tribunal Supremo en Madrid.

– La cantidad objeto de la condena, si no estuviera consignada con anterioridad en la c/c número 2928 del Banco de Bilbao Vizcaya a nombre de esta Sala de lo Social con el título cuenta de depósitos y consignaciones, al tiempo de prepararse el recurso, pudiendo sustituirse esta última consignación por aval bancario en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Líbrese certificación de la presente sentencia para el rollo a archivar en este Tribunal incorporándose el original al correspondiente libro.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Antonio Navas Galisteo.- Luis Jacinto Maqueda Abreu.- Francisco Javier Vela Torres.

01Ene/14

Loi nº 93-12 modifiant la loi nº 24-96 relative à la poste et aux télécommunications

Dahir n° 1-13-57 du 8 chaabane 1434 (17 juin 2013) portant promulgation de la loi nº 93-12 modifiant la loi nº 24-96 relative à la poste et aux télécommunications

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l'on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur 1

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

 

 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi nº 93-12 modifiant la loi nº 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

 

Fait à Rabat, le 8 chaabane 1434 (17 juin 2013).

 

Pour contreseing :

 

Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

 

 

Loi nº 93-12 modifiant la loi nº 24-96 relative à la poste et aux télécommunications

 

Article 1

Sont abrogées les dispositions prévues par les tirets 6, 12 et 13 du 3ème alinéa de l'article 29 de la loi nº 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, promulguée par le dahir nº 1-97-162 du 2 rabii II 1418 (7 août 1997), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi nº 29-06, promulguée par le dahir nº 1-07-43 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007).

 

Article 2

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois courant à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

01Ene/14

Circular 1/1998, de 27 de enero del Banco de España, a entidades miembros del Sistema Nacional de Compensación Electrónica, Sistema Nacional de Intercambios Norma SNCE007, sobre Subsistema General de Efectos de Comercio. (B.O.E. nº 36 del 11 de febrero de 1998)

ENTIDADES MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA SISTEMA NACIONAL DE INTERCAMBIOS

Norma SNCE007

SUBSISTEMA GENERAL DE EFECTOS DE COMERCIO

Norma primera. Ámbito legal.

El presente Subsistema de Intercambios se integra en el Sistema Nacional de Compensación Electrónica (en adelante, SNCE), como un Subsistema de “ámbito general”, según definición de la norma tercera punto 2.1.1 de la Circular del Banco de España 8/1988 (Reglamento del SNCE).

Su funcionamiento se rige por lo dispuesto en el Real Decreto 1369/1987, de creación del SNCE, por la Orden de 29 de febrero de 1988, y por el Reglamento que lo desarrolla, así como por la presente Norma SNCE007 y sus instrucciones operativas correspondientes (en adelante, instrucciones), a cuyo cumplimiento se someten las entidades participantes, miembros del SNCE, que, con anterioridad a su incorporación al Subsistema, deberán, además, haber suscrito el “Convenio de intercambio de efectos de comercio” (en adelante, el Convenio).

Norma segunda. Objeto.

Este Subsistema tiene por objeto el tratamiento de los documentos que se enumeran en la norma tercera, mediante el intercambio de sus datos representativos, de acuerdo con las especificaciones contenidas en las instrucciones, la compensación de los importes correspondientes, el cuadre y, finalmente, el establecimiento de las posiciones respectivas resultantes que, posteriormente se comunican al Servicio de Liquidación del Banco de España, para la liquidación por éste del Subsistema, dentro ya del Sistema Nacional de Liquidación (en adelante SNL).

Norma tercera. Documentos.

1. Este Subsistema contempla el tratamiento de las letras de cambio, los recibos y los pagarés, entre los que se incluyen también los pagarés de c/c negociados, a los que se hará referencia en lo sucesivo como “documentos” o “efectos”, que cumplan los requisitos que se indican en la presente norma y los que se establezcan, en cada caso, en las instrucciones:

Satisfacer los requisitos establecidos en la legislación vigente.

Satisfacer los requisitos de normalización contenidos en los anejos correspondientes a las instrucciones.

Haber sido tomados, bien directamente a clientes cedentes, bien por aplicación de otras entidades por entidades participantes en el Subsistema, tanto en soporte papel como en soporte informático, si la naturaleza del documento lo permite.

Tener domiciliado su pago en cuentas abiertas en entidades participantes en cualquier plaza del territorio nacional, según lo dispuesto al efecto en las instrucciones, sin perjuicio de la tramitación de documentos no domiciliados a los efectos previstos en la norma cuarta.

A los efectos de su tramitación en el Subsistema se entenderá por pagarés de c/c negociados aquellos en los que la operación interbancaria subyacente suponga para la entidad tomadora bien su descuento o anticipo de fondos, bien la custodia y subsiguiente gestión de cobro.

2. Se excluyen del tratamiento en el Subsistema los documentos afectados por una o más de las excepciones que se detallan a continuación:

Los susceptibles de protesto notarial emitidos con anterioridad al 1 de enero de 1986.

Los de importe superior a 500.000 pesetas, cuando se trate de documentos a abonar y/o domiciliados en cuentas de no residentes.

Los efectos cuyo vencimiento sea anterior en más de noventa días naturales a la fecha de su compensación.

Los que no estén librados o emitidos en pesetas.

Norma cuarta. Tramitación de documentos no domiciliados.

En la forma establecida en las instrucciones, podrán tramitarse a través de este Subsistema documentos no domiciliados, previo pacto con la destinataria de los mismos a los efectos de la realización por parte de ésta de las gestiones necesarias para su domiciliación, como paso previo y necesario para su compensación en el Subsistema.

Norma quinta. Tratamiento de los documentos en el Subsistema.

Este Subsistema, como parte integrante que es del SNCE, tiene por objeto de intercambio no los propios documentos originales mencionados en las normas tercera y cuarta, sino los datos representativos de éstos especificados en las instrucciones, que se transmiten electrónicamente y basándose en los cuales se lleva a cabo la operativa del Subsistema.

No obstante lo que antecede, en el Subsistema se establece una separación entre documentos “truncables”, y “no truncables”, cuya diferencia fundamental, a los efectos de estas normas, consiste en la existencia de una operativa complementaria, a la que deben ser sometidos los documentos ano truncables,, que se tramitan en este Subsistema.

Se define como truncamiento la inmovilización física de los documentos por parte de la entidad tomadora.

En las instrucciones se detallan qué documentos de entre los definidos en la norma tercera, por sus caracteristicas, han de tener el tratamiento de documentos “no truncables, y la operativa a la que serán sometidos.

Norma sexta. Devoluciones.

Cuando, no obstante, realizar todas cuantas gestiones sean necesarias para conseguir el cobro del efecto tramitado a través de este Subsistema, ello no resulte posible, las entidades domiciliatarias o destinatarias realizarán la devolución del efecto también a través del Subsistema, en la forma y plazos establecidos en las instrucciones, en las que igualmente se especifican los motivos de devolución.

Norma séptima. Entidades participantes.

Las definiciones que precisan el cometido de las distintas entidades participantes en este Subsistema son las contenidas en el Reglamento del SNCE, normas duodécima y vigésima quinta, con la particularidad de que la entidad “originante”, se corresponde con la entidad tenedora de los documentos, y la entidad “destinataria” se identifica con la entidad domiciliataria, en el caso de los documentos previstos en la norma tercera, o, en el caso de los previstos en la norma cuarta, con la entidad encargada de realizar la gestión de domiciliación.

Norma octava. Condiciones generales de participación en el Subsistema.

Toda entidad miembro del SNCE que desee participar en este Subsistema enviará su solicitud al Banco de España, la cual se tramitará de conformidad con el procedimiento establecido en la normativa vigente, debiendo hacer constar en ella el compromiso expreso de la entidad de satisfacer las siguientes condiciones:

1. Cumplir lo establecido en el Reglamento del SNCE y en las normas e instrucciones de este Subsistema.

2. Haber suscrito el Convenio.

3. Pertenecer a los Organos de dirimir incidencias (DIRIBAN, INTERCAJAS, SERDI Y SERDIRRUR), según corresponda, a través de los cuales se resolverán las posibles incidencias conforme a las reglas fijadas en la norma vigésima tercera del Reglamento del SNCE.

4. Estar adherida al procedimiento de comunicación del fichero de oficinas de entidades de depósito.

5. Tener normalizados, de conformidad con lo especificado en las instrucciones operativas correspondientes, todos los documentos que, emitidos por ella misma o por sus clientes, debidamente autorizados por ella, sean susceptibles de tratamiento en el Subsistema.

6. Utilizar el Subsistema para presentar y recibir todos los documentos susceptibles de tratamiento en él, según lo establecido en las normas tercera y séptima de esta Circular, y en las instrucciones operativas, a partir de la fecha de su incorporación al Subsistema.

7. Realizar, en los casos en que sea necesario y según lo previsto en la norma vigésima sexta del Reglamento, la declaración equivalente al protesto utilizando el texto contenido en los modelos del anejo 1 de la presente Circular y de acuerdo con el procedimiento que se establezca en las instrucciones.

Además de las responsabilidades frente a terceros y de las que, según lo establecido en la norma del Reglamento indicada en el párrafo anterior, asumen las entidades participantes frente al Sistema Nacional por cualquier perjuicio que pudiera derivarse de la omisión de la declaración equivalente en tiempo y forma, será de aplicación el régimen de reparto de responsabilidades entre entidades establecido en el Convenio.

Norma novena. Fechas del Subsistema.

1. Fecha de intercambios (D).

Día hábil del Sistema Nacional de Intercambios (SNI) en el cual se llevan a cabo las sesiones de intercambios de datos entre entidades.

2. Fecha de compensación y reembolso.

Día hábil del SNI posterior a la fecha de intercambios, de acuerdo con los plazos que se regulan en las instrucciones.

3. Fecha de liquidación.

La misma de compensación y reembolso, si ésta es hábil en el SNL, o siguiente día hábil del SNL si no lo fuera.

Norma décima. Ciclos del Subsistema.

Este Subsistema tiene unos ciclos temporales específicos de presentación, devolución y reembolso, entendiéndose por ello el que los documentos intercambiados con fecha del día hábil (D), que pueden corresponder a más de una fecha de compensación y reembolso, son liquidados por el Servicio de Liquidación del Banco de España, y posteriormente reembolsados a través de éste, en la fecha de liquidación correspondiente.

Las particularidades propias de los referidos ciclos se desarrollarán en las instrucciones operativas de esta Norma SNCE007.

Norma undécima. Características del Subsistema.

Las normas de funcionamiento aplicables con las particularidades que, en su caso, se indican, serán las mismas dictadas en la Circular del Banco de España 11/1990, que a continuación se relacionan:

Operatividad.

Condiciones particulares de participación.

Procedimiento de incorporación.

Modificaciones en la participación.

Bajas de participación, con la particularidad de que el plazo de antelación con que las solicitudes de baja deberán ponerse en conocimiento del Banco de España será el que se especifica en las instrucciones, en las que asimismo se precisan los criterios con los que se determinarán las fechas del periodo de adaptación que se estime necesario.

Medios de comunicación para la transmisión de los datos representativos de los documentos y para el intercambio físico de los mismos.

Modalidad de transmisión.

Reembolso, con las particularidades, en cuanto a plazos, que se especifican en las instrucciones operativas.

Centro de proceso.

Procedimiento de excepción.

Procedimiento alternativo de transmisión.

Norma duodécima Garantía de la información intercambiada

La introducción en el Subsistema de los datos representativos del documento original se efectúa siempre por la entidad presentadora, que en todo momento garantiza y responde del cumplimiento de las normas de este Subsistema, y, en especial, de la fidelidad de los datos intercambiados, tanto por sus operaciones propias como solidariamente, por las de entidades a las que representa bien se hayan transcrito desde los propios documentes originales, bien hayan sido completados por las propias entidades, de acuerdo con los procedimientos de verificación y validación descritos en las instrucciones.

Norma decimotercera. Seguridad y protección de la información.

El funcionamiento de este Subsistema se fundamenta en la confianza mutua que se otorgan las entidades que en él participan, en cuanto a que conforme a los datos que se transmiten, representativos de los documentos se efectúa la gestión de cobro y/o los cargos corres pendientes en el domicilio de pago.

Para asegurar la inalterabilidad e inviolabilidad de los datos durante su transmisión, una vez esté garantizada, mediante su captura adecuada, la fiabilidad de dichos datos se aplicará a un procedimiento criptográfico a todo él conjunto de datos a transmitir, de conformidad con los métodos y procedimientos que se establecen en la Norma SNCE002 y en la forma que se dispone en las instrucciones.

Norma decimocuarta. Instrucciones operativas.

Las instrucciones operativas exigibles para un adecuado cumplimiento de las normas fijadas por esta Circular, así como sus sucesivas actualizaciones, las recibirán las entidades adheridas al Subsistema a través de la Unidad Administrativa del Banco de España responsable del SNCE.

Las instrucciones operativas complementan estas normas en los aspectos técnicos, operativos y de normalización necesarios y exigibles para un adecuado funcionamiento del Subsistema.

Norma decimoquinta. Liquidación del Subsistema.

La liquidación del Subsistema se efectuará de conformidad con las normas establecidas en la Circular del Banco de España número 13/1992 y en sus instrucciones técnicas y operativas complementarias.

Los totales operacionales, según se definen en las instrucciones operativas de esta Norma SNCE007, deberán comunicarse por las entidades asociadas a este Subsistema, de conformidad con las normas antes citadas y con las relativas a formatos de comunicación y horarios que oportunamente serán publicadas por la Unidad Administrativa del Banco de España responsable del SNCE, mediante instrucciones del SNCE.

Entrada en vigor La presente Circular entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

Madrid 27 de enero de 1998.El Gobernador, Luis Angel Roló Duque.

ANEJO 1 (Circular 1/1998)

Modelos de sello de declaración equivalente

A) Primer caso. Impago por importe total.

Conforme al Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, y a los efectos previstos en la Ley 19/1985 Cambiarla y del Cheque, la entidad tenedora abajo firmante, por cuenta y en nombre del Sistema Nacional de Compensación Electrónica, declara que, presentado a compensación este documento en tiempo hábil, ha sido denegado su pago por la entidad domiciliataria.

. , de de 19

(ENTIDAD TENEDORA) Por poder.

B) Segundo caso.Impago por importe parcial.

Conforme al Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, y a los efectos previstos en la Ley 19/1985 Cambiaria y del Cheque, la entidad tenedora abajo firmante, por cuenta y en nombre del Sistema Nacional de Compensación Electrónica, declara que, presentado a compensación este documento en tiempo hábil, ha sido denegado su pago, por importe …….., por la entidad domiciliataria.

. , de de 19

(ENTIDAD TENEDORA) Por poder.

01Ene/14

Resolución 2525/99 de la Secretaría de Comunicaciones de 21 de octubre de 1999, sobre la obligación establecida en el artículo 1 ° de la Resolución S.C. nº 18771/99, estableciendo que las obligaciones de asegurar la prestación de los diferentes servicios

VISTO la Ley nº 24848; los Decretos 1807/93, 292/95, 492/95, 1018/98 y 1520/98; las resoluciones S.C. nº 2288/98 y S.C. nº 18771/99; el expediente nº 12/98 del Registro de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION y el expediente nº 5081/99 del registro de la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES ; y

CONSIDERANDO:

Que el punto 7) de la declaración segunda del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento establece, como obligación del Estado Nacional, asegurar, a través de los respectivos organismos sectoriales responsables y los Entes Reguladores de servicios públicos privatizados, que las medidas impositivas a adoptarse en los niveles de gobierno nacional, provincial o municipal que puedan implicar directa o indirectamente, reducciones de costos o aumentos de los beneficios en las empresas prestadoras de servicios públicos y/o proveedoras de bienes y servicios en mercados no competitivos, resulten una completa transferencia de beneficios a los usuarios y consumidores;

Que los Decretos nº 292/95 y 492/95 establecieron rebajas en los aportes patronales, disponiendo, además, que las empresas que brindaran servicios públicos con precios regulados debían ser autorizadas previamente por el Ente Regulador correspondiente para acceder a los beneficios de dichas disminuciones.

Que por decreto 1520/98 se dispuso, en su artículo 1 ° la disminución de las contribuciones a cargo de los empleadores sobre la nómina de salarios con destino al Sistema Único de Seguridad Social, las que quedaron fijadas en las alícuotas que, para las distintas áreas y regiones que se categorizan en el Anexo I, se detallan en los Anexos I, II y IV, según fueren los distintos períodos alcanzados con el beneficio.

Que el mencionado Decreto estableció, además, que las nuevas alícuotas indicadas en los anexos II, III y IV, serían de aplicación para las remuneraciones que se devenguen a partir del 1 de abril, 1 de agosto y 1 de diciembre de 1999, respectivamente. Que, en ese contexto, resulta necesario precisar que las reducciones de costos derivadas de la aplicación del Decreto 1520/98 son susceptibles de ser a ser afectados al financiamiento de proyectos sociales de telecomunicaciones en tanto éstos signifiquen beneficios para los usuarios y consumidores.

Que en efecto, y tal como señala la Declaración Segunda, punto 7 del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, los entes reguladores de servicios públicos privatizados tienen el deber de asegurar que las medidas impositivas que se adopten en el ámbito Nacional, Provincial o Municipal que puedan implicar directa o indirectamente reducciones de costos o aumentos de los beneficios de las prestadoras resulten una completa transferencia de beneficios a los usuarios.

Que por medio de la presente se dispone la utilización de los fondos generados por las reducciones de aportes patronales establecidas en el Decreto 1520/98 para el financiamiento de los diferentes programas integrantes de la iniciativa presidencial “[email protected]” establecida por el Decreto 1018/98. Que puede mencionarse al Decreto nº 554/97 como antecedente directo de esta iniciativa, el que declaró como de Interés Nacional “el acceso de los habitantes de la República Argentina a la red mundial INTERNET, en condiciones sociales y geográficas equitativas, con tarifas razonables y con parámetros de calidad acordes a las modernas aplicaciones de la multimedia”.

Que, en esta misma línea de difusión de INTERNET como una verdadera política de estado, el Gobierno Nacional estableció, mediante Decreto 1279/97 que “el servicio de INTERNET se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión, correspondiéndole en tal sentido las mismas consideraciones que a los demás medios de comunicación social” ; y que esta disposición impide toda censura previa del gobierno sobre los contenidos presentes en la red, base fundamental para la ampliación y mejoramiento continuo de su oferta a los consumidores.

Que, posteriormente, el Decreto 1018/98 creó el programa [email protected], estableciendo los siguientes objetivos:
a) Promover el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en todo el país, procurando el acceso universal a la misma en condiciones de equidad geográfica y social; 
b) Estimular el desarrollo de redes nacionales y regionales sobre la base de la infraestructura de telecomunicaciones cuya implementación se propicia; 
c) Promover el acceso universal a INTERNET y a la tecnología de la información; y d) Promover en el ámbito nacional la constitución de CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) como medio para el cumplimiento de los objetivos del presente decreto.

Que la Autoridad de Aplicación de este impulso oficial a la difusión de INTERNET y de las tecnologías de la información es la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que en el mencionado Decreto nº 554/97, se encomienda a esta Secretaría a “desarrollar un plan estratégico para la expansión de INTERNET en la República Argentina; (a) analizar la incorporación de INTERNET dentro de los parámetros de análisis y las características definitorias del servicio universal; (b) analizar y proponer alternativas de política tarifaria a los efectos de estimular y diversificar la utilización de INTERNET; y (c) fomentar el uso de INTERNET como soporte de actividades educativas, culturales, informativas, recreativas y relativas a la provisión de servicios de salud”, mientras que en el Decreto 1018/98 la Secretaría es convocada a “planificar, dirigir y evaluar la ejecución” del programa [email protected].

Que la SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION es la responsable de planificar, dirigir y evaluar el Programa [email protected], conforme a lo dispuesto por el Artículo 2° de Decreto 1018/98 y que, en tal carácter, le fue encomendada la tarea de celebrar un convenio con la UIT mediante la disposición contenida en el Artículo 4° del Decreto mencionado.

Que, conforme a tal mandato, la Secretaría suscribió, el 18 de Septiembre de 1998, el “Acuerdo Administrativo de Cooperación Técnica nº 2/98 entre la Secretaría de Comunicaciones de la República Argentina y la UIT” con el propósito de “diseñar, desarrollar e implementar” el mencionado programa, registrándolo bajo Resolución S.C. nº 2288/98 y que, posteriormente, la UIT estableció el proyecto EQT-9/ARG/98/008 destinado a materializar la letra y el espíritu del Acuerdo Administrativo, actualmente en ejecución con singular éxito.

Que, en virtud de estos antecedentes, la aplicación del Decreto 1520/98 a los programas integrantes de [email protected] es una forma de dar cumplimiento a la finalidad del Pacto establecido en el Decreto 1807/93, esto es, promover el empleo, la producción y el crecimiento económico armónico del país y sus regiones.

Que puede concluirse que, de acuerdo a las características del sector de las telecomunicaciones, la completa transferencia de beneficios a los usuarios de los montos derivados de las reducciones de costos de las LSB originadas con motivo del dictado del Decreto 1520/98 se verifica en la aplicación de los montos de tales reducciones al programa [email protected], amén que tal transferencia implica una modalidad que contribuye en forma directa y concreta al cumplimiento del objeto del Pacto.

Que la modalidad establecida significa una medida relevante en orden a contribuir el desarrollo armónico del país y sus regiones puesto que, sin duda, la expansión homogénea de las comunicaciones telemáticas y las tecnologías de la información en el mundo actual, aparece como uno de los presupuestos indispensables para el desarrollo de un país y el incremento de las habilidades de su pueblo.

Que la Resolución S.C. nº 18771/99 estableció que los costos resultantes de la prestación de los diferentes servicios de comunicaciones inherentes a los programas de la iniciativa [email protected] serían asegurados por las LICENCIATARIAS DEL SERVICIO BASICO TELEFONICO (LSB) en función de la disminución de las contribuciones patronales establecidas por el Decreto 1520/98 o por los saldos “que resultaron de la aplicación de los Price Cap correspondientes al año 1997 y al año 1998”.

Que, asimismo, la mencionada Resolución estableció en su Anexo I los costos de provisión de servicios de telecomunicaciones para cada uno de los programas de [email protected].

ue, en función de la aplicación de esta normativa, esta Secretaría ha receptado una serie de inquietudes asociadas a cuestiones procedimentales y de interpretación que es conveniente aclarar.

Que de acuerdo con su Constitución, la UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT) tiene la responsabilidad, como Agencia Especializada del Sistema de Naciones Unidas y como Agencia Ejecutora, de la implementación de proyectos de cooperación técnica bajo el programa del PNUD y bajo otros medios de financiamiento.

Que es necesario señalar, asimismo, que las actividades de cooperación técnica desarrolladas por la UIT en cumplimiento de sus funciones de Agencia Ejecutora están en general orientadas a la ejecución de proyectos, los que tienen como meta lograr objetivos de desarrollo de las telecomunicaciones o de las comunidades beneficiarias de sistemas de telecomunicaciones, de manera que se contribuya al crecimiento económico, el desarrollo humano o el avance de las técnicas pedagógicas.

Que la ejecución de tales proyectos corren por cuenta del Sector de Desarrollo de la UIT, a través de su Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT/UIT).

Que los programas integrantes de la iniciativa [email protected] se encuentran plenamente comprendidos dentro de la misión y objetivos del BDT/UIT. Que por lo expuesto, es altamente recomendable que la UIT actúe como administrador de los fondos generados a través del sistema normativo de reducciones de Aportes Patronales, generado a través de los Decretos nº 1807/93, nº 292/95 y nº 1520/98, y que avalan esta decisión de la Secretaría los antecedentes de cooperación y asistencia técnica de la Unión con el gobierno argentino desde 1992.

Que los antecedentes antes mencionados, junto con la reconocida capacidad de gestión de la UIT de los proyectos de carácter social en todo el mundo, hacen de esta Agencia Especializada de las Naciones Unidas el fideicomisario adecuado para que los programas de [email protected] tengan viabilidad en el tiempo y logren modificar positivamente la vida de millones de argentinos en condiciones de desventaja económica o de desfavorable localización geográfica.

Que ha se ha expedido a este respecto el Director Ejecutivo del Programa [email protected].

Que, asimismo, la Dirección de Asuntos Legales de esta Secretaría ha tomado debida intervención. Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto nº 1620/96 y el Decreto nº 1018/98.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMUNICACIONES RESUELVE:

Artículo 1º.- Aclárase que la obligación establecida en el artículo 1 ° de la Resolución S.C. nº 18771/99, estableciendo que las obligaciones de asegurar la prestación de los diferentes servicios propios de los programas integrantes de la iniciativa presidencial [email protected] por parte de TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S . A. y TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., alcanzan únicamente a aquellas bonificaciones establecidas en el Anexo I de la referida resolución.

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 3 ° de la Resolución S.C. nº 18 771/99 por el siguiente: “Establécese que el costo que demanden los pagos de los servicios descriptos en el Anexo I para cada programa deberán ser imputados a las rebajas que las Licenciatarias del Servicio Básico Telefónico efectúen en función de la disminución de las contribuciones patronales establecidas por el Decreto nº 1520/98, en tanto y en cuanto dicha disminución siga siendo aplicable “.

Artículo 3º.- Modifícase el Anexo I de la Resolución S.C. nº 18.771/99, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 4º.- Establécese que para el pago de los costos descriptos en el Anexo I de la presente, correspondientes a los programas detallados en el Anexo I de la ya mencionada Resolución S.C. nº 18771/99, las Licenciatarias del Servicio Básico Telefónico (LSB) deberán girar los montos correspondientes a un fondo especial administrado por la UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT), hasta los límites del financiamiento anual disponible para los costos mencionados.

Artículo 5º.- Establécese que las LSB deberán abonar el costo de los servicios descriptos en el Anexo II de la presente, correspondiente a los programas descriptos en el Anexo I de la Resolución S.C. N| 18771/99, hasta los límites del financiamiento anual disponible para estos montos.

Artículo 6º.- Instrúyese a la Dirección ejecutiva del programa [email protected] a celebrar, dentro de los diez (10) días de publicada la presente, un Acuerdo con la UIT con el objetivo y alcances establecidos en el artículo 5°.

Artículo 7º.- Los programas de [email protected] estarán sujetos a financiación por los mecanismos dispuestos en la Resolución S.C. nº 18771/99 y en la presente por el término de cuatro años o hasta el agotamiento de los fondos destinados a los mismos, lo que ocurra primero. Transcurrido este período, la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN podrá prorrogar la vigencia de estos programas siempre y cuando subsistan las fuentes de financiamiento establecidas en la mencionada Resolución.

Artículo 8º.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Dr. Alejandro B. Cima Secretario de Comunicaciones- Presidencia de la Nación 

 

01Ene/14

Anexos. Primer Seminario Internacional e interdisciplinario sobre la Protección de los Datos Personales

Para los participantes de Ecomder:

Se tiene el agrado de invitarlos a participar de siguiente evento:

Miércoles 2 de julio a las 15 y jueves 3 de julio de 10 a 19.30
2/7: En Sarmiento 329, piso 11, Sede MJSyDDHH; y 3/7: en Uruguay 412, piso 5, Sede C.P.A.C.F.

Primer Seminario Internacional e Interdisciplinario sobre la “PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES”
Autoridades Institucionales: Dr. Juan Antonio Travieso (Director Nacional – DNPDP), Dr. Hugo Germano (Presidente – CPACF)
Directores Académicos: Dres. Rodolfo Daniel Uicich, Daniel Ricardo Altmark, Eduardo Molina Quiroga

Programa
MIERCOLES 2/7:

a las 15: ACTO INAUGURAL: Inauguración por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación – Palabras del Dr. Hugo Germano – Conferencia: a cargo del Dr. Michel Gentot (Francia) – Conferencia: “La Protección de los Datos Personales en la República Argentina”: Dr. Juan Antonio Travieso – Conferencia: a cargo del Dr. Raúl Sapena Brugada (Paraguay) – Conferencia: a cargo del Dr. Marcelo Bauza Reilly (Uruguay)

JUEVES 3/7:
– a las 10: Primera Sesión – Panel: “El Derecho a la Autodeterminación Informativa” – Relator: Dr. Rodolfo D. Uicich – Coordinador: Dr. Oscar Puccinelli – Panelistas: Representante de la Defensoría de la Nación, Dr. Adrián Ventura, Dra. María Angélica Gelli, Dr. Carlos A. Acquistapace – 12 hs.: Receso
– a las 14: Segunda Sesión – Panel: “La Actividad Económica y el Tratamiento de los Datos Personales” – Relator: Dr. Eduardo Molina Quiroga – Coordinador: Dr. Esteban Ruiz Martinez – Panelistas: Dr. Ramón G. Brenna, Dra. Alejandra Gils Carbó, Dr. Alberto Bueres, Dr. Carlos Regunaga, Dr. Rodolfo Lira, Dr. Bernardo Casagne
– a las 16: Tercera Sesión – Panel: “La adecuación de los Bancos de Datos a la ley 25.326” – Relator: Dr. Daniel Ricardo Altmark – Coordinador: Dr. Jorge Bekerman – Panelistas: Ing. Jorge Pintos, Dr. Horacio Granero, Representante del Hospital Italiano, Representante de la Cámara de Empresas de Informes Comerciales
– a las 18: Cuarta Sesión – Panel: “Los Bancos de Datos Públicos” – Relator: Dr. Pablo Tiscornia Gálvez – Coordinadores: Dra. Paula Rómulo, Dr. Guillermo Méndez – Panelistas: Dra. Graciela Conway, Dra. Mabel Luján, Lic. Ramiro Soria, Dr. Eliseo Devoto
– a las 19.30: ACTO DE CLAUSURA: Palabras de los Organizadores

01Ene/14

Resolución Administrativa nº 15-2011-CED-CSJLI/PJ de 9 marzo 2011, que aprueba la continuidad de labores y la reconformación de la Comisión de Organización, Coordinación y Monitoreo de la Implantación del Sistema de Notificaciones Electrónica (SINOE-PJ) y

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA.

CONSEJO EJECUTIVO DISTRITAL

Lima, 9 de marzo de 2011

VISTA:

La Resolución Administrativa nº 183-2009-CED-CSJLI/PJ, de echa diecisiete de julio de dos mil nueve; la Resolución Administrativa nº 12-20-10-CED-CSJLI/PJ, de fecha diecisiete de marzo de dos mil diez; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Administrativa nº 183-2009-CED-CSJLI/PJ se dispuso ampliar las facultades otorgadas a la Comisión Encargadas de la Organización, Coordinación y Supervisión del Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de que, en adición a su labor de seguimiento, monitoreo y supervisión de la implantación del Sistema de Notificaciones Electrónicas del Poder Judicial (SINOE-PJ) en esta Corte Superior de Justicia, se encargue del seguimiento, monitoreo y supervisión de la implantación del Servicio de Notificación (SERNOT) en este Distrito Judicial.

Que, por Resolución Administrativa nº 12-2010-CED-CSJLIP/PJ se estableció la conformación de la Comisión de Organización, Coordinación y Monitoreo de la Implantación del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE-PJ) se estableció la conformación de la Comisión de Organización, Coordinación y Monitoreo de la Implantación del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE-PJ) y de Coordinación y Monitoreo del Servicio de Notificaciones (SERNOT) en la Corte Superior de Justicia de Lima para el año Judicial 2010; asimismo, se dispuso -entre otras cosas- que la Comisión eleve al Consejo Ejecutivo Distrital un informe mensual conteniendo los avances de su labor, así como sugerencias y propuestas destinadas a la implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas en este Distrito Judicial.

Que, si bien es cierto la Resolución Administrativa nº 12-2010-CED-CSJLI/PJ estableció la conformación de la Comisión, para el año 2010, el Colegiado estima, que el trabajo encomendado a la Comisión no ha finalizado, siendo en cambio de profunda actualidad; debido a ello, estima prudente la continuidad de las labores de la citada Comisión; correspondiendo -asimismo- el reconformarla, a fin de coadyuvar al logro de sus objetivos.

Por los fundamentos indicados, el Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima, en uso de sus atribuciones previstas en el numeral 19) del artículo 96º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la continuidad  de las labores de la Comisión de Organización, Coordinación y Monitoreo de la Implantación del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE-PJ) y de Coordinación y Monitoreo del Servicio de Notificaciones (SERNOT) en la Corte Superior de Justicia de Lima.

Artículo Segundo.- RECONFORMAR la Comisión precitada, la misma que estará integrada por:

Dr. Julio Martín Wong Abad            Juez Superior, quien la Presidirá

Dra. Carolina Lizarraga Houghton    Juez Superior

Dr. Roberto Vilchez Dávila              Juez Especializado

Dra. Henry Antonio Huerta Saenz    Juez Especializado

Dra. Raquel Centeno Huamán          Juez Especializado

Dr. Alexis López Aliaga Vargas       Juez Especializado

Dr. José Luis Chipana Saavedra      Jefe de la Oficina de Administración Distrital

Dr. Elvis Espinoza Castillo               Jefe del Área de Desarrollo de la Presidencia

Artículo Tercero.- PONER la presente resolución en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la República, Consejo Educativo del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura, Gerencia General, Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación, Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, Oficina de Administración Distrital y de los miembros de la Comisión para los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

HÉCTOR ENRIQUE LAMA MORE,  Presidente

LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA

CÉSAR JAVIER VEGA VEGA

RICARDO LUIS CALLE TAGUCHE

WILLIAM CIRO CONTRERAS CHÁVEZ    

01Ene/14

Comunicación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

 

 

Comisión Nacional del Mercado de Valores

Dirección General de Entidades del Mercado de Valores

 

A los Presidentes de las Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedades Gestoras de Cartera , SIM y SIMCAV sin Gestora y Depositarios de Instituciones de Inversión Colectiva

 

Madrid, 20 de marzo de 2001

 

Muy Sr. mío:

 

Con objeto de agilizar la verificación y el registro de los folletos explicativos de las lIC; así como sus posteriores actualizaciones, la Orden Ministerial de Folletos, de inminente publicación, va a establecer la necesaria utilización del sistema CIFRADOC/CNMV para la remisión de dichos folletos a la CNMV.

 

Este sistema, implantado en 1998 y que viene ya utilizándose por un amplio número de Gestoras para el envío de la información de estados financieros periódicos, consiste básicamente en la remisión por vía telemática de un fichero informático a la CNMV. Para asegurar la confidencialidad de la información y la autenticidad del remitente se usa un sistema de cifrado y firma electrónica. La utilización del sistema precisa la autorización de la CNMV y la aceptación del usuario.

 

Teniendo en cuenta la obligatoria utilización de CIFRADOC/CNMV para la remisión y trámite de los Folletos a la CNMV, les rogamos encarecidamente que, si su entidad (Gestora o Depositaria) no se ha dado de alta aún en el sistema, inicie a la mayor brevedad los trámites necesarios para ello.

 

Al ser necesaria la doble firma de Gestora y Depositaria para la mayoría de los trámites ante la CNMV y por supuesto para los de Folletos, el sistema CIFRADOC/CNIVIV ha sido complementado con esta facilidad de doble firma electrónica. Por ello deberán utilizar el sistema y previamente estar autorizados, tanto la Gestora como la Depositaria. A las Gestoras que ya están autorizadas y lo utilizan regularmente, la CNMV les proporcionará la nueva versión del sistema que incorpora esta nueva facilidad de doble firma.

 

Los pasos a dar para la solicitud y autorización de CIFRADOC/CNMV son:

 

1. Remitir a la CNMV, a la atención del Director General de Sistemas de Información, por correo o por fax (número 91.585.09.16), un escrito en que se solicita el uso del sistema CIFRADOC/CNMV, indicando:

 

– Denominación y CIF de la entidad.

– Nombre, CIF y cargo de la persona facultada para firmar electrónicamente el envío (en general, la misma persona que actualmente firma los folletos).

– Nombre, CIF y cargo de, al menos, dos personas más, que actuarían como usuarios u operadores del sistema.

 

Para su comodidad, se adjuntan Modelos de solicitud para Gestora y Depositario.

 

2. La CNMV se pondrá en contacto la Entidad, con objeto de fijar una fecha para la firma del documento de aceptación, el intercambio de las claves iniciales reservadas y la entrega gratuita de los programas informáticos correspondientes.

 

3. Una vez firmado el documento e instalada la aplicación, el sistema ya podrá ser utilizado por la Entidad.

 

En la espera de que el contenido de esta carta pueda ser de utilidad, les saluda atentamente,

 

Juan Carlos Basallote

Director General

 

Solicitud de autorización para la utilización del sistema CIFRADOC/CNMV:

 

 

 

 

 

01Ene/14

Resolución Ministerial nº 181-2003-PCM de 4 de junio de 2003, crea la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (CODESI)

Lima, 4 de junio de 2003

CONSIDERANDO:

Que, el Estado Peruano, acorde con el principio constitucional consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, busca promover políticas y medios que permitan el desarrollo de la persona humana;

Que, en tal sentido, constituye interés del Estado establecer políticas en materia de tecnología de la información coherentes con los fines de la Ley nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y que, asimismo, se defina la forma de incorporarlas al servicio de las personas;

Que, en ese orden de ideas resulta importante establecer los mecanismos necesarios que posibiliten el acceso de las personas a las ventajas que se derivan de la revolución de las comunicaciones y la expansión de la tecnología informática y sus consecuencias, en el marco del proceso de globalización imperante;

Que, la Sociedad de la Información es un estadio de desarrollo social caracterizado por la capacidad de las personas y organizaciones de la sociedad para obtener y compartir cualquier información, instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera. La facilidad para el acceso a información originado por nuevas tecnologías de la información y comunicación, por el uso generalizado de las redes abiertas, como Internet, y de la telefonía celular, genera grandes cambios en las actividades de las personas y en diversos sectores, como son la educación, el trabajo, la administración pública, la industria y el comercio, llegando incluso a transformar las formas de las relaciones humanas y sociales;

Que, en numerosos países, la Sociedad de la Información se encuentra en un elevado nivel de desarrollo, siendo que en muchos casos este grupo de países, no sólo está conformado por los denominados países desarrollados o de primer orden, sino que también incorpora a aquellos otros países que, sin pertenecer a dicho grupo, han aprovechado y regulado de manera eficiente el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, logrando importantes mejoras en su sociedad y en su gobierno, acortando así la denominada “brecha digital”, término que se utiliza para establecer la frontera con los países que se mantienen al margen del concierto de naciones impulsoras y beneficiarias de la Sociedad de la Información;

Que, el adecuado desarrollo, dirección y promoción de un Plan para crear las bases que permitan la implementación de la Sociedad de la Información generará mejoras en el comercio y la industria, incrementará la eficiencia en la prestación de los servicios públicos estatales, mejorará la generación de productividad y de beneficios empresariales lo que incidirá directamente en una mejora en la competitividad del Estado en un entorno económico caracterizado por el fenómeno de la globalización;

Que, para los fines del establecimiento de una Sociedad de la Información corresponde al Estado garantizar y mejorar el acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones y asimismo, procurar una infraestructura de sistemas y de comunicaciones segura, que garantice la intimidad de las personas, el secreto de las comunicaciones, la seguridad de las transacciones por medios electrónicos, la protección de los derechos de propiedad intelectual, entre otros;

Que, sobre la base de una pertinente y eficiente infraestructura de sistemas y de comunicaciones, el Estado podrá realizar de mejor manera sus planes de contenido social, mejorar la participación de las personas en el acceso a la información pública y en las decisiones de gobierno, fortalecer el proceso de descentralización e instaurar una Administración moderna y eficiente orientada a la prestación de servicios en línea;

Que, en el país se vienen observando iniciativas de agentes económicos, instituciones educativas, asociaciones gremiales y profesionales, así como de diversas entidades del sector público, que han desarrollado proyectos cuya ejecución han tenido como denominador común el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación;

Que, con el propósito de coordinar, fortalecer y optimizar las diversas iniciativas y proyectos desarrollados por el sector público y privado, resulta necesario conformar una Comisión Multisectorial que elabore un Plan para el desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú, el mismo que deberá contener un diagnóstico de la situación actual del Perú en el contexto de la Sociedad de la Información, las acciones necesarias a ejecutar para el desarrollo de la misma y los proyectos de normas y dispositivos que coadyuven al adecuado desarrollo, implementación y promoción de la Sociedad de la Información en el Perú;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley nº 21292, Decreto Legislativo nº 560, modificado por Ley nº 27779 y el Decreto Supremo nº 083-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- De la Creación de la CODESI

Créase la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información – CODESI, en adelante CODESI, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Artículo 2º.- Del Objeto y Funciones de la CODESI

La CODESI tiene como objeto elaborar un Plan para el desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú, el mismo que deberá contener un diagnóstico de la situación actual del Perú en el contexto de la Sociedad de la Información, las acciones necesarias a ejecutar para el desarrollo de la misma y los proyectos de normas y dispositivos que coadyuven al adecuado desarrollo, implementación y promoción de la Sociedad de la Información en el Perú.

Entre sus funciones están además, la promoción y ejecución de programas que promuevan un uso seguro de internet, de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información por parte del Estado, con la finalidad de fomentar el desarrollo de la Sociedad de la Información en beneficio de las personas.

Excepcionalmente, cuando el caso lo requiera, la CODESI podrá solicitar a otros organismos, instituciones, gremios y entidades en general, públicas o privadas, y a especialistas, el asesoramiento, información y apoyo necesarios para el cumplimiento de su objeto. (1)

Artículo 3º.- De los Integrantes de la CODESI

La CODESI estará conformada como sigue:

– El Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien la presidirá;
– Un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; (4)
– Un representante del Ministerio de Educación;
– Un representante del Ministerio de Agricultura; (3)
– Un representante del Ministerio de Salud; (5)
– Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas; (6)
– Un representante de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros; (7)
– Un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONCYTEC;
– Un representante del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL;
– Un representante del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI; (2)
– Un representante del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI;
– Un representante de la Asamblea Nacional de Rectores – ANr. (8)
“- Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores (8)(10)
– Un representante del Ministerio de la Producción (8)(9)
– Un representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; y, (8)
– Un representante del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones – INICTEL” (8)

Artículo 4º.- De la Secretaría Técnica de la CODESI y sus funciones

La Secretaría Técnica de la CODESI estará a cargo del representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Entre las funciones a cargo de la Secretaría Técnica están las siguientes:

a. Convocar por encargo del Presidente de la CODESI a las sesiones ordinarias y extraordinarias;
b. Preparar la agenda y los documentos que correspondan para cada sesión;
c. Redactar las actas de las sesiones y servir de depositario de ellas;
d. Brindar apoyo administrativo a la CODESI;
e. Presentar en cada reunión de la CODESI, informes sobre el avance de las labores encomendadas por ésta;
f. Presentar a la CODESI, para su aprobación, planes, proyectos técnicos, programas, proyectos de dispositivos normativos, otros trabajos realizados al interior de ésta relacionados con el tema de la Sociedad de la Información, así como trabajos recibidos por otras entidades para su consideración;
g. Solicitar, recibir, registrar, procesar y evaluar planes, programas, proyectos, dispositivos normativos, entre otros proyectos presentados a su consideración por otras entidades públicas, entidades privadas, especialistas o representantes de la sociedad civil organizada;
h. Las demás que le encomiende la CODESI.

Artículo 5º.- De la instalación de la CODESI

La instalación de la CODESI se realizará en la fecha convocada por su Presidente, lo cual deberá ocurrir dentro de los diez (10) días útiles posteriores a la fecha de publicación de la presente Resolución.

Artículo 6º.- De la designación de los integrantes de la CODESI

Los integrantes de la CODESI serán designados por Resolución del Titular de la entidad correspondiente a la que representan, en el plazo de cinco (5) días útiles, contados a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución.

Artículo 7º.- De las solicitudes de apoyo a otras entidades.

La CODESI, directamente o por intermedio de su Secretaría Técnica, podrá solicitar a las entidades públicas o privadas y especialistas, el asesoramiento, información y apoyo necesarios para el cumplimiento de la labor encomendada.

Artículo 8º.- Del Informe

La CODESI deberá entregar al Presidente del Consejo de Ministros el informe que contenga el Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, en un plazo no mayor de doce (12) meses contados desde la fecha de su instalación. (11)

Artículo 9º.- De los recursos y gastos de la CODESI

Los gastos que irrogue la aplicación de lo dispuesto en el presente dispositivo, deberán ser cubiertos con cargo a los presupuestos institucionales que correspondan. No se demandarán recursos adicionales del tesoro público.

La CODESI, por intermedio de la Presidencia del Consejo de Ministros podrá recibir y ser beneficiaria de recursos provenientes de la cooperación internacional a título de donaciones o recursos no reembolsables para el desarrollo y logro de sus objetivos. También le estará permitido recibir donaciones provenientes de instituciones educativas u otras instituciones similares sin fines de lucro.

Artículo 10º.- De las labores de coordinación de la CODESI

La CODESI actuará como órgano de coordinación con los órganos cuya competencia esté directa o indirectamente vinculada con las tecnologías de la información y comunicación, cualquiera sea su naturaleza.

Artículo 11º.- De la Reglamentación

La CODESI aprobará su Reglamento Interno dentro de un plazo de veinte (20) días útiles, contados a partir de la fecha de su instalación.

Artículo 12º.- De la Vigencia

La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS SOLARI DE LA FUENTE, Presidente del Consejo de Ministros

 

—————————————————————————————-

(1) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Resolución Ministerial nº 397-2003-PCM, publicada el 14-12-2003, cuyo texto es el siguiente:
” La CODESI solicitará a otros organismos, instituciones, gremios y entidades en general, públicas o privadas, y a especialistas, el asesoramiento, información y apoyo necesarios para el cumplimiento de su objeto, buscando involucrar a la sociedad civil en la formulación del Plan encomendado”.

(2) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución Jefatural nº 185-2003-INEI, publicada el 14-06-2003, se designa a la Lic. Cherly Oré Ramírez, como representante del INEi ante la Comisión
Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información – CODESI.

(3) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución Ministerial nº 0528-2003-AG, publicada el 20-06-2003, se designa al señor Javier Alberto López Velarde, como representante del Ministerio de
Agricultura ante la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información – CODESI.

(4) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución Ministerial nº 453-2003-MTC-03, publicada el 23-06-2003, se designa al doctor Juan Antonio Pacheco Romaní, Viceministro de Comunicaciones, como representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ante la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información-CODESI.

(5) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución Ministerial nº 805-2003-SA-DM, publicada 12-07-2003, se designa al Ing. Tulio Edgardo Gálvez Escudero, como representante del Ministerio de Salud ante la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información – CODESI.

(6) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución Ministerial nº 333-2003-EF-10, publicada el 15-07-2003, se designa al señor Julio Molina Gárate, como representante del Ministerio de Economía y Finanzas ante la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información – CODESI.

(7) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución Ministerial nº 234-2003-PCM, publicada el 16-07-2003, se designa al señor Ing. Rafael Parra Erkel como representante titular y al Dr. Iván Ferrando Perea como representante alterno de la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros ante la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.

(8) Miembros incorporados por el Artículo 2 de la Resolución Ministerial nº 397-2003-PCM, publicada el 14-12-2003.

(9) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución Ministerial nº 087-2004-PRODUCE, publicada el 06-03-2004, se designa al señor Ing. Enrique Garrido Lecca Risco, como representante titular y al señor Percy Solorzano Díaz, como representante alterno del Ministerio de la Producción.

(10) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución Ministerial nº 0165-2004-RE, publicada el 11-03-2004, se designa como Representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Comisión
Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información – CODESI, a los siguientes funcionarios diplomáticos: Embajador en el Servicio Diplomático de la República, José Alberto Carrión Tejada, Director Ejecutivo de la Subsecretaría de Política Cultural Exterior, Representante Titular; y, Ministro Consejero en el Servicio Diplomático de la República, Carlos Amézaga Rodríguez, funcionario de la Subsecretaría de Política Cultural Exterior, Representante Alterno.

(11) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución Ministerial nº 222-2004-PCM, publicada el 23-07-2004, se amplía en sesenta (60) días útiles el plazo conferido a la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información – CODESI para que haga entrega del informe que contenga el Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información al Presidente del Consejo de Ministros.

01Ene/14

Recomendación 99/2, de 3 de mayo de 1999

Recomendación 99/2, sobre la protección de la intimidad en el contexto de la interceptación de las telecomunicaciones, adoptada por el Grupo de trabajo sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, el 3 de Mayo de 1999 (DG XV D 5005/99/final WP 18)

WP 18 Grupo de trabajo sobre la protección de las personas por lo que respecta al tratamiento de datos personales

Recomendación 2/99 sobre la protección de la intimidad en el contexto de la interceptación de las telecomunicaciones

Adoptada el 3 de Mayo de 1999

EL GRUPO DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS POR LO QUE RESPECTA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES,

Creado por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995(1),

Considerando del artículo 29 y los apartados 1 y 3 del artículo 30 de la Directiva(2),

Considerando su reglamento interno, y en particular los artículos 12 y 14 de este último,

Ha adoptado la presente recomendación:

El objetivo de la recomendación consiste en recordar la aplicación de las medidas adoptadas a nivel europeo en cuanto a interceptación de las telecomunicaciones, de los principios de protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, y, en particular, de su intimidad y del secreto de la correspondencia.

El ámbito de aplicación de la presente recomendación contempla las interceptaciones en sentido amplio, es decir, la interceptación del contenido de las telecomunicaciones, pero también los datos correspondientes a las telecomunicaciones, y, en particular, posibles medidas preparatorias (tales como el “monitoring” y el “datamining” de los datos de tráfico) que se pudieran prever con el fin de decidir la oportunidad de la interceptación del contenido de la telecomunicación(3).”

(1) Directiva de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos DO L 281 de 23.11.1995, p 31.

(2) Los tres miembros que representan respectivamente el Registertilsynet (Dinamarca), la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL, Francia) y el Data Protection Register (Reino Unido), no participaron en el voto de esta recomendación, considerando que el asunto tratado no era competencia del grupo. Con todo dan su apoyo, de un modo general, en cuanto al fondo de la recomendación.

(3) Este carácter amplio del concepto de interceptación de las telecomunicaciones corresponde al ámbito de aplicación de la Resolución del Consejo del 17 de enero de 1995 relativa a la interceptación legal de las telecomunicaciones, ya citada (Capítulo A.1.), y al marco general de las disposiciones jurídicas aplicables sobre este tema (véase más adelante, Capítulo B.).

 

A. Alcance de las disposiciones adoptadas a nivel europeo en cuanto a interceptación de las comunicaciones

La recomendación se aplica así a la interceptación de las telecomunicaciones no públicas en Internet. Se presta especial atención a la problemática general del tratamiento de datos personales vinculada al desarrollo de la red Internet por el grupo de protección de las personas respecto al tratamiento de los datos personales, en el marco de trabajos realizados en paralelo por el “grupo de trabajo Internet” del grupo.

1. La Resolución del Consejo de 17 de enero de 1995 relativa a la interceptación legal de las telecomunicaciones(4) enumera las condiciones técnicas necesarias para la interceptación de las telecomunicaciones, sin abordar la cuestión de las condiciones en las que deberían tener lugar tales interceptaciones. El texto de la Resolución prevé una obligación por parte los operadores de redes o proveedores de servicios de proporcionar ya descifrados a los “servicios autorizados” los datos interceptados.

Estos datos abarcan las llamadas telefónicas, móviles o no, los correos electrónicos, los mensajes fax y télex, los flujos de datos Internet, tanto por lo que se refiere al conocimiento del contenido de las telecomunicaciones como de los datos sobre las telecomunicaciones (en particular, los datos de tráfico, pero también todas las señales emitidas por la persona supervisada – apartado 1.4.4. de la Resolución).

Los datos se refieren a la persona supervisada, a las personas que la llaman y a las personas a quienes ésta llama(5).

La Resolución prevé también que la localización geográfica de los abonados de servicios móviles constituya un dato al cual deben tener acceso los servicios autorizados (6).

Esta Resolución de 18 de enero de 1995 está actualmente siendo objeto de una revisión, uno de cuyos principales objetivos es adaptarla a las nuevas tecnologías de la comunicación. El texto en proyecto precisa en particular la aplicación de las medidas de interceptación a las telecomunicaciones por satélite(7).

2. Las reflexiones del grupo de trabajo se refieren al ámbito de aplicación de las medidas previstas por la Resolución del Consejo de 17 de enero de 1995. Una versión no publicada del documento antes citado y posterior a éste (“declaración de intenciones” con fecha de 25 de octubre de 1995) prevé que los signatarios del texto puedan ponerse en contacto, por lo que se refiere a las especificaciones en cuanto a interceptación de las telecomunicaciones, con el director del “Federal Bureau of Investigation” de los Estados Unidos. El texto prevé por otro lado que, con el consentimiento de los “participantes”, otros Estados puedan participar en el intercambio de información, en la revisión y en la actualización de las especificaciones.

El grupo observa, por una parte, que el estatuto jurídico de este texto – en particular su firma efectiva por los países implicados – no queda claro y que no constituye, en el sentido de la jurisprudencia citada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos , una medida accesible al ciudadano al no ser objeto de publicación alguna. Por otra parte, este texto confirma la voluntad de desarrollar medidas técnicas de interceptación de las telecomunicaciones en concertación con Estados no sujetos a las exigencias del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de las Directivas 95/46/CE y 97/66/CE.

(4) DO C329 de 14.11.1996.

(5) Artículo 1.4 del Anexo de la Resolución del Consejo de 17 de enero de 1995.

(6) Artículo 1.5, ibid.

(7) Documento 10951/1/98, Enfopol 98 Rev 1 (http://www.heise.de/tp/deutsch/special/enfo/6332/1.htm). Parece que una versión aún más reciente ha recibido el acuerdo del grupo de trabajo sobre cooperación policial del Consejo y que se ha transmitido al Parlamento Europeo para que éste pueda adoptarlo o modificarlo. Se prevé al parecer que el Consejo adopte la nueva Resolución los días 27-28 de mayo de 1999 (véase “Datenschutz- Berater”, 15.02.99, p 5, que hace referencia a una versión no pública de 20.01.99). La comisión jurídica del Parlamento europeo recomendó a la comisión sobre libertades públicas (coordinador) rechazar el proyecto de revisión de la recomendación del Consejo tal como se propone en ENFOPOL 98, entre otras cosas por razones de protección de la intimidad y por la entrada en vigor inminente del Tratado de Amsterdam (véase informe Florio). La comisión de libertades públicas no siguió este dictamen y propondrá al Pleno que apruebe ENFOPOL 98 sobre la base del informe Schmid. El Parlamento Europeo debería tomar una decisión a principios de mayo.

3. El grupo constata que el texto de la Resolución del Consejo pretende resolver cuestiones técnicas relativas a las modalidades de interceptación de las comunicaciones, sin poner en causa las disposiciones nacionales que regulan las escuchas desde el punto de vista jurídico. Resulta, sin embargo, que algunas medidas previstas por la Resolución y destinadas a ampliar las posibilidades de interceptación de las comunicaciones están en contradicción con las disposiciones nacionales, más protectoras, de ciertos países de la Unión Europea (en particular: apartado 1.4, comunicación de los datos correspondientes a las llamadas, incluidas las llamadas de los usuarios móviles, sin tomar en consideración los servicios anónimos y pagados por adelantado actualmente disponibles; apartado 1.5, localización geográfica de los usuarios móviles; apartado 5.1, prohibición a los operadores de revelar a posteriori las interceptaciones realizadas).

4. Si bien la Resolución del Consejo se inscribe en un objetivo “de protección de los intereses nacionales, de seguridad nacional e investigación de crímenes graves”, el grupo desea llamar la atención sobre los riesgos de deriva por lo que respecta a los objetivos de las escuchas, riesgos que se verían aumentados por una extensión a un número creciente de países – exteriores algunos a la Unión Europea – de las técnicas de interceptación y descifrado de las telecomunicaciones.

Una resolución oficial del Parlamento Europeo de 16 de septiembre de 1998 sobre las relaciones transatlánticas(8), “considera que la importancia creciente de la red Internet, de las telecomunicaciones a escala mundial, en general, pero sobre todo del sistema ECHELON, así como los riesgos de su utilización abusiva, exigen la adopción de medidas de protección de las informaciones económicas y de un cifrado eficaz.”

Estas consideraciones ponen de relieve los riesgos vinculados a una interceptación de las telecomunicaciones que sobrepase el marco estricto de las cuestiones de seguridad nacional – e incluso el marco del “tercer pilar” de la Unión Europea. Plantean asimismo la cuestión de su legitimidad, en particular, a la luz de las obligaciones que se derivan de los textos de derecho comunitario en cuanto a protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, y, en particular, de su intimidad.

5. El grupo destaca finalmente que la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam implicará un cambio de base jurídica a nivel europeo por lo que se refiere a las medidas de interceptación de las telecomunicaciones. La competencia actual del Consejo para elaborar el texto de la Resolución, basada en el apartado 9 del artículo K.1 y en el apartado 2 del artículo K.3 del Tratado relativos a la cooperación policial y judicial, se convertirá en una competencia de iniciativa de la Comisión Europea sobre la base del apartado 2 del nuevo artículo K.6.

(8) Sesión plenaria, parte II, B4-0803, 0805, 0806 y 0809/98.

B. Cuadro jurídico general

6. El grupo recuerda que cada interceptación de telecomunicación, entendida como el conocimiento de una tercera parte del contenido y/o de los datos asociados a las telecomunicaciones privadas entre dos o varios corresponsales, en particular los datos de tráfico vinculados a la utilización de los servicios de telecomunicación, constituye una violación del derecho a la intimidad de los individuos y del secreto de la correspondencia.

Sólo puede por lo tanto admitirse una interceptación si responde a tres requisitos fundamentales, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 8 del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950(9), y de la interpretación reservada a esta disposición por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: un fundamento jurídico, la necesidad de tal medida en una sociedad democrática y la conformidad con uno de los objetivos legítimos enumerados en el Convenio(10).

El fundamento jurídico deberá definir precisamente los límites y modalidades de su ejercicio, por medio de normas claras y detalladas, necesarias sobre todo debido al perfeccionamiento continuo de los medios técnicos utilizables(11). Este texto legal debe ser accesible al público para que el ciudadano pueda prever las consecuencias de su comportamiento(12).

En este contexto jurídico debe prohibirse la vigilancia exploratoria o general de las telecomunicaciones a gran escala(13).

7. En la Unión Europea, la Directiva 95/46/CE (14) consagra el principio de la protección del derecho a la intimidad inscrito en los sistemas jurídicos de Estados miembros. Esta Directiva precisa los principios contenidos en el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950 y en el Convenio de 28 de enero de 1981 del Consejo de Europa para la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento automatizado de los datos personales. La Directiva 97/66/CE (15) concreta las disposiciones de esta Directiva y precisa la obligación de los Estados miembros de proteger el secreto de las comunicaciones por medio de normativas nacionales que garanticen la confidencialidad de las comunicaciones efectuadas a través de redes públicas de telecomunicaciones o de servicios de telecomunicaciones accesibles al público.

(9) Conviene destacar que las garantías fundamentales reconocidas por el Consejo de Europa en cuanto a interceptación de las comunicaciones generan obligaciones a cargo de los Estados independientemente de las distinciones que existan en la Unión Europea en función del carácter comunitario o intergubernamental de los ámbitos abordados.

(10) El Convenio nº 108 del Consejo de Europa prevé también que sólo se tolerará una medida de injerencia cuando constituya una medida necesaria en una sociedad democrática para la protección de los intereses nacionales enumerados en el apartado 2 de su artículo 9 (se tendrá en cuenta que los intereses nacionales enumerados en el Convenio 108 y en el Convenio de Protección de Derechos Humanos no son exactamente iguales), y cuando esté estrictamente definida respecto a esta finalidad.

(11) Véanse a este respecto, más adelante, las obligaciones previstas por el artículo 4 de la recomendación n§ 4 del Consejo de Europa sobre la protección de los datos personales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones, respecto, en particular, a los servicios telefónicos, de 7 de febrero de 1995

(12) Sentencias Huvig y Kruslin contra Francia de 25 de abril de 1990, serie A nº 176 A y B, p 15 y s.

(13) Véanse, en particular, las sentencias Klass, de 6 de septiembre de 1978, serie A nº 28, p 23 y s, y Malone, de 2 de agosto de 1984, serie A nº 82, p 30 y s.

La sentencia Klass, así como la sentencia Leander de 25 de febrero de 1987, hacen hincapié en la necesidad de “garantías suficientes contra los abusos, ya que un sistema de vigilancia secreta destinado a proteger la seguridad nacional crea el riesgo de minar, o incluso de destruir, la democracia pretendiendo defenderla” (Sentencia Leander, serie A nº 116, p 14 y s).

El Tribunal observa en la sentencia Klass (apartados 50 y s) que la valoración de la existencia de garantías adecuadas y suficientes contra los abusos depende de todas las circunstancias de la causa. Considera en la sentencia en cuestión que las medidas de vigilancia previstas por la legislación alemana no autorizan la vigilancia exploratoria o general y no infringen el artículo 8 del Convenio europeo de protección de los derechos humanos. Las garantías previstas por la ley alemana son las siguientes: sólo pueden efectuarse medidas de vigilancia cuando ciertos indicios permitan sospechar que alguien proyecta realizar, realiza o ha realizado infracciones graves; sólo pueden prescribirse si el esclarecimiento de los hechos por otros medios está llamado al fracaso o presenta considerables obstáculos; incluso en ese caso la vigilancia sólo podrá referirse a la persona del sospechoso o a las personas presuntamente en contacto con éste.

Según el apartado 1 del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE, un Estado miembro puede adoptar medidas legislativas destinadas a limitar el alcance de determinadas obligaciones (por ejemplo acerca de la recogida de datos) y determinados derechos (por ejemplo el derecho a ser informado en caso de recogida de datos) previstos por la Directiva16. Estas excepciones se enumeran taxativamente: la limitación debe constituir una medida necesaria para proteger los intereses públicos enunciados de manera exhaustiva en las letras a) a g) de este artículo, tales como la seguridad del Estado, la defensa, la seguridad pública o la prevención, investigación, detección y represión de infracciones penales.

En el apartado 1 del artículo 14, la Directiva 97/66/CE precisa también que los Estados miembros sólo pueden restringir la obligación de confidencialidad de las comunicaciones a través de redes públicas cuando tal medida constituya una medida necesaria para salvaguardar la seguridad del Estado, la defensa, la seguridad pública, la prevención, investigación, detección y represión de infracciones penales.

 

C. Obligaciones de los operadores y de los proveedores de servicios de telecomunicación

 

8. Hay que hacer hincapié en el hecho de que las obligaciones de seguridad y confidencialidad de los datos a las que se somete a los operadores de telecomunicaciones, a los proveedores de servicios y a los Estados miembros, respectivamente sobre la base de los apartados 1 y 2 del artículo 17 de la Directiva 95/46 (14) y sobre la base de los artículos 4, 5 y 6 de la Directiva 97/66/CE (15), constituyen el principio y no la excepción.

El grupo recuerda que estas obligaciones se imponen también de manera general a los operadores con arreglo al artículo 7 del Convenio del Consejo de Europa nº 108 para la protección de las personas respecto al tratamiento de los datos personales, de 28 de enero de 1981, y del artículo 4 de la Recomendación nº 4 del Consejo de Europa sobre protección de datos personales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones, de 7 de febrero de 1995(17), que tiene en cuenta, en particular, a los servicios telefónicos.

(14) Se deberá tener en cuenta que el artículo 3 de la Directiva 95/46/CE excluye de su ámbito de aplicación los tratamientos de datos personales en el ejercicio de actividades no incluidas en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario, y los tratamientos cuyo objeto sea la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado y las actividades del Estado relativas a ámbitos de derecho penal. La mayoría de los Estados miembros que transponen esta Directiva no han establecido sin embargo hasta ahora, en sus leyes nacionales, una distinción según la cual esta ley no se aplicaría a las materias no cubiertas por el Derecho comunitario.

Hay que añadir que, a partir del momento en que se aplica en el marco de la Directiva un tratamiento de datos (por ejemplo, la lista de las llamadas registradas para facturación por un operador), pero que en una segunda fase es objeto de un tratamiento consistente en una interceptación de estos datos, deben aplicarse las disposiciones de Derecho comunitario. La Directiva 95/46/CE prevé a este respecto una serie de garantías que deben respetarse en el marco de estas interceptaciones, y que se exponen a continuación.

(15) Directiva de 15 de diciembre de 1997 relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones, DO L 24 de 30 de enero de 1998, p.1.

(16) Previstos en el apartado 1 del artículo 6 – principios relativos a la calidad de los datos, en el artículo 10, en el apartado 1 del artículo 11 – información a la persona en cuestión, y en los artículos 12 – derecho de acceso y 21 – publicidad de los tratamientos.

9. Estas obligaciones implican, por una parte, que los operadores de telecomunicación y los proveedores de servicios sólo pueden tratar los datos relativos al tráfico y a la facturación de las telecomunicaciones cumpliendo determinadas condiciones: a partir del principio de que los datos referentes al tráfico relativos a abonados y usuarios deben borrarse o tornarse anónimos en cuanto termina la comunicación, se deduce que las finalidades para las cuales pueden tratarse los datos, la duración de su posible conservación, así como el acceso a dichos datos están estrictamente limitados(18).

10. Por otra parte, los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de telecomunicaciones deben adoptar las medidas necesarias con el fin de hacer técnicamente difíciles o imposibles, según el estado actual de la técnica, la interceptación de las telecomunicaciones por instancias no autorizadas por la ley.

El grupo destaca a este respecto que la aplicación de medios eficaces de interceptación de las comunicaciones con fines legítimos, utilizando precisamente las técnicas más avanzadas, no debe tener por consecuencia reducir el nivel general de confidencialidad de las comunicaciones y de protección de la intimidad de las personas.

Estas obligaciones toman un sentido particular cuando las telecomunicaciones entre personas situadas en el territorio de los Estados miembros transiten o puedan transitar por el exterior del territorio europeo, en particular en la utilización de satélites o de Internet.

11. En la medida en que sea de aplicación la Directiva 95/46/CE, el hecho de hacer accesibles tales telecomunicaciones en el exterior de la Unión Europea podría por otra parte constituir una violación de su artículo 25, dado que los organismos extranjeros que interceptan los datos no necesariamente pueden pretender garantizar un nivel adecuado de protección.

(17) “4.1. No deberían comunicarse los datos personales recogidos y tratados por los concesionarios de red o los proveedores de servicios, a menos que el abonado interesado haya dado por escrito su consentimiento claro y explícito y que la información comunicada no permita identificar a los abonados llamados.

El abonado puede retirar su consentimiento en cualquier momento pero no con efecto retroactivo.

4.2. Los datos personales recogidos y tratados por los concesionarios de red o los proveedores de servicios pueden comunicarse a las autoridades públicas si esta comunicación está prevista por la ley y constituye una medida necesaria, en una sociedad democrática:

a. para la protección de la seguridad del Estado, la seguridad pública, los intereses monetarios del Estado o la represión de las infracciones penales;

b. para la protección de la persona en cuestión y los derechos y libertades de otros.

4.3. En caso de comunicación de datos personales a autoridades públicas, el derecho interno debería

regular:

a. el ejercicio de los derechos de acceso y rectificación por parte de la persona interesada;

b. las condiciones en las cuales las autoridades públicas competentes tendrán derecho a negarse a dar información a la persona interesada o a diferirla;

c. la conservación o destrucción de estos datos.”

(18) Véanse en particular las obligaciones del artículo 6 de la Directiva 97/66/CE.

Estas obligaciones plantean algunos interrogantes en cuanto a las prácticas que se desarrollan actualmente entre los prestadores de servicios de telecomunicación y que consisten en un examen general y previo de los datos de tráfico de los suscriptores, con objeto de identificar el comportamiento sospechoso de algunos abonados – y eventualmente permitir la interceptación específica del contenido de ciertas telecomunicaciones.

 

D. Respeto de las libertades fundamentales por parte de las autoridades públicas en el ámbito de las interceptaciones

 

12. Es importante que el derecho nacional precise de manera rigurosa y tomando en cuenta todas las disposiciones previamente mencionadas:

_ las autoridades habilitadas para permitir la interceptación legal de las telecomunicaciones, los servicios autorizados para proceder a las interceptaciones y el fundamento jurídico de su intervención,

_ las finalidades según las cuales pueden tener lugar tales interceptaciones, que permitan apreciar su proporcionalidad respecto a los intereses nacionales en juego,

_ la prohibición de cualquier vigilancia exploratoria o general de las telecomunicaciones a gran escala,

_ las circunstancias y condiciones precisas (por ejemplo elementos de hecho que justifiquen la medida, duración de la medida) a las cuales están sometidas las interceptaciones, en cumplimiento del principio de especificidad al que se supedita toda injerencia en la intimidad de otros(19),

_ el respeto de este principio de especificidad, corolario de la prohibición de cualquier vigilancia exploratoria o general, que implica, por lo que se refiere concretamente a los datos de tráfico, que las autoridades públicas no pueden tener acceso a estos datos sino con carácter particular, y no de manera general y proactiva.

_ las medidas de seguridad por lo que se refiere al tratamiento y el almacenamiento de los datos, y la duración de su conservación,

_ por lo que se refiere a las personas implicadas de manera indirecta o aleatoria(20) en las escuchas, las garantías particulares referentes al tratamiento de los datos personales: en particular, los criterios que justifican la conservación de los datos, y las condiciones de la comunicación de estos datos a terceros,

_ la información a la persona supervisada, lo antes posible(21),

_ los tipos de recurso que puede ejercer la persona supervisada(22) ,

_ las modalidades de vigilancia de estos servicios por una autoridad de control independiente(23),

_ la publicidad – por ejemplo en forma de informes estadísticos regulares – de la política de interceptación de las telecomunicaciones efectivamente practicada(24),

_ las condiciones precisas en las que pueden comunicarse los datos a terceros en el marco de acuerdos bilaterales o multilaterales.

(19) Véase más arriba, nota 13.

(20) Los datos que aquí se contemplan se refieren a personas que no son objeto de medidas de vigilancia, pero cuyo corresponsal sí es objeto de tales medidas; por ejemplo: número de teléfono marcado por la persona supervisada y correspondiente a uno de los progenitores de este último; localización geográfica de personas en contacto por teléfono móvil con la persona objeto de escucha.

(21) La persona bajo vigilancia debería en efecto poder ser informada a partir del momento en que la información no perjudica o ya no perjudica más a la investigación.

(22) La sentencia Leander antes citada recuerda que el órgano ante el cual puede presentarse el recurso “no es necesario que sea una institución judicial strictu sensu, pero sí que sus poderes y las garantías de procedimiento de que dispone permitan apreciar la eficacia del recurso”. Este recurso “debe ser un recurso lo más efectivo posible, habida cuenta de las limitaciones inherentes a todo sistema de vigilancia secreta destinado a proteger la seguridad nacional” (83 y 84).

(23) La sentencia Leander contempla el control democrático de las interceptaciones cuando precisa que “incumbe al Parlamento y a instituciones independientes [del Gobierno] velar por el buen funcionamiento del sistema” (64).

(24) Esta exigencia de publicidad, así como, en particular, la necesidad de un control de las interceptaciones por una autoridad independiente, se mencionan en el “Common position on public accountability in relation to interceptation of private communications” adoptada en Hong Kong el 15 de abril de 1998 por el grupo internacional de trabajo sobre protección de datos en el sector de las telecomunicaciones

 

Hecho en Bruselas, a 3 de Mayo de 1999

En nombre del grupo

Peter HUSTINX

Presidente

01Ene/14

Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord. Vastu võetud 20.12.2007 nr 262. RT I 2007, 73, 449. jõustumine 01.01.2008. Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg): 11.12.2008 nr 173 (RT I 2008, 55, 312)

1. peatükk.- ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord ning riigisaladuseks oleva teabe alaliigid, teabe alaliigi salastamistase ja -tähtaeg.

§ 2. Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) salastatud teave – riigisaladus või salastatud välisteave;
2) töötlev üksus – salastatud teavet töötlev asutus, põhiseaduslik institutsioon või juriidiline isik või töötlemisloa alusel salastatud teavet töötlev füüsiline isik;
3) administratiivala – töötleva üksuse kasutuses olev selge välispiiriga ala, millele sisenenud kõik isikud ja sõidukid tuvastatakse;
4) avalik ruum – ala, mis ei ole turva- ega administratiivala;
5) salastamisandmete parandamine – õigusliku aluseta riigisaladusena töödeldava teabe salastatuse kustutamine; valel tasemel, valel õiguslikul alusel või vale tähtajaga salastatud riigisaladuse taseme, õigusliku aluse või tähtaja muutmine;
6) avatud hoiuala – turvaala, kus ei pea kasutama seifi ega lukustatavat kappi või sahtlit;
7) kuller – isik, kes edastab salastatud teabekandjat.

§ 3. Ministeeriumi kantsleri volitamine

Minister võib ministeeriumi kantslerit volitada tegema kõiki toiminguid ja otsuseid, mida minister saab käesoleva korra kohaselt teha asutuse juhina.

2. peatükk.- RIIGISALADUSE ALALIIGID

§ 4. Välissuhete riigisaladuse alaliigid

(1) Välissuhtlemisasutuse loodud rahvusvahelisi suhteid käsitleva sellise teabe ja välissuhtlemisasutuse loodud sellise teabe osas, mille avalikuks tulek kahjustaks oluliselt Eesti Vabariigi välissuhtlemist, on riigisaladuseks:
1) välissuhtlemisasutuse töötaja või esindaja rahvusvahelisel kohtumisel saadud või kohtumist käsitlev teave, mille avalikustamine võib oluliselt kahjustada riigi julgeolekut. Selline teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
2) välissuhtlemisasutuse töötaja või esindaja rahvusvahelisel kohtumisel saadud või kohtumist käsitlev teave, mille avalikustamine võib kahjustada riigi julgeolekut või oluliselt kahjustada välissuhtlemist. Selline teave salastatakse piiratud tasemel kohtumisel osalenud poolte kokkulepitud tähtpäeva või sündmuse saabumiseni, kuid mitte kauemaks kui 50 aastaks;
3) välissuhtlemisasutuse loodud teave rahvusvaheliste läbirääkimiste või kohtumiste ettevalmistamise ja läbiviimise kohta, mille avalikuks tulek enne läbirääkimiste või kohtumise toimumist võib kahjustada riigi julgeolekut või oluliselt kahjustada välissuhtlemist. Selline teave salastatakse piiratud tasemel kuni kohtumise toimumiseni või 50 aastaks, kui teabe avalikustamine pärast kohtumist või kohtumise ärajäämise korral kahjustaks riigi julgeolekut või oluliselt kahjustaks välissuhtlemist;
4) rahvusvaheliste visiitide või tseremooniate (selles punktis edaspidi 
üritus) ettevalmistamist või läbiviimist kajastav teave, välja arvatud juhul, kui selle avalikuks tulek ei kahjusta riigi julgeolekut ega kahjusta oluliselt välissuhtlemist. Selline teave salastatakse piiratud tasemel kuni ürituse toimumiseni või 50 aastaks, kui teabe avalikustamine pärast üritust või ürituse ärajäämise korral kahjustaks riigi julgeolekut või oluliselt kahjustaks välissuhtlemist;
5) rahvusvahelisel kohtumisel saadud või kohtumist kajastav välissuhtlemisasutuse loodud teave, mida kaitstakse avalikuks tuleku eest rahvusvaheliste tavade kohaselt või mille kaitsmises on kohtumisel või muul üritusel osalejate vahel kokku lepitud. Selline teave salastatakse osalejate kokkuleppel või rahvusvahelise tava kohaselt määratud tasemel ja tähtajaks, kuid mitte kõrgemal kui salajasel tasemel ja mitte kauemaks kui 50 aastaks;
6) välissuhtlemisasutuse loodud teave, mis käsitleb rahvusvahelisi suhteid, välisriiki või rahvusvahelist institutsiooni või nende esindajat, kui teabe sisu, selle edastamise viisi või allika avalikustamine kahjustaks riigi julgeolekut või kahjustaks oluliselt välissuhtlemist. Selline teave salastatakse piiratud tasemel 50 aastaks.

(2) Strateegilise kauba sisseveo, väljaveo, transiidi, sõjalise kaubaga seotud teenuse väljaveo ja strateegilise kauba lõppkasutuse kohta Välisministeeriumi juures tegutseva strateegilise kauba komisjoni kogutud ja koostatud teabe osas on riigisaladuseks:
1) strateegilise kauba komisjoni ülesannete täitmiseks kogutud teave strateegilise kauba sisseveo, väljaveo, transiidi, sõjalise kaubaga seotud teenuse väljaveo ja strateegilise kauba lõppkasutuse kohta, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse salajasel tasemel 30 aastaks;
2) strateegilise kauba komisjoni ülesannete täitmiseks strateegilise kauba sisseveo, väljaveo, transiidi, sõjalise kaubaga seotud teenuse väljaveo ja strateegilise kauba lõppkasutuse kohta koostatud teave, milles analüüsitakse strateegilise kauba levikut ja sellega seotud ohtu julgeolekule. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;
3) strateegilise kauba kontrolli rahvusvahelisele kontrollsüsteemile – Wassenaari kokkuleppe osalistele – ja Euroopa Liidu tavarelvastuse töögrupile edastatav teave strateegilise kauba komisjoni poolt sõjalise kauba, välja arvatud massihävitusrelvadega seotud materjalid, rajatised ja seadmed, sisseveo- või väljaveolitsentsi, transiidiloa või lõppkasutuse järelevalve dokumendi väljastamisest keeldumise kohta; samuti teave sellist keeldumist arutanud strateegilise kauba komisjoni koosolekul käsitletu kohta. See teave salastatakse piiratud tasemel 10 aastaks;
4) strateegilise kauba kontrolli rahvusvahelistele kontrollsüsteemidele – tuumatarnijate grupile ja Austraalia grupile – edastatav strateegilise kauba komisjoni koostatud teave massihävitusrelvadega seotud materjalide, rajatiste ja seadmete sisseveo- või väljaveolitsentsi, transiidiloa või lõppkasutuse järelevalve dokumendi väljastamisest keeldumise kohta; samuti teave sellist keeldumist arutanud strateegilise kauba komisjoni koosolekul käsitletu kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 20 aastaks.

§ 5. Riigikaitse riigisaladuse alaliigid

(1) Sõjalise riigikaitse ettevalmistamist, juhtimist ja tegevust käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:

1) kaitseväe reservüksuse ja sõjaaja üksuse koosseisu ja varustuse koondandmeid kajastav teave. See teave salastatakse piiratud tasemel 10 aastaks või kuni mobilisatsiooni väljakuulutamiseni;

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

11) kaitseväe väeüksuste tüüpsuurusi käsitlev teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

2) [Kehtetu – RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

3) kaitseväe kaitsetegevuse riigi ulatuses operatiivplaneerimist kajastav teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
4) kaitseväe kaitsetegevuse operatiivplaneerimist kaitseringkonna ulatuses kajastav teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;

5) kaitseväe kaitsetegevuse operatiivplaneerimist sõjaaja üksuse ulatuses kajastav teave. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

6) kaitseväe tegevuskava erakorralise seisukorra ajal. See teave salastatakse salajasel tasemel 20 aastaks. Salastatus kustub teabe avalikul kasutamisel erakorralise seisukorra ajal;
7) kaitseväe tegevuskava kõrgendatud valmisoleku, tõrjevalmisoleku ning täieliku valmisoleku puhul riigi ulatuses. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
8) kaitseväe tegevuskava kõrgendatud valmisoleku, tõrjevalmisoleku ja täieliku valmisoleku korral kaitseringkonna ulatuses. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;

9) kaitseväe tegevuskava kõrgendatud valmisoleku, tõrjevalmisoleku ning täieliku valmisoleku korral sõjaaja üksuses. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

10) kaitseväe sõjalisel operatsioonil osalemist, selle juhtimist ja läbiviimist kajastav, üksuste kaitseks vajalik teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
11) teave kaitseväe sõjaaja struktuuri ja juhtimissüsteemi kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 20 aastaks;
12) kaitseväe sõjaaja info- ja sidesüsteemide ning nende kaitsevahendite ülesehitust kajastav teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 25 aastaks;
13) teave sõjaaja raadiosageduste kohta. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
14) kaitseväe mereseiresüsteemide andmeedastusseadmete parameetrid ja tegevusvõime. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
15) kaitseväe sõjalaevade magnet- ja akustiliste väljade mõõtmise tulemused. See teave salastatakse salajasel tasemel 10 aastaks;
16) sadamate sõjalise kaitse kava. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 20 aastaks;
17) kaitseväe relvastatud jõu kasutamise reeglid. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;

18)  kaitseväe kaitsetegevuse operatiivjuhtimist kajastav teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

(2) Mobilisatsiooni ettevalmistamist ja läbiviimist käsitleva teabe osas on riigisaladuseks mobilisatsiooni riiklikusse keskregistrisse kantud andmed kogumis. See teave salastatakse salajasel tasemel 30 aastaks.

(3) Mobilisatsioonivaru käsitleva teabe osas on riigisaladuseks teave mobilisatsioonivaru üldkoguste kohta. See teave salastatakse salajasel tasemel 10 aastaks.

(4) Kaitseväe ja Kaitseliidu sõjaväerelvi ja lahingumoona käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:
1) kaitseväe ja Kaitseliidu sõjaväerelvade ja lahingumoona koondandmeid ja -jaotust kajastav teave, välja arvatud teave, mille avaldamine on kohustuslik välislepingu alusel. See teave salastatakse salajasel tasemel 20 aastaks;

2) [Kehtetu – RT I 2008, 55, 312– jõust. 1.01.2009]

3) mereväe relvasüsteemide taktikalised andmed, välja arvatud rannakaitse relvasüsteemide taktikalised andmed. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks.

(5) Kaitseväe radariteabe ja seiresüsteemidelt kogutud teabe osas on riigisaladuseks:
1) piirivalve radariteave ja seiresüsteemide seadmete tehnilised parameetrid ja tegevusvõime. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
2) õhuväe õhuseireradari võime parameetrid, mille avalikuks tulek võib kahjustada õhuseiret. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
3) teave radari elektroonilise sõjapidamise võime ning elektroonilise sõjapidamise olukorras rakendatavate vastumeetmete kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
4) radari andmetöötluse algoritmid, filtreeritud alad ja sihtmärgi kriteeriumid. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
5) radari ja passiivse seiresüsteemi tegevusseisund ja plaanilised hooldusajad. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
6) statsionaarsete radarite paiknemise koondandmed, mille avalikuks tulek võib kahjustada õhuseire võimet, ja mobiilse radari täpne geograafiline asukoht kraadi ja minuti täpsusega. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
7) radari hoolduse ja analüüsi tulemused. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
8) teave objekti tuvastamist võimaldava krüpteeritud sekundaarradari signaali kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
9) õhuseiresüsteemi poolt kogutud ja töödeldud terviklik radariteave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 5 aastaks;
10) õhuväe passiivse õhuseiresüsteemi poolt kogutud ja selle alusel analüüsitud teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 10 aastaks;
11) teave õhukaitsesüsteemi paiknemise, tegevusfunktsiooni ja koodnimetuse kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
12) teave õhuseire vastutus- ja jälgimisala kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
13) teave õhukaitsesüsteemi tegevusfunktsioonide kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
14) õhuseiresüsteemi tegevusseisund. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
15) passiivses seiresüsteemis kasutatavad seadmed ja nende tehnilised parameetrid. See teave salastatakse piiratud tasemel 10 aastaks;
16) mereseirevahenditega kogutud ja analüüsitud teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 10 aastaks;
17) teave mereseiresüsteemi merepildi tuvastus- ja analüüsivõime kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
18) teave konkreetsetes kasutustingimustes laevadele paigutatud mereseiresüsteemide seadistuse kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks.

(6) Riigikaitselisi leiutisi ja uuringuid ning nende tulemusi käsitleva teabe osas on riigisaladuseks riigikaitselisi leiutisi ja uuringuid käsitlev teave, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse salajasel või madalamal tasemel kuni 15 aastaks.

(7) Kaitseväeluurega tegeleva kaitseväe struktuuriüksuse kogutud ja sünteesitud teabe osas on riigisaladuseks:

1) sideluure vahenditega kogutud teave või selle põhjal sünteesitud teave, mille põhjal on võimalik tuvastada kogumisviis. See teave salastatakse täiesti salajasel tasemel 50 aastaks;

2) elektroonilise luure vahenditega kogutud teave või selle põhjal sünteesitud teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 30 aastaks;

3) varjatud jälgimise teel kogutud teave või selle põhjal sünteesitud teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 30 aastaks;

4) käesoleva lõike punktis 3 nimetatud teave, kui selle avaldamisega kaasneks oht inimese elule või tervisele. See teave salastatakse täiesti salajasel tasemel 50 aastaks;

5) teave, mis kajastab riigikaitselisi ja sõjalisi ohuallikaid. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 15 aastaks;

6) teave, mis kajastab välisriike, rahvusvahelisi organisatsioone, välismaiseid sõjalisi tegureid ja tegevust. See teave salastatakse piiratud tasemel 15 aastaks;

7) kaitseväeluuret teostava kaitseväe struktuuriüksuse poolt koostatud ohuhinnangut käsitlev teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;

8) kaitseväeluuret teostava kaitseväe struktuuriüksuse poolt julgeolekuasutuste korraldatud luure- ja vastuluureoperatsioonide käigus kogutud teave või selle alusel sünteesitud teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 30 aastaks;

9) välisriigi, rahvusvahelise organisatsiooni, rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsiooni või julgeolekuasutuste teave, mille lähteandmed on salastatud kõrgemal tasemel või pikemaks ajaks, kui on sätestatud käesoleva lõike punktides 5 ja 6, salastatakse lähteandmete kõrgeimat taset ja pikimat tähtaega sätestava riigisaladuse alaliigi alusel;

10) piltluure kaudu kogutud teave või selle põhjal sünteesitud teave, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse piiratud tasemel 15 aastaks.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]


(8) “Kaitseväe korralduse seaduse” § 37 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud viisil teavet koguva kaitseväe struktuuriüksuse ja kaitseväeluure ülesannet täitva Kaitseväe Peastaabi struktuuriüksuse koosseisu, ülesandeid ja eelarve jaotust käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:
1) struktuuriüksuse või allüksuste struktuurid, koosseisu käsitlev teave ja ametikohtade jaotus ning paiknemine struktuuriüksustes eraldiseisvalt ja andmekoguna, välja arvatud struktuuriüksuste ülemate ametikohad ja teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks;
2) struktuuriüksuse või allüksuse ülesanded ja nende teenistujate tööülesanded ning tööülesandeid käsitlev teave, välja arvatud teave, mille avalikustamine ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks;
3) struktuuriüksuse või allüksuse teenistujate koondandmed, samuti andmed kaitseväe luure värbamisstatistika ja ametikohtade komplekteerimise ning täituvuse osas. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks;
4) struktuuriüksuse või allüksuse eelarve kulude liigendus, eelarve täitmise aruandlus, eelarve planeering ja investeeringud, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

(9) [Kehtetu – RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

(10) “Kaitseväe korralduse seaduse” § 37 lõike 1 punktides 1 ja 2 ning lõikes 2 nimetatud viisil teavet koguva kaitseväeluuret teostava kaitseväe struktuuriüksusepoolt teabe kogumist kajastava teabe, kaasa arvatud kogumiseks kasutatavate meetodite, vahendite ja jälgitavaid objekte käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:
1) struktuuriüksuse poolt teabe varjatud kogumisel kasutatavad meetodid ja vahendid ning neid kajastav teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
2) signaalluure ja muude tehniliste luurevahendite võimeid käsitlev teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
3) signaalluure ja muude tehniliste luurevahendite võimet tagavad süsteemid või vahendid. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 20 aastaks;
4) teabe kogumise alustamiseks ja lõpetamiseks tehtud otsuseid käsitlev teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

(11) Kaitseväeluurealast rahvusvahelist koostööd käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:
1) teave välissuhtluse kohta, kui see ei sisalda käesoleva lõike punktides 2–4 nimetatud teavetvõi ei kahjusta riigi julgeolekut. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
2) teave koostöö kohta välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooniga, kui see ei sisalda käesoleva lõike punktides 3 ja 4 nimetatud teavet. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 50 aastaks, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Teavet ei salastata, kui see on õiguspäraselt avalikustatud;
3) rahvusvahelise koostöö käigus varjatult kogutud teave ja selle teabe vahetamist kajastav teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks, kui ei ole kokku lepitud teisiti;
4) koos välisriigi politsei- või julgeolekuasutusega varjatult kogutud luure- ja vastuluure alane teave ja selle kogumist kajastav teave. See teave salastatakse täiesti salajasel tasemel 50 aastaks, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]


(12) Kaitseväe ja Kaitseliidu militaargeograafia valdkonda käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:


1) mõõtkavas 1:50
.000 kaitsejõudude ruumiandmebaas, kolmemõõtmelised maastikumudelid, töödeldud kaugseireandmed. See teave salastatakse piiratud tasemel 10 aastaks;

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]


2) kaitseväe poolt Eesti riigi territooriumi kohta koostatud strateegilise ja taktikalise tasandi maastikuanalüüsid, riigikaitseliste objektide geokoordineeritud plaanid ja kaitseväe poolt koostatud riigikaitseliste objektide kolmemõõtmelised geograafilised mudelid. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;
3) kaitseväe poolt välisriigi territooriumi kohta koostatud strateegilise ja taktikalise tasandi maastikuanalüüsid, riigikaitseliste objektide koordineeritud plaanid, töödeldud kaugseireandmed ja kolmemõõtmelised mudelid. See teave salastatakse salajasel tasemel 30 aastaks.

§ 6. Korrakaitse riigisaladuse alaliigid

(1) Jälitusasutuste poolt jälitustegevuse käigus kogutud teabe ning teabe kogumisel kasutatud meetodeid, taktikat ja vahendeid käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:
1) tunnistajakaitse teostamiseks jälitustegevuse käigus kogutud teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks;
2) jälitusasutuse poolt jälitustoiminguga kogutud teave. See teave salastatakse piiratud tasemel 25 aastaks. Sellise teabe salastatus kustub selles ulatuses, mis on kantud kriminaaltoimikusse või mida tutvustatakse isikule, kelle suhtes jälitustoiming tehti, või isikule, kelle perekonna- või eraelu puutumatust jälitustoiminguga riivati;
3) jälitusasutuse poolt jälitustegevuses salajasele koostööle kaasatud isikult saadud teave. See teave salastatakse piiratud tasemel 50 aastaks;
4) Keskkriminaalpolitsei poolt koostatud organiseeritud ja muu raske kuritegevuse ohuhinnangutes ning ülevaadetes kajastuv jälitustegevuse käigus kogutud teave. See teave salastatakse piiratud tasemel 50 aastaks;
5) jälitustegevuses kasutatavaid meetodeid, taktikat ja vahendeid kajastav teave, välja arvatud teave, mis on tuletatav õiguspäraselt avaldatud jälitustoiminguga kogutud teabest. See teave salastatakse piiratud tasemel 25 aastaks;
6) teave jälitusasutuse poolt jälitustegevuses salajasele koostööle kaasatud isiku tasu, hüvitise ja neilt tasutud maksude ning neid kajastavate dokumentide kohta. See teave salastatakse piiratud tasemel 25 aastaks;
7) andmed jälitusasutuse poolt teeseldud isiku või organi kohta, mis võivad paljastada tema seotust jälitusasutusega. See teave salastatakse piiratud tasemel 25 aastaks.

(2) Jälitusasutuste poolt jälitustegevuses salajasele koostööle kaasatud isiku ja variisiku kohta käivate andmete osas on riigisaladuseks andmed jälitusasutuse poolt jälitustegevuses salajasele koostööle kaasatud isiku ja variisiku identiteedi kohta. See teave salastatakse piiratud tasemel 75 aastaks. Salastatus kustub, kui isiku surmast on möödunud 20 aastat, kuid mitte varem kui 50 aastat teabe salastamisest arvates.

(3) Andmed jälitusasutuste politseiagendi kohta on riigisaladus. See teave salastatakse piiratud tasemel 75 aastaks. Sellise teabe salastatus kustub selles ulatuses, mis on kantud kriminaaltoimikusse. Kriminaaltoimikusse kandmata teabe salastatus kustub, kui isiku surmast on möödunud 20 aastat, kuid mitte varem kui 50 aastat teabe salastamisest arvates.

(4) Keskkriminaalpolitsei tunnistajakaitse struktuuriüksuse struktuuri, koosseisu ja ülesandeid kajastava teabe osas on riigisaladuseks Keskkriminaalpolitsei tunnistajakaitse struktuuriüksuse struktuuri, koosseisu ja selle ametikohtadel töötavaid isikuid ning nende ülesandeid kajastav teave Keskkriminaalpolitsei juhi käskkirjaga määratud ulatuses. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks.

(5) Keskkriminaalpolitsei tunnistajakaitse struktuuriüksuse kasutuses olevat vara ja eelarve jaotust kajastava teabe osas on riigisaladuseks:
1) teave Keskkriminaalpolitsei tunnistajakaitse struktuuriüksuse poolt kasutatavate transpordivahendite kohta, kui selle avalikuks tulek ohustaks tunnistajakaitse kohaldamist või tunnistajakaitse struktuuriüksuse või kaitse alla võetud isiku turvalisust. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
2) teave Keskkriminaalpolitsei tunnistajakaitse struktuuriüksuse poolt kasutatava vara kohta, kui selle avalikuks tulek ohustaks tunnistajakaitse kohaldamist või tunnistajakaitse struktuuriüksuse või kaitse alla võetud isiku turvalisust. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks;
3) Keskkriminaalpolitsei tunnistajakaitse struktuuriüksuse eelarve kulude liigendus ja eelarve täitmise aruandlus. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks.

(6) Tunnistajakaitse kaitseabinõude kohaldamise meetodeid ja taktikat käsitleva teabe osas on riigisaladuseks tunnistajakaitse kaitseabinõude kohaldamise meetodeid ja taktikat käsitlev teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks.

(7) Konkreetse isiku suhtes tunnistajakaitse kaitseabinõude kohaldamist kajastava teabe osas on riigisaladuseks:
1) konkreetse isiku suhtes tunnistajakaitse kaitseabinõude kohaldamist kajastav teave, välja arvatud teave, mis kajastab üksnes tunnistajakaitse alla võtmise fakti. See teave salastatakse täiesti salajasel tasemel 75 aastaks. Salastatus kustub, kui tunnistajakaitse all olnud isiku surmast on möödunud 20 aastat, kuid mitte vähem kui 50 aastat teabe salastamisest arvates;
2) Keskkriminaalpolitsei tunnistajakaitse struktuuriüksuse eelarve kulude liigendus ja eelarve täitmise aruandlus, kui selles kajastuvad konkreetse isiku suhtes rakendatavad kaitseabinõud. See teave salastatakse täiesti salajasel tasemel 75 aastaks. Salastatus kustub, kui tunnistajakaitse all olnud isiku surmast on möödunud 20 aastat, kuid mitte vähem kui 50 aastat dokumendi salastamisest arvates.

(8) Riiklikus kriisireguleerimisplaanis erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra ajal tegutsemist käsitleva teabe osas on riigisaladuseks riiklikus kriisireguleerimisplaanis erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra ajal tegutsemist käsitlev teave, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse täiesti salajasel tasemel 50 aastaks. Salastatus kustub teabe avalikul kasutamisel erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal.

(9) “Turvaseaduse” tähenduses kõrgendatud ohuga valveobjekte ja nende turvalisuse tagamise erinõudeid kajastava teabe osas on riigisaladuseks kõrge füüsilise rünnakuriskiga objektide loetelu, riskianalüüs ja kaitseplaan. See teave salastatakse piiratud tasemel 20 aastaks.

(10) Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi kriisireguleerimisplaanis hädaolukorra ajal tegutsemist käsitleva teabe osas on riigisaladuseks Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi kriisireguleerimisplaanis hädaolukorra ajal tegutsemist käsitlev teave, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 20 aastaks. Salastatus kustub teabe avalikul kasutamisel hädaolukorras.

§ 7. Julgeolekuasutuste riigisaladuse alaliigid

(1) Julgeolekuasutuste rahvusvahelist koostööd kajastava teabe osas on riigisaladuseks:
1) julgeolekuasutuse koostatud teave julgeolekualase välissuhtluse kohta, kui see ei sisalda käesoleva lõike punktides 2–4 nimetatud teavet. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
2) julgeolekuasutuse julgeolekualast koostööd välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooniga kajastav teave, kui see ei hõlma käesoleva lõike punktides 3 ja 4 nimetatud teavet. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 50 aastaks, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Seda teavet ei salastata, kui see on õiguspäraselt avalikustatud;
3) julgeolekuasutuse rahvusvahelise koostöö käigus edastatav varjatult kogutud teave ja selle teabe vahetamist kajastav teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks, kui ei ole kokku lepitud teisiti;
4) julgeolekuasutuse poolt koos välisriigi politsei- või julgeolekuasutusega varjatult kogutud teave ja selle kogumist kajastav või selle käigus vahetatav teave. See teave salastatakse täiesti salajasel tasemel 50 aastaks, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

(2) Julgeolekuasutuse kasutatava vara ja julgeolekuasutuse eelarve jaotust kajastava teabe osas on riigisaladuseks:
1) teave julgeolekuasutuse kasutatava vara kohta, kui selle avalikuks tulek ohustaks julgeolekuasutuse ülesande täitmist või julgeolekuasutuse turvalisust. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel kuni vara kasutamise või hoone või rajatise valdamise lõppemiseni, kuid mitte kauemaks kui 25 aastaks;
2) teave teabe varjatult kogumiseks kasutatavate tehniliste vahendite kohta, kui selle avalikuks tulek ohustaks julgeolekuasutuse ülesande täitmist. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
3) julgeolekuasutuse eelarve kulude liigendus ja eelarve täitmise aruandlus. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks.

(3) Hädaolukorra lahendamisel julgeolekuasutuse tegevust kajastava teabe osas on riigisaladuseks julgeolekuasutuse hädaolukorra lahendamise kava, sealhulgas kasutatavad meetodid ja taktika ning hädaolukorra lahendamisel osalevate ametnike tegevusjuhised. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 20 aastaks. Salastatus kustub teabe avalikul kasutamisel hädaolukorras.

(4) Julgeolekuasutuse ülesannete täitmisel varjatult kogutud teabe ja selle kogumist kajastava teabe osas on riigisaladuseks:
1) “Julgeolekuasutuste seaduse” alusel varjatult kogutud ja kogutav teave ning kavad ja juhised selle teabe kogumiseks. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks. Salastatus kustub, kui julgeolekuasutuse ülesannete täitmiseks on julgeolekuasutuse peadirektori otsusel vajalik teabe avalik kasutamine. Käesolevat punkti ei kohaldata elektroonilise side ettevõtja või isikuandmete töötleja seadmes automaatselt talletatavate logide kohta;
2) punktis 1 nimetatud teave, kui selle avaldamisega kaasneks oht inimese elule või tervisele või täiesti salajasel tasemel salastatud teabe kaitstusele. See teave salastatakse täiesti salajasel tasemel 50 aastaks;
3) punktis 1 nimetatud teabe kogumise meetodid ja taktika. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
4) signaalluure meetodeid ja allikaid kajastav teave. See teave salastatakse täiesti salajasel tasemel 25 aastaks;
5) “Julgeolekuasutuste seaduse” alusel teabe varjatud kogumise toimingute loetelusid sisaldav aruandlus, milles ei kajastu täiesti salajasel tasemel salastatav teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks;
6) Vabariigi Valitsuse ja Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni poolt julgeolekuasutusele teabe kogumiseks antavad ülesanded. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks;
7) Kaitsepolitseiameti poolt “Julgeolekuasutuste seaduse” alusel teabe varjatud kogumise käigus laekunud teave toimepandud või ettevalmistatavate kuritegude kohta, mis ei ole Kaitsepolitseiameti uurimisalluvuses, juhul kui selles ei avaldu teabe allikad, kogumise taktika või käesoleva lõike punktides 2–6 nimetatud teave. See teave salastatakse piiratud tasemel 25 aastaks.

(5) Julgeolekuasutuse ülesannete täitmisel analüüsitud ja sünteesitud teabe osas on riigisaladuseks:
1) julgeolekuasutuse ülesannete täitmisel analüüsitud ja sünteesitud teave, mis kajastab välisriike, välismaiseid tegureid või tegevust. See teave salastatakse piiratud tasemel 15 aastaks;
2) julgeolekuasutuse ülesannete täitmisel analüüsitud ja sünteesitud teave, mis kajastab riigisiseseid või välismaiseid ohuallikaid. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 15 aastaks;
3) julgeolekuasutuse poolt koostatud ohuhinnangud. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
4) ürituse või isiku julgestamise eesmärgil julgeolekuasutuse poolt koostatud ohuhinnang. See teave salastatakse piiratud tasemel 15 aastaks;
5) julgeolekuasutuse analüüsitud või sünteesitud teave, mille lähteandmed on salastatud kõrgemal tasemel või pikemaks ajaks, kui on sätestatud punktides 1–4, salastatakse lähteandmete kõrgeimat taset ja pikimat tähtaega sätestava riigisaladuse alaliigi alusel;
6) punktide 1–5 alusel ei salastata teavet, mis koostatakse eesmärgiga avalikkuse teavitamise teel ennetada ohtu või riigi huvide kahjustamist või teavitada avalikkust julgeolekuasutuse tegevusest. Samuti ei salastata teabe seda osa, mis kantakse kriminaaltoimikusse.

(6) Julgeolekuasutuse struktuuriüksusi, koosseisu ja nende ülesandeid kajastava teabe osas on riigisaladuseks:
1) julgeolekuasutuse struktuur, välja arvatud struktuuriüksused, mis avaldatakse vastava julgeolekuasutuse põhimääruses. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks;
2) julgeolekuasutuse struktuuriüksuste ja teenistujate ülesanded, välja arvatud teave, mille avalikustamine ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks;
3) julgeolekuasutuse teenistujate koondandmed ja üksnes teabe varjatud kogumisega seonduvaid tööülesandeid täitvate teenistujate koosseis. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks;
4) julgeolekuasutuse dokumendiregistris sisalduv teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks või kõrgemal tasemel ja pikemaks tähtajaks, kui register sisaldab vastava salastatuse taseme ja tähtajaga teavet.

(7) Andmed julgeolekuasutuse poolt salajasele koostööle kaasatud isiku ja variisiku kohta, välja arvatud § 6 lõikes 2 nimetatud teave, on riigisaladus. See teave salastatakse täiesti salajasel tasemel 75 aastaks. Salastatus kustub, kui isiku surmast on möödunud 20 aastat, kuid mitte varem kui 50 aastat teabe salastamisest arvates.

(8) Andmed isiku kohta, kes “Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse” § 5 lõike 2 punktis 1 sätestatud korras on Kaitsepolitseiametile esitanud isikliku ülestunnistuse julgeoleku- või luureorgani teenistuses olemise või sellega koostöö tegemise kohta, välja arvatud juhul, kui julgeoleku- või luureorgani teenistuses olnud või sellega koostööd teinud isik on eelnimetatud teenistuse või koostööga seonduvalt pannud toime õigusrikkumise, mis Eesti Vabariigis kehtiva õiguse kohaselt on karistatav esimese astme kuriteona, või on toime pannud kuriteo inimsuse vastu või sõjakuriteo ning õigusrikkumise või kuriteo toimepanemine selle isiku poolt on kohtulikult tõendatud jõustunud kohtulahendiga või kui julgeoleku- või luureorgani teenistuses oli või tegi sellega koostööd Vabariigi President või Riigikogu, Vabariigi Valitsuse või Riigikohtu liige, on riigisaladus. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks. Salastatus kustub, kui isiku surmast on möödunud 20 aastat, kuid mitte varem kui 50 aastat teabe salastamisest arvates.

(9) Julgeolekuasutuste tegevuse koordineerimist, nende koostööd kaitseväega ja Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni tööd käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:
1) Riigikantseleis julgeolekuasutuste töö koordineerimisega ja Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni töö korraldamisega seotud ametnike koostatud teave julgeolekualase välissuhtluse kohta, kui see ei sisalda käesoleva lõike punktis 2 nimetatud teavet. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
2) Riigikantseleis julgeolekuasutuste tööd koordineeriva ja Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni tööd korraldava struktuuriüksuse julgeolekualast koostööd välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooniga kajastav teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 50 aastaks, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Seda teavet ei salastata, kui see on õiguspäraselt avalikustatud;
3) teave Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni ning selle alakomisjoni istungitel käsitletavate teemade kohta, välja arvatud teave, mis Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni otsusega avalikustatakse eesmärgiga avalikkuse teavitamise teel ennetada ohtu või riigi huvide kahjustamist või teavitada avalikkust julgeolekukomisjoni tegevusest. See teave salastatakse piiratud tasemel 25 aastaks;
4) Riigikantseleis julgeolekuasutuste tööd koordineeriva ja Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni tööd korraldava struktuuriüksuse ja teenistujate ülesanded, välja arvatud teave, mille avalikustamine ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse piiratud tasemel 25 aastaks;
5) Riigikantseleis julgeolekuasutuste tööd koordineeriva ja Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni tööd korraldava struktuuriüksuse poolt koostatud ohuhinnangud ja riigi teabehanke eelistuskava. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
6) Riigikantseleis julgeolekuasutuste tööd koordineeriva ja Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni tööd korraldava struktuurüksuse poolt julgeolekuasutuste teabe alusel analüüsitud ning koostatud teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
7) teave, mille lähteandmed on salastatud kõrgemal tasemel või pikemaks tähtajaks, kui on sätestatud käesoleva lõike punktides 3 ja 6, salastatakse lähteandmete kõrgeimat taset ja pikimat tähtaega sätestava riigisaladuse alaliigi alusel.

(10) Julgeolekuasutuse poolt teeseldud isikute ja organite ning kasutatavate variandmete kohta käiva teabe osas on riigisaladuseks teave, millest nähtub teeseldud isikute ja organite või kasutatavate variandmete seotus julgeolekuasutusega. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks.

§ 8. Infrastruktuuri ja teabe kaitse riigisaladuse alaliigid

(1) Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikantselei, julgeolekuasutuse, Kaitseministeeriumi, kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti ja Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste valve-, häire-, side- ja infosüsteeme käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:
1) Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikantselei, julgeolekuasutuse, Kaitseministeeriumi, kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti ja Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste elektroonilise läbipääsu-, häire- või videovalvesüsteemi koondteave ühe hoone või tervikuna käsitatava hooneosa ulatuses, mis sisaldab andmeid süsteemi moodustavate seadmete asukoha, tüübi, margi, mudeli, nendevaheliste ühenduste, samuti valvealade või -tsoonide kohta või süsteemi üldist kirjeldust. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;
2) Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikantselei, julgeolekuasutuse, Kaitseministeeriumi, kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti ja Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste elektroonilise läbipääsu-, häire- või videovalvesüsteemide kohta käivad analüüsid ja hinnangud, mis kajastavad süsteemide toimimist ja efektiivsust. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
3) Vabariigi Presidendi Kantselei, julgeolekuasutuse, Kaitseministeeriumi, kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti ja Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste elektroonilise läbipääsu- ja häiresüsteemi kohta käiv koondteave ühe hoone või tervikuna käsitatava hooneosa ulatuses, milles sisalduvad andmed süsteemi kuuluvate keskseadmete asukohtade kohta. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
4) Vabariigi Presidendi Kantselei, Kaitseministeeriumi, kaitseväe, Kaitseliidu ja Kaitseressursside Ameti elektroonilise läbipääsu- ja häiresüsteemi kohta käiv koondteave ühe hoone või tervikuna käsitatava hooneosa ulatuses, milles sisalduvad andmed süsteemi kuuluvate lõppseadmete (andurite) asukoha ja tüüpide ning nendest moodustatavate valvealade ja -tsoonide kohta. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
5) julgeolekuasutuse ja Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste elektroonilise läbipääsu- ja häiresüsteemi kohta käiv teave ühe hoone või tervikuna käsitatava hooneosa ulatuses, milles sisalduvad andmed süsteemi kuuluvate lõppseadmete (andurite) asukoha ja tüüpide ning nendest moodustatavate valvealade ja -tsoonide või valveala asukoha ja oleku kohta. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
6) Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste elektroonilise läbipääsu- ja häiresüsteemi kohta käiv teave ühe hoone või tervikuna käsitatava hooneosa ulatuses, mis sisaldab andmeid süsteemi moodustavate seadmete markide, mudelite ja teiste täpsete tehniliste näitajate kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;
7) julgeolekuasutuse ja Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste elektroonilises läbipääsu- või häiresüsteemis töödeldav teave kogumis. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
8) Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikantselei, julgeolekuasutuse, Kaitseministeeriumi, kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti ja Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste elektroonilise läbipääsu- või häiresüsteemi seadistusinfo kogumis. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
9) Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste videovalvesüsteemi kohta käiv teave ühe hoone või tervikuna käideldava hooneosa ulatuses, mis sisaldab andmeid süsteemi moodustavate seadmete ja nende markide ning mudelite kohta. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
10) julgeolekuasutuse, Kaitseministeeriumi, kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti ja Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste videovalvesüsteemi kohta käiv koondteave hoone või tervikuna käideldava hooneosa ulatuses, mis kajastab süsteemis kasutatavate keskseadmete asukohti. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
11) julgeolekuasutuse, Kaitseministeeriumi, kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti ja Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste videovalvesüsteemi seadistusinfo kogumis. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
12) julgeolekuasutuse, Kaitseministeeriumi, kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti ja Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste automaatse tulekahjusignalisatsiooni kohta käiv koondinfo ühe hoone või tervikuna käsitatava hooneosa ulatuses, mis sisaldab andmeid süsteemi moodustavate seadmete asukoha, tüübi, margi, mudeli ja nendevaheliste ühenduste kohta ning süsteemi üldist kirjeldust. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
13) julgeolekuasutuse, Kaitseministeeriumi, kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti ja Välisministeeriumi, sealhulgas välisesinduste elektroonilise läbipääsu-, valve- ja videovalvesüsteemi ning automaatse tulekahjusignalisatsiooni kohta käiv teave, mis kajastab nende süsteemide ühendusi teiste samas hoones või hooneosas asuvate tehnosüsteemidega. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
14) Vabariigi Presidendi Kantselei, julgeolekuasutuse, Kaitseministeeriumi, Kaitseressursside Ameti, kaitseväe ja Kaitseliidu füüsiliste julgeolekumeetmete kohta käivad analüüsid ja hinnangud, mis kajastavad julgeolekumeetmete toimimist ja efektiivsust. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;
15) teave kaitseväes signaalluureks, õhuseireks, mereseireks, objektide turbeks ja valveks ning sõjaliseks juhtimiseks sõjaajal, eri- või erakorralises olukorras püsivalt kasutatavate raadiosageduste kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;
16) teave kaitsejõudude üleriigiliste sidevõrkude ja infosüsteemide andmete loetelude kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;
17) teave kaitseväe kaitseringkonna sideplaani ja sideskeemi, kommunikatsiooniplaanide ning nende andmete loetelude kohta. See teave salastatakse piiratud tasemel 10 aastaks;
18) kaitseväe ja Kaitseliidu asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet töötlevate side- ja infosüsteemide, milles ei töödelda salastatud teavet, ülesehitust, turbemeetodeid, turbevahendeid ning spetsiaaltarkvara käsitlev teave. See teave salastatakse piiratud tasemel 10 aastaks või andmete juurdepääsupiirangu kehtivuse lõppemiseni;
19) kaitseväe sõjaaja sidesüsteemide ning nende kaitsevahendite ülesehitust käsitlev teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 25 aastaks;
20) teave õhuväe õhuseire sidesüsteemis kasutatava krüptoseadme kirjelduse kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
21) teave õhuväe õhuseire sidesüsteemis kasutatava võtmeta krüptoseadme kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
22) teave õhuväe õhuseire sidesüsteemis kasutatava võtmega krüptoseadme kohta. See teave salastatakse salajasel tasemel 10 aastaks;
23) teave õhuväe õhuseire sidesüsteemis kasutatavate sidelinkide skeemide kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
24) teave õhuseiresüsteemide andmeedastusseadmete parameetrite ja tegevusvõime kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
25) teave Välisministeeriumi ja välisesinduste side- ja infosüsteemide loogilise arhitektuuri, sealhulgas võrkude kaabelduse kohta ühe hoone või tervikuna käsitatava hooneosa ulatuses. Selline teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks või kuni võrgu võõrandamiseni või kasutamise lõppemiseni;
26) Teabeameti poolt eriside korraldamiseks ning kontrollimiseks kasutatavaid meetodeid ja vahendeid kajastav teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks.

(2) Riigisaladuse ja salastatud välisteabe töötlussüsteeme käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:
1) kaitseministri kehtestatavad krüptomaterjalide ning nende töötlemise ja kaitse nõuded. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
2) kaitseministri kehtestatavad kiirgusturbe tagamise nõuded. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
3) töötlussüsteemi asukoha ruumide kiirgusturbe mõõtmise tulemused. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 25 aastaks;
4) krüptomaterjalide registris või allregistris olevad andmed kogumis. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 25 aastaks;
5) salastatud teabe valdajale spetsiaalselt salastatud teabe töötlemiseks loodud tarkvara lähtekood. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
6) piiratud tasemel salastatud teavet töötleva töötlussüsteemi tehnilisi andmeid ja turvameetmeid kajastav teave. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
7) konfidentsiaalse või kõrgema taseme salastatud teabe töötlussüsteemis teabe töötlemise tingimused ja kasutajate ülesannete jagunemine salastatud teabe töötlemisel. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
8) konfidentsiaalsel tasemel salastatud teavet töötleva töötlussüsteemi tehnilisi andmeid ja turvameetmeid kajastav teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;
9) salajasel tasemel salastatud teavet töötleva töötlussüsteemi tehnilisi andmeid ja turvameetmeid kajastav teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
10) täiesti salajasel tasemel salastatud teavet töötleva töötlussüsteemi tehnilisi andmeid ja turvameetmeid kajastav teave. See teave salastatakse täiesti salajasel tasemel 50 aastaks.

(3) Lõike 2 punktides 6 ja 8–10 nimetatud salastatud teavet töötleva töötlussüsteemi tehnilisi andmeid ja turvameetmeid kajastav teave on teave, millest nähtuvad:
1) töötlussüsteemi seadmete kiirgusturbe mõõtmise tulemused, kui neid pole avaldanud tootja ise;
2) töötlussüsteemi tehniline kirjeldus;
3) töötlussüsteemi võrguskeem;
4) tehniline teave töötlussüsteemi teise infotöötlussüsteemiga ühendamise kohta ning teave rakendatavate turvameetmete kohta;
5) töötlussüsteemis elektrooniliste krüptovõtmete haldamise tarkvara seadistus;
6) õigusaktis sätestatud elektroonilise teabeturbe nõude täitmata jätmise kompenseerimiseks rakendatav turvameede;
7) töötlussüsteemi riskianalüüsi tulemused;
8) töötlussüsteemi jääkriskide hinnangud;
9) töötlussüsteemi haavatavuse analüüsi tulemused.

(4) “Kaitseväe korralduse seaduse” § 37 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud viisil teavet koguva kaitseväeluure ülesannet täitva kaitseväe struktuuriüksuse või allüksuse ja kaitseväeluure ülesannet täitva Kaitseväe Peastaabi struktuuriüksuse kasutuses olevaid hooneid ja rajatisi käsitleva teabe osas on riigisaladuseks teave struktuuriüksuse hoonete ja erivajadusteks kohandatud ruumide kohta, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 50 aastaks või hoone või rajatise valduse lõppemiseni.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

(5) Kaitseväe ja Kaitseliidu relva- ja lahingumoonaladusid käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:
1) teave relva- või lahingumoonalao turvalisuse tagamise erinõuete kohta, välja arvatud valve- ja häiresüsteemide kohta kehtestatud nõuded. See teave salastatakse piiratud tasemel 10 aastaks või kuni relva- või laskemoonalao valduse lõppemiseni;
2) kaitseväe ja Kaitseliidu sõjaväerelvade ja lahingumoona ladude andmed kogumis. See teave salastatakse piiratud tasemel 20 aastaks.

(6) Teabevaldaja salastatud teabekandjate evakueerimist käsitleva teabe osas on riigisaladuseks konfidentsiaalsel või kõrgemal tasemel salastatud teavet sisaldavate teabekandjate evakueerimist käsitlev teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 20 aastaks.

(7) Teabevaldaja turvaala valve- ja häiresüsteeme käsitleva teabe osas on riigisaladuseks teave salastatud teabe valdaja turvaalale paigaldatud signalisatsioonisüsteemi plaanide ja skeemide ning süsteemis kasutatavate ja turvaalal asuvate seadmete loetelu kohta. Kui turvaalale paigaldatud süsteem on suurema signalisatsioonisüsteemi osa, salastatakse vaid turvaalale paigaldatud seadme kohta käivad plaanid, skeemid ja loetelud. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel kuni ruumi turvaalana kasutamise lõpetamiseni, kuid mitte kauemaks kui 30 aastaks.

3. peatükk.- RIIGISALADUSE SALASTATUSE KUSTUTAMINE, SALASTAMISALUSE, -TASEME JA -TÄHTAJA MUUTMINE

1. jagu Riigisaladuse salastatuse ennetähtaegne kustutamine

§ 9. Salastatuse ennetähtaegse kustutamise taotluse esitamine

(1) Asutus või põhiseaduslik institutsioon, kellel puudub pädevus kustutada enda loodud riigisaladuse salastatust enne tähtaja möödumist, esitab “Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse” § 13 lõikes 4 sätestatud juhul taotluse riigisaladuse salastatuse ennetähtaegseks kustutamiseks Vabariigi Valitsusele ministri kaudu, kelle valitsemisalasse ta kuulub. Kui asutus või põhiseaduslik institutsioon ei asu ühegi ministeeriumi valitsemisalas, esitab ta taotluse Vabariigi Valitsusele siseministri kaudu.

(2) Taotluses märgitakse salastatuse ennetähtaegse kustutamise vajaduse põhjendused, millisele asutusele või põhiseaduslikule institutsioonile on see teave edastatud ja kas teave oleks pärast kustutamist asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave. Taotlusele lisatakse selle kohta esitatud vastuväited. “Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse” § 13 lõikes 2 nimetatud teabe korral lisatakse taotlusele ka füüsilise isiku kirjalik nõusolek.

(3) Ministril on õigus suunata taotlus Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjonile arvamuse andmiseks.

§ 10. Taotluse kohta vastuväidete esitamine

(1) Paragrahvi 9 lõikes 1 nimetatud asutus või põhiseaduslik institutsioon peab enne salastatuse kustutamise taotlemist teavitama taotluse esitamise kavatsusest kõiki asutusi ja põhiseaduslikke institutsioone, kellele seda riigisaladust sisaldav teabekandja on edastatud, ja andma neile vastuväidete esitamiseks vähemalt ühekuulise tähtaja. Samuti teavitatakse vajaduse korral asutust ja põhiseaduslikku institutsiooni, kelle ülesandeid see teave võib puudutada.

(2) Salastatuse ennetähtaegse kustutamise kavatsuse teates märgitakse salastatuse ennetähtaegse kustutamise vajaduse põhjendused ja kas teave oleks pärast salastatuse kustutamist asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave.

(3) Teate saanud asutus või põhiseaduslik institutsioon esitab riigisaladuse salastatuse ennetähtaegsele kustutamisele vastuväited hiljemalt käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel antud tähtaja jooksul.

(4) Minister kaalub taotluse Vabariigi Valitsusele esitamisel taotlusele esitatud vastuväiteid.

§ 11. Kustutamiseks pädeva asutuse poolt kustutamise kavatsusest teavitamine

(1) Asutus või põhiseaduslik institutsioon, kes on pädev kustutama enda loodud riigisaladuse salastatust enne tähtaja möödumist, peab kustutamise kavatsusest teavitama kõiki asutusi ja põhiseaduslikke institutsioone, kellele seda riigisaladust sisaldav teabekandja on edastatud, ja andma neile vastamiseks vähemalt ühekuulise tähtaja. Samuti teavitatakse vajaduse korral asutust ja põhiseaduslikku institutsiooni, kelle ülesandeid see teave võib puudutada.

(2) Kustutamise kavatsuse teates märgitakse salastatuse ennetähtaegse kustutamise põhjendused, kavandatav kustutamise kuupäev ja selgitus, kas teave oleks edaspidi asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave.

(3) Teate saanud asutus või põhiseaduslik institutsioon esitab salastatuse ennetähtaegse kustutamise kohta vastuväited käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel antud tähtaja jooksul.

(4) Lõikes 1 nimetatud asutuse või põhiseadusliku institutsiooni juht kaalub salastatuse ennetähtaegse kustutamise otsustamisel asutuste ja põhiseaduslike institutsioonide vastuväiteid.

§ 12. “Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse” § 35 lõikes 3 nimetatud asutuse ja põhiseadusliku institutsiooni teavitamine salastatuse ennetähtaegsest kustutamisest

Kui §-des 10 ja 11 nimetatud teate saanud asutus või põhiseaduslik institutsioon on kõnealuse riigisaladuse edastanud “Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse” § 35 lõikes 3 nimetatud asutusele või põhiseaduslikule institutsioonile, teavitab ta seda asutust või põhiseaduslikku institutsiooni riigisaladuse ennetähtaegse kustutamise kavatsuse teate saamisest. Sel viisil teavitatud asutusel ja põhiseaduslikul institutsioonil on õigus esitada oma vastuväited samas korras, salastatuse ennetähtaegse kustutamise taotluse esitamist või ennetähtaegset kustutamist kavatseva asutuse või põhiseadusliku institutsiooni antud tähtaja jooksul.

§ 13. Ennetähtaegsest kustutamisest teavitamine

(1) Kui asutus või põhiseaduslik institutsioon on kustutanud enda loodud riigisaladuse salastatuse enne tähtaja möödumist, teavitab ta sellest viivitamata kõiki töötlevaid üksusi, kes seda riigisaladust sisaldavat teabekandjat valdavad.

(2) Kui Vabariigi Valitsus kustutab riigisaladuse salastatuse enne tähtaja möödumist ministri taotluse või ministri edastatud taotluse alusel, teavitab minister salastatuse kustutamisest viivitamata kõiki asutusi ja põhiseaduslikke institutsioone, kellele seda riigisaladust sisaldav teabekandja on edastatud.

(3) Asutus või põhiseaduslik institutsioon, kes on edastanud salastatud teabekandja, mille salastatus on kustutatud, “Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse” § 35 lõikes 3 nimetatud asutusele või põhiseaduslikule institutsioonile, teavitab salastatuse kustutamisest viivitamata ka seda asutust või põhiseaduslikku institutsiooni.

2. jagu Riigisaladuse salastamistähtaja pikendamine

§ 14. Salastamistähtaja pikendamise taotlus

(1) Asutus või põhiseaduslik institutsioon, kellel puudub pädevus pikendada enda loodud riigisaladuse salastamistähtaega, esitab taotluse salastamistähtaja pikendamiseks Vabariigi Valitsusele ministri kaudu, kelle valitsemisalasse ta kuulub. Kui asutus või põhiseaduslik institutsioon ei asu ühegi ministeeriumi valitsemisalas, esitab ta taotluse Vabariigi Valitsusele siseministri kaudu.

(2) Riigisaladuseks oleva teabe salastamistähtaja pikendamise taotlus esitatakse Vabariigi Valitsusele võimaluse korral vähemalt kolm kuud enne salastamistähtaja lõppu.

(3) Taotluses märgitakse salastamistähtaja pikendamise vajaduse põhjendused ja millisele asutusele või põhiseaduslikule institutsioonile on see teave edastatud. Taotlusele lisatakse selle kohta esitatud vastuväited.

(4) Ministril on õigus suunata taotlus Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjonile arvamuse andmiseks.

§ 15. Salastamistähtaja pikendamise kohta vastuväidete esitamine

(1) Paragrahvi 14 lõikes 1 nimetatud asutus või põhiseaduslik institutsioon peab enne salastamistähtaja pikendamise taotlemist teavitama taotluse esitamise kavatsusest kõiki asutusi ja põhiseaduslikke institutsioone, kellele seda riigisaladust sisaldav teabekandja on edastatud, ja andma neile vastamiseks vähemalt ühekuulise tähtaja.

(2) Pikendamise kavatsuse teates märgitakse salastamistähtaja pikendamise põhjendused.

(3) Teate saanud asutus või põhiseaduslik institutsioon esitab riigisaladuse salastamistähtaja pikendamisele vastuväited käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel antud tähtaja jooksul.

(4) Minister kaalub taotluse Vabariigi Valitsusele esitamisel taotlusele esitatud vastuväiteid.

§ 16. Salastamistähtaja pikendamisest teavitamine

(1) Kui asutus või põhiseaduslik institutsioon on pikendanud enda loodud riigisaladuse salastamistähtaega, teavitab ta sellest viivitamata kõiki töötlevaid üksusi, kes seda riigisaladust sisaldavat teabekandjat valdavad.

(2) Kui Vabariigi Valitsus on pikendanud riigisaladuse salastamistähtaega ministri taotluse või ministri poolt edastatud taotluse alusel, teavitab minister salastatuse pikendamisest viivitamata kõiki asutusi ja põhiseaduslikke institutsioone, kellele seda riigisaladust sisaldav teabekandja on edastatud.

(3) Asutus või põhiseaduslik institutsioon, kes on edastanud salastatud teabekandja, mille salastamistähtaega on pikendatud, “Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse” § 35 lõikes 3 nimetatud asutusele või põhiseaduslikule institutsioonile, teavitab salastatuse pikendamisest viivitamata ka seda asutust või põhiseaduslikku institutsiooni.

3. jagu Salastamisandmete parandamine

§ 17. Salastamisandmete parandamise taotluse esitamine

(1) Asutus või põhiseaduslik institutsioon, kelle töötajal või teenistujal puudub pädevus salastamisandmete parandamiseks, esitab “Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse” § 15 lõikes 1 sätestatud juhul taotluse salastamisandmete parandamiseks vastavalt Vabariigi Valitsusele või siseministrile selle ministri kaudu, kelle valitsemisalasse ta kuulub. Töötlemisloaga isik esitab taotluse riigisaladuse töötlemise loa saamist toetanud asutuse kaudu.

(2) Taotluses märgitakse salastamisandmete parandamise põhjendused ja selgitus, kas teave oleks edaspidi juurdepääsupiiranguta avalik või asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave või millisel alusel või millise tähtajaga salastatud teave ning millistele asutustele ja põhiseaduslikele institutsioonidele on see teave edastatud. Taotlusele lisatakse selle kohta esitatud vastuväited.

(3) Ministril on õigus suunata taotlus Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjonile arvamuse andmiseks.

§ 18. Salastamisandmete parandamise taotluse esitamise kavatsusest teavitamine

(1) Enne salastamisandmete parandamise taotluse esitamist peab taotluse esitamise kavatsusest teavitama kõiki asutusi ja põhiseaduslikke institutsioone, kellele seda riigisaladust sisaldav teabekandja on edastatud, ja andma neile vastamiseks vähemalt ühekuulise tähtaja.

(2) Salastamisandmete parandamise teates märgitakse salastamisandmete parandamise põhjendused ja selgitus, kas teave oleks edaspidi juurdepääsupiiranguta avalik või asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave või millisel alusel või millise tähtajaga salastatud teave.

(3) Teate saanud asutus või põhiseaduslik institutsioon esitab riigisaladuse salastamisandmete parandamisele vastuväited hiljemalt käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel antud tähtaja jooksul.

(4) Salastamisandmete parandamine otsustatakse taotluse ja sellele esitatud vastuväidete alusel.

§ 19. Enda loodud riigisaladuse salastamisandmete parandamise kavatsusest teavitamine

(1) Töötlev üksus peab enne enda loodud riigisaladuse salastamisandmete parandamist sellest kavatsusest teavitama kõiki asutusi ja põhiseaduslikke institutsioone, kellele seda riigisaladust sisaldav teabekandja on edastatud, andes vastamiseks vähemalt ühekuulise tähtaja.

(2) Teates märgitakse salastamisandmete parandamise põhjendused ja selgitus, kas teave oleks edaspidi juurdepääsupiiranguta avalik või asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave või millisel alusel või millise tähtajaga salastatud teave.

(3) Teate saanud asutus või põhiseaduslik institutsioon esitab vastuväited salastamisandmete parandamisele käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel antud tähtaja jooksul.

(4) Lõikes 1 nimetatud töötlev üksus kaalub salastamisandmete parandamise otsustamisel teiste asutuste ja põhiseaduslike institutsioonide vastuväiteid.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

§ 20. “Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse” § 35 lõikes 3 nimetatud asutuse ja põhiseadusliku institutsiooni teavitamine salastamisandmete parandamise kavatsusest

Kui teate saanud asutus või põhiseaduslik institutsioon on riigisaladuse edastanud “Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse” § 35 lõikes 3 nimetatud asutusele või institutsioonile, teavitab ta seda asutust või põhiseaduslikku institutsiooni riigisaladuse salastamisandmete parandamise kavatsuse teate saamisest. Sel viisil teavitatud asutusel või põhiseaduslikul institutsioonil on õigus esitada oma vastuväited samas korras parandamise kavatsuse teate saanud asutuste ja põhiseaduslike institutsioonidega, salastamisandmete parandamisele vastuväidete esitamiseks antud tähtaja jooksul.

§ 21. Salastamisandmete parandamisest teavitamine

(1) Kui töötlev üksus parandab salastamisandmeid, teavitab ta sellest viivitamata kõiki töötlevaid üksusi, kellele seda riigisaladust sisaldav teabekandja on edastatud.

(2) Kui salastamisandmete parandamise on otsustanud Vabariigi Valitsus taotluse alusel, teavitab taotluse esitanud ministeerium sellest kõiki töötlevaid üksusi, kellele seda riigisaladust sisaldav teabekandja on edastatud.

(3) Kui salastamisandmeid parandatakse väärteo- või kohtuotsusega, teavitab Kaitsepolitseiamet kõiki töötlevaid üksusi, kellele seda riigisaladust sisaldav teabekandja on edastatud.

(4) Töötlev üksus, kes on edastanud salastatud teabekandja, mille salastamisandmed on parandatud, “Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse” § 35 lõikes 3 nimetatud asutusele või põhiseaduslikule institutsioonile, teavitab salastamisandmete muutmisest viivitamata seda asutust või põhiseaduslikku institutsiooni.

4. peatükk.- SALASTATUD TEABE KAITSE KORRALDAMISE NÕUDED

§ 22. Riigisaladust valdava asutuse, põhiseadusliku institutsiooni ja juriidilise isiku riigisaladuse kaitse juhendile esitatavad nõuded

(1) Riigisaladust valdava asutuse, põhiseadusliku institutsiooni ja juriidilise isiku riigisaladuse kaitse juhendis reguleeritakse järgmisi küsimusi, arvestades töötleva üksuse eripära:
1) väljastpoolt saabuvate ja väljapoole saadetavate salastatud teabekandjate vastuvõtmise ja edastamise kord;
2) salastatud teabekandjate registreerimise kord;
3) seifi võtme ja ligipääsukoodi hoiustamise kord;
4) juurdepääsuloa ja juurdepääsusertifikaadi käitlemise kord;
5) salastamisandmete parandamise kord;
6) salastatud koosolekute pidamise kord;
7) turvaala asukoht;
8) turvaala valve, turvaalale pääsemise, sellel liikumise ja sealt lahkumise kord;
9) salastatud teabe kaitse plaan ohuolukorras;
10) teavitamine isikust, kes püüab mis tahes viisil saavutada ebaseaduslikku juurdepääsu salastatud teabele, ning “Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse” või selle alusel antud õigusakti nõuete rikkumisest;
11) loend kõikide asutuses, põhiseaduslikus institutsioonis ja juriidilises isikus kehtivate selliste kordade, juhendite ja muude eeskirjade kohta, mis reguleerivad riigisaladuse töötlemist;
12) salastatud teabekandja hävitamise meetod ja kord;
13) administratiivala ulatus;
14) relva ning tehnilise vahendi ja muu eseme, mida saab kasutada tehnilise vahendina pealtkuulamiseks või salvestamiseks, turvaalale viimise kord;
15) sissepääsuloa või sissepääsu tagava vahendi kaotamise, kaotamiskahtluse või muu valduse kaotamisest teavitamise kord;
16) selle isiku määramine, kellele tuleb anda hoiule konfidentsiaalsel ja kõrgemal tasemel salastatud teabekandja säilitamiseks kasutatava seifi luku varuvõti ja luku kood.

(2) Lisaks lõikes 1 nimetatutele võib riigisaladuse kaitse juhendis sätestada näiteks:
1) töötleva üksuse piires salastatud teabekandjate vastuvõtmise ja edastamise korra (turvaala piires, administratiivala kaudu);
2) salastatud teabekandjate edastamise täpsema korra;
3) salastatud teabekandjate reprodutseerimise korra;
4) kohapealse mehitatud valve kontrollkäikude korra;
5) turvaalale iseseisva sissepääsuõigusega isikute sissepääsuloa erisused samas töötlevas üksuses töötavate isikute kohta;
6) külalise turvaalale lubamise erisused samas töötlevas üksuses töötavate isikute kohta;
7) riigisaladuse töötlussüsteemi turvanõuete rakendamise juhendi kehtestamine.

(3) Riigisaladuse kaitse juhendi osa, mis peab olema salastatud, kehtestatakse juhendi lisana või eraldi dokumendina.

§ 23. Salastatud teavet valdava asutuse, põhiseadusliku institutsiooni ja juriidilise isiku riigisaladuse kaitset korraldava isiku või struktuuriüksuse tegevusele esitatavad nõuded

Salastatud teavet valdava asutuse, põhiseadusliku institutsiooni ja juriidilise isiku riigisaladuse kaitset korraldav isik või struktuuriüksus peab:
1) korraldama salastatud teabe kaitset ning “Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse” ja selle alusel antud aktide nõuetest kinnipidamist;
2) nõustama töötajaid salastatud teabe töötlemisel;
3) korraldama juurdepääsuõigust omavate isikute koolitust salastatud teabe kaitse küsimustes, sealhulgas elektroonilise teabeturbe alal;
4) korraldama turvaala valvurite tööd ja teostama järelevalvet nende tegevuse üle, kui seda ülesannet ei ole antud teisele ametiisikule;
5) kontrollima nõusolekute, kinnituste, juurdepääsuloa ja töötlemisloa ning nende kehtivuse pikendamise taotluste ning juurdepääsuloa ja töötlemisloa taotleja ankeedi vormilist nõuetele vastavust enne edastamist;
6) pidama arvestust töötajate riigisaladusele juurdepääsu lubade ja juurdepääsusertifikaatide üle;
7) pidama arvestust salastatud teabekandjate üle;
8) pidama seifide kasutajate nimekirja;

9) edastama iga 90 päeva järel vastavalt Kaitsepolitseiametile, Kaitseväe Peastaabile või Teabeametile info juurdepääsuluba mitteomavate isikute ametisse nimetamisest ametikohale, millel on ette nähtud piiratud tasemel riigisaladusele juurdepääsu õigus, samuti sellisel ametikohal oleva isiku ametikohalt vabastamisest ning teenistusvälistele isikutele piiratud taseme riigisaladusele juurdepääsu lubamise otsustamisest;

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

10) korraldama elektroonilise teabeturbe nõuete täitmist ja andma Teabeametile sellekohast teavet viimase nõudmisel;
11) turvanõuete rakendamise juhendi kohaselt dokumenteerima teabe töötlussüsteemide ja nende osade kohta;
12) töötama koostöös süsteemi- ja võrguhalduritega välja süsteemi turvanõuete rakendamise juhendi ning tagama selle tutvustamise ja kättesaadavuse;
13) määrama kindlaks isikud, kes omavad töötlussüsteemile või selle osale juurdepääsu õigust, ning juurdepääsuõiguse sisu ja ulatuse, kui seda ei ole määranud töötleva üksuse juht;
14) väljastama salasõnu ja muid teabele juurdepääsu andvaid füüsilisi ja elektroonilisi vahendeid ning tagama selliste vahendite perioodilise vahetamise ja nende üle arvestuse pidamise;
15) jälgima ja dokumenteerima töötlussüsteemide hooldamist ja remontimist ning nende konfiguratsiooni muutmist;

16) pidama arvestust salastatud teavet sisaldavate töötlussüsteemi osade, sealhulgas diskettide ja muude teisaldatavate salvestuskandjate ja nende kasutajate üle ning kontrollima perioodiliselt salvestuskandjate tegelikku olemasolu, sisu, hoiutingimusi ja märgistust;

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

17) selgitama välja sündmuse või protsessi mittetoimumise või töötlussüsteemi volitustevastase kasutamise asjaolud;
18) teavitama viivitamatult Kaitsepolitseiametit ja vastavalt Kaitseväe Peastaapi, Teabeametit või riigi julgeoleku volitatud esindajat, kui talle on teatavaks saanud “Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse” ning selle alusel antud õigusaktidest tulenevate nõuete rikkumine või teabe teatavaks saamine vastava taseme juurdepääsuõigust mitteomavale isikule;

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

19) võtma seletusi isikutelt, kes on rikkunud “Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse” või selle alusel antud õigusakti nõudeid.

5. peatükk.- SALASTATUD TEABE JA SALASTATUD TEABEKANDJA TÖÖTLEMISE NÕUDED

1. jagu Turvaala

1. jaotis Turvaala üldnõuded

§ 24. Turvaala üldnõuded

(1) Turvaalal peab olema määratletud ja kaitstud välispiir, millel on võimalik kontrollida kõiki sisse- ja väljapääse, ning sisse- ja väljapääsukontrolli süsteem, mis võimaldab turvaalale iseseisvalt siseneda ainult nõutava tasemega juurdepääsuõigusega isikul.

(2) Ala turvaalana kasutamine peab olema eelnevalt kooskõlastatud vastavalt Kaitsepolitseiameti, Kaitseväe Peastaabi või Teabeametiga.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

(3) Kaitsepolitseiamet, Kaitseväe Peastaap või Teabeamet võivad teha käesolevas määruses sätestatud turvaalale esitatavates nõuetes konkreetse hoone või töötleva üksuse suhtes erandeid, kui nõuete rakendamine ei ole tehniliselt või seadusest tulenevatel põhjustel võimalik või kui turvaala nõuetekohasuse võib tagada muude meetmete abil.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

(4) Turvaala üldisi nõudeid kohaldatakse ajutisele ja liikuvale turvaalale niivõrd, kuivõrd käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

(5) Ala turvaalana kasutamise lõpetamisel tuleb sellest teavitada kooskõlastanud asutust 30 päeva jooksul kasutamise lõpetamisest arvates.

§ 25. Turvaala asukoht

(1) Turvaala peab asuma riigisaladust valdava töötleva üksuse otseses valduses olevates ruumides. Väljaspool töötleva üksuse otseses valduses olevat turvaala võib teavet töödelda ainult konkreetsele teabele juurdepääsuvajadust ja õigust omava töötleva üksuse turvaalal.

(2) Enne turvaala rajamise planeerimist tuleb konsulteerida kooskõlastamiseks pädeva asutuse esindajatega, et määrata turvaala parim asukoht hoones.

(3) Võimaluse korral ei rajata turvaala hoone esimesele ega viimasele korrusele.

(4) Võimaluse korral tuleb turvaala asukoht hoones valida selliselt, et akende olemasolul avaneksid need riigisaladust töötleva asutuse valduses olevale territooriumile.

(5) Riigisaladust ja salastatud teabekandjaid töötlevad isikud ja struktuuriüksused tuleb võimaluse korral paigutada asutuses lähestikku, näiteks ühte ja samasse ruumi või hoone ühte tiiba.

§ 26. Liikuv ja ajutine turvaala

(1) Erandkorras võib turvaala rajada ka liikuvatele platvormidele (edaspidi liikuv turvaala) või aladele, mis tavaliselt ei ole kasutuses turvaalana (edaspidiajutine turvaala). Liikuvaks ja ajutiseks turvaalaks võib olla näiteks sõiduk, haagis, laev, punker, konteiner, soojak, telk, ülesande täitmiseks sobiv olemasolev ehitis. Võimaluse korral tuleb ajutise turvaalana kasutada püsiehitist.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

(2) Sellise turvaala kasutusele võtmine tuleb eelnevalt kooskõlastada vastavalt Kaitsepolitseiameti, Kaitseväe Peastaabi või Teabeametiga, salastatud välisteabega turvaala korral ka riigi julgeoleku volitatud esindajaga. Liikuva või ajutise turvaala kooskõlastamist taotleval asutusel tuleb kooskõlastuse saamiseks esitada kooskõlastavale asutusele kirjalik taotlus vähemalt 30 päeva enne sellise turvaala kasutusele võtmist.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

(3) Kiireloomulistel asjaoludel võib lõikes 2 nimetatud tähtaega lühendada kooskõlastava asutuse nõusolekul.

(4) Liikuvale ja ajutisele turvaalale kohaldatakse võimalusel kõiki turvaala nõudeid, võimaluse puudumisel tagatakse salastatud teabe turvalisus muude meetmetega.

(5) Erandina võib eriolukorra, erakorralise seisukorra, mobilisatsiooni või sõjaseisukorra ajal ning kaitseväe sõjalise valmisoleku suurendamise korral liikuva või ajutise turvaala luua iga riigisaladust valdava asutuse juhi suulise korralduse alusel. Suuliselt antud korraldus tuleb esimesel võimalusel ka kirjalikult jäädvustada. Asutused, kelle tegevus eeldab nimetatud olukordades liikuva või ajutise turvaala loomist, peavad kajastama sellekohase info asutuse ja teiste tasandite, näiteks maakonna ja ministeeriumi kriisiplaanides ning teavitama sellest kooskõlastavat asutust.

(6) Liikuval ja ajutisel turvaalal töödeldakse vaid konkreetse ülesande täitmiseks vajalikke salastatud teabekandjaid. Kui töötlemisvajadus on lõppenud, viiakse salastatud teabekandjad viivitamata alalisele turvaalale.

(7) Liikuva või ajutise turvaala koha valikul tuleb eelkõige arvestada ülesande tõhusat ja turvalist täitmist.

(8) Asutuse juht peab määrama isiku, kes vastutab liikuval või ajutisel turvaalal salastatud teabekandjate kaitseks rakendatavate julgeolekumeetmete eest (edaspidi vastutav isik).

(9) Kui turvaala kasutamisel ilmneb lahknevusi eelnevalt kooskõlastamisele esitatud andmetest, siis tuleb vastutaval isikul sellest kirjalikult teavitada kooskõlastavat asutust hiljemalt 30 päeva pärast muudatuse toimumist.

§ 27. Turvaala sein, lagi ja põrand

(1) Turvaala sein, lagi ja põrand peavad olema valmistatud betoonist, terasest või kivist nii, et detaile, millest sein, lagi või põrand koosneb, ei oleks võimalik väljastpoolt lihtsalt eemaldada.

(2) Kahe turvaala vaheline sein või turvaala sisesein võivad olla kergkonstruktsiooniga. Turvaala välissein, lagi või põrand võib olla kergkonstruktsiooniga, kui hoones on pidev mehitatud valve või kui neid on tugevdatud füüsiliste tõkete lisamisega või tehniliste valveseadmetega.

(3) Turvaala helipidavus peab olema selline, et seal toimuv ei kostaks ümbritsevatesse ruumidesse.

§ 28. Turvaala uks

(1) Turvaala välispiiril asuv uks (edaspidi turvaala uks) peab olema kooskõlastava asutuse hinnangul piisavalt turvaline, et valvepersonal jõuaks sissetungikatsele reageerida enne, kui sissetungija on ületanud füüsilised tõkked.

(2) Turvaala uks peab kinnituma ukselengi külge vähemalt kolme hingega, hingedepoolsel küljel peavad olema turvatapid, mis ukse sulgemisel sulguvad lengi sisse. Turvaala uksel peab olema automaatne sulgur, mis tagab ukse iseenesliku sulgumise määratud aja jooksul, ja andur, mis annab märguande, kui uks on olnud avatud üle määratud aja.

(3) Kui nõuetekohast turvaala ust ei ole võimalik paigaldada, tuleb turvaala ust valvata täiendavate valve- ja häiresüsteemiseadmetega.

(4) Turvaala uks peab olema varustatud vähemalt kahe lukuga, millest vähemalt üks peab olema automaatselt lukustuv ja vähemalt üks mehaaniline turvalukk. Turvaluku keel peab olema kaitstud.

(5) Turvaala mehaanilised ukselukud ei tohi olla avatavad sama võtmega, millega saab avada hoones asuvaid teisi mehaanilisi ukselukke. Kui seda nõuet ei ole võimalik järgida, tuleb võtmeid hoida samadel tingimustel seifivõtmetega.

§ 29. Turvaala aken

(1) Kergesti ligipääsetavas kohas, näiteks katusel, rõdul ja hoonelaiendusel asuv turvaala aken tuleb varustada sissemurdmist takistavate turvaelementidega. Vajaduse korral tuleb kasutada akna turvalisuse suurendamiseks muid füüsilisi tõkkeid või valve- ja häiresüsteemiseadmeid.

(2) Turvaala aken tuleb katta kardina või toonkilega, et väljastpoolt ei oleks võimalik jälgida turvaalal toimuvat.

§ 30. Turvaala muu avaus

Turvaalal asuv muu avaus peab olema kaitstud füüsiliste tõkete või valve- ja häiresüsteemiseadmetega, et välistada turvaalale tehniliste seadmete ebaseaduslik paigaldamine või turvaalal hoitaval salastatud teabekandjal sisalduva teabe muul viisil ohustamine.

§ 31. Avatud hoiuala

Avatud hoiuala välissein, lagi ega põrand ei tohi olla kergkonstruktsiooniga.

§ 32. Liikuva ja ajutise turvaala konstruktsiooniline kaitse

(1) Liikuval ja ajutisel turvaalal peab olema füüsilise tõkkega selgelt määratud ja kaitstud välispiire, milles on võimalik kontrollida kõiki sisse- ja väljapääse. Kooskõlastava asutuse nõudel peab muutma turvaala asukohta, tugevdama turvaala konstruktsiooni ja kasutama lisapiirdeid.

(2) Liikuva ja ajutise turvaala konstruktsioon peab tagama, et väljastpoolt oleks välistatud juurdepääs salastatud teabele või selle ohustamine.

§ 33. Evakuatsiooniplaan

(1) Turvaala kohta peab olema koostatud ohuolukorras tegutsemiseks salastatud teabekandjate evakueerimise plaan.

(2) Evakuatsiooniplaanis peavad olema kajastatud erinevad võimalikud ohuolukorrad, millal tuleb salastatud teabekandjad evakueerida või hävitada.

(3) Lõike 2 alusel määratletud iga ohuolukorra kohta tuleb ette näha, kuidas toimub evakuatsioon või hävitamine, kellel on õigus anda selleks korraldus, kes seda läbi viib, milliseid vahendeid selleks kasutatakse, kuhu evakueeritakse salastatud teabekandjad.

2. jaotis Turvaala valve nõuded

§ 34. Turvaala valve üldnõuded

(1) Turvaalal peab olema sissetungimisvastane häiresüsteem (edaspidi häiresüsteem) ja kohapealne mehitatud valve.

(2) Kohapealse mehitatud valve nõue ei kehti juhul, kui turvaala tehniline valve ja füüsilise kaitse meetmed võimaldavad mehitatud valvel reageerida sissetungikatsele enne, kui sissetungija on ületanud füüsilised tõkked.

(3) Turvaala või selle osa peab olema valve all, kui sellel ei viibita.

§ 35. Tehnilise valve süsteemi nõuded

(1) Tehnilise valve süsteem peab:
1) andma häire, kui toimub sissetung või selle katse;
2) olema selline, et mehitatud valve jõuaks reageerida enne, kui sissetungija on ületanud füüsilised tõkked;
3) võimaldama turvaala valvet eraldi sisse ja välja lülitada, sisse- ja väljalülitamist ning häire aega hiljem elektrooniliselt tuvastada. Neid toiminguid kajastavaid andmeid tuleb säilitada vähemalt üks aasta;
4) automaatselt tuvastama süsteemi rikked.

(2) Tehnilise valve süsteemi rikke korral peab süsteem andma kohe häire mehitatud valvele.

(3) Riigisaladuse kaitseks kasutatava tehnilise valve süsteemi reservtoide peab tagama süsteemi toimimise põhielektrisüsteemi tõrke korral turvaala mehitatud valve alla võtmiseni.

§ 36. Liikuva ja ajutise turvaala mehitatud valve

(1) Liikuvat või ajutist turvaala peavad kaitsma liikuvad või püsipositsioonidel relvastatud valvurid, kes jälgivad kogu kaitstavat ala. Sellest nõudest võib teha erandeid ainult kooskõlastava asutuse loal lähtuvalt turvaala asukohale antud ohuhinnangust. Turvaala valvamiseks võib kasutada nii valvemeeskonna valvureid kui ka turvaalal ööpäevaringselt töötavaid instrueeritud isikuid.

(2) Kui liikuva või ajutise turvaala pidevat mehitatust ei suudeta tagada, siis tuleb liikuvale või ajutisele turvaalale paigaldada häiresüsteem, mis edastab häiresignaali instrueeritud isikutele, s.t valvemeeskonnale või turvaala töötajatele, kes peavad jõudma turvaalale kooskõlastava asutusega kooskõlastatud reageerimisaja jooksul. Reageerimisaeg ei tohi olla pikem ajast, mis kulub sissetungijal füüsiliste tõkete ületamiseks.

§ 37. Kohapealse mehitatud valve ringkäigud

(1) Kohapealse mehitatud valve ringkäigud peavad väljaspool tööaega, puhkepäevadel ja riigipühadel toimuma eri intervalliga. Ringkäikude intervall ei tohi ületada kahte tundi, välja arvatud valvekaamerate kasutamise korral.

(2) Kohapealne mehitatud valve peab kindlaks tegema kõik turvaalal töötavad isikud ja nende tööruumid. Igal järgmisel ringkäigul tuleb üle kontrollida need ruumid, kus viimase ringkäigu ajal isikud töötasid.

(3) Järgmistel ringkäikudel peab kohapealne mehitatud valve jälgima, et juhuslikult valitud ruumide kontrollimise käigus oleksid kolme ringkäiguga üle kontrollitud kõik ruumid. Samuti peab ringkäigul kontrollima, et turvaalal ei oleks ühtegi märki sissetungijatest ning kõik ringkäigu marsruudile jäävad uksed, aknad ja muud sissepääsud turvaalale on suletud ja puutumata.

(4) Juurdepääsuõigusest ja teadmisvajaduse nõudest lähtuvalt võib töötleva üksuse juht piirata mehitatud valve sissepääsu turvaalale või selle osale.

§ 38. Kohapealse mehitatud valve õigus juurdepääsuks riigisaladusele

Turvaalal ringkäiku tegeval kohapealsel mehitatud valvel peab olema vähemalt selle taseme riigisaladusele juurdepääsu luba, mis tasemel salastatud teavet kontrollitaval turvaalal töödeldakse.

3. jaotis Isikute viibimine ja töötamine turvaalal

§ 39. Isikute viibimine turvaalal

Isikute turvaalal viibimise korraldus peab arvestama isiku riigisaladusele juurdepääsu õigust, teadmisvajadust ning tegema kindlaks isiku turvaalale sisenemise ja sealt väljumise.

§ 40. Iseseisva sissepääsuõigusega isiku pääs turvaalale

(1) Turvaalale iseseisva sissepääsuõigusega isikule antakse sissepääsuluba, millele kantakse loa number. Sissepääsuluba ei pea andma, kui turvaala koosneb ühest või kahest ruumist.

(2) Töötlev üksus peab pidama arvestust turvaalale pääsevate isikute sissepääsuõiguse, sissepääsu tagavate vahendite ja sissepääsulubade üle.

(3) Turvaalal töötav isik kannab sissepääsuluba nähtaval kohal, et oleks võimalik tuvastada tema isik. Sissepääsuloa nähtaval kohal kandmise nõue ei kehti julgeolekuasutuste puhul. Väljaspool turvaala ja administratiivala ei tohi sissepääsuluba nähtaval kohal kanda.

(4) Turvaala sisse- ja väljapääsukorraldus peab tagama iseseisva sissepääsuõigusega isikute tuvastamise sisenemisel ja väljumisel.

(5) Sissepääsuloa või sissepääsu tagava eseme kaotamise, kaotamiskahtluse või muu valduse kaotuse korral tuleb sellest viivitamata teavitada töötlevas üksuses määratud isikut, kes võtab meetmed sissepääsuloa või sissepääsu tagava eseme kasutamise takistamiseks.

§ 41. Külalise viibimine turvaalal

(1) Turvaalale võib lubada külalise töötleva üksuse riigisaladuse kaitse juhendis sätestatud korras.

(2) Külalisele antakse numbriga külastusluba, millele on märgitud sõna “KÜLALINE” ja mis võimaldab tuvastada loa saanud isiku. Külaline peab kandma külastusluba nähtaval kohal.

(3) Külastusluba ei pea väljastama, kui turvaala koosneb ühest või kahest ruumist.

(4) Külastusloa andmine ja selle tagastamine, külalise saabumise ja lahkumise aeg, külalise ees- ja perekonnanimi tuleb registreerida. Külaline tuleb identifitseerida kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel.

(5) Külaline võib turvaalal liikuda üksnes koos vastuvõtjaga või temale määratud saatjaga. Külalist on keelatud jätta turvaalale üksinda,

§ 42. Liikuval ja ajutisel turvalal töötamise nõuded

(1) Ajutise turvaala eest vastutav isik peab turvaala kolimise korral hüljatud turvaala üle vaatama ja veenduma, et alale ei ole jäänud salastatud teabekandjaid.

(2) Kui töö ajutisel turvaalal on lõppenud, tuleb salastatud teabekandjad toimetada asutuse alalisele turvaalale andmete võrdlemiseks ja eesmärgi täitnud materjali hävitamiseks.

(3) Ajutise turvaala olemasolevaid füüsilise julgeoleku meetmeid tuleb vajaduse korral tugevdada ka pärast seda, kui turvaala kasutamine on kooskõlastatud.

4. jaotis Salastatud teavet käsitleva koosoleku pidamise nõuded

§ 43. Koosoleku pidamise üldnõuded

Salastatud teavet käsitleva nõupidamise, koosoleku, konverentsi või muu kohtumise (edaspidi koosolek) korraldamiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:
1) salastatud teavet käsitleva koosoleku korraldaja peab tagama, et koosolekule on juurdepääs ainult isikutel, kellel on käsitletava taseme salastatud teabele juurdepääsu õigus ning teadmisvajadus;
2) koosolekuruumis toimuvat ei või olla võimalik väljastpoolt näha ega kuulda.

§ 44. Koosoleku pidamine turvaalal ja administratiivalal

(1) Koosoleku pidamiseks kasutatavad ruumid peavad asuma turvaalal.

(2) Piiratud taseme riigisaladust käsitleva koosoleku läbiviimiseks kasutatavad ruumid võivad asuda ka administratiivalal ja neile ei pea kohaldama käesolevas jaos järgnevalt sätestatud nõudeid.

§ 45. Koosolekuruumide perioodiline kontrollimine

Koosolekuruume tuleb perioodiliselt kontrollida, et vältida lubamatut audio- või videosalvestamist. Koosolekuruumis ei tohi koosoleku toimumise ajal olla ühtegi tehnilist vahendit ega eset, mis on eelnevalt kontrollimata või mida saab kasutada pealtkuulamiseks või lubamatuks salvestamiseks.

§ 46. Koosolekul tehtud märkmete registreerimine

Iga koosolekul osaleja poolt koosolekul tehtud märkmed, kokkuvõtted ja muu sellise materjali vaatab läbi ja tagastab või edastab koosoleku korraldaja osalejatele alles siis, kui riigisaladust sisaldavad märkmed on märgistatud ja registreeritud.

2. jagu Salastatud teabekandjate arvestus

§ 47. Salastatud teabekandjate registreerimise üldnõuded

Salastatud teabekandjate registreerimisel juhindutakse “Avaliku teabe seaduse” § 58 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusest käesolevas määruses sätestatud erisustega.

§ 48. Dokumendi originaal

Mitmes eksemplaris loodud salastatud dokumendi originaaliks loetakse dokumendi esimest eksemplari. Muid eksemplare käsitatakse ja töödeldakse koopiatena.

§ 49. Salastatud teabekandjate register

(1) Salastatud teabekandjate registreerimiseks peavad riigisaladust valdavad asutused, põhiseaduslikud institutsioonid ja isikud sisse seadma salastatud teabekandjate registri (edaspidi register).

(2) Olenevalt salastatud teabekandjate hulgast võib sisse seada eraldi registrid täiesti salajase, salajase, konfidentsiaalse ja piiratud taseme salastatud teabekandjate registreerimiseks.

(3) Piiratud tasemel salastatud teabekandjaid võib töötleva üksuse juhi otsusega registreerida ka üldises dokumendiregistris, kui on tagatud, et salastatud teave ei saa seetõttu teatavaks kõrvalistele isikutele.

(4) Salastatud teabekandjate allregistri võib töötleva üksuse juhi otsusega sisse seada asutuse igas struktuuriüksuses.

§ 50. Nõuded registrile

(1) Salastatud teabekandjate registrit võib pidada elektrooniliselt või paberil.

(2) Registrikanne ise ei tohi võimaluse korral sisaldada salastatud teavet.

(3) Töötlev üksus peab tagama registriandmete säilimise.

§ 51. Registrisse kantav teave

(1) Salastatud teabekandjate registrisse märgitakse:
1) teabekandja identifitseerimiseks vajalikud andmed: registreerimisnumber, registreerimise kuupäev, koostamise kuupäev, selle asutuse nimetus, kust teabekandja on saabunud, ja edastaja registreerimisnumber, dokumendi puhul ka pealkiri ning dokumendi koostaja ja allkirjastaja. Koopiale ei pea andma uut registreerimisnumbrit, kui märgitakse koopia järjekorranumber;
2) teabekandja liik;
3) teabekandja salastamise alus, salastatuse tase ja tähtaeg, nende muudatus ja muudatuse tegemise alus;
4) eksemplaride arv ja numbrid; eksemplaride arvu ei pea registrisse kandma piiratud ja konfidentsiaalsel tasemel salastatud teabekandja puhul;
5) teabekandja osade ja dokumendi lehtede arv. Kui dokument on vormistatud lehe mõlemale küljele, registreeritakse salastatud teabekandjate registris selle dokumendi lehtede arv, märkides juurde, et dokument on vormistatud lehe mõlemale küljele;
6) koopiate arv; koopiate arvu ei pea registrisse kandma konfidentsiaalsel ja madalamal tasemel salastatud teabekandja puhul;
7) selle töötleva üksuse nimetus, kellele salastatud teabekandja või selle koopia on edastatud, ning edastamise aeg; vastuvõtja allkiri või üleandmis-vastuvõtmisakti number;
8) märge selle kohta, kui teisele töötlevale üksusele on antud luba edastada salastatud teabekandjal sisalduvat salastatud teavet kolmandale töötlevale üksusele;
9) märge hävitamise kohta.

(2) Teisaldatavate elektrooniliste salvestuskandjate kohta märgitakse salastatud teabekandjate registrisse:
1) salvestuskandja liik – näiteks kõvaketas, diskett, mälupulk;
2) registreerimisnumber;
3) registreerimise kuupäev;
4) salvestuskandjal sisalduva teabe kõrgeim salastatuse tase;
5) töötlev üksus, kellele salvestuskandja edastati, edastamise aeg.

§ 52. Salastatud teabekandjate registreerimine

(1) Salastatud teabekandja registreeritakse selle koostamise või saabumise päeval.

(2) Salastatud teabekandja registreeritakse üldjuhul üks kord. Põhiregistris registreeritud salastatud teabekandjat ei pea registreerima sama töötleva üksuse allregistris.

(3) Kui salastatud dokumentide kogum sisaldab ka salastamata teabekandjaid, võib kogumisse kuuluvad salastamata teabekandjad registreerida salastatud teabekandjate registris. Kui kogum koosneb eraldi kasutatavatest salastatud dokumentidest, võib iga kogumi osaks oleva dokumendi registreerida eraldi.

§ 53. Registripidaja

Registrisse kandeid tegeval isikul (edaspidi registripidaja) peab olema registreeritavate teabekandjate kõrgeimale salastatuse tasemele juurdepääsu õigus. Registripidaja või registripidajad ja vajaduse korral nende asendajad määrab töötleva üksuse juht.

§ 54. Tutvumisleht

(1) Salajasel ja kõrgemal tasemel salastatud teabekandjas sisalduva teabega tutvumise kohta tehakse märge ja tutvuja annab allkirja tutvumise kohta teabekandja juures olevale tutvumislehele või teabekandjale endale.

(2) Tutvumislehti säilitatakse sama kaua kui registriandmeid.

3. jagu Salastatud teabekandja märgistamine

1. jaotis Märgistamise üldnõuded

§ 55. Riigisaladust sisaldava salastatud teabekandja märgistamine

(1) Kui märgistamine ei sea ohtu riigisaladuse salastatust, tuleb teha salastatud teabekandjale selgelt nähtav salastusmärge “täiesti salajane”, “salajane”, “konfidentsiaalne” või “piiratud”:
1) sõrendatud paksus kirjas, vähemalt 16-punktiste suurtähtedega trükituna või
2) punaselt sama suurusega ja samal kujul templijäljendiga, kleepsuga või muul sellisel viisil.

(2) Kui teabekandja suuruse tõttu ei ole võimalik seda märgistada, võib märgistuse kanda teabekandja külge kinnitatud sildile. Väikeste teabekandjate puhul võib põhjendatud juhtudel märgistus olla väiksem lõike 1 punktis 1 sätestatust, tingimusel et märgistus on hõlpsasti nähtav ja loetav.

(3) Riigisaladust sisaldavale salastatud teabekandjale märgitakse ka teabe salastamise alus järgmisel kujul: “Riigisaladus … alusel”. Lünka tuleb märkida viide käesolevale määrusele, vastavale paragrahvile, lõikele ja punktile. Kui salastatud teabekandja on salastatud mitmel alusel, tuleb teabekandjale märkida kõik alused.

(4) Salastatud teabekandjale tuleb veel märkida teabekandja registreerimise kuupäev, number ja salastamistähtaeg.

(5) Teabekandja üldine salastatus peab vastama selle osade kõrgeimale salastatuse tasemele.

(6) Riigisaladust sisaldava teabekandja edastamisel välisriigile või rahvusvahelisele organisatsioonile kantakse teabekandjale välislepingu nõuetele vastavad salastusmärked ning esilehele inglise keeles märge ka selle kohta, et tegemist on Eesti Vabariigi teabega.

§ 56. Salastatud välisteavet sisaldava teabekandja märgistamine

Salastatud välisteavet sisaldavale teabekandjale ja selle osadele, mis sisaldavad salastatud välisteavet, kantakse salastatud välisteabe avaldaja salastatuse taseme märgistus, kui see on välislepinguga ette nähtud, ja sellele vastava taseme riigisaladuse märgistus. Teabekandja esilehe ülemisse paremasse nurka tehakse täiendav märge “salastatud välisteave” suurtähtedes ja märgitakse salastatud välisteabe avaldaja nimi, salastatuse tase ja tähtaeg, kui salastatuse tähtaeg on välisteabe avaldaja poolt määratud.

§ 57. Salastatud teabekandja koopia ja väljavõtte märgistamine

(1) Koopiale märgitakse “KOOPIA”. Kui dokumendi originaalil olevad märked ei kandu reprodutseerimisel automaatselt üle koopiale, kantakse koopiale samad märked, mis on originaalil.

(2) Väljavõttele märgitakse “VÄLJAVÕTE”, millisest originaaldokumendist on väljavõte tehtud ja originaali salastamismärked.

§ 58. Lisamärgistus turvameetmete ja juurdepääsuõigust omavate isikute kohta

(1) Kui teabekandja märgistatakse lisatähisega täiendavate turvameetmete või teabekandjale juurdepääsu õigust omavate isikute ringi kohta, tehakse vastav märge salastamisaluse märke juurde.

(2) Salastatud krüptomaterjalidele tehakse lisamärge “KRÜPTO”.

§ 59. Pakendatud teabekandja täiendavad salastusmärked

(1) Kui salastatud teabekandjat või andmekogumit säilitatakse kokkupakituna, -rullituna, konteinerisse või karpi panduna või muul viisil nii, et pakend varjab salastusmärget, tuleb teabekandjale või pakendile teha täiendavad salastusmärked selliselt, et asjaolu, et tegemist on riigisaladust sisaldava teabekandjaga, on tuvastatav nii pakitud kui lahtipakitud teabekandja korral kui ka teabekandjat töödeldes.

(2) Teabekandja pakendamisel selle edastamiseks kohaldatakse käesoleva peatüki 7. jao sätteid.

§ 60. Märgistuse kustutamine ja muutmine

(1) Salastatuse kustumisel salastamistähtaja möödumisel kriipsutatakse salastusmärge läbi.

(2) Salastatuse ennetähtaegsel kustutamisel kriipsutatakse salastusmärge läbi ning märgitakse salastamise aluse märke juurde “Salastatus kustutatud … alusel”, viidates kustutamise otsuse teinud organile, otsuse rekvisiitidele ja otsuse jõustumise ajale.

(3) Salastamistähtaja pikendamisel märgitakse salastamise aluse märke juurde “Salastamistähtaeg pikendatud … alusel”, viidates pikendamise otsuse teinud organile ja otsuse rekvisiitidele, ning märgitakse uus salastamistähtaeg.

(4) Salastamisandmete parandamisel kriipsutatakse vale märgistus läbi ja selle alla märgitakse “Salastatus parandatud …” vastavalt salastamisandmete parandamise otsusele. Juurde märgitakse otsuse teinud organi nimetus ning otsuse rekvisiidid või otsuse teinud ametniku ametinimetus, nimi ja allkiri.

(5) Uus märgistus tehakse üldises korras lõigetes 2–4 nimetatu juurde.

2. jaotis Dokumendi märgistamine

§ 61. Dokumentide vormistamise üldnõuete kohaldamine

Salastatud dokumendi koostamisel ja vormistamisel juhindutakse dokumentide vormistamise üldnõuetest, arvestades käesolevast määrusest tulenevaid erisusi.

§ 62. Lehtede nummerdamine

Salastatud dokumendi lehed peavad olema nummerdatud alates esilehest, samuti tuleb igale dokumendi lehele märkida lehtede koguarv. Kui dokument on vormistatud lehe mõlemale küljele, tuleb nummerdada ja märkida vastavalt leheküljed.

§ 63. Dokumendi märgistamine

(1) Salastatud dokumendi esilehele tehakse üles paremale märge teabe salastamise taseme ja aluse, teabekandja registreerimise kuupäeva, numbri ning salastamistähtaja kohta. Kõikidele dokumendi lehtedele märgitakse salastusmärge lehe keskele ülemisse ja alumisse serva vastavalt lehel sisalduva teabe kõrgeimale salastatuse tasemele.

(2) Salastatud dokumendil tervikuna on tema eri osade kõrgeim riigisaladuse tase, mille kohta tehakse salastusmärge dokumendi esilehele, samuti tiitellehele, esi- ja tagakaanele, kui need on olemas.

§ 64. Dokumendi lisa märgistamine

Kui dokumendi lisa on kasutatav algdokumendita, tuleb see märgistada ja vormistada nagu eraldi dokument.

§ 65. Tekstilõikude ja illustratsioonide kaupa märgistamine

Kui teabekandja märgistatakse täiendavalt tekstilõikude ja illustratsioonide kaupa, tuleb salastatuse taseme märge teha salastatud lõigu esimese rea algusesse ja viimase rea lõppu või illustratsiooni ette ja järele. Salastatuse taseme märge kirjutatakse suurtähtedega paksus kirjas nurk- või looksulgudes. Salastatuse taseme märget võib lühendada, märkides salastatuse taseme esitähe.

§ 66. Märgistamine dokumendil oleva teabe salastatuse kustumisel ja salastamisandmete parandamisel

(1) Märge dokumendi salastatuse kustumise, ennetähtaegse kustutamise või salastamistähtaja pikendamise, samuti salastamisaluse ja -tähtaja muutmise kohta tehakse dokumendi esilehe ülemisse parempoolsesse nurka teabekandja salastamise aluse kohta tehtud märke juurde.

(2) Teistel lehtedel kriipsutatakse salastatuse kustumisel ja kustutamisel salastusmärge lehe all- ja ülaservas läbi.

§ 67. Dokumentide kogumi märgistamine

(1) Salastatud dokumentidest moodustatud kogum märgistatakse kogumis sisalduva kõrgeima taseme riigisaladuse märkega.

(2) Toimikuks liidetud või muul viisil kaante vahele kogutud kogumi puhul tehakse salastusmärge toimiku esi- ja tagakaane ülemisse ja alumisse serva.

(3) Muudel juhtudel tehakse salastusmärge kogumi esimeseks dokumendiks oleva dokumendi esimese lehe ülemisse ja alumisse serva.

(4) Kui kogumi esileht ei sisalda riigisaladust, tehakse dokumendi paremasse ülemisse nurka lisaks ka märge: “Märgistatud riigisaladusena kui kogumi esileht”.

3. jaotis Muu teabekandja märgistamine

§ 68. Salastatud foto, transparendi ja slaidi märgistamine

Salastatud foto, transparendi ja slaidi märgistamiseks tehakse salastusmärge igale fotole, transparendile või slaidile.

§ 69. Heli-, filmi- ja videosalvestise märgistamine

Heli-, filmi- ja videosalvestisel peab olema märgistus nii selle pakendil kui teabekandjal ning selguma ka teabekandja sisust selle kasutamisel.

4. jaotis Elektroonilise teabe märgistamine

§ 70. Faili märgistamine

(1) Salastatud teavet sisaldava faili salastatuse tase märgitakse suurtähtedega faili nime algusesse, kui see on võimalik, ja faili metaandmetesse.

(2) Kui fail sisaldab dokumenti, siis märgistatakse lisaks failile ka failis sisalduv dokument dokumendi märgistamise nõuete kohaselt. Failis sisalduva dokumendi märgistamisel tuleb parimal võimalikul moel tagada, et salastusmärge oleks kestvalt nähtav riigisaladust sisaldava andmekogumi kuvamisel, projitseerimisel või muul viisil tajutavaks muutmisel.

§ 71. Elektrooniliste sõnumite märgistamine

(1) Elektrooniliste sõnumite salastatuse märge kantakse suurtähtedega sõnumi pealkirja ning sõnumi põhiosa algusesse ja lõppu dokumendi märgistamise nõuete kohaselt.

(2) Sõnumi pealkirja ei pea salastatuse märget kandma juhul, kui sõnumile lisatud salastatud teabekandja on krüpteeritud ja sõnumi krüpteerimata osa ega pealkiri ei sisalda riigisaladust.

4. jagu Salastatud teabekandja säilitamine

1. jaotis Säilitamistingimustele ja -vahenditele esitatavad nõuded

§ 72. Seif

(1) Konfidentsiaalsel ja kõrgemal tasemel salastatud teabekandjaid tuleb säilitada koodlukuga seifis, mille murdmiskindlus vastab vähemalt standardi EVS-EN 1143-1 1. klassi nõuetele.

(2) Piiratud tasemel salastatud teabekandjat võib säilitada ka lukustatud kapis või sahtlis, mis on kaitstud kõrvaliste isikute juurdepääsu eest.

(3) Seif, milles säilitatakse konfidentsiaalsel või kõrgemal tasemel salastatud teabekandjat, peab paiknema turvaalal.

(4) Kui seifi kasutab mitu isikut, tuleb seif jagada füüsiliselt osadeks lähtuvalt teadmisvajaduse põhimõttest. Seifil peavad niisugusel juhul olema eraldi lukustatavad osad.

(5) Kooskõlastava asutuse loal võib salastatud teabekandjaid säilitada avatud hoiualal. Kooskõlastav asutus määrab sellel töödeldava teabe lubatud kõrgeima salastatuse taseme.

§ 73. Salastatud teabekandjate säilitamine nende kasutamise ajal

(1) Salastatud teabekandjad peavad pärast nende väljavõtmist seifist või muust säilituskohast olema pideva järelevalve all. Kui salastatud dokumente parajasti ei kasutata, tuleb neid hoida tühi lehekülg ülespoole või kinnikaetult.

(2) Ruumist lahkumisel peab salastatud teabekandja lukustama vastavalt salastatuse tasemele seifi, kappi või sahtlisse.

§ 74. Erandid üldistest säilitustingimustest

(1) Kui salastatud teabekandjate säilitamise nõudeid ei ole töötlevas üksuses võimalik täita, tuleb salastatud teabekandjad anda ajutisele hoiule riigiasutusele, kus salastatud teabekandjate säilitamise nõuded on täidetud.

(2) Kooskõlastav asutus võib lubada liikuval ja ajutisel turvaalal kasutada § 72 lõikes 1 sätestatust madalama murdvarguskindluse klassiga seife.

(3) Kooskõlastav asutus võib lubada erandjuhul kasutada salastatud teabekandjate säilitamiseks ka muid võimalusi, näiteks säilitamine pakendatuna vastuvõtva baasi või staabi turvaalal, lukustatavas metallkastis, nahktaskus või mujal.

(4) Salajasel või konfidentsiaalsel tasemel salastatud teabekandjat võib asutuse juhi loal erandjuhtudel lühiajaliselt, näiteks sobiva suurusega seifi hankimiseni, säilitada metallist dokumendikapis või sahtlis, kui hoidmispaik asub turvaalal ja on varustatud vähemalt ühe sulgemisrauaga või kolmeosalise võtmekombinatsiooniga lukuga.

2. jaotis Säilituspaiga võtmete ja lukukoodide kaitse

§ 75. Seifi lukukood

(1) Seifi lukukoodi tohib teada ainult selle seifi kasutaja.

(2) Lukukood ei tohi koosneda numbrite või tähtede reast, mida on kerge ära arvata, näiteks tähtpäevade kuupäevad, telefoninumbrid, aritmeetilised jadad.

(3) Lukukoode peab muutma:
1) kasutaja vahetumisel;
2) pärast avamist kasutaja juuresolekuta;
3) kui on põhjust arvata, et kood on saanud teatavaks kõrvalisele isikule;
4) 12 kuu möödumisel viimasest muutmisest.

§ 76. Seifi võti ja lukk

(1) Tööajal asub seifi võti selle seifi kasutaja käes.

(2) Töökohalt lahkudes tuleb seifi võti sulgeda võtmete kappi.

(3) Seifi lukud tuleb vahetada, kui on põhjust arvata, et seifi võti on sattunud kõrvalise isiku kätte.

§ 77. Võtmete kapp

(1) Võtmete kapp peab olema metallist, lukustatav ja asuma pideva valve all.

(2) Kui võtmete kappi kasutab mitu isikut, peab olema tagatud, et kasutaja saab võtta ainult talle vajaliku võtme.

§ 78. Seifi võtme varueksemplari ja lukukoodi hoidmine

(1) Seifi võtme varueksemplar ja seifi lukukood antakse pitseeritud ümbrikus riigisaladuse kaitse juhendis määratud isikule, kes hoiab neid eraldi seifis.

(2) Seifi võtit ja lukukoodi võib hoida panga seifis.

(3) Muud seifiluku koodi ülestähendused on keelatud.

§ 79. Piiratud tasemel salastatud teabekandja säilitamiseks kasutatava kapi või sahtli võti

Piiratud tasemel salastatud teabekandja säilitamiseks kasutatava kapi või sahtli võtit tuleb hoida nii, et see oleks kaitstud kõrvaliste isikute kätte sattumise eest.

5. jagu Salastatud teabekandja reprodutseerimine ja sellest väljavõtte tegemine

§ 80. Reprodutseerimise põhimõtted

(1) Töötlev üksus peab välistama salastatud teabekandja kontrollimatu reprodutseerimise ja sellest väljavõtte tegemise.

(2) Salajasel ja täiesti salajasel tasemel salastatud teabekandja reprodutseerimine ja sellest väljavõtte tegemine teabekandja koostanud töötleva üksuse kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Lubatud on nõusolekuta reprodutseerida salastatud teavet töötleva üksuse töötlussüsteemis kasutamiseks.

(3) Salajasel ja täiesti salajasel tasemel teabekandjat võib reprodutseerida ja sellest väljavõtte teha ainult registripidaja.

(4) Reprodutseerimise käigus reprodutseerimisvahendis jäädvustunud teavet tuleb kaitsta ebaseadusliku juurdepääsu eest.

§ 81. Reprodutseerimisseade

(1) Konfidentsiaalsel, salajasel ja täiesti salajasel tasemel salastatud teabekandja reprodutseerimise seade peab asuma turvaalal ning töötlev üksus peab tagama, et nendele reprodutseerimisseadmetele ei pääse juurde kõrvalised isikud. Salastatud teabekandja reprodutseerimiseks ja väljavõtte tegemiseks tuleb kasutada ainult selleks ettenähtud reprodutseerimisseadmeid.

(2) Piiratud tasemel salastatud teabekandja reprodutseerimine ja sellest väljavõtte tegemine on lubatud administratiivalal selleks ettenähtud reprodutseerimisseadmega.

6. jagu Salastatud teabekandja hävitamine

§ 82. Salastatud teabekandja hävitamise põhimõtted

(1) Konfidentsiaalsel ja kõrgemal tasemel salastatud teabekandja hävitamise seade peab asuma turvaalal.

(2) Kasutuskõlbmatuks muutunud salastatud teabekandja tuleb hävitada esimesel võimalusel, välja arvatud siis, kui seda on vaja säilitada eriotstarbeks.

§ 83. Salastatud teabekandja hävitamine

(1) Konfidentsiaalsel ja kõrgemal tasemel salastatud paberkandja hävitamiseks kasutatav paberipurustaja peab paberi purustama tükkideks, mis ei tohi olla suuremad kui 2 x 15 mm.

(2) Piiratud tasemel salastatud paberkandja hävitamiseks kasutatav paberipurustaja peab paberi purustama tükkideks, mis ei tohi olla suuremad kui 4 x 40 mm.

(3) Teisaldatava salvestuskandja hävitamise seadmed tuleb kooskõlastada Teabeametiga.

(4) Lõigetes 1–3 nimetamata seadmeid võib kasutada salastatud teabekandja hävitamiseks vastavalt Kaitsepolitseiameti, Kaitseväe Peastaabi või Teabeameti nõusolekul.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

§ 84. Salastatud teabekandja hävitamine juriidiliste isikute poolt

(1) Eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle valduses on salastatud teave, edastavad hävitamisele kuuluva konfidentsiaalsel ja kõrgemal tasemel salastatud teabekandja, sealhulgas originaali, koopia ja väljavõtte, hävitamiseks salastatud teabekandja koostanud või juriidilise isiku juurdepääsuloa taotlemist toetanud asutusele.

(2) Kaitsepolitseiameti kirjalikul loal võib juriidiline isik hävitada lõikes 1 nimetatud salastatud teabekandja ka iseseisvalt, järgides käesolevas määruses kehtestatud nõudeid.

§ 85. Salastatud teabekandjat hävitavad füüsilised isikud

(1) Konfidentsiaalsel ja kõrgemal tasemel salastatud teabekandja hävitamises peab osalema vähemalt kaks isikut, kes allkirjastavad salastatud teabekandja hävitamise akti.

(2) Hävitamises osalevatel isikutel peab olema vastaval tasemel riigisaladusele juurdepääsu õigus.

§ 86. Salastatud teabekandja hävitamise akt

(1) Salastatud teabekandja hävitamisel koostatakse salastatud teabekandja hävitamise akt.

(2) Salastatud teabekandja hävitamise aktis peavad olema märgitud:
1) salastatud teabekandjat identifitseerivad andmed;
2) teabekandja hävitanud isikute andmed;
3) hävitamismeetod.

(3) Salastatud teabekandja hävitamise akte säilitatakse turvaalal vähemalt viis aastat.

(4) Salastatud teabekandja hävitamise akti koostamata võib hävitada konfidentsiaalsel ja madalamal tasemel salastatud teabekandja registreerimata koopia.

7. jagu Salastatud teabekandja edastamine

1. jaotis Salastatud teabekandja edastamise üldpõhimõtted

§ 87. Vastuvõtja õigus juurde pääseda asjakohase taseme salastatud teabele

Riigisaladuse valdaja peab enne salastatud teabekandja edastamist olema veendunud, et salastatud teabekandja vastuvõtjal on asjakohasel tasemel salastatud teabele juurdepääsu õigus.

§ 88. Salastatud teabekandja edastamise pakend

(1) Salastatud teabekandja edastamiseks tuleb salastatud teabekandja panna läbipaistmatusse topeltpakendisse.

(2) Salastatud teabekandja peab olema pakendatud turvaliselt viisil, mis võimaldab tagantjärele tuvastada pakendi avamist. Vajaduse korral peab rakendama lisameetmeid pakendi sisu kaitsmiseks õigustamata isikute juurdepääsu eest.

(3) Välispakendile märgitakse saaja töötleva üksuse nimi, pakendis sisalduvate teabekandjate registreerimise numbrid ja vajaduse korral ka aadress.

(4) Sisepakendile märgitakse adressaadiks vastuvõtva töötleva üksuse salastatud teabekandjate register, samuti selles oleva teabekandja salastamistase, registreerimisnumber ja ühikute arv.

§ 89. Edastamise korraldamine

(1) Salastatud teabekandja edastamisel lepivad teabekandja edastaja ning saaja teabekandja edastamises kokku, järgides käesolevas määruses sätestatud nõudeid.

(2) Kui salastatud teabekandja edastamise kohta kehtestatud nõudeid ei ole töötleval üksusel võimalik järgida, peab ta pöörduma salastatud teabekandja edastamise korraldamiseks Kaitsepolitseiameti või Kaitseväe Peastaabi poole.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

§ 90. Edastamisviis

(1) Salastatud teabekandja tuleb edastada viisil, mis tagab teadmisvajaduse põhimõtte arvestamise.

(2) Salastatud teabekandja edastatakse viivitamata. Salastatud teabekandja edastamiseks tuleb valida võimalikult lühike teekond ja ohutu viis.

(3) Kuller peab salastatud teabekandjat kuni üleandmiseni hoidma kogu aeg enda otseses valduses.

(4) Kui konfidentsiaalsel ja kõrgemal tasemel salastatud teabekandjat ei ole võimalik kohe edastada, tagastatakse see saatja registripidajale või riigisaladuse kaitset korraldavale isikule.

(5) Piiratud tasemel salastatud teabekandjat võib edastada posti teel väljastusteatega tähtsaadetisena. Väljastusteadet säilitatakse registri juures.

§ 91. Kulleri õigus juurde pääseda salastatud teabele

Konfidentsiaalsel ja kõrgemal tasemel salastatud teabekandja edastamiseks peab kulleril olema asjakohasel tasemel salastatud teabele juurdepääsu õigus.

§ 92. Salastatud teabekandja väljaviimine turvaalalt

Konfidentsiaalsel ja kõrgemal tasemel salastatud teabekandja võib turvaalalt välja viia ainult töötleva üksuse juhi, registripidaja või töötleva üksuse riigisaladuse kaitse juhendis määratud muu isiku loal transportimiseks mõeldud lukustatavas kotis või kastis või pitseeritud diplomaatilise posti kotis.

§ 93. Salastatud teabekandja üleandmis-vastuvõtmisakt

(1) Salastatud teabekandja edastamise kohta koostab edastaja üleandmis-vastuvõtmisakti. Piiratud tasemel salastatud teabekandja edastamise kohta ei pea akti koostama.

(2) Üleandmis-vastuvõtmisakti peab olema märgitud:
1) teabekandja koostamise kuupäev, registreerimise number, kõrgeim salastatuse tase ning edastatavate ühikute arv. Üleandmis-vastuvõtmisakti ei tohi märkida pakendis sisalduva salastatud teabekandja pealkirja ega muud viidet teabekandja sisule;
2) adressaadiks oleva töötleva üksuse nimi ja aadress;
3) vastuvõtja nimi ja allkiri;
4) üleandja nimi ja allkiri.

(3) Vastuvõtja allkirjastab üleandmis-vastuvõtmisakti pärast edastatud pakendil ja aktis olevate kirjete võrdlemist.

(4) Üleandmis-vastuvõtmisakti säilitatakse registri juures turvaalal vähemalt viis aastat.

(5) Ühes ja samas üleandmis-vastuvõtmisaktis võib kajastada mitme salastatud teabekandja edastamist.

§ 94. Salastatud teabekandja vastuvõtja kohustused

(1) Salastatud teabekandja vastuvõtmisel kontrollitakse, kas saadetis on terviklik, kinnine ja avamisjälgedeta.

(2) Avatud saadetise või avamisjälgedega saadetise või sellise kahtluse korral peab sellest kohe teavitama registripidajat või muud riigisaladuse kaitse juhendis sätestatud isikut.

(3) Pärast välispakendi avamist tuleb sisepakend edastada viivitamata registreerimiseks registripidajale, kes edastab selle riigisaladuse kaitse juhendis sätestatud korras.

(4) Registripidaja peab kontrollima, kas teabekandjad ja neis sisalduv vastavad märgitud ühikute arvule.

2. jaotis Salastatud teabekandja edastamine ühelt turvaalalt teisele administratiivala kaudu

§ 95. Administratiivala kaudu edastavad isikud

(1) Konfidentsiaalsel ja madalamal tasemel salastatud teabekandjat võib administratiivala kaudu edastada isiklikult, registripidaja või kulleriga.

(2) Salajasel ja kõrgemal tasemel salastatud teabekandjat võib ühelt turvaalalt teisele administratiivala kaudu edastada registripidaja, kes võib kasutada kullerit.

§ 96. Edastamise üldnõuete välistamine administratiivala kaudu edastamisel

Teabekandja edastamisele ühelt turvaalalt teisele ei kohaldata § 88 ja 92.

3. jaotis Salastatud teabekandja edastamine avaliku ruumi kaudu

§ 97. Edastamine kahe füüsilise isiku poolt

Salajasel ja kõrgemal tasemel salastatud teabekandjat edastavad kaks füüsilist isikut. Kaitsepolitseiameti, Kaitseväe Peastaabi, riigi julgeoleku volitatud esindaja ja Teabeameti loal võib edastada ka üks isik.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

§ 98. Sõiduki kasutamine avaliku ruumi kaudu edastamisel

(1) Salajasel ja kõrgemal taseme salastatud teabekandjat edastatakse üldjuhul autoga.

(2) Auto aknad hoitakse suletud ja uksed lukustatud ning autojuht peab olema edastamist korraldava töötleva üksusega töö- või teenistussuhtes.

(3) Paragrahvis 99 nimetatud isikud ei või teabekandjat edastades samal ajal juhtida autot.

§ 99. Relva kandmine avaliku ruumi kaudu edastamisel

Täiesti salajasel tasemel salastatud teabekandjat edastav kuller peab kandma sõjaväe- või teenistusrelva või temaga peab olema kaasas sõjaväe- või teenistusrelva kandev isik.

4. jaotis Salastatud teabekandja edastamine välismaale, välismaal ja välismaalt

§ 100. Välismaale, välismaal ja välismaalt kulleriga edastamine

(1) Välismaale, välismaal ja välismaalt edastatakse konfidentsiaalsel ja kõrgemal tasemel salastatud teabekandja diplomaatilise või sõjalise kulleriga, kellel on asjakohasel tasemel salastatud teabele juurdepääsu õigus.

(2) Vastavalt Kaitsepolitseiamet, Kaitseväe Peastaap, riigi julgeoleku volitatud esindaja või Teabeamet võib anda kirjaliku loa lõikes 1 nimetatud teabekandjate edastamiseks diplomaatilise või sõjalise kullerita juhul, kui kulleri kasutamine tooks kaasa ebasoovitava viivituse või kui teistsuguse edastamise vajadus on tingitud objektiivsest olukorrast.

[RT I 2008, 55, 312 – jõust. 1.01.2009]

(3) Lõikes 2 nimetatud luba peab sisaldama nõudeid, mida peab saadetise edastamisel täitma, eelkõige teekonna ja edastamiseks kasutatavate transpordivahendite kohta.

§ 101. Kuller välismaale, välismaal ja välismaalt edastamisel

(1) Välismaale, välismaal ja välismaalt edastamiseks peab kulleril olema diplomaatilise kulleri tunnistus, mille väljastab Välisministeerium, või diplomaatiline puutumatus.

(2) Sõjaliste missioonide piirkonnas edastamiseks peab kulleril olema sõjalise kulleri tunnistus, mille väljastab Kaitseministeerium.

8. jagu Salastatud teabe edastamine tehnilise sidekanali kaudu

§ 102. Akrediteeritud süsteemi kasutamine

Salastatud teabe edastamine tehnilise sidekanali kaudu on lubatud ainult juhul, kui kasutatakse asjakohasel tasemel teabe edastamiseks akrediteeritud süsteemi.

§ 103. Hädaolukorras tehniliste sidekanalite kaudu edastamine

(1) Asjakohasel tasemel salastatud teabe edastamiseks akrediteerimata süsteemi kasutades võib salastatud teavet, välja arvatud täiesti salajasel tasemel teave, edastada ainult hädaolukorras ja salastatud teavet valdava töötleva üksuse juhi ühekordsel loal. Salastatud teavet valdava riigiasutuse juht võib anda loa, kui riigisaladuse kiire edastamine on möödapääsmatu ja salastatud teavet ei ole aja või vastavate vahendite puudumise tõttu võimalik krüpteerida. Salastatud teabe krüpteerimata edastamisest teatatakse esimesel võimalusel Kaitsepolitseiametile ja Teabeametile.

(2) Kui salastatud välisteabe edastamiseks kasutatakse akrediteerimata süsteemi, tuleb sellest viivitamata teavitada ka riigi julgeoleku volitatud esindajat, välja arvatud “Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse” § 52 lõikes 3 sätestatud juhul.

9. jagu Elektrooniline teabeturve

§ 104. Mõisted

Käesolevas jaos kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) elektrooniline teabeturve – teabe käideldavuse, salajasuse ja terviklikkuse tagamine salastatud teabe töötlussüsteemides;
2) töötlussüsteemi akrediteerimine – töötlussüsteemi elektroonilise teabeturbe nõuetele vastavuse hindamine;
3) käideldavus – teabe kasutamise ja teabele juurdepääsu võimalus volitatud isiku nõudel;
4) salajasus – teabe volitamata isikutele mittekättesaadavus või mittearusaadavus;
5) terviklikkus – teabe omadus olla volitamata isikute poolt muutmata, täiendamata või hävitamata;
6) oht – teabe käideldavuse, salajasuse või terviklikkuse potentsiaalne kahjustumine;
7) turvarike – olukord, kus teave või selle kaitsmist toetavad süsteemitoimingud ja -vahendid kaotasid või võisid kaotada varguse, sabotaaži, terrorismiaktide, muu lubamatu tegevuse või turvaaukude tõttu salajasuse, terviklikkuse või käideldavuse (sealhulgas teabe kadumine, volitamata isikutele teatavakssaamine, volitamata isikute poolt muutmine või hävitamine või rünne süsteemi suhtes);
8) turvarisk – turvarikke esinemise tõenäosus;
9) riskihaldus – vara, teabe, ohu, turvarikke ja turvariski analüüs, mille põhjal määratakse kindlaks teabe ja selle kaitsmist toetavate süsteemitoimingute ja -vahendite turvameetmed. Riskihaldus hõlmab süsteemi turvameetmete planeerimist, korraldamist, kasutamist ja kontrollimist, selleks et vältida turvariski väljumist vastuvõetavatest piiridest ja turvarikkeid;
10) haavatavuse analüüs – süsteemi üksikasjalik kontrollimine, et selgitada välja süsteemi turvaaugud, ohud süsteemis töödeldava teabe salajasusele, terviklikkusele ja käideldavusele ning süsteemi vastuvõtlikkus mis tahes ründele või ohule;
11) töötlussüsteemi turvanõuete loetelu – süsteemi kohustuslike turvanõuete loetelu, mis sätestab, kuidas saavutada süsteemi piisav turvalisus ning kuidas tagada ja kontrollida teabe turvalisust süsteemis;
12) töötlussüsteemi turvanõuete rakendamise juhend – dokument, mis kirjeldab detailselt süsteemi turvanõuete loetelus ettenähtud turvanõuete täitmise korda ja iga konkreetse töötaja või muu isiku ülesandeid teabe turvalisuse tagamisel;
13) väline turvakeskkond – süsteemi paiknemiskohta ümbritsev keskkond, sealhulgas hoone või ala, milles toimuvad sündmused võivad mõjutada süsteemi turvalisust;
14) sisemine turvakeskkond – välise turvakeskkonnaga piirnev ruum või ala, kus paiknevad süsteemi komponendid või kus neid kasutatakse;
15) elektrooniline turvakeskkond – piirdub süsteemi komponentidega, mille abil teavet elektrooniliselt töödeldakse ning mille kaitseks süsteemi käitav personal rakendab elektroonilisi turvameetmeid.

§ 105. Elektroonilise teabeturbe põhimõtted

(1) Käesolevas osas sätestatakse elektroonilise teabeturbe nõuded salastatud teabe kaitseks selle elektroonilisel töötlemisel.

(2) Salastatud teavet võib elektrooniliselt töödelda salastatud teabe töötlussüsteemis, mis vastab elektroonilise teabeturbe nõuetele ning millel on Teabeameti antud kehtiv vastavussertifikaat või ajutine kasutusluba.

(3) Salastatud teavet on lubatud töödelda ainult sisemises turvakeskkonnas paiknevate arvutite ja kohtvõrkude abil.

(4) Arvuti, milles töötlemiseks lubatud kõrgeim salastatud teabe tase on piiratud, võib viia väljapoole sisemist turvakeskkonda, kui:
1) salastatud teave on krüpteeritud nõuetele vastavate krüptovahenditega;
2) arvutil ei ole märgistust, mis viitaks töödeldava salastatud teabe salastatuse tasemele.

(5) Elektroonilise teabeturbe tagamisel salastatud välisteabe kaitseks võetakse täiendavalt arvesse salastatud välisteabe avaldaja poolt ettenähtud nõudeid.

(6) Elektroonilise teabeturbe tagamisel arvestatakse eelkõige järgmisi turvapõhimõtteid:
1) kasutada võib üksnes funktsioone, protokolle või teenuseid, mis on vajalikud teabe töötlemiseks või selle turvalisuse tagamiseks – minimaalsuse põhimõte;
2) katkematult peab toimuma süsteemi turvariskide ohjamine, sealhulgas vältimine, vähendamine, kõrvalejuhtimine ja lubatav aktsepteerimine – turvariskide pideva haldamise põhimõte – ja süsteemi turvalisuse regulaarne kontrollimine;
3) süsteemi kasutajatel ja administraatoritel on ainult tööülesannete täitmiseks vajalikud kasutajaõigused – privileegide piiratuse põhimõte;
4) eeldatakse kõigi süsteemiga ühendatud teiste süsteemide ebausaldusväärsust ning nendega teabe vahetamisel peab rakendama piisavaid turvameetmeid – isekaitsvate sõlmede kasutamise põhimõte;
5) ühe kasutatava turvameetme rikke korral ei tohi süsteem muutuda ebaturvaliseks – sügavuti kaitse põhimõte.

§ 106. Töötlussüsteemile esitatavad nõuded

(1) Salastatud teabe töötlussüsteemis peab olema tagatud salastatud teabe käideldavus, salajasus ja terviklikkus.

(2) Salastatud teabe töötlussüsteem peab võimaldama:
1) tuvastada ja registreerida isikud, kes omasid või võisid omada juurdepääsu salastatud teabele ja selle kaitsmist toetavatele süsteemitoimingutele ja -vahenditele;
2) eristada süsteemi kasutajaid salastatud teabele juurdepääsu õiguse põhjal;
3) juurdepääsu teabele ja selle kaitsmist toetavatele süsteemitoimingutele ja -vahenditele üksnes juurdepääsuõiguse ja põhjendatud teadmisvajaduse olemasolul;
4) kontrollida teabe ning selle kaitsmist toetavate süsteemitoimingute ja -vahendite salajasust, terviklikkust, käideldavust, samuti nende päritolu, usaldatavust ja ühendusi;
5) saavutada olukorra, kus elektroonilise teabeturbe kaitsemehhanismid toimivad nõuetekohaselt süsteemi kogu kasutusaja jooksul;
6) ära hoida ja kõrvaldada turvarikkeid ning vältida või vähendada nende tekkimisega kaasnevat kahju;
7) käsitleda turvarikkeid, mille käigus määratakse kindlaks ja registreeritakse süsteemile või selle osale avaldunud oht ja selle tagajärjel teabele tekkinud kahju ning selle kõrvaldamiseks võetud meetmed.

(3) Süsteemi kohta käiv teave dokumenteeritakse süsteemi turvanõuete loetelus ja süsteemi turvanõuete rakendamise juhendis.

(4) Töötlev üksus teostab süsteemi suhtes pidevat riskihaldust.

§ 107. Süsteemi turvanõuete loetelu

(1) Süsteemi turvanõuete loetelus esitatakse:
1) süsteemi tehniline kirjeldus;
2) ülevaade süsteemi riskianalüüsi tulemustest;
3) süsteemile esitatavate turvanõuete kirjeldus;
4) süsteemis rakendatavate turvameetmete loetelu;
5) süsteemi turvalisuse korraldamise kirjeldus.

(2) Süsteemi turvanõuete loetelu töötab välja töötlev üksus. Enne salastatud teabe töötlemiseks uue süsteemi ehitamist või kasutusele võtmist kooskõlastab töötlev üksus loetelu Teabeametiga.

(3) Süsteemi turvanõuete loetelu täpsustatakse süsteemi ehitamise ja kasutamise käigus, juhul kui toimuvad muudatused, näiteks kui muutub süsteemi kasutusotstarve, struktuur, ilmnevad uued olulised ohud või muutub süsteemis töödeldava salastatud teabe tase. Süsteemi turvanõuete loetelu muudatused kooskõlastab töötlev üksus Teabeametiga.

§ 108. Süsteemi turvanõuete rakendamise juhend

(1) Süsteemi turvanõuete rakendamise juhendis esitatakse:
1) süsteemi turvalisuse eest vastutavate isikute ülesanded, õigused ja kohustused;
2) süsteemi kasutajad ning nende ülesanded, õigused ja kohustused;
3) süsteemi riist- ja tarkvara konfiguratsioonihalduse kirjeldus;
4) juhised salastatud teabe elektrooniliseks töötlemiseks;
5) süsteemis kasutatavate teabekandjate töötlemise kirjeldus;
6) süsteemi logifailide ülevaatamise ja intsidentide halduse kirjeldus.

(2) Süsteemi turvanõuete rakendamise juhendi töötab välja töötlev üksus, lähtudes süsteemi turvanõuete loetelust, ning kooskõlastab loetelu Teabeametiga, enne kui süsteemis alustatakse salastatud teabe töötlemist.

(3) Süsteemi turvanõuete rakendamise juhendit täpsustatakse süsteemi ekspluateerimise käigus, juhul kui toimuvad muudatused, näiteks kui muutub süsteemi kasutusotstarve, struktuur, ilmnevad uued olulised ohud või muutub süsteemis töödeldava salastatud teabe tase. Süsteemi turvanõuete rakendamise juhendi muudatused kooskõlastatakse Teabeametiga.

§ 109. Süsteemi akrediteerimine

(1) Süsteemi akrediteerimise eesmärk on saada piisav veendumus, et süsteem vastab elektroonilise teabeturbe tagamiseks kehtestatud nõuetele.

(2) Süsteemi akrediteerimisel lähtub Teabeamet:
1) süsteemi füüsilistest turvameetmetest;
2) süsteemiga seotud turvariskidest;
3) süsteemi turvanõuete loetelust;
4) süsteemi turvanõuete rakendamise juhendist;
5) süsteemi asukoha kiirgusturbe tsoneerimise tulemustest;
6) teabest elektroonilise teabeturbe nõuete täitmise kohta töötleva üksuse poolt.

(3) Teabeamet algatab süsteemi akrediteerimise töötleva üksuse taotlusel või omal algatusel. Töötlev üksus lisab süsteemi akrediteerimise taotlusele süsteemi turvanõuete loetelu ja turvanõuete rakendamise juhendi. Ülejäänud lõikes 2 nimetatud teabe esitab töötlev üksus Teabeameti nõudmisel.

(4) Akrediteerimise tulemusena antakse töötlevale üksusele vastavussertifikaat Teabeameti peadirektori käskkirjaga.

(5) Süsteemile akrediteerimise tulemusena antav ajutine kasutusluba antakse Teabeameti peadirektori käskkirjaga.

(6) Teabeamet keeldub süsteemile vastavussertifikaati või ajutist kasutusluba väljastamast ja keelab selle kasutamise salastatud teabe töötlemiseks, kui süsteem ei vasta elektroonilise teabeturbe nõuetele. Vastav otsus tehakse Teabeameti peadirektori käskkirjaga.

§ 110. Teabe andmise kohustus

Teabeameti nõudel on töötlev üksus kohustatud viivitamata andma, sealhulgas kirjalikus vormis, teavet tema valduses oleva süsteemi ja elektroonilise teabeturbega seotud asjaolude kohta ning tagama Teabeametile tööajal pideva ning puhkepäevadel ja riiklikel pühadel eelnevalt kokkulepitud ajal juurdepääsu süsteemi osadele, sõltumata nende paiknemiskohast.

§ 111. Vastavussertifikaadi ja ajutise kasutusloa kehtivuse pikendamise kord

(1) Vastavussertifikaadi pikendamiseks esitab töötlev üksus Teabeametile taotluse vähemalt kaks kuud enne vastavussertifikaadi kehtivuse lõppemist.

(2) Ajutise kasutusloa kehtivust võib Teabeamet pikendada omal algatusel ja töötleva üksuse taotluse alusel.

(3) Vastavussertifikaadi ja ajutise kasutusloa pikendamisele kohaldatakse süsteemi akrediteerimise sätteid.

§ 112. Vastavussertifikaadi ja ajutise kasutusloa kehtetuks tunnistamine

(1) Teabeamet tunnistab vastavussertifikaadi või ajutise kasutusloa kehtetuks:
1) töötleva üksuse taotluse alusel;
2) kui töötlev üksus ei ole täitnud Teabeameti ettekirjutust elektroonilise teabeturbe nõude rikkumise või rikkumise ohu kõrvaldamiseks;
3) ilmneb vastavussertifikaadi või ajutise kasutusloa andmisest keeldumise aluseks olev asjaolu.

(2) Vastavussertifikaat või ajutine kasutusluba tunnistatakse kehtetuks Teabeameti peadirektori käskkirjaga.

(3) Vastavussertifikaadi või ajutise kasutusloa kehtetuks tunnistamine tehakse töötlevale üksusele teatavaks kirjalikult.

§ 113. Riigi julgeoleku volitatud esindaja teavitamine

Teabeamet teavitab süsteemile vastavussertifikaadi või ajutise kasutusloa andmisest, vastavussertifikaadi kehtivuse pikendamisest või kehtetuks tunnistamisest riigi julgeoleku volitatud esindajat, kui süsteemis töödeldakse salastatud välisteavet.

10. jagu Salastatud välisteabe kaitse

1. jaotis Salastatud välisteabe töötlemine

§ 114. Salastatud välisteabe töötlemise põhimõtted

Salastatud välisteabe töötlemine toimub riigisaladuse töötlemisega samadel alustel ja korras, arvestades välislepingutest tulenevaid erisusi. Käesolevas jaos sätestatud töötlemisnõudeid ei kohaldata Teabeametis arvele võetud krüptomaterjalile ning “Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse” § 52 lõikes 3 nimetatud teabele.

§ 115. Salastatud välisteavet sisaldavate teabekandjate arvestus

Salastatud välisteavet sisaldavate teabekandjate arvestust peetakse riigisaladuse arvestusest eraldi, nii et on tagatud registriandmetele ja teabekandjatele juurdepääsu piirang teadmisvajaduse ja juurdepääsuõiguse alusel. Registris tuleb arvestust pidada iga salastatud välisteabe avaldaja kohta eraldi.

§ 116. Riigi julgeoleku volitatud esindaja peetav salastatud välisteabe põhiregister

Riigi julgeoleku volitatud esindaja peab salastatud välisteabe põhiregistrit, kus registreeritakse kõik riigile edastatud või riigis loodud salajasel ja kõrgemal salastatuse tasemel salastatud välisteabe kandjad ja kuhu kogutakse andmed kõigi riigile edastatud või riigis loodud konfidentsiaalse tasemega salastatud välisteavet sisaldavate teabekandjate kohta.

§ 117. Töötleva üksuse peetav salastatud välisteabe register

(1) Salastatud välisteavet valdav töötlev üksus on kohustatud sisse seadma salastatud välisteabe registri ja teavitama sellest eelnevalt kirjalikult riigi julgeoleku volitatud esindajat.

(2) Täiesti salajase taseme ja erimärgistusega, näiteks ATOMAL, BOHEMIAN või muu selline, salastatud välisteabe töötlemiseks ning registri ja selle allregistri pidamiseks peab töötlev üksus saama riigi julgeoleku volitatud esindajalt kirjaliku nõusoleku. Riigi julgeoleku volitatud esindaja väljastab nõusoleku pärast kontrolli, mille käigus tuvastatakse, kas töötlemisnõuded on täidetud.

§ 118. Salastatud välisteavet sisaldava teabekandja registreerimine

(1) Salastatud välisteavet valdav töötlev üksus on kohustatud tema valduses olevad salajase ja kõrgema salastatuse taseme ning erimärgistusega salastatud välisteavet sisaldavad teabekandjad registreerima lisaks töötleva üksuse registrile riigi julgeoleku volitatud esindaja poolt peetavas põhiregistris esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui seitse tööpäeva pärast salastatud teabekandja loomist või töötlevasse üksusesse saabumist.

(2) Konfidentsiaalsel tasemel salastatud välisteavet sisaldavate teabekandjate kohta peab teavet valdav töötlev üksus edastama riigi julgeoleku volitatud esindajale andmed ühe kuu jooksul pärast salastatud teabekandja loomist või töötlevasse üksusesse saabumist.

(3) Töötlev üksus ei pea riigi julgeoleku volitatud esindaja poolt peetavas põhiregistris registreerima neid teabekandjaid, mis on talle edastanud riigi julgeoleku volitatud esindaja.

(4) Salastatud välisteavet valdav töötlev üksus on kohustatud kandma riigi julgeoleku volitatud esindaja antud registreerimisnumbri igale salajase ja kõrgema salastatuse taseme ning erimärgistusega salastatud välisteavet sisaldavale teabekandjale.

§ 119. Salastatud välisteavet sisaldava teabekandja edastamine

(1) Täiesti salajase taseme ja erimärgistusega salastatud välisteavet sisaldav teabekandja võetakse vastu ning edastatakse teistele töötlevatele üksustele ainult riigi julgeoleku volitatud esindaja kaudu, välja arvatud juhul, kui registrit pidavale töötlevale üksusele on selleks antud riigi julgeoleku volitatud esindaja kirjalik nõusolek.

(2) Salajasel ja madalamal salastatuse tasemel salastatud välisteavet sisaldava teabekandja edastamisest teisele töötlevale üksusele teavitatakse riigi julgeoleku volitatud esindajat ühe kuu jooksul pärast edastamise toimumist.

(3) Salastatud välisteavet sisaldava teabekandja võib edastada ainult sellisele töötlevale üksusele, kes on eelnevalt sisse seadnud salastatud välisteabe registri.

§ 120. Täiesti salajase taseme ja erimärgistusega salastatud välisteavet sisaldava teabekandja reprodutseerimine ja hävitamine

(1) Täiesti salajase taseme ja erimärgistusega salastatud välisteavet sisaldavat teabekandjat reprodutseerib ja hävitab ainult riigi julgeoleku volitatud esindaja.

(2) Riigi julgeoleku volitatud esindaja võib anda riigiasutusele kirjaliku loa lõikes 1 nimetatud teabekandja reprodutseerimiseks või hävitamiseks.

§ 121. Täiesti salajase taseme ja erimärgistusega salastatud välisteavet sisaldava teabekandja tagastamine

(1) Täiesti salajase taseme või välisriigi erimärgistusega salastatud teabe registrit pidav töötlev üksus tagastab nimetatud teavet sisaldava teabekandja riigi julgeoleku volitatud esindajale kohe pärast teabekandja kasutamise vajaduse lõppemist.

(2) Juhul kui teabekandjat on vaja kasutada kauem kui üks aasta pärast teabekandja saamist, tuleb teabekandja pikem hoidmine registreerida riigi julgeoleku volitatud esindaja peetavas põhiregistris.

§ 122. Riigi julgeoleku volitatud esindaja kontroll

Riigi julgeoleku volitatud esindaja viib vähemalt korra kahe aasta jooksul läbi salastatud välisteavet valdavas töötlevas üksuses salastatud välisteabe kaitse tagamiseks rakendatavate turvameetmete ja nimetatud teavet töötlevate füüsiliste isikute juurdepääsu kontrolli. Salajase ja kõrgema salastatuse taseme teavet või erimärgistusega teavet valdavates asutustes viib riigi julgeoleku volitatud esindaja kontrolli läbi vähemalt iga kaheksateistkümne kuu järel.

2. jaotis Salastatud välisteabele juurdepääsu sertifikaadi väljastamise, selle väljastamisest keeldumise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise, juurdepääsuõiguse andmise, sellest keeldumise ja selle pikendamise kord

§ 123. Juurdepääs salastatud välisteabele

(1) Salastatud välisteabele juurdepääsu sertifikaat (edaspidi juurdepääsusertifikaat) antakse juurdepääsuks salastatud välisteabele, kui välislepingus on juurdepääsusertifikaadi andmine vastava taseme salastatud välisteabele juurdepääsu õiguse saamiseks ette nähtud.

(2) Välislepinguga ettenähtud juhtudel väljastab riigi julgeoleku volitatud esindaja ka salastatud välisteabele juurdepääsuõiguse kinnituse (edaspidikinnitus).

(3) “Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse” § 27 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutel tekib juurdepääsuõigus Euroopa Liidu ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni piiratud tasemega salastatud teabele pärast §-s 130 nimetatud tutvustuse läbimist ja kohustuse allkirjastamist ning §-s 131 nimetatud teatise väljastamist.

(4) Lõikes 3 nimetamata füüsilisel isikul ja eraõiguslikul juriidilisel isikul tekib salastatud välisteabele juurdepääsu õigus või töötlemise õigus ainult juurdepääsusertifikaadi alusel.

§ 124. Juurdepääsusertifikaadi taseme vastavus riigisaladuse loa tasemele

Juurdepääsusertifikaati ei anta kõrgemal salastatuse tasemel, kui on füüsilise isiku või töötleva üksuse, kellele juurdepääsusertifikaati taotletakse, riigisaladusele juurdepääsu loa või töötlemisloa tase.

§ 125. Juurdepääsusertifikaadi kehtivus

(1) Juurdepääsusertifikaadi kehtivusaja otsustab riigi julgeoleku volitatud esindaja vastavalt taotluses märgitud soovitavale kehtivusperioodile, riigisaladusele juurdepääsu õiguse kehtivusele ja teadmisvajaduse põhjendatusele. Juurdepääsusertifikaat ei või kehtida kauem kui isiku õigus pääseda juurde riigisaladusele.

(2) Juhul kui isiku õigus pääseda juurde riigisaladusele lõpeb enne juurdepääsusertifikaadil märgitud kehtivusaja lõppu, kaotab juurdepääsusertifikaat kehtivuse.

(3) Kui juurdepääsusertifikaat kaotab kehtivuse varem kui sellele märgitud kehtivuse lõppkuupäeval, tuleb juurdepääsusertifikaat tagastada riigi julgeoleku volitatud esindajale.

§ 126. Juurdepääsusertifikaadi taotlemine füüsilisele isikule

Füüsilisele isikule juurdepääsusertifikaadi taotlemiseks peab juurdepääsusertifikaati taotlev töötlev üksus esitama riigi julgeoleku volitatud esindajale järgmised dokumendid:
1) kirjalik taotlus, milles märgitakse salastatud välisteabe avaldaja ja salastatuse tase, millele juurdepääsu taotletakse, taotletav juurdepääsusertifikaadi kehtivusaeg, samuti isiku nimi, isikukood, selle puudumisel sünniaeg, täpne sünnikoht, kodakondsus ja kontaktandmed;
2) isiku juurdepääsuloa või muu riigisaladusele juurdepääsu õigust kinnitava dokumendi koopia;
3) koopia isiku isikutunnistuse mõlemast küljest või passi isikuandmetega lehest.

§ 127.  Piiratud tasemel salastatud välisteabele juurdepääsu õiguse taotlemine

(1) Piiratud tasemel salastatud välisteabele juurdepääsu õiguse taotlemiseks § 123 lõikes 3 nimetatud isikule esitab asutus või põhiseaduslik institutsioon riigi julgeoleku volitatud esindajale kirjaliku taotluse, milles on märgitud isiku nimi, isikukood ja ametikoht ning lisatud koopia dokumendist, millega isikule on antud piiratud tasemel riigisaladusele juurdepääsu õigus.

(2) Vajaduse korral väljastab riigi julgeoleku volitatud esindaja kinnituse ka piiratud tasemel salastatud välisteabele juurdepääsu õiguse tõendamiseks.

§ 128. Juurdepääsusertifikaadi taotlemine töötlemisloa alusel salastatud teavet töötlevale isikule

Juurdepääsusertifikaadi taotlemiseks töötlemisloa alusel salastatud teavet töötlevale isikule peab juurdepääsu andmist toetav asutus esitama riigi julgeoleku volitatud esindajale järgmised dokumendid:
1) töötleva üksuse kirjalik taotlus, milles nimetatakse salastatud välisteabe avaldaja ja salastatuse tase, millele juurdepääsu taotletakse, ning põhjendatakse isiku salastatud välisteabele juurdepääsu vajadust;
2) toetava asutuse kirjalik taotlus, milles nimetatakse salastatud välisteabe avaldaja ja salastatuse tase, millele juurdepääsu taotletakse, ning põhjendatakse isiku salastatud välisteabele juurdepääsu vajadust, välja arvatud juhul, kui toetavaks asutuseks on riigi julgeoleku volitatud esindaja;
3) töötlemisloa koopia;
4) riigisaladuse kaitse juhendi koopia;
5) koopia dokumendist, millega määratakse juriidilise isiku riigisaladuse kaitset korraldav isik ja tema nimi, samuti nende isikute nimekiri, kes hakkavad salastatud välisteavet töötlema, ning vajaduse korral dokumendid neile füüsilise isiku juurdepääsusertifikaadi taotlemiseks.

§ 129. Juurdepääsusertifikaadi andmise otsustamine taotluse alusel

(1) Kui juurdepääsusertifikaadi andmise taotlus või sellele lisatud dokumendid ei vasta nõuetele, annab riigi julgeoleku volitatud esindaja füüsilisele isikule juurdepääsusertifikaati taotlenud töötlevale üksusele või töötlevale üksusele juurdepääsusertifikaadi andmist toetanud asutusele või põhiseaduslikule institutsioonile kümne tööpäeva jooksul teada puudustest ning määrab tähtaja nende kõrvaldamiseks.

(2) Juurdepääsusertifikaadi andmise või sellest keeldumise otsustab riigi julgeoleku volitatud esindaja ühe kuu jooksul nõuetekohase taotluse saamisest. Põhjendatud vajaduse korral võib tähtaega pikendada, teavitades sellest taotlevat või toetavat asutust või põhiseaduslikku institutsiooni.

§ 130. Välisteabe kaitse nõuete tutvustamine

(1) Riigi julgeoleku volitatud esindaja või tema poolt volitatud asutus tutvustab füüsilisele isikule enne esmakordset piiratud tasemel salastatud välisteabele juurdepääsu õiguse või juurdepääsusertifikaadi andmist salastatud välisteabe kaitse aluseid. Vajadusel viib riigi julgeoleku volitatud esindaja tutvustamise läbi ka juurdepääsusertifikaadi või juurdepääsuõiguse korduval andmisel või kinnituse väljastamisel.

(2) Kui piiratud tasemel salastatud välisteabele juurdepääsu õigus või juurdepääsusertifikaat antakse töötlevale üksusele, tutvustakse salastatud välisteabe kaitse aluseid selle riigisaladuse kaitset korraldavale isikule.

(3) Juurdepääsuõiguse või juurdepääsusertifikaadi saavalt füüsiliselt isikult, töötleva üksuse puhul riigisaladuse kaitset korraldavalt isikult võtab riigi julgeoleku volitatud esindaja enne juurdepääsusertifikaadi üleandmist või teatise väljastamist allkirja kohustuse kohta hoida temale töö või teenistuse kaudu teatavaks saavat salastatud välisteavet.

§ 131. Juurdepääsusertifikaadi ja teatise edastamine

Riigi julgeoleku volitatud esindaja edastab juurdepääsusertifikaadi või teatise piiratud tasemel salastatud välisteabele juurdepääsu õiguse tekkimisest viie tööpäeva jooksul vastavalt juurdepääsu taotlenud töötlevale üksusele või juriidilise isiku juurdepääsu toetanud asutusele. Töötlevale üksusele, kelle juurdepääsuõiguse taotlust toetati, edastatakse juurdepääsusertifikaadi koopia.

§ 132. Juurdepääsusertifikaadi vormistamine

(1) Juurdepääsusertifikaat vormistatakse riigi julgeoleku volitatud esindaja turvaelementidega kirjaplangil ja kinnitatakse riigi julgeoleku volitatud esindaja juhi allkirjaga. Juurdepääsusertifikaadil peavad olema vähemalt järgmised andmed:
1) väljaandmise kuupäev ja number;
2) juurdepääsusertifikaadi saanud füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, sünnikoht või juriidilise isiku nimi, aadress ja registrikood;
3) salastatud välisteabe kõrgeim tase ja erikategooriad, millele lubatakse isiku juurdepääs;
4) juurdepääsusertifikaadi kehtivusaeg;
5) vajaduse korral selle ürituse nimetus, toimumise aeg ja koht, millel osalemiseks juurdepääsusertifikaati taotleti.

(2) Juurdepääsusertifikaat vormistatakse inglise ja eesti keeles.

§ 133. Kinnituse taotlemine ja vormistamine

(1) Kinnituse taotlemiseks esitab töötlev üksus taotluse, millele lisatakse dokumendid ürituse või sündmuse kohta, millel osalemiseks kinnitust taotletakse, ja riigi julgeoleku volitatud esindaja nõudmisel täiendavad dokumendid, kui see tuleneb välislepingust.

(2) Kinnituse vormistamisel järgitakse juurdepääsusertifikaadi vormistamise nõudeid.

§ 134. Juurdepääsusertifikaadi kehtetuks tunnistamine

Juurdepääsusertifikaat tunnistatakse kehtetuks:
1) isiku teadmisvajaduse äralangemisel;
2) uue juurdepääsusertifikaadi väljastamisel enne eelmise juurdepääsusertifikaadi kehtivusaja lõppu;
3) juurdepääsusertifikaadile kantud isikuandmete muutumisel;
4) kui väljastatud juurdepääsusertifikaadi kehtimise ajal ilmneb mõni juurdepääsusertifikaadi väljastamist välistav asjaolu.

§ 135. Juurdepääsu- ja töötlemisloa, juurdepääsuõiguse ja -vajaduse lõppemisest teavitamine

Füüsilisele isikule salastatud välisteabele juurdepääsu õiguse andmist taotlenud töötlev üksus ja töötleva üksuse taotlust toetanud asutus või põhiseaduslik institutsioon teavitab viivitamata riigi julgeoleku volitatud esindajat juurdepääsuõiguse saanud isiku salastatud välisteabele juurdepääsu vajaduse või riigisaladusele juurdepääsu loa või õiguse või töötlemisloa lõppemisest.

§ 136. Julgeolekukontrolli teostamiseks pädeva asutuse teavitamine

Riigi julgeoleku volitatud esindaja teavitab viivitamata isiku suhtes julgeolekukontrolli teostamiseks pädevat asutust füüsilisele või juriidilisele isikule salastatud välisteabele juurdepääsu õiguse ja juurdepääsusertifikaadi andmisest, selle õiguse kehtetuks tunnistamisest või tühisuse tuvastamisest.

6. peatükk.- NÕUSOLEKU, KINNITUSE, JUURDEPÄÄSULOA JA TÖÖTLEMISLOA NING NENDE KEHTIVUSE PIKENDAMISE TAOTLUSE, JUURDEPÄÄSULOA JA TÖÖTLEMISLOA TAOTLEJA JA PIKENDAJA ANKEEDI VORMIDE KEHTESTAMINE

§ 137. Riigisaladusele juurdepääsu loa vormid

(1) Füüsiline isik esitab riigisaladusele juurdepääsu loa (edaspidi juurdepääsuluba) lisas 1 toodud taotluse vormil.

(2) Füüsiline isik esitab juurdepääsuloa kehtivuse pikendamise lisas 2 toodud taotluse vormil.

(3) Füüsiline isik täidab juurdepääsuloa taotlemisel juurdepääsuloa taotleja ankeedi (lisa 3).

(4) Füüsiline isik täidab juurdepääsuloa kehtivuse pikendamise taotlemisel juurdepääsuloa pikendaja ankeedi (lisa 4).

(5) Füüsiline isik täidab juurdepääsuloa ja selle kehtivuse pikendamise taotlemisel ankeedi lisana nõusoleku vormi (lisa 5).

(6) Füüsiline isik kinnitab juurdepääsuloa ja selle kehtivuse pikendamise taotlemisel, et ta on teadlik riigisaladuse kaitse nõuetest, vastutusest nende rikkumise eest ja kohustusest hoida temale teatavaks saavat riigisaladust (lisa 6).

§ 138. Riigisaladuse töötlemisloa vormid

(1) Juriidiline isik esitab riigisaladuse töötlemisloa (edaspidi töötlemisluba) taotluse lisas 7 toodud vormil.

(2) Juriidiline isik esitab töötlemisloa kehtivuse pikendamise taotluse lisas 8 toodud vormil.

(3) Juriidiline isik täidab töötlemisloa taotlemisel töötlemisloa taotleja ankeedi (lisa 9).

(4) Juriidiline isik täidab töötlemisloa kehtivuse pikendamise taotlemisel töötlemisloa pikendaja ankeedi (lisa 10)

(5) Juriidiline isik täidab töötlemisloa ja selle kehtivuse pikendamise taotlemisel ankeedi lisana nõusoleku vormi (lisa 11).

(6) Juriidiline isik kinnitab töötlemisloa ja selle kehtivuse pikendamise taotlemisel, et ta on teadlik riigisaladuse kaitse nõuetest, vastutusest nende rikkumise eest ja kohustusest hoida temale teatavaks saavat riigisaladust (lisa 12).

(7) Lõikeid 1–6 kohaldatakse ka füüsilisest isikust ettevõtjale.

7. peatükk.- MÄÄRUSE RAKENDAMINE

§ 139. Määruse jõustumine

(1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

(2) Paragrahvi 8 lõike 1 punktid 4, 5, 7, 8 ja 11 jõustuvad 1. jaanuaril 2009. a, välja arvatud teabe osas, mis oli riigisaladuseks enne 1. jaanuari 2008. a.

(3) Paragrahvi 70 lõige 1 jõustub 1. jaanuaril 2009. a.

01Ene/14

PROCURA DELLA REPUBBLICA. Palermo 19 de abril de 1.999

Richiesta di emissione di decreto penale di condanna -artt. 554, 564 c.p.p.-

Al Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura Circondariale di Palermo

Il Pubblico Ministero Dr. T. Hmeljak;

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe;
nei confronti di …………………….., n. a …………………. il ………………………., elettivamente domiciliato a Palermo c/o lo studio dell'avv……………… in via ……………; imputato dei reati p. e p. dagli artt.:

a) 7 e 34 legge 31.12.1996, n. 675 perchè, esercitando l'attività di promotore finanziario per conto della ……………………….., sede di Palermo, procedeva al trattamento dei dati personali relativi a diversi clienti del BANCO ………… – in particolare organizzando tali dati in un archivio informatico ed utilizzandoli per inviare alle persone ivi indicate lettere di contenuto promozionale – omettendo di procedere alla prescritta notificazione al Garante “per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.

b) 11 e 35/I legge 31.12.1996 n. 675 perchè, esercitando l'attività di promotore finanziario per conto della ………………. – sede di Palermo, al fine di trarne profitto, procedeva al trattamento dei dati personali relativi a diversi clienti del BANCO ………- in particolare organizzando tali dati in un archivio informatico e utilizzandoli per inviare alle persone ivi indicate lettere di contenuto promozionale – senza il consenso espresso degli interessati ai dati medesimi.

c) 646 e 61 n.11 c.p. perchè, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriava di alcune carpette intestate “Banco ……..”, appartenenti al Banco …….., delle quali aveva il possesso e commettendo il fatto con l'abuso della prestazione d'opera, in qualità di dipendente del predetto istituto di credito.

In Palermo il 2.12.1998.

Ritenuto che i reati per i quali si procede sono perseguibili d'ufficio e che deve applicarsi soltanto la pena pecuniaria, anche in sostituzione a quella detentiva;

Rilevato che fra i reati contestati si ravvisa la sussistenza di un medesimo disegno criminoso e che, pertanto, agli stessi può applicarsi il vincolo della continuazione;

Ritenuto che il reato più grave sia quello di cui al capo a);

Considerato che la pena finale può determinarsi nella misura di £. 6.750.000 di multa (p.b. mesi tre di reclusione, diminuita ex art. 63 bis c.p., vista l'incensuratezza dell'imputato, a mesi 2 di reclusione ed aumentata ex art. 81/II c.p. a mesi 3 di reclusione, con la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria);

Visti gli artt. 554 e 565 c.p.p.

CHIEDE

emettersi nei confronti del sopra generalizzato imputato decreto penale di condanna alla pena di £. 6.750.000 di multa, nonchè alle pene accessorie della pubblicazione della pronunzia di condanna e della confisca di quanto in sequestro in quanto corpo di reato, oltre alle spese processuali;

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Palermo 2.2.1999

IL PUBBLICO MINISTERO
Dr. Tania Hmeljak

uff. GIP Pretura Palermo

depositato in Cancelleria il 4.2.1999

f.to il Cancelliere

N.901/1999 decr. pen. N.1451/1999 R.G.G.i.p.

PRETURA CIRCONDARIALE DI PALERMO
Ufficio del giudice per le indagini preliminari

Decreto penale di condanna

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dr. M.L. Barone

letti gli atti ed esaminata la richiesta del P.M. depositata il 4.2.1999 nel procedimento penale n.19588/1998 r.g.n.r. e ritenuto che dalla comunicazione della notizia di reato e dagli allegati emerge in maniera evidente la responsabilità dell'imputato in ordine al reato rubricato e che, con riferimento agli elementi di valutazione di cui all'art.133 cod. pen., appare adeguata la pena richiesta dal P.M.

P.Q.M.

Visto l'art.565 cod. proc. pen. Condanna ……………………………………………………………….., n. il ……………….. a …………………… e res. a …………………… elett. dom. in ………………………. presso l'avv.to ……………………..

In ordine ai reati di cui alla retroscritta richiesta del P.M.:

– con la concessione delle circostanze attenuanti generiche; – unificati i reati sotto il vincolo della continuazione sub a); – alla pena di £. 6.750.000 di multa, in sostituzione di mesi tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali di £. 52.000.

– Ordina non farsi menzione della condanna nel certificato casellario giudiziale spedito su richiesta di privati e non per ragione di diritto elettorale.

– Ordina la confisca di quanto sequestrato.

AVVERTE

OMISSIS ……..

FISSA

OMISSIS ………..

ORDINA

l'esecuzione del presente decreto ove non venga proposta opposizione nel termine sopra indicato

Palermo 19 aprile 1999

Il collaboratore di Cancelleria
Il Giudice : dr. M.L. Barone

depositato in cancelleria il 19.4.1999

01Ene/14

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, 18 MAYO 2010. SENTENCIA 316/2010

CASACION número 1873/2007
Ponente Excmo. Sr. D.: José Ramón Ferrándiz Gabriel
Votación y Fallo: 05/05/2010
Secretaría de Sala: 001

TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
SENTENCIA número 316/2010

Excmos. Sres.
D. Xavier O’Callaghan Muñoz
D. Jesús Corbal Fernández
D. José Ramón Ferrándiz Gabriel
D. Antonio Salas Carceller

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Mayo de dos mil diez.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto por Ruboskizo, SL, representada por la Procurador de los Tribunales doña Elena GIL Bayo, contra la Sentencia dictada, el día veintinueve de junio de dos mil siete, por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la Sentencia que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número Veintitrés de Valencia. Es parte recurrida don J. M. M., representado por la Procurador de los Tribunales doña María Jesús Gutiérrez Aceves. Es parte en el procedimiento el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por escrito presentado, ante el Juzgado Decano de Valencia, el día veintitrés de mayo de dos mil seis, el Procurador de los Tribunales don Carlos Eduardo Solsona Espriu, obrando en representación de don J. M. M., interpuso demanda de juicio ordinario en protección de su derechos al honor, a la propia imagen y a la intimidad, contra Ruboskizo, SL.

En dicha demanda alegó la representación procesal de don J. M. M. que éste ejercía como abogado en Valencia desde el año mil novecientos setenta y cinco. Que, en concreto, tenía como cliente de su despacho a Mutua Madrileña Automovilista, desde el año mil novecientos noventa y uno. Que dicha Mutua era su cliente más importante. Que Ruboskizo, SL era titular de una página “Web”, denominada “quejasonline”, en la que se recogían quejas contra la Mutua Madrileña Automovilista Que, el día cuatro de junio de dos mil cuatro, apareció en esa página una nota supuestamente emitida por una persona que le suplantó al utilizar su nombre, con el siguiente tenor: “Soy abogado de la Mutua Madrileña y estoy cansado de engañar a la gente, pues la Mutua me hace retrasar las expedientes con el fin de no pagar, tiene pinta de irse al garete”. Que don J. M. M. comunicó la suplantación a Ruboskizo, SL y le requirió para que retirare la nota y le comunicara el nombre del remitente. Que la requerida le contestó que había retirado la nota, pero que no le daba el nombre del remitente de acuerdo con las normas sobre protección de datos, ya que necesitaría el consentimiento del autor y que, en todo caso, estaba dispuesta a colaborar. Que el demandante instó la iniciación de un procedimiento penal, terminado con el archivo de las actuaciones, ante la imposibilidad de conocer al infractor. Que la negligencia de la demandada era evidente y que le había causado daños patrimoniales y morales.

En el suplico de dicho escrito interesó la representación del demandante una sentencia que “declare: a) Que el demandado ha cometido una intromisión ilegítima en el honor del demandante por la publicación de su nombre en una queja frente a Mutua Madrileña Automovilista. b) Se condene al demandado a difundir a su costa los fundamentos jurídicos y fallo de la sentencia una vez firme en la página de inicio de su página web quejasonline.com durante ciento diecinueve días c) Se condene al demandado al pago de la suma de seis mil ciento treinta y cinco euros con diecisiete céntimos en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. d) Todo ello con expresa condena en costas”.

SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número Veintitrés de Valencia, que la admitió a trámite conforme a las normas del juicio ordinario.
La demandada fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por la Procurador de los Tribunales doña Elena Gil Bayo, que contestó la demanda, para oponerse a la estimación de la misma.

Alegó en dicho escrito que la demandada no era responsable del contenido de los mensajes de los usuarios de la página, por lo que carecía de legitimación pasiva. Añadió que no respondía conforme a la legislación vigente, ya que retiró la queja al recibir la protesta.

También dio intervención el Juzgado de Primera Instancia al Fiscal, que informó en el sentido de entender “que dada la especial situación del Ministerio Fiscal, a la vista de la contestación a la demanda y la prueba practicada, informará en defensa de la legalidad y de los derechos fundamentales, solicitando tenga al Ministerio Fiscal por comparecido y parte en los autos y por contestada la demanda”

TERCERO. Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, propuesta y practicada la prueba que había sido admitida, el Juzgado de Primera Instancia número Veintitrés de Valencia dictó sentencia, con fecha treinta de noviembre de dos mil seis, con la siguiente parte dispositiva: “Fallo. Que estimando la demanda deducida por don J. M.í M., representado por el Procurador don Carlos Eduardo Solsona Espriu, contra la mercantil Ruboskizo, SL, representada por la Procuradora doña Elena Gil Bayo; A. Debo declarar y declaro que la demandada he cometido una intromisión ilegítima en el honor del demandante por la publicación de su nombre en una queja frente a Mutua Madrileña Automovilista B. Debo condenar y condeno a la demandada a que difunda a su costa el fallo de esta sentencia, una vez firrne, en la página de inicio de su página web quejasoline. como durante ciento diecinueve días. C Debo condenar y condeno a la demandada a que abone al actor la cantidad de seis mil ciento treinta y cinco euros con diecisiete céntimos (6.135,17 euros), más los intereses del art. 576 Ley de Enjuiciamiento Civil de 2.000. Se imponen a la demandada las costas del procedimiento”.

CUARTO. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Veintitrés de Valencia fue recurrida en apelación. Elevadas las actuaciones a la Audiencia Provincial de Valencia, el recurso turnado a la Sección Sexta de la misma, que lo tramitó y dictó sentencia con fecha veintinueve de junio de dos mil siete, con la siguiente parte dispositiva: Fallo. En atención a lo expuesto, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia en nombre de S.M El Rey y por la autoridad conferida por la Constitución aprobada pro el pueblo español, Decide 1°) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la entidad Mercantil Ruboskizc’, SL. 2°) Confirmar la Sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil seis. 3°) imponer a la parte apelante las costas procesales”.

QUINTO. La representación procesal de la demandada interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, que lo admitió por providencia de diez de octubre de dos mil siete.

Elevadas las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la misma, por auto de siete de julio de dos mil nueve, decidió: “1. Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad Ruboskizo SL contra la Sentencia dictada con fecha veintinueve de junio de dos mil siete, por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección Sexta), en el rollo de apelación núm. 138/2007 dimanante de los autos núm. 627/2006 del Juzgado de Primera Instancia número Veintitrés de Valencia. 2° Y entregar copia del escrito de interposición del recurso de casación formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala para que, en el plazo de veinte días, formalice su oposición y alegue lo que estime conveniente en cuanto a la cuestión prejudicial planteada, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría, y transcurrido dicho plazo y verificado, a los mismos fines, dese traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal”

SEXTO. El recurso de casación de Ruboskizo, SL se compone de dos motivos, formulados con amparo en el artículo 477, apartado 2, ordinales l°y 3º, respectivamente, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los que la recurrente denuncia:

PRIMERO: La infracción de los artículos 18 y 20 de la Constitución Española.

SEGUNDO. La infracción del artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, en relación con los artículos 14 y 15 de la Directiva 2.000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2.000

SÉPTIMO. Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procuradora doña Maria Jesús Gutiérrez Aceves, en nombre y representación de don J. M. M., impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

OCTAVO. No habiéndose solicitado por todas las partas la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el día cinco de mayo de dos mil diez, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Don J. M. M. pretendió, en la demanda rectora del proceso del que deriva el recurso de casación que hemos de decidir, además de la declaración de la ilicitud, la condena de Ruboskizo. SL. servidora de la sociedad de la información, a indemnizarle por los daños morales y patrimoniales que afirmó le había causado la demandada en el ejercicio de la actividad de almacenamiento de datos, al haber alojado en su página “Web”, a solicitud de una persona ajena al proceso, un comentario negativo sobre la seriedad del comportamiento frente a sus clientes de la sociedad aseguradora para la que el propio demandante prestaba, como abogado, servicios de defensa jurídica en la ciudad de Valencia.

Se ha declarado en la instancia que el actor, pese a que aparecía como autor del comentario, no lo era, sino que su nombre había sido utilizado indebidamente por quien redactó la nota

En ambas instancias la demanda fue estimada. La sentencia de la segunda ha sido recurrida en casación por la demandada, que niega su responsabilidad por los contenidos redactados por terceros, pese a estar alojados en sus servidores.

En el primer motivo del recurso señala Ruboskizo, SL como infringido el artículo 20, en relación con el 18, ambos de la Constitución Española. Afirma que la doctrina aplicada por el Tribunal de apelación significaba dejar sin protección la libertad de expresión en el ámbito de que se trata.

En el segundo motivo sostiene producida la infracción del artículo 16 de la Ley 34/2.002. de 11 de noviembre, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, al no haber considerado la Audiencia Provincial concurrente la causa de exclusión de responsabilidad que dicho precepto regula.

Los hechos que han sido declarados probados en las instancias son los siguientes;

1°) Mutua Madrileña Automovilista es uno de los clientes de don J. M. M., ejerciente de la profesión de abogado en Valencia.

2°) Ruboskizo, SL presta servicios de almacenamiento de datos, mediante una página “Web”, denominada “quejasonline”, en la que se recogen y hacen públicas las protestas de los destinatarios de aquellos respecto de las actividades de determinadas empresas.

3°) En junio de dos mil cuatro, en dicha página apareció un comentario sobre Mutua Madrileña Automovilista, a nombre del demandante – – que, como se dijo no fue el autor — del tenor siguiente: “Soy abogado de Mutua Madrileña y estoy cansado de engañar a la gente, pues la Mutua me hace retrasar los expedientes, con el fin de no pagar Tiene pinta de irse al garete”.

4°) El demandante comunicó a Ruboskizo, SL la suplantación y le requirió para que retirase de la página “Web’ aquel comentario. Lo que la requerida hizo seguidamente.

SEGUNDO. Con el propósito de poner fin a las divergencias normativas y jurisprudenciales existentes entre los Estados miembros sobre la materia, la Directiva 2.000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2.000, reguló — en la sección cuarta de su capitulo segundo – — el régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios que actúan como intermediarios de la sociedad de la información.

En particular, el artículo 15, apartado 1, niega la posibilidad de que los Estados miembros impongan a los prestadores de servicios “una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas” respecto del servicio de que se trata. A su vez, el artículo 16 dispone que los Estados miembros garantizarán que los prestadores de servicios consistentes en almacenar datos facilitados por el destinatario de los mismos, no responden, cuando se ejercite una acción por daños y perjuicios, siempre que no tengan “conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito” y, en el caso de que tuvieran dicho conocimiento, cuando actúen “con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible”

La Ley 34/2.002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, al incorporar al Ordenamiento jurídico español la Directiva, dispone — en el articulo 13, apartado 2- – que, para determinar la responsabilidad de los prestadores de servicios por el ejercicio de actividades de intermediación, “se estará a lo establecido en los artículos siguientes”, entre ellos, el 16 que, en relación con los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos — condición que es la de la demandada- proclama que los mismos no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero susceptible de indemnización o, si es que lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

En la sentencia de 9 de diciembre de 2.009 nos pronunciamos sobre la interpretación de ese artículo 16 conforme a la Directiva 2.000/31/CE, en lo referente al conocimiento efectivo, a cuya ausencia se condiciona, en uno de los supuestos, la liberación de responsabilidad de la prestadora de servicios de alojamiento por la información almacenada a petición del destinatario de aquellos.

Pues bien, la Audiencia Provincial no ha tenido en cuenta ese conjunto normativo al declarar la responsabilidad de la demandada Ruboskizo, SL. Y, por ello, no ha extraído consecuencia alguna de que dicha sociedad no conociera ni pudiera razonablemente conocer, directamente o a partir de datos aptos para posibilitar la aprehensión de la realidad, que quien le suministraba el contenido lesivo para el demandante no era él, sino otra persona que utilizaba indebidamente su nombre con el ánimo de perjudicarle; ni de que, conocedora con posterioridad de esa realidad, merced al requerimiento del perjudicado, retirase el comentario sin tacha de negligencia.

Procede estimar el segundo motivo del recurso de casación y, sin necesidad de examinar el primero, casar la sentencia recurrida y, en lugar de ella, hacer lo propio con el recurso de apelación de la demandada y desestimar la demanda.

TERCERO. No procede especial pronunciamiento sobre las costas de la casación y de la apelación, de conformidad con el artículo 498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Tampoco condenamos al demandante al pago de las costas de la primera instancia, por apreciar concurrente el supuesto excepcional que contiene el artículo 394, apartado 1, de la citada Ley procesal.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución.


FALLAMOS

Declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por “Ruboskizo, SL” contra la sentencia dictada en fecha veintinueve de junio de dos mil siete, por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, la cual casamos y dejamos sin efecto.

Estimamos el recurso de apelación interpuesto, por Ruboskizo, SL, contra la sentencia dictada, el día treinta de noviembre de dos mil seis, por el Juzgado de Primera Instancia número Veintitrés de Valencia, la cual dejamos sin efecto, y desestimamos la demanda interpuesta contra dicha recurrente por don J. M. M.

No pronunciamos condena en costas de las dos instancias ni de la casación.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Xavier O’Callaghan Muñoz.-Jesús Corbal Fernández,-José Ramón Ferrándiz GabrieL-Antonio Salas Carceller.-Rubricado.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel, Ponente que ha sido en el tramite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de La misma, certifico.

01Ene/14

Tribunal Supremo Español. Sala II de lo Penal. Sentencia 247/2010, de 18 de marzo

En la Villa de Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil diez

En el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, que ante Nos pende, interpuesto por el MINISTERIO FISCAL , contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Álava, Sección Segunda, que condenó al acusado Arsenio como autor de un delito de posesión de pornografía infantil y le absolvió de otro de distribución o facilitación de la difusión de pornografía infantil, los Excmos. Sres. Magistrados componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se expresan, se han constituido para votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. José Ramón Soriano Soriano, habiendo comparecido como recurrido el acusado Arsenio , representado por la Procuradora Sra. Solera Lama.

ANTECEDENTES

1.- El Juzgado de Instrucción nº 2 de Vitoria incoó Procedimiento Abreviado con el número 40/2008 contra Arsenio , y una vez concluso se remitió a la Audiencia Provincial de Álava, cuya Sección Segunda, con fecha dos de diciembre de dos mil ocho dictó sentencia que contiene los siguientes

HECHOS PROBADOS:

“Son Hechos Probados y así se declaran:

1.- La Unidad de Policía Judicial de la 7ª zona de la Guardia Civil, Área de Delincuencia económica-equipo de investigación tecnológica- realizó durante un tiempo, en el año 2006, unas búsquedas en Internet, al objeto de detectar la posible existencia de personas u organizaciones que se dedicasen al intercambio y/o posesión de imágenes o videos de menores en posturas o realizando actos de carácter sexual.

Fruto de tales búsquedas o investigaciones en Internet, dicha Unidad descubrió que 17 usuarios, definidos a través de direcciones I.P., utilizaban Internet para adquirir para su uso y distribuir o facilitar imágenes y vídeos de menores de edad en tales posturas o realizando dichos actos. Concretamente encontraron una dirección I.P. número NUM000 y otra dirección IP número NUM001 , con el mismo nombre o apodo (nick) ” Chili ” y con el código “hash” de usuario número NUM002 , que a cada usuario asigna el programa informático de intercambio de archivos “Emule”.

También halló aquella Unidad que esa adquisición e intercambio de aquéllas imágenes y vídeos se efectuaba utilizando la infraestructura de las redes “Edonkey” y “Kademlia” y el “software” del programa “Emule”.

2.- Como quiera que la Guardia Civil no podía conocer los datos de filiación del titular o titulares de aquellas dos direcciones de la IP antes reseñadas, solicitó de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que acordara requerir a la empresa (Net-Arsys-Euro2/ para que ésta proporcionara a dicha Fiscalía cuantos datos obraran en su poder sobre el usuario o usuarios a los que le fueron asignadas esas dos direcciones IP, así como el número de teléfono desde el cual se hicieron unas conexiones de Internet determinadas, indicando la hora de inicio y de finalización de cada una de las conexiones, así como la titularidad del teléfono o teléfonos desde los que se habrían hecho las conexiones.

La mencionada Fiscalía accedió a dicha solicitud de la Guardia Civil y en las diligencias preprocesales número 350/06 acordó requerir a aquella entidad mercantil para que proporcionara tales datos de dicho usuario o usuarios, y efectivamente Net-Arsys- Euro2) indicó a la Fiscalía que el nombre del usuario de tales direcciones de IP era Arsenio con número de identificación NUM003 , con domicilio en la CALLE000 NUM004 – NUM005 de Vitoria-Gasteiz, Álava, y con el número de teléfono contacto a Internet número NUM006 .

3.- La referida Fiscalía, con los datos suministrados por la empresa Net-Arys-Euro2 ( y los extraídos de los oficios remitidos por otras empresas de telefonía), presentó una denuncia en los Juzgados de Instrucción de Barcelona, que fue repartida al Juzgado de Instrucción número 27 de esa ciudad, que incoó las Diligencias Previas con número de registro 5472/2006 , formando una pieza separada respecto de las actuaciones relativas a Arsenio .

El día 7 de diciembre de 2006, el citado Juzgado de Instrucción dictó un auto, en el que indicaba que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le había solicitado la práctica de diligencias de entrada y registro referidas por la 7ª zona de la Guardia Civil de Cataluña, en el atestado de 19 de septiembre de 2006, por la Comisión de un delito de prostitución y corrupción de menores, en base a las razones que en el atestado policial se contienen y se daban por reproducidas, y decretaba la entrada y registro en el domicilio de Arsenio , con NIE NUM003 en la CALLE000 número NUM004 , piso NUM005 de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a efectos de intervenir cuantos instrumentos y objetos del delito de prostitución y corrupción de menores del art. 187 y 188 del Código Penal .

4.- El día 12 de diciembre de 2006 se realizó la diligencia de entrada y registro en el citado domicilio con intervención de los agentes de la Guardia Civil número NUM007 , NUM008 y NUM009 y la Secretaría del Juzgado de Guardia de Vitoria-Gasteiz y en dicho domicilio se hallaron los siguientes efectos u objetos:

a) un ordenador portátil, marca Toshiba, modelo satélite 1955 S803, con s/n NUM010 .

b) dos discos duros (HD), marca Maxtor, de 250 y 320 GB de capacidad y con números de serie NUM011 y NUM012 respectivamente.

c) dos DVDs. marca Verbatim, que fueron etiquetados con la denominación XXX-1 y XXX3.

En dichos discos duros y DVDs, el acusado tenía guardados un total de 435 archivos, que contenían vídeos y fotografías en las que aparecían menores en posturas o actos de contenido sexual.

Asimismo en una carpeta de DVD marca Verbatim XXX-1 había 30 fotografías en las que aparecía desnuda la menor Lucía ; fotos que había realizado Arsenio , reflejando varias fotos, en un primer plano, la zona vaginal de la niña. Igualmente en el disco duro de 250 GB había un video de 26 segundos, en el que aparece desnuda Lucía , recogiendo algunos planos de la zona vaginal de la niña, habiendo realizado este video el acusado con la cámara Eastman Kodak Company Kodak V603 Zoom Digital Camera.

5.- Por orden del Juzgado de Instrucción de Barcelona antes indicado, y a partir del estudio de ese ordenador, dichos dos discos duros y dos DVDs mencionados, la Guardia Civil realizó un informe pericial, en el que se reflejaban una serie de conclusiones.

6.- No consta acreditado que Arsenio difundiera 27 ficheros/archivos que contenían imágenes y vídeos de menores en posturas o realizando actos sexuales; ni que 14 de dichos ficheros de video fueran descargados por Arsenio y compartidos y difundidos por él vía Internet, ni finalmente que fueran aceptadas por parte de otros usuarios de Internet peticiones efectuadas sobre los citados archivos en 317 ocasiones, transfiriendo a aquéllos un total de 837,78 Megabytes.

7.- Arsenio se casó en el año 1997 con Adriana , que tenía una hija, Lucía , que era fruto de otra relación. Lucía había nacido el día 4 de julio de 1994. Desde la celebración de dicho matrimonio, teniendo Lucía 2 años, Arsenio ha tratado y estimado a ésta como una hija, considerándola como hija adoptiva y cuidándola como tal, aunque no ha formalizado tal adopción, y Lucía le ha considerado su padre hasta el día de hoy. Los tres miembros de la familia conviven juntos desde ese año 1997 y concretamente desde el año 2002 en España y desde enero de 2004 en Vitoria-Gasteiz”.

2.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

“FALLAMOS:

1.- Condenamos a Arsenio , como autor responsable de un delito de posesión de pornografía infantil, ya definido, a la pena de 6 meses de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y con las penas accesorias de prohibición de aproximarse a Lucía a una distancia inferior a 500 metros y de comunicarse por cualquier medio con ella durante un tiempo de 2 años.

2.- Absolvemos a Arsenio del delito de distribución o facilitación de la difusión de pornografía infantil por el que estaba acusado en este procedimiento.

3.- Se le imponen al acusado el pago de la mitad de las cosas de este procedimiento.

4.- Para el cumplimiento de aquella pena privativa de libertad se le computará el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.

Para el cumplimiento de las penas de prohibición de aproximarse y comunicar en relación a Lucía se tendrá en cuenta el tiempo cumplido de tales penas como medida cautelar en este procedimiento de modo que el día 21 de diciembre de 2008 se extinguirán dichas penas.

5.- Comuníquese esta sentencia a la Diputación Foral de Álava, Consejo del Menor, al objeto de que eventualmente adopte las medidas de prevención del riesgo o desamparo, respecto de la menor Lucía en relación al acusado, previstas en la Ley de Protección Jurídica del Menor y en la Ley Vasca de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia.

Frente a la presente resolución cabe interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, preparándose ante esta Audiencia Provincial en el plazo de cinco días desde el siguiente al de su notificación”.

3.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de precepto constitucional por el MINISTERIO FISCAL, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose dicho recurso.

4.- El recurso interpuesto por el MINISTERIO FISCAL se basó en el siguiente MOTIVO DE CASACIÓN: Primero y único.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por considerar infringido por la Sala de instancia el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la prueba por cuanto la Audiencia Provincial dictó sentencia absolutoria respecto de determinados hechos por los que acusaba el Ministerio Fiscal tras declarar la nulidad de la prueba en que se sustentaba la acusación del Ministerio Público, por estimar vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones y a la intimidad personal del acusado.

5.- Instruida la parte recurrida del recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, la misma impugnó dicho recurso; la Sala lo admitió a trámite y quedaron conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

6.- Hecho el correspondiente señalamiento, se celebró la votación y fallo del presente recurso el día 15 de Julio del año 2009.

Por auto dictado con fecha dieciséis de julio siguiente se acordó prorrogar el término para dictar sentencia hasta que se convoque a un Pleno no jurisdiccional de esta Sala en el que se resuelvan las cuestiones controvertidas planteadas. Pleno que fue convocado para el día 23 de febrero del año 2010.

En providencia de tres de marzo siguiente y una vez celebrado el pleno no jurisdiccional acordado se señala de nuevo para la deliberación, votación y fallo el día 9 de Marzo del año 2010 con la misma composición de la Sala excepto la sustitución del Excmo. Sr. D. Luis Román Puerta Luis, por jubilación del mismo, por el Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En motivo único el Fiscal ataca la sentencia, parcialmente absolutoria, al amparo del art. 852 L.E.Cr . por considerar infringido el derecho a la tutela judicial efectiva y a valerse de las pruebas pertinentes, todo ello al declarar la Audiencia la nulidad de parte de las probanzas en las que el Mº Público sustentaba la acusación.

1. El Fiscal acusaba por delito de corrupción de menores de los arts. 189.1.bis b) y 189.3. bis b) y f) del Código Penal y a su vez por otro delito del art. 189-2 del mismo cuerpo legal. La Audiencia condena por el último de los mencionados, por cuanto a pesar de declarar nula la mayor parte de la prueba por su origen vicioso, aplicó la doctrina del Tribunal Constitucional de desconexión de antijuricidad (véase S.T.C. nº 167/2002 ) y pudo apoyarse en la confesión del acusado para condenarle por posesión de pornografía infantil para usos propios, pero por el delito más grave de difusión de información pornográfica referida a menores fue absuelto.

La Audiencia Provincial tomó como base la doctrina de esa Sala contenida en las sentencias nº 236/2008 de 9 de mayo y la 292/08 de 28 de mayo . El Fiscal rechaza una afirmación de la Audiencia, en la que a su juicio no distingue entre el derecho al secreto de las comunicaciones y la reserva de los datos de identificación. En la sentencia se afirma: “…. hubiese sido preciso una resolución judicial, un auto motivado de un Juzgado de instrucción que, ponderando, por un lado, el derecho al secreto de las comunicaciones y, en todo caso, a la intimidad de las personas afectadas por la investigación y la proporcionalidad, necesidad e idoneidad de limitar tales derechos de aquéllos, entre ellos el imputado, en la investigación de un delito grave como es la pornografía infantil, acordara que la empresa proveedora de servicios de Internet cediera o proporcionara los datos de que disponía que permitieran identificar a la persona que tenía asignada esas direcciones de IP”.

2. El Fiscal argumenta la improcedencia de la decisión de expulsar del proceso las pruebas por varias razones:

a) En primer término nos dice que la cuestión ya fue resuelta al comienzo de las sesiones del juicio de conformidad al art. 786.2 L.E.Cr . y en tal ocasión la parte afectada, al rechazar cualquier nulidad de la prueba formuló la pertinente protesta. Al dictar sentencia cambia la Audiencia de posición y declara nula la mayor parte de la prueba practicada.

b) No puede jamás afirmarse que se ha vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones por conseguir la identidad que encerraba una clave de IP. El tema ha de quedar fuera del derecho al secreto de las comunicaciones.

c) Acepta, según doctrina del T. Constitucional (véase S. nº 123 de 9 de mayo de 2003 ) que el concepto de secreto de las comunicaciones no sólo cubre su contenido, sino la identidad subjetiva de los interlocutores. No obstante existen mecanismos como el llamado Protocolo WHOIS, que se utiliza para hacer consultas en una base de datos que permite determinar el propietario o titular de un “nombre de dominio” o una dirección I.P. No obstante quien interviene en el contrato no siempre es el que usa el terminal o actúa bajo la encriptada clave identificativa.

d) Asimismo en el ámbito de la intimidad existen distintos grados de afectación de tal derecho y por ende puede existir diversidad de exigencias para llevar a cabo un acto injerencial en función de la intensidad que comporte, sin que sea siempre y en todo caso necesaria la intervención de la autoridad judicial.

e) En las sentencias que se citan en la recurrida se está hablando de la necesidad que tiene la policía de interesar mandamiento judicial para desvelar la identidad de un internauta, pero el caso es distinto cuando tal diligencia la interesa el Mº Fiscal al servidor de Internet.

f) La petición efectuada por el Ministerio Fiscal es una actuación proporcional y está amparada por las leyes, en atención a la necesidad de facilitar el ejercicio de las funciones que le competen en la investigación y prevención de los delitos. La petición se canaliza dentro de una actuación procedimental del Fiscal, situación en la que las normas administrativas imponen la facilitación de tal identidad (véase Ley Orgánica de Protección de Datos nº 15/1999 ).

3. Respecto de la decisión denegatoria recaída al inicio de las sesiones del juicio, no es descabellada la tesis sostenida por el Ministerio Fiscal, ya que resuelta una cuestión durante las sesiones del juicio lo procedente sería desatender el problema durante la práctica de las pruebas. Por otro lado, es evidente que muchas de las cuestiones que deben someterse a decisión al inicio de las sesiones del plenario, necesariamente requieren un pronunciamiento en el momento (por ejemplo cuestiones de competencia, causas de suspensión del juicio, etc.), pero otras no es posible resolverlas en tal momento o puede en algunos casos faltar datos probatorios para decidir con justicia ciertos problemas planteados, que en buena medida dependerán de las pruebas. El Fiscal sostiene que es correcto que se defieran para sentencia, pero que se haga constar de forma expresa, pues el Tribunal adoptó una decisión y sobre ella se hizo la correspondiente protesta.

No obstante el Tribunal tuvo a bien matizar que la decisión adoptada se tomaba en consideración a los datos de que disponía en tal momento, pero se dejaba la puerta abierta para incidir sobre el tema, si la prueba modificaba el pronunciamiento inicial. Con esta matización el Fiscal ya no está indefenso y la aplicación del art. 267.1 LOPJ . que consagra el principio de la invariabilidad de las resoluciones judiciales, resultaría excesivamente riguroso, a pesar de lo sustentado por la S.T.C. nº 112/99 de 14 de junio .

SEGUNDO.- La cuestión planteada pasa por trasladar la doctrina sentada por esta Sala al caso que nos ocupa, destacando la especialidad del mismo, que se refiere a la intervención del Mº Fiscal, esto es, el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la función investigadora que le reconoce el art. 773.2 L.E.Cr . es el que solicita la identidad del titular de un terminal informático y no la policía.

Las sentencias 236/2008 de 9 de mayo y la 292/08 de 28 de mayo , condensan los principios o criterios a tener en cuenta, como en su momento dijimos. Recordemos las más importantes afirmaciones de la primera de ellas:

“Planteado así el problema, se hace preciso o cuando menos conveniente esbozar un esquema de los criterios legales y jurisprudenciales en orden a la calificación de la actuación policial de acuerdo con la legalidad procesal y constitucional.

En este sentido y en cuanto al alcance del contenido del derecho al secreto de las comunicaciones previsto en el art. 18-3 C.E ., la sentencia recurrida concreta acertadamente su alcance material, circunstancia que concuerda con las tesis del Fiscal recurrente.

Desde la sentencia del Tribunal Constitucional nº 123 de 20 de mayo de 2002 , se establece, haciéndose eco del caso Malone (2-8-82), resuelto por el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, que la obtención del listado de llamadas hechas por los usuarios mediante el mecanismo técnico utilizado por las compañías telefónicas constituye una injerencia en el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones reconocido en el art. 8 del Convenio Europeo, equivalente al 18-3 C.E. En cuanto al concepto de secreto de la comunicación no sólo cubre su contenido, sino otros aspectos de la comunicación, como la identidad subjetiva de los interlocutores. Consecuentemente podemos afirmar que el secreto a las comunicaciones telefónicas garantiza también la confidencialidad de los comunicantes, esto es, alcanzaría no sólo al secreto de la existencia de la comunicación misma y el contenido de lo comunicado, sino a la confidencialidad de las circunstancias o datos externos de la conexión telefónica: su momento, duración y destino….. Hasta este nivel discursivo existe coincidencia entre la posición del tribunal de instancia y el Mº Fiscal”.

La sentencia referida sigue diciendo : “Queda en pie la duda, de si para solicitar el número telefónico o identidad de un titular de un terminal telefónico o un IP, es necesario acudir a la autorización judicial, si no han sido positivas las actuaciones policiales legítimas integradas por injerencias leves y proporcionadas, que puede respaldar la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o Ley de Seguridad Ciudadana, en la misión de los agentes de descubrir delitos y perseguir a los delincuentes.

A nuestro juicio, sin pretensiones ni mucho menos de sentar doctrina (obiter dicta), los datos identificativos de un titular o de un terminal deberían ser encuadrados, no dentro del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18-3 C.E.) sino en el marco del derecho a la intimidad personal (art. 18.1º C.E .) con la salvaguarda que puede dispensar la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, L. O. 15/1999 de 13 de diciembre : art. 11.2 d. o su Reglamento, Real  Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, que entró en vigor el 31 de marzo de 2008 , sin despreciar la Ley 32 de 3 de noviembre de 2003, General de Telecomunicaciones y su Reglamento, R.D. 424 de 15 de abril de 2005 , en los que parece desprenderse que sin el consentimiento del titular de unos datos reservados, contenidos en archivos informáticos, no pueden facilitarse a nadie, salvo los casos especiales que autorizan sus propias normas, entre las que se halla la autorización judicial, que lógicamente estaría justificada en un proceso de investigación penal”.

TERCERO.- Tampoco debe pasar por alto, aunque sólo sea con carácter dialéctico, el contenido de la Ley nº 25 de 18 de octubre de 2007 de Conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación, que al igual que el Reglamento de la Ley de protección de datos son posteriores a los hechos aquí enjuiciados y por ende no aplicables.

La ley últimamente citada que se dicta en desarrollo de la Directiva de la Unión Europea 2006/24/C.E. del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo del mismo año tiene por objeto imponer la obligación a los operadores de Telecomunicaciones de retener determinados datos generados o tratados por los mismos con el fin de entregarlos a los agentes facultados, en caso de que le fueran requeridos por éstos, entendiendo por tales agentes los pertenecientes a los Cuerpos policiales, al Centro Nacional de Inteligencia y a la Dirección de Vigilancia aduanera. Esta ley exige para la cesión de estos datos, con carácter general, la autorización judicial previa y entre los datos que deben conservar figura el que es objeto del proceso que nos ocupa (los datos que deben ser custodiados por los operadores de telecomunicaciones están ampliamente descritos en su art. 3º ).

La radicalidad o rotundidad de la Ley 25/2007, en su artículo 6º, en relación al tercero , provocó ciertas dudas entre los Magistrados que tenían que dictar sentencia en esta instancia, especialmente sobre su posible proyección al caso de autos, consecuencia de lo cual se estimó oportuno llevar a Pleno no jurisdiccional de esta Sala, la reserva atribuída a la autorización judicial para la obtención de datos, con su amplia enumeración del art. 3 , con exclusión del Mº Fiscal.

1. El contraste de pareceres o puntos de vista jurídicos permitió al Pleno establecer ciertas conclusiones, que a fin de cuentas no afectaron a la cuestión de fondo suscitada en el recurso del Fiscal.

La Ley 25/2007, tiene muy en cuenta el campo aplicativo de la Ley Orgánica nº 15 de 1999 de Protección de Datos de carácter personal y le reconoce su mayor rango, aunque en el ámbito de vigencia de la Ley de Conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación, se erigía como preferente esta Ley, por la materia específica a la que se refería, esto es, a las comunicaciones , su contenido y todos los datos externos o de tráfico que de modo exhaustivo enumera la ley.

Prueba del respeto que muestra la Ley 25/2007 a las previsiones normativas de la Ley de Protección de Datos, es que la menciona en multitud de ocasiones, incluída la exposición de motivos. A título de ejemplo el art. 8 la cita hasta cuatro veces, estableciendo, entre otras cosas, que “las obligaciones relativas a las medidas para garantizar la calidad de los datos y la confidencialidad y seguridad en el tratamiento de los mismos serán las establecidas en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre y su normativa de desarrollo” . Y a continuación declara el mismo art. 8 que “El nivel de protección de los datos almacenados se determinará de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre y en su normativa de desarrollo”.

2. Pero independientemente de que ambas leyes operen en ámbitos diferentes, no excluye la posibilidad de producirse ciertas coincidencias o colisiones, sobre todo cuando se relacionan con el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones regulado en el art. 18-3 C.E .

La Sala General no jurisdiccional aprobó el 23 de febrero de 2010 el siguiente acuerdo: “Es necesaria la autorización judicial para que los operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación cedan los datos generados o tratados con tal motivo. Por lo cual, el Mº Fiscal precisará de tal autorización para obtener de los operadores los datos conservados que se especifican en el art. 3 de la Ley 25/2007 de 18 de octubre “.

De conformidad al tenor del acuerdo es patente que no resulta de aplicación al caso que nos concierne por haber ocurrido los hechos en 2006, esto es, antes de su vigencia.

3. Acudiendo a las normas en vigor que garantizan la reserva de las claves encubridoras de la identidad de usuarios de la Red (I.P.), se hace preciso de nuevo recordar la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos europeo (caso Malone), contenido en la sentencia de 2 de a gosto de 1982, que viene a establecer que la protección del derecho al secreto de las comunicaciones alcanza “a cualquier forma de interceptación en el proceso de comunicación, mientras el mismo esté teniendo lugar , siempre que sea apta para desvelar la existencia misma de la comunicación, el contenido de lo comunicado o los datos o elementos externos del proceso de comunicación”.

La correcta interpretación de esta doctrina nos debe llevar a la distinción de cuándo unos datos personales pueden afectar al secreto a las comunicaciones y cuándo conservados y tratados por las Operadoras, no se están refiriendo a comunicación alguna, es decir, datos estáticamente almacenados, conservados y tratados por operadores que se hallan obligados a la reserva frente a terceros.

Distinguimos pues dos conceptos:

a) datos personales externos o de tráfico que hacen referencia a una comunicación concreta y contribuyen a desvelar todo o parte del secreto que protege el art. 18-3 C.E :

b) datos o circunstancias personales referentes a la intimidad de una persona (art. 18-1º C.E.), pero autónomos o desconectados de cualquier comunicación, que caerán dentro del derecho a la protección de datos informáticos o habeas data del art. 18-4 C.E. que no pueden comprometer un proceso de comunicación.

Desde esta perspectiva dicotómica la absoluta equiparación de todo tipo de datos de tráfico o externos o la inclusión de todos ellos dentro del derecho al secreto de las comunicaciones comportaría un auténtico desenfoque del problema, pues incorporaría en el ámbito de la protección constitucional del art. 18-3 , circunstancias cuyo tratamiento jurídico no debería separarse del que se dispensa a la protección de datos o al derecho a la autodeterminación informática del art. 18-4 C.E . (véase por todas S.T.S. nº 249 de 20-5-2008 ).

4. En el caso concernido es patente que los datos cuyo obtención se pretende por el Fiscal no tienen relación ni afectan ni interceptan ni descubren ni tratan de descubrir una comunicación concreta, sino que por ser preciso para la acción investigadora el conocimiento del domicilio, número de teléfono o identidad del titular del terminal informático que opera en la Red (I.P.), la solicita a la operadora, al objeto de pedir del juez un mandamiento de entrada y registro con fines indagatorios o de investigación de un posible delito, acerca del que se conocen datos indiciarios.

El Mº Fiscal se hallaba en el ejercicio de sus funciones, entre otras, promover la acción de la justicia (art. 126 C.E . y art. 3 de su Estatuto Orgánico ) y también investigando los hechos delictivos, dentro del marco de unas diligencias preprocesales de naturaleza criminal (art. 773-2 L.E.Cr .).

CUARTO.- Tal proceder del Mº Fiscal no afecta al secreto de las comunicaciones sino que se desenvuelve en el marco del derecho a la intimidad, más concretamente dada la escasa intensidad en que es efectuada, la cuestión se proyectaría sobre la obligación que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos de no publicar los datos personales de los usuarios que un servidor de Internet posee, los cuales no pueden cederse sin el consentimiento del titular, pero la ley establece diversas excepciones.

Así el art. 11.2 d) de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre nos dice que el consentimiento del interesado a que se refiere el párrafo anterior no será necesario…. d) “Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal , los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas”.

Por su parte la Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, cuyo articulado se remite al art. 12 de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (ahora derogada por la Ley 25/2007 ) se establece el deber de retención de datos de tráfico relativos a las comunicaciones electrónicas en cuyo nº 3 nos dice que los “datos se conservarán para su utilización en el marco de una investigación criminal o para la salvaguarda de la seguridad pública y la defensa nacional, poniéndola a disposición de los jueces o tribunales o del Ministerio Fiscal que así lo requieran” .

Finalmente la propia Agencia de Protección de Datos, órgano público de carácter autónomo que conforme al art. 37.1. a) de la L.O. 15/1999 , tiene por misión “velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos, ha dicho en sus informes 135/2003 y 297/2005 que en los supuestos a que se refiere el art. 11.2 la cesión de datos personales no está sujeta a reserva jurisdiccional”.

Por todo ello entendemos que el Fiscal tiene facultades de investigación paralelas a las del juez de instrucción en el Procedimiento Abreviado (art. 773-2 L.E.Cr .) y salvo los actos injerenciales en los derechos fundamentales y la adopción de medidas cautelares posee las mismas atribuciones y responsabilidades que un juez. Si el juez instructor no hubiera estimado pertinente la adopción de la medida de entrada y registro los datos se archivarían, sin haber salido del ámbito de disponibilidad y reserva de la autoridad encargada de la investigación criminal (bien se trate del Fiscal o del Juez).

Pero es que la decisión de invadir el domicilio particular de una persona no provenía de haber desvelado su identidad, ya que ello era absolutamente secundario o anodino; el juez acordó la entrada y registro valorando la necesidad, utilidad y proporcionalidad de la medida de acuerdo con los datos aportados por la policía indiciarios de la comisión de un delito grave, y la medida interesada, fuera quien fuera el titular del terminal, solo tenía por objeto el desvelamiento del nombre de la persona física o jurídica que contrató con el operador de Internet y le asignó un I.P. encriptado en una clave alfanumérica

Ni que decir tiene que este régimen jurídico sólo es aplicable antes de la ley 25/2007 de 18 de octubre ; con posterioridad a su vigencia debemos estar al acuerdo del Pleno no jurisdiccional de esta Sala de 23 de febrero de 2010 .

QUINTO.- En atención a lo expuesto parece ser que la Audiencia confunde el derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18-3 C.E.), el derecho a la intimidad (art. 18-1 C.E.) y la obligación de conservar secretos los datos informáticos personales (art. 18-4 C.E.) conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, que excepciona la petición del Fiscal en el ejercicio de sus funciones legales de investigación de los delitos.

No habiéndose quebrantado ningún derecho fundamental, el art. 11.1 LOPJ . no es aplicable, debiendo surtir efecto en el proceso los datos obtenidos en la entrada y registro y las demás pruebas (testimonios o pericias) practicadas a consecuencia del mismo.

El motivo habrá de estimarse, declarando nula la sentencia, con devolución al Tribunal que la dictó, para que valorando todo el material probatorio legítimo existente en la causa se pronuncie sobre las pretensiones acusatorias del Fiscal y las aducidas por las demás partes procesales.

SEXTO.- Las costas del recurso se deben declarar de oficio, de conformidad con lo establecido en el art. 901 L.E .Criminal.

FALLO

Que debemos DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el MINISTERIO FISCAL, por estimación del motivo único formulado por el mismo, DECLARANDO NULA la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Álava, Sección Segunda, con fecha dos de diciembre de dos mil ocho , devolviendo al Tribunal que la dictó la causa para que valorando todo el material probatorio legítimo existente en la misma se pronuncie sobre las pretensiones acusatorias del MINISTERIO FISCAL y demás partes procesales.

Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia Provincial de Álava, Sección Segunda, a los efectos legales procedentes, con devolución de la causa.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos Adolfo Prego de Oliver y Tolivar José Ramón Soriano Soriano José Manuel Maza Martin Luciano Varela Castro Manuel Marchena Gómez

PUBLICACION .- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D José Ramón Soriano Soriano , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico. 

01Ene/14

Verwaltungsvorschriften zum Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten der Bürger (VV-DSG-LSA) vom 31.8.2002

Gem. RdErl. des MI, der StK und der übrigen Min. vom 31.8.2002 – 41.21B-05519/1 – (MBl. LSA S. 1091), geändert durch Gem. RdErl. des MI, der StK und der übrigen Min. vom 13.7.2007 – 41.21A-05519/2 (MBl. LSA S. 629), vom 12.11.2007 – 41.21A-05519/2 (MBl. LSA S. 834), vom 10.3.2009 – 41-21A-05519/2 (MBl. LSA S. 198) und vom 19.4.2010 -41.21-05519/2 (MBl. LSA S 208).

Mit dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten der Bürger (DSG-LSA) i. d. F. der Bek. vom 18.2.2002 (GVBl. LSA S. 54), zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes vom 18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698, 701), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Landesgesetzgeber allgemeine datenschutzrechtliche Vorschriften für Behörden und sonstige öffentliche Stellen des Landes, der Gemeinden, der Landkreise und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie für Vereinigungen solcher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen getroffen. Zugleich hat der Landesgesetzgeber für die genannten Stellen von der in § 12 Abs. 2 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) i. d. F. der Bek. vom 14.1.2003 (BGBl. I S. 66), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22.8.2006 (BGBl. I S. 1970), in der jeweils geltenden Fassung, genannten Möglichkeit Gebrauch gemacht, den Datenschutz, auch soweit Bundesrecht ausgeführt wird, durch Landesrecht zu regeln.

Adressaten des Zweiten Abschnitts des Bundesdatenschutzgesetzes sind im öffentlichen Bereich grundsätzlich nur öffentliche Stellen des Bundes. Für natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und andere Personenvereinigungen des privaten Rechts (§ 2 Abs. 4 BDSG) richtet sich die Zulässigkeit der Datenverarbeitung grundsätzlich nach dem Dritten Abschnitt des Bundesdatenschutzgesetzes.

1. Zu § 1 (Zweck des Gesetzes)

1.1 Zweck des Gesetzes

Nach Art. 6 Abs. 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt hat jeder das Recht auf Schutz seiner personenbezogenen Daten; in dieses Recht darf unter Beachtung des Zitiergebotes nach Art. 20 Abs. 1 der Landesverfassung nur durch oder aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Dabei sind insbesondere Inhalt, Zweck und Ausmaß der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der personenbezogenen Daten zu bestimmen und das Recht auf Auskunft, Löschung und Berichtigung näher zu regeln.

Entsprechend den Vorgaben der Landesverfassung trifft das DSG-LSA für die öffentlichen Stellen des Landes die für die Gewährleistung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung erforderlichen bereichsübergreifenden Regelungen. Das Gesetz berücksichtigt, dass aufgrund der Gemeinschaftsbezogenheit und -gebundenheit der Einzelnen und des dadurch bestehenden Spannungsverhältnisses zwischen dem Persönlichkeitsrecht der Einzelnen und den Interessen der Allgemeinheit die Einzelnen im überwiegenden Allgemeininteresse bestimmte Einschränkungen ihres Rechts auf informationelle Selbstbestimmung hinnehmen müssen. Es gibt hierfür vorbehaltlich bereichsspezifischer Regelungen die erforderliche rechtliche Grundlage. Des Weiteren sieht das DSG-LSA organisatorische und verfahrensrechtliche Vorkehrungen vor, die der Gefahr einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts entgegenwirken.

1.2 Datensparsamkeit und Datenvermeidung

Die Pflichten zur Datensparsamkeit und Datenvermeidung sind Konkretisierungen des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit bei der Gestaltung von Datenverarbeitungsverfahren. Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten ist soweit wie möglich zu vermeiden. Auf die Kenntnis der Identität Betroffener während der Datenverarbeitungsvorgänge ist zu verzichten, soweit dies sachgerecht und technisch möglich ist. Reicht eine anonymisierte oder pseudonymisierte Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Daten aus, ist davon Gebrauch zu machen. Nach dem letzten Halbsatz muss die Anonymisierung und Pseudonymisierung nur erfolgen, wenn der durch diese Maßnahmen verursachte Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem vom Gesetz verlangten Schutz der Daten steht. Die Ausführungen zu § 6 Abs. 1 Satz 2 gelten entsprechend.

2. Zu § 2 (Begriffsbestimmungen)

2.1 Allgemeine Begriffsbestimmungen

Die Begriffsbestimmungen entsprechen grundsätzlich denen des § 3 BDSG. Sie weichen mitunter vom üblichen Sprachgebrauch, aber auch von Begriffsinhalten der Informationstechnologie ab. Um eine gleichmäßige Anwendung des Gesetzes zu erreichen, ist von Folgendem auszugehen:

2.1.1 Personenbezogene Daten

Einzelangaben sind Daten, die eine natürliche lebende Person (Betroffene oder Betroffener) bestimmen oder bestimmbar machen (z. B. Name, Personalnummer, Sozialversicherungsnummer, Personalausweisnummer, Kfz-Kennzeichen). Einzelangaben sind aber auch Daten, die in der Person der Betroffenen liegende oder auf die Betroffenen bezogene Sachverhalte beschreiben (z. B. Adresse, Einkommen, Familienstand, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Krankheit, Zeugnisnoten, Berufsbezeichnung); auch Werturteile, Planungs- und Prognosedaten über Betroffene gehören dazu. Einzelangaben in diesem Sinne sind nicht nur Daten, an deren Geheimhaltung die Betroffenen Interesse haben (Geheimnisse), sondern auch jedwede andere Angaben zur Person.

Die Einzelangaben können persönliche oder sachliche Verhältnisse einer Person betreffen (z. B. Familienstand, Geschlecht, Geburtsdatum einerseits, Besitz, Eigentum, Kraftfahrzeug, Wasserverbrauch andererseits). Die Unterscheidung ist wegen der gleichen Rechtsfolge nicht begriffserheblich, in der Praxis oft fließend. Nicht personenbezogen und damit vom Schutzbereich des Gesetzes nicht erfasst sind Daten über juristische Personen (AG, KG auf Aktien) oder über Personenvereinigungen (z. B. offene Handelsgesellschaften, nicht rechtsfähige Vereine), soweit kein Rückschluss auf eine natürliche Person möglich ist. Dieser Rückschluss ist nicht gegeben, soweit eine natürliche Person nur in ihrer Eigenschaft als Organ oder z. B. als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin einer juristischen Person erfasst ist. Der Schutz von Daten über juristische Personen und andere in Satz 1 genannte Stellen bestimmt sich gegebenenfalls nach

a) allgemeinen Vorschriften, z. B. nach § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) vom 18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698, 699) i. V. m. § 30 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG), § 203 des Strafgesetzbuches (StGB) oder

b) speziellen Regelungen wie § 16 des Bundesstatistikgesetzes vom 22.1.1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 9.6.2005 (BGBl. I S. 1534), in der jeweils geltenden Fassung.

Die natürliche Person muss bestimmt (z. B. durch Identifizierungsdaten wie Name und Anschrift, Personalnummer, Kontonummer) oder bestimmbar sein (z. B. durch Bezugnahme auf andere Daten oder äußere Umstände). Aggregierte Daten (Summendaten), wie sie z. B. in der Statistik anfallen, sind nicht personenbezogen; enthält die statistische Gruppe nur Angaben über eine oder zwei Personen, so sind die Daten grundsätzlich wieder personenbezogen.

Bei personenbezogenen Daten, bei denen die verantwortliche Stelle Namen und Anschrift der Betroffenen nicht kennt, ist sie von der Einhaltung solcher Bestimmungen entbunden, die eine solche Kenntnis voraussetzen.

2.1.2 Personenbezogene Daten besonderer Art

Angaben über die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben sind besonders schützenswert. Sie werden entsprechend § 3 Abs. 9 BDSG als personenbezogene Daten besonderer Art definiert. Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung solcher Daten ist zusätzlichen formellen (§ 14 Abs. 2 Satz 1) und materiellen (§ 26 Abs. 1) Anforderungen unterworfen.

2.1.3 Allgemein zugängliche personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind dann allgemein zugänglich, wenn sie jedermann ohne oder nach vorheriger Anmeldung, Zulassung oder Entrichtung eines Entgeltes frei verwenden kann. Hierzu zählen insbesondere personenbezogene Daten, die allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können (z.B. Tageszeitungen, Telefonbüchern, Internet).

2.2 Automatisiertes Verfahren

2.2.1.1 Die Definition des automatisierten Verfahrens beschränkt sich auf die Beschreibung der wesentlichen Kriterien, nämlich dass durch den gesteuerten Einsatz von Technik ohne weiteres menschliches Zutun die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten abläuft. Die Definition ist so offen formuliert, dass sie auch künftigen technischen Entwicklungen gerecht wird. Es kommt nicht auf die Speicherung in einer einzelnen Datei an. Entscheidend ist auch nicht, wie viele personenbezogene Daten oder Merkmale erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Regelungsgegenstand sind Vorgänge oder Vorgangsreihen; diese sind mit dem Begriff Verfahren umschrieben.

Auf das Vorliegen eines automatisierten Verfahrens stellen eine Vielzahl von Regelungen des Gesetzes ab, z. B. die Regelungen zum Verfahrensverzeichnis (§ 14 Abs. 3), zur Einsetzung des Beauftragten für den Datenschutz (§ 14a Abs. 1) und zur Gefährdungshaftung (§ 18 Abs. 2).

2.2.1.2a Datei

Das Gesetz verwendet einen doppelten Dateibegriff. Es unterscheidet zwischen automatisierten und nichtautomatisierten Dateien. Der Dateibegriff hat bei Anwendung des DSG-LSA nur geringe Bedeutung. Das DSG-LSA regelt die materielle Zulässigkeit des Umgangs öffentlicher Stellen mit personenbezogenen Daten grundsätzlich unabhängig davon, ob automatisierte Verfahren eingesetzt werden oder ob die Daten in nichtautomatisierten Dateien oder Akten enthalten sind. Der Dateibegriff ist nur bei der Anwendung einzelner Regelungen des DSG-LSA bedeutsam, insbesondere bei solchen verfahrensrechtlicher Art.

2.2.1.2b Automatisierte Datei

Im zweiten Halbsatz wird die bisherige Definition der automatisierten Datei beibehalten. Dies ist erforderlich, weil der Begriff automatisierte Datei in vielen bereichsspezifischen Rechtsvorschriften zum Datenschutz noch verwendet wird. Automatisierte Dateien sind sämtliche elektronisch verarbeiteten Datenbestände personenbezogenen Inhalts, die automatisiert ausgewertet werden können. Von dem Begriff erfasst werden auch Bild- und  Tonaufzeichnungen in digitalisierter Form, bei denen eine Auswertbarkeit durch automatisierte Verfahren gegeben ist.

2.2a Nicht-automatisierte Datei

Nicht-automatisierte Datei ist jede sonstige Sammlung personenbezogener Daten, die gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten Merkmalen (mindestens zwei) geordnet, umgeordnet und ausgewertet werden kann (z. B. Kartei, Register, Sammlung von ausgefüllten Antragsvordrucken; nicht aber eine Liste, da sie – ohne physische Veränderung – nicht umgeordnet werden kann). Gleichartig aufgebaut ist eine Sammlung von Daten, die sich entweder auf einem einzigen Datenträger oder auf mehreren physisch gleichartigen Datenträgern (z. B. Karteikarten) befindet. Die darauf gespeicherten Daten müssen auf dem Datenträger in einer bestimmten Ordnung enthalten sein, also in einer für die weitere Verarbeitung geeigneten Weise formalisiert sein.

2.3 Akte

Obwohl das DSG-LSA – anders als das BDSG für den nicht-öffentlichen Bereich – bei seiner Anwendung nicht auf den Umgang mit personenbezogenen Daten in automatisierten Verfahren und in oder aus nicht-automatisierten Dateien beschränkt ist, kommt der Definition der Akte Bedeutung zu. Das Gesetz trifft für Akten einzelne differenzierende Regelungen, die auf die Besonderheiten dieses Mediums abstellen. Akte ist abweichend vom allgemeinen Sprachgebrauch jede sonstige amtlichen, dienstlichen oder Geschäftszwecken dienende Unterlage, die nicht Datei ist. Bild- und Tonträger sind danach Akten, sofern sie nicht bereits als nicht-automatisierte Dateien einzustufen sind oder Teil eines automatisierten Verfahrens sind. Nicht vom Aktenbegriff erfasst werden Notizen und Vorentwürfe. Die Sonderregelungen für Akten und Aktensammlungen gelten nicht, soweit diese durch automatisierte Verfahren umgeordnet und ausgewertet werden können. Das entsprechende Verfahren muss eingerichtet und einsatzbereit sein.

2.4 Erheben

Erheben ist die zielgerichtete (= mit Wissen und Wollen) Beschaffung oder Entgegennahme personenbezogener Daten, und zwar auch dann, wenn der Vorgang nicht in eine Verarbeitung oder Nutzung einmündet. Beispiel: Eine Befragung ergibt, dass keine weiteren Maßnahmen zu treffen sind. Die Übermittlung auf Ersuchen ist seitens der ersuchenden Stelle (Stelle, an die übermittelt werden soll) stets auf eine Erhebung gerichtet.

2.5 Verarbeitung

2.5.2.1 Speichern

Speichern ist das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren (z. B. gezielte Aneignung zum Zwecke eigener Verwendung) personenbezogener Daten auf einem Datenträger zum Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung. Datenträger ist jeder Informationsträger, auf dem Daten lesbar festgehalten sind, z. B. auch eine Liste oder ein einzelnes Blatt. Bereits die Kenntnisnahme unaufgefordert mitgeteilter personenbezogener Daten mit dem Ziele ihrer weiteren Verwendung ist Speichern. Das Speichern endet mit dem Löschen der Daten.

2.5.2.3 Übermitteln

Übermitteln setzt grundsätzlich voraus, dass personenbezogene Daten zielgerichtet in den Einflussbereich eines Dritten (Nr. 2.9) gelangen. Auch eine unbeabsichtigte, aber tatsächlich erfolgte Übermittlung kann zielgerichtet sein.

Weitergeben umfasst sowohl die physische Übergabe, Aushändigung oder Übersendung von Datenträgern als auch die bloße Informationsvermittlung (z. B. fernmündlich oder durch schlüssiges Verhalten). Hierbei ist nicht erforderlich, dass der Dritte die Daten tatsächlich zur Kenntnis nimmt. Zum Weitergeben innerhalb der verantwortlichen Stelle und an Auftragnehmer siehe Nrn. 2.6 und 2.9.

Eine Übermittlung durch Einsicht oder Abruf liegt nur vor, wenn der Dritte von der verantwortlichen Stelle zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene Daten tatsächlich einsieht oder abruft.

Ein Unterfall der Übermittlung ist die Veröffentlichung. Hierbei handelt es sich um die ungezielte Weitergabe von Daten an unbestimmte Dritte, z. B. in einem Presseorgan. Das Merkmal der Veröffentlichung ist aber auch erfüllt, wenn Daten zum Abruf für unbestimmte Dritte, also für jedermann, bereitgehalten werden.

2.5.2.4 Sperren

Gesperrte Daten sind mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen; sie dürfen nur noch unter eingeschränkten Voraussetzungen übermittelt oder genutzt werden (Nr. 16.5).

2.5.2.5 Löschen

Mit dem Löschen endet die Verarbeitung der Daten. Löschen liegt vor, wenn die Daten von Menschen auch unter Zuhilfenahme technischer Mittel nicht mehr zur Kenntnis genommen werden können. Das kann in verschiedener Form geschehen. Auf Papier können Schriftzeichen durch Ausstreichen, Überschreiben oder Schwärzen unkenntlich gemacht werden, aber auch durch Vernichten des Datenträgers (z. B. Verbrennen oder Zerkleinern im Reißwolf). Auf maschinenlesbaren Datenträgern sind Daten dann unkenntlich, wenn durch technische oder organisatorische Mittel sichergestellt ist, dass sie von niemandem mehr zur Kenntnis genommen werden können. Das kann z. B. durch Neuformatierung von Magnetschichten (z. B. Überschreiben) geschehen, wenn die Daten danach für den Lesekopf der Verarbeitungsanlage nicht mehr lesbar gemacht werden können. Ein Datenbestand ist erst dann vollständig gelöscht, wenn auch die Datenträger, die der Datensicherung dienen (Duplikate, Archivbänder), gelöscht wurden.

2.6 Nutzen

Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten, die nicht den Begriff der Verarbeitung erfüllt. Dies betrifft wiederum Dateien wie Akten. Das Nutzen ist ein Auffangtatbestand, der immer dann greift, wenn eine Verwendung der Daten keiner Phase der Datenverarbeitung zugeordnet werden kann. Damit wird sichergestellt, dass jeder Umgang mit personenbezogenen Daten vom Gesetz erfasst wird. Nutzen ist insbesondere die Verwendung personenbezogener Daten innerhalb der verantwortlichen Stelle, z. B. die interne Weitergabe an eine andere Organisationseinheit innerhalb der gleichen Behörde. Die daran beteiligten Organisationseinheiten sind zueinander grundsätzlich nicht Dritte (Nr. 2.9).

Eine Nutzung liegt auch vor, wenn ein Datenabgleich durchgeführt wird. Fehlt bei der Informationsverwendung der Personenbezug, liegt ein Nutzen im Sinne des DSG-LSA nicht vor.

2.7 Anonymisieren

Es wird klargestellt, dass personenbezogene Daten nicht nur dann anonymisiert sind, wenn ein Personenbezug überhaupt nicht mehr herstellbar ist, sondern auch dann, wenn die Zuordnung nur noch mit unverhältnismäßigem Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft möglich wäre (faktische Anonymisierung). Je sensibler die Daten sind, desto größer muss der Aufwand sein, sie zu repersonifizieren.

2.7a Pseudonymisieren

Pseudonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten durch Verwendung einer Zuordnungsfunktion derart, dass mit verhältnismäßigem Aufwand Einzelangaben nur in Kenntnis dieser Funktion einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können. An die Stelle identifizierbarer Daten tritt ein Pseudonym, das es ermöglicht, Daten ohne Kenntnis der Identität des Betroffenen zu nutzen. Bei der Wahl der Zuordnungsfunktionen ist darauf zu achten, dass die Pseudonyme möglichst wenig Informationsgehalt aufweisen. Pseudonyme können von unterschiedlichen Personen vergeben werden:

a) durch die betroffene Person,

b) durch einen vertrauenswürdigen Dritten, der allein die Zuordnungsfunktion kennt (z. B. pseudonymisierter Signaturschlüssel nach § 7 des Signaturgesetzes vom 16.5.2001, BGBl. I S. 876, zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 26.2.2007, BGBl. I S. 179, in der jeweils geltenden Fassung),

c) durch den Datenverwender.

Im Rahmen des DSG-LSA kommen kurz- und mittelfristig vor allem die Varianten nach Buchst. a und c in Betracht.

2.8 Verantwortliche Stelle

Verantwortliche Stelle ist diejenige Stelle, die Daten für die ihr übertragenen Aufgaben selbst erhebt, verarbeitet oder nutzt oder durch Auftragnehmer erheben, verarbeiten oder nutzen lässt. Werden personenbezogene Daten im Auftrag verarbeitet, ist im Rahmen des Auftrages der Auftragnehmer nicht verantwortliche Stelle; dies ist vielmehr der jeweilige Auftraggeber. Verantwortliche Stellen sind grundsätzlich nicht die juristischen Personen des öffentlichen Rechts selbst, sondern deren Behörden und die von ihnen getragenen sonstigen öffentlichen Stellen. Das Gesetz geht vom organisatorischen und nicht vom funktionalen Stellenbegriff aus; d. h. verschiedene Organisationseinheiten einer Behörde sind grundsätzlich zueinander nicht Dritte, wohl aber Empfänger (Nr. 2.10). Außenstellen einer Behörde sind Teile der verantwortlichen Stelle, soweit sie nicht organisatorisch verselbständigt sind.

2.9 Dritter

2.9.1 Grundsätzlich ist jeder außerhalb der verantwortlichen Stelle Dritter. Außerhalb der verantwortlichen Stelle steht jede natürliche oder juristische Person, Gesellschaft oder andere Personenvereinigung des privaten Rechts sowie jede öffentliche Stelle, die nicht mit der verantwortlichen Stelle identisch oder ein Teil von ihr ist. Maßgebend ist die juristische, nicht die wirtschaftliche Betrachtungsweise.

2.9.2 Als Dritte gelten nicht

a) Betroffene oder

b) diejenigen Stellen, die im Inland, in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (Norwegen, Island und Liechtenstein) personenbezogene Daten im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen.

2.10 Empfänger

Der Begriff “Empfänger” steht für alle, die Daten erhalten in ihrer Eigenschaft als

a) Dritte,

b) Personen oder Stellen, die für die verantwortliche Stelle personenbezogene Daten im Auftrag verarbeiten oder nutzen, oder

c) anderer Organisationsteil der verantwortlichen Stelle, dem Daten für andere Zwecke zur Verfügung gestellt werden.

Die Einbeziehung anderer Organisationsteile der verantwortlichen Stelle berücksichtigt den Beschluss des BVerfG vom 18.12.1987 (NJW 1988 S. 959), wonach auch innerhalb einer verantwortlichen Stelle eine aufgabenspezifische Trennung im Umgang mit personenbezogenen Daten besteht (informationelle Gewaltenteilung). Die stelleninterne Weitergabe personenbezogener Daten ist grundsätzlich keine Übermittlung, sondern ein Unterfall der Nutzung. Diese Differenzierung hat überwiegend formale Bedeutung, da die materiellen Voraussetzungen der internen Weitergabe nach § 10 und der Übermittlung im öffentlichen Bereich nach § 11 regelmäßig übereinstimmen.

Nicht Empfänger im Sinne des Gesetzes sind Betroffene.

2.11 Mobiler personenbezogener Datenträger

Dies ist ein Datenträger, der alle Voraussetzungen des Absatzes 11 Nrn. 1 bis 3 erfüllt. Die Definition des mobilen personenbezogenen Datenträgers erfasst nicht nur intelligente Medien, insbesondere Chipkarten, sondern auch nicht intelligente Medien, z. B. Magnetkarten oder maschinenlesbare Ausweise. Es wird nicht nur auf Prozesse abgestellt, die auf dem Medium ablaufen, sondern auch auf solche, die durch das Medium in anderen Datenverarbeitungssystemen ausgelöst werden.

Je nach Verwendung können mittels solcher Datenträger Bewegungsprofile erstellt oder beim Einlesen des Datenträgers gespeicherte Daten unbewusst anderen verfügbar gemacht werden. Um diesen Risiken für die Gewährleistung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung zu begegnen, ist vor dem Einsatz mobiler Datenträger nach § 14 Abs. 2 die Vorabkontrolle vorgeschrieben.

Soweit RFID-Tags durch öffentliche Stellen an Betroffene ausgegeben werden und unmittelbar der Verarbeitung personenbezogener Daten dienen, handelt es sich um Datenträger im Sinne des § 2 Abs. 11.

3. Zu § 3 (Anwendungsbereich)

Grundsätzlicher Anwendungsbereich

Die Vorschrift legt den Anwendungsbereich des DSG-LSA und die Ausnahmen hiervon fest. Dabei stellt das DSG-LSA grundsätzlich nur auf die Eigenschaft des Adressaten als einer öffentlichen Stelle ab, ohne danach zu differenzieren, ob dieser hoheitlich oder fiskalisch handelt.

3.1 Öffentliche Stelle

Absatz 1 führt die Adressaten des DSG-LSA an. Satz 1 trifft zugleich eine Legaldefinition öffentlicher Stellen des Landes. Hierzu gehören nicht die Kirchen (Nr. 11.4), wohl aber die Ortskrankenkasse, die allerdings in ihrer Eigenschaft als Leistungsträger bereichsspezifischen Datenschutzvorschriften des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz -(SGB X) i. d. F. der Bek. vom 18.1.2001 (BGBl. I S. 130), zuletzt geändert durch Art. 263 der Verordnung vom 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407), in der jeweils geltenden Fassung unterfällt.

3.1.1.1 Behörde

Behörde ist entsprechend § 1 Abs. 2 VwVfG LSA jede organisatorisch selbständige Stelle, der Aufgaben der öffentlichen Verwaltung zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung übertragen sind (z. B. auch die Landtagsverwaltung, der Gerichtspräsident). Äußeres Zeichen der organisatorischen Selbständigkeit ist insbesondere die Befugnis zum eigenverantwortlichen Auftreten im eigenen Namen nach außen. Amtsträger oder Dienststellen, die nach den maßgeblichen organisatorischen Bestimmungen nur im Namen und mit Wirkung für und gegen andere Stellen handeln können, insbesondere Ämter, Sachgebiete, Dezernate, Referate und Abteilungen einer Behörde, sind nicht selbst Behörde oder öffentliche Stelle im Sinne dieses Gesetzes.

3.1.1.2 Organe der Rechtspflege

Zu den Organen der Rechtspflege zählen neben den Gerichten, soweit sie in ihrer originären Funktion der Streitentscheidung in Rechtssachen und im Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit tätig werden, die Staatsanwaltschaften, die Strafvollzugsbehörden, die Gerichtsvollzieher und die Schiedspersonen. Auch Notare sind Organe der Rechtspflege, da sie Träger eines öffentlichen Amtes sind, durch Hoheitsakt bestellt werden und der Dienstaufsicht der Landesjustizverwaltung unterliegen. Nach § 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung in der im BGBl. III, Gliederungs-Nr. 303-8, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 26.3.2007 (BGBl. I S. 358), in der jeweils geltenden Fassung, sind auch Rechtsanwälte Organe der Rechtspflege; sie werden aber von § 3 deshalb nicht erfasst, weil es an einer öffentlich-rechtlichen Organisationsform fehlt. Für Rechtsanwälte gelten die für nicht-öffentliche Stellen einschlägigen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes.

3.1.1.3 Andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen

Andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen sind nach außen eigenverantwortlich handelnde Stellen, die keine Behördeneigenschaft besitzen, z. B. der Landtag als Parlament, Stellen mit lediglich fiskalischen Aufgaben und öffentliche Wettbewerbsunternehmen.

3.1.1.4 Vereinigungen

Vereinigungen juristischer Personen des öffentlichen Rechts sind ungeachtet ihrer Rechtsform öffentliche Stellen (z. B. die kommunalen Spitzenverbände). Vereinigungen in diesem Sinne sind auch Personen- oder Kapitalgesellschaften (des privaten Rechts), bei denen ausschließlich Adressaten des DSG-LSA (das Land, die Gemeinden, die Landkreise und sonstige der Aufsicht des Landes unterstehende juristische Personen des öffentlichen Rechts) Gesellschafter sind oder sämtliche Anteile halten. Dies gilt auch, wenn die Vereinigung nur von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts gebildet ist, gegebenenfalls über eine Schachtelbeteiligung.

Der Begriff der Vereinigung ist hier nach dem Normzweck so auszulegen, dass entscheidendes weiteres Kriterium die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe ist. Im Bereich der Daseinsvorsorge ist von einer solchen Aufgabe nur auszugehen, wenn sich die öffentliche Hand der Wahrnehmung nicht entziehen kann, weil ein dringender öffentlicher Bedarf für eine wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand besteht. Dies ist z. B. bei Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs der Fall. Soweit die Vereinigungen – ganz oder teilweise – keine öffentlichen Aufgaben in diesem Sinne erfüllen (z. B. Energieversorgung, Wohnungswirtschaft, Betrieb einer jedermann zugänglichen KfzWerkstatt), gilt für sie – wie für andere nicht-öffentliche Stellen – uneingeschränkt das BDSG.

Stehen die Vereinigungen bei Erledigung einer öffentlichen Aufgabe im oben beschriebenen Sinne faktisch oder potentiell im Wettbewerb, ist § 3 Abs. 2 Nr. 1 anzuwenden. Die Kontrolle erfolgt in diesem Fall durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz unter überwiegender Anwendung des BDSG.

3.1.2 Beliehene

Nicht-öffentliche Stellen, die hoheitliche Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen (beliehene Unternehmer), sind z. B. die KfzSachverständigen des TÜV und die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure. Soweit diese Stellen im Rahmen der Beleihung tätig werden, gelten sie als öffentliche Stellen.

Im Übrigen sind nicht-öffentliche Stellen natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und andere Personenvereinigungen des privaten Rechts (§ 2 Abs. 4 BDSG).

3.2 Ausnahmen vom Anwendungsbereich des DSG-LSA

3.2.1 Am Wettbewerb teilnehmende öffentliche Unternehmen

Soweit Unternehmen, die öffentlichrechtlich organisiert sind (z. B. Eigenbetriebe oder selbständige Anstalten des öffentlichen Rechts) am Wettbewerb teilnehmen, werden sie den materiellen Datenschutzbestimmungen, die das Bundesdatenschutzgesetz für den nicht-öffentlichen Bereich trifft, unterworfen. Diese Vorschriften kommen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 bzw. § 27 BDSG grundsätzlich nur zur Anwendung, wenn personenbezogene Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen oder in oder aus nichtautomatisierten Dateien verarbeitet, genutzt oder dafür erhoben werden, nicht aber bei herkömmlicher Informationsverarbeitung in Akten. Die Unternehmen sind verpflichtet, die Durchführung des Datenschutzes gemäß § 14 zu gewährleisten. Sie haben Verfahrensverzeichnisse nach § 14 Abs. 3 zu führen und Beauftragte für den Datenschutz nach § 14a einzusetzen. Zu beachten sind ferner die Regelungen über den Umgang mit Personal- und Bewerberdaten in § 28 und zum Fernmessen und Fernwirken in § 29. Die Unternehmen unterliegen der Kontrolle durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz in §§ 19, 22 bis 24.

3.2.1.1 Krankenhäuser

Krankenhäuser in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft gehören zu den öffentlich-rechtlichen Wettbewerbsunternehmen. Bei Erledigung hoheitlicher Aufgaben (z. B. Zwangseinweisungen) nehmen sie nicht am Wettbewerb teil. Soweit Krankenhausträger ein entsprechendes Unternehmen in ihrer Eigenschaft als Sozialleistungsträger nach § 35 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch – Allgemeiner Teil – (SGB I) vom 11.12.1975 (BGBl. I S. 3015), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 15 des Gesetzes vom 5.12.2006 (BGBl. I S. 2748, in der jeweils geltenden Fassung, betreiben, unterliegt das Krankenhaus nach Maßgabe des § 81 Abs. 4 Satz 3 SGB X einzelnen Vorschriften des ersten und zweiten Abschnitts des Bundesdatenschutzgesetzes (Nr. 3.3).

3.2.1.2 Krankenkassen

Soweit sich Krankenkassen, die der Aufsicht des Landes unterstehen (z. B. die Ortskrankenkasse, Innungskrankenkassen, Landwirtschaftliche Krankenkassen oder bestimmte Betriebskrankenkassen) darum bemühen, freiwillig Versicherte im Sinne des § 9 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (SGB V) vom 20.12.1988 (BGBl. I S. 2477), zuletzt geändert durch Art. 6 Abs. 3 des Gesetzes vom 20.7.2007 (BGBl. I S. 1574), in der jeweils geltenden Fassung, zu gewinnen oder nicht mehr Versicherungspflichtige als freiwillig Versicherte zu übernehmen, stehen sie damit in Wettbewerb zu privaten Krankenversicherungen. Sie werden insoweit aber nicht zu Wettbewerbsunternehmen im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 1; die Beziehungen zwischen Krankenkasse und freiwillig Versicherten bestimmen sich ausschließlich nach Sozialleistungsrecht.

3.2.2 Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute und öffentlich-rechtliche Versicherungsanstalten

Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute und öffentlich-rechtliche Versicherungsanstalten unterliegen allen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes, die auf entsprechende privatrechtliche Unternehmen anzuwenden sind, also auch der Kontrolle der Aufsichtsbehörde nach § 38 BDSG. Im Übrigen ist nur § 28 zu beachten, der den Umgang mit Personal- und Bewerberdaten regelt.

Öffentlich-rechtliche Versicherungsanstalten, bei denen Beitrittszwang besteht, nehmen insoweit nicht am Wettbewerb teil und fallen deshalb insoweit in den Anwendungsbereich des DSG-LSA. Dieses gilt auch für organisatorisch und aufgabenmäßig verselbständigte Teile öffentlichrechtlicher Kreditinstitute und Versicherungsanstalten, die dem Wettbewerb nicht zugängliche Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, z. B. die Investitionsbank SachsenAnhalt, soweit sie über die Vergabe von Subventionen und Wohnungsbaufördermitteln entscheidet.

3.2.3 Ausübung des Gnadenrechts

Auch wenn wegen verfahrensmäßiger Besonderheiten bei der Ausübung des Gnadenrechts das DSG-LSA nicht gilt, sollte im Interesse des Persönlichkeitsschutzes soweit wie möglich entsprechend den materiellrechtlichen Vorgaben des DSG-LSA verfahren werden.

3.3 Andere Rechtsvorschriften

3.3.1 Subsidiarität des DSG-LSA

Das DSG-LSA gilt nur subsidiär. Soweit andere Rechtsvorschriften auf personenbezogene Daten anzuwenden sind, haben sie Vorrang, wie z. B.

a) das Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA) i. d. F. der Bek. vom 23.9.2003 (GVBl. LSA S. 214),

b) das Gesetz über den Verfassungsschutz im Land Sachsen-Anhalt (VerfSchG-LSA) i. d. F. der Bek. vom 6.4.2006 (GVBl. LSA S. 236), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.11.2006 (GVBl. LSA S. 524), und

c) das Meldegesetz des Landes Sachsen-Anhalt (MG LSA) i. d. F. der Bek. vom 11.8.2004 (GVBl. LSA S. 506), zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698, 702),

in der jeweils geltenden Fassung. Vorrang haben auch solche Rechtsvorschriften, die keine Datenschutzregelungen treffen, aber auf personenbezogene Daten anzuwenden sind, z. B. § 71 LHO hinsichtlich der Pflicht zur Buchführung. Der Umfang des Vorrangs anderer Rechtsvorschriften ist bei der Herausgabe von Verwaltungsvorschriften hierzu allgemein, im Übrigen anlässlich der laufenden Bearbeitung im Einzelfall zu ermitteln.

Treffen die anderen Rechtsvorschriften nur teilweise Regelungen, gilt ergänzend das DSG-LSA. Zum Beispiel ist die Pflicht zu technischen und organisatorischen Maßnahmen im Sinne des § 6 nicht im SOG LSA geregelt.

Für Rechtsvorschriften des Bundes ergibt sich der Vorrang bereits aus Art. 71, 72 oder 31 des Grundgesetzes. Solche Regelungen sind z. B.

a) §§ 67 bis 85 des SGB X,

b) §§ 16, 21 und 22 des Passgesetzes vom 19.4.1986 (BGBl. I S. 537), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 20.7.2007 (BGBl. I S. 1566),

c) § 61 des Personenstandsgesetzes in der im BGBl. III Gliederungsnummer 211-1 veröffentlichten bereinigten Fassung,

d) §§ 86 bis 91a des Aufenthaltsgesetzes vom 30.7.2004 (BGBl. I S. 1950), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 20.7.2007 (BGBl. I S. 1566) und

e) §§ 474 bis 495 der Strafprozessordnung (StPO) in der jeweils geltenden Fassung.

3.3.2 Berufs- oder besondere Amtsgeheimnisse

Die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt. So ist z. B. das Arztgeheimnis nur standesrechtlich geregelt, auch wenn dessen Verletzung nach § 203 StGB strafbewehrt ist.

3.4 Abgrenzung zum VwVfG LSA i. V. m. dem VwVfG

Bei der Ermittlung des Sachverhalts im Verwaltungsverfahren ist das DSGLSA gegenüber dem VwVfG LSA i. V. m. den VwVfG vorrangig; dies ist insbesondere bei Anwendung des Untersuchungsgrundsatzes (§ 1 Abs. 1 Satz 1 VwVfG LSA i. V. m. § 24 VwVfG) und der Beiziehung von Beweismitteln (§ 1 Abs. 1 Satz 1 VwVfG LSA i. V. m. § 26 VwVfG) zu beachten. Eine um Amtshilfe ersuchte Behörde darf bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten Amtshilfe nur leisten, soweit dies insbesondere nach § 11 DSG-LSA zulässig ist. Ansonsten bestehen rechtliche Hinderungsgründe im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 VwVfG LSA i. V. m. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VwVfG.

4. Zu § 4 (Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung)

4.1 Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung

Ob eine Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten zulässig ist, kann sich aus anderen Rechtsvorschriften (Nr. 3.3) oder dem DSG-LSA selbst ergeben (z.B. §§ 4, 9, 10, 11). Gemeint sind damit materielle Rechtsnormen im weitesten Sinne; z. B. auch kommunale Satzungen und Satzungen sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften (z. B. der IHK). Ein Schluss von der Aufgabe auf die Befugnis ist grundsätzlich nicht möglich.

Die entsprechende Rechtsvorschrift muss die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten ausdrücklich erlauben oder vorschreiben.

4.2 Einwilligung

Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten von der Einwilligung Betroffener abhängig gemacht wird, ist eine informierte Einwilligung vorgesehen. Die Einwilligung ist die vorherige Zustimmung Betroffener. Die Betroffenen müssen handlungsfähig (§ 1 Abs. 1 Satz 1 VwVfG LSA i. V. m. § 12 VwVfG) sein (z. B. Religionsmündigkeit ab Vollendung des 14. Lebensjahres nach § 5 des Gesetzes über die religiöse Kindererziehung in der im BGBl. III, Gliederungs-Nr. 404-9, veröffentlichten bereinigten Fassung, geändert durch Art. 7 § 31 des Betreuungsgesetztes vom 12.9.1990, BGBl. I S. 2002, in der jeweils geltenden Fassung, eigene Meldepflicht nach § 9 Abs. 3 MG LSA ab Vollendung des 16. Lebensjahres). Sind Betroffene nicht handlungsfähig, erteilen die gesetzlichen Vertreter oder im Rahmen ihres Aufgabenkreises Betreuer im Sinne des Betreuungsgesetzes die Einwilligung.

Ein Muster für Einwilligungserklärungen ist als Anlage 1 beigefügt.

Die Einwilligung kann genutzt werden, um im Falle der Zweckänderung vom Grundsatz der Erhebung bei Betroffenen abzuweichen. Hierdurch können die Betroffenen über die Fälle des § 10 Abs. 2 Nr. 3 hinaus von Mehrfacherhebungen freigestellt werden.

4.2.1 Allgemeine Anforderungen

Die Einwilligung muss hinreichend bestimmt sein. Besondere Bedeutung kommt der Information der Betroffenen zu.

4.2.2 Form

Soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form oder ein anderer Inhalt angemessen ist, bedarf die Einwilligung der Schriftform (§ 126 des Bürgerlichen Gesetzbuches – BGB) und muss die Art der Daten, die Form ihrer Verarbeitung und die Dritten, an die Übermittlungen vorgesehen sind, bestimmen. Ist damit zu rechnen, dass die Daten von manuellen in automatisierte Verfahren übernommen werden, sollte die Einwilligung auch zur automatisierten Verarbeitung eingeholt werden.

Die Ersetzung der Schriftform durch die elektronische Form (mit qualifizierter elektronischer Signatur) kann nach § 126a BGB oder für die öffentlichrechtliche Verwaltungstätigkeit nach § 1 Abs. 1 Satz 1 VwVfG LSA i. V. m. § 3a Abs. 2 VwVfG erfolgen. Eine geringerwertige als die qualifizierte elektronische Signatur kommt in Betracht, wenn nach § 4 Abs. 2 Satz 2 wegen des Vorliegens besonderer Umstände von der Schriftform abgewichen werden darf.

4.2.3 Mehrzahl von Erklärungen

Die Einwilligung kann auch zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden; sie ist dann aber drucktechnisch besonders hervorzuheben.

4.2.4 Widerruf

Das Recht, die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, ist abdingbar (Nr. 17.1). Haben sich Betroffene einmal mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung einverstanden erklärt, so wird bei unveränderten Verhältnissen davon ausgegangen werden können, dass die Einwilligung weiterhin Gültigkeit besitzt und nicht erneut eingeholt werden muss.

4.4 Einwendungsrecht

4.4.1 Recht der Betroffenen

Die Betroffenen haben das Recht, sich gegen die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung ihrer Daten zu wenden, auch wenn die rechtlichen Voraussetzungen für den Umgang mit den Daten dem Grunde nach vorliegen. Für das Erheben von Einwendungen ist keine bestimmte Form vorgeschrieben. Wenn die Behörde bei der gebotenen Abwägung zu dem Ergebnis kommt, dass die von der betroffenen Person vorgetragenen besonderen persönlichen Gründe das öffentliche Interesse an der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der Daten überwiegen, dann muss der Umgang mit den Daten unterbleiben oder so gestaltet werden, wie es dem Anliegen der betroffenen Person entspricht. Die Einwendung kann z. B. darauf gerichtet sein, dass eine Angelegenheit, die höchstpersönliche Daten zum Gegenstand hat, nicht von zum Bekanntenkreis der betroffenen Person gehörenden Mitarbeitern bearbeitet wird. Solche Personen sind nicht nach § 1 Abs. 1 Satz 1 VwVfG LSA i. V. m. § 20 VwVfG LSA vom Handeln ausgeschlossen. Das Ergebnis der Abwägung ist den Betroffenen mitzuteilen. Gegen eine ablehnende Entscheidung kann Widerspruch nach den Regeln des Verwaltungsprozessrechtes einlegt werden (§§ 68 bis 70 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) i. d. F. der Bek. vom 19.3.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 21.12.2006, BGBl. I S. 3316, in der jeweils geltenden Fassung).

4.4.2 Ausschluss des Einwendungsrechts

Das Einwendungsrecht besteht nur eingeschränkt gegenüber Sicherheitsbehörden, Strafverfolgungsorganen und Stellen der Finanzverwaltung.

4a. Zu 4a (Automatisierte Einzelentscheidungen)

4a.1 Verbot der alleinigen automatisierten Einzelentscheidung

Für eine betroffene Person nachteilige Entscheidungen, die auf einer Bewertung ihrer Persönlichkeitsmerkmale beruhen, dürfen vorbehaltlich einer spezialgesetzlichen Regelung nicht allein auf das Ergebnis einer automatisierten Verarbeitung gestützt sein. Solche Entscheidungen müssen letztlich immer von einer natürlichen Person verantwortet werden. § 90g Abs. 4 des Beamtengesetzes Sachsen-Anhalt (BG LSA) i. d. F. der Bek . vom 9.2.1998 (GVBl. LSA S. 50), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 21.3.2006 (GVBl. LSA S. 102, 120), in der jeweils geltenden Fassung geht nach § 3 Abs. 3 Satz 1 vor.

Das Verbot kommt dann zum Tragen, wenn mehrere Informationen über die Persönlichkeit der betroffenen Person zusammengeführt werden und einer rein automatisierten Bewertung unterzogen werden sollen. Die ausgewerteten Informationen müssen dabei eine gewisse Komplexität (z. B. Angaben über die berufliche Leistung, die Zuverlässigkeit) aufweisen. Bloße Vorentscheidungen, wie etwa die automatisierte Vorauswahl im Vorfeld einer Personalbesetzung (automatisierter Abgleich des Personalbestandes anhand bestimmter Suchkriterien wie Alter, Ausbildung, Zusatzqualifikation) sind nicht erfasst, auch nicht reine Messwerte.

4a.2 Ausnahmen vom Verbot automatisierter Einzelentscheidungen

Das Verbot automatisierter Einzelentscheidungen im Sinne des Abs. 1 gilt nicht, wenn

a) ein Gesetz solche Entscheidungen ausdrücklich vorsieht oder

b) die Betroffenen vorher Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten und damit auf die Entscheidung Einfluss nehmen können.

5. Zu § 5 (Datengeheimnis)

Während das DSG-LSA im Allgemeinen nur Regelungen für die datenverarbeitenden Stellen enthält, wendet es sich in § 5 unmittelbar an die bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten beschäftigten Personen und untersagt jede Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung, die nicht durch die zur jeweilig rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zwecke gerechtfertigt ist. Eine Verletzung des Datengeheimnisses wird in den meisten Fällen gleichzeitig eine Verletzung der Amtverschwiegenheit oder einen Verstoß gegen die arbeitsvertragliche Schweigepflicht darstellen; auch kann zugleich eine Verletzung spezieller Geheimhaltungsvorschriften, z. B. der Schweigepflicht nach § 10 des Landespersonalvertretungsgesetzes Sachsen-Anhalt (PersVG LSA) i. d. F. der Bek. vom 16.3.2004 (GVBl. LSA S. 205, 491), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 21.3.2006 (GVBl. LSA S. 102, 122), in der jeweils geltenden Fassung, vorliegen. Die zur Wahrung des Datengeheimnisses Verpflichteten sind grundsätzlich Beamte oder Richter im statusrechtlichen Sinne; anderenfalls stehen sie in einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis oder sind nach dem Verpflichtungsgesetz vom 2.3.1974, BGBl. I S. 469, geändert durch § 1 Nr. 4 des Gesetzes vom 15.8.1974 (BGBl. I S. 1942), in der jeweils geltenden Fassung verpflichtet und dementsprechend Amtsträger im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB.

Verstöße gegen das Datengeheimnis können dienstrechtlich verfolgt und nach § 31 und anderen einschlägigen Rechtsvorschriften (z. B. § 203 StGB) mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden. Sie können auch Anlass einer außerordentlichen Kündigung sein. ine förmliche Verpflichtung auf das Datengeheimnis sieht das DSG-LSA nicht vor. Es empfiehlt sich allerdings ein Hinweis oder eine Belehrung über die Pflichten nach dem DSG-LSA.

6. Zu § 6 (Technische und organisatorische Maßnahmen)

6.1 Datensicherheit

Das DSG-LSA verwendet in § 6 nicht den Begriff Datensicherheit, regelt aber diesem Zweck dienende Maßnahmen, soweit sie für den Datenschutz von Bedeutung sind, also dem Schutz des Persönlichkeitsrechts dienen. Durch geeignete technische und organisatorische Vorkehrungen soll die Erfüllung der Vorschriften des DSG-LSA gewährleistet werden, also der Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen Betroffener bei der Datenverarbeitung entgegengewirkt werden.

Datensicherheit bezeichnet also zunächst einen Zustand und beinhaltet darüber hinaus die Umsetzung aller technischen und organisatorischen Maßnahmen, die von einer öffentlichen Stelle zu treffen sind, um eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts Einzelner bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten zu verhindern. Diese Maßnahmen sind sowohl für automatisierte als auch für nicht-automatisierte Verfahren zu treffen und umzusetzen. Ziel aller getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen ist eine störungsfreie und gegen Missbrauch gesicherte Datenverarbeitung. Maßnahmen der Datensicherheit sind für jede Art von Datenverarbeitung unerlässlich; besonders wichtig sind sie in automatisierten Verfahren. Jede Störung oder Verzögerung der Datenverarbeitung kann schwerwiegende Folgen haben.

6.1.1 Pflicht zur Datensicherheit

Nach Satz 1 sind Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit unabhängig von der Art des Umgangs mit personenbezogenen Daten zu treffen. Der Verweis auf die Absätze 2 und 3 stellt klar, dass je nachdem, ob personenbezogene Daten automatisiert oder nicht-automatisiert erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, unterschiedliche Anforderungen bestehen.

6.1.1.1 Verpflichtete Stelle

Zu den technischen und organisatorischen Maßnahmen ist jede öffentliche Stelle verpflichtet, die selbst oder im Auftrag solcher Stellen personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet oder nutzt. Verpflichtet ist somit einmal die verantwortliche Stelle im Sinne des § 2 Abs. 8, zum anderen aber auch ein öffentlicher Auftragnehmer im Sinne des § 8 Abs. 4. Für andere Auftragnehmer ergibt sich die entsprechende Pflicht aus den für sie einschlägigen Datenschutzvorschriften, z. B. bei Auftragnehmern im Sinne des § 8 Abs. 5 oder 6, § 11 Abs. 4 BDSG.

Beauftragt eine verantwortliche Stelle ganz oder teilweise eine andere Stelle mit der Durchführung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung, dann ist die Verantwortung für die Durchführung der Maßnahmen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer verteilt.

6.1.1.2 Pflichten der öffentlichen Stelle als Auftraggeber

Der Auftraggeber hat nach § 8 Abs. 2 Satz 1 bei Erteilung des Auftrages die vom Auftragnehmer vorgesehenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu berücksichtigen. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen ist ein Auswahlkriterium für die Vergabe des Auftrages. Dem Auftraggeber müssen aber nicht notwendigerweise alle im Einzelnen getroffenen Maßnahmen offengelegt werden; dies könnte zu einer Ausspähung führen.

6.1.1.3 Überprüfung der Maßnahmen des Auftragnehmers

Der Auftraggeber hat sich nach Maßgabe des § 8 Abs. 2 Satz 4 beim Auftragnehmer von der Einhaltung der getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu überzeugen.

6.1.2 Angemessenheit der einzelnen Maßnahmen

Eine Datensicherheitsmaßnahme ist nicht schon allein deshalb zu treffen, weil sie objektiv geeignet ist, ein Höchstmaß an Datensicherheit zu gewährleisten. Alle Maßnahmen stehen unter dem Grundsatz der Angemessenheit (Abs. 1 Satz 2). Eine Maßnahme braucht dann nicht getroffen zu werden, wenn der durch sie verursachte Aufwand im Verhältnis zu dem vom Gesetz verlangten Schutz der Daten unangemessen groß wäre. Dieser Grundsatz darf jedoch nicht dazu führen, die dem DSG-LSA unterliegende Datenverarbeitung ohne jede Sicherheitsmaßnahme zu lassen. Soweit im Einzelfall eine Anforderung nicht durch angemessene Maßnahmen voll erfüllt wird, ist die dadurch entstehende Lücke durch entsprechende Maßnahmen zur Erfüllung anderer Anforderungen zu schließen.

Ob eine Maßnahme als verhältnismäßig anzusehen ist, kann nur an Hand der konkreten Umstände des Einzelfalles entschieden werden. Dabei ist zwischen dem vom DSG-LSA verlangten Schutz der Daten und dem durch die Maßnahme verursachten Aufwand abzuwägen.

Als Entscheidungshilfen bei der Angemessenheitsprüfung können neben der Art der verarbeiteten Daten und ihrer Schutzwürdigkeit auch die Menge der verarbeiteten Daten sowie die Art der eingesetzten Verfahren dienen; so erfordern z. B. Angaben über gesundheitliche Verhältnisse, strafbare Handlungen, religiöse oder politische Anschauungen weitergehende Schutzvorkehrungen. Gleiches gilt, je mehr Daten über Betroffene gespeichert werden (z. B. mit Hilfe einer Datenbank).

Es sind immer alle erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um die Ausführung der Vorschriften des DSGLSA zu gewährleisten. Satz 3 verpflichtet dazu, das Sicherheitskonzept fortzuschreiben, d. h. die Technikentwicklung zu beobachten und dementsprechend die Schutzmaßnahmen zu überprüfen und bei Bedarf neu einzurichten.

6.1.3 Auswahl der Maßnahmen

Der zur Datensicherheit Verpflichtete muss in eigener Verantwortung unter den in Betracht kommenden technischen und organisatorischen Maßnahmen jene auswählen, die den vorgeschriebenen Schutz der Daten gewährleisten. Sie sind vor dem Einsatz eines neuen oder geänderten Verfahrens im Einzelnen festzulegen und mit Beginn des Einsatzes zu realisieren. Im Falle der Auftragsdatenverarbeitung wirken Auftraggeber und Auftragnehmer zusammen. Für das gesamte Verfahren trägt der Auftraggeber die Verantwortung.

Für die Wirksamkeit der Datensicherheit ist die Summe aller Maßnahmen entscheidend. Die Datensicherheit ist dann ausreichend, wenn die getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen in ihrer Gesamtheit einen hinreichenden Schutz gegen die Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen der Betroffenen beim Umgang mit ihren Daten gewährleisten.

6.2 Anforderungen bei automatisierten Verfahren

Die neu eingeführten 6 Sicherheitsziele sind technologieunabhängig und zeigen einen Sicherheitsrahmen auf, der auch bei neuen Formen der Datenverarbeitung anwendbar ist. Das DSG-LSA greift teilweise die auch für Sicherheit in der Informationstechnik (IT-Sicherheit) notwendigen Sicherheitsziele auf (Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit), teilweise geht es mit den in Abs. 2 festgelegten weiteren Sicherheitszielen (Authentizität, Revisionsfähigkeit, Transparenz) im Interesse eines wirksamen Schutzes der personenbezogenen Daten darüber hinaus.

Abhängig von den jeweiligen technischen Gegebenheiten sind im Einzelfall die Maßnahmen festzulegen, die den geforderten Sicherheitsrahmen erfüllen. Die Maßnahmen müssen zur Erreichung des angestrebten Schutzniveaus angemessen sein und das verbleibende Restrisiko tragbar machen. Dementsprechend ist vor dem Einsatz eines automatisierten Verfahrens

a) der Grad der Schutzbedürftigkeit der personenbezogenen Daten festzustellen,

b) eine Bedrohungs- und Risikoanalyse durchzuführen,

c) ein auf dem IT-Sicherheitskonzept basierendes Datensicherheitskonzept zu erstellen und umzusetzen sowie

d) eine entsprechende Kontrolle und Fortschreibung des Datensicherheitskonzeptes zu gewährleisten.

Diese Vorgehensweise ist auch Grundlage für die Verfahrensfreigabe und die Vorabkontrolle gemäß § 14 Abs. 2.

6.2.1 Vertraulichkeit

Vertraulichkeit ist gewährleistet, wenn die gespeicherten Daten nicht in die Hände Unbefugter geraten können. Das Ziel kann durch unterschiedliche Maßnahmen erreicht werden wie die sichere Aufbewahrung oder Unterbringung der verwendeten Hardware und Backup-Datenträger, die Nutzung von Verschlüsselungssoftware bei der Speicherung in unsicheren Umgebungen (z. B. Notebook, Laptop, lokaler PC) und bei der Datenübertragung in Netzwerken oder durch vertrauliche Behandlung von Angaben über verwendete Hard- und Software und die Systemkonfiguration. Beispiele:

a) sichere Unterbringung von Rechentechnik (z. B. Serverräume),

b) Schutz von Serverräumen vor unbefugtem Zugang,

c) Ausschluss der Nutzung von privater Hard- oder Software für dienstliche Belange oder Ausschluss der Nutzung dienstlicher Hard- oder Software für private Belange,

d) Sicherung von Hard- und Softwareschnittstellen,

e) Einsatz von Verschlüsselungsverfahren bei der Datenspeicherung oder der Datenübertragung (z. B. im lokalen Netz einer Behörde – LAN -, im Intranet des Landes – WAN – oder im Internet),

f) Einrichtung einer an der Aufgabenstellung orientierten restriktiven Benutzerverwaltung und Rechtevergabe (Sicherstellung des Zugriffs Berechtigter ausschließlich auf ihre Programme und ihren Datenbestand),

g) Ausnutzung und Aktivierung der Sicherheitseinstellungen von Betriebssystemen, Datenbankbetriebssystemen und anderen Verarbeitungsprogrammen,

h) Einrichtung von zuverlässigen Identifikations- und Authentisierungsmechanismen,

i) Festlegung von Anmeldeversuchsbeschränkungen (z. B. Sperrung der Benutzung nach mehr als drei Fehlversuchen),

j) Einrichtung von Zeitbeschränkungen, die sich an der regelmäßigen Arbeitszeit orientieren.

6.2.2 Integrität

Integrität ist gewährleistet, wenn Datenbestände unversehrt, vollständig und aktuell sind, also verlässlich richtig. Integrität muss während der Erhebung, allen Phasen der Verarbeitung und bei der Nutzung gegeben sein. Unter anderem muss gewährleistet sein, dass Daten nicht durch Computerviren oder andere Schadsoftware verfälscht werden. Dies ist beim Anschluss an das weltweite Internet besonders wichtig. Beispiele:

a) Plausibilitätskontrollen bei der Eingabe von Daten,

b) regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der Datenbestände,

c) Kontrolle der Durchführung von Reparaturen, Wartung oder Fernwartung von Hard- und Software durch Fremdfirmen,

d) Einsatz von Technologien zum Schutz vor schadenstiftender Software,

e) Einsatz von sogenannten FirewallSystemen (Firewall = Brandschutzmauer) zur Abschottung von Verwaltungsnetzen gegenüber Fremdnetzen (z. B. dem Internet).

6.2.3 Verfügbarkeit

Verfügbarkeit liegt vor, wenn Daten zeitgerecht zur Verfügung stehen und ordnungsgemäß verarbeitet oder genutzt werden können. Die Verfügbarkeit bezieht sich nicht nur auf die gespeicherten personenbezogenen Daten im engeren Sinne, sondern gleichermaßen auf die Hardware und die zur Verarbeitung erforderlichen Programme. Ein DV-System muss also in seiner Gesamtheit die vorgesehene Funktionalität bieten und zeitgerecht zur Verfügung stehen. Beispiele:

a) Maßnahmen zur Ausfallsicherheit des Verfahrens (z. B. ErsatzServer; Einsatz redundanter Datenträger; schnelle Wiederanlaufverfahren oder Wiedereinspielung eines Datenbestandes; ErsatzRechenzentren),

b) Einsatz von Technik für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der Hardware (USV),

c) Durchführung einer zeitnahen und regelmäßigen Datensicherung des Datenbestandes (Backup) und der Überprüfung des Backup-Datenbestandes auf Nutzbarkeit,

d) Schutz vor Vandalismus oder gefährlichen äußeren Einflüssen (Feuer, Wasser, starke mechanische Belastung, magnetische Störungen),

e) Aufbewahrung von Datenträgern und sonstigen Backup-Medien in einem sogenannten DATA-Safe oder einem Datensicherungsraum (mit entsprechenden RAL-Prüfsiegeln).

6.2.4 Authentizität

Die Authentizität ist hauptsächlich bei elektronisch übertragenen Dokumenten bedroht. Dem kann durch Verfahren begegnet werden, bei denen die Herkunft der Daten nachvollziehbar ist. Bei der Bewertung der Verfahren sind verwendete Hardwarekomponenten und Programme einzubeziehen, z. B. beim e-Government oder beim elektronischen Zahlungsverkehr. Beispiel: Einsatz von Signaturverfahren, bei denen rechtsverbindlich festgestellt werden kann, ob die Daten von den Betroffenen autorisiert (z. B. digital signiert) sind oder wer Urheber von Daten ist, die nicht von den Betroffenen stammen (z. B. bei Datenübermittlung).

6.2.5 Revisionsfähigkeit

Revisionsfähig sind Daten, wenn nachprüfbar ist, wie Daten in einen Datenbestand gelangt sind und welche Veränderungen sie im Laufe der Zeit erfahren haben. Nachprüfbar muss sein, wer für das Aufnehmen bestimmter Daten in einen Datenbestand oder ihr Entfernen daraus die Verantwortung trägt. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass Protokollierungsdaten selbst ein datenschutzrechtliches Risiko bergen. Sie unterliegen deshalb einer engen Zweckbindung nach § 10 Abs. 4. Beispiele:

a) Auswertung von Protokolldateien,

b) Nachvollziehen, wer in welcher Weise Daten eingegeben, verändert oder gelöscht hat, woher oder wohin Daten übermittelt wurden (z. B. Auswertungstools für Protokolldateien).

6.2.6 Transparenz

Automatisierte Verfahren sind in aktueller Form nachvollziehbar zu dokumentieren. Die einzelnen Verfahrensschritte müssen dabei so beschrieben werden, dass die systematische Richtigkeit der Prozesse nachvollziehbar wird. Dieses Sicherungsziel steht in unmittelbarem Zusammenhang mit § 15 (Auskunft) und § 23 (Durchführung der Aufgaben). Beispiele:

a) Dokumentation der Freigabe oder der Vorabkontrolle nach § 14 Abs. 2,

b) Dokumentation von wesentlichen Programmveränderungen oder laufende Fortschreibung der Programmdokumentation, so dass ein Verfahren in allen Verarbeitungsschritten dokumentiert ist und in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden kann,

c) ordnungsgemäße Führung des Verfahrensverzeichnisses gem. § 14 Abs. 3.

6.3 Nicht-automatisierte Verfahren

Nicht-automatisierte Verfahren sind solche Verfahren, in denen die Verfahrensschritte ohne Hilfe programmgesteuerter Geräte ablaufen. Dabei ist es unerheblich, ob diesen Verfahren automatisierte Verfahren vorausgehen oder nachfolgen. Datenverarbeitung in nicht-automatisierten Verfahren findet z. B. in manuellen Karteien, Sammlungen gleichartiger Formblätter oder herkömmlichen Akten statt.

Sammlungen von Datenträgern, die zugleich in automatisierten Verfahren verarbeitet werden, unterliegen hinsichtlich ihrer automatisierten Verarbeitung dem Abs. 2, hinsichtlich ihrer nicht-automatisierten Verarbeitung dem Abs. 3. Auch für diese Verfahren sind jedoch nach Abs. 1 geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, um der Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange Betroffener entgegenzuwirken. Der Verhinderung des Zugriffs durch Unbefugte (Vertraulichkeit) kommt zentrale Bedeutung zu. Wenn dies erreicht ist, dann ist in aller Regel auch ausgeschlossen, dass jemand unbefugt Daten zur Kenntnis nehmen oder diese  verändern oder löschen kann.

Notwendigkeit und Umfang einzelner Maßnahmen der Datensicherheit beurteilen sich nach den in Nrn. 6.1.1 bis 6.1.3 dargestellten Grundsätzen.

Besonders in nachstehenden Bereichen sind Maßnahmen angezeigt:

a) Erfassen und Bearbeiten von Daten,

b) Weitergeben von Daten, ihr Bereithalten zur Einsichtnahme und der Transport von Datenträgern,

c) Aufbewahren von Daten,

d) Vernichten von Datenträgern.

Soweit Vorentwürfe und Notizen nicht Bestandteil eines Vorgangs werden und personenbezogene Daten enthalten, ist eine ordnungsgemäße Vernichtung, z. B. mittels eines Aktenvernichters, zu gewährleisten.

7. Zu § 7 (Einrichtung automatisierter Abrufverfahren)

Ein automatisiertes Abrufverfahren ist ein Datenverarbeitungsverfahren, in dem Einzeldaten oder ganze Datenbestände durch Abruf an einen Dritten (§ 2 Abs. 9) übermittelt (§ 2 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb) werden können.

Wesentlich für den Abruf ist das Moment der Selbstbedienung. Werden Art und Umfang der zu übermittelnden Daten allein von der übermittelnden Stelle bestimmt und kann der Dritte nur den Zeitpunkt festlegen, liegt kein Abrufverfahren im Sinne des § 7 vor, so etwa bei der regelmäßigen Übermittlung der Kfz-Zulassungsdaten durch Zulassungsstellen an das Kraftfahrtbundesamt im automatisierten Verfahren. In Betracht kommt der Abruf eines Datensatzes, des Teils eines Datensatzes oder mehrerer Datensätze (eines Datenbestandes). Gegenstand eines Abrufs kann auch das Ergebnis einer Datenverarbeitung sein, z. B. des Vergleichs oder Abgleichs zweier Datenbestände.

7.1 Zulässigkeit automatisierter Abrufverfahren

Automatisierte Abrufverfahren sind wegen des erhöhten Gefährdungspotentials für das Persönlichkeitsrecht und der Änderung der Verantwortlichkeit für die Übermittlung vom Gesetzgeber nur eingeschränkt zugelassen. Eine vorweg genommene pauschalierte Prüfung muss ergeben haben, dass das Verfahren bei Abwägung der Interessen Betroffener am Ausschluss automatisierter Abrufe mit den Interessen der an Abrufen beteiligten Stellen angemessen ist. Wesentliche Faktoren sind die Dringlichkeit und die Häufigkeit von Übermittlungen. Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Vorabkontrolle nach § 14 Abs. 2.

Außerdem müssen beim einzelnen Abruf die Voraussetzungen für eine Übermittlung im Einzelfall gegeben sein.

7.2.1 Kontrollierbarkeit

Satz 1 verlangt nur, dass die Zulässigkeit des Abrufverfahrens, nicht jedoch des einzelnen Abrufs kontrolliert werden kann. Satz 2 schreibt vor, welche Einzelheiten vor Inbetriebnahme des Verfahrens schriftlich festzulegen sind.

7.2.2 Festlegungen bei automatisierten Abrufverfahren

Technische und organisatorische Maßnahmen haben die zum Abruf bereithaltende und die zum Abruf berechtigte Stelle zu treffen. Es ist Aufgabe der verantwortlichen Stelle, die einzelnen Benutzer (die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) der abrufenden Stelle zu identifizieren und deren Abrufberechtigung festzustellen. Einzelheiten dieser und aller weiteren Maßnahmen zur Sicherheit des Verfahrens sind bei der Vereinbarung des Abrufverfahrens von der verantwortlichen Stelle und der abrufenden Stelle festzulegen. Erforderlich sind solche Maßnahmen, die in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen (§ 6 Abs. 1 Satz 2).

Wegen der prinzipiellen Angreifbarkeit des öffentlichen Wählnetzes, insbesondere des Telefonnetzes, können bei besonders sensiblen Daten anstelle von Wählanschlüssen auch festgeschaltete Leitungen erforderlich sein.

Die erforderlichen Festlegungen sind unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Vorabprüfung (Nr. 14.2.1) durch den Beauftragten für den Datenschutz (Nr. 14a.4.2.2) zu treffen.

7.3 Vorabunterrichtung des Landesbeauftragten für den Datenschutz

Die Unterrichtung des Landesbeauftragten für den Datenschutz ist so rechtzeitig durchzuführen, dass er die Zulässigkeit des Verfahrens vor dessen Einrichtung prüfen kann. Die Unterrichtung erfolgt, sofern alle beteiligten Stellen seiner Kontrolle unterliegen, nur durch die Stelle, die die Daten zum Abruf bereithält. Für die Unterrichtung können Auszüge aus Entwürfen zum Verfahrensverzeichnis verwendet werden. Das Ergebnis der Vorabkontrolle sollte schriftlich festgehalten werden.

7.4 Protokollierung und Prüfung einzelner Abrufe

Die Prüfung der Zulässigkeit des einzelnen Abrufs kann grundsätzlich nur im Nachhinein, also nach erfolgtem Abruf, durch Auswertung von Abrufprotokollierungen erfolgen. Der Umfang der Protokollierung ist jeweils für das einzelne Abrufverfahren festzulegen. Zumindest für einen Teil der Abrufe werden Zeitpunkt und Inhalt (Anfragetext und Antworttext) sowie abrufende Stelle und abrufende Person dokumentiert. Eine Vollprotokollierung, d. h. eine lückenlose Protokollierung aller Abrufe mit allen genannten Details, ist grundsätzlich nicht gefordert. Gleichwohl kann sie unter besonderen Umständen geboten sein. Solche Umstände können sich aus der Sensibilität der gespeicherten Daten, der Art des Übertragungsweges, aus dem Benutzerkreis oder aus allen drei Kriterien ergeben. Selbst wenn alle Anforderungen des § 6 erfüllt sind, ist ein Eindringen über die Online-Verbindung in den Datenbestand durch Unbefugte nicht auszuschließen. Zwar dient die Einrichtung geeigneter Stichprobenverfahren der Gewährleistung der Kontrolle (durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz oder die Aufsichtsbehörde), es ist aber vor allem Sache der verantwortlichen Stelle zu überprüfen, ob unbefugt auf die von ihr gespeicherten Daten zugegriffen wird. Dies schließt aber eine Schadenersatzpflicht der abrufenden Stelle für eintretende Schäden nicht aus.

Liegen keine besonderen Umstände vor, so erfolgt die Protokollierung in Form einer Auswahl oder ausschnittsweise, wobei sich die Ausschnitte auf Zeiträume, Benutzer oder Benutzergruppen, Datenarten oder Dateninhalte beziehen oder an definierte Ereignisse (z. B. Abrufhäufigkeit) anknüpfen können. Die Auswahl sollte flexibel und situationsangemessen sein. Eine statistisch gleichmäßige (repräsentative) Berücksichtigung des Gesamtaufkommens der Abrufe ist nicht geboten. Eine gezielte Auswahl nach bestimmten Kriterien, zu denen auch Zufallskriterien gehören können, erscheint am Wirkungsvollsten. Von entscheidender Bedeutung für die Missbrauchsprävention ist, dass die Art und Weise der Protokollierung nicht vorhersehbar ist; es muss immer das Risiko einer Protokollierung und Nachprüfung bestehen.

Die Protokolldaten müssen nicht in Papierform vorliegen; es reicht aus, wenn sie maschinenlesbar verfügbar sind.

Eine allgemeine Aussage, wie lange die Protokolle aufzubewahren sind, ist nicht möglich. Im Allgemeinen wird eine Aufbewahrungsdauer von längstens einem Jahr angemessen sein. Die verantwortliche Stelle muss in jedem Fall eine schriftliche Festlegung zur Aufbewahrungsdauer treffen.

7.5 Automatisierte Abrufe von allgemein zugänglichen Daten

Absatz 5 trifft Ausnahmeregelungen für den Abruf von allgemein zugänglichen Daten (z. B. Autorenverzeichnis einer öffentlichen Bibliothek; Nr. 2.1.3).

7.6 Abrufverfahren innerhalb öffentlicher Stellen

Bei Abrufverfahren innerhalb einer öffentlichen Stelle finden keine Übermittlungen an Dritte statt. Um Risiken für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung bei dieser Form (stellen-)interner Datenweitergabe zu begegnen, ist bei der Einrichtung eines solchen Verfahrens eine Güterabwägung entsprechend Abs. 1 vorzunehmen. Ferner gelten Abs. 1 Satz 1 und 3 sowie Abs. 4 entsprechend. Auch ohne ausdrückliche Nennung des Abs. 5 unterliegt der interne Abruf von jedermann zugänglichen Daten keinen Beschränkungen.

8. Zu § 8 (Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten im Auftrag)

§ 8 umfasst nur jene Fälle, in denen die tatsächliche Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten für eine andere Stelle erfolgt, der Auftraggeber aber für die Verarbeitung und deren Ergebnisse nach außen verantwortlich bleibt. Bedienen sich öffentliche Stellen zur Erledigung ihrer Aufgaben gemeinsamer Rechenzentren oder Rechenzentren anderer öffentlicher oder privater Stellen, liegt Auftragsdatenverarbeitung vor. Auftragsdatenverarbeitung ist auch gegeben bei externer Datenverarbeitung, Datenerfassung auf Datenträgern, Mikroverfilmung von Unterlagen, Vernichtung von Schriftgut und Datenträgern sowie bei der Auftragsarchivierung. Auftragsdatenverarbeitung liegt im Regelfall nicht vor, wenn personenbezogene Daten im Rahmen einer (teilweise) übertragenen Sachaufgabe erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, z. B. bei der Berechnung und Zahlbarmachung von Personalausgaben durch eine zentrale Bezügestelle. Es handelt sich hierbei um Fälle der Funktionsübertragung.

Die Art der Rechtsbeziehung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer (Dienstvertrag, Werkvertrag, gemischtes Vertragsverhältnis) ist unbeachtlich.

§ 8 ist auch dann anwendbar, wenn der Auftragnehmer Daten in nichtautomatisierten Verfahren verarbeitet oder nutzt, weil das Gesetz nicht darauf abstellt, welches Verfahren angewendet wird.

Eine Handreichung zur Auslagerung von Aufgaben (Outsourcing) einschließlich Vertragsmuster ist unter http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=20554 abrufbar.

8.1 Verantwortlichkeit

Bei Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten im Auftrag bleibt der Auftraggeber verantwortliche Stelle. Er trägt die Verantwortung für die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften und bleibt Adressat der Rechte des Betroffenen. Bei ihm ist das Verfahrensverzeichnis (Nr. 14.3) zu führen.

8.2.1 Auswahl des Auftragnehmers

Dem Auftraggeber obliegt bei der Auswahl des Auftragnehmers eine besondere Sorgfaltspflicht.

8.2.2 Form und Inhalt des Auftrags

Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen. Dies ist auch zu beachten, wenn eine nicht-öffentliche Stelle mit der Vernichtung von Akten betraut wird (Nr. 8.6.2). Zu den erforderlichen Festlegungen des Auftraggebers gehören unter anderem die Abgrenzung der Verantwortungsbereiche von Auftraggeber und Auftragnehmer, Regelungen des Verfahrens zum Test und zur Freigabe der Programme, Verfahren zur Fortschreibung, Änderung, Löschung und Sperrung sowie die Vorgabe der erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen nach § 6. Ist der Auftragnehmer eine nicht-öffentliche Stelle kann vereinbart werden, dass nur Beschäftigte eingesetzt werden, die nach dem Verpflichtungsgesetz verpflichtet sind; dies kommt insbesondere in Betracht, wenn personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, die durch Berufs- oder besondere Amtsgeheimnisse geschützt sind.

8.2.3 Auftragserteilung durch die Fachaufsichtsbehörde

Von der Möglichkeit der Auftragserteilung durch die Fachaufsichtsbehörde dürfte dann Gebrauch gemacht werden, wenn für nachgeordnete Behörden mit gleicher Aufgabenstellung der Auftragnehmer aus Rationalisierungsgründen ein einheitliches Verfahren anwenden soll. Der Umfang der Weisungsbefugnisse von Fachaufsichtsbehörden und verantwortlicher Stelle gegenüber dem Auftragnehmer ist eindeutig abzugrenzen.

8.3 Weisungsgebundenheit des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist an die Weisungen des Auftraggebers gebunden. Den Auftragnehmer trifft aber eine Hinweispflicht gegenüber dem Auftraggeber und unter bestimmten Voraussetzungen eine Pflicht zur Information des Landesbeauftragten für den Datenschutz, wenn er der Ansicht ist, dass eine Weisung des Auftraggebers gegen datenschutzrechtliche Vorschriften verstößt.

8.4 Öffentliche Stellen als Auftragnehmer

Da der Auftragnehmer in dieser Funktion nicht selbst verantwortliche Stelle ist, finden auf ihn nicht alle Vorschriften des DSG-LSA Anwendung. Soweit öffentliche Stellen des Landes als Auftragnehmer (öffentliche Auftragnehmer) tätig werden, haben sie die in Abs. 4 genannten Vorschriften zu beachten. Für die meisten anderen Auftragnehmer trifft § 11 Abs. 4 BDSG vergleichbare Regelungen.

8.5 Von öffentlichen Stellen “beherrschte” Auftragnehmer

Von Adressaten des DSG-LSA “beherrschte” privatrechtlich organisierte Auftragnehmer unterliegen der Kontrolle des Landesbeauftragten für den Datenschutz, soweit sie für öffentliche Stellen im Sinne des § 3 Abs. 1 personenbezogene Daten im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen. Bei Auftragsdatenverarbeitung für nicht-öffentliche Stellen verbleibt es bei der Kontrollkompetenz der Aufsichtsbehörde nach § 38 BDSG.

8.6.1 Unterwerfung des Auftragnehmers

Der Auftraggeber hat vertraglich sicherzustellen, dass sich der Auftragnehmer, auf den das DSG-LSA nicht anzuwenden ist, der Kontrolle des Landesbeauftragten unterwirft.

Die Unterwerfung führt im Fall der Auftragsdatenverarbeitung bei Auftragnehmern innerhalb des Landes zu einer Doppelüberwachung. Zuständig kraft Gesetzes ist die Aufsichtsbehörde nach § 38 BDSG und aufgrund Unterwerfung zusätzlich der Landesbeauftragte für den Datenschutz. Bei Auftragnehmern außerhalb des Landes schafft die Unterwerfung eine Kontrollkompetenz des Landesbeauftragten für den Datenschutz. Allerdings wird er regelmäßig nicht außerhalb des Landes prüfen, weil eine Prüfung grundsätzlich im Wege der Amtshilfe durch die originär zuständige Kontrollinstanz durchgeführt werden kann. Dies entspricht den Zusammenarbeitsregelungen nach § 26 Abs. 4 BDSG und Art. 28 Abs. 6 der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.10.1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. EG Nr. L 281 S. 31).

8.6.2 Unterrichtung des Landesbeauftragten für den Datenschutz über Auftragserteilung

Nach Satz 2 hat der Auftraggeber den Landesbeauftragten für den Datenschutz von der Auftragserteilung an einen Auftragnehmer, der nicht unter das DSG-LSA fällt, zu unterrichten. Diese Pflicht besteht auch, wenn eine nicht-öffentliche Stelle mit der Vernichtung von Akten betraut wird.

9. Zu § 9 (Datenerhebung)

9.1 Zulässigkeit der Datenerhebung

Öffentliche Stellen dürfen personenbezogene Daten nur für die jeweilige (Fach-) Aufgabe erheben. Die erhebende Stelle muss sowohl örtlich als auch sachlich zuständig sein. Die Zuständigkeit muss nicht durch Rechtsvorschrift begründet sein; sie kann auch auf einer Verwaltungsanordnung beruhen.

Bei der Beurteilung der Erforderlichkeit ist ein strenger Maßstab anzulegen. Die Erhebung ist auf das zum Erreichen des angegebenen Ziels erforderliche Minimum zu beschränken. Es ist jedoch möglich, mit Einwilligung der Betroffenen auch solche Daten zu erheben, die der Erfüllung der Aufgabe lediglich dienen oder sie erleichtern, z. B. Angabe der Telefonnummer durch einen Antragsteller. Eine Erhebung personenbezogener Daten auf Vorrat zu unbestimmten oder noch nicht bestimmbaren Zwecken ist unzulässig.

9.2.1 Erhebung bei Betroffenen

Aus dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung ergibt sich grundsätzlich die Befugnis der Einzelnen, selbst über die Preisgabe ihrer personenbezogenen Daten zu entscheiden. Daher legt Abs. 2 Satz 1 fest, dass personenbezogene Daten grundsätzlich bei den Betroffenen selbst mit ihrer Kenntnis zu erheben sind. Ausnahmen hiervon sind die Erhebung bei Betroffenen ohne ihre Kenntnis (verdeckte Erhebung) sowie die Erhebung bei Dritten, z. B. Auskunftsersuchen an nicht-öffentliche Stellen und Übermittlungsersuchen an andere öffentliche Stellen.

9.2.2.1 Erhebung ohne Mitwirkung der Betroffenen aufgrund einer Rechtsvorschrift

Die Erhebung ohne Mitwirkung der Betroffenen ist zulässig, wenn eine besondere Rechtsvorschrift dies ausdrücklich vorsieht (z. B. § 15 Abs. 5 SOG LSA, § 13 Abs. 3 MG LSA). Ferner ist sie zulässig, wenn eine Rechtsvorschrift die Erhebung ohne Mitwirkung der Betroffenen nicht ausdrücklich regelt, aber nach ihrem Inhalt diese Erhebungsweise zwingend voraussetzt. Solche Regelungen finden sich insbesondere in Rechtsvorschriften, die vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 15.12.1983 zum Volkszählungsgesetz – Volkszählungsurteil – (BVerfGE 65;1 = NJW 1984, 419) erlassen wurden (z. B. Auskunftspflicht nach § 95 LHO, ferner bezüglich der Vorfeldermittlungen der Steuerfahndung § 93 Abs. 1 Satz 3, § 208 Abs. 1 Nr. 3 Abgabenordnung -AO- i. d. F. der Bek. vom 1.10.2002, BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61, zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes vom 20.7.2007, BGBl. I S. 1566, in der jeweils geltenden Fassung).

9.2.2.2 Erhebung ohne Mitwirkung der Betroffenen aus sonstigen Gründen

Wann die zu erfüllende Aufgabe ihrer Art nach eine Erhebung bei anderen Personen oder Stellen erforderlich macht oder die Erhebung bei den Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde, wird durch die Bezugnahme auf § 10 Abs. 2 konkretisiert (Nr. 10.2). Liegen zur Aufgabenerfüllung erforderliche Daten einer anderen öffentlichen Stelle vor und hat diese die Daten zum gleichen Zweck bei Betroffenen erhoben, für den die um Übermittlung ersuchende Behörde die Daten benötigt, ist eine nochmalige Erhebung bei Betroffenen grundsätzlich nach Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 b entbehrlich.

9.2.2.2.1 Güterabwägung

Die schutzwürdigen Interessen lassen sich abstrakt nicht abschließend fassen. Gemeint ist die Persönlichkeitssphäre im weitesten Sinne; besonderes Gewicht haben verfassungsrechtlich geschützte Positionen der Betroffenen. Ob Interessen der Betroffenen überwiegend schutzwürdig sind, ist durch Abwägung der Interessen der öffentlichen Stelle mit denen der jeweils betroffenen Person festzustellen. Haben Betroffene der Verarbeitung der sie betreffenden Daten widersprochen, ist dies Anhaltspunkt dafür, dass ihre schutzwürdigen Interessen beeinträchtigt sein können (Nr. 4.4.1).

9.3 Hinweise bei der Datenerhebung bei Betroffenen

Sofern personenbezogene Daten bei Betroffenen erhoben werden, sind die Hinweise so zu geben, dass allen Anforderungen des Abs. 3 Satz 1 bis 3 entsprochen wird. Hierauf ist bei der Vordruckgestaltung zu achten. Ein Muster ist als Anlage 2 beigefügt. Nummer 4.2 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend.

9.3.2 Pflicht oder Obliegenheit zur Auskunft und Folgen verweigerter Auskunft

Die Betroffenen sind in jedem Fall über die für die Erhebung einschlägige Rechtsvorschrift aufzuklären, ferner über die Folgen der Verweigerung von Angaben (z. B. Erfüllen eines Ordnungswidrigkeitentatbestandes, Ablehnung einer beantragten Leistung, eventuell verzögerte Bearbeitung wegen des Ausschlusses telefonischer Rückfragen bei Nichtangabe der Telefonnummer).

9.3.3.2 Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung

Der Zweck der Erhebung bestimmt sich nach der Aufgabe, für die die Daten erhoben werden (z. B. Vollzug baurechtlicher Vorschriften, Sicherung des Straßenverkehrs), nicht nach dem meist engeren Anlass der Erhebung (vgl. OVG Münster Urteil vom 5.12.1988 – 13 A 1885/88, NJW 1989 S. 2966). Öffentliche Aufgaben werden grundsätzlich durch das jeweilige Fachgesetz umschrieben.

Neben dem Zweck der Erhebung ist den Betroffenen auch der Zweck der nachfolgenden Nutzung oder Verarbeitung zu nennen.

9.3.3.3 Vorgesehene Übermittlungsempfänger

Bei der Unterrichtung über den Zweck der Verarbeitung sind Betroffene gleichzeitig über die Dritten, an die Übermittlungen vorgesehen sind, zu unterrichten. Eine uneingeschränkte Pflicht, über vorgesehene Übermittlungen an Sicherheitsbehörden zu unterrichten, besteht nicht. Die Unterrichtung hängt von der Zustimmung der genannten Sicherheitsbehörden ab. Nicht vorgesehen ist eine Unterrichtung über die Weitergabe personenbezogener Daten an Personen oder Stellen, die nicht Dritte (Nrn. 2.9 und 2.5.3) sind, z. B. an

a) Auftragsdatenverarbeiter oder

b) andere Organisationseinheiten innerhalb der verantwortlichen Stelle, sofern dies zur Erfüllung der Aufgabe der weitergebenden Organisationseinheit notwendig ist (z. B. Weitergabe der Antragsdaten innerhalb der Gemeinde an das Meldeamt). Über eine sonstige interne Datenweitergabe ist bei der Angabe des Zwecks zu unterrichten.

9.4 Hinweise bei der Datenerhebung bei Dritten

Bei der Datenerhebung bei Dritten ist, soweit es sich dabei um nichtöffentliche Stellen (Nr. 12.1) handelt, im Falle der Auskunftspflicht auch auf die Folgen der Verweigerung einer Auskunftserteilung hinzuweisen.

Benötigen Dritte zur Beurteilung des Auskunftsersuchens weitere Angaben (z. B. für die Prüfung der Übermittlungsvoraussetzungen) sind diese, um unzulässige Übermittlungen auszuschließen, auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. Die Übermittlungsbeschränkungen nach § 12 sind zu beachten.

9.5. Benachrichtigung der Betroffenen

Grundsätzlich hat eine Benachrichtigung der jeweils Betroffenen zu erfolgen, wenn personenbezogene Daten nicht bei ihnen erhoben worden sind. Von der Unterrichtung kann abgesehen werden, wenn

a) die Betroffenen auf andere Weise Kenntnis von der Verarbeitung ihrer Daten erlangen. Das ist z. B. der Fall, wenn die bei Dritten erhobenen Daten in einen Bescheid einfließen, der an die betroffene Person gerichtet ist,

b) der Informationswert für die Betroffenen den mit der Benachrichtigung verbundenen Aufwand der öffentlichen Stelle nicht rechtfertigt, oder

c) die Verarbeitung oder Nutzung durch Gesetz ausdrücklich vorgesehen und damit für die Betroffenen transparent ist.

Betroffene werden nicht benachrichtigt, wenn eine Auskunft nach § 15 Abs. 2 nicht erfolgt oder nach § 15 Abs. 4 unterbleibt.

10. Zu § 10 (Datenspeicherung, -ver- änderung und -nutzung)

10.1 Zulässigkeit27

Die Zulässigkeit des Speicherns, Veränderns oder Nutzens personenbezogener Daten ist daran geknüpft, dass es zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben (Nr. 9.1) erforderlich ist und es für Zwecke erfolgt, für die die Daten erhoben worden sind.

10.1.1 Bindung an den Erhebungszweck

Ob das Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener Daten im Rahmen des Erhebungszwecks liegt, ist im Falle der Einwilligung nach deren Inhalt zu prüfen. Ansonsten ist der Verwendungszweck regelmäßig in  iner Rechtsvorschrift festgelegt oder aus ihr ableitbar. Es kann sowohl sehr enge Zweckbindungen geben (z. B. bei Gesundheitsdaten), als auch weite, z. B. innerhalb der Steuerverwaltung. So dient die Weitergabe von Steuerdaten Steuerpflichtiger innerhalb des Finanzamtes oder deren Übermittlung an andere zuständige Finanzämter grundsätzlich dem einheitlichen Zweck der Steuererhebung bei Steuerpflichtigen.

Für die Annahme eines gemeinsamen Zwecks reicht es regelmäßig nicht aus, dass zwischen verschiedenen Aufgaben Ähnlichkeit besteht oder die Aufgaben in einem gewissen zeitlichen, räumlichen oder sachlichen Zusammenhang stehen.

10.1.2 Bindung an den Zweck der erstmaligen Speicherung

Als nicht erhoben gelten solche Daten, die der verantwortlichen Stelle ohne Anforderung zugegangen sind, z. B. unverlangte Mitteilungen Dritter oder auf Grund besonderer Rechtsvorschrift durch öffentliche Stellen übermittelte Daten.

10.1.2.1 Unzulässig zugegangene oder erhobene Daten

Bestehen in Fällen des Abs. 1 Satz 2 Anhaltspunkte dafür, dass die personenbezogenen Daten der verantwortlichen Stelle unter Verletzung datenschutzrechtlicher Vorschriften zugegangen oder von ihr erhoben worden sind, gilt Folgendes:

Die Pflicht zur Rechtmäßigkeit staatlichen Verwaltungshandelns verbietet grundsätzlich, bisher rechtswidrige Verfahrensweisen oder rechtswidrig zustande gekommene personenbezogene Datensammlungen durch den Beginn eines neuen Verwaltungsverfahrens mit dem Status der Rechtmäßigkeit zu versehen. Zwar gilt im Verwaltungsrecht nicht das im Strafprozess anerkannte enge Beweisverwertungsverbot (z. B. § 136a Abs. 3 Satz 2 StPO), doch kann schon aus dem Grundsatz der Einheitlichkeit der Rechtsordnung der darin zum Ausdruck kommende Rechtsgedanke nicht völlig ignoriert werden. Eine Speicherung, Veränderung und Nutzung solcher Daten ist auf jeden Fall dann ausgeschlossen, wenn die Daten von der öffentlichen Stelle nicht auch auf zulässige Weise hätten erlangt werden können.

10.2 Allgemeine Zweckdurchbrechungstatbestände

Absatz 2 regelt, in welchen Fällen die Zweckbindung im überwiegenden Allgemeininteresse oder im Interesse Betroffener durchbrochen werden darf. Es besteht aber keine Verpflichtung zur Zweckänderung. Die verantwortliche Stelle entscheidet über die Zweckänderung – auch ohne ausdrückliche Erwähnung im DSG-LSA – unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit.

10.2.1 Rechtsvorschrift

Soweit eine Rechtsvorschrift die Zweckänderung ausdrücklich vorsieht, geht diese Vorschrift gemäß § 3 Abs. 3 vor.

10.2.2 Einwilligung

Die Zulässigkeit der Zweckänderung mit Einwilligung Betroffener ergibt sich auch aus § 4 Abs. 1.

10.2.3 Mutmaßliche Einwilligung

Nummer 3 stellt die Betroffenen von sie belastenden Mehrfacherhebungen frei und kommt grundsätzlich nur zur Anwendung, wenn den jeweils Betroffenen aus der Zweckänderung der Daten ausschließlich Vorteile erwachsen. Dies ist nicht der Fall, wenn Betroffene wegen der Verletzung einer gesetzlichen Auskunftspflicht oder Obliegenheit belangt werden können.

10.2.4 Prüfung von Angaben Betroffener

Nummer 4 lässt, soweit erforderlich eine Zweckänderung zur Prüfung von Angaben der Betroffenen in anderen Verfahren zu. Es müssen tatsächliche Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit der Angaben bestehen, z. B. der begründete Verdacht der Leistungserschleichung. Nicht zulässig ist ein Abgleich zwischen verschiedenen Datenbeständen, um solche Verdachtsfälle zu ermitteln; in solchen Fällen mag es zwar tatsächliche Anhaltspunkte für die Erschleichung von Leistungen geben, sie liegen aber (noch) nicht in der Person der Betroffenen.

10.2.5 Allgemein zugängliche Daten (Nr. 2.1.3)

Allgemein zugängliche Quellen sind insbesondere Veröffentlichungen in Zeitungen, im Rundfunk oder in Telefonbüchern und Adressbüchern. Schutzwürdige Interessen der Betroffenen an dem Ausschluss der Zweckänderung überwiegen offensichtlich, wenn es sich z. B. um Daten über Vorstrafen handelt und ihre zeitlich unbeschränkte Verwendung die Resozialisierung gefährdet, Urteil des BVerfG vom 5.6.1973 (BVerfG 35,202). Dies gilt in besonderem Maße, wenn ein Verwertungsverbot nach § 51 des Bundeszentralregistergesetzes i. d. F. der Bek. vom 21.9.1984 (BGBl. I S. 1229), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 17.3.2007 (BGBl. I S. 314), in der jeweils geltenden Fassung besteht.

10.2.6.1 Gemeinwohl oder Gefahrenabwehr

Wann eine Zweckänderung aus Gründen des Gemeinwohls erforderlich ist, muss unter Berücksichtigung der höchstrichterlichen Rechtsprechung zum Gemeinwohl oder zum Wohl der Allgemeinheit ermittelt werden. Der abstrakte Rechtsbegriff des Gemeinwohls deckt eine Vielzahl von Sachverhalten und Zwecken ab; er bedarf daher der Konkretisierung im einzelnen Fall (BVerfGE 24, 367, 403). Der Begriff lässt sich nicht für alle denkbaren Fälle verlässlich bestimmen. Vielmehr ist von Fall zu Fall zu prüfen, ob übergeordnete Gründe vorliegen, die eine Beeinträchtigung von Einzelinteressen rechtfertigen. Dabei ist die Beachtung der Normen, die das Zusammenleben der Menschen verbindlich regeln und deren Beachtung im Ganzen als überragend notwendig angesehen werden muss, höher einzustufen als das Individualinteresse.

Es reicht nicht jeder Nachteil für das Gemeinwohl aus, die Zweckänderung zu rechtfertigen. Erforderlich ist die Abwehr eines erheblichen Nachteils. Hierzu ist eine Güterabwägung vorzunehmen, ob die Zweckänderung personenbezogener Daten zur Erreichung des Zwecks geeignet und erforderlich ist und bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe die Grenze des Zumutbaren noch gewahrt ist (BVerfGE 71, 183, 196 und BVerwGE 78, 77, 85). Bei einem lediglich fiskalischen Nachteil dürfte nur im Ausnahmefall eine Zweckänderung zulässig sein.

Soweit eine Zweckänderung zur Abwehr einer sonstigen gegenwärtigen erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit zugelassen ist, wird auf die entsprechenden Begriffsbestimmungen in § 3 Nrn. 1, 3b, c SOG LSA und die Ausführungsbestimmungen hierzu (RdErl. des MI vom 24.11.1993, MBl. LSA 1994 S. 14, zuletzt geändert durch RdErl. vom 2.9.2001, MBl. LSA S. 893) verwiesen.

10.2.7 Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten

Eine Zweckänderung für Zwecke der Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten liegt nicht vor, wenn die öffentliche Stelle im Rahmen ihrer ureigenen Aufgabenstellung Ordnungswidrigkeiten verfolgt oder Straftaten zur Anzeige bringt. Adressaten dieser Regelung sind grundsätzlich diejenigen öffentlichen Stellen, die nicht originär mit Aufgaben der Strafverfolgung und der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten betraut sind. DieBefugnisse der Polizei und Staatsanwaltschaft ergeben sich aus der StPO.

10.2.8 Schwerwiegende Beeinträchtigung anderer

Nicht jede Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person rechtfertigt eine Zweckänderung. Eine schwerwiegende Beeinträchtigung ist vor allem anzunehmen bei der Gefährdung bedeutsamer Rechtsgüter wie Leben, Gesundheit, Freiheit, nicht unwesentlicher Vermögenswerte sowie anderer strafrechtlich geschützter Güter. Es muss eine hinreichende Wahrscheinlichkeit geben, dass der Schaden in absehbarer Zeit eintritt oder der Schaden muss bereits entstanden sein. Bei der Güterabwägung der widerstreitenden Interessen muss das rechtliche Interesse privater Dritter das Interesse der jeweils betroffenen Person am Ausschluss der Zweckänderung überwiegen. Ein rechtliches Interesse besteht, wenn Dritte personenbezogene Daten Betroffener zur Verfolgung von Rechten benötigen.

10.2.9 Forschung

Aus Art. 5 des Grundgesetzes ergibt sich kein subjektives Recht, zu Zwecken der Forschung personenbezogene Daten zu erhalten. Die widerstreitenden Interessen zweier Grundrechtsträger, der Forscher und der Betroffenen, sind in der Weise in praktische Konkordanz zu bringen, dass das wissenschaftliche Interesse das Interesse der betroffenen Person an dem Ausschluss der Zweckänderung erheblich überwiegen muss.

Der Zweck der Forschung darf auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden können. Hierfür ist der Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft in Relation zum Nutzen zu stellen. Reichen für das Forschungsvorhaben aggregierte oder anonymisierte Daten aus und sind diese vorhanden oder lassen sie sich ohne unverhältnismäßigen Aufwand durch die verantwortliche Stelle herstellen, ist eine Übermittlung personenbezogener Daten für Forschungszwecke ausgeschlossen. Gegebenenfalls kann die Anonymisierung im Wege der Auftragsdatenverarbeitung herbeigeführt werden.

10.3 Zweckidentität

10.3.1 Aufsichts- und Kontrollbefugnisse

Eine Zweckänderung liegt nicht vor, wenn personenbezogene Daten zur Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung oder der Durchführung von Organisationsuntersuchungen verarbeitet oder genutzt werden.

Die Einschränkung auf Organisationsuntersuchungen für die verantwortliche Stelle schließt nicht aus, dass diese Untersuchungen durch dienst- oder fachaufsichtsführende Stellen durchgeführt werden. Im Rahmen der Ressortverantwortung ist es Sache der Ministerien, die Aufgabenerledigung im nachgeordneten Bereich zu steuern und zu beaufsichtigen.

10.3.2 Ausbildungs- und Prüfungszwecke

Eine Zweckänderung liegt auch dann nicht vor, wenn innerhalb der verantwortlichen Stelle personenbezogene Daten zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken verarbeitet oder genutzt werden; überwiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen dürfen jedoch nicht entgegenstehen (Nr. 9.2.2.2.1). Vorbehaltlich bereichsspezifischer Regelungen ist somit ausgeschlossen, dass Originalakten mit personenbezogenem Inhalt ohne Anonymisierung auch außerhalb der verantwortlichen Stelle zu Ausbildungszwecken verwendet werden.

10.4 Zweckbindung von Daten, die aus Gründen der Datenschutzkontrolle oder der Datensicherung gespeichert sind

Eine Zweckänderung personenbezogener Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherung des ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, liegt nicht vor, wenn diese Daten zur dienst-, arbeits-, haftungsoder strafrechtlichen Ahndung bei der Kontrolle aufgedeckter Verstöße verwendet werden.

Anders als nach § 22 Abs. 3 SOG LSA ist eine Zweckänderung zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person nicht ausdrücklich zugelassen. In einem solchen Fall muss eine Berufung auf rechtfertigenden Notstand (§ 34 StGB) erfolgen. Aufgrund des Vorrangs des Bundesrechts steht Abs. 4 einer Beschlagnahme nach § 94 StPO nicht entgegen.

Unter Datensicherung versteht das Gesetz hier die Gesamtheit der Maßnahmen im Sinne des § 6.

11. Zu § 11 (Datenübermittlung an öffentliche Stellen)

11.1 Zulässigkeit

Absatz 1 lässt im Prinzip eine Übermittlung personenbezogener Daten innerhalb des öffentlichen Bereichs materiell unter den gleichen Voraussetzungen zu, die auch für die Speicherung, Veränderung und Nutzung innerhalb der verantwortlichen Stelle nach § 10 gelten. Nach Nr. 2 muss die Übermittlung im Rahmen des Erhebungszwecks liegen; anderenfalls müssen die Voraussetzungen für eine Zweckänderung im Sinne des § 10 Abs. 2 erfüllt sein.

11.1.1.1 Übermittlung in Erfüllung einer eigenen Aufgabe

Eine Übermittlung gehört zu den eigenen Aufgaben der verantwortlichen (übermittelnden) Stelle, wenn dieser Stelle Benachrichtigungs- oder Beteiligungspflichten obliegen (z. B. Pflicht zur Beteiligung anderer Behörden im Rahmen der Erteilung einer Baugenehmigung). Gleiches gilt dann, wenn die verantwortliche Stelle Daten ohne Ersuchen bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 Nr. 6 bis 8 übermittelt.

11.1.1.2 Übermittlung zur Erfüllung von Aufgaben Dritter

Für die Erforderlichkeit einer Übermittlung nach Nr. 1, zweite Alternative, kommt es darauf an, ob der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, auf die Kenntnis der Daten angewiesen ist. Nicht entscheidend ist, ob er die Daten auch auf andere Weise erhalten kann.

Bei einer Übermittlung auf Ersuchen kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass seitens des Dritten geprüft worden ist, dass die Daten nicht vorrangig bei Betroffenen zu erheben sind (Nr. 9.2). Bei der Übermittlung auf Ersuchen liegt grundsätzlich Amtshilfe vor. Das Übermittlungsersuchen ist, soweit nicht bereichsspezifische Regelungen wie §§ 111 bis 115 AO 1977 oder §§ 3 bis 7 SGB X eingreifen, nach §§ 4 bis 8 VwVfG LSA zu behandeln. Sind die Voraussetzungen für eine Zweckänderung nicht erfüllt, steht der Leistung von Amtshilfe ein rechtlicher Hinderungsgrund im Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 VwVfG LSA entgegen. Hält sich die ersuchte Stelle nicht für verpflichtet, dem Übermittlungsersuchen nachzukommen, verfährt sie nach § 5 Abs. 5 VwVfG LSA.

11.2 Verantwortung für die Zulässigkeit

Die Verantwortung ist geteilt zwischen der übermittelnden Stelle und dem Dritten, an den die Daten übermittelt werden. Soweit die Übermittlung Amtshilfe ist, wird eine teilweise von § 7 VwVfG LSA abweichende Regelung zur Verantwortungsteilung getroffen.

Nach Satz 1 trägt die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung grundsätzlich die übermittelnde Stelle. Bei Übermittlungen auf Ersuchen weist Satz 2 dem Dritten, an den die Daten übermittelt werden, die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung zu. Satz 3 verpflichtet die übermittelnde Stelle dann nur zu prüfen, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Dritten liegt. Hierzu ist die verantwortliche Stelle grundsätzlich auf entsprechende Darlegungen der ersuchenden Stelle angewiesen.

Das Übermittlungsersuchen muss so abgefasst sein, dass die ersuchte Stelle erkennen kann, ob die Übermittlung im Rahmen des Erhebungszwecks liegt oder die Voraussetzungen für eine Zweckänderung vorliegen. Für die Darlegung gilt der Grundsatz: Soviel Informationen wie nötig, so wenig Informationen wie möglich. Eine weitergehende Prüfung der Zulässigkeitsvoraussetzungen stellt die ersuchte Stelle nur dann an, wenn dazu besonderer Anlass besteht, z. B. bei Zweifeln, ob der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, die Daten speichern darf.

Fernmündliche Übermittlungen sind nur zulässig, soweit sich die mit der Übermittlung betraute Person von der Identität der Person, an die übermittelt wird, durch Rückruf vergewissert hat. Bei Übermittlungen per Telefax sollte auch geprüft werden, ob der Adressat unter der bekannten Anschlussnummer erreichbar ist.

11.3 Zweckbindung übermittelter Daten

Nach Satz 1 darf der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, die übermittelten Daten für den Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Der Hinweis auf § 9 Abs. 1 und 2 bedeutet, dass bei der Verwendung personenbezogener Daten durch den Dritten, insbesondere bei der Übermittlung über mehrere Stufen, der Verwendungszweck von dem ursprünglichen Erhebungszweck nicht so stark abweichen darf, dass Betroffene nicht mehr nachvollziehen können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie wissen kann (BVerfGE 65, 1, 43).

Im Übrigen lässt Satz 2 zu, dass der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 die übermittelten Daten für andere Zwecke verarbeitet oder nutzt als den Übermittlungszweck.

11.4 Kirchen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts

Kirchen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts werden bei der Übermittlung wie Stellen innerhalb des öffentlichen Bereichs behandelt. An sie können unter den gleichen Voraussetzungen wie an öffentliche Stellen personenbezogene Daten übermittelt werden; sie müssen aber ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen haben. Diese Anforderung ist bei den im Bezugserl. zu a genannten öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften ohne weitere Prüfung durch die verantwortliche Stelle als erfüllt anzusehen.

Nicht zu den Stellen im Sinne des Abs. 4 gehören die privatrechtlich organisierten Einrichtungen und Werke der Kirchen (z. B. Diakonisches Werk, Caritas). An diese Stellen erfolgen Übermittlungen wie an andere Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs.

11.5 Nicht abtrennbare Daten

Bei der herkömmlichen Informationsverarbeitung in Akten sind weitere personenbezogene Daten der Betroffenen oder Dritter häufig so eng mit den zu übermittelnden Daten verbunden, dass sie bei der Übermittlung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand voneinander getrennt werden können (z. B. Angaben zu verschiedenen Verfahren oder Personen auf einem einzelnen Blatt; Querverweise innerhalb einer Akte, die zum Verständnis und der richtigen Bewertung einer Information erforderlich sind). In einem solchen Fall kann es unmöglich sein, bei einer Übermittlung die überschüssigen Informationen abzutrennen. Denkbar ist auch, dass die Abtrennung der überschüssigen Informationen nur mit unverhältnismäßigem Aufwand (Nr. 10.2.9) möglich ist. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn die überschüssigen Informationen ohne besondere Umstände durch Übersendung nur eines Teils der Akte oder auszugsweiser Kopien abgetrennt werden können.

Überschüssige Informationen dürfen nicht mitübermittelt werden, soweit berechtigte Interessen (gleichzusetzen mit schutzwürdigen Interessen im Sinne von Nr. 9.2.2.2.1) der betroffenen Person oder eines Dritten an deren Geheimhaltung offensichtlich überwiegen. Überschüssige Informationen dürfen von dem Dritten, an den übermittelt wurde, nicht verarbeitet oder genutzt werden.

Für personenbezogene Daten aus ehemaligen Einrichtungen (§ 33) trifft § 34 Abs. 3 eine abweichende und strengere Regelung.

Die Regelungen des Abs. 5 gelten nicht für Übermittlungen an Stellen öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften.

11.6 Stelleninterne Weitergabe

Absatz 6 überträgt die Regelung des Abs. 5 Satz 1 auf Fälle der Weitergabe überschüssiger Informationen innerhalb einer öffentlichen Stelle (Nr. 2.6).

12. Zu § 12 (Datenübermittlung an nicht-öffentliche Stellen)

12.1 Zulässigkeit der Übermittlung

§ 12 begründet keinen Anspruch privater Dritter auf Übermittlung personenbezogener Daten. Wenn sich ein solcher Anspruch nicht aus anderen Rechtsvorschriften ergibt, steht die Übermittlung bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen im pflichtgemäßen Ermessen der verantwortlichen Stelle.

12.1.1 Übermittlung als Aufgabe der übermittelnden Stelle

Gehört die Datenübermittlung zu den eigenen Aufgaben der übermittelnden Stelle, ist diese unter den gleichen Voraussetzungen zulässig wie innerhalb des öffentlichen Bereichs (Nr. 11.1.1.1).

12.1.2 Übermittlung im Interesse der Stelle, an die übermittelt wird

Bei Übermittlungen, die nicht zur Aufgabenerfüllung der übermittelnden Stelle erforderlich sind, muss nach Nr. 2 zwischen den berechtigten Interessen des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, und den schutzwürdigen Interessen der jeweils betroffenen Person abgewogen werden. Grundsätzlich muss die Interessenabwägung in jedem Einzelfall nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip vorgenommen werden. Gruppen- und Massenauskünfte, z. B. zu Werbezwecken, sind wegen fehlender Einzelabwägung in der Regel nicht zulässig.

Als berechtigtes Interesse ist jedes ideelle oder wirtschaftliche Interesse anzusehen, das mit der Rechtsordnung in Einklang steht. Das berechtigte Interesse muss an Hand des Zwecks, zu dem die Kenntnis der Daten erstrebt wird, beurteilt werden. Der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, muss ein eigenes Interesse an der Kenntnis der Daten haben.

Der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, hat sein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der Daten nicht zu beweisen, sondern lediglich glaubhaft zu machen. Das bedeutet, dass die Tatsachen, aus denen sich das berechtigte Interesse ergibt, nicht zur vollen Überzeugung der übermittelnden Stelle feststehen müssen; es reicht vielmehr aus, dass nach ihrer Wertung eine überwiegende Wahrscheinlichkeit hierfür besteht. Der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, kann sich zur Glaubhaftmachung aller Beweismittel bedienen (§ 294 Abs. 1 der Zivilprozessordnung – ZPO).

12.3.1 Vorherige Unterrichtung

Die Betroffenen gehen grundsätzlich davon aus, dass öffentliche Stellen über sie gespeicherte personenbezogene Daten nicht außerhalb der eigenen Aufgabenstellung an nichtöffentliche Stellen übermitteln. Wird hiervon nach Abs. 1 Nr. 2 abgewichen, ist die übermittelnde Stelle grundsätzlich verpflichtet, die jeweils Betroffenen von der beabsichtigten Übermittlung vorher unter Hinweis auf die Möglichkeit, Einwendungen (Nr. 4.4.1) zu erheben, zu unterrichten.

Die Unterrichtung unterbleibt, wenn durch sie eine Vereitelung von Rechtsansprüchen zu befürchten wäre (z. B. Wegzug eines Schuldners mit unbekannter Adresse).

12.3.2 Ausschluss der vorherigen Unterrichtung

Die Pflicht zur Unterrichtung besteht nicht, wenn damit zu rechnen ist, dass die Betroffenen auf andere Weise Kenntnis von der Übermittlung erlangen. Hiervon ist z. B. auszugehen, wenn sich der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, mit der betroffenen Person in Verbindung setzt. Auch in einem solchen Fall ist unter Berücksichtigung der Interessenlage der jeweils Betroffenen und der Sensibilität der Daten zu prüfen, ob der Verzicht auf die vorherige Unterrichtung der betroffenen Person vertretbar erscheint.

12.4 Zweckbindung

Nach Satz 1 darf der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, die übermittelten Daten nur für den Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dem sie ihm übermittelt worden sind. Auf diese Zweckbindung ist nach Satz 2 durch die verantwortliche (übermittelnde) Stelle hinzuweisen. Nach Satz 3 kann die übermittelnde Stelle einer Zweckänderung zustimmen, wenn sie die Daten auch für den anderen Zweck übermitteln dürfte. Die Nichtbeachtung der Zweckbindung steht nach § 31 Abs. 2 Nr. 2 unter Strafandrohung oder kann nach § 31a Abs. 2 Nr. 1 als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

13. Zu § 13 (Datenübermittlung ins Ausland sowie an über- oder zwischenstaatliche Stellen)

13.1. Gleichstellung ausländischer mit inländischen Stellen

Die Übermittlung an öffentliche und nicht-öffentliche Stellen innerhalb der Europäischen Union, an entsprechende Stellen in Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2.5.1992 (BGBl. II 1993 S. 266), die nicht zugleich EUStaaten sind (Nr. 2.9.2), sowie an Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaften ist unter den gleichen materiellen Voraussetzungen zulässig, die für Übermittlungen im Inland gelten.

13.2 Übermittlung an ausländische Stellen, die nicht gleichgestellt sind

13.2.1 Keine Differenzierung zwischen öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen

Für die Übermittlung an andere als unter Nr. 13.1. aufgeführte Stellen gelten regelmäßig die gleichen Grundsätze wie für Übermittlungen an nicht-öffentliche Stellen. Es wird nicht danach unterschieden, ob die Stelle, der Daten übermittelt werden, eine öffentliche oder nicht-öffentliche Stelle ist. Der Verzicht auf die Unterscheidung reduziert Verwaltungsaufwand. Außerdem wird verhindert, dass entsprechende ausländische öffentliche Stellen bei der Übermittlung privilegiert sind.

13.2.2 Angemessenes Datenschutzniveau

Die Stelle, an die Daten übermittelt werden, muss grundsätzlich über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügen. Ein angemessenes Datenschutzniveau ist gegeben, wenn unter Berücksichtigung aller Umstände, die bei der Übermittlung bedeutsam sind, wie der Art der Daten, der Zweckbestimmung und der im Empfängerland geltenden Rechtsvorschriften, Standesregeln und Sicherheitsmaßnahmen, ein dem innereuropäischen Standard gleichwertiger Schutz personenbezogener Daten gegeben ist.

13.2.3 Fehlendes angemessenes Datenschutzniveau

Die Fälle, in denen eine Übermittlung in ein Drittland erfolgen darf, das über kein ausreichendes Datenschutzniveau verfügt, sind in § 13 Abs. 2 Satz 3 abschließend aufgeführt.

13.2a Sonderregelungen

Absatz 2a stellt klar, dass die in §§ 25 bis 30a getroffenen Sonderregelungen auch bei der Übermittlung an ausländische Stellen zu beachten sind.

13.3 Verantwortlichkeit

Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle, und zwar auch im Fall des Abs. 1. Dies gilt vorbehaltlich besonderer Rechtsvorschriften auch für Übermittlungen auf Grund supranationalen Rechts oder eines ratifizierten Staatsvertrages.

Zu 14. Zu § 14 (Durchführung des Datenschutzes)

14.1.1 Verantwortlichkeit für die Durchführung des Datenschutzes

Datenschutz ist Teil jeder (Fach-) Aufgabe. Dementsprechend liegt die Pflicht zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben grundsätzlich bei jeder verantwortlichen Stelle selbst.

Besonderes Gewicht hat der Gesetzgeber der Selbstkontrolle der Verwaltung beigemessen. Aus diesem Grund haben die obersten Landesbehörden und die sonstigen in Satz 1 genannten Stellen jeweils für ihren Organisationsbereich die Ausführung des DSGLSA sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz sicherzustellen. Es müssen die organisatorischen Voraussetzungen für eine effektive Durchsetzung des Datenschutzes geschaffen werden. Aus der Verantwortung für die Sicherstellung des Datenschutzes folgt auch die Pflicht sicherzustellen, dass nur solche automatisierten Verfahren eingesetzt werden, die mit den Rechtsvorschriften über den Datenschutz in Einklang stehen. Orientierungshilfen für eine diesbezügliche Prüfung können sich aus Empfehlungen, Checklisten ergeben, die von den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder ins Internet eingestellt sind.

14.1.2 Unterrichtung des Landesbeauftragten für den Datenschutz

Um bei grundlegenden Planungen des Landes zum Aufbau oder zur Änderung von automatisierten Verfahren zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten Vorkehrungen zum Datenschutz treffen zu können, besteht die Pflicht, den Landesbeauftragten für den Datenschutz rechtzeitig und unaufgefordert zu unterrichten. Dabei ist der zuständige Beauftragte für den Datenschutz nach § 14a einzubinden. Die frühzeitige Einbindung des Landesbeauftragten für den Datenschutz bei grundlegenden Planungen bietet die Möglichkeit, dass die in der jeweiligen Projektierungs- und Realisierungsphase aus rechtlicher und technischer Sicht zu beachtenden Anforderungen des Datenschutzes nicht vernachlässigt werden. Hierdurch kann späteren zeit- und kostenaufwändigen Umplanungen entgegengewirkt werden. Die Unterrichtung ist an keine besondere Form gebunden.

Grundlegend sind solche Planungen, die den Aufbau oder die wesentliche Änderung bedeutsamer Automationsverfahren zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten betreffen. Als bedeutsam sind  Verfahren insbesondere dann anzusehen, wenn sie landesweit oder ressortübergreifend zur Anwendung kommen (z. B. Personalverwaltungsoder Dokumentenmanagementsysteme). Gleiches gilt für ressortspezifische Anwendungen, wenn sehr große Datenmengen bzw. die Daten einer Vielzahl von Personen verarbeitet werden (z. B. bei zu Übermittlungszwecken geführten Registern). Erfasst werden auch Planungen zur Gestaltung der technischen Infrastruktur, wie z. B. des eGovernment-Konzepts, soweit es um die Prüfung der Erforderlichkeit oder die Realisierung technischer und organisatorischer Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheitsziele des § 6 Abs. 2 im Allgemeinen geht. Die Unterrichtung über die anstehende Einrichtung von Abrufverfahren nach § 7 Abs. 3 bleibt unberührt.

Am Beispiel des eGovernmentMaßnahmeplans bedeutet dies: Die Unterrichtung obliegt der Stelle, die das jeweilige Verfahren plant oder ändert. So ist entsprechend dem eGovernment-Aktionsplan des Ministerium des Innern für die Bereitstellung der Basiskomponenten verantwortlich. Dem jeweiligen Fachressort obliegt dagegen die Zuständigkeit für die Umsetzung der einzelnen Leitprojekte. Die Regelung erfasst nicht Träger der Selbstverwaltung; diese sind aber nicht gehindert, entsprechend § 14 Abs. 1 Satz 2 zu verfahren. Dies gilt insbesondere in Fällen, in denen eine Beratung durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz nach § 22 Abs. 4 gewünscht wird.

Unberührt bleibt die Verpflichtung der Ministerien nach § 40 Satz 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Ministerien – Allgemeiner Teil – (GGO LSA I, Beschluss der LReg. vom 15.3.2005, MBl. LSA S. 207, 231, zuletzt geändert durch Beschluss vom 6.3.2007, MBl. LSA S. 323), den Landesbeauftragten für den Datenschutz beim Erlass von allgemeinen Regelungen, insbesondere von Rechtsvorschriften, zu beteiligen, soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten geregelt werden soll.

14.2 Vorabkontrolle

Regelmäßig wird die Vereinbarkeit von Verfahren mit dem Datenschutz im Rahmen ihrer Freigabe geprüft. Das Gesetz verzichtet auf formelle Festlegungen zur Freigabe für die Mehrzahl der Verfahren. Abstrakte Festlegungen könnten die Besonderheiten der einzelnen Verfahren nicht ausreichend berücksichtigen. Eine gesonderte Vorabprüfung ist nur vorgesehen, wenn mit personenbezogenen Daten besonderer Art (Nr. 2.1.2) umgegangen wird oder das Erheben, Verarbeiten oder Nutzen darauf gerichtet ist, die Persönlichkeit Betroffener zu bewerten (§ 4a). Ferner ist die Vorabkontrolle für automatisierte Abrufverfahren (§ 7) und den Einsatz mobiler personenbezogener Datenträger (§ 25) vorgeschrieben. Hierbei ist zu prüfen, ob das Verfahren datenschutzrechtlich zulässig ist und die vorgesehenen technischen und organisatorischen Maßnahmen ausreichen. Grundlage der Vorabprüfung sind die in § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 genannten Unterlagen sowie Entwürfe für das Verfahrensverzeichnis. Vorabkontrollen sind auch im Anwendungsbereich des SOG und des VerfSchG LSA durchzuführen.

14.3 Verfahrensverzeichnis

Absatz 3 verpflichtet die verantwortlichen Stellen, über die eingesetzten automatisierten Verfahren, mit deren Hilfe personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, ein Verzeichnis zu führen. Geführt wird es grundsätzlich durch Beauftragte für den Datenschutz (Nr. 14a.4.1). Die Festlegungen, die im Verfahrensverzeichnis zu treffen sind, ergeben sich aus Satz 1 Nrn. 1 bis 9. Es wird empfohlen, das Verfahrensverzeichnis nach dem Muster der Anlage 3 zu führen. Die Führung kann auch in automatisierter Form erfolgen. Auf die Übergangsregelungen des § 32 zu früheren Dateifestlegungen nach § 14 Abs. 2 Satz 2, Errichtungsanordnungen nach § 33 Abs. 1 SOG LSA und Dateianordnungen nach § 13 Abs. 1 VerfSchG LSA wird verwiesen (Nr. 32.1.1).

Nach Satz 2 können die Festlegungen zum Verfahrensverzeichnis auch zentral von den in Abs. 1 genannten Stellen für ihren Organisationsbereich getroffen werden. Diese Möglichkeit dient der Verwaltungsvereinfachung, insbesondere wenn mehrere Stellen gleiche Verfahren betreiben. Zentrale Festlegungen müssen der jeweiligen verantwortlichen Stelle zugänglich sein, z.B. in Form von Abdrucken.

Für Verbunddateien, die beim Bundeskriminalamt oder dem Bundesamt für Verfassungsschutz geführt werden, reicht es aus, eine Kopie der entsprechenden Errichtungs- oder Dateianordnung, die die zuständige Bundesbehörde erstellt hat, zum Verfahrensverzeichnis zu nehmen.

14.4 Ausnahmen von der Aufnahme in das Verfahrensverzeichnis

Absatz 4 nimmt einzelne Verfahren von der Pflicht zur Aufnahme in das Verfahrensregister aus.

14.4.1 Register

Nummer 1 betrifft zur Information der Öffentlichkeit bestimmte Register, deren Führung aufgrund von Rechtsvorschriften vorgesehen ist (z. B. Grundbuch). Durch diese Rechtsvorschriften ist ausreichende Transparenz für die Betroffenen gegeben.

14.4.2 Verfahren zur Unterstützung der allgemeinen Bürotätigkeit

Auch Verfahren, die ausschließlich der Unterstützung der allgemeinen Bürotätigkeit dienen, sind grundsätzlich nicht in das Verfahrensverzeichnis aufzunehmen. Dies gilt grundsätzlich nur, wenn das Verfahren keine Beeinträchtigung der Rechte Betroffener erwarten lässt. Eine solche Beeinträchtigung ist nicht zu erwarten, wenn ein Verfahren ausschließlich dient

a) der Erstellung von Texten und die hierfür gespeicherten personenbezogenen Daten gelöscht werden, sobald sie nicht mehr benötigt werden,

b) dem internen Auffinden von Vorgängen, Anträgen oder Akten (Registraturverfahren),

c) der internen Überwachung von Terminen und Fristen (Termin- und Fristenkalender),

d) der Führung von Telefon-, Telefaxund sonstiger Kommunikationsund Teilnehmerverzeichnissen, die durch Dritte nicht abrufbar sind, oder

e) der Führung von Anschriftenverzeichnissen für die Versendung von Unterlagen an Betroffene.

Die Ausnahmeregelung gilt nicht für Verfahren, die über die beschriebenen Hilfsfunktionen hinausgehen. So dienen z. B. von Notaren zu führende Bücher auch als Nachweise über die ordnungsgemäße Erledigung ihrer Amtsgeschäfte.

14a. Zu § 14 a (Beauftragter für den Datenschutz)

14a.1.1 Pflicht zur Einsetzung von Beauftragten für den Datenschutz

Für öffentliche Stellen, die personenbezogene Daten automatisiert erheben, verarbeiten oder nutzen, ist eine Beauftragte für den Datenschutz oder ein Beauftragter für den Datenschutz einzusetzen. Die öffentlichen Stellen sind grundsätzlich mit den verantwortlichen Stellen im Sinne des § 2 Abs. 8 identisch. Die Einsetzung hat schriftlich zu erfolgen; hierfür sollte das Muster der Anlage 4 verwendet werden.

Die Einsetzung von Beauftragten für den Datenschutz ist für solche öffentlichen Stellen nicht vorgesehen, die ausschließlich Verfahren im Sinne des § 14 Abs. 4 Nr. 2 durchführen (Nr. 14.4.2).

14a.1.2 Einsetzen von Beauftragten für den Datenschutz im nachgeordneten Bereich

Im nachgeordneten Bereich können Beauftragte für den Datenschutz auch durch Dienstaufsicht führende Behörden eingesetzt werden. Das erleichtert die Einsetzung einer Person als Beauftragte für den Datenschutz für mehrere Stellen, z. B. durch ein Schulamt für die unterstehenden Schulen.

14a.1.3 Notare und Beliehene

Notare und Beliehene (Nr. 3.1.2) haben Beauftragte für den Datenschutz erst einzusetzen, wenn fünf oder mehr Beschäftigte mit der automatisierten Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten beschäftigt sind. Maßgeblich ist die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten, auch wenn diese nicht vollbeschäftigt sind. Zu den Beschäftigten zählen auch Auszubildende.

14a.2.1 Anforderungen an Beauftragte für den Datenschutz

Beauftragte für den Datenschutz können nur natürliche Personen sein. Sie müssen fachkundig sein. Diese Personen müssen über die technischen, rechtlichen und organisatorischen Kenntnisse verfügen, die sie, abhängig von den Gegebenheiten der öffentlichen Stelle, in die Lage versetzen, ihre Aufgabe wahrzunehmen. Die Anforderungen an die Fachkunde sind nicht einheitlich, sondern hängen unter anderem von der Größe der öffentlichen Stelle, der Sensibilität der Daten und der eingesetzten Technik ab. Gefordert sind mindestens

a) Grundkenntnisse über Verfahren und Techniken der automatischen Datenverarbeitung,

b) allgemeine juristische Kenntnisse, Kenntnisse des Datenschutzrechts und sonstiger relevanter Vorschriften sowie

c) ausreichende Kenntnisse der Verwaltungsorganisation und –aufgaben.

Verfügen Beauftragte für den Datenschutz nicht von Anfang an über die erforderlichen Kenntnisse, müssen sie jedenfalls die Fähigkeit haben, sich diese Kenntnisse anzueignen. Beauftragte für den Datenschutz müssen zuverlässig, also integer, verschwiegen und verantwortungsbewusst sein. Zweifel an der Zuverlässigkeit bestehen z. B. bei erheblichen Interessenkonflikten (Nr. 14a.2.4).

14a.2.2 Organisatorische Stellung von Beauftragten für den Datenschutz

Beauftragte für den Datenschutz sind in dieser Funktion, also insbesondere bei Wahrnehmung ihrer Beratungsund Kontrolltätigkeit nach Abs. 4 Satz 2, weisungsfrei. Die Weisungsfreiheit entbindet Beauftragte für den Datenschutz jedoch nicht davon, nach Recht und Gesetz zu handeln, z. B. bei der Auskunftserteilung gegenüber Betroffenen.

Beauftragte für den Datenschutz sind in den Organigrammen der öffentlichen Stellen gesondert anzuführen.

Die besondere Stellung der Beauftragte für den Datenschutz wird dadurch deutlich, dass sie sich unmittelbar an die Leitung der öffentlichen Stellen wenden können. Außerhalb ihrer Funktion sind Beauftragte für den Datenschutz an den Dienstweg gebunden. Auch können sie sich grundsätzlich nicht unmittelbar an den Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden; dieses Recht steht ihnen nur zu, wenn Zweifelsfragen im Rahmen der Vorabkontrolle auftreten.

14a.2.3 Benachteiligungsverbot

Satz 3 sichert die Unabhängigkeit durch ein ausdrückliches Benachteiligungsverbot. Dadurch sind Beauftragte für den Datenschutz vor Umsetzungen, Kündigungen oder anderen Beeinträchtigungen geschützt, die aus einer nicht genehmen Wahrnehmung ihrer Funktion als Beauftragte für den Datenschutz herrühren könnten. Ob eine Benachteiligung vorliegt, kann gerichtlich überprüft werden.

14a.2.4 Art und Umfang der Tätigkeit

Grundsätzlich werden Beauftragte für den Datenschutz Angehörige des öffentlichen Dienstes sein. Sie müssen nicht Beschäftigte der Stelle sein, für die sie die Funktion des Beauftragte für den Datenschutz ausüben. Beauftragte für den Datenschutz müssen nicht hauptberuflich tätig sein. Im Einzelfall kann es ausreichen, die Funktion stundenweise oder fallbezogen auszuüben. Nehmen Beauftragte für den Datenschutz auch andere Aufgaben wahr, sind sie von diesen freizustellen, soweit es die Tätigkeit als Beauftragte für den Datenschutz erfordert. Es ist darauf zu achten, dass durch die sonstigen Aufgaben keine erheblichen Interessenkonflikte entstehen können. Dies kann z. B. bei Entscheidungskompetenzen in den Bereichen

a) Personalverwaltung oder

b) Informationstechnik der Fall sein.

Die Einsetzung externer Beauftragter für den Datenschutz ist nicht ausgeschlossen. Sie kommt insbesondere bei öffentlichen Stellen im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 1 (z. B. Eigenbetrieben) in Betracht. Sofern externe Beauftragte für den Datenschutz eingesetzt werden, sind diese bei Vorliegen der Voraussetzungen nach dem Verpflichtungsgesetz zur gewissenhaften Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten.

14a.3 Rechte und Pflichten der Beauftragten für den Datenschutz

14a.3.1/2 Einsicht in Datenverarbeitungsvorgänge

Um ihre Aufgaben erfüllen zu können, haben Beauftragte für den Datenschutz das Recht, Einsicht in Vorgänge über die Verarbeitung personenbezogener Daten zu nehmen. Die Kenntnisnahme ist auf das zur Aufgabenerledigung unerlässliche Maß zu beschränken. Der Einsicht entgegenstehende Berufs- oder besondere Amtsgeheimnisse sind zu beachten.

14a.3.3 Auskunfts- und Einsichtsrechte

Innerhalb der verantwortlichen Stelle stehen Beauftragten für den Datenschutz die gleichen Kontroll-, Auskunfts- und Einsichtsrechte wie dem Landesbeauftragten für den Datenschutz zu. Bedienstete können sich grundsätzlich ohne Einhaltung des Dienstweges an Beauftragte für den Datenschutz wenden, auch dann, wenn es sich nicht um eigene Angelegenheiten handelt. Sie sind nämlich stelleninterne Kontroll- und Beratungseinrichtungen.

14a.3.4 Verschwiegenheitspflicht

Nach Satz 4 dürfen Beauftragte für den Datenschutz die Identität Betroffener, die sich an sie wenden, nicht gegen deren Willen preisgeben. Sofern einer Angelegenheit nicht anonymisiert nachgegangen werden kann, haben Beauftragte für den Datenschutz die Betroffenen hiervon zu unterrichten. Die Betroffenen haben dann selbst zu entscheiden, ob ihre Identität aufgedeckt werden soll.

14a.4 Aufgaben der Beauftragten für den Datenschutz

14a.4.1 Führen des Verfahrensverzeichnisses

Beauftragte für den Datenschutz führen das Verfahrensverzeichnis nach § 14 Abs. 3 Satz 1. Mithin erteilen sie hieraus auch Auskünfte an Interessierte.

Verfahren der Personalvertretungen werden entsprechend dem Urteil des BAG vom 29.10.1997 (NJW 1998, 2466) nicht in das vom Beauftragten für den Datenschutz geführte Verfahrensverzeichnis aufgenommen. Die Personalvertretung ist zwar Teil der verantwortlichen Stelle, unterliegt aber wegen ihrer Unabhängigkeit nicht der Kontrolle des Beauftragte für den Datenschutz, sondern nur der des Landesbeauftragten für den Datenschutz.

14a.4.2 Unterstützungspflicht

Beauftragte für den Datenschutz sind verpflichtet, die öffentlichen Stellen bei der Ausführung der Vorschriften des DSG-LSA und anderer datenschutzrechtlicher Vorschriften zu unterstützen. Die Verantwortlichkeit für den Datenschutz liegt unverändert bei den verantwortlichen öffentlichen Stellen. Beauftragte für den Datenschutz haben dementsprechend keine Weisungsbefugnisse innerhalb der öffentlichen Stellen. Gleichwohl haben sie eine Garantenstellung innerhalb der öffentlichen Stellen. Ihre Aufgaben sind in Nr. 1 bis 3 nicht abschließend aufgezählt.

14a.4.2.1 Hinwirken auf die Beachtung datenschutzrechtlicher Vorschriften

Hinwirken auf die Beachtung datenschutzrechtlicher Vorschriften umfasst z. B. die Prüfung

a) der datenschutzrechtlichen Vereinbarkeit von Verfahren, über deren Einsatz öffentliche Stellen entscheiden,

b) von Dienstanweisungen zum Umgang mit personenbezogenen Daten,

c) ob die Individualrechte Betroffener auf Benachrichtigung, Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung (§§ 9, 15, 16) beachtet werden.

Dazu gehört es auch, Hinweise und Vorschläge zu unterbreiten

a) zur Datenvermeidung und Datensparsamkeit (§ 1 Abs. 2) und b) zur Verbesserung technischer und organisatorischer Maßnahmen im Sinne des § 6.

14a.4.2.2 Vorabkontrolle

Beauftragte für den Datenschutz haben die Vorabkontrolle durchzuführen (Nr. 14.2).

14a.4.2.3 Vertrautmachen mit datenschutzrechtlichen Vorschriften

Beauftragte für den Datenschutz haben die mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten beschäftigten Personen mit den einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften vertraut zu machen. Die Bedeutung und die Notwendigkeit des Datenschutzes ist verständlich zu machen. Beauftragte für den Datenschutz können dazu Mitarbeiterschulungen vornehmen, soweit solche nicht im Rahmen der zentralen Mitarbeiterfortbildung erfolgen.

15. Zu § 15 (Auskunft)

15.1 Allgemeines

§15 regelt im Interesse der Transparenz die grundsätzlich umfassende Auskunftserteilung an Betroffene. Der Anspruch kann formlos geltend gemacht werden. Während eines laufenden Verwaltungsverfahrens werden die Regelungen des §15 durch § 1 VwVfG LSA i. V. m. § 29 VwVfG verdrängt. Zuständig für die Auskunftserteilung ist die verantwortliche Stelle. Gehen Auskunftsersuchen bei Auftragnehmern ein, sind diese an den Auftraggeber weiterzuleiten, sofern nicht der Auftragnehmer zur Auskunftserteilung berechtigt worden ist.

Bei der Auskunftserteilung muss die Identität von Antragstellern hinreichend überprüft sein. Fernmündliche Auskünfte sind nur zulässig, wenn die antragstellende Person identifiziert werden kann (z. B. durch Rückruf).

15.1.1.1 Auskunft über personenbezogene Daten und deren Herkunft und Übermittlung

Der Auskunftsanspruch besteht für alle zur Person gespeicherten Daten. Die ausdrückliche Erwähnung von Daten über die Herkunft oder ihre erfolgte Übermittlung hat nur klarstellende Bedeutung, verpflichtet die öffentliche Stelle aber nicht, solche Daten ausschließlich für Auskunftszwecke zu speichern.

Auskunft ist auch zu erteilen über die Dritten, an die personenbezogene Daten übermittelt worden sind; siehe auch die Sonderregelung des § 15 Abs. 3 Satz 1. Voraussetzung ist, dass die Tatsache der Übermittlung gespeichert ist; dies ist zumindest befristet überwiegend der Fall. Unter Berücksichtigung des Urteils des Europäischen Gerichtshofes vom 7.5.2009 – C 553/07 – erscheint eine Speicherung von Angaben über erfolgte Übermittlungen mindestens so lange angezeigt, wie eine Pflicht zur Verständigung von Stellen, denen Daten übermittelt worden sind, über erfolgte Berichtigungen, Sperrungen und Löschungen nach § 16 Abs. 6 besteht. Eine solche Speicherung erfolgt aber regelmäßig nicht, wenn die Übermittlung im Abrufverfahren erfolgt ist. Hier greift eine Sonderregelung (Nr. 15.1.1.3). § 15 Abs. 2 Nr. 1 bleibt unberührt.

15.1.1.2 Auskunft über Verarbeitung oder Nutzung

Als Rechtsgrundlage der Verarbeitung oder Nutzung kommt, soweit keine andere Rechtsvorschrift vorgeht, § 4 (Einwilligung) oder § 10 Abs. 1 in Betracht. Zum Zweck der Speicherung siehe Nrn. 9.3.3.2 und 10.1.1.15.1.1.3 Auskunft über Dritte, an die Übermittlungen vorgesehen sind Den Betroffenen ist Auskunft über alle die Dritten zu erteilen, an die Übermittlungen vorgesehen sind. Dies sind insbesondere Stellen, an die bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen oder zu bestimmten Stichtagen von Amts wegen Daten übermittelt werden. Dazu gehören auch die Stellen, die Übermittlungen durch Abruf (§ 7) bewirken können.

15.1.1.4 Automatisierte Entscheidungen

Im Fall automatisierter Entscheidungen wird auch über den logischen Aufbau der automatisierten Verarbeitung oder Nutzung Auskunft erteilt. Durch Transparenz soll den Betroffenen veranschaulicht werden, was mit ihren Daten geschieht. Die Grenzen des Auskunftsrechtes können beim Schutz von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen (z. B. Auskünften über die verwendete Software) liegen.

15.1.3 Auskunft aus Akten

Personenbezogene Daten in Sachakten können nur schwer personenbezogen selektiert werden. Es wird daher nur Auskunft erteilt, soweit die Betroffenen Angaben machen, die das Auffinden der Daten ermöglichen. Ferner wird dem erhöhten Verwaltungsaufwand bei der Auskunftserteilung aus Akten in der Weise Rechnung getragen, dass der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem von Betroffenen geltend gemachten Informationsinteresse stehen darf. Diese Prognose ist im Einzelfall zu erstellen.

15.1.4 Art der Auskunft

Die Auskunftserteilung kann auch durch Gewährung von Akteneinsicht erfolgen. Hierbei dürfen Betroffenen grundsätzlich nicht personenbezogene Daten unbeteiligter Dritter zur Kenntnis gelangen. Auch beschränkt sich die Auskunftserteilung auf die Teile der Akte, die personenbezogene Daten der betroffenen Person enthalten. Ein Recht auf Auskunft über Akteninhalte ohne Personenbezug ergibt sich nicht nach § 15, sondern gegebenenfalls aus anderen Gesetzen.

15.1a Auskunft über Daten, die aufgrund von Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen

Bei den in Abs. 1a genannten personenbezogenen Daten handelt es sich regelmäßig um gesperrte Daten im Sinne des § 16 Abs. 3. Soweit Betroffene über Daten, die nach § 16 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 gesperrt sind, Auskunft begehren, ist die Ablehnung einer Auskunftserteilung grundsätzlich ermessensfehlerhaft.

15.2 Ausnahmen von der Auskunftspflicht

In Fällen des Abs. 2 besteht nur keine Auskunftspflicht, jedoch kein Auskunftsverbot.

15.2.1 Zwecke der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle

Datensicherung ist hier im Sinne von technischen Maßnahmen nach § 6 zu verstehen.

15.3 Unterrichtung des Landesbeauftragten bei Auskunftsverweigerung

Die Unterrichtung des Landesbeauftragten für den Datenschutz über die Versagung der Zustimmung zur Auskunftserteilung durch die genannten Sicherheitsbehörden erfolgt unverzüglich durch die für die Auskunftserteilung zuständige Stelle.

15.4 Auskunftsverweigerungsgründe

Der verantwortlichen Stelle steht bei Prüfung der Auskunftsverweigerungsgründe nach Nr. 1 bis 3 gemäß dem Urteil des BVerwG vom 3.9.1991 (BVerwGE 89, 14 = JZ 1992, 360) kein Ermessens- oder Beurteilungsspielraum zu. Es handelt sich um gerichtlich voll nachprüfbare unbestimmte Rechtsbegriffe. Die Auskunftsverweigerung ist nur dann gerechtfertigt, wenn das Interesse Betroffener an der Auskunftserteilung zurücktreten muss.

15.4.1 Gefährdung der Aufgabenerfüllung

Durch eine Häufung von Auskunftsersuchen wird die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben grundsätzlich nicht im Sinne der Nr. 1 gefährdet. Der Schutz der Funktionsfähigkeit der Behörden vor übermäßiger Belastung durch Auskunftsersuchen lässt sich erreichen, indem in solchen Fällen zunächst nur Zwischenbescheide und die Auskünfte selbst in angemessener Frist erteilt werden. Die ordnungsgemäße Erfüllung von Sicherheitsaufgaben der Polizei wäre aber z. B. dann gefährdet, wenn die Polizei im Rahmen der Bekämpfung besonders gefährlicher Kriminalität eingesetzte Informanten preisgeben müsste. Gegenüber diesem Geheimhaltungsinteresse kann dem Auskunftsinteresse Betroffener jedoch ausnahmsweise dann Vorrang zukommen, wenn ausreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass Informanten die Behörde wider besseres Wissen oder leichtfertig falsch über Betroffene informiert haben.

15.4.2 Gefährdung der öffentlichen

Sicherheit oder Bereitung von Nachteilen für das Wohl des Bundes oder eines Landes Die öffentliche Sicherheit wäre gefährdet, wenn im Falle der Auskunftserteilung die verfassungsmäßige Ordnung insgesamt oder wesentliche Rechtsgüter Einzelner wie Leib, Leben oder Freiheit beeinträchtigt würden.

Vom Wohl des Bundes oder eines Landes sind nur wesentliche Interessen erfasst, die den Bestand oder die Funktionsfähigkeit des Staates betreffen. Hierzu zählen die innere und äußere Sicherheit des Bundes oder eines Landes und die freundschaftlichen Beziehungen zu anderen Staaten. Wegen dieser hohen Anforderungen ist die Ausnahmeregelung praktisch nicht bedeutsam.

15.4.3 Geheimhaltungsinteressen

Eine Rechtsvorschrift, nach der Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung geheimgehalten werden müssen, ist z. B. § 61 Abs. 2 PStG. Ob personenbezogene Daten ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, geheimgehalten werden müssen, ist durch eine Güterabwägung im Einzelfall festzustellen. Diese Güterabwägung entfällt, wenn der Dritte der Auskunftserteilung zugestimmt hat. Die öffentliche Stelle ist aber grundsätzlich nicht verpflichtet, die Zustimmung des Dritten einzuholen.

15.5 Begründung der Ablehnung

Grundsätzlich ist die Ablehnung einer Auskunftserteilung zu begründen, soweit nicht einer der im Gesetz aufgezählten Ausnahmefälle vorliegt. In diesen Fällen sind die Betroffenen darauf hinzuweisen, dass sie sich an den Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden können.

15.7 Kosten der Auskunft

Für die Auskunft werden Gebühren und Auslagen grundsätzlich nicht erhoben. Dies gilt nicht in Fällen des Abs. 1a, wenn mit der Auskunft besonderer Verwaltungsaufwand verbunden ist. In Angelegenheiten der Landesverwaltung und des übertragenen Wirkungskreises bestimmt sich die Gebühr nach § 1 i. V. m. lfd. Nr. 1 Tarifstellen 2.1., 2.2.1., 2.2.4. oder 2.2.5. der Anlage der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt (AllGO LSA) vom 30.8.2004 (GVBl. LSA S. 554), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25.7.2007 (GVBl. LSA S. 279), in der jeweils geltenden Fassung.

16. Zu § 16 (Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten)

16.1 Berichtigung

Die Berichtigung kann durch Verändern, Löschen oder Speichern erfolgen. Die Unrichtigkeit gespeicherter personenbezogener Daten kann darauf beruhen, dass Daten von Anfang an falsch waren (z. B. unrichtiges Geburtsdatum) oder sich nachträglich geändert haben (z. B. Änderung des Familienstandes).

Während in automatisierten Verfahren zu berichtigende Daten überschrieben werden können, ist dies in Akten regelmäßig nicht möglich. Der Akteninhalt baut aufeinander auf. Auch ist der Grundsatz der Aktenvollständigkeit (Beschluss des BVerfG vom 6.6.1983, NJW S. 2135) und der Urkundencharakter von Akten zu beachten. Deshalb wird die Berichtigung in einer Akte nach Satz 2 regelmäßig nur durch entsprechende Vermerke und Querverweise vorgenommen.

16.2 Löschung

16.2.1.1 Unzulässig gespeicherte Daten

Bei der Beurteilung, ob ein personenbezogenes Datum im Sinne der Nr. 1 unzulässig gespeichert ist, wird grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Speicherung abgestellt.

16.2.1.2 Nicht mehr erforderliche Daten

Personenbezogene Daten sind zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich, wenn die Voraussetzungen für eine weitere Speicherung im Sinne des § 10 nicht mehr vorliegen. Ob die Löschungsvoraussetzungen der Nr. 2 vorliegen, wird grundsätzlich nach Ablauf von Regelfristen für die Löschung (§ 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7) geprüft, ansonsten bei der laufenden Bearbeitung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die öffentliche Verwaltung verpflichtet ist, Verwaltungsvorgänge zum Zwecke der Kontrolle durch die Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, die Gerichte, den Landesrechnungshof sowie den Landtag verfügbar zu halten. Zur Aufgabenerfüllung gehören auch solche Dokumentationspflichten.

16.2.2 Löschung in Akten

Mit Rücksicht auf die Besonderheiten der Aktenführung erfolgt in Fällen des Satzes 1 Nr. 2 eine Löschung personenbezogener Daten in Akten nur, wenn die gesamte Akte zur Aufgabenerledigung nicht mehr erforderlich ist. Diese Voraussetzung liegt grundsätzlich nicht schon im Zeitpunkt der letzten inhaltlichen Bearbeitung vor, sondern erst bei Ablauf der regelmäßig durch Verwaltungsvorschriften bestimmten Aufbewahrungsfristen. Bis dahin werden die Akten noch zur Dokumentation, Rechnungsprüfung benötigt. Die nicht mehr aktuell benötigten Daten sind aber nach Abs. 3 zu sperren.

16.3 Sperrung statt Löschung

16.3.1.1 Gesetzliche Aufbewahrungsfristen

Gesetzliche Aufbewahrungsfristen, die der Löschung entgegenstehen, können sich z. B. aus haushaltsrechtlichen Vorschriften oder Bestimmungen des Steuerrechtes ergeben. Aufbewahrungsfristen können auch Satzungen der der Rechtsaufsicht des Landes unterliegenden Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechtes vorsehen.

16.3.1.2 Schutzwürdige Interessen Betroffener

Grund zu der Annahme, dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen Betroffener beeinträchtigt werden, besteht in der Regel dann wenn,

a) Betroffene gegenüber Dritten oder der verantwortlichen Stelle in Beweisschwierigkeiten geraten würden (z. B. Nachweis unzulässiger Datenverarbeitung),

b) die Löschung wegen einer Bereinigungsaktion im Zusammenhang mit einer angekündigten Prüfung des Landesbeauftragten für den Datenschutz erfolgt. Grundsätzlich reicht es hier aus, das Ergebnis der Prüfung durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz abzuwarten.

16.3.1.3 Art der Speicherung

In automatisierten Verfahren dürfte die besondere Art der Speicherung einer Löschung nur ausnahmsweise entgegenstehen, z. B. bei Mikroverfilmung. Bereits bei der Auswahl des Speichermediums wird zu berücksichtigen sein, ob die Daten Änderungen unterliegen oder grundsätzlich unverändert bleiben, z. B. aus Gründen der Beweissicherung. Ob bei Akten die Löschung nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand (Nr. 11.5) möglich ist, muss im Einzelfall geprüft werden. Soweit es sich um Daten im Sinne des Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 handelt, ist auch die Sensibilität der Daten besonders zu berücksichtigen.

16.4 Bestrittene Daten

Die Richtigkeit personenbezogener Daten muss von Betroffenen substantiell bestritten werden. Die einfache Behauptung, die Daten seien unrichtig, reicht nicht aus. Die Betroffenen können aber vorbehaltlich gesetzlicher Auskunfts- oder Mitwirkungspflichten nicht angehalten werden, die richtigen Daten mitzuteilen.

16.5 Umgang mit gesperrten Daten

16.5.1 Erhöhte Anforderungen

Nach Nr. 1 muss die Übermittlung oder Nutzung zu den genannten Zwecken unerlässlich sein. Der verantwortlichen Stelle oder dem Dritten muss also der Zugriff auf die erforderlichen Daten auf andere Weise grundsätzlich nicht möglich sein.

16.5.2 Allgemeine Anforderungen

Neben den Anforderungen der Nr. 1 müssen stets auch die Voraussetzungen für eine Übermittlung oder Nutzung nach §§ 10 bis 13 erfüllt sein.

16.6.1.1 Verständigung Dritter

Grundsätzlich sind Dritte, denen Daten übermittelt wurden, über Berichtigungen, die Sperrung bestrittener Daten sowie die Löschung oder Sperrung wegen Unzulässigkeit der Speicherung zu verständigen. Es kommt nicht darauf an, ob die Übermittlung regelmäßig oder im Einzelfall erfolgt ist. Die Unterrichtungspflicht besteht grundsätzlich unabhängig davon, ob ein automatisiertes Verfahren vorliegt oder die Daten in nicht-automatisierten Dateien oder in Akten verarbeitet oder genutzt werden.

16.6.1.2 Ausnahmen von der Pflicht zur Verständigung Dritter

Die Unterrichtung unterbleibt, wenn sie

a) zur Wahrung schutzwürdiger Interessen der Betroffenen nicht erforderlich ist, z. B. wenn nach der Art der Verwendung der Daten beim Dritten bekannt ist, dass er die geänderten Daten nicht benötigt. Eine überflüssige Übermittlung könnte schutzwürdige Interessen der Betroffenen beeinträchtigen und brächte unnötigen Verwaltungsaufwand mit sich;

b) sich als unmöglich erweist. Dies ist z. B. der Fall, wenn Daten für Dritte zum Abruf oder zur Einsichtnahme bereitgehalten werden. Diese Stellen haben sich bei Bedarf von der Aktualität früher abgerufener oder eingesehener Daten durch erneuten Abruf oder erneute Einsichtnahme zu überzeugen. Da der bereithaltenden Stelle nicht bekannt ist, über welche Personen welche Daten abgerufen worden sind, würde eine generelle Unterrichtung über alle Veränderungen dazu führen, dass die abrufberechtigte Stelle auch Kenntnis von Daten erhielte, die sie nie abgerufen hat. Die Übermittlung solcher überschießender Informationen würde schutzwürdige Interessen der Betroffenen beeinträchtigen;

c) mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden wäre. Dies ist der Fall, wenn der zeitliche oder materielle Aufwand für die Unterrichtung außer Verhältnis zum Wert der Kenntnis von der Berichtigung, Sperrung oder Löschung betroffener Daten für den Dritten steht, und zwar auch aus Sicht der Betroffenen. Insbesondere bei Informationsverarbeitung in Akten kann die Feststellung, wem wann welche Daten übermittelt worden sind, mit enormem Aufwand verbunden sein.

16.6.2 Verständigung bei interner Weitergabe

Satz 2 erstreckt die Pflicht zur Verständigung auf Fälle der Datenweitergabe innerhalb der verantwortlichen Stelle.

16.7 Übermittlung von Daten an des zuständige Archiv

Nach § 9 des Landesarchivgesetzes (ArchG-LSA) vom 28.6.1995 (GVBl. LSA S. 190), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 18.6.2004 (GVBl. LSA S. 335, 341), in der jeweils geltenden Fassung, sind personenbezogene Daten vor der beabsichtigten Löschung dem jeweils zuständigen Archiv anzubieten. Die Übermittlung der Daten an das Archiv, deren Archivwürdigkeit vom Archiv im Benehmen mit der anbietenden (der verantwortlichen) Stelle festgestellt wird, ist zulässig. Daten können gelöscht werden, wenn das Archiv im Benehmen mit der verantwortlichen Stelle festgestellt hat, dass keine Archivwürdigkeit im Sinne des § 2 Abs. 4 ArchG-LSA vorliegt.

17. Zu § 17 (Unabdingbare Rechte des Betroffenen)

17.1 Unabdingbare Rechte

Die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung können nicht bindend ausgeschlossen oder beschränkt werden. Bei weiteren Rechten, z. B. der jederzeitigen Widerrufbarkeit der Einwilligung (Nr. 4.2.4), ist das jedoch möglich; siehe aber Nr. 29.1.4/5.

18. Zu § 18 (Schadenersatz)

Allgemeines

Wird Betroffenen durch eine verantwortliche Stelle durch unzulässige oder unrichtige Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung ihrer Daten ein Schaden zugefügt, kann dies Schadenersatzansprüche auslösen. § 18 regelt aber nicht die Haftung für Schäden, die dadurch eintreten, dass Dritte, denen personenbezogene Daten anderer (der Betroffenen) übermittelt worden sind, auf die Richtigkeit dieser Daten vertrauten. Die Haftung hierfür richtet sich nach anderen Vorschriften.

Absatz 1 regelt die Verschuldenshaftung, Abs. 2 die Gefährdungshaftung. § 18 regelt die Haftung nicht abschließend. Im Einzelfall kommt daneben oder anstelle der Haftung nach § 18 auch eine Haftung aufgrund einer anderen Vorschrift in Betracht; vgl. auch Nr. 3.3.

Für Streitigkeiten aus § 18 ist nach § 40 Abs. 2 Satz 1 VwGO der ordentliche Rechtsweg gegeben.

18.1 Verschuldenshaftung

18.1.1.1 Gegenstand der Haftung

Gehaftet wird für Schäden aus unzulässiger oder unrichtiger Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten. Es kommt nicht darauf an, ob der Schaden beim automatisierten oder nichtautomatisierten Umgang mit den Daten eingetreten ist.

18.1.1.2 Umfang der Haftung

Die Haftung ist betragsmäßig nicht begrenzt. Gehaftet wird sowohl für Vermögens- als auch für Nichtvermögensschäden.

18.1.1.3 Anspruchberechtigte und Anspruchsgegner

Anspruchsberechtigt sind nur Betroffene (Nr. 2.1.1), also ausschließlich natürliche Personen, mit deren auf sie bezogenen Daten unzulässig oder unrichtig umgegangen worden ist. Anspruchsgegner ist die verantwortliche Stelle (Nr. 2.8), also die Stelle, die im Einzelfall die unzulässige Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung vorgenommen und den dadurch eingetretenen Schaden verursacht hat.

18.1.1.4 Verjährung, Mitverschulden, Haftung Mehrerer

Im Gegensatz zu Abs. 2 trifft Abs. 1 keine Regelungen zur Verjährung, zum Mitverschulden und zur gesamtschuldnerischen Haftung. Die Regelungen des BGB zur Verjährung nach §§ 194 bis 218 BGB, zum Mitverschulden in § 254 BGB und zur gesamtschuldnerischen Haftung nach § 840 sind unmittelbar anwendbar. Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt nach § 195 BGB drei Jahre; der Beginn der Verjährungsfrist bestimmt sich nach § 199 Abs. 1 BGB.

18.1.2. Haftungsfreizeichnung

Liegt eine unzulässige Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten vor, wird vermutet, dass die verantwortliche Stelle daran ein Verschulden trifft. Darin liegt eine Beweislastumkehr zu Gunsten der Betroffenen. Die verantwortliche Stelle kann sich von der Haftung freizeichnen. Sie muss nachweisen, dass sie den Umstand, durch den der Schaden entstanden ist, nicht zu vertreten hat. Dies ist der Fall, soweit die verantwortliche Stelle die nach den Umständen des Falles gebotene Sorgfalt beachtet hat. Hat den Schaden ein Auftragnehmer verursacht, muss die verantwortliche Stelle nachweisen, dass sie bei dessen Auswahl und Beaufsichtigung die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen.

18.2 Gefährdungshaftung

18.2.1.1 Gegenstand der Haftung

Beim Umgang mit personenbezogenen Daten in automatisierten Verfahren sind die Daten, technisch gesehen, unbegrenzt nutzbar. Hiermit sind besondere Risiken für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verbunden. Aus diesem Grund wird für Schäden aus unzulässiger oder unrichtiger automatisierter Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten unabhängig von einem Verschulden gehaftet. Die Unzulässigkeit oder Unrichtigkeit muss unmittelbare Folge des Einsatzes des automatisierten Verfahrens (Nr. 2.2.1.1) sein. Liegt ein Verschulden vor, wird auch nach Abs. 1 gehaftet.

18.2.1.2 Anspruchsberechtigte und Anspruchsgegner

Auf die Ausführungen zu Nr. 18.1.1.3 wird verwiesen; siehe aber Nr. 18.2.5.

18.2.2 Umfang der Haftung

Gehaftet wird für Vermögensschäden und Nichtvermögensschäden. Nichtvermögensschäden sind angemessen in Geld zu ersetzen. Abweichend von sonstigen Regelungen zur Gefährdungshaftung ist bei einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts nicht gefordert, dass es sich um eine schwere Verletzung des Rechts handelt. Die Höhe einer eventuellen Entschädigung richtet sich aber nach der Schwere der Verletzung.

18.2.3/4 Höhe der Haftung

Wie bei Gefährdungshaftung üblich, ist die Haftung der Höhe nach begrenzt. Die Haftungshöchstsumme liegt für die eingetretenen materiellen und immateriellen Schäden zusammen bei 125 000 Euro für jedes schädigende Ereignis. Sind mehrere Betroffene geschädigt, erhöht sich die Haftungssumme je schädigendes Ereignis auf 250 000 Euro. Reicht dieser Betrag nicht aus, werden die Schadensersatzleistungen anteilig gekürzt.

18.2.5 Mehrere Pflichtige

Für automatisierte Verfahren, z. B. Verbundverfahren, sind teilweise mehrere Stellen verantwortlich. In einem solchen Fall ist es denkbar, dass keine der beteiligten Stellen nachweisen kann, welche den eingetretenen Schaden verursacht hat. In diesem Fall sind auch Geschädigte nicht in der Lage, die verantwortliche Stelle festzustellen. Die beteiligten Stellen haften dann als Gesamtschuldner.

19. Zu § 19 (Anrufung des Landesbeauftragten für den Datenschutz)

19.1 Recht auf Anrufung

Die Anrufung des Landesbeauftragten für den Datenschutz ist eine Sonderform des jedermann verfassungsrechtlich garantierten Petitionsrechtes. Es besteht ein Anspruch auf Tätigwerden des Landesbeauftragten in angemessener Frist sowie auf Bescheidung. Wie der Landesbeauftragte für den Datenschutz tätig wird, entscheidet dieser unter Berücksichtigung seiner unabhängigen Rechtsstellung und der ihm eingeräumten Befugnisse. Das Anrufungsrecht steht nur Betroffenen (Nr. 2.1.1) zu. Die von Betroffenen behauptete Rechtsverletzung muss in Zusammenhang mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten stehen. Gegenstand muss eine Beeinträchtigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes sein; eine abgeschlossene Rechtsverletzung ist aber nicht erforderlich.

Das Benachteiligungsverbot gilt nur bei der Anrufung in eigenen Angelegenheiten und in gesetzlich vorgesehenen Vertretungsfällen. Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes sind insoweit nicht an die Einhaltung des Dienstweges gebunden. In fremden Angelegenheiten können sich dagegen Bedienstete der unmittelbaren oder mittelbaren Landesverwaltung nur in Ausnahmefällen unter Umgehung des Dienstweges an den Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden.

19.2 Beschränkung des Anrufungsrechts

Die Beschränkung des Anrufungsrechts bezüglich der Gerichte steht in Zusammenhang mit § 22 Abs. 1 Satz 2. Danach unterliegen die Gerichte der Kontrolle durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz nur, soweit sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden.

22. Zu § 22 (Aufgaben und Befugnisse)

22.1 Der Kontrolle unterliegende Stellen

22.1.1 Adressaten der Kontrolle

Der Kontrolle des Landesbeauftragten für den Datenschutz unterliegen grundsätzlich alle in § 3 Abs. 1 genannten Adressaten des DSG-LSA; hinzu kommen nach Maßgabe des § 8 Abs. 5 von öffentlichen Stellen beherrschte privatrechtlich organisierte Auftragnehmer (Nr. 8.5). Nicht der Kontrolle des Landesbeauftragten für den Datenschutz unterliegen öffentlichrechtliche Kreditinstitute und öffentlichrechtliche Versicherungsanstalten (Nr. 3.2.2).

22.1.2 Sonderregelung für Gerichte

Gerichte sind der Kontrolle nur insoweit unterworfen, als sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden. Keine Verwaltungsangelegenheiten sind vor allem die rechtsprechende Tätigkeit und die freiwillige Gerichtsbarkeit. Verwaltungsangelegenheiten sind z. B. die Führung des allgemeinen Geschäftsbetriebs und andere Tätigkeiten, die nicht Bestandteil von Verfahren der Rechtspflege sind.

22.3 Kontrolle bei Vorliegen von Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kann auch personenbezogene Daten kontrollieren, die einem Berufsoder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen. Dies gilt gemäß § 24 Abs. 2 i. V. m. § 24 Abs. 6 BDSG auch, wenn der Landesbeauftragte für den Datenschutz z. B. nach § 81 Abs. 2 SGB X die Verarbeitung von Sozialdaten entsprechend §§ 24 bis 26 BDSG bei seiner Kontrolle unterliegenden öffentlichen Stellen überprüft.

Als Ausfluss des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung haben Betroffene aber das Recht, hinsichtlich ihrer personenbezogenen Daten, die sich in Akten über die Sicherheitsüberprüfung befinden, der Kontrolle der auf sie bezogenen Daten zu widersprechen. Für personenbezogene Daten, die dem Post- und Fernmeldegeheimnis nach Art. 10 des Grundgesetzes unterliegen, ergibt sich dieses Recht unmittelbar aus § 24 Abs. 2 Satz 4 BDSG i. V. m. § 24 Abs. 6 BDSG. Im Übrigen besteht das allgemeine Einwendungsrecht nach § 4 Abs. 4 auch gegenüber dem Landesbeauftragten für den Datenschutz.

22.3.2/3 Widerspruchsrecht

Nach Satz 3 hat die verantwortliche Stelle die Betroffenen in allgemeiner Form über das Widerspruchsrecht zu unterrichten. Eine unterbliebene Unterrichtung schließt die Kontrolle durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz nicht aus, denn die Verpflichtung zur Unterrichtung besteht unbeschadet des Kontrollrechts. Eine allgemeine Information (z. B. Hausmitteilung, Aushang) genügt. Es empfiehlt sich jedoch, die Unterrichtung im Einzelfall mit der Bitte, den Fragebogen für die Sicherheitsüberprüfung auszufüllen, zu verbinden. Die Unterrichtung sollte mit folgendem Hinweis versehen werden:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist vom Landtag gewählt worden. Er ist unabhängig. Seine Aufgabe ist es, alle öffentlichen Stellen des Landes zu kontrollieren und zu beraten, damit beim Umgang mit personenbezogenen Daten das Persönlichkeitsrecht nicht beeinträchtigt wird. Seine Tätigkeit dient also dem Interesse des Einzelnen. Soweit Betroffene von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, üben sie damit Verzicht auf eine Unterstützung durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz bei der Gewährleistung des Persönlichkeitsschutzes.”

Betroffene haben den Widerspruch an den Landesbeauftragten für den Datenschutz zu richten; dessen Anschrift lautet: Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt, Leiterstraße 9, 39104 Magdeburg oder Postfach 19 47, 39009 Magdeburg.

Geht der Widerspruch bei der verantwortlichen Stelle ein, leitet sie ihn an den Landesbeauftragten für den Datenschutz weiter.

22.4.1 Beratung

Neben der Kontrolle hat der Landesbeauftragte für den Datenschutz die Aufgabe der Beratung. Behörden der unmittelbaren Landesverwaltung richten Beratungsersuchen grundsätzlich nicht unmittelbar an den Landesbeauftragten für den Datenschutz, sondern haben den Dienstweg einzuhalten. Entsprechend verfahren Gemeinden, Landkreise und sonstige der Aufsicht des Landes unterstehende juristische Personen des öffentlichen Rechts in Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises (Auftragsangelegenheiten). In der Regel ist eine Anfrage zunächst an die Beauftragte oder den Beauftragten für den Datenschutz der eigenen Dienststelle gemäß § 14a zu richten.

Geboten ist ein Ersuchen um Beratung durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz stets, wenn oberste Landesbehörden allgemeine Erlassregelungen vorbereiten, die auch den Umgang mit personenbezogenen Daten regeln. Bei Gesetzesvorhaben der Landesregierung, die den Umgang mit personenbezogenen Daten betreffen, ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz spätestens im Rahmen der Anhörung einzubinden.

Die Empfehlungen des Landesbeauftragten für den Datenschutz sind nicht bindend; sie ersetzen insbesondere nicht die erforderliche Mitzeichnung durch das Ministerium des Innern bei Grundsatzangelegenheiten des Datenschutzes.

22.8 Anzeige von Verstößen

Absatz 8 stellt klar, dass der Grundsatz der Zweckbindung den Landesbeauftragten für den Datenschutz nicht hindert, gegenüber der zuständigen Strafverfolgungs- oder Ordnungswidrigkeitenbehörde die Ahndung datenschutzrechtlicher Verstöße anzuregen. Falls ein arbeits-, dienst- oder gegebenenfalls auch standesrechtliches Vorgehen in Betracht kommt, kann der Landesbeauftragte für den Datenschutz ein solches gegenüber der dafür zuständigen Stelle anregen, falls dies geboten erscheint.

23. Zu § 23 (Durchführung der Aufgaben)

23.1 Unterstützung des Landesbeauftragten für den Datenschutz

Die Pflicht zur Unterstützung des Landesbeauftragten für den Datenschutz besteht nicht nur bei Kontrollen, sondern auch, wenn er nach § 22 Abs. 4 beratend oder nach § 22 Abs. 5 und 6 tätig wird.

23.2.2 Ausschluss der Unterstützung

Die Ausnahme, wonach die in Satz 1 genannten Stellen dem Landesbeauftragten für den Datenschutz Auskünfte sowie die Einsicht in Unterlagen und Akten versagen sowie den Zutritt zu Diensträumen verwehren können, wird kaum praktische Bedeutung erlangen. Von der Staatswohlklausel kann nur die fachlich zuständige oberste Landesbehörde Gebrauch machen.

23.3 Mitteilung des Kontrollergebnisses

Das Ergebnis der Kontrolle durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz hat die überprüfte öffentliche Stelle, soweit es sich um eine Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises oder um eine Stelle der unmittelbaren Landesverwaltung handelt, der zuständigen Aufsichtsbehörde mitzuteilen.

24. Zu § 24 (Beanstandungen durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz)

24.1 Beanstandungsrecht

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kann beanstanden, wenn

a) Verstöße gegen die Vorschriften des DSG-LSA,

b) Verstöße gegen andere Vorschriften über den Datenschutz (dies können nur Rechtsvorschriften sein) oder

c) sonstige Mängel bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten vorliegen.

In der Regel wird es sich auch bei Buchst. c um Verstöße gegen Bestimmungen des DSG-LSA oder bereichsspezifische Datenschutzvorschriften handeln, z. B. Mängel in der Einwilligungserklärung (Nr. 4.2), Mängel bei der Unterrichtung hinsichtlich einer Datenerhebung (Nr. 9.3), unzureichende technisch-organisatorische Vorkehrungen (Nrn. 6.1 bis 6.2.6), unzulässige Durchbrechung des Zweckbindungsgebotes (Nr. 10.2).

Die Beanstandung ist kein Verwaltungsakt und somit nicht durch Widerspruch und Anfechtungsklage anfechtbar. Der in der Beanstandung zum Ausdruck kommenden Rechtsauffassung des Landesbeauftragten für den Datenschutz fehlt neben der verbindlichen Außenwirkung auch das Merkmal der Regelung (vgl. Beschluss des BVerwG vom 5.2.1992, DÖV S. 536). In Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises scheidet auch eine andere Klageart gegen eine Beanstandung des Landesbeauftragten für den Datenschutz von vornherein aus.

24.1.1 Adressat der Beanstandungen

Nach Nr. 1 ist Adressat einer Beanstandung bei der unmittelbaren Landesverwaltung die (fachlich) zuständige oberste Landesbehörde; dies folgt aus der Ressortverantwortung.

24.1.2 Unterrichtung der Aufsichtsbehörde

Zuständige Aufsichtsbehörde im Sinne der Nr. 2 ist bei Gemeinden, Landkreisen und den sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie bei Vereinigungen solcher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises die Rechtsaufsichtsbehörde, des übertragenen Wirkungskreises die Fachaufsichtsbehörde.

24.2 Stellungnahmen zu Beanstandungen

Stellen der mittelbaren Landesverwaltung verkehren im Falle einer Beanstandung unmittelbar mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz. Die zuständige Aufsichtsbehörde erhält lediglich eine Abschrift der Stellungnahme an den Landesbeauftragten für den Datenschutz. Im übertragenen Wirkungskreis sind Weisungen der Fachaufsichtsbehörde zu beachten.

Stellen der unmittelbaren Landesverwaltung geben Stellungnahmen zu Beanstandungen des Landesbeauftragten für den Datenschutz auf dem Dienstweg ab.

25. Zu § 25 (Automatisierte Verfahren mittels mobiler personenbezogener Datenträger)

25.1 Zulässigkeit des Verfahrens

Automatisierte Verfahren, die auf mobilen personenbezogenen Datenträgern oder durch solche Datenträger ablaufen, dürfen von öffentlichen Stellen nur unter den Voraussetzungen der Nrn. 1 bis 3 eingesetzt werden. Ein Verfahren läuft auf dem Datenträger ab, wenn auf diesem selbst Daten der betroffenen Person verarbeitet werden. Es handelt sich hierbei um intelligente Datenträger (insbesondere Chipkarten), die § 6c Abs. 1 BDSG als mobile personenbezogene Speicher- und Verarbeitungsmedien definiert. Durch mobile personenbezogene Datenträger laufen Verfahren ab, soweit die Verwendung von intelligenten Datenträgern durch die Betroffenen korrespondierend zu den auf den Datenträgern stattfindenden Prozessen zur automatisierten Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Daten bei einer öffentlichen Stelle führt (z. B. Führung sogenannter Schattenkonten). Aber auch die Verwendung nicht intelligenter mobiler personenbezogener Datenträger (z. B. Magnetkarten, nur maschinenlesbare Ausweise) durch die Betroffenen kann die automatische Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen auslösen, z. B. bei der Arbeitszeiterfassung.

25.1.1 Zulassung durch oder aufgrund einer Rechtsvorschrift

Der Einsatz des Verfahrens ist durch Rechtsvorschrift vorgesehen, wenn ein Gesetz, eine Verordnung, eine Satzung oder gegebenenfalls auch eine Dienstvereinbarung dies vorsieht. Regelt eine Rechtsvorschrift nicht unmittelbar den Einsatz mobiler personenbezogener Datenträger, sondern lässt lediglich die Umsetzung einer Rechtsvorschrift den Einsatz solcher Datenträger geboten erscheinen, ist ein entsprechendes Verfahren als aufgrund einer Rechtsvorschrift vorgesehen zu betrachten. Dies gilt z. B.:

a) für die automatisierte Arbeitszeiterfassung, insbesondere im Hinblick auf die Regelungen des § 5 der Arbeitszeitverordnung zur gleitenden Arbeitszeit. Voraussetzung ist weiter, dass der Personalrat der elektronischen Zeiterfassung gemäß § 69 Nr. 3 des PersVG LSA zugestimmt hat;

b) wenn auf der Basis des Gesetzes zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an den modernen Rechtsgeschäftsverkehr vom 13.7.2001 (BGBl. I S. 1542) oder vergleichbarer Regelungen im VwVfG LSA, im SGB X, in der AO elektronische Signaturen zum Einsatz kommen. Dies setzt voraus, dass die Arbeitsplätze der davon betroffenen Bediensteten mit chipkartenbasierten kryptographischen Schlüsseln und entsprechenden Zertifikaten ausgestattet sind;

c) wenn es sich um eine erforderliche technische Maßnahme im Sinne des § 6 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 4 und 5 zur Gewährleistung der Authentizität und Revisionsfähigkeit verarbeiteter oder genutzter personenbezogener Daten handelt.

Soweit öffentliche Bedienstete zu Zwecken der Zeiterfassung oder des e-Government mobile personenbezogene Datenträger zu verwenden haben, liegt dies im Übrigen im Rahmen des Direktionsrechts des Dienstherrn oder Arbeitgebers. Auch hierdurch ist der Einsatz der Datenträger als aufgrund einer Rechtsvorschrift vorgesehen anzusehen.

25.1.2 Einwilligung

Mit Einwilligung (§ 4) der Betroffenen ist der Einsatz von Verfahren mittels mobiler personenbezogener Datenträger stets zulässig.

25.1.3 Kontrolle von Zugangs- und Zugriffsberechtigungen

Nr. 3 regelt ausdrücklich die Zulässigkeit des Einsatzes von Verfahren mittels mobiler personenbezogener Datenträger zur Kontrolle von Zugangs- oder Zugriffsberechtigungen, z. B. im Rahmen der Objektsicherung oder technisch-organisatorischer Maßnahmen nach § 6.

25.2 Grenzen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung

Es dürfen im Rahmen des Verfahrens nicht mehr personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, als zur Erreichung des nach Abs. 1 zulässigen Zwecks erforderlich sind. Die Regelung konkretisiert das Prinzip der Datensparsamkeit (Nr. 1.2).

25.3 Transparenz des Verfahrens

Betroffene, die mobile personenbezogene Datenträger gegenüber öffentlichen Stellen verwenden, müssen darauf vertrauen können, dass mit ihren Daten ordnungsgemäß umgegangen und ein Missbrauch des Datenträgers durch Unbefugte verhindert wird. Um sich hiervon überzeugen zu können, muss das Verfahren für die Betroffenen transparent sein. Dies setzt Folgendes voraus:

25.3.1 Unterrichtung über die Stelle, die das Verfahren einsetzt

Die Betroffenen müssen Kenntnis über die Identität und die Anschrift der Stelle haben, die das jeweilige Verfahren einsetzt. Multifunktionale mobile personenbezogene Datenträger (z. B. Chipkarten) können durchaus für Verfahren verschiedener Stellen (auch öffentlicher oder nicht-öffentlicher Stellen nebeneinander) eingesetzt werden. Die das Verfahren einsetzende Stelle muss auch nicht mit der ausgebenden Stelle identisch sein.

25.3.2 Unterrichtung über die Funktionsweise

Die Betroffenen müssen darüber unterrichtet sein, wie der Datenträger funktioniert und welche Art von Daten, nicht welches einzelne Datum, verarbeitet wird.

25.3.3 Unterrichtung über die Möglichkeit der Wahrnehmung von Rechten

Die Betroffenen müssen unterrichtet sein, wie sie ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung geltend machen können. Hierzu gehört es, dass die das jeweilige Verfahren einsetzende Stelle den Betroffenen die Möglichkeit gibt, sich über die auf dem Datenträger gespeicherten Daten zu informieren, z. B. durch das Vorhalten von Lesegeräten im erforderlichen Umfang.

25.3.4 Unterrichtung über Maßnahmen bei Verlust oder Zerstörung

Die Betroffenen müssen wissen, was bei Verlust oder Zerstörung des Datenträgers zu veranlassen ist. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass Unbefugte den Datenträger verwenden, dass Unbefugten unter Umständen auf dem Datenträger gespeicherte Daten zur Kenntnis gelangen oder mittels des Datenträgers gespeicherte Daten nicht mehr aktuell gehalten werden können.

25.4 Erkennbarkeit ablaufender Prozesse

Der Vorgang des Erhebens, Verarbeitens oder Nutzens mittels mobiler personenbezogener Datenträger muss für die Betroffenen erkennbar sein. Es darf beim Einsatz mobiler personenbezogener Datenträger keine heimliche Informationsbeschaffung geben. Auch dürfen Prozesse für die Betroffenen nicht ungewollt ablaufen, etwa durch Abbuchung von einem Guthabenkonto, ohne dass die Betroffenen dies merken können. Nicht gefordert ist, dass die Betroffenen stets auch erkennen, welche Daten im Einzelnen erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Der Vorgang des Erhebens, Verarbeitens oder Nutzens ist für Betroffene stets erkennbar, wenn sie gezielt handeln müssen, z. B. beim Eingeben des Datenträgers in ein dafür bestimmtes Eingabegerät. Im Falle berührungsloser Funktion ist der Vorgang durch entsprechenden Hinweis erkennbar zu machen, z. B. durch ein akustisches Signal. Nur in Ausnahmefällen wird ein deutlicher und unübersehbarer schriftlicher Hinweis genügen.

26. Zu § 26 (Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung besonders geschützter personenbezogener Daten)

26.1.1 Umgang mit Daten besonderer Art

Satz 1 führt die Fallgestaltungen abschließend auf, bei denen Daten besonderer Art (Nr. 2.1.2) erhoben, verarbeitet oder genutzt werden dürfen. Die Regelung stellt ab auf die verantwortliche Stelle, also diejenige öffentliche Stelle, die diese Daten zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben erhebt, verarbeitet oder nutzt. Gleichwohl steht die Regelung einer Übermittlung an eine andere öffentliche Stelle nicht entgegen, soweit diese Stelle die Daten auch selbst nach Maßgabe des § 26 Abs. 1 oder vergleichbarer Regelungen erheben, verarbeiten oder nutzen darf. Dies gilt entsprechend für die Übermittlung an nicht-öffentliche Stellen, wobei die Fälle der Nrn. 1 bis 4 ohnehin unproblematisch sind. In Fällen der Nrn. 5 und 8 gehört die Übermittlung im Übrigen regelmäßig zur Aufgabe der übermittelnden Stelle.

26.1.1.1 Rechtsvorschrift

Die erste Alternative der Nr. 1 regelt deklaratorisch den durch besondere Rechtsvorschrift normierten Fall der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung solcher Daten. Die zweite Alternative der Nr. 1 stellt auf ältere Rechtsvorschriften ab, die den Umgang mit sensiblen Daten nicht ausdrücklich regeln, aber zwingend voraussetzen.

26.1.1.6 Forschungszwecke

Personenbezogene Daten besonderer Art dürfen im Rahmen des Erforderlichen zu Forschungszwecken erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Von einem solchen Umgang mit personenbezogenen Daten geht grundsätzlich keine besondere Gefährdung der Persönlichkeitssphäre der Betroffenen aus. Die Befugnis zur Übermittlung an andere öffentliche oder auch nichtöffentliche mit wissenschaftlicher Forschung befasste Stellen ergibt sich aus dem Verweis auf § 27 oder vergleichbare gesetzliche Regelungen. Solche Regelungen enthalten spezielle Forschungsklauseln in Fachgesetzen, aber auch die allgemeinen Forschungsklauseln im BDSG und in anderen Landesdatenschutzgesetzen. Bei der Übermittlung von Daten aus dem Verwaltungsvollzug müssen stets die Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 Nr. 9 erfüllt sein.

26.1.1.7 Öffentliche Auszeichnungen

Für Zwecke öffentlicher Auszeichnungen müssen auch Daten besonderer Art erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, um Art, Dauer und Qualität von besonderen Leistungen und Verdiensten sowie die Würdigung von Personen, die eine öffentliche Auszeichnung erhalten sollen, festzustellen. Zur Übermittlung siehe Nr. 30a.2.

26.1.2 Zwecke der Gefahrenabwehr oder der Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten

Inwieweit zu diesen Zwecken personenbezogene Daten besonderer Art erhoben, verarbeitet oder genutzt werden dürfen, bestimmt sich nach den hierfür einschlägigen Gesetzen. Satz 2 nimmt daher diese Aufgabenbereiche von der Anwendbarkeit des Satzes 1 aus.

26.2 Personenbezogene Daten, die Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen unterliegen

Personenbezogene Daten, die Berufsoder besonderen Amtsgeheimnissen unterliegen, können auch Daten besonderer Art sein; in diesem Fall hat die verantwortliche Stelle auch Abs. 1 zu beachten. Besondere Berufsgeheimnisse können auf einer gesetzlichen Grundlage oder auf Standesrecht beruhen. Zur Wahrung von Berufsgeheimnissen sind insbesondere die in § 203 Abs. 1 StGB genannten Berufsinhaber z. B. Ärzte, Apotheker, Berufspsychologen, Rechtsanwälte, Steuerberater, Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen verpflichtet. Besondere Amtsgeheimnisse bestehen z. B. nach § 30 AO (Steuergeheimnis), § 35 SGB I (Sozialgeheimnis) und § 16 BStatG (Statistikgeheimnis).

26.2.1 Verlängerter Geheimnisschutz

Die Stelle, der durch ein Berufs- oder besonderes Amtsgeheimnis geschützte Daten von der zur Verschwiegenheit verpflichteten Stelle zur Verfügung gestellt worden sind, ist bei der Verarbeitung oder Nutzung der geheimnisgeschützten Daten an den Zweck gebunden, zu dem sie die Daten erhalten hat. Dies gilt bei Datenweitergabe innerhalb der verantwortlichen Stelle auch für die Person oder Organisationseinheit, die dem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis nicht unmittelbar unterliegt, aber an die vom Geheimnisverpflichteten die besonders geschützten Daten weitergegeben worden sind. Die Zweckbindung gilt auch für eventuelle Empfänger, an die die verantwortliche Stelle die vom Geheimnisverpflichteten erhaltenen Daten übermittelt oder weitergibt.

26.2.3 Ausschluss allgemeiner Zweckdurchbrechungsregelungen

Die in Satz 1 festgelegte Zweckbindung darf nur auf Grund einer besonderen gesetzlichen Regelung durchbrochen werden. Satz 3 verdrängt die allgemeine Zweckdurchbrechungsregelung des § 10 Abs. 2.

27. Zu § 27 (Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Forschungseinrichtungen)

Allgemeines

Adressaten der Regelung sind nur öffentliche Forschungseinrichtungen, die für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung personenbezogene Daten verarbeiten oder nutzen, nicht dagegen andere öffentliche Stellen, die personenbezogene Daten für Zwecke der Forschung bereitstellen. Die Nutzung und Übermittlung personenbezogener Daten aus dem Verwaltungsvollzug für Forschungszwecke regelt z. B. § 10 Abs. 2 Nr. 9, gegebenenfalls i. V. m. §§ 11 und 12.

27.1 Ausschließliche Verarbeitung oder Nutzung für den Erhebungszweck

Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erhobene oder gespeicherte personenbezogene Daten dürfen ausschließlich für diese Zwecke verarbeitet oder genutzt werden. Eine Nutzung der Daten zu Zwecken des Verwaltungsvollzugs ist ausgeschlossen.

27.4 Ausschluss der Übermittlung

Es ist grundsätzlich ausgeschlossen, dass die wissenschaftliche Forschung betreibenden Stellen bei der Darstellung von Forschungsergebnissen personenbezogene Daten übermitteln, insbesondere durch Veröffentlichung.

27.4.1 Einwilligung

Die Beschränkung der Übermittlung, etwa in Form der Veröffentlichung gilt nicht, wenn der Betroffene eingewilligt hat.

27.4.2 Ergebnisse der Zeitgeschichte

Die personenbezogene Übermittlung, insbesondere durch Veröffentlichung, ist zulässig, soweit dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist, z. B. bei Angaben über Personen des öffentlichen Lebens.

28. Zu § 28 (Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Personal- und Bewerberdaten)

Umgang mit Personal- und Bewerberdaten § 28 regelt in Abs. 1 allgemein den Umgang öffentlicher Stellen mit Personaldaten. Adressaten der Regelung sind die in § 3 Abs. 1 bezeichneten öffentlichen Stellen. Erfasst sind nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 ferner öffentliche Wettbewerbsunternehmen sowie nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 die öffentlichrechtlichen Kreditinstitute und Versicherungsanstalten. Besonderheiten ergeben sich aus den Abs. 2 bis 4.

28.1. Gleiche Regelungen für Arbeitgeber und Dienstherren

28.1.1 Personalaktendaten

Im Interesse der Rechtseinheitlichkeit gelten für das Erheben, Verarbeiten oder Nutzen von Personaldaten über Angestellte, Arbeiter und Auszubildende, die in einem privatrechtlich ausgestalteten Ausbildungsverhältnis stehen, grundsätzlich die §§ 84 – 91 des Landesbeamtengesetzes (LBG LSA) vom 15.12.2009 (GVBl. LSA S. 648) entsprechend; also gelten die gleichen Regelungen wie für Beamte. Diese Vorschriften des LBG LSA regeln fast ausschließlich den Umgang mit Personalakten und Personalaktendaten. Personalaktendaten sind nur solche Daten, die mit dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis in einem unmittelbaren inneren Zusammenhang stehen und daher ihrem Wesen nach Bestandteil der Personalakte sind. Es gilt der materielle Personalaktenbegriff. Welche Unterlagen Bestandteile der Personalakte sind, ist in der LT-Drs. 2/3306 vom 12.3.1997 aufgeführt.

Für die Aufnahme und Entfernung von Unterlagen ergeben sich aus dem Arbeits- und Tarifrecht einzelne Besonderheiten. Vorgänge, die zu einer Abmahnung, Änderungskündigung oder bei Bewährungsaufstieg zur Feststellung der Nichtbewährung geführt haben, müssen in der Personalakte verbleiben, soweit sie für im weiteren Verlauf des Arbeitsverhältnisses gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen (Abmahnung, Änderungskündigung oder Kündigung) noch benötigt werden.

Für genetische Untersuchungen im Arbeitsleben gelten nach § 3 Abs. 3 dieses Gesetzes vorgehende Regelungen des Gendiagnostikgesetzes. Bei verständiger Auslegung der einschlägigen Vorschriften des LBG LSA, insbesondere der §§ 10, 49 und 84 bis 91, sowie unter Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsprechung müssen die Verbote genetischer Untersuchungen nach §§ 19 und 20 sowie arbeitsrechtlicher Benachteiligungen nach § 21 des Gendiagnostikgesetzes auch bei Personen Beachtung finden, die sich in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Land oder zu einer der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts stehen oder sich für ein solches Dienstverhältnis beworben haben.

28.1.2 Personaldaten, die nicht Personalaktendaten sind

Für den Umgang mit sonstigen Personaldaten, die nicht Personalaktendaten sind (z. B. in Unterlagen über die Geschäftsverteilung, über Organisationsuntersuchungen, Stellenbesetzungen) gelten grundsätzlich die allgemeinen Regelungen des DSGLSA. Es handelt sich um Sachaktendaten. Letztlich liegt der Unterscheidung von Sach- und Personalaktendaten eine von der Fürsorgepflicht des Dienstherrn gesteuerte Wertung zu Grunde. Allerdings ist § 90 Abs. 4 Satz 1 BG LSA zu berücksichtigen, der in seiner Anwendung nicht auf Personalaktendaten beschränkt ist. Diese Vorschrift bestimmt, dass der Dienstherr oder Arbeitgeber über Bedienstete oder Bewerber personenbezogene Daten nur erheben darf, soweit dies zur Begründung, Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des Dienstoder Arbeitsverhältnisses oder zur Durchführung organisatorischer, personeller oder sozialer Maßnahmen, insbesondere auch zu Zwecken der Personalplanung und des Personaleinsatzes, erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift dieses erlaubt. Die Regelung erfasst z. B. auch die Erhebung von Daten für Personalverzeichnisse oder im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung; letztere sollte aber soweit möglich mit aggregierten Daten durchgeführt werden. Die Vorschrift geht der allgemeinen Erhebungsregelung des § 9 Abs. 1 vor. Die Zulässigkeit der nachfolgenden Verarbeitung oder Nutzung derjenigen Daten über Bedienstete, die nicht Personalaktendaten sind, beurteilt sich mangels bereichsspezifischer Regelungen nach §§ 10 bis 13, 15 und 16. Dabei ist zu beachten, dass aus § 10 Abs. 1 für die nachfolgende Speicherung, Veränderung und Nutzung der Daten grundsätzlich die Bindung an den Erhebungszweck folgt.

28.2 Anforderung von Befunden bei Einstellung

Die mit einer Einstellungsuntersuchung beauftragten Ärzte oder Psychologen dürfen der Einstellungsbehörde Befunde nur mit Einwilligung Betroffener zuleiten. Diese Einschränkung besteht nicht ausdrücklich, wenn entsprechende Untersuchungen im Laufe eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses vorgenommen werden, z. B. bei Prüfung der Dienstunfähigkeit von Beamten. Schon aus dem Erforderlichkeitsprinzip ergibt sich, dass nicht mehr Daten als erforderlich angefordert werden dürfen.

28.3 Daten abgelehnter Bewerber

Bei erfolglosen Bewerbungen sind die vor der Eingehung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses erhobenen Daten der Bewerber zu löschen. Von der Löschung kann mit Einwilligung (Nr. 4.2) der Betroffenen abgewichen werden. Die Löschung erfolgt am besten durch Rückgabe der Bewerbungsunterlagen; in diesem Fall wird nur das Bewerbungsschreiben zur Akte genommen.

29. Zu § 29 (Fernmessen und Fernwirken)

Allgemeines

Fernmessen liegt vor, wenn ferngesteuert oder –beobachtet Verbrauchsmessungen erfolgen. Fernwirken ist Fernschalten oder Ferneinstellen. § 29 trifft hierfür Sonderregelungen, soweit die Vorgänge in Wohnungen oder Geschäftsräumen erfolgen.

Sofern abweichende Regelungen z. B. in Verordnungen über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser, Fernwärme usw. getroffen werden, gehen diese Regelungen vor (Nummer 3.3).

29.1.1/2 Informierte Einwilligung

Das Fernmessen oder Fernwirken in Wohnungen oder Geschäftsräumen bedarf der Einwilligung der Betroffenen. Die Betroffenen müssen über den Zweck des Dienstes sowie über die Art, den Umfang und den Zeitraum des Einsatzes unterrichtet sein. Im Übrigen müssen die Anforderungen des § 4 Abs. 2 erfüllt sein.

29.1.3.1 Erkennbarkeit

Fernmess- und Fernwirkdienste dürfen nicht eingerichtet werden, wenn die Betroffenen nicht erkennen können, wann ein Dienst in Anspruch genommen wird und welcher Art dieser Dienst ist. Es soll im Interesse des Persönlichkeitsschutzes keine heimliche Informationsbeschaffung geben.

29.1.3.2 Sonderregelung für Versorgungsunternehmen

Das Erfordernis der Erkennbarkeit einzelner Aktionen des Fernmessoder Fernwirkdienstes besteht wegen der geringeren Sensibilität der abgerufenen Daten (Verbrauchsangaben) nicht für Versorgungsunternehmen.

29.1.4/5 Widerruf der Einwilligung

Die Einwilligung nach Satz 1 zum Einsatz von Einrichtungen zum Fernmessen oder Fernwirken kann grundsätzlich jederzeit widerrufen werden. Dies gilt nicht, soweit der Widerruf mit der Zweckbestimmung des Dienstes nicht vereinbar ist. Der Widerruf der Einwilligung kann auch durch schlüssiges Handeln, etwa das Abschalten des Dienstes, erfolgen.

29.2 Folgen des Widerrufs

29.2.1 Verbot des Leistungsausschlusses

Weigern sich Betroffene, in Fällen des Satzes 1 in das Fernmessen oder Fernwirken einzuwilligen, darf dies nicht zum Leistungsausschluss führen.

29.2.2 Mehrkosten

Die Betroffenen können mit den Mehrkosten belastet werden, die dadurch entstehen, dass sie den Fernmess- oder Fernwirkdienst nicht zulassen, z. B. mit höheren Kosten einer Zählerablesung vor Ort.

29.3 Zweckbindung

29.3.1 Ausschluss der Zweckänderung

Personenbezogene Daten, die durch Fernmess- oder Fernwirkdienste erhoben werden, dürfen nur zu den vereinbarten Zwecken verarbeitet oder genutzt werden. Eine Zweckänderung nach § 10 Abs. 2 ist vorbehaltlich besonderer Rechtsvorschriften oder der Einwilligung der Betroffenen unzulässig.

29.3.2 Löschung nach Zweckerreichung

Die durch Fernmessung oder Fernwirkung erhobenen personenbezogenen Daten sind zu löschen, sobald sie zur Erfüllung des damit verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich sind, also spätestens nach Begleichung der abgerechneten Kosten. Dies ist eine Sonderregelung zu § 16 Abs. 2.

30. Zu § 30 (Optisch-elektronische Beobachtung)

Allgemeines

Die Vorschrift trifft nur Regelungen zur Beobachtung öffentlich zugänglicher Bereiche (Nr. 30.1) mittels optischelektronischer Einrichtungen, insbesondere durch Videotechnik. Eine Legaldefinition des öffentlichen Bereiches gibt es nicht. Entscheidend ist, ob die Bereiche für den öffentlichen Verkehr gewidmet worden sind oder dazu dienen, von jedermann genutzt und betreten zu werden. Betroffen sind also z. B. Schalterhallen in Rathäusern, Ausstellungsräume in Museen und Eingangsbereiche öffentlicher Gebäude. Es ist unerheblich, ob der Bereich überdacht ist oder sich unter freiem Himmel befindet. Bereichsspezifische Regelungen zur optisch-elektronischen Beobachtung, z. B. nach dem SOG LSA, betreffen andere Sachverhalte und bleiben unberührt. § 30 gilt auch nicht für die optisch-elektronische Beobachtung zu Zwecken der Verkehrslenkung und –beobachtung. Hierfür bedarf es keiner besonderen Befugnis. Für diese Zwecke werden Übersichtsaufnahmen gefertigt, die in keinem Fall Eingriffsqualität haben. Die Vorschrift gilt auch nicht für die Aufzeichnung von Verstößen gegen straßenverkehrsrechtliche Bestimmungen; solche Aufzeichnungen sind zulässige Beweismittel nach der Strafprozessordnung oder dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten i. d. F. der Bek. vom 19.2.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Art. 24 des Gesetzes vom 22.12.2006 (BGBl. I S. 3416), in der jeweils geltenden Fassung.

§ 30 regelt nicht die Zulässigkeit der Beobachtung mittels optischelektronischer Einrichtungen von solchen Bereichen, die nicht öffentlich zugänglich sind. Der Einsatz entsprechender Technik in nicht öffentlich zugänglichen Bereichen ist grundsätzlich als zulässig anzusehen; er bedarf keiner besonderen Ermächtigung. Sofern jedoch Mitarbeiter öffentlicher Stellen in nicht öffentlich zugänglichen Bereichen vom Einsatz entsprechender Technik betroffen sind, müssen die von der Rechtsprechung hierzu aufgestellten engen Anforderungen erfüllt sein.

Gesetzliche Regelungen über den Einsatz von Einrichtungen zur optischelektronischen Beobachtung am Arbeitsplatz gibt es noch nicht. Grundsätzlich gilt Folgendes:

a) Eine verdeckt und ohne Wissen des Arbeitnehmers durchgeführte Videoüberwachung stellt nach der gefestigten Rechtssprechung des Bundesarbeitsgerichts einen unzulässigen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers dar, wenn keine überwiegenden schutzwürdigen Interessen des Arbeitgebers ersichtlich sind, vgl. Urteil des BAG vom 7.10.1987 – 5 AZR 116/86 (BB 1988 S. 137).

b) Das einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht rechtfertigende schutzwürdige Interesse des Arbeitgebers muss durch konkrete Anhaltspunkte und Verdachtsmomente belegt sein. Eine vage Vermutung oder ein pauschaler Verdacht gegen die gesamte Belegschaft genügt den Anforderungen nicht.

c) Eine unter diesen Voraussetzungen statthafte Videoüberwachung ist grundsätzlich offen mittels einer sichtbaren Anlage und nach vorheriger Information der Belegschaft durchzuführen.

d) Eine Überwachung durch verdeckte Kameras ist als ultima ratio nur dann zulässig, wenn dieses Mittel die einzige Möglichkeit darstellt, berechtigte und schützenswerte Interessen des Arbeitgebers zu wahren.

e) Die Videoüberwachung unterliegt der Mitbestimmung des Personalrates nach § 69 Nr. 3 des PersVG LSA. Eine unzulässige Videoüberwachung wird durch eine Zustimmung des Personalrates nicht legitimiert, vgl. Urteil des BAG vom 15.5.1991 – 5 AZR 115/90 (NZA 1992 S. 43).

f) Die durch eine rechtswidrige Überwachung gewonnenen Erkenntnisse unterliegen einem Verwertungsverbot.

30.1 Voraussetzungen für die Beobachtung mittels optischelektronischer Einrichtungen

Bei optisch-elektronischer Beobachtung werden Verhaltensweisen Betroffener zur Kenntnis genommen. Dies kann Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen. Aus diesem Grund begrenzt Abs. 1 für öffentliche Stellen die Befugnis zur Beobachtung durch optisch-elektronische Einrichtungen auf öffentlich zugängliche Bereiche. Darüber hinaus wird die Beobachtung mittels solcher Einrichtungen davon abhängig gemacht, dass sie für einen von drei enumerativ aufgeführten Zwecken erforderlich ist. Der Einsatz eines Mittels ist nur erforderlich, wenn dies auch verhältnismäßig ist. Die Pflicht zur Beachtung dieses Grundsatzes wird in der Weise konkretisiert, dass schutzwürdige Interessen der Personen, die sich im Aufnahmebereich der optischelektronischen Einrichtung befinden, nicht überwiegen dürfen. Eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen Betroffener kann z. B. vorliegen, wenn sich die Beobachtung auf Nachbargrundstücke erstreckt. Dies wäre aber auch der Fall, wenn z. B. Umkleideräume in Badeanstalten per Videotechnik überwacht würden.

30.1.1 Wahrnehmung des Hausrechts

Das Hausrecht gibt die Befugnis darüber zu entscheiden, wer abgeschlossene Räume oder befriedetes Besitztum betreten darf, um unbefugtes Betreten zu verhindern. Das Hausrecht schließt grundsätzlich die Befugnis ein, durch Einsatz von Videotechnik in unübersichtlichen Bereichen einer öffentlichen Einrichtung Dritte vor dem Risiko zu schützen, einer Straftat ausgesetzt zu sein.

30.1.2 Schutz des öffentlichen Eigentums oder Besitzes

Nummer 2 lässt die optischelektronische Beobachtung zum Schutz des (öffentlichen) Eigentums oder Besitzes zu. Hierzu gehört der Schutz vor Sachbeschädigungen und Diebstahl bei öffentlichen Stellen; dazu gehören z. B. auch Museen.

30.1.3 Kontrolle von Zugangsberechtigungen

Die Zugangskontrolle ist in vielen Fällen Ausfluss des Hausrechts und erfasst z. B. die Abschottung sensibler Bereiche innerhalb eines Verwaltungsgebäudes (Sicherheitsbereiche).

30.2 Transparenz

Grundsätzlich muss eine Erhebung, sofern sie nicht Zwecken der Strafverfolgung oder Gefahrenabwehr dient, offen und für die Betroffenen erkennbar sein. Dies gilt auch bei optischelektronischer Beobachtung. Für die Personen, die sich im Aufnahmebereich optisch-elektronischer Einrichtungen befinden, muss die Tatsache oder zumindest die Möglichkeit der Beobachtung erkennbar sein. Dies ist der Fall, wenn

a) der einzelne Beobachtungsvorgang unmittelbar wahrnehmbar ist,

b) auf die Beobachtung durch deutlich sichtbare Schilder (z. B. Piktogramme, bei Bedarf mehrsprachige Texte) oder in sonstiger Weise hingewiesen wird oder

c) die optisch-elektronische Einrichtung deutlich sichtbar installiert ist.

Ein ausdrücklicher Hinweis auf die verantwortliche Stelle ist nur dann erforderlich, wenn Betroffene sonst nicht erkennen können, an welche Stelle sie sich im Beschwerdefall wenden können.

30.3.1 Zweckbindung

Satz 1 legt fest, dass bei Beobachtung mittels optisch-elektronischer Einrichtungen personenbezogene Daten nur erhoben oder gespeichert werden dürfen, wenn dies zur Erreichung des Zwecks der Beobachtung erforderlich oder technisch unvermeidlich (z. B. bei Erfassung Unbeteiligter) ist. Daten werden erst dann personenbezogen erhoben und gespeichert, wenn sie einer bestimmten Person zugeordnet werden. Werden keine Aufzeichnungen gefertigt, ist dies nur selten der Fall. Liegen Aufzeichnungen vor, besteht ein Personenbezug nur, wenn nach Art der Aufnahmetechnik ein solcher Bezug herstellbar ist. Grundsätzlich ist eine Verarbeitung oder Nutzung nur zum Zweck der Erhebung zulässig.

30.3.2 Zweckänderung

Eine Zweckänderung kommt nur entsprechend § 10 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 und 6 bis 8 in Betracht. Danach kann z. B. Betroffenen oder Dritten Beweismaterial zur Verfügung gestellt werden, wenn gelegentlich einer zulässigen Beobachtung mittels optischelektronischer Einrichtungen eine unerlaubte Handlung, die zu einem erheblichen Gesundheits- oder Vermögensschaden geführt hat, dokumentiert wurde. Ist es dagegen Zweck einer nach Abs. 1 Nrn. 1 oder 2 zulässigen Beobachtung, unerlaubte oder strafbare Handlungen zu dokumentieren, ist die Verwendung personenbezogener Daten zur Verfolgung zivilrechtlicher Ansprüche oder zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zweckidentisch. Ein Rückgriff auf Zweckdurchbrechungstatbestände des § 10 Abs. 2 Nrn. 6 bis 8 ist hier entbehrlich.

30.4 Löschung

Satz 1 ist eine Sonderregelung im Verhältnis zu § 16 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2. Die Löschungspflicht besteht unabhängig davon, ob die Aufzeichnungen personenbezogen sind. Die Pflicht zur unverzüglichen Löschung trägt dem vorrangigen Interesse der Betroffenen Rechnung, Aufzeichnungen nicht länger zu speichern, als dies für die Zwecke erforderlich ist, zu denen die Aufzeichnungen erfolgt sind. Es ist keine genau terminierte Löschungsfrist vorgegeben. Die Frist ist nach den Besonderheiten des Einzelfalls festzulegen; diese Festlegung ist gerichtlich nachprüfbar. In vielen Fällen dürfte es ausreichen, Aufzeichnungen in kurzen Zeitabständen (wenige Stunden bis maximal wenige Tage) durch automatisches Überschreiben zu löschen. Ist ein Sachverhalt dokumentiert, der Anlass der Beobachtung war, sollte – soweit dies technisch möglich ist – zu Zwecken der Beweissicherung nur die entsprechende Passage auf längere Zeit gespeichert bleiben.

Nur in Ausnahmefällen dürften schutzwürdige Interessen Betroffener eine Löschung vor Zweckerreichung erfordern.

30a. Zu § 30a (Öffentliche Auszeichnungen)

30a. Verhältnis des § 30a zu allgemeinen Regelungen des Gesetzes

Soweit § 30a keine Sonderregelungen trifft, gelten für den Umgang mit Daten, die zu Zwecken öffentlicher Auszeichnung erhoben werden, die allgemeinen Regelungen des Gesetzes, insbesondere zum Umfang zulässiger Erhebung.

30a.1.1 Diskretion bei der Vorbereitung von Auszeichnungen

Satz 1 lässt die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten ohne Kenntnis der Betroffenen zu, um bei diesen Personen keine Erwartungshaltung und im Falle der Nichtauszeichnung Enttäuschung auszulösen. Soweit für Zwecke der Vorbereitung einer Auszeichnung im Einzelfall personenbezogene Daten besonderer Art benötigt werden, siehe Nr. 26.1.1.7.

30a.1.2 Zweckbindung

Die für Zwecke öffentlicher Auszeichnungen erhobenen und gespeicherten Daten unterliegen einer strengen Zweckbindung. Abs. 2 verdrängt die allgemeine Zweckdurchbrechungsregelung des § 10 Abs. 2, nicht aber § 10 Abs. 3. Zufallserkenntnisse dürfen grundsätzlich selbst dann nicht verwendet werden, wenn sie für andere Zwecke, z. B. der Strafverfolgung, benötigt werden.

30a.2 Übermittlungsbefugnis anderer öffentlicher Stellen

Es wird ausdrücklich klargestellt, dass andere öffentliche Stellen den für die Vorbereitung von Auszeichnungen zuständigen Stellen die hierfür erforderlichen Daten übermitteln dürfen.

30a.3 Ausschluss der Auskunftserteilung

Auskunft über in Verfahren der Auszeichnung gespeicherte Daten ist den Betroffenen nicht zu erteilen. Da keine Auskunft erteilt wird, erfolgt auch keine Benachrichtigung. Der Ausschluss der Benachrichtigung ergibt sich aus § 9 Abs. 5 Satz 3 Nr. 3.

31. Zu § 31 (Strafvorschriften)

Allgemeines

Auch für die Strafvorschriften des § 31 gilt die Subsidiaritätsklausel (Nr. 3.3). Soweit andere Strafnormen gleiches Handeln aus § 31 gleichgerichteten persönlichkeitsschützenden Gründen unter Strafandrohung stellen, verdrängen sie die Strafbestimmungen des DSG-LSA. In einem solchen Fall besteht sogenannte Gesetzeskonkurrenz oder Gesetzeseinheit. So verdrängt regelmäßig § 203 StGB bei der Verletzung von Privatgeheimnissen die Strafbewehrung nach § 31 Abs. 1 Nr. 1 wegen unzulässiger Übermittlung.

Die Feststellung, ob Gesetzeseinheit besteht, ist insoweit von Bedeutung, als z. B.

a) abweichend von § 31 Abs. 1 die vorrangige Strafnorm nicht nur Handeln, Dulden oder Unterlassen gegen Entgelt, in Bereicherungsoder Schädigungsabsicht unter Strafe stellen kann (z. B. § 203 Abs. 1 StGB),

b) das Strafantragsrecht abweichend von § 31 Abs. 3 auf den Verletzten beschränkt sein kann (z. B. § 205 Abs. 1 StGB).

Idealkonkurrenz ist z. B. möglich mit Straftatbeständen des StGB zur Computerkriminalität (§§ 263a, 268 bis 271, 274 StGB).

Die Strafvorschriften des § 31 sind grundsätzlich Blankettnormen. Ob ein Handeln, Dulden oder Unterlassen strafbewehrt ist, ergibt sich erst aus der Anwendung anderer Normen. Dies können sowohl Vorschriften des DSGLSA als auch andere nicht besonders strafbewehrte bereichsspezifische Datenschutzvorschriften des Landes oder des Bundes sein, z. B. Bestimmungen des SOG LSA. Die strafbewehrten Handlungen sind Vergehen im Sinne des § 12 StGB.

31.1 Allgemeines zu den Straftatbeständen des Abs. 1

Die Strafvorschrift des Abs. 1 greift nur, soweit sich die Tathandlungen auf personenbezogene Daten beziehen, die nicht allgemein zugänglich (Nr. 2.1.3) sind.

Es muss sich um qualifizierte Delikte handeln; der Täter muss also gegen Entgelt oder aus Bereicherungs- oder Schädigungsabsicht gehandelt haben. Entgelt ist nach § 11 Abs. 1 Nr. 9 StGB jede in einem Vermögensvorteil bestehende Geldleistung. Bereicherungsabsicht ist die Absicht, sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zu beschaffen. Schädigungsabsicht setzt den auf einen Schaden gerichteten Willen voraus.

Vom DSG-LSA sind personenbezogene Daten geschützt durch die materiellen Datenschutzvorschriften, insbesondere die §§ 9 bis 13, 15 und 16. Auch die Verletzung nicht gesondert strafbewehrter bereichsspezifischer Datenschutzvorschriften steht unter Strafandrohung. Dies wird durch den Hinweis auf andere Rechtsvorschriften über den Datenschutz klargestellt; dies trägt dem Bestimmtheitsgebot von Strafnormen Rechnung. § 4 Abs. 1 spricht für die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt aus. Die Erlaubnis zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung kann sich aus dem DSGLSA oder einer anderen Rechtsvorschrift (Nr. 3.3) ergeben; ansonsten ist die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung grundsätzlich unbefugt.

31.1.1 Unbefugtes Erheben, Verarbeiten oder Nutzen

Zu den Tathandlungen im Sinne des Abs. 1 Nr. 1 wird auf die Begriffsbestimmungen des § 2 verwiesen. Täter können grundsätzlich nur Personen sein, die bei der verantwortlichen Stelle oder ihrem Auftraggeber tätig sind. Dritte können Täter sein, wenn sich eine Verbotsnorm ausdrücklich an Dritte wendet.

31.1.2 Unbefugtes Bereithalten zum Abruf

Das unbefugte Bereithalten personenbezogener Daten zum Abruf durch Dritte mittels automatisierten Verfahrens ist strafbewehrt. Dies gilt nicht für behördeninterne Abrufmöglichkeiten; es fehlt das Merkmal der beabsichtigten Übermittlung an Dritte. Unter welchen Voraussetzungen die Einrichtung automatisierter Abrufverfahren zulässig ist, ergibt sich vorbehaltlich anderer Rechtsvorschriften (Nr. 3.3) aus § 7 Abs. 1 bis 3. Täter können grundsätzlich nur die bei der verantwortlichen Stelle tätigen Personen sein.

31.1.3 Unbefugtes Abrufen oder Verschaffen aus Dateien

Nummer 3 erfasst sowohl den unbefugten Abruf durch einen sonst zum Abruf berechtigten Dritten als auch den internen Abruf unter Verletzung des Datengeheimnisses durch eine bei der verantwortlichen Stelle beschäftigte Person. Entsprechendes gilt für die unbefugte Verschaffung personenbezogener Daten aus Dateien.

31.2 Weitere Straftatbestände

Absatz 2 stellt weitere Tathandlungen unter Strafe. Auch hier muss der Täter gegen Entgelt, in Bereicherungs- oder in Schädigungsabsicht gehandelt haben. Täter können grundsätzlich nur Personen sein, die nicht bei der verantwortlichen Stelle tätig sind.

31.2.1 Erschleichen der Übermittlung durch unrichtige Angaben

Unter Erschleichen ist das Vortäuschen der Übermittlungsvoraussetzungen durch unrichtige Angaben zu verstehen.

31.2.2 Unbefugte Zweckänderung durch Weiterübermittlung

Die unbefugte Zweckänderung ist nur im Falle der Weiterübermittlung strafbewehrt. Adressaten dieser Strafbestimmung sind im Falle des § 12 Abs. 4 Satz 1 ausschließlich nichtöffentliche Stellen, in Fällen des § 26 Abs. 2 Satz 1 nur öffentliche Stellen und in Fällen des § 27 Abs. 1 sowohl öffentliche als auch nicht-öffentliche Forschungseinrichtungen.

31.2.3 Unbefugtes Deanonymisieren

Eine unzulässiges Deanonymisieren kann sowohl bei öffentlichen wie nichtöffentlichen Forschungseinrichtungen erfolgen.

31.2.4 Verletzung der Verwendungsbeschränkung von durch die Verfassungsschutzbehörde übermittelten Daten

Von der Verfassungsschutzbehörde übermittelte Daten unterliegen der Zweckbindung. Verstößt ein Dritter, dem die Daten übermittelt worden sind (in § 18 Abs. 4 Satz 3 und 4 VerfSchGLSA noch als Empfänger bezeichnet) gegen die Zweckbindung, steht dies unter Strafandrohung.

31.3 Verfolgung der Tat

Die Tat wird grundsätzlich nur auf Antrag der Geschädigten verfolgt. Nur wenn ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht, kann die Strafverfolgungsbehörde von Amts wegen einschreiten. Daneben ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz berechtigt, Verstöße gegen Vorschriften über den Datenschutz anzuzeigen (§ 22 Abs. 8).

31a. Zu § 31a (Bußgeldvorschriften)

Allgemeines/Zuständigkeit

Für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist nach § 5 Nr. 9 der Verordnung über sachliche Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (ZustVO OWi) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.9.1994 (GVBl. LSA S. 956), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16.6.2008 (GVBl. LSA S. 208), das Landesverwaltungsamt zuständig.

31a.1/2 Ordnungswidrigkeitstatbestände

Die Ordnungswidrigkeitstatbestände der Abs. 1 und 2 entsprechen grundsätzlich den Straftatbeständen des § 31 Abs. 2; es fehlt aber das Merkmal der besonderen Verwerflichkeit (Handeln gegen Entgelt, in Bereicherungs- oder in Schädigungsabsicht).

32. Zu § 32 (Übergangsvorschriften)

32.1. Frühere Dateifestlegungen, Dateianordnungen oder Errichtungsanordnungen

32.1.1 Einstufung als Verfahrensverzeichnis

In der Vergangenheit waren Dateifestlegungen nach § 14 Abs. 2 Satz 2 (a. F.), Dateianordnungen nach § 13 Abs. 1 VerfSchG LSA und im Anwendungsbereich des SOG LSA Errichtungsanordnungen zu führen. Je nach Aufgabenbereich mussten einzelne öffentliche Stellen solche Unterlagen nebeneinander führen. An die Stelle dieser Unterlagen ist das Verfahrensverzeichnis nach § 14 Abs. 3 Satz 1 getreten. Um unnötigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden, werden die bisherigen Unterlagen nicht umgestellt; sie gelten als Verfahrensverzeichnis.

32.1.2/3 Ergänzung von als Verfahrensverzeichnis geltenden Unterlagen

Sofern in den bisherigen Unterlagen mehr Angaben enthalten sind, als nach § 14 Abs. 5 eingesehen werden können, wird das Einsichtsrecht entsprechend eingeschränkt. Sollte das Verzeichnis weniger Festlegungen enthalten, als § 14 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 9 vorsehen, sind die fehlenden Angaben erst bei der nächsten Fortschreibung oder im Fall der ersten Einsichtnahme nachzuholen.

33. Zu § 33 (Personenbezogene Daten aus ehemaligen Einrichtungen)

33.1 Verfügungsbefugnis über Datenbestände

Absatz 1 trifft eine Verfügungsregelung über Datenbestände aus der Hinterlassenschaft ehemaliger Einrichtungen der Deutschen Demokratischen Republik. Die Regelung erfasst nur lebende Datenbestände, also solche, die vor dem 3.10.1990 und außerdem nach ihrer Zweckbestimmung überwiegend für Verwaltungsaufgaben gespeichert waren. Die Anforderung überwiegend ist erfüllt, wenn die Datenbestände zu mehr als 50 v. H. für Verwaltungszwecke gespeichert waren. Für Datenbestände, die bereits vor dem 3.10.1990 archiviert waren, gelten die §§ 33 – 35 nicht. Ebenso verhält es sich mit Datenbeständen, die vor dem genannten Termin an das zuständige Verwaltungsarchiv im Sinne des § 9 der 1. Durchführungsbestimmung zur ArchivwesenVO vom 19.3.1976 (GBl. I S. 169) abgegeben wurden und dem zuständigen Endarchiv zustehen. Die Benutzung dieser Unterlagen richtet sich nach dem Archivrecht.

33.1.1 Träger öffentlicher Verwaltung

Soweit die Datenbestände vor der Wiedervereinigung Verwaltungsaufgaben dienten, die nach der heutigen Rechtsordnung vom Land, den Gemeinden, den Gemeindeverbänden oder sonstigen Trägern öffentlicher Verwaltung der mittelbaren Landesverwaltung wahrzunehmen sind, stehen die Daten nach Satz 1 demjenigen Träger öffentlicher Verwaltung zu, der jetzt für diese Verwaltungsaufgabe zuständig ist.

33.1.2 Verantwortliche Stelle

Nach Satz 2 bestimmt der zuständige Träger der öffentlichen Verwaltung die verantwortliche Stelle; die Regelung konkretisiert Pflichten nach § 14 Abs. 1.

33.2 Ehemalige Einrichtungen

Ehemalige staatliche oder wirtschaftsleitende Organe, Kombinate, Betriebe oder Einrichtungen sowie gesellschaftliche Organisationen der Deutschen Demokratischen Republik waren insbesondere:

a) Die Volksvertretungen, die zentralen und örtlichen Staatsorgane sowie deren nachgeordnete Einrichtungen (einschließlich der Gerichte, Strafvollzugs- und Polizeibehörden).

b) Die Parteien:

aa) Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED),

bb) Christlich-Demokratische Union (CDU),

cc) Liberal-Demokratische Partei Deutschlands (LDPD),

dd) National-Demokratische Partei Deutschlands (NDPD),

ee) Demokratische Bauernpartei Deutschlands (DBD).

c) Die mandatstragenden gesellschaftlichen Organisationen in den Volksvertretungen:

aa) die Nationale Front der DDR (NF),

bb) Freier Deutscher Gewerkschaftsbund (FDGB),

cc) Freie Deutsche Jugend (FDJ),

dd) Demokratischer Frauenbund Deutschlands (DFD),

ee) Kulturbund der DDR (KB),

ff) Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB),

gg) Konsumgenossenschaft der DDR (KG).

d) Sonstige Organisationen und Verbände:

aa) Arbeiter- und Bauerninspektion (ABI) einschließlich der Volkskontrollausschüsse,

bb) Blinden- und SehschwachenVerband der DDR (BSV),

cc) Bund der Architekten (BdA),

dd) Deutscher Turn- und Sportbund der DDR (DTSB),

ee) Deutsches Rotes Kreuz der DDR (DRK),

ff) Gehörlosen- und Schwerhörigen-Verband der DDR (GSV),

gg) Gesellschaft für DeutschSowjetische Freundschaft (DSF),

hh) Jagdgesellschaften,

ii) Kammer der Technik (KdT),

jj) Schriftstellerverband der DDR,

kk) Solidaritätskomitee der DDR,

ll) URANIA der DDR,

mm)Verband Bildender Künstler der DDR (VBK),

nn) Verband der Journalisten der DDR (VDJ),

oo) Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter (VKSK),

pp) Verband der Theaterschaffenden der DDR (VT),

qq) Vereinigung der Juristen der DDR (VdJ),

rr) Volkssolidarität (VS),

ss) wissenschaftliche und andere Gesellschaften.

e) Die paramilitärischen Organisationen:

aa) Gesellschaft für Sport und Technik (GST),

bb) Kampfgruppen der Arbeiterklasse.

34. Zu § 34 (Verarbeitung personenbezogener Daten aus ehemaligen Einrichtungen)

34.1 Datenspeicherung, -veränderung oder -nutzung

Satz 1 stellt bei Vorliegen der Voraussetzungen der Nrn. 1 bis 4 die verantwortliche Stelle bei der Speicherung, Veränderung oder Nutzung personenbezogener Daten aus ehemaligen Einrichtungen von den Anforderungen des § 10 Abs. 1 frei. Dies bedeutet, dass keine Bindung an den Zweck der Erhebung oder den Zweck der erstmaligen Speicherung besteht. Diese Abweichung hat ihren Grund darin, dass die Erfüllung öffentlicher Aufgaben in einem demokratischen Rechtsstaat nicht mit der in einem totalitären System gleichgesetzt werden kann; die aktuelle Aufgabenstellung hat sich zumindest inhaltlich verändert.

34.2 Als erstmalig gespeichert geltende Daten

Absatz 2 ist eine Sonderregelung im Verhältnis zu § 10 Abs. 1 Satz 2. Personenbezogene Daten, deren Verarbeitung und Nutzung nach Abs. 1 zulässig ist, gelten als für den nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bestimmten Zweck erstmalig gespeichert, z. B. Angaben über Gaststättenkonzessionen für Zwecke der Gaststättenaufsicht. Daten, die nach Abs. 1 zulässig gespeichert, verändert oder genutzt werden dürfen, können nach Maßgabe der §§ 11 bis 13 oder anderer Rechtsvorschriften (Nr. 3.3) auch übermittelt werden.

34.3 Ausschluss der Übermittlung überschießender Daten

Absatz 3 ist eine Sonderregelung im Verhältnis zu § 11 Abs. 5. Datenbestände im Sinne des § 33 Abs. 1 können zum Teil personenbezogene Daten enthalten, die zur Aufgabenerfüllung nicht benötigt werden oder nach heutigem Rechtsverständnis unzulässig erhoben oder gespeichert wären und deshalb nicht weiter verwendet werden dürfen. Im Interesse des Persönlichkeitsschutzes wird abweichend von § 11 Abs. 5 bestimmt, dass solche Daten selbst dann nicht an öffentliche Stellen mitübermittelt werden dürfen, wenn die Abtrennung der überschießenden Daten mit unvertretbarem Aufwand verbunden ist. Die vorherige Abtrennung oder Unkenntlichmachung solcher Daten ist zwingend.

35. Zu § 35 (Widerspruchsrecht)

35.2 Unterrichtung

Die Betroffenen können von ihrem Widerspruchsrecht tatsächlich nur Gebrauch machen, wenn sie über das Vorhandensein des Datenbestandes und die näheren Umstände der Speicherung unterrichtet sind. Grundsätzlich kann die Unterrichtung in allgemeiner Form, z. B. durch Veröffentlichung im einschlägigen amtlichen Verkündungsblatt oder in der Tagespresse erfolgen. Eine Einzelunterrichtung der Betroffenen erscheint wegen des damit verbundenen unverhältnismäßigen Aufwandes (Nr. 10.2.9) grundsätzlich nicht geboten. Die Einzelabwägung kann aber ergeben, dass schutzwürdige Belange der Betroffenen an einer Einzelunterrichtung überwiegen. Dies kann bei solchen personenbezogenen Daten der Fall sein, bei denen anzunehmen ist, dass sie unter Verstoß gegen die Menschenwürde erhoben worden sind.

36. In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Dieser RdErl. tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt der RdErl. zu Buchst. b außer Kraft. Dieser RdErl. tritt zehn Jahre nach seinem In-Kraft-Treten außer Kraft.

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An die Dienststellen der Landesverwaltung, Gemeinden und Landkreise, sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, sonstigen öffentlichen Stellen im Sinne des § 3 Abs. 1 DSG-LSA

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VV-DSG-LSA Anlage 1

Muster einer Einwilligungserklärung *)

Die Angaben (zu Nrn. …/zu den farblich, durch Fettdruck oder in sonstiger Weise gekennzeichneten Feldern) erfolgen für:

Bezeichnung des Zwecks der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung

Dritte, an die Übermittlungen vorgesehen sind

Form der Verarbeitung:

automatisiert

nicht-automatisiert (in Akten oder nicht-automatisierten Dateien)

Hinweise:

Aus der Verweigerung der Einwilligung ergeben sich

keine Folgen (ggf. zusätzliche Begründung)

folgende Nachteile (z. B. Erschwerung der Leistungsgewährung, Ablehnung eines Antrages):

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung Voraussetzung der vorgesehenen Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung ist, und dass die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

Hierin willige ich ein.

———————————————————————————————–

Datum, Unterschrift

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*) Soll die Einwilligungserklärung gemäß § 4 Abs. 2 Satz 3 DSG-LSA zusammen mit anderen Erklärungen erteilt werden, ist sie im äußeren Erscheinungsbild der Erklärung hervorzuheben z. B. dadurch, dass sie unmittelbar über dem Feld für die Unterschrift steht.

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VV-DSG-LSA – Anlage 2

Muster eines Hinweises nach § 9 Abs. 3 oder 4 DSG-LSA

Die Angaben (zu Nrn. …/zu den farblich, durch Fettdruck oder in sonstiger Weise gekennzeichneten Feldern) erfolgen für:

Verantwortliche Stelle 1)

Bezeichnung des Zwecks der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 2)

Rechtsgrundlage der Erhebung (besondere Rechtsvorschrift/§ 9 Abs. 1 DSG-LSA)

Hiernach

besteht die Pflicht zur Auskunftserteilung.

ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für die Gewährung von (folgenden) Rechtsvorteilen:

sind die Angaben freiwillig.

Dritte, an die Übermittlungen vorgesehen sind

Aus der Verweigerung der Auskunftserteilung ergeben sich für Sie

keine Folgen (ggf. zusätzliche Begründung)

folgende Nachteile (Ahndung als Ordnungswidrigkeit, Ablehnung des Antrages, bei Nichtangabe der Telefonnummer können längere Bearbeitungszeiten auftreten).

————————————————————————————————–

1) Angabe entbehrlich, wenn sich aus dem Briefkopf usw. die verantwortliche Stelle ergibt

2) Werden personenbezogene Daten statt bei Betroffenen bei einer nicht-öffentlichen Stelle erhoben, dürfen aus Gründen des Datenschutzes nicht mehr Daten preisgegeben werden, als nach § 12 DSG-LSA zulässig.

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VV-DSG-LSA – Anlage 3

Muster der Festlegungen für ein automatisiertes Verfahren für das Verfahrensverzeichnis nach § 14 Abs. 3 Satz 1 DSG-LSA

Verantwortliche Stelle (1)                                                                                             Stand vom:

1. Bezeichnung des Verfahrens (2)

2. Zweckbestimmung (3) und Rechtsgrundlage der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung (4) (Die Zwecke und Rechtsgrundlagen vorgesehener Übermittlungen sind unter 5. angegeben)

3. Kreis der Betroffenen (5)

Vorabprüfung nach § 14 Abs. 2 DSG-LSA erfolgt, weil

es sich um ein Abrufverfahren nach § 7 Abs. 1 Satz 1 DSG-LSA handelt

personenbezogene Daten besonderer Art (§ 2 Abs. 1 Satz 2 DSG-LSA) erhoben, verarbeitet oder genutzt werden

das Erheben, Verarbeiten oder Nutzen dazu bestimmt ist, die Persönlichkeit der oder des Betroffenen zu bewerten (§ 4a Abs. 1 DSG-LSA)

mobile personenbezogene Datenträger (§ 2 Abs. 11 DSG-LSA) eingesetzt werden.

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Datum/Unterschrift (der für die Erstellung/Änderung verantwortlichen Person)

4. Art der Daten (6)

5./6.                                                                           Weitergabe oder Übermittlung

vorgesehene Empfänger (7)            Zweck (8)             Rechtsgrundlage (9)            Anlass und Häufigkeit

a) innerhalb der verantwortlichen Stelle

b) bei Übermittlung (auch in Drittländer)

aa) im Inland, innerhalb der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums (10)

bb) in Drittländer (stets erfüllt bei Einstellung ins Internet) (10)                                                A (11)

c) bei Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung im Auftrag

7. Regelfristen für (12)

a) die Löschung

b) die Prüfung der Erforderlichkeit der weiteren Speicherung

8. Zugriffsberechtigte (13)

(bitte erläutern)

9.1 Maßnahmen nach § 6 Abs. 2 DSG-LSA (14) zur Gewährleistung der        Dienstanweisung liegt bei

Vertraulichkeit Art der Maßnahme (bitte erläutern)

Integrität Art der Maßnahme (bitte erläutern)

Verfügbarkeit Art der Maßnahme (bitte erläutern)

Authentizität Art der Maßnahme (bitte erläutern)

Revisionsfähigkeit Art der Maßnahme (bitte erläutern)

Transparenz Art der Maßnahme (bitte erläutern)

9.2 Art der Geräte (Hardware)  (15) : (bitte erläutern)

Großrechner:

Server:

Client:

Einzelplatzsystem:

9.2.1 Art der Geräte (Hardware) zum Anschluss an Fremdnetze (16) : (bitte erläutern)

kein Anschluss an Fremdnetze

Intranet (z. B. Landesnetz):

Internet:

9.2.2 Verfahren zur Übermittlung (bitte erläutern):

leitungsgebunden    Funk     Disketten     Kassette (Streamer)    Magnetband    Sonstige (bitte erläutern)

9.3 eingesetzte Software (Betriebssysteme; Anwendungssoftware) (17) : (bitte erläutern)

Großrechner:

Server:

Client:

Einzelplatzsystem:

9.3.1 eingesetzte Software zum Anschluss an Fremdnetze (18) : (bitte erläutern)

kein Anschluss an Fremdnetze

Intranet (z. B. Landesnetz):

Internet:

9.3.2 Verfahren zur Sperrung von personenbezogenen Daten

nicht vorhanden            vorhanden (bitte erläutern)

9.3.3 Verfahren zur Löschung von personenbezogenen Daten

nicht vorhanden            vorhanden (bitte erläutern)

————————————————————————————————–

(1) Verantwortliche

Stelle:

a) ist grundsätzlich die jeweilige öffentliche Stelle (§ 2 Abs. 8 DSG-LSA) (z. B. Regierungspräsidium, Landkreis, Gemeinde)

b) ist nicht der Auftragnehmer bei einer Auftragsdatenverarbeitung

Wird die Festlegung für das Verfahrensverzeichnis gemäß § 14 Abs. 3 Satz 2 DSG-LSA zentral getroffen, sind alle verantwortlichen Stellen, die das Verfahren anwenden, mit genauer Anschrift zu bezeichnen.

Der jeweilige Beauftragte für den Datenschutz erhält eine Ausfertigung des Verfahrensverzeichnisses.

Das Verfahrensverzeichnis soll die Organisationseinheit bezeichnen, die innerhalb der jeweiligen verantwortlichen Stelle intern verantwortlich ist.

(2) Bezeichnung des Verfahrens:

a) hier ist der Name des Verfahrens anzugeben (z. B. Einwohnermeldedaten)

b) bei landeseinheitlichen DV-Verfahren ist deren Bezeichnung anzugeben

(3) Zweckbestimmung: der Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung (ohne Übermittlungen) ist kurz zu erläutern

(4) Rechtsgrundlage der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung: mit Angabe der Paragraphen der einschlägigen Rechtsvorschriften, z. B.:

a) spezialgesetzliche Regelung (z. B. § 22 MG LSA)

b) § 10 Abs. 1 DSG-LSA, wenn die Verarbeitung zur rechtmäßigen Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und keine besondere Rechtsvorschrift besteht

c) § 4 Abs. 1 DSG-LSA (Einwilligung des Betroffenen)

(5) Kreis der Betroffenen: Bezeichnung des Personenkreises, dessen Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (z. B. Gewerbetreibende, Einwohner des Landkreises)

(6) Art der Daten: Auflisten der einzelnen Daten (z. B. Name, Vorname, Geburtsdatum …)

(7) vorgesehene Empfänger: Vorgesehene Empfänger sind solche, an die nach vorab festgelegten Regeln unter bestimmten Voraussetzungen personenbezogene Daten weitergegeben oder übermittelt werden, auch durch Bereithalten zum Abruf.

Einzutragen ist in Spalte 5./6. die genaue Bezeichnung der Empfänger.

Dies können sein:

a) andere Organisationseinheiten innerhalb der verantwortlichen (speichernden) Stelle,

b) Dritte, an die Daten übermittelt werden (Werden personenbezogene Daten ins Internet eingestellt, liegt darin wegen der Möglichkeit des weltweiten Abrufs stets auch eine vorgesehene/geplante Übermittlung in Drittstaaten.),

c) Stellen, die personenbezogene Daten im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen.

(8) Der Zweck der Weitergabe oder Übermittlung ist kurz darzustellen.

(9) Die Ausführungen zu (4) gelten entsprechend.

(10) Drittländer sind Länder außerhalb der EG oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum (das sind Island, Norwegen und Liechtenstein).

(11) Die Unterspalte A ist nur anzukreuzen, wenn die einzelnen Daten durch automatisierte Abrufverfahren zur Übermittlung bereitgehalten werden.

(12) Regelfristen für die Löschung oder die Prüfung der Erforderlichkeit weiterer Speicherung: diese können sich ergeben aus speziellen Regelungen, z. B. Gesetz oder Verwaltungsvorschrift z. B.

a) … Jahre nach der Erstellung/letzten Änderung

b) § 16 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 DSG-LSA

(13) Zugriffsberechtigte: gemeint sind nur Zugriffsberechtigte innerhalb der verantwortlichen Stelle

(14) Es sind die von der verantwortlichen Stelle getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen schriftlich festzulegen und entsprechend in einer Anlage zu erläutern (Beispiele für Maßnahmen vgl. Nrn. 6.2.1 bis 6.2.6 VV-DSG-LSA)

(15) Art der Geräte (Hardware): Auflisten der eingesetzten Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) u. a. nach Typ, Anzahl und Standorten einschließlich Angaben zur Netzwerktopologie (LAN), die in der öffentlichen Stelle zum Einsatz kommt (gegebenenfalls zusätzliche Anlagen und Übersichten beifügen)

(16) Art der Geräte (Hardware) zum Anschluss an Fremdnetze: Die Ausführungen zu (15) gelten entsprechend. Auflisten der IuK, die speziell zum Anschluss an Fremdnetze benötigt wird und zum Einsatz kommt, wie z. B. Firewall- und RouterTechnik, Switches, Hubs u. ä.

(17) eingesetzte Software: Auflisten der eingesetzten Software für den Betrieb der IuK (Betriebssysteme, Anwendungssoftware, Datenbankbetriebssysteme u. ä.), die in der öffentlichen Stelle zum Einsatz kommt (gegebenenfalls zusätzliche Anlagen und Übersichten beifügen)

(18) eingesetzte Software zum Anschluss an Fremdnetze: Die Ausführungen zu (17) gelten entsprechend. Auflisten der eingesetzten Software für den Betrieb der IuK, die speziell zum Anschluss an Fremdnetze zum Einsatz kommt

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Ausfüllanleitung

Das Verfahrensverzeichnis entfällt insbesondere bei:

§ 3 Abs. 2 Nr. 2 DSG-LSA für öffentlich-rechtliche Kreditinstitute und Versicherungsanstalten

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 DSG-LSA bei Ausübung des Gnadenrechts

§ 14 Abs. 4 Nr. 1 DSG-LSA für durch Rechtsvorschrift vorgeschriebene Register

§ 14 Abs. 4 Nr. 2 DSG-LSA für Verfahren, die ausschließlich der Unterstützung der allgemeinen Bürotätigkeit dienen

Bereichsspezifische Regelungen, z. B. über Errichtungsanordnungen nach § 490 StPO, bleiben unberührt, ebenso für Festlegungen öffentlicher Stellen von Sozialversicherungsträgern und ihren Verbänden nach § 81 Abs. 4 Satz 1 SGB X i. V. m. Satz 1 und § 18 Abs. 2 Satz 2 BDSG.

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VV-DSG-LSA – Anlage 4

Bezeichnung der einsetzenden Stelle

Adressatenbezeichnung (Name, Anschrift)                                                         Ort, Datum

Einsetzung zur/zum Beauftragten für den Datenschutz nach § 14a Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten der Bürger (DSG-LSA)

Sehr geehrte ……………,

ich setze Sie

zur Beauftragten für den Datenschutz / zum Beauftragten für den Datenschutz ein. Die Einsetzung erfolgt für

(genaue Bezeichnung der öffentlichen Stelle/n, für die eingesetzt wird)

Die Einsetzung gilt

mit sofortiger Wirkung,

ab _______________,

sie erfolgt

auf Dauer.

befristet bis zum _______________.

Sie haben diese Stelle(n) bei der Ausführung des DSG-LSA und anderer Vorschriften über den Datenschutz zu unterstützen. Die Datenschutzverantwortung der vorgenannten Stelle(n) bleibt unberührt; gleiches gilt für die Pflichten der in § 14a Abs. 1 Satz 2 DSG-LSA genannten Stellen.

Ihre Rechtstellung, Ihre Rechte und Pflichten sowie Ihre Aufgaben ergeben sich im Einzelnen aus § 14a DSG-LSA.

Insbesondere haben Sie einen Anspruch, von anderen Aufgaben in dem Umfang freigestellt zu werden, wie es Ihre Tätigkeit als Beauftragte oder Beauftragter für den Datenschutz nach § 14 Abs. 4 DSG-LSA erfordert.(1)

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)

————————————————————————————————–

(1) Nur ankreuzen, wenn die Funktion durch einen Angehörigen des öffentlichen Dienstes nicht hauptamtlich oder hauptberuflich ausgeübt werden soll.

————————————————————————————————-

*) ei der Nummerierung der einzelnen Vorschriften der VV-DSG-LSA entsprechen die Dezimalzahlen vor dem ersten Punkt dem entsprechenden Paragraphen des Gesetzes, die Dezimalzahlen hinter dem ersten Punkt – soweit vorhanden – dem Absatz oder – wenn der Paragraph nur aus einem Absatz besteht – dem Satz oder der Nummer und – soweit vorhanden – die Dezimalzahlen hinter dem zweiten Punkt der jeweiligen Nummer innerhalb eines Absatzes oder dem Satz innerhalb des Absatzes. Paragraphenangaben ohne Bezeichnung des Gesetzes beziehen sich auf das DSG-LSA.

01Ene/14

Projet de Loi modifié par le sénat relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Projet de Loi modifié par le sénat relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 avril 2003.

Nº 762 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 avril 2003.

Projet de Loi modifié par le sénat relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11e législature) : 3250, 3526 et T.A. 780.

Sénat : 203 (2001-2002), 218 et T.A. 96 (2002-2003).

Droits de l'homme et libertés publiques.

TITRE I. DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE A L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS

Article 1

Les articles 2 à 5 de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont ainsi rédigés :

“Article 2. – La présente loi s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l'exception des traitements mis en œuvre pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l'article 5.

Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens susceptibles d'être raisonnablement mis en œuvre, soit par le responsable du traitement, soit par une autre personne.

Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.

Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés.

La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l'objet du traitement.

Artitcles 3 à 5. – Non modifiés “

Article 2

Le chapitre II de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

” Chapitre II. Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel

Section 1. Dispositions générales

Article 6. – Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;

2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V et s'il n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées;

3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;

4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ;

5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.

Article 7. – Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l'une des conditions suivantes :

1° Le respect d'une obligation légale incombant au responsable du traitement ;

2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ;

3° L'exécution d'une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ;

4° L'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;

5° La réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

Section 2. Dispositions propres à certaines catégories de données

Article 8.

I. – Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.

II. – Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I :

1° A . Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que l'interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la personne concernée ;

1° Les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d'une incapacité juridique ou d'une impossibilité matérielle ;

2° Les traitements mis en œuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical :

– pour les seules données mentionnées au I correspondant à l'objet dudit organisme ;

– sous réserve qu'ils ne concernent que les membres de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ;

– et qu'ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n'y consentent expressément ;

3° Les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée ;

4° Les traitements nécessaires à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ;

5° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en œuvre par un membre d'une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s'impose en raison de ses fonctions l'obligation de secret professionnel prévue par l'article 226-13 du Code pénal ;

5° bis. Les traitements statistiques réalisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'un des services statistiques ministériels dans le respect de la loi nº 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l'information statistique et dans les conditions prévues à l'article 25 ;

6° Les traitements nécessaires à la recherche dans le domaine de la santé selon les modalités prévues au chapitre IX.

II bis . – Si les données à caractère personnel visées au I sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines catégories de traitements.

III. – De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public et autorisés dans les conditions prévues au I de l'article 25 ou au II de l'article 26.

Article 9. – Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en œuvre que par :

1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ;

2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ;

3° Les personnes morales victimes d'infractions, pour les stricts besoins de la lutte contre la fraude et dans les conditions prévues par la loi.

Article 10. – Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.

Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité.

Ne sont pas regardées comme prises sur le seul fondement d'un traitement automatisé les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les demandes de la personne concernée. “

Article 3

Le chapitre III de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

“Chapitre III. La Commission nationale de l'informatique et des libertés

Article 11. – La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes :

1° A . Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations ;

1° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi.

A ce titre :

a) Elle autorise les traitements mentionnés à l'article 25, donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements ;

b) Elle établit et publie les normes mentionnées au I de l'article 24 et édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes ;

c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ;

d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ;

e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l'article 52 ;

f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou des agents de ses services, dans les conditions prévues à l'article 44, de procéder à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ;

g) Elle peut, dans les conditions définies au chapitre VII, prononcer à l'égard d'un responsable de traitement l'une des mesures prévues à l'article 45 ;

h) Elle répond aux demandes d'accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 ;

2° A la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements :

a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles et des produits et procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel, ou à l'anonymisation de ces données, qui lui sont soumis ;

b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles qu'elle a précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits fondamentaux des personnes ;

c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elles les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi ;

3° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er ;

A ce titre :

a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés ;

b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ;

b bis) Elle peut apporter son concours à d'autres autorités administratives indépendantes en matière de protection des données ;

c) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.

Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.

La commission présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission.

Article 12. – Non modifié

Article 13.

I. – La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept membres :

1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

2° Deux membres du Conseil économique et social, élus par cette assemblée ;

3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;

6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ;

7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.

La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils composent le bureau.

La formation restreinte de la commission est composée du président, des vice-présidents et de trois membres élus par la commission en son sein pour la durée de leur mandat.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

II. – Le mandat des membres de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I est de cinq ans ; il est renouvelable une fois. Les membres mentionnés aux 1° et 2° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation ; leurs mandats de membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne peuvent excéder une durée de dix ans.

Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.

La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission.

III. – Supprimé

Article 14.

I. – La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.

II. – Aucun membre de la commission ne peut :

– participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;

– participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trente-six mois précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

III. – Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission.

Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.

Article 15. – Sous réserve des compétences du bureau et de la formation restreinte, la commission se réunit en formation plénière.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer celles de ses attributions mentionnées :

– au troisième alinéa du I de l'article 23 ;

– aux e et f du 1° de l'article 11 ;

– au c du 1° de l'article 11 ;

– au c du 3° de l'article 11 ;

– aux articles 41 et 42 ;

– à l'article 54 ;

– aux articles 63 et 64 ;

– au dernier alinéa de l'article 69 ;

– au premier alinéa de l'article 70.

Article 16. – Le bureau peut être chargé par la commission d'exercer les attributions de celle-ci mentionnées :

– au troisième alinéa de l'article 19 ;

– à l'article 25, en cas d'urgence ;

– au second alinéa de l'article 70.

Le bureau peut aussi être chargé de prendre, en cas d'urgence, les décisions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 45.

Article 17. – La formation restreinte de la commission prononce les mesures prévues au I et au 1° du II de l'article 45.

Article 18. – Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission. Des commissaires adjoints peuvent être désignés dans les mêmes conditions.

Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les délibérations de la commission réunie en formation plénière ou en formation restreinte, ainsi qu'à celles des réunions de son bureau qui ont pour objet l'exercice des attributions déléguées en vertu de l'article 16 ; il est rendu destinataire de tous ses avis et décisions.

Il peut, sauf en matière de sanctions, provoquer une seconde délibération.

Article 19. – La Commission dispose de services dirigés par le président et placés sous son autorité.

Les agents de la commission sont nommés par le président.

En cas de besoin, le vice-président délégué exerce les attributions du président.

Le secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l'autorité du président.

Ceux des agents qui peuvent être appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification mentionnées à l'article 44 doivent y être habilités par la commission ; cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.

Article 20. – Non modifié

Article 21. – Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à caractère personnel ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de ses membres et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche.

Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel, les personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission en application du f du 1° de l'article 11 sont tenues de fournir les renseignements demandés par celle-ci pour l'exercice de ses missions.”

Article 4

Le chapitre IV de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

“Chapitre IV. Formalités préalables à la mise en œuvre des traitements

Article 22.

I. – A l'exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 ou qui sont visés au second alinéa de l'article 36, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

II. – Toutefois, ne sont soumis à aucune des formalités préalables prévues au présent chapitre :

1° Les traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ;

2° Les traitements mentionnés au 2° du II de l'article 8 ;

3° Les traitements pour lesquels le responsable du traitement a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé d'assurer le respect des obligations prévues dans la présente loi et de tenir un registre des traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande ; ces traitements sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 23, sauf lorsqu'il est envisagé un transfert de données à caractère personnel à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne.

La désignation du correspondant est notifiée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle est portée à la connaissance des instances représentatives du personnel.

Le correspondant ne peut faire l'objet d'aucune sanction de la part de l'employeur du fait de l'accomplissement de ses missions. Il peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses attributions. En cas de manquement constaté à ses devoirs, il peut être révoqué, sur demande ou après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et le responsable du traitement peut être enjoint de procéder à la déclaration prévue à l'article 23.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent 3°.

III. – Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel qui n'est soumis à aucune des formalités prévues au présent chapitre communique à toute personne qui en fait la demande les informations relatives à ce traitement mentionnées aux 2° à 6° du I de l'article 31.

Section 1. Déclaration

Article 23.

I. – La déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.

Elle peut être adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par voie électronique.

La commission délivre sans délai un récépissé, le cas échéant par voie électronique. Le demandeur peut mettre en œuvre le traitement dès réception de ce récépissé ; il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.

II. – Les traitements relevant d'un même organisme et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l'objet d'une déclaration unique. Dans ce cas, les informations requises en application de l'article 30 ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui sont propres.

Article 24.

I. – Pour les catégories les plus courantes de traitements de données à caractère personnel, dont la mise en œuvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés établit et publie, après avoir reçu le cas échéant les propositions formulées par les représentants des organismes publics et privés représentatifs, des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration.

Ces normes précisent :

1° Les finalités des traitements faisant l'objet d'une déclaration simplifiée ;

2° Les données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel traitées ;

3° La ou les catégories de personnes concernées ;

4° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel sont communiquées ;

5° La durée de conservation des données à caractère personnel.

Les traitements qui correspondent à l'une de ces normes font l'objet d'une déclaration simplifiée de conformité envoyée à la commission, le cas échéant par voie électronique.

II. – La commission peut définir, parmi les catégories de traitements mentionnés au I, celles qui, compte tenu de leurs finalités, de leurs destinataires ou catégories de destinataires, des données à caractère personnel traitées, de la durée de conservation de celles-ci et des catégories de personnes concernées, sont dispensées de déclaration.

Dans les mêmes conditions, la commission peut autoriser les responsables de certaines catégories de traitements à procéder à une déclaration unique selon les dispositions du II de l'article 23.

Section 2. Autorisation

Article 25.

I. – Sont mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27 ou qui sont visés au second alinéa de l'article 36 :

1° Les traitements, automatisés ou non, mentionnés au III de l'article 8 ;

2° Les traitements automatisés portant sur des données génétiques, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont mis en œuvre par des médecins ou des biologistes et qui sont nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux ou de l'administration de soins ou de traitements ;

3° Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en œuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées ;

4° Les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire les y habilitant ;

5° Les traitements automatisés ayant pour objet :

– l'interconnexion de fichiers relevant d'une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents ;

– l'interconnexion de fichiers relevant d'autres personnes et dont les finalités principales sont différentes ;

6° Les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et ceux qui requièrent une consultation de ce répertoire sans inclure le numéro d'inscription à celui-ci des personnes ;

7° Les traitements automatisés de données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes ;

8° Les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes ;

9° Les traitements, automatisés ou non, mentionnés au 5° bis du II de l'article 8.

II. – Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par une décision unique de la commission. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation.

III. – La Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est réputée rejetée.

Article 26.

I. – Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et :

1° Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ;

2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales, ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.

L'avis de la commission est publié avec l'arrêté autorisant le traitement.

II. – Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement.

III. – Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'Etat, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise ; pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission.

IV. – Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation.

Article 27.

I. – Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.

II. – Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l'organe délibérant chargé de leur organisation, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

1° Les traitements mis en œuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I qui requièrent une consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques sans inclure le numéro d'inscription à ce répertoire ;

2° Ceux des traitements mentionnés au I :

– qui ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9 ;

– qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des traitements ou fichiers correspondant à des intérêts publics différents ;

– et qui sont mis en œuvre par des services ayant pour mission, soit de déterminer les conditions d'ouverture ou l'étendue d'un droit des administrés, soit d'établir l'assiette, de contrôler ou de recouvrer des impositions ou taxes de toute nature, soit d'établir des statistiques.

3° Les traitements relatifs au recensement de la population en métropole et dans les collectivités situées outre-mer.

III. – Les dispositions du IV de l'article 26 sont applicables aux traitements relevant du présent article.

Article 28.

I. – La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre des articles 26 ou 27, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée du président.

II. – L'avis demandé à la commission sur un traitement, qui n'est pas rendu à l'expiration du délai prévu au I, est réputé favorable.

Article 29. – Non modifié

Section 3. Dispositions communes

Art. 30.

I. – Les déclarations, demandes d'autorisation et demandes d'avis adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en vertu des dispositions des sections 1 et 2 précisent :

1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, celle de son représentant et, le cas échéant, celle de la personne qui présente la demande ;

2° La ou les finalités du traitement, ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, la description générale de ses fonctions ;

3° Le cas échéant, les interconnexions avec d'autres traitements ;

4° Les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ;

5° La durée de conservation des informations traitées ;

6° Le ou les services chargés de mettre en œuvre le traitement ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;

7° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;

8° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39, ainsi que les mesures relatives à l'exercice de ce droit ;

9° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données et la garantie des secrets protégés par la loi et, le cas échéant, l'indication du recours à un sous-traitant ;

10° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne, sous quelque forme que ce soit, sous réserve des dispositions du 2° du I de l'article 5.

II. – Le responsable d'un traitement déjà déclaré ou autorisé informe sans délai la commission :

– de tout changement affectant les informations mentionnées au I ;

– de toute suppression du traitement.

Article 31.

I. – La commission met à la disposition du public la liste des traitements automatisés ayant fait l'objet d'une des formalités prévues par les articles 23 à 27, à l'exception de ceux mentionnés au III de l'article 26.

Cette liste précise pour chacun de ces traitements :

1° L'acte décidant la création du traitement ou la date de la déclaration de ce traitement ;

2° La dénomination et la finalité du traitement ;

3° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, celles de son représentant ;

4° La personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39 ;

5° Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement, ainsi que les destinataires et catégories de destinataires habilités à en recevoir communication ;

6° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne.

II. – La commission tient à la disposition du public ses avis, décisions ou recommandations.

III – La Commission nationale de l'informatique et des libertés publie la liste des Etats dont la Commission des Communautés européennes a établi qu'ils assurent un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère personnel.”

Article 5

Le chapitre V de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est intitulé : ” Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes “. Ce chapitre comprend les articles 32 à 42 ainsi que l'article 40, qui devient l'article 43. Il comprend deux sections ainsi rédigées :

“Section 1. Obligations incombant aux responsables de traitements

Article 32.

I. – La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :

1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;

2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;

5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre ;

7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne.

I bis. – Toute personne utilisatrice des réseaux de communication électroniques doit être informée de manière claire et complète par le responsable du traitement ou son représentant :

– de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;

– des moyens dont elle dispose pour s'y opposer.

Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :

– soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;

– soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.

II. – Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues par la loi nº 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, lorsque ces données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche.

II bis – Si les données à caractère personnel recueillies sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations délivrées par le responsable du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1° et au 2° du I.

III. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au II et utilisées lors d'un traitement mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement.

IV. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux traitements de données ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales.

Article 33. – Non modifié

Article 34. – Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.

Des décrets, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au 1° et au 5° du II de l'article 8.

Article 35. – Non modifié

Article 36. – Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la durée prévue au 5° de l'article 6 qu'en vue d'être traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ; le choix des données ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l'article 4-1 de la loi nº 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.

Les traitements dont la finalité se limite à assurer la conservation à long terme de documents d'archives dans le cadre de la loi nº 79-18 du 3 janvier 1979 précitée sont dispensés des formalités préalables à la mise en œuvre des traitements prévues au chapitre IV de la présente loi.

Il peut être procédé à un traitement ayant des finalités autres que celles mentionnées au premier alinéa :

– soit avec l'accord exprès de la personne concernée ;

– soit avec l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

– soit dans les conditions prévues au 6° du II et au III de l'article 8 s'agissant de données mentionnées au I de ce même article.

Article 37. – Non modifié

Section 2. Droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Article 38. – Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.

Elle a le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l'application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l'acte autorisant le traitement.

Article 39.

I. – Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir :

1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ;

2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;

2° bis. Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ;

3° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ;

4° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé lorsque les résultats de celui-ci lui sont opposés. Toutefois, les informations communiquées à la personne concernée ne doivent pas porter atteinte au droit d'auteur au sens des dispositions du livre Ier et du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle.

Une copie des données à caractère personnel est délivrée à l'intéressé à sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.

En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.

II. – Le responsable du traitement peut s'opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif des demandes incombe au responsable auprès duquel elles sont adressées.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique. Hormis les cas mentionnés au second alinéa de l'article 36, les dérogations envisagées par le responsable du traitement sont mentionnées dans la demande d'autorisation ou dans la déclaration adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 40. – Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

Lorsque l'intéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent.

En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable auprès duquel est exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il est établi que les données contestées ont été communiquées par l'intéressé ou avec son accord.

Lorsqu'il obtient une modification de l'enregistrement, l'intéressé est en droit d'obtenir le remboursement des frais correspondant au coût de la copie mentionnée au I de l'article 39.

Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles afin de lui notifier les opérations qu'il a effectuées conformément au premier alinéa.

Les héritiers d'une personne décédée justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que les données à caractère personnel la concernant faisant l'objet d'un traitement n'ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu'il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence.

Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent.

Article 41. – Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient.

La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.

Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.

Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi.

Article 42. – Non modifié

Article 6

Le chapitre VI de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

“Chapitre VI. Le contrôle de la mise en œuvre des traitements

Article 44.

I. – Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que les agents de ses services habilités dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 19 ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.

Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

II. – En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou du juge délégué par lui.

Ce magistrat est saisi à la requête du président de la commission. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions prévues aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension de la visite.

III. – Les membres de la commission et les agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; ils peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Ils peuvent, à la demande du président de la commission, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent.

Seul un médecin peut requérir la communication de données médicales individuelles incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou à la gestion de service de santé, et qui est mis en œuvre par un membre d'une profession de santé.

Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article”

Article 7

Le chapitre VII de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

“Chapitre VII. Sanctions prononcées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés

Article 45.

I. – La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut prononcer un avertissement à l'égard du responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Elle peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'elle fixe.

Si le responsable d'un traitement ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, la commission peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47, lorsque des profits ou des avantages économiques sont tirés de la mise en œuvre du traitement ;

2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25.

II. – En cas d'urgence, lorsque la mise en œuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, la commission peut, après une procédure contradictoire :

1° Décider l'interruption de la mise en œuvre du traitement ou le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26 ;

2° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la commission les suites qu'il a données à cette saisine au plus tard quinze jours après l'avoir reçue.

III. – En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l'article 1er, le président de la commission peut demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de sécurité nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.

Article 46. – Les sanctions prévues au I et au 1° du II de l'article 45 sont prononcées sur la base d'un rapport établi par l'un des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, désigné par le président de celle-ci parmi les membres n'appartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à la commission mais ne prend pas part à ses délibérations. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.

La commission peut décider de rendre publiques les sanctions qu'elle prononce en cas de mauvaise foi du responsable du traitement.

Les décisions prises par la commission au titre de l'article 45 sont motivées et notifiées au responsable du traitement. Les décisions prononçant une sanction peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

Article 47. – Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l'article 45 est proportionné à la gravité des manquements commis et aux avantages tirés de ce manquement.

Lors du premier manquement, il ne peut excéder 150 000 €. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 € ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000 €.

Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Articles 48 et 49. – Non modifiés”

Article 8

La  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un chapitre VIII ainsi rédigé :

“Chapitre VIII. Dispositions pénales

Article 50. – Non modifié

Article 51. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application du troisième alinéa de l'article 19 ;

2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du troisième alinéa de l'article 19 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;

3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.

Articles 52. – Non modifié”

Articles 9 et 10

Conformes

Article 11

La  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un chapitre XI ainsi rédigé :

“Chapitre XI. Traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique

Article 67. – Le 5° de l'article 6, les articles 8, 9, 22, les 1° et 3° du I de l'article 25, les articles 32, 39, 40 et 68 à 70 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux seules fins :

1° D'expression littéraire et artistique ;

2° D'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession.

Toutefois, pour les traitements mentionnés au 2°, la dispense de l'obligation de déclaration prévue par l'article 22 est subordonnée à la désignation par le responsable du traitement d'un correspondant à la protection des données appartenant à un organisme de la presse écrite ou audiovisuelle, chargé de tenir un registre des traitements mis en œuvre par ce responsable et d'assurer, d'une manière indépendante, l'application des dispositions de la présente loi. Cette désignation est portée à la connaissance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à l'application des dispositions du code civil, des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du Code pénal, qui prévoient les conditions d'exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes.”

Article 12

La  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un chapitre XII ainsi rédigé :

“Chapitre XII. Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne

Article 68. – Non modifié

Article 69. – Toutefois, le responsable d'un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 68 si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l'une des conditions suivantes :

1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ;

2° A la sauvegarde de l'intérêt public ;

3° Au respect d'obligations permettant d'assurer la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice ;

4° A la consultation, dans des conditions régulières, d'un registre public qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ;

5° A l'exécution d'un contrat entre le responsable du traitement et l'intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci ;

6° A la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu ou à conclure, dans l'intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers.

Il peut également être fait exception à l'interdiction prévue à l'article 68, par décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou, s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26, par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l'objet.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés porte à la connaissance de la Commission des Communautés européennes et des autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne les décisions d'autorisation de transfert de données à caractère personnel qu'elle prend au titre de l'alinéa précédent.

Article 70. – Non modifié”

Article 13

Conforme

TITRE II. DISPOSITIONS MODIFIANT D'AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS

Article 14

I. – Les articles 226-16 à 226-23 du Code pénal sont remplacés par quatorze articles ainsi rédigés :

“Articles 226-16 et 226-16-1 A. – Non modifiés

Articles 226-16-1. – Le fait, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel incluant parmi les données sur lesquelles il porte le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.

Articles 226-17 à 226-23. – Non modifiés

II. – Non modifié”

Articles 15 et 15 bis

Conformes

Article 15 ter

Supprimé

Article 15 quater

Conforme

TITRE III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 16

Conforme

Article 17

I. – Non modifié

II et III. – Supprimés

IV . – Les nominations et renouvellements de membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés intervenus avant la publication de la présente loi ne sont pas pris en compte pour l'application des règles mentionnées au premier alinéa du II de l'article 13 de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée dans sa rédaction issue de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er avril 2003.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

 

01Ene/14

Proyecto de Ley de 7 de junio de 2002, nº 03128 que modifica el artículo 2º del Decreto Supremo nº 019-2002-JUS

Proyecto de Ley de 7 de junio de 2002, nº 03128 que modifica el artículo 2º del Decreto Supremo nº 019-2002-JUS y disigna al registro nacional de identificación y estado civil (RENIEC) como la autoridad administrativa competente, conforme a lo establecido en el artículo 15º de la Ley 27.269 sobre firmas y certificados digitales.

Proyecto de Ley Nro : 03128

Exposición Motivos

Fundamentos

I. ANTECEDENTES
Pese a que las referencias históricas sobre “computadoras” nos remontan a los años 500 a. C., la computadora ENIAC (Electronic Integrator and Calculator) estructurada por John Mauchly y John Eckert, estadounidenses, y puesta en funcionamiento en 1945, marcó el inicio de lo que podría denominarse “la era computacional”. Su desarrollo, paulatino pero acelerado, dio lugar al empleo de computadores en todos los niveles y a implementar sofisticados sistemas de comunicación a partir de estos.

Sin embargo, no es con el inicio de esta “era” ni con su desarrollo, que surge la necesidad de brindar seguridad a los actos desarrollados por el hombre cotidianamente. No obstante la masificación de las comunicaciones y el intercambio comercial por medio de la Internet, han forjado una tendencia generalizada a dotar del máximo resguardo a estas transacciones a fin de garantizar plena seguridad en el tráfico jurídico.

El Perú no es ajeno a esta realidad. El desarrollo de la empresa privada y las políticas de modernización del Estado, han introducido en el país un creciente progreso en esta materia y, a la vez, la constante preocupación por la protección de este medio de “las conductas antisociales y delictivas que se manifiestan de formas que hasta ahora no era posible imaginar” Proyecto de Ley Nº 5070. Período parlamentario 1995 – 2000. Segunda Legislatura. Pág. 1..

II. MARCO NORMATIVO

1. Ley nº 27269..- Ley de Firmas y Certificados Digitales

Es en ese marco que en Agosto de 1999, se presentó ante el Congreso de la República del Perú la iniciativa legislativa Nº 5070, a efectos de implementar la infraestructura de Firmas y Certificados Digitales con la finalidad de otorgar seguridad a los actos y contratos celebrados a través de ese medio; y, para fomentar el comercio electrónico, facilitando y brindando reconocimiento jurídico y validez plena a los documentos firmados digitalmente. Este proyecto fue estructurado en base a las recomendaciones aprobadas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la 85ª plenaria de 16 de diciembre de 1996 (Ley Modelo Sobre Comercio Electrónico).

El proyecto, reformado, dio lugar a la emisión de la Ley nº 27269 (Ley de Firmas y Certificados Digitales), publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 28 de mayo de 2000, que regula el empleo de la firma electrónica homologándola con la firma manuscrita y atribuyéndole la misma validez y eficacia jurídica que ésta.

Esta norma define a la firma electrónica como “cualquier símbolo basado en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar un documento cumpliendo todas o algunas de las funciones características de una firma manuscrita” (Art. 1º); a la firma digital como aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía asimétrica, basada en el uso de un par de claves único; asociadas a una clave privada y una pública relacionadas matemáticamente entre sí, de tal forma que las personas que conocen la clave pública no puedan derivar de ella la clave privada (Art. 3º); y, al certificado digital, como el documento electrónico generado y firmado digitalmente por una entidad de certificación, la cual vincula un par de claves con una persona determinada confirmando su identidad (Art. 6º).

Los certificados digitales, a su vez, pueden ser cancelados:
a. A solicitud del titular,
b. Cuando la entidad lo revoque,
c. Por expiración del plazo; y,
d. Por cese de operaciones de la entidad de certificación.

Asimismo, se establece que opera, respecto del certificado digital, la revocatoria, la misma que se produce en los siguientes casos:

a. Si se determina que la información consignada en el certificado digital es inexacta, o ha sido modificada,
b. Por muerte del titular; o,
c. Por incumplimiento derivado del vínculo contractual con la entidad de certificación.

De otro lado, se instaura una estructura piramidal en cuya cúspide se encuentra la Autoridad Administrativa Competente, que acreditará a las entidades de registro, verificación y de las entidades de certificación, con las siguientes atribuciones genéricas:

– Autoridad Administrativa Competente.- Encargada de la identificación y registro de las entidades de registro, verificación y certificación, evaluar y auditar los sistemas por éstos desarrollados y su adecuación permanente a los estándares técnicos internacionales.
– Entidades de Certificación.- Encargadas de la emisión y cancelación de certificados digitales. No existe impedimento alguno para efectuar las establecidas para las entidades de registro o verificación.
– Entidades de Registro o Verificación.- Facultadas para efectuar el levantamiento de datos, comprobación de la información del solicitante de certificado digital, la identificación del suscriptor y la aceptación y autorización de las solicitudes de emisión y cancelación de Certificados Digitales

2. LEY nº 27310.- Del reconocimiento de los Certificados Digitales emitidos en el extranjero.
El Artículo 11º de la Ley 27269 ya referida, establecía:

“Los Certificados de Firmas Digitales emitidos por Entidades Extranjeras tendrán la misma validez y eficacia jurídica reconocida en la presente ley, siempre y cuando tales certificados sean reconocidos por una Entidad de certificación nacional que garantice, en la misma forma que lo hace con sus propios certificados, el cumplimiento de los requisitos, del procedimiento así como la validez y la vigencia del certificado”

Esta norma trajo consigo controversias a nivel parlamentario, que obligaron su modificación, pues se supeditaba el reconocimiento de un certificado digital emitido por una entidad extranjera a la calificación que previamente efectuarían las entidades de certificación nacional. El legislador observó tal disposición con los fundamentos siguientes:

a. Se generaba un mercado con desiguales condiciones de competencia.
b. El incipiente comercio electrónico peruano, no cuenta con los elementos suficientes como para efectuar tal calificación.
c. Los usuarios de certificados digitales se encontrarían en seria desventaja, dado que el uso en el país, de un certificado digital emitido en el extranjero, con respaldo técnico y financiero, se encontraba limitado por tal calificación.

Por otro lado, esta norma colisionaba con diferentes disposiciones, así:

a. No guardaba concordancia con el Artículo 63 de la Constitución Política, que establece: “La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones” (…) “La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres”, por lo tanto, solamente es admisible la intervención del Estado dentro de los límites por esta norma determinados. Sin embargo, el reconocimiento de los certificados emitidos por entidades extranjeras, por entidades de certificación nacionales, vulneraba esta norma pues no permitía las mismas condiciones jurídicas para ambas, dado que se generaba, en los hechos, el reconocimiento de la entidad extranjera por una entidad nacional.
b. El Decreto Legislativo 662, establece que: “Los inversionistas extranjeros gozan de los derechos a la libertad de comercio e industria…”, norma que se encontraba desprovista ante el Artículo 11 de la Ley de Firmas Digitales, por las consideraciones ya expuestas.

La solución planteada con esta Ley, 27310, en este marco, guarda coherencia con las citadas normas, le otorga condiciones igualitarias a las entidades de certificación nacionales o extranjeras, en su participación en el mercado peruano y protege la seguridad del tráfico jurídico resultado de la emisión de documentos digitales, pues será la Autoridad Administrativa Competente la encargada de realizar el reconocimiento de los certificados emitidos en el extranjero y no las Certificadoras Nacionales.

3. LEY Nº 27291.- Ley que modifica el Código Civil permitiendo la utilización de los medios electrónicos para la comunicación de la manifestación de voluntad y la utilización de la firma electrónica

La homologación de la firma electrónica con la firma manuscrita establecida en el Art. 1º de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, contrajo la necesidad de efectuar modificaciones en la legislación nacional que permitan viabilizar el empleo de las firmas electrónicas en los actos que conlleven manifestación de voluntad.

En ese sentido, se emitió la Ley nº 27291, que modifica los artículos 141º y 1374º del Código Civil y agrega el Artículo 141 – A, a la sistemática de este cuerpo legal.

Al respecto, al haberse modificado el Art. 14º del Código Civil, se establece que “la manifestación de voluntad es expresa cuando se realiza en forma oral o escrita, por cualquier medio directo, manual, mecánico, electrónico u otro análogo”.

Por otro lado, la modificación del Art. 1374º de tal cuerpo normativo permite que “la oferta, revocación, aceptación y cualquier otra declaración contractual dirigida a determinada persona se consideran conocidas en el momento en que llegan a la dirección del destinatario, si se realizara a través de medios electrónicos, ópticos u otro análogo, se presumirá la recepción de la declaración contractual, cuando el remitente reciba el acuse de recibo”.

El adicionado Artículo 141 – A, permite que cuando la ley establezca que la manifestación de voluntad deba hacerse a través de alguna formalidad expresa o requiera de firma, ésta podrá ser generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo. Cuando se trata de instrumentos públicos, la autoridad competente deberá dejar constancia del medio empleado y conservar una versión íntegra para su ulterior consulta.

4. LEY Nº 27309.- Ley que incorpora los delitos informáticos al Código Penal
Estas disposiciones, emitidas para viabilizar el empleo de las firmas digitales y posibilitar el comercio electrónico, merecieron tratamiento especial por parte del legislador a fin de calificar y penar las conductas denominadas delictivas.

A este efecto, se aprobó la iniciativa que dio lugar a la dación de la Ley Nº 27309, que incorpora los delitos informáticos al Código Penal, a través de la modificación del Título V del Libro Segundo de ese cuerpo de leyes, que tipifica diversos hechos como conductas delictivas:

En ese marco, el uso o ingreso indebido a una base de datos, sistema o red de computadoras o cualquier parte de la misma, para diseñar, ejecutar o alterar un esquema u otro similar, o para interferir, interceptar, acceder o copiar información en tránsito o contenida en una base de datos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas.

Constituye circunstancia agravante que el agente actúe con el fin de obtener un beneficio económico El agente será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con prestación de servicios comunitarios no menor de ciento cuatro jornadas.

De otro lado, el uso, ingreso o interferencia indebida de una base de datos, sistema, red o programa de computadoras o cualquier parte de la misma con el fin de alterarlos, dañarlos o destruirlos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años y con setenta a noventa días multa.

Se establece también otras circunstancias agravantes para los casos anteriormente expuestos en los que la pena será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de siete años, cuando:

1. El agente accede a una base de datos, sistema o red de computadora, haciendo uso de información privilegiada, obtenida en función a su cargo.
2. El agente pone en peligro la seguridad nacional.

5. DECRETO SUPREMO Nº 019-2002-JUS – Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales

La reciente reglamentación, establece la política de certificación cruzada empleada en el modelo canadiense, a través de acuerdos entre las entidades de certificación.

Por lo demás éste desarrolla la ley estableciendo los procedimientos administrativos necesarios para el desenvolvimiento de la infraestructura, tales como la validez y efectos jurídicos de las firmas y documentos electrónicos, los procedimientos para obtener la titularidad de un Certificado Digital, las circunstancias de revocación y cancelación, entre otras.

De otro lado, en el Art. 2º del referido Decreto Supremo, se designa “al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) como la autoridad administrativa competente, conforme a lo establecido en el Artículo 15º de la Ley nº 27269.”

III. AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE

Con relación a la designación de la autoridad administrativa competente anteriormente referida, debe tenerse presente lo siguiente:

1. La Ley de Firmas y Certificados Digitales, Nº 27269, “tiene por objeto regular la utilización de la firma electrónica otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de voluntad”.

2. Cabe precisar que la firma, sea manuscrita o electrónica, tiene como características esenciales, a tenor de lo descrito por los doctores Valentín Carrascosa López, Asunción Pozo Arranz y Eduardo Pedro Rodríguez de Castro CARRASCOSA LÓPEZ, Valentín; POZO ARRANZ, Asunción; RODRÍGUEZ DE CASTRO, Eduardo Pedro, “El consentimiento y sus vicios en los contratos perfeccionados a través de medios electrónicos”, Informática y Derecho Nº 12, 13, 14 y 15, UNED, Centro Regional de Extremadura, Mérida, 1996, págs. 1021 a 1037. citados por José Cuervo Álvarez en la versión electrónica del artículo “Firma Digital y Entidades de Certificación”, las siguientes:

“a) Identificativa.- Sirve para identificar quién es el autor del documento.
b) Declarativa.- Significa la asunción del contenido del documento por el autor de la firma. Sobre todo cuando se trata de la conclusión de un contrato, la firma es el signo principal que representa la voluntad de obligarse.
c) Probatoria.- Permite acreditar si el autor de la firma es efectivamente aquel que ha sido identificado como tal en el acto de la propia firma.”

3. Debe tenerse en cuenta además que la firma manuscrita, conformada por el nombre escrito, al que el titular incorpora los trazos gráficos que considere necesarios, constituye una imagen identificatoria cuya consignación establece conformidad y/o manifestación de voluntad, función que cumple también la firma digital.

4. Consecuentemente, es evidente que el fin primordial de la firma, sea digital o manuscrita, radica en la identificación del titular a fin de otorgar seguridad a sus actos en el tráfico jurídico.

5. En tal sentido, el RENIEC se encuentra en el imperativo constitucional y legal de planear, dirigir, coordinar y controlar, de manera exclusiva y excluyente, las actividades de registro e identificación de las personas, conforme el Art. 183º de la Constitución Política y el Art. 6º de la Ley Nº 26497, correspondiendo, por consiguiente, su designación como Autoridad Administrativa Competente de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, situación que concuerda con el marco constitucional, normativo y reglamentario.

Efecto de la Vigencia de la Norma sobre la Legislación Nacional Se propone modificar el Art. 2º del Decreto Supremo nº 019-2002-JUS, y designar al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil como la autoridad administrativa competente conforme a lo establecido en el artículo 15° de la Ley 26269.

Analisis Costo Beneficio La propuesta legislativa, no representa mayor costo al Tesoro Público, dada la capacidad tecnológica alcanzada por el RENIEC. Por el contrario, su designación como autoridad administrativa competente, concuerda con las facultades constitucional y legalmente asignadas a este organismo.

Formula Legal

Texto del Proyecto PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 2° DEL DECRETO SUPREMO nº 019-2002-JUS Y DESIGNA AL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL (RENIEC) COMO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 15° DE LA Ley 27269.

El Congresista de la República que suscribe, ERNESTO ARANDA DEXTRE, integrante del Grupo Parlamentario Perú Posible, en uso del derecho de iniciativa consagrado por el artículo 107° de la Constitución Política del Estado, presenta el siguienteEl Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:

Ley que modifica el Art. 2º del Decreto Supremo nº 019-2002-JUS y designa al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) como la autoridad administrativa competente, conforme a lo establecido en el artículo 15° de la Ley 27269.

Artículo Único.– Modifícase el Artículo 2° del Decreto Supremo nº 019-2002-JUS, en los téminos siguientes:

Artículo 2°.- Designar al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) como la autoridad administrativa competente, conforme a lo establecido en el Art. 15º de la Ley nº 27269.

Lima, 7 de junio del 2002.

01Ene/14

Curso en Informática Jurídica y Derecho Informático

Curso en Informática Jurídica y Derecho Informático

Centro Ecuatoriano de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías en Informática y Derecho
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Fechas: Segunda semana de cada mes

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Primera semana: Informática Jurídica
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Objetivo:
Formar a los profesionales en derecho en el campo de las nuevas tecnologías de la Informacion y comunicaciones, y el estudio del derecho informático como objeto para lograr una Sociedad de la Información Justa y Global.

Instructores:
Dr. Juan José Páez Rivadeneira:
Dr. Jaime Almeida.
Ing. Héctor Revelo Herrera.

Parte I.- Sociedad de la Información.
Clase 01.- Metodología general del curso.
Clase 02.- Tecnología de la Información.
Clase 03.- La Informacion.
Clase 04.- Hardware
Clase 05.- Software
Clase 06.- Internet
Clase 07.- Sociedad y Tecnología de la Información.
Clase 08.- Paradigma de lo digital.
Clase 09.- Quebrantamiento a las TIC.
Clase 10.- Hackers y Crakers
Clase 11.- Hackers – Crakers II.
Parte II.- Informática Jurídica
Clase 01.- Introducción
Clase 02.- Concepto Y Clasificación De La Informatica Jurídica.
Clase 03.- Informática Jurídica Documental.
Clase 04.- Informática Jurídica de Gestión.
Clase 05.- Informática Jurídica Decisional.
Clase 06.- Informática Jurídica Registral.
Clase 07.- Lenguaje Documental.
Clase 08.- Documentos Electrónicos.
Clase 09.- Informática Jurídica y Relación con el Derecho
Parte III.- Derecho Informático
Clase 01.- Introducción al Derecho Informático.
Clase 02.- Firma y criptografía.
Clase 03.- Firma Digital.
Clase 04.- Ley de Firma Digital y Taller de firma digital.
Clase 05.- Comercio e Internet.
Clase 06.- Comercio Electrónico.
Clase 10.- Ley modelo CE UNCITRAL.
Clase 11.- Ley modelo CE II
Clase 12.- Datos personales
Clase 13.- Protección de la Informacion.
Clase 14.- Derecho a la privacidad.
Clase 15.- Legislación sobre datos personales.
Clase 17.- Propiedad Intelectual.
Clase 18.- Propiedad Intelectual II.
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01Ene/14

Ley 24.624 de 28 diciembre 1995. Legislacion Informatica de

Ley 24.624 de 28 diciembre 1995

Apruébase el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 1996.

Sancionada: Diciembre 28 de 1995.

Promulgada Parcialmente: Diciembre 29 de 1995.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

……………………………………..

ARTICULO 30. Sustitúyese el artículo 49 de la Ley nº 11.672, COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO (t.o. 1995) por el siguiente:

“La documentación financiera, la de personal y la de control de la Administración Pública Nacional, como también la administrativa y comercial que se incorpore a sus Archivos, podrán ser archivados y conservados en soporte electrónico u óptico indeleble, cualquiera sea el soporte primario en que estén redactados y construidos, utilizando medios de memorización de datos, cuya tecnología conlleve la modificación irreversible de su estado físico y garantice su estabilidad, perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad, asegurando la fidelidad, uniformidad e integridad de la información que constituye la base de la registración.

Los documentos redactados en primera generación en soporte electrónico u óptico indeleble, y los reproducidos en soporte electrónico u óptico indeleble a partir de originales de primera generación en cualquier otro soporte, serán considerados originales y poseerán, como consecuencia de ello, pleno valor probatorio, en los términos del artículo 995 y concordantes del Código Civil.

Los originales redactados o producidos en primera generación en cualquier soporte una vez reproducidos, siguiendo el procedimiento previsto en este artículo, perderán su valor jurídico y podrán ser destruidos o dárseles el destino que la autoridad competente determine, procediéndose previamente a su anulación.

La documentación de propiedad de terceros podrá ser destruida luego de transcurrido el plazo que fije la reglamentación transcurrido el mismo sin que se haya reclamado su devolución o conservación, caducará todo derecho a objetar el procedimiento al cual fuera sometida y el destino posterior dado a la misma.

La eliminación de los documentos podrá ser practicada por cualquier procedimiento que asegure su destrucción total o parcial, con la intervención y supervisión de los funcionarios autorizados.

Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a reglamentar las disposiciones del presente artículo.”

 

CAPITULO II. PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

 

CAPITULO III. PRESUPUESTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

 

ARTICULO 60. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

ALBERTO R. PIERRI.

CARLOS F. RUCKAUF.

Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo.

Edgardo Piuzzi.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

 

01Ene/14

Decreto Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 n. 513.

Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

a. per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

b. per firma digitale, il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

c. per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;

d. per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici;

e. per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica.

f. per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;

g. per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente;

h. per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;

i. per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;

j. per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;

k. per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati;

l. per revoca del certificato, l'operazione con cui il certificatore annulla la validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;

m. per sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore sospende la validità del certificato per un determinato periodo di tempo;

n. per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;

o. per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.

Articolo 2. Documento informatico

1. Il documento informatico da chiunque formato, l'archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3. Requisiti del documento informatico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono fissate le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici.

2. Le regole tecniche indicate al comma 1 sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con decorrenza almeno biennale a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì dettate le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n.675.

Articolo 4.Forma scritta

1. Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta.

2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle finanze.

Articolo 5. Efficacia probatoria del documento informatico

1. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 10, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile.

2. Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile e soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.

Articolo 6. Copie di atti e documenti

1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente regolamento.

2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente regolamento.

3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3.

4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 7. Deposito della chiave privata

1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato.

2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può essere registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante e dev'essere consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo che le informazioni non possano essere lette, conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.

3. Le modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 605 del codice civile, in quanto applicabili.

Articolo 8. Certificazione

1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 2 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione.

2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro validità, sono consultabili in forma telematica.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, le attività di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati nel decreto di cui all'articolo 3:

a. forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti privati;

b. possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;

c. affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del certificatore e il personale addetto all'attività di certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all'articolo 3;

d. qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale.

4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può essere svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti.

Articolo 9.Obblighi dell'utente e del certificatore

1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.

2. Il certificatore è tenuto a :

a. identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;

b. rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate con il decreto di cui all'articolo 3;

c. specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite;

d. attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 3;

e. informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;

f. attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali emanate ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

g. non rendersi depositario di chiavi private;

h. procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare , di sospetti abusi o falsificazioni;

i. dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di chiavi asimmetriche;

l. dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione dell'attività e e della conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o del suo annullamento.

CAPITOLO II. FIRMA DIGITALE

Articolo 10. Firma digitale

1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma digitale.

2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.

3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.

5. L'uso della firma digitale apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.

7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare, nei modi e con le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo 3, gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione.

Articolo 11. Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telemática

1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente regolamento sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.50.

Articolo 12. Trasmissione del documento

1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.

2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle regole tecniche di cui all'articolo 3, sono opponibili ai terzi.

3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

Articolo 13. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telemática

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente regolamento, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

Articolo 14. Pagamenti informatici

1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 3.

Articolo 15. Libri e scritture

1. I libri, i repertori e le scritture, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente regolamento e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 3.

Articolo 16. Firma digitale autenticata

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, numero 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 .

3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 6 del presente regolamento.

5. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si considera apposta in presenza del dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento informatico presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni.

6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma del presente regolamento.

Articolo 17. Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.

2. Col decreto di cui all'articolo 3 sono disciplinate le modalità di formazione, di pubblicità, di conservazione, certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.

3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.

4. Le chiavi pubbliche di Ordini ed Albi professionali legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del Ministro di Grazia e Giustizia o suoi delegati.

Articolo 18. Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, archiviazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

3. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione d'intesa con l'amministrazione degli archivi di Stato.

Articolo 19. Sottoscrizione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa, o la sottoscrizione comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme del presente regolamento.

2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.

CAPITOLO III. NORME DI ATTUAZIONE

Articolo 20. Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni

1. Entro il 31 marzo 1998 le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente regolamento e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono, entro 5 anni, a partire dal 1 gennaio 1998, a realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni del presente regolamento ed alle disposizioni di cui alle leggi 31 dicembre 1996, nn. 675 e 676.

3. Entro il 31 dicembre 1998, le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia opportuna od obbligatoria la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.

Articolo 21. Gestione informatica del flusso documentale

1. Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni dispongono per la tenuta del protocollo amministrativo e per la gestione dei documenti con procedura informatica al fine di consentire il reperimento immediato, la disponibilità degli atti archiviati e l'accesso ai documenti amministrativi per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra queste ed i soggetti privati aventi diritto.

Articolo 22. Formulari, moduli e questionari.

Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge per l'interscambio dei dati nell'ambito della rete unitaria e con i soggetti privati.

01Ene/14

Regolamento sull´uso di strumenti informatici e telematici . Legislacion Informatica de

Regolamento sull´uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2001.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Visto l'articolo 17, commi 1, lettera c), e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 ottobre 2000 e del 4 dicembre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26/1/2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della funzione pubblica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Articolo 1 . Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

a) “documento informatico”: la rappresentazione informatica del contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

b) “duplicato del documento informatico”: la riproduzione del documento informatico effettuata su un qualsiasi tipo di supporto elettronico facilmente trasportabile;

c) “documento probatorio”: l'atto avente efficacia probatoria ai sensi del codice civile e del codice di procedura civile;

d) “firma digitale”: il risultato della procedura informatica disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

e) “dominio giustizia”: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura;

f) “sistema informatico civile”: è il sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta il processo civile ;

g) “gestore del sistema di trasporto delle informazioni”: il gestore indicato dall'articolo 13, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

h) “indirizzo elettronico”: l'indirizzo di posta elettronica come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

i) “ricevuta di consegna”: il messaggio generato ed inviato automaticamente al mittente dal gestore del sistema di trasporto delle informazioni del destinatario nel momento in cui il messaggio inviato è reso disponibile al destinatario medesimo nella sua casella di posta elettronica;

j) “certificatore della firma digitale”: il soggetto previsto dagli articoli 8, 9 e 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

Articolo 2 . Campo di applicazione

1. E' ammessa la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti del processo civile mediante documenti informatici nei modi previsti dal presente regolamento.

2. L'attività di trasmissione, comunicazione o notificazione, dei documenti informatici è effettuata per via telematica attraverso il sistema informatico civile, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6.

3. Si applicano le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ove non diversamente stabilito dal presente regolamento.

Articolo 3 . Sistema informatico civile

1. Il sistema informatico civile è strutturato con modalità che assicurano:

a) l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento;

b) l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica l'atto;

c) l'avvenuta ricezione della comunicazione dell'atto;

d) l'automatica abilitazione del difensore e dell'ufficiale giudiziario.

2. Al sistema informatico civile possono accedere attivamente soltanto i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari per le attività rispettivamente consentite dal presente regolamento.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabilite le regole tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema informatico civile, nonché per l'accesso dei difensori delle parti e degli ufficiali giudiziari. Con il medesimo decreto sono stabilite le regole tecnico-operative relative alla conservazione e all'archiviazione dei documenti informatici, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

Articolo 4 . Atti e provvedimenti

1. Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale come espressamente previsto dal presente regolamento.

2. Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti vengono redatti o stampati su supporto cartaceo, sottoscritti nei modi ordinari e allegati al fascicolo cartaceo. La copia informatica degli stessi è inserita nel fascicolo informatico con le modalità di cui agli articoli 12 e 13.

3. Ove dal presente regolamento non è espressamente prevista la sottoscrizione del documento informatico con la firma digitale, questa è sostituita dall'indicazione del nominativo del soggetto procedente prodotta sul documento dal sistema automatizzato, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39.

Articolo 5 . Processo verbale

1. Il processo verbale, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal cancelliere. Nei casi in cui è richiesto, le parti e i testimoni procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del verbale apponendo la propria firma digitale.

2. Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, il processo verbale viene redatto o stampato su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e allegato al fascicolo cartaceo. La copia informatica del processo verbale è allegata al fascicolo informatico con le modalità di cui agli articoli 12 e 13.

Articolo 6 . Comunicazioni e notificazione

1. Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonché la notificazione degli atti, effettuata quest'ultima come documento informatico sottoscritto con firma digitale, possono essere eseguite per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico civile, anche all'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell'articolo 7.

2. La parte che richiede la notificazione di un atto trasmette per via telematica l'atto medesimo all'ufficiale giudiziario, che procede alla notifica con le medesime modalità.

3. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via telematica, trae dall'atto ricevuto come documento informatico la copia su supporto cartaceo, ne attesta la conformità all'originale e provvede a notificare la copia stessa unitamente al duplicato del documento informatico, nei modi di cui agli articoli 138 e ss. del codice di procedura civile.

4. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce per via telematica l'atto notificato, munito della relazione della notificazione attestata dalla sua firma digitale.

Articolo 7 .Indirizzo elettronico

1. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'articolo 6, l'indirizzo elettronico del difensore è unicamente quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine e da questi reso disponibile ai sensi del comma 3 del presente articolo. Per gli esperti e gli ausiliari del giudice l'indirizzo elettronico è quello comunicato dai medesimi ai propri ordini professionali o all'albo dei consulenti presso il tribunale.

2. Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 l'indirizzo elettronico è quello dichiarato al certificatore della firma digitale al momento della richiesta di attivazione della procedura informatica di certificazione della firma digitale medesima, ove reso disponibile nel certificato.

3. Gli indirizzi elettronici di cui al comma 1, comunicati tempestivamente dagli ordini professionali al Ministero della giustizia, nonché quelli degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche (UNEP), sono consultabili anche in via telematica secondo le modalità operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Articolo 8 .Attestazione temporale

1. La comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data apposta dal notificatore alla ricevuta di consegna mediante la procedura di validazione temporale a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la comunicazione e la notificazione eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale giudiziario la data riportata nella ricevuta di consegna tiene luogo della suddetta procedura di validazione temporale.

2. I dati relativi a quanto previsto dal comma 1 sono conservati dal notificatore per un periodo non inferiore a cinque anni secondo le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Articolo 9 .Costituzione in giudizio e deposito

1. La parte che procede all'iscrizione a ruolo o alla costituzione in giudizio per via telematica trasmette con il medesimo mezzo i documenti probatori come documenti informatici o le copie informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo.

Articolo 10 .Procura alle liti

1. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale.

Articolo 11 .Iscrizione a ruolo

1. La nota di iscrizione a ruolo può essere trasmessa per via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale.

2. La nota di iscrizione a ruolo trasmessa per via telematica è redatta in modo conforme al modello definito con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Articolo 12 .Fascicolo informatico

1. La cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.

2. Nel fascicolo informatico sono inseriti, secondo le modalità di cui al comma 1, anche i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti al processo. Per i documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto cartaceo l'inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie informatiche è effettuato dalla cancelleria, sempre che l'operazione non sia eccessivamente onerosa.

3. La formazione del fascicolo informatico non elimina l'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo.

Articolo 13 .Formazione del fascicolo informatico

1. Ogni fascicolo informatico riceve la stessa numerazione del fascicolo cartaceo ed è formato secondo quanto stabilito dall'articolo 36 delle norme di attuazione del codice di procedura civile.

2. L'indice degli atti contiene anche l'indicazione dei documenti conservati solo nel fascicolo cartaceo ed è redatto in modo da consentire la diretta consultazione degli atti e dei documenti informatici.

3. Gli atti e i documenti probatori depositati dalle parti, contestualmente alla costituzione in giudizio o successivamente, sono inseriti in apposite sezioni del fascicolo informatico contenenti ciascuna l'indicazione del giudizio e della parte cui si riferiscono.

4. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, è eccessivamente onerosa l'estrazione della copia informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo, ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico da parte della cancelleria, quando il formato del documento da copiare è diverso da quelli indicati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero se il numero delle pagine da copiare è superiore a venti. Con il medesimo decreto il numero delle pagine è periodicamente aggiornato.

5. In deroga al comma 4 la cancelleria procede comunque all'estrazione della copia informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo quando la parte allega ad essi la copia su supporto informatico.

6. Il fascicolo informatico è consultabile dalla parte, oltre che in via telematica, anche nei locali della cancelleria attraverso un videoterminale.

7. Dopo la precisazione delle conclusioni il responsabile della cancelleria appone al fascicolo informatico la firma digitale.

Articolo 14 .Produzione degli atti e dei documenti probatori su supporto informatico

1. Gli atti e i documenti probatori offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione in giudizio possono essere prodotti, oltre che per via telematica, anche mediante deposito in cancelleria del supporto informatico che li contiene. Il supporto informatico deve essere compatibile con i tipi e i modelli stabiliti al riguardo dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e deve contenere anche il relativo indice, la cui integrità è attestata dal difensore con la firma digitale.

2. Il responsabile della cancelleria procede a duplicare nel fascicolo informatico gli atti, i documenti probatori e l'indice indicati nel comma 1.

3. Il supporto informatico è restituito alla parte dopo la duplicazione di cui al comma 2.

Articolo 15 .Deposito della relazione del c.t.u

1. La relazione prevista dall'articolo 195 del codice di procedura civile può essere depositata per via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale.

2. Con lo stesso mezzo devono essere allegati i documenti e le osservazioni delle parti o la copia informatica di questi ove gli originali sono stati prodotti su supporto cartaceo. In tal caso gli originali sono depositati dal consulente tecnico d'ufficio senza ritardo, in ogni caso prima dell'udienza successiva alla scadenza del termine per il deposito della relazione.

3. Il giudice, tenuto conto di un eventuale successivo utilizzo dei dati contenuti nella consulenza tecnica d'ufficio, può disporre che la relazione o parte di essa sia redatta in modo conforme a modelli definiti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Articolo 16 .Trasmissione dei fascicoli

1. Qualora non sia necessario acquisire il fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, la trasmissione del fascicolo d'ufficio può avvenire, in ogni stato e grado, anche per via telematica con particolari modalità, stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e dirette ad assicurarne l'integrità, l'autenticità e la riservatezza.

2. Prima dell'inoltro, il responsabile della cancelleria è tenuto a controllare che il contenuto del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo sia presente nel fascicolo informatico.

Articolo 17 .Trasmissione della sentenza

1. La trasmissione per via telematica della minuta della sentenza o della sentenza stessa, redatte come documenti informatici sottoscritti con firma digitale, è effettuata, ai sensi dell'articolo 119 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, con particolari modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e dirette ad assicurarne l'integrità, l'autenticità e la riservatezza.

2. Il cancelliere, ai fini del deposito della sentenza ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura civile, sottoscrive la sentenza stessa con la propria firma digitale.

Articolo 18 .Informatizzazione del processo amministrativo e contabile

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche al processo amministrativo e ai processi innanzi alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabilite le regole tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema informatico della giustizia amministrativa e contabile. I decreti sono adottati entro il termine di cui all'articolo 19, comma 2.

Articolo 19 .Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai giudizi iscritti a ruolo dopo il 1° gennaio 2002.

2. Il decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 3, è adottato entro il 30 ottobre 2001.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Decreto 40/2005, de 19 de mayo, por el que se regula la utilización de técnicas de administración electrónica por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Decreto 40/2005, de 19 de mayo, por el que se regula la utilización de técnicas de administración electrónica por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

La Administración de la Comunidad de Castilla y León, al igual que el resto de Administraciones Públicas, se encuentra inmersa en un proceso de cambio, producido por la irrupción de la sociedad de la información y el conocimiento, que afecta tanto a su funcionamiento interno, como a sus relaciones con los ciudadanos y con otras Administraciones Públicas.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece, en su artículo 45, que las Administraciones Públicas impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias.

La Junta de Castilla y León ha adoptado, a lo largo de los últimos años, importantes iniciativas en materia de modernización, de mejora y calidad de los servicios y de avance hacia la administración electrónica.

Además, la vigente Estrategia Regional para la Sociedad de la Información de Castilla y León 2003-2006 y el III Plan Director de infraestructuras y Servicios de Telecomunicación de Castilla y León 2004-2006 (PDIST III), concretan el conjunto de iniciativas, proyectos y actuaciones de nuestra Administración en busca de la plena consolidación de la Región en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, como elemento clave de su desarrollo económico y social e incluyen como línea estratégica sectorial la implantación de la administración digital con un doble objetivo, en primer lugar, acercar al máximo los servicios de la Administración al ciudadano por medio de la diversificación de los canales de acceso, otorgando prioridad al canal internet pero sin olvidar los canales alternativos; y, en segundo lugar, mejorar la calidad de los servicios prestados mediante el empleo de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NTICs).

Finalmente, el Plan Estratégico de Modernización de los Servicios Públicos de la Administración de Castilla y León 2004-2007, aprobado por Acuerdo 29/2004, de 19 de febrero de 2004, de la Junta de Castilla y León, se configura como el instrumento facilitador, unificador e integrador de las actuaciones de modernización e innovación de la Administración de la Comunidad.

“Avanza Castilla y León” incluye entre sus objetivos “Mejorar la atención, información y transparencia administrativa”, con apertura de nuevos canales de comunicación para favorecer el acceso de los ciudadanos a la sociedad de la información y la implantación progresiva de la administración electrónica. Para su consecución, dentro del Plan de Atención Integral al Ciudadano, se ha diseñado un programa operativo denominado “Programa de administración electrónica” con medidas concretas entre las que se encuentran: la reglamentación de la administración electrónica en la Comunidad; el establecimiento de un Sistema Único de Información Administrativa, basado en una plataforma tecnológica multicanal que dé soporte a todas las formas o vías a través de las que el ciudadano desee interactuar con la Administración (telefónico, Web, presencial); y el establecimiento de un Sistema de Tramitación Telemática, mediante una plataforma que posibilite el tránsito de un sistema meramente informativo sobre la tramitación de expedientes a un sistema de interacción bidireccional, que permita la tramitación completa de los expedientes seleccionados en base a su demanda por los ciudadanos.

Para la implantación de la administración electrónica de la Junta de Castilla y León se ha optado por una solución global que permita la información y tramitación telemática de los distintos procedimientos administrativos y que dé soporte a los canales presencial y telefónico, consiguiéndose así la atención integral al ciudadano.

La incorporación de las nuevas tecnologías por la Administración Autonómica en su actividad y en sus relaciones, ya sean internas o externas, es un elemento esencial para el desarrollo y futuro de nuestra Región, por ello, es necesario poner a disposición de los órganos de la Administración, tanto una plataforma y herramientas tecnológicas comunes que estandaricen, aceleren y permitan reducir costes, como las normas y procedimientos a seguir para incorporar los contenidos, servicios y trámites existentes al modelo de administración electrónica.
Dentro de este marco, el presente Decreto tiene por objeto regular los elementos precisos para la implantación de la administración electrónica e impulsar su utilización en el desarrollo de la actividad y el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Con la aprobación de esta disposición la Administración de Castilla y León asume el objetivo de implantar una verdadera administración electrónica, acorde con las demandas de la ciudadanía.

El presente Decreto se estructura en una parte expositiva o preámbulo, y otra dispositiva, dividida en cinco capítulos donde se integran sus quince artículos, cinco disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Presidencia y Administración Territorial e iniciativa conjunta de los Consejeros de Presidencia y Administración Territorial y Fomento, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 19 de mayo de 2005, dispone:

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

El presente Decreto tiene por objeto regular la implantación y utilización de las técnicas de la administración electrónica por la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, por los Organismos Autónomos y, cuando ejerzan potestades administrativas, por los Entes Públicos de Derecho Privado, en el ejercicio de sus competencias, en el desarrollo de sus actividades, así como en sus relaciones internas o externas.

Artículo 2. Definiciones.

Además de las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, a los efectos del presente Decreto serán de aplicación las siguientes:
a) Técnicas de administración electrónica: Conjunto de actividades e instrumentos que se producen por la conjunción de la electrónica, la informática o la telemática, utilizados por la Administración.
b) Soporte: Objeto sobre el cual o en el cual es posible grabar y recuperar datos.
c) Medio: Mecanismo, instalación, equipo o sistema de tratamiento de la información que permite, utilizando la electrónica, la informática y la telemática, producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones.
d) Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es el tratamiento electrónico de la información.
e) Documento electrónico: Aquel documento constituido por una entidad identificada y estructurada que contiene texto, gráficos, sonidos, imágenes o cualquier otra clase de información que puede ser almacenada, editada, extraída e intercambiada entre sistemas de tratamiento de la información o usuarios como una unidad diferenciada.

Artículo 3. Derechos de los ciudadanos.

1. La utilización de las técnicas de administración electrónica se desarrollará teniendo en cuenta la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos reconocidos legalmente, las limitaciones establecidas por el ordenamiento jurídico, las especificaciones técnicas contenidas en las normas nacionales e internacionales, el respeto a lo dispuesto en el presente Decreto y en sus disposiciones específicas de desarrollo, así como, en las normas reguladoras de cada procedimiento.

2. En especial se garantizará el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en las demás leyes específicas y normas de desarrollo sobre tratamiento de información.

3. En ningún caso, la utilización de las técnicas de administración electrónica podrá implicar la existencia de restricciones o discriminaciones de cualquier naturaleza en el acceso de los ciudadanos a la prestación de servicios públicos o a cualquier procedimiento administrativo.

4. Cuando se utilicen técnicas de administración electrónica en actuaciones o procedimientos que afecten directa o indirectamente a los derechos e intereses, individuales o colectivos de los ciudadanos, se garantizará la identificación y el ejercicio de la competencia por el órgano correspondiente, así como el derecho a obtener información que permita identificar los medios y aplicaciones utilizados.

5. Los ciudadanos tendrán derecho de acceso a los archivos y registros, que puedan crearse por la implantación de técnicas de administración electrónica, con los requisitos y limitaciones establecidos en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 4. Medidas de seguridad.

1. Cuando se utilicen técnicas de administración electrónica se adoptarán medidas técnicas y organizativas para asegurar la autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y no repudio de la información, sin perjuicio de las medidas adicionales que puedan ser consideradas en la evaluación de soportes, medios y aplicaciones particulares.

2. Las medidas de seguridad tendrán en cuenta el estado de la tecnología, y serán proporcionadas a la naturaleza de los datos, los tratamientos y los riesgos a los que estén expuestos.

3. Las medidas de seguridad deberán garantizar la restricción de su utilización, el acceso a los datos e informaciones a las personas autorizadas, la prevención de alteraciones o pérdidas de los datos e información y la protección de los procesos informáticos frente a manipulaciones no autorizadas.

Artículo 5. Sistemas de identificación y autenticación.

1. El acceso a datos e información por parte de los distintos usuarios exigirá, como requisito previo, su identificación y autenticación mediante la utilización de firma electrónica avanzada, técnicas de criptografía y/o mecanismos tradicionales de usuario y contraseña.

2. La utilización de los distintos sistemas de identificación y autenticación estará en función de los niveles de seguridad de los datos e informaciones contenidos en las aplicaciones, de acuerdo con la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.

CAPÍTULO II. APLICACIONES DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Artículo 6. Aprobación y publicación de aplicaciones.

1. La utilización de técnicas de administración electrónica para la gestión de procedimientos administrativos, o de alguna de sus fases o trámites, exige la previa aprobación, por Orden, de las aplicaciones que efectúen el tratamiento de la información.

2. Las Órdenes de aprobación de aplicaciones deberán publicarse en el “Boletín Oficial de Castilla y León”, y tendrán el siguiente contenido mínimo:
a) Identificación del procedimiento o trámites objeto de técnicas de administración electrónica, con indicación de los datos recogidos en el Inventario Automatizado de Procedimientos Administrativos.
b) Régimen, medios de acceso y niveles de seguridad.
c) Información a que hace referencia el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

3. No será precisa Orden de aprobación de aplicaciones cuya utilización sea de carácter meramente instrumental, entendiendo por tales aquellos que efectúen tratamientos de informaciones auxiliares o preparatorias cuyo resultado no determine directamente el contenido de las decisiones administrativas.

4. No será precisa la aprobación de las nuevas versiones o modificaciones que se efectúen de las aplicaciones que ya hubieran sido aprobadas, siempre que no se hayan producido alteraciones que puedan afectar sustancialmente a los resultados de los tratamientos de información que efectúen.

Artículo 7. Órganos competentes.

1. Cuando la aplicación vaya a ser utilizada en el ejercicio de sus competencias por uno o varios órganos de una Consejería, la aprobación se realizará por Orden de dicha Consejería, especificando que trámite o trámites quedan sujetos a posibilidad de aplicar técnicas de administración electrónica. De igual forma se aprobarán las aplicaciones de cada Organismo Autónomo o Ente Público de Derecho Privado adscritos a aquéllas.

2. Si la aplicación va a ser utilizada por órganos o entidades de varias Consejerías en el ejercicio de sus competencias, la aprobación se realizará, a iniciativa de todas las Consejerías afectadas, por Orden de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, sin perjuicio de las competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico a otros órganos.

3. En todo caso se requerirán los informes, de carácter preceptivo y vinculante, de la Dirección General de Atención al Ciudadano y Modernización Administrativa y de la Dirección General de Telecomunicaciones, sin perjuicio de aquellos otros que puedan ser preceptivos o se estimen convenientes.

4. El informe que emita la Dirección General de Atención al Ciudadano y Modernización Administrativa se pronunciará al menos, en el ámbito de sus competencias, sobre la aplicación de criterios de racionalización, normalización y simplificación de los procedimientos administrativos afectados por la aplicación de técnicas de administración electrónica.

5. El informe que emita la Dirección General de Telecomunicaciones se pronunciará al menos, en el ámbito de sus competencias, sobre la seguridad de la aplicación, la normalización de los medios de acceso y las condiciones de conservación de los soportes.

Artículo 8. Validez de documentos y copias.

1. Efectuada la aprobación y publicación de la utilización de técnicas de administración electrónica, los documentos emitidos por los órganos y entidades de la Administración de la Comunidad y por los particulares en sus relaciones con aquéllos, en soportes de cualquier naturaleza, serán válidos siempre que quede acreditada su integridad, conservación y la identidad del autor, así como la autenticidad de su voluntad.

2. Las copias de documentos originales generados o almacenados mediante procesos electrónicos, informáticos o telemáticos, expedidas por los correspondientes órganos administrativos, tendrán la misma validez y eficacia del documento original, siempre que quede acreditada su autenticidad, integridad y conservación.

3. Los documentos que contengan actos administrativos o actuaciones de los interesados ante la Administración, y hayan sido producidos mediante técnicas de administración electrónica, deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato o en otro diferente.

CAPÍTULO III. DEPÓSITO DE ORIGINALES ELECTRÓNICOS

Artículo 9. Depósito de Originales Electrónicos.

1. Con el fin de hacer efectiva la conservación de documentos, se crea el depósito de originales electrónicos. El depósito de originales electrónicos será único para toda la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, sus Organismos Autónomos y, cuando ejerzan potestades administrativas, para los Entes Públicos de Derecho Privado.

2. El depósito de originales electrónicos contendrá todos aquellos documentos generados por medios electrónicos, informáticos o telemáticos que obren en los expedientes administrativos tramitados por medio de técnicas de administración electrónica, sin perjuicio de su posterior transferencia a los archivos que corresponda de acuerdo con lo establecido en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León.

3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán contar con medidas de seguridad que garanticen la calidad y protección de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, la integridad de los documentos y su disponibilidad.

Artículo 10. Acceso al Depósito de Originales Electrónicos.

1. El acceso a los documentos almacenados por medios o en soportes electrónicos, informáticos o telemáticos se regirá por lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, así como en sus normas de desarrollo y, por la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León.

2. Las Órdenes de aprobación de aplicaciones establecerán el procedimiento de acceso al depósito de originales electrónicos, la obtención de copias de los documentos originales, mediante códigos u otros sistemas de identificación, así como los niveles de seguridad que garanticen la autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y conservación de la información y de los documentos contenidos en el mismo.

3. Tendrán acceso al depósito de originales electrónicos, tanto el personal al servicio de la Administración competente para la tramitación de los procedimientos, como la persona o personas interesadas.

CAPÍTULO IV. GESTIÓN ELECTRÓNICA DE PROCEDIMIENTOS

Artículo 11. Gestor de procedimientos.

1. Los procedimientos o trámites administrativos, previamente aprobados, se apoyarán, para su tramitación por medio de técnicas de administración electrónica, en sistemas de gestión electrónica de procedimientos.

2. La Junta de Castilla y León procederá a la implantación de un gestor de procedimientos estándar, al que podrán incorporarse las aplicaciones y gestores de procedimientos de los distintos órganos administrativos.

La implantación de otros gestores de procedimientos exigirá garantizar la compatibilidad tecnológica con los elementos habilitantes del sistema de administración electrónica.

3. A través del sistema de administración electrónica los interesados podrán obtener información particular sobre la fase o trámite en la que se encuentran los expedientes tramitados por la Administración Regional. El acceso a esta información se realizará por medio de códigos u otros sistemas de identificación y con los niveles de seguridad que se definan en cada caso. Los interesados tendrán un acceso multicanal a dicha información particular a través de la página Web de la Junta de Castilla y León, el servicio telefónico 012 de información administrativa y atención al ciudadano y, de manera presencial, a través de las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano o ante el órgano o unidad administrativa que sea competente para la tramitación.

CAPÍTULO V. UTILIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA

Artículo 12. Firma electrónica avanzada.

1. La Administración Autonómica utilizará la firma electrónica avanzada, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, para la gestión de sus procedimientos, trámites administrativos y en sus relaciones con otras Administraciones Públicas y los ciudadanos, en la medida que técnicamente sea posible su aplicación.

2. Por Orden de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, previo informe de la Comisión de Secretarios Generales, podrán establecerse condiciones adicionales a la utilización de la firma electrónica, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.

Artículo 13. Implantación de la firma electrónica.

La Administración de la Comunidad de Castilla y León, con sujeción a la normativa básica estatal y a la normativa comunitaria, podrá formalizar convenios con la Entidad Pública Empresarial Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o con cualquier otra entidad prestadora de servicios de certificación, para la implantación de la firma electrónica avanzada en la tramitación de sus procedimientos administrativos y en sus relaciones con otras Administraciones Públicas y los ciudadanos.

Artículo 14. Principios y criterios de actuación.

La implantación y uso de la firma electrónica se basará en los siguientes principios y criterios de actuación:
a) Seguridad en las relaciones telemáticas y, en concreto, en el funcionamiento de la red de telecomunicaciones de la Administración de Castilla y León.
b) Integridad de las comunicaciones telemáticas en las que se emplee la firma electrónica.
c) Autenticidad y conservación de los documentos generados.
d) Publicidad de las aplicaciones informáticas que empleen la firma electrónica.
e) Objetividad, transparencia y no discriminación en la prestación de servicios de certificación de firma electrónica avanzada.

Artículo 15. Obtención del certificado de usuario de firma electrónica.

1. La obtención del “Certificado Electrónico” permite a su titular relacionarse con la Administración por medio de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas de forma segura.

2. En todo caso, se exigirá la presencia física del interesado, para formalizar el procedimiento de acreditación, en las oficinas de acreditación.

3. Los certificados de firma electrónica quedarán sin efecto si concurren algunas de las circunstancias previstas en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.

Disposición adicional primera. Difusión de aplicaciones, medios y soportes de comunicación.

1. A efectos de conocimiento general, las correspondientes Consejerías o Entidades a ellas adscritas deberán, anualmente, hacer pública en el “Boletín Oficial de Castilla y León” la relación de las aplicaciones, medios y soportes a través de los cuales se gestionan los procedimientos o trámites en los que se utilizan técnicas de administración electrónica.

2. Las Consejerías y Entidades mantendrán permanentemente actualizada y a disposición de los ciudadanos, en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano, en la página Web de la Junta de Castilla y León y a través del servicio telefónico 012, la relación de aplicaciones, medios y soportes a que se refiere el párrafo anterior.

Disposición adicional segunda. Aplicación de técnicas de administración electrónica en otros órganos instituciones y entidades.

1. Las Consejerías promoverán, mediante los correspondientes convenios de colaboración, la implantación en las Entidades Locales de Castilla y León de las técnicas de administración electrónica determinadas en este Decreto.

2. A tal efecto, también se podrán suscribir Convenios con las Universidades Públicas de la Comunidad, las Cortes de Castilla y León, el Procurador del Común, el Consejo de Cuentas y el Consejo Consultivo.

Disposición adicional tercera. Formularios normalizados.

Con el fin de facilitar la presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones a través de las técnicas de administración electrónica, se pondrán obtener en la página Web de la Junta de Castilla y León formularios normalizados de los distintos procedimientos administrativos.

Disposición adicional cuarta. Fomento de la utilización de las técnicas de administración electrónica.

1. La Administración de Castilla y León realizará las acciones encaminadas a fomentar, entre los ciudadanos, organizaciones y Entidades Locales de Castilla y León, el uso de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en sus relaciones con la Administración.

2. Las Consejerías y Entidades incorporarán toda su información institucional en la página Web corporativa de la Junta de Castilla y León y la mantendrán permanentemente actualizada.

Disposición adicional quinta. Oficinas de acreditación.

A los efectos de Obtención del certificado de usuario de firma electrónica se implantarán oficinas de acreditación en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano de la Junta de Castilla y León.

Disposición transitoria primera.

Hasta la aprobación del Inventario Automatizado de Procedimientos Administrativos, al que se refiere el artículo 6.2.a) del presente Decreto, las Órdenes de aprobación de aplicaciones contendrán, en relación a dicho apartado, la identificación del procedimiento o trámites objeto de técnicas de administración electrónica.
Disposición transitoria segunda.

Las personas físicas y jurídicas que, a la entrada en vigor de este Decreto, estén en posesión del certificado de usuario de la firma electrónica avanzada podrán utilizarla en sus relaciones con la Administración de Castilla y León, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el presente Decreto y se reconozca por la Administración Autonómica.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en cuanto contradigan o se opongan a lo dispuesto en este Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo.

1. Se autoriza al Consejero de Presidencia y Administración Territorial y al Consejero de Fomento para que, cada uno en su respectivo ámbito competencial, puedan dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Decreto.

2. Los titulares de las Consejerías podrán dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias y con sujeción a lo establecido en el presente Decreto, cuantas disposiciones sean necesarias para la regulación específica de los soportes, medios y aplicaciones propias.

Disposición final segunda. Base de datos de terceros.

1. Por Orden de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial se creará la base de datos de terceros que tendrá como finalidad poner a disposición de los órganos y unidades administrativos un conjunto de datos de las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, comunes a los procedimientos administrativos gestionados, mediante técnicas de administración electrónica, en la Comunidad de Castilla y León.

2. Los datos de carácter personal de las personas físicas de la base de datos de terceros se incluirán en un fichero, creado al efecto, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y normas de desarrollo.

Disposición final tercera. Regulación de nuevos procedimientos y trámites.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto cualquier regulación que se efectúe de nuevos procedimientos y trámites administrativos, o modificación de los existentes, deberá contemplar la posibilidad de su tramitación por medios telemáticos ajustándose a las condiciones y requisitos previstos en este Decreto.

Disposición final cuarta. Imagen promocional de la Administración electrónica de Castilla y León.

Por Orden de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial se regulará la imagen promocional de la Administración electrónica en Castilla y León y los criterios para su utilización.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

Valladolid, 19 de mayo de 2005.

El Presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera Campo.
El Consejero de Presidencia y Administración Territorial,
Alfonso Fernández Mañueco.

01Ene/14

Jurisprudencia Informatica de SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 170/2003, DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2003. SALA SEGUNDA.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 170/2003, DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2003. SALA SEGUNDA.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Tomás S. Vives Antón, Presidente, don Pablo Cachón Villar, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Guillermo Jiménez Sánchez, doña Elisa Pérez Vera y don Eugeni Gay Montalvo, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En los recursos de amparo núms. 446-2001, 528-2001 y 655-2001, acumulados, promovidos, respectivamente, por don Ignacio Velasco Sánchez, don Ángel Trinchán Fernández y don Héctor Millán Callabed, representados, respectivamente, por los Procuradores de los Tribunales don Luis Pastor Ferrer, don Ignacio Aguilar Fernández y don Francisco Velasco Muñoz Cuellar y asistidos por los Abogados don Vicente Aguirre Izaguirre, don Juan R. Diego Barrado y don Miguel Ángel Tutor Pardo contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 26 de diciembre de 2000 por la que se estima el recurso de apelación contra la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Zaragoza de 24 de julio de 2000, y que los condenó como autores de un delito contra la propiedad intelectual. Han comparecido en este proceso constitucional Autodesk Incorporated; Editorial Aranzadi, S.A.; Lotus Development Corporation; Microsoft Corporation; Novell Incorporated; Abobe Systems Inc.; e International Business Machines, S.A., representados por el Procurador de los Tribunales don Jorge Deleito García y asistidos por el Abogado don Óscar Deleito García. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado y registrado ante este Tribunal el 26 de enero de 2001 con el número 446-2001, el Procurador de los Tribunales don Luis Pastor Ferrer, en nombre y representación de don Ignacio Velasco Sánchez, y asistido por el Abogado don Vicente Aguirre Izaguirre, formuló demanda de amparo contra la Sentencia que se indica en el encabezamiento y que condenó, entre otros, al recurrente a la pena de prisión de seis meses, accesorias legales, costas y responsabilidad civil.

2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:

a) El 20 de mayo de 1997, los Abogados doña María Asunción Zorraquino Rico y don Manuel Giorgio Alonso Porri, en representación de las empresas Abobe Systems Incorporated; Autodesk Incorporated; Editorial Aranzadi; Microsoft Corporation; Novell Inc.; Lotus Development Corporation y Zeta Multimedia, presentaron ante la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza una denuncia contra el administrador o legal representante del establecimiento comercial “CD Max Multimedia” de dicha ciudad por un supuesto delito contra la propiedad intelectual. En la denuncia exponían que, disponiendo de un servicio telefónico de recepción de denuncias, el pasado mes de marzo se había recibido una llamada anónima en la que un informante ponía de manifiesto la existencia de una actividad de reproducción y distribución no autorizada de programas en soporte CD-Rom realizada en Zaragoza. Según la denuncia, en base a dicha información anónima, el establecimiento “CD Max” estaría distribuyendo copias no autorizadas de programas de ordenador propiedad de los denunciantes, realizando la oferta en el mismo establecimiento y domicilio particular de su representante, que ofrece indistintamente todo tipo de programas de ordenador y obras multimedia en soporte CD-Rom a un precio sensiblemente inferior al de su precio de mercado. Igualmente se hacía constar que también de forma anónima se había recibido en las oficinas de recepción de denuncias de dichas compañías el disco catálogo mediante el cual el denunciado, bajo el nombre de “Black Wraith”, relaciona las obras reproducidas sin autorización que ofrece al público, apareciendo un número de teléfono de contacto.

b) El mismo día 20 de mayo la Guardia Civil solicita mandamiento de entrada y registro, poniendo de manifiesto en su escrito que durante el mes de marzo se habían recibido llamadas en esa unidad procedentes de una firma de Abogados de Barcelona en las que se informaba de la existencia de una persona que pudiera dedicarse al duplicado ilegal de programas informáticos en soporte CD-Rom, que dicha persona tiene el apodo de “Black Wraith” y que, según les consta por una llamada anónima y posterior recepción de un disco de ordenador, el citado alias pudiera corresponder a una persona relacionada con la empresa CD Max Multimedia con domicilio en Zaragoza. En la misma solicitud se señala que, por todo ello, se iniciaron gestiones para el esclarecimiento de los hechos y el hallazgo de indicios que corroboraran las afirmaciones, resultando que el recurrente don Ignacio Velasco Sánchez montó la citada empresa en 1996, que en la actualidad no tenía actividad laboral, si bien se continuaba dedicando a las labores informáticas mediante llamadas telefónicas a su domicilio. Se señalaba, igualmente, que se había formulado denuncia por diversas empresas de software y multimedia, aportando un disquete conteniendo infinidad de archivos en los que se ofrecen programas informáticos e instrucciones para su compra, así como listas de los mismos y teléfono de contacto para formular supuestamente pedidos, adjuntando a la solicitud extracto de las cartas contenidas en el mencionado disquete, en las que se dan instrucciones. Por último, también se señalaba que a raíz de las conversaciones mantenidas con los denunciantes, se tenían fundados indicios de que el alias “Black Wraith” pudiera corresponder al recurrente don Ignacio Velasco Sánchez. Por todo ello se solicitaba el mandamiento para la entrada y registro en su domicilio particular y en el domicilio social de la empresa.

c) En virtud de dicha solicitud, por Auto del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Zaragoza de 20 de mayo de 1997, se incoaron diligencias previas 1610/97, autorizándose por Auto de la misma fecha la entrada y registro en el domicilio del recurrente don Ignacio Velasco Sánchez y de la entidad CD Max Multimedia para la incautación de “CPUs” y accesorios, así como soportes informáticos de cualquier clase, ante las sospechas puestas de manifiesto por el oficio de la Guardia Civil de que se estuvieran realizando duplicados ilegales de programas informáticos. Como resultado de estas diligencias se intervino en el domicilio del recurrente don Ignacio Velasco Sánchez diverso material informático (1 disco duro y 2 ordenadores, uno de ellos con dos lectores de CD), así como soportes informáticos (CD-Rom, disquetes de 3 ½´ y de 5 ¼´), una agenda con teléfonos, un directorio telefónico y un bloc de notas con una carta manuscrita. En el domicilio social de la empresa la diligencia resultó negativa.

d) El mismo día 20 de mayo, a la vista de la documentación intervenida, y a que de ella se derivaba que determinadas personas estaban involucradas en la duplicación de soportes informáticos, se detuvo, entre otros, a los recurrentes don Ángel Trinchan Fernández y don Héctor Millán Callabed, procediéndose con su consentimiento al registro de sus domicilios respectivos. En el domicilio de don Ángel Trinchan Fernández fueron intervenidos diversos disquetes de 3 ½´ y de 5 ¼´. En el domicilio de don Héctor Millán Callabed fueron intervenidos diversos CD-Rom, disquetes de 3 ½´, un ordenador, dos lectores de CD y un lector múltiple de CD.

e) La totalidad del material y soportes informáticos intervenidos en los registros quedó bajo custodia de la Guardia Civil, siendo designado por el Juzgado como perito don Luis Sergio Alonso Torres para que emitiera informe sobre ellos. El perito hizo entrega de su informe y se ratificó en el mismo el 17 de octubre de 1997, haciendo constar que se había realizado sobre 731 CD-Rom y 612 disquetes que habían sido facilitados por la Guardia Civil. Ante la renuncia de este perito judicial se procede a nuevo nombramiento de perito en la persona de don Arturo Pueyo Tena, quien emitió un informe complementario el 20 de agosto de 1999, haciendo constar que le habían sido entregados 729 CD.

f) El recurrente don Ignacio Velasco Sánchez, por escrito de 16 de octubre de 1997 puso de manifiesto que el disquete anónimo que se adjuntó a la denuncia se habría obtenido con vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, en tanto que contenía información y correspondencia privada que obraba únicamente en sus ordenadores personales, por lo que sólo se habría podido tener acceso a ellas mediante la ilegítima introducción en el disco duro de sus ordenadores, que se debió producir a través de la conexión telefónica que utilizaba para el acceso a Internet. De esta nulidad se derivaría también la del Auto de entrada y registro y los objetos en ellas intervenidos. Por providencia de 28 de octubre de 1997 se denegó la tramitación de dicha solicitud al no existir la posibilidad de promover un incidente de nulidad de actuaciones si no se utiliza el medio impugnatorio de los recursos, sin perjuicio de la valoración que, en su caso, pudiera hacerse en el acto del juicio oral o en la Sentencia sobre la validez de las pruebas que se practiquen o que ya consten aportadas.

g) Por Auto de 2 de diciembre de 1997 se acordó la continuación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado. Contra dicho Auto el recurrente don Ignacio Velasco Sánchez interpuso recurso de reforma, insistiendo en la nulidad de las pruebas. Por Auto de 7 de enero de 1998 se desestimó la reforma al no referirse a nulidades del Auto recurrido sino a la obtención de la información que dio lugar a la denuncia, sin perjuicio del derecho a plantear estas cuestiones en el juicio oral que, en su caso, se celebre.

h) El Ministerio Fiscal, por escrito de 13 de diciembre de 1999, formuló acusación contra los recurrentes como autores de un delito contra la propiedad intelectual, haciendo lo propio las acusaciones particulares. Por Auto de 24 de enero de 2000 se acordó la apertura del juicio oral. El recurrente don Ignacio Velasco Sánchez en su escrito de defensa como cuestión previa plantea nuevamente que el elemento probatorio facilitado por los denunciantes, cual es el disquete y la información en él contenida, fue obtenido de forma ilícita por el autor de la compilación por lo que debe ser considerado como prueba nula y, derivado de ello, también resulta nulo el Auto de entrada y registro, la documentación y elementos obtenidos en la misma. Del mismo modo consideró que, a los efectos del art. 18.2 CE, la motivación del Auto de entrada y registro no cabía estimarla suficiente, pues los oficios de solicitud a los que se remitió en su fundamentación se limitaban a expresar unas abstractas sospechas sin aportar datos precisos que pudieran considerarse suficientes como indicios.

i) El 17 de enero de 2000 se celebró el juicio oral ante el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Zaragoza. Al comienzo del juicio la defensa del recurrente don Ignacio Velasco Sánchez solicitó su suspensión por incomparecencia de dos agentes de la Guardia Civil en cuanto en el atestado manifestaron que existían indicios que justificarían la medida de entrada y registro, entendiendo esa parte que actuaron por denuncia y meras sospechas. No se accedió a la suspensión y se estableció la debida protesta. En fase de informe se recogió en el acta la solicitud por parte del recurrente don Ignacio Velasco Sánchez, con la adhesión de las defensas de los otros dos recurrentes, de la nulidad del disquete aportado con la denuncia y su trascripción sin presencia del Secretario Judicial, así como la denuncia de la nulidad de las dos pruebas periciales practicadas al no coincidir el número de CD incautados con el de CD a que se refieren las periciales.

j) Por Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Zaragoza de 24 de julio de 2000 se absolvió a los reos de la acusación formulada. Se declararon como hechos probados la existencia de los registros domiciliarios de los tres acusados y la intervención, entre otros objetos, de 435 CD-Rom en el domicilio de don Ignacio Velasco, de 306 disquetes de 3 ½´ y 165 de 5 ¼´ en el domicilio de don Ángel Trinchan, y de 130 CD-Rom en el de don Héctor Millán. Dicho material no fue clasificado por la Guardia Civil en función del que había sido ocupado en cada uno de los domicilios registrados, resultando que posteriormente un perito examinó 731 CD (más de los que constan ocupados en las diligencias de entrada y registro) que contenían 430 programas no autorizados. El material informático examinado por el perito se recibió en cajas rotas, sin etiquetar.

En función de esos hechos se consideró que procedía la absolución al no haber prueba suficiente que acreditara cuál de los dos acusados, don Ignacio Velasco o don Héctor Millán, poseía programas informáticos repetidos en su domicilio, ya que todo el material informático intervenido por la Guardia Civil se mezcló sin posibilidad de identificar el correspondiente a cada uno de los acusados, lo que impide depurar la responsabilidad penal de cada uno de ellos. Por otra parte, también se destacó que de las actuaciones resultaba que el número de CD ocupados a los acusados no coincide con el número de CD examinados por el perito, sin que el motivo de dicha diferencia haya quedado resuelto. Finalmente, en cuanto a los tres CD “Radikal”, únicos discos que obraban en la causa como piezas de convicción, no resultaba acreditado que fueran ocupados en el domicilio de don Ignacio Velasco, ya que del acta de entrada y registro resultaba la ocupación de uno, no de tres, dándose la circunstancia de que sólo uno de ellos contenía software de juegos, tal como había declarado el recurrente. En cuanto al resto de las pruebas, consideró que, respecto del contenido del disquete presentado con la denuncia, el perito había manifestado que estaba estropeado por almacenamiento u otra causa y que no se pudo leer. En consecuencia no es posible estimar probado su contenido y, por tanto, si coincide con el del documento, lo que impide considerarlo prueba de cargo. En cuanto al contenido del cuaderno de anillas ocupado en el domicilio de Ignacio Velasco, al tener una fecha muy anterior al del inicio del proceso, como prueba única era insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.

Con independencia de todo lo anterior, en el caso del acusado don Ángel Trinchán, además, razona que la absolución vendría también motivada porque no se le ocupó ningún CD, sino únicamente una serie de discos que por su escasa capacidad no son aptos para la reproducción de programas informáticos, tal como manifestaron los peritos en el acto del juicio oral, concretándose que uno de los peritos había manifestado que todos los programas protegidos que encontró estaban en CD.

k) La acusación particular interpuso recurso de apelación por error en la apreciación de las pruebas, impugnando la valoración referida, tanto a la discordancia entre el numero de CD sobre los que se emitió informe pericial con los efectivamente intervenidos, como al hecho de que no pudiera determinarse a quien pertenecía cada uno de ellos. Igualmente impugnó el razonamiento sobre la existencia de un único CD “Radikal” incautado, la comprobación del contenido del disquete aportado con la denuncia y el manuscrito intervenido a don Ignacio Velasco. El Ministerio Fiscal se adhirió a dicho recurso y las defensas lo impugnaron.

l) Por Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 26 de diciembre de 2000 se estimó el recurso, revocando la Sentencia de instancia, y condenando a los acusados como autores de un delito contra la propiedad intelectual a la pena de seis meses de prisión, accesorias legales, costas y pago de responsabilidad civil. En dicha Sentencia se declararon como nuevos hechos probados que los acusados desde fechas anteriores al mes de mayo de 1997 se dedicaban en sus propios domicilios a la reproducción de programas informáticos sin la autorización de los titulares de los derechos de explotación para su venta y distribución en disquetes o CD-Rom a terceros a precios inferiores a los del mercado. Además, que en los diversos registros domiciliarios se intervino diverso material y soportes informáticos, entre ellos 435 CD-Rom y 299 disquetes de ordenador en el domicilio de don Ignacio Velasco; 306 disquetes de 3 ½´ y 165 de 5 ¼´ en el de don Ángel Trinchán y 130 CD-Rom y 31 disquetes de 3 ½´ en el de don Héctor Millán. Los disquetes y CD-Rom ocupados a los 3 acusados contenían copias de 430 programas, que eran reproducciones de los programas originales sin la correspondiente licencia de los productores. Se incluyó también como hecho probado que el material no fue clasificado ni relacionado por la Guardia Civil en función del que había sido ocupado en cada uno de los domicilios registrados.

En los fundamentos de derecho de esta Sentencia se razona, en relación con el contenido del disquete presentado con la denuncia, que a pesar de que el perito señaló que estaba erróneo, ello no era óbice para que el resultado de las diligencias de entrada y registro fuera el que consta en autos, habiéndose ocupado a los acusados copias de programas no originales y habiendo declarado los peritos en el plenario que muchos de los programas contenidos en los CD-Rom y disquetes tenían varias copias, con programas repetidos en diferentes discos que eran copias, así como que se encontraron programas de ayuda a copiar. En concreto que en el examen de los CD-Rom “Radikal” 1, 2, y 3 se encontró Software de juegos en el número 3; para juegos, para OS/2 y para Windows en el número 1; y para OS/2 y Windows en el 2. Igualmente se considera relevante el manuscrito intervenido a Ignacio Velasco, ya que la circunstancia de que la fecha sea anterior a los hechos no es obstáculo para acreditar la comisión de los mismos en conjunción con los otros medios de prueba practicados, siendo inverosímil que dicho manuscrito sea un borrador de novela o pura ficción como declaró en el juicio don Ignacio Velasco que reconoció su autoría, dado que emplea nombres reales, menciona expresamente a su socio don Ángel Trinchán hablando en segunda persona del plural y se refiere a la duplicación pirata de CD que llevan a cabo. De ese modo se consideran decisivas para el pronunciamiento condenatorio las pruebas periciales practicadas sobre el material informático ocupado (disquetes y CD-Rom) en las diligencias de entrada y registro, amén del diario manuscrito que el acusado reconoció haber dictado.

3. Mediante escrito presentado y registrado ante este Tribunal el 31 de enero de 2001 con el número de amparo 528-2001, el Procurador de los Tribunales don Ignacio Aguilar Fernández, en nombre y representación de don Ángel Trinchán Fernández, y asistido por el Abogado don Juan R. Diego Barrado, formuló demanda de amparo contra la Sentencia que se indica en el encabezamiento y que condenó, entre otros, al recurrente a la pena de prisión de seis meses, accesorias legales, costas y responsabilidad civil. Los hechos de los que trae causa esta demanda son los mismos que los relatados en el recurso de amparo núm. 446-2001.

4. Mediante escrito presentado y registrado ante este Tribunal el 7 de febrero de 2001 con el número de amparo 655-2001, el Procurador de los Tribunales don Francisco Velasco Muñoz Cuellar, en nombre y representación de don Héctor Millán Callabed, y asistido por el Abogado don Miguel Ángel Tutor Pardo, formuló demanda de amparo contra la Sentencia que se indica en el encabezamiento y que condenó, entre otros, al recurrente a la pena de prisión de seis meses, accesorias legales, costas y responsabilidad civil. Los hechos de los que trae causa esta demanda son los mismos que los relatados en el recurso de amparo núm. 446-2001.

5. Los demandantes de amparo fundamentan sus respectivos recursos en los siguientes motivos:

a) El demandante don Ignacio Velasco Sánchez (recurso de amparo 446-2001) alega en un primer motivo vulneración de los derechos a la presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva, basándose en diferentes circunstancias como son: 1) ausencia de pruebas sobre la pretendida connivencia entre los acusados que permite al Tribunal enjuiciar todo el material incautado como de común pertenencia a los mismos, aun cuando dicho material no se corresponda, en cuanto a la cantidad examinada, con lo investigado por los peritos, y falta de motivación sobre este aspecto; y 2) condena en apelación en virtud de una valoración probatoria sin las garantías de inmediación y contradicción, ya que la Sala no pudo examinar las demás pruebas testificales y el contenido de las periciales vertidas en el juicio oral.

El segundo motivo de amparo aducido es la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, en relación con los derechos al secreto de las comunicaciones, a la inviolabilidad del domicilio y a la tutela judicial efectiva, toda vez que las pruebas obrantes en la causa, fundamentadoras de la declaración de culpabilidad, derivan de la diligencia de entrada y registro en el domicilio del recurrente que, por un lado, se fundamentó en el contenido de un disquete recibido anónimamente por los denunciantes, al que únicamente se podría haber tenido acceso mediante la ilegítima introducción en el disco duro de sus ordenadores que debió operarse a través de la conexión telefónica que se utilizaba para el acceso a Internet; por otro, se autorizó en virtud de meras sospechas, sin que hubiera indicios delictivos concretos y singulares; y, por último, carece de la motivación necesaria. De ese modo, al constatarse que toda la actividad probatoria no es independiente de la diligencia de entrada y registro, la declaración de responsabilidad penal no se ha basado en prueba de cargo válida.

El tercer motivo de amparo aducido se fundamenta en la vulneración de los derechos a la presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías y a la legalidad penal, basado en que las pruebas periciales se han efectuado sobre objetos distintos a los intervenidos, por lo que su incorporación a las actuaciones no reúne las garantías de control judicial y contradicción suficientes, por lo que, además, la condena está afectando al principio de responsabilidad personal. En el cuarto motivo vuelve a aducirse la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, basándose en que, a pesar de que pudieran considerarse licitas las pruebas obtenidas, no existe prueba de cargo suficiente para entender acreditada no sólo la mera posesión de duplicados ilegales de CD, sino su reproducción ilícita.

Por último, el quinto y sexto motivos de amparo se articulan por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, fundamentados, respectivamente, en incongruencia omisiva de la Sentencia de apelación, por no resolver sobre las vulneraciones y nulidades aducidas en la causa; y, en la falta de traslado a las defensas de la apelación adhesiva del Ministerio Fiscal.

b) El recurrente don Ángel Trinchán Fernández (recurso de amparo núm. 528-2001) alega las mismas vulneraciones y con la misma argumentación que las expuestas por el recurrente don Ignacio Velasco Sánchez en sus motivos primero, tercero, cuarto, quinto y sexto.

c) El recurrente don Héctor Millán Callabed (recuso de amparo núm. 655-2001) alega las mismas vulneraciones y con la misma argumentación que las expuestas por el recurrente don Ignacio Velasco Sánchez en sus motivos primero, tercero, cuarto y sexto.

6. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional de 10 de enero de 2000, dictada en el recurso de amparo núm. 446-2001, se dirigió atenta comunicación a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza y al Juzgado de lo Penal núm. 4 de la misma ciudad, a fin de que, previamente a pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso remitiesen certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al rollo de apelación núm. 241-2000 y al procedimiento abreviado núm. 112-2000, procedente del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Zaragoza.

7. La Sala Segunda de este Tribunal acordó por providencia de 22 de julio de 2002 la admisión a trámite los recursos de amparo núms. 446-2001 y 655-2001 y, al tenor de lo previsto en el art. 51 LOTC, emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento judicial para comparecer en el mismo. La Sección Segunda de este Tribunal por providencia de 21 de enero de 2003 hizo lo propio en el recurso 528-2001.

Por providencias de las mismas fechas se acordó formar en los respectivos recursos las correspondientes piezas separadas de suspensión y, de conformidad con lo previsto en el art. 56 LOTC, conceder un plazo común de tres días al Ministerio Fiscal y a los solicitantes de amparo para que alegaran lo que estimasen pertinente sobre las suspensiones. Transcurrido el término conferido, en el recurso de amparo núm. 446-2001, mediante Auto de 30 de septiembre de 2002, en el núm. 528-2001, mediante Auto de 26 de febrero de 2003, y en el núm. 655-2001, mediante Auto de 28 de enero de 2003, se acordó suspender la ejecución exclusivamente en lo referido a la pena privativa de libertad y a la accesoria de suspensión del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

8. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional de 24 de octubre de 2002, en el recurso de amparo núm. 446-2001, y de 13 de febrero de 2003, en el núm. 655-2001, se acordó tener por personados y partes en el procedimiento a Autodesk Incorporated; Editorial Aranzadi, S.A.; Lotus Development Corporation; Microsoft Corporation; Novell Incorporated; Erbe Software, S.A.; Abobe Systems Inc.; International Business Machines, S.A., y Zeta Multimedia, S.A., representados por el Procurador de los Tribunales don Jorge Deleito García y asistidos por el Abogado don Oscar Deleito García; acuerdo condicionado respecto a Erbe Software, S.A., y Zeta Multimedia, S.A., a que en el plazo de diez días acrediten la representación con poder original y, además, en el recurso núm. 446-2001, a don Ángel Trinchán Fernández, representado por el Procurador de los Tribunales don Ignacio Aguilar Fernández y asistido por el Abogado don Juan R. Diego Barrado. A tenor de lo previsto en el art. 52 LOTC, se ordenó dar vista de las actuaciones a las partes para que en el plazo común de veinte días presentaran alegaciones.

Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de 29 de mayo de 2003, en el recurso de amparo núm. 528-2001 se acordó tener por personados y partes en el procedimiento a Autodesk Incorporated; Editorial Aranzadi, S.A.; Lotus Development Corporation; Microsoft Corporation; Novell Incorporated; Abobe Systems Inc.; e International Business Machines, S.A., representados por el Procurador de los Tribunales don Jorge Deleito García y asistidos por el Abogado don Oscar Deleito García; y a don Ignacio Velasco Sánchez, representado por el Procurador de los Tribunales don Luis Pastor Ferrer y asistido por el Abogado don Vicente Aguirre Izaguirre. A tenor de lo previsto en el art. 52 LOTC, se ordenó dar vista de las actuaciones a las partes para que en el plazo común de veinte días presentaran alegaciones, así como, de conformidad con lo dispuesto en el art. 83 LOTC, conceder un plazo de diez días para que alegaran lo pertinente en relación con la acumulación al recurso de amparo 446-2001, mostrándose todos ellos conformes.

9. Los escritos de alegaciones presentados en cada uno de los recurso de amparo fueron los siguientes:

a) En el recurso de amparo núm. 446-2001, la representación del comparecido don Ángel Trinchán Fernández, por escrito de 19 de mayo de 2002, presentó alegaciones, solicitando el otorgamiento del amparo, remitiéndose a lo fundamentado en la demanda, y haciendo especial incidencia en la doctrina sentada en la STC 167/2000, de 18 de septiembre, en sus fundamentos jurídicos 9 a 11, sobre la garantía de inmediación en la segunda instancia. Igualmente, solicitó la acumulación a este procedimiento de los recursos de amparo 528-2001 y 655-2001, que también fueron interpuestos contra las resoluciones impugnadas por él mismo y otro de los condenados.

La representación procesal de los comparecidos Autodesk Incorporated; Editorial Aranzadi, SA; Lotus Development Corporation, Microsoft Corporation, Novell Incorporated; Abobe Systems Inc. e International Business Machines, por escrito de 22 de noviembre de 2002, presentó alegaciones, solicitando la desestimación de la demanda. Consideró, en relación con la vulneración de la presunción de inocencia por no existir prueba ni detallarse los motivos por los que se estimó probado que los acusados mantenían relación de colaboración entre ellos, que en la Sentencia condenatoria expresamente se señala como prueba de cargo el manuscrito original hallado en el domicilio de don Ignacio Velasco en el que aparecían expresamente nombrados ambos condenados y su relación con ellos a los efectos de la actividad de grabación de CD-Rom. En lo referente a las vulneraciones del derecho al secreto en las comunicaciones, inviolabilidad de domicilio y tutela judicial efectiva, considera, por un lado, que no fueron invocados como cuestión previa en el juicio oral; y, por otro, que, en todo caso, cuando se autorizó la entrada y registro existían suficientes indicios para su adopción y así fue suficientemente motivado en el Auto de entrada y registro. Tampoco existiría vulneración del derecho a la legalidad penal pues la mezcla del material intervenido, al ser todo él compuesto por reproducciones no autorizadas, resultaba irrelevante para la declaración de responsabilidad penal; ni del derecho a la presunción de inocencia pues existía suficiente prueba de cargo constituida por los soportes informáticos intervenidos, las periciales realizadas sobre ellas, la nota manuscrita, etc. Por último consideró que no concurrían las vulneraciones aducidas del derecho a la tutela judicial efectiva por incongruencia omisiva y ausencia de traslado de la apelación adhesiva del Ministerio Fiscal, ya que existió una desestimación tácita de los pedimentos del recurrente y la adhesión no aportó ningún fundamento autónomo a la apelación.

El Ministerio Fiscal, por escrito de 25 de noviembre de 2002, interesó que se otorgara el amparo, con reconocimiento al recurrente de sus derechos a la intimidad personal, a la inviolabilidad del domicilio, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia, con anulación de la Sentencia de apelación y desestimación del recurso en todo lo demás. Consideró, en primer lugar, que no había existido el vicio de incongruencia omisiva denunciado, ya que, o bien debería quedar subsumido en las vulneraciones sustantivas alegadas, o bien existiría una motivación tácita de exclusión de la tesis del recurrente. Igualmente, tampoco concurriría la vulneración de la tutela judicial efectiva por defectos en la tramitación de la apelación adhesiva del Ministerio Fiscal, ya que ninguna indefensión real se habría producido al recurrente por no haber suscitado ninguna cuestión autónoma o independiente a la de la apelación principal. Por el contrario, considera que, en relación con el contenido del disquete adjunto a la denuncia conteniendo extractos de cartas del recurrente, si bien no queda acreditada la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones en su forma de obtención, sí se trataría de una intromisión ilegítima en la intimidad personal del recurrente por recoger información sobre su vida personal que hubo necesariamente que obtener accediendo a su ordenador, sin que hubiera consentido ni hubiera mediado resolución judicial al respecto. A esta vulneración estaría conectada antijurídicamente la diligencia de entrada y registro, ya que el indicio determinante para su autorización fue precisamente el contenido del disquete, sin perjuicio de que, además, está carente de motivación suficiente al no especificar cuáles son los indicios o sospechas fundadas ni justificar su necesidad ni aptitud, lo que determina que también concurra una vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Por todo ello considera que también se ha producido una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías por haberse entrado a valorar las pruebas obtenidas en el registro domiciliario y, en relación con ello, del derecho a la presunción de inocencia, ya que la declaración de responsabilidad penal se basó exclusivamente en dichas pruebas.

El recurrente no realizó alegaciones.

b) En el recurso de amparo núm. 528-2001, la representación procesal de los comparecidos Autodesk Incorporated; Editorial Aranzadi, SA; Lotus Development Corporation; Microsoft Corporation; Novell Incorporated; Abobe Systems Inc.; e International Business Machines, por escrito de 25 de junio de 2003, presentó alegaciones, solicitando la desestimación de la demanda, reiterando los argumentos expuestos frente a los motivos primero, tercero, cuarto, quinto y sexto en su escrito de alegaciones presentado en el recurso de amparo núm. 446-2001.

La representación del comparecido don Ignacio Velasco Sánchez, por escrito de 24 de junio de 2003, presentó alegaciones, solicitando el otorgamiento del amparo, remitiéndose a lo fundamentado en la demanda, y haciendo especial incidencia en la doctrina sentada en la STC 167/2000, de 18 de septiembre, en sus fundamentos jurídicos 9 a 11, sobre la garantía de inmediación en la segunda instancia.

El Ministerio Fiscal, por escrito de 25 de junio de 2003, interesó que se otorgara el amparo, con reconocimiento al recurrente de sus derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia, con anulación de la Sentencia de apelación. Consideró, en primer lugar, con igual argumentación que en las alegaciones del recurso de amparo núm. 446-2001, que cabía desestimar ambas vulneraciones aducidas del derecho a la tutela judicial efectiva, debiendo, por el contrario, estimarse las vulneraciones de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia, al haberse valorado para fundamentar su responsabilidad penal la declaración de los acusados y la pericial en la segunda instancia sin la debida inmediación, frente a su absolución previa en la primera instancia.

El recurrente don Ángel Trinchan Fernández, por escrito de 30 de junio de 2003 presentó alegaciones, solicitando el otorgamiento del amparo, remitiéndose a lo fundamentado en la demanda, y haciendo especial incidencia en la doctrina sentada en la STC 167/2000, de 18 de septiembre, en sus fundamentos 9 a 11, sobre la garantía de inmediación en la segunda instancia.

c) En el recurso de amparo núm. 655-2001, la representación procesal de los comparecidos Autodesk Incorporated; Editorial Aranzadi, SA; Lotus Development Corporation; Microsoft Corporation; Novell Incorporated; Abobe Systems Inc.; e International Business Machines, por escrito de 22 de noviembre de 2002, presentó alegaciones, solicitando la desestimación de la demanda, reiterando los argumentos expuestos frente a los motivos primero, tercero, cuarto y sexto en su escrito de alegaciones presentado en el recurso de amparo núm. 446-2001.

El Ministerio Fiscal, por escrito de 5 de marzo de 2003, interesó que se otorgara el amparo, con reconocimiento al recurrente de sus derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia, con anulación de la Sentencia de apelación. Consideró, en primer lugar, que no cabría estimar el primer motivo de amparo, ya que el recurrente se limita a realizar una valoración de la prueba distinta de la efectuada por el órgano judicial que, sin embargo, refleja un razonamiento lógico que no cabe calificar de arbitrario o injustificado. En cuanto a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías, basada en la aducida ausencia de identidad entre el material aprehendido y el examinado por los peritos, consideró que no puede tener la relevancia pretendida, ya que, por un lado, la diferencia numérica se debe a un mero error material consistente en la descripción del material ocupado que no distingue entre CD-Rom y disquetes de 5 ¼´, conclusión a la que implícitamente se llega en la Sentencia de apelación, no reconociendo relevancia alguna a tal equívoca identificación que, por su obviedad, no se considera siquiera susceptible de aclaración o enmienda; y, por otro, la falta de identificación de los concretos soportes que pertenecerían a cada uno de los acusados también es irrelevante atendiendo a que se afirma como hecho probado la existencia de una común actividad. En cuanto a la vulneración de la tutela judicial efectiva por defectos en la tramitación de la apelación adhesiva del Ministerio Fiscal consideró que ninguna indefensión real se habría producido al recurrente por no haber suscitado ninguna cuestión autónoma o independiente a la de la apelación principal. Por último, en relación con la inmediación en la segunda instancia consideró que, en aplicación de la doctrina de las SSTC 167/2002 y 198/2002, al haberse tenido en cuenta pruebas que no eran documentales, sino periciales pero examinadas sin la necesaria inmediación, debería estimarse el recurso en ese aspecto.

El recurrente no realizó alegaciones.

10. Por providencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional de 5 de diciembre de 2002, en el recurso de amparo núm. 446-2001, y de 8 de mayo de 2003, en el recurso de amparo 655-2001, se tuvo por desistidos a los comparecientes Erbe Software, S.A., y Zeta Multimedia, S.A., al no haber acreditado el Procurador la representación que decía ostentar.

11. Por providencias de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional de 29 de mayo de 2003 se concedió en los recursos de amparo núms. 446-2001 y 655-2001, un plazo de cinco días para que, de acuerdo con el art. 83 LOTC, se pronunciaran el Ministerio Fiscal y las partes personadas en relación con la posible acumulación, mostrándose todos ellos conformes.

12. Por Auto de 14 de julio de 2003, se acordó la acumulación de los recursos de amparo núms. 528-2001 y 655-2001 al recurso de amparo 446-2001 de esta Sala Segunda.

13. Por providencia de 25 de septiembre de 2003, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 29 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. El presente recurso de amparo se plantea contra la Sentencia de 26 de diciembre de 2000 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, en la que se condenó a los recurrentes como autores de un delito contra la propiedad intelectual, estimando el recurso planteado por la acusación particular, al que se había adherido el Ministerio Fiscal, y revocando la anterior Sentencia de 24 de julio de 2000 del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Zaragoza, que les había absuelto del mencionado delito.

Los recurrentes aducen de manera común la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por ausencia de notificación de la apelación adhesiva del Ministerio Fiscal y, además, tres motivos vinculados con la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, que sistematizados se concretan en dos bloques impugnatorios. El primero, desde la perspectiva de la prohibición de valoración de pruebas practicadas sin las debidas garantías, en que alegan la falta de control judicial de la incorporación al proceso de los soportes informáticos intervenidos y la condena en la segunda instancia, tras una absolución previa, sin valoración de pruebas con la debida inmediación. El segundo, desde la perspectiva de la ausencia de actividad probatoria de cargo y arbitrariedad en las inferencias, referido tanto a la conducta de reproducción ilícita como a la pretendida connivencia entre los acusados, de lo que también se derivaría la vulneración del derecho a la legalidad penal. A estos motivos hay que añadir, por un lado, la vulneración que aducen conjuntamente los recurrentes don Ignacio Velasco y don Ángel Trinchán del derecho a la tutela judicial efectiva, por incongruencia omisiva, al no haberse pronunciado la Sentencia impugnada sobre la vulneración de derechos fundamentales en lo referido a la validez de la prueba pericial; y, por otro, la vulneración que aduce en solitario el recurrente don Ignacio Velasco del derecho a la presunción de inocencia, desde la perspectiva de prohibición de valoración de las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales, en la que alega que la totalidad de las pruebas fundamentadoras de su declaración de culpabilidad derivan de una originaria vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones y de la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio.

En relación con las vulneraciones aducidas del derecho a la tutela judicial efectiva, el Ministerio Fiscal y la acusación particular compareciente en esta proceso constitucional se opusieron a su estimación, al considerar que no concurre la incongruencia omisiva denunciada, ya que, o bien debería quedar subsumida en las vulneraciones sustantivas alegadas, o bien existiría una motivación tácita de exclusión de la tesis del recurrente; ni una indefensión real producto de los defectos en la tramitación de la apelación adhesiva del Ministerio Fiscal, por no haber aportado ningún fundamento autónomo a la apelación principal.

En relación con las vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia, la acusación particular compareciente se opone también a su estimación con los argumentos señalados en los antecedentes de hecho. Sin embargo, en los sucesivos escritos de alegaciones presentados, el Ministerio Fiscal interesa, en cuanto al recurso de don Ignacio Velasco, su estimación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, ya que toda la actividad probatoria de cargo deviene de una originaria vulneración del derecho a la intimidad (art. 18.1 CE), además de una vulneración autónoma del derecho a la inviolabilidad del domicilio. En cuanto al recurso interpuesto por don Héctor Millán, si bien considera irrelevante tanto la alegada ausencia de identidad entre el material aprehendido y el examinado por los peritos, que se debería a un mero error material en la descripción de los soportes informáticos ocupados; como la falta de identificación de los concretos soportes que pertenecerían a cada uno de los acusados, al estar probada la existencia de una connivencia delictiva entre ellos; sin embargo, considera que se ha producido la vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia, al haberse realizado una valoración probatoria en la segunda instancia, tras una absolución previa, sin respetar la garantía de inmediación. Conclusión, ésta última, que reproduce en las alegaciones al recurso de don Ángel Trinchán.

En virtud del diferente efecto y alcance que tendría la eventual estimación de las diferentes vulneraciones aducidas, la ordenación de su análisis se realizará comenzando por las vulneraciones del derecho a la tutela judicial efectiva, y siguiendo, si fuera procedente, con las vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia desde las perspectivas de prohibición de valoración de pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales; de pruebas incorporadas y practicadas sin las debidas garantías; y de ausencia de actividad probatoria de cargo y arbitrariedad en las inferencias.

2. De entre tales vulneraciones examinaremos, en primer lugar, la relativa a las garantías en la incorporación al procedimiento penal de los soportes informáticos incautados y los informes periciales realizados sobre ellos.

La Sentencia de instancia absolvió a los acusados por considerar que los CD-Rom incautados no habían sido debidamente clasificados para identificar los correspondientes a cada uno de ellos y que el número de los incautados no coincidía con el de los peritados, al margen de que tampoco era posible determinar que los tres CD-Rom con la mención “Radikal” pertenecieran al recurrente don Ignacio Velasco, que sólo había reconocido poseer uno que contenía juegos, y que el contenido del cuaderno de anillas hallado en el domicilio de este recurrente como prueba única no era suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. Sin embargo, dicha Sentencia dio por probadas tanto la existencia de los registros como la incautación de los soportes informáticos, no haciendo cuestión de que conforme a la peritación su contenido eran copias de programas informáticos. E, igualmente, ninguna valoración se hizo sobre la argumentación exculpatoria del recurrente don Ignacio Velasco de que el contenido de su manuscrito se correspondía con los apuntes para una novela.

Frente a dichos razonamientos la acusación particular apeló, contando con la posterior adhesión del Ministerio Fiscal, considerando que se había incurrido en errónea valoración de la prueba en lo relativo a la discordancia entre el número de discos compactos (CD) sobre los que se emitió informe pericial con los efectivamente intervenidos y al hecho de que no pudiera determinarse a quién pertenecía cada uno de ellos. Asimismo impugnó el razonamiento sobre la existencia de un único CD, con la denominación “Radikal”, la comprobación del contenido del disquete aportado con la denuncia y el manuscrito intervenido al recurrente.

En coherencia con ello la Sentencia de apelación se pronunció, en cuanto a la actividad probatoria, sobre la validez de todas esas pruebas y la valoración de que a partir de ellas quedaba acreditada la autoría de los hechos por los acusados. En especial, sobre el manuscrito incautado al recurrente don Ignacio Velasco, hizo una primera valoración en contestación al argumento de la Sentencia de instancia sobre que la fecha de dicho manuscrito no era obstáculo para acreditar la comisión de los hechos, en conjunción con otras pruebas; y una segunda valoración sobre la falta de verosimilitud de que dicho manuscrito pudiera ser un borrador de novela o pura ficción, como declaró este recurrente en el juicio oral.

Con estos antecedentes fácticos debe destacarse que, en primer lugar, la discordancia entre los razonamientos de ambas Sentencias versó, principalmente, no sobre la “valoración” de la actividad probatoria, ya que la Sentencia de instancia sólo reconoció como tal el cuaderno de anillas, sino sobre la “validez” de la actividad probatoria, reconociendo la Sentencia de apelación que sí podría entrarse a valorar como prueba de cargo tanto los soportes informáticos intervenidos en los registros como las periciales que sobre ellos se realizaron, lo que implica que la controversia en la apelación se produjo directamente sobre una cuestión de derecho (validez de las pruebas) y que sólo a consecuencia de ello hubo un necesario pronunciamiento sobre una cuestión de hecho (valoración de las pruebas).

3. Pues bien, en relación con el cumplimiento de las garantías procesales en la incorporación al procedimiento penal de los soportes informáticos incautados y los informes periciales realizados sobre ellos, los recurrentes parten de un doble presupuesto fáctico. El primero, reconocido como hecho probado en ambas Sentencias, es que los soportes informáticos incautados no fueron clasificados ni relacionados por la Guardia Civil en función de los que habían sido ocupados en cada uno de los domicilios registrados. El segundo, explicitado en la Sentencia de instancia y obviado cualquier consideración o razonamiento sobre ello en la de apelación, es que, por un lado, se examinaron pericialmente un número de CD-Rom superior al que consta que se ocuparon en las diligencias de entrada y registro y, por otro, que el primer perito recibió los soportes informáticos intervenidos en cajas rotas y sin etiquetar. Además, en lo que afecta exclusivamente al recurrente don Ignacio Velasco, que sólo resultó acreditada la ocupación en su domicilio de un CD-Rom con la mención “Radikal”.

La legislación procesal penal pone un especial cuidado en regular el modo en que ha de procederse en la recogida de las piezas de convicción y su custodia. A esos efectos el art. 338 LECrim establece que los instrumentos, armas y efectos que puedan tener relación con el delito se sellarán, si fuera posible, y se acordará su retención, conservación o envío al organismo adecuado para su depósito, con la finalidad evidente de que, siendo elementos probatorios, se evite cualquier alteración en los mismos. En este caso, queda acreditado y así es reconocido en vía judicial por la Sentencia de instancia, sin que fuera negado por la de apelación, que los soportes informáticos no sólo no fueron identificados para determinar el domicilio en el que fueron intervenidos, sino que tampoco se procedió a su correcto sellado y precintando. A ello debe unirse el hecho objetivo, también destacado en vía judicial, de la existencia de una significativa discordancia numérica entre los CD-Rom intervenidos. Ello acredita que se ha producido una deficiente custodia policial y control judicial de dicho material, que no estaba debidamente precintado y a salvo de eventuales manipulaciones externas tanto de carácter cuantitativo (número de las piezas de convicción halladas en los registros) como cualitativo (contenido de aquellos soportes que admitieran una manipulación por su carácter regrabable o simplemente por su naturaleza virgen en el momento de su incautación, e incluso su sustitución por otros), lo que impide que pueda afirmarse que la incorporación al proceso penal de los soportes informáticos se diera con el cumplimiento de las exigencias necesarias para garantizar una identidad plena e integridad en su contenido con lo intervenido y, consecuentemente, que los resultados de las pruebas periciales se realizaran sobre los mismos soportes intervenidos o que éstos no hubieran podido ser manipulados en cuanto a su contenido.

A esta conclusión no cabe oponer, como alega el Ministerio Fiscal en el recurso interpuesto por don Héctor Millán, que la discordancia numérica pueda ser explicada en virtud de un mero error material por la confusión en la identificación de los disquetes de cinco pulgadas y cuarto (5 ¼´) como CD-Rom, ya que dicha confusión en la que hubiera podido incurrirse, al no estar acreditada ni declarada probada en la vía judicial previa ni poder deducirse de las actuaciones, es una hipótesis o conjetura que no puede ser tomada como presupuesto fáctico por este Tribunal para adoptar una decisión por exigencias de lo previsto en el art. 44.1 b) LOTC; sin perjuicio que ello no enerva que existieron riesgos evidentes de que las piezas de convicción hubieran podido ser objeto de una alteración cuantitativa y cualitativa.

Del mismo modo que la ausencia de control judicial de las cintas lesiona el derecho al secreto de las comunicaciones (SSTC 121/1998, de 15 de junio, FJ 3; 49/1999, de 5 de abril, FJ 11), aquí la ausencia de control vicia la pertinencia de la prueba. Aquí no estamos ante una garantía meramente legal, sino ante una que afecta a la validez constitucional de la prueba.

Por tanto, este concreto motivo de amparo debe ser estimado y, en la medida en que se han valorado como actividad probatoria de cargo los informes periciales efectuados sobre un material informático que se incorporó sin que quedara acreditado el cumplimiento de las debidas garantías de custodia policial y control judicial sobre su identidad e integridad, debe declararse que se ha vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías.

4. Una vez declarada la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, por haber sido objeto de valoración pruebas incorporadas al procedimiento penal sin las debidas garantías, debe detenerse aquí el análisis de las demás vulneraciones aducidas, sin que, especialmente, quepa realizar pronunciamiento alguno sobre la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, en tanto que de la lectura de la Sentencia de apelación se acredita que se motivó la declaración de responsabilidad de los recurrentes en una pluralidad de pruebas que no se han visto en su integridad afectadas por la vulneración declarada. En ese sentido, este Tribunal ha reiterado que determinar si, excluidas determinadas pruebas, restan otras constitucionalmente legítimas capaces de sustentar la declaración de culpabilidad y la condena del recurrente constituye una función que corresponde cumplir al Tribunal juzgador, por lo que, aplicando el criterio seguido en otros supuestos asimilables, el alcance de este pronunciamiento para el restablecimiento del derecho vulnerado debe limitarse a la anulación de la Sentencia impugnada, con retroacción de las actuaciones judiciales al momento inmediatamente anterior al de dictarse la Sentencia de la Audiencia Provincial a fin de que dicte una nueva Sentencia respetuosa con el derecho fundamental vulnerado, en la que decida si con las pruebas que subsisten en el proceso mantiene su conclusión condenatoria o, por el contrario, resuelve revisarla (por todas, SSTC 41/2003, de 27 de febrero, FJ 6, o 230/2002, de 9 de diciembre, FJ 9).

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Estimar parcialmente las presentes demandas de amparo de don Ignacio Velasco Sánchez, don Ángel Trinchán Fernández y don Héctor Millán Callabed y, en su virtud:

1º Declarar vulnerado el derecho de los recurrentes a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) por falta de cumplimiento de las garantías procesales exigibles en la incorporación del material intervenido en el proceso.

2º Restablecerles en su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia núm. 548/2000 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 26 de diciembre de 2000, recaída en el rollo de apelación núm. 241-2000, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior al de dictarse la mencionada Sentencia a fin de que se dicte una nueva Sentencia respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.

3º Desestimar las demandas de amparo en todo lo demás.

Publíquese esta Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”.

Dada en Madrid, a veintinueve de septiembre de dos mil tres.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Ley 19.724 Reemplaza el Título IV de la ley 18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones.

Ley 19.724 Reemplaza el Título IV de la ley 18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones.

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de ley:

Artículo único.- Sustitúyese el Título IV de la Ley nº 18.168, General de Telecomunicaciones, por el siguiente, nuevo:

“TITULO IV. Del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones

Artículo 28 A.- Créase el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en adelante “el Fondo”, por un período de diez años, contado desde la entrada en vigencia de esta ley, con objeto de promover el aumento de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos, especialmente respecto de localidades ubicadas en zonas geográficas extremas o aisladas.
El Fondo estará constituido por los aportes que se le asignen anualmente en la ley de Presupuestos del Sector Público, sin perjuicio de que pueda recibir otros aportes.

Artículo 28 B.- El Fondo será administrado por el Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en adelante “el Consejo”, integrado por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, quien lo presidirá, y por los Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción; de Hacienda; de Planificación y Cooperación; o sus representantes, y por tres profesionales con experiencia en el área de telecomunicaciones y vinculados a las diversas regiones del país, que serán designados por el Presidente de la República. El Secretario Ejecutivo del Consejo será el Subsecretario de Telecomunicaciones, quien tendrá a su cargo las actas de las sesiones y la calidad de ministro de fe.
En caso de ausencia del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, presidirá la sesión el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción o su representante. En caso de empate en las votaciones para tomar acuerdo, resolverá quien presida la respectiva sesión.

Artículo 28 C.- La Subsecretaría de Telecomunicaciones, sobre la base de las solicitudes específicas de proyectos de telecomunicaciones que reciba, elaborará, con la debida antelación, un programa anual de proyectos subsidiables, el que pondrá a disposición del Consejo, acompañado de las evaluaciones técnico-económicas de los mismos y de sus respectivas prioridades sociales.
Asimismo, la Subsecretaría de Telecomunicaciones podrá considerar proyectos para ser licitados dentro del programa anual. En tal caso, las bases de licitación contemplarán el establecimiento de garantías que aseguren la adecuada y completa ejecución del proyecto, como también su óptimo funcionamiento y operación y, de ser procedente, el monto mínimo de la licitación.
Para los efectos de proceder a la elaboración del programa anual de proyectos subsidiables o licitables, la Subsecretaría de Telecomunicaciones requerirá previamente a las municipalidades que informen sobre las necesidades de telecomunicaciones que afecten a la comuna respectiva.

Artículo 28 D.- El programa anual de proyectos subsidiables o licitables, mencionado en el artículo anterior, considerará los siguientes tipos de proyectos:
a) Teléfonos públicos o centros de llamadas.
b) Telecentros comunitarios de información.
c) Servicios de Telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión locales, cuyas transmisiones están destinadas a la recepción libre y directa por el público en general, sean emisiones sonoras, de televisión abierta o limitada, o de otro género, especialmente los servicios de radiodifusión de mínima cobertura definidos en el inciso segundo de la letra a) del artículo 3º de esta ley.
d) Cualquier otro servicio de telecomunicaciones que beneficie directamente a la comunidad en la cual habrá de operar.
Los proyectos podrán complementarse con líneas de abonados y otras prestaciones no afectas a subsidio.

Artículo 28 E.- El Consejo tendrá las siguientes funciones:
1) Definir anualmente los criterios o pautas que se deberán considerar por la Subsecretaría de Telecomunicaciones al evaluar los proyectos.
2) Establecer el programa anual de proyectos subsidiables o licitables, sus prioridades y los subsidios para su ejecución, oyendo previamente a las asociaciones de municipalidades.
3) Asignar, por concurso público, los proyectos y los subsidios para su ejecución.
4) Preparar y difundir la memoria anual de actividades.
Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el Consejo podrá requerir a las autoridades regionales, provinciales o comunales, directamente o a través de las Secretarías Regionales Ministeriales de los ministerios representados en el mismo, los antecedentes que estime necesarios.

Artículo 28 F.- Las bases de los concursos públicos especificarán los requisitos, las características y el contenido del correspondiente proyecto, cuidando de asegurar la calidad del servicio y de garantizar la transparencia del proceso y el trato equitativo a los participantes. En todo caso, las bases deberán señalar, a lo menos, lo siguiente: la zona de servicio mínima; las tarifas máximas que se podrán aplicar a los usuarios de dicha zona mínima, incluidas sus cláusulas de indexación; los plazos para la ejecución de las obras y la iniciación del servicio; el monto máximo del subsidio y el tipo de emisión, tratándose de servicios de telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión locales, cuyas transmisiones están destinadas a la recepción libre y directa por el público en general, incluidos los servicios de radiodifusión de mínima cobertura.
Podrán presentarse al concurso las personas jurídicas que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios para ser titulares de la concesión o permiso del servicio de telecomunicaciones de que se trate, según los casos. Sin embargo, las concesionarias de servicio público de telecomunicaciones, de servicios intermedios de telecomunicaciones que presten servicio telefónico de larga distancia y las permisionarias de servicio limitado de televisión, deberán hacerlo a través de sociedades anónimas, las que podrán ser filiales de éstas, sujetas a las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas y sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros. Se excluye de esta exigencia a los concesionarios de servicios regulados por esta ley y a los de servicios abiertos o limitados de televisión, que exploten exclusivamente concesiones otorgadas en conformidad a este Título.
Los proyectos serán asignados a los postulantes cuyas propuestas, ajustándose cabalmente a las bases del concurso, requieran el mínimo subsidio por una sola vez. En caso de empate, se asignará el proyecto al postulante que ofrezca mayor cantidad de prestaciones adicionales. De subsistir el empate, se asignará el proyecto al postulante que comprometa un menor plazo para el inicio de los servicios. De no resolverse la asignación de conformidad a las normas precedentes, ésta será definida mediante sorteo.

Artículo 28 G.- Asignado un proyecto, el Consejo remitirá los antecedentes respectivos a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la que deberá tramitar las concesiones, permisos o licencias, según corresponda, dentro del plazo de sesenta días, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de este Título.

Artículo 28 H.- Los subsidios que establece este Título se financiarán con los recursos del Fondo y se pagarán a través del Servicio de Tesorerías, en la forma que determine el reglamento.
Estos subsidios no constituirán renta para sus beneficiarios.

Artículo 28 I.- El reglamento de este Título será aprobado por decreto supremo emanado del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y suscrito, además, por los Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Hacienda. Establecerá las normas de funcionamiento del Consejo; la forma de designación y requisitos que deberán reunir los consejeros designados por el Presidente de la República; el mecanismo de nominación de los representantes de los ministros ante el Consejo; las normas a que se someterá la Subsecretaría de Telecomunicaciones en la elaboración del programa anual de proyectos subsidiables y en la evaluación técnico-económica de las proposiciones presentadas; las normas que regularán los concursos, en especial sus bases; la forma de pagar los subsidios, y toda otra norma necesaria para la adecuada operación del Fondo”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 25 de abril de 2001.

RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.

Carlos Cruz Lorenzen, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo para su conocimiento.

Saluda atentamente a Ud., Christian Nicolai Orellana, Subsecretario de Telecomunicaciones.

01Ene/14

Legislacion Informatica de Resolución 20/2003, de 14 de enero, por medio de la cual se establece el procedimiento a seguir por el Ministerio de Comunicaciones para la fijación de las condiciones de administración del dominio .co.

Resolución 20/2003, de 14 de enero, por medio de la cual se establece el procedimiento a seguir por el Ministerio de Comunicaciones para la fijación de las condiciones de administración del dominio .co.

La Ministra de Comunicaciones, en ejercicio de la facultad reguladora conferida por los artículos 1º, 4º, 5º, 7º y 8º de la Ley 72 de 1989, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 72 de 1998 confiere al Ministerio de Comunicaciones la facultad de planificación, regulación y control de todos los servicios del sector de comunicaciones, que comprende la de ciertos elementos y recursos indispensables para la prestación de los correspondientes servicios;
Que en concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 11 de diciembre de 2001 frente a la consulta formulada al respecto por este Despacho (Radicación 1.376); se expresó dentro de las consideraciones lo siguiente: “Así las cosas, la administración del dominio .co y el derivado registro de los nombres de dominio en Colombia, para la red de la Internet, es un asunto relacionado intrínsecamente con las telecomunicaciones y en consecuencia, existe la competencia del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Comunicaciones, para su planeación, regulación y control, de conformidad con las normas citadas en precedencia y las concordantes del Decreto 1130 de 1999, con mayor razón cuanto que el dominio .co como se explicó en el punto 2.5, constituye un recurso de interés público, respecto del cual el Estado colombiano debe velar por su adecuada utilización para hacer prevalecer el interés general, de acuerdo con el principio instituido por el artículo 1° de la Constitución Política”;

Que en el mismo concepto en la parte de respuestas la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado expresó:
“4.1. El dominio .co asignado a Colombia como código del país en el sistema de nombres de dominio de la Internet, es de interés público.
4.2 La administración del dominio .co es un asunto relacionado intrínsecamente con las telecomunicaciones y en tal virtud, es competente el Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Comunicaciones, para actuar en su planeación, regulación y control…”;

Que en la Resolución 600 del 7 de mayo de 2002, emanada del Ministerio de Comunicaciones se estableció, de acuerdo con el concepto antes citado, la naturaleza del dominio .co, su utilización, la titularidad de su administración, el requerimiento para la cesión, la subcontratación de la administración o la asignación de un nuevo administrador, y la retribución por los costos de la inscripción y renovación bajo el regi stro de dominio de primer nivel .co, señalando en el parágrafo transitorio:
“Parágrafo transitorio. El Ministerio de Comunicaciones, en coordinación con las entidades aludidas en el artículo anterior, diseñará e implementará un régimen integral que regule la materia, y mientras ello sucede, se aplicará transitoriamente lo establecido en la presente resolución”;

Que en el mismo sentido el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta- en el Proceso de Acción Popular 2001-0465, en providencia del diez de julio de dos mil dos (2002), acogiendo el concepto citado anteriormente, expresó que “el nombre de dominio .co con el que se designa a Colombia en la Internet, es de interés público, naturaleza que comparte esta Sala que a la vez considera que el ser de interés público implica necesariamente que se trata de un interés colectivo, susceptible de amparo ante una posible amenaza o vulneración”, y más adelante en la parte resolutiva del fallo ordenó al Gobierno – Ministerio de Comunicaciones: “(1) Asumir directamente o por medio de quien designe, dentro del pertinente marco legal, la administración y manejo del dominio .co y del directorio correspondiente; (2) Adecuar la actuación que ha adelantado la Universidad de Los Andes, tal como se indicó en la parte motiva de esta providencia; (3) Establecer la Delegación de la administración del dominio .co conforme se señaló en la parte considerativa; (4) Expedir la regulación necesaria de conformidad con las facultades otorgadas por la Ley 72 de 1989 (arts. 1° y 2°) sobre los aspectos derivados de la delegación de la administración del dominio .co en atención a lo previsto en el parágrafo transitorio del artículo 7° de la Resolución número 0600 de 2002. Término: El plazo para el cumplimiento de las anteriores órdenes vence el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil tres (2003)”;

Que las regulaciones del Ministerio de Comunicaciones en relación con el dominio .co deben tener en cuenta las prácticas formalmente adoptadas por las entidades internacionales que administran los dominios a nivel global en beneficio general, como la Internet Assigned Numbers Authority, IANA, y la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN;

Que de acuerdo con el artículo 8º de la Ley 72 de 1989, en el establecimiento de las regulaciones de telecomunicaciones se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones;

Que la Unión Internacional de Telecomunicaciones en la Resolución 102 de la Conferencia de Plenipotenciarios de (Minneapolis, 1998) sobre Gestión de los Nombres de Dominio y Direcciones de Internet destaca que el papel de los gobiernos es establecer un régimen jurídico claro, coherente y predecible, para promover un entorno favorable en el que puedan interfuncionar las redes mundiales de información y éstas sean ampliamente accesibles a los nacionales de todos los países, así como garantizar la protección de los intereses de los consumidores y usuarios;

Que también de acuerdo con la citada Resolución, la gestión futura del registro y atribución de los nombres de dominio y direcciones Internet debe reflejar plenamente la naturaleza geográfica y funcional de Internet, teniendo en cuenta de forma equitativa los intereses de todos los participantes, en particular las empresas y los consumidores; y se espera que los gobiernos fomenten un entorno equitativo, abierto a la competencia entre las empresas y organizaciones encargadas de la atribución de recursos Internet;

Que se hace necesario, en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta- , establecer el procedimiento para que el Ministerio de Comunicaciones, con la participación activa de la Comunidad Internet, determine las condiciones específicas bajo las cuales se desarrollará la administración del registro de dominio de primer nivel .co, así como los requisitos administrativos, técnicos, financieros y jurídicos que deberá cumplir el administrador de dicho registro,

RESUELVE:

Artículo 1°. Dentro del mes siguiente a la expedición de la presente resolución, el Ministerio de Comunicaciones efectuará una convocatoria pública nacional, con el objeto de celebrar con los miembros de la comunidad Internet que deseen participar, una sesión de trabajo en la que se discutirán las condiciones específicas bajo las cuales se deberá desarrollar la administración del registro de dominio de primer nivel .co, así como los requisitos administrativos, técnicos, financieros y jurídicos que deberá cumplir el administrador de dicho registro.

Artículo 2°. Confórmase un Grupo de Estudio de carácter multidisciplinario, que analizará los aspectos administrativos, técnicos, financieros y jurídicos involucrados en la administración del registro de dominio de primer nivel .co, teniendo en cuenta las conclusiones de la sesión de trabajo realizada con los miembros de la comunidad Internet, además de las prácticas formalmente adoptadas por las entidades internacionales que administran los dominios a nivel global como la Internet Assigned Numbers Authority, IANA, y la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN, y los pronunciamientos del Consejo de Estado.

Artículo 3°. El Grupo de Estudio creado en virtud del artículo anterior, estará a cargo del Despacho de la Viceministra de Comunicaciones y será conformado por el Director de la Agenda de Conectividad, el Director Técnico del Ministerio de Comunicaciones, la Directora de Servicios del Ministerio de Comunicaciones, el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Comunicaciones, el Jefe de la Oficina Internacional del Ministerio de Comunicaciones, el Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información del Ministerio de Comunicaciones, el Jefe de la Oficina de Planeación del Ministerio de Comunicaciones y los tres expertos comisionados de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, CRT.

Artículo 4°. Dentro de los dos meses siguientes a la celebración de la sesión de trabajo realizada con los miembros de la comunidad Internet, el Grupo de Estudio presentará a la Ministra de Comunicaciones un detallado informe en el que se establecerán las recomendaciones que en materia administrativa, técnica, financiera y jurídica, deberán tenerse en cuenta para la regulación de la administración del registro de dominio de primer nivel .co.

Artículo 5°. Dentro de los dos meses siguientes a la presentación del informe de que trata el artículo anterior, el Ministerio de Comunicaciones elaborará un proyecto de resolución para la regulación de la administración del registro de dominio de primer nivel .co, el cual aparecerá en la página Web del Ministerio de Comunicaciones para conocimiento del público en general, durante el lapso de un mes, en el cual se recibirán comentarios y observaciones al proyecto.

Artículo 6°. Dentro de los dos meses siguientes a la finalización del período de observaciones y comentarios al proyecto de resolución, el Ministerio de Comunicaciones expedirá la resolución mediante la cual se regula la administración del registro de dominio de primer nivel .co.

Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2003.

La Ministra de Comunicaciones,

01Ene/14

Legislacion Informatica de Cuba Resolución por la que se establecen requisitos informáticos adicionales para los Sistemas Contable-Financieros soportados sobre las Tecnologías de la Información, de 24 de enero de 2005.

Resolución por la que se establecen requisitos informáticos adicionales para los Sistemas Contable-Financieros soportados sobre las Tecnologías de la Información, de 24 de enero de 2005.

RESOLUCIÓN nº 12 / 2005


POR CUANTO:
El Decreto Ley número 204 de fecha 11 de enero del 2000 cambió la denominación del Ministerio de Comunicaciones por la de Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, que desarrollará las tareas y funciones que hasta el presente realizaba el Ministerio de Comunicaciones, así como las de Informática y la Electrónica que ejecutaba el Ministerio de la Industria Sidero – Mecánica y la Electrónica.

POR CUANTO: El Consejo de Estado de la República de Cuba, mediante Acuerdo de fecha 12 de enero del 2000, designó al que resuelve Ministro de la Informática y las Comunicaciones.

POR CUANTO: El Acuerdo número 3736 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, de fecha 18 de julio del 2000, faculta al Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, para establecer y controlar las normas y regulaciones relativas a la integridad de la información, la seguridad e invulnerabilidad de las redes de infocomunicaciones; el diseño y la documentación de los sistemas informáticos.

POR CUANTO: El Acuerdo número 092 del Consejo de Ministros, de fecha 2 de junio del 2002, aprobó las Medidas Complementarias para dar continuidad a los esfuerzos dirigidos al fortalecimiento de la Contabilidad y el Control Interno en las entidades y dentro de ellas considera instrumentar la Certificación de los Sistemas Contables – Financieros soportados sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

POR CUANTO: La Resolución Conjunta del Ministerio de Finanzas y Precios y el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, de fecha 8 de abril del 2004, puso en vigor los Requisitos para los Sistemas Contables – Financieros soportados sobre las Tecnologías de la Información y estableció en su Resuelvo Cuarto, la obligatoriedad de que todos los Sistemas Contables – Financieros soportados sobre las Tecnologías de la Información, cuenten con una Certificación otorgada por la entidad ministerial que se designe al efecto, previo dictamen de una Comisión ad-hoc, integrada por especialistas de ambos Ministerios, sobre la seguridad y protección del sistema y el grado de adaptación a las normas contables cubanas.

POR CUANTO: La citada Resolución Conjunta, estableció en su Resuelvo Séptimo que a todos los efectos de este proceso, el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones y el Ministerio de Finanzas y Precios, dictarán los procedimientos que se requieran.

POR CUANTO: Se hace necesario emitir el procedimiento para el dictamen del grado de correspondencia de los Sistemas Contables-Financieros soportados sobre las Tecnologías de la Información con los requisitos establecidos desde el punto de vista de las tecnologías informáticas para su desarrollo y explotación.

POR CUANTO: Resulta procedente dictar el procedimiento para el trámite y obtención de la Certificación referida en el Cuarto Por Cuanto de la presente.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas,

RESUELVO:


PRIMERO:
Poner en vigor los “Requisitos informáticos adicionales para los Sistemas Contables-Financieros soportados sobre las Tecnologías de la Información", que como Anexo número 1, forman parte integrante de esta Resolución.

SEGUNDO: La correspondencia de los Sistemas y Programas Contables-Financieros soportados sobre Tecnologías de la información, con los requisitos a que se refiere el apartado anterior y los que se establecen en el Anexo número 1 de la Resolución Conjunta MFP-MIC de fecha 8 de abril del 2004, será verificado y dictaminado por las entidades autorizadas a tales efectos.

TERCERO: La entidad que pretenda ser facultada para emitir el correspondiente dictamen, deberá presentar solicitud por escrito a la Oficina de Seguridad para las Redes Informáticas del Ministerio de Informática y Comunicaciones. Dicha Oficina evaluará la solicitud y determinará si resulta procedente su aprobación a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos. La solicitud debe ir acompañada por documento acreditativo de su objeto social; una fundamentación de la solicitud explicando las condiciones existentes para realizar esta actividad y los documentos que acrediten el nivel técnico profesional de los especialistas que realizarán la función de verificar y dictaminar los Sistemas y Programas Contables-Financieros. Las entidades autorizadas deberán cumplir los requisitos que se detallan en el Anexo número 2 de la presente Resolución.

CUARTO: Los productores o representantes de entidades comercializadoras de Sistemas Contables – Financieros soportados sobre las Tecnologías de la Información, solicitarán el dictamen a que se refiere el apartado anterior, a las entidades autorizadas a tales efectos, mediante la presentación del modelo SDTI – 01 “Solicitud de dictamen sobre el grado de correspondencia de los Sistemas Contables-Financieros soportados sobre las Tecnologías de la Información con los requerimientos de la informática”, conforme se estipula en el Anexo número 3 de la presente Resolución. Entre ambas partes se establecerán relaciones de contratación para la ejecución de este trabajo, las cuales se llevarán a cabo según lo establecido en la legislación vigente para los servicios de Consultoría.

QUINTO: Conjuntamente con la solicitud de dictamen se entregará una versión ejecutable del sistema, el manual de explotación y una carta donde se acredita, por la máxima autoridad de la entidad, a la persona designada para formalizar todo lo referente a dichos trámites.

SEXTO: Una vez obtenido el dictamen antes mencionado y el correspondiente al “Grado de adaptación a las normas contables cubanas de los Sistemas Contables-Financieros soportados sobre las Tecnologías de la Información” establecido por Resolución número 340 de fecha 8 de diciembre del 2004 del MFP, los interesados presentarán ambos documentos ante la Agencia de Control y Supervisión del MIC, con el objetivo de que sean valorados por la Comisión establecida por el Resuelvo Cuarto de la Resolución Conjunta MFP-MIC.

SÉPTIMO: Emitido el dictamen de la Comisión antes mencionada y resultando favorable el mismo, la Agencia de Control y Supervisión del MIC, procederá a emitir la Certificación de aprobación del sistema y su entrega al interesado, mediante el pago de los derechos de registro consistentes en la suma de cincuenta ($50.00) pesos o CUC , según corresponda a la entidad solicitante y publicará dicha Certificación en el Sitio Web Público de la misma, para general conocimiento. La Certificación tendrá un plazo de vigencia de tres (3) años.

OCTAVO: Al vencimiento del plazo de vigencia de la Certificación expedida, la entidad interesada podrá solicitar la renovación de la misma. El procedimiento será similar al de la solicitud inicial, con la diferencia de que en el documento solo se harán constar los datos que hayan cambiado desde la inscripción anterior y el número de la Certificación expedida en esa oportunidad. No será necesario presentar un nuevo documento de acreditación del representante de la entidad, siempre que no haya existido cambio al respecto.

NOVENO: Los productores o representantes de entidades comercializadoras de Sistemas Contables – Financieros soportados sobre las Tecnologías de la Información deberán informar periódicamente a sus clientes sobre las nuevas versiones y mejoras introducidas mediante documento escrito para que estas procedan a su actualización.

DÉCIMO: COMUNIQUESE la presente Resolución a los Jefes de los Órganos y Organismos de la Administración Central del Estado, de instituciones políticas, sociales y de masas y a cuantas personas naturales y jurídicas deben conocer de la misma. ARCHIVESE el original en la Dirección Jurídica del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones.

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República.

Dada en la ciudad de La Habana, a los 24 días del mes de Enero del 2005.

Ignacio González Planas, Ministerio de la Informática y las comunicaciones

Anexo número 1


REQUISITOS INFORMÁTICOS ADICIONALES PARA LOS SISTEMAS CONTABLES-FINANCIEROS SOPORTADOS SOBRE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

1. Deben ser utilizados Sistemas de Base de Datos seguros, que cumplan con los requisitos de Seguridad Informática establecidos en la Resolución Conjunta MFP -MIC de fecha 8 de abril del 2004.

2. Los Sistemas deben poder trabajar en red y ser multiusuarios.

3. Se recomienda la utilización de servicios Web como filosofía de trabajo.

4. Se deberá prestar especial importancia a la facilidad de empleo del sistema (información clara, navegación intuitiva, etc.)

5. Deben contar con garantías de soporte, mantenimiento y capacitación para su explotación.

6. Todo Sistema Contable Financiero soportado sobre las TI debe contar con la posibilidad de ser modificado y/o actualizado a versiones superiores, contando con la correspondiente documentación y los ficheros fuentes.

7. Todo Sistema Contable Financiero soportado sobre las TI debe contar con un manual de usuario y un manual de explotación.

8. Debe permitir la interoperabilidad entre los diferentes módulos del sistema.

9. El sistema deberá contar con ayuda en línea para facilitar el trabajo de los usuarios.

Anexo número 2

REQUISITOS A CUMPLIMENTAR POR LAS ENTIDADES FACULTADAS PARA EMITIR EL DICTAMEN EN CORRESPONDENCIA CON LA RESOLUCIÓN CONJUNTA MFP-MIC

Solo estarán autorizadas a brindar a otras instituciones el servicio correspondiente para la entrega del dictamen de los Sistemas Contables Financieros, aquellas entidades que cuenten con el correspondiente Certificado de Autorización emitido por el MIC.
Los criterios a tener en cuenta a tales efectos serán los siguientes:
a) Nivel técnico de los especialistas que laboren en la entidad;
b) Que el objeto social de dicha entidad coincida con estos fines;
c) Que dicha entidad cuente con mecanismos eficientes que garanticen la calidad y respuesta rápida de los servicios;
d) Que la entidad esté realmente en condiciones de cumplir los reglamentos y disposiciones establecidos en esta materia;
f) Que las herramientas tecnológicas de protección y seguridad técnica de los sistemas informáticos que utilicen estén debidamente certificados por las Instituciones correspondiente.
g) Que el capital sea enteramente nacional, y el personal designado para brindar los servicios esté integrado por ciudadanos cubanos que residan de forma permanente en el país.

Anexo número 3

SDTI – 01

SOLICITUD DE DICTAMEN
PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS CONTABLES FINANCIEROS SOPORTADOS SOBRE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Nombre de la entidad:
Dirección: Teléfonos:
Fax:
Breve resumen de los aspectos fundamentales del objeto social aprobado, que caracterizan a la entidad:
Ministerio, Instituto, Órgano del P. Popular u otro, al cual responde o con el que se relaciona
Denominación del sistema a certificar incluida versión del mismo

Nacionalidad
Breve descripción del sistema

Requisitos mínimos de SW y HW para su ejecución
Representante Oficial designado para los trámites Nombres y apellidos
Cargo
Correo electrónico
En caso de tratarse de una renovación, número de la Certificación anterior
Fecha de confección
Firma del representante

01Ene/14

Legislacion Informatica de Ley 25065 de tarjetas de crédito de 9 de enero de 1999 (Boletín Oficial 14.1.1999)

Ley 25.065 de tarjetas de crédito de 9 de enero de 1999 (Boletín Oficial 14.1.1999)

Establécense normas que regulan diversos aspectos vinculados con el sistema de Tarjetas de Crédito, Compra y Débito. Relaciones entre el emisor y titular o usuario y entre el emisor y proveedor. Disposiciones Comunes.

Sancionada: Diciembre 7 de 1998.

Promulgada Parcialmente: Enero 9 de 1999.

B.O.: 14 de enero de 1999

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

TARJETAS DE CREDITO

TÍTULO I. De las relaciones entre emisor y titular o usuario

CAPÍTULO I. Del sistema de la Tarjeta de Crédito

Artículo 1º. Se entiende por sistema de Tarjeta de Crédito al conjunto complejo y sistematizado de contratos individuales cuya finalidad es:

a) Posibilitar al usuario efectuar operaciones de compra o locación de bienes o servicios u obras, obtener préstamos y anticipos de dinero del sistema, en los comercios e instituciones adheridos.

b) Diferir para el titular responsable el pago o las devoluciones a fecha pactada o financiarlo conforme alguna de las modalidades establecidas en el contrato.

c) Abonar a los proveedores de bienes o servicios los consumos del usuario en los términos pactados.

CAPÍTULO II. Definiciones y Ley aplicable

Artículo 2º. A los fines de la presente ley se entenderá por:

a) Emisor: Es la entidad financiera, comercial o bancaria que emita Tarjetas de Crédito, o que haga efectivo el pago.

b) Titular de Tarjeta de Crédito: Aquel que está habilitado para el uso de la Tarjeta de Crédito y quien se hace responsable de todos los cargos y consumos realizados personalmente o por los autorizados por el mismo.

c) Usuario, titular adicional, o beneficiario de extensiones: Aquel que está autorizado por el titular para realizar operaciones con Tarjeta de Crédito, a quien el emisor le entrega un instrumento de idénticas características que al titular.

d) Tarjeta de Compra: Aquella que las instituciones comerciales entregan a sus clientes para realizar compras exclusivas en su establecimiento o sucursales.

e) Tarjeta de Débito: Aquella que las instituciones bancarias entregan a sus clientes para que al efectuar compras o locaciones, los importes de las mismas sean debitados directamente de una cuenta de ahorro o corriente bancaria del titular.

f) Proveedor o Comercio Adherido: Aquel que en virtud del contrato celebrado con el emisor, proporciona bienes, obras o servicios al usuario aceptando percibir el importe mediante el sistema de Tarjeta de Crédito.

Artículo 3º. Ley aplicable. Las relaciones por operatoria de Tarjetas de Crédito quedan sujetas a la presente ley y supletoriamente se aplicarán las normas de los Códigos Civil y Comercial de la Nación y de la ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240).

CAPÍTULO III. De la Tarjeta de Crédito

Artículo 4º. Denominación. Se denomina genéricamente Tarjeta de Crédito al instrumento material de identificación del usuario, que puede ser magnético o de cualquier otra tecnología, emergente de una relación contractual previa entre el titular y el emisor.

Artículo 5º. Identificación. El usuario, poseedor de la tarjeta estará identificado en la misma con:

a) Su nombre y apellido.

b) Número interno de inscripción.

c) Su firma ológrafa.

d) La fecha de emisión de la misma.

e) La fecha de vencimiento.

f) Los medios que aseguren la inviolabilidad de la misma.

6) La identificación del emisor y de la entidad bancaria interviniente.

CAPÍTULO IV. Del contrato de emisión de Tarjeta de Crédito

Artículo 6º. Contenido del contrato de emisión de Tarjeta de Crédito. El contrato de emisión de Tarjeta de Crédito debe contener los siguientes requisitos:

a) Plazo de vigencia especificando comienzo y cese de la relación (plazo de vigencia de la tarjeta).

b) Plazo para el pago de las obligaciones por parte del titular.

c) Porcentual de montos mínimos de pago conforme a las operaciones efectuadas.

d) Montos máximos de compras o locaciones, obras o retiros de dinero mensuales autorizados.

e) Tasas de intereses compensatorios o financieros.

f) Tasa de intereses punitorios.

g) Fecha de cierre contable de operaciones.

h) Tipo y monto de cargos administrativos o de permanencia en el sistema (discriminados por tipo, emisión, renovación, envío y confección de resúmenes, cargos por tarjetas adicionales para usuarios autorizados, costos de financiación desde la fecha de cada operación, o desde el vencimiento del resumen mensual actual o desde el cierre contable de las operaciones hasta la fecha de vencimiento del resumen mensual actual, hasta el vencimiento del pago del resumen mensual, consultas de estado de cuenta, entre otros).

i) Procedimiento y responsabilidades en caso de pérdida o sustracción de tarjetas.

j) Importes o tasas por seguros de vida o por cobertura de consumos en caso de pérdida o sustracción de tarjetas.

k) Firma del titular y de personal apoderado de la empresa emisora.

1) Las comisiones fijas o variables que se cobren al titular por el retiro de dinero en efectivo.

m) Consecuencias de la mora.

n) Una declaración en el sentido que los cargos en que se haya incurrido con motivo del uso de la Tarjeta de Crédito son debidos y deben ser abonados contra recepción de un resumen periódico correspondiente a dicha tarjeta.

h) Causales de suspensión, resolución y/o anulación del contrato de Tarjeta de Crédito.

Artículo 7º. Redacción del contrato de emisión de Tarjeta de Crédito. El contrato de emisión de Tarjeta de Crédito deberá reunir las siguientes condiciones:

a) Redactado en ejemplares de un mismo tenor para el emisor, para el titular, para el eventual fiador personal del titular y para el adherente o usuario autorizado que tenga responsabilidades frente al emisor o los proveedores.

b) El contrato deberá redactarse claramente y con tipografía fácilmente legible a simple vista.

c) Que las cláusulas que generen responsabilidad para el titular adherente estén redactadas mediante el empleo de caracteres destacados o subrayados.

d) Que los contratos tipo que utilice el emisor estén debidamente autorizados y registrados por la autoridad de aplicación.

Artículo 8º. Perfeccionamiento de la relación contractual. El contrato de Tarjeta de Crédito entre el emisor y el titular queda perfeccionado sólo cuando se firma el mismo, se emitan las respectivas tarjetas y el titular las reciba de conformidad.

El emisor deberá entregar tantas copias del contrato como partes intervengan en el mismo.

Artículo 9º. Solicitud. La solicitud de la emisión de la Tarjeta de Crédito, de sus adicionales y la firma del codeudor o fiador no generan responsabilidad alguna para el solicitante, ni perfeccionan la relación contractual.

Artículo 10º. Prórroga automática de los contratos. Será facultativa la prórroga automática de los contratos de Tarjeta de Crédito entre emisor y titular. Si se hubiese pactado la renovación automática el usuario podrá dejarla sin efecto comunicando su decisión por medio fehaciente con treinta (30) días de antelación. El emisor deberá notificar al titular en los tres últimos resúmenes anteriores al vencimiento de la relación contractual la fecha en que opera el mismo.

Artículo 11º. Conclusión o resolución de la relación contractual. Concluye la relación contractual cuando:

a) No se opera la recepción de las Tarjetas de Crédito renovadas por parte del titular.

b) El titular comunica su voluntad en cualquier momento por medio fehaciente.

Artículo 12º. Conclusión parcial de la relación contractual o cancelación de extensiones a adherentes u otros usuarios autorizados. La conclusión puede ser parcial respecto de los adicionales, extensiones o autorizados por el titular, comunicada por este último por medio fehaciente.

CAPÍTULO V. Nulidades

Artículo 13º. Nulidad de los contratos. Todos los contratos que se celebren o se renueven a partir del comienzo de vigencia de la presente ley deberán sujetarse a sus prescripciones bajo pena de nulidad e inoponibilidad al titular, sus fiadores o adherentes. Los contratos en curso mantendrán su vigencia hasta el vencimiento del plazo pactado salvo presentación espontánea del titular solicitando la adecuación al nuevo régimen.

Artículo 14º. Nulidad de cláusulas. Serán nulas las siguientes cláusulas:

a) Las que importen la renuncia por parte del titular a cualquiera de los derechos que otorga la presente ley.

b) Las que faculten al emisor a modificar unilateralmente las condiciones del contrato.

c) Las que impongan un monto fijo por atrasos en el pago del resumen.

d) Las que impongan costos por informar la no validez de la tarjeta, sea por pérdida, sustracción, caducidad o rescisión contractual.

e) Las adicionales no autorizadas por la autoridad de aplicación.

f) Las que autoricen al emisor la rescisión unilateral incausada.

g) Las que impongan compulsivamente al titular un representante.

h) Las que permitan la habilitación directa de la vía ejecutiva por cobro de deudas que tengan origen en el sistema de tarjetas de crédito.

i) Las que importen prorroga a la jurisdicción establecida en esta ley.

j) Las adhesiones tácitas a sistemas anexos al sistema de Tarjeta de Crédito.

CAPÍTULO VI. De las comisiones

Artículo 15º. El emisor no podrá fijar aranceles que difieran en más de tres puntos en concepto de comisiones entre comercios que pertenezcan a un mismo rubro o con relación a iguales o similares productos o servicios.

En todos los casos se evitarán diferencias que tiendan a discriminar, en perjuicio de los pequeños y medianos comerciantes.

El emisor en ningún caso efectuará descuentos superiores a un cinco por ciento (5%) sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor.

CAPÍTULO VII. De los intereses aplicables al titular

Artículo 16º. Interés compensatorio o financiero. El límite de los intereses compensatorios o financieros que el emisor aplique al titular no podrá superar en más del veinticinco por ciento (25%) a la tasa que el emisor aplique a las operaciones de préstamos personales en moneda corriente para clientes.

En caso de emisores no bancarios el límite de los intereses compensatorios o financieros aplicados al titular no podrá superar en más del veinticinco por ciento (25%) al promedio de tasas del sistema para operaciones de préstamos personales publicados del día uno al cinco (1 al 5) de cada mes por el Banco Central de la República Argentina.

La entidad emisora deberá obligatoriamente exhibir al público en todos los locales la tasa de financiación aplicada al sistema de Tarjeta de Crédito.

Artículo 17º. Sanciones. El Banco Central de la República Argentina sancionará a las entidades que no cumplan con la obligación de informar o, en su caso, no observen las disposiciones relativas al nivel de las tasas a aplicar de acuerdo con lo establecido por la Carta Orgánica del Banco Central.

Artículo 18º. Interés punitorio. El límite de los intereses punitorios que el emisor aplique al titular no podrá superar en más del cincuenta por ciento (50%) a la efectivamente aplicada por la institución financiera o bancaria emisora en concepto de interés compensatorio o financiero.

Independientemente de lo dispuesto por las leyes de fondo, los intereses punitorios no serán capitalizables.

Artículo 19º. Improcedencia. No procederá la aplicación de intereses punitorios si se hubieran efectuado los pagos mínimos indicados en el resumen en la fecha correspondiente.

CAPÍTULO VIII. Del cómputo de los intereses

Artículo 20º. Compensatorios o financieros. Los intereses compensatorios o financieros se computarán:

a) Sobre los saldos financiados entre la fecha de vencimiento del resumen mensual actual y la del primer resumen mensual anterior donde surgiera el saldo adeudado.

b) Entre la fecha de la extracción dineraria y la fecha de vencimiento del pago del resumen mensual.

c) Desde las fechas pactadas para la cancelación total o parcial del crédito hasta el efectivo pago.

d) Desde el vencimiento hasta el pago cuando se operasen reclamos, no aceptados o justificados por la emisora y consentidos por el titular.

Artículo 21º. Punitorios. Procederán cuando no se abone el pago mínimo del resumen y sobre el monto exigible.

CAPÍTULO IX. Del Resumen

Artículo 22º. Resumen mensual de operaciones. El emisor deberá confeccionar y enviar mensualmente un resumen detallado de las operaciones realizadas por el titular o sus autorizados.

Artículo 23º. Contenido del resumen. El resumen mensual del emisor o la entidad que opere por su cuenta deberá contener obligatoriamente:

a) Identificación del emisor, de la entidad bancaria, comercial o financiera que opere en su nombre.

b) Identificación del titular y los titulares adicionales, adherentes, usuarios o autorizados por el titular.

c) Fecha de cierre contable del resumen actual y del cierre posterior.

d) Fecha en que se realizó cada operación.

e) Número de identificación de la constancia con que se instrumentó la operación.

f) Identificación del proveedor.

g) Importe de cada operación.

h) Fecha de vencimiento del pago actual, anterior y posterior.

i) Límite de compra otorgado al titular o a sus autorizados adicionales autorizados adicionales.

j) Monto hasta el cual el emisor otorga crédito.

k) Tasa de interés compensatorio o financiero pactado que el emisor aplica al crédito, compra o servicio contratado.

l) Fecha a partir de la cual se aplica el interés compensatorio o financiero.

m) Tasa de interés punitorio pactado sobe saldos impagos y fecha desde la cual se aplica.

n) Monto del pago mínimo que excluye la aplicación de intereses punitorios.

ñ) Monto adeudado por el o los períodos anteriores, con especificación de la clase y monto de los intereses devengados con expresa prohibición de la capitalización de los intereses.

o) Plazo para cuestionar el resumen en lugar visible y caracteres destacados.

p) Monto y concepto detallados de todos los gastos a cargo del titular, excluidas las operaciones realizadas por éste y autorizadas.

Artículo 24º. Domicilio de envío del resumen. El emisor deberá enviar el resumen al domicilio que indique el titular en el contrato o el que con posterioridad fije fehacientemente.

Artículo 25º. Tiempo de recepción. El resumen deberá ser recibido por el titular con una anticipación mínima de cinco (5) días anteriores al vencimiento de su obligación de pago, independientemente de lo pactado en el respectivo contrato de Tarjeta de Crédito.

En el supuesto de la no recepción del resumen, el titular dispondrá de un canal de comunicación telefónico proporcionado por el emisor durante las veinticuatro (24) horas del día que le permitirá obtener el saldo de la cuenta y el pago mínimo que podrá realizar.

La copia del resumen de cuenta se encontrará a disposición del titular en la sucursal emisora de la tarjeta

CAPÍTULO X. Del cuestionamiento o impugnación de la liquidación o resumen por el titular

Artículo 26º. Personería. El titular puede cuestionar la liquidación dentro de los treinta (30) días de recibida, detallando claramente el error atribuido y aportando todo dato que sirva para esclarecerlo por nota simple girada al emisor.

Artículo 27º. Recepción de impugnaciones. El emisor debe acusar recibo de la impugnación dentro de los siete (7) días de recibida y, dentro de los quince (15) días siguientes, deberá corregir el error si lo hubiere o explicar claramente la exactitud de la liquidación, aportando copia de los comprobantes o fundamentos que avalen la situación. El plazo de corrección se ampliará a sesenta (60) días en las operaciones realizadas en el exterior.

Artículo 28º. Consecuencias de la impugnación. Mientras dure el procedimiento de impugnación, el emisor:

a) No podrá impedir ni dificultar de ninguna manera el uso de la Tarjeta de Crédito o de sus adicionales mientras no se supere el límite de compra.

b) Podrá exigir el pago del mínimo pactado por los rubros no cuestionados de la liquidación.

Artículo 29º. Aceptación de explicaciones. Dadas las explicaciones por el emisor, el titular debe manifestar si le satisfacen o no en el plazo de siete (7) días de recibidas. Vencido el plazo, sin que el titular se expida, se entenderán tácitamente aceptadas las explicaciones.

Si el titular observare las explicaciones otorgadas por el emisor, este último deberá resolver la cuestión en forma fundada en el plazo de diez (10) días hábiles, vencidos los cuales quedará expedita la acción judicial para ambas partes.

Artículo 30º. Aceptación no presumida. El pago del mínimo que figura en el resumen antes del plazo de impugnación o mientras se sustancia el mismo, no implica la aceptación del resumen practicado por el emisor.

CAPÍTULO XI. De las operaciones en moneda extranjera

Artículo 31º. Cuando las operaciones del titular o sus autorizados se operen en moneda extranjera, el titular podrá cancelar sus saldos en la moneda extranjera o en la de curso legal en el territorio de la República al valor al tiempo del electivo pago del resumen sin que el emisor pueda efectuar cargo alguno más que el que realiza por la diferencia de cotización el Banco Central de la República Argentina.

TÍTULO II. De las relaciones entre emisor y proveedor

CAPÍTULO I

Artículo 32º. Deber de información. El emisor, sin cargo alguno, deberá suministrar a los proveedores:

a) Todos los materiales e instrumentos de identificación y publicaciones informativas sobre los usuarios del sistema.

b) El régimen sobre pérdidas o sustracciones a los cuales están sujetos en garantía de sus derechos.

c) Las cancelaciones de tarjetas por sustracción, pérdida, voluntarias o por resolución contractual.

Artículo 33º. Aviso a los proveedores. El emisor deberá informar inmediatamente a los proveedores sobre las cancelaciones de Tarjetas de Crédito antes de su vencimiento sin importar la causa.

La falta de información no perjudicará al proveedor.

Artículo 34º. Las transgresiones a la regulación vigente serán inoponibles al proveedor, si el emisor hubiera cobrado del titular los importes cuestionados.

Artículo 35º. Terminales electrónicas. Los emisores instrumentarán terminales electrónicas de consulta para los proveedores que no podrán excluir equipos de conexión de comunicaciones o programas informáticos no provistos por aquellos, salvo incompatibilidad técnica o razones de seguridad, debidamente demostradas ante la autoridad de aplicación para garantizar las operaciones y un correcto sistema de recaudación impositiva.

Artículo 36º. Pagos diferidos. El pago con valores diferidos por parte de los emisores a los proveedores, con cheques u otros valores que posterguen realmente el pago efectivo, devengaran un interés igual al compensatorio o por financiación cobrados a los titulares por cada día de demora en la efectiva cancelación o acreditación del pago al proveedor.

Artículo 37º. El proveedor esta obligado a:

a) Aceptar las tarjetas de crédito que cumplan con las disposiciones de esta ley.

b) Verificar siempre la identidad del portador de la tarjeta de crédito que se le presente.

c) No efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta.

d) Solicitar autorización en todos los casos.

CAPÍTULO II. Del contrato entre el emisor y el proveedor

Artículo 38º. El contrato tipo entre el emisor y el proveedor deberá ser aprobado por la autoridad de aplicación y contendrá como mínimo:

a) Plazo de vigencia.

b) Topes máximos por operación de la tarjeta de que se trate.

c) Determinación del tipo y monto de las comisiones, intereses y cargos administrativos de cualquier tipo.

d) Obligaciones que surgen de la presente ley.

e) Plazo y requisitos para la presentación de las liquidaciones.

f) Tipo de comprobantes a presentar de las operaciones realizadas.

g) Obligación del proveedor de consulta previa sobre la vigencia de la tarjeta.

Además deberán existir tantos ejemplares como partes contratantes haya y de un mismo tenor.

TÍTULO III

Artículo 39º. Preparación de vía ejecutiva. El emisor podrá preparar la vía ejecutiva contra el titular, de conformidad con lo prescripto por las leyes procesales vigentes en el lugar en que se acciona, pidiendo el reconocimiento judicial de:

a) El contrato de emisión de Tarjeta de Crédito instrumentado en legal forma.

b) El resumen de cuenta que reúna la totalidad de los requisitos legales.

Por su parte el emisor deberá acompañar

a) Declaración jurada sobre la inexistencia de denuncia fundada y válida, previa a la mora, por parte del titular o del adicional por extravío o sustracción de la respectiva Tarjeta de Crédito.

b) Declaración jurada sobre la inexistencia de cuestionamiento fundado y válido, previo a la mora, por parte del titular, de conformidad con lo prescripto por los artículos 27º y 28º de esta ley.

Artículo 40º. El proveedor podrá preparar la vía ejecutiva contra el emisor pidiendo el reconocimiento judicial de:

a) El contrato con el emisor para operar en el sistema.

b) Las constancias de la presentación de las operaciones que dan origen al saldo acreedor de cuenta reclamado, pudiendo no estar firmadas si las mismas se han formalizado por medios indubitables.

c) Copia de la liquidación presentada al emisor con constancia de recepción, si la misma se efectuó.

Artículo 41º. Pérdida de la preparación de la vía ejecutiva. Sin perjuicio de quedar habilitada la vía ordinaria, la pérdida de la preparación de la vía ejecutiva se operará cuando:

a) No se reúnan los requisitos para la preparación de la vía ejecutiva de los artículos anteriores.

b) Se omitan los requisitos contractuales previstos en esta ley.

c) Se omitan los requisitos para los resúmenes establecidos en el artículo 23º de esta ley.

Artículo 42º. Los saldos de Tarjetas de Créditos existentes en cuentas corrientes abiertas a ese fin exclusivo, no serán susceptibles de cobro ejecutivo directo. Regirá para su cobro la preparación de la vía ejecutiva prescrita en los artículos 38º y 39º de la presente ley.

TÍTULO IV. Disposiciones Comunes

Artículo 43º. Controversias entre el titular y el proveedor. El emisor es ajeno a las controversias entre el titular y el proveedor derivadas de la ejecución de las prestaciones convenidas salvo que el emisor promoviera los productos o al proveedor pues garantiza con ello la calidad del producto o del servicio.

Artículo 44º. Incumplimiento del proveedor. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del proveedor con el titular, dará derecho al emisor a resolver su vinculación contractual con el proveedor.

Artículo 45º. Incumplimiento del emisor con el proveedor. El titular que hubiera abonado sus cargos al emisor queda liberado frente al proveedor de pagar la mercadería o servicio aun cuando el emisor no abonará al proveedor.

Artículo 46º. Cláusulas de exoneración de responsabilidad. Carecerán de efecto las cláusulas que impliquen exoneración de responsabilidad de cualquiera de las partes que intervengan directa o indirectamente en la relación contractual.

Artículo 47º. De la prescripción. Las acciones de la presente ley prescriben:

a) Al año, la acción ejecutiva.

b) A los tres (3) años, las acciones ordinarias.

Artículo 48º. Sanciones. La autoridad de aplicación, según la gravedad de las faltas y la reincidencia en las mismas, o por irregularidades reiteradas, podrá aplicar a las emisoras las siguientes sanciones de apercibimiento: multas hasta veinte (20) veces el importe de la operación en cuestión y cancelación de la autorización para operar.

Artículo 49º. Cancelación de autorización. La cancelación no impide que el titular pueda iniciar las acciones civiles y penales para obtener la indemnización correspondiente y para que se apliquen las sanciones penales pertinentes.

Artículo 50º. Autoridad de aplicación. A los fines de la aplicación de la presente ley actuarán como autoridad de aplicación:

a) El Banco Central de la República Argentina en todas las cuestiones que versen sobre aspectos financieros.

b) La Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación: en todas aquellas cuestiones que se refieran a aspectos comerciales.

Artículo 51º. Del sistema de denuncias. A los fines de garantizar las operaciones y minimizar los riesgos por operaciones con tarjetas sustraídas o pérdidas, el emisor debe contar con un sistema de recepción telefónica de denuncias que opere las veinticuatro (24) horas del día, identificando y registrando cada una de ellas con hora y número correlativo, el que deberá ser comunicado en el acto al denunciante.

Artículo 52º. De los Jueces Competentes. Serán jueces competentes, en los diferendos entre:

a) Emisor y titular, el del domicilio del titular.

b) Emisor y fiador, el del domicilio del fiador.

c) Emisor y titular o fiador conjuntamente, el del domicilio del titular.

d) Emisor y proveedor, el del domicilio del proveedor.

Artículo 53º. Prohibición de informar. Las entidades emisoras de Tarjetas de Crédito, bancarias o crediticias tienen prohibido informar a las “bases de datos de antecedentes financieros personales” sobre los titulares y beneficiarios de extensiones de Tarjetas de Crédito u opciones cuando el titular no haya cancelado sus obligaciones, se encuentre en mora o en etapa de refinanciación. Sin perjuicio de la obligación de informar lo que correspondiere al Banco Central de la República Argentina.

Las entidades informantes serán solidaria e ilimitadamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a los beneficiarios de las extensiones u opciones de Tarjetas de Crédito por las consecuencias de la información provista.

Artículo 54º. Las entidades emisoras deberán enviar la información mensual de sus ofertas a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, la que deberá publicar en el mismo período, el listado completo de esa información en espacios destacados de los medios de prensa de amplia circulación nacional.

El Banco Central de la República Argentina aplicará las sanciones que correspondan en caso de incumplimiento a la obligación de informar, establecida precedentemente, que se denuncie por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería.

Artículo 55º. En aquellos casos en que se ofrezcan paquetes con varios servicios financieros y bancarios, incluyendo la emisión de Tarjetas de Crédito, se debe dejar bien claro, bajo pena de no poder reclamar importe alguno, dentro de la promoción, el costo total que deberá abonar el titular todos los meses en concepto de costos por los diferentes conceptos, especialmente ante la eventualidad de incurrir en mora o utilizar los servicios ofertados.

Artículo 56º. Tarjetas de Compra exclusivas y de Débito. Cuando las Tarjetas de Compra exclusivas o de Débito estén relacionadas con la operatoria de una Tarjeta de Crédito, le serán aplicables las disposiciones de la presente ley.

Artículo 57º. Orden Público. Las disposiciones de la presente ley son de orden público.

Artículo 58º. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y ocho.

 

ALBERTO R. PIERRI

CARLOS F. RUCKAUF

Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo

Mario L. Pontaquarto.

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Decreto 15/99

Buenos Aires 9 de enero de 1999

VISTO el Proyecto de Ley registrado bajo el número 25.065, sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el 7 de diciembre de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que por el citado Proyecto de Ley se regulan diversos aspectos vinculados con el sistema de Tarjetas de Crédito, Compra y Débito.

Que en su artículo 6° el Proyecto de Ley, hace referencia al contenido del contrato de emisión de tarjeta de crédito, disponiendo entre los requisitos a observar el del inciso k) que exige la firma del titular y de personal apoderado de la empresa emisora.

Que la exigencia de la firma de personal apoderado de la empresa emisora provocará un mayor costo en el servicio de tarjeta de crédito que, en definitiva, se reflejará en un incremento hacia el usuario del sistema.

Que en los artículos 7° inciso d), 14º inciso e) y 38º párrafo primero, respecto de los contratos entre el emisor y el titular de la tarjeta, o entre el emisor y el comercio, se establece como condición de su validez su conformación con contratos tipo o cláusulas tipo previamente aprobadas por la autoridad de aplicación.

Que esta restricción e intervención previa de la autoridad de aplicación importaría un reglamentarismo contrario a la libertad de comercio.

Que una intervención regulatoria como la propiciada no es la experiencia que se registra en los mercados que más han desarrollado la utilización de tarjetas de crédito.

Que, por otra parte, la Ley de Defensa de la Competencia número 22.262, otorga el marco de protección suficiente y razonable respecto de cláusulas en este tipo de contratos que pudieran resultar abusivas.

Que asimismo, sujetar la validez de las cláusulas de este tipo de relaciones contractuales a formulas previamente aprobadas por el Estado Nacional, puede dar origen a un factor de incertidumbre jurídica que aumentaría la litigiosidad en este tipo de relaciones comerciales y tendría como consecuencia el incremento del costo de los servicios incluidos en el contrato de tarjetas de crédito.

Que en el artículo 14º del Proyecto de Ley que trata sobre la nulidad de las cláusulas del contrato de emisión de tarjeta de crédito, los incisos f), h) e i) contienen normas que afectan la libertad de contratación.

Que la nulidad de las cláusulas que autoricen al emisor la rescisión unilateral incausada establecida en el inciso f) del artículo mencionado, limita el derecho a concluir la relación contractual en forma no litigiosa.

Que no resulta razonable ni beneficioso para los usuarios de tarjetas de crédito lo proyectado en el inciso h) del mismo artículo, en cuanto veda la habilitación de la vía ejecutiva.

Que el inciso i) que declara nulas las cláusulas que importen prórroga a la jurisdicción establecida en la ley, se relaciona con lo dispuesto en el artículo 52º del Proyecto de Ley, cuya observación también se propicia en la presente medida.

Que el artículo 15º establece que el emisor no podrá fijar aranceles que difieran en más de tres puntos en concepto de comisiones entre comercios que pertenezcan a un mismo rubro o con relación a iguales o similares productos o servicios. Asimismo, establece que el emisor, en ningún caso, efectuará descuentos superiores a un CINCO POR CIENTO (5%) sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor.

Que la mencionada norma propicia una clara interferencia en la relación entre comerciantes y entidades emisoras, siendo que los instrumentos adecuados para evitar o solucionar las posibles distorsiones que surgen de estas relaciones se encuentran enmarcados en los mecanismos privados de concertación y en la Ley de Defensa de la Competencia número 22.262.

Que una intervención como la que se propicia, no se compatibiliza con el proceso de desregulación y liberalización de los mercados llevado a cabo por el Gobierno Nacional cuyo objetivo es reducir costos y mejorar la competitividad de las actividades económicas.

Que los artículos 16º y 18º estipulan límites a los intereses compensatorios o financieros y punitorios que el emisor podrá aplicar al titular.

Que la regulación que se pretende resulta inconsistente y en definitiva perjudicial para la actual organización de la economía, toda vez que el proceso iniciado con el dictado del Decreto número 2284 del 31 de octubre de 1991, ratificado por la Ley número 24.307, ha eliminado todo tipo de control de precios y en especial suspendió el ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley número 20.680, las cuales solo podrán ser restablecidas previa declaración de emergencia de abastecimiento por el Honorable Congreso de la Nación.

Que en el caso particular del mercado de tarjetas de crédito, la regulación de las tasas de financiación al consumo dejará abierta la posibilidad de que se encarezcan otras cargas no reguladas que debe afrontar el tarjetahabiente y de esta forma se distorsionaría la estructura de costos vigente sin ningún beneficio efectivo para el consumidor.

Que la aplicación de los principios de la convertibilidad monetaria, sancionados por la Ley número 23.928, requieren el funcionamiento de mercados fluidos y transparentes, donde los precios se formen como consecuencia de la interacción espontánea de la oferta y la demanda, sin intervenciones generalmente contrarias al interés de los consumidores.

Que el artículo 20º del Proyecto de Ley, trata de los períodos de cómputo de los intereses compensatorios o financieros, apartándose de la modalidad implementada por el mercado local e internacional en esa materia específica, que usualmente prevé el cómputo de dichos intereses desde la fecha de cada operación, del cierre contable de las operaciones o del vencimiento, hasta la fecha del próximo vencimiento. Asimismo, el articulado deja un vacío legal a los fines del cómputo de los intereses para los consumos nuevos o compras que se financian por primera vez, y que la entidad emisora financia desde el momento de pago a los comerciantes.

Que en los artículos 27º, 28º inciso b) y 29º del Proyecto de Ley, se propicia un procedimiento de impugnación de la liquidación o resumen, que produciría dilaciones en detrimento de la economía, sencillez y celeridad de los trámites impugnatorios, que, en definitiva, perjudicarán también al usuario, razón por la cual, corresponde proceder a la observación de las partes pertinentes de los citados artículos.

Que el artículo 31º establece que cuando las operaciones del titular o sus autorizados se operen en moneda extranjera, el titular podrá cancelar sus saldos en la moneda extranjera o en la de curso legal en el territorio de la República al valor al tiempo del efectivo pago del resumen sin que el emisor pueda efectuar cargo alguno mas que el que realiza, por la diferencia de cotización, el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Que el mencionado artículo se opone a lo prescripto por el Artículo 619º del Código Civil, modificado por la Ley de Convertibilidad número 23.928, que dispone que si el deudor se obliga a pagar en moneda extranjera cancela su obligación pagando en la misma moneda, no pudiendo exigirle al acreedor la recepción de otra moneda que la pactada.

Que el Artículo 37º, inciso a) establece la obligación de los proveedores de aceptar las tarjetas de crédito que cumplan con las restantes normas dispuestas por la ley, lo cual limita la facultad de los comerciantes de contratar libremente.

Que el citado artículo, en su inciso c), establece como otra de las obligaciones del proveedor, la prohibición de efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta.

Que la eliminación de las diferencias entre el precio que el comercio puede cobrar por pago en efectivo o mediante tarjetas de crédito representa una clara distorsión en la medida que disocia el diferente costo que para los comercios tiene vender bajo una u otra modalidad.

Que a fin de proteger al consumidor y asegurar la adecuada exhibición de precios y condiciones de comercialización de los bienes y servicios, se encuentra vigente la Resolución de la EX-SECRETARIA DE COMERCIO E INVERSIONES del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS número 434 del 24 de marzo de 1994, en cuyo artículo 6° se estipulan las condiciones en las que deben exhibirse los precios a abonar mediante tarjeta cuando éstos difieran de los precios por pago en efectivo.

Que la existencia de intervenciones injustificadas en los mercados, no permite el afianzamiento de la estabilidad perpetuando la existencia de precios de bienes y servicios notoriamente superiores a los que resultarían del mercado libre y competitivo.

Que el artículo 52º del Proyecto de Ley, determina qué Jueces serán competentes en los diferendos que se susciten entre emisor y titular, emisor y fiador, emisor y titular o fiador conjuntamente y emisor y proveedor.

Que resulta conveniente observar dicho artículo atento que la determinación de distintas jurisdicciones para resolver los diferendos que se susciten entre emisor y titular y/o fiador y/o proveedor genera un aumento en la estructura de costos vigente para efectivizar la cobranza, costo que en definitiva deberá afrontar el titular y/o beneficiario de la tarjeta de crédito.

Que el artículo 53º del Proyecto de Ley, establece que las entidades emisoras de tarjetas de crédito, bancarias o crediticias tienen prohibido informar a las bases de datos de antecedentes financieros personales sobre los titulares y beneficiarios de extensiones de tarjetas de crédito u opciones, cuando el titular no haya cancelado sus obligaciones, se encuentre en mora o en etapa de refinanciación.

Que la norma sancionada genera la imposibilidad de que las entidades emisoras de tarjetas de crédito, bancarias o crediticias, puedan contar con información sobre el grado de insolvencia y morosidad de quien pretende ser titular y/o beneficiario de extensiones de tarjeta de crédito.

Que el artículo 54º del Proyecto de Ley establece que las entidades emisoras deberán enviar la información mensual de sus ofertas a la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA, la que deberá publicar en el mismo período, el listado completo de esa información en espacios destacados de los medios de prensa de amplia circulación nacional. Asimismo, establece que el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA aplicará las sanciones que correspondan en caso de incumplimiento a la obligación de informar.

Que la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a través de la Resolución número 134 del 4 de marzo de 1998, hizo obligatorio el deber de informar a ese organismo las condiciones de otorgamiento de tarjetas de crédito, compra y/o pago, a fin de propender a una información eficaz, detallada y suficiente.

Que el artículo 50º de la mencionada resolución, establece que las infracciones a la misma serán sancionadas de acuerdo a las previsiones de la Ley número 24.240, conforme a lo cual, la mencionada secretaría aplica las sanciones correspondientes.

Que razones de economía de recursos hacen necesario que el procedimiento iniciado con el pedido de informes y la consiguiente sanción en caso de incumplimiento recaigan en el mismo organismo.

Que en mérito a los motivos expuestos corresponde observar parcialmente el Proyecto de Ley registrado bajo el número 25.065.

Que la presente medida no altera el espíritu ni la unidad del Proyecto de Ley sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para dictar el presente en virtud de lo dispuesto por el artículo 80º de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

Artículo 1º. Obsérvase en el inciso k) del artículo 6° del Proyecto de Ley registrado bajo el número 25.065, la frase “y de personal apoderado de la empresa emisora”.

Artículo 2º. Obsérvase el inciso d) del Artículo 7° del Proyecto de Ley registrado bajo el número 25.065.

Artículo 3º. Obsérvanse los incisos e), f), h) e i) del artículo 14º del Proyecto de Ley registrado bajo el número 25.065.

Artículo 4º. Obsérvase el Capítulo VI del Título I (artículo 15º) del Proyecto de Ley registrado bajo el número 25.065.

Artículo 5º. Obsérvanse los párrafos primero y segundo del artículo 16º del Proyecto de Ley registrado bajo el número 25.065.

Artículo 6º. Obsérvase el párrafo primero del artículo 18º del Proyecto de Ley registrado bajo el número 25.065.

Artículo 7º. Obsérvase el artículo 20º del Proyecto de Ley registrado bajo el número 25.065.

Artículo 8º. Obsérvase en el artículo 27º del Proyecto de Ley registrado bajo el número 25.065, la frase que dice “o explicar claramente la exactitud de la liquidación, aportando copia de los comprobantes o fundamentos que avalen la situación.”

Artículo 9º. Obsérvase el inciso b) del artículo 28º del Proyecto de Ley registrado bajo el número 25.065.

Artículo 10º. Obsérvase el artículo 29º del Proyecto de Ley registrado bajo el número 25.065.

Artículo 11º. Obsérvase el Capítulo XI del Título I (artículo 31º) del Proyecto de Ley registrado bajo el número 25.065.

Artículo 12º. Obsérvanse los incisos a) y c) del artículo 37º del Proyecto de Ley registrado bajo el número 25.065.

Artículo 13º. Obsérvase en el primer párrafo del artículo 38º del Proyecto de Ley registrado bajo el número 25.065 la frase “deberá ser aprobado por la autoridad de aplicación”.

Artículo 14º. Obsérvanse los artículos 52º y 53º del Proyecto de Ley registrado bajo el número 25.065.

Artículo 15º. Obsérvase el segundo párrafo del artículo 54º del Proyecto de Ley registrado bajo el número 25.065.

Artículo 16º. Con las salvedades establecidas en los artículos anteriores, cúmplase, promúlgase y téngase por Ley de la Nación el Proyecto de Ley registrado bajo el número 25.065.

Artículo 17º. Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Artículo 18º. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

MENEM

Jorge A. Rodríguez

Antonio E. González

Alberto J. Mazza

Jorge M. R. Domínguez

Carlos V. Corach.

01Ene/14

Archives Act, 25 March 1998. (amended by the following Acts: 13.04.2004 entered into force 01.05.2004 – RT I 2004, 28, 188; 19.06.2002 entered into force 01.09.2002 – RT I 2002, 63, 387;

Chapter 1.- General Provisions

 

§ 1. Scope of application of Act

(1)        This Act provides for the organisation of acquisition, appraisal, archival processing, preservation and accessing of records, and the bases of the activities of archives.

(19.06.2002 entered into force 01.08.2002 – RT I 2002, 61, 375)

(2)        The provisions of the Administrative Procedure Act (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336) apply to administrative proceedings prescribed in this Act, taking account of the specifications provided for in this Act.

(19.06.2002 entered into force 01.08.2002 – RT I 2002, 61, 375)

 

§ 2. Records management and archival processing

(1)        For the purposes of this Act, records management is the creation, registration, communication, classification, storage and use of documents until their transfer to an archives.

(2)        For the purposes of this Act, archival processing is the arrangement and description of records and their transfer to an archives.

 

§ 3. Archives

(1)        For the purposes of this Act, an archives is an archival agency which is engaged in the acquisition, preservation, arrangement and use of records or a structural unit of the National Archives as provided for in this Act.

(2)        The archives of an agency or person is a comprehensive set of records created or received in the course of the activities of the agency or person.

 

Chapter 2.- Records

 

§ 4. Documents and records

(1)        For the purposes of this Act, a document is information recorded on any medium, which is created or received in the course of the activities of an agency or person, and the content, form and structure of which is sufficient to provide evidence of facts or activities.

(2)        For the purposes of this Act, records are documents which have an established retention period or which are being preserved due to their value to the community, state, owner or other persons.

 

§ 5. Public records

(1)        Public records are records created or received as a result of the activities of state and local government bodies and agencies, and legal persons in public law, and records of legal persons in private law and records of natural persons created or received in the course of performance of public duties provided by law or on the basis thereof.

(2)        Public records are part of the national cultural heritage.

 

§ 6. Private records

Private records are records created or received as a result of the activities of legal persons in private law and natural persons.

 

§ 7. Owners of records

(1)        The state, local governments and, until the transfer of records to the state archives, the persons whose activities result in such records can be the owners of public records, unless otherwise prescribed by law.

(2)        The ownership of public records may only be transferred to the state. Public records belonging to the state are inalienable.

(3)        Private records belong to legal persons in private law or natural persons. Transactions with private records which are entered in the archives register may be entered into under the conditions provided for in this Act.

(4)        Public records may be transferred with the permission of the public archives into the possession of another person or agency on the basis of a contract, by an instrument of delivery and receipt.

(5)        Ownerless records of archival value shall be acquired by the state and preserved in the archives to which the records shall be transferred pursuant to law or in the archives designated by the State Archivist.

 

§ 8. Archives register

(1)        The archives register shall be established and the statutes for its maintenance shall be approved by the Government of the Republic pursuant to the procedure prescribed in the Databases Act (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 61, 375; 63, 387).

(2)        The archives register is a state register whose chief processor is the State Chancellery and whose authorised processor is the National Archives.

(3)        Information concerning public records and sets of records is entered in the archives register.

(4)        It is mandatory for legal persons in private law and natural persons to submit information concerning records created or received in the course of performance of public duties for entry in the archives register. The list of such records shall be provided for in the statutes for maintenance of the archives register.

(5)        Information concerning private records of cultural, historical or practical value may be entered in the archives register either on the application of the owner or on the proposal of the State Archivist with the consent of the owner. The State Archivist shall decide on the entry of such records in the archives register.

(6)        At least the following information concerning records and sets of records shall be entered in the archives register:

1)         title or name;

2)         location;

3)         owner;

4)         possessor;

5)         quantity.

 

§ 9. Private records entered in archives register

(1)        The provisions established in this Act for archival processing, destruction and protection of public records extend to private records entered in the archives register.

(2)        Upon the transfer of possession or ownership of private records entered in the archives register, the transferor of ownership or possession is required to notify the National Archives of the transfer and inform the new owner or possessor of the existence of information concerning the records in the archives register.

(3)        The state may assist the owner or possessor of a private record item entered in the archives register in the arrangement and preservation of such record item, on the application of the owner or possessor. The provision of assistance shall be decided by the State Archivist upon the existence of the necessary budgetary funds, taking into account the quantity or value of the records entered in the register which are to be preserved.

 

§ 10. Transfer of ownership of private records entered in archives register

(1)        If private records entered in the archives register are transferred by way of sale, the state has the right of pre-emption with respect to such records or the right to copy such records in advance. Owners of records shall notify the National Archives in writing of the desire to sell private records entered in the archives register.

(05.06.2002 entered into force 01.07.2002 – RT I 2002, 53, 336)

(2)        (Repealed – 05.06.2002 entered into force 01.07.2002 – RT I 2002, 53, 336)

(3)        If the National Archives waives the exercise of the right of pre-emption, the owner is required to permit the National Archives to make a copy of the record item.

(05.06.2002 entered into force 01.07.2002 – RT I 2002, 53, 336)

(4)        Owners of private records are required to notify the archives register of the transfer in any other manner or transfer of possession of private records entered in the archives register.

 

Chapter 3.- Archival Administration

 

§ 11. Duties of State Chancellery in archival administration

The State Chancellery:

1)         plans the development of the archival system and services;

2)         organises the drafting of legislation which regulates archival matters;

3)         plans the budgetary funding of the archival system and services;

4)         is the chief processor of the archives register.

 

§ 12. Duties of National Archives in archival administration

The National Archives:

1)         participates in planning the development of the archival system and services;

2)         participates in the drafting of legislation which regulates archival matters;

3)         organises archival supervision;

4)         is the authorised processor of the archives register;

5)         reviews the draft annual budgets for state archives and, if necessary, proposals concerning supplementary budgets, and, on the basis thereof, submits a draft annual budget for the National Archives together with an explanatory memorandum to the State Chancellery;

6)         addresses issues of archival research and methodology;

7)         organises in-service training in archival matters;

8)         provides an opinion on plans concerning training in archival matters;

9)         organises professional examinations for archivists and issues professional certificates;

10)            organises the publication of records and printed matter concerning such records.

 

§ 13. Duties of State Archivist in archival administration

The State Archivist:

1)         directs and represents the National Archives;

2)         decides, if necessary, on the distribution of records between archives;

3)         decides, if necessary, on the entry of records in the archives register and the deletion of records from the archives register pursuant to the procedures provided by law and the statutes for maintenance of the archives register;

4)         issues activity licences for the provision of archival services;

5)         decides on the destruction of records of archival value;

6)         exercises archival supervision within the limits of his or her competence;

7)         performs other duties prescribed in this Act within the limits of his or her competence.

 

§ 14. Archives Board

(1)        The Archives Board is an advisory body on archival matters consisting of up to fifteen members and directed by the State Secretary.

(2)        The following are members of the Archives Board:

1)         the State Secretary as Chairman of the Archives Board;

2)         the State Archivist;

3)         the Secretaries General of the Ministry of Justice, Ministry of Defence, Ministry of Culture, Ministry of Internal Affairs and Ministry of Foreign Affairs, or persons authorised by them;

4)         a representative of the Bank of Estonia on the proposal of the President of the Bank of Estonia;

5)         a representative of the Office of the Riigikogu2 on the proposal of the Director of the Office of the Riigikogu;

6)         a representative of the University of Tartu on the proposal of the Rector of the University of Tartu;

7)         one representative of all the national local government associations on the joint proposal of the associations;

8)         a representative of the National Library on the proposal of the Director General of the National Library;

9)         other experts appointed by the State Secretary including one city or rural municipality archivist and one county archivist.

(3)          The State Secretary shall convene the Archives Board at least once every six months, and also at the request of at least five members.

(4)          The duties of the Archives Board are to:

1)         review the main objectives for development of the archival system and services;

2)         review and provide an opinion on draft legislation of general application concerning the archival system and services, records management and document preservation;

3)         provide an opinion on the establishment or termination of the activities of public archives;

4)         conduct a public competition pursuant to the procedure provided for in the Public Service Act (RT I 1995, 16, 228; RT I 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 and 276; 2000, 25, 144 and 145; 28, 167; 102, 672; 2001, 7, 17 and 18; 17, 78; 42, 233; 47, 260; 2002, 21, 117) and on the basis thereof to find a candidate for the position of State Archivist, taking into account the professional requirements for archivists;

5)         discuss, if necessary, the organisation of records management by state administrative agencies and other archival matters.

(5)          The Archives Board adopts decisions by a majority of votes in favour and has a quorum if at least eight members of the Board are present at a meeting of the Board.

 

§ 15. Archival rules

Archival rules regulate and specify the establishment of retention periods for documents, the appraisal, disposal, archival processing, preservation, protection and use of records, and the acquisition of records by public archives.

 

Chapter 4.- Public Archives

 

§ 16. Classes of public archives

(1)        Public archives are state or local government archives financed by the state or local governments, respectively.

(2)        State archives are the National Archives, county archives and special archives.

(3)        Local government archives are city archives, rural municipality archives and archives established as joint agencies of local governments.

 

§ 17. Competence of public archives

(1)        Public archives:

1)         acquire and preserve records of archival value;

2)         exercise archival supervision;

3)         appraise records;

4)         provide opinions on the records management procedures of state and local government agencies and legal persons in public law subject to supervision by public archives, prior to the establishment or amendment of such procedures;

5)         provide opinions on lists and retention periods of documents of agencies subject to supervision by public archives, prior to the establishment of such lists and retention periods;

6)         decide on the destruction of public records of no archival value;

7)         ensure the preservation and protection of, and access to, records transferred to archives for preservation pursuant to law and archival rules;

8)         address issues of archival methodology;

9)         issue archival notices, copies and extracts;

10)           organise the use of records in compliance with the law, including the publication of records or information contained therein and the reproduction of records.

(2)        Public archives have the right to receive necessary information from agencies and persons for the performance of their duties and to make proposals to such agencies and persons concerning records management and archival processing.

(3)        The Government of the Republic may assign to the National Archives the duty to preserve records of no archival value and to organise access to such records, ensuring the necessary budgetary funds for this purpose.

 

§ 18. National Archives

(1)        The National Archives is a government agency administered by the State Chancellery. The statutes of the National Archives shall be approved by the Government of the Republic.

(2)        The National Archives is directed by the State Archivist who is appointed to office by the Government of the Republic for five years pursuant to the procedure prescribed by the Public Service Act. The State Secretary shall inform the Government of the Republic of the name of the candidate for State Archivist selected by the Archives Board.

(3)        The State Archivist exercises supervisory control over the public servants of the National Archives pursuant to the procedure prescribed by the Government of the Republic Act (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 and 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 and 274; 27, 391; 29, 398 and 401; 58, 608; 95, 843 and 845; 2000, 49, 302; 51, 319 and 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354).

(4)        The structural unit of the National Archives which deals with national acquisitions organises the acquisition and preservation of records of archival value created or received as a result of the activities of the Office of the Riigikogu, Office of the President, Supreme Court, Office of the Chancellor of Justice, State Audit Office and other national administrative and government agencies, legal persons in public law and national state agencies administered by government agencies.

 

§ 19. County archives

(1)        County archives are regional structural units of the National Archives.

(2)        County archives shall be established and their activities shall be terminated by the Government of the Republic, which shall specify the number and territory of county archives in the statutes of the National Archives after hearing the opinion of the Archives Board.

(3)        County archives acquire and preserve records of archival value provided for in subsection 18 (4) which are not within the competence of the structural unit of the National Archives and which are created or received as a result of the activities of administrative agencies, government agencies, state agencies administered by government agencies, legal persons in private law and natural persons performing public duties provided by law or on the basis thereof, and local government bodies and agencies if the local government has not established public archives, located within the territory of the county archives.

(4)        A county archives is directed by the county archivist who is appointed to office by the State Archivist in accordance with the Public Service Act, taking into account the professional requirements for archivists and after hearing the opinion of the county governor.

 

§ 20. Special archives

(1)        Special archives may be established for the acquisition and preservation of records recorded on special types of mediums.

(2)        Special archives are structural units of the National Archives which shall be established and the activities of which shall be terminated by the Government of the Republic, which shall specify the types of mediums to be acquired by and the territory of the special archives in the statutes of the National Archives after hearing the opinion of the Archives Board.

(3)        A special archives is directed by a director who is appointed to office by the State Archivist in accordance with the Public Service Act, taking into account the professional requirements for archivists.

 

§ 21. Local government archives

(1)        A city or rural municipality may, on the basis of a corresponding resolution of the local government council and after hearing the opinion of the State Archivist, establish a city or rural municipality archives as a local government administrative agency, the maintenance expenses of which are covered from the city or rural municipality budget.

(2)        City and rural municipality councils may, on the basis of an administration contract and after hearing the opinion of the State Archivist, establish joint city or rural municipality archives, the maintenance expenses of which are covered from the local government budgets pursuant to the administration contract.

(3)        The competence of a city or rural municipality archives may extend to the territory of another local government pursuant to an administration contract.

(4)        The founder of a local government archives shall notify the National Archives in writing of the establishment of the local government archives or of the entry into an administration contract specified in subsection (3) of this section.

(5)        Local government archives acquire and preserve records of archival value created or received as a result of the activities of local government bodies and agencies.

(6)        A city or rural municipality archives is directed by the city or rural municipality archivist who is appointed to office by the city or rural municipality government pursuant to the procedure prescribed by the Public Service Act, taking into account the professional requirements for archivists. The director of a joint city or rural municipality archives is appointed to office by the city or rural municipality government in whose territory the archives is located, in co-ordination with the city or rural municipality governments which have established the joint agency.

(7)        If a local government archives is not established in a city or rural municipality and the city or rural municipality does not participate in the establishment of a local government archives as a joint agency by an administration contract, records of archival value shall be transferred to the county archives operating in the area pursuant to a contract entered into between the local government and the county archives, either with or without transfer of the right of ownership to the state.

 

Chapter 5.- Archival Services and Private Archives

 

§ 22. Archival services

The types of archival services are:

1)         records management services;

2)         archival processing services;

3)         records custody services.

 

§ 23. Archival services activity licence

(1)        An activity licence is required for the provision of archival services. An archival services activity licence grants a person the right to provide the archival services indicated therein.

(19.06.2002 entered into force 01.08.2002 – RT I 2002, 61, 375)

(2)        The standard format of the activity licence is established by archival rules.

 

§ 24. Application for activity licence

(1)        Companies and sole proprietors entered in the commercial register have the right to apply for activity licences.

(2)        In order to apply for an activity licence, an applicant shall submit a petition to the State Archivist, which shall set out:

1)         the name and address of the applicant, and telephone and facsimile numbers if available;

2)         the archival services for which the licence is being applied;

3)         the name and position of the person who completes the petition, or an authorisation and signature in the case of an agent.

(3)        The following documents shall be appended to a petition specified in subsection (2) of this section:

1)         a copy of the memorandum of association or foundation resolution of the company (in the case of a company);

2)         a copy of the articles of association (in the case of a company);

3)         the commercial registry code;

4)         (Repealed – 19.06.2002 entered into force 01.08.2002 – RT I 2002, 61, 375)

5)         (Repealed – 19.06.2002 entered into force 01.08.2002 – RT I 2002, 61, 375)

6)         confirmation of the existence of premises suitable for the preservation of records (upon application for an activity licence for provision of custody services);

7)         confirmation that a contract will be entered into with an employee who meets the professional requirements for archivists upon receipt of an activity licence.

(4)        The State Archivist or an employee of the National Archives authorised by him or her has the right to receive additional information from an applicant for an activity licence on the proposed provision of archival services and to verify the authenticity of submitted information.

(5)        An applicant for an activity licence shall not have tax arrears and the state fee shall be paid before the submission of a petition.

(19.06.2002 entered into force 01.08.2002 – RT I 2002, 61, 375)

 

§ 25. Decision on issue of activity licence

The State Archivist shall decide on the issue of or refusal to issue an activity licence within one month after receipt of a petition and the documents appended thereto and shall notify the applicant of the decision in writing within ten days after the decision is made.

(19.06.2002 entered into force 01.08.2002 – RT I 2002, 61, 375)

 

§ 26. Bases for refusal to issue activity licence

(1)        An activity licence is not issued if:

1)         (Repealed – 19.06.2002 entered into force 01.08.2002 – RT I 2002, 61, 375)

2)         information concerning punishment of the applicant for falsification or destruction of documents or data, or for criminal offences relating to data processing has not been erased from the punishment register, or the applicant has been repeatedly punished pursuant to administrative procedure for violation of this Act or archival rules;

3)         false information is knowingly submitted;

4)         the right of the applicant to provide archival services has been revoked.

(2)        If the petition and appended documents are insufficient and do not comply with the requirements set out in subsections 24 (2) and (3), the applicant shall be notified thereof, and the applicant has one month to eliminate any deficiencies.

(19.06.2002 entered into force 01.08.2002 – RT I 2002, 61, 375)

§ 27. Term of activity licence

(1)      Activity licences are issued for three years, or for ten years to provide records custody services.

(2)      An activity licence becomes invalid prematurely:

1)        (Repealed – 19.06.2002 entered into force 01.08.2002 – RT I 2002, 61, 375)

2)        on the decision of the State Archivist if administrative penalties for violation of this Act or of archival rules have been imposed repeatedly on the applicant.

 

§ 28. Private archives

For the purposes of this Act, a private archives is an archival agency providing records custody services established by a provider of archival services.

 

§ 29. Duties of private archives

(1)        Private archives shall operate pursuant to law and archival rules.

(2)        Private archives are required to ensure:

1)         preservation and protection of, and access to, records according to the requirements;

2)         protection of personal data and business secrets;

3)         compliance of archival repositories with established requirements;

4)         the existence of employees who meet the professional requirements for archivists;

5)         the continued preservation of records upon termination of the activities of the archives by organising the return of the records to their owners or the transfer of the records to other archives with the approval of the owners of the records.

 

Chapter 6.- Appraisal and Destruction of Records

 

§ 30. Appraisal of records

(1)       Public archives shall appraise records in order to decide on the destruction of records or transfer of records to an archives, and in order to determine the archival value of records.

(2)       Records shall be appraised upon:

1)         transfer of records to an archives;

2)         expiry of the retention period of records;

3)         a decision of the State Archivist.

(3)       In the appraisal of records, a public archives shall be guided by:

1)         the applicability of the records in exercising public authority or guaranteeing the rights or duties of persons;

2)         the evidential and informational value of the records;

3)         the historical and cultural value of the records;

4)         the external characteristics, condition and arrangement of the records;

5)         existing relationships with other records;

6)         the retention periods of documents.

 

§ 31. Retention periods of documents

(1)        State and local government agencies, and legal persons shall ensure the preservation of documents created or received in the course of their activities during the periods provided for by Acts or legislation established on the basis thereof or until transfer to an archives pursuant to the procedure prescribed by this Act.

(2)        In their registers of documents, state and local government agencies, and legal persons in public law shall establish retention periods for documents created or received in the course of their activities.

(3)        Legal persons in private law shall establish retention periods for documents created or received in the course of performance of public duties, in compliance with the periods provided for by law or on the basis thereof.

 

§ 32. Archival value of records

(1)        A public archives may grant archival value to public records as the result of an appraisal.

(2)        Public records with archival value shall be preserved permanently.

(3)        The archival value of records may be revoked only as the result of an appraisal. The State Archivist shall confirm the result of such appraisal.

 

§ 33. Destruction of records

(1)       A record item may be destroyed:

1)         upon expiry of the retention period;

2)         upon the medium becoming unserviceable.

(2)       A record item with a prescribed retention period may be destroyed upon the medium becoming unserviceable after the information is copied to another medium by the owner or possessor of the record item.

(3)       Public records may only be allocated as the result of an appraisal by a public archives.

(4)       Private records may only be destroyed with the permission of the owner.

(5)       The owner or possessor of a record item is responsible for the legality of the organisation of destruction of the record item.

 

Chapter 7.- Transfer of Records to Archives

 

§ 34. Transfer of records

(1)        Public records may only be transferred to public archives.

(2)        Agencies and persons shall transfer public records of archival value created or received in the course of their activities to the archives which are competent to acquire and preserve them pursuant to Chapter 4 of this Act or to the archives designated by the State Archivist.

(3)        Public records of archival value shall be transferred to public archives twenty years after their creation unless otherwise prescribed by law.

(4)        Public records shall be transferred on the basis of an application of the transferor and by agreement with a public archives within five years after the expiry of the term specified in subsection (3) of this section. The State Archivist may extend the term for transfer of records which are necessary for the performance of the functions of an agency by up to twenty years, upon the reasoned request of the agency and after hearing the opinion of the Archives Board.

(5)        State and local government agencies, and legal persons in public law are required to transfer records to an archives prior to the expiry of the term prescribed in subsection (3) of this section if the activities of such agency or legal person in public law are terminated or if the records are in danger of being destroyed.

(6)        Public records of archival value may be transferred prior to the expiry of the term provided for in subsection (3) of this section by agreement with the archives.

(7)        A legal person in private law shall transfer public records, the retention period of which has not expired and which belong to the legal person in private law, to public archives if the records are in danger of being destroyed or the legal person in private law is being liquidated.

 

§ 35. Preparation of records for transfer to archives

(1)       Upon preparation of public records for transfer to archives, the transferor of records shall organise and describe the records, which shall include:

1)         systematisation of the records;

2)         compilation of a list of the records being transferred;

3)         arrangement of the records pursuant to archival rules.

(2)       Upon preparation of private records for transfer to archives, the transferor of records shall systematise the records.

(3)       Preparation of records for transfer to archives shall be co-ordinated with the archives to which the records are being transferred.

 

§ 36. Procedure for transfer of records

(1)        Public records shall be transferred to archives on the basis of an instrument of delivery and receipt. The instrument shall set out at least the name of the transferor, the name of the recipient archives, and the origin and quantity of the records.

(2)        Private records shall be transferred to archives for preservation on the basis of a contract by an instrument of delivery and receipt.

(3)        Public records shall be prepared for transfer and transferred at the expense of the transferor.

(4)        Ownerless records of archival value are accessioned to state archives on the basis of a unilateral instrument of receipt. The instrument shall set out at least the name of the recipient archives and the origin, title or name, and quantity of the records.

 

§ 37. Refusal to receive records

(1)       A public archives may refuse to receive records if:

1)         the records are not prepared for transfer to the archives pursuant to law and archival rules;

2)         the records have no archival value;

3)         the retention period of the records has expired;

4)         the records are to be transferred to another archives.

(2)       In the case provided for in clause (1) 1) of this section, the archives shall issue a precept to the transferor of the records and set a term for the elimination of deficiencies.

(3)       A decision to refuse receipt of records together with justification shall be presented in writing within one month after submission of an application for transfer.

 

Chapter 8.- Protection of Records

 

§ 38. Ensuring preservation of records

(1)        Upon the creation of records, materials and methods which will ensure their preservation shall be used.

(2)        Records shall be kept in rooms favourable for their preservation and secured against damage and destruction. Specific requirements for the preservation conditions for records and for archival repositories are provided for in archival rules.

(3)        If records which are entered in the archives register are in danger of being damaged or destroyed, the State Archivist may issue a precept for the transfer of such records for preservation to a public archives.

(4)        Owners and possessors of records are responsible for the preservation of records to the extent and pursuant to the procedure prescribed by law.

 

§ 39. Removal of records from the country

(1)        Permanent removal of public records from the country is prohibited.

(2)        Public records of archival value may be removed from the country for a specified term and only with the written permission of the State Archivist.

(3)        Public records shall be copied prior to removal from the country. The possessor of the records or the archives where the records are preserved shall organise such copying. The copy shall substitute for the original until the original is returned.

(4)        Private records entered in the archives register may be removed from the country only with the written permission of the State Archivist.

(5)        Private records of value in terms of the state, history or culture of Estonia may be removed from the country only with the written permission of the State Archivist who shall, if necessary, organise the determination of the value of such records and the copying thereof.

(6)        If upon customs control, a person is found to be in possession of records specified in subsections (2) and (4) of this section and the person has no authorisation to export them, such records shall be confiscated as prohibited goods, pursuant to the customs rules within the meaning of the Customs Act, and shall be transferred to the archives determined by the State Archivist.

(13.04.2004 entered into force 01.05.2004 – RT I 2004, 28, 188)

 

Chapter 9.- Access to Records and Restrictions on Access

 

§ 40. Access to records

(1)        Access to records is the right to examine records and information contained therein.

(2)        State and local government agencies and bodies, public law agencies and archives are required to ensure access to records in their possession in accordance with this Act, the Public Information Act and archival rules.

(15.11.2000 entered into force 01.01.2001 – RT I 2000, 92, 597 )

(3)        Access to public records is unrestricted as of their creation unless the restrictions established in § 42 of this Act extend thereto.

(4)        Every person has the right to request information on the existence of data concerning the person from a possessor of records and to examine such data. If access to the records is restricted, the person may examine only the data concerning the person, except in the cases prescribed in subsections 42 (1) and (6) of this Act.

 

§ 41. Granting access to records

(1)       Upon granting access to records, the archives or agency in which the records  are located is, at the request of an agency or person, required to:

1)         issue extracts and copies of records;

2)         allow examination of records in the archives;

3)         issue archival notices.

(2)       Records preserved in public archives are not issued for use outside the archives. The head of the archives may issue records for use for a specified term on the basis of an instrument of delivery and receipt for the performance of public duties provided by law or on the basis thereof, or with regard to a legitimate private interest, in which case he or she shall ensure that the records are copied prior to issue. Copies shall be preserved until the originals are returned.

(3)       A possessor of records may restrict access to records due to the poor physical condition of the medium or if use of the records may damage the records, however the possessor shall ensure access to the information contained in the records by all persons.

 

§ 42. Restrictions on access

(1)        The procedure for access to records containing a state secret is provided for in the State Secrets Act and legislation issued on the basis thereof.

(26.01.99 entered into force 28.02.99 – RT I 1999, 16, 271)

(2)        Access to records containing sensitive personal data is possible at the request of a court or with the written permission of an investigation authority or preliminary investigation authority or the person concerned, or, after his or her death, access is possible for his or her spouse, parents, children, grandchildren, brothers and sisters, and other persons or agencies, on the bases of and pursuant to the procedure prescribed by the Personal Data Protection Act (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833; 2000, 50, 317; 92, 597; 104, 685; 2001, 50, 283; 2002, 61, 375; 63, 387) and the Public Information Act and in compliance with Acts regulating the corresponding sphere.

(15.11.2000 entered into force 01.01.2001 – RT I 2000, 92, 597)

(3)        Access to records containing sensitive personal data relating to the state of health, sexual life or confidential information concerning the filiation of a child is restricted for thirty years as of the death of the person, or for one hundred and ten years as of the birth of the person if it is not possible to ascertain the death of the person, or for seventy-five years as of the creation of a document if it is not possible to ascertain the birth or death of the person.

(15.11.2000 entered into force 01.01.2001 – RT I 2000, 92, 597)

(4)        In the interests of the prevention of a criminal offence, apprehension of a criminal offender or ascertaining the truth in a criminal proceeding, an investigation or preliminary investigation authority may establish restrictions on access to records containing personal data of the persons concerned, of which the possessor of the records shall be notified.

(5)        Access to records containing information classified as a business secret is restricted for twenty years as of the classification of the information as a business secret. Use of a record item containing a business secret prior to the expiry of the restriction is possible with the permission of the owner of the record item or at the request of a court, investigation authority or preliminary investigation authority.

(6)        An owner may establish restrictions on access to private records upon transfer thereof to the archives. The conditions for access to records shall be provided for by contract.

(7)        The head of an agency shall establish restrictions on access to records designated only for the internal use of the agency pursuant to the procedure provided for in the Public Information Act. Access to such information shall be granted pursuant to the procedure prescribed in the Public Information Act.

(15.11.2000 entered into force 01.01.2001 – RT I 2000, 92, 597)

(8)        Lists and inventories of records with restricted access and the conditions for access thereto are public.

 

§ 43. Archival notices, copies and extracts

(1)        Public archives shall issue archival notices, copies and extracts in order to communicate the existence of records necessary to ascertain the rights and transactions of persons and the information contained in such records.

(2)        Archival notices, copies and extracts shall be formalised pursuant to archival rules.

(3)        Archives shall certify the authenticity of copies, extracts and archival notices issued in order to ascertain the rights and transactions of persons pursuant to the Attestation Act and shall register such issues.

(4)        The applicant shall bear the expenses of preparing copies and extracts issued by archives and of copying records pursuant to the reimbursement standards established by the State Archivist.

(14.11.2001 entered into force 01.02.2002 – RT I 2001, 93, 565)

 

Chapter 10.- Archival supervision

 

§ 44. Archival supervision

(1)       Archival supervision is a system of measures which ensures monitoring of the acquisition, archival processing, preservation and protection of public records, of the organisation of access to public records, of the entry of information concerning records in the archives register and of the destruction of such information, and compliance of the records management of agencies with Acts, archival rules and legislation regulating records management.

(2)       The following exercise supervision within the limits of their competence:

1)         the State Archivist;

2)         archives inspectors;

3)         county archivists;

4)         directors of special archives;

5)         city and rural municipality archivists;

6)         persons authorised by the officials specified in clauses 3), 4) and 5) of this subsection.

(3)       Persons who exercise archival supervision have the right directly to monitor and obtain documents and information from agencies and persons, within the limits of their competence, concerning archival processing and the preservation, use and protection of records.

(4)       Persons who exercise archival supervision:

1)         monitor the compliance of the preservation of, access to and protection of records with law and requirements established on the basis of law;

2)         monitor compliance with archival rules;

3)         monitor the compliance of the established retention periods for records with law and requirements established on the basis of law;

4)         monitor the legality of transfers of records;

5)         monitor the registration of holdings;

6)         issue precepts concerning violations discovered and make proposals for bringing records management into conformity with the law and archival rules;

7)         prepare reports if precepts concerning discovered violations are not complied with, and submit such reports to the State Archivist.

 

§ 45. Supervisory competence of State Archivist

(1)       In exercising archival supervision, the State Archivist:

1)         issues precepts to state and local government agencies, and persons for the elimination of violations of this Act and of legislation established on the basis of this Act by the Government of the Republic, and for the elimination of violations of provisions of other legislation pertaining to records management, archival processing and the preservation of documents;

2)         prepares reports for investigation and preliminary investigation authorities concerning violations of the provisions of this Act, other legislation established on the basis of this Act, and other legislation regulating archival administration and records management.

(2)        (Repealed – 19.06.2002 entered into force 01.09.2002 – RT I 2002, 63, 387)

(3)       If a state or local government agency or an official thereof does not comply with a precept issued in the course of archival supervision, the State Archivist shall prepare a report to the superior agency or official of the agency or official, on the basis of a report compiled by an archives inspector or county archivist, for the conduct of supervisory control.

 

§ 46. Supervisory competence of National Archives and archives inspectors

(1)        The Office of the Riigikogu, Supreme Court, Office of the President, Office of the Chancellor of Justice, State Audit Office and other national administrative and government agencies, legal persons in public law and national state agencies administered by government agencies are subject to supervision by the structural unit of the National Archives engaged in national archival supervision.

(2)        Archival supervision by the National Archives is exercised by archives inspectors on the staff of the National Archives.

 

§ 47. Supervisory competence of county archives and county archivists

(1)        Administrative agencies, government agencies, state agencies administered by government agencies, legal persons in private law and natural persons which perform public duties provided by law and on the basis thereof, and local government agencies if the local government has not established public archives, which operate within the territory of a county archives but which are not subject to supervision by the structural unit of the National Archives engaged in national archival supervision, are subject to archival supervision by the county archives.

(2)        Archival supervision by county archives is exercised by county archivists.

(3)        A county archivist has the right to authorise archivists on the staff of the county archives to perform the acts prescribed in clauses 44 (4) 1)–5) of this Act.

 

§ 48. Supervisory competence of special archives and directors of special archives

(1)        Agencies whose records which are recorded on special types of mediums are designated for acquisition by special archives are subject to archival supervision by special archives.

(2)        Archival supervision by special archives is exercised by the directors of special archives.

(3)        A director of a special archives has the right to authorise archivists on the staff of the special archives to perform the acts prescribed in clauses 44 (4) 1)–5) of this Act.

 

§ 49. Supervisory competence of local government archives and city or rural municipality archivists

(1)        Local government bodies and agencies are subject to archival supervision by local government archives.

(2)        Archival supervision by local government archives is exercised by the directors of local government archives.

(3)        A director of a local government archives has the right to authorise by directive archivists on the staff of the local government archives to perform the acts prescribed in clauses 44 (4) 1)–5) of this Act.

 

§ 50. (Repealed – 19.06.2002 entered into force 01.09.2002 – RT I 2002, 63, 387)

 

Chapter 101

(19.06.2002 entered into force 01.09.2002 – RT I 2002, 63, 387)

Liability

(19.06.2002 entered into force 01.09.2002 – RT I 2002, 63, 387)

§ 501. Violation of requirements of Archives Act and archival rules

(1)        Violation of the requirements of the Archives Act or the archival rules is punishable by a fine of up to 100 fine units.

(2)        The same act, if committed by a legal person, is punishable by a fine of up to 20 000 kroons.

(3)        The provisions of the General Part of the Penal Code (RT I 2001, 61, 364) and of the Code of Misdemeanour Procedure (RT I 2002, 50, 313) apply to the misdemeanours provided for in this section.

(4)        The State Archives is the extra-judicial body which conducts proceedings in matters of misdemeanours provided for in this section.

(19.06.2002 entered into force 01.09.2002 – RT I 2002, 63, 387)

 

Chapter 11.- Professional Requirements

 

§ 51. Professional requirements for archivists

(1)        Persons who meet the professional requirements for archivists may work as archivists or archives inspectors in public archives.

(2)        Compliance with professional requirements shall be certified by a valid professional certificate.

(3)        Professional requirements for archivists and the procedure for professional examinations shall be established by the Government of the Republic.

 

Chapter 12.- Implementing Provisions

 

§ 52. Reorganisation of archives

(1)        The Government of the Republic shall reorganise the state central and county archives and, with the consent of the local government councils, the local government archives into the National Archives by 1 January 1999.

(2)        Until the reorganisation of the state archives into the National Archives, the state archives shall perform their current duties taking into account the provisions of § 17 of this Act.

(3)        The duties of the State Archivist provided for in § 39 of this Act shall be performed by the State Chancellery until 1 January 1999.

 

§ 53. Implementation of Public Service Act with respect to employees of public archives

(1)        The employment contracts of employees at the archives being reorganised into the National Archives as provided for in § 52 of this Act shall be transferred to the National Archives within two weeks after the formation of the National Archives. The obligations of the employer shall transfer to the National Archives.

(2)        Within two months after the formation of the National Archives, archival officials working in state and local government archives pursuant to the Republic of Estonia Employment Contracts Act (RT 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; RT I 1993, 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850; 49, 953; 1997, 5/6, 32; 1998, 111, 1829; 1999, 16, 276; 60, 616; 2000, 25, 144; 51, 327; 57, 370; 102, 669; 2001, 17, 78; 42, 233; 53, 311; 2002, 61, 375) shall be registered as employed in the service, retroactively as of 1 January 1999, on the basis of the staff lists approved by the State Secretary.

(3)        Upon implementation of subsection (2) of this section with respect to employees of public archives, §§ 161 and 162, subsection 163 (3) and §§ 164–168 and 170–176 of the Public Service Act apply by analogy, however the terms for performance of the acts prescribed by the above sections shall be calculated from 1 January 1999.

(4)        Upon implementation of §§ 161 and 164 of the Public Service Act, the employment contracts of employees who have given advance notice of the termination of their employment contracts pursuant to the procedure prescribed by the Republic of Estonia Employment Contracts Act prior to the formation of the National Archives, or to whom the State Archivist gives advance notice of the termination of their employment contracts within one month after the formation of the National Archives, shall be terminated pursuant to the Republic of Estonia Employment Contracts Act and within two months after the formation of the National Archives

(5)        The length of service of employees of public archives includes time working in state and local government archives and in agencies which direct the archival system and services on behalf of the state prior to the entry into force of this Act.

(6)        The increase in old-age pensions provided for in subsection 57 (2) of the Public Service Act does not extend to persons whose employment relationship with the state archives ends before 1 January 1999.

 

§ 54. Entry of records in archives register

Records preserved in public archives upon the entry into force of this Act belong to the state or to a local government and shall be entered in the archives register within two years after the entry into force of this Act.

 

§ 55. Establishment of archival rules

The archival rules specified in § 15 of this Act shall be established by the Government of the Republic by 1 January 1999.

 

§ 56. Compliance of archivists with professional requirements

(1)        The professional requirements and the procedure for professional examinations specified in § 51 of this Act shall be established by the Government of the Republic by 1 January 1999.

(2)        Archivists shall comply with the established professional requirements by 1 January 2001.

 

[§§ 57–69 omitted]3

 

§ 70. Entry into force of Act

(1)        This Act enters into force on 1 May 1998.

(2)        Chapters 5 and 10 of this Act enter into force on 1 June 1999.

 

(1) RT = Riigi Teataja = State Gazette

(2) Riigikogu = the parliament of Estonia

(3) The omitted sections amend other legislation.

 

 

01Ene/14

Legislacion Informatica de Francia. Arrêté du 7 septembre 2006 modifiant l'arrêté du 8 mars 2005 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la sélection et à la gestion des candidats au recrutement de l'armée de

Arrêté du 7 septembre 2006 modifiant l'arrêté du 8 mars 2005 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la sélection et à la gestion des candidats au recrutement de l'armée de terre.

La ministre de la défense,

Vu le décret nº 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement;

Vu l'arrêté du 8 mars 2005 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la sélection et à la gestion des candidats au recrutement de l'armée de terre ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 février 2006 portant le numéro 899370 (version 1),

Arrête :

Article 1. L'arrêté du 8 mars 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. – A l'article 1er, après les mots : ” mise en oeuvre par “, lire : ” la sous-direction recrutement “.

II. – A l'article 3, la liste des destinataires des données à caractère personnel est complétée par : ” l'Agence nationale pour l'emploi “.

Article 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 septembre 2006.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre, D. Royal

01Ene/14

AUTO Nº 214-10 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CANTABRIA. SECCIÓN PRIMERA. ROLLO Nº 209/10, 8 JUNIO 2010

AUTO NÚM. 214-10

lImos. Srs. Magistrados

Don José Luis López del Moral Echeverría

Doña María Rivas Díaz de Antoñana

Don Ernesto Sagülllo Tejerina

En Santander, a ocho de junio de dos mil diez.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO: interpone la representación de la entidad mercantil “Laurent Films Video Hogar SA”, recurso de apelación frente al Auto de fecha 12 de abril de 2010 dictado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander que desestima el recurso de reforma formulado contra el anterior de 4 de febrero de 2010 por el que se acuerda el sobreseimiento provisional de las presentes diligencias previas, oponiéndose a la estimación del recurso tanto el Ministerio Fiscal como la representación del denunciado J. O. G.

Es ponente de esta resolución el Magistrado Don José Luis López del Moral Echeverría.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Se formula por la representación de la entidad mercantil “Laurent Films Video Hogar SA‟. recurso de apelación frente al Auto de fecha 12 de abril de 2010 dictado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander que confirma la decisión del instructor acordando el sobreseimiento provisional de las presentes diligencias previas. El sobreseimiento se fundamenta en la consideración de que la mera facilitación de enlaces externos para acceder a contenidos protegidos por los derechos de autor no supone vulneración de lo dispuesto en el artículo 270 del Código Penal. La entidad recurrente considera por el contrario que tal conducta si se encuentra tipificada en el precepto bajo la forma de “comunicación pública”, haciendo notar al respecto que tales “links” o enlaces permiten acceder a la información protegida mediante el procedimiento de visionado en tiempo real, o bien mediante la posibilidad de descarga del archivo que la contiene en el soporte que se desee. Incide la recurrente en que el contenido del artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual define la “comunicación pública” como “todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas”, y considera especialmente un acto de este tipo „la puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y el momento que elija”. A juicio de la recurrente esta es precisamente la conducta en que incurre el denunciado al facilitar a un número amplio de personas el acceso a obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual, razón por la cual interesa la revocación de la resolución recurrida y la continuación del procedimiento por sus trámites.

SEGUNDO: La resolución del presente recurso de apelación debe partir del hecho cierto —por no cuestionado- de que la conducta que se imputa a los denunciados es la de facilitar a los usuarios de internet el acceso a determinadas páginas web que alojan contenidos supuestamente protegidos por la legislación sobre propiedad intelectual, obteniéndose por los administradores de la página que facilita los enlaces un beneficio económico derivado de ingresos procedentes de la publicidad que se inserta en dicha página denominada www.cinegratis.net‟ (.org).

Tampoco cabe duda sobre que la propia denominación de la página constituye un importante reclamo para los usuarios de la red en tanto que sugiere de forma explícita que su contenido proporcionará acceso al visionado de películas cinematográficas de forma gratuita, debiendo tomarse en consideración a los efectos del presente recurso y con carácter meramente indiciario que dicho acceso gratuito se realiza con vulneración de lo dispuesto en la legislación sobre propiedad intelectual (ello pese a que los administradores de la web manifiestan en la misma su desconocimiento sobre este extremo).

Expuesto lo anterior la cuestión debatida se concreta en determinar si la conducta consistente en facilitar enlaces (links) a través de los cuales el usuario de la red puede acceder con mayor facilidad a páginas en las que se encuentran alojados contenidos protegidos por los derechos de autor, constituye o no una conducta tipificada en el artículo 270 del Código Penal. Dicho precepto, como bien razona el Ministerio Fiscal, es una norma penal en blanco que se remite para la integración de las conductas típicas a la Ley de Propiedad Intelectual, razón por la cual no aludiremos en la presente resolución a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio de 11 de julio de 2002 aún cuando prevé la posibilidad de exigencia de responsabilidad penal a los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos, pues lo cierto es que tal mandato de criminalización no ha sido atendido por el legislador penal. Esta misma interpretación parece realizar la entidad recurrente cuando en su escrito de apelación cita exclusivamente la legislación sobre propiedad intelectual y el artículo 270 del Código Penal.

También parece existir conformidad entre las partes respecto del hecho de concretar entre las conductas típicas definidas por el artículo 270 del Código Penal (reproducción, plagio, distribución o comunicación pública) la última de las citadas, esto es, la comunicación pública, lo que releva a este Tribunal de realizar cualquier consideración sobre el resto. Y siendo esto así es momento ya de anunciar que se considera atípica la conducta imputada a los denunciados, conducta de mero favorecimiento que no se encuentra expresamente tipificada por el artículo 270 del Código Penal.

En efecto, tan repetido precepto se configura como un delito de simple actividad en el que el legislador penal no ha optado por adelantar las barreras de protección tipificando conductas de favorecimiento de la conducta típica. La conducta típica —ya lo hemos dicho- consiste en reproducir, plagiar, distribuir o comunicar públicamente, en todo o en parte, una obra protegida, sin que sean objeto de tipificación expresa actuaciones tendentes a favorecer la ejecución de dichas conductas. En el supuesto analizado la página web www.cinegratis.net no aloja contenido alguno sino que se limita a facilitar el acceso a las páginas en las que efectivamente se alojan los contenidos supuestamente protegidos, ello mediante la inserción de enlaces o “links” que proporcionan información sobre la existencia y denominación de esas páginas, y además, evitan introducir sus datos mediante el teclado por cuanto el acceso se consigue operando directamente con el ratón. Insistimos nuevamente que esta conducta constituye — dicho sea a título meramente indiciario- un claro acto de favorecimiento de las conductas que se tipifican por el articulo 270 del Código Penal, ello en el caso de que las páginas a las que remiten los enlaces alojen datos o contenidos protegidos por la legislación sobre propiedad intelectual. Pero la conducta de favorecimiento no se encuentra tipificada.

No se trata por tanto de aplicar el principio de intervención mínima que es propio del Derecho Penal, o de aludir al carácter fragmentario del ordenamiento punitivo, sino de acudir al principio de tipicidad del artículo 4.1 del Código Penal y considerar que la conducta imputada no ha sido objeto de tipificación expresa por el legislador.

En virtud de cuanto ha quedado razonado,

LA SALA ACUERDA:

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la entidad mercantil “Laurent Films Video Hogar SA” frente al Auto de fecha 12 de abril de 2010 dictado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander, que se confirma en su integridad, ello sin declaración de costas del presente recurso.

Así por este Auto, lo acuerdan, mandan y firman los ilmos. Sres. Magistrados referenciados al margen, de lo que yo, el Secretario, doy fe